La Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP), organización que agrupa a diez entidades del ámbito local —entre ellas el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB)—, ha iniciado un calendario de movilizaciones frente a la Generalitat Valenciana. Más de un centenar de delegados sindicales del colectivo de policía local, bomberos, bomberos forestales y personal municipal se han concentrado ante las puertas de la Dirección General de Administración Local, junto al Palau de la Generalitat, para denunciar la “exclusión sistemática” a la que se ven sometidos por parte de la administración autonómica.

La organización sindical, que se sitúa como tercera fuerza con mayor representación en el ámbito local valenciano por detrás de UGT y CCOO, acusa directamente al director general de Administración Local, José Antonio Redorat. Según sostienen los portavoces de la FESEP, la actitud del departamento que dirige Redorat supone una “clara connivencia con los sindicatos del sistema” que impide el ejercicio legítimo de la representación obtenida en las urnas.

El conflicto se remonta a la creación en 2023 de la Mesa de la Administración Local (MGALCV), cuyo reglamento de funcionamiento quedó aprobado en 2024. Tras la finalización del anterior ciclo electoral a finales de 2023, la FESEP solicitó formalmente su incorporación a este órgano. En febrero de 2025, la propia Dirección General reconoció mediante resolución el derecho del sindicato a formar parte de la mesa, aunque postergó su entrada efectiva a la renovación de cargos prevista para el año 2026.

Pese a reiterar la solicitud de ingreso en enero de 2026 en cumplimiento de los plazos reglamentarios, el colectivo no ha recibido respuesta formal ni convocatoria alguna. La paralización del procedimiento ha llevado a la FESEP a requerir copia de los acuerdos, actas y convocatorias aprobadas desde la fundación de la mesa, con el fin de auditar la actividad de este foro. La central sindical recuerda que el mantenimiento de las dispensas de personal sindical vinculadas a las distintas mesas autonómicas genera un coste superior a los 1,25 millones de euros a las arcas públicas.

Ante la ausencia de explicaciones por parte de la conselleria, la FESEP ha anunciado el inicio de medidas legales contra la Dirección General de Administración Local por vulneración de las reglas esenciales del estado de derecho y del principio de libertad sindical.

Los representantes del colectivo han advertido de que la concentración en el Palau constituye únicamente el punto de partida de una serie de protestas que se prolongarán durante los próximos meses. El objetivo de estas acciones pasa por garantizar que la representación otorgada por los empleados públicos independientes sea escuchada “en igualdad con otras organizaciones sindicales”, sin vetos ni marginación institucional.

La política es una profesión con elevado grado de incertidumbre, pero los cambios que ha vivido el Gobierno valenciano del PP en tan solo tres años son algo inaudito. Lo promocionaron a bombo y platillo como un gobierno estable, “el gobierno de los mejores”, pero apenas quedan supervivientes políticos de aquellos que juraron el cargo en julio de 2023 junto a Carlos Mazón. El líder popular formó un Ejecutivo con 9 titulares: Susana Camarero, Vicente Barrera, Ruth Merino, José Luis Aguirre, José Antonio Rovira, Elisa Núñez, Salomé Pradas, Nuria Montes y Marciano Gómez. De ellos, solo tres siguen en el gobierno y solo queda uno con sus competencias intactas: Marciano Gómez, el conseller de Sanidad, quién ya formó parte del gobierno valenciano con Eduardo Zaplana. Pese al cuestionamiento de su trabajo -listas de espera, derivaciones a la sanidad privada, los negocios de su familia y las denuncias por falta de transparencia en los datos públicos- es el único conseller que no ha sufrido una crisis de gobierno.

La remodelación de Juanfran Pérez Llorca acometida este jueves da a luz al sexto Ejecutivo valenciano del PP esta legislatura, que ha ido subiendo y bajando los consellers cada año. Pérez Llorca ha unificado las consellerias de Justicia y Servicios Sociales tras el cese de Elena Albalat, que pasa a encabezar las listas al Congreso del PP de Castellón para el próximo 29N. Albalat no ha estado ni un año en el cargo: fue nombrada tras la investidura del actual president, en diciembre de 2025, aunque ya había sido secretaria autonómica del ramo bajo el mando de Susana Camarero. Según la reestructuración acometida y publicada este jueves en el DOGV, las competencias de Servicios Sociales pasan a la conselleria de Justicia, que dirige Núria Martínez.

Todo apunta que esta remodelación no será la última de la legislatura. Si la actual vicepresidenta primera, Susana Camarero, también titular de Vivienda e Igualdad, es finalmente senadora, deberá dejar la Generalitat Valenciana. El PP ha escogido a la número dos del Consell y ex responsable de Servicios Sociales como cabeza de lista para el Senado por la circunscripción de Valencia, en unas listas que comparte con el exconseller de Agricultura de Vox, José Luis Aguirre. Ambos tienen en común ser uno de esos rostros que formaron el Consell de Mazón, aunque Camarero está entre las más veteranas. Aguirre fue cesado en julio de 2024 como consecuencia de la ruptura de Vox con el PP, junto a Vicente Barrera —vicepresidente segundo y conseller de Cultura— y Elisa Núñez —consellera de Justicia e Interior, con competencia en Emergencias—.

Fruto de esta ruptura, marcada por los de Santiago Abascal en toda España, llegó la primera remodelación del Consell. A las 12 horas de la crisis, Mazón nombró un nuevo Ejecutivo: las competencias en Emergencias y Justicia pasaron a Salomé Pradas, que hasta la fecha se había encargado de Medio Ambiente, y tres meses después gestionó la dana, cuya acción está todavía bajo instrucción judicial y tanto ella como su secretario autonómico, Emilio Argüeso (ex número dos de Servicios Sociales) se encuentran investigados. En esa remodelación se elevó a Vicente Martínez Mus, hasta entonces director general de Costas, como conseller de Medio Ambiente, y al portavoz del PP, Miguel Barrachina, como titular de Agricultura.

Tras la dana se produjo el cese fulminante de la entonces consellera de Turismo, Núria Montes, quien negó a los familiares de las víctimas asistir al recinto habilitado para la inspección de los cadáveres. También el de Salomé Pradas, que ahora ejerce la abogacía. A Montes la sustituyó Marian Cano, que actualmente sigue en el cargo y se incorporó al Ejecutivo el militar retirado Francisco José Gan Pampols, en una vicepresidencia creada para la reconstrucción, sin estructura propia. Ruth Merino dejó de ser portavoz y quedó solo con las competencias en Hacienda, y la responsabilidad de ser la voz del Consell pasó a Susana Camarero. La conselleria de Pradas se dividió en dos departamentos: Justicia y Emergencias. Para el primero se incorporó Nuria Martínez; para el segundo, Juan Carlos Valderrama, ambos con la misma responsabilidad dos años después.

En noviembre de 2025, pocos días antes de dimitir, Mazón acometió otra reestructuración: cesó en el cargo Francisco José Gan Pampols, quien aseguró que su tarea consistía en pilotar la reconstrucción tras la dana. El presidente de la Generalitat dimitiría unas semanas después tras meses de presión popular y de un visible rechazo en el funeral de Estado. Su marcha sacudió el PP, que tuvo que afanarse en encontrar un relevo. A principios de diciembre, Juanfran Pérez Llorca, hasta entonces portavoz del PP en las Corts (en sustitución de Miguel Barrachina), tomó posesión del cargo.

Pérez Llorca compuso su Ejecutivo en diciembre con tres incorporaciones: José Díez como conseller de Presidencia, departamento de nueva creación; Mari Carmen Ortí para Educación y Elena Albalat para Servicios Sociales. Ortí relevó a José Antonio Rovira en esta cartera, y el cuestionado titular de Educación pasó a ocupar la conselleria de Hacienda y Empleo. Merino, hasta entonces en Hacienda, salió del Ejecutivo y volvió a entrar a los 15 días como secretaria autonómica de Relaciones con la Unión Europea. El titular de Sanidad, Marciano Gómez, no ha visto alteradas sus competencias en estos tres años.

Dos años después de la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre de 2024, las infraestructuras educativas de las comarcas más golpeadas por las inundaciones continúan en una situación crítica. El portavoz de Educación de Compromís en las Corts, Gerard Fullana; la portavoz de la coalición valencianista en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno; y la presidenta de Fampa-València, Elisabet Garcia, han denunciado “el estado deplorable” en el que se encuentran los colegios e institutos afectados.

Las cifras presentadas por la coalición valencianista, elaboradas a partir de la liquidación oficial del presupuesto autonómico actualizada a 1 de septiembre de 2026, reflejan un nivel de ejecución mínimo. De los 72,29 millones de euros previstos para la reconstrucción o edificación desde cero de los siete centros más castigados, la Generalitat solo ha ejecutado 1,4 millones de euros. Esta cantidad representa un 1,9% del coste total de las inversiones necesarias.

Según los datos facilitados por Compromís, cerca de 4.000 alumnos reciben clases en barracones o se encuentran repartidos en instalaciones provisionales a la espera de una respuesta definitiva. “Han pasado dos años y, de los siete centros educativos devastados por la dana que hay que construir de nuevo o someter a una rehabilitación integral, todavía no se ha tramitado ni la licitación de las obras. Esto se traduce en que unos 4.000 alumnos continúan en barracones por la inacción de la Generalitat del PP”, ha aseverado Gerard Fullana. El diputado ha añadido que no existen “planos de los edificios tramitados ni un horizonte de construcción a medio plazo”.

La nómina de infraestructuras paralizadas abarca el IES Berenguer Dalmau de Catarroja (con un presupuesto de 18,9 millones de euros y un 2% ejecutado), el IES Alameda de Utiel (14,1 millones y un 0% de ejecución), el CEIP Número 2 de Massanassa (12,2 millones y un 0,2% ejecutado) y el CEIP Orba de Alfafar (9,1 millones y un 10,5% ejecutado). La lista se completa con el CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Alginet (7,9 millones y un 0%), el Conservatorio Profesional de Música de Utiel (4,9 millones y un 0%) y el CEIP Carme Miquel de Algemesí (4,8 millones de euros y un 0,9% de ejecución).

