El Ayuntamiento de Alicante que dirige el PP de Luis Barcala deshace su promesa y no comprará los pisos protegidos de Les Naus, que dos propietarios han puesto a la venta tras el escándalo de adjudicaciones a funcionarios y cargos próximos al consistorio. No lo harán porque consideran que estas viviendas seminuevas, con garaje, trastero, pista de pádel y piscina comunitaria, no cubren las necesidades reales de los alicantinos que necesitan una vivienda, y aseguran que cuentan con informes técnicos en contra de esta operación, que supondría un desembolso de cerca de 250.000 euros por piso. “No es sostenible”, señala el consistorio.

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento ejercería el derecho de adquisición preferente -mediante el tanteo o retracto- sobre la venta de viviendas protegidas (VPO) de Les Naus para evitar la especulación y aumentar el parque público de vivienda, a través de un convenio con la Generalitat Valenciana.

Precisamente en la última sesión de la comisión de investigación de las Corts el responsable de la cooperativa confirmó que la exconcecala de Urbanismo de Alicante y el promotor han puesto a la venta sus viviendas. Por su régimen de protección, deben preguntar a la Cooperativa si quiere realizar una compra preferente, algo que se ha declinado. Por ley, la Generalitat Valenciana tiene capacidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto y puede ceder esta competencia a los ayuntamientos. Ese era el objetivo de un acuerdo entre Alicante y la Generalitat anunciado el pasado febrero.

Cinco meses después, el concejal de Urbanismo de Alicante, Antonio Peral, ha asegurado que no los comprarán. En respuesta a la concejala del PSPV Ana Barceló, ha sido tajante: “No, no vamos a hacerlo”. Peral afirma que cuenta con informes técnicos en contra, que indican que las más de 800 personas en lista de espera tienen ingresos muy bajos. La explicación choca con el carácter social de la vivienda protegida, precisamente pensada para las rentas más bajas y para proteger a la población más vulnerable. Se les podría dar, por ejemplo, un alquiler social.

El edil de Urbanismo ha asegurado que “los informes técnicos del patronato de la vivienda desaconsejan la adquisición de este tipo de inmuebles para el parque público municipal, por no ajustarse al perfil socioeconómico de los demandantes”. Y ha seguido: “Incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario”, para después plantear: “¿De verdad nos piden que con el dinero de los vecinos compremos una vivienda que no pueden asumir las familias vulnerables?”. La pregunta del edil lleva entonces a una duda sobre el modelo de vivienda: ¿Por qué se construye vivienda protegida si esta no sirve a las familias más vulnerables? ¿A quién sirve entonces?.

Agentes de la Policía Local de Benidorm (Alicante) han rescatado a un menor de aproximadamente ocho años que fue localizado sentado sobre la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado en la fachada de un edificio de gran altura.

Los hechos comenzaron sobre las 23.00 horas de este sábado, cuando el conserje de un edificio de la avenida Bilbao alertó a la Policía tras recibir el aviso de un vecino que había observado al niño en una situación de grave peligro.

Una primera comprobación no permitió localizar al menor, por lo que los agentes continuaron las gestiones para acceder a la vivienda y verificar la información, ha informado la Policía Local.

Con la colaboración de un vecino, los policías pudieron acceder al balcón del apartamento contiguo, desde donde comprobaron que el menor permanecía sentado sobre el aparato exterior del aire acondicionado, en el piso 21, con un evidente riesgo de precipitarse al vacío.

Rescate del pequeño

Ante la extrema gravedad de la situación, uno de los agentes sujetó al niño por un brazo para impedir su caída, mientras otro policía aseguraba al compañero debido al riesgo que ambos corrían.

El menor fue mantenido sujeto en todo momento hasta que pudo ser puesto definitivamente a salvo.

Durante la intervención se solicitó el apoyo urgente del Consorcio Provincial de Bomberos, aunque antes de su llegada, el conserje consiguió una copia de las llaves del apartamento turístico, permitiendo a los agentes acceder al interior de la vivienda e introducir al menor, eliminando completamente el riesgo.

En la inspección realizada para localizar a los responsables del niño, los agentes hallaron documentación personal del menor, incluyendo un pasaporte búlgaro, una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y diversa documentación que permitió identificar a su padre.

Posteriormente, el progenitor regresó al edificio, momento en el que fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Según manifestó, el menor presenta un trastorno del espectro autista y había permanecido solo en la vivienda mientras él salió a realizar unas compras. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente para el esclarecimiento de los hechos.

La comisión de investigación sobre el escándalo de vivienda protegida de Alicante que se desarrolla en las Corts Valencianes arroja una serie de datos que cuestionan las políticas del Ejecutivo del ya dimitido Carlos Mazón. El Consell del PP estuvo trabajando desde que tomara las riendas de la Generalitat en un cambio en la normativa de vivienda, que aireó a bombo y platillo durante el año 2024 y promocionó como la gran política de vivienda para los jóvenes. El cambio en la norma terminó dando pie a que la vivienda protegida pueda pasar al mercado libre.

No es ningún secreto que el Ejecutivo quisiera cambiar la normativa de vivienda protegida, los requisitos de acceso y el régimen de protección. Así se trasladó a principios de año, cuando se presentó el plan para acelerar la construcción de vivienda protegida, que reciclaba parte del proyecto del Gobierno de izquierdas. Antes, los promotores pidieron a Mazón que modificara la normativa para subir el precio de venta por metro cuadrado y rebajar la protección de las viviendas; es decir, que pudieran pasar al mercado libre pasados unos años. En la legislatura anterior, el Consell de PSPV, Compromís y Unidas Podemos blindó la calificación de vivienda protegida de forma permanente. Ya en octubre de 2023, los promotores pidieron al Ejecutivo del PP públicamente limitar la protección.

Dicho y hecho, la norma que se aprobó casi un año después recogía numerosas reivindicaciones de la patronal. Viviendas más caras, a las que podrían acceder ciudadanos con más ingresos y con un régimen de protección indefinido: establecía un “máximo” de entre 15 y 30 años, en función del tipo de vivienda, pero no un mínimo. Estos cambios normativos resultan especialmente relevantes para comprender cómo fue posible que a pisos protegidos de obra nueva optaran altos funcionarios, políticos y personalidades de Alicante, que no parecen ser el público al que se destina la vivienda protegida.

Según ha desvelado el PSPV en la comisión de investigación de este jueves, el Ejecutivo de Mazón pidió a la cooperativa de Les Naus que no iniciara los procedimientos de visado hasta que se aprobara el nuevo decreto. En febrero de 2024, según consta en un documento remitido a los cooperativistas, un resumen de una reunión mantenida, se indica que la Generalitat “solicita no iniciar el visado de contratos hasta que se apruebe el nuevo reglamento”. Este proceso de visado es el acto administrativo que comprueba el cumplimiento de los requisitos de acceso y que el precio de venta o renta se adecua a la normativa en vigor. Es decir, según este relato, el Gobierno planteó que esperaran unos meses para adaptarse a una norma más beneficiosa. La Conselleria de Vivienda niega haber remitido una comunicación por escrito o haber beneficiado a la cooperativa, y asegura que ningún alto cargo se ha reunido con la misma.

