Toda Castilla y León respiró aire contaminado: Burgos, Ponferrada y Valladolid, por encima de los límites de la OMS

Toda la población de Castilla y León estuvo expuesta a niveles de contaminación superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante 2025. Las zonas peor paradas fueron las áreas urbanas de Burgos, Ponferrada y Valladolid donde se registraron niveles de partículas o dióxido de nitrógeno que incumplen los nuevos límites aprobados por la Unión Europea y que deberán ser obligatorios a partir de 2030, según publica Ecologisitas en Acción.

Estas son algunas de las conclusiones que recore el informe anual sobre calidad del aire elaborado, que analiza los datos recogidos por 44 estaciones oficiales repartidas por Castilla y León. El estudio atribuye este repunte a una combinación de factores meteorológicos y energéticos, entre ellos las elevadas temperaturas registradas durante el pasado año y el aumento del consumo de combustibles derivados del petróleo.

El año 2025 fue el tercero más cálido registrado en España desde al menos 1961. Según el informe, las sucesivas olas de calor del verano favorecieron la formación de ozono troposférico, un contaminante secundario especialmente vinculado a las altas temperaturas y a la radiación solar. Como consecuencia, Castilla y León alcanzó los niveles más altos de ozono desde 2019 y recuperó concentraciones similares a las registradas antes de la pandemia.

La organización ecologista ha avisado de que el ozono continúa siendo el contaminante más extendido en el territorio autonómico y el que presenta una relación más directa con el cambio climático. Los peores registros se localizaron en distintos puntos de la Comunidad, incluidos municipios de Burgos, León, Salamanca, Palencia y Valladolid.

Aunque los actuales límites legales estatales y europeos siguen siendo más permisivos que las recomendaciones sanitarias de la OMS, el informe incorpora ya como referencia los nuevos estándares aprobados en la Directiva europea de calidad del aire, que deberán cumplirse antes de 2030. Bajo esos criterios, la aglomeración urbana de Burgos fue la única zona de Castilla y León que incumplió de forma general los futuros límites por dióxido de nitrógeno, afectando a unos 190.000 habitantes.

A ello se suman incumplimientos puntuales detectados en otras ciudades. Las estaciones con peores registros de partículas en suspensión se localizaron en Ponferrada y Valladolid, donde se superaron los nuevos límites diarios europeos para las partículas PM10 y PM2,5. Ecologistas en Acción ha recordado que estos contaminantes se encuentran entre los más perjudiciales para la salud humana, al estar asociados con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

Valladolid empeoró durante el último año en partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono

La situación de Valladolid ocupa un lugar destacado en el informe. La calidad del aire en la capital y su entorno empeoró durante el último año en partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono. Este último contaminante alcanzó en la provincia sus niveles más elevados desde 2019, recuperando los valores previos a la crisis sanitaria de la COVID-19.

Entre los datos más relevantes figura el comportamiento de la estación Renault 2, situada en la carretera de Madrid, que superó el nuevo límite diario europeo para partículas PM10. Además, la estación de Arