La Junta de Castilla y León ha declarado este viernes la situación de de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 20, 21, 22 y 23 de junio. Según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León, las previsiones del tiempo muestran la llegada a la Península Ibérica de una masa de aire sahariana que traerá un aumento destacable de las temperaturas de entre a 35 y 40ºC, vientos con rachas máximas de 55 km/h, una humedad en el ambiente baja y tormentas eléctricas.

Según la AEMET y el propio Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, el riesgo de ignición y de la capacidad de propagación del incendio es elevado por lo que el Ejecutivo autonómico ha alertado de la posibilidad de que se origen incendios en estas circunstancias. Es por eso que desde la Consejería de Medio Ambiente se prohíbe desde el sábado hasta el martes el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.

Se prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello. Se suspende de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado al igual que el uso de material pirotécnico y cualquier autorización que se haya dado.

También queda prohibido el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales y demás herramientas,. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas página web de la Junta de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Valladolid, plaza ha condenado a seis meses de prisión y a varias multas al responsable de una bodega por uso indebido de la marca y la falsificación de contraetiquetas de la Denominación de Origen (D.O.) Rueda.

Según ha informado en un comunicado el Consejo Regulador de esta D.O., el proceso judicial comenzó en verano de 2019 y no cabe recurso al ser una sentencia firme.

El Consejo Regulador ha especificado que la bodega estaba inscrita en la D.O., aunque no ha facilitado su nombre. En el texto, ha recordado que la inmensa mayoría de los operadores inscritos desarrollan su actividad con “profesionalidad, transparencia y respeto a los requisitos establecidos por la Denominación”.

Por ello, considera fundamental actuar ante cualquier irregularidad que pueda afectar al esfuerzo realizado por el conjunto del sector.

El Ayuntamiento de Valladolid se ha dirigido a la Junta de Castilla y León para comunicarle el problema con el calor en los colegios, ha explicado este jueves la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del consistorio vallisoletano, Irene Carvajal.

En declaraciones a los periodistas, preguntada por la queja que plantean diversos colectivos sobre el calor en las aulas, la concejala ha aclarado que las competencias de la Concejalía de Educación y de Cultura en materia de educación son indirectas y complementarias.

La instalación de equipos de climatización es competencia de la Junta de Castilla y León y, una vez instalados esos dispositivos, al ayuntamiento lo único que les correspondería en los centros de educación Infantil y Primaria y solamente en esos es el mantenimiento de esos equipos, ha especificado.

“Desde que nosotros entramos en el equipo de gobierno nunca nos hemos rebotado competencias; lo que hacemos es colaborar y yo he trasladado a la Dirección Provincial este sentir que a mí también me hacen llegar los ciudadanos” sobre el calor en centros educativos.

Zona de Bajas Emisiones en picos de contaminación

Carvajal también ha respondido al ser cuestionada por la sentencia que obliga a modificar la ordenanza sobre la Zona de Bajas Emisiones y cómo se encuentra la situación al respecto en la actualidad. La concejala ha recordado que el alcalde de la ciudad, que tiene la potestad para hacerlo, decidió recurrir la sentencia en contra de su criterio.

Ha opinado que lo que va a ocurrir va a ser lo mismo que sucedió con la resolución del TSJ de Madrid, que es “más que probable” que el Tribunal Supremo no admita a trámite esa impugnación o ese recurso contra la sentencia de la Sala de Castilla y León. “Entiendo que teníamos que haber empezado a trabajar. Lo que instamos es la redacción de una nueva ordenanza”, ha manifestado. Para que la ordenanza esté redactada dentro de la legislatura, el concejal del ramo “tiene que meter velocidad de crucero”, ha añadido.

La Junta de Castilla y León deberá de indemnizar con 60.000 euros a una madre por la muerte de su bebé ocurrida durante el parto en el hospital de Burgos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) haya reconocido la responsabilidad patrimonial de Sacyl, al considerar que se privó a la mujer del derecho a decidir sobre la vía del parto por información insuficiente.

El tribunal autonómico ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por los padres del bebé, fallecido por sufrimiento fetal en 2020, contra la desestimación por silencio administrativo de su reclamación de responsabilidad patrimonial a la Junta por un deficiente funcionamiento del servicio sanitario.

Según la sentencia facilitada por el gabinete de prensa del TSJCyL, los padres denunciaron la muerte ante el Juzgado de Instrucción 4 de Burgos, que por auto de marzo de 2022 acordó el sobreseimiento y archivo de la denuncia, decisión que no fue recurrida por lo que se declaró firme en abril de ese mismo año.

En octubre de 2022, ambos progenitores presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Junta, que se dio por desestimada por silencio administrativo, hecho del que se deriva el recurso contencioso-administrativo que ahora ha sido estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia.

Los padres del bebé reclamaban una indemnización de 165.000 euros por daños y perjuicios por un funcionamiento deficiente del servicio sanitario durante el parto, también durante el embarazo, y alegaban que haber planteado una cesárea desde el principio, en lugar de un parto vaginal, habría evitado la muerte.

La sentencia del TSJCyL recoge que, tras analizar los diferentes informes periciales, queda acreditado que el parto por vía vaginal “con los datos de los que se dispone, era una decisión apropiada y recomendable”, si bien admite que se privó a la madre del derecho a decidir por información insuficiente.

“Ha tenido lugar la privación del derecho de la demandante a elegir una vía del parto al no proporcionarse a la misma, o al menos no consta documentado, una información suficiente para garantizar la libre elección de la paciente”, recoge la sentencia.

Y continúa: “el asesoramiento proporcionado se orientó a que la opción de la paciente fuera el parto por vía vaginal (...), cuando, aunque esta orientación buscara el beneficio de la paciente, tenía derecho a optar por asumir el riesgo que conlleva la realización de una cesárea”.

Por ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha estimado parcialmente el recurso, al considerar amparándose en el informe médico forense que no existe una prueba “evidente” de mala praxis médica, y reconoce la responsabilidad patrimonial de la Junta con una indemnización de 60.000 euros a la madre del bebé. Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

La Junta de Castilla y León rechaza la autorización ambiental de la macrogranja de Cidones (Soria), que tenía previsto cebar a 3.614 cerdos. El nuevo Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 endureció las normativas de protección del agua, lo que ha derivado en la desestimación de este proyecto.

El proyecto, que preveía una explotación porcina de 4.368 cabezas de ganado, arrancó en 2017. Dos años después, el Ayuntamiento de Cidones emitió varios informes contrarios, puesto que esa iniciativa era incompatible con la ordenación urbanística. La Delegación Territorial de Soria también inadmitió la solicitud de evaluación ambiental por incompatibilidad urbanística. Después de que la empresa interpusiera un recurso —desestimado en primera instancia y que estimó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)—, se anularon las resoluciones administrativas y se obligó a continuar con el procedimiento de evaluación ambiental. Se decidió, por lo tanto, continuar con el procedimiento, aunque en noviembre de 2023 se anuló la modificación de las Normas Urbanísticas de Cidones, manteniendo las parcelas como suelo rústico común.

Mientras tanto, entró en vigor el Plan Hidrológico del Duero 2022-2027, por lo que los informes previos de la Confederación dejaron de tener validez. En 2025, el promotor presentó un texto refundido del proyecto para adaptarlo a la normativa vigente, por lo que redujo la capacidad de la granja a 3.614 plazas. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantuvo su rechazo a la declaración de impacto ambiental, puesto que existía un “riesgo extremo de contaminación” para el embalse de Cuerda del Pozo y las aguas subterráneas.

La parcela propuesta formaba parte de la cuenca de escorrentía directa del embalse, cuya agua estaba fuertemente protegida porque era “zona sensible”, “agua de baño” y “zona de captación de agua para consumo humano”. Por lo tanto, el Servicio de Prevención Ambiental emitió un informe desfavorable, por lo que se ha denegado la autorización ambiental.

El Ayuntamiento de Soria presentó alegaciones al proyecto, entre otros motivos por la posible afectación al abastecimiento municipal de aguas. El Ayuntamiento de Cidones alertó en varias ocasiones de que el proyecto era incompatible con la ordenación urbanística y generaría un impacto negativo perdurable en el paisaje. También temía posibles filtraciones o roturas de las balsas de purines, así como emisiones contaminantes de amoniaco a la atmósfera. La Junta de Castilla y León descartó este riesgo de contaminación por infiltraciones si se aplicaban unas medidas correctoras propuestas, aunque finalmente ha denegado el proyecto ante la entrada en vigor del Plan Hidrológico del Duero.

Unos 24.000 pollos de engorde de 43 días de edad, que se encontraban sin vacunar, han sido sacrificados en una granja aviar situada en Aldea de San Miguel (Valladolid), sin que exista riesgo para la salud humana, ha informado este miércoles el consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Antonio Pino.