El proyecto de nuevo reglamento ya había salido a exposición pública y la empresa Fraorgi, responsable de la promoción, informa que ha participado en la mesa sectorial a través de la Federación Valenciana de Cooperativas de Vivienda. Allí les trasladan que creen necesario flexibilizar los requisitos y, según apuntan, el Ejecutivo toma nota. La cooperativa también tiene dudas sobre cuándo saldrá la normativa y si se tendrá en cuenta la declaración de la renta de 2022 o 2023, según el documento consultado por elDiario.es. Los visados, que son el último trámite, se remiten a partir del 2025, según ha podido saber elDiario.es.

En la comisión, el responsable de la cooperativa, Luis Alberto Meler, ha dicho a preguntas de Díez que no recuerda esa comunicación. Meler ha negado haber tenido contactos para impulsar un cambio normativo, y también ha negado haber participado en reuniones para explicar cómo adaptarse a los requisitos, como ha apuntado el PSPV, sino que “a los socios se les informa de los requisitos que hay que cumplir”. El diputado socialista también le ha trasladado esta cuestión al promotor, Francisco Ordiñana (administrador de Fraorgi), que no ha respondido a ninguna pregunta.

El funcionario encargado de los visados en el servicio territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante ha sido citado a declarar por la acusación particular que ejerce el partido Ciudadano.

Cronología

El 7 de septiembre de 2023 la Conselleria de Vivienda otorgó la calificación provisional a la promoción Les Naus con arreglo a lo establecido en el decreto de mayo del mismo año aprobado por el Gobierno del Botánico, según el cual, todas las viviendas protegidas tanto de iniciativa pública como privada gozaban de esa protección de forma indefinida. La cooperativa pidió la calificación en julio de 2022, un año antes.

El nuevo decreto se aprobó en diciembre de 2024, aún con Mazón al frente. El mismo decreto incluye una disposición transitoria por la cual “todas las viviendas de protección pública amparadas en cualquiera de las normativas anteriores tendrán un periodo de protección máximo de 30 años desde su calificación definitiva”. Tras la aprobación de esta nueva legislación, en concreto el 28 de febrero de 2025, la cooperativa remitió escrito a la Conselleria de Vivienda solicitando el cambio de su calificación provisional para acogerse a lo dispuesto en el decreto de Mazón en cuanto a la caducidad de la protección de las viviendas a los 30 años.

La Conselleria de Vivienda, acogiéndose a la mencionada disposición transitoria, dio el visto bueno al cambio de calificación por medio de una resolución firmada el 28 de marzo de 2025, pasando las viviendas de tener una protección indefinida a tenerla por un plazo máximo de 30 años.

Varios investigados por el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida de Alicante ponen a la venta sus pisos en el residencial Les Naus. Así se ha desvelado en la comisión de investigación que se desarrolla en las Corts Valencianes, donde el presidente de la cooperativa de vivienda ha confirmado que la concejala de Urbanismo que dimitió y el responsable de la promotora han pedido sacar a la venta los pisos.

Por su régimen de protección y propiedad, deben comunicar a la cooperativa la intención de venta, y esperar si ésta o el Ayuntamiento quieren ejercer el derecho del tanteo y retracto, que permite la compra preferente.

Así lo ha informado este jueves el presidente de la cooperativa de Les Naus y dueño de uno de los áticos, Luis Alberto Meler, durante una nueva sesión de la comisión de investigación por este escándalo en Les Corts Valencianes a preguntas del diputado del PSPV-PSOE José Díaz.

Merler ha confirmado que Rocío Gómez, que dimitió al destaparse las supuestas irregularidades y generarse una viva polémica municipal que aún sigue en torno al equipo liderado por el alcalde, Luis Barcala, envió a finales del pasado mayo un burofax a la cooperativa de Les Naus para solicitar que ésta evite ejercer su derecho de tanto y retracto sobre su vivienda en el proceso de venta.

La asamblea de la cooperativa se reunió unas semanas después, el 30 de junio, y según el relato posterior de la vicepresidenta de la junta rectora de la promoción residencial, Vanesa Quero, se atendió positivamente a la solicitud contenida en dicho burofax.

En la comisión, también a preguntas del parlamentario socialista, se ha desvelado que el administrador único de la promotora de Les Naus (Fraorgi), Francisco Ordiñana, también quiere vender su vivienda, concretamente uno de los doce áticos del complejo de 140 viviendas. Ordiñana se ha negado a responder a todas las preguntas al estar investigado por la justicia en este caso.

Merler, que a preguntas de los diputados ha explicado que está divorciado legalmente, ha admitido que un cuñado suyo también tiene una vivienda en Les Naus, donde éste convive con su hermana y sobrinos, y ha explicado que los pisos se otorgaban a los solicitantes por orden de entrada, por lo que al ser el quinto le correspondió escoger entre los primeros y, entonces, eligió uno de los áticos. Ha explicado que tenía una “necesidad de vivienda diferente” y que por ello optó a estos pisos y ha rechazado entregar la documentación de la Cooperativa a la comisión de investigación porque lo está analizando su asesoría jurídica.

El Puerto Deportivo Campomanes de Altea vive un verano tranquilo tras el cese de hostilidades entre la concesionaria Marina Greenwich, compañía del empresario y amigo de Eduardo Zaplana Robert Batouche, y los amarristas, propietarios de los yates de lujo y embarcaciones atracados en el recinto. En este conflicto por el precio de los amarres tras el fin de la concesión de cincuenta años ha tenido que mediar la Generalitat Valenciana después de que se produjeran actos de “perturbación” en el uso de los amarres y la colocación de carteles críticos contra los gestores. Con toda probabilidad, la disputa acabará en los tribunales. Pero será después del verano.

El origen del conflicto está en el fin de la concesión de cincuenta años (1976-2026) de Marina Greenwich. La compañía ha conseguido una prórroga de diez años y entiende que, con la finalización de la concesión original, también deben extinguirse las condiciones de las que disfrutan desde hace décadas los amarristas, con tarifas congeladas y por debajo del precio de mercado. Algunos de ellos, incluso, han inscrito los amarres como de su propiedad, ya que en su día pagaron una cantidad por ellos. Los usuarios de Marina Greenwich sostienen que la concesionaria pretende dar un “pelotazo” con la prórroga, que podría generar al amigo de Zaplana “un beneficio potencial de unos 40 millones de euros”, según defendió en un artículo de opinión publicado en Alicante Plaza Gonzalo Pons-Trénor, secretario del Club Náutico Campomanes y abogado.

elDiario.es ha tenido acceso al documento confidencial que ha permitido el armisticio hasta el 16 de septiembre, fecha en la que ambas partes volverán a encontrarse. Los amarristas se comprometen a no acudir a la prensa y a retirar un cartel de aviso ubicado en una pared del edificio que alberga el Club Náutico. Marina Greenwich, por su parte, asume el compromiso de no perturbar el uso de los amarres ni de las embarcaciones y de seguir emitiendo las facturas “que estime convenientes” durante los meses que dure la tregua.

En el documento confidencial, las partes explican que la Generalitat Valenciana reconoce que, con la prórroga de la concesión, los derechos de los titulares de amarres y de los locales de restauración decaen en favor de la concesionaria. Sin embargo, también sostiene que Marina Greenwich no tiene autorización para comercializarlos y que, para alquilarlos, la Conselleria debe aprobar previamente unas nuevas tarifas. Es decir, los precios que plantea la empresa del amigo de Zaplana son desorbitados y deberán ajustarse a unas tarifas públicas que deberían mitigar ese supuesto pelotazo.

Según han explicado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente a elDiario.es, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos constituyó hace algo más de dos meses una mesa de diálogo entre Marina Greenwich y los amarristas con el objetivo de favorecer un acuerdo ante el conflicto surgido por la gestión de los atraques de la concesión portuaria.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, preside esta mesa y, desde la Generalitat, se recuerda que, aunque se trata de una cuestión de carácter civil entre el concesionario y los amarristas, la Administración autonómica está ejerciendo labores de mediación. En este sentido, el puerto constituye dominio público portuario y, por tanto, “la Administración autonómica debe mantenerse vigilante respecto a las actuaciones que se desarrollan en el ámbito concesional”, explican las mismas fuentes.

Desde la Dirección General de Puertos se insiste en la importancia de mantener abiertas las vías de diálogo para avanzar hacia una solución consensuada que permita dar estabilidad a la situación existente en Marina Greenwich y “evitar una mayor escalada del conflicto”, añaden. “Debido a las diferentes interpretaciones existentes, la Generalitat acordó mantener las condiciones actuales durante el verano para que, durante este tiempo, ambas partes puedan presentar sus propuestas y acercar posturas de cara a una futura reunión de la mesa de diálogo tras el verano”, añaden las mismas fuentes.

Un polémico puerto deportivo

El Puerto Deportivo Campomanes ha estado envuelto en la polémica en las dos últimas décadas. Marina Greenwich intentó hacer una gran ampliación de las instalaciones, pero se topó con la oposición de grupos ecologistas que tumbaron el proyecto por destrozar la costa de Altea. Eso sí, la aventura costó a la Generalitat 1,8 millones de euros de dinero público por paralizar el proyecto, pero el empresario Robert Batouche quiso cobrar 97 millones de euros a los valencianos, algo que la justicia no le reconoció.

El exministro Eduardo Zaplana tendría atracado un yate que, según la UCO, sería de su propiedad, así como dos viviendas en propiedad en el mismo recinto. El propio Eduardo Zaplana intentó hacerse en 2017 con la propiedad de la concesionaria, según las grabaciones del Caso Brugal.

La comisión municipal de Alicante que investiga las posibles irregularidades en torno a las adjudicaciones de viviendas públicas en la Playa de San Juan ha citado al alcalde de la localidad, Luis Barcala (PP), a comparecer el próximo 24 de julio tras las peticiones en bloque de toda la oposición.

Así se ha acordado en la sesión celebrada este lunes en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante y después de que los concejales de Cultura, Economía y Hacienda, Nayma Beldjilali, de Urbanismo, Innovación, Informática y Agenda Digital, Antonio Peral, y de Vivienda, Carlos de Juan, así como el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, hayan rechazado comparecer.

Precisamente, todos los grupos de la oposición han pedido la dimisión de Villar debido a que “no tiene sentido que presida esta comisión para esclarecer los hechos de la promoción de Les Naus” ya que les parece “una burla para la ciudadanía”, en palabras de la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló.

Desde Vox, Carmen Robledillo ha argumentado que se adhiere a la petición aunque ha pedido a los grupos de la izquierda “una solución” para que la comisión pueda seguir adelante en su objetivo de esclarecer lo ocurrido en la promoción de viviendas de protección pública de la Playa de San Juan.

Por su parte, los cuatro grupos de la oposición han pedido la comparecencia de Barcala en la comisión después de que el exconcejal de Hacienda y Patrimonio Antonio Gallego afirmara en la comisión de investigación de Les Corts que sabía que la exedil de Urbanismo Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus desde 2024.

Villar ha fechado la citación el 24 de julio, ya que el 20 está llamado el propio Gallego a la comisión municipal junto a Rocío Gómez y el también exconcejal de Urbanismo Adrián Santos (Ciudadanos).

A la salida de la comisión y ante preguntas de la prensa, Barceló ha afirmado: “nos parece un esperpento y nos hemos quedado perplejos de ver cómo sigue la estrategia marcada por el señor Barcala”, en la que no han comparecido sus concejales ni han dado explicaciones.

Carmen Robledillo (Vox) ha dicho que estudiarán pedir de nuevo la dimisión de Barcala como alcalde tras las comparecencias previstas en la comisión municipal.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que el equipo de gobierno “está encubriendo de manera directa o de manera indirecta” lo que para él es “una trama” y que todo “está teledirigido” por el alcalde, mientras que el concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ha considerado que las incomparecencias de cuatro concejales del Partido Popular “no hacen más que alimentar las sospechas

Polémica en la primera sesión de comparecencias en la comisión de investigación de Les Corts sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus, construidas sobre una parcela municipal enajenada.

La comparecencia de Antonio Gallego, exconcejal de Hacienda y de Patrimonio del PP quien dimitió hace un año antes de que se destapara el escándalo por las presiones de Vox para pactar el presupuesto. Gallego, llamado a declarar a petición del partido de extrema derecha, ha puesto en serios apuros al alcalde, Luis Barcala, al revelar que en julio de 2024, a preguntas de Compromís sobre la promoción de Les Naus, la exconcejala de Urbanismo imputada en la causa judicial, Rocío Gómez, le pidió que contestara él puesto que ella había sido adjudicataria de una de las viviendas protegidas (ver vídeo): “Se acercó y me dijo que ella tenía allí una casa y que no quería que se mezclaran las cosas”.

Gallego ha explicado que que ella le comentó que tenía en Les Naus un piso y le aseguró que era todo legal porque era de antes de entrar en política.

Tras la intervención de Gallego en las Corts, el portavoz municipal de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha pedido la dimisión de Barcala: “Las informaciones conocidas durante el transcurso de la comisión de investigación en las Corts sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus, corroboran que el equipo de gobierno sabía que Rocío Gómez era cooperativista. Esta circunstancia salió a la luz a raíz de una pregunta planteada por Compromís en el pleno de julio de 2024, en la que solicitábamos transparencia sobre el proceso de adjudicación. Si Barcala no presenta mañana mismo su dimisión, trasladaremos esta petición al próximo pleno”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha anunciado que este viernes a primera hora registrará un escrito para exigir que el alcalde, Luis Barcala, comparezca en una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina lo ocurrido en Les Naus para dar todas las explicaciones necesarias después de que el exconcejal Toni Gallego haya admitido hoy en Les Corts que sabía desde 2024 que la entonces edil de Urbanismo tenía un piso en Les Naus.

“Todo hace pensar que Barcala sabía que Rocio Gómez era propietaria y era cooperativista. Por tanto, la hoja de ruta del alcalde para retirar a Gómez las competencias de Patrimonio y poner al frente a Gallego era porque sabía lo que había ocurrido. De hecho, se produjo en julio, justo cuando se produjo ese cambio de competencias”.

“Lo que estamos sabiendo confirma lo que ha mantenido siempre el Grupo Socialista, que el cambio en las competencias de Patrimonio se debió a que Barcala ya tenía conocimiento de que Gómez era cooperativista. Barcala ha estado mintiendo en el pleno y sigue sin dar explicaciones”.

Barceló ha añadido que, una vez que se produzca esa declaración del alcalde, no tendrá otra salida que dimitir por el supuesto encubrimiento del escándalo de la adjudicación de pisos a cargos y familiares del PP.

Los responsables de la anterior corporación responsabilizan a Barcala

Durante de la sesión de comparecencias que ha tenido lugar por la mañana, el exvicealcalde y exedil de Urbanismo Miguel Pavón (Guanyar) y el exconcejal Natxo Bellido (Compromís) han responsabilizado del “escándalo” al Gobierno local del PP presidido por Luis Barcala.

Guanyar, Compromís y el PSPV-PSOE integraban el gobierno tripartito de Alicante que inició en 2016 el estudio de la tramitación del expediente para enajenar la parcela municipal, aunque lo paralizó a finales de 2017 y fue retomado el expediente cuando el PP accedió posteriormente al ejecutivo local.

Bellido ha considerado que “el máximo responsable político” de este caso por “omisión” y por “falta de control” es el alcalde Luis Barcala, de quien ha dicho que debe “dimitir”, y ha lamentado que se vincule la imagen de la ciudad de Alicante al “enchufismo” y a la “corrupción”, al tiempo que ha opinado que el caso de Les Naus, que investiga un juzgado, es “terrible para la democracia y la clase política” en un contexto en el que hay muchas dificultades para acceder a una vivienda.

Mientras, Pavón ha afirmado que la Junta de Gobierno presidida por Barcala aprobó la enajenación de la parcela el 10 de julio de 2018 y ha incidido en que “la responsabilidad de lo que ha pasado” debe atribuirse tanto al gobierno local del PP como a la Generalitat, y no al tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís), que “inició un expediente del que luego finalmente desistió”.

También ha comparecido la exedil de Hacienda y Patrimonio de Alicante Sofía Morales (PSPV-PSOE), quien ha expuesto que “hay que buscar” un “responsable político” y un “responsable técnico” en el caso de Les Naus, y ha considerado que el alcalde de Alicante debería comparecer en la comisión de investigación de Les Corts.

Por su parte, la portavoz de Compromís en la comisión de investigación de Les Corts, Maria Josep Calabuig, ha dicho antes de empezar las comparecencias que “arranca la comisión de investigación de las viviendas de Les Naus de Alicante, pero hoy no acuden los máximos responsables de este presunto caso de corrupción. No vendrán el señor Barcala, ni vendrá (Carlos) Mazón (expresident de la Generalitat), ni vendrá la señora Susana Camarero (vicepresidenta primera y consellera), ni tampoco el señor (Juanfran) Pérez Llorca (president de la Generalitat)”. “En cambio, comparecerán personas que no tienen nada que ver con la adjudicación de estas viviendas”, ha señalado.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdeprededador sexual en serie al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual a más de una veintena de víctimas menores de 16 años durante una década, y a quien se le han intervenido 200 dispositivos de almacenamiento de imágenes.

El autor utilizaba técnicas de 'grooming' (hacerse pasar por un menor de edad para ganarse la confianza de otros menores y que le enviasen imágenes íntimas), donde combinaba el engaño y manipulación emocional para conseguir la explotación sexual infantil, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes encargados de esta operación, de nombre 'Achillea', han conseguido identificar a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, con edades desde los ocho años, por todo el territorio nacional y en distintos puntos del extranjero.

La investigación comenzó gracias a la denuncia de una víctima residente en la isla de Gran Canaria, interpuesta ante la Guardia Civil en 2024.

Durante las primeras actuaciones se realizó el registro del domicilio del acusado, donde se intervino una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento con capacidad para almacenar 18.000 gigabytes.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía inició el análisis de los más de 200 dispositivos de datos intervenidos, entre teléfonos móviles, discos duros externos, ordenadores y pen drives, donde hallaron una gran cantidad de archivos de vídeo e imágenes pedófilas.

Como resultado del análisis de la información recabada, los guardias civiles han conseguido por el momento identificar a más de 20 víctimas menores de 16 años.

Según las investigaciones, el ciberpederasta se dedicó a contactar durante más de una década con las víctimas por aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Se hacía pasar por un menor de edad llamado Juan, ganándose la confianza de las víctimas, y después de un tiempo manipulándolas emocionalmente, llegando incluso a hacerse 'novio' de alguna de ellas, consiguió que las menores de edad se grabaran o fotografiaran realizando actos de carácter sexual y que le enviaran los archivos.

El acusado guardó esos archivos pedófilos para su propio consumo sexual, organizando una colección privada, han señalado las mismas fuentes.

Como resultado de las investigaciones, se ha conseguido detener al autor, una persona natural de Alicante, y la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía ha decretado su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.

Recomendaciones contra el 'grooming'

Desde la Guardia Civil recomiendan mantener perfiles cerrados y no aceptar solicitudes de desconocidos, incluso si tienen amigos en común, y evitar publicar la ubicación, el nombre del colegio o números de teléfono en redes públicas.

También sugieren la supervisión parental de las actividades 'online' y mantener una comunicación abierta para que el menor sienta confianza si algo le incomoda.

La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de Alicante celebrará tres sesiones dedicadas a comparecencias durante el mes de julio, en concreto los días 2, 8 y 23.

Así lo ha explicado tras la Junta de síndics de este martes el síndic de Vox, José María Llanos, cuyo partido preside la comisión, quien ha indicado que ya se había fijado una reunión de la comisión el 2 de julio para las seis primeras comparecencias, y ahora que se ha ampliado el periodo de sesiones hasta el 31 de julio se han establecido dos reuniones más.

“Tenemos interés en que no se retrase la comisión” de investigación, cuyo plan de trabajo incluye 80 comparecencias, y que “vaya funcionando”, ha indicado Llanos, quien ha lamentado que ya pidieron al Ayuntamiento de Alicante que entregara a Les Corts una documentación y por el momento “no se ha producido esa entrega”.

La creación de esta comisión de investigación se aprobó el pasado 19 de febrero a propuesta de Vox y se constituyó el 5 de marzo, aunque el plan de trabajo con el listado de documentos y de comparecientes no se aprobó hasta el 22 de mayo, cuando PP y Vox acordaron citar, entre otros, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a responsables autonómicos de Vivienda, pero no a la titular de la Conselleria, Susana Camarero.