Sobrecarga para municipios y familias

Por su parte, Gimeno ha puesto el foco en la carga económica indirecta que esta demora genera sobre la administración local. “No es suficiente con que la Conselleria de Educación no avance en la construcción de centros educativos afectados por la catástrofe de hace dos años, sino que también estamos pagando su desidia institucional porque los ayuntamientos y las asociaciones de familias están asumiendo reparaciones y mejoras que corresponderían a la Generalitat”, ha declarado la diputada provincial de Compromís, quien se ha referido explícitamente a casos detectados en municipios como Catarroja, Paiporta y Picanya.

En esa misma línea, un estudio hecho público este mes de octubre por Fampa-València entre sus 645 asociaciones revela que el 67% de los centros educativos de la provincia padece deficiencias en sus infraestructuras. Elisabet Garcia, presidenta de la entidad, ha subrayado el agotamiento de la comunidad escolar: “Las aulas prefabricadas pueden ser una solución provisional, pero no pueden convertirse en una respuesta indefinida. El mejor homenaje a todas las personas afectadas es construir un futuro más seguro”. Garcia ha manifestado que el esfuerzo del profesorado y los equipos directivos “ha sido imprescindible, pero no puede sustituir las obligaciones de las administraciones”.

Además de la baja ejecución, Compromís advierte sobre un recorte en la planificación financiera. De acuerdo con el análisis de la coalición, el presupuesto autonómico aprobado tan solo autoriza un gasto de 13,9 millones de euros para estas obras, lejos de los 72,29 millones requeridos. Apuntan asimismo que los ajustes aprobados entre 2025 y julio de 2026 han reducido la consignación inicial en 9,1 millones de euros, al tiempo que advierten que el retraso en los trámites durante el año 2025 impidió recurrir a la vía de urgencia administrativa para la licitación de los proyectos.

La cabeza de lista al Congreso del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, y el cabeza de lisa al Senado, Juan Antonio Sagredo, han presentado esta mañana la campaña con la que recorrerán cada rincón de la provincia de València para “levantar la fuerza que necesitamos para hacerle frente a la derecha y su deseo de silenciarnos y cercenar nuestros derechos”.

“El PP se pliega muy rápido a Vox. Ya lo hizo en la Comunitat Valenciana con el pacto de la servilleta y esos pactos no salen nunca gratis. No salió gratis aquí cuando Catalá se esfuerza en recordar su añoranza del franquismo, o cuando retiró las banderas LGTBI y las comparó con enfermedades. No nos sale gratis cuando venden nuestra ciudad a trozos o cuando cambian leyes para eliminar derechos, cuando borran las viviendas de protección pública o cuando viene el hijo de Aznar a hacer negocio con viviendas que deberían ser públicas. Tampoco sale gratis para las mujeres cuando Feijóo anuncia que se quiere cargar el Ministerio de Igualdad o que quiere quitarnos a las mujeres nuestro derecho a decidir con nuestro cuerpo”, ha manifestado.

Así, frente al “odio” que desprende la derecha y la ultraderecha, “porque ya no hay diferencia entre ellos”, la candidata socialista ha apostado por “la fuerza de la gente y la fuerza del amor” que van a desplegar los socialistas por toda la provincia en la campaña para las elecciones generales. Bernabé ha presentado la “pilareta”, la cámper con la que los socialistas recorrerán cada pueblo y cada rincón de la provincia para que València y España puedan seguir avanzando de la mano de los socialistas.

La candidata socialista ha explicado que el concepto de la pilareta tiene su origen en la compañía de teatro La Barraca de García Lorca que llevaba la cultura a todos los pueblos y barrios de España. Lo hizo, ha explicado, en el parque de los Viveros de València donde también ha dado inicio la campaña de los socialistas. “En Viveros se montó el escenario de la Barraca y con esa inspiración, los socialistas queremos llegar a todos los pueblos. Con ella, vamos a montar nuestro pequeño espacio para levantar esa fuerza que necesitamos para hacerle frente a la derecha, a su odio y a su deseo de silenciarnos. Esa es nuestra inspiración y estamos seguros de que triunfará el amor frente al odio que desprende siempre la derecha. No nos vamos a dejar ni un barrio ni ningún pueblo”, ha continuado.

Por su parte, Sagredo ha defendido el lema de campaña de los socialistas. “Estoy encantado de nuestro mensaje porque venimos de una legislatura en la que el PP ha convertido el Congreso y el Senado en un despropósito absoluto. Los socialistas nos sentimos cómodos contraponiendo el amor con su campaña de odio. Tenemos un programa donde explicamos todo lo que se ha hecho y todo lo que proponemos para seguir avanzando y lo importante es combatir su campaña del odio contra el amor. Nosotros sabemos que siempre triunfa el amor”, ha finalizado.

Este jueves se cumplen dos años de la dana del 29 de octubre de 2024, la tragedia que costó la vida a 233 personas en la Comunitat Valenciana y que puso en evidencia las deficiencias en la gestión de las emergencias y la protección de los trabajadores. En vísperas del aniversario, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general del sindicato en el País Valencià, Ana García Alcolea, reclaman reforzar los protocolos ante fenómenos climáticos extremos. “No se puede actuar con ese grado de impunidad”, advierte Sordo sobre la decisión de la Generalitat de levantar las sanciones a empresas que pusieron en riesgo a sus trabajadores durante la barrancada y que ahora investiga un juzgado. Ambos sindicalistas insisten en que la prevención debe ser prioritaria para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse.

¿Qué deben hacer las empresas para proteger a sus trabajadores ante episodios de emergencia climática como la dana del 29 de octubre de 2024 o la Adam, la semana pasada?

Ana García Alcolea. Lo primero que tienen que hacer las empresas es negociar con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras los protocolos de actuación ante una emergencia climática. Es cierto que todavía queda mucho por negociar, pero somos una de las comunidades autónomas de todo el Estado que más protocolos ha acordado, precisamente por la dana que se produjo hace dos años. Cuando hay un aviso rojo, hay que preservar la vida antes que el negocio. Es lo que decimos siempre que nos preguntan. Con protocolo o sin él, hay que salvaguardar la vida, que es lo único que tenemos. Durante la dana de la semana pasada estuvimos atendiendo y asesorando a trabajadores que nos preguntaban qué debían hacer cuando la empresa no les decía nada o no les indicaba que se quedaran en casa. Nuestra recomendación es siempre la misma: precaución y prevención. Los trabajadores están amparados por la ley y por el permiso climático, que fue una propuesta de CCOO al Ministerio de Trabajo para proteger precisamente estas situaciones. Hay que transmitir tranquilidad. Si después ocurre algo y la empresa inicia algún procedimiento, Comisiones Obreras estará ahí para asesorar y atender a los trabajadores.

¿Qué papel deben desempeñar los sindicatos para proteger a los trabajadores ante el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos?

Unai Sordo. La clave está en la prevención. Sabemos que el cambio y la emergencia climática van a hacer cada vez más habituales estos episodios extremos. Por tanto, no hay ninguna excusa para no adoptar protocolos previos que establezcan con claridad cómo actuar cuando se produzcan. Antes podía alegarse que no se sabía con certeza cuándo iban a suceder estos fenómenos, pero ahora tenemos veranos larguísimos y temperaturas demoledoras durante buena parte del año. En muchas zonas de España es muy difícil trabajar al aire libre o en centros de trabajo que no están adecuadamente acondicionados. Y sabemos que las danas se van a repetir. Hay que establecer protocolos muy claros para que, cuando Protección Civil active los distintos niveles de alerta, todo el mundo sepa cómo actuar. No puede depender de la discrecionalidad del empresario de turno: tiene que estar perfectamente establecido de antemano.

La Inspección de Trabajo sancionó a cuatro empresas por poner en riesgo a sus trabajadores durante la dana de 2024 y la Generalitat levantó esas sanciones. ¿Es normal que una Administración retire multas por poner en peligro la vida de los trabajadores?

Ana García Alcolea. No entendemos que sea normal. No se puede actuar con ese grado de impunidad. Si una Administración ha considerado que existía una infracción por poner en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras, no puede después transmitir el mensaje de que no pasa nada. Estamos hablando de una tragedia en la que murieron más de 230 personas, entre ellas compañeros y compañeras del sindicato. Levantar esas sanciones supone, en la práctica, dar barra libre: parece que se puede poner en riesgo a los trabajadores porque después alguien va a proteger a las empresas responsables. En lugar de proteger a la ciudadanía, lo que se está haciendo es proteger a empresas que pusieron en riesgo la vida de sus trabajadores. CCOO ya manifestó públicamente su desacuerdo con esa decisión y ahora dejaremos que la justicia siga su curso.

Unai Sordo. También hay que entender el trabajo de una manera integral. Cuando insistimos tanto en los protocolos es porque no basta con prever qué ocurre si se produce una dana mientras una persona está trabajando. Hay que contemplar también cómo vuelve a casa. Si estamos hablando de una inundación, el riesgo puede estar precisamente en el trayecto de vuelta. Una empresa puede decir que su centro de trabajo no está afectado, pero eso no significa que sus trabajadores puedan regresar a sus domicilios sin peligro. Si tienen que atravesar un barranco o una zona inundable, el riesgo es exactamente el mismo. Ese concepto integral del trabajo debe incorporarse a todos los protocolos. Además, las circunstancias pueden cambiar: una persona puede vivir en una zona inundable un año y trasladarse a otra al siguiente, o al contrario. Por eso los protocolos tienen que actualizarse para evitar consecuencias tan dramáticas como que una riada sorprenda a alguien cuando vuelve del trabajo.

¿Cómo están funcionando los permisos climáticos? ¿Los trabajadores conocen suficientemente este derecho?

Ana García Alcolea. El funcionamiento es desigual. Es verdad que ahora hay más información que cuando sucedió la dana de 2024, pero la semana pasada seguíamos recibiendo consultas de trabajadores que no sabían qué hacer porque sus empresas les decían que tenían que acudir a trabajar. Todavía existe el miedo a que, si no van a trabajar, puedan despedirlos. Por eso, cuando se activan las alertas, intentamos trasladar rápidamente la información a nuestra estructura sindical para que llegue a los centros de trabajo y dé seguridad a los trabajadores.