Es el primer foco declarado fuera de la provincia de Valencia donde han sido notificados diez al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y fue detectado este pasado lunes por las autoridades veterinarias de Castilla y León ante el aumento en un 6,7 por ciento de la mortandad de la granja afectada.

Sin transmisión humana

Los servicios veterinarios remitieron muestras al laboratorio central de Algete (Madrid), dependiente de la administración central, que confirmó este foco y ha obligado al sacrificio de los pollos, así como al establecimiento de dos perímetros: uno de control y otro de vigilancia, de tres y diez kilómetros respectivamente.

El consejero, antes de asistir en Valladolid a la presentación de una plataforma digital agropecuaria, ha lanzado un mensaje de tranquilidad “porque no es una zoonosis”, no afecta a la salud pública, y recordado la necesidad de una coordinación única entre la administración central y las comunidades para estas cuestiones.

“La sanidad (animal) no entiende de fronteras: todos somos españoles y europeos”, ha declarado ante los periodistas el nuevo consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, veterinario de formación, quien ha insistido en la necesaria unificación de todos los servicios sanitarios.

 Pino ha elogiado la inmediata intervención de los servicios veterinarios de Castilla y León, “a pie de explotación”, ha recordado que además del sacrificio de los pollos de engorde y gallinas ponedoras la granja ha sido desinfectada y desinsectada, y recomendación de la vacunación.

 El consejero se ha lamentado la aparición de enfermedades animales “que creíamos desaparecidas”, entre ellas la de Newcastle, la peste porcina africana y la dermatosis nodular contagiosa.

Castilla y León tendrá 23.046 habitantes menos dentro de quince años, 2.395.586, que suponen una pérdida del 1 por ciento de su población, el segundo mayor recorte autonómico sólo por detrás de los -47.868 de Extremadura, según la proyección de población que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En dato relativo, también Extremadura es la comunidad que más población perdería entre 2026-2041, con un 4,5 por ciento, mientras que Ceuta recortará un 2 por ciento, el 1,6 por ciento Asturias, ese 1 por ciento Castilla y León y el 0,5 Galicia, los únicos territorios que perderían población a quince años.

La proyección de Castilla y León es peor que la anterior, la de entre el 2024 y 2039, quince años en los que según el INE la comunidad perdería 16.750 habitantes.

Según las proyecciones publicadas este miércoles por el INE, en los 15 próximos años España ganaría 4.251.150 habitantes (un 8,6%), hasta superar los 53,8 millones de personas en 2041.

Los mayores incrementos relativos se registrarían en Comunitat Valenciana (16,4%), Illes Balears (16,2%) y Comunidad de Madrid (14,4%).

El saldo vegetativo mejora pero sigue negativo

Los datos de la proyección del saldo vegetativo, esto es la diferencia entre los nacimientos y las muertes, recogen que en 2026 Castilla y León perderá 16.630 habitantes por esa diferencia; que se modera en las proyecciones del 2030 a -16.209, con -16.230 en el 2035 y -16.982 en el 2040.

En cuanto al saldo migratorio, se prevé que en el 2026 salgan 19.985 habitantes de Castilla y León al extranjero, dato que se modera a los 16.618 en el 20230 y los 10.274 en el 2040.

También se amortigua la proyección de inmigrantes procedentes del extranjero en Castilla y León: 36.028 en el 2026, con 27.151 en el 2030, 21.214 en el 2035, con una ligera recuperación de 25.799 en el 2040.

El saldo migratorio interautonómico pasa al positivo

También el saldo migratorio interautonómico pasará al positivo en los próximos 15 años, y si en el 2026 será de 330 personas más que abandonan la comunidad que las que entran, el dato será de 232 en el 2030, con 878 en el 2035 y 1.538 en el 2040.

La proyección del INE recoge que el 2076 la población alcanzaría los 53,0 millones, con un incremento de 3,38 millones de personas respecto a 2026.

El progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos durante todo el periodo proyectivo, daría lugar a un saldo vegetativo negativo.

El saldo migratorio sería positivo en todos los años del periodo proyectivo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población. En consecuencia, el aumento poblacional se debería, exclusivamente, a la migración internacional.

Por su parte, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el actual 79,8% del total, al 59,6% dentro de 50 años.

La Comunidad tendrá en 15 años el mayor porcentaje autonómico de hogares unipersonales

Casi cuatro de cada diez hogares, el 39,2 por ciento, será unipersonales en Castilla y León dentro de quince años, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según el INE, el mayor porcentaje autonómico y por encima del 30,6 por ciento de media nacional.

Castilla y León concluirá este 2026 con 1.070.538 hogares, que aumentarán un 3,9 por ciento, con 41.471 más, en el 2041.

El tamaño medio de los hogares del 2026 es de 2,24 personas en Castilla y León, ligeramente por debajo de los 2,49 de media nacional, que pasarán a 2,13 en el 2041 (2,43 nacional).

Y si en el 2026 los hogares unipersonales son el 35,5 por ciento en Castilla y León, el mayor dato autonómico, esa posición se mantendrá en el 2041 con un 39,2 por ciento de hogares con una sola persona en la comunidad, seguida del 37,7 de Asturias y del 36,7 del País Vasco.

Por su parte, Illes Balears sería la comunidad con menor porcentaje de hogares de una persona en el 2041 (25,9%), seguida de Comunidad de Madrid (26,8%) y Cataluña (27,5%).

En España, los hogares unipersonales serán los más frecuentes en 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales según el INE, que estima que el número total de hogares en España aumentará en 2,2 millones hasta los 21.943.397, de los que el 30 % estarán formados por una sola persona.

Según la proyección de Hogares 2026-2041 que publica este miércoles el INE, en 2041 habría una reducción en el número de personas que viven en cada hogar. Así, el tamaño medio del hogar pasaría de las 2,49 personas actuales a 2,43 en 2041.

Estima que habría 6,7 millones de hogares unipersonales, el 30,6 % del total, convirtiéndose este tipo de hogar en el más frecuente, al superar a los de dos personas.

Según esta proyección, el número de hogares en España se incrementaría un 11, 1 % (en 2.184.048) entre 2026 y 2041, alcanzando una cifra cercana a los 22 millones. EFE

UGT ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las altas temperaturas en el centro de especialidades de Pilarica, en Valladolid. Las mediciones que han realizado los celadores del centro han superado los 34 grados en alguna ocasión, hasta los 38ºC, lo que para UGT resulta “incompatible con unas condiciones de trabajo seguras y saludables”.

UGT ha recurrido a la Inspección de Trabajo para que investigue y reclame a Sacyl que adopte “las medidas necesarias” para “garantizar unas condiciones laborales seguras y acordes con la normativa vigente”. El sindicato ha defendido que recurrirá a “todas las vías legales y administrativas para defender la salud y seguridad de las personas que trabajan en el centro de especialidades de Pilarica”.

A pesar de que se ha contactado con la Gerencia del área y con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Consejería de Salud y Bienestar Social no ha atendido las quejas del sindicato, según ha informado a través de un comunicado. UGt ha advertido de que esta temperatura puede provocar “deshidratación, agotamiento físico, golpes de calor y estrés térmico, además de dificultar el desempeño de la actividad laboral habitual”.

La legislación actual considera que la temperatura debe mantenerse entre 17 y 27º en los trabajos sedentarios, propios de oficinas, y entre los 14º y 25º en los trabajos ligeros. UGT afea que algunas consultas médicas y de enfermería tengan equipos portátiles de aire acondicionado, “mientras el personal de atención al público desarrolla su trabajo en condiciones extremadamente adversas”. “Resulta especialmente llamativo”, zanja el comunicado.

El Procurador del Común (el Defensor del Pueblo autonómico) de Castilla y León ha abroncado a Somacyl, la empresa pública más grande de la Comunidad autónoma y responsable de la promoción de vivienda pública, por no permitir subsanar documentación a una mujer que quería acceder a un alquiler social en Soria. Según la denunciante se produjo un problema técnico que impedía leer el código de verificación (CSV) de su certificado de empadronamiento, lo que afectaba a su puntuación, y no se le permitió corregir la situación. La afectada tiene abierta la vía judicial civil para hacer valer sus derechos, según ha informado la institución.

El Procurador del Común, que dirige Tomás Quintana, ha instado a Somacyl a garantizar que los solicitantes puedan subsanar defectos de la documentación para evitar su indefensión, puesto que se “rechazó de plano” valorar el mérito, lo que es “contrario a los principios de igualdad y objetividad”. La Junta de Castilla y León tiene delegada la gestión de las viviendas del parque de Vivienda Protegida en la sociedad pública Somacyl, “lo que exige el sometimiento pleno a la legalidad vigente”. Se exigen, por lo tanto, unos estándares mínimos de “seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y derecho a no sufrir indefensión”. Una indefensión que, entiende Quintana, se ha producido en este caso.

El responsable de esta institución ha reclamado a Somacyl que revise y corrija la baremación de la denunciante para que se reconozca la validez de los certificados que ha aportado, para que se le asigne la puntuación que legalmente le corresponda.

Somacyl, que se encarga de la Vivienda, Energía, los Recursos medioambientales y la Infraestructuras de la Comunidad, defendió que se valoraron los requisitos exigidos y se baremó la puntuación de los criterios a pesar de que los documentos habían sido entregados de manera “fraccionada”, lo que “inducía a confusión y no podía constatarse adecuadamente con el código seguro de verificación, al menos de uno de los dos documentos aportado”. Para el 'Defensor del pueblo' de Castilla y León, no se puede aceptar esta respuesta como “válida y suficiente”.

“Esta Procuraduría del Común no puede aceptar como una respuesta válida y suficiente a las alegaciones del solicitante, que el afectado tiene abierta la vía judicial civil para hacer valer sus derechos. Para Tomás Quintana, no es suficiente con que en la convocatoria se reconozca que el proceso de selección se rige por los principios de ”igualdad, concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia“, sino que estos principios deben ser ”respetados para no convertirse en meras declaraciones de intenciones“.

La campaña de incendios empieza este viernes 12 de junio en Castilla y León, con un verano que temen agentes medioambientales, bomberos forestales y responsables políticos. El año pasado fue el peor que se recuerda en la comunidad, tanto por hectáreas quemadas como por el coste en vidas humanas que supuso.

¿Qué pasó el año pasado? ¿Cuánta superficie se quemó?

El 8 de agosto de 2025 empezó una oleada de incendios en Ávila, que no tardaría en extenderse a León, Zamora, Palencia y Salamanca, con hasta once fuegos de nivel máximo de gravedad, una categoría que se alcanza por su extensión o por afectar seriamente a núcleos de población o infraestructuras.

El pasado verano se produjeron incendios muy graves en Castilla y León, que afectaron especialmente a estas cuatro provincias. Fruto de estos incendios, fallecieron cinco personas: tres voluntarios, un bombero forestal y otro bombero forestal que murió cuando se desplazaba a un conato.

En total se quemaron 171.900 hectáreas, según confirmó la semana pasada el consejero en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, un poco superior a la cifra que dio en su comparecencia en el parlamento autonómico, cuando habló de 143.880 hectáreas, de las cuales más de 40.000 eran superficie arbolada.

¿Qué explicaciones dio la Junta?

Los primeros momentos han sido especialmente criticados por la oposición: el comentario de Suárez-Quiñones -que tenía “la mala costumbre de comer”-, al que los primeros incendios le pillaron en Gijón, las vacaciones de Fernández Mañueco, que tardó un día y medio en regresar para poder dirigir el operativo. El presidente de la Junta de Castilla y León compareció en las Cortes a petición de toda la oposición el día 29 de agosto. Por aquellas fechas, la Junta ya hablaba de 141.000 hectáreas afectadas.

En esa sesión plenaria, el líder del Ejecutivo autonómico defendió que las causas de los incendios habían sido inevitables e “imposibles de extinguir”. Estos incendios de sexta generación, contra los que solo cabe una estrategia defensiva. Desde agosto hasta que la legislatura acabó en enero de 2026, el consejero Suárez-Quiñones se ha enfrentado en los plenos a preguntas y mociones sobre el operativo y su gestión.

¿Hubo reacciones políticas?

Las peticiones de dimisión para Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones han sido reiteradas y desoídas. Podemos y Vox acudieron a los juzgados por la gestión de los incendios, aunque aún no ha trascendido ningún resultado en concreto. La Fiscalía de Castilla y León archivó otras dos denuncias contra el presidente de la Junta de Castilla y Suárez-Quiñones porque no veía indicios suficientes de delito.

Los sindicatos se han negado a negociar con el consejero de Medio Ambiente y con el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, y han presionado en muchas ocasiones a través de movilizaciones y manifestaciones.

El titular de Medio Ambiente también compareció en las Cortes para hacer balance de la temporada de incendios, aunque varios meses más tarde de lo habitual, y ya casi al final de la legislatura, después de que Vox y PP habilitaran la primera quincena de enero y forzaran así su comparecencia. En dos días, tanto Suárez-Quiñones como el director general de Patrimonio Natural responsabilizaron a la extraordinaria meteorología del verano y responsabilizó al Estado por su limitado apoyo al hablar de gestión conjunta de incendios, a la oposición por rechazar los decretos aprobados después del fuego sin negociar, y a las administraciones locales por no tener en buen estado los terrenos que debían vigilar.

Hace poco se publicó el avance informativo del Ministerio de los incendios forestales de 2025. Los medios aéreos del Ministerio actuaron en 97 incendios -la comunidad con más atención- y realizaron 899 intervenciones que actuaron durante 3.548 horas. De hecho, Castilla y León ocupó el 40% del tiempo que dedicaron los medios del Ministerio al apoyo a todas las comunidades autónomas.

¿Se han cumplido las promesas políticas?

Una de las primeras reacciones de Fernández Mañueco fue prometer ayudas a vecinos, agricultores y ganaderos afectados por los incendios. Los planes de recuperación han tenido un presupuesto de 114 millones de euros, según los cálculos de la Junta de Castilla y León: 21,76 millones para ayudas por desalojo, desescombro y reparación de viviendas y enseres de 7.300 familias y 235 inmuebles; más de 10 millones de compensación al sector ganadero; y más de 28 millones para un plan de restauración hidrológico-forestal, extracción de madera quemada y recuperación de hábitats y biodiversidad.

La recuperación del Patrimonio Mundial de Las Médulas en El Bierzo ha costado de 3,62 millones de euros, una cifra muy superior al presupuesto anual del Patronato de Fundación Las Médulas, que en 2025 fue de 480.000 euros.

¿Se han producido cambios en el operativo?

Es una pregunta compleja. Mañueco quiso aprobar un decreto de ordenación forestal y otro que pretendía incrementar la participación pública, pero ninguno de ellos fue negociado con los sindicatos, por lo que todos los partidos de la oposición (Vox, PSOE, UPL, Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea) tumbaron ambas normas. Aún así, la Junta se comprometió a ir reduciendo el número de empresas contratadas a medida que se extinguieran los contratos, y a integrar a los trabajadores a empresas públicas como Tragsa o Somacyl. Sin embargo, en abril adjudicó y licitó algunos contratos con otras empresas.

Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León están presionando porque dicen que la Administración lleva más de un año ignorando sus requerimientos y denuncian que Inspección de Trabajo ha iniciado “una campaña de acoso y derribo” por discrepancias entre las exigencias de la Junta y de Trabajo, lo que genera una inseguridad jurídica “absoluta”.

¿Cómo se afronta la temporada de incendios de 2026?

Hasta ahora se han producido ya 633 incendios, la mayoría eran conatos (526), de menos de una hectárea de superficie. La Junta de Castilla y León tiene previsto activar a 5.001 profesionales del operativo, un 6% más que el año pasado, a pesar de que se ha mantenido el sistema mixto de extinción de incendios. En total, está previsto invertir 160 millones de euros en este verano, 60 millones más que el año pasado.

El pacto de gobierno firmado entre PP y Vox incluye el compromiso del nuevo Ejecutivo a “incrementar la colaboración público-privada en la prevención y extinción de incendios, elaborar un nuevo Plan Forestal Integral e incrementar el número de planes de gestión forestal, entre otros aspectos. Pero el PP mantendrá la responsabilidad sobre los incendios y esta campaña ya está planificada y programada, así que probablemente no se produzcan grandes cambios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que convierta la implantación de la enfermería escolar en una de las prioridades de la nueva legislatura y promueva la tramitación de una ley autonómica respaldada por casi 50.000 firmas recogidas en toda la Comunidad.

La petición se ha realizado en el marco de una jornada sobre la implantación de la enfermería escolar celebrada en Palencia, organizada por CSIF y el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, pocas semanas antes de que concluya el plazo para presentar las firmas que respaldan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada por el sindicato en mayo de 2025.

La presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la recogida de apoyos comenzó en septiembre de 2025 y finalizará el próximo 26 de junio, con cerca de 50.000 firmas reunidas hasta la fecha.

En este contexto, ha pedido al nuevo Ejecutivo autonómico que impulse cuanto antes la tramitación de la iniciativa en las Cortes de Castilla y León, negocie las funciones y ratios del personal sanitario en los centros educativos y garantice una financiación estable y suficiente para desarrollar la futura norma.

