La policía nacional ha detenido este martes a tres personas tras hallar el cadáver de un hombre encontrado en una vivienda a las afueras de la ciudad de Alicante que corresponde al empresario Jesús Tavira, desaparecido hace más de un mes y que en su día se vinculó con el crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo Vicente Sala.

Jesús Tavira, de 63 años, estaba desaparecido desde el pasado 18 de marzo. Según el diario Información de Alicante, entre los arrestados se encuentra un trabajador de Tavira y su mujer. No se descartan más detenciones y la investigación sigue adelante.

El cadáver ha sido hallado en un avanzado estado de descomposición sepultado en una vivienda de la partida de Bacarot, en el término de la ciudad de Alicante, y se ha detenido tanto al matrimonio propietario de la casa como a un tercer individuo por su supuesta implicación en el presunto crimen.

Las fuerzas de seguridad esperan a los resultados del examen forense que se practicará este miércoles en el Instituto de Medicina Legal de Alicante para terminar de confirmar la identidad del fallecido, seguramente a partir de las huellas dactilares o de otros elementos debido al deterioro de los restos mortales.

Tavira, que recientemente tuvo un desguace en Alicante, desapareció el 18 de marzo y tres días después su coche fue encontrado quemado en el barrio de las Mil Viviendas.

Según difundió entonces en las redes sociales la plataforma Adonay, Tavira medía 1,80 metros y, de complexión fuerte y ojos marrones, vestía cazadora marrón y camiseta blanca con zapatillas azules la última vez que se le vio.

El nombre de Tavira saltó a los medios de comunicación a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala.

Dentro del caso Sala, muy mediático, se documentó que los días previos al asesinato Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Por ese motivo fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, sin que finalmente se llegara a acreditar la vinculación con los hechos.

En sus declaraciones a los agentes, Tavira sostuvo que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde se perpetró el crimen aún sin resolver de María del Carmen Martínez.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las de los ríos Tajo y Segura.

Estos planes son el principal argumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para pedir la revisión de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponrían el recorte de las transferencias de agua para respetar el caudal ecológico del Tajo. De hecho, ha demandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las apruebe cuanto antes.

Se trata de la séptima sentencia del Supremo que avala la tesis defendida por el Gobierno de Emiliano García-Page.

En este caso, el Alto Tribunal ha declarado inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante “por falta de legitimación activa”. Se remite en la sentencia a su criterio “consolidado y que es de plena aplicación” en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado.

Las entidades locales no tienen “legitimación” en este tema

Entre los argumentos contemplados en la sentencia recuerda que las entidades locales “no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso-administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía”.

La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha. Queda un recurso más pendiente de resolución: el presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS).

Un informe jurídico encomendado a la Secretaría General del Pleno por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), concluye que la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de las VPO de Les Naus solo puede solicitar la comparecencia de funcionarios municipales que hayan participado en la tramitación de los expedientes relacionados con la construcción de esas viviendas.

El documento al que ha tenido acceso elDiario.es, firmado por el secretario municipal de Pleno el pasado 31 de marzo, concluye que “respecto a las solicitudes de comparecencia de los Concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local o los titulares de los órganos directivos que ostenten competencias delegadas del Alcalde o de la Junta de Gobierno, se encuentra regulada en artículo 88 del Reglamento Orgánico del Pleno dentro del Capítulo II relativo a la convocatoria y Orden del día de las sesiones plenarias”.

Igualmente “se encuentra regulado en su artículo 160 con remisión al citado 88 pero únicamente para las comisiones permanentes, no haciéndose referencia alguna en la regulación de las comisiones no permanentes o específicas”. Por tanto, añade el secretario, “no procede la solicitud de comparecencia de Concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes”.

El informe afirma que la función de esta comisión “ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos” y añade: “Solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso. El personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria. Al personal funcionario o laboral que comparezca voluntariamente se le advertirá que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales. No podrá comparecer el personal funcionario o laboral que no haya tenido parte en el procedimiento. No podrán comparecer terceros ajenos a la instrucción de los expedientes”.

Críticas de la oposición

Al respecto, la portavoz municipal del PSPV, Ana Barceló, ha comentado que el informe del secretario “no puede ser la coartada de Barcala para vaciar la comisión que debe aclarar qué controles fallaron en la adjudicación de viviendas. Villar debe dimitir como presidente de la comisión por ocultar el informe”.

Barceló ha considerado que “el único partido que está convirtiendo en un juicio esta comisión es el PP, que está haciendo advertencias a los funcionarios para que no comparezcan”. Y ha añadido que “Lo que no vamos a permitir es que se utilice este informe como excusa para vaciar de contenido la comisión”, ha afirmado Barceló, quien ha denunciado que el objetivo del equipo de gobierno es “bloquear el control democrático del pleno e impedir que se conozca la verdad”.

Asimismo, ha defendido que los funcionarios cuya comparecencia se solicita son precisamente quienes han intervenido en los procedimientos y ha subrayado que“es el Ayuntamiento quien debe garantizar que puedan comparecer, no dejarlo a su discrecionalidad”.

“Barcala se está protegiendo a sí mismo”, ha concluido la portavoz socialista, “y por eso es más necesario que nunca que los técnicos expliquen cómo se han tramitado estos procedimientos. ”Queremos saber la verdad y Barcala no puede impedirlo“.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha comentado que “todo lo que gira en torno al escándalo de Les Naus que vincula al Partido Popular, a personas cercanas al Partido Popular con este escándalo, todo es un cúmulo de casualidades.

Mas ha puesto de relieve que casualmente “casi cuatro meses después que desde la izquierda forzáramos una comisión de investigación, para saber qué ha pasado y depurar responsabilidades, ahora, nos facilitan un informe del secretario afirmando que no podemos llamar a declarar a nadie que no sea funcionario; ahora, que hemos pedido que comparezca Mazón, que hemos pedido que comparezcan responsables de la Generalitadt, políticos, hemos pedido que comparezca el alcalde o la señora Mari Carmen de España, ahora, nos dicen que no, que no tenemos competencias”.

Para el portavoz de Compromís, se está viendo que “el Partido Popular, con la complicidad de Vox, ha convertido esta comisión de investigación, que pretende que los alicantinos volvamos a tener confianza en la administración, en un montaje y no lo vamos a permitir”.

“El análisis de esta promoción ha evidenciado que el decreto de vivienda del Botànic no establecía un procedimiento claro para adjudicar viviendas protegidas en promociones privadas, lo que facilitó la aparición de irregularidades”. Así se pronunció la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en la sesión del pleno de las Corts del pasado 5 de marzo. Días antes, el 16 de febrero, también afirmó que la promoción Les Naus de Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, se adjudicaron con “las reglas del juego” del anterior Consell del Botànic.

En realidad se trata de un argumento recurrente por parte de Camarero cada vez que la izquierda le acusa de haber rebajado las medidas de control con el decreto aprobado por el ejecutivo valenciano en diciembre de 2024, entonces presidido por Carlos Mazón, al haber eliminado la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida en las promociones de gestión privada, como es el caso de las de Alicante. Una inscripción que debía ir acompañada de una declaración responsable que, en caso de incumplirse, implicaba la expulsión del registro, lo que impedía optar a este tipo de inmuebles.

