La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha considerado “una vergüenza” el cierre de la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de la dana, y ha criticado que Carlos Mazón siga ocupando un escaño en Les Corts y siga “riéndose de las víctimas”.

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas han sido invitadas por el PSPV y Compromís al pleno de las Corts Valencianes para presenciar la aprobación definitiva del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la dana presentado por el PP y por Vox.

“Queremos presenciar la vergüenza de que cierren una comisión de investigación que desde el primer momento dijimos que era una investigación 'fake'” porque no se ha llamado a declarar a las dos personas investigadas en la causa judicial: la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso, ha dicho Álvarez en declaraciones a los periodistas.

También ha reprochado que durante la sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebrada esta mañana, tanto él como su Consell se hayan dedicado a “lanzar la pelota a nivel nacional” hablando de José Luis Rodríguez Zapatero y “de las joyas de la abuela”.

Y ha apuntado que desde la asociación a la que representa lanzan también la pelota a nivel nacional, destacando que el presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo, es responsable de que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón siga en el escaño y lo haga en las filas del PP.

Álvarez ha denunciado las sonrisas lanzadas por Mazón durante la sesión de control cada vez que los síndics de la oposición hacían referencia a los mensajes que trasladó en el grupo de whastapp del Consell el 29 de octubre de 2024, y que han molestado especialmente al síndic Compromís, Joan Baldoví, quien le ha instado a reírse así ante las víctimas.

“Es lo que está haciendo todos los días, es lo que está haciendo desde el primer día”, ha asegurado Álvarez, quien ha dicho que están “indignadas” y ha instado a Feijóo a que “se deje de las joyas de la abuela y se centre en que aquí hay 230 víctimas que necesitan respuesta” y que Mazón “esté fuera de la política”.

Según Álvarez, Carlos Mazón mantiene “un aforamiento totalmente fraudulento porque no está haciendo nada”, acude a Les Corts a votar y “se ríe de las familias y de los muertos, de sus muertos”.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre ha lamentado que se haya permitido a Mazón personarse en la causa judicial de la dana, el “único espacio mínimamente seguro” que, a su juicio, tenían las víctimas, y que ahora quedará dinamitado con la entrada del expresident.

Ha indicado que se le deja personase por garantizar su protección, y se ha preguntado “a las familias, quién las protege” y quien protege su “integridad física y mental”, y ha asegurado que las víctimas sus familiares lo están pasando muy mal y cada día les “flaquean más las fuerzas”.

Álvarez también ha advertido, en tono de “humor”, a Carlos Mazón que tenga cuidado con su cada vez más marcado moreno de piel “porque con la prioridad nacional, igual Vox lo expulsa porque ya se está convirtiendo casi en negro”.

Asimismo, ha instado a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana, a que “no se victimice” y “no vaya vestida de negro y de duelo” a una comisión de investigación, pues el duelo es de las víctimas. “Basta ya de victimizarse las personas que no son víctimas”, ha pedido.

La participación de la Agencia Valenciana Antifraude fue clave para destapar la presunta trama corrupta que orquestó un teniente coronel para embolsarse parte del dinero público destinado a la reforma de casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Valencia. Los funcionarios de Antifraude, en funciones de auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción, acudieron a cada una de las obras (con cuya facturación hinchada se desviaron fondos al bolsillo del uniformado) de cara a confirmar y acreditar el fraude.

La estratégica colaboración entre el Ministerio Público y la entidad dependiente de las Corts Valencianes fue desactivada por el actual director de la agencia, Eduardo Beut, elegido por el PP y Vox.

Los funcionarios de Antifraude acudieron a inspeccionar los trabajos que se realizaron en el acuartelamiento de Benimaclet, donde la presunta trama corrupta del teniente coronel Miguel Ángel E. T. propició sobrecostes “extremos” de hasta un 348% en las reformas en vestuarios y zonas comunes. Además, se “atomizaron” las facturas para no levantar sospechas, según el informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil.

En el Edificio Fuente de San Luis, los investigadores confirmaron que se facturaron actividades en el subsuelo que no se podían verificar. En este caso, los sobrecostes detectados fueron del 72%. Además, los investigadores concluyeron que se habían facturado “puertas inexistentes”.

En el Acuartelamiento de Cantarranas, en València, los investigadores de la Agencia Antifraude acreditaron que las tres ofertas que se presentaron estaban “manipuladas”. Los informes periciales reseñan “tres ofertas con una variación matemática exacta (5%, 10%, 15%) y mediciones idénticas”.

Por otro lado, en la residencia de descanso de Almardá (Sagunt), los peritos de Antifraude destaparon “obras fantasmas, sobrecostes del 122% y hasta facturación por trabajos de desbroce de un arbolado ”inexistente“.

Auxilio judicial de la etapa anterior de Antifraude

Los funcionarios de Antifraude visitaron los acuartelamientos codo con codo con investigadores de Asuntos Internos para revisar la facturación, comparar los precios y analizar la obra final.

El auxilio judicial de Antifraude a la causa que instruye la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València contrasta con la actual postura de la entidad dirigida por Beut, que ha cesado bajo su batuta la fluida colaboración con Anticorrupción que reinaba durante la etapa de su predecesor, Joan Llinares.

El Gobierno valenciano ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, que introduce cambios sustanciales en la ley que regula la vivienda pública y protegida. El Ejecutivo del PP, reunido en un pleno extraordinario, ha dado el visto bueno al anteproyecto, que aún debe pasar por la tramitación parlamentaria, pese a las advertencias del Gobierno central sobre las modificaciones respecto a los controles y requisitos para optar a viviendas protegidas.

El Ministerio de Vivienda realizó alegaciones a la ley al entender que alberga una “prioridad nacional encubierta” en el acceso a la vivienda construida en suelo público. La propuesta del Ejecutivo de Pérez Llorca establece que los ayuntamientos puedan incorporar criterios de baremación de “vinculación territorial continuada” en las promociones de colaboración público-privada sobre suelo público. La medida implica priorizar el arraigo, según los populares, pero llega en plena presión de Vox a los gobiernos conservadores para impulsar políticas xenófobas bajo el paraguas de la “prioridad nacional”.

En el escrito remitido por el departamento de Isabel Rodríguez, se considera que este concepto supone “una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14, y como tal, no puede ni debe ser admitida”, expone. El Gobierno advierte a la Generalitat que “supervisará” la redacción de la ley y de estos criterios de baremación, que son opcionales para los ayuntamientos, “a los efectos de garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales en nuestro país”. También cuestiona la medida del registro de promotores, que considera un control insuficiente y relegado al ámbito privado.

Con todo, y según ha informado la vicepresidenta Susana Camarero este martes, el texto aprobado por el Consell recoge que se pueda valorar el arraigo o vinculación continuada con el municipio y rechaza que suponga entrar en el argumentario de Vox: “Recogemos así el guante de vecinos y alcaldes que llevan tiempo reivindicando la preferencia de las personas que viven en un municipio para el acceso a las promociones de VPP, como ya han establecido algunos de los municipios en los convenios de cesión de parcelas con la Generalitat”, ha aseverado. El arraigo, ha apuntado Camarero, no tiene que ver con la nacionalidad_ “No es una innovación ideológica, es un mecanismo de gestión que utilizan las administraciones para conceder ayudas y el acceso a la vivienda”, ha defendido.

Los cambios introducidos en la legislación, tras el escándalo de Alicante, servirán para “reforzar todavía más los controles, la seguridad y la transparencia en las viviendas VPP que ya habían experimentado una importante mejora con la modificación del Decreto de VPP 180/2024”. “De esta manera, con la modificación de los artículos 18, 19, 43, 44, 47 y 48 y disposiciones transitorias, la Generalitat busca más claridad y más control para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible”, ha afirmado en la rueda de prensa.