El coste: el 0,48% del presupuesto

En su opinión, el recién investido presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, tiene la ocasión de arrancar su nueva legislatura impulsando y propiciando la aprobación de una ley importante, necesaria y muy demandada por toda la comunidad educativa que garantice la presencia de profesionales de Enfermería en todos los centros escolares de la Comunidad.

Según ha señalado, la implantación de la enfermería escolar supondría un coste equivalente al 0,48 % del presupuesto autonómico y permitiría reforzar la prevención y la atención sanitaria en los centros educativos, además de ofrecer respaldo a los docentes.

“No puede ser que el profesorado tenga que asumir tareas para las que no está preparado y con una inseguridad jurídica tremenda”, ha afirmado.

La responsable sindical ha defendido la presencia de personal sanitario en los colegios para atender a alumnos con enfermedades crónicas, raras o graves, desarrollar labores preventivas y asesorar a toda la comunidad educativa.

Una enfermera en un colegio de Zamora: 220 actuaciones en el curso

Como ejemplo, ha citado el caso de una enfermera escolar de un centro educativo de Zamora que ha registrado 220 actuaciones durante el presente curso.

Actualmente, según los datos aportados por CSIF, Castilla y León cuenta con entre 24 y 26 enfermeras escolares para toda la Comunidad, una cifra que sitúa la ratio en torno a un profesional por cada 14.000 alumnos, muy alejada de la existente en otros territorios.

El sindicato plantea como objetivo una ratio mínima de una enfermera por cada 450 estudiantes, adaptada a las características del medio rural y a la dispersión geográfica de Castilla y León.

No es un lujo, es imprescindible

Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha respaldado la iniciativa y ha defendido que “la enfermería escolar es una figura imprescindible y no un lujo dentro del sistema educativo”.

Ruiz ha subrayado que estos profesionales no solo intervienen en situaciones de urgencia o en la atención a alumnos con necesidades sanitarias específicas, sino que desempeñan un papel fundamental en la educación para la salud, la promoción de hábitos saludables y la detección de situaciones de acoso escolar, maltrato o problemas relacionados con la salud afectivo-sexual.

Además, ha destacado que una mayor presencia de enfermeras en los centros educativos contribuiría a prevenir problemas como la obesidad infantil, el consumo de alcohol, tabaco o drogas, con el consiguiente beneficio para la salud pública y para la sostenibilidad futura del sistema sanitario.

Diversidad autonómica

La jornada celebrada en Palencia ha servido para cerrar la campaña de recogida de firmas impulsada por CSIF y para analizar los modelos de implantación de la enfermería escolar existentes en otras comunidades autónomas y países europeos.

El sindicato, ha señalado que, aunque la figura del profesional de enfermería escolar no está reconocida ni regulada a nivel nacional en España comunidades como Madrid y Andalucía cuentan ya con programas específicos de enfermería escolar, mientras que países como Reino Unido, Francia o Suecia disponen de cobertura en la totalidad de sus centros educativos.

Sabero, Hacinas, Saldaña, Rueda, Benavente... Castilla y León ya se está preparando para eclipse solar. El 12 de agosto, la península ibérica vivirá su primer eclipse total de Sol visible en más de un siglo. Muchos ya han reservado alojamientos en los puntos donde la visibilidad será mayor, incluida buena parte de Castilla y León. Alojamientos, restaurantes y Administraciones Públicas han aprovechado el tirón del eclipse para apoyar el astroturismo y visibilizar el potencial económico de esta área.

La Junta de Castilla y León ha elaborado varias guías de recomendaciones y pautas, incluida la de utilizar gafas homologadas para poder ver tanto el eclipse del 12 de enero como los sucesivos del 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028. 

Por este motivo, el Ejecutivo ha señalado los mejores sitios para ver el eclipse, un listado que incluye puntos de todas las provincias. Es recomendable buscar espacios abiertos, con buena visibilidad del horizonte y poca contaminación lumínica. Los espacios abiertos sin árboles que tapen el cielo, son los más recomendables.

Medio Ambiente también ha advertido que el eclipse se producirá en un momento en el que es probable que se produzcan incendios forestales, por lo que se recomienda no concentrarse en zonas arboladas ni acudir a las áreas naturales protegidas, “cuya conservación se podría ver afectada por la alta afluencia de personas”.

Tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de sumisión química por parte de su profesor, Alejandro Pérez de la Sota, en una noche de cena y copas entre docentes y estudiantes de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca. Una noche, en la que además se produjo un altercado en el que intervino la Policía Local, alertada por el propio Pérez de la Sota, concejal no adscrito en el Ayuntamiento, “para evitar cualquier futuro malentendido”. El profesor fue apartado el pasado martes por el Colegio de Abogados de Salamanca, tras conocerse que había sido denunciado. El PSOE, por su parte, pide al Ayuntamiento, donde Pérez de la Sota fue concejal de Vox y ahora es no adscrito, que se le retire de la actividad institucional.

En el atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, aparecen las denuncias de tres jóvenes, refrendadas por testigos, que permiten reconstruir lo que ocurrió entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de junio en la que, presuntamente, Pérez de la Sota llegó a estar en la habitación de una de ellas y horas después fue “echado a patadas del taxi” en el que otra volvía a su casa.

La primera denuncia se produce el 5 de junio, sobre las once de la noche cuando han pasado menos de 24 horas de la presunta agresión, y se pone en marcha el 'protocolo de víctima de delito sexual' en el Hospital Clínico de Salamanca. Dos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se entrevistan con la víctima en presencia de un ginecólogo de urgencias y un médico forense. La chica, de 23 años, relató y ratificó después en la denuncia, que había estado cenando con compañeros y profesores del máster en un restaurante. A las 23.30, acompañada de una amiga y de Pérez de la Sota, se dirigió a un pub/discoteca y se sentaron en la terraza, donde pidieron unas copas. En un momento dado, ambas fueron al baño y dejaron las copas en la mesa. Cuando volvieron se unieron a varios compañeros y profesores que habían llegado al establecimiento.

“Un hombre mayor” que se confundió de habitación y fue visto por la compañera de víctima

A partir de ahí, la chica no recuerda nada de lo que pasó esa noche, el 'blanco' es de muchas horas, y sólo sabe lo que ha podido ocurrir a partir de los testimonios de sus compañeros. De hecho, ella despierta a la mañana siguiente sin sospechar nada, hasta que un compañero de clase le pregunta –el atestado no lo aclara, pero parece que fue por llamada o mensaje telefónico–si se encuentra bien, y le dice que está preocupado porque esa noche la vió salir del baño del pub “cogida de la mano de un hombre”. Desconcertada, preguntó a su compañera de piso si había visto algo raro esa noche. La respuesta fue determinante: esa noche no sólo oyó ruidos como si estuviesen “moviendo muebles”, también la oyó vomitar. Además a la habitación de la compañera de piso intentó entrar un hombre “bastante mayor” que ella y cerró la puerta rápidamente, porque posiblemente se confundió de cuarto. La chica aseguró que no había bebido en exceso y que no había consumido drogas.

Otro profesor del máster intentó sobornarlas para que no hablasen

La denuncia fue ampliada al día siguiente, para añadir que la segunda vez que había acudido al baño había escrito un WhatsApp a un compañero para que fuese a buscarla, que no recordaba nada de lo que sucedió, pero que varios compañeros la vieron salir de la mano con Pérez de la Sota a las 2.00 de la mañana y que él tenía una actitud muy cariñosa, lo que les extrañó. Pérez de la Sota regresó al local más de una hora después, a las 3.10, algo que también hizo sospechar a los compañeros porque la chica vivía a tan solo 10 minutos de allí.

Horas antes de esta ampliación, había recibido una llamada de un número que no tenía y que resultó ser el del profesor, según le dijeron los compañeros. Además, a través de ellos supo también que otro profesor, José María L.M., había estado intentando conseguir tanto su teléfono como el de otras dos amigas para “ayudarlas a aprobar” y que no trascendiese lo sucedido. elDiario.es, se ha dirigido por correo a este segundo profesor, que pertenece la Facultad de Derecho, si bien no ha recibido respuesta. Desde la Universidad de Salamanca aseguraron desconocer el caso.

Tras la primera presunta agresión, regresó e intentó acompañar a otra alumna a casa, hasta que le echó a patadas del taxi

Otra denuncia de una segunda alumna relata lo que ocurrió cuando Pérez Sota regresó al establecimiento pasadas las tres de la madrugada. Esta segunda denunciante había visto a Pérez de la Sota con la primera chica, que es su amiga, a la que cogía de la cintura. Pasadas las tres de la madrugada, cuando Pérez de la Sota regresó al pub, ella había decidido irse y así lo comunicó al varias personas del grupo, entre las que estaba el profesor.