Estos requisitos incluidos en la normativa del Gobierno del Botánico desaparecieron con la entrada en vigor de la normativa aprobada por los populares, que fue la que se tuvo en cuenta a la hora de comprobar que los adjudicatarios cumplían. La realidad es que lo que ha venido a continuación ha sido un escándalo que ya cuenta con 15 personas investigadas entre cargos vinculados al PP, familiares y otros adjudicatarios particulares que esquivaron la normativa.

Tanto es así, que los informes remitidos al juzgado que investiga el caso por parte de la propia Conselleria de Vivienda confirman que la normativa de aplicación en lo se refiere al control del cumplimiento de los requisitos por parte de los adjudicatarios es la aprobada por el Gobierno de Mazón en diciembre de 2024.

Según el documento firmado el pasado 2 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es, es cierto que la promoción de viviendas de Les Naus está acogida al Decreto 68/2023, de 12 de mayo, aprobado en la recta final del Botánico. Sin embargo, con respecto al procedimiento de visado del expediente de referencia, “por medio del que se procede a la comprobación y certificación del cumplimiento de requisitos legalmente exigidos por parte de los adjudicatarios de las viviendas de protección pública”, la Disposición Adicional Sexta del Decreto 180/2024 de 10 de diciembre, del Consell por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, establece: “Podrán acceder al uso de una vivienda de protección pública calificada con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en cualquiera de sus modalidades y régimen de uso tanto en primera como en segundas y sucesivas transmisiones, las personas físicas, unidad familiar o de convivencia que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto”.

Por tanto, añade el informe, “dado que la promoción de viviendas de protección pública correspondientes al expediente de referencia obtuvo la calificación provisional con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Decreto 180/2024 de 10 de diciembre, pero las solicitudes de visado fueron presentadas con posterioridad a esta fecha, el proceso de comprobación del cumplimiento de los requisitos referido al expediente de referencia se ha realizado de conformidad con el Decreto 180/2024 de 10 de diciembre”, es decir, el aprobado por el Gobierno de Mazón.

Al respecto, fuentes del departamento de Camarero defienden que este decreto solo se aplicó en lo referido a los requisitos de acceso, económicos y titularidad vivienda e insisten en que “el decreto 180/2024 sí establece nuevos y más exigentes requisitos”. Al mismo tiempo explican que en lo referente a las condiciones en virtud de las cuales el promotor adjudica las viviendas a los miembros de la cooperativa es la que marcaban los anteriores decretos de 2021 y 2023, según recogen otros informes. Por este motivo, consideran que fue en ese corte en el que faltaron controles.

Después de ese trámite, la Conselleria debía controlar en la fase de visados que los adjudicatarios cumplían con lo establecido en cuanto a renta y propiedades, entre otras cuestiones, lo que ya debía ceñirse a la normativa de 2024. Es ahí donde el funcionario citado por la jueza como investigado, que adjudicó una vivienda a su pareja, no cotejó debidamente los datos de los adjudicatarios.

Los informes, además, evidencian que pese a que ya no era obligatorio por estar en vigor la legislación de 2024, todos los adjudicatarios estaban dados de alta en el registro de demandantes. Un registro en el que varios candidatos falsearon los datos para poder cumplir los requisitos y optar a las viviendas. El informe del 2 de febrero pone de relieve que el registro sirvió para cotejar este falseamiento. De haber estado en vigor la normativa de la izquierda, esto hubiera implicado la expulsión de estos individuos del registro, por lo que no hubieran podido optar a viviendas protegidas.

El informe dice textualmente que “tras la segunda comprobación en relación a los trámites realizados y documentos justificativos que soportan el cumplimiento de requisitos, se advierte que tanto en la solicitud de visado como en la inscripción en el registro de demandantes de vivienda han omitido integrantes de la unidad de convivencia”

Así mismo “se advierte en esta segunda comprobación que en estos contratos de adjudicación interviene un solo adjudicatario, sin aportar datos identificativos, ni documentación ni autorización de consultas de la totalidad de los integrantes de la unidad de convivencia”. De esta manera “el expediente se revisó y visó como correcto tras comprobarse únicamente los datos del adjudicatario”. Sin embargo, “tras esta segunda revisión efectuada y constatar que estos contratos fueron formalizados por personas casadas en régimen de separación de bienes, se determina que el expediente no contiene toda la información necesaria para su resolución y que se debió requerir toda la documentación del cónyuge relativo al cumplimiento de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, al formar parte de la unidad de convivencia”.

Recientemente, el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Generalitat, Vicente Caturla, declaró ante la jueza que la polémica promoción de las viviendas de protección pública de Alicante “comenzó con una legislación que garantiza el principio de igualdad, transparencia y publicidad, pero cambió con el decreto Mazón” y añadió que su departamento no cuenta con “capacidad de verificar si la información que se les entrega es correcta o no”.

Caturla señaló que Roberto Palencia, funcionario de la dirección territorial de Alicante ahora investigado en la causa “se propuso para visar los contratos”. Palencia revisó por iniciativa propia los 140 expedientes. Los trámites se hicieron íntegramente de forma telemática. Palencia reconoció ante su superior, cuando se destapó el escándalo, que su esposa había sido adjudicataria de uno de los pisos de protección pública en la promoción Les Dunes. Cuando Vicente Caturla se puso en contacto para pedirle explicaciones a Roberto Palencia, éste último habría dicho: “La he cagado, asumo las consecuencias”.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en Alicante ha citado a declarar en calidad de investigados (asistidos por un abogado) a un total de 15 personas, entre ellas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exjefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, o al arquitecto municipal, Francisco Nieto. Gómez dimitió al destaparse que había sido agraciada con una vivienda protegida.

No obstante, en el listado de investigados aparecen también otros cargos públicos vinculados al PP, así como familiares y la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, quien estuvo seis años en la Generalitat como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda y Modelo Económico en Alicante. Llegó en septiembre de 2019, cuando gobernaba la izquierda, y abandonó el cargo en septiembre de 2025, con el PP en el Gobierno autonómico. En octubre de 2025 se reincorporó a su puesto de tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, justo un mes después de adquirir la vivienda protegida. El alcalde del municipio, Santiago Román, del PP, ha afirmado que por el momento no piensa tomar ninguna medida.

En el caso de Pérez, según el informe de la Conselleria de Vivienda del pasado 2 de marzo remitido a la jueza, renunció al inmueble cinco días después de revelar elDiario.es que había resultado adjudicataria. El documento pone de relieve que declaró una unidad de convivencia junto dos hijos y que consta como única adjudicataria. Según la consulta realizada a la Agencia Tributaria, constan unos ingresos de 57.888,00 euros, equivalente a 6,89 veces el IPREM, siendo el límite de ingreso de este expediente 6,9 veces el IPREM (6,5 más 0,2 por cada uno de los hijos).

Además, aportó certificado de no propiedades “solo de la declarante”, pero “no constan en el expediente documentación respecto de los ingresos ni del Índice Central del Colegio de Registradores de España acreditativa de todas las propiedades en España del cónyuge”. Además, se acredita que está casada en régimen de separación de bienes, lo que deriva en una “presunta omisión de datos esenciales para verificar el cumplimiento de requisitos de acceso a la vivienda de protección pública”.

Añade el documento que “el requerimiento efectuado con fecha 9 de febrero de 2026 a la adjudicataria fue recibido el 10 de febrero” y que “presenta escrito el 18 de febrero de 2026 solicitando la renuncia a la vivienda adjudicada, sin aportar los datos económicos ni de propiedades del cónyuge”. Así, se realiza “un segundo requerimiento el 26 de febrero de 2026, recibido el día 27 de febrero, solicitando los datos económicos y de propiedades del resto de miembros de la unidad de convivencia” pero “a fecha del presente informe la adjudicataria no ha contestado a este segundo requerimiento”.

El contrato fue tramitado y visado por el funcionario Roberto Palencia, Jefe de la Sección de Vivienda Protegida, también investigado en la causa: “No consta requerida la documentación del cónyuge relativa al cumplimiento de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, al formar parte de la unidad de convivencia. Concluyendo, desconocemos a la fecha de este informe si Sira Pérez cumple los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública ya que no disponemos de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge”.

Como informó este diario, cinco de las 15 personas citadas a declarar en calidad de investigadas permanecen en activo en las administraciones en diferentes cargos, sin contar a la exconcejala Rocío Gómez, quien presentó su dimisión. Así pues, Además de Pérez, Francisco Nieto mantiene su puesto como arquitecto municipal al ser funcionario y María Pérez-Hickman (también funcionaria), pese a que renunció como jefa del servicio de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Gobierno municipal de Barcala, se mantiene como jefa de Contratación.

Otros dos cargos públicos son pareja: se trata de Elsa Lloret, también arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, y Roberto Palencia, exjefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, encargado de comprobar que los adjudicatarios cumplían los requisitos. Fue inicialmente expedientado y suspendido de su cargo y recientemente se ha reincorporado y ha sido reasignado a otras funciones dentro de la administración.

Del resto de los investigados destacan el suegro de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como el administrador único de la mercantil Fraorgi SL, gestora de la Cooperativa 'Residencial Les Naus'.

Dos operarios de 26 y 45 años han fallecido al desplomarse un andamio en una obra en un edificio de 18 alturas de Benidorm (Alicante), mientras que un tercer trabajador ha podido evitar la caída y, por sus propios medios, retornar al edificio por un balcón y ponerse a salvo

El aviso del accidente laboral, ocurrido en el número 2 de la calle Ibiza, se ha recibido a las 10:49 horas y los dos trabajadores han quedado atrapados entre los escombros, han añadido las fuentes.

Al lugar del accidente han acudido numerosos efectivos de los servicios de emergencias, entre ellos una ambulancia del SAMU y otra del Soporte Vital Básico (SVB) y una decena de bomberos, según han informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En un principio se ha había contabilizado un trabajador fallecido y otro herido de gravedad, pero finalmente ha muerto también este segundo operario debido a las heridas sufridas.

El andamio se halla en la torre 2 del edificio Principado Europa, de 18 alturas, en la zona de Levante de la ciudad costera de Benidorm, y la calle se ha cortado durante unas horas al tráfico de vehículos y personas.

Al parecer, el accidente laboral ha ocurrido cuando los trabajos habían finalizado y se procedía a levantar la estructura del andamio en vertical, y se ha venido abajo desde aproximadamente la mitad de un edificio de 18 alturas por razones que indagan.

En el operativo de rescate, de gran complejidad debido a la acumulación de escombros en la vía pública, han participado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han trabajado en la zona para asegurar el entorno, atender a las víctimas y descartar nuevos riesgos derivados del derrumbe

El Ayuntamiento de Benidorm ha decretado un día de luto oficial por la muerte de los dos operarios, y ha convocado a la ciudadanía a guardar tres minutos de silencio mañana jueves a las 12:00 horas ante las puertas del Ayuntamiento en señal de duelo por este suceso.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha trasladado las condolencias de la ciudad a los familiares, allegados y compañeros de las víctimas y se ha desplazado al lugar del suceso junto a miembros del gobierno local para interesarse por la situación y ponerse a disposición de los afectados

El portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha dado a conocer este martes el requerimiento notarial remitido por el alcalde Luis Barcala, y la concejala Nayma Beldjilali, a su domicilio, para que rectifique una serie de declaraciones, tanto en sesiones plenarias como en medios de comunicación, sobre el caso de investigación de las irregularidades en la adjudicación de viviendas de Les Naus.

Rafa Mas ha comentado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha amenazado con denunciarle: “No solo él, también la concejala Nayma Beljilali. Me han mandado un requerimiento notarial pidiendo, en un plazo de dos días, que rectifique, pida disculpas y no vuelva a denunciar el mayor escándalo urbanístico y de vivienda, no solo de Alicante, sino de España en los últimos años. Quedaros con este dato: requerimiento notarial. Han mandado a la puerta de mi casa a un notario para entregármelo”.

En este sentido ha añadido que “es una cuestión grave” y que “tendrán que explicar cómo han accedido a mi dirección personal, un dato extremadamente sensible, y que no sé cómo conoce el ciudadano Luis Barcala y Nayma Beljilali, ya que me denuncian de forma individual. Espero que no hayan usado su cargo para un fin particular y consiguiendo y revelando datos personales protegidos”. A su juicio, ambos han traspasado “una línea roja”.

Según Mas, con estas prácticas el alcalde Barcala pretende que se calle y que no diga que “bajo el mandato de Luis Barcala, ha estallado el mayor escándalo urbanístico y de vivienda de Alicante y de España en los últimos años” o que no manifieste “la rabia que siente la gente, cuando miles de personas lo están pasando muy mal para acceder a una vivienda, esperando durante años una vivienda social o de VPO”.

El portavoz municipal de Compromís se ha preguntado si el objetivo que no diga que, “según lo publicado en distintos medios de comunicación, personas vinculadas al Partido Popular habrían accedido a estas viviendas protegidas de forma irregular” o que no denuncie que “según la información conocida públicamente, la justicia estaría investigando estos hechos y que el asunto se encuentra en un juzgado”.

Mas ha explicado que según el texto del requerimiento notarial, les exigen pedir disculpas y rectificar en redes sociales expresiones como “él es el responsable directo e indirecto de esta trama que trafica con nuestro suelo” y ha aclarado: “Nos referimos a la responsabilidad política. También piden que rectifique cuando decimos [que no obstruya la investigación y colabore y que cuente todo lo que sabe] [que las viviendas de protección pública están para garantizar un derecho social y no para repartir favores] [él es alcalde de esta ciudad por una tránsfuga] No lo vamos a retirar”, ha sentenciado.

Por su parte, el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar (PP), ha sostenido también este martes, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, que el requerimiento planteado por Barcala y Beldjilali responde a su intención de defender su derecho al honor “frente a las barbaridades” que, según ha sostenido, se han estado manifestando hasta ahora y que escapan del contexto de la “crítica política”. “Se han dicho cosas muy gruesas, muchas barbaridades, en algunos casos delictivas”, ha asegurado. 

El técnico de la delegación territorial en Alicante de la conselleria valenciana de Vivienda que tramitó y visó la adjudicación de las viviendas públicas investigadas en la Playa de San Juan y que dio una a su pareja sentimental confesó a su superior, una vez destapado el escándalo, que lo sentía y que la había “cagado”.

Así lo ha trasladado el director territorial de la conselleria, Juan Manuel Galbis, a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que investiga el escándalo este miércoles en la primera ronda comparecencias de testigos relacionados con los expedientes de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus.

“Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad” es lo que dijo textualmente este funcionario, que fue expedientado por Vivienda aunque ya se ha reincorporado el pasado lunes, a Galbis cuando el caso saltó a los medios de comunicación y este le preguntó por la aparición del nombre de su pareja entre las 140 personas beneficiarias, según ha contado a los periodistas a la salida del juzgado el abogado de la acusación popular que ejerce Ciudadanos (Cs), Eduardo García-Ontiveros.

Este funcionario era el responsable único de todos los expedientes de las viviendas después de que fuera él mismo quien se adjudicara, por propia iniciativa, esa responsabilidad para tramitar y visar en exclusiva las peticiones de viviendas públicas en Les Naus.

Además de Galbis, este miércoles han declarado como testigos la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas, y el secretario territorial adjunto del mismo departamento, Vicente Caturla, en un procedimiento en el que están personada como acción popular tanto Ciudadanos como el PSPV-PSOE, junto a la Fiscalía Anticorrupción.

García-Ontiveros ha adelantado que pedirán la declaración de este técnico funcionario de Vivienda, cuya mujer fue “agraciada” con una de las casas, para que “explique lo ocurrido” y ha añadido que es pronto para saber la fecha de su comparecencia.

La normativa, un coladero

El relato de los tres testigos que han declarado hoy conjuntamente ha sido “clarificador” y ha reflejado, según el letrado, que “la normativa actual de la vivienda pública es un coladero” para situaciones como la de la Playa de San Juan de Alicante ya que “el que adjudica realmente es el promotor sin ningún tipo de normativa que obligue a la administración” a hacer cumplir los requisitos.

“Se abre un abanico enorme y un coladero para que los promotores hagan cosas que no tienen que hacer”, ha proseguido antes de comentar que los tres testigos han informado de que no revisaban los expedientes porque para eso estaba precisamente el funcionario sancionado encargado de los trámites y visados, y en el que confiaban “porque lleva trabajando más de 20 años”.

Las próximas declaraciones, el día 24

La próxima cita en este procedimiento será el próximo 24 de abril cuando declaren como testigos el resto de funcionarios de la delegación territorial de Vivienda, un total de cinco, que han participado en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades.

El “escándalo” de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, alcalde del PP, ha provocado una intensa tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

También varios funcionarios han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo en un caso en el que, además del Cs y PSPV-PSOE, ha pedido personarse el sindicato Manos Limpias aunque aún se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva un recurso contra la decisión de la magistrada de exigirles la presentación de una querella para ser parte del procedimiento.

La polémica promoción de las viviendas de protección pública de Alicante “comenzó con una legislación que garantiza el principio de igualdad, transparencia y publicidad, pero cambió con el decreto Mazón”, ha afirmado ante la jueza que investiga la adjudicación el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Generalitat, Vicente Caturla. El testigo ha alegado ante la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que su departamento no cuenta con “capacidad de verificar si la información que se les entrega es correcta o no”, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical.

“Si alguien tiene una pareja de hecho y no lo dice, no hay forma de verificarlo y comprobar”, ha apostillado.

El promotor, según ha explicado el testigo, adjudicó “personalmente” las viviendas y la Administración “vela” por que se cumplan los requisitos, aunque sin prácticamente medios para ejercer el control.

No existe una normativa para que la Administración exija al promotor que cumpla con los requisitos. “Se está trabajando ahora en que la administración pueda por normativa exigir esos cumplimientos al promotor”, ha afirmado.

Caturla ha señalado a Roberto Palencia, funcionario de la dirección territorial de Alicante, expedientado por la Generalitat y suspendido de empleo y sueldo, “se propuso para visar los contratos”. Palencia revisó por iniciativa propia los 140 expedientes. Los trámites, ha apostillado, se hicieron íntegramente de forma telemática.

La Administración comprueba los ingresos y el hecho de tener únicamente una sola vivienda con la declaración de la renta y el Registro de la Propiedad. “Pero no se comprueba si una persona tiene cinco o seis viviendas a nombre de una empresa donde sea administrador”, ha agregado. Por su parte, los miembros de la unidad familiar se declaran mediante una declaración responsable de los solicitantes.

“La he cagado, asumo las consecuencias”

El funcionario Roberto Palencia reconoció ante su superior, cuando se destapó el escándalo, que su esposa había sido adjudicataria de uno de los pisos de protección pública en la promoción Les Dunes.

Cuando Vicente Caturla se puso en contacto para pedirle explicaciones a Roberto Palencia, éste último habría dicho: “La he cagado, asumo las consecuencias”. El testigo ha asegurado que se le abrió un expediente a Palencia que luego fue archivado, por lo que Palencia sigue en su puesto.

El PSPV critica el “sistema fallido” de adjudicación de VPO

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmado tras la declaración testifical que “cada vez es más evidente que el modelo de vivienda del PP abre la puerta a pelotazos como el de Les Naus”.

Barceló ha destacado que los controles no funcionaron durante la adjudicación de viviendas bajo el mandato del alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala.

“Hoy se ha reconocido abiertamente que no existían medios para comprobar si la documentación aportada por los adjudicatarios era veraz ni si cumplían realmente los requisitos para acceder a una vivienda pública. Estamos ante un sistema fallido que ha permitido un auténtico pelotazo con recursos públicos”, ha afirmado Barceló.

El Ministerio Fiscal ha asestado un golpe de legitimidad a la estrategia jurídica del equipo de gobierno del PP en San Fulgencio para evitar la moción de censura que descabalgue de la alcaldía a José María Ballester. En un contundente informe, la Fiscalía de Área de Elche/Elx-Orihuela se ha opuesto al recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento, calificando la decisión de impedir la votación de la moción de censura como “totalmente arbitraria” y carente de cualquier fundamento legal.

Según el fiscal, el consistorio ha utilizado interpretaciones forzadas de la ley para bloquear la voluntad de la mayoría plenaria, vulnerando de forma directa el derecho fundamental a la participación política.

Un recurso “carente de lógica jurídica”

El escrito de la Fiscalía desmonta punto por punto la defensa del alcalde popular, señalando que su recurso “carece de la más mínima lógica jurídica” al intentar mezclar de manera confusa diferentes leyes administrativas para invalidar la moción. El fiscal subraya que la moción de censura, presentada originalmente el 18 de junio de 2025, cumplía escrupulosamente con todos los requisitos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En este sentido, el Ministerio Público advierte que la apelación actual tiene “fines únicamente dilatorios”, constituyendo una maniobra de “juego sucio” destinada a “perpetuar” a un equipo municipal y a un alcalde que no cuentan con el respaldo legal necesario para seguir en el cargo.

En su argumentación técnica, la Fiscalía critica duramente el intento del Ayuntamiento de supeditar la validez de la moción al artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que regula el estatuto de los concejales, calificando esta maniobra como una “llamativa omisión” de la verdadera jerarquía normativa. El informe aclara que no existe ninguna remisión legal que permita convertir dicho precepto en un presupuesto previo para la aplicación del artículo 197 de la LOREG, que es la norma soberana en materia electoral. Al tratar de imponer requisitos inexistentes en la ley orgánica, el consistorio incurrió en una interpretación sesgada que el fiscal tilda de improcedente en el marco de nuestra arquitectura jurídica actual.

Asimismo, el Ministerio Fiscal pone en evidencia la debilidad de la base documental presentada por el equipo de gobierno de San Fulgencio, al señalar que se ha utilizado una “confusa mezcla” de dictámenes consultivos y párrafos extraídos de sentencias totalmente desfasadas. El fiscal advierte que el Ayuntamiento ha llegado a citar jurisprudencia de los años 1982 y 1984, la cual es anterior a la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 y, por tanto, inaplicable a la regulación de las mociones de censura vigentes. Este uso de precedentes obsoletos refuerza, a ojos de la Fiscalía, la tesis de que el recurso no busca una defensa legítima de la legalidad, sino simplemente obstaculizar el funcionamiento democrático del pleno.

Ofensiva del PSPV por una “vía exprés”

Este demoledor informe judicial coincide con la ofensiva política lanzada este mismo lunes por el PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes. Los socialistas han utilizado el caso de San Fulgencio, junto al de l’Alqueria d’Asnar, para exigir al Consell de Pérez Llorca una normativa que permita aplicar una “vía exprés” para apartar de forma inmediata a alcaldes que bloqueen ilegalmente mociones de censura. El grupo socialista ha denunciado que la Generalitat no puede permanecer impasible ante lo que consideran un secuestro de la democracia local, especialmente cuando la propia Fiscalía ha señalado que el Ayuntamiento actuó de forma arbitraria para evitar el debate y la votación en el pleno municipal.

La Fiscalía exige ahora que se confirme la sentencia que obliga a tramitar la moción a la mayor brevedad posible para restablecer la legalidad democrática. Los socialistas, por su parte, han advertido que el “juego sucio” detectado en San Fulgencio pone de manifiesto la necesidad de que la Generalitat active sus herramientas de control e impugnación para garantizar que las mayorías legítimas puedan expresarse conforme a derecho, impidiendo que el uso abusivo de recursos legales siga bloqueando la renovación de los gobiernos locales.

La ciudad de Alicante ha iniciado la cuenta atrás para eliminar la barrera de hierro que la divide desde hace más de tres décadas. El ambicioso proyecto del Parc Central ya tiene un diseño definitivo y una hoja de ruta clara para convertir la actual playa de vías en un entorno de convivencia, ocio y movilidad sostenible. Con una inversión estimada de 420 millones de euros, esta iniciativa urbanística pretende devolver a la ciudadanía un espacio que durante décadas ha funcionado como una frontera infranqueable entre los barrios, transformando lo que el Gobierno define como una “cicatriz urbana” en el futuro motor verde de la capital alicantina.

El nuevo Parc Central no es solo una obra de jardinería a gran escala, sino una compleja reordenación técnica que se apoya en siete acuerdos estratégicos entre las administraciones. La piedra angular del proyecto es la cubrición de las vías manteniendo su cota actual, lo que permite liberar la superficie para el uso público sin interrumpir el tráfico ferroviario. El diseño contempla el traslado de la edificabilidad hacia los bordes del parque para evitar que los edificios encajonen el espacio verde, además de una ambiciosa reordenación del tráfico rodado perimetral. Uno de los puntos más simbólicos será la reforma del emblemático Puente Rojo, cuya estructura central se mantendrá integrada en el nuevo paisaje, eliminando los extremos que actualmente actúan como barreras visuales y físicas.

La transformación también pone en valor el patrimonio histórico de la ciudad. La estación de tren se ubicará en el acceso sur del parque, recuperando su imagen original y consolidándose como una de las terminales con mayor capacidad de la red española, con 14 vías listas para absorber el crecimiento del Corredor Mediterráneo. Este nodo estratégico será el cimiento sobre el que se apoyará toda la actividad comercial y de transporte del entorno, garantizando que Alicante refuerce su papel como referente de movilidad en la Comunitat Valenciana.

Integración del TRAM y conectividad subterránea

Como complemento a esta obra, la Generalitat Valenciana ha confirmado su participación activa mediante la integración de la infraestructura autonómica en el subsuelo del parque. El Ejecutivo valenciano ha anunciado que sustituirá el proyectado aparcamiento en superficie por uno subterráneo, una medida que permitirá liberar todavía más espacio para el desarrollo de las zonas verdes. Esta actuación se llevará a cabo de forma simultánea a las obras de la Estación Central e Intermodal del TRAM d’Alacant, cuya inversión por parte de la Generalitat alcanza los 102 millones de euros.

El objetivo del Consell es que esta estación intermodal, que conectará el TRAM con el ferrocarril y el autobús, esté finalizada a principios de 2029. Actualmente, los trabajos avanzan con la excavación del túnel que conectará con Luceros, utilizando técnicas que minimizan las molestias en el entorno urbano. Esta coordinación entre las tres administraciones permitirá que la llegada del AVE y la expansión del transporte metropolitano se alineen perfectamente con el diseño del Parc Central, garantizando que la inversión social y económica en Alicante tenga un retorno directo en la calidad de vida de sus vecinos.

“De entrada, son compatibles”. Con esta escueta declaración, el Ayuntamiento de Benidorm ha respondido a la principal incógnita que rodea al ambicioso proyecto de rehabilitación de su plaza de toros. El equipo de gobierno del PP, liderado por el alcalde Toni Pérez con mayoría absoluta, llevará al pleno extraordinario del próximo 13 de abril el inicio del expediente para licitar las obras del Benidorm Open Arena. El proyecto cuenta con una inversión global de 15 millones de euros, de los cuales 6,4 millones provienen de una subvención de fondos europeos FEDER, mientras que el resto será sufragado por las arcas municipales.

La última vez que el coso benidormense alojó una corrida taurina fue el 22 de agosto de 2017, en una tarde protagonizada por Paquirri, El Fandi y López Simón. Aquella jornada marcó el fin de una era que empezó con su inauguración el 8 de julio de 1962, pero el avanzado deterioro estructural del recinto obligó a su clausura definitiva por seguridad poco después de aquel festejo. Ahora, el nuevo proyecto busca rescatar la estructura del olvido a través de una propuesta denominada 'Arena Live', que convertirá la antigua plaza en un espacio polivalente para actividades culturales, sociales y deportivas. La transformación se completa con 'Arena Joven', un centro multicultural inclusivo para la formación y el ocio juvenil, y 'Arena Encuentro', una intervención urbana para conectar los barrios de Els Tolls y Foietes.

La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha advertido de la elevada incertidumbre técnica debido a las patologías estructurales de la plaza, como la corrosión y las fisuras internas, que solo podrán evaluarse con precisión durante la obra. Por ello, el consistorio ha optado por una licitación conjunta de proyecto y ejecución para minimizar riesgos económicos y garantizar que el Benidorm Open Arena pueda inaugurarse cumpliendo con las estrictas exigencias de la financiación internacional.

La recepción de los 6,4 millones de euros de los fondos FEDER, a través de los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (Planes EDIL), impone condiciones estrictas que marcan el ADN del proyecto. Europa exige que estas inversiones se destinen a la regeneración urbana, la inclusión social y la creación de espacios que fomenten el conocimiento y la convivencia ciudadana de forma continua. Para cumplir con estas directrices, Benidorm ha tenido que diseñar un recinto que funcione como motor social diario para los barrios de Els Tolls y Foietes-Colonia Madrid, lo que obliga a priorizar las áreas de formación y juventud sobre usos esporádicos o tradicionales que no garanticen ese dinamismo inclusivo exigido por la normativa europea.