En este sentido, la también consellera de Vivienda ha manifestado que “las medidas obligan a los promotores privados a publicar y justificar cómo eligen a los compradores a través de registros de solicitantes desde el mismo momento de la calificación provisional y se crea una comisión de valoración para supervisar todos los expedientes de visado con un filtro colegiado, técnico e imparcial ante cualquier aprobación y anuncios públicos obligatorios”.

La declaración de la primera alcaldesa que acude a la comisión de investigación del Congreso pone de manifiesto la inoperancia del Cecopi, el órgano que debía coordinar las decisiones de emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2024. Las palabras de la popular María José Catalá, alcaldesa de València, donde se encontraron 17 víctimas mortales, sirvieron para demostrar por enésima vez que la Generalitat Valenciana apenas trasladó información a los municipios, y que éstos hicieron lo que pudieron en base a sus propios medios.

Las pesquisas de los parlamentarios se centraron en dos puntos: por qué el ayuntamiento de la capital, la ciudad más poblada del País Valenciano y la que más medios dispone, no avisó a los vecinos de las pedanías de las inundaciones, y qué información le trasladó la Generalitat Valenciana durante el desarrollo de la emergencia. Dos cuestiones estrechamente relacionadas y con una respuesta común, según la alcaldesa: no se avisó porque no se disponía de información. “¿Cómo podíamos avisar a la población si nadie nos avisó de que venía una riada?”, planteó.

La dirigente valenciana arrojó a los parlamentarios unos datos significativos: el 29 de octubre, en la ciudad no tienen constancia de inundaciones hasta siete minutos antes de que llege el Es Alert; no reciben una actualización de la alerta hidrológica emitida a media mañana y tampoco parecen recibir mayor comunicación desde la Generalitat hacia el municipio. Es la alcaldesa quien llama a la consellera de Emergencias y al secretario autonómico a primera hora de la mañana y es el Ayuntamiento quien contacta con el 112 para conocer la previsión de lluvias a mediodía.

Catalá fue la primera dirigente local en llamar a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y en hablar con el secretario autonómico Emilio Argüeso, tal como confirman los mensajes de los exaltos cargos aportados al juzgado que instruye la causa. Lo hizo a las 8.56 de la mañana y conversó con Pradas durante un par de minutos. El consistorio que dirige convocó un Cecopal —Centro de Coordinación Operativa Municipal— a las 10.20 de la mañana, siete minutos después de que la Generalitat actualice la situación de preemergencia, con un llamamiento a los técnicos para acudir cuanto antes a la sala consistorial y realizar un seguimiento de las lluvias, que ya han pasado a aviso rojo. Desde las 11 de la mañana se convocan tres reuniones, la última a las 18 horas, que ya se mantiene activa hasta la noche. A las 13 horas, el Cecopal contacta con el 112 para preguntar sobre las previsiones meteorológicas. A las 19:30, se remite desde la Generalitat un boletín elevando a nivel 2 la situación de Emergencia en toda la provincia de Valencia.

La dirigente popular, que acudió a la comparecencia muy preparada, dossier en mano, indicó que la primera información que tuvieron en València de inundaciones fue a través de un aviso a la Policía Local. La incidencia entra a las 20.04 horas y procede de la estación del metro de València Sud, en la pedanía de Faitanar. La estación de València Sud es el mismo lugar en el que se quedan encerrados el secretario autonómico de infraestructuras —cargo que llama a Mazón a las 19.34— y personal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, una información que traslada el conseller Vicente Martínez Mus por el grupo de WhatsApp del Consell. Policía y bomberos se desplazan hacia el centro de mando de Metrovalencia, y allí es donde ven el agua desbordada. A partir de ahí, deciden ubicar un puesto de mando avanzado en el puente de La Torre —donde casi quedan aislados por la noche— porque ya no pueden avanzar más allá.

Del relato de la alcaldesa se desprende que la Generalitat tampoco hizo un seguimiento exhaustivo de las alertas con los municipios. Según explicó Catalá, esa mañana, a las 12.20 horas, València recibe comunicación de la Generalitat sobre una alerta hidrológica del barranco del Poyo. En el documento, la Agencia de Emergencias indica que tanto desde la Confederación Hidrográfica como desde el organismo autonómico “se mantiene el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir”. “Al Ayuntamiento no llegó ninguna comunicación de riesgo en base a esta alerta hidrológica”, señaló Catalá en su comparecencia, que consideró que el plan de inundaciones municipal estaba desactualizado. También apuntó: “No se nos incorpora al CordCom —el sistema informático que emplea el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat— hasta el 30 de octubre a las 16 horas”, apuntó la alcaldesa.

La alcaldesa conocía el grueso de los datos, había repasado los planes de emergencias y llevaba documentación para reforzar sus argumentos ante los parlamentarios. No quiso señalar directamente al Ejecutivo autonómico, pese a ser la Administración competente en la gestión de emergencias, consciente de que ello implica cargar contra su formación política y alejarse de las tesis del PP, ni hacer sangre con el expresident, que sigue siendo su compañero de escaño. Disparó hacia los órganos estatales, especialmente hacia la Confederación, e insistió en que en el plan de riesgo municipal no se contemplan las tres pedanías como área sensible al desbordamiento del barranco del Poyo. “Va a los arrozales”, señaló. Y añadió: “Si la planificación de la Generalitat era como la del ayuntamiento, esas tres pedanías no estaban declaradas inundables”. Aun así, de esa falta de referencias al Centro de Coordinación de Emergencias se desprende la falta de información entre administraciones. Si atendiéramos solo a la gestión que hizo la capital, parecería que no había una Administración superior al mando, ni un órgano reunido junto al 112 analizando información y tomando decisiones.

Según la memoria del Cecopal, Emergencias de la Generalitat informa por primera vez de un caudal que puede afectar a Valencia capital a las 23.47 horas del 29 de octubre, un aviso sobre el Túria. A esa hora, el agua y el fango del barranco del Poyo ya habían arrasado media provincia.

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha acusado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ejercer más de “correveidile” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que de representante de los cinco millones de valencianos.

Baldoví se ha referido así a la reunión que Pérez Llorca ha mantenido con el ministro de Hacienda, Arcadi España, al que ha trasladado su “sí a negociar” el modelo de financiación autonómica, “pero donde corresponde”, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CCPFF), y concretado en una ley orgánica y una asignación en los presupuestos del Estado.

Para el dirigente de Compromís, la reunión ha sido “muy pobre” y Pérez Llorca no ha estado “a la altura del cargo que ocupa”, pues no ha querido hablar ni del nuevo sistema de financiación autonómica ni de la condonación de la deuda.

“No entiendo cómo un president de la Generalitat se niega a hacer reuniones bilaterales por un tema de la importancia que tiene el nuevo sistema de financiación”, ha señalado Baldoví, quien ha abogado por hacer reuniones “bilaterales, trilaterales, polilaterales y multilaterales”.

“Si viene un ministro de Hacienda, tenemos que hablar evidentemente, del nuevo sistema de financiación, de la condonación de la deuda y, evidentemente, y ahí creo que el ministro no ha estado a la altura, del fondo de nivelación”, ha defendido.

Sin embargo, ha considerado que Pérez LLorca “ha estado más pendiente de no enfadar al señor Feijóo y a la señora Ayuso, que de defender los intereses legítimos de los valencianos”.

Ha indicado que el president ha insistido mucho en que eso se tiene que debatir en el CPFF, pero, a su juicio, “hoy que tenía al ministro de Hacienda aquí era un momento magnífico para abordar todos los temas”, también el de la deuda.

Para el síndic de Compromís, era “un buen momento” para decirle al ministro “cuánto dinero quiere”, y que el modelo valenciano pasa por que se condone la totalidad de la deuda ilegítima y por que mientras no haya un nuevo de financiación se establezca un fondo de nivelación “que nos permita seguir viviendo”.

