La Agencia Valenciana Antifraude ha concluido, tras una larga investigación nacida de una denuncia anónima, que el concejal socialista en el Ayuntamiento de València, Javier Mateo, y el asesor y exjefe de prensa de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, Alejandro García, deben indemnizar a la Fundación València Activa y a la Fundación Deportiva Municipal, respectivamente, por haber dejado sin previo aviso sus puestos directivos en ellas: uno para ser concejal en 2023 y el otro para ocupar un cargo de confianza en la Delegación del Gobierno en 2022. El órgano investigador deriva el caso al Tribunal de Cuentas para que considere si existe una “responsabilidad contable” y si corresponde recuperar el dinero de las indemnizaciones, unos 17.000 euros cada uno.

En la resolución de Antifraude, de 77 páginas, el instructor censura tanto el nombramiento de Mateo y García como, sobre todo, que no cumplieran con el preaviso de tres meses exigido al ostentar cargos directivos. Javier Mateo, en sus alegaciones, acreditó que hasta diez directivos nombrados en entidades y fundaciones públicas del Ayuntamiento de València también dejaron sus puestos sin el preaviso obligatorio de tres meses. El más llamativo es el de la actual consellera de Educación, María Carmen Ortí, cuando dejó la dirección de la Universidad Popular. El cese de Ortí fue aprobado el 5 de diciembre de 2025, con efectos desde el día 3 del mismo mes, sin el preaviso marcado por la legislación interna, debido a su entrada en el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca.

Así, según la legislación aplicada y citada por Antifraude, tanto Ortí como otros nueve cargos nombrados por el PP en AUMSA, la Fundación Las Naves o la Universidad Popular deberían indemnizar a estas entidades públicas por haberlas abandonado sin previo aviso, ya que podrían haberles causado un perjuicio económico.

En ese sentido, el instructor de Antifraude considera que la relación de ceses posteriores aportada como supuesto “procedimiento habitual” por parte de Javier Mateo no es un eximente. “Los casos enumerados pertenecen a diferentes entidades, años, regímenes jurídicos y causas extintivas, y no se aportan los respectivos expedientes completos, contratos, informes jurídicos o liquidaciones que permitan establecer una comparación homogénea. En todo caso, la repetición de una práctica no determina por sí misma su conformidad a Derecho”, argumenta el instructor.

Eso sí, Antifraude recuerda que la información aportada “podrá ser valorada separadamente a efectos de posibles actuaciones de carácter general sobre la gestión de la alta dirección en el sector público local”. Veremos si la agencia dirigida por Eduardo Beut inicia una causa general contra los exdirectivos o si, a partir de ahora, se suceden una serie de denuncias anónimas que obliguen a Antifraude a mojarse.

Uno de los argumentos de peso que utiliza Antifraude contra el concejal y el asesor es que, antes de que ellos abandonaran las fundaciones, lo hizo una de las subdirectoras de València Activa, María del Mar Marín, a quien la fundación “sí calculó, reclamó y percibió la indemnización correspondiente al preaviso incumplido”. Es decir, sí abonó un pago por salir de la entidad sin cumplir el preaviso de tres meses.

Tanto Javier Mateo como Alejandro García defienden en sus alegaciones que sus contrataciones y sus salidas de las fundaciones estuvieron acreditadas tanto por los patronatos como por los servicios jurídicos, así como por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de València. Nadie en las entidades públicas les reclamó el pago de la indemnización.

“No hay causa legal de abstención” de Bernabé

La investigación de Antifraude también indagó sobre un presunto trato de favor entre Pilar Bernabé y Alejandro García, pero concluyó que la “amistad íntima” entre ambos no estaba acreditada cuando García fue nombrado directivo de la Fundación Deportiva Municipal y la delegada del Gobierno era su presidenta. Sí critica unos “riesgos de imparcialidad mal gestionados”, pero reconoce: “Las actuaciones no permiten acreditar una relación de íntima amistad constitutiva por sí misma de causa legal de abstención ni una predeterminación efectiva del procedimiento” de nombramiento de García como subdirector de Promoción Institucional y Comunicación de la Fundación Deportiva Municipal.

El último barómetro del CIS arroja ciertas esperanzas en las formaciones de izquierdas valencianas. Especialmente para Compromís, que, en una encuesta de índole nacional, consigue unos resultados nada desdeñables en simpatía y voto: el 2,3% de los encuestados a nivel nacional afirma que metería la papeleta de los valencianistas en las próximas elecciones autonómicas. La coalición solo se presenta en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, también a las generales.

El barómetro de septiembre, cuyo avance se publicó el pasado lunes, refleja que se parte de una distribución proporcional por comunidades autónomas y se ajusta de forma que todas ellas alcancen un mínimo de 100 entrevistas. La población valenciana representa casi el 11% de la población nacional, por lo que los resultados deben abordarse en este contexto.

Las preguntas con respuesta espontánea avivan ese moderado optimismo. La encuesta agrupa a todas las formaciones que concurrieron bajo el paraguas de Sumar en una misma opción política, pese a que está por ver si se reeditará una plataforma similar y bajo qué siglas, salvo en aquellas preguntas de respuesta espontánea. En los resultados publicados no se reflejan las respuestas sobre formaciones con arraigo territorial para medir la intención de voto ni el recuerdo; los valencianistas aparecerían aglutinados en Sumar. Así, es en apenas cuatro respuestas donde los valencianistas pueden ver si se les recuerda como una opción política relevante, al margen de las confluencias, que es como se han presentado a las últimas elecciones generales.

A la pregunta, “¿qué partido considera más cercano a sus propias ideas?”, el 1,1 responde que Compromís, el séptimo en simpatía, una décima por detrás de Sumar. A la cuestión: “Y en unas próximas elecciones a su comunidad autónoma, ¿a qué partido votaría Ud.?”, el 2,3 responde que a los valencianistas. Y, entre quienes afirman que no votarían a ningún partido en las próximas generales, el 1,1% afirman sentir mayor simpatía por Compromís. Es el mismo porcentaje que Podemos y Pacma, y solo un 0,1 punto menos que Sumar, 0,2 menos que Izquierda Unida y 0,8 que Esquerra Republicana. El partido de Gabriel Rufián es la marca autonómica con mayor tirón en estas respuestas espontáneas.

Los valencianistas suelen esperar a que se publiquen los microdatos del barómetro para hacer sus propias estimaciones, y en los últimos análisis constatan que la marca está fuerte, cercana al 22% de los votos en unas elecciones autonómicas. Y eso solo contando con que se presentaran en solitario, a falta de ver si se cierra un acuerdo con otros partidos y se incorpora a movimientos sociales, tesis a debate en el seno de la coalición.

El crecimiento vendría del descontento de votantes del PSOE, según apunta Lluis Miquel Campos, una de las cabezas pensantes de Més: “Aproximadamente uno de cada cuatro valencianos que recuerda haber votado Pedro Sánchez en las generales de 2023 dice ahora espontáneamente que votaría Compromís en las autonómicas. Compromís amplía espacio con el votante movilizado que no quiere PP-VOX y tampoco al PSOE”, señala en un hilo en X. El barómetro, señala el dirigente, vendría a confirmar una tendencia: la marca de los valencianistas está fuerte.

El PSPV reclama la dimisión o el cese del director general de À Punt tras la compra de programas emitidos en Telemadrid y denunciar la falta de pluralismo en los nuevos formatos de la cadena pública valenciana.

La diputada socialista Mercedes Caballero, representante en la comisión parlamentaria sobre el espacio audiovisual, argumenta sus críticas en la compra del programa Sopa de Letras, contenido emitido ya en la televisión madrileña, o el enfoque del programa Panorama, que responde a un “sectarismo y falta de pluralidad”. La parlamentaria apunta que no hay “ningún problema con comprar derechos [de emisión], pero À Punt debe valencianizar los contenidos, como hacen otras televisiones autonómicas, y apostar por empresas audiovisuales, presentadores y concursantes valencianos”.

Caballero ha criticado el tratamiento de un reportaje sobre el abandono de tierras de cultivo emitido el pasado lunes en ‘Panorama’, donde participaron el conseller de Agricultura y el portavoz de Vox en Les Corts, mientras se excluyó al resto de grupos de la oposición. En su emisión anterior un sindicato denunció que se le excluyó en un programa sobre la huelga educativa.

Con ello, los socialistas consideran que la dirección de À Punt está incumpliendo los objetivos recogidos en la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, especialmente en su obligación de apoyar y fomentar el sector audiovisual valenciano y promover el uso y aprendizaje del valenciano. “Es la gota que colma el vaso”, ha afirmado Caballero, quien ha criticado que “las audiencias están por los suelos, los trabajadores están insatisfechos, las coberturas informativas son insuficientes y el sector audiovisual valenciano sigue olvidado”.

La comisión que aborda los temas de la televisión pública lleva meses sin reunirse. El útlimo encuentro fue el pasado abril y apenas se trataron proposiciones no de ley. La sesión previa fue en junio de 2025 para abordar una comparecencia del recién elegido director general, Francisco Aura, pese a que la ley obliga a que se reuna una vez al mes. PP y Vox han pactado que vuelva a reunirse el próximo 24 de septiembre.

Primeras alianzas en la izquierda valenciana. Compromís y Podemos firman una alianza en Elche, la tercera ciudad en habitantes de la Comunitat Valenciana, para un programa conjunto a las elecciones municipales. La coalición valencianista y los morados han presentado este lunes un acuerdo programático para disputar el gobierno al PP de Pablo Ruz, que gobierna junto a Vox en la ciudad alicantina.

La izquierda local ha preparado un proyecto de municipio que ha trabajado “desde la responsabilidad y el mandato que nos había hecho la gente de izquierdas para que haya ese entendimiento”, ha explicado la portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez. La coalición aún no ha definido su modelo de pactos a nivel autonómico, pero los municipios tienen autonomía para trazar sus alianzas con las izquierdas. También está por ver si se incorpora al acuerdo a Esquerra Unida del País Valencià.

La portavoz del grupo municipal, perteneciente a Iniciativa-Compromís, apunta que el proyecto conjunto es “un punto de partida en un camino que continúa en los procesos que corresponde de cada formación y que culminará en la recogida de propuestas de formaciones, entidades y de la ciudadanía en general que se sume a este movimiento que pretende desalojar a la derecha y extrema derecha del consistorio”. “La gente normal sigue teniendo los problemas que no ha sabido dar respuesta el alcalde, Pablo Ruz. Lo que es cierto es que ahora pagamos más impuestos y vivimos peor, y por eso estamos aquí para hablar de las iniciativas que pueden transformar la vida cotidiana de la gente, que para eso está la política”, ha remarcado la dirigente.

Por su parte, la secretaría local de Més Compromís, Míriam Hurtado, ha detallado los puntos clave de este acuerdo programático, centrado en las políticas de vivienda. También ha hablado del apoyo a los sectores productivos, impulsar la industria especializada, apoyar al sector primario y, sobre todo, dar respuestas a la población más joven y precarizada. Asimismo, ha insistido en el blindaje y refuerzo de los servicios públicos como son la educación, la sanidad y los servicios sociales o el impulso del deporte y de la cultura. 

Por su parte, la representante de Podem Elx, Tony Macià, secretaria de feminismos y LGTBIQA+ en Podem ha asegurado que “hemos comenzado la casa por los cimientos, sin prisas y con confianza. Hace más de un año que ponemos en común los elementos que nos unen y tienen la capacidad de transformar el municipio en un proceso que pretende facilitar la vida de los vecinos y vecinas de Elche. Ha sido un proceso de diálogo con las entidades del municipio para escuchar, vehicular y hacer realidad las propuestas, un camino que continuamos y que culminará a finales de este año e inicios del que viene con un proceso abierto a la ciudadanía para recoger propuestas y que nos acompañen en este camino”. Macià ha señalado que “la gente sencilla esté en las instituciones es muy importante para poder hacer una política real”. 

El síndic del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Muñoz, y la diputada Alicia Andújar han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que obligue a reabrir la comisión de investigación sobre la dana de les Corts por vulnerar derechos fundamentales de los diputados y de la ciudadanía. Los socialistas consideran que el carpetazo exprés de la investigación parlamentaria valenciana, sin haber citado a los principales implicados del Gobierno de Carlos Mazón, que sí han comparecido en la Comisión del Congreso, invalidaría las conclusiones que aprobaron por mayoría PP y Vox.

Según explican los socialistas, el recurso de amparo presentado por el Partido Socialista ante el Tribunal Constitucional detalla las “irregularidades producidas durante la Comisión de Investigación y aprobación del dictamen en Les Corts Valencianes” y solicita que se restablezcan los derechos vulnerados y se deje sin efecto una actuación parlamentaria que no puede tener cabida en una institución que representa la voz del pueblo valenciano y, en consecuencia, la memoria de las 232 personas que murieron ahogadas.

En la comisón de las Corts no ha comparecido ningún conseller de Mazón que estuvo al frente de la emergencia, tampoco los funcionarios que lideraron las decisiones, como el jefe de bomberos José Miguel Basset, o el de Emergencias, Jorge Suárez, ni nadie del gabinete del expresidente. Todos han ido por su parte a la comisión del Congreso. Además, el dictamen votado por PP y Vox responsabiliza al Gobierno y deja inmaculada a la Generalitat, pese a la investigación penal que apunta directamente al organismo autonómico.

“Les Corts Valencianes están para esclarecer lo sucedido y para exigir responsabilidades y no vamos a permitir que el Partido Popular y Vox utilicen Les Corts como escudo político para borrar la responsabilidad de Mazón y del Consell del Ventorro”, han explicado los socialistas en un comunicado.

Según el escrito, “este dictamen ilegal es intolerable”. “Llegaremos hasta el final y utilizaremos todas las vías jurídicas y parlamentarias a nuestro alcance para conseguir que ese dictamen quede sin efecto y sea eliminado del Diario de Sesiones de Les Corts”, han advertido.

Entre las peticiones que realizan los socialistas valencianos al alto tribunal, reclaman que declare vulnerado el derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española (CE), al impedirse a los recurrentes ejercer de manera efectiva la función parlamentaria de investigación mediante la sustitución de comparecencias personales ante les Corts Valencianes por la incorporación de transcripciones de comparecencias celebradas ante la Comisión del Congreso de los Diputados.

También consideran que se debe declarar vulnerado el derecho reconocido en el artículo 23.2 de la CE por la alteración material de la función de investigación y control de la Comisión, “al restringirse el ejercicio efectivo del control parlamentario sobre actuaciones y responsables de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, cuya fiscalización corresponde estatutariamente a Les Corts, mientras las conclusiones definitivamente aprobadas desplazaron el objeto del reproche político hacia órganos e instituciones de la Administración General del Estado”.

El síndic socialista y la diputada Andújar reclaman al Constitucional que restablezca a los recurrentes en la integridad de sus derechos mediante la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a producirse las vulneraciones.

“Frente a los intentos de imponer una versión que encubre a Mazón, nuestra obligación como representantes del pueblo valenciano es defender la verdad, la dignidad de las víctimas y el derecho de toda la sociedad valenciana a saber qué ocurrió y por qué”, concluyen.

El Síndic del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Muñoz, ha denunciado que el PP “tiene paralizada la Comunitat Valenciana porque sufrimos a un president, Pérez Llorca, que parece que está en el cargo en comisión de servicios, como estaba su pareja en la Diputación de Valencia”. Muñoz ha hecho estas declaraciones tras la cena de inicio del curso político que el PP celebró anoche en el Puig y en la que la dirección nacional del partido mantuvo la situación de interinidad en el cargo de Pérez Llorca, evitando confirmarlo como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2027, hasta el extremo de que la representante de Génova, la portavoz en el Congreso Esther Muñoz, ni siquiera citó en su discurso al actual inquilino de la Generalitat tras la dimisión de Mazón por su desastrosa gestión de la Dana de octubre de 2024.

Para Muñoz, resulta “patético el nuevo ninguneo de Génova a Pérez Llorca, al que anoche la portavoz en el Congreso Esther Muñoz ni siquiera citó en la cena de inicio de curso político del PP, tras los anteriores desaires y silencios de Feijóo y de Tellado”. “Es una humillación en toda regla”, ha recalcado el dirigente socialista.

“Los valencianos no nos merecemos el tener a un president en precario, un president interino, cuyo único mérito es que Feijóo lo puso a dedo para sustituir al indecente y aún diputado del PP Carlos Mazón, así como por su eficacia para conseguir entradas del Mundial”, ha lamentado José Muñoz, quien ha exigido a Pérez Llorca y al PP “que se dejen de cenas y de saraos por los pueblos para promocionarse y se pongan a trabajar ya por la Comunitat Valenciana”.

José Muñoz ha recordado que, “sin ir más lejos, Isabel Díaz Ayuso hizo el jueves pasado, 10 de septiembre, el debate sobre el estado de la Comunidad de Madrid mientras en las Corts Valencianes ni siquiera sabemos cuándo se va a celebrar el que es el debate anual más importante del Parlamento, junto con el de Presupuestos, y solo por informaciones periodísticas se dice que será el 28 de septiembre, a final de mes”.

“Y todo esto –ha advertido el síndic socialista–, porque han congelado y paralizado la actividad de la Generalitat y de las Corts debido a que Pérez Llorca, por más que le haga la pelota a Feijóo, no tiene la confirmación como candidato a la Generalitat en 2027. Y por eso en el PP están en los juegos del hambre, a ver quién se lleva el gato al agua, si Pérez Llorca o el machista de Vicent Mompó, que aún no ha pedido perdón por sus insultos”. “Menudo ‘dream team’ de la indecencia tiene el PP”, ha lamentado el dirigente del PSPV-PSOE.

Muñoz ha censurado que “mientras el PP ha impuesto el bloqueo a la actividad en la Generalitat y en las Corts, los valencianos tenemos problemas muy graves que siguen sin solución: Una sanidad pública que se cae a pedazos, una educación pública abandonada y una política de vivienda solo accesible bajo mano para los amiguitos del PP”.

“Un presidente débil”

“Y para colmo, un president de la Generalitat tan débil que es incapaz de apoyar, como sí ha hecho en Canarias, un nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España que nos daría 3.700 millones de euros más a partir del 1 de enero de 2027”, ha apuntado.

Según el responsable socialista en las Corts, “los valencianos no necesitamos un president que actúe más como el conserje del Palau de la Generalitat que como el president de todos los valencianos y valencianas”. “Por eso –ha recalcado–, exigimos a Pérez Llorca que se ponga a trabajar desde ya y que priorice los intereses de los valencianos frente a los suyos propios”.

Ni el uno, ni el dos, ni la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Génova mantiene en el congelador el proceso de nombramiento del candidato de los conservadores valencianos a la presidencia de la Generalitat. Y no será porque en los últimos meses no se han prodigado Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, así como otros cargos de la dirección nacional, en actos de partido en la Comunitat Valenciana. Y ninguno ha tenido ni un mínimo gesto público para confirmar al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, como cabeza de cartel.

Parece difícil que no será el actual presidente quien sea también candidato a la Generalitat, pero el silencio de Feijóo y su equipo ha provocado numerosos movimientos internos y ha generado dudas. ¿Hay encuestas negativas? ¿Hay dosieres inconfesables? ¿Es una estrategia de Génova para no desviar el tiro de la inmigración y los escándalos de corrupción que atenazan al Gobierno?

El PP valenciano, con presencia de la mediática Muñoz, ha hecho una demostración de fuerza en su tradicional cena de inicio de curso, a 45 euros el cubierto, que culminará con las elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo de 2027. 1.500 militantes han arengado a sus líderes eufóricos con el tema de Ceuta, en el que el Gobierno y sobre todo Pedro Sánchez se han enfangado y tiene complicado zafarse en las próximas semanas o meses.

Esther Muñoz ha asegurado que “toda España tiene la vista puesta en el PP” y sabe que Alberto Núñez Feijóo “va a ser el presidente”. Por ello, ha pedido “ejemplaridad” a los militantes y dirigentes populares y ha sostenido: “hay que ser leales a las siglas pero también a España; hay que trabajar donde nos coloque el partido; si cada uno hace lo que toca, el PP es imbatible”.

