Al presidente de la Generalitat Valenciana se le está atragantando el viaje para ver la final del Mundial a Nueva York. El equipo de Juanfran Pérez Llorca guarda un silencio hermético sobre el viaje, que enmarcan en el ámbito privado, y apenas habla del tema más que para reiterar una respuesta: que su entrada se la regaló la Real Federación Española de Fútbol y el viaje lo costeó el mismo. Ni el regalo ni el viaje constan en el portal de transparencia de la Generalitat, una obligación legal para los altos cargos.

El valenciano ha sido el único presidente autonómico en asistir a la final del Mundial, una cortesía que, según ha podido saber elDiario.es, se le negó hasta a algún ministro. La RFEF apunta que es una entidad privada y es la propia institución quien determina la política de obsequios e invitaciones. Fuentes de la Federación confirmaron a elDiario.es que el president quiso comprar la entrada y la organización optó por invitarle.

El regalo ha generado un gran revuelo y las explicaciones resultan insuficientes. La Generalitat no ha informado de cuántos días estuvo fuera ni cómo viajó. No tuvo agenda oficial desde el viernes a mediodía hasta el martes siguiente, pese a que se estaban debatiendo los presupuestos autonómicos. La asociación por la Transparencia en el Deporte ha remitido un requerimiento a la Federación, el paso previo a una querella, para reclamar información sobre el obsequio, que “excede por completo cualquier parámetro de cortesía institucional admisible”. La horquilla de precios para la final osciló entre los 4.000 y los 8.000 euros, según la web de la RFEF. A ojos de la entidad, que apunta al presidente de la Federación, a la jefa de gabinete y a Pérez Llorca, se podría dar un delito de cohecho pasivo. También ha reclamado una batería de documentación el grupo parlamentario Compromís-Sumar, que eleva las peticiones al Consejo Superior del Deporte.

Pero, ¿qué tiene que ver el presidente valenciano con la celebración del Mundial? ¿Qué une al dirigente del PP con la RFEF? Por lo pronto, tres cuestiones directas: Una subvención de 90.000 euros para celebrar dos campeonatos femeninos en Castellón, en colaboración con la Diputación. La candidatura de València como sede para el Mundial de 2030, pendiente de las obras del Nou Mestalla. Un alcalde y diputado provincial de Alicante, amigo del President, que también tiene vínculos con la Federación Valenciana. Y una relación de amistad con miembros de la Cúpula de la Federación. Una forma de vertebrar el País Valencià.

Tal como informó elDiario.es, los presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros de Pérez Llorca, incluyen 90.000 euros para la Federación Española por la celebración de la Supercopa Femenina de Castellón y la clasificación mundial femenina, además de 80.000 euros para la Federación Valenciana de Fútbol. Con esta última mantiene una estrecha relación en alcalde de La Nucía, diputado provincial en Alicante y amigo del president, Bernabé Cano, quien también viajó a las semifinales y la final en Estados Unidos. Cano es diputado de deportes en la corporación provincial, su municipio alberga numerosos torneos deportivos de alto nivel y fue médico de la Federación Valenciana.

En paralelo está la candidatura de Valencia como sede del Mundial, que tiene a la ciudad en un sinvivir y sería un gran tanto para el PP, que gobierna en la Generalitat y en la ciudad. El impacto económico en la ciudad es difícilmente cuantificable pero a todas luces elevado. La RFEF ha apoyado esta opción, que depende de que las obras del Nou Mestalla se finalicen en plazo, previsto para 2027. Los trabajos del nuevo estadio se reiniciaron en enero de 2025, 15 años después de quedar paradas. El pasado marzo, dos meses después del torneo femenino de Castellón, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, remitió un escrito a la FIFA en el que pedía que el Nou Mestalla fuera incluido como sede. “Rafael Louzán nos ha mostrado todo su apoyo y respaldo para ser sede”, explicó el dirigente en una entrevista en el Diario As, un mes después. El diario deportivo menciona una reunión del presidente valenciano con el directivo de la RFEF a finales de marzo en Castellón, donde le trasladó ese compromiso.

También existe una relación de amistad con miembros de la Cúpula. La querella de la ATDD se dirige también contra la jefa de gabinete de la RFEF, Marisa González, a quien la asociación señala por la gestión. González trabajó en la década pasada para altos cargos del PP en Madrid, aunque lleva años en la Federación, alejada de los partidos políticos. La experta en comunicación es amiga del exalcalde de Finestrat desde hace años. En el escrito, Galán considera: “La entrega de la entrada no respondió a criterio institucional objetivo alguno, sino a la condición de autoridad pública del beneficiario y a la relación de afinidad y amistad política existente entre quienes intervinieron en la decisión, todos ellos del mismo partido político”.

El PSPV-PSOE ha exigido hoy al president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que “tome cartas en el asunto para que las viviendas de Les Naus vuelvan a formar parte del parque público de vivienda” y ha reclamado al Consell que ejerza el derecho de tanteo y retracto para evitar que estos inmuebles acaben en manos de fondos buitre o de operaciones especulativas. Así lo ha trasladado este sábado el diputado socialista en Les Corts, Jose Díaz, quien ha instado a la Generalitat a actuar “de forma inmediata” y ha recordado que dispone de instrumentos legales para recuperar estas viviendas y ponerlas al servicio del interés general.

En este sentido, el diputado socialista ha señalado que “la Generalitat debe ejercer el derecho de tanteo y retracto, no puede permanecer de brazos cruzados y sin garantizar el acceso a la vivienda” y ha criticado que “no puede seguir pasando el tiempo mientras los jetas del PP disfrutan de viviendas públicas pagadas con el dinero de todos los alicantinos y alicantinas”. Además, ha lamentado que el Consell “mire hacia otro lado en lugar de defender lo público y el derecho a una vivienda digna” y les ha acusado de “renunciar a utilizar todas las herramientas a su alcance para ampliar el parque público de vivienda”.

Finalmente, José Díaz ha urgido al Consell de Pérez Llorca a “acabar con la especulación y empezar a trabajar de verdad para garantizar el derecho a la vivienda” y ha defendido que “la prioridad de un gobierno debe ser proteger el interés general y aumentar el parque público de vivienda, no permitir que continúen operaciones que benefician a unos pocos mientras miles de valencianos tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda”.

Uno de los mantras del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca y de su predecesor, Carlos Mazón, ha sido la desburocratización de la administración y el apoyo a pymes y autónomos. Sin embargo, esa premisa parece no aplicarse a la convocatoria de subvenciones para el fomento del valenciano en el ámbito de los medios de comunicación, publicaciones privadas y agencias correspondiente al ejercicio de 2026. Según denuncia la Asociación de Medios Digitales de la Comunitat Valenciana (AMDComVal), la Generalitat no deja de realizar requerimientos que incrementan la carga burocrática.

Aunque las ayudas que deben resolverse en 2026 corresponden a los ejercicios 2024 y 2025 —después de que el primer semestre de 2024 quedara sin dotación presupuestaria—, en el procedimiento competitivo todavía en marcha la Dirección General de Política Lingüística continúa formulando nuevos requerimientos que, en algunos casos, resultan especialmente complejos de atender para medios de comunicación que cuentan con plantillas de entre uno y tres trabajadores.

El último requerimiento, que ha hecho estallar el malestar de AMDComVal, está fechado el 30 de julio y concede un plazo de diez días hábiles para responder, es decir, hasta el 12 de agosto. En ese periodo, el departamento que dirige Vicent Satorres exige aportar “una relación detallada de, como mínimo, mil noticias publicadas en valenciano, con indicación individualizada de título, sección, fecha de publicación y enlace directo a cada contenido”, denuncias desde la asociación.

Cabe recordar que muchos de los medios que concurren a esta convocatoria ya habilitaron una hemeroteca para facilitar la comprobación del cumplimiento de los criterios relativos al número de noticias en valenciano. Además, presentaron una auditoría —requerida por primera vez desde la creación de estas ayudas— o aportaron listados aleatorios de semanas completas de publicaciones en valenciano para evitar que los funcionarios tuvieran que revisar miles de noticias difundidas diariamente en la lengua cooficial.

Desde AMDComVal consideran que el momento elegido para notificar este requerimiento “resulta muy difícilmente justificable”. “Publicar la exigencia el 30 de julio, a las puertas del mes de agosto, con un plazo que se desarrolla enteramente durante el periodo vacacional, obliga a decenas de empresas periodísticas digitales —la inmensa mayoría pymes y autónomos, con estructuras muy ajustadas y sin departamentos jurídicos o administrativos propios— a reorganizar sus recursos precisamente en el momento del año en que menor capacidad de respuesta tienen”, lamentan.