Su intención era ir caminando hasta una parada de taxis y por el camino entregó el móvil a alguien mientras se quitaba las sandalias. Pérez de la Sota le dijo que vivía muy cerca de la parada y que la acompañaba. Una vez en la parada, la chica subió por la puerta trasera derecha y el profesor le dijo que la acompañaba e intentó subir al vehículo aunque ella se negó y él siguió intentando subir. Tanto es así, que quiso acceder por la otra puerta y ella le echó a patadas y empujones, hasta que pudo marcharse. El taxista le recomendó denunciar ese tipo de comportamientos. Al llegar a su casa e intentar pagar la carrera con su móvil se dio cuenta de que no lo tenía, por lo que el taxista la llamó desde dos números distintos, para intentar localizar el móvil, sin recibir respuesta. Volvieron al punto de partida, donde se encontró con sus amigos y varios profesores. Una de sus amigas llamó a su teléfono y respondió Pérez de la Sota, que acudió a entregarlo.

“Esta puta niñata me la va a liar”

Fue en ese momento cuando se produjo un altercado en el que se le recriminó la actitud que había tenido esa noche. “Esta puta niñata me la va a liar”, llegó a decir, según el atestado. Pérez de la Sota insistió en llamar a la Policía “para dejar constancia del estado de las personas”. Otro profesor se mostró preocupado. “Estoy harto de esta situación, llevo años viendo lo mismo y esto se tiene que acabar ya”, habría llegado a decir.

En el atestado aparece el informe de incidencia de los policías locales que acudieron tras la llamada de Pérez de la Sota. Según ellos son comisionados por una “discusión entre particulares en la parada de taxis”. Lo primero que hacen constar es que Pérez de la Sota “pudiera encontrarse bajo los efectos de las bebidas alcohólicas”, y que les contó que había salido a cenar con su grupo de alumnos del máster de abogacía, que después fueron a un establecimiento y que al acabar la fiesta acompañó a una de las chicas hasta la parada de taxis “debido al estado de embriaguez que presentaba y porque no la veía capaz de valerse por sí misma”.

Pretendía acompañarla a casa pero ella le dijo “de manera muy nerviosa que se bajase, que se iba sola”, por lo que accedió. Al llegar el profesor a su casa se dio cuenta de que tenía el móvil de la chica y regresó a la parada y se lo dio a otra de las amigas. Esta le dijo: “Te veo capaz de cualquier cosa, vete con tu puta mujer y deja en paz a mi amiga”, por lo que él decidió llamar a la Policía. “Que sepas que esto no se va a quedar así contigo”, dijo él. Un profesor que estaba presente le recriminó la amenaza.

En ese momento aseguró que no había tenido contacto físico con ella y añadió que no tenía “interés sexual” en ella, que solo quería ayudarla. La policía recuperó imágenes de cámaras de seguridad en la que se ve a profesor y alumna cogidos de la mano y que cada uno entra por una puerta al taxi, pero él acaba saliendo. A la mañana siguiente, esta segunda denunciante se despertó vomitando y vio que la cortina de su habitación estaba corrida, algo que ella nunca hace. Presentó un parte de lesiones y de exploraciones que se le realizaron en el hospital.

La tercera denunciante: un comportamiento “fuera de lo habitual”

La tercera denunciante es la chica que acudió con la primera y Pérez de la Sota a la terraza a la que más tarde se incorporaría el resto del grupo. Indicó que al salir del baño con su amiga, a las 00.00 horas, y después entrar con el resto del grupo al interior del local no recordaba nada más y que le resultó extraño perder la memoria porque nunca le había sucedido algo así. Estuvo el resto de la noche acompañada de su hermana y que esta notó que tenía un comportamiento “fuera del habitual”, “sobreexcitada”, “extremadamente locuaz” y “perdiendo en ocasiones el equilibrio” y que a pesar de haber dejado de beber estuvo otras dos horas en esa situación.

Fue acompañada por su hermana a su casa. A la mañana siguiente, al despertar, estuvo “desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado a casa”. Además, tenía en la mano y brazo derechos marcas que no sabía cómo se había hecho“. Al hablar con la primera denunciante y con el amigo que había visto el comportamiento de ambas, se dio cuenta de que lo ocurrido no era normal. La chica aportó un informe del Hospital Clínico sobre las lesiones. Posteriormente, amplió la denuncia para añadir que un amigo vio cómo Pérez de la Sota, tras haber regresado de estar con la primera denunciante, la tenía agarrada a ella de los hombros ”diciéndole que la iba a llevar a casa“. A la mañana siguiente recibió un correo del profesor José María L.M. invitándola a tomar algo antes de irse de vacaciones. El mail se ha aportado a la denuncia. El amigo que la acompañó a hacer la ampliación asegura haber recibido a su vez un whatsapp de ese profesor para pedir el teléfono de la primera denunciante, el de la tercera y el de la chica que se enfrentó a Pérez de la Sota para ofrecerles ”facilidades para hacer los exámenes“ y para que no trascendiese lo sucedido con Pérez de la Sota y no se enfadase ”su señoría de lo Contencioso“, en referencia a una profesora que las iba a examinar. En las dos ampliaciones de denuncia se hace constar además que la pareja de Pérez de la Sota es anestesista, que tienen miedo y que solicitan medidas de protección.

Pérez de la Sota lo niega todo

Este diario contactó con Alejandro Pérez de la Sota, que declarará en el juzgado el día 16, para conocer su versión. El docente facilitó un comunicado en el que asegura desconoce los hechos de los que se le acusa y de los delitos que se le imputan porque no ha recibido copia de la denuncia ni ha podido acceder a las actuaciones. “La única información de la que tengo conocimiento es la obtenida con la lectura de los medios de comunicación, al mismo tiempo que toda la ciudadanía”, dice. Así, le es “imposible” realizar “manifestación, argumentación o defensa pública alguna, cuando ni siquiera ha habido posibilidad de realizar la defensa inicial y principal en el Juzgado”. Añade que las acciones, manifestaciones y actuaciones que se están realizando contra él “carecen del más mínimo respeto a la presunción de inocencia y al derecho al honor” tanto de él como de su familia “rompiendo todos los principios constitucionales, y trasladando información a través de los medios de comunicación para generar un proceso paralelo y sumarísimo que parece planeado” para destruir su imagen pública y su propia persona, antes incluso de que haya podido realizar cualquier defensa en el ámbito judicial.

Critica además por “vergonzoso” el “uso y actuación política que algunos pretenden hacer de algo que ni siquiera se ha concretado en forma legal, demostrando que están dispuestos al asesinato civil del adversario para encubrir las enormes responsabilidades de su propio partido”. “En caso de que se me faciliten las acusaciones que se afirman haber realizado contra mí, no solo ejercitaré mi derecho de defensa ante la Administración de Justicia, sino que también podré dar las explicaciones públicas que puedan corresponder. Expreso mi máximo respeto, como no puede ser de otro modo, por toda persona y por sus derechos fundamentales, los cuales nunca he atacado ni vulnerado en ninguna forma; así como por la Administración de Justicia y por sus mecanismos legales, ante los que compareceré al ser requerido para ello, y ejerceré mi más leal, solvente y legítimo derecho de defensa”. Por último, agradece las “innumerables muestras de confianza, ánimo y apoyo” que está recibiendo. “Todos estos mensajes, junto a la firmeza de mi Familia y a mi confianza absoluta en que los hechos se esclarezcan por completo lo antes posible, actualmente son mi mayor fortaleza para afrontar una situación totalmente injusta para mí”, finaliza.

Un total de dos centenares de trabajadores del operativo antiincendios se han concentrado este miércoles en Ávila, León, Palencia y Segovia, convocados por CCOO y CGT, para reclamar mejoras en el operativo establecido y criticar su “abandono”.

En Ávila, en torno a cincuenta personas se han movilizado, cuando faltan dos días para que comience el riesgo alto de incendios, y ha criticado que el operativo “empieza a medio gas”, lo que hace pensar en un verano “como poco, como el del año pasado”. Así lo ha vaticinado en declaraciones a los periodistas Rodolfo Boabent, agente medioambiental representantes de CCOO, y Román García, de CGT, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital abulense.

Según García, la situación del operativo de incendios está “en iguales o peores condiciones que el año pasado, después de los incendios devastadores en toda la Comunidad”, incluidos varios en la provincia de Ávila, como el que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona del Barranco de las Cinco Villas.

Falta de cobertura de vacantes

“La disposición de medios, la falta de cobertura de las vacantes, la falta de profesionalización, muchos de los problemas que veníamos arrastrando no se han solventado con respecto al año pasado”, ha argumentado García.

En el mismo sentido, Boabent ha lamentado que “un año más el operativo empiece a medio gas”, debido a la “falta personal en camiones y torretas, faltan otros agentes medioambientales por incorporarse”.

Al respecto, ha indicado que en las próximas dos semanas está prevista la incorporación de 22 agentes en una zona que “no conocen” y realizando labores de dirección de extinción, lo que a su juicio “puede poner en peligro al operativo”, al ser “los responsables de coordinación de los medios y de los incendios”.

En León, medio centenar de delegados sindicales ha acudido a la protesta ante la sede de la Delegación de la Junta por lo que han considerado “abandono absoluto” y escasos avances en el operativo de incendios de esta campaña, que en contra de lo anunciado por el Gobierno autonómico han limitado a “muy pocas mejoras de acuerdos que ya estaban pactados en 2022”.

Bajo mínimos

El coordinador de bomberos forestales de la Federación de Servicios Forestales de CCOO, Diego Fernández, ha denunciado que el personal laboral del operativo está “bajo mínimos, con puestos de vigilancia que se caen a pedazos, con bases de camiones que no cumplen con la normativa mínima”, a lo que ha sumado que los tratamientos selvícolas preventivos de esta campaña han sido “ínfimos”.

Fernández ha advertido de que se enfrentan a una “campaña muy difícil”, a la vez que ha criticado las condiciones laborales que sufren los trabajadores que integran el operativo, que ha sido denunciada ante la Inspección de Trabajo y que les “ha dado la razón”, ya que muchos puestos de trabajo no cumplen las condiciones laborales.

Por ello, CCOO ha interpuesto una querella criminal contra la Junta “con hombres y apellidos para que solucionen esta situación”. También ha denunciado que la carencia de personal en agentes medioambientales se extiende al resto de operativos compuesto por empresas privadas, trabajadores públicos y semipúblicos a través de la empresa Tragsa, lo que complica “muchísimo la coordinación” ya que “no es solo un operativo, sino uno diferente por cada provincia que se multiplica” por los distintos actores que participan en el mismo.

Una situación que provoca que cada provincia se gestione de una forma diferente, “lo cual aboca a problemas de comunicación, ya que no hay un sistema real de trabajo en conjunto porque no somos un operativo, somos 27”. Asimismo, ha exigido que se aplique la ley de bomberos forestales para todo los personal que forma parte de del operativo de extinción de incendios, que no solo son peones, conductores y vigilantes, ya que también son celadores, agentes y técnicos medioambientales.

Personal sin experiencia

Por su parte el agente medioambiental y delegado de CCOO José Ramón Casado, ha denunciado el déficit de agentes medioambientales existentes, que en la provincia de León es de un 15% de vacantes sin cubrir, a lo que ha sumado la perdida de experiencia progresiva debido a la edad y jubilación prevista de muchos de los profesionales de la Junta que se dedican a la extinción de incendios y que se suple con “personal sin experiencia”.

En Palencia, unos 40 efectivos de los operativos de prevención y extinción de incendios han participado en la asamblea informativa y la posterior concentración ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital palentina, para alertar de las precarias condiciones en las que afrontan la inminente campaña de verano.

Han recordado que a pocos días del inicio de la campaña, apenas la mitad de retenes están en condiciones de iniciar su labor y les preocupa que el resto se completará con improvisación. Por ello, han puesto el foco en la necesidad de “pasar de un operativo de parcheo a un operativo serio, formal y con profesionales bien formados”.

En este sentido también han denunciado la escasa formación con la que llegan algunos efectivos, así como la temporalidad de muchos empleos, que provoca que constantemente el operativo se forme con efectivos sin experiencia.

La concentración en Segovia se ha desarrollado con la presencia también de medio centenar de asistentes, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, convocados por CCOO, Comisiones Obreras, en defensa de un operativo de incendios forestales sin privatizaciones. La concentración se ha desarrollado sin incidentes y los participantes han reclamado soluciones a la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales, la situación de los Agentes Medioambientales, la adaptación del convenio colectivo, la jubilación anticipada, la prevención de riesgos laborales y el estado actual del operativo en la provincia de Segovia.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), que retire las nomenclaturas y vestigios franquistas, incluyendo la calle al padre de Fernández Mañueco. También ha acusado a los responsables municipales de estar cometiendo un delito de prevaricación administrativa al incumplir la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar los vestigios de exaltación del franquismo, incluida la nomenclatura de cargos públicos durante la dictadura.

Entre otros, la ARMH ha pedido retirar las calles dedicadas al padre de Alfonso Fernández Mañueco, Marcelo Fernández Nieto, que fue alcalde de Salamanca, procurador en Cortes y gobernador civil entre los años 60 y 70. En Salamanca todavía se conservan varios escudos y emblemas franquistas en edificios públicos y en iglesias.

“En el año 2026, y con dos leyes estatales que obligan a su retirada, la ciudad de Salamanca mantiene numerosos vestigios de exaltación de la dictadura franquista”, ha reprochado la ARMH en el escrito enviado al Ayuntamiento. La asociación memorialista ha solicitado que se retire toda la simbología franquista y que “se democratice” la nomenclatura municipal para que la ciudad “deje de rendir homenaje” a los que accedieron a cargos públicos.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, lamenta que supone “una enorme falta de cultura democrática de exaltación de personajes y hechos de una dictadura”. “¿Alguien imagina una calle dedicada al dirigente de un grupo terrorista? La violencia de los pistoleros falangistas asesinó a miles de civiles, se quedó con las propiedades de miles de familias republicanas y aterrorizó a las víctimas durante cuatro décadas. Que un municipio democrático con un alcalde elegido democráticamente mantenga esos elementos que enaltecen esa sangrienta dictadura es un insulto a la democracia y un maltrato a las víctimas”, ha manifestado a través de un comunicado.

Algunos vestigios ya se han retirado, como el medallón con la edifie de Francisco Franco, que estuvo en la plaza Mayor de Salamanca hasta 2017 tras una batalla judicial y administrativa.

El medallón artístico con la efigie de Francisco Franco, esculpido en un sillar de la plaza Mayor de Salamanca, ya es historia. La imagen ha sido retirada a primera hora de la tarde de este viernes. Llevaba 80 años allí, desde 1937. Y al menos tres de batalla judicial y administrativa ha costado sacar la representación del dictador de ese lugar para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) ya es Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVI y único ejemplo de la modalidad de toro de fuego que se desarrolla en Castilla y León, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno de esa comunidad.

En el acuerdo del Consejo de Gobierno se recoge que esta tradición constituye un rasgo identitario de Medinaceli, en cuya representación anual participan activamente sus vecinos, dentro de la fiesta local de los Cuerpos Santos. Se trata, además, de un festejo tradicional singular dentro de los festejos taurinos populares porque el animal no es sacrificado.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que “no se hace para aplacar ningún debate”, sino porque es una “celebración de largo recorrido en el tiempo, muy excepcional dentro de Castilla y León y porque hay un indulto al toro”. “Hay dos elementos distintos que conviene aclarar: una cosa es el debate en torno a la celebración del toro y otra es su declaración como BIC”, ha expuesto ante los medios.

Fernández Carriedo ha defendido que la Justicia ha definido esta celebración dentro de la legalidad y ha garantizado que se han unas “condiciones añadidas” para protegerlo a través de la declaración de Bien de Interés Cultural dados “el valor de la tradición, la singularidad y las condiciones específicas”. También ha explicado que ha habido más alegaciones a favor de esta declaración que en contra.

El toro es “indultado” después

El Toro Jubilo -cuya denominación procede de jubileo o indulgencia y no de júbilo- es una representación de los toros de fuego que se desarrollan por el litoral Mediterráneo y los valles de Ebro y el Jalón. La singularidad de este evento es que el toro siempre es “indultado”, constituyendo una excepción frente a otros festejos taurinos tradicionales.

E incluso la propia ordenanza municipal reguladora del festejo obliga a que haya un certificado o declaración jurada del empresario propietario del animal indultado de que no será utilizado para lidias posteriores en otros festejos.

Esa singularidad ya figura en los primeros documentos históricos sobre el Toro Jubilo, que establecen expresamente que no se puede matar al animal, ocurriendo con frecuencia en el pasado que un mismo animal fuera protagonista de la fiesta en diferentes años.

El Toro Jubilo se celebra en la Plaza Mayor de Medinaceli la noche del sábado más cercano al día 13 de noviembre, día de la festividad religiosa de los Cuerpos Santos en honor de los Santos Arcadio, Eutiquiano, Pascasio, Paulino y Probo.