Ha criticado que Sánchez “es el primer presidente de la democracia que sabiendo que iban a invadir su país, miró a otro lado” y ha defendido que aunque España es “fuerte y se va a recuperar de la invasión, tiene que soltar lastre”.

“No se puede defender España con un presidente como Sánchez”, ha asegurado, a la par que ha incidido en que “mintieron a todos los españoles; vino al Congreso como víctima y ni pidió perdón y dijo si no tenía derecho a tener vacaciones”.

Lo que no tiene, ha dicho, es “derecho a ser presidente del Gobierno” y ha asegurado que al PP “no” les vale “con una dimisión” ni siquiera de un ministro o del presidente, al que ha pedido “que tiene que disolver Las Cortes y convocar elecciones”.

A su juicio, las elecciones generales, serán “un punto crucial para el país” y “no habrá retorno: si gana el PSOE, harán desaparecer la España que conocemos”, por eso ha defendido “la importancia y valor histórico que tiene el PP”.

“Estamos preparados. Tenemos la responsabilidad de generar una alternativa, tenemos la alternativa y al mejor presidente, que además es buena persona”, ha recalcado, a la vez que ha sentenciado: “estamos preparados para la próxima reconstrucción”

Llorca: Estamos dando la cara a los problemas de la Comunitat

Juanfran Pérez Llorca ha defendido que el PP no se ha ido de vacaciones porque ha estado “dando la cara a todos los problemas de la Comunitat”.

Ha hecho un repaso a las políticas del Consell con el gobierno del PP y ha sostenido que han hecho “más que los que venían a salvar a las personas” y ha reprochado que ninguna ministra o ministro de Sánchez “puede ser alternativa de gobierno en el peor momento del sanchismo”.

“Al Botanic no lo echó el PP sino los valencianos hartos de tanto sectarismo; no puede ser una alternativa”, ha afirmado.

A su juicio, en tres años han sido “hiperactivos” pero necesitan más tiempos tiempo para tener esa Comunitat que teníamos y estamos recuperando, tenemos que seguir trabajando“.

Ha pedido que vayan “con la cara alta” y ha asegurado que “los que tienen que esconderse son ellos; se avergüenzan de Sánchez”.

Mompó: El PP mantendrá la Comunitat y ganará España

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado que “empieza la carrera que acabará con el PP gobernando” y que el PP mantendrá la Comunitat Valenciana y ganará España“ y ha afirmado que el PP ”está preparado“

En su discurso, en el que ha mandado un mensaje de apoyo a los ceutíes -“Ceuta no se vende, es España”, ha dicho, ha asegurado que la Comunitat “jugará un papel determinante y necesitamos a Feijóo en la Moncloa porque necesitamos que se escuche a las comunidades autónomas”.

El PSPV-PSOE da el pistoletazo de salida a la campaña para las elecciones autonómicas. Dos semana después de ratificar a los principales candidatos en las capitales y grandes municipios, los socialistas celebrarán en Alicante su conferencia política, un congreso que han diseñado al estilo de las convenciones socialdemócratas.

Las jornadas se celebrarán el 19 y 20 de septiembre en la Universidad de Alicante, un encuentro que culminará meses de trabajo, diálogo y participación para construir el proyecto socialista con el que concurrirá a las elecciones de 2027. El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha presentado este viernes el programa junto a la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós, y la secretaria general comarcal de la Marina Baixa y secretaria de Área Institucional de los Socialistes Valencians, Mayte García.

Mascarell ha destacado que el PSPV-PSOE llega a esta Conferencia “con los deberes hechos”, después de meses de trabajo con colectivos, sectores y representantes de la sociedad valenciana y ha señalado que “es un espacio de escucha, pero también el lugar desde el que vamos a presentar una propuesta de gobierno”: “”No estamos esperando a que llegue 2027, estamos trabajando desde hoy para ofrecer a la ciudadanía un proyecto de futuro“. La mano derecha de Diana Morant defiende que el partido camina hacia las elecciones ”con una propuesta preparada para gobernar y para dar respuesta a los problemas reales de la Comunitat Valenciana“. Así, la Conferencia abordará algunos de los principales retos de la Comunitat a través de diferentes bloques de trabajo, entre ellos educación, economía, vivienda y Europa, además de otras cuestiones relacionadas con el territorio y las oportunidades de futuro.

En la misma línea, Mascarell ha remarcado que la Conferencia “no será el final, sino un paso más de un proceso que seguirá abierto hasta 2027”, con el objetivo de incorporar nuevas propuestas y convertirlas en compromisos concretos de gobierno y ha situado este proceso como el inicio de la alternativa al actual Consell: “Desde Alicante iniciamos el cambio que va a haber en la Comunitat Valenciana con el próximo cambio de gobierno”.

El dirigente socialista ha contrapuesto este trabajo con la situación del Partido Popular y su debate sobre la candidatura a la Generalitat y ha asegurado que “mientras Pérez Llorca está nervioso por ser candidato, nosotros tenemos la candidata que va a ser la próxima presidenta de la Generalitat”, al tiempo que ha remarcado que “ellos están pendientes de quién será candidato y nosotros estamos pendientes de qué necesita la Comunitat Valenciana”. “El PP gobierna mirando a Vox y a Madrid; nosotros vamos a gobernar mirando a la Comunitat Valenciana”, ha destacado.

Para el secretario de Organización, “mientras el PP sigue pendiente de sus problemas internos, el PSPV está escuchando, trabajando y construyendo una alternativa”. Una alternativa que, ha defendido, tiene como prioridad “recuperar lo que importa”: unos servicios públicos fuertes, más oportunidades para quienes quieran desarrollar aquí su futuro, la protección del territorio y la generación de prosperidad.

La Sindicatura de Comptes cifra en 1.172 millones la deuda a favor de la Comunitat Valenciana por la atención sanitaria a personas derivadas o desplazadas en el período 2013-2024: “No se cumplen los principios de equidad, cohesión y solidaridad en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) con especial perjuicio a la Comunitat Valenciana”.

Esta es la conclusión general de la auditoría operativa realizada por la Sindicatura de Comptes sobre la compensación de los gastos ocasionados por la atención sanitaria a personas derivadas o desplazadas en la Comunitat Valenciana para evaluar la eficacia y eficiencia del sistema vigente de compensación.

Esta compensación se instrumenta mediante el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS, pacientes programados de otras CCAA y extranjeros de 32 países europeos y seis con convenio bilateral) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA, pacientes no programados de otras CCAA).

Al respecto, explica en su informe que esta conclusión general está fundamentada en las siguientes conclusiones parciales que apuntan a que “no resultan eficaces ni eficientes los procedimientos de compensación establecidos en la normativa de estos fondos ni en los reglamentos europeos”.

Así, señala que el sistema “depende de la voluntad de pago” de las comunidades autónomas y países deudores, y “no existe un mecanismo coercitivo como la obligatoriedad del pago de intereses de demora” y que el Ministerio de Hacienda “no ha efectuado anualmente las preceptivas deducciones del sistema de financiación autonómica y del régimen foral a las comunidades deudoras, al no establecer las LPGE el procedimiento necesario hasta la LPGE para 2023”. De hecho, señala que en julio de 2025 ha compensado con “notable retraso” las del periodo 2013-2023 “si bien quedan 19,4 millones de euros pendientes de pago a la CV de las liquidaciones de 2013-2024”.

Además, apunta a que “la falta de desarrollo reglamentario del FOGA desde 2012 supone que no se hayan compensado todos los gastos sanitarios --798,9 millones de euros no compensados a la Comunitat Valenciana-- y que ”no se ha compensado a la Comunitat Valenciana por todos los gastos sanitarios de personas desplazadas de otras comunidades autónomas“. Advierte también de que ”no se incluye la atención especializada no programada ni las urgencias“.

La Sindicatura apunta que la Comunitat Valenciana es “la de mayor saldo a cobrar en atención primaria de todas las CCAA”: “No se han compensado a la CV 23,1 millones de julio de 2012 a diciembre de 2013 y además, en los gastos compensados se aplican unas tarifas desactualizadas desde 2014”.

Constata además que el Ministerio de Sanidad “deduce, respectivamente, el 20% y el 40% de las asistencias entre las CCAA en el FCS y el FOGA, excepto gasto farmacéutico, sin justificación técnica acreditada, tal como ya informó el Tribunal de Cuentas (5,7 millones y 67,8 millones, respectivamente, no compensados a la Comunitat)”.

También detecta que en los centros, unidades y servicios de referencia del SNS (CSUR) “no se cubren todos los tratamientos y pruebas, sino que solo son facturables los previstos en la normativa para los centros debidamente acreditados” y que la compensación de gastos sanitarios de pacientes extranjeros “no es eficaz ni eficiente siendo la Comunitat Valenciana es la más perjudicada”.

Del mismo modo, subraya que la Comunitat acoge a más de un tercio de los residentes extranjeros y es la comunidad con mayor facturación a los no residentes. No obstante, la efectividad de la compensación entre países europeos “depende de la eficacia de las gestiones de cobro del INSS y la voluntad de pago de los países deudores: el devengo de intereses de demora es opcional y en supuestos restrictivos, y no son obligatorios los acuerdos de agilización de pagos”. Además, ve “muy largos” los plazos de pago previstos en la normativa europea.

Remarca también que existen saldos pendientes de cobro “significativos” a favor de España del periodo 2013-2024 de países europeos, 700 millones (resaltan Reino Unido, Francia, Alemania y significativamente Portugal), y de los países con convenios bilaterales, 28,7 millones (Andorra, Chile, Marruecos, Brasil, Ecuador y Perú), varios de ellos con “incumplimiento de los plazos legales de pago y sin requerirse intereses de demora”. De estos saldos, apunta que corresponderían a la Comunitat 257,1 millones que no se le han compensado.

Además, indica que la cuota global de España “no incluye todos los gastos en dependencia y la repercutida al Reino Unido es inferior al resto de países porque no incluye ningún gasto en dependencia” y que el INSS aplica un criterio de reparto de los cobros por gasto real que “no es coherente porque mezcla el criterio de caja con el de devengo”.

En esta línea, puntualiza además que la Generalitat Valenciana factura por gasto real a extranjeros no residentes según sus tasas sanitarias, que, en determinados procesos, están “desactualizadas y son inferiores a otras CCAA que utilizan la figura jurídica de precios públicos”.