“No cuestionamos la facultad de la Administración para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria: es una potestad legítima y necesaria. Lo que cuestionamos es la absoluta falta de proporcionalidad, planificación y sentido de la oportunidad con que se ha ejercido, así como la ausencia de criterios homogéneos aplicados a los distintos expedientes, extremo respecto del cual esta asociación se reserva el derecho de solicitar la documentación pertinente y hacer valer sus derechos donde corresponda, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de sus asociados”, replican.

Todos los medios que concurren a estas ayudas publican sus contenidos en valenciano en abierto, por lo que la Administración puede comprobar con facilidad tanto el volumen de publicaciones como su calidad y periodicidad.

Un tercer requerimiento “cuando menos sospechoso”

“Resulta especialmente preocupante que este sea ya el tercer requerimiento consecutivo dirigido a los mismos expedientes en el marco de esta convocatoria, tras los publicados los días 2 y 4 de junio de 2026”, denuncian desde la asociación.

AMDComVal considera “cuando menos sospechoso” que la exigencia de presentar una relación detallada de, como mínimo, mil noticias, con indicación de la sección y la fecha de publicación, “no se pusiera de manifiesto en ninguno de los dos requerimientos anteriores, pese a que en ambos casos ya se examinó la documentación de los mismos expedientes y se detallaron minuciosamente otras deficiencias”.

“La ausencia de este extremo en los requerimientos previos, y su aparición repentina en un tercer requerimiento notificado a las puertas de agosto, plantea serias dudas sobre la planificación y el rigor técnico con que la comisión y el órgano instructor han examinado, de forma reiterada, los mismos expedientes”, añaden.

Un golpe al tejido comunicativo valenciano y a la prensa de proximidad

“El alcance colectivo de este requerimiento —que golpea de manera simultánea a periódicos digitales de toda la Comunitat Valenciana— pone directamente en jaque al tejido comunicativo valenciano y, muy particularmente, a la prensa de proximidad, que sostiene la información de cercanía en decenas de comarcas y municipios con recursos ya de por sí limitados”, sostienen desde la asociación.

AMDComVal anuncia que se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales resulten pertinentes. Además, insta directamente al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, “a adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación, revisar los criterios y los plazos aplicados en esta convocatoria y garantizar que la gestión de las ayudas al fomento del valenciano en los medios de comunicación se realice con la eficacia, la proporcionalidad y el sentido de la oportunidad que los profesionales del sector merecen”.

Como cada verano desde que gobierna el PP, vuelven las rebajas fiscales para los ricos a la Comunitat Valenciana. Como si de la campañas de consumo se tratara, PP y Vox aprueban un nuevo regalo a las grandes fortunas con la ley de medidas fiscales, que ha pasado su último trámite en las Corts Valencianes. Los grandes patrimonios que tributan en la Comunitat Valenciana -personas que declaran un patrimonio de más de un millón de euros, sin contar la vivienda ni empresas- disfrutarán de un nuevo beneficio.

Son cerca de 23.000 grandes fortunas las que ya no tendrán que pagar este impuesto desde que gobiernan PP y Vox. Meses antes de dimitir, Carlos Mazón pactó con Vox aumentar la exención de medio millón a un millón de euros, con un impacto presupuestario de casi 62 millones para las arcas públicas, según dijo su consellera de Hacienda. Esa gran rebaja implicó que la mitad de los contribuyentes por este tributo dejaran de contribuir.

Ahora, en el último debate parlamentario antes del verano, Juanfran Pérez Llorca sigue su estela, también gracias a Vox. Una enmienda de Vox pactada con el PP eleva el mínimo exento del impuesto de patrimonio hasta los dos millones de euros. En la práctica, según los datos de la Conselleria de Hacienda correspondientes a 2023, supone perdonar este tributo al 84% de sus declarantes. Ocho de cada 10 millonarios no pagarán impuesto de patrimonio gracias a PP y Vox, que conllevará un recorte directo de otros 28 millones de euros para las arcas públicas. Además, conllevará una rebaja para quienes lo sigan pagando, porque descontarán más patrimonio de la base imponible.

Según los datos de Hacienda, en el año 2023 pagaron este impuesto 27.711 personas, de las que 1.156 pagaron cero euros. Por tramos, hay 13.307 declarantes de entre medio millón y un millón de euros, que entre todos pagaron 10,3 millones de euros (a apenas 775 euros por cabeza). Estos declaran un patrimonio en conjunto de 10.200 millones de euros. El impacto de este tributo en sus fortunas es irrisorio.

En el siguiente tramo que consta en la respuesta parlamentaria al PSPV, de un millón a un millón y medio de euros, hay 7.132 declarantes, que entre todos pagaron una cuota de 25,7 millones para un patrimonio conjunto de 8.931 millones de euros. Subiendo en la escala, en el tramo entre 1,5 millones y 2 millones de euros hay 3.001 declarantes, que pagaron 26,4 millones por un patrimonio conjunto de 5.347 millones de euros. Con la reforma fiscal de PP y Vox, no tendrán que pagarlo.

Además, los que sigan pagando el impuesto -apenas uno de cada 10 declarantes- se beneficiarán de una reducción en la base imponible de esos dos millones de euros exentos. De este impuesto están exentos la vivienda habitual (hasta 300.000 euros por cada declarante), los bienes de carácter artístico-histórico reconocido, los afectos a actividades empresariales/profesionales y las participaciones sociales en las llamadas empresas familiares.

“Erosionan la cohesión social”

Al respecto, el portavoz socialista, José Muñoz, ha denunciado que “se demuestra que para el PP y Vox la auténtica prioridad es la prioridad de los ricos”. “Desde que gobiernan PP y Vox en 2023, las medidas tributarias han ido encaminadas a beneficiar a las rentas y patrimonios más elevados, mientras han hinchado a los valencianos y valencianas a recortes y mientras asistimos a un deterioro imparable de la sanidad pública, la educación pública y la red de protección de los servicios sociales”, advierte Muñoz, quien censura “el proceso de amnistía fiscal encubierta para los más ricos”.

El socialista considera “un escándalo insoportable” que PP y Vox hayan aplicado una política de “rebajas fiscales masivas” al 0,5% de valencianos más adinerados de la Comunitat Valenciana mientras “fríen al 99,5% con las listas de espera, ratios elevadas y barracones en la escuela pública y recortes en prestaciones sociales”. El dirigente socialista ha recalcado que estas derechas “están muy preocupadas por exonerar del pago de Patrimonio a una minoría que amasa bienes declarados a efectos del impuesto que suman los 24.500 millones de euros, aunque son más ricos aún porque muchos otros bienes no computan a efectos del tributo”. Estos recortes “erosionan la igualdad de oportunidades y que destruyen la cohesión social”.

La Generalitat dará ayudas por un importe total de 67 millones de euros para los afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), de los que 12 millones irán a ayudas directas, 5 a los ayuntamientos y 50 millones a préstamos bonificados.

Así lo ha explicado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras el pleno del Consell de este viernes en el que se ha aprobado un paquete de ayudas para paliar las consecuencias del incendio de La Vall d'Uixó, que lleva activo desde el pasado sábado y ha quemado hasta el momento 9.600 hectáreas.

Las ayudas van dirigidas a familias que han perdido su vivienda, a propietarios de vehículos afectados, a autónomos, comercios empresas y trabajadores que han visto interrumpida su actividad, y a agricultores, ganaderos y apicultores, ha precisado el president, quien ha asegurado que “llegarán de forma rápida y sencilla” y podrán solicitarse desde el 10 de agosto y durante tres meses.

En concreto y en cuanto a ayudas directas, la Generalitat pagará 20.000 eeuros a los afectados que hayan perdido su vivienda por destrucción total, 15.000 por daños estructurales y 6.000 para casas afectadas que no hayan tenido daños graves. Además, habrá 3.000 euros para los daños por el fuego en mobiliario y 800 por gastos de realojamiento.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que los recursos para prevenir y combatir los incendios forestales han pasado de 40,33 millones de euros en 2023 a 107,15 millones de euros en los Presupuestos de la Generalitat para 2026, recientemente aprobados por el Parlamento valenciano. Es decir, un incremento del 166% respecto a las últimas cuentas del Botànic.

Además, los recursos para bomberos forestales adscritos a la SGISE también se han incrementado un 38% en el mismo período de 2023 a 2026, al pasar de los 57,4 millones a 79,14 millones de euros. Mientras que el programa destinado a las tareas de protección civil y extinción de Incendios ha crecido un 25% durante los tres años de la actual legislatura del PPCV, desde los 94,95 millones de 2024 a los 118,25 millones de las cuentas para el presente 2026.

“La prevención y la extinción de incendios son una prioridad para este Consell, que ha puesto en marcha el mayor operativo de la historia de la Comunitat Valenciana con 4.400 profesionales, un dispositivo integrado, profesionalizado y operativo durante todo el año”, ha señalado Pastor, quien ha destacado que los presupuestos para 2026 incrementan un 5% el servicio de vigilancia preventiva, aumentan un 67% las ayudas para el control de la vegetación mediante pastoreo extensivo y contemplan la construcción de nuevos depósitos de agua.

“Comparar el presupuesto de este año con el del anterior es hacer trampas al solitario ya que ya se ha ejecutado la mayor parte de actuaciones de emergencias tras la dana por parte de la dirección general para reparar sendas y caminos forestales”, ha explicado.

“Quienes ahora salen a criticar son los mismos que en 2022 cometieron negligencias muy graves en la gestión de la catástrofe natural más devastadora en la provincia de Castellón, con 19.000 hectáreas quemadas y 49 pasajeros de un tren a Bejís al que la Generalitat no avisó del peligro y quedaron atrapados por las llamas”, ha recordado el portavoz popular. También ha incidido en que durante los ocho años del Botànic “su política medioambiental se basó en la inacción, abandonando la limpieza y el mantenimiento de nuestros montes”.

“Mientras este Consell invierte más que nunca en la lucha contra el fuego, Compromís vuelve a demostrar que su prioridad no es ayudar a combatir el incendio, sino utilizar cualquier desgracia para sacar rédito político. Nosotros no vamos a entrar a su juego. Los datos y las cifras están ahí”, ha concluido.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ficha como conductor al sobrino de su pareja, la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, en la oficina de expresidentes. El diario oficial de la Generalitat recoge este jueves el nombramiento de Simeón David Vercher Bravo, sobrino de la exconsellera, como nuevo chófer a cargo de la Oficina de Expresidentes de la Generalitat, un recurso público para los exmandatarios. Ximo Puig y Gabriela Bravo se casarán el próximo septiembre.

El sobrino de Bravo se incorpora tras la marcha voluntaria de su antecesor. Según ha adelantado Las Provincias, percibirá un salario de 43.000 euros anuales para cubrir los desplazamientos del exdirigente socialista, que es embajador de la OCDE en París, pero tiene actividad en València.

Puig es de los pocos expresidentes que ha dotado de contenido a la oficina y realiza jornadas y conferencias. Cuenta con tres trabajadores a su cargo: dos asesores -su exjefa de gabinete en la Generalitat, Esther Ortega, y Paco Cerdá, que estuvo en su equipo en Presidencia- y un conductor, además de la seguridad. El nombramiento tendrá efectos a partir del 31 de julio de 2026, este viernes.

La oficina de expresidentes es un recurso controvertido y opaco. Compromís ha cifrado este lunes en 850.000 euros el coste anual de la Oficina de los expresidents de la Generalitat, y en 7 millones de euros el coste total desde que existe la ley del Estatuto de los expresidents, por lo que ha defendido la necesidad de eliminarla y que únicamente tengan ayuda de la Generalitat para su labor como exmandatarios.

Desde 2023, la Generalitat Valenciana ha gastado 1,2 millones en las prerrogativas de Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón, siendo el segundo el que más gastos ha generado con 479.382 euros.

La directora adjunta de Artes Escénicas del Insitut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat, María José Hernández Mora, ha anunciado que renuncia a participar la oposición para una plaza de técnico cultural en la insitutición de codirige. Pese a que la Conselleria de Educación y Cultura defendió que la alto cargo se pudiera presentar, Hernández Mora ha decidido cejar en su empeño de conseguir una plaza fija tras las críticas de Compromís, PSPV-PSOE y las asociaciones del sector, a las que tiene en pie de guerra por recortes en la programación y casos flagrantes de “censura” artística.

Tal y como publicó en exclusiva elDiario.es, la directora adjunta del IVF se había presentado al proceso para el ingreso como personal laboral fijo en el IVC para los puestos números 268 y 276, correspondientes a técnico medio de gestión cultural, al que aspiran otros 200 profesionales. Hasta su dimisión el pasado mes de junio, el exdirector general del IVC y superior jerárquico directo de Hernández Mora, Alberto López-Jamar, era el responsable último de garantizar el correcto desarrollo del procedimiento selectivo.

En un comunicado, la alto cargo ha querido defender “con total claridad” que esta decisión “no responde a la existencia de incompatibilidad o irregularidad alguna”. “Mi participación en este proceso era plenamente legítima y se ajustaba a la legalidad vigente, ya que no existía impedimento para concurrir a una convocatoria pública regida por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, prosigue Hernández Mora.

Sin embargo, ha añadido, “ninguna circunstancia personal debe convertirse en un motivo de confrontación ni ser utilizada para desviar la atención del trabajo de la institución a la que sirvo”. “Durante las últimas semanas se han formulado afirmaciones que traspasan el ámbito de la crítica para dirigirse contra mi persona. Las críticas forman parte de cualquier responsabilidad pública y las acepto con absoluta normalidad. Lo que no considero aceptable es que la discrepancia derive en difamaciones y ataques personales o en intentos de desacreditar a los profesionales que desempeñamos nuestro trabajo desde hace muchos años con rigor, honestidad y entrega”, añade la alto cargo que ha reafirmado que continuará en su puesto directivo.

“Este tipo de comportamientos -ha continuado- no contribuyen al debate, fomentan el odio y no deberían tener cabida en una sociedad democrática. Mi trayectoria profesional siempre ha estado guiada por el compromiso con el servicio público, el rigor técnico y el respeto a los procedimientos y seguiré desempeñando mis responsabilidades como directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura con la misma dedicación, profesionalidad y compromiso con los que las asumí”.

A menos de 24 horas de que se vote la ley de Acompañamiento a los Presupuestos, una ley ómnibus que incluye una batería de cambios legislativos, el PP y Vox incorporan una emienda que cambia por completo el régimen de acceso a la Policía Local de València.

La derecha y la ultraderecha acuerdan finalmente permitir que se acceda a la Cúpula de Policía a través del turno libre; es decir, que opten personas ajenas al Cuerpo (si cumplen los requisitos) o que los agentes se salten categorías para acceder al mando si cumplen las pruebas. La enmienda se ha registrado de manera conjunta a las 13.59 horas, bordeando el límite del plazo. La ley de Acompañamiento se vota este viernes en las Corts Valencianes.

Se prevé este sistema para las categorías de comisario y comisario principal, las máximas en el escalafón, con al menos un 70% de plazas por promoción interna y un 15% por movilidad. Esto abre la puerta a la entrada de militares en la cúpula, algo que ya se ha garantizado Vox para las bases con otra enmienda pactada con el PP, reservando un 20% de plazas si los ayuntamientos lo desean. Para los oficiales, el acceso será exclusivo por promoción interna y movilidad. La medida es exclusiva para municipios de más de 500.000 habitantes. En otras palabras, solo para Valencia.

La medida parte de una iniciativa de la Jefatura de València, acordada en una Mesa Técnica con todos los sindicatos salvo CCOO, y se defiende como una forma de renovar el Cuerpo, que tiene un elevado número de mandos en interinidad (por mejoras de empleo caducadas) y ha provocado varias investigaciones de la Agencia Antifraude por la temporalidad. El Cuerpo de Policía de València apunta que lleva años sin oportunidad de promoción profesional para la plantilla y con una estructura de mando muy incompleta.

La ultraderecha tumbó este mismo texto el lunes en comisión parlamentaria, votando junto al PSPV y Compromís, algo poco habitual en las Corts Valencianes. Apenas tres días después, Vox ha pactado con el PP este régimen especial, una propuesta que parte de la Jefatura de Policía de València y cuenta con el apoyo de la alcaldesa y también diputada María José Catalá.

Tras registrarse por primera vez, los sindicatos policiales han criticado esta enmienda, que ven un traje a medida para la capital. UGT y el SPPLB señalan que no traslada el acuerdo adoptado en la Mesa. También las asociaciones de jefes, que trasladaron un escrito pidiendo que se retirara y se reunieron con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Los jefes piden una reunión del órgano de coordinación.

“El grupo popular en las Cortes Valencianas ha presentado una enmienda donde no se refleja todo lo propuesto, ya que no se recogen las categorías de intendente e inspector. Justamente la de inspector, donde la norma es más perjudicial para los compañeros/as de Valencia”, lamentó el SPPLB, mientras UGT denuncia una reforma modificada “de forma torticera para únicamente afectar a Comisarios y Comisarios Principales”.

La portavoz de Seguridad del PSPV en las Corts, Marisa Navarro, considera la medida “una cacicada”. “. Es una auténtica cacicada, una doble cacicada, porque tanto la Asociación de Jefes como los sindicatos han pedido la convocatoria de la Comisión de Coordinación y la retirada de esa enmienda. Lejos de retirarla y lejos de debatirla en el órgano legal establecido para ello, lo que hacen es presentar una transaccional para que se apruebe mañana”, afirma la diputada, que avanza el voto en contra del PSPV.