Hay más conocimiento, pero todavía tenemos que hacer mucha pedagogía. Lo primero es la vida. Hemos tenido casos de todo tipo y comprobamos que, en las zonas que ya sufrieron la dana hace dos años, existe una mayor conciencia. También ayuda que, cuando se activan las alertas, se suspendan las clases en colegios e institutos y se paralicen otras actividades. Sin embargo, sigue habiendo mucha incertidumbre y empresarios que no tienen claro que la vida y la seguridad deben prevalecer sobre la actividad económica.

¿Qué deberían hacer las administraciones para aclarar cómo actuar ante una alerta naranja o roja, cuando algunas empresas cierran y otras mantienen la actividad?

Unai Sordo. Hay que priorizar que, ante el más mínimo riesgo, se paralice la actividad. En cualquier fenómeno meteorológico existe cierto grado de incertidumbre sobre la gravedad que puede alcanzar, pero es mucho mejor que una alerta termine sin que se materialice el peor escenario a que, por actuar con demasiada laxitud, acabemos teniendo una tragedia. He vivido en Madrid algunas alertas que finalmente no se tradujeron en grandes riesgos porque la tormenta pasó a varios kilómetros. No ocurrió nada y la actividad que se dejó de hacer durante unas horas se puede recuperar. Es mejor prevenir que curar.

Ana García Alcolea. Otra herramienta es el confinamiento. En los últimos episodios de la Safor y la Marina se recurrió a esta medida, que permite detener la actividad por obligación. Si hay que parar un municipio, se para. No puede ocurrir que, como sucedió en alguna de las danas posteriores a la de 2024, se permita a determinadas empresas seguir trabajando y que sus empleados se desplacen, poniendo en riesgo su seguridad. Las administraciones también tienen que utilizar el confinamiento cuando sea necesario.

La huelga general del 11 de noviembre por la vivienda

¿Qué les decís a quienes critican que la huelga general del 11 de noviembre no esté justificada porque no responde a una medida concreta de ningún Gobierno?

Unai Sordo. Es una huelga distinta de las que hemos conocido en otros momentos históricos. No es una respuesta a una agresión legislativa del Gobierno, como había ocurrido tradicionalmente con las huelgas generales, sino que pretende responder a una indignación social que se ha manifestado tras el desahucio y el fallecimiento de María Carmen Abascal. Ese caso refleja un problema estructural de la sociedad española: millones de personas, sobre todo jóvenes, aunque no exclusivamente, tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda.

A veces, las respuestas sociales y las movilizaciones de este siglo XXI surgen de acontecimientos que actúan como detonantes emocionales. Nosotros hemos considerado que el problema de la vivienda merecía una respuesta contundente. Además, confluyen otros factores: una inflación elevada, el bloqueo de la negociación de los convenios colectivos y unas empresas que están acumulando beneficios mientras aumentan los precios de consumo. Todos estos elementos aconsejaban una movilización social contundente, con una vertiente laboral. Para que esa dimensión laboral acompañara a la protesta social, hemos optado por convocar un paro de 24 horas.

¿Qué tendría que conseguir la huelga para que pueda considerarse un éxito? ¿Puede obligar a las administraciones a implicarse de verdad en la solución del problema de la vivienda?

Unai Sordo. A corto plazo, el éxito dependerá de que seamos capaces de recuperar la negociación para subir los convenios colectivos entre un 4% y un 7%, mejorar el salario mínimo interprofesional y conseguir que se aprueben en la Diputación Permanente los decretos de vivienda que decayeron en el Congreso. Pero creo que el gran objetivo del 11 de noviembre debe ser cambiar el sentido común de las políticas de vivienda en España, que han sido erróneas durante los últimos 40 años.

Tenemos que recuperar la idea de que la vivienda es una infraestructura social y pública, que debe formar parte del Estado del bienestar del siglo XXI. Eso requiere movilizar una gran cantidad de recursos públicos para construir un parque de viviendas a precios protegidos. Conseguir que esta idea se convierta en una posición mayoritaria y transversal es el gran objetivo del 11N. Tenemos que cambiar la percepción colectiva sobre la vivienda.

Sin embargo, si las encuestas apuntan a una posible mayoría de PP y Vox, parece difícil que se impulsen políticas de construcción de vivienda pública o medidas para mejorar los salarios. ¿Qué margen hay para cambiar esa orientación?

Unai Sordo. Precisamente por eso digo que tenemos que ganar esa batalla del sentido común. Si dependiera de las fuerzas políticas a las que haces referencia, probablemente habrían reducido notablemente el sistema público de pensiones. Estoy convencido de que la derecha y la ultraderecha desean privatizar de forma intensa los sistemas de protección social. Sin embargo, una cosa son las intenciones de esas fuerzas políticas y otra que puedan llevarlas a cabo si se genera una corriente social muy mayoritaria en sentido contrario. Cuando se intentó reformar el sistema de pensiones en 2013, hubo una reacción social potentísima que permitió revertir aquella reforma.

La vivienda es el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando se considera un bien únicamente como un activo de inversión, de ahorro o financiero. España ha renunciado durante los últimos 50 años a construir un parque público de vivienda a precios protegidos, y esa renuncia apenas ha tenido coste político. ¿Por qué? Porque el sentido común no estaba ahí. A la gente no le parecía mal que se construyeran viviendas de protección oficial que, cinco, diez o quince años después, perdían esa calificación y dejaban de formar parte del patrimonio público. Eso es lo que tenemos que cambiar para siempre. Si no lo hacemos, en los próximos años habrá cada vez más personas que no podrán acceder a una vivienda.

Ana, ¿qué responsabilidad tiene la Generalitat Valenciana en esta situación? ¿Qué debería ponerse sobre la mesa en la movilización del 11 de noviembre?

Ana García Alcolea. Es importante recordar que dos de las primeras medidas que tomó el Gobierno valenciano del PP y Vox fueron eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, que debía coordinar las emergencias, y reducir el periodo de protección de las viviendas protegidas. La calificación de vivienda protegida puede perderse ahora, según el supuesto, a los diez o quince años. Es decir, se utiliza dinero público para construir viviendas que después pueden pasar al mercado privado. Creo que el 11 de noviembre también hay que poner el foco en las administraciones que tienen las competencias en materia de vivienda y en lo que están haciendo con ellas. Además, se está permitiendo construir en zonas protegidas que pueden ser inundables. Existe el riesgo de que la clase trabajadora acabe viviendo en zonas expuestas a inundaciones. La Generalitat también ha permitido estas actuaciones mediante una normativa reciente. Por tanto, hay que exigir responsabilidades a la Administración valenciana por sus políticas de vivienda.

Empleo, salarios y situación económica

España es una de las economías que más crece de la Unión Europea y registra cifras récord de empleo. Sin embargo, CCOO insiste en que hay que mejorar los salarios y que tener trabajo no garantiza poder vivir dignamente. ¿Compartís el diagnóstico de quienes describen España como un país hundido y reclaman un cambio profundo?

Unai Sordo. Si hoy gobernara la derecha y la extrema derecha, en España se estaría hablando de milagro económico. De pocas cosas tengo menos dudas en esta vida que de esta afirmación. España registra cifras récord de empleo y, por primera vez, combina crecimiento económico, aumento de los salarios nominales y mejora de la productividad. Esto no había sucedido antes. Además, se está reduciendo el déficit público y la deuda pública, mientras se mantienen las pensiones revalorizadas conforme a la inflación. Si la derecha pudiera presentar este cuadro macroeconómico, estaría hablando de un milagro económico. Por tanto, hay un mensaje inducido que pretende modificar la mayoría política.

Ahora bien, esto no significa que no existan razones objetivas para el descontento. Todo ese cuadro macroeconómico es compatible con que entre nueve y diez millones de personas en nuestro país lleven años con los salarios estancados en términos de poder adquisitivo. Hemos sufrido tres episodios inflacionistas en menos de cinco años. Por mucho que aumenten los salarios y mejore el empleo, si se producen tres picos de inflación desde agosto de 2021, esa inflación acaba comiéndose buena parte de las mejoras salariales.

En los salarios medios y bajos existe un problema de expectativas y hay motivos objetivos para que mucha gente esté descontenta. Las dos realidades son perfectamente compatibles: la economía puede crecer y crear empleo mientras una parte importante de la población sigue teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Aun así, estoy convencido de que España va a experimentar un incremento notable de los salarios en los próximos años. Si conseguimos llegar al pleno empleo, las empresas tendrán que pagar mejores salarios para encontrar trabajadores. En mi opinión, España está en condiciones de alcanzar el pleno empleo en los próximos cinco años, en parte por la propia evolución demográfica del país.

Unai Sordo y Ana García han intervenido en la asamblea celebrada este martes en el polígono industrial de Quart de Poblet, ante delegados y delegadas de la comarca valenciana de l’Horta. Una movilización social que, según ha declarado Unai Sordo, va a desbordar las calles de toda España porque la vivienda constituye “la mayor fractura socioeconómica que existe en nuestro país”.

Y este problema es lo que está lastrando el crecimiento de los salarios de una forma muy intensa. Para el secretario general de CCOO, hay que abaratar los precios de la vivienda de una forma drástica a lo largo de la próxima década: “El 11 de noviembre tiene que cambiar el sentido común sobre cómo afrontar el tema de la vivienda. Tiene que constituirse como un pilar del estado del bienestar para el siglo XXI. Necesitamos una gran infraestructura pública de millones de viviendas a precios protegidos que permitan a millones de familias acceder a esos pisos y que además sirvan para bajar los precios de mercado. Si no se hace esa infraestructura de precios protegidos, solo las medidas regulatorias no servirán, será como una aspirina ante una enfermedad terminal”.

La jornada de huelga general tiene a los salarios como otro de sus principales ejes. Una situación muy grave, motivada por la inflación derivada del contexto bélico internacional, pero, también, consecuencia de que las grandes empresas con poder de mercado están incrementando los precios para mantener intactos sus beneficios empresariales. “Esto es un escándalo que este país no se puede permitir. Por tanto, hay que subir los sueldos entre el 4% y el 7%, hay que renovar el SMI al menos con una subida del 7% y todo esto tiene que hacerse a través de un gran acuerdo estatal que facilite la negociación de los convenios colectivos. Y no es presentable el bloqueo de esa negociación por parte de CEOE. Por tanto, la CEOE también es destinataria principal de esta huelga general”.  