La Sindicatura recoge en su informe que la Conselleria de Sanidad, con la autorización del Consell, así como el president de la Generalitat, “reclaman anualmente la falta de compensación”, si bien recomienda “una acción que pueda resultar más eficaz” y recuerda que la última contestación del Estado es del año 2022. También considera que “se debe mejorar” el control de la Conselleria de Sanidad de los costes sanitarios para el acceso a los servicios sanitarios de personas no acreditadas.

El informe también concluye que la Comunitat Valenciana ha asumido “inadecuadamente” 80,6 millones que no se han llegado a facturar entre 2012 y 2024 y que no se compensan por el FCS y el FOGA y que se ha facturado a pacientes privados 67,1 millones entre 2012 y 2024, si bien está pendiente de cobro un 56,1%.

Ante estas conclusiones, la Sindicatura formula 15 recomendaciones dirigidas al Consell y a la Conselleria de Sanidad, al Gobierno de España, a los ministerios de Sanidad, Hacienda y Seguridad Social, y al INSS con el objetivo “del cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, economía, universalidad, equidad y cohesión del SNS aplicables en el procedimiento de compensación de los costes sanitarios de las personas derivadas o desplazadas”.

La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O ha reclamado al rector de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Jesús Lancis, una respuesta institucional ante la reincorporación de Salomé Pradas como profesora sustituta en la universidad pública, puesto que la exconsellera de Justicia ya ejerció antes de la tragedia. La asociación, que agrupa a familiares de personas fallecidas en la catástrofe del 29 de octubre de 2024, remitió este miércoles una carta al Rectorado en la que expresa su “indignación y profundo malestar” por la continuidad de la expolítica en la actividad docente.

Las familias consideran que la incorporación de Pradas plantea “importantes cuestiones de carácter institucional, ético y moral”, dado que la exresponsable autonómica de Emergencias se encuentra investigada judicialmente en el procedimiento que trata de esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia durante la dana, que causó la muerte de 232 personas, según la cifra que recoge la asociación en su escrito.

La asociación deja claro en su carta que no pretende cuestionar la presunción de inocencia ni el derecho de defensa de Pradas, ni anticipar ningún pronunciamiento sobre una eventual responsabilidad penal. Su reclamación, según explica, se sitúa en otro terreno: el de la responsabilidad y la sensibilidad que, a su juicio, debe mantener una institución pública mientras permanece abierto un procedimiento judicial que afecta directamente a cientos de familias.

Para los familiares de las víctimas resulta “especialmente doloroso” que, mientras la Justicia continúa intentando determinar qué ocurrió durante aquella emergencia y si existieron responsabilidades, una de las personas investigadas por su actuación al frente de la gestión de emergencias pueda incorporarse “con total normalidad” a la actividad docente de una universidad pública.

La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O considera que la UJI “no puede permanecer al margen de esta cuestión” y reclama al rector que explique oficialmente cuál es la posición de la institución ante las implicaciones éticas y morales que, según las familias, plantea la incorporación de Pradas.

La carta también advierte de que la asociación ha trasladado al Rectorado otros aspectos que considera relevantes y que quiere poner en conocimiento de la institución antes de hacer públicas todas sus consideraciones.

Los familiares insisten en que su petición no pretende sustituir a los tribunales ni cuestionar derechos fundamentales. Lo que reclaman es que las instituciones públicas mantengan “memoria, sensibilidad y respeto” hacia las personas fallecidas y hacia unas familias que, casi dos años después de la tragedia, continúan reclamando “verdad, justicia y memoria”.

Ahora la asociación queda a la espera de la respuesta del rector de la UJI. En su opinión, la universidad debe explicar públicamente cuál es su posición ante la situación planteada, porque “la respuesta de una universidad pública ante una cuestión de esta naturaleza también forma parte de su responsabilidad ante la sociedad”.

El expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y el ex secretario autonómico de Emergencias de dicha comunidad Emilio Argüeso comparecerán el día 21 de septiembre ante la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha acordado este miércoles la mesa de la citada comisión investigadora, el órgano que se encarga de establecer el plan de trabajo y las comparecencias, en una reunión a puerta cerrada mantenida hoy, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

Mazón, que continúa siendo diputado del Partido Popular en Les Corts Valencianes y que ha sido convocado para las 11.00 horas del próximo 21 de septiembre, ya se personó en la Cámara baja en noviembre de 2025 y tendrá ahora que responder de nuevo a más preguntas de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios en la sesión de la mañana de la comisión.

Por su parte, Argüeso, que comparecerá ese mismo día a las 15.30 horas, fue secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat durante la dana del 29 de octubre de 2024.

Actualmente es uno de los dos imputados, junto a la exconsellera Salomé Pradas, en la causa judicial que investiga la gestión de la tragedia en la que murieron 232 personas.

El exresponsable autonómico de Emergencias ya fue llamado a declarar ante esta comisión en el Congreso el pasado enero pero excusó entonces su comparecencia alegando que estaba de baja médica.

En los últimos días, diputados del PSOE y Compromís han buscado forzar estas comparecencias, así como otras como la del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

En esta línea, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto Águeda Micó consideró este martes que es “imprescindible” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus principales ministros comparezcan ante la Comisión antes de que se cumpla el segundo aniversario de la riada, el próximo 29 de octubre.

La educación como política de Estado, la necesidad de reducir las desigualdades desde la escuela y una crítica a la utilización partidista de los resultados del informe PISA. Estos fueron algunos de los ejes de la conversación entre el exsecretario autonómico de Educación Miquel Soler y el embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante la presentación en València de Pensar educación, repensar la sociedad (Neopàtria, 2026), el libro en el que Soler repasa décadas de experiencia en las políticas educativas.

El encuentro se celebró en El Muelle, Espai Gastrocultural de València, y reunió también a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, al expresidente de la Generalitat Joan Lerma y al exconseller de Educación Ciprià Ciscar, además de otros cargos socialistas y de la comunidad educativa. Más que una presentación convencional, la conversación derivó rápidamente hacia algunos de los debates que atraviesan actualmente la educación valenciana y española: las ratios, la contratación de docentes, la escolarización de 0 a 3 años, la FP, la repetición de curso y, sobre todo, qué lectura debe hacerse de los últimos resultados de PISA.

Soler, que ha pasado por las aulas como profesor de Matemáticas y de BUP y COU y posteriormente por la administración educativa valenciana y el Ministerio de Educación, reivindicó precisamente esa perspectiva acumulada. Recordó que comenzó su trayectoria profesional en una época en la que las ratios alcanzaban los 41 alumnos por aula y era necesario construir centros educativos para absorber el crecimiento de la escolarización.

“Es evidente que los incrementos de ratios y contratar más profesores es un tema de siempre”, señaló. A su juicio, algunos de los problemas que actualmente se utilizan para cuestionar la gestión educativa del pasado reciente no pueden atribuirse exclusivamente a un determinado gobierno. “En 20 años del PP se retrocedió. Decir que son problemas del Botànic es absurdo”, afirmó.

El exresponsable de Educación llegó a reclamar al actual Consell que asuma sus responsabilidades. “Si no saben gobernar, que se vayan de la Generalitat”, dijo, antes de añadir que existe relevo preparado y que “pronto” habrá una alternativa.

Pero su crítica no se quedó en la pugna partidista. Soler insistió en que la educación exige continuidad y planificación a largo plazo. “La educación no cambia cada cuatro años”, sostuvo. Las políticas educativas, explicó, deben analizarse en función de las necesidades de cada momento y de los resultados que producen, no como una sucesión de cambios vinculados a cada legislatura.

Puig coincidió en esa reivindicación de la continuidad. “Miquel ha tenido la valentía de poner por escrito lo que ha dicho”, afirmó sobre el libro. Para el expresidente, el texto permite comprobar que algunas cuestiones siguen plenamente vigentes mientras que otras necesitan ser revisadas.

Puig reivindicó además la trayectoria de Soler como una figura vinculada durante décadas a las políticas educativas socialistas. “Ha sido una suerte para el país y para nuestro partido”, señaló. “Ha sido incluso en la política un maestro”.

Para el embajador ante la OCDE, la educación no puede separarse de la política porque constituye precisamente una de las principales herramientas para transformar la sociedad. “La vocación es fundamental en la vida. La educación no se puede desentrañar de la política. La educación es la palanca que puede hacer la política más justa”, afirmó.

Y puso el foco en una cuestión que, a su juicio, va más allá de la tradicional discusión sobre el esfuerzo de los alumnos. “La cuestión no es que la gente se esfuerce”, señaló. El objetivo de la educación, defendió, debe ser que los jóvenes aprendan a desenvolverse en un contexto cada vez más complejo: “Han de saber vivir y ser ciudadanos”.

El PISA de la comprensión lectora

La conversación aterrizó después en el último informe PISA, cuyos resultados han vuelto a situar el rendimiento educativo en el centro del debate político. Puig, que conoce de cerca el trabajo de la OCDE, pidió evitar tanto el triunfalismo como la utilización demagógica de los datos.

“Lo que ha de quedar de PISA es cómo podemos mejorar”, afirmó. El informe, según explicó, constata problemas “muy preocupantes” que no son exclusivamente españoles ni valencianos, sino globales. Entre ellos situó el deterioro de la capacidad de atención y de comprensión. “Habla de una caída de la atención. De la comprensión y sin eso no se puede aprender”, señaló. Un debate que, recordó, también está muy presente en otros países europeos, como Francia.

Puig relacionó esta pérdida de capacidad de concentración con el contexto tecnológico y social en el que están creciendo los estudiantes. “Los niños no son ajenos a la velocidad a la que va el mundo”, afirmó, con especial referencia a las redes sociales. “Estamos creando una sociedad que tiene muy poca capacidad de atención”.

Por eso consideró que PISA puede servir también para “bajar el balón” y recuperar una mirada más reposada sobre las prioridades educativas. Pero introdujo una cautela: el propio informe tiene sus límites. “PISA también tiene sesgo”, advirtió.

Para Puig, las matemáticas y las competencias que evalúa PISA son importantes, pero no pueden convertirse en la medida absoluta de aquello que debe ser una educación de calidad. “Las matemáticas son importantes, pero también las ciencias humanas”, señaló. Porque la educación, sostuvo, no consiste únicamente en preparar buenos trabajadores o mejorar determinadas puntuaciones en rankings internacionales. También tiene una dimensión cívica.

