La política de transparencia es la piedra angular de la democracia. Sin ella, nos enfrentaríamos a un poder más opaco y, en definitiva, menos sumiso al control ciudadano. Antes que nada, debemos reconocer que la normativa de transparencia es muy reciente en España —la primera ley de transparencia fue aprobada en 2013—, por lo que el hecho de contar con datos públicos —desde los presupuestos y los contratos públicos celebrados, pasando por las declaraciones de bienes y retribuciones de los altos cargos, hasta la información sobre algunos actos administrativos e interadministrativos, entre otras cosas— ayuda a luchar contra la corrupción existente, al tiempo que la previene.

En este sentido, los registros de transparencia son una de las herramientas más poderosas en manos de la ciudadanía. En este caso, y partiendo del compromiso cívico con el cumplimiento de la transparencia, hemos decidido recopilar las declaraciones de bienes y rentas de las y los diputados que forman parte de las Diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante. Aquí tenemos algunos hallazgos particulares y exponemos una serie de conclusiones generales a las que nos ha llevado la investigación.

En primer lugar, es menester destacar la opacidad intrínseca de los datos presentados por las Diputaciones, así como la falta de su depuración y precisión técnica. Al consultar los portales de transparencia, identificamos una estructura de publicación que dificulta la auditoría ciudadana. Por ejemplo, hay totales de valores patrimoniales que no corresponden matemáticamente con la suma de las partes declaradas. Luego, se evidencia una profunda simplificación: los bienes no aparecen desglosados —no se detallan ni los tipos de inmuebles, ni su ubicación, ni la modalidad de propiedad—, sino que únicamente se presenta el valor total en euros, estimado de forma opaca según el valor catastral y el porcentaje de titularidad. Esta metodología contrasta drásticamente con otras esferas del gobierno autonómico. En los artículos anteriores ya analizamos los bienes de los miembros del Consell y de les Corts Valencianes; en ambos casos, los bienes estaban desglosados pormenorizadamente. La negativa de las Diputaciones a ajustarse a los mismos estándares de detalle en cuanto a la transparencia se refiere no parece un mero fallo burocrático, sino un mecanismo de protección de la privacidad patrimonial que choca con el derecho a la información pública.

Ahora, veamos algunos datos concretos en perspectiva comparada. De las tres Diputaciones analizadas, la media de salario de la Diputación de Alicante destaca como la más alta. Según los datos extraídos de sus portales oficiales, la media salarial en la corporación alicantina se sitúa en 63.762,39 euros anuales, superando significativamente a la Diputación de Valencia —55.790,95 euros— y la de Castellón —37.371,32 euros—. De hecho, parece que, en el caso de Alicante, los valores declarados corresponden estrictamente con los salarios brutos percibidos en concepto de retribución por su labor como diputados/as provinciales. Esto se infiere del hecho de que hay muchos salarios que son idénticos, hasta el último céntimo, como las múltiples asignaciones declaradas de 74.451,86 euros o 79.664,90 euros.

Por el contrario, en las diputaciones de Valencia y de Castellón no hay ni dos salarios que sean idénticos, lo que nos lleva a pensar que cada diputado/a, al realizar la declaración, ha interpretado a su manera lo que se le pedía. En algunos casos las declaraciones incluyen, simultáneamente, las retribuciones por el ejercicio de todos los cargos públicos (por ejemplo, sumando las dietas por asistencia a plenos municipales o cargos anteriores), mientras que, en otros casos, se reflejan solamente las retribuciones recibidas por su condición de diputado/a provincial. Uno de los padres de la sociología moderna, Max Weber, en su obra Economía y sociedad, decía que la falta de homogeneidad destruye el propósito de la burocracia racional. Esto quiere decir que las instituciones públicas requieren normativas estandarizadas para evitar la arbitrariedad; entonces, permitir que cada representante decida qué ingresos reportar convierte el portal de transparencia en una “ilusión óptica”.

Por otra parte, para comprender la brecha material entre las personas representadas y quienes las representan, destacaremos los salarios más altos y los patrimonios más robustos de los miembros de las tres Diputaciones. En lo referente a la acumulación de bienes (tanto inmuebles como “otros”), las bases de datos sitúan en la cúspide a Sergio Fornas Tuzón (Partido Popular, Castellón), quien declara un patrimonio total de 1.463.325,02 euros. Le siguen Bernabé Cano García (Partido Popular, Alicante), con 810.063,92 euros, y Ricardo Gabaldón Gabaldón (Partido Popular, Valencia), con 745.696,42 euros. Los tres cargos declaran además una ausencia total de deudas o créditos pendientes. Esta realidad certifica que las corporaciones provinciales albergan a individuos pertenecientes a los deciles económicos más altos del país, lo cual supone un claro distanciamiento de las urgencias materiales del votante promedio.

No obstante, con todo lo anterior no pretendemos decir que “todos los políticos son iguales”. En absoluto, pues también se han identificado representantes con un patrimonio mínimo o nulo, al mismo tiempo que declaran deudas. El caso más representativo de esta dinámica es el de Jordi Mayor Vallet (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), quien declara uno de los patrimonios consolidados más reducidos de las corporaciones analizadas, cifrado en apenas 20.340,24 euros. Sin embargo, sus deudas son excepcionalmente grandes, ya que ascienden a 203.012,50 euros. Aunque, todo sea dicho, este nivel de endeudamiento es sostenido financieramente por su salario, que es el más alto de toda la base de datos: 97.257,84 euros anuales. Téngase en cuenta la falta de homogeneidad de los datos en las declaraciones —que ya señalamos antes—, por lo que todo indica a que dicho salario comprende tanto la retribución por su condición de diputado provincial como por ser alcalde de Cullera. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las investigaciones anteriores que realizamos desde elDiario.es, su salario no es el más alto de todos los alcaldes-diputados.

En este sentido, ya queda claro que las corporaciones actúan como potentes maquinarias de generación de ingresos salariales. Según los datos de los portales de transparencia de las Diputaciones analizadas, los tres representantes con los sueldos más elevados son Jordi Mayor Vallet (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), con unos ingresos declarados de 97.257,84 euros; Antonio Pérez Pérez (Partido Popular, Alicante), con 90.527,50 euros; y Empar Folgado Ros (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), con 88.702,74 euros. Estos salarios casi cuadruplican el sueldo medio en España, promoviendo un blindaje económico a las élites y, con ello, incentivando la obediencia a las cúpulas de los partidos. Robert Michels, un politólogo y sociólogo clásico —que, por cierto, fue alumno de Max Weber, a quien citamos anteriormente— especializado en el estudio de las organizaciones políticas, en su célebre obra Los partidos políticos, evidenció que las retribuciones institucionales desproporcionadas transforman la representación en una profesión lucrativa, desincentivando la disidencia interna por el miedo a la pérdida del estatus adquirido.

Ahora bien, a modo de conclusión, podríamos destacar que la transparencia aplicada actualmente en las diputaciones es una especie de ejercicio de “burocracia defensiva”. Esto es, se publican datos, pero son confusos y agregados, sin posibilidad de desagregarlos. De esta forma, las instituciones cumplen con el trámite legal, pero lo hacen de forma que los datos publicados no tienen la calidad ni la cantidad suficientes para su comprensión y cruce analítico consistentes. Por lo tanto, la transparencia, aunque se agradece la que se tiene, no está al nivel de lo que la ciudadanía se merece y/o podría desear.

El presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, defiende la legalidad del proceso de contratación de su pareja en la Diputación de València que investiga Antifraude. El dirigente valenciano asegura estar tranquilo respecto al procedimiento y pide esperar a que se resuelva antes de “sacar conclusiones”.

Así se ha mostrado el líder del PP valenciano este miércoles, preguntado por los medios, después de que la portavoz de su partido en la Diputación de Valencia afirmara que la Agencia Antifraude ha requerido documentación sobre la plaza. Interrogado sobre si cree que es “un caso de nepotismo”, ha pedido “esperar a la resolución”. “Lo que no puede ser es que sentencien todos antes de que se investiguen las cosas. No tengo ningún problema en que las cosas se investiguen”, ha apuntado.

Vanesa Soler, pareja de Pérez Llorca, obtuvo la plaza en comisión de servicio de secretaria de dirección el pasado 3 de marzo, con una remuneración de unos 52.000 euros. Cinco días después, tal como ha informado este diario, se aprobaron las bases del proceso para que esa plaza se cubra de forma definitiva, una proceso al que se podrán presentar otros candidatos además de la pareja del jefe del Consell.

El dirigente popular defendió en su momento que no había “trato a favor” hacia su pareja en el acceso a una plaza en la diputación y denunció una “cacería” y “machismo”.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón rechaza pronunciarse sobre el proceso judicial que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre. El exdirigente popular, que confiesa que “es difícil mantener el silencio” en estos momentos, insiste en mantenerse a raya sobre los pasos de la instrucción.

El expresidente ha realizado estas precisiones en los pasillos de las Corts Valencianes durante la celebración del pleno de este miércoles, en una semana marcada por las novedades judiciales. Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó la decisión de no investigarle, considerando que el anterior jefe del Consell no tenía una posición de garante porque la legislación no le atribuía específicamente un deber jurídico de actuación. El martes, la jueza de instrucción acordó aplazar su declaración testifical hasta que la Audiencia de Valencia resuelva sobre su recurso en el que solicita poder personarse en la causa. La magistrada le ha solicitado aportar voluntariamente los mensajes de whatsapp de aquel día, algo que el expresidente no ha aclarado si hará.

Aunque ha apuntado que “no suele hablar sobre los procesos”, por “respeto”, Mazón sí ha ironizado: “No lo hacía cuando parecía que lo más importante era si me había puesto o me había quitado un jersey y no lo hago ahora, cuando la unanimidad de las instituciones jurisdiccionales han declarado muy claramente lo que veníamos diciendo desde hace tiempo”, en referencia a la decisión del TSJ. “Se trata de principios y hay que mantenerlos”, ha insistido.

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, uno de los diputados que menos asistencias e iniciativas registra en el Parlamento autonómico, se burla en las Corts Valencianes cuando una diputada le reprocha su nuevo tren de vida.

Desde el escaño 98, en la última fila y pegado a Vox, el ya diputado raso recibía entre risas las críticas de la representante de Compromís María Josep Calabuig, que ha señalado que “se está pegando la vidorra padre”. La diputada valencianista hacía referencia a las imágenes de Mazón en la playa el pasado martes, publicadas en exclusiva por elDiario.es, en las que se ve al exlíder del PP dándose un baño acompañado por otro hombre a media mañana. En el discurso, Calabuig ha añadido con sorna que Mazón es “un gran representante de la España que madruga”.

Ante el aplauso de la bancada izquierda a la intervención de la diputada, Mazón ha respondido con una carcajada y un saludo general a la Cámara, sin aparentemente mostrar vergüenza alguna ante el reproche y con la complicidad de la parlamentaria que se sienta a su lado, María del Carmen Martínez Clemor.

El expresidente valenciano cuenta con una oficina, a cargo del erario público, en primera línea de playa en Alicante. A este recurso le acompaña la disponibilidad de un chófer, escolta y un asesor. Ni Mazón ni el resto de diputados en la Cámara hacen pública su agenda, aunque la ley de Transparencia y el Reglamento de las Corts indican que debe hacerse.

La intervención de Calabuig versaba sobre el escándalo en las adjudicaciones de viviendas en Alicante, ya bajo investigación en un juzgado, en el marco de una iniciativa sobre políticas de vivienda públicas. La diputada de Compromís ha recordado que fue bajo el mandato de Mazón cuando se cambiaron las normas de acceso que minoraron los controles, un paquete legislativo que heredó Juanfran Pérez Llorca.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con nuevas exenciones fiscales que incluye facilidades para los afectados por la dana de octubre de 2024. El decreto habilita un compartimento específico dentro del mecanismo extraordinario de financiación de las Comunidades Autónomas para gastos vinculados a la dana y otras catástrofes naturales. También establece que las ayudas que organizaciones como Cáritas y otras ONG dieron a afectados por la DANA están exentas en el IRPF, una de las reclamaciones de los colectivos sociales y de los partidos políticos con representación en las Corts Valencianes.

El texto aprobado este martes incluye varias medidas que perseveran en las ayudas aprobadas por la dana de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la dana.

Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputadoss con el voto en contra del PP y Vox. La medida se recupera en este nuevo real decreto y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha pedido sensibilidad a los grupos parlamentarios para que esta vez sí pueda salir adelante. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, que utilizó 1.600 millones, señalan desde el ministerio.

En la misma línea, la norma aprobada este martes contempla que Extremadura pueda recibir recursos con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para hacer frente a gastos derivados de las inundaciones que ha sufrido recientemente.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros.

Exenciones en IRPF

El Real Decreto-ley declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por la DANA como, por ejemplo, las de Cáritas. El objetivo de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

En la misma línea, el Real Decreto-ley confirma que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Generalitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el Real Decreto-ley que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.

El Ministerio de Hacienda recupera también la exención en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los graves incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano, una medida que también decayó en el Congreso de los Diputados.

En la política municipal valenciana, los pactos entre PSPV-PSOE y Compromís donde ambos partidos han tenido resultados similares han introducido una fórmula cada vez más frecuente y que municipios donde se impusieron fuerzas de derechas también han utilizado: la alternancia en la alcaldía dentro de una misma legislatura, bien sea un año o dos. Este mecanismo, que busca equilibrar fuerzas entre socios de gobierno, ha tenido especial relevancia en municipios como Dénia, Moncada y Manises, donde el bastón de mando pasa de manos socialistas a nacionalistas en el último año de legislatura.

El caso de Dénia es paradigmático de esta transición pactada. Tras las elecciones municipales, el socialista Vicent Grimalt retuvo la alcaldía en un gobierno compartido, pero con un acuerdo claro: el relevo a favor de Compromís se produciría en el último año de la legislatura. Ese momento ya tiene fecha. El vicealcalde Rafa Carrió asumirá la alcaldía en junio de 2026, cumpliendo el pacto suscrito entre ambas formaciones. Este tipo de acuerdos no solo responden a una aritmética electoral, sino también a una voluntad política de visibilizar la coalición y repartir el liderazgo institucional.

En Moncada, el modelo es el mismo. Allí, el pacto entre PSPV y Compromís estableció desde el inicio una alternancia temporal perfectamente definida: tres años de alcaldía socialista, encabezada por Amparo Orts, y un último año para Compromís, representado por Álvaro Gonzalvo . Este sistema permite que ambos partidos gestionen directamente la alcaldía durante el mandato, pero también introduce un elemento de transición interna que exige coordinación y estabilidad política. No se trata de una moción de censura ni de una ruptura, sino de un relevo previsto, casi contractual.

Pese a las turbulencias que sufrió el acuerdo tras la polémica pelea en la que participó el concejal del PSPV-PSOE Martín Pérez Aranda, finalmente no hubo ruptura del acuerdo de gobierno ni tampoco dimisión del edil.

Manises sigue una lógica similar dentro de los gobiernos progresistas valencianos. Aunque el cambio de alcalde se ha tenido que adelantar. El socialista Javier Mansilla tuvo que dejar la alcaldía de Manises por problemas de salud y la entrada de Jesús Borrás, de APM-Compromís, se adelantó, aunque todavía no han comenzado las conversaciones entre partidos para la nueva etapa y no se ha puesto encima de la mesa los acuerdos por escrito a los que se llegaron para cerrar el acuerdo.

El pleno de Manises tendrá que votar la propuesta de Jesús Borrás como alcalde de Manises en el mes de junio y hacen falta los votos de todos los ediles de APM-Compromís, del PSPV-PSOE y el edil de Podemos, que decantó la balanza para las fuerzas de izquierda.

Otro municipio que tendrá nuevo alcalde en las próximas semanas será la Pobla de Vallbona. En este caso, tiene que ser el edil del PP Abel Martí quien ceda el bastón de mando a Jaime Ruix, edil del partido local Centrats en La Pobla, quien tiene el apoyo en esta negociación del partido de urbanizaciones CUPO. Cupo y Centrats tienen cuatro concejales, que dan la mayoría absoluta en el pleno a los conservadores.

La coalición Compromís denuncia el “colapso” en los servicios sociales de València y la escasa repercusión del plan de choque anunciado por el Ayuntamiento de PP y Vox. Los valencianistas denuncian que se ha producido un “cuello de botella” en la lista de espera de la dependencia, que ya supera las 12.000 personas.

En 2024 el equipo de gobierno anunció un plan de choque para atajar las listas de espera, un proyecto que “apenas dos años después, se ha convertido en un completo fracaso”, porque no solo no ha logrado reducir las cifras, sino que las ha seguido disparando: un 78% en informes de entorno, un 68% en valoraciones y un 144% en revisiones de grado. En global, el aumento es del 104% en este período, denuncia la coalición.

Actualmente, hay 11.234 personas esperando el reconocimiento de la dependencia (sumando las denominadas listas A y B), una cifra que se eleva hasta 12.622 si se incluyen también las revisiones de grado, muchas vinculadas a enfermedades graves como ELA, Alzheimer o demencias.

Robles resume así el plan de choque de Catalá: “La alcaldesa ha convertido un derecho fundamental en un calvario burocrático. Estamos ante una situación límite que no deja de empeorar”. Desde mayo de 2024 hasta abril de 2026, los datos acumulados confirman el fracaso del plan anunciado por el gobierno municipal. Las personas en espera de informe de entorno han pasado de 2.365 a 4.210, un incremento del 78%. Las valoraciones han crecido de 3.261 a 5.473, un 67,8% más.

El caso más preocupante es el de las revisiones de grado, que han pasado de 569 a 1.388 expedientes, con un aumento del 144%. Es decir, se han más que duplicado en solo dos años. “Lejos de reducir la lista de espera, el ‘plan de choque’ ha coincidido con un crecimiento sostenido del sistema en todos sus puntos críticos”, lamenta la portavoz valencianista. Por otro lado, la coalición denuncia que hay 1.074 niños y niñas en lista de espera, un 57% más que hace un año, con casos que acumulan retrasos desde 2023.

El equipo de gobierno ha respondido al análisis de Compromís acusando a la coalición de “crear confusión” con los datos. Según fuentes municipales, el presupuesto en Servicios Sociales con el Gobierno de María José Catalá creció hasta los 46.549.963 euros, un 14’1% más.

En el año 2025, insisten desde Servicios Sociales, el PP ha elevado los trabajadores esta cifra hasta los 566, es decir un 38% más de personal. También apuntan que con el gobierno de Compromís existía en el año 2021, 2.104 expedientes en Ayuda Domicilio, en el año 2025 las personas que se benefician son 4.355, un 100% de aumento. En dependencia, señalan, se hay en el sistema más de 35.000 personas, un 217% más que en 2021.

“Está judicializado. Te puedo decir sobre las ocho. Exacto, exacto, no lo sé. Porque sabes que llegamos, esperamos, sube, vamos...”. Son de las pocas palabras que ha pronunciado Ernesto Serra, el que fue chófer del entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón durante el 29 de octubre de 2024, en la comisión del Congreso que investiga la gestión política de la dana. El conductor, funcionario, ha respondido así al diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez, que le ha preguntado a qué hora recogió al presidente de la Generalitat para ir al Cecopi.

El funcionario ha rechazado responder a la mayoría de las preguntas parlamentarias, remitiendo a su declaración ante el juzgado de instrucción de Catarroja. “Ya cumplí mi obligación en la causa penal y me remito a esas declaraciones”, ha apuntado ante el Congreso. Visiblemente nervioso, el trabajador público ha rechazado haber recibido presiones para no declarar.

Las palabras del conductor, que ya apuntó estos datos en su declaración en Catarroja, son el enésimo testimonio que recalca que Mazón y su equipo mintieron durante meses sobre el paradero del president mientras se convocaba y desarrollaba el Cecopi. Su entorno cambió numerosas veces de testimonio: de tomar “un picoteo” en los alrededores del Palau a hacer acto de presidencia en l'Eliana a las 20.28 horas, casi cinco horas después de haber salido a comer. Mazón defendió durante meses que se había incorporado a la reunión del Centro de Emergencias de l'Eliana “pasadas las siete”.