Sordo ha recordado que la base estructural del problema de la vivienda está muy instalada en nuestro país. En este sentido, el sindicalismo apuesta por una gran movilización que apele al conjunto de administraciones públicas y de fuerzas políticas para que, ocurra lo que ocurra en el ciclo político en España, sea irreversible una política de vivienda “que permita que nadie, que ninguna persona trabajadora en España tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a pagarse una vivienda digna”.

Con relación a las movilizaciones violentas que se están produciendo recientemente en nuestro país, Unai Sordo ha manifestado que hay un intento “poco maquillado ya” de desestabilizar a las democracias a través de la irrupción de populismos de extrema derecha. “Desde el sindicato condenamos y rechazamos taxativamente, pero sí queremos transparencia en saber quién les convoca y cómo se vinculan entre sí”, ha señalado. Por el contrario, ha asegurado que las movilizaciones que se están dando por la vivienda, por demandas sociales y las que se impulsan el 11 de noviembre son y van a ser pacíficas y cívicas. “España da siempre un ejemplo de civismo cuando sale a protestar por cuestiones sociales o políticas a la calle”.

“La clase trabajadora es la más afectada”

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha destacado en la asamblea la proximidad del aniversario de la dana que asoló este territorio en 2024. “Vamos a rememorar y a agradecer al conjunto de trabajadores y trabajadoras lo que vivimos aquellos días por aquella nefasta gestión del Gobierno valenciano. Y hemos visto en las danas posteriores, por ejemplo hace una semana, cómo realmente se podían hacer las cosas mejor para que no fallecieran 233 personas”, ha lamentado.

García ha insistido en la dimensión laboral y social de la huelga general. “Los salarios tienen que crecer. Hay beneficios multimillonarios para las empresas. En datos de 2025 hablamos de 71.000 millones de euros de beneficios de las empresas netos. Por lo tanto, sí que se puede repartir la riqueza que la clase trabajadora está generando”, ha afirmado. Para la secretaria general de CCOO PV, es imprescindible que no haya una extracción de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital en materia de vivienda, pues la clase trabajadora es la más afectada. “Hay una necesidad de parar en todas las empresas y de llenar las manifestaciones que habrá por todo el País Valencià a las 18:00 horas, el 11 de noviembre”, ha resaltado la secretaria general de CCOO PV.

Vox expulsa a Juanma Badenas y Cecilia Herrero, sus dos concejales de València investigados por varias causas. El grupo de extrema derecha da de baja definitivamente al que fuera su portavoz, ahora investigado por colarse en la sede del Sindicato de Estudiantes, y a la concejala investigada por delito de odio a raíz de unos mensajes racistas en redes sociales.

Badenas ha comunicado en sus redes sociales que “por decisión del partido” ha dejado de ser militante de Vox. Lo ha hecho el mismo día que el partido presentaba sus listas en Valencia, en un vídeo grabado junto a su antigua sede. Los ediles no dejarán su acta como concejales y serán expulsados también del grupo municipal de Vox, según figura en la previa del pleno.

El orden del día del pleno municipal previsto para este viernes lleva la decisión de pasar a los concejales al grupo de no adscritos. La expulsión del partido llega en pleno debate por los presupuestos, proyecto que el gobierno de María José Catalá aprobó la semana pasada y que necesita de los votos de los dos concejales díscolos para tener la mayoría necesaria. Actualmente los ediles tienen competencias en Patrimonio Municipal y Responsabilidad Patrimonial. La alcaldesa debe decidir si mantiene a los tránsfugas con competencias de gobierno o los expulsa.

Badenas ya fue suspendido temporalmente por un expediente abierto en 2025, que provocó su salida del equipo de gobierno y finalmente culminó con su readmisión. Su expulsión es consecuencia de este expediente, según apuntan fuentes del partido. El exportavoz de Vox recuerda en un vídeo que fue Ignacio Gil Lázaro, actual cabeza de lista por Valencia, quien le propuso incorporarse al partido ultra.

Fuentes del partido de Santiago Abascal señalan que el Gobierno Municipal “mantiene su compromiso con los valencianos y garantiza la continuidad y la estabilidad de la acción de gobierno. Prueba de ello es el Presupuesto municipal de 2027, que se someterá a aprobación en el mismo Pleno del 30 de octubre”.

La Junta Electoral Provincial de Valencia ordena al Ayuntamiento dirigido por PP y Vox retirar siete comunicados que presumían de gestión. El órgano electoral estima siete denuncias presentadas por Compromís contra anuncios del consistorio que encabeza María José Catalá desde la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, según ha dado a conocer la coalición valencianista.

El órgano electoral ordena retirar cuatro textos, los de la exposición sobre Jaume I, el programa de agentes tutores, la reapertura de la pista del Túria y las fuentes PUSDAR. PP y Vox ya habían retirado los otros tres: el presupuesto de la Junta Central Fallera, el protocolo con Cruz Roja para el centro logístico y la modernización de las instalaciones deportivas.

“La ley es clara y la Junta nos lo ha confirmado: en período electoral, Catalá no puede atribuirse méritos ni vender proyectos como si ya estuvieran hechos. Catalá está haciendo justamente eso, cada día y con dinero público. Es una vergüenza que la alcaldesa abuse de su poder institucional para hacer campaña. No todo vale porque ella tenga un sillón en Madrid, que parece que es su obsesión”, apuntan los valencianistas en un comunicado.

La Junta aprecia tres tipos de infracción. En la pista del Túria, las fuentes PUSDAR y el presupuesto de la Junta Central Fallera, los comunicados se atribuían méritos. En el caso de las fuentes, además, anunciaban un proyecto que ni siquiera estaba aprobado. El centro logístico, la modernización de las instalaciones deportivas y los agentes tutores anunciaban la presentación o la aprobación de proyectos. Y en la exposición de Jaume I, la intervención del concejal con fotografías vulnera el artículo 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. “Anunciaban como hecho un proyecto que ni siquiera había pasado por la Junta de Gobierno. Esto no es informar, es hacer descaradamente campaña”, sostiene Papi Robles.

La formación valencianista avisa de que, si el gobierno de Catalá no retira los textos que la Junta ha ordenado o reitera situaciones parecidas, volverá a denunciarlo y pedirá sanciones, que pueden llegar hasta los 3.000 euros. “El siguiente paso ya no es una advertencia. Si Catalá continúa, pediremos que la sancionen. El problema es que ella no juega con su dinero, sino con el de todos los valencianos y valencianas, porque la multa la pagaría el Ayuntamiento de València, no el PP o Vox. Por eso no podemos tolerar ni un incumplimiento más”, añade Papi Robles.

Compromís avanza que tiene preparada ya una segunda tanda de denuncias por el uso partidista de la comunicación institucional del Ayuntamiento, “como la rueda de prensa de presupuestos que hizo San Segundo, que estuvo plagada de valoraciones y comparaciones, una muestra más de que les importa bien poco la neutralidad, porque quieren llegar a las elecciones manipulando a la opinión pública”, lamenta Papi Robles.

El Gobierno valenciano del PP, respaldado por Vox, va eliminando todas las referencias al cambio climático de su estructura administrativa. Comenzó renombrando las consellerias y eliminando organismos, y poco a poco ha ido bajando en el escalón administrativo para suprimir esta denominación.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publica este martes la orden que desarrolla el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que incluye cambios en la denominación de los departamentos. Uno de ellos es el de la Subdirección General de Cambios Meteorológicos Extremos y Educación Ambiental, que sustituye a la de Cambio Climático y Educación Ambiental.

A este departamento le corresponden los trabajos de planificación, dirección y coordinación de las políticas relacionadas con “los cambios meteorológicos extremos”, como “impulsar actuaciones y proyectos de mejora de la capacidad adaptativa del territorio, de los sectores sociales y económicos a los impactos meteorológicos extremos”, las políticas de cambio climático de la Unión Europea, iniciativas de soberanía energética o “incorporar la perspectiva climática en la actividad planificadora de las administraciones públicas”.

La conselleria que dirige Vicente Martínez Mus queda así sin referencias al cambio climático en su estructura. Se habla en cambio de “impactos climáticos”, “cambios meteorológicos extremos” o “adaptación a los nuevos escenarios climáticos”. Este departamento ha vivido varias variaciones desde que en 2023 el PP alcanzara la Generalitat Valenciana en virtud de un acuerdo con Vox. La ultraderecha ha hecho bandera contra las políticas climáticas y ese discurso se ha ido asumiendo por el PP, que criticó el Pacto Verde Europeo pese a haberlo respaldado en Bruselas.

El pasado abril se publicó el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de esta conselleria, que tiene rango de vicepresidencia tercera, que dibujaba las líneas principales. Este martes se ha publicado la orden que detalla la letra pequeña de la conselleria, donde aparecen los cambios de las subdirecciones generales. En la anterior versión, una orden de marzo de 2024, sí existía una Subdirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental.

Unos audios hasta ahora inéditos y que ya obran en la causa de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos, revelan que la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ya recomendaba a sus vecinos subir a las primeras plantas para salvar la vida a las 19.40, media hora antes de que la Generalitat enviara el Es-Alert y casi una hora y media antes de que el Gobierno de Carlos Mazón hiciera la misma propuesta. Justo en esas horas de desfase entre el aviso de la edil y el de quien tenía la responsabilidad de mandar la alerta masiva, fallecieron decenas de personas en los municipios de Picanya, Paiporta o el mismo Catarroja sin saber qué les estaba pasando, ya que los responsables de avisar a la población no habían dado ninguna indicación a las poblaciones de la comarca de l'Horta Sud.

Según los audios aportados a la causa voluntariamente por la alcaldesa de Catarroja, a los que ha tenido acceso elDiario.es, pasadas las 19.00 una vecina, miembro de la falla del Raval del municipio, buscaba amparo en la primera edil. “Estoy intentando llamar a Bomberos, ya sé que estaréis supersaturadísimos con la situación. Y tenemos un problema, o sea, es que la puerta del patio nos va a reventar. O sea, la estamos sujetando como podemos, ni bomberos ni el 112, no nos hacemos con nadie. Entonces, es que no sabemos si tenemos que salir de la finca, porque es que como el agua empieza a subir... Y era por saber si estáis gestionando, si van a venir emergencias, ayuda algo”, relataba la mujer, visiblemente angustiada.