“Esto sirve para hacer personas, ciudadanos”, afirmó. Y cerró su reflexión con una idea que conecta con el propio título del libro de Soler: “Se ha de capacitar a la gente para trabajar, pero también para vivir”.

Soler fue mucho más contundente con la utilización política que se hace de PISA cada vez que se publican sus resultados. “Cada cuatro años, cuando sale PISA, me cabreo”, explicó. “Se habla dos o tres días y hasta dentro de cuatro años”.

En esta ocasión puso como ejemplo al actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al que acusó de haber criticado los resultados sin haber leído el informe. “Y eso demuestra el suspenso en comprensión lectora”, ironizó.

El exresponsable educativo cuestionó especialmente el discurso que reclama aumentar la repetición de curso como solución al bajo rendimiento. España, recordó, es uno de los países con mayor tasa de repetición. “Pérez Llorca critica que se pasen los cursos a los alumnos. Y se demuestra que suspender cursos no mejora la educación”, sostuvo.

Su planteamiento es el contrario: que cada alumno que pasa por el sistema educativo salga con más conocimientos y capacidades que el año anterior. “Pero se ha de reforzar”, añadió. La clave, según Soler, no está en hacer repetir a los estudiantes, sino en proporcionarles los apoyos que necesitan para avanzar.

Así, el debate sobre PISA acabó desplazándose de las posiciones en una clasificación internacional a una pregunta más amplia: qué queremos que haga la escuela. Para Puig, mejorar las matemáticas y la comprensión lectora es necesario, pero insuficiente si se pierde de vista que la educación también debe formar ciudadanos capaces de desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja.

La escuela como ascensor social

Soler llevó después el debate hacia uno de los elementos que considera más determinantes en los resultados educativos: el origen social de los alumnos.

“PISA dice que el factor, a nivel global, que más incide es el nivel sociocultural de las familias”, explicó. Y destacó un dato especialmente relevante: “El nivel de formación de la madre es el factor que más influye. El padre, el quinto”.

Desde esta perspectiva, defendió que la escuela pública puede desempeñar un papel fundamental para compensar las desigualdades de origen. Según su lectura de los datos, una vez descontado el nivel socioeconómico, la enseñanza pública obtiene mejores resultados que la concertada.

Soler reivindicó también los resultados obtenidos por el alumnado valenciano en el PISA de 2022. Ese año, señaló, la Comunitat Valenciana quedó por encima de la media española en comprensión lectora y en torno a la media en Matemáticas.

Y recordó un elemento temporal que, a su juicio, suele quedar fuera del debate político: los estudiantes evaluados en PISA 2022 tenían unos ocho años en 2015. Es decir, buena parte de su trayectoria escolar se desarrolló durante los años del Gobierno del Botànic. “Algo hicimos”, resumió.

La reflexión le llevó de nuevo a una de sus prioridades: la educación infantil. “Si queremos que la vida no esté escrita cuando naces, hemos de invertir en la escolarización infantil de 0 a 3 años”, afirmó.

Soler puso como ejemplo la evolución de las escuelas infantiles públicas durante los años anteriores a la llegada del Botànic. En 1995, señaló, había 31 escoletes públicas de 0 a 3 años. Dos décadas después, con los gobiernos del PP, eran 33. “Una por década”, ironizó.

Su apuesta pasa ahora por ampliar de forma decidida la oferta pública, tanto en la primera etapa educativa como en la Formación Profesional. “Tenemos que disparar las plazas de FP en la pública”, reclamó.

Una educación que no cabe en una legislatura

La conversación entre Soler y Puig acabó regresando así a la idea que había atravesado buena parte del acto: la educación como una política que necesita tiempo.

Soler reivindicó que la comunidad educativa siempre se ha movilizado para mejorar el sistema y recordó que durante años, dentro del propio PSOE, hubo quien consideró que su perfil era el de un “técnico”, casi como una etiqueta despectiva. “Saber de algo te convertía en un tecnócrata”, explicó.

Su experiencia, sin embargo, le ha llevado a defender justamente lo contrario: que las políticas educativas necesitan conocimiento, evaluación y capacidad para explicar las decisiones que se toman. “Cuando gobernamos siempre hemos intentado que la educación mejore”, afirmó.

Y dejó una máxima que podría servir como resumen de buena parte de la conversación: “Hay que explicar todo lo que se hace y, si no se puede explicar, mejor que no se haga”.

La reivindicación de Soler y Puig es, en el fondo, sencilla: dejar de tratar la educación como un arma arrojadiza que se activa cada cuatro años y empezar a analizarla como una política cuyos resultados solo pueden medirse con perspectiva. PISA puede ofrecer una fotografía. Pero la educación, recordaron, es una película mucho más larga.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aprovechó que el programa de La Sexta, Salvados, realizó este domingo un monográfico sobre el auge y la caída de la alcaldesa de València durante 24 años, Rita Barberà, para reivindicar la figura de la política, en plena pugna interna por el control del partido y sin haber sido nombrado aún candidato del PP a las elecciones autonómicas. El jefe del Consell y presidente de la gestora del PP de la Comunitat Valenciana aseguró que sigue “recordando el legado de Rita Barberá y todo lo que transformó la ciudad de València”.

Todo un presidente de la Generalitat recordando el “legado” de Barberà justo la semana en que han sido procesados su cuñado y tres sobrinas por haber cobrado más de tres millones de euros de contratistas del Ayuntamiento de València gracias “al amparo” que les dio la exalcaldesa fallecida. Y, además, después de la sentencia que, en 2024, condenó a cuatro años y medio de prisión al que fuera vicealcalde y mano derecha de la alcaldesa, Alfonso Grau, como autor de los delitos continuados de malversación y cohecho pasivo cometidos con motivo de la financiación de la campaña electoral del PP para las elecciones municipales de 2007, en las que Barberà fue la candidata y arrasó por cuarta vez consecutiva.

Durante el programa, tanto el expresidente de la Generalitat Francisco Camps como el exministro José Manuel García-Margallo y la exdirectora de Las Provincias María Consuelo Reyna glosaron la figura de la exalcaldesa y acusaron al partido de haberse portado de una manera infame con la política, forzando su salida del PP y reprobándola en las Corts Valencianes. Una votación en la que participaron numerosos dirigentes actuales, como la exalcaldesa de València María José Català. Pero no fue la única.

Por tanto, esa reivindicación de Pérez Llorca justo este domingo lleva dentro un componente orgánico, puesto que existe un sentimiento en una parte del PP —y en Vox, que siempre la ha reivindicado— de que se la trató mal pese a todos los indicios de corrupción que pesaban sobre ella cuando el partido, que dirigía Isabel Bonig, decidió tomar medidas, en pleno proceso de regeneración democrática y cuando Ciudadanos acechaba electoralmente al PP. En 2015, el partido de Albert Rivera se quedó a un escaño de los conservadores. Eran otros tiempos, cuando la lucha contra la corrupción estaba de moda.

Pero Pérez Llorca no ha sido el único que ha reivindicado la figura de Rita Barberà. La propia María José Català nombró a la política fallecida “alcaldesa honoraria” y le puso su nombre al conocido Pont de les Flors. Según ha venido defendiendo la exalcaldesa, “la reconciliación con el entorno de Barberá es absoluta”. También muchos cargos del PP de València han reivindicado su figura.

La figura de Rita Barberà se ha convertido en una piedra en el zapato para el presidente de la Generalitat. Si reivindica su legado, recibe críticas de una parte de la sociedad que no se siente identificada con su gestión y, sobre todo, con la corrupción. Si no dice nada o la critica, tanto Camps, que quiere liderar el partido, como Vox siguen agitando a sus seguidores, que, sobre todo en València ciudad, no son pocos.

Pilar Bernabé ya es formalmente la candidata del PSPV a la alcaldía de València. La delegada del Gobierno y secretaria general de los socialistas en la ciudad ha sido nombrada este lunes por el partido, junto a los candidatos de las capitales valencianas, en un proceso sin discusión interna, como cabía esperar.

La dirigente, que se lanzó a la carrera hace un año, mantendrá su cargo como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana todo el tiempo posible. Su intención es hacerlo hasta después de Fallas, cuando el calendario se active para los comicios previstos en mayo. Bernabé, como la máxima dirigente del PSPV, Diana Morant, cree que su trabajo institucional es lo más útil para la ciudad en estos momentos. Reivindica el trabajo del Gobierno central desde la dana hasta los incendios, pasando por infraestructuras clave como el Parc Central, donde está dando la batalla a la alcaldesa, María José Catalá, pese a haber sido vetada varias veces en el consejo de Administración.

Bernabé ha subrayado que València es sub“proyecto personal y de vida”, y ha mandado un mensaje a María José Catalá y Mónica Oltra: su campaña no hablará “ni de la fruta ni de Nueva York”, en referencia a la campaña del PP de ataques al presidente del Gobierno –el archiconocido “me gusta la fruta” de Isabel Díaz Ayuso– y las alusiones de Compromís a las políticas del alcalde neoyorkino.

Bernabé ha asegurado que sus primeras políticas si accede al cargo serán aplicar la ley de vivienda para frenar la proliferación de apartamentos turísticos y poner en marcha un proceso de renaturalización de la ciudad, así como “escuchar a los 87 barrios de esta ciudad”.

“Voy a ser la alcaldesa de los 87 barrios de València y desde luego una de las primeras medidas que voy a hacer va a ser dignificar y poner en valor a todas las familias de los 17 fallecidos por la dana del 2024 en esta ciudad que todavía no han sido atendidas” por la actual alcaldesa, María José Catalá, ha señalado.

Precisamente Catalá se ha pronunciado este lunes sobre la continuidad de cargos. La líder del PP valenciano ha considerado que debe seguir con su responsabilidad.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, censura las palabras del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, llamándola “lameculos de Sánchez”, tras un comentario de la ministra sobre la causa judicial de la dana en la que le señalaba. La dirigente del PSPV apunta que ha “sido víctima de una agresión machista” por parte del presidente de la Corporación Provincial y la enmarca en un estado de “nerviosismo” por la causa judicial, en la que solo ha sido citado como testigo.