“Las formas utilizadas son antidemocráticas. Le han dado la espalda a los profesionales, a los sindicatos, a los alcaldes, para hacer un traje a medida para Valencia, un régimen especial, rompiendo lo que marca la ley, que es dar un tratamiento homogéneo, sin privilegios, a todos los municipios de la Comunitat Valenciana”, concluye Navarro.

El portavoz socialista de Cultura en las Corts, José Chulvi, ha exigido a la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora, que elija entre renunciar inmediatamente al proceso selectivo o dimitir de su cargo y, si no lo hace, “la consellera de Educación Carmen Ortí y el President Pérez Llorca tienen la obligación de cesarla”.

“Lo que hemos conocido es de una gravedad política y ética evidente”, señala Chulvi, en referencia a la información publicada por elDiario.es sobre la oposición a la que concurre la alto cargo, una plaza fija en el organismo que codirige. Chulvi ha destacado que “no puede dirigir una parte oficial del organismo y al mismo tiempo aspirar a tener una plaza fija en el mismo”. “No se puede ser juez y parte”, ha destacado.

En ese sentido, el diputado socialista ha señalado que “no hablamos únicamente de legalidad, hablamos de ejemplaridad, de imparcialidad y de confianza en las instituciones”. “Mientras tanto, las artes escénicas valencianas están totalmente abandonadas con ayudas que llegan tarde, con menos producción valenciana y en valenciano”, ha criticado José Chulvi que ha recordado que contamos con un Circuit Cultural Valencià “que funciona mal y además se han producido denuncias de censura contra artistas críticos”: “Pero su responsable parece más preocupada por asegurarse su futuro laboral que por gestionar el IVC”.

La coalición Compromís denuncia ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana un supuesto trato de favor al exalto cargo de Carlos Mazón en Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla en unas oposiciones. Los valencianistas piden que se investigue las posibles irregularidades cometidas en varios procesos de selección y formación gestionados por la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) y el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), y señala al exalto cargo, que ascendió en un proceso convocado mientras era director general.

La denuncia pone el foco en el posible trato de favor a Martín Moratilla, que “ha vivido un acelerón fulgurante en su ascenso profesional desde que formó parte del círculo de confianza de Mazón”, según Isaura Navarro, autora de la denuncia. Martín Moratilla, director general de emergencias, concurrió a un proceso selectivo para ascender en el Cuerpo de bomberos, del que forma parte. El PSPV también ha llevado esta cuestión a la Fiscalía, lo que podría llevar a Antifraude a inhibirse, y el sindicato CCOO también ha realizado acciones.

Según denunció el sindicato Comisiones Obreras, Moratilla aprobó un curso para ascender a la escala de mando de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS), servicios que existen en las tres capitales de provincia y en las Diputaciones. El sindicato señaló incongruencias en el proceso, que consideran irregular: realizó las prácticas antes de que se iniciara el curso, y, según el sindicato, la realización de unas prácticas de forma extemporánea es motivo de suspenso. El Consorcio de Bomberos de Alicante remarcó a elDiario.es que, por lo que compete a este órgano, el proceso es correcto. Sin embargo, el alto cargo siguió el proceso, realizó las prácticas y aprobó meses después.

El 13 de mayo de 2025 cesó a petición propia como director general para culminar el proceso, según anunció la entonces portavoz del Consell, Susana Camarero. En junio de 2025, cuando Moratilla superó el proceso y tomó posesión de su nueva plaza en Alicante, la Generalitat creó una dirección general que coordinara los SPEIS y recuperó al alto cargo. En enero de 2026, la Diputación de Alicante lo nombró inspector jefe del servicio operativo de los bomberos.

La coalición Compromís, que ha reclamado una batería de documentación en las Corts, ve anomalías en la gestión de la fase práctica. “Los informes emitidos por el Consorcio Provincial de Alicante y remitidos al IVASPE muestran una extraña fragmentación de periodos de prácticas que difieren del resto de aspirantes, lo que sugiere un posible trato de favor o una adaptación ad hoc del procedimiento para garantizar su aptitud”, señala la denuncia presentada en Antifraude. Apunta que el alto cargo “realiza el curso y practicas correspondientes [en un periodo que] es distinto del resto de aspirantes que lo han superado. En concreto, en su caso va del 1 al 12 de julio de 2024. El resto realiza el curso en fechas posteriores: del 28 de octubre al 14 de noviembre. Tratándose de un curso selectivo cuya superación es necesaria para acceder al puesto de trabajo convocado, es del todo llamativo que uno de los aspirantes meses antes lo haya realizado en solitario con una supuesta convocatoria destinada exclusivamente para su persona”, apunta la denuncia.

En este marco, la coalición reclama a la Agencia Antifraude que examine el proceso de selección en el que Martín Moratilla participó y en el que “se sospecha hubo una vulneración de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad exigibles en el acceso al sector público”. De confirmarse estos hechos, “podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa y malversación”, denuncia la coalición.

El incendio declarado en la Vall d'Uixó ha calcinado casi 10.000 hectáreas y ha obligado durante los últimos días a evacuar o confinar a vecinos de la Vall d'Uixó, Artana, Eslida, Aín, Alcúdia de Veo, Suera, Tales, Onda Betxí y la Vilavella, además de afectar a diferentes urbanizaciones y diseminados en lo que ya es el tercer fuego más devastador en la última década en la Comunitat Valenciana. Buena parte del perímetro de las llamas afecta al Parque Natural de la Serra d'Espadà, el segundo más extenso del territorio valenciano, solo por detrás de la Hoces del Cabriel, con 31.181 hectáreas y el mayor alcornocal protegido.

Hay otra realidad, mucho menos visible, que también describe el estado de la gestión ambiental del principal espacio protegido afectado por el fuego: la Generalitat mantiene desde hace cerca de dos años sin cubrir el puesto de la dirección-conservación de la Serra d'Espadà. La ausencia de esta figura coincide con el mayor incendio registrado en el parque en décadas y vuelve a poner el foco sobre las prioridades de la política de gestión de los espacios naturales protegidos de la Generalitat.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente reconocen que no se ha cubierto la plaza desde que se jubilara su anterior titular. “Se está dilatando el proceso de renovación por la dificultad de encontrar un perfil que cumpla las características que se plantean para el cargo tras la reforma llevada a cabo la anterior legislatura y que ahora se replantea”, explican fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus. Pese a no haber director conservador, explican las mismas fuentes, no ha habido una paralización de la actividad, “ya que de hecho ha aumentado”.

“En este tiempo las funciones del director conservador han sido asumidas por el servicio de espacios naturales de la Dirección General de Medio Natural y Animal, que ha coordinado el incremento de personal que trabaja directamente en el parque. Durante esta legislatura se ha tramitado la ampliación de la encomienda para incorporar una nueva brigada de la Generalitat que realiza labores de mantenimiento en el parque natural. Ahora mismo hay cuatro en activo. Además, en el terreno también trabajan los agentes medioambientales de las diferentes demarcaciones que afectan al parque natural. Por otro lado, se ha nombrado este ejercicio el cargo del presidente de la junta rectora del parque natural”, argumentan desde Medio Ambiente.

La Ley de Espacios Naturales Protegidos precisamente atribuye a la persona encargada de la dirección y conservación la aplicación de los instrumentos de planificación del parque, la propuesta de actuaciones de conservación, la colaboración en la elaboración del presupuesto y del programa anual de inversiones, la redacción de la memoria anual y cuantas funciones le encomiende el órgano gestor. Además, El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Serra d'Espadà va un paso más allá y establece que el director conservador ejerce esas funciones con el apoyo de la Oficina de Gestión Técnica del parque, cuya dirección le corresponde. Es decir, no se trata de una figura protocolaria, sino del principal responsable técnico de la gestión ordinaria de un espacio protegido que tiene unos recursos técnicos y funcionariales mínimos.

La legislación vigente permite que una misma persona pueda dirigir varios espacios naturales protegidos, por lo que la ley no obliga a que cada parque disponga de un director exclusivo.

Un puesto con historia política

La figura del director conservador de los parques naturales tampoco ha sido ajena a cuestiones políticas. En 2011, el Gobierno valenciano del Partido Popular eliminó este puesto mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y lo sustituyó por la figura del “dinamizador”, un cargo de personal eventual. En la práctica, los espacios naturales se convirtieron en un nido de colocación de concejales del PP en los diferentes espacios naturales, como el concejal del PP Miguel Tatay, que fue nombrado director de los parques de Puebla de San Miguel y Sot de Chera en 2011.

Cinco años después, el Consell del Botànic revirtió aquella decisión y recuperó la dirección-conservación como un puesto de carácter técnico, defendiendo que la gestión de los parques naturales debía recaer en profesionales especializados y no en cargos de confianza.

El año pasado, a pesar de los intentos por la Ley de Acompañamiento de una modificación normativa para cambiar el sistema de provisión de las plazas de director conservador -actualmente siguen siendo funcionarios- y poder permitir que los nombramientos se realizaran por el procedimiento de libre designación, todo quedó en agua de borrajas cuando las intenciones del departamento de Martínez Mus fueron contestadas a la interna por los sindicatos.

En diciembre del 2010, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia anuló la resolución de la Conselleria que nombraba personal eventual de confianza en los puestos de director conservador de los 22 parques naturales precisamente tras una denuncia de la CGT e Intersindical Valenciana. Aun así el PP lo estiró hasta 2015, modelo de selección que Compromís también cambió con su llegada a la conselleria de Medio Ambiente.

Compromís ha cargado este miércoles contra la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Hernández Mora, después de que elDiario.es haya publicado que participa en unas oposiciones para obtener una plaza fija de técnico cultural en las misma institución que codirige.

La portavoz de Cultura de Compromís en Les Corts, Verònica Ruiz, ha asegurado que el problema no es el derecho de cualquier ciudadano a presentarse a unas oposiciones, sino que lo haga “desde el cargo de directora adjunta del mismo organismo en el que pretende obtener una plaza fija”.

“Lo que hemos conocido hoy es una auténtica vergüenza”, ha afirmado la diputada. “Si María José Mora quiere presentarse a una oposición, que se presente, pero lo primero que debe hacer es dejar su cargo de directora adjunta. Porque esto ya es una cuestión ética y una cuestión de ejemplaridad”, ha añadido.

La información publicada por elDiario.es señala que Hernández Mora, también bailarina y gestora cultural, figura entre los aspirantes a una plaza de técnico cultural del IVC mientras mantiene su puesto de dirección dentro del organismo dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura.

Ruiz ha anunciado además que Compromís solicitará “toda la documentación pertinente por vía parlamentaria” y realizará “un seguimiento exhaustivo del asunto” para esclarecer las circunstancias del proceso.

La portavoz ha enmarcado el caso en lo que considera una práctica reiterada del actual Consell del PP. “Por desgracia, este no es un hecho aislado en este gobierno del PP”, ha señalado, y ha recordado el precedente del gerente del Consorcio de Museos, quien, según ha afirmado, “hizo lo mismo” y acabó obteniendo la plaza a la que optaba.

El grupo parlamentario de Compromís sostiene que la situación plantea un problema de incompatibilidad ética y de apariencia de imparcialidad en el acceso al empleo público, aunque por el momento no ha cuestionado la legalidad formal de la participación de Hernández Mora en las oposiciones.

María José Hernández Mora, directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), organismo dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura, participa en unas oposiciones para acceder a una plaza de técnico cultural en la misma entidad que codirige. La también bailarina y gestora cultural está inmersa en el proceso para obtener una plaza de personal laboral fijo en el IVC, pese a que es la dirección del organismo la encargada de velar por la limpieza y la imparcialidad del procedimiento.

Fuentes de la Conselleria de Educación y Cultura han asegurado que el proceso ofrece “todas las garantías de objetividad e imparcialidad” y que se rige por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia. Además, añaden que “el órgano de selección es independiente y sus integrantes están obligados a abstenerse si concurre alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015”. Es decir, si existe algún tipo de vínculo o circunstancia que pueda comprometer su imparcialidad, algo que no resulta difícil de plantear teniendo en cuenta que la aspirante dirige una de las áreas del organismo.

Al proceso para el ingreso como personal laboral fijo en el IVC para los puestos números 268 y 276, correspondientes a técnico medio de gestión cultural, se han presentado más de 200 aspirantes. Hasta su dimisión el pasado mes de junio, el exdirector general del IVC y superior jerárquico directo de Hernández Mora, Alberto López-Jamar, era el responsable último de garantizar el correcto desarrollo del procedimiento selectivo.

Hernández Mora tiene al sector de las artes escénicas en pie de guerra desde su llegada al cargo en 2024, cuando el entonces vicepresidente del Consell y conseller de Cultura, Vicente Barrera, la nombró para el puesto. Según vienen denunciando once asociaciones profesionales, el presupuesto destinado al sector se ha reducido un 11%. Estas entidades sostienen que se han desmantelado políticas estructurales sin ofrecer alternativas y denuncian retrasos insostenibles en las convocatorias de ayudas.

Además, critican un sistema de justificación de subvenciones que califican de “acoso” por la exigencia de una documentación sobredimensionada en plazos que consideran inasumibles. A su juicio, esta dinámica busca desincentivar la participación de los profesionales en las convocatorias públicas.

La situación se agrava con lo que el sector define como un modelo “fallido” del Circuit Cultural Valencià (CCV). Según las asociaciones, este sistema impide una programación continuada en los municipios y limita el acceso de la ciudadanía a la cultura al último cuatrimestre del año. Recientemente, el CCV dejó fuera de su programación a Pot de Plom, la compañía del humorista Xavi Castillo, conocida por sus montajes críticos con el poder político y por sus obras sobre la corrupción o la gestión de la dana. Una decisión que fuentes del sector consideran una “censura” encubierta.

A ello se suma el colapso administrativo que, según denuncian los profesionales, sufre el Institut Valencià de Cultura por la falta de personal. Las críticas se han intensificado después de que la dirección destinara más de 200.000 euros a la empresa pública Tragsa para la gestión de subvenciones mientras reducía en un 30% la partida destinada al personal propio. Las asociaciones también lamentan la disminución de la producción valenciana y en valenciano, el cierre por falta de personal del Centro de Documentación Escénica y los recortes presupuestarios aplicados a citas históricas como la Mostra d'Alcoi.

Finalmente, las organizaciones firmantes —entre las que figuran sindicatos de actores y actrices, asociaciones de danza, circo, empresas y gestores culturales— denuncian la supresión de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas previstos para 2025.

El incendio forestal que este verano ha arrasado miles de hectáreas en la Serra d'Espadán ha marcado un antes y un después para Vall d'Uixó y los municipios afectados. La alcaldesa del municipio donde empezó el fuego, Tania Baños, repasa las horas más difíciles de la emergencia, reivindica el trabajo de los servicios de extinción y de los vecinos y lamenta el impacto que tuvieron los bulos difundidos durante la crisis.

Baños defiende que la prioridad pasa ahora por la recuperación del territorio y por extraer lecciones para afrontar futuros episodios de riesgo, al tiempo que reclama una mayor coordinación institucional y alerta sobre el daño que provoca la desinformación en situaciones de emergencia.

El sábado la situación era muy complicada y hoy parece que el municipio ya está fuera de peligro. El incendio sigue avanzando hacia el interior de la Serra d'Espadà, pero al menos el casco urbano está a salvo. ¿Está más tranquila?

Más tranquila, sí, pero también muy preocupada por los vecinos y vecinas que todavía continúan evacuados. Ahora mismo esa es nuestra principal prioridad. No es el momento de hablar de la reconstrucción de la montaña, aunque todos deseemos empezar cuanto antes, sino de colaborar y mantener toda la atención puesta en la emergencia. En cuanto al municipio, la situación está mucho más calmada y estoy muy feliz de que los vecinos hayan podido regresar a sus casas, que era el principal objetivo que teníamos.

¿Cuáles fueron los momentos más duros? Imagino que especialmente el sábado y el domingo, cuando comenzó el incendio.

El peor momento fue el sábado, alrededor de la una y media de la madrugada. Yo estaba en el polideportivo de Moncofa visitando a los vecinos que iban llegando tras las primeras evacuaciones cuando empezaron a llegarme mensajes de personas convencidas de que el fuego estaba alcanzando las viviendas y entrando en la ciudad. También vi un vídeo grabado en el barranco de l'Aigualit en el que las llamas parecían llegar prácticamente hasta el centro de salud y, además, nos plantearon la posibilidad de evacuar la residencia de mayores, con más de un centenar de personas. Con toda esa información a la vez, pensé que el pueblo podía acabar ardiendo. Cuando llegué al Puesto de Mando Avanzado pedí a la Guardia Civil que me llevara hasta la zona para comprobar personalmente qué estaba ocurriendo. Allí pude comprobar que las viviendas no estaban ardiendo y que la Unidad Militar de Emergencias había conseguido establecer una línea de defensa muy importante. En ese momento también hablé con la delegada del Gobierno para trasladarle mi preocupación y tanto ella como la ministra se implicaron para reforzar el operativo y frenar el avance del incendio. A partir de ahí empecé a tranquilizarme porque vi que el dispositivo estaba funcionando y que el fuego no iba a entrar en el casco urbano. La evacuación de la residencia pudo hacerse con calma, sin incidentes y con una magnífica coordinación entre la Generalitat, el Ayuntamiento, la dirección del centro y las propias familias.

