Mazón recicla parte del plan del Pacto del Botánico para construir 10.000 viviendas y modificará las leyes de protección del territorio

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón detalla por fin su plan para la construcción de vivienda pública en la legislatura. El compromiso electoral del PP y uno de los planes que se anunciaron a bombo y platillo supone la recuperación de parte de las políticas del Pacto del Botánico, tan criticadas por el partido entonces en la oposición, que votó en contra de estos proyectos y los recurrió en el Tribunal Constitucional.

El Consell ha presentado este martes el 'Plan vive', que promete la construcción de 10.000 viviendas de protección pública “mediante la movilización de suelo público disponible y la colaboración público-privada” al final de la legislatura, en el año 2027. Entre las fases, el Ejecutivo incorpora varias medidas de los anteriores gestores: la recuperación de Sociópolis y La Torre, las viviendas proyectadas en el antiguo cuartel de ingenieros y en suelo de Defensa, -anunciadas por el exministro José Luis Ábalos- y la rehabilitación de barrios, todas financiadas con fondos europeos. Eso sí, el equipo de la consellera de vivienda y vicepresidenta segunda, Susana Camarero, modificará los dos últimos decretos que dejó su predecesor y aprobará los nuevos. El Ejecutivo dejó aprobados varios convenios con ayuntamientos y comprometidos los fondos europeos a través del EVHA, con los procedimientos administrativos ya encauzados.

El Consell del PP y Vox asegura que quiere aprovechar el suelo público residencial ya existente empleando mecanismos de colaboración con las empresas, como los concursos de derechos de superficie, concesiones administrativas que permitan al sector privado la gestión de las edificaciones durante 50-70 años y permutas. El plan no incluye medidas como declarar zonas tensionadas ni limitar los precios de los alquileres, sino que confía en que el aumento de oferta de vivienda contenga los precios en el mercado. Tampoco se han mencionado las ayudas al alquiler, pero sí una línea de ayudas a la compra.

En una presentación muy crítica con la gestión del Ejecutivo del Pacto del Botànico, donde las políticas de vivienda recaían en la conselleria homónima, con rango de vicepresidencia segunda, el Consell que dirige Carlos Mazón ha presentado un plan que lleva siete meses anunciando y que fue un compromiso electoral. El proyecto consiste en la modificación de las normas existentes para reducir trámites y agilizar la movilización del suelo público para que las empresas privadas construyan viviendas de protección pública. No se ha concretado si se actualizará el precio de los módulos de vivienda protegida, que se verá en el próximo decreto. El Ejecutivo autonómico ha anunciado tres normas, aún en tramitación: dos decretos y la reforma de las leyes de protección del territorio, para “agilizar administrativamente las licencias de obras”.

La Generalitat asegura que en el suelo municipal podrían construirse hasta 9.200 viviendas catalogadas como de protección pública, por lo que pone a su disposición la adhesión a un convenio que manifieste el interés en las obras. Por parte de la administración autonómica, la EVHA (Entitat valenciana d'habitatge i sòl) dispone de suelo para 4.000 viviendas, según sus cálculos.

En el eje de colaboración público-privada, el plan prevé el concurso de derechos de superficie o concesión administrativa destinado a desarrollar por el sector privado promociones para alquiler asequible por un período determinado. También se prevé las permutas de suelo/inmuebles que permiten concursos para promoción de vivienda protegida sobre suelo público y la entrega a la Administración de viviendas para fines sociales, entre otros. Por esta vía, que debería contar con financiación privada según el plan, aspiran a construir 6.000 viviendas. Asimismo, se desarrollarán 1.100 viviendas resultantes de permutas a cambio de obra sobre suelo público.

Según ha indicado Mazón, el plan de vivienda beneficiará a 24.600 personas, generará 7.326 millones de euros de inversión y tendrá un impacto del 2 por ciento del PIB en los próximos 3 años y medio. Además, contempla la creación de 74.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y generará 487 millones de euros de recaudación directa a través del IVA.