Asimismo, la supervisión de estos fondos ha obligado al Ayuntamiento a extremar los controles administrativos para garantizar la transparencia total en el proceso. El pasado 16 de marzo ya se constituyó el ‘Comité de autoevaluación del riesgo de fraude’, una figura obligatoria impuesta por Europa para asegurar que cada euro de la subvención se ejecute conforme a los objetivos de sostenibilidad y utilidad pública previstos. Este rigor fiscal y funcional refuerza el carácter administrativo y cultural del nuevo recinto, dejando en un plano muy secundario cualquier actividad que no se alinee con los ejes de formación, dinamismo juvenil e integración multicultural que sustentan la ayuda millonaria concedida al municipio.

Los retos de compatibilización

Esta nueva funcionalidad intensiva, con un uso previsto para todos los días del año, supone un desafío para la convivencia con la tauromaquia. La arquitectura del futuro Benidorm Open Arena presenta retos logísticos importantes, ya que el proyecto contempla la creación de una nueva crujía para albergar la Biblioteca Central, salas de estudio y áreas administrativas, servicios que deberían convivir con las propias de un coso taurino como corrales, chiqueros o patio de caballos.

Del mismo modo, la intención de convertir el recinto en un referente de conciertos implica la instalación de escenarios de grandes dimensiones y equipamiento técnico permanente que debe resolverse sin interferir en la visibilidad del callejón y en la seguridad de los burladeros.

Además de los cambios en la distribución, el objetivo de un uso dinámico y diario para deportes o ferias también requiere pensar en el mantenimiento de un ruedo de arena, que necesita un cuidado específico que se deberá compatibilizar con el tránsito peatonal frecuente.

Con todo el Ayuntamiento de Benidorm no cierra las puertas a los festejos taurinos dentro de los usos del nuevo centro polivalente cultural. Como ya se ha dicho: “de entrada, son compatibles”.

Un grave accidente de tráfico ocurrido este miércoles en el término municipal de Orihuela se ha saldado con tres ciclistas heridos de gravedad tras ser embestidos por un turismo. El suceso tuvo lugar en torno a las 15:36 horas en el punto kilométrico 9 de la carretera CV-925, un tramo situado en el entorno del embalse de La Pedrera, muy cerca de la pedanía de Torremendo. Las víctimas formaban parte de un grupo de seis ciclistas de nacionalidad irlandesa que circulaban por esta vía en dirección a Pilar de la Horadada cuando fueron arrollados por el vehículo.

La violencia del impacto dejó heridos de diversa consideración a la mitad de la expedición. Según la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el herido que reviste mayor gravedad es un hombre que fue evacuado de urgencia al Hospital del Vinalopó en Elche tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. Sus otros dos compañeros, de 56, 59 y 62 años, fueron trasladados al Hospital de la Vega Baja en Orihuela para ser tratados de diversas policontusiones.

El operativo de auxilio movilizó a un importante contingente de emergencias, incluyendo patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Orihuela, además de un amplio despliegue sanitario. En el lugar de los hechos intervinieron dos unidades del SAMU, una ambulancia de Soporte Vital Básico y una unidad de transporte no asistencial para estabilizar y trasladar a los afectados.

Este nuevo siniestro vuelve a poner el foco sobre la CV-925, una carretera que presenta una elevada siniestralidad en los últimos años y que ha registrado víctimas mortales anteriormente. Se trata de una ruta de gran uso turístico y recreativo en la Vega Baja, frecuentada habitualmente por residentes extranjeros. En este trazado confluyen diariamente una alta densidad de turismos, grupos de ciclistas, senderistas atraídos por el paisaje del embalse y una notable afluencia de motociclistas, lo que incrementa el riesgo de accidentes de esta naturaleza.

La Asociación de Vecinos de Tabarca Isla Plana ha afirmado haber iniciado los trámites para que la isla, perteneciente al municipio de Alicante, se constituya como entidad local menor y así tener mayor autonomía respecto al ayuntamiento de la localidad.

Así lo han adelantado algunos medios y lo ha confirmado la presidenta de la asociación, Carmen Martí, quien ha defendido que están “en su derecho” y ha resaltado que la noticia “ha sido una bomba entre los vecinos”.

Entre los trámites que han iniciado con los abogados de la entidad está la presentación de las firmas de los vecinos de la isla, que debe ser de la mitad más uno, mientras que ellos han conseguido que 33 de los 59 den su visto bueno. Ahora están a la espera de los siguientes pasos.

La Ley del Régimen Local de la Comunitat Valenciana recoge que las entidades locales menores son aquellos núcleos de población separados territorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo características peculiares, se constituyan como tales.

De esta forma, una localidad puede llegar a tener personalidad y capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias, que podrán ser propias o delegadas.

Tabarca es un pequeño archipiélago perteneciente al municipio de Alicante y cuya isla principal se denomina Plana o Nueva Tabarca, que tiene una forma alargada de unas 30 hectáreas de extensión, en cuya parte occidental se encuentra un pequeño pueblo amurallado en el que están los en torno a 60 vecinos censados que viven allí.

El Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo en la reparación histórica de las víctimas de la violencia política en España al convalidar la reforma de la Ley de Memoria Democrática. Esta modificación legal, aprobada originalmente a finales de marzo, abre la puerta por primera vez a que las personas asesinadas o que sufrieron lesiones incapacitantes a manos de grupos de extrema derecha durante la Transición sean reconocidas y compensadas por el Estado. Entre las figuras beneficiadas por este cambio normativo destaca de manera simbólica la de Miquel Grau, el joven militante del Moviment Comunista del País Valencià que perdió la vida en Alicante en 1977 tras un ataque ultra.

La inclusión de estas víctimas ha sido una reivindicación central de la coalición Compromís, que a través de su diputado en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, ha logrado que el texto legal no se limite exclusivamente a la represión ejercida por la dictadura, sino que abarque también los crímenes cometidos por bandas armadas y militantes de extrema derecha que actuaron para frenar el avance de las libertades. Según la formación valencianista, este reconocimiento es un acto de justicia necesario para devolver la dignidad a quienes, como Grau, se convirtieron en mártires de la democracia en un momento de gran fragilidad política para el país.

Desde Compromís per Alacant, su portavoz Rafa Mas ha celebrado que el Estado asuma por fin su responsabilidad en la reparación de un crimen que conmocionó a la sociedad alicantina hace casi medio siglo. La nueva normativa permitirá que los familiares de Miquel Grau se acojan a las indemnizaciones previstas, equiparando su estatus al de otras víctimas de la lucha por la democracia. Para los impulsores de la medida, este avance legislativo supone cerrar una de las heridas abiertas de la Transición, reconociendo que la violencia de la extrema derecha fue un factor determinante que el sistema legal español no había terminado de resarcir de forma integral hasta la fecha.