Tras escuchar el mensaje, la alcaldesa, que estaba en plena gestión de la crisis y con el barranco del Poyo totalmente desbordado, le contestó sobre las 19.40, media hora antes de las 20.11, hora en que la Generalitat envió el primer Es-Alert, en el que solo recomendaba quedarse en casa y no circular. “Los servicios de Emergencias están avisados. Entonces, lo mejor es que cada uno esté en su vivienda, en las zonas altas. Que se vayan subiendo arriba, a los primeros pisos. Yo estoy en el ayuntamiento, pero en mi casa están igual. Ahora mismo me dice mi pareja que tengo en casa unas 15 personas, de comercios, de bajos... Entonces, lo mejor es que subáis a los pisos altos y no os preocupéis si el agua entra en el patio”, explicaba la alcaldesa de Catarroja en el audio.

A esas horas, el barranco ya se había desbordado y la Generalitat no había avisado del desbordamiento pese a estar obligada a tener bomberos vigilando in situ el barranco aguas arriba. La alcaldesa prosigue en su recomendación, que se extendió a la población por otros canales del ayuntamiento. “Ahora no es preocupación ni los coches ni todo lo material. Lo mejor es que las personas estén en zonas altas para que las inundaciones no puedan arrastrar a personas. Seguid llamando al 112. Nosotros estamos coordinados a través de la central con el 112 y ahora mismo están activados todos los protocolos. Pero no sabemos si esto va a ser una cuestión de una hora, dos horas... No lo sabemos. El agua ya está llegando a Albal y así con toda la población. Entonces, ahora se están atendiendo necesidades sanitarias, gente que vive sola... Pero ya te digo, no se pueden mover porque tampoco pueden circular. Por lo tanto, lo mejor es que os subáis a las zonas altas”, zanja la alcaldesa.

Y la vecina contesta, totalmente desesperada por el colapso del 112: “Ahora está el garaje cayendo a chorros de las tuberías. Se ve que han reventado. Y eso sí, pero bueno, en cuanto a eso, nos siguen subiendo para los pisos altos. Era por saber... Eso, porque el 112 no coge el teléfono. Es que no dan señal. A mí directamente no me dan ni señal. Era por saber si en algún momento llegarán ayudas. No sé. Si helicópteros, si lanchas... Es que no lo sé. Pero esto es desesperante, Lorena”, replica la vecina.

Los audios revelados por elDiario.es muestran la angustia y la falta de información que padeció la población. Y también cómo los alcaldes de los municipios afectados tuvieron que gestionar la tragedia con la poca información de la que disponían. ¿Qué habría pasado si un mensaje hubiera alertado de la crecida una hora o media hora antes? ¿Qué habría pasado si los ayuntamientos hubieran sabido dos horas antes, hacia las 18.00, que el barranco venía crecido? ¿Y si el Es-Alert se hubiera lanzado por la mañana, como ha pasado en las danas posteriores?

El PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida concurrirán de forma conjunta al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre, con unas listas que en Valencia encabezará el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo (PSPV), seguido de la diputada autonómica de Compromís Isaura Navarro y del alcalde de Cullera, Jordi Mayor (PSPV).

La candidatura de esta coalición a la Cámara alta, denominada 'Senado de progreso', se ha registrado ante la junta electoral este lunes, día en el que finaliza el plazo para presentar las listas electorales.

En Alicante, los candidatos de 'Senado de progreso' son Francisco Miguel Fenollar (PSPV), Inmaculada Orozco (Compromís) y Vicent Grimalt (PSPV y en Castellón la senadora socialista Eva Redondo, David Lluch (Esquerra Unida) y la diputada autonómica socialista Ana Besalduch.

La Comunitat Valenciana elige en estas elecciones generales doce senadores, cuatro por cada provincia. En los comicios de 2023 el PP obtuvo 8 (dos por Valencia, tres por Alicante y tres por Castellón) y el PSOE 4 (dos Valencia, uno por Alicante y uno por Castellón).

Este pasado fin de semana se conoció la composición definitiva de las listas del Partido Popular al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En estas candidaturas destacan alcaldes de municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, como el de Utiel, Ricardo Gabaldón, o el de Algemesí, José Javier Sánchez, además de María José Catalá, quien ocupará el número uno de la lista del PP por Valencia.

Sin embargo, los populares incluyen también a dos miembros del Consell de Pérez Llorca en sus listas del 29N. Se trata de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, candidata al Senado, y de la responsable de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, que encabeza la candidatura por Castellón.

Pérez Llorca mantiene a Camarero en el Consell a pesar de su candidatura a la Cámara Alta, mientras que cesa a Albalat, que debe cesar obligatoriamente al ir en la lista al Congreso. Sin embargo, aquellos consellers que van en las listas del Senado pueden seguir desempeñando su cargo público hasta que el momento de tomar posesión del acta. Albalat ya ha abandonado el Gobierno valenciano tras la publicación de su marcha el pasado domingo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Con la marcha de Albalat del Ejecutivo autonómico, las funciones de Servicios Sociales, Familia e Infancia quedan a cargo de la titular de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez.

No obstante, la más que probable elección de Susana Camarero como senadora obligará al presidente valenciano a realizar una nueva remodelación del Consell. Recordemos que la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano hace incompatibles ambos cargos, por lo que Camarero deberá cesar también al frente de una cartera de tanto peso en el Consell si finalmente accede a la Cámara alta.

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha criticado la estrategia electoral del Partido Popular y ha tildado de “fraude a los ciudadanos” compatibilizar responsabilidades institucionales con puestos de salida en las listas al Congreso y al Senado. El dirigente valencianista ha centrado sus críticas en la continuidad de la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero, y en la designación de la alcaldesa de València, María José Catalá, como candidata a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Para Baldoví, el cese de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia —producido tras confirmarse su candidatura— contrasta de manera evidente con la situación de Camarero. “Podemos inferir claramente que a Susana Camarero no la cesan porque el único objetivo que tienen es que la portavoz de Mazón continúe aforada en esta cámara”, ha denunciado, al tiempo que advertía de que busca mantener el blindaje legal “por si acaso la jueza la cita o la imputa”. A su juicio, esta diferencia de trato supone “un nuevo insulto a las víctimas de la dana” y una muestra de desprecio hacia la ciudadanía.

En la misma línea, el portavoz de la coalición valencianista ha ironizado sobre la inclusión de María José Catalá en las listas a Madrid, al asegurar que la alcaldesa “es el perejil de todas las salsas”. Baldoví ha cuestionado la capacidad de gestión de compatibilizar la vara de mando municipal con la actividad parlamentaria en la Cámara Baja: “Si va como candidata a Madrid, seguramente será para engañar a los ciudadanos; o dejará de ser alcaldesa o no cogerá el acta de Madrid”.

Para el diputado de Compromís, esta circunstancia pone de manifiesto las costuras internas del PP: “Demuestra muy poco respeto a los ciudadanos y que el Partido Popular tiene muy poco banquillo cuando ha de utilizar a la alcaldesa de València para llenar las listas del Congreso”.

Preguntado por los acuerdos de la izquierda de cara a los comicios de noviembre, Baldoví ha reivindicado la vía estrictamente valenciana tejida por su formación. “Nosotros hemos realizado un acuerdo valenciano con fuerzas valencianas, cocinado así y registrado así, con el objetivo de hacer un grupo valenciano en el Congreso”, ha zanjado, desmarcándose de injerencias de las direcciones estatales y priorizando una campaña centrada en los problemas cotidianos de la Comunitat Valenciana, como la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda.

Y cuestionado sobre Gabriel Rufián, Baldoví ha recordado que Compromís ha pactado con Esquerra Republicana del País Valencia y que Rufián es candidato de Esquerra Republicana de Catalunya; y respecto a la posibilidad de que Rufián participe en actos de campaña en el territorio valenciano, el síndic valencianista ha sentenciado: “ni fu, ni fa”.

Àgueda Micó (L'Olleria, 1978) es diputada en el Congreso por Compromís y volverá a ser cabeza de lista en Valencia para las elecciones generales del 29N. La candidatura que encabeza es la única en todo el Estado español que ha podido aglutinar a las izquierdas transformadoras: Compromís, Podemos, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià han sido capaces de llegar a un acuerdo para presentar un proyecto conjunto al Congreso, en una negociación pilotada desde el País Valenciano.

La vocación de la candidatura valencianista de izquierdas es presentarse como la opción útil para la defensa de los intereses valencianos, con la vivienda y el cambio climático como ejes centrales, y una promesa clara: recuperar los trabajos de la comisión de investigación de la dana, que decae con la disolución de las Cortes. Para esta nueva coalición, Compromís-Front Valencià, las elecciones generales son el inicio del ciclo que culminará en las elecciones municipales y autonómicas, y de una alianza contra el gobierno del PP con el apoyo de Vox.

El País Valenciano es el único territorio en el que toda la izquierda transformadora va unida. ¿Por qué era necesario para las elecciones generales?

Los valencianos vivimos un momento excepcional, con el peor Gobierno [autonómico] de la historia desde 2023 y con una catástrofe humanitaria, política, ecológica y social de enormes dimensiones por la dana de 2024. Compromís debe estar a la altura de las circunstancias porque siempre hemos intentado ser un instrumento útil para los valencianos y las valencianas. Ahora tocaba construir una alianza de los partidos y proyectos de la izquierda valenciana para que nadie tuviera una excusa para quedarse en casa. Necesitamos una gran movilización y nuestro voto vale por tres: sirve para frenar a la derecha y a la extrema derecha en el Estado; para impulsar políticas de izquierdas más valientes, también allí donde el PSOE no ha estado a la altura, por ejemplo en vivienda o en la lucha contra la corrupción; y para defender los intereses valencianos con una voz propia.