La versión del conductor se ratifica también con los testimonios de los escoltas que estuvieron operativos el pasado 29 de octubre y un informe de la Generalitat Valenciana, que confirma que el conductor recibió a las 19.47 la orden de llevar al president al Cecopi de l'Eliana en una llamada telefónica de la secretaria del Palau. La jefa de prensa de Mazón también reconoció ante la jueza de la dana que la Generalitat aportó a los medios de comunicación versiones falsas, aunque apuntó que “nunca con intención de engañar”.

Según el acta de cotejo incorporada a la causa, inmediatamente después de que el chófer recibiera la llamada de la secretaria de Mazón —tras haber sido “requerido para llevar al president a l'Eliana”, según indica el acta de cotejo—, el conductor telefoneó a uno de los escoltas. El entonces jefe del Consell salió en su vehículo oficial del Palau hacia l'Eliana, acompañado por el asesor Josep Lanuza. Tras recoger a la jefa de prensa, Maite Gómez, en los alrededores del Palau (en la zona de las Torres de Serranos), se pusieron rumbo a l'Eliana. Por el camino, escucharon el Es Alert en el vehículo, para llegar a las 20.28 al centro de emergencias, según indicó la Generalitat.

Este mismo lunes, el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana ha confirmado su decisión de no investigar al expresidente por esta causa. Los magistrados reiteran que el anterior jefe del Consell no tenía una posición de garante porque la legislación no le atribuía específicamente un deber jurídico de actuación.

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, ha afirmado este lunes que a partir del 25 de mayo empezarán a resolverse con carácter “inmediato” las indemnizaciones a los familiares de las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024.

“Vamos a estar en todo momento pendientes de que no haya un solo retraso en ninguna” y los plazos “se van acortar”, ha asegurado Mérida en declaraciones a los periodistas antes de su comparecencia en la Comisión de Les Corts Valencianes sobre Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio para informar sobre las actuaciones realizadas para la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones.

Al respecto, el comisionado ha manifestado que la Generalitat Valenciana ha finalizado la primera fase del plan para la recuperación tras la dana e inicia la segunda, en la que se trabajará en el impulso de la reactivación económica y social de los municipios, para la creación de empleo y oportunidades, con la colaboración del Gobierno central.

“En estos momentos el 65 % de las iniciativas del Plan Endavant están ya activadas, con 223 acciones iniciadas (167 en ejecución y 56 completadas)”, ha afirmado el comisionado de la Generalitat para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, durante su comparecencia.

El PSPV ha denunciado este domingo el grave deterioro de la sanidad pública valenciana tras conocerse que cerca de 486.000 valencianos y valencianas se encuentran en lista de espera para ser atendidos por un especialista o someterse a una intervención quirúrgica, una cifra que evidencia, según los socialistas, “el colapso del sistema sanitario y la falta de gestión del Consell”.

Así se ha manifestado el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, durante la celebración del Día de la Rosa en Benaguasil, organizado por los socialistas del Camp de Túria, en el que ha participado junto a la secretaria general comarcal Amparo Navarro.

Mascarell ha señalado que “los datos son demoledores y confirman que la sanidad valenciana está hoy peor que hace un año, con más pacientes esperando y con demoras que se cronifican sin que el Consell dé soluciones reales”. El secretario de Organización del PSPV-PSOE ha lamentado que la sanidad pública valenciana esté hoy peor que hace un año y ha exigido la dimisión del conseller Marciano Gómez.

El dirigente socialista ha alertado especialmente del incremento de las listas de espera para consultas con especialistas, que superan ya las 434.000 personas, y ha subrayado que “este es el verdadero cuello de botella del sistema, porque sin diagnóstico no hay tratamiento y se pone en riesgo la detección precoz de enfermedades”.

En este sentido, ha criticado que, pese a la ligera reducción de la lista quirúrgica, casi un 32 % de los pacientes tenga que esperar más de seis meses para ser operado, “una cifra inasumible que sitúa a la Comunitat Valenciana entre las peores de España y demuestra que el Consell ha renunciado a garantizar tiempos dignos en la sanidad pública”.

Además, desde el PSPV han denunciado el aumento de las derivaciones a la sanidad privada, que se han incrementado un 49% en el último año, así como el fuerte aumento del presupuesto destinado a este fin. “El señor Marciano Gómez está utilizando el dinero de todos los valencianos para engordar el negocio de la sanidad privada en lugar de reforzar el sistema público”, ha afirmado Mascarell.

“El problema no es solo de gestión, es de modelo”, ha insistido, acusando al Consell de “dejar caer la sanidad pública para justificar su privatización progresiva”. En este sentido, ha apuntado a la falta de profesionales —con un déficit de al menos 720 especialistas— y a la reducción de la actividad extraordinaria en los hospitales como factores que agravan la situación.

“Lejos de ofrecer soluciones, el Consell está generando más incertidumbre y más retrasos”, ha lamentado. “La sanidad pública no puede seguir siendo la gran perjudicada de las decisiones ideológicas del Partido Popular”, ha concluido Mascarell.

La imagen del expresidente de la Generalitat y diputado del PP Carlos Mazón en la playa, a las 12 horas de un martes de abril laborable, ha generado una gran polémica sobre los horarios de los parlamentarios. Si bien en el momento en el que fue captado —el martes 21 de abril— no había ni pleno de las Corts ni la comisión de la que Mazón forma parte y que todavía no se ha convocado ni una sola vez esta legislatura, el hecho en sí genera controversia: ¿Cuál es el horario laboral de los diputados? ¿Cómo ha de organizarse su trabajo parlamentario?

Preguntados por los horarios de Mazón, que también tiene a su disposición la Oficina de expresidente en Alicante, en el Grupo Popular explicaron a elDiario.es que cada diputado “organiza su agenda” fuera de los horarios de las comisiones o de los plenos de la Cámara. La actividad parlamentaria, indicaron las fuentes consultadas, no va asociada a un trabajo presencial con un horario fijo.

La cuestión es que esa organización de la agenda apenas se hace pública, pese a que la ley de Transparencia y el Reglamento de las Corts marcan que se debe aportar esta información. El Parlamento autonómico sí informa a través del calendario parlamentario sobre las sesiones plenarias y las comisiones, también sobre la agenda de la Presidenta de las Corts Valencianes referente a recepciones o actividad institucional, como la entrega de las memorias de los organismos estatutarios. Al margen, a los medios de comunicación se les comunica cuándo se convoca la Mesa de las Corts o la Junta de Síndics —que no aparecen en la agenda parlamentaria pública—. Pero tanto la ley de Transparencia del año 2022 como el Reglamento de la Cámara marcan obligaciones concretas de los grupos parlamentarios y los diputados.

En concreto, en el artículo 111 del Reglamento, que regula el Portal de Transparencia, se establece que este debe contar con “Un apartado relativo a los diputados en el que se especifique la situación de cada uno de ellos y especialmente: régimen de protección social, declaración anual de rentas, régimen económico y de retribuciones, información presupuestaria de los grupos parlamentarios y su ejecución, acceso a la agenda, iniciativas, participación en debates y votos emitidos por los diputados, personal contratado por los grupos parlamentarios”. Este punto adapta una disposición adicional en la ley de Transparencia, que sigue en vigor, y señala que las Corts deben “facilitar la información relativa a los diputados y diputadas y a las personas que ocupen cargos o comisionados, incluyendo (..) la agenda”.

Lo cierto es que la Cámara ha sido muy laxa en esta cuestión. Las fichas de los diputados recogen sus intervenciones e iniciativas parlamentarias y las declaraciones de bienes, pero apenas aportan más información. Ni rastro de una agenda de los diputados. Los grupos sí informan a la prensa de algunas reuniones con colectivos o del registro de iniciativas, pero no hay una agenda pública de cada diputado, ni un espacio que refleje la actividad del grupo parlamentario. El reglamento de las Corts diferencia claramente la agenda de la Cámara de la de los parlamentarios, y marca esta información como un mínimo exigible.

Preguntados por esta cuestión, fuentes de los grupos parlamentarios parecen desconocerla. Desde Presidencia de la Cámara tampoco tienen claro el contenido exacto que debe publicarse, y señalan que desde Presidencia no se gestiona la página web de las Corts.

El reglamento remite a una instrucción de Presidencia sobre el portal. En el sitio web, las Corts señalan que “la organización administrativa que da soporte y actualiza la información activa requerida por las leyes de transparencia es la Oficina de Información”, según recoge el Portal de Transparencia. Según la instrucción de la Mesa que regula esta oficina, del año 2018, se integra por el letrado o letrada mayor, o por el letrado o letrada en quien delegue, y por la Comisión Técnica, que a su vez está formada por los responsables de servicio y unidades administrativas que gestionen materias relacionadas con el Portal de Transparencia, como informática, personal, gestión económica, asistencia técnica y mantenimiento o servicios jurídicos.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha denunciado hoy que el Consell de Pérez Llorca “no tiene como prioridad a los valencianos y valencianas, sino que aplica exactamente la misma hoja de ruta que firmó con Vox desde el primer día”. Morant ha recordado que Pérez Llorca fue el responsable de los pactos alcanzados por el PP y Vox “tanto el pacto de la Vergüenza al inicio de la legislatura como el pacto del Ventorro” que intentó proteger a Mazón en la presidencia.

Morant ha señalado que “cuando PP y Vox hablan de ‘prioridad nacional’, lo que en realidad están haciendo es consolidar un modelo que ya conocemos: privatizar la sanidad, recortar en la educación pública, dar la espalda a los docentes y utilizar la vivienda como un instrumento al servicio de los suyos”. En este sentido, ha sido especialmente contundente al afirmar que “la vivienda pública no puede convertirse en un botín que se reparte entre amigos, familiares o quienes tienen el carné del Partido Popular, mientras miles de familias siguen esperando una oportunidad”.

Además, ha advertido de la situación en el ámbito educativo: “Los profesores están al borde de una huelga permanente porque el conseller no les escucha, no atiende sus reivindicaciones y está deteriorando la educación pública día a día”. “Esa es la consecuencia directa de las prioridades de este Consell”, ha añadido.

“Estamos ante un gobierno que ha decidido beneficiar a unos pocos en lugar de garantizar derechos a la mayoría”, ha remarcado Morant, quien ha insistido en que “las verdaderas prioridades de los valencianos y valencianas son una vivienda accesible, una sanidad pública fuerte y una educación digna que respete a quienes la sostienen cada día”.

“Han dado la espalada al autogobierno”

En relación con la conmemoración del 25 d’Abril, Morant ha lamentado que el Consell de PP y Vox “haya decidido dar la espalda al autogobierno valenciano en una fecha clave para nuestra historia y nuestra identidad democrática”. “Hoy es el día de Les Corts Valencianes, la principal institución de representación del pueblo valenciano, y el Consell ha optado por no celebrarlo”, ha criticado.

La líder socialista ha recordado que “cuando los valencianos y valencianas pierden su voz, otros deciden por ellos” y ha advertido de que “eso es exactamente lo que está ocurriendo con un Consell que renuncia a defender los intereses propios para someterse a una agenda ajena”.

Finalmente, Morant ha reivindicado que “recuperar el autogobierno significa recuperar la capacidad de decidir sobre lo que importa: garantizar una vivienda digna, proteger la sanidad pública, cuidar a los docentes y defender los derechos de todos, sin importar de dónde vengan”.

Moros i Cristians

Morant que asiste desde este viernes a las fiestas de Moros i Cristians de Alcoi, ha puesto en valor “la identidad, la cultura y las tradiciones del pueblo valenciano”.

Morant ha señalado que “el 25 d’Abril es también un día para celebrar lo que somos como pueblo: nuestra lengua, nuestra forma de vivir y nuestra manera de entender la convivencia”. En este sentido, ha destacado que “una de las mejores formas de conocer la identidad de nuestros pueblos es vivirla en la calle, junto a los vecinos y vecinas”.

Asimismo, ha subrayado el carácter integrador de estas celebraciones y ha afirmado que “las fiestas de Moros i Cristians de Alcoy son un ejemplo de cómo podemos recordar nuestra historia desde la convivencia, la diversidad y la integración”. “Es una fiesta cada vez más inclusiva, que refleja la hermandad de un pueblo que suma y que construye una sociedad mejor entre todos”, ha añadido.

Finalmente, Morant ha destacado la importancia de “acompañar y poner en valor nuestras tradiciones desde las instituciones, estando presentes en nuestros pueblos y compartiendo con la ciudadanía aquello que nos une y nos identifica”.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha presentado una denuncia ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF) por presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Vaersa, dependiente de la Generalitat.

Los hechos se remontan al pasado 2 de febrero, cuando el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) publicó el nombramiento de una nueva subdirectora, Lucía Guirado. Según la documentación aportada por Compromís en la denuncia, este puesto de trabajo no constaba previamente en la estructura organizativa, ni en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ni en el organigrama público de la entidad.

Navarro señala que la actual estructura de Vaersa, que cuenta ahora con un director general y dos subdirecciones, entra en aparente contradicción con el artículo 21 de los propios estatutos de la sociedad. “La normativa interna de la empresa establece claramente que el Consejo de Administración puede designar un director o directora y un subdirector o subdirectora, en singular”, ha explicado la diputada.

La denuncia pone el foco en la naturaleza del puesto. La persona elegida, señalan desde la formación valencianista, es una periodista que trabajaba para el Partido Popular en la localidad de Quart de Poblet y que ahora, “supuestamente, tendría que realizar funciones en el área de comunicación de la empresa pública”. Un perfil que, según Compromís, tendría que corresponder a un puesto técnico-estructural, pero que usan para “liberar” a esta periodista que trabajaba para el partido.

“Estamos ante un posible subterfugio para evitar los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público. Al calificar el puesto como alta dirección, la entidad está evitando el proceso de concurrencia pública y de concurso que sería exigible para funciones de carácter técnico. Es más, parece también un subterfugio para que este cargo continúe haciendo tareas para el PP, pero ahora pagándole el sueldo todos los valencianos y valencianas a través de Vaersa”, ha declarado Navarro.

En su denuncia, Compromís insta a la Agencia Antifraude a iniciar una investigación para esclarecer si la creación de esta segunda subdirección tiene cobertura legal; a que analice si las funciones de comunicación asignadas justifican realmente la clasificación de alta dirección; y a que verifique la existencia de los informes preceptivos de Función Pública e Intervención sobre la masa salarial.

“Con el PP en el Gobierno, lamentablemente, siempre se producen las mismas dinámicas. No podemos permitir que se utilicen las empresas públicas para realizar contrataciones discrecionales, saltándose las reglas que nos hemos dado para garantizar la integridad de la administración pública”, ha concluido la diputada.

La Presidencia de las Corts Valencianes, que ostenta Vox con el apoyo del PP, pasa por segundo año consecutivo de celebrar el 25 d'abril, que conmemora la derrota de las fuerzas austriacista frente a las borbónicas en la Batalla d'Almansa. La derecha y la ultraderecha ignoran la celebración del acontecimiento histórico, uno de los pilares de la identidad valenciana moderna y seña del autogobierno, que además recuerda que, tras la batalla, las fuerzas vencedoras arrasaron municipios como Xàtiva, Crevillent o Vila-real, y supuso grandes perjuicios como saqueos y represión a otros como Dénia, Alicante y Orihuela. Felipe V derogó posteriormente los fueros del Reino de Valencia.

En 2025, Vox decidio ignorar la efeméride como consecuencia de la dana. Este año, fuentes de la Presidencia de la Cámara apuntaron a Europa Press que no habrá acto de celebración porque “en estos momentos de tanta inestabilidad política e institucional, el deber de esta Presidencia es buscar la unidad de todos los valencianos, alicantinos y castellonenses, aquellos a los que este parlamento representa”. El portavoz del PP, Fernando Pastor, fue más allá y consideró que el día de los valencianos es el 9 de octubre, zanjando el tema, ante las fuertes críticas de la oposición.

El historiador Vicent Baydal explica por qué los valencianos celebran una derrota. “En la contemporaneidad, los valencianos conmemoramos el 25 de abril para reivindicar nuestro autogobierno histórico. Del mismo modo que también celebramos el 9 de octubre de 1238 porque fue el inicio del Reino de València, conmemoramos el final de un estado medieval y moderno que se alargó durante medio milenio, de 1238 a 1707”, apunta el historiador. Baydal recuerda que, igual que se recuperó la celebración del Nou d'Octubre en el siglo XX, en el marco de la reivindicación de la España plural y federal, se recuperó la conmemoración de la Batalla d'Almansa.

“Celebramos el 25 de abril precisamente porque fue la fecha en que cayó la ciudad de València, se quemó Xàtiva, y finalmente, el 29 de junio de 1707, Felipe V de Borbón puso fin al Reino de València que había durado cinco siglos. Y por tanto, hacer memoria, hoy en día es hacer memoria de esto autogobierno histórico, que de hecho es la razón de ser del autogobierno actual de los valencianos”. “Es una forma de recordar simbólicamente por qué tenemos una identidad colectiva”, recalca el experto.

La fecha no es solo un símbolo histórico. También ha pasado al imaginario colectivo popular, con expresiones como “Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança”, porque, señala el historiador, recoge fielmente lo que sucedió: de la abolición de los Fueros, las Corts, la Generalitat y el reino; también el derecho público y privado, algo que todavía hoy reclaman insistentemente focos de la sociedad civil como la Asociación Juristes Valencians, que impulsa una reforma constitucional para recuperar el derecho civil propio. “De pronto se destruye a sangre y fuego”, narra Baydal, que relata como confrontan dos modelos de Estado en esa batalla: “la uniformidad de base castellana y el pluricentralismo y federalización de una base territorial, pluricultural y plurihistórica de los territorios que conforman el Estado español”.

El historiador considera que evitar la celebración “no es solo un desprecio a los pueblos asediados, es un desprecio al pueblo valenciano”. “Lo que está pasando es extremadamente grave: las mismas instituciones que tienen autogobierno están renunciando a las razones por las que lo tienen”, recalca, considerando que es un ataque al Estado autonómico e incluso a la Constitución.

A poco más de un año de las próximas elecciones autonómicas y municipales, empiezan a producirse acercamientos de cara a intentar formar una candidatura unitaria en la izquierda valenciana. Referentes como el exalcalde de València de Compromís, Joan Ribó, ya advirtieron de la necesidad de unir fuerzas de cara a derrotar a la derecha en las urnas, y la exvicepresidenta de la Generalitat y próxima candidata a la alcaldía de la capital, Mónica Oltra, también se ha manifestado en este sentido e incluso ha participado esta misma semana en un acto junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de Sumar.

En los últimos días se han producido encuentros entre representantes de Podem y Esquerra Republicana en la Comunitat Valenciana, mientras que Sumar ha hecho público su deseo de conseguir un acuerdo para plantear una amplia confluencia que incluya también a Compromís y Esquerra Unida, las dos principales formaciones a la izquierda del PSPV.

En un escrito firmado por Xavier López i Carmen Padilla, coordinadores del Moviment Sumar País Valencia, se dirigen a Compromís, EUPV, Podem y Esquerra Republicana y hacen un llamamiento a las fuerzas progresistas valenciana para “caminar juntas, con generosidad, inteligencia y sentido de país” porque “no podemos permitirnos la fragmentación”. En este sentido, sentencian que ante quienes quieren “retroceder en derechos” deben “responder con más unidad”, y ante quien busca dividirlos, “debemos encontrarnos en la calle y las instituciones”.

En este sentido, invitan a Compromís, Esquerra Unida, Podem y Esquerra Republicana a compartir pancarta y lema en la manifestación del Primero de Mayo: “Que nadie vea siglas separadas allí donde la sociedad necesita esperanza compartida”. “El Primero de Mayo debe ser una imagen nítida de futuro: la de las fuerzas de izquierda plurales valencianas unidas con valentía y capaz de defender lo conquistado, así como de impulsar aquello que todavía queda por conquistar”.

A ello se suma que las direcciones de Podem y Esquerra Republicana se han reunido este mismo viernes en València para analizar la actualidad política valenciana, con especial preocupación en la situación de la Generalitat, “con un PP entregado a la extrema derecha y las graves consecuencias que eso provoca en la ciudadanía”. Han abordado problemas como la vivienda y la turistificación, los recortes en políticas públicas como sanidad, educación o servicios sociales o el “ataque a la lengua”.

Ambas formaciones consideran necesario y “urgente” acordar un espacio de “reflexión y conversación” entre las fuerzas políticas de la izquierda “transformadora” valenciana para sumar esfuerzos y plantar cara a las políticas de derechas que “lastran el futuro de las clases populares” de la Comunitat Valenciana.

Los portavoces de ERPV, Domènec Garcia, y Podem, Mari Tere Pérez, han acordado mantener un “contacto fluido” que cree las bases de una colaboración futura que trabaje “para mejorar las condiciones de vida de los valencianos y valencianas, y esperamos que, cuanto antes, se puedan sumar el resto de actores políticos de la izquierda transformadora del País Valencia”.

Mónica Oltra activa la maquinaria para ganar la alcaldía de València. La exvicepresidenta del Consell moviliza a su núcleo duro en la vicepresidencia de la Generalitat para aterrizar su propuesta política, con la que el espacio de la izquierda plural pretende volver al gobierno de las grandes ciudades.

La política, que será cabeza de lista con Compromís y busca articular una candidatura conjunta, comienza a protagonizar actos y reuniones acompañada del equipo que configuró en la vicepresidencia y conselleria de Igualdad y Servicios Sociales, una quinta que se mantiene a su lado desde que fuera elegida número dos del Consell del Botànic, incluso tiempo atrás. Su núcleo duro se reactiva: su exjefe de gabinete, Miquel Real, el diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, o la exconcejala en València Pilar Soriano están entre los estrategas que apoyan a la dirigente, además de otras trabajadoras que formaron su equipo en la conselleria de Servicios Sociales. Son también quienes la han acompañado y arropado en todo el proceso judicial, aún pendiente de conclusión; personas de su máxima confianza.

Este equipo está configurando poco a poco el aterrizaje de la exvicepresidenta en la política local e irá ampliando los cuadros. No se trata de una cuestión cerrada, apuntan fuentes de su entorno, que prevén ensanchar el grupo de trabajo tanto en la coalición como de manera sectorializada. Por lo pronto, ya se está trabajando con el grupo municipal Compromís, en reuniones como la de este jueves en Orriols. La idea es hacer una campaña puerta a puerta, muy centrada en los barrios, de la mano de los movimientos sociales. Hablar de cultura, de los barrios, de los problemas de la ciudad. En las últimas semanas ha habido un aluvión de llamadas e interés en colaborar de forma voluntaria en su proyecto, contactos de personas ajenas a los partidos, explican las mismas fuentes. Los pilares del discurso los ha ido deslizando ya en sus intervenciones: limitación de los grandes patrimonios, una postura marcadamente antibelicista, la vivienda como pilar del resto de derechos, políticas que “faciliten la vida de la gente”.

Oltra es un artefacto político en sí mismo. Los distintos espacios de la izquierda, partidos o movimientos sociales, aplauden su paso adelante en la capital valenciana. Es un agente capaz de movilizar a quienes dudan entre votar o no votar en unas elecciones municipales, considerada un animal político y con gran capacidad comunicativa. Con estos mimbres, la exvicepresidenta del Consell podrá construir una candidatura unitaria de la izquierda plural encabezada por la marca Compromís. Y este potencial es el que se pretende aprovechar para marcar la línea más allá de la ciudad de València. A falta de concretar los mecanismos electorales, la vocación es que los pactos se adapten en las grandes ciudades del País Valenciano.

Aunque la exdirigente quiere limitar su agenda a la ciudad de València, se mantendrán los lazos con otras formaciones. Se trabaja en la posibilidad de un acto conjunto con Gabriel Rufián, que lleva meses llamando a una alianza de las izquierdas transformadoras, e incluso hay acercamiento de formaciones municipalistas y algún exmiembro del PSOE. Sus estrategas no quieren una agenda repleta de visitas o un mitin clásico, sino actos “con contenido”, que sirvan para trasladar mensajes claros.

Hasta la fecha, desde que comunicara su regreso el 28 de marzo, la candidata Oltra ha participado en dos actos y una entrevista. Se trata de intervenciones meditadas, en las que es arropada por dirigentes de otras formaciones de izquierda, como Esquerra Unida, Sumar, Podemos y su propia coalición. El primero, el encuentro sobre lawfare organizado por la primera dama de Brasil, Janja da Silva, junto a la ministra Sira Rego (Izquierda Unida) y la eurodiputada Irene Montero (Podemos). El segundo, una reunión este jueves organizada por el ministerio de Derechos Sociales, que lidera Pablo Bustinduy (Sumar), con colectivos sociales en Orriols, para abordar iniciativas sobre el derecho a la vivienda.

Ambos encuentros han generado gran expectación mediática y popular. Este jueves, la exdirigente era recibida con cariño por los vecinos de Orriols, uno de los barrios más humildes de València, que ya han comenzado a trasladarle peticiones. Al concluir la reunión, Oltra señalaba: “La verdad es que hay mucho cariño, yo lo noto, hay mucho cariño y hay fuerza también. Esa fuerza y ese cariño nos tiene que poner en pie y nos tiene que hacer caminar. Ese cariño es lo que me ha sostenido”. Y aquí está, dispuesta a dar la batalla por recuperar la alcaldía.

La futura candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, se muestra convencida de que habrá una candidatura unitaria de la izquierda plural. La exvicepresidenta del Consell ha participado en un encuentro con el ministro de Derechos Sociales y representante de Sumar, Pablo Bustinduy, su segundo acto público desde que manifestara su deseo de concurrir a las municipales.

Preguntada por si ve posible un pacto con formaciones “a la izquierda del PSOE”, Oltra ha afirmado: “A mí no me gusta definirme con respecto a otro partido, pero yo creo que va a haber un pacto de todas las fuerzas políticas que queremos que realmente esto cambie, y que queremos que la gente pueda tener una vida digna, y que queremos que las políticas faciliten la vida de la gente”.

La exdirigente, que ha sido recibida con entusiasmo por los vecinos de Orriols, en un encuentro para conocer proyectos sociales del barrio, ha recalcado que el cariño que ha recibido estos años al margen de la primera línea política la ha mantenido en pie.

El ministro de Sumar ha expresado “la ilusión y alegría” que ha sentido en las últimas semanas “gente de todo signo y condición” por que la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra haya decidido dar el paso de regresar a la política activa.

“Hay muchísima buena gente en todo el país que ha sentido en estas últimas semanas una profunda alegría y una sensación de justicia. Y desde luego, para mí es un honor poder expresarle hoy en persona parte de esa alegría y el compromiso de muchísima gente de hacer lo que sea necesario para ayudar a que València tenga en ella una alcaldesa que vuelva a poner el interés de los vecinos y las vecinas por delante”, ha detallado el responsable de Derechos Sociales.

El PSPV ha pedido este martes en las Corts Valencianes conocer el expediente completo de contratación de “la campaña de autobombo” que Pérez Llorca y la Generalitat han puesto en marcha en la Comunitat Valenciana. Así lo anunciado este martes el sindic socialista Jose Muñoz en la rueda de prensa posterior a la junta de sindics durante la que ha detallado que solicitan a la Generalitat que haga públicos los contratos de esta campaña institucional “para conocer cuánto nos ha costado a los valencianos y valencianas la campaña de autobombo para dar a conocer a Pérez Llorca para quien su única preocupación es ser el futuro candidato del PP a la Generalitat”.

En este sentido, el portavoz socialista ha afirmado que el Partido Popular “gasta nuestros impuestos en campañas publicitarias y no en reforzar el Estado de Bienestar” y ha subrayado que “ese dinero de autobombo tendría que ir a mejorar la educación, la sanidad, los servicios sociales y la vivienda pública”.

Además, ha advertido que “la difusa línea entre lo público y lo privado que está practicando el PP nos recuerda a épocas como la Gürtel que todos sabemos cómo acabó” y ha detallado que “estamos ante una campaña que va contra la ley de publicidad institucional, concretamente contra los artículos 2 y 7 de la norma”.

La plataforma Docents en Lluita ha elaborado un informe en el que analiza al detalle el impacto de la falta de ejecución presupuestaria que está “dejando fuera” del sistema público a mucho alumnado. Según denuncian, la política educativa del Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca está configurando un proceso de “deterioro progresivo de la educación pública que no responde a una falta de recursos, sino a decisiones concretas de planificación”.

Tal y como explican desde el colectivo, la Conselleria ha avanzado en la elaboración de los horarios en el mes de abril, “obligando a los centros a organizar el curso sin datos reales del alumnado, lo que impide ajustar grupos y plantillas”. Esta planificación “a ciegas”, lamentan, se traduce en menos unidades, aumento de ratios y pérdida de capacidad de atención, “especialmente para el alumnado más vulnerable”.

Esta situación, sostienen, se ve agravada por la no creación y la eliminación de líneas en centros públicos sin que existan “criterios transparentes, incluso en casos con demanda suficiente”. El resultado, prosiguen, es una reducción de la oferta pública que incrementa la masificación de las aulas y desplaza a parte del alumnado “hacia la educación concertada y privada”.

A diferencia del modelo anterior, cuando la planificación “se realizaba en junio y con fechas más ajustadas”, el sistema actual “limita” la capacidad de adaptación de los centros. Esta falta de flexibilidad, apuntan, contrasta con la existencia de fondos europeos disponibles que “no se están utilizando para reforzar el sistema”.

“En conjunto, entre un 60 y un 70% de los fondos europeos están sin ejecutar”, alertan, y añaden que no se trata de un problema de inversión, “sino de una falta de ejecución de los recursos disponibles”, una situación que se ve reflejada en plantillas “incompletas” y en la no creación de los grupos necesarios.

El caso de la FP, “especialmente relevante”

Docents en Lluita califica el caso de la Formación Profesional (FP) como “especialmente relevante” ya que, pese a estar financiada en gran parte por fondos europeos, “únicamente se está ejecutando un 32% de los recursos disponibles”. Esto se traduce en menos grupos, menos plazas, menor orientación educativa y una reducción de la oferta de FP dual, mientras “aumentan” las listas de espera. Como consecuencia, sentencian, “muchos jóvenes quedan fuera de la oferta pública y se ven abocados a opciones privadas”.

Estas decisiones se están produciendo, además, en un contexto de bloqueo de las negociaciones con la Conselleria de Educación. Desde el principio de curso, los trabajadores vienen denunciando la falta de diálogo y la ausencia de respuesta por parte de la Administración en la mesa de negociación. Hasta ahora, “no se han ofrecido explicaciones claras ni garantías de cambio en la política educativa”.

El resultado, reseñan, es un proceso “sostenido de debilitación de la educación pública en base a una doble dinámica: infrafinanciación e infraejecución”. Es decir, “no solo existe una falta de recursos estructurales, sino que los disponibles tampoco se están utilizando”, lo que se traduce en plantillas incompletas, grupos que no se crean y líneas educativas que desaparecen, mientras hay financiación europea sin ejecutar.

“Lejos de ser un efecto accidental, esta dinámica responde a una planificación que, pese a disponer de recursos, no se utiliza y contribuye al debilitamiento progresivo de la educación pública”.

La contradicción resulta “evidente” para este colectivo: “Mientras se defiende la necesidad de contener el gasto, se dejan recursos disponibles sin utilizar”. Este hecho, aseguran, “cuestiona el relato del exceso de gasto y apunta a decisiones que contribuyen activamente al deterioro del sistema público de educación”.

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis de la dana, la socialista Carmen Martínez, ha expulsado este lunes de la sesión al portavoz del PP en dicho órgano, César Sánchez, tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular.

Cuando el diputado popular ha comenzado a interrogar al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, que comparecía este lunes, han sido varias las ocasiones que la presidenta de la comisión ha llamado la atención a Sánchez y a otros diputados presentes en la sala por el tenso debate que su testimonio ha generado.

Presidencia “sectaria”

Pero la tercera vez que lo ha hecho, y que ha derivado en su expulsión de la comisión, ha sido durante el turno del diputado popular, que ha iniciado su intervención acusando a la presidenta de la misma de actuar “de manera discrecional y sectaria” con el formato pregunta respuesta.

Frente a esto, Martínez ha procedido a leerle el Reglamento y a informarle de que si tiene alguna queja sobre su forma de ejercer la Presidencia, remita el correspondiente escrito para que la Mesa lo valore.

El diputado del PP ha replicado que “nadie cuestiona el Reglamento” y ambos se han enzarzado en una discusión que ha acabado con la advertencia de la presidenta de que ya le había llamado al orden por segunda vez y que si lo hacía una tercera, tendría que abandonar la sala.

“Le están intentando poner nervioso”

Y así ha sido unos minutos más tarde cuando durante el interrogatorio tanto el diputado del PP como el compareciente se han enzarzado en diversas discusiones que han acabado con la presidenta de la comisión pidiendo a Sánchez que dejara hablar al ponente y que no le replicara a ella, e informando al compareciente de que estaban intentando ponerle nervioso y que ella le daría amparo. Cuando Martínez le ha advertido de que si le volvía a llamar al orden tendría que abandonar la sala, Sánchez le ha respondido: “¿Le parece que quiero estar aquí?”

Ante el caso omiso del parlamentario popular, le ha acabado expulsado de la Sala Prim, donde se están celebrando las distintas sesiones de la comisión de investigación sobre las inundaciones de la dana.