La fiscal señala a un alto cargo de Mazón por anular sanciones laborales por la dana y sospecha que hubo prevaricación

La Fiscalía investiga la anulación del Gobierno de Mazón de varias sanciones laborales en la dana, entre otras una multa de 50.000 euros a la televisión pública À Punt, que impuso la Inspección de Trabajo por poner en peligro a trabajadores en la catástrofe. Tras la petición del Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público ha observado que los hechos “pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa” y ha asignado el caso a una fiscal para que estudie si lo eleva a un juzgado de lo penal, según ha podido confirmar elDiario.es.

Además, tras meses de investigación, según han confirmado fuentes de la Fiscalía Provincial de Valencia, el Ministerio Público ha solicitado a la Conselleria que entregue los expedientes del proceso de sanción y derogación de multas de hasta 60.000 euros revocados a las empresas UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL.

Un decreto de la Fiscalía Provincial de Valencia, al que ha tenido acceso este medio, recoge que el fiscal investigador considera que las anulaciones de estas multas de la Inspección por parte de la Generalitat Valenciana pueden incurrir en este delito recogido en el artículo 404 del Código Penal. 

El delito de prevaricación castiga “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, que puede suponer “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. 

Se señala al entonces director general de Trabajo

Por ello, la Fiscalía Provincial de Valencia acordó incoar diligencias de investigación preprocesales con el objetivo de practicar “cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados”, con la delegación del caso a una fiscal para estudiar si se eleva finalmente una denuncia ante los juzgados de lo penal. 

El fiscal investigador señala que “la persona considerada sospechosa” es el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. En ese momento, ocupaba este cargo Andrés Lluch Figueres, nombrado en agosto de 2023 y cesado en octubre de 2025.

Desde diciembre de ese año ocupa la dirección general María Lurueña Ruiz, inspectora de trabajo de profesión. 

Trabajadores expuestos a riesgos y un fallecido

Como denunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Generalitat Valenciana en ese momento dirigida por Carlos Mazón –con varios cargos investigados en los tribunales por su responsabilidad en las más de 230 víctimas mortales de la catástrofe– anuló varias sanciones de la Inspección de Trabajo a empresas por no garantizar la seguridad de sus trabajadores durante la dana. 

“Eso sí que es corrupción, política y moral”, acusó Díaz en una respuesta parlamentaria en el Congreso. Más tarde, el Ministerio de Trabajo pidió a la Fiscalía General del Estado que estudiara la existencia de posible prevaricación, que es lo que ha dado lugar a esta investigación. 

En las pesquisas del Ministerio Público se analizan los expedientes anulados a las cuatro empresas mencionadas, con sedes en Llíria, Riba-roja, Requena o Burjassot, esta última la radiotelevisión pública valenciana. En el caso de À Punt fue denunciada por los sindicatos, a petición de varios trabajadores, que consideraron que la seguridad personal de los empleados se puso en riesgo en la cobertura de la catástrofe. Así lo consideró la Inspección de Trabajo, que detectó una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Sin embargo, la Dirección General de Trabajo anuló la sanción con el argumento de que, aunque “las autoridades enviaron alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias”, “la información que se detallaba no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”. 

La Fiscalía también investiga la anulación de la sanción a la UTE Conservación Valenciana, de conservación de carreteras, por su responsabilidad en el fallecimiento de un trabajador al volver a casa. Según denunció el Ministerio de Trabajo, la empresa le habría obligado a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario laboral y poniendo en riesgo su vida, como explicó su familia al diario Las Provincias. 

Ante la denuncia del Ministerio de Trabajo, fuentes de la Generalitat Valenciana negaron cualquier “insinuación de actuación arbitraria” y argumentaron que las resoluciones adoptadas se dictaron “tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido, con base en informes técnicos y análisis jurídico individualizado de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad laboral autonómica”.