Preguntado por lo dicho por Pérez Llorca de que ha convencido a los dirigentes de su partido de que si se acepta una excepcionalidad sea la valenciana, Baldoví ha asegurado que le ha provocado una “sonora carcajada” y ha apuntado que lo creerá cuando oiga a Ayuso decir que está a favor de condonar la deuda ilegítima de la Comunitat.

La alcaldesa de València, María José Catalá, defiende que durante la dana del 29 de octubre no pudo avisar a los alcaldes pedáneos ni activar los avisos por megafonía porque el Ayuntamiento no recibió información. Catalá ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, donde ha insistido en la falta de información a los ayuntamientos durante la emergencia.

La dirigente popular ha defendido que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón fue “el único” en asumir responsabilidades por la dana que provocó 230 víctimas mortales: “Lo que hizo bien mal o muy mal ya lo asumió”, ha apuntado a preguntas de los diputados. Inquirida por si cree que debe seguir aforado en las Corts, la también diputada autonómica se ha desmarcado y ha señalado que la decisión y el acta “es personal”.

La alcaldesa del tercer municipio con más víctimas mortales — 17 entre las pedanías de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar Oliveral—, ha señalado que el primer aviso que recibió el Ayuntamiento sobre las inundaciones se produjo a las 20.04 horas. “El primer aviso que tiene la Policía Local es a las 20.04 y fue por un aviso de incidencia de Valencia Sud”, la estación de metro en la que quedaron atrapados el secretario autonómico y otros cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ha señalado la primera edil. Ese aviso llega minutos antes del Es Alert y motiva la organización de un Puesto de Mando Avanzado, que ha de quedarse en el puente de La Torre porque los técnicos ya no pueden acceder. Así, ha planteado: “Si nadie avisa a València de que viene una riada, a quién le digo yo que vaya a avisar por megafonía cuando está inundado?”, en referencia a la falta de advertencias a los alcaldes pedáneos.

La dirigente popular ha recibido numerosas críticas por la falta de efectivos de emergencias trasladados de la capital al área metropolitana. Como ya informó elDiario.es, València no envió efectivos a los municipios colindantes hasta el 2 de noviembre. Catalá se ha excusado en que el secretario de Estado de Emergencias “dijo que no podía salir del término municipal” y pidió que los agentes se coordinaran con los estatales. Asimismo, ha defendido que la labor en las primeras horas se centró en los rescates en la frontera de València con l'Horta Sud: “Rescatamos a 3.000 personas en la V30, la pista de Silla y la A3; abrimos dos centros de recepción, albergues...”, ha relatado.

La cartografía de inundaciones, “desfasada”

La dirigente popular ha cargado contra el plan de actuación municipal, aprobado el pasado mandato por el gobierno de Compromís y el PSPV, bajo el mandado de Joan Ribó. “El plan de actuación municipal no preveía riesgo de inundabilidad de las tres pedaníasias afectadas”, ha apuntado. Tampoco afección del barranco del Poyo, que según ha indicado no pasa por el término municipal. La alcaldesa cree que el principal fallo en la gestión de València fue un plan “con una cartografía desfasada”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha trasladado oficialmente al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, los detalles del próximo paquete de liquidez que recibirá la administración autonómica. Según fuentes gubernamentales, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) tiene prevista la aprobación esta misma tarde de una partida global de 4.000 millones de euros destinados a la Comunitat Valenciana.

El desglose de esta inyección económica contempla, por un lado, un montante de 1.904 millones de euros procedentes del denominado 'ExtraFLA' y, por otro, 2.126 millones de euros correspondientes al tramo ordinario del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para el tercer trimestre del ejercicio. Asimismo, Hacienda ha confirmado que las arcas de la Generalitat contarán con un total de 344 millones de euros derivados del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), cuyo propósito es mitigar los severos daños materiales provocados por la dana del octubre de 2024.

Esta asignación definitiva representa un incremento de 52 millones de euros respecto a las previsiones iniciales. Este repunte responde a una reasignación interna por parte del Ejecutivo central, que ha derivado a la Generalitat aquellos recursos que, por limitaciones técnicas o presupuestarias, no pudieron ser absorbidos directamente por las corporaciones locales valencianas.

En el plano estrictamente político, España ha instado al jefe del Consell a “remar en la misma dirección” con el fin de consolidar la reforma del sistema de financiación autonómica. Desde el departamento de Hacienda subrayan que el nuevo modelo propuesto reportaría a la Comunitat Valenciana ingresos adicionales por valor de 3.669 millones de euros, una cifra que —según han incidido— duplica los 1.782 millones que el propio Pérez Llorca demandó formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre bilateral mantenida el pasado mes de diciembre.

Paralelamente, el ministro ha enfatizado los beneficios que reportará para la sostenibilidad financiera valenciana la aprobación de la quita de deuda impulsada por el Gobierno central. Esta medida de alivio fiscal, cuya tramitación parlamentaria se encuentra actualmente en el Congreso de los Diputados, supondría una reducción directa del endeudamiento autonómico cifrada en 11.210 millones de euros.

Por último, se ha recordado que el Real Decreto-ley (RDL) validado por el Consejo de Ministros contempla una actualización de las entregas a cuenta que elevará la partida destinada a la Comunitat Valenciana hasta un máximo histórico de 14.993 millones de euros. Ante la proximidad de la sesión de convalidación de la norma, programada para este jueves en la Cámara Baja, el ministro ha solicitado formalmente a Pérez Llorca que interceda ante la dirección de su partido (PP) para que deponga su rechazo. Desde el Ejecutivo central recuerdan que los populares ya votaron en contra de esta medida presupuestaria en las sesiones parlamentarias de enero y febrero, por lo que apelan a la “responsabilidad institucional” para evitar un tercer bloqueo que afectaría directamente a los recursos de los servicios públicos valencianos.

En este sentido, Arcadi España ha pedido al PP que, “a diferencia de las dos últimas veces, vote a favor de la actualización de las entregas a cuenta”, ya que es una medida “fundamental para comunidades y ayuntamientos”. Además, ha añadido que estas soluciones transitorias se deben convertir en estructurales: “Por eso hemos presentado un nuevo sistema de financiación, de la misma manera que la condonación de la deuda. El nuevo sistema dará el doble a la Comunitat Valenciana de lo que pidió Pérez Llorca al presidente Sánchez”.

El titular de Hacienda se ha preguntado por qué la Generalitat “no se sienta a negociar el nuevo sistema”, al tiempo que zanjaba que “son todo excusas”. “He venido a buscar soluciones, no a imponer”, ha sentenciado el ministro, recordando su pasado en la administración autonómica: “Tenemos una oportunidad histórica, y espero que si la decisión es o Feijóo o la Generalitat, Pérez Llorca elija la Comunitat Valenciana”.

Finalmente, el responsable de la cartera estatal se preguntaba también qué hace la Generalitat con el dinero si actualmente dispone de “los mayores recursos de la historia”, insistiendo en que su objetivo último es que el nuevo modelo de financiación esté plenamente operativo el próximo 1 de enero.

El plan de la Diputación de Valencia para restaurar el patrimonio histórico de los municipios valencianos alcanza los 16 millones de euros. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha firmado esta semana la incorporación de otros 5 millones de euros con el objetivo de que ningún municipio que cumplió los requisitos del concurso quede fuera. “Los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, han hecho un gran esfuerzo presentándose a un plan muy exigente y que requería de unos proyectos y unos permisos exigentes”, ha subrayado la vicepresidenta, quien cree que dejar fuera por falta de dinero a municipios que cumplían los requisitos “no nos parecía justo”, ha declarado Natàlia Enguix.