Para la primera sesión dedicada a comparecencias, el próximo 2 de julio, se va a citar por la mañana al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri, al exvicealcalde y exedil de Urbanismo Miguel Ángel Pavón, al exsegundo teniente de alcalde Natxo Bellido y a la exedil de Hacienda y Patrimonio de Alicante Sofía Morales.

Por la tarde, está previsto que comparezcan el 2 de julio en Les Corts el que fue edil de Hacienda de Alicante entre 2023 y 2025, Antonio Gallego, y el jefe del departamento técnico de Obras y asesor técnico, Antonio Faura Díez, según han informado fuentes de la comisión de investigación

Un monumento futurista sobre la tecnología y la preservación de la vida, del barrio de Florida Portazgo y con un presupuesto de 123.000 euros, ha conquistado el primer premio de categoría especial de las fiestas de Hogueras de San Juan en Alicante'2026.

De esta forma, el monumento 'Génesi', del artista valenciano Josué Beitia, ha recogido el testigo de Baver-Els Antigons, que ha quedado en segundo lugar, mientras que la tercera posición ha ido a parar para la comisión Diputación-Renfe en una jornada de intenso calor y con algunas rachas de viento que ha partido en dos el monumento del barrio de San Blas de Baix, que ha caído al suelo sin daños personales.

'Génesi' proyecta una mirada al futuro y lanza la pregunta al aire de 'qué quedará de nosotros cuando la tecnología sea la única forma de preservar la vida' y al conocer la victoria decenas de personas que se hallaban en la plaza de la Florida han estallado de júbilo.

Su artista, el referido Beitia, ha debutado con éxito en la comisión de la Florida Portazgo, que vuelve a ganar dos años después, en un año especial para el artista valenciano porque ha cosechado el segundo galardón en las Fallas de València con la falla l'Antiga del barrio de Campanar.

Monumento alto, potente y amplio

El presidente de la hoguera, Ximo García Larios, ha señalado que la contratación de Beitia tenía como objetivo volver a ganar el concurso con un monumento “alto, potente y amplio”, con un remate espectacular.

La comisionada de la hoguera, Alba Muñoz, ha expresado la “muchísima felicidad” por ganar el premio y ha explicado que la decisión del jurado es “un regalo” supone “culminar el trabajo de todo un año”, mientras que la bellea infantil, Lola García, no ha podido ocultar su felicidad y nerviosismo y ha añadido que la comisión tenía “fe” en ganar el concurso.

El fallo del jurado ha sido leído por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en un acto en el que han estado presentes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, los presidentes de las diputaciones de Alicante, Toni Pérez, y Valencia, Vicent Mompó, y la consellera de Turismo, Marián Cano, entre otros.

Tras Florida-Portazgo, Baver-Els Antigons y Diputación-Renfe, en cuarto lugar ha quedado La Cerámica, a la que han seguido la Sagrada Familia, Sèneca-Autobusos, Calvo Sotelo, Port d'Alacant, Explanada, Florida Plaza La Viña, Carolinas Altas y Polígono de San Blas, respectivamente en categoría especial.

El premio a la crítica ha ido dirigido a Sagrada Familia y en la categoría a la mejor barraca el galardón máximo ha recaído en Los Gorilas, seguido de Els Chuanos, Pica i Vola, El Cabasset y Trons i bacores.

La hoguera infantil vencedora, conocida este sábado, ha sido Ángeles-Felipe Bergé con el monumento 'Mediterrània', del artista Ausiàs Estrugo.

Alrededor de una de cada cinco mujeres que dedican tiempo a los videojuegos online es objeto de mensajes sexuales no consentidos que suponen un impacto emocional alto que a menudo pasan desapercibidos por los sentimientos de vulnerabilidad y de vergüenza que generan en la víctima.

Así se desprende de una investigación pionera a partir de 1.812 entrevistas a jugadores adultos de toda España del 25 de junio al 5 de julio de 2024 dentro del proyecto GamerVictim, del 'Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia' de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para analizar la victimización, el acoso y las conductas tóxicas en las comunidades digitales y los videojuegos.

El 51,2 por ciento de los encuestados se identificó como mujer, el 48,1 hombre, el 0,4 no binario y el 0,3 restante evitó responder, y 12 de cada cien manifestó pertenecer al colectivo LGTBIQ+, y todos ellos dedican entre dos y cuatro horas semanales a los videojuegos multijugador ya sea en consola o en el 'smartphone'.

De las mujeres que participan en comunidades asociadas a los videojuegos, el 19,7 por ciento admite que ha recibido mensajes sexuales no consentidos, el 7,2 ha sido coaccionada para el envío de contenido íntimo (por ejemplo imágenes), el 5,4 ha sido amenazada con la difusión de fotografías sexuales suyas previamente intercambiadas y también en torno al 5 ha sido “presionada” para una relación íntima o romántica online, o incluso un encuentro sexual presencial.

Prestar atención al mundo del videojuego

El director de Crímina y catedrático de Derecho Penal de la UMH, Fernando Miró, ha explicado a EFE que las mujeres han acabado por entrar en el mundo del videojuego, un entorno “cerrado y privado donde nadie informa de lo que ocurre dentro y no siempre se denuncian” conductas inadecuadas o delictivas, por lo que se trata de un lugar “al que hay que prestar mucha atención”.

Tal y como ocurre en otros ámbitos digitales, a ellas “les pasan algunas cosas distintas” por “el simple hecho de ser mujer” en un mundo, el de los videojuegos, que inicialmente fue concebido para un usuario masculino y al que muchos hombres se resisten a incluir a la mujer.

En el estudio se refleja que los videojuegos no terminan de quitarse etiqueta predominantemente masculina y que los efectos psicológicos de estas conductas pueden ser “particularmente graves” en las jugadoras, con secuelas “dañinas” especialmente desde el punto de vista social y emocional.

Por ejemplo, el 41,5 por ciento de las víctimas por estos comportamientos de naturaleza sexual manifiesta que reaccionan con una reducción del consumo de videojuegos, el 40,1 con cambios de hábitos a la hora de conectarse (por ejemplo dejar el multijuego, variar el horario u ocultar la identidad y género) y una de cada tres abandona este tipo de ocio, según una de las autoras del estudio, Esther Nanclares.

'Mujer gamer' frente a la masculinidad hegemónica

Otros efectos más perjudiciales son un sentimiento de vulnerabilidad, en la mitad de los casos mientras que el 46,4 siente vergüenza, una de cada tres empieza a tener dificultad para tener relaciones de amistad y nota síntomas físicos y acumulación de tensión y nervios, cuatro de cada diez tristeza, el 28,5 se nota un comportamiento autodestructivo e, incluso, el 25,1 llega a tener ideas suicidas.

En la investigación del Centro Crímina, que divulga sus investigaciones y titulaciones en la cuenta de Instagram @criminaumh, también han participado Mario Santisteban y Aiala Tejada, y ésta última ha considerado que la “mujer gamer” es víctima de un perfil de hombre que cree en una “masculinidad hegemónica” en las pantallas y “que los videojuegos son su espacio, sin lugar para ellas”.