Con esta luz verde parlamentaria, el caso de Miquel Grau deja de ser únicamente un símbolo de la memoria local para convertirse en un referente jurídico nacional. La reforma garantiza que el sacrificio de aquellos que defendieron la libertad frente al autoritarismo y la violencia ultra sea reconocido oficialmente, asegurando que la historia de la democracia española se escriba con todos sus protagonistas y con una reparación efectiva para quienes pagaron con su vida el precio de la transición política.

El Ayuntamiento de Alicante ha tratado de blindar la gestión de la vivienda protegida mediante un nuevo paquete de medidas de control, aunque sin alterar el núcleo del modelo que ha generado fuertes críticas en la ciudad tras el escándalo de las VPO de 'Les Naus'. El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha dado cuenta ante el Consejo Rector del Patronato de la Vivienda de un decreto que introduce nuevas exigencias burocráticas para la promoción de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas. Sin embargo, estas medidas conviven con la realidad de que seguirá siendo el promotor privado quien decida si los futuros propietarios de las viviendas de protección pública (VPP) se eligen por sorteo, por baremación o por estricto orden de antigüedad en el registro.

El precedente de Benalúa de 'Les Naus' donde la opacidad en la comercialización de viviendas protegidas derivó en adjudicaciones bajo sospecha especialmente en el entorno del PP y de cargos del Ayuntamiento de Alicante. Para intentar evitar un nuevo escenario de “pelotazo” urbanístico, el consistorio obligará ahora a adjudicatarios, subcontratistas y beneficiarios a firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Además, la empresa ganadora de la licitación —que se ha ampliado hasta el 30 de junio para adaptar los pliegos— deberá presentar informes trimestrales al Patronato sobre todas las transacciones realizadas, desde las reservas hasta las escrituras finales.

Pese al endurecimiento de los requisitos formales, la oposición municipal considera que estas cautelas son insuficientes si el control de la lista de demandantes no vuelve a manos públicas. Desde el PSPV se ha denunciado que el equipo de gobierno de Luis Barcala ha renunciado a tutelar directamente un proceso tan sensible, permitiendo que una entidad privada gestione suelo municipal valorado en más de 450.000 euros. La crítica se acentúa al recordar que el Ayuntamiento devolvió en su día una subvención millonaria de la Generalitat que hubiera permitido que estas 30 viviendas fueran de promoción 100% pública y destinadas íntegramente al alquiler asequible, en lugar de las tres unidades que finalmente recibirá el consistorio tras la enajenación de la parcela.

Por su parte, desde Esquerra Unida-Podem lamentan que una operación de esta magnitud, que supone la pérdida de patrimonio público, se gestione a golpe de decreto y sin un debate político de fondo que cuestione el modelo de colaboración público-privada. La desconfianza radica en que, a pesar de los nuevos filtros administrativos, la arquitectura del sistema sigue permitiendo que el promotor diseñe el pliego de condiciones de comercialización. En una ciudad que aún digiere las irregularidades de procesos anteriores, la delegación de la fe pública en manos de intereses mercantiles sigue siendo el principal foco de conflicto, dejando en el aire si la nueva burocracia será un muro eficaz contra el amiguismo o simplemente un trámite más antes de que el suelo público cambie de manos.

Funcionarios y altos cargos de los departamentos de Patrimonio, Contratación y Urbanismo del ayuntamiento de Alicante serán los primeros en ser citados para prestar declaración en la comisión municipal sobre las posibles irregularidades en las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan. En cuanto a políticos, en esta primera tanda de comparecencias acudirán tres del anterior Equipo de Gobierno de izquierdas y tres del PP también de anteriores mandatos, salvo uno de ellos que sigue en el actual equipo de Gobierno. El resto de los responsables actuales comparecerán más adelante, tal y como se ha acordado este viernes.

Así lo han decidido los partidos políticos en la segunda reunión celebrada este viernes en la casa consistorial y que ha establecido que la primera sesión se celebrará el próximo lunes 13 de abril, mientras que las siguientes serán el 24 y el 11 y 22 de mayo.

De esta forma, los primeros citados por el ayuntamiento, que no tienen obligación de asistir y declarar, tal y como ha recordado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, serán los funcionarios y altos cargos de los departamentos de Patrimonio y Contratación.

La segunda sesión será monográfica sobre la Concejalía de Urbanismo, mientras que en la tercera destaca el nombre de la funcionaria María Pérez Hickman, que dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos después de que se conociera que dos hijos y un sobrino eran adjudicatario de VPO en Les Naus y que actualmente es jefa de Contratación del Ayuntamiento.

La sesión del 11 de mayo será la primera en la que serán citados responsables políticos, entre los que destacan los de la legislatura del tripartito de izquierdas, como el alcalde de Alicante entre 2015 y 2018, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE; el concejal responsable de Contratación hasta 2017, Natxo Bellido, de Compromís; y la regidora de Hacienda y Acción Social durante esa legislatura, Sofía Morales, también socialista.

Del mismo modo se requerirá la comparecencia de políticos de la anterior legislatura, como el concejal de Urbanismo, Adrián Santos, de Ciudadanos; la concejala de Cultura, María Dolores Padilla, del PP; y la concejala de Urbanismo durante el primer año, Mari Carmen de España.

Discusión sobre cuándo citar a los políticos

Villar ha explicado por qué no se ha podido facilitar la documentación requerida por los grupos municipales hasta este viernes, cuando estaba previsto hacerlo el miércoles, y ha argumentado que era por la protección de datos, al haber información personal de anónimos y que habían consultado la forma en la que hacer accesible la documentación a los representantes políticos.

Asimismo durante el debate, los partidos de izquierda han planteado su propuesta conjunta para citar primero a los perfiles técnicos y, una vez se hayan terminado con sus declaraciones, se empiecen a llamar a los políticos.

“Lo que queremos es preguntar a los técnicos para que los políticos ratifiquen”, ha explicado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, a lo que la representante del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha añadido que cree que se debe cerrar la parte completa del expediente con los funcionarios de Contratación, Patrimonio y Urbanismo.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha insistido en citar a los representantes políticos responsables de cada área cuando se terminen las declaraciones de los técnicos, por lo que quería agendar sus declaraciones ya en la segunda sesión.

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un giro de 180 grados en su estrategia de control sobre la Vivienda de Protección Oficial (VPO) apenas unas horas después de recibir duras críticas por parte de la oposición. El Patronato Municipal de la Vivienda ha aprobado este miércoles una actualización profunda de los pliegos para la licitación de la parcela ubicada en la calle Ceuta, introduciendo medidas de fiscalización que hasta ahora no figuraban en el proceso. Esta rectificación oficial se produce en un clima de alta sensibilidad política, marcado por el precedente de 'Les Naus' de Benalúa, donde la gestión privada de las listas de espera sobre suelo municipal generó un escándalo de opacidad al conocerse que muchos de los beneficiarios estaban vinculados a la órbita del PP, del Ayuntamiento de la la alta sociedad.

La presión ejercida por el PSPV, que denunció públicamente que el modelo original de Barcala permitía adjudicaciones “a dedo” por parte del promotor, ha forzado al equipo de gobierno a blindar administrativamente la futura promoción de San Blas. En el nuevo marco regulatorio, el adjudicatario privado pierde la autonomía total de la que gozaba anteriormente, quedando obligado a presentar un plan de comercialización que deberá ser validado por el propio Patronato. Este organismo municipal se reserva ahora la facultad de fijar baremaciones específicas, como el criterio de empadronamiento, para garantizar que la vivienda pública responda realmente a las necesidades de arraigo de los ciudadanos alicantinos y no a los intereses comerciales de la empresa constructora.

Para elevar el estándar de integridad, el Ayuntamiento ha diseñado un nuevo protocolo de cumplimiento que incide directamente en la transparencia de las transacciones y la prevención de irregularidades. Entre los requisitos más exhaustivos destaca la obligatoriedad de que tanto el adjudicatario como los beneficiarios y los miembros de la mesa de contratación suscriban una declaración de ausencia de conflictos de intereses (DACIs), un documento que deberá ser firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años.

Asimismo, se impone un estricto control sobre los tiempos de comercialización, prohibiendo cualquier reserva o pago a cuenta hasta la obtención de la calificación provisional y la autorización de la Conselleria de Vivienda. El promotor tendrá que habilitar obligatoriamente una web o aplicación móvil para la publicidad e inscripción de los interesados —con un plazo mínimo de 30 días y un anuncio previo de 10—, permitiendo que el Patronato supervise las listas provisionales y definitivas tras un periodo reglado de alegaciones de siete días naturales. Finalmente, el control será permanente mediante la entrega de informes trimestrales detallados de todas las operaciones realizadas, desde reservas hasta escrituras, asegurando así una trazabilidad total que impida cualquier asomo de discrecionalidad en la asignación de las viviendas.

El PSPV de Alicante ha advertido de lo que consideran una “nueva chapuza” del alcalde Luis Barcala (PP) en materia de vivienda pública en la línea del escándalo de la promoción de Les Naus. El Grupo Municipal Socialista ha exigido la paralización inmediata del proceso de licitación de una parcela municipal en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, tras detectar que el Gobierno del PP pretende modificar el pliego de condiciones con el proceso ya en marcha, dejando de nuevo la adjudicación de los inmuebles en manos del promotor privado.

La concejala Silvia Castell ha denunciado que estas modificaciones suponen una renuncia por parte del consistorio a su labor de vigilancia y fiscalización. Según la edil, el nuevo marco propuesto por el PP permite que sea el promotor o la cooperativa quien decida arbitrariamente si las viviendas se adjudican por sorteo, por baremación de necesidad o por estricto orden de llegada. “No es admisible que el promotor pueda decidir que el primero que llegue se quede con los pisos”, ha señalado Castell, quien alerta del riesgo de que el Ayuntamiento pierda el control sobre quién accede realmente a estos hogares protegidos.

El precedente de 'Les Naus' y el riesgo judicial

La advertencia socialista cobra especial relevancia al contextualizarse con el escándalo de Les Naus de Benalúa. Este escándalo apuntaba a la falta de mecanismos de control público en promociones de Vivienda de Protección Pública (VPP) construidas sobre suelo cedido o vendido por el Ayuntamiento puede derivar en una gestión opaca de las adjudicaciones. El PSPV sostiene que, al no introducir criterios de inscripción públicos y transparentes, Barcala está facilitando que se repita un modelo de gestión que aleja la vivienda de las familias con menos recursos para convertirla en un activo gestionado “a dedo” por empresas privadas.

Además del fondo del asunto, el PSPV ha puesto en duda la legalidad del procedimiento administrativo. Modificar las condiciones sustanciales de una venta de suelo público cuando la licitación ya ha comenzado es, a juicio de los socialistas, una irregularidad que podría judicializar el proyecto. “Si no se paraliza el procedimiento y se vuelve a licitar desde cero, existe un riesgo real de que esta promoción acabe bloqueada en los tribunales”, ha advertido Castell ante la reunión del Patronato Municipal de la Vivienda prevista para este viernes.

De alquiler social a comercialización privada

El Grupo Socialista ha recordado que el proyecto original para este suelo municipal consistía en la construcción de 32 viviendas destinadas íntegramente al alquiler asequible bajo gestión directa del Ayuntamiento. Sin embargo, denuncian que el modelo de Barcala ha transformado el plan original en un negocio donde el consistorio apenas se queda con la titularidad de tres viviendas, mientras el resto queda a merced del mercado privado. Para el PSPV, esta estrategia supone un “saqueo planificado” del patrimonio público de Alicante, priorizando el beneficio del promotor sobre el derecho constitucional a una vivienda digna.

Alicante revive hoy uno de los episodios más dramáticos de su historia reciente gracias a una investigación que pone nombre y apellidos al miedo. El Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante ha logrado reconstruir la singladura del carguero británico Ronwyn, un buque que se convirtió en la última esperanza para cientos de personas que huían del avance imparable del franquismo. Este trabajo documental, integrado en el portal web del Exilio republicano en el norte de África, saca a la luz un listado de pasajeros que hasta ahora se consideraba perdido o incompleto en los archivos internacionales.

La relevancia de este hallazgo, según destaca el director del archivo, Emilio Rosillo Clement, reside en que la documentación oficial del Ronwyn nunca fue localizada en los fondos franceses. El vacío histórico ha sido llenado ahora por los historiadores Juan Martínez Leal y Mercedes Guijarro, quienes han rastreado informes y registros de desembarco en Argelia custodiados en los Archivos Nacionales de Fontainebleau. El resultado es un censo preciso de setecientas dieciocho personas que el 12 de marzo de 1939 abandonaron el puerto de Alicante bajo una atmósfera de extrema ansiedad y derrota inminente.

El Ronwyn era un mercante de cuatro bodegas que, tras meses dedicándose al avituallamiento de la zona republicana, se vio envuelto en el caos del final de la contienda. El capitán Gilbert Bewen accedió a evacuar a civiles ante la presión de la Comandancia de Marina, aunque el pasaje no fue gratuito. Los testimonios rescatados confirman que los exiliados tuvieron que pagar su libertad con cincuenta pesetas de plata o doscientos francos, y aquellos que carecían de moneda recurrieron al trueque desesperado entregando joyas familiares o incluso sacos de azafrán para asegurar un rincón en la cubierta.

El ambiente en los muelles quedó registrado en el diario personal del abogado Eliseo Gómez Serrano, quien describió con amargura cómo el barco, un carguero sucio y abarrotado, se alejaba de una ciudad donde el deseo de huir se volvía punzante entre los que se quedaban. Irónicamente, el propio Gómez Serrano no pudo escapar y fue fusilado por el régimen franquista apenas dos meses después. Mientras tanto, a bordo del Ronwyn, el grupo compuesto por trescientos treinta y cinco hombres, doscientas veintiuna mujeres y ciento sesenta y dos niños lograba alcanzar la costa de Ténés tras sobrevivir a un fuerte temporal y al acecho de un crucero franquista que llegó a seguirles el rastro durante la travesía.

Una vez en territorio argelino, las autoridades francesas separaron a las familias, enviando a mujeres y niños al campo de Carnot y a los hombres a instalaciones militares en Orléansville.

Esta nueva base de datos de la Universidad de Alicante no solo ofrece cifras, sino que enriquece la memoria colectiva con anotaciones sobre profesiones y procedencias, permitiendo a los descendientes de la República rastrear el origen de su exilio. Con más de quinientas reseñas biográficas previstas para los próximos meses, el proyecto consolida a Alicante como el último gran bastión y puerto de salida de una España que se desvanecía en el horizonte mediterráneo.