Este incremento presupuestario a un plan por concurrencia competitiva se produce la misma semana que el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha criticado a Natàlia Enguix por anunciar que se suspendía la tramitación de unas ayudas, que se conceden a dedo, para cinco municipios de más de 50.000 habitantes, tres de ellos gobernados por el PSPV (Gandia, Sagunt y Paterna). En este sentido, Enguix considera “un contrasentido” que los socialistas reclamen de manera insistente que las ayudas no sean a dedo y “ahora me critiquen por suspender, precisamente, unas ayudas que se reparten a dedo a municipios grandes”.

Enguix ha recalcado que, con esta nueva inyección económica, el Plan de recuperación del patrimonio valenciano beneficia a 45 municipios de todas las comarcas y colores políticos, mientras que los socialistas “nos exigen que demos a dedo 10 millones de euros a cinco grandes municipios, tres de los cuales gobiernan los socialistas. Esa es la coherencia del señor Bielsa, que como es alcalde de un municipio grande los pequeños le traen sin cuidado, como demostró tras su paso por Cooperación Municipal, que fue incapaz de promover ningún plan para salvar el patrimonio histórico de nuestros pueblos”, ha recordado Enguix.

La vicepresidenta ha recordado que “son las malas formas” y la “falta de respeto institucional” de Bielsa los motivos por los que no habrá presupuestos en la diputación: “dar plantón a un presidente una hora antes de la reunión o insultar a la vicepresidenta cuando se negocian unos presupuestos sólo indica que Bielsa y su grupo sólo querían tener una excusa para que no hayan presupuestos”. En este sentido, Enguix ha señalado que para Ens Uneix tener presupuestos a estas alturas “no es una prioridad”, y ha señalado que España no tiene presupuesto desde hace años “y el país crece como nunca, segúno nos dice Pedro Sanchez y sus ministros y ministras”, ha apostillado Enguix.

La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia se ahorró miles de euros durante más de 20 años al permitir, en contra de lo que establecía la normativa, que un técnico de laboratorio —y no un médico titulado— se encargara de las labores de embalsamamiento de cadáveres utilizados en la investigación y la docencia por profesores y alumnos. Esta práctica, que la Conselleria de Sanidad consideró irregular y por la que impuso una sanción económica por una falta muy grave, no ha sido interpretada del mismo modo por el órgano inspector del departamento que dirige Marciano Gómez. ¿El motivo? El propio Colegio de Médicos de Valencia no considera que se trate de un caso de intrusismo profesional.

Según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha cerrado la investigación y archivado la denuncia presentada contra el CEU por un extrabajador por presunto intrusismo profesional, tras analizar el informe emitido por la Comisión de Intrusismo y Defensa de la Salud —aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos en su sesión plenaria del 25 de marzo—. Este periódico ha intentado recabar en tres ocasiones la versión de la institución que preside Mercedes Hurtado sobre los motivos para no apreciar intrusismo en este caso, pero no ha obtenido respuesta.

En este tipo de investigaciones, la opinión del Colegio de Médicos resulta determinante, ya que se trata de la corporación de derecho público encargada de velar por el correcto ejercicio de la Medicina, especialmente en un ámbito de colegiación obligatoria. De hecho, los casos de intrusismo pueden derivar tanto en importantes sanciones económicas como, en los supuestos más graves, en procedimientos penales. La denuncia contra la Universidad Cardenal Herrera fue presentada el 17 de noviembre de 2025 y quedó archivada el pasado 1 de junio.

Como ha venido publicando elDiario.es en los últimos meses, un técnico de laboratorio desempeñó durante años funciones que no le correspondían y llegó a embalsamar alrededor de 650 cadáveres. Tras una denuncia del propio trabajador, la Inspección Sanitaria concluyó que existían elementos suficientes para calificar los hechos como una infracción muy grave, conforme a los artículos 34 y 35.c.1 de la Ley General de Sanidad y al artículo 102 de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, en relación con los artículos 35 y 50.3.b del reglamento de policía sanitaria mortuoria valenciano.

Pese a esa calificación de falta muy grave, la sanción impuesta fue la mínima prevista: 15.100 euros, una cantidad que se reducía a 9.000 euros en caso de pronto pago. La Inspección consideró como circunstancia atenuante el desconocimiento de la norma. Al mismo tiempo, la Administración ha iniciado una revisión normativa para permitir que técnicos de laboratorio puedan asumir tareas de embalsamamiento de cadáveres.

En este sentido, según explicó en su día la Conselleria de Sanidad, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 4 de julio de 2025 una Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria “en la que se contempla que otros profesionales, además de los médicos, puedan realizar prácticas de tanatopraxia”.

La guía establece que el personal encargado de efectuar la tanatopraxia o de decidir sobre la necesidad de refrigeración o congelación de un cadáver deberá ser licenciado o graduado en Medicina, contar con la cualificación profesional de Tanatopraxia regulada por el Real Decreto 140/2011 o disponer del correspondiente certificado de profesionalidad recogido en el Real Decreto 1535/2011.

El departamento que dirige Marciano Gómez trabaja ahora en una modificación de la normativa valenciana para adaptarla a ese nuevo marco. Un cambio que abriría una actividad hasta ahora reservada a médicos a otros perfiles profesionales, con el consiguiente abaratamiento de costes laborales.

Ninguno de los tres altos cargos que formaban parte del chat de WhatsApp del Consell de Carlos Mazón dijeron nada sobre su existencia en sus respectivas declaraciones testificales ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana. El 'politburó' de Mazón (dos de cuyos miembros siguen en activo en el Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca) guardó silencio sobre el grupo de WhatsApp

El chat salió a la palestra casi por casualidad, cuando el pasado 10 de junio, el abogado Manolo Mata, quien representa a la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià y que fue portavoz socialista en las Corts durante la etapa del Pacte del Botànic y conoce al dedillo las interioridades del poder autonómico, interrogó a la vicepresidenta Susana Camarero sobre si los consellers de Mazón formaban parte de algún tipo de grupo de WhatsApp del Ejecutivo (incluso la prensa conservadora reconoce que el letrado —“perro viejo”— estuvo “hábil” en la testifical). El disparo al aire de Mata (o, según apuntan varias fuentes, la certera información que manejaba de antemano) dio en la diana y afloró que el aforado Mazón, que figura personado en la causa como una suerte de 'preinvestigado' o potencial imputado, transmitió numerosas órdenes a sus consellers a primera hora de la mañana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, para desconectarse del chat el resto de la jornada, mientras permanecía en la larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro y varios miembros del Consell alertaban prácticamente en directo del empeoramiento de la catástrofe.

Tras remolonear inicialmente ante la propuesta de su aportación voluntaria, Susana Camarero accedió finalmente a que se cotejaran los mensajes (no en vano, incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, accedió a que un notario plasmara sus mensajes con Mazón del 29 de octubre de 2024, que desmentían la versión inicial que había dado).

A pesar de que se trataba de un grupo de WhatsApp del president y de sus consellers, también formaban parte del chat tres altos cargos del núcleo duro de Mazón en el Palau de la Generalitat, de menor rango orgánico, pero con galones como guardia pretoriana de Presidencia: el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca; el secretario autonómico Cayetano García Ramírez, y el director general de Comunicación, Francisco González.

El acta notarial de Cayetano García Ramírez

García Ramírez aportó a la jueza un acta notarial con sus mensajes de WhatsApp del día de autos. El notario dio fe de que el alto cargo (actualmente secretario autonómico en la Conselleria de Economía y Hacienda) incluía el intercambio de mensajes específicamente relativos a “conversaciones individuales con diversas personas”, entre ellas Carlos Mazón, José Manuel Cuenca y Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa junto con la exconsellera Salomé Pradas.

En la testifical del pasado 22 de enero, según consta en el acta de su declaración, la letrada Carmen Peris preguntó a García Ramírez sobre si “eligió” y llevó al notario unos “pantallazos concretos” de sus mensajes de WhatsApp. El testigo contestó: “A mí se me hizo un requerimiento judicial donde se me ponía todos los whatsapps vinculados con el día 29, fui con mi terminal, fui sacando los pantallazos y los cotejó [la Letrada de la Administración de Justicia, LAJ]”. También confirmó que no había borrado ninguno de los mensajes.

La aportación de cualquier tipo de comunicación del día de la dana, en relación con la gestión de la emergencia, es de carácter voluntario (al no ser doloso el presunto delito de homicidio imprudente que investiga la jueza Nuria Ruiz Tobarra). Una voluntariedad de la que también goza la defensa de la investigada Salomé Pradas, que formaba parte del chat del Consell y que sí que aportó, en una primera fase, un acta notarial con todas sus llamadas del día de la dana y, casi ocho meses después, los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón y con el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Los “cientos y cientos” de whatsapps de Francisco González

El acta de cotejo de la LAJ sobre los whatsapps de Cuenca certifica que solo conservaba unos pocos mensajes con Mazón muy posteriores a la catástrofe, al haber borrado los anteriores una vez devolvió a la Generalitat formateado su terminal telefónico. La jueza, de hecho, está pendiente de la respuesta a la comisión rogatoria a la empresa WhatsApp en Estados Unidos para tratar de recuperar los mensajes. La defensa de Mazón, por su parte, declina por el momento la entrega voluntaria de sus whatsapps.

José Manuel Cuenca declaró como testigo dos veces en el marco de la causa, en interrogatorios muy centrados en sus órdenes a Pradas de la tarde de la dana. En el careo con la exconsellera investigada tampoco se hizo alusión a la existencia de un grupo de WhatsApp del Consell con información relevante para la instrucción del procedimiento.

Por su parte, del móvil de Francisco González, director general en Presidencia tanto con Mazón como con Pérez Llorca, apenas se cotejaron dos llamadas telefónicas sobre la gestión de la emergencia. En su testifical del pasado 25 de febrero, según indica el acta de su declaración, el testigo explicó genéricamente que recibía “cientos y cientos de whatsapps cada día” como director general de Comunicación.

El Gobierno central cuestiona los cambios en la ley de vivienda introducidos por el Consell de Juanfran Pérez Llorca en la ley de acompañamiento a los presupuestos. El Ministerio de Vivienda pone el foco en las reformas del gobierno popular, introducidas tras el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida de Alicante, y advierte que hay modificaciones que bordean la inconstitucionalidad y no se adaptan a la ley estatal, pudiendo condicionar los fondos del plan de vivienda.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones al anteproyecto de medidas fiscales, que ha de tramitarse en las Corts Valencianes en los próximos meses y necesita el apoyo de Vox para salir adelante. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Vivienda cuestiona los criterios de “vinculación territorial continuada” en las promociones de colaboración público-privada sobre suelo público, una idea de la vicepresidenta y titular de Vivienda, Susana Camarero, que defiende el “arraigo” para dar prioridad a los vecinos de cada localidad en las adjudicaciones de vivienda.

El ministerio cree que estos criterios suponen “cobijar conceptos como el de la denominada 'prioridad nacional”, un concepto que supone “una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14, y como tal, no puede ni debe ser admitida”, expone. El Gobierno advierte a la Generalitat que “supervisará” la redacción de la ley y de estos criterios de baremación, que son opcionales para los ayuntamientos, “a los efectos de garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales en nuestro país.”.

En las alegaciones, que se centran en cuatro puntos referentes a vivienda, el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar reclama una revisión del texto para adaptarse a la ley estatal. Consideran que, si bien los mecanismos de transparencia son necesarios tras el escándalo de Les Naus, faltan mecanismos de control y presupuestarios. Insta a crear un cuerpo de inspectores y a dotar las medidas de recursos administrativos para ponerlas en práctica, además de incrementar la oferta de vivienda protegida.

Las medidas de transparencia y publicidad son “claramente necesarias tras los acontecimientos recientes derivados de la desregulación aprobada en el procedimiento de acceso a la vivienda protegida en la Comunidad”, señalan las alegaciones, pero consideran un error “no aprovechar esta modificación para proteger de forma permanente las viviendas de protección oficial, ya que la solución estructural a esta crisis de vivienda pasa por la conformación de un gran parque público de vivienda a precios asequibles y con protección permanente”.

Sobre el registro que han de elaborar los promotores, la medida estrella para evitar la opacidad en la adjudicación de vivienda construida con fondos públicos, el Ejecutivo central cree que es insuficiente y se limita a “un procedimiento privado”. “No resulta suficiente si no va acompañada de mecanismos eficaces que aseguren su cumplimiento real y efectivo en la práctica administrativa”, señala el departamento de Rodríguez, que insiste en que los procesos no tienen participación pública hasta que pasan por la comisión de valoración autonómica.

El Gobierno recuerda que es obligatorio que existan registros públicos de personas demandantes “u otras fórmulas que garanticen un procedimiento objetivo, transparente y público” en la adjudicación de las viviendas para poder optar a los fondos del plan estatal de vivienda. Este registro existía hasta el año 2024, cuando el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, modificó la ley y lo eliminó. A juzgar por el escrito del ministerio, los fondos públicos podrían estar comprometidos si el Ejecutivo no queda convencido con el registro.

L’exministre valencià José Luis Ábalos afronta un dels moments més determinants de la seua trajectòria política i judicial. La resolució del Tribunal Suprem sobre l’anomenat Cas Mascaretes es coneixerà previsiblement en les pròximes dates i el seu impacte transcendix la figura de l’exdirigent socialista. Les repercussions polítiques arriben també al Govern d’Espanya i al partit en què es va forjar políticament, el PSPV.

Davant este escenari, Zoom, el programa d’investigació d’À Punt presentat per Jose Sáez, dedica el programa de dilluns 15 de juny, a les 22:45 hores, a analitzar la trajectòria, l’ascens i la caiguda d’una de les figures valencianes amb més influència en la política espanyola de les últimes dècades.

L’espai reconstruïx el recorregut polític d’Ábalos des dels seus inicis en la militància política als anys huitanta fins a convertir-se en ministre, secretari d’Organització del PSOE i una de les persones de màxima confiança del president del Govern. A través de testimonis, documents i anàlisi, el programa aprofundix en les capacitats polítiques que el van portar a ocupar posicions clau en l’estructura de poder estatal.

Periodistes, analistes, polítics i persones pròximes a l’exministre aporten la seua visió per a entendre com va construir una carrera política excepcional i quin paper va exercir en moments decisius de la història recent del PSOE.

La investigació recupera episodis fonamentals, com la campanya interna de 2016 que va permetre a Pedro Sánchez recuperar la secretaria general del partit. Aquella travessia per Espanya, protagonitzada per la coneguda “banda del Peugeot”, va consolidar una relació política que resultaria determinant per al futur del socialisme espanyol. El programa analitza les claus d’una aliança que va canviar el rumb del partit i va situar Ábalos en el nucli del poder.

Zoom també revisa alguns dels discursos i posicionaments públics que van marcar la seua etapa política, incloent la seua participació en la moció de censura que va posar fi al govern de Mariano Rajoy en 2018, així com els esdeveniments que posteriorment han condicionat la seua carrera.

Amb una investigació exhaustiva i múltiples testimonis, el programa oferix una mirada completa sobre les claus de l’ascens del que molts consideren el valencià amb més poder polític del segle XXI i sobre els factors que expliquen el seu declivi.

Este dilluns, À Punt posa el focus en una de les històries polítiques més rellevants i controvertides de la democràcia recent.

El portavoz de Cultura del grupo socialista en las Corts Valencianes, José Chulvi, ha denunciado hoy la “situación límite” que atraviesa el Circuit Cultural Valencià y ha acusado al Consell de Pérez Llorca de haber convertido “una herramienta esencial de vertebración cultural en un foco de incertidumbre, retrasos y mala gestión”. Chulvi ha mostrado el apoyo del Grupo Socialista a las asociaciones profesionales de las artes escénicas y de la gestión cultural, que han advertido que el nuevo modelo del Circuit “se ha impuesto de manera unilateral”, sin escuchar el sector ni los municipios, y el resultado ha sido “parálisis, opacidad y pérdida de confianza”.