Desde el año 2002 esta fiesta está declarada Espectáculo Taurino Tradicional, al amparo del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero y, además, el Ayuntamiento de Medinaceli lo regula a través de una Ordenanza Municipal.

Pacma presentó un recurso en contra

El pasado abril, el Partido Animalista Pacma comunicó la presentación de un nuevo recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal de Instancia de Soria, contra la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli, según recoge EFE.

Según Pacma, tanto el Ayuntamiento de Medinaceli como la Junta de Castilla y León son “plenamente conscientes” de que el festejo carece de la declaración de 'Espectáculo Taurino Tradicional' desde 2015, cuando el consistorio aprobó una modificación de las bases reguladoras “sin seguir el procedimiento previsto en el Reglamento autonómico”.

Sobre esta declaración como BIC, Pacma arguyó en el inicio del expediente que era “otra argucia para impedir o entorpecer cualquier recurso contra el festejo” por lo que presentaron alegaciones para evitar que fuera BIC un festejo “contrario a la legalidad”.

La Universidad de Salamanca ha concedido este viernes el doctorado honoris causa a título póstumo al dominico Francisco de Vitoria, cuando se cumplen 500 años de su llegada a la Cátedra de Prima de Teología, desde la que puso los cimientos de la Escuela de Salamanca.

Con la concesión de su máximo reconocimiento, en una ceremonia solemne en el Paraninfo, la Universidad de Salamanca ha puesto en valor, “con orgullo y con gratitud”, el legado de uno de sus profesores más ilustres, cuya voz a cinco siglos de distancia sigue siendo, en palabras del rector Juan Manuel Corchado Rodríguez, “asombrosamente actual”.

Hace quinientos años, el fraile dominico Francisco de Vitoria tomaba posesión de la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca, iniciando así un magisterio que iba a cambiar el rumbo de la historia del Estudio salmantino y a poner los cimientos de la Escuela de Salamanca y del Derecho Internacional.

“Todo en estas piedras nos habla de él: el aula donde dictó sus 'relecciones', sus autógrafos guardados en la Biblioteca General Histórica, los frescos del aula que lleva su nombre, la lámina de este Paraninfo con los maestros ilustres, la placa que en el cuarto centenario, en 1926, se dedicó a su memoria”, ha enumerado Corchado, para agregar que faltaba un gesto, que la Universidad “dijera, con todas las letras, lo que el corazón sabía desde hace siglos”.

Durante su intervención ante más de 200 doctores, el rector ha resaltado la vigencia del legado intelectual de Vitoria y ha recordado que renovaron la teología, pusieron los cimientos del derecho internacional, formularon las primeras teorías modernas de la economía e incluso hicieron ciencia.

Una ceremonia especial

El homenaje a Francisco de Vitoria ha comenzado antes del inicio de la ceremonia en el Paraninfo, ya que el cortejo académico se ha desplazado hasta el Convento de San Esteban, para recordar el camino que el fraile dominico realizaba para impartir sus clases en las Escuelas Mayores desde que ganara su cátedra el 7 de septiembre de 1526, cuando se le concede la vacante.

Los más de 200 doctores han partido del Edificio de las Escuelas Mayores por la puerta de la plaza de Anaya, para atravesar el ágora por delante del Palacio de Anaya, descender por la calle Tostado hasta llegar al convento de los Dominicos y, en su interior, el rector Corchado y fray Pablo Carlos Sicouly han realizado una ofrenda floral en el llamado “panteón de los teólogos”.

Ya en el Paraninfo, Fray Pablo Carlos Sicouly ha sido el encargado de recibir el “honoris causa” en nombre de la Orden de Predicadores y ha mostrado su gratitud a la Universidad de Salamanca por esa distinción.

Ha definido la decisión adoptada por el Claustro de Doctores como “profundamente significativa y oportuna, porque contribuye a destacar el significado y el valor permanente y especialmente actual de la contribución de Vitoria en el campo de la vida universitaria, y de su servicio al bien común de la sociedad, la cultura y la comunidad internacional”.

“Discípulos de su escuela”

El rector también ha recordado su faceta docente y la veneración que le profesaban sus discípulos, ya que “sus lecciones, que él nunca llegó a publicar en vida, viajaron por el mundo en los cuadernos de sus alumnos y se imprimieron una y otra vez en Lyon, en Salamanca, en Venecia, en Colonia”.

La madrina del honoris, la profesora de Filosofía María Martín Gómez, ha relatado que “Vitoria llegó a Salamanca con un desafío impuesto por un profesor de París: pensar de un nuevo modo un nuevo mundo” y ha llamado a todos a “seguir su estela”.

En su Laudatio, la profesora ha ensalzado las dotes extraordinarias que para la enseñanza debió de tener Vitoria y, sobre todo, la impronta que dejó en sus estudiantes, que fueron los que realmente difundieron su legado, ya que mientras fue profesor en el Estudio no escribió ni un solo libro, hasta ganarse el apodo académico de “El Sócrates hispano”.

Los delitos de odio han crecido un 46,2 % en Castilla y León en 2025, con 136 infracciones penales, la cifra más alta de la serie histórica -que arrancó en 2021-, y Segovia presenta la tasa provincial más alta del conjunto del país, con 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes.

Son datos del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España del Ministerio del Interior, que se ha presentado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en Madrid, que muestra un incremento del 23,6 % en España hasta las 2.414 infracciones, también con récord histórico.

En Castilla y León se registraron el pasado año 136 hechos delictivos frente a los 93 del 2024, con una subida del 46,2 %, y unos datos que superan los de 2023, que con 115 infracciones penales era hasta el momento la cifra más alta de la serie histórica.

Destacan los delitos por xenofobia o racismo, con 48 infracciones (37 del año anterior), y por orientación sexual e identidad de género, con 20 (fueron 17 en 2024); se han registrado también 7 por creencias o prácticas religiosas (uno el año anterior), 2 por antisemitismo (la mitad) y uno por islamofobia (el doble).

Los delitos de antigitanismo han pasado de 4 a uno, pero han subido de 2 a 5 los de por aporofobia; han sido 6 los delitos de discriminación por razón de género o sexo (9 en 2024), 3 por disfobia (uno más) y 9 por cuestión de ideología (frente a los 15 del año anterior).

El informe del Ministerio del Interior recoge igualmente que en 2025 se esclarecieron 70 delitos de odio, cifra similar a la de 2024, cuando fueron 76; de ellos, un delito corresponde a antigitanismo, 2 a aporofobia, 5 por creencias o prácticas religiosas, 4 por discriminación de género o sexo, 1 por disfobia, 4 por ideología, 12 por orientación sexual o identidad de género y 41 por xenofobia o racismo.

Además, se registraron 116 victimizaciones, frente a las 92 del año anterior. Y se detuvieron o investigaron a 37 personas por delitos de odio, cuando en 2024 fueron 55.

Segovia, la tasa provincial más alta del país

Los datos del informe muestran que Castilla y León cerró el 2025 con una tasa de 5,67 delitos de odio por cada 100.000 habitantes, a la mitad de una tabla que encabezan Melilla, con 21,9, por delante de Navarra, con 15,6, y de la otra ciudad autónoma, Ceuta, con 10,8.

Sin embargo, analizando los datos por provincias, Segovia presenta la tasa provincial más alta, de 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes, tras pasar de 6 infracciones penales en 2024 a 35, la cifra más alta de todas las provincias de Castilla y León.

Entre las diez provincias con las mayores tasas se encuentra también Zamora, que con 9,68 delitos por cada 100.000 habitantes ocupa el puesto número seis, tras registrar 16 delitos frente a los 12 del año anterior.

En Ávila se contabilizaron 10 delitos de odio, el doble que en 2024, mientras que los 19 de Burgos están por debajo de los 30 del año anterior; fueron 14 en León (12), 7 en Palencia (8), 12 en Salamanca (2), 2 en Soria (1) y 21 en Valladolid (17).

En España suben prácticamente todos los delitos

En el conjunto del país, aunque han subido todos los delitos de odio excepto la discriminación generacional, los incidentes de racismo y xenofobia se sitúan a la cabeza de la lista, con 934 hechos, lo que supone un aumento del 16,1 % con respecto al año anterior.

En segundo lugar se sitúan los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571 contabilizados, mientras que en tercer lugar aparecen los delitos por ideología, con 241 y que representan un incremento del 64 % respecto al año anterior.

El mayor incremento en la tipología de delitos se produce en la islamofobia, con un aumento del 133 % con respecto al año anterior, y después le siguen la disfobia -odio a personas con discapacidad-, con un 90 %, y el antisemitismo, con un 86,5 %.

El informe apunta a un incremento de los hechos de islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450 %, y también aumenta la participación de los menores en los delitos, tanto a nivel de víctimas como de autores.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detuvieron o investigaron por delitos de odio a un total de 1.018 personas, un 78,5 % hombres, y que representa un aumento del 12,5 % con respecto a 2025 en cifras totales.