Morant, que ha comparecido este lunes para presentar a los candidatos del PSPV en las capitales valencianas, ha señalado a preguntas de los medios que no es la primera vez que recibe ataques de ese estilo del dirigente popular. La socialista ha recordado que el portavoz del PP en las Corts Valencianes se refirió a ella como “bipolar” y el discurso meses atrás de la consellera de Igualdad, Susana Camarero, que dijo en las Corts que el Gobierno central estaba “lleno de prostitutas”, aunque posteriormente se disculpó.

Para la dirigente socialista, el comentario de Mompó es inaceptable, y el partido baraja medidas al respecto: “No voy a disculparlo, le pido responsabilidad”. “La crítica es legítima, pero la respuesta no se puede normalizar”, ha añadido.

Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig y diseñado por ERRE, cumple su primer año de actividad consolidado como uno de los espacios cubiertos de referencia en Europa. Desde su inauguración, el 6 de septiembre de 2025, con el concierto homenaje ‘Bravo, Nino’, Roig Arena ha acogido a más de 1,7 millones de asistentes en 310 eventos, a través de una programación que ha incluido los partidos del Valencia Basket, grandes conciertos, espectáculos de entretenimiento y eventos corporativos.

La música ha sido uno de los grandes motores de actividad del recinto durante este primer año. Un total de 800.000 personas han asistido a los 125 conciertos celebrados en Roig Arena, de las cuales 710.000 lo han hecho en la pista principal y 90.000 en la Sala Auditorio. Gracias a esta programación, el recinto ha contribuido a situar a Valencia en el circuito habitual de las grandes giras nacionales e internacionales, consolidándose como una parada estratégica para algunos de los artistas más destacados del panorama musical actual.

De todos los conciertos, Quevedo ha protagonizado el de mayor aforo en el recinto, reuniendo a más de 19.000 asistentes el 25 de octubre de 2025. La proyección internacional del Roig Arena ha quedado reflejada en una programación que ha reunido a grandes nombres de la escena mundial, como Pet Shop Boys, Hans Zimmer, Ed Sheeran, Rod Stewart (única fecha en España), 5 Seconds of Summer, Chayanne, André Rieu, Camilo, Laura Pausini, Rawayana o The Waterboys. Además, el recinto ha acogido galas reconocidas como LOS40 Music Awards, donde actuaron estrellas de la música como Ed Sheeran o Rosalía, entre otros.

A lo largo del año también han pasado por Roig Arena las giras de destacados artistas y grupos nacionales como Manuel Carrasco, Rosalía, Joaquín Sabina, David Bisbal, Aitana, Dani Fernández, Viva Suecia, Fito & Fitipaldis, Mónica Naranjo, Loquillo, Pablo Alborán, Amaia o Dani Martín, quien se ha convertido, por el momento, en el artista con más actuaciones programadas en el recinto (8 y 9 de mayo y los próximos 10 y 11 de octubre).

Por su parte, la Sala Auditorio Roig Arena se ha consolidado como un espacio complementario destinado tanto a artistas emergentes como a propuestas consolidadas de formato más íntimo. Durante este primer año ha acogido actuaciones de nombres como Rusowsky, La M.O.D.A., Taburete, Celtas Cortos, Delaossa, Roa o Clarent, así como de bandas de reconocido prestigio internacional como Biffy Clyro, The Psychedelic Furs, The Cat Empire o Suede.

La diversidad de géneros, formatos y públicos ha sido una de las señas de identidad de esta primera temporada. Roig Arena ha construido una programación plural capaz de atraer a públicos muy diferentes y de convertir el recinto en un nuevo punto de encuentro para la música y el entretenimiento en la ciudad de Valencia, con una respuesta del público muy positiva. En total, los usuarios han agotado las entradas en 55 conciertos celebrados en este primer año, lo que supone el 44% del total. Un interés que se refleja en las redes sociales del Roig Arena, las cuales acumulan un total de 350.000 seguidores.

La respuesta también destaca dentro de la industria musical: ya son cerca de 90 los promotores tanto nacionales como internacionales que han confiado en el Roig Arena programando conciertos en el recinto. Este respaldo de industria, público y aficionados se refuerza viendo el calendario a futuro: ya hay anunciados más de 90 conciertos (12 ya con todas las entradas vendidas); el Valencia Basket jugará sus partidos en Liga y Euroliga con sus primeros equipos masculino y femenino; y están programados cerca de 50 eventos corporativos. Además, Roig Arena cuenta con el respaldo de 22 patrocinadores, 6 de ellos Founding Partners: Pamesa, Heineken, Mapfre, Iberdrola, CaixaBank y Coca-cola.

Rankings internacionales

La rápida consolidación de Roig Arena durante su primer año de actividad también ha quedado reflejada en los principales indicadores de la industria de la música. La prestigiosa publicación especializada Pollstar ha situado al recinto valenciano en el Top 10 de arenas por venta de entradas a nivel mundial en sus informes correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio. Por su parte, la publicación sitúa a la Sala Auditorio como la sala de conciertos con más entradas vendidas de España.

Además, la revista especializada IQ Magazine ha seleccionado al Roig Arena como uno de los 20 recintos de referencia a escala internacional para la música en vivo, en su primera edición del ranking IQ Arena Stars, realizado por profesionales y líderes de la industria musical y del entretenimiento.

Valencia Basket, un pilar esencial en la actividad de Roig Arena

El 3 de octubre de 2025, Valencia Basket jugó su primer partido en el Roig Arena, abriendo una nueva etapa de su historia con su traslado desde la Fonteta al nuevo recinto, que desde entonces se ha convertido en el hogar de los primeros equipos masculino y femenino del club, con grandes éxitos en su primera temporada como han sido la consecución de la Liga ACB, la Supercopa Masculina, alcanzar la Final Four de la Euroliga Masculina, la Liga Femenina y la Copa de la Reina.

El conjunto masculino ha registrado una asistencia media de 12.445 espectadores por partido y alcanzó el primer lleno absoluto del recinto, con 15.600 aficionados, en el quinto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga frente al Panathinaikos. Por su parte, el equipo femenino registró su mayor marca de asistencia de público de su historia en el segundo partido de la final de la Liga ante Casademont Zaragoza, con 7.647 espectadores.

El Valencia Basket ha jugado un total de 70 partidos en el Roig Arena (24 del primer equipo femenino en Liga y Euroliga y 46 del masculino en ACB, Euroliga y Copa del Rey), registrando un total de 668.000 espectadores. Además, el recinto fue sede de la Copa del Rey, que reunió a más de 100.000 asistentes durante los cuatro días de competición y que regresará a Valencia en 2027, del 18 al 21 de febrero.

La versatilidad de Roig Arena impulsa la actividad corporativa

La versatilidad y capacidad de adaptación de Roig Arena han sido determinantes para convertir el recinto en un referente también en el ámbito corporativo. Desde el inicio de su actividad, el espacio valenciano ha acogido cerca de un centenar de eventos empresariales e institucionales de diferentes formatos y dimensiones, aprovechando la diversidad de espacios que ofrece el recinto además de la pista principal y la Sala Auditorio, entre ellos la Sala Jardín, la Sala Galería, las terrazas y los palcos.

Durante este primer año han pasado por Roig Arena más de 40.000 asistentes vinculados a eventos corporativos, entre los que destacan citas como el acto en defensa del Corredor Mediterráneo, AECOC, el evento solidario Alcem-se o la Cerámica Experience impulsada por Pamesa, así como diversos congresos médicos y de otros sectores. Además, fue en octubre la sede de la asamblea de 2025 de la European Arenas Association, a la que asistieron altos directivos de los 30 arenas más destacados de Europa.

La oferta de restauración, un valor diferencial del recinto

La restauración, abierta los 365 días del año, se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la experiencia en Roig Arena. Además de El Mercat, el recinto dispone de dos espacios gastronómicos diferenciados: Poble Nou, especializado en cocina valenciana, que ha recibido a 36.000 comensales durante su primer año de actividad, y Ultramarinos Roig, una propuesta más informal basada en tapas y platos del día, que ha registrado también a cerca de 34.000 clientes en el mismo periodo. La oferta gastronómica del recinto está liderada por el reconocido chef Miguel Martí, responsable de diseñar una propuesta que combina calidad, producto local y una amplia variedad de opciones para todos los públicos.

Roig Arena cuenta con más de 250 empleados directos y cerca de 700 empleados eventuales, contribuyendo así a la creación puestos de trabajo y de riqueza en Valencia y la Comunidad Valenciana. Víctor Sendra, director general del Roig Arena, ha asegurado: “Gracias a nuestro mecenas, Juan Roig, Valencia cuenta con un recinto que, ahora ya un año después, podemos afirmar con hechos que se ha posicionado como un referente a escala nacional e internacional. Para ello, tener el modelo claro y poner el foco en los usuarios y en la calidad ofrecida ha sido clave y el gran objetivo de cada una de las distintas áreas que compone el equipo. El esfuerzo de todos y la velocidad en corregir y adaptar las mejoras es lo que ha causado esta gran respuesta en asistencia de público”.

“Estamos muy satisfechos de la gran respuesta que hemos detectado a lo largo de estos 12 meses de los promotores de eventos, de las empresas que han confiado en nosotros y en general de toda la sociedad valenciana, la cual ve este proyecto como algo que era necesario y que está ayudando a posicionar a Valencia, la Comunitat Valenciana y España en la industria del entretenimiento a escala internacional, aportado además un componente tecnológico de altísimo nivel”, ha añadido.

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebran eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El recinto, diseñado por ERRE, ha contado con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

La movilización mensual en protesta por la gestión de la dana de 2024 y para reclamar responsabilidades al expresident de la Generalitat Carlos Mazón saldrá por primera vez de la provincia de Valencia y celebrará el próximo 26 de septiembre una concentración en la ciudad de Alicante.

Bajo el lema 'Mazón a prisión', los movimientos sociales y sindicales que cada mes organizan estas protestas han convocado el último sábado de este mes a las 18:30 horas una concentración en la Casa de las Brujas -la sede en Alicante del Gobierno valenciano-, en la que participarán y hablarán las asociaciones de víctimas de la dana.