“El sector está describiendo lo que viven cada día compañías, empresas, técnicos municipales y ayuntamientos. Convenios tarde, información insuficiente, presupuestos sin concretar y programación bloqueada. Esto no es una incidencia administrativa: es una quiebra de gestión cultural”, ha afirmado.

El diputado socialista ha recordado que el Circuit tendría que garantizar que la cultura llegue a todo el territorio, especialmente a los municipios medios y pequeños. “Cuando un ayuntamiento no puede programar, no pierde solo una compañía, pierde todo un pueblo. La cultura de proximidad no puede depender de la improvisación del Institut Valencià de Cultura”, ha señalado.

Chulvi ha exigido a la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, la publicación inmediata de todos los informes y datos del Circuit: municipios adheridos, cantidades asignadas, actuaciones programadas, criterios de reparto, estado de los convenios, pagos, datos de público, impacto económico y participación de compañías valencianas. “No se puede hablar de modelo de éxito sin enseñar los datos. Si el Circuit funciona todo lo bien que dice el Consell, que publique los informes. La transparencia no es una amenaza; es una obligación democrática”, ha remarcado.

“Desaparición de la participación municipal”

El portavoz socialista de Cultura ha denunciado también la desaparición de los espacios de participación municipal y la reducción del equipo de coordinación del Circuit. “Han sustituido la gobernanza por tutela y la planificación por propaganda. El resultado es que en pleno mes de junio muchos ayuntamientos todavía no saben con qué recursos cuentan para programar y por eso exigimos que los convenios se firmen antes de finalizar el mes”.

Chulvi ha anunciado que el PSPV-PSOE registrará iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones, documentación y una rectificación urgente. “La cultura valenciana no necesita más excusas ni más cartas justificativas. Necesita gestión, calendario, personal, transparencia y respeto a los profesionales y a los ayuntamientos”, ha concluido.

La Audiencia de Valencia ha estimado el recurso de apelación de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, contra el auto de la jueza instructora que acordaba que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) dejara de transcribir las declaraciones a partir del próximo 30 de junio ante la comunicación del cese de funcionarias.

En un auto, firmado el pasado 10 de abril, la titular del juzgado de Catarroja informaba de que se le había comunicado, por parte de la Conselleria de Justicia, la supresión de los puestos que ocupan cuatro funcionarias que estaban asignadas a la causa de la dana desde el 26 de marzo de 2025, y que la fecha de finalización sería el próximo 30 de junio.

La jueza decidió ante este recorte de personal en el órgano judicial que el juzgado dejará de transcribir las declaraciones de testigos, periciales e investigados, una medida contra la que la defensa de Pradas presentó un recurso de apelación.

La Audiencia Provincial de Valencia, en un auto del 5 de junio facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), considera que contar con el soporte digital es una garantía y permite comprobar si la documentación escrita de la diligencia es completa y correcta.

Añade que si alguna parte tiene alguna reserva sobre la documentación escrita, estará la diligencia grabada como “soporte de garantía” pero que la existencia del soporta audiovisual no debe -especialmente en causas de la complejidad y el volumen de la presente- sustituir a la documentación escrita.

La Audiencia indica que si la información recabada en fase de instrucción resulta materialmente inaccesible o de muy difícil acceso “se pueden ver menoscabados de manera severa derechos fundamentales del proceso”, como el derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías o al derecho a la prueba, entre otros.

Manifiesta asimismo que la resolución de la directora general de Justicia y autogobierno de la Conselleria de Justicia a la que se refiere el auto judicial recurrido será de aplicación a partir del 30 de junio de 2026, por lo que estamos ante un “futurible”, dependiente de que efectivamente dicha resolución se lleve a efecto o no sea sustituida o complementada por otra.

“Ello permite revocar la resolución recurrida y mantener lo dispuesto en auto de 11 de abril de 2025, acordando la transcripción de las declaraciones en tanto no se modifiquen de facto las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento”, agrega.

Señala por último que no es proporcionado que la proyección del problema de organización judicial y dotación de plazas afecte al modo en el que deben quedar documentadas las actuaciones.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, mantendrán una reunión bilateral el próximo lunes por la mañana en el Palau de la Generalitat. El encuentro, solicitado en su día por el jefe del Consell, se produce en un momento clave de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto en el que la Comunitat Valenciana se juega su viabilidad económica a corto y medio plazo. Precisamente, la financiación y la condonación de la deuda serán dos de los puntos clave de la agenda, aunque, según reconocen fuentes ministeriales, sobre la mesa se abordará “todo”.

La cita llega precedida por la constante ofensiva del Ejecutivo valenciano ante el Ministerio de Hacienda para revertir una situación de infrafinanciación que sucesivos informes de organismos como el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) o la Sindicatura de Comptes califican de “crónica”. La Comunitat Valenciana continúa a la cola de la financiación por habitante, lo que obliga al Gobierno autonómico a recurrir sistemáticamente a los mecanismos de liquidez del Estado, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para sostener servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

En la hoja de ruta que defiende el Consell, la prioridad absoluta para este encuentro se centra en la exigencia de un fondo de nivelación transitorio. Esta herramienta, que cuenta con el consenso de la plataforma de la sociedad civil y de los expertos económicos valencianos, busca aportar de manera inmediata los recursos necesarios para equiparar a la autonomía con la media española mientras se tramita el complejo y lento modelo definitivo.

Junto a este fondo de nivelación, el Consell reclama el reconocimiento y la condonación de la deuda histórica, una cifra que ya supera los 55.000 millones de euros. Asimismo, frente a las ofertas de negociaciones singulares con otras autonomías, como Cataluña, el Gobierno valenciano defiende que el nuevo modelo de reparto de la caja común debe acordarse de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) bajo el principio de equidad.

El encuentro del lunes servirá para medir la temperatura de la relación entre el Ejecutivo central y el Consell. La cita se produce después de que Pérez Llorca rechazara la propuesta de nueva financiación impulsada por el Gobierno de España, una medida que habría supuesto unos ingresos extra anuales de más de 3.600 millones de euros para la autonomía.

La Diputació de València estudiará el proyecto presentado por la Plataforma de familiares de las víctimas del franquismo para completar el Memorial de Paterna. En plena ofensiva de Vox con los presupuestos autonómicos y municipales, la vicepresidenta Natàlia Enguix ha recibido a la presidenta de la Plataforma, Amparo Belmonte, para conocer al detalle el proyecto y estudiar las vías de colaboración posibles para subvencionar alguno de los elementos necesarios para dar sentido a la instalación, caso del cartel identificativo con los nombres de las 2.238 personas cuyos restos descansan en Paterna, la mayoría fusiladas en el ‘Paredón de España’, según informa la Corporación en un comunicado.

La placa identificativa de los represaliados en el cementerio de Paterna es el primero de los elementos que falta para completar el Memorial, un espacio homenaje que fue construido con fondos de la Generalitat Valenciana. Amparo Belmonte apunta que para acabar el Memorial 2.238 sería necesario, además, “una escultura para depositar las ofrendas florales; dotar de contenido el centro de interpretación; los sistemas de identificación de los nichos; y el cartel del Memorial con los logos de las administraciones implicadas”.