Cuando hablo de lo que es tener un gobierno de derecha y extrema derecha, lo digo con conocimiento de causa. En Valencia sabemos de qué va la cosa: la incompetencia en la gestión de la dana en con más de 230 muertes, la prioridad nacional aplicada a todos los ámbitos de la vida, el ahogamiento a la lengua propia y las políticas de bajar de impuestos a los más ricos y asfixiar a la gente las hemos visto en este gobierno, primero con Mazón y ahora con Pérez Llorca junto a Vox. Nosotros no queremos que esto pase en el Congreso ni en el conjunto del Estado.

¿Con qué intención se presentan?

Vamos a llevar políticas valientes desde el primer día en el Congreso y vamos a hacer que el gobierno sea valiente, por eso necesitamos un grupo parlamentario propio valenciano que presione y que tenga capacidad de negociación con el gobierno del Estado. No somos la sucursal de ningún partido estatal, ni lo seremos nunca. Yo creo que lo demostré en el momento en que decidí que no podía continuar en un grupo parlamentario cuando el Partido Socialista no permitía que hiciéramos nuestra tarea como valencianas y valencianos en la comisión de investigación de la dana. Por eso hemos hecho este pacto. Yo no sé si el resto de territorios han tenido en cuenta la responsabilidad política y el momento actual que estamos viviendo, pero nosotros lo hemos visto y hemos tenido la capacidad y la responsabilidad de hacerlo real.

Habla de “sucursalismo”, ¿es el motivo por el que Compromís no ha formado parte del Frente Amplio?

La ejecutiva de Compromís aprobó por unanimidad no formar parte de una entidad política que fuera más allá del valencianismo y de la defensa del conjunto de los valencianos y valencianas. Pensamos que la mejor manera de defender a la gente que más lo necesita es contar con un proyecto político útil y con obediencia valenciana. Con las cosas de comer no se juega. Necesitamos que los servicios públicos sean de calidad, que no haya que pagar 30.000 euros por una operación, hemos visto la lucha del profesorado... Las víctimas de la dana, las acampadas por la vivienda y quienes no llegan a fin de mes necesitan una opción política que ponga sus necesidades por delante. La gente normal necesita el escudo social y esa es nuestra responsabilidad. Por eso tampoco queríamos entrar en guerras que no son las nuestras. La mejor forma de hacer un proyecto para la mayoría social valenciana era una alianza con fuerzas de izquierdas de estricta obediencia valenciana. Es lo más útil y lo que marcará la diferencia en el Congreso.

¿Este acuerdo es un punto de partida para las elecciones autonómicas y municipales?

Sí. Queremos que todo el trabajo que hemos hecho y todo lo que proyectamos para el Congreso sea también una vía para ganar las elecciones autonómicas y municipales y para hacer a Joan Baldoví presidente de la Generalitat y a Mónica Oltra alcaldesa de València.

¿Qué relación tendrán con Frente Amplio y otras fuerzas territoriales de izquierdas?

Hemos tenido muy buena relación en estos tres años en el Congreso. Aunque yo no he estado una parte de la legislatura en el Grupo Plurinacional Sumar, las relaciones han sido muy buenas. Creo que lo que tenemos que hacer es juntarnos en todas aquellas cuestiones que son esenciales y básicas para garantizar las cosas de comer. Siempre hemos forzado al PSOE a hacer políticas para subir el salario mínimo interprofesional, para subir las pensiones, para mejorar la situación de la gente, para frenar también los beneficios extraordinarios de las energéticas, de los bancos, de las multinacionales... Hay una serie de cuestiones que están muy relacionadas con el pan de cada día en las que nos hemos puesto de acuerdo toda la izquierda territorial, toda la izquierda soberanista y toda la izquierda española y en esto continuaremos colaborando porque es la única forma de garantizar que el PSOE haga políticas de izquierdas.

La relación es de colaboración máxima. Ahora bien, para que esto sea eficiente debe hacerse en clave valenciana porque nosotros tenemos problemas gravísimos: la emergencia climática y la destrucción del territorio, las consecuencias de la dana, la infrafinanciación, infrainversión, el transporte, las cercanías... cuestiones esenciales para que la gente normal pueda tener una vida digna y que los diputados valencianos tenemos que poner encima de la mesa en cualquier negociación. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie más.

¿Cuál es su aspiración electoral?

Nuestro objetivo es tener grupo parlamentario propio. Cuantos más diputados y diputadas valencianos tengamos, más capacidad habrá para presionar al Gobierno y hacer realidad estas políticas. Pero el objetivo principal es ser útiles: defender los derechos sociales, de las mujeres, de la comunidad LGTBI, de las personas dependientes, de las personas vulnerables y de la clase trabajadora.

Es prioritario que la comisión de la dana acabe su trabajo

Estarán trabajando en el programa. ¿Qué líneas ven prioritarias?

Hemos trabajado en el Congreso muchas cuestiones que queremos que tengan continuidad. Para nosotros hay una cuestión clave en la agenda valenciana: que la comisión de investigación de la dana acabe su trabajo. Hasta ahora hemos abordado la parte de las responsabilidades, las víctimas y sus familias necesitan verdad, justicia y reparación, y también que se adopten medidas para que no vuelva a suceder. Para ello necesitamos inversión y una política estatal de prevención y protección del territorio, una mirada para que no suceda lo mismo en próximas danas, como en La Safor y la Marina Alta de esta semana, que hemos visto protocolos. Ahora hemos tenido confinamiento y Es Alert y en ese momento, con el mismo gobierno, no los tuvimos. La asunción de responsabilidades del PP y de Carlos Mazón debe suceder, Mazón no puede ser diputado ni un día más, debe ir a prisión, declarar ante la jueza, asumir responsabilidades políticas y judiciales por su actuación durante la dana de 2024.

Pero también hemos visto que somos epicentro del cambio climático, por eso la protección del territorio ha de ser esencial, y eso no lo hará el PP, que acaba de aprobar una ley del suelo que desprotege; ni tampoco el PSOE, que autoriza ampliaciones de puertos y aeropuertos por encima de nuestra responsabilidad. Necesitamos un cambio de modelo productivo, proteger el derecho a la vivienda, la financiación autonómica, la condonación de la deuda.

Un modelo y una condonación que la Generalitat rechazan.

Forma parte de la lucha entre PP y PSOE. El PP rechaza la quita de la deuda y el PSOE, el fondo de nivelación que compense. La ministra Montero tuvo años para presentar un modelo y lo hizo a última hora, y aún no hemos podido aprobar la reforma.

Un modelo que llevaba además un fondo para los territorios que más sufren el cambio climático.

Efectivamente. Yo ahí veo una responsabilidad compartida por la falta de capacidad o de voluntad de PP y PSOE de llegar a un acuerdo. Y siguiendo con el programa: hemos de proteger cuestiones tan básicas como el blindaje constitucional de las pensiones, del derecho al aborto, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Estamos en una persecución política enorme hacia estas comunidades y no lo podemos permitir. La derecha y la ultraderecha están tratando de poner en peligro el trasfondo más importante de una democracia que es la garantía de los derechos fundamentales para las personas. Estamos escuchando a Feijóo y a Abascal decir que hay que apretarse el cinturón y hacer sacrificios, lo que anuncia recortes en derechos y servicios. Han votado en contra de todas las leyes para limitar beneficios extraordinarios a bancos y multinacionales; para ellos los sacrificios son para la gente normal que no llega a fin de mes.

La vivienda es el problema que más preocupa a los españoles. ¿Qué medidas plantean?

Hay que combinar medidas urgentes con una mirada a largo plazo, cambios estructurales. La primera urgencia es acabar con los desahucios. No podemos permitir que se expulse de su casa a personas que están pagando el alquiler religiosamente, hemos de acabar con los desahucios como medida radial. Hay que regular los alquileres en las zonas tensionadas y reducirlos, no limitarse a impedir que sigan subiendo. En València y su área metropolitana hay alquileres de 1.300, 1.400 o 1.500 euros que mucha gente ya no puede pagar; los alquileres ahora son inasumibles. Hay que impedir que se pueda especular con la vivienda y hay que ampliar de verdad el parque público de vivienda, aplicar medidas que ya han funcionado en otros lugares de Europa.

Pero el cambio de fondo, lo que nunca han hecho PP y PSOE, es dejar de tratar la vivienda como un activo para la especulación. La gente que ha querido ganar dinero lo ha hecho invirtiendo en vivienda. Los bancos, los fondos de inversión y los grandes propietarios la han utilizado para tener beneficios. La Constitución reconoce la vivienda como un bien básico: el derecho a tener una casa digna debe estar por encima del derecho a especular con ella. Para eso hacen falta partidos valientes, porque el PSOE solo ha reaccionado en ocasiones cuando ha habido una movilización social muy fuerte.

¿Se debería limitar la compra de vivienda a las personas jurídicas?

Se debería limitar la compra de vivienda en general. Empezando por los fondos buitre y grandes especuladores, pero la vivienda no puede ser el espacio en el que poner el dinero. No puede ser que haya gente que se lucre con la vivienda mientras otros no tienen para pagarla. Si entendemos que el derecho a la vivienda es el derecho a la vida, se ha de garantizar que todo el mundo tenga acceso a una, y esa es la clave para dar soluciones reales. El problema es hacer negocio, y se ha de proteger el derecho de todo el mundo a tener una vivienda, acabar con desahucios, con la turistificación, y permitir que quienes vivimos en los pueblos podamos seguir en ellos.

¿Y en materia de cambio climático, qué ideas tienen?

Hay que desmontar el doble juego del PSOE, que por un lado pide un pacto contra el cambio climático, y por el otro, aprueba ampliaciones de puertos, aeropuertos, líneas de alta tensión o macroplantas solares sin ordenación territorial. Hemos de pasar de una economía productiva con el turismo como clave, dejar de especular con el territorio y hacer una transición energética que vaya de la mano de la protección del territorio y de la vida en los pueblos... La economía y los intereses de las multinacionales no pueden estar por encima de todo, y eso es lo que quieren PP y Vox. A mí me hierve la sangre cuando salen los consellers a decir que con temperaturas cálidas todo el año habrá más turismo, cuando estamos viendo sus efectos. Esta semana Els Poblets (La Marina Alta) era como Catarroja tras la dana. Es lo que ha pasado y volverá a pasar, no podemos confiar en PP y Vox, pero la posición del PSOE, la doble moral, no tiene sentido.

En Pego, con alcalde socialista, se proyecta un gran campo de golf, ¿no?