La anticipación también ha sido clave.

Sin duda. Cuando los bomberos nos trasladaron que la emergencia podía acercarse al municipio y nos recomendaron iniciar las primeras evacuaciones, decidimos adelantarnos. Eso permitió hacerlo con tranquilidad, especialmente con las personas mayores, las dependientes o quienes necesitaban una atención especial o tratamientos médicos. Poder avisar con tiempo permitió que la gente buscara alternativas sin prisas y evitó que las evacuaciones se produjeran en una situación de mayor riesgo.

¿Qué lección cree que deja un incendio como este? Da la sensación de que todos los veranos volvemos a enfrentarnos a la misma situación.

Más allá de que todavía se esté investigando el origen del fuego, debemos aprender una lección muy clara: las consecuencias del cambio climático ya están aquí. Los expertos llevan tiempo detectando que el comportamiento de los incendios forestales está cambiando, no solo en la Vall d'Uixó, sino en toda España, y eso está directamente relacionado con el calentamiento global. Por eso creo que, más que nunca, tenemos que reforzar el compromiso colectivo contra el cambio climático. Desde el ámbito local hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que se sumen al pacto que ha impulsado el Gobierno en esta materia. La lucha contra el cambio climático debería quedar al margen de la confrontación política. Al mismo tiempo, estos días también hemos tenido que combatir la desinformación.

¿Se refiere a los bulos que han circulado en redes sociales?

Sí. Me sorprendió especialmente que algunas personas intentaran relacionar el origen del incendio con la instalación de placas solares. Es un bulo que, en mi opinión, responde a una estrategia para desacreditar las energías renovables. No tiene absolutamente ningún fundamento. En la zona donde se originó el incendio ni siquiera existen instalaciones fotovoltaicas. La orografía hace imposible su implantación y, además, las placas solares que hay en el municipio están situadas en otro punto completamente distinto, donde el fuego ni siquiera ha llegado. También se ha intentado vincular el incendio con la inversión de 150 millones de euros anunciada la semana pasada por una empresa china para desarrollar un proyecto de almacenamiento de energía renovable en la ciudad. Son dos cuestiones que no tienen ninguna relación. A partir de ahora, si vuelvo a encontrarme con este tipo de afirmaciones falsas, tanto en redes sociales como por cualquier otro medio, me planteo emprender acciones legales. No pienso permitir que se difundan mentiras que solo buscan generar confusión. Tenemos que luchar unidos contra la emergencia climática y apoyar la transición hacia las energías limpias, no alimentar teorías conspirativas.

Durante esta crisis ha habido una coordinación muy estrecha entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno de España. ¿Cómo valora esa colaboración institucional?

Mi valoración es muy positiva. Durante toda la emergencia ha existido una coordinación constante entre las administraciones y no tengo absolutamente nada que reprochar. Quiero agradecer especialmente la respuesta de la Generalitat, sobre todo en la evacuación de la residencia de mayores, la rápida activación de Cruz Roja y de los distintos recursos de emergencia y la colaboración permanente con el Ayuntamiento. Cuando las instituciones trabajan conjuntamente, respetando las competencias de cada una y con voluntad de colaborar, las cosas funcionan. Creo que este incendio ha demostrado precisamente eso: que la coordinación salva vidas. Lo importante es actuar cuando toca, enviar las alertas a tiempo y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población. Gracias a ese trabajo conjunto, el incendio no ha llegado a destruir ninguna vivienda habitual.

La inversión en medios de extinción ha demostrado ser fundamental, pero da la sensación de que la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente. De hecho, la semana pasada Les Corts aprobaron una reducción cercana al 10% en la partida destinada a la prevención de incendios forestales. ¿Cree que ese es el camino después de lo que estamos viviendo este verano?

Después de lo que hemos vivido estos días, creo que la respuesta es evidente: hay que reforzar la prevención. Pero no solo con anuncios, sino con una estrategia permanente y coordinada entre todas las administraciones, independientemente de quién gobierne. La prevención no puede limitarse a los meses de verano, cuando el riesgo ya es extremo y las máquinas empiezan a trabajar en el monte en condiciones muy complicadas. Es un trabajo que debe hacerse durante todo el año, planificando, manteniendo el territorio y reduciendo el riesgo antes de que llegue la temporada de incendios.

También se ha reabierto el debate sobre la gestión del monte y las dificultades para limpiar parcelas o actuar sobre la masa forestal.

Sí, y creo que ahí también tenemos la obligación de desmontar algunos mensajes que son sencillamente falsos. Llevo mucho tiempo leyendo en redes sociales que no se permite limpiar el monte o que las administraciones impiden actuar sobre las parcelas. Eso no es verdad. Los propietarios tienen la responsabilidad de mantener sus terrenos y esas actuaciones pueden realizarse. Lo único que se exige es que exista una coordinación adecuada y que se respeten las autorizaciones necesarias, porque hablamos de espacios con un enorme valor ambiental y patrimonial. No se trata de impedir que nadie limpie una parcela, sino de evitar actuaciones que puedan dañar un espacio protegido. Evidentemente, no se puede entrar en la montaña y hacer lo que cada uno considere oportuno sin ningún tipo de control. Para eso existe una normativa. Seguramente siempre podremos mejorar y agilizar los procedimientos administrativos, pero una cosa es simplificar los trámites y otra muy distinta afirmar que las administraciones prohíben actuar en el monte. Eso, sencillamente, no es cierto.

En definitiva, además de la prevención, también hace falta combatir la desinformación.

Exactamente. Tenemos que explicar mejor cómo funcionan las cosas y decir la verdad. Hay muchas afirmaciones que acaban convirtiéndose en bulos y generan una percepción completamente equivocada de la realidad. Mientras tanto, la investigación sobre el origen del incendio continúa y habrá que esperar a que determine exactamente qué ocurrió y si, como apuntan algunas hipótesis, pudo tratarse de un fuego provocado.

La Vall d'Uixó es la puerta de entrada a la Serra d'Espadà, el segundo parque natural más grande de la Comunitat Valenciana. Es una montaña muy ligada a la identidad del municipio, a Les Coves de Sant Josep y también a su actividad deportiva y turística. ¿Cómo vive personalmente lo que está ocurriendo en la sierra?

Hemos perdido una parte de nosotros mismos. La montaña forma parte de nuestra manera de ser y de entender la vida. Pero también quiero trasladar un mensaje de esperanza a toda la ciudadanía. Estoy convencida de que saldremos adelante. A lo largo de nuestra historia hemos superado muchas dificultades y esta también la superaremos. La Serra d'Espadà no es solo un paisaje. Es el lugar al que acudimos para desconectar después de un mal día, para salir a caminar o a correr, para encontrarnos con los amigos o disfrutar en familia. En apenas cinco minutos podemos estar en plena naturaleza y eso forma parte de nuestra forma de vivir. También es una parte muy importante de nuestra identidad deportiva y turística. Allí desarrollan su actividad nuestros clubes de montaña, de bicicleta o de trail running. Es el entorno que da sentido a muchas competiciones y rutas, y también al atractivo que suponen Les Coves de Sant Josep para quienes nos visitan. Por eso este incendio nos duele tanto. No estamos hablando solo de árboles o de un espacio natural, sino de una parte de nuestra identidad colectiva. Estoy convencida de que recuperaremos la montaña, pero ahora no es el momento de hablar de esa reconstrucción. Primero tenemos que superar la emergencia. Lo que pido es paciencia y empatía. Todavía hay municipios con vecinos evacuados y las instituciones debemos seguir centradas en atender esa situación. Ya llegará el momento de planificar la recuperación de la Serra d'Espadà y de devolverle la vida que siempre ha tenido.

El Consell de Juanfran Pérez Llorca, que acaba de aprobar sus presupuestos con el voto de Vox en las Corts Valencianes, recorta cerca de un 10% las partidas para prevención de incendios y reduce drásticamente las previsiones para educación ambiental. Las cuentas públicas de la dirección general de prevención, que dependen de Medio Ambiente, prevén un descenso de 10,7 millones de euros respecto al año 2025, un cambio que en el Ejecutivo explican que se debe al volumen extraordinario de la dana. La Agencia Valenciana de Emergencias también refleja un descenso significativo en lo relativo a incendios: 214 millones (un 64%) menos que en el año anterior.

La Generalitat Valenciana tiene numerosos departamentos relacionados con la gestión y prevención de incendios. Está la vicepresidencia tercera y conselleria de Medio Ambiente y está la Conselleria de Emergencias, de la que dependen la empresa pública que gestiona los bomberos forestales (SGISE) y la Agencia Valenciana de Emergencias. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presumió hace apenas un mes de tener “el mayor dispositivo” con más de 4.000 efectivos. Según apuntó, en conjunto, la Generalitat destina 298,47 millones de euros a la prevención y extinción de incendios, de los que 173 corresponden a la prevención y la recuperación de infraestructuras forestales y 125,47 a la extinción.