En el encuentro, la vicepresidenta Enguix ha mostrado la predisposición de la Diputación a implicarse en el proyecto de la Plataforma memorialista de Paterna: “Nos hemos reunido para ayudarles a completar el Memorial. Siempre hemos colaborado con todas las asociaciones de familiares y la voluntad es seguir haciéndolo. Vamos a ver el proyecto que nos han presentado para estudiar posibles vías de colaboración. La implicación de esta delegación con la memoria democrática está fuera de toda duda, y lo que pedimos es que el resto de administraciones se impliquen de la misma manera. Debemos ir todos de la mano para dignificar un espacio tan importante como el cementerio de Paterna y su Memorial en honor de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil”, ha señalado.

Por su parte, Belmonte ha indicado que “siempre podemos contar con la delegación de Memoria Democrática de la Diputación, y es por lo que nos hemos puesto en contacto con la vicepresidenta para tratar de completar lo antes posible este espacio de dignificación que es importante para muchas familias”. La presidenta de la Plataforma de asociaciones de familiares de víctimas del franquismo de las fosas comunes de Paterna explica que el Memorial “es el lugar donde está previsto inhumar los restos de las víctimas del franquismo que no se han podido identificar o que las familias decidan que permanezcan en el cementerio de Paterna junto a otros compañeros con los que fueron enterrados”.

La vicepresidenta Enguix ya ofreció ayuda a Paterna para abrir un aula de difusión histórica en el Memorial del cementerio. La responsable provincial aprovechó su visita al camposanto a principios de abril, acompañada por la diputada Nuria Campos y el concejal de Protección a las Personas, Julio Fernández, para repasar el proyecto de exhumación de la fosa 34, donde el área de Memoria que dirige Enguix invertirá algo más de 55.000 euros para exhumar los restos de personas represaliadas tras el conflicto bélico, y conocer el estado del Memorial.

Al respecto, Natàlia Enguix recuerda que la Diputación ha pasado de un presupuesto de 356.000 euros en 2016, año en que se creó la delegación con Jorge Rodríguez como presidente y Rosa Pérez Garijo como diputada, a los cerca de 2,2 millones de euros que recogen las cuentas de 2026. En la misma línea, la responsable provincial insiste en que el resto de administraciones se sumen a esa apuesta de la Diputación por la Memoria, que es “de todas y todos, plural y democrática”.

Entre los proyectos que tiene en marcha la delegación de Memoria encontramos talleres en centros de Secundaria, guías docentes y unidades didácticas, exposiciones itinerantes, el rediseño de la web, la adquisición de fondos documentales y materiales de difusión, el programa La Memoria en las Bibliotecas, publicaciones, los premios La Memòria a l’Escola y el certamen de investigación histórica María la Jabalina. “Estas iniciativas complementan las subvenciones a ayuntamientos y asociaciones y la inversión en exhumaciones, lo que demuestra la importancia de la educación en memoria”, concluye Natàlia Enguix.

Las asociaciones vecinales rechazan el proyecto de María José Catalá del bulevar García Lorca, que renuncia al corredor verde para incorporar tres carriles de tráfico. La Plataforma ciudadana Corredor Verd, que agrupa a doce asociaciones vecinales y a la Federación de Asociaciones Vecinales de València, denuncia que el gobierno municipal haya presentado el proyecto ante los medios de comunicación antes que a los vecinos, sin permitir una participación ciudadana real y comunicando una decisión ya adoptada.

La Plataforma critica que el gobierno local no haya iniciado un proceso participativo como se aprobó en el pleno en mayo de 2025. Apunta que la concejalía de Movilidad ha ido proponiendo y descartando alternativas “hasta llegar a la que les ha parecido correcta a ellos. En todo ese tiempo no se han hecho públicas las conclusiones, nadie ajeno al área ha podido evaluar con medios técnicos los modelos empleados, ni proponer medidas a incorporar en los análisis, ni iterar sobre la planta viaria del Corredor Verde avalado por más de 44.000 firmas”, señalan. Son, “trece meses de decisiones de despacho sobre el mayor proyecto urbano de la década”.

La Plataforma asegura que el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, les trasladó que no podrían decidir sobre el proyecto y que la participación se remitirá a valorar las propuestas de la paisajista Kathryn Gustafson. “¿Vas a poder participar? Sí. ¿Vas a poder decidir? No. Porque le corresponde al gobierno”, aseguran que les trasladó.

Los vecinos se oponen a incorporar carriles para el tráfico, aunque el consistorio apunta que uno será para transporte público y que los vehículos privados circularán en sentido salida de la ciudad, desde el centro hasta el sur. El consistorio asegura que el estudio encargado señala que es inviable que el bulevar sea un corredor verde, como quieren los vecinos, porque supondría colapsar otras vías de la ciudad. Sin embargo, la plataforma apunta: “No son los coches de los nuevos residentes: es tráfico de paso que la planta viaria no solo no disuade, sino que canaliza deliberadamente por la zona al no contemplar ninguna medida para evitarlo”.

En un comunicado, la agrupación de entidades exige la publicación inmediata e íntegra del estudio de movilidad, con sus 26 alternativas, modelos e hipótesis de cálculo, para permitir su evaluación técnica independiente; un proceso de participación pública real antes de remitir el proyecto a la paisajista, y que el diseño parta de las bases del concurso de ideas y de su propuesta ganadora, “sin tráfico de paso a través del corredor”.

“La ciudad que enterró una autopista para ganar el Turia no puede perder este parque. València tiene la última gran oportunidad de su generación y este gobierno la está decidiendo a puerta cerrada”, concluye la Plataforma.

Compromís convoca la asamblea que ratificará a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de València el próximo 4 de julio. La coalición organizará un espacio de encuentro en el que la candidata explicará su proyecto político a la ciudadanía y al que se ha invitado a otras fuerzas de izquierdas, en el marco de una alianza electoral más amplia para ganar a la derecha la ciudad.

Según explica la coalición, a la cita se invitará a otras fuerzas políticas y organizaciones sociales “para que participen de una asamblea abierta que servirá como pistoletazo de salida para impulsar una candidatura de Compromís abierta e ilusionante que permita devolver la dignidad y el buen gobierno que la ciudadanía de València merece”.

La Ejecutiva municipal de la coalición acordó el pasado 3 de junio convocar el proceso pactado con la candidata para formalizar su elección. Oltra fue aupada por Iniciativa, su partido, en el último congreso celebrado a finales de abril. Semanas después, y en vista de la parálisis en la coalición por desencuentros sobre la fórmula electoral, el exalcalde Joan Ribó urgió a acelerar el proceso. Todos quieren tener los deberes listos antes del verano para ponerse a trabajar en una candidatura que puede hacerles recuperar la vara de mando.

El gobierno valenciano elimina las referencias a las políticas LGTBI en los presupuestos del área de Diversidad. El Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca, profundamente dependiente de Vox para seguir al mando, omite las menciones al colectivo en los detalles de los programas presupuestarios, que describen las ayudas y subvenciones a entidades sociales. Si bien el importe en ayudas apenas varía, la denominación de sus propósitos queda totalmente gris.

El partido ultra ya advirtió en las Corts Valencianes de sus condiciones para aprobar las cuentas que sostienen al PP. Es el primer examen de Pérez Llorca al frente del Ejecutivo tras lograr superar la investidura, convenciendo a Vox de darle su apoyo al dimitir Carlos Mazón. En la primera sesión que abordó la presentación de los presupuestos, la comparecencia de la vicepresidenta Susana Camarero, Vox apuntó que no toleraría rastros de “ideología progre” en las cuentas públicas.

La comparativa de los presupuestos de 2025 y el proyecto de 2026 evidencia los cambios en la dirección general de Diversidad, que gestiona Stephane Soriano en el departamento que depende de la vicepresidencia primera. En 2025 existía una línea de subvenciones cuyo objetivo era “Dar apoyo a programas y actuaciones dirigidas a conseguir la igualdad de las personas LGTBQ+ en todos los ámbitos, especialmente en aquellos que se consideran prioritarios en la Estrategia Valenciana per a la Igualtat LGTBIQ+”, que en el proyecto de 2026 pasa a cubrir el apoyo “a programas y actuaciones dirigidas a conseguir la igualdad efectiva de todas las personas”.