Asimismo, según Santisteban, estas prácticas misóginas son reproducidas en otras plataformas como pueden ser X, Discord o YouTube, donde jugadores cargan contra cualquier intento de inclusión de la mujer en la producción cultural en torno al videojuego.

El monumento infantil de Ángeles-Felipe Bergé, bajo el lema 'Mediterránea' y que ha sido obra de Ausiàs Estrugo, ha ganado el primer premio del concurso de las Hogueras de San Juan en Alicante en categoría Especial de este 2026.

Así lo ha decidido el jurado tras la visita a todas las comisiones en la mañana de este sábado, una deliberación en la que han dejado en segunda posición a Mercado Central y en tercera a Foguerer Carolinas.

“Lo comentaba a la hora de anunciar los premiados, que en infantil las hogueras son las que han dado un salto de calidad más grande”, ha afirmado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, sobre el primer premio de Ángeles-Felipe Bergé, que no ganaba un galardón en esta categoría “desde 1998”, como ha recordado el regidor.

“Artísticamente es impresionante el nivelazo que hay y además permite que comisiones que en la categoría adulta no pueden plantar en Especial puedan hacerlo en infantil y optar a los máximos reconocimientos”, ha sentenciado Barcala.

Una persona ha ingresado en la UCI del Hospital de Torrevieja (Alicante) por inhalación de humo y otra ha resultado herida por quemaduras en el incendio que ha afectado a la segunda planta de este centro, según ha informado el CICU.

Además, seis trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación.

Tras el aviso de incendio, se ha activado el Plan de Evacuación y se ha desalojado la segunda planta del centro hospitalario.

El aviso del fuego, que sigue en curso, se ha dado a las 12:09 horas de este viernes y al lugar del suceso han acudido cinco dotaciones de los parques de bomberos de Torrevieja y Orihuela, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Este jueves 14 de mayo, a las 11:30 horas, se había señalado por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Orihuela el juicio por la muerte de Maikel, el perro que falleció agónicamente tras permanecer varios días atado en una azotea de Torrevieja a pleno sol durante el mes de agosto de 2022. Las imágenes de su fallecimiento generaron un enorme impacto y levantaron una ola de cuestionamientos también respecto a la actuación tanto de la concejala Concha Sala como de la propia Policía Local.

El caso, impulsado judicialmente por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y el Partido Animalista (PACMA), ha concluido finalmente con una sentencia de conformidad después de que las partes alcanzaran un acuerdo previo.

Según ha informado el Partido Animalista y consta en el escrito de acusación, la acusada mantuvo al animal “atado en una terraza tipo solárium en las horas de más calor” durante varios días consecutivos, provocándole finalmente un golpe de calor que derivó en hemorragias orgánicas y la muerte del perro.

Inicialmente, las acusaciones solicitaban para la acusada una pena de 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales, así como para la tenencia y convivencia con ellos.

Sin embargo, desde PACMA han explicado que tras semanas de negociaciones entre las partes, se alcanzó un acuerdo de conformidad por el que la acusada ha aceptado una condena de doce meses de prisión (cuya ejecución quedará suspendida por no sobrepasar el mínimo de dos años) y cuatro años de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales, así como para su tenencia y convivencia en el domicilio.

Desde ambas organizaciones consideran que este tipo de resoluciones judiciales, aunque insuficientes, son “fundamentales” para seguir avanzando en la persecución penal del maltrato animal, y recuerdan la importancia de denunciar cualquier situación de abandono o sufrimiento para prevenir tragedias similares.

La segunda prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer de 32 años en seguimiento en Alicante da resultado negativo.

A partir de esta segunda prueba negativa la mujer pasa a periodo en cuarentena y permanecerá ingresada en el hospital en el que se encuentra, ya que tras una actualización del Ministerio de Sanidad sobre el criterio inicial, se ha trasladado esta mañana a la Conselleria que “lo indicado sería que la mujer continuara en aislamiento en la habitación con presión negativa del hospital de Alicante en el que permanece ingresada y repetir la prueba diagnóstica en 48 horas”. A partir de ese momento, el Ministerio emplaza a una próxima valoración conjunta.

Tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó el viernes pasado con la mujer de 32 años, que en estos momentos está asintomática.

La Conselleria de Sanidad activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios.

La mujer fue evacuada la tarde del viernes desde su domicilio a un hospital de la provincia de Alicante en una ambulancia dispuesta con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el centro hospitalario, la mujer fue trasladada a la habitación correspondiente garantizando su aislamiento en una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento.

La Conselleria de Sanidad remitió la noche del viernes al Centro Nacional de Microbiología la primera muestra tomada a la mujer esa misma tarde y tras resultar negativa, se le repitió a las 24 horas, según establece el protocolo del Ministerio de Sanidad.

La policía nacional ha detenido este martes a tres personas tras hallar el cadáver de un hombre encontrado en una vivienda a las afueras de la ciudad de Alicante que corresponde al empresario Jesús Tavira, desaparecido hace más de un mes y que en su día se vinculó con el crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo Vicente Sala.

Jesús Tavira, de 63 años, estaba desaparecido desde el pasado 18 de marzo. Según el diario Información de Alicante, entre los arrestados se encuentra un trabajador de Tavira y su mujer. No se descartan más detenciones y la investigación sigue adelante.

El cadáver ha sido hallado en un avanzado estado de descomposición sepultado en una vivienda de la partida de Bacarot, en el término de la ciudad de Alicante, y se ha detenido tanto al matrimonio propietario de la casa como a un tercer individuo por su supuesta implicación en el presunto crimen.

Las fuerzas de seguridad esperan a los resultados del examen forense que se practicará este miércoles en el Instituto de Medicina Legal de Alicante para terminar de confirmar la identidad del fallecido, seguramente a partir de las huellas dactilares o de otros elementos debido al deterioro de los restos mortales.

Tavira, que recientemente tuvo un desguace en Alicante, desapareció el 18 de marzo y tres días después su coche fue encontrado quemado en el barrio de las Mil Viviendas.

Según difundió entonces en las redes sociales la plataforma Adonay, Tavira medía 1,80 metros y, de complexión fuerte y ojos marrones, vestía cazadora marrón y camiseta blanca con zapatillas azules la última vez que se le vio.

El nombre de Tavira saltó a los medios de comunicación a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala.

Dentro del caso Sala, muy mediático, se documentó que los días previos al asesinato Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Por ese motivo fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, sin que finalmente se llegara a acreditar la vinculación con los hechos.

En sus declaraciones a los agentes, Tavira sostuvo que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde se perpetró el crimen aún sin resolver de María del Carmen Martínez.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las de los ríos Tajo y Segura.

Estos planes son el principal argumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para pedir la revisión de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponrían el recorte de las transferencias de agua para respetar el caudal ecológico del Tajo. De hecho, ha demandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las apruebe cuanto antes.

Se trata de la séptima sentencia del Supremo que avala la tesis defendida por el Gobierno de Emiliano García-Page.

En este caso, el Alto Tribunal ha declarado inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante “por falta de legitimación activa”. Se remite en la sentencia a su criterio “consolidado y que es de plena aplicación” en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado.