Y en Llíber un gran PAI. Y no hay agua para ello. Y lo que acaba de hacer el PP en la Generalitat Valenciana es aprobar una nueva ley del suelo y cargarse la ley de protección del territorio. La economía productiva de nuestro país tiene que conjugarse con la supervivencia del mundo rural y de la agricultura. Es esencial para tener un futuro. Es que, si no, estamos muertos.

Van tres danas catastróficas en siete años.

Y a principios de septiembre se nos juntó una alerta meteorológica con un gran incendio. En el País Valenciano se nos está juntando la temporada de danas con los incendios forestales. La gente debe ser consciente de ello.

¿Están contentos con el trabajo en la comisión de investigación de la dana del Congreso?

La comisión está en marcha porque Compromís la impulsó. El PSOE no quiso firmarla inicialmente, porque estaba más pendiente de salvaguardar sus intereses, y tuvimos que buscar el apoyo de otros grupos parlamentarios. Es la única comisión de investigación que ha sido plural, porque han comparecido personas de todos los gobiernos, técnicos... y nos ha faltado acabarla. Estaba previsto empezar con los alcaldes y los expertos para abordar la reconstrucción. Nosotros tenemos el reconocimiento de todas las asociaciones de víctimas de la dana, es una comisión que está siendo útil, no como la del Senado o las Corts Valencianes. El trabajo de Compromís ha sido exquisito, de la mano de las asociaciones de víctimas, para ser su altavoz y defender sus intereses.

Ha habido algo de confusión con si Compromís-Front Valencià era parte de Frente Amplio. En caso de que no dieran los números para formar grupo, ¿cómo se daría el trabajo?

Nosotros estamos convencidos de que vamos a tener grupo parlamentario. No sé si la Mesa lo podrá vetar porque tenemos un protocolo con personalidad jurídica propia. Pero en caso de que no den los números, estaremos donde mejor podamos defender los intereses valencianos. Es lo que hemos demostrado estos años.

¿Por qué un pacto con el PSOE para el Senado?

El Senado, desgraciadamente, no es una Cámara de representación territorial, es una Cámara de segunda lectura. Durante esta legislatura, el PP y Vox han utilizado su mayoría para intentar tumbar medidas aprobadas en el Congreso, como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo, iniciativas para limitar los beneficios de grandes empresas y normas relacionadas con la sanidad pública o los derechos sociales. Una mayoría progresista en el Senado puede proteger esas medidas y permitir que sigan adelante. Ese es el objetivo del acuerdo: evitar que se bloqueen políticas favorables a la mayoría social.

¿Cómo plantean la campaña electoral?

Queremos bajar mucho al territorio, somos de ir a las plazas y los pueblos. Queremos que esté muy centrada en las reivindicaciones de los Sindicatos de Inquilinas, de la huelga general; que irá de la mano de las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas de la dana, de la lucha por la educación pública valenciana, de la sanidad pública, del tejido asociativo... Será una campaña muy de calle, de plazas, humilde y que reivindique los intereses valencianos. La gente nos estaba pidiendo una papeleta única y vale por tres: frenará a la extrema derecha, hará políticas valientes y, por encima de todo, defenderá los intereses valencianos.

Comienza un ciclo electoral que acabará en mayo de 2027. Esta campaña ha de servir para que la gente vea la utilidad de este proyecto valencianista, ecologista, antifascista, feminista y de izquierdas. Este proyecto político es el único que ha hecho frente de verdad a la derecha y a la extrema derecha en las Corts Valencianes y que es una alternativa real a Maria José Català en el Ayuntamiento de València. Somos la candidatura que hará a Joan Baldoví presidente de la Generalitat y a Mónica Oltra alcaldesa de València. Y esto lo haremos con generosidad y con una apertura que no solo haga que la izquierda valenciana tenga una única papeleta que votar, sino que toda la gente movilizada, toda la gente que está luchando cada día en sus centros de trabajo, en sus centros escolares, en los hospitales, en los centros sociales, en los bomberos forestales, toda la gente de emergencias, todo el mundo cuente con una voz propia y valiente.

El PP ha designado a María José Catalá y el PSOE a Pilar Bernabé, ambas candidatas a la alcaldía de València, como cabezas de lista ¿Cómo ve esta batalla en la circunscripción?

Compromís es el único partido que ha elegido aquí a sus candidatos y candidatas y en un proceso de primarias. Los otros vienen a dedazo de Madrid y teniendo en cuenta solo sus intereses partidistas y electoralistas, sin defender los intereses de los valencianos. Creo que es hacer un mal uso de las listas electorales y la representatividad de los valencianos y valencianas que las candidatas de PP y PSOE al Congreso por la circunscripción de Valencia sean dos personas que una es alcaldesa de València y la otra es candidata a la alcaldía. Queremos personas que luchen de verdad por los intereses de los valencianos, no que vengan a hacer una campaña electoral y después se vayan a otro sitio. Creo que deja bastante que desear por parte de los partidos.

Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este viernes el lanzamiento de la candidatura de María José Català como número uno de la lista al Congreso por València y el pistoletazo de salida de la precampaña de las elecciones generales en la Comunitat Valenciana. Pese a que el acto era de proclamación de la líder valenciana, tanto el presidente del PP como la propia alcaldesa de València han querido dejar claro que la aventura en Madrid de Català será a medio gas, puesto que seguirá siendo alcaldesa y su intención es repetir en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Feijóo se ha comprometido ante más de un millar de cargos y militantes a soterrar las vías del corredor mediterráneo a su paso por la ciudad y a construir el túnel pasante para que València deje de ser un cul-de-sac ferroviario, una reivindicación histórica de la ciudad. «María José, vas a estar en la alcaldía vigilando que se cumpla ese compromiso», ha asegurado el presidente del PP, que completaba así la afirmación de la número uno al Congreso nada más empezar su intervención. «Voy a seguir siendo alcaldesa de València y, si vosotros queréis, voy a seguir siendo alcaldesa en mayo de 2027», ha anunciado en lo que se suponía que era el lanzamiento de una campaña al Congreso. Un lío para los poco acostumbrados a la velocidad infernal a la que nos tiene acostumbrados la política del siglo XXI.

De hecho, Català ha presentado a Feijóo una batería de necesidades de la ciudad de València que deberá atender si llega a la presidencia del Gobierno. «Necesitamos un plan sur metropolitano que nos aleje del miedo cuando hay un gran temporal. Necesitamos ejecutar el túnel pasante sin más retrasos. Necesitamos que Cercanías sea un servicio público con un mínimo de dignidad. Hay que abordar la financiación local. Necesitamos conectar el parque del Túria con la fachada marítima», ha solicitado la número uno por València. Las reivindicaciones del resto de las comarcas de la provincia las habrá dejado para la campaña.

Català ha mostrado su «orgullo» por ver que València «no se rinde y nunca se resigna». «Una tierra unida que va cada vez con más fuerza. Algo que se respira en toda España: ilusión por el cambio y por cambiar el Gobierno de España. Un país que quiere volver a caminar unido, una España que merece mucho más. Y València quiere ser protagonista de ese futuro», ha dicho Català.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien todavía no ha sido ratificado como candidato a la presidencia de la Generalitat, ha pedido a Feijóo «cercanía». El jefe del Consell ha vuelto a decir que el Gobierno dejó a la Generalitat «sola» el día de la dana y durante los meses posteriores. Cuando Feijóo sea presidente, «atenderá a esta tierra como se merece». «Jamás pediremos lo que no nos corresponde, pero jamás pediremos algo para quitárselo a los demás», ha asegurado. Pérez Llorca ha criticado duramente a Compromís: «En el batiburrillo de la izquierda, Compromís ha pactado con Esquerra Republicana. Compromís va a sucumbir ante el independentismo catalán».

El presidente provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, se ha comprometido ante Feijóo no solo a «volver a llenar» la plaza de toros de València en un acto electoral antes del 29 de noviembre, sino también «a reventarla». «La plaza de toros y cualquier recinto que nos pidas, para decir alto y claro que por fin llega el cambio», ha indicado el también presidente de la Diputación de Valencia.

«No tengas ninguna duda de que has elegido a nuestra mejor número uno», ha valorado el presidente de la Diputación, quien ha señalado que las exigencias de los valencianos «no son una simple lista», sino que son «exigencias de Estado». Además, ha añadido: «Exigimos un presidente que, cuando volvamos a tener una tragedia, no se le ocurra decir: “Si necesitan más recursos, que los pidan”».

«Eso es lo que dijo Pedro Sánchez a todos los valencianos y valencianas. Necesitamos olvidarnos del Gobierno de las corruptelas, de las joyas, de la prostitución y de la traición», ha proseguido Mompó, quien ha asegurado que la política «debe recuperar la ejemplaridad» y que «no hay nadie mejor que Feijóo para recuperarla».

El PP tendrá que hacer un proceso extraordinario para que la alcaldesa de València, María José Catalá, sea también diputada en el Congreso. Los estatutos de la formación conservadora establecen una incompatibilidad entre ser parlamentario nacional y alcalde en un municipio de más de 20.000 habitantes, caso que se da en el cabeza de lista por Barcelona, Xavier García Albiol, que es alcalde de Badalona, y ahora también de su número 1 por Valencia.

La normativa del Congreso sí permite esta compatibilidad, pero los populares fueron más restrictivos en sus estatutos. El artículo 12 señala: “La condición de Diputado al Congreso o al Parlamento Europeo es incompatible con el desempeño de cargos de Presidente o Secretario General Insular, Provincial o Autonómico del Partido y con los de Alcalde de municipios superiores a 20.000 habitantes”.

Sin embargo, según explican fuentes del PP, los estatutos prevén hacer excepciones a esta condición. El texto refleja la posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional autorice “excepciones que, en supuestos extraordinarios, puedan demandar los intereses generales del Partido”. Este será el caso de la alcaldesa de València, según trasladan estas fuentes, a la que se le permitirá ejercer ambas funciones.