Este septiembre se cumplen 23 meses de las inundaciones por la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasaron gran parte de la provincia de Valencia y dejaron un total de 232 personas fallecidas.

Solo once días después de la tragedia se celebró en València la primera manifestación de protesta contra la “nefasta gestión” de la dana por parte del Gobierno valenciano y del entonces president de la Generalitat, con el lema 'Mazón dimisión', y desde entonces cada mes la ciudadanía volvió a salir a la calle en torno al día 29 de cada mes.

Tras la dimisión de Mazón como president el pasado 3 de noviembre, el lema de estas protestas convocada por más de 200 entidades sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana cambió a 'Mazón a prisión', para reclamar que el expresident abandone su escaño en Les Corts para dejar de ser aforado y que vaya a declarar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal.

Además de en la ciudad de València, estos meses ha habido también manifestaciones en municipios de la 'zona cero' de la dana, como Catarroja y Paiporta, o en el bautizado como Pont de la Solidaritat, la pasarela peatonal que conecta la capital valenciana con los municipios de L'Horta Sud y que miles de valencianos cruzaron tras la dana para llevar ayuda.

Mazón es diputado autonómico por la provincia de Alicante y tras su dimisión tiene en la capital alicantina la Oficina de apoyo al expresident con dos asesores, en aplicación de la ley del Estatuto de expresidents de la Generalitat.

La comisión de investigación del Congreso sobre la dana de València ha acordado volver a citar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón para que explique su último escrito ante la jueza de instrucción, en el que defiende que la mayoría de muertes producidas por el temporal habrían sido prácticamente inevitables aunque se hubiera lanzado antes el ES-Alert, según han confirmado a elDiario.es varios diputados pertenecientes al grupo de trabajo. Aunque todavía no hay fecha para su comparecencia, deberá producirse en las próximas semanas —el segundo aniversario de la tragedia en la que murieron 232 personas es el próximo 29 de octubre—, puesto que los trabajos de investigación deberán concluir sobre el mes de noviembre para que puedan presentarse las conclusiones dentro del plazo legal.

El expresidente de la Generalitat tiene la obligación de acudir a la llamada del Congreso, máxime cuando sigue siendo diputado autonómico y no está imputado formalmente en el proceso judicial que conduce la magistrada de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. En su anterior interrogatorio ante los diputados del Congreso, el pasado 17 de noviembre de 2025, Carlos Mazón se desentendió de la gestión de la emergencia y defendió que “nada hubiera cambiado” si hubiera llegado antes a la reunión clave del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Los parlamentarios también han barajado una nueva citación de la exconsellera Salomé Pradas, pero ha sido desestimada por recomendación de los servicios jurídicos del Congreso.

Además, el diputado de Compromís-Sumar en la Comisión, Alberto Ibáñez, anunció este domingo que pedirá la citación del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, quien se ha negado a comparecer ante el Congreso por “causas de fuerza mayor”, después de que haya escrito un artículo en un medio de comunicación.

Según han explicado a elDiario.es, la mayoría de los miembros de la comisión de la dana —a excepción del PP y Vox— han decidido convocar al expresidente para que dé explicaciones después de su escrito de defensa, presentado el pasado 1 de septiembre, en el que considera que “no existe causalidad” entre 41 de las muertes sucedidas después de las 20 horas y el retraso del aviso masivo a la población. Según su tesis, un ES-Alert enviado a tiempo poco habría cambiado los acontecimientos ya que se envió a las 20.11 horas y, horas después de su lanzamiento, fallecieron ahogadas numerosas personas: en sus casas, garajes o mientras conducían por carretera.

El expresidente de la Generalitat utiliza ejemplos de 41 víctimas que perecieron ahogadas en sus aparcamientos, en la calle, mientras conducían o en sus domicilios. Caso por caso. Y concluye que no habría habido tiempo material para que pudieran salvar sus vidas o que, pese a haberse lanzado el mensaje, este no habría cambiado la situación lo suficiente como para permitirles sobrevivir. “Aun admitiendo, a los exclusivos efectos dialécticos, que existiera esa demora —en lanzar el ES-Alert— y que pudiera atribuirse a mi representado, el análisis individualizado de los resultados mortales no permite identificar qué concreta persona habría sobrevivido de haber recibido unos minutos antes el mismo mensaje que fue enviado a las 20.11 horas”, concluye el escrito.

Para la defensa de Mazón, “la vía omisiva ha sido descartada por ausencia de posición de garante”, una responsabilidad que sitúa en la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y en los miembros del Cecopi, al que el expresidente no se incorporó hasta pasadas las 20.30 horas. En ese sentido, se escuda en el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ya concluyó que el expresidente no tenía competencias en la gestión de la emergencia, ni directamente ni como coordinador de la acción de su Gobierno.

La jueza de la dana ya ha contestado a este escrito de Mazón que los diputados quieren que explique en el Congreso. La magistrada, en un auto dictado este viernes, cuestiona abiertamente el argumentario del expresidente y considera que la “tesis exculpatoria” de Mazón “se convierte en inculpatoria respecto de” la exconsellera Salomé Pradas. Ruiz Tobarra considera que sus afirmaciones sobre el carácter consensuado del contenido del ES-Alert “implica[n] desconocer” tanto la estructura del Cecopi como la “secuencia” de la elaboración del texto de alerta a los móviles.

“No es solo que no se enviara ningún mensaje ES-Alert hasta las 20.11, retrasado con disquisiciones jurídicas absurdas sobre el confinamiento, por no decir de las lingüísticas, sino que previamente, de forma incomprensible, no se utilizaron otros medios de aviso a la población, absolutamente ajena a los riesgos, especialmente en las zonas donde no llovía”, afirma la jueza.

La magistrada refrenda que las medidas de protección a la población “jamás llegaron a tiempo” y que el contenido del ES-Alert fue “manifiestamente erróneo e incompleto”. El siguiente mensaje a los móviles, que sí incluía la recomendación de buscar refugio en altura, “fue sumamente tardío”, apostilla la resolución.

La primera y única declaración de Carlos Mazón ante el Congreso sirvió para que el expresidente se quitara de encima cualquier responsabilidad política y para que insistiera en las tesis defendidas por el PP, y tumbadas por la jueza instructora, de que Emergencias no tuvo información del barranco del Poyo hasta que fue demasiado tarde, pasadas las 19 horas.

La diputada del PSPV-PSOE Mercedes Caballero critica que la Conselleria de Presidencia de la Generalitat haya sacado a licitación un contrato por valor de 171.000 euros para elaborar encuestas a nueve meses de las elecciones autonómicas, si el presidente, Juanfran Pérez Llorca, no las adelanta. Desde que el PP volvió al poder en mayo de 2023 no había realizado ningún sondeo de opinión, tampoco después de la dana para testar la opinión pública. Ahora, desde el 1 de octubre, realizará varias oleadas de entrevistas cuya información será de gran valor para el carrusel electoral en que se convertirá 2027.

“Llama la atención que desde el Consell solo se interesen por la opinión de la ciudadanía cuando entramos en periodo electoral; solo les interesa el sentido del voto. O quizás van a utilizar el dinero público para decidir si Pérez Llorca será o no el candidato del PP a la Generalitat Valenciana en 2027”, ha denunciado la diputada socialista. “Con este hecho tenemos otro ejemplo de que el Consell de Pérez Llorca ha ido desarrollando su gestión al margen de los valencianos y las valencianas, sin interesarse ni por sus problemas ni por sus inquietudes, y los resultados son evidentes: va siempre a contracorriente”, ha añadido.

Para Mercedes Caballero, es llamativo que el Gobierno valenciano no tuviera ningún interés en conocer la opinión pública, primero con Mazón y ahora con Pérez Llorca, “lo que nos desvela que el PP está gobernando la Comunitat Valenciana a golpe de consejo de amigo, porque ahí sí que no les hacen falta encuestas. Tienen los objetivos muy claros respecto al deterioro de los servicios públicos para que los de siempre se beneficien de la privatización de la sanidad o la cobertura social”.

“¿Cómo es posible que la Generalitat Valenciana no hiciera encuestas de opinión pública tras la dana? ¿No le interesaba lo que la ciudadanía planteara sobre las emergencias o cómo avanzar en la reconstrucción? ¿O sobre la movilidad metropolitana? Mucho se queja el Consell de las Cercanías, pero no ve el deterioro de la red de Metrovalencia...”, ha denunciado la socialista.

El Gobierno del Botànic sí que realizó encuestas de opinión durante su mandato, siendo la última a finales de 2023, ya con el PP y Vox en el Ejecutivo.

Mari Carmen González Vidal (Casinos, 1977) ha convertido el caso de Mónica Oltra en el objeto de estudio en Lawfare (Editorial Rebel, 2026), un libro en el que analiza el procedimiento judicial y político que terminó con la dimisión de la entonces vicepresidenta de la Generalitat en junio de 2022 y que ahora regresa a la política como candidata de Compromís a la alcaldía de València. La autora sostiene que el caso valenciano es un ejemplo paradigmático de la utilización de los instrumentos judiciales para interferir en la política y apartar a una adversaria sin necesidad de esperar a una sentencia.

En esta entrevista, González Vidal repasa el papel que, según su investigación realizada para la Universitat de València que ha cristalizado en este libro, desempeñaron distintos actores judiciales, políticos y mediáticos, vincula el caso con los intereses económicos afectados por las políticas de reversión sanitaria y defiende que Oltra sufrió también una forma de lawfare con componente de género. La autora considera que el daño político “ya está hecho”, aunque interpreta la vuelta de la exdirigente de Compromís a la primera línea como un “acto de generosidad absoluta”.

En el libro planteas que la dimisión de Mónica Oltra en 2022 y todo lo que ocurrió antes y después constituyen un caso de lawfare de manual. ¿Por qué?

Bueno, habría que matizar lo de “de manual”, porque no existe un manual del lawfare. Pero sí considero que el caso de Mónica Oltra es paradigmático. Más allá de que el lawfare sea un fenómeno que está afectando a España, el caso valenciano permite analizar perfectamente cómo funciona.