Las entidades locales no tienen “legitimación” en este tema

Entre los argumentos contemplados en la sentencia recuerda que las entidades locales “no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso-administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía”.

La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha. Queda un recurso más pendiente de resolución: el presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS).

Un informe jurídico encomendado a la Secretaría General del Pleno por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), concluye que la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de las VPO de Les Naus solo puede solicitar la comparecencia de funcionarios municipales que hayan participado en la tramitación de los expedientes relacionados con la construcción de esas viviendas.

El documento al que ha tenido acceso elDiario.es, firmado por el secretario municipal de Pleno el pasado 31 de marzo, concluye que “respecto a las solicitudes de comparecencia de los Concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local o los titulares de los órganos directivos que ostenten competencias delegadas del Alcalde o de la Junta de Gobierno, se encuentra regulada en artículo 88 del Reglamento Orgánico del Pleno dentro del Capítulo II relativo a la convocatoria y Orden del día de las sesiones plenarias”.

Igualmente “se encuentra regulado en su artículo 160 con remisión al citado 88 pero únicamente para las comisiones permanentes, no haciéndose referencia alguna en la regulación de las comisiones no permanentes o específicas”. Por tanto, añade el secretario, “no procede la solicitud de comparecencia de Concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes”.

El informe afirma que la función de esta comisión “ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos” y añade: “Solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso. El personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria. Al personal funcionario o laboral que comparezca voluntariamente se le advertirá que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales. No podrá comparecer el personal funcionario o laboral que no haya tenido parte en el procedimiento. No podrán comparecer terceros ajenos a la instrucción de los expedientes”.

Críticas de la oposición

Al respecto, la portavoz municipal del PSPV, Ana Barceló, ha comentado que el informe del secretario “no puede ser la coartada de Barcala para vaciar la comisión que debe aclarar qué controles fallaron en la adjudicación de viviendas. Villar debe dimitir como presidente de la comisión por ocultar el informe”.

Barceló ha considerado que “el único partido que está convirtiendo en un juicio esta comisión es el PP, que está haciendo advertencias a los funcionarios para que no comparezcan”. Y ha añadido que “Lo que no vamos a permitir es que se utilice este informe como excusa para vaciar de contenido la comisión”, ha afirmado Barceló, quien ha denunciado que el objetivo del equipo de gobierno es “bloquear el control democrático del pleno e impedir que se conozca la verdad”.

Asimismo, ha defendido que los funcionarios cuya comparecencia se solicita son precisamente quienes han intervenido en los procedimientos y ha subrayado que“es el Ayuntamiento quien debe garantizar que puedan comparecer, no dejarlo a su discrecionalidad”.

“Barcala se está protegiendo a sí mismo”, ha concluido la portavoz socialista, “y por eso es más necesario que nunca que los técnicos expliquen cómo se han tramitado estos procedimientos. ”Queremos saber la verdad y Barcala no puede impedirlo“.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha comentado que “todo lo que gira en torno al escándalo de Les Naus que vincula al Partido Popular, a personas cercanas al Partido Popular con este escándalo, todo es un cúmulo de casualidades.

Mas ha puesto de relieve que casualmente “casi cuatro meses después que desde la izquierda forzáramos una comisión de investigación, para saber qué ha pasado y depurar responsabilidades, ahora, nos facilitan un informe del secretario afirmando que no podemos llamar a declarar a nadie que no sea funcionario; ahora, que hemos pedido que comparezca Mazón, que hemos pedido que comparezcan responsables de la Generalitadt, políticos, hemos pedido que comparezca el alcalde o la señora Mari Carmen de España, ahora, nos dicen que no, que no tenemos competencias”.

Para el portavoz de Compromís, se está viendo que “el Partido Popular, con la complicidad de Vox, ha convertido esta comisión de investigación, que pretende que los alicantinos volvamos a tener confianza en la administración, en un montaje y no lo vamos a permitir”.

“El análisis de esta promoción ha evidenciado que el decreto de vivienda del Botànic no establecía un procedimiento claro para adjudicar viviendas protegidas en promociones privadas, lo que facilitó la aparición de irregularidades”. Así se pronunció la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en la sesión del pleno de las Corts del pasado 5 de marzo. Días antes, el 16 de febrero, también afirmó que la promoción Les Naus de Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, se adjudicaron con “las reglas del juego” del anterior Consell del Botànic.

En realidad se trata de un argumento recurrente por parte de Camarero cada vez que la izquierda le acusa de haber rebajado las medidas de control con el decreto aprobado por el ejecutivo valenciano en diciembre de 2024, entonces presidido por Carlos Mazón, al haber eliminado la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida en las promociones de gestión privada, como es el caso de las de Alicante. Una inscripción que debía ir acompañada de una declaración responsable que, en caso de incumplirse, implicaba la expulsión del registro, lo que impedía optar a este tipo de inmuebles.

Estos requisitos incluidos en la normativa del Gobierno del Botánico desaparecieron con la entrada en vigor de la normativa aprobada por los populares, que fue la que se tuvo en cuenta a la hora de comprobar que los adjudicatarios cumplían. La realidad es que lo que ha venido a continuación ha sido un escándalo que ya cuenta con 15 personas investigadas entre cargos vinculados al PP, familiares y otros adjudicatarios particulares que esquivaron la normativa.

Tanto es así, que los informes remitidos al juzgado que investiga el caso por parte de la propia Conselleria de Vivienda confirman que la normativa de aplicación en lo se refiere al control del cumplimiento de los requisitos por parte de los adjudicatarios es la aprobada por el Gobierno de Mazón en diciembre de 2024.

Según el documento firmado el pasado 2 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es, es cierto que la promoción de viviendas de Les Naus está acogida al Decreto 68/2023, de 12 de mayo, aprobado en la recta final del Botánico. Sin embargo, con respecto al procedimiento de visado del expediente de referencia, “por medio del que se procede a la comprobación y certificación del cumplimiento de requisitos legalmente exigidos por parte de los adjudicatarios de las viviendas de protección pública”, la Disposición Adicional Sexta del Decreto 180/2024 de 10 de diciembre, del Consell por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, establece: “Podrán acceder al uso de una vivienda de protección pública calificada con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en cualquiera de sus modalidades y régimen de uso tanto en primera como en segundas y sucesivas transmisiones, las personas físicas, unidad familiar o de convivencia que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto”.

Por tanto, añade el informe, “dado que la promoción de viviendas de protección pública correspondientes al expediente de referencia obtuvo la calificación provisional con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Decreto 180/2024 de 10 de diciembre, pero las solicitudes de visado fueron presentadas con posterioridad a esta fecha, el proceso de comprobación del cumplimiento de los requisitos referido al expediente de referencia se ha realizado de conformidad con el Decreto 180/2024 de 10 de diciembre”, es decir, el aprobado por el Gobierno de Mazón.