Sin embargo, un vistazo algo más detallado a esas cuentas arroja recortes. En las cuentas anteriores, la conselleria Medio Ambiente, el departamento que dirige Vicente Martínez Mus presupuestó 118 millones de euros en total para la dirección general de Prevención de Incendios, de los que 80 millones suponían inversiones directas. En las cuentas aprobadas el pasado miércoles en la Cámara, el presupuesto global baja a 107 millones, de los que 69,6 son inversiones reales, un 13% menos.

El recorte, que se ha aprobado en plena temporada de incendios forestales, se explica por las partidas destinadas a la dana, explican fuentes de Medio Ambiente. ¿Y qué tiene que ver la dana con los incendios forestales? Principalmente, la reparación de algunas infraestructuras. El año anterior el Ejecutivo invirtió 92 millones en reparar infraestructuras forestales de acceso a los montes, especialmente pistas forestales, que ya están prácticamente acabas, indican estas fuentes.

“La caída de las inversiones tiene su explicación debido al avance de las obras de reparación de infraestructuras forestales (en especial sendas) afectadas por la dana y que afrontan en la actualidad sus últimos trabajos final de ejecución”, señalan desde este departamento. En la vicepresidencia tercera y conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación recalcan que se ha aumentado de un 5% el servicio de vigilancia preventiva, hasta los 18,2 millones de euros, y partidas como los 2,2 millones destinados al mantenimiento y creación de nuevos cortafuegos. También se refieren a la creación de nuevos depósitos de agua en un plan integral que ha dado resultados en otros incendios como el de Soneja.

Asimismo, se observa una caída significativa en Educación Ambiental. Pierde un 50% de presupuesto, caída que se concentra en personal y compra de bienes. En estos conceptos se pierden más de 140 millones de euros. Las inversiones, en cambio, se duplican: pasan de 9 millones a 21.

En la Conselleria de Emergencias también se observan reducciones en algunos presupuestos destinados a la Prevención y Extinción de Incendios, aunque el grueso de la conselleria sube. Asimismo, la SGISE, la empresa pública de los bomberos forestales, prevé 79 millones de euros en el presupuesto global para 2026. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVRSE) contará este año con 139 millones de euros para prevención de incendios, menos de la mitad que el año anterior -cae 234 millones- que se pierden principalmente en la partida de transferencias corrientes y compra de bienes y gastos de funcionamiento. En la conselleria explican que “atendiendo al desglose presupuestario, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que gestiona la operatividad frente a cualquier emergencia, contará con el presupuesto más elevado desde su creación en 2017, con 139 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,7 %”. La diferencia se debe, de nuevo, a las ayudas por la dana.

En la dirección general de Prevención desciende el presupuesto en un 28%, quedándose con 167.000 euros, que van principalmente en personal, y que se destina a coordinar el trabajo en la empresa pública, la SGISE, además del presupuesto de la Agencia de Emergencias. El cambio parece responder a una modificación de la estructura de la conselleria.

En cambio, la dirección general de Coordinación Servicios Prevención, Extinción Incendios y Salvamento, que se creó en junio de 2025, sube su presupuesto a 155.260 euros, casi el doble que el ejercicio anterior, aunque es un incremento que solo se recoge en el capítulo de personal. El grueso del departamento que dirige Juan Carlos Valderrama cuenta con 234 millones para reforzar la protección civil, modernizar los servicios operativos, potenciar una estrategia integral de formación y apostar por la innovación tecnológica, un 8% más que el año anterior. Según comunicó la conselleria, el programa destinado a emergencias, protección civil y extinción de incendios, alcanza los 118,26 millones de euros y “dirigirá sus esfuerzos a reforzar todas las fases de la emergencia, desde la prevención y la planificación hasta la intervención y la recuperación”.

El conseller remarcó en las Corts que el presupuesto presta atención de forma especial al Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, gestionado a través de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, entidad a la que se destina, con 79,14 millones de euros, “el mayor presupuesto de toda su historia”.

Tras casi dos años de la catástrofe provocada por el paso de la dana, en los municipios valencianos afectados, la gestión de sus ayuntamientos sigue centrada en la reconstrucción y en recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad para sus vecinos. En este contexto, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha destacado que no están gobernando un Ayuntamiento “en una situación normal”, una reflexión compartida junto a la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, durante el balance de su primer año al frente del consistorio, que ha tenido lugar este martes en el salón de actos del Ayuntamiento.

El gobierno de coalición de Paiporta ha movilizado más de 167 millones de euros en planes de actuación de reconstrucción y 30 millones a proyectos de nuevas infraestructuras, unas cifras destinadas, “no solo a volver al punto en el que se encontraban antes del 29 de octubre de 2024 sino a mejorarlo”, como ha señalado Císcar. El alcalde ha insistido en que se trata de una transformación urbana de una magnitud nunca vista sobre el papel en el municipio, y que el objetivo ha sido siempre llevarla a cabo intentando generar las mínimas molestias posibles a los vecinos.

Ambos han subrayado que la fortaleza del pacto entre PSPV-PSOE y Compromís ha sido lo que les ha permitido acelerar la rehabilitación y aprobar los presupuestos para “seguir impulsando las grandes obras que definirán el futuro de Paiporta”, destaca Marian.

“La reconstrucción más importante de la historia de Paiporta y de Europa”

Una reconstrucción que se alargará “entre ocho y diez años”, apunta Ciscar, debido al enorme volumen de trabajo que queda por hacer. Son hasta 26 proyectos financiados por el Ministerio de Política Territorial los que continúan avanzando, una cifra considerable teniendo en cuenta que, como subraya el dirigente municipal, “en un año normal, en un pueblo este, podemos inaugurar o abrir una plaza, como mucho un auditorio”.

En este sentido, el alcalde del consistorio responde a las críticas sobre la supuesta lentitud en el avance de las obras asegurando que deben seguir los procedimientos administrativos establecidos al tratarse de una gran cantidad de dinero, lo que constituye, afirma, “una garantía de que los recursos públicos se han utilizado bien”. En la misma línea, Císcar defiende que “por mucho que se piense que se pueda correr en la contratación” de las obras, no todas se pueden ejecutar a la vez y recuerda que “los mismos que dicen que se pueden acelerar los proyectos son los mismos que tardaron un año” en redactar un único plan.

¿Qué pasará con el barranco del Poyo?

El barranco del Poyo, protagonista durante la catástrofe que asoló al pueblo de Paiporta, ahora constituye una de las intervenciones con mayor calado del plan de reconstrucción, impulsado junto a la Confederación Hidrográfica del Xúquer. En este sentido, aseguran que, “por primera vez se está tratando el barranco del Poyo no solo como un problema histórico de la localidad, sino como una oportunidad para construir comunidad”. Según ha detallado el alcalde la obra permitiría liberar entre 700 y 900 metros cúbicos por segundo del caudal que hoy discurre por el barranco, desviando el agua antes de que llegue a Paiporta a través de un nuevo cauce arbolado, un gran paseo con jardines, a modo de vía verde. En los terrenos laterales del término municipal se prevén además parques inundables que, en caso de crecida, servirían para contener el agua, compatibilizando ese uso con espacios de paseo y con las pequeñas explotaciones agrícolas que ya existen en la zona.

Cuatro años de renovación del alcantarillado y aumento de la seguridad

Paralelamente, el Ayuntamiento avanza en la renovación integral del alcantarillado, cuyo grueso de las obras arrancará en octubre, con una duración estimada de cuatro años y un presupuesto de 90,67 millones de euros y 22,46 kilómetros de red, incorporando tanques de sedimentación y sistemas urbanos de drenaje sostenible, y la reforma del Pont Vell, cuya nueva estructura aumentará un 45% la capacidad de paso del agua respecto a la actual.

Este proceso de recuperación también ha incorporado medidas orientadas a reforzar la preparación del municipio ante futuras emergencias. Entre ellas destacan la creación de la primera Oficina Municipal de Emergencias de la Comunitat Valenciana, el aumento del 39% de la plantilla de la Policía Local, que contará con 15 agentes más, y la futura implantación de una red de altavoces para avisos a la población.

Para concluir, el alcalde ha destacado que “después de este primer año dedicado a poner en marcha las grandes actuaciones de reconstrucción y a consolidar la estabilidad del gobierno, ahora nuestro objetivo es que todas estas inversiones se conviertan en obras finalizadas y en mejoras visibles para la ciudadanía”.

Proyectos estratégicos más allá de la DANA

El gobierno municipal también ha continuado desarrollando inversiones estratégicas en paralelo a la reconstrucción, con actuaciones que superan los 30 millones de euros.

Entre ellas destaca la construcción del nuevo IES La Sénia, con una inversión de 16,3 millones de euros, cuya próxima adjudicación permitirá crear un centro educativo para más de 1.100 alumnos con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, además de incorporar adaptaciones a la nueva situación de inundabilidad de Paiporta. Del mismo modo, avanza el proyecto del nuevo CEIP l'Horta, con un presupuesto de 9,4 millones de euros, así como la construcción del nuevo espacio de atención de Bienestar Social y la Casa de la Mujer, el Centro Joven y el Centro de Día para la Infancia, mientras las obras del Centro de Día Vil·la Amparo entran en su recta final.

Asimismo, durante este primer año de gobierno de coalición entre PSPV-PSOE y Compromís se ha aprobado el proyecto del nuevo pabellón deportivo, la pista de atletismo y la zona verde adyacente, una infraestructura históricamente demandada por los clubes locales y que ya cuenta con el visto bueno del pleno municipal. Este proyecto también se ha adaptado a las nuevas circunstancias de inundabilidad de Paiporta.

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte prepara una querella contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca por el regalo de la entrada para ver la final del Mundial de Fútbol en Nueva York.

La entidad envía requerimiento a la RFEF para que proporcione información sobre el regalo y ve un posible “cohecho pasivo”, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Miguel Galán, responsable de la entidad, pide que se detalle el regalo, su coste (entre 4.000 y 8.000 euros en la web de la federación) y los criterios de de invitación a autoridades o personalidades por parte de la Federación, que no son públicos. También señala una infracción “muy grave” del reglamento deportivo por el regalo.

El presidente aún no ha declarado el regalo en el portal de Transparencia, como tampoco lo ha hecho su secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz. La ley de Transparencia obliga a los altos cargos a declarar los regalos, como ha venido contando elDiario.es.

Pérez Llorca viajó el viernes previo al partido a Nueva York, y no tuvo agenda oficial hasta el martes. Presidencia insiste en que el viaje lo pagó de su bolsillo y la entrada fue una invitación de la RFEF, un asunto que confirman fuentes de la Federación. Los presupuestos recién aprobados recogen 90.000 euros para la RFEF.

Los distintos gobiernos autonómicos van tomando posición de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles en el que se votará el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno. Justo este lunes, Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, han anunciado que votarán a favor de un sistema que reportará a los canarios 611 millones más al año. Mientras tanto, el Gobierno de Pérez Llorca sigue sin aclarar que hará. El presidente apuntó hace unas semanas que se abriría a apoyarlo si se aprobara a través de una ley orgánica, situación que no se producirá a corto plazo. Por tanto, sería complicado que Comunitat Valenciana votara a favor de un modelo que reporta a las arcas de la Generalitat 3.669 millones más al año.

El presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha anunciado este lunes el apoyo al nuevo modelo de financiación tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres. Clavijo acordó, además, un adelanto de partidas presupuestarias ligadas a la llamada Agenda Canaria a la que su partido ligó el acuerdo de investidura en favor de Pedro Sánchez. El Gobierno canario asume que el nuevo modelo de financiación autonómica reconoce sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades”.

Hasta ahora, el Gobierno canario, a través de su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado al considerar que la propuesta era “discriminatoria”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que “Canarias se ha querido sentar a negociar, no ha pedido cosas imposibles y no ha pedido cosas que perjudiquen a otras comunidades autónomas”, unos elementos que ha considerado propios “de una negociación franca” y que ha confrontado con lo que han hecho otros presidentes autonómicos, al plantear “propuestas que sabían que eran inviables”.

“El Gobierno de Canarias ha hecho planteamientos razonables que atienden a circunstancias específicas y que no perjudican a otras comunidades. Eso es mucho, no ha pedido máximos”, ha remarcado España, unas valoraciones que Clavijo ha relacionado con “el modo canario de hacer política, que surte efecto y da resultado”.

El Gobierno de Pérez Llorca ha venido haciendo malabares para no negarse de plano a apoyar el modelo de financiación que propone el Gobierno por sus evidentes beneficios para las arcas de la Generalitat. Pero el PP de Alberto Núñez Feijóo ha dado orden a sus barones de que se nieguen.

Tras su reunión con Arcadi España el pasado 15 de junio, el presidente de la Generalitat aseguró que “hay un criterio que es la población ajustada que se debe incluir” al tiempo añadió: “Como está la propuesta, no la podemos aceptar porque la Comunitat Valenciana queda por debajo de la media. He convencido a los barones de mi partido de que si tiene que haber una excepcionalidad en alguna comunidad es en la valenciana por ser la peor financiada y por la dana. Eso es lo que voy a defender”.

El presidente, ante la insistencia de los medios, reiteró que se abre a negociar un nuevo modelo para la Comunitat Valenciana, pero siempre dentro del Consejo de Política Fiscal, “ahí la Comunitat Valenciana irá a pedir un sistema justo, equitativo y que sea igual para todos”. En ese consejo “cada autonomía deberá hacer sus aportaciones” y ha apuntado que “el cambio de modelo no es una lucha entre territorios, eso dijo Arcadi y esa frase la comparto, todos juntos en una mesa es la mejor manera de afrontarlo”.

elDiario.es contactó este lunes con la Conselleria de Hacienda para conocer la postura que llevará la Generalitat al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, pero a cierre de esta edición no ha recibido respuesta.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, debe declarar las entradas de la final de la Copa del Mundo de Fútbol en el Portal de Transparencia. Aunque la Generalitat y el PP apuntan al carácter privado del viaje, y que no incurrió en gasto público, si fue con la entrada gratis por ser la máxima autoridad valenciana, por lo que deberá cumplir con las medidas que se exigen a los altos cargos según las leyes autonómicas de transparencia. También deberán aclarar si hizo lo propio su mano derecha en Comunicación, Vicente Ordaz, quien acompañó al dirigente popular al viaje.

No consta que ningún otro dirigente autonómico haya asistido a la final, donde Pérez Llorca pasó cuatro días, aunque sí que estuvo en el partido el alcalde de La Nucia, también del PP y persona de máxima confianza del presidente de la Generalitat, Bernabé Cano.

La política de regalos de la Generalitat Valenciana es clara: los altos cargos tienen que informar sobre “los obsequios recibidos por razón del cargo, con indicación de su descripción, la persona o la entidad que los realizó, la fecha y el destino que se les ha dado”. Esta información debe constar en el portal de Transparencia, que tiene un apartado específico para los regalos de los altos cargos. Hasta la fecha, lo último que ha declarado el president es un obsequio de la Asociación Amics del Corpus: un 'pomell' (un ramo) y siete figuritas hechas a mano, un calendario, un libro, un bolígrafo y un llavero.

Presidencia no ha aclarado si la información sobre el viaje de Pérez Llorca se publicará en el Portal de Transparencia. Todavía se desconoce cuántos días duró: el presidente no tuvo agenda pública desde el viernes por la mañana hasta el martes por la tarde.

La ley de Transparencia y Buen Gobierno también indica que se debe desarrollar un código ético y de conducta que concrete algunas cuestiones referentes al comportamiento de altos cargos, pero debe incluir, como principio, que estos “no deben aceptar regalos que sobrepasen los usos y las costumbres de cortesía, ni tampoco aceptar favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones”.

Asimismo, el Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana, vigente desde 2016, señala que “las personas sujetas al presente Código tienen prohibido aceptar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, por razón de su cuantía o causa, o que pueda condicionar la neutralidad u objetividad de su cometido. La entrega de los regalos u obsequios que se reciben por razón del cargo enmarcados en los usos habituales, sociales y de cortesía será pública”.

Se desconoce cuál es el coste para la Real Federación Española de Fútbol de las dos entradas, aunque el precio de las localidades para cualquier ciudadano oscilaba entre los 4.000 y 8.000 euros, según la web de la RFEF. Según informaron varios medios, según el sistema de “precios dinámicos”, hay entradas que llegaron a superar los 30.000 dólares.

El concepto “usos y costumbres de cortesía” es ambiguo, aunque cabe pensar que una entrada para ver la final del Mundial de Fútbol puede exceder esa cortesía. Ningún otro presidente autonómico asistió —tampoco lo pidieron, según la RFEF—, aunque sí otros dirigentes políticos o personalidades. Pérez Llorca aseguró que había asistido “como un español más” y remarcó que el viaje lo había pagado “de su bolsillo”, omitiendo la información sobre la entrada.

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana, recién aprobados en las Corts, incluyen 90.000 euros para la RFEF en dos partidas: la celebración de la Supercopa Femenina de Castellón y la clasificación mundial femenina, además de 80.000 euros para la Federación Valenciana de Fútbol.