Además, el 65,6 % de los casos han sido esclarecidos, según los datos de Interior.

Marlaska ve preocupante el número de menores implicados

En su intervención al inicio de la reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que es “especialmente preocupante” el aumento de la participación de los menores tanto en calidad de víctimas -un 17 % más- como de autores de los delitos, con un incremento del 20 %.

 Además, ha reclamado dar más visibilidad a los delitos de odio en la sociedad. “Sólo a través de la sensibilización social lograremos mejorar su detección”, ha apuntado el ministro.

“No debemos olvidar que este tipo de hechos constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales”, ha dicho Marlaska, que ha dejado claro que no permitirán que “el odio y la discriminación erosionen la convivencia”. 

Cáritas Diocesana de Valladolid ha lanzado este lunes un llamamiento a los propietarios de viviendas vacías o que habitualmente ofrecen en alquiler, para que las pongan a disposición de las personas más vulnerables mediante rentas asequibles.

“Apelamos a la conciencia y solidaridad (de los titulares) para hacerlas asequibles y ponerlas a disposición de quienes más lo necesitan con el fin de que puedan desarrollar una vida digna”, ha explicado el delegado episcopal de Cáritas Valladolid, José Colinas, durante la presentación de la Memoria 2025.

A lo largo del pasado año Cáritas apoyó económicamente a 430 familias (más de un millar de personas en total) mediante 389.000 euros destinados al pago de alquileres y suministros básicos, pero también acogió, a través de sus propios recursos residenciales, a casi un centenar de personas de cincuenta y cinco familias sin hogar.

En la carencia de una vivienda digna tiene su origen “muchos de los problemas” que afectan a las personas sin recursos, ya que con frecuencia “condiciona la salud física, emocional, psicológica e incluso social: sin una vivienda es imposible tener una vida digna”, ha añadido Colinas.

Ayudas directas

Unos 700.000 euros invirtió Cáritas a través de su red diocesana en la provincia de Valladolid para acompañar a 6.195 personas en 4.152 hogares a través de algunos de los programas que desarrolla: personas mayores; empleo y economía solidaria; infancia, juventud y familia; vivienda; mujer; adicciones y prisión; y acogida.

“Son muchas las personas que reciben pero que también quieren corresponder, ofrecerse, ”aportar en la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria en forma de voluntarios“, ha observado el delegado episcopal.

No solo se trata de paliar situaciones de emergencia, sino también de “crear espacios, un tejido social y relacional que permita responder cuando otros fallan: este es nuestro modelo de solidaridad subsidiaria”, ha precisado por su parte Guenter Eduardo Boelhoff, presidente de Cáritas en Valladolid.

A modo de ejemplo, Boelhoff se ha referido al proceso de regularización extraordinaria de imigrantes que, en el caso de Valladolid, han recibido la ayuda de Cáritas en forma de acompañamiento, asesoramiento e incluso económico para la obtención de certificados requeridos en la documentación de este proceso.

Cuando uno pasea (o hace turismo) por Valladolid suele pensar en los siglos XV y XVI. El palacio en el que se casaron los Reyes Católicos o los barrotes por los que enseñaron a un neonato Felipe II son solo un ejemplo de las historias que han trascendido. Sin embargo, hay pocas referencias o vestigios al uso más reciente de algunos de esos edificios que todavía quedan en pie. Oquedades en ladrillo o una placa, en el mejor de los casos, es lo que queda de una Valladolid que vivió la guerra civil desde la retaguardia: es decir, en represión. La Asociación para la Recuperación Histórica de Valladolid (ARMHVa) acaba de publicar su séptimo libro, Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española, que recorre los edificios que siguen en pie y que protagonizaron distintos momentos desde que los sublevados dieran el golpe de estado el 18 de julio de 1936.

Valladolid tuvo una represión organizada y dirigida a aquellos que los sublevados veían como enemigos: se han contabilizado 2.700 asesinatos y otras 10.000 personas fueron encarceladas o reprimidas. “Fueron muertes extrajudiciales perfectamente orquestadas, sistemáticas y muy bien seleccionadas”, explica el presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo, que lleva investigando y trabajando en la recuperación de restos desde que se fundó la entidad, hace 24 años.

Esta obra, que incluye un plano de la ciudad por si alguien quiere realizar una lectura sobre la marcha, examina catorce edificios y espacios como el Ayuntamiento de Valladolid, el Gobierno Civil —que hoy es parte del Museo Nacional de Escultura—, la Capitanía General, la Casa del Pueblo —casa del pueblo —donde 600 personas esperaban unas armas que nunca llegaron, de los cuales casi 500 de ellos fueron juzgados—, el cementerio del Carmen —en la que aún quedan restos sin localizar—, el manicomio —ubicado en la actual Consejería de Familia—, la Estación del Norte, el páramo de San Isidro, donde más de 400 personas fueron fusiladas.

Estos sitios han sido elegidos porque los hechos que sucedieron afectaron a un elevado número de personas o por la relevancia de los sucesos que acontecieron allí para el triunfo del golpe. “Se trata de recorrer los lugares, pero no hacemos una mera descripción, sino que intentamos dar más luz sobre estos sitios con toda la documentación que tenemos”, avanza Del Olmo en una entrevista a elDiario.es.

Esta 'luz' se aporta a través de las historias de algunos de estos fusilados o encarcelados. Los documentos judiciales o militares incluyen el papel social, político o de actuación de la mayoría de los detenidos, así como los cargos que ejercían en política municipal o en sindicatos y sus filiaciones políticas. Muchos de ellos eran trabajadores públicos como bomberos, policías y barrenderos, además de los miembros de la corporación municipal. También se alude a los antecedentes 'penales' de estos presos, que podían retrotraerse a las huelgas de 1917.

Obstáculos para acceder a algunos documentos

Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española se publica como fruto de años de entrevistas personales, investigación documental, visitas a los archivos municipal, provincial y militares y excavaciones que han permitido recuperar cientos de restos de los represaliados. Especialmente importante ha sido el acceso al Archivo Militar IV de El Ferrol —que contenía información sobre la VII Región Militar y más de 6.000 causas— y a la documentación parcial relativa a la cárcel de Cocheras, ubicada en los almacenes en desuso que guardaban viejos coches de tranvía y que llegó a hacinar a más de 2.000 presos.

“Pedimos los libros de registro de esta prisión, que operó hasta el 20 de octubre de 1940. Primero nos dijeron que esa documentación no existía, pero conseguimos una foto de la portada y una foto de una de las páginas. Y entonces nos enviaron los libros de registro”, explica Julio del Olmo. Sin embargo, la ARMH de Valladolid no está satisfecha con los archivos a los que tuvieron acceso: solo les entregaron los libros de registro de 1937 y 1938 —y otro más general y expurgado que abarca hasta 1942—, pero no los del año del golpe.

“El fundamental es el libro de registro de 1936, pero ese nada, no nos lo han mandado”, reprocha Del Olmo. En 1936 fue cuando se produjo un mayor número de presos ejecutados extrajudicialmente tras puestas en 'libertad' firmadas por el gobernador civil, el jefe superior de policía y el director de la prisión. “Algunos testigos nos contaron cómo venían los falangistas a la cárcel y se llevaban a quien querían. Y no. El que salió fue porque se había dado la orden, y los falangistas eran los ejecutores. Los milicianos eran civiles militarizados, sometidos a la jerarquía, disciplina y código de justicia militar”, defiende. En tres semanas, fueron asesinadas más de 500 personas en Valladolid, seguidas de otras 900 en septiembre

Ocultación de víctimas como si hubieran sufrido un bombardeo

El libro también pone el foco en los nueve bombardeos que sufrió la ciudad de Valladolid —y uno en Medina de Rioseco— entre 1936 y 1938, que se saldaron con 80 muertos. La investigación de la ARMH apunta que solo cinco bombardeos (los de 1937 y 1938) fueron ataques de la aviación republicana: fueron dirigidos al centro de la ciudad —donde se concentraba el apoyo a la sublevación— y en puntos estratégicos y acabaron con la vida de 64 personas.

Sin embargo, Valladolid también sufrió ataques en agosto y septiembre de 1936 cuya autoría es más difusa: afectaron a viviendas de la clase trabajadora (en Las Delicias o en los alrededores de la estación de tren, donde vivían los ferroviarios) y mataron a 16 personas. Además, se han localizado escritos del gobernador civil prohibiendo atacar a las fuerzas aéreas y diciendo que estos bombardeos servían “para aglutinar aún más el espíritu colectivo y enardecer el impulso patriótico”.