Básicamente, el lawfare consiste en utilizar los instrumentos judiciales para interferir en la política. Es una forma de apartar, a través de mecanismos jurídicos y judiciales, a personas que están en contra del statu quo, que son disidentes o que no siguen los patrones que determinadas élites económicas consideran que deberían seguir. El estudio que recoge el libro se ha realizado con rigor y está avalado por la Universitat de València. Se han analizado muchísimos datos, más allá del caso concreto de Oltra, para intentar entender qué está ocurriendo actualmente en nuestra democracia y por qué lo jurídico y lo judicial pueden interferir de tal manera en la política. Hasta el punto de apartar a una persona sin que exista una sentencia, vulnerando principios fundamentales como la presunción de inocencia, y alargando un procedimiento hasta conseguir quitarla de en medio y provocar un cambio del escenario político.

Y eso fue lo que ocurrió. Finalmente, entraron PP y Vox en el Gobierno valenciano. Pero para llegar hasta ahí interviene una maquinaria que va mucho más allá de lo estrictamente jurídico o judicial y en la que participan otros actores.

En el libro identificas distintas patas de esa maquinaria: una judicial, una política, a través de las acusaciones populares, y otra mediática. Empecemos por la Justicia. ¿Qué papel atribuyes a la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia?

La sección cuarta tiene un papel fundamental en el desarrollo del caso. La sustitución del juez instructor que consideró que no había nada, ni siquiera a nivel indiciario. Y eso es muy potente. Sin embargo, la sección cuarta decidió que sí había elementos para continuar adelante con el procedimiento, en contra de los criterios que se habían expresado desde la instrucción. Yo no soy quien para juzgar personalmente a los magistrados, pero sí he analizado resoluciones y la manera en que se han desarrollado determinados casos. Y lo que el libro plantea es la importancia que tuvo esa sección cuarta para que el procedimiento continuara. Para que exista lawfare necesitas actores capaces de imponer determinados criterios y mantener vivo un proceso. En este caso, la actuación de esa sala de la Audiencia Provincial fue decisiva.

También sitúas a la exfiscal Teresa Gisbert como una figura importante porque contribuyó a que el caso adquiriera una enorme relevancia. ¿Qué ocurrió?

Yo no estoy aquí para decir que una persona concreta actuó con una determinada intención. Lo que hago es recoger datos, investigar y analizar lo que ocurrió. Es una realidad que existían desavenencias entre Compromís y el PSPV-PSOE dentro del Gobierno del Botànic. Eso está publicado y forma parte del contexto político de aquel momento. Hubo fricciones por los motivos que explico en el libro. Y resulta relevante analizar cómo, en un determinado momento, el caso comienza a amplificarse. Se produce una situación en la que incluso una fiscal considerada progresista interviene y aparece un argumento que, en esencia, viene a decir: si todo el mundo está hablando de esto, será porque algo hay. Eso contribuye a que el caso vaya adquiriendo una dimensión cada vez mayor. Después llega la presión política, comienzan los debates en Les Corts y se intensifica la presión hasta llegar al desenlace que finalmente se produjo.

Vamos a la pata política y a las acusaciones populares. En el procedimiento participaron organizaciones y actores de la extrema derecha. ¿Consideras que utilizaron de manera abusiva la figura de la acusación popular?

Yo tampoco estoy aquí para determinar jurídicamente si la Justicia se utilizó de una manera torticera o no. Pero sí es cierto que hubo denuncias continuadas que contribuyeron a iniciar y mantener todo el procedimiento. Y, cuando empiezas a investigar, encuentras numerosas conexiones personales y profesionales entre diferentes personas relacionadas con este asunto. Hay conexiones entre determinados periodistas, responsables políticos, familiares y despachos de abogados en los que participan o han participado personas vinculadas a Vox. También aparecen procuradores y abogados relacionados con las iniciativas judiciales contra Mónica Oltra. Por eso yo hablo de una maquinaria totalmente orquestada, formada por diferentes partes. Todos esos elementos funcionan como cooperadores necesarios dentro de un mismo proceso.

¿Crees, por tanto, que existió una maquinaria organizada más que un simple aprovechamiento de las deficiencias del sistema judicial?

Yo creo que hay que analizar también los intereses económicos. Cuando Mónica Oltra comienza a impulsar determinadas políticas relacionadas con la reversión de privatizaciones y, especialmente, con el modelo sanitario, aparecen intereses muy importantes. Mi interpretación es que ahí existe uno de los momentos clave. Contra Mónica Oltra no podían ir por una cuestión de corrupción porque por ahí no había nada. Y cuando aparece el asunto relacionado con su exmarido, se encuentra una oportunidad. Hasta ese momento, el asunto no tenía la dimensión que después adquirió. Pero cuando se conoce que el acusado era el exmarido de Mónica Oltra, diferentes actores ven una oportunidad y se vuelcan en el caso. Y eso coincide con un momento muy concreto de su proyecto político: la transformación de las políticas sociales, la dependencia y, sobre todo, la sanidad.

En el libro das una especial importancia al conflicto en torno a Ribera Salud y a la reversión de las privatizaciones sanitarias.

Sí. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Cuando se plantea recuperar determinados hospitales para la gestión pública, se están tocando intereses económicos muy importantes. Hay personas y grupos que obtenían beneficios del modelo de privatización sanitaria y que ven amenazado ese negocio. El libro parte también de una inquietud personal. Yo he estudiado Derecho y siempre había entendido la Justicia como una garantía para proteger los derechos de las personas. Y aquí aparece algo que, en mi opinión, afecta no solamente a una persona concreta, sino al conjunto de la sociedad y a la calidad de nuestra democracia. Mi interés era averiguar qué había ocurrido y analizar los datos. Y esos datos llevan también a analizar todo lo relacionado con Ribera Salud y la reversión de las privatizaciones.

También afirmas que los medios de comunicación actuaron como tribunales paralelos. ¿Fue así en el caso de Mónica Oltra?

Totalmente. Los medios comienzan publicando informaciones que inicialmente no tienen una gran relevancia, pero cuando la noticia salta a Madrid todo se amplifica enormemente. Hay periodistas y medios que ya no se preguntan tanto qué ha ocurrido realmente en el caso, sino que van directamente al titular. Los medios son también cooperadores necesarios en el lawfare. Se crea un relato y ese relato comienza a viralizarse. El problema es que ya no se presenta a esa persona simplemente como una adversaria política, que debe ser derrotada en las urnas. Se la convierte en una enemiga. Y esa es una cuestión muy importante. Cuando conviertes a una persona en un enemigo se genera toda una estructura alrededor de ella. Después, la gente piensa: “Si le ha pasado algo, será porque algo habrá hecho”. Ya no se reflexiona sobre lo que realmente ha ocurrido. Se crea un relato alternativo, un relato de odio, y eso genera desafección democrática. El ciudadano acaba siendo mucho más manipulable. En mi opinión, en este caso la manipulación fue brutal porque el lawfare ya había conseguido su objetivo: Mónica Oltra había sido apartada de la política. El castigo ya se había producido sin necesidad de esperar a una sentencia.

Pero hay quien sostiene que Mónica Oltra fue apartada porque dimitió. ¿Crees que debería haber resistido y mantenerse en el cargo?

Creo que la presión para que dimitiera fue enorme. Y también considero que no tuvo todo el apoyo que debería haber tenido dentro de su propio espacio político. Cuando existe una presión tan fuerte y las personas que deberían apoyarte no lo hacen plenamente, llega un momento en el que la situación se vuelve muy difícil de sostener. Mi impresión es que, si todos hubieran ido a una y hubieran defendido claramente que no había elementos para apartarla, probablemente la situación habría sido diferente. Y ese apoyo no llegó plenamente, ni desde Compromís ni desde el conjunto del pacto del Botànic. También existieron determinadas posiciones y declaraciones de Ximo Puig que el libro recoge.

En el libro analizas otros casos de lawfare, como los de Irene Montero, Ada Colau o Victoria Rosell, e introduces además una perspectiva de género. ¿Existe un lawfare específicamente dirigido contra las mujeres?

Sí. Silvina María Romano es una de las autoras que he investigado y que ha trabajado el concepto de lawfare de género. En una sociedad patriarcal, el hecho de ser mujer puede aumentar las posibilidades de sufrir determinados ataques. Cuando analizas diferentes casos, resulta significativo el elevado porcentaje de mujeres entre las personas que han sido víctimas de este fenómeno. Y, además, la manera de atacarlas es diferente. Se habla de ellas como “la mujer de”, no como responsables políticas. Se introducen elementos de su vida sentimental o privada que probablemente no se utilizarían de la misma manera contra un hombre. En el caso de Mónica Oltra ocurre también eso. Su condición de mujer forma parte del análisis y considero que existe un componente de lawfare de género.

Mónica Oltra ha decidido volver a la primera línea política y será candidata a la alcaldía de València en las elecciones de 2027. ¿Puede su regreso convertirse en una forma de derrotar al lawfare o el daño ya está hecho?

El daño ya está hecho. El lawfare ya se ha producido. Que Mónica quiera volver a presentarse me parece un acto de enorme generosidad. Pero hay que tener en cuenta que el tiempo también es un cooperador necesario en este tipo de procesos. Los tiempos judiciales y los tiempos políticos pueden jugar un papel muy importante. Puede haber momentos en los que determinadas actuaciones tengan una mayor incidencia electoral y eso puede volver a generar un debate en la calle. Yo invito a la gente a reflexionar, a leer los datos y a desarrollar una capacidad crítica. El libro está ahí para quien quiera conocer los hechos y analizarlos. No sé si su regreso puede reparar completamente el daño porque el daño ya se produjo. No se esperó a una sentencia y las consecuencias políticas ya se produjeron. Confío en que la ciudadanía sea capaz de analizar lo ocurrido y que, finalmente, sea en las urnas donde se decidan estas cuestiones.

Para terminar, ¿qué otros casos de lawfare destacarías en estos momentos?

Más allá del caso de Mónica Oltra, creo que actualmente estamos viendo una ofensiva muy fuerte contra Pedro Sánchez y contra su entorno. Desde mi punto de vista, existe una maquinaria que busca permanentemente cómo apartarlos. Se ataca a la familia, a la mujer, al hermano... Lo que se hizo con Mónica Oltra en el País Valencià, en mi opinión, se está intentando reproducir ahora a escala estatal con Pedro Sánchez.