Otra línea que se renombra es la S0334, Servicios especializados en el ámbito LGTBI+, dotada con 1,6 millones de euros, que incluía el servicio Orienta y el Espai de la Memòria LGTBIQ+ se convierte en “servicios especializados en igualdad” y pasa a contar con 715.000 euros. En estas cuentas, la línea abarca los “servicios especializados para ofrecer el servicio de atención, asesoramiento y apoyo a personas que requieran acompañamiento especializado en materia de igualdad”, una fórmula mucho más genérica. El recorte en esta línea de subvenciones pone en riesgo los servicios, cuyas entidades gestoras llevan meses denunciando su desaparición. De hecho, el proyecto de l'Armari agoniza desde que el pasado año la Generalitat anunciara que asumiría la gestión directa. El director general ya ha tenido varios encontronazos con las principales entidades que defienden los derechos LGTBI+, a propósito del Orgullo y de la gestión de fondos públicos.

Sin embargo, en el detalle de los objetivos de la dirección general sí figura la “Programación y ejecución de acciones que tengan por objeto promover la igualdad del colectivo LGTBIQ+”, tanto como objetivo como problemática a afrontar. Todas las transferencias de la dirección general de Diversidad, que superan los 14 millones, se realizarán por el régimen de concurrencia competitiva.

Estas cuentas incorporan la Oficina Valenciana de Inclusión, anunciada por Camarero hace meses, y que la ultraderecha también ha puesto en el punto de mira. Para este recurso, un servicio de atención a migrantes, se han presupuestado 915.000 euros en régimen de concurrencia competitiva, destinados a entidades sin ánimo de lucro. El partido ultra presentó en las Corts una proposición no de ley de tramitación urgente en la que afirma que “contar con iniciativas que fomenten y faciliten el efecto llamada no es algo prioritario para los valencianos”. Hay también previstos 350.000 euros en programas de diversidad de las universidades valencianas.

En su comparecencia, la vicepresidenta primera y titular de Igualdad subrayó “el compromiso de este Consell con las políticas de igualdad, la lucha contra la violencia sobre la mujer y la diversidad, con un presupuesto total de 86 millones de euros, que permite ampliar recursos y derechos”. Pero ni el discurso ni las cifras convencen a la oposición. “El gobierno del PP y de Pérez Llorca ha borrado a las personas LGTBI del presupuesto. Para ellos no existimos”, considera el diputado de Compromís Francesc Roig, que cree que “Pérez Llorca solo tiene un objetivo que es mantenerse como candidato a las próximas elecciones y le da igual lo que tenga que hacer para conseguirlo. Es un paso más después del recorte de las leyes LGTBI que vimos en los últimos presupuestos”.

El parlamentario hace un llamamiento a una marcha del Orgullo reivindicativa: “Podrá borrarnos del presupuesto, podrá borrarnos de las políticas públicas, pero no nos podrá borrar de las calles ni de la sociedad valenciana. Por eso el próximo día 20 llenaremos las calles de Valencia de orgullo reivindicativo ante este nuevo ataque a la igualdad, y en 2027 llenaremos las urnas para acabar con este gobierno homófobo”, señala en declaraciones a elDiario.es.

Variedad: Valencia. Origen: Sudáfrica. La entrada de cítricos extracomunitarios, fruto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica, es una de las mayores amenazas al campo valenciano. El Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC, vigente desde 2016, ha disparado las importaciones de cítricos sudafricanos en casi una década, con un aumento de un 83% en total. Lo hace además a principio de temporada, presionando los precios de la naranja valenciana a la baja y lastrando la campaña año tras año.

Es en este contexto en el que el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà realizó una visita a Sudáfrica la pasada semana. Marzà es miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) y acudió como representante para “fiscalizar” el cumplimiento de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y su socio, un país cada vez más potente a nivel comercial, pero también profundamente desigual. Marzà señala que la alarma por del sistema de detección de plagas para los cítricos que proceden de Sudáfrica ha saltado en 640 ocasiones, pese a los escasos controles realizados. El eurodiputado lo enfoca como un problema de salud pública, pero también de derechos de los trabajadores: según ha podido constatar, se emplean pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos por ser cancerígenos y “se vulneran los derechos humanos de las trabajadoras”. El eurodiputado mantuvo un encuentro con representantes de las trabajadoras citrícolas, en el marco de una serie de reuniones con ministros y responsables de las comisiones de comercio.

Marzà se desplazó a Ciudad del Cabo con las reivindicaciones de La Unió de Llauradors i Ramaders, que han trabajado con el eurodiputado antes del viaje. Entregó una serie de puntos en las reuniones con la delegación de la UE y con los responsables sudafricanos, como el tratamiento en frío obligatorio de los cítricos para eliminar plagas como la Thaumatotibia leucotreta o la Phyllosticta citricarpa. Entre 2016 y 2025 se han registrado 640 interceptaciones fitosanitarias en la frontera europea. No es un riesgo residual, es un problema estructural, señalan los valencianistas.

De igual modo, afirma Marzà, los controles fitosanitarios en frontera deben reforzarse, especialmente durante los picos de importación. La reciprocidad de condiciones es una línea roja, subrayan. La tercera demanda es que no se solapen las temporadas; el calendario arancelario preferencial del acuerdo coincide exactamente con el inicio de la campaña mediterránea, y el eurodiputado pide revisar ese mecanismo para que la entrada masiva de cítricos sudafricanos no destruya los precios en el momento más crítico del año para el campo valenciano. Sudáfrica, recuerdan desde el entorno del eurodiputado, ha denunciado tres veces a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por restricciones fitosanitarias a sus exportaciones de cítricos. Es una cuestión que genera mucha tensión, apuntan.“Precisamente porque hay una relación estratégica nueva en construcción, es el momento de resolver esto bien”, señala Marzà, que subraya: “No podemos construir una asociación justa para Sudáfrica que al mismo tiempo sea injusta para los agricultores valencianos”.

El representante valencianista hace referencia al Clean Trade and Investment Partnership (CTIP), un nuevo instrumento de la Comisión Europea centrado en la transición energética, las materias primas críticas y el desarrollo industrial, que vendrá acompañado de un paquete de 4.700 millones de euros. “El CTIP debe ayudar al desarrollo industrial de Sudáfrica y a la transición verde y social. No puede ser un mecanismo que reactive el modelo colonial de extraer y exportar. Tiene que fijar empleo de calidad en origen”, explica Marzà, que sitúa al país africano, socio preferente, como algo que “nos da una posición de partida, pero no nos regala nada. Ellos quieren que el CTIP sirva para que el valor añadido se quede en su país, no solo para que se lleven materias primas en bruto”.

El eurodiputado se reunió con el viceministro de Comercio, Industria y Competencia, Zuko Godlimpi y con el jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Presidencia, Rudi Dicks uno de los arquitectos de la Operation Vulindlela, el gran paquete de reformas estructurales del gobierno de unidad nacional. También se vio con los presidentes de las comisiones parlamentarias de Comercio, Energía y Recursos Minerales, que le trasladaron el mismo mensaje: el acuerdo ha de ser una palanca de desarrollo industrial.

La delegación también se reunió con sindicatos, activistas de justicia ambiental y ONG sudafricanas en Johannesburgo, con un discurso que, según trasladan los valencianistas, se aleja bastante del optimismo de las cumbres. El eurodiputado quiere trasladar dos ideas a las negociaciones del CTIP: la mejora en las infraestructuras de transporte público -la población trabajadora de Sudáfrica gasta un 60% de su sueldo en desplazarse hasta su lugar de trabajo- y el acceso al agua potable: “No podemos llegar aquí solo a hablar de nuestros intereses en minerales o en cítricos. Tenemos que preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos apoyar y para quién”, señala.