Al respecto, fuentes del departamento de Camarero defienden que este decreto solo se aplicó en lo referido a los requisitos de acceso, económicos y titularidad vivienda e insisten en que “el decreto 180/2024 sí establece nuevos y más exigentes requisitos”. Al mismo tiempo explican que en lo referente a las condiciones en virtud de las cuales el promotor adjudica las viviendas a los miembros de la cooperativa es la que marcaban los anteriores decretos de 2021 y 2023, según recogen otros informes. Por este motivo, consideran que fue en ese corte en el que faltaron controles.

Después de ese trámite, la Conselleria debía controlar en la fase de visados que los adjudicatarios cumplían con lo establecido en cuanto a renta y propiedades, entre otras cuestiones, lo que ya debía ceñirse a la normativa de 2024. Es ahí donde el funcionario citado por la jueza como investigado, que adjudicó una vivienda a su pareja, no cotejó debidamente los datos de los adjudicatarios.

Los informes, además, evidencian que pese a que ya no era obligatorio por estar en vigor la legislación de 2024, todos los adjudicatarios estaban dados de alta en el registro de demandantes. Un registro en el que varios candidatos falsearon los datos para poder cumplir los requisitos y optar a las viviendas. El informe del 2 de febrero pone de relieve que el registro sirvió para cotejar este falseamiento. De haber estado en vigor la normativa de la izquierda, esto hubiera implicado la expulsión de estos individuos del registro, por lo que no hubieran podido optar a viviendas protegidas.

El informe dice textualmente que “tras la segunda comprobación en relación a los trámites realizados y documentos justificativos que soportan el cumplimiento de requisitos, se advierte que tanto en la solicitud de visado como en la inscripción en el registro de demandantes de vivienda han omitido integrantes de la unidad de convivencia”

Así mismo “se advierte en esta segunda comprobación que en estos contratos de adjudicación interviene un solo adjudicatario, sin aportar datos identificativos, ni documentación ni autorización de consultas de la totalidad de los integrantes de la unidad de convivencia”. De esta manera “el expediente se revisó y visó como correcto tras comprobarse únicamente los datos del adjudicatario”. Sin embargo, “tras esta segunda revisión efectuada y constatar que estos contratos fueron formalizados por personas casadas en régimen de separación de bienes, se determina que el expediente no contiene toda la información necesaria para su resolución y que se debió requerir toda la documentación del cónyuge relativo al cumplimiento de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, al formar parte de la unidad de convivencia”.

Recientemente, el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Generalitat, Vicente Caturla, declaró ante la jueza que la polémica promoción de las viviendas de protección pública de Alicante “comenzó con una legislación que garantiza el principio de igualdad, transparencia y publicidad, pero cambió con el decreto Mazón” y añadió que su departamento no cuenta con “capacidad de verificar si la información que se les entrega es correcta o no”.

Caturla señaló que Roberto Palencia, funcionario de la dirección territorial de Alicante ahora investigado en la causa “se propuso para visar los contratos”. Palencia revisó por iniciativa propia los 140 expedientes. Los trámites se hicieron íntegramente de forma telemática. Palencia reconoció ante su superior, cuando se destapó el escándalo, que su esposa había sido adjudicataria de uno de los pisos de protección pública en la promoción Les Dunes. Cuando Vicente Caturla se puso en contacto para pedirle explicaciones a Roberto Palencia, éste último habría dicho: “La he cagado, asumo las consecuencias”.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en Alicante ha citado a declarar en calidad de investigados (asistidos por un abogado) a un total de 15 personas, entre ellas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exjefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, o al arquitecto municipal, Francisco Nieto. Gómez dimitió al destaparse que había sido agraciada con una vivienda protegida.

No obstante, en el listado de investigados aparecen también otros cargos públicos vinculados al PP, así como familiares y la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, quien estuvo seis años en la Generalitat como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda y Modelo Económico en Alicante. Llegó en septiembre de 2019, cuando gobernaba la izquierda, y abandonó el cargo en septiembre de 2025, con el PP en el Gobierno autonómico. En octubre de 2025 se reincorporó a su puesto de tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, justo un mes después de adquirir la vivienda protegida. El alcalde del municipio, Santiago Román, del PP, ha afirmado que por el momento no piensa tomar ninguna medida.

En el caso de Pérez, según el informe de la Conselleria de Vivienda del pasado 2 de marzo remitido a la jueza, renunció al inmueble cinco días después de revelar elDiario.es que había resultado adjudicataria. El documento pone de relieve que declaró una unidad de convivencia junto dos hijos y que consta como única adjudicataria. Según la consulta realizada a la Agencia Tributaria, constan unos ingresos de 57.888,00 euros, equivalente a 6,89 veces el IPREM, siendo el límite de ingreso de este expediente 6,9 veces el IPREM (6,5 más 0,2 por cada uno de los hijos).

Además, aportó certificado de no propiedades “solo de la declarante”, pero “no constan en el expediente documentación respecto de los ingresos ni del Índice Central del Colegio de Registradores de España acreditativa de todas las propiedades en España del cónyuge”. Además, se acredita que está casada en régimen de separación de bienes, lo que deriva en una “presunta omisión de datos esenciales para verificar el cumplimiento de requisitos de acceso a la vivienda de protección pública”.

Añade el documento que “el requerimiento efectuado con fecha 9 de febrero de 2026 a la adjudicataria fue recibido el 10 de febrero” y que “presenta escrito el 18 de febrero de 2026 solicitando la renuncia a la vivienda adjudicada, sin aportar los datos económicos ni de propiedades del cónyuge”. Así, se realiza “un segundo requerimiento el 26 de febrero de 2026, recibido el día 27 de febrero, solicitando los datos económicos y de propiedades del resto de miembros de la unidad de convivencia” pero “a fecha del presente informe la adjudicataria no ha contestado a este segundo requerimiento”.

El contrato fue tramitado y visado por el funcionario Roberto Palencia, Jefe de la Sección de Vivienda Protegida, también investigado en la causa: “No consta requerida la documentación del cónyuge relativa al cumplimiento de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, al formar parte de la unidad de convivencia. Concluyendo, desconocemos a la fecha de este informe si Sira Pérez cumple los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública ya que no disponemos de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge”.

Como informó este diario, cinco de las 15 personas citadas a declarar en calidad de investigadas permanecen en activo en las administraciones en diferentes cargos, sin contar a la exconcejala Rocío Gómez, quien presentó su dimisión. Así pues, Además de Pérez, Francisco Nieto mantiene su puesto como arquitecto municipal al ser funcionario y María Pérez-Hickman (también funcionaria), pese a que renunció como jefa del servicio de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Gobierno municipal de Barcala, se mantiene como jefa de Contratación.

Otros dos cargos públicos son pareja: se trata de Elsa Lloret, también arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, y Roberto Palencia, exjefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, encargado de comprobar que los adjudicatarios cumplían los requisitos. Fue inicialmente expedientado y suspendido de su cargo y recientemente se ha reincorporado y ha sido reasignado a otras funciones dentro de la administración.

Del resto de los investigados destacan el suegro de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como el administrador único de la mercantil Fraorgi SL, gestora de la Cooperativa 'Residencial Les Naus'.