El de la alcaldesa de València es un anuncio que ha provocado una rápida reacción. Para el PP implica promocionar a uno de sus máximos valores en la Comunitat Valenciana y amplificar su altavoz de cara a las próximas municipales. Para la oposición, es una evidente contradiccón. Los socialistas le recuerdan que hace apenas una semana criticaba que a Pilar Bernabé, número uno del PSOE por Valencia y candidata a la alcaldía, le importara “un pimiento” la ciudad por irse a Madrid. Desde Compromís señalan que la única candidata que no ha optado a otro cargo es Mónica Oltra.

Tres horas antes de arrancar el primer gran acto de campaña en València, la dirección nacional del PP desvela su cartel. Génova apuesta finalmente por la alcaldesa de València, María José Catalá, como número 1 por la circunscripción de Valencia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dirección de Alberto Núñez Feijóo eleva a la alcaldesa, quien ya sonó como sustituta de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat, y pone toda la carne en el asador para la campaña. Feijóo celebra un acto este viernes en la capital valenciana junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien todavía no ha sido confirmado como candidato para las autonómicas. Catalá ya fue confirmada como candidata para la alcaldía en un acto del PP el pasado septiembre y se medirá con la socialista Pilar Bernabé, número 1 del PSOE en Valencia y aspirante a la vara de mando, en esta campaña electoral.

En el PP se especulaba con la posibilidad de que la lista la encabezara Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat y exportavoz del Consell de Carlos Mazón tras la dana. La designación muestra la sintonía de la alcaldesa con la dirección nacional, que evita abordar el debate sobre la presidencia del partido en València. Catalá ha confirmado en un vídeo en redes sociales que ha sido una propuesta del presidente del PP.

Como primeros espadas, la dirección del PP ha elegido a Macarena Montesinos por Alicante y a Elena Albalat por Castellón. La primera es ya diputada en el Congreso y la segunda es consellera de Servicios Sociales en la Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Sueca quiere que la antigua discoteca Puzzle pueda convertirse en un supermercado de alimentación y productos del hogar. Así lo recoge textualmente la memoria del Plan Especial del entorno de El Perelló, que propone cambiar el uso de la parcela 13, de “otras instalaciones” a “terciario comercial”. El consistorio justifica la operación por la falta de supermercados en la zona costera durante el verano y sostiene que el nuevo establecimiento evitaría desplazamientos por la CV-500 para hacer la compra.

Puzzle está fuera del núcleo de El Perelló, aunque el Ayuntamiento presenta el supermercado como un servicio para la población residente. La ubicación plantea una cuestión central para la evaluación ambiental estratégica: qué desplazamientos evitaría realmente el establecimiento y cuántos viajes generaría su propia actividad. La memoria defiende que un comercio más próximo reduciría los trayectos interurbanos, pero esa mejora deberá valorarse teniendo en cuenta el emplazamiento concreto de la parcela.

La protección de las aves, en el centro del debate

La tensión aparece también en el diagnóstico ambiental del propio plan. El Ayuntamiento describe l’Albufera como un ecosistema acuático “íntimamente relacionado con su entorno” y destaca el valor ornitológico de los arrozales. Para el área 7, calificada como erial, arrozal y uso agrícola, propone cambiar el uso a “regeneración de hábitats”, al considerar que la falta de actuación permitiría la degradación progresiva del entorno. Para el área 13, donde se encuentra Puzzle, paradójicamente, plantea una excepción que abriría paso al uso comercial.

El Ayuntamiento condiciona el cambio a reformar la imagen exterior del edificio para mejorar su integración paisajística, sin aumentar el volumen ni la ocupación existentes. La memoria presenta el supermercado como una actividad más útil para la población de la zona y más compatible con los objetivos del parque que la discoteca. Sin embargo, el uso comercial no se plantea sobre un terreno sin actividad previa: el Ayuntamiento reconoce que la discoteca cuenta con respaldo judicial.

L’Albufera forma parte de la Red Natura 2000 y está declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El parque aspira además a ser declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.

La licencia de discoteca y aparcamientos

La sentencia 223/2024, de 31 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València reconoció la licencia para la actividad de discoteca que el Ayuntamiento había denegado. La memoria sostiene que ese uso puede ejercerse al amparo del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y de la Declaración de Interés Comunitario concedida en 2001; añade que la planificación ambiental permitiría mantenerlo sin una nueva DIC y contempla la posible ampliación autorizada en aquella declaración. La sentencia se refiere a la actividad de discoteca y a las obras vinculadas a ella: no autoriza el supermercado que ahora propone el consistorio.

Para justificar el nuevo uso, el Ayuntamiento se apoya en el artículo 84 del PRUG que permite usos terciarios en las zonas de ámbito del Plan Especial. También cita una resolución del secretario autonómico de 3 de julio de 2014, según la cual la relación de actividades terciarias enumeradas en el PRUG no era cerrada y un Plan Especial dirigido a la regeneración y adecuada gestión de la zona podía permitir el uso comercial. El consistorio invoca esa interpretación para plantear el cambio, que todavía deberá completar su tramitación ambiental y urbanística.

El supermercado no es la única modificación prevista. El Ayuntamiento propone destinar a aparcamiento otra área calificada actualmente como erial, con el argumento de responder a los problemas de tráfico y estacionamiento del verano. Para el área 3, donde se encuentra la cooperativa, plantea reconocer el uso industrial ya existente. La memoria incluye asimismo una política de largo plazo: si la Administración ambiental compra alguna de las actividades industriales o agrícolas del ámbito, podría destinar posteriormente esos terrenos a la regeneración de hábitats. Hasta entonces, sus titulares permanecerían dentro de ordenación y tendrían que cumplir programas de mantenimiento ambiental. Esta previsión se refiere a actividades productivas o agrícolas y no explica por sí misma el cambio comercial de Puzzle.

Una reconversión con antecedentes

La posibilidad de convertir la discoteca en supermercado viene de lejos. En 2011, el Ayuntamiento y Rimalpa, propietaria de Puzzle, acordaron impulsar un Plan Especial para el entorno de El Perelló que afectaba a 700.000 metros cuadrados y contemplaba la transformación comercial de la sala.

Rimalpa ha mantenido un acuerdo con opción preferente a favor de Consum para instalar un supermercado en el local. Sin embargo, el proyecto no salió adelante por los impedimentos urbanísticos y ambientales y la falta de aprobación del Plan Especial.

Hace dos años, la sentencia de 2024 resolvió a favor de la actividad de ocio y ahora es el Ayuntamiento, gobernado por el independiente Julián Sáez, el que vuelve a poner sobre la mesa una salida comercial. El consistorio defiende que el supermercado reduciría desplazamientos y atendería una carencia de la zona; la evaluación ambiental deberá determinar si esa mejora se sostiene para una parcela situada fuera de El Perelló y si el cambio resulta compatible con la protección de l’Albufera.

Vox ha hecho públicas este miércoles sus candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana. La gran novedad se sitúa en la circunscripción de Valencia, donde Ignacio Gil Lázaro encabezará la lista al Congreso de los Diputados en sustitución de Carlos Flores Juberías, que encabezó la lista por esta provincia en 2023.

Gil Lázaro es diputado o senador de forma ininterrumpida desde 1982, en la segunda legislatura -hasta la fecha han sido 40 años como diputado y cuatro como senador-. Tras una larga trayectoria en el Partido Popular, pasó a formar parte de las filas de Vox en el pasado mandato. Recientemente ha ejercido como portavoz de la formación en la comisión de investigación sobre la dana en la Cámara Baja.

El nombramiento de Gil Lázaro supone el desplazamiento de Carlos Flores Juberías al tercer puesto de la candidatura. Flores Juberías fue el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las elecciones autonómicas de 2023, cargo del que dimitió tras trascender una condena por violencia psicológica contra su exmujer. Posteriormente encabezó la lista al Congreso por Valencia, posición que ahora pierde en favor del veterano parlamentario.

El número dos de la candidatura por Valencia lo ocupará Ana Bellver, actual diputada en las Corts Valencianes y considerada la mano derecha del síndic parlamentario José María Llanos. Su incorporación a la lista nacional obligará a correr la candidatura autonómica de la formación.

En la provincia de Castellón, el partido apuesta por la continuidad. El militar retirado Alberto Asarta repetirá como cabeza de lista al Congreso, acompañado en el segundo puesto por Llanos Massó, actual presidenta del parlamento valenciano. Massó no está obligada a dimitir de la presidencia de la Cámara autonómica para figurar en las candidaturas pero, en caso de resultar elegida, deberá optar por uno de los dos cargos al existir incompatibilidad legal para pertenecer simultáneamente a dos cámaras legislativas.

Por la circunscripción de Alicante, el actual diputado David García repetirá al frente de la lista. En los puestos dos y tres le seguirán Ana María Cerdán y José María Sánchez García.

El PSOE ya tiene registrada su candidatura a las elecciones generales por Valencia. Son los primeros y, por el momento, los únicos. Los socialistas valencianos han hecho guardia durante toda la noche a las puertas de la Junta Electoral Central para formalizar la candidatura que encabeza Pilar Bernabé, que el martes cesó como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana para centrarse en la carrera hacia el 29N. A la dirigente valenciana le sigue en la lista el ministro de Hacienda, Arcadi España y la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, primeros espadas del partido.

Les sigue el actual portavoz en las Cortes Valencianas, José Muñoz, los diputados Carmen Martínez y Vicent Sarrià, Ana González, Michel Montaner, Lola Celda, Ernesto Herrera, Maite Girau, Jaume Espada, Nuria Aparici, Abel Martí, Horte Gómez y Vicent Ciscar, alcalde de Paiporta.

Los socialistas valencianos sitúan la vivienda y la justicia social como prioridades frente al “sectarismo del PP”, a quien acusa de “favorecer a los fondos buitre y no aplicar la Ley Estatal de Vivienda”. Bernabé destaca que aúna la experiencia de alcaldes, alcaldesas y cargos institucionales “comprometidos con no dejar a nadie atrás”.

Hasta la fecha, a cinco días de cerrar el plazo, los socialistas son los únicos en registrar la candidatura. Compromís-Front Valencià tiene decidida la estructura de las listas pero los candidatos deben ser elegidos en unas primarias. Por Alicante, la cabeza de lista será Maria Teresa Pérez, de Podemos, y por Valencia y Castellón debe elegir el candidato Més. El PP y Vox no han proporcionado información sobre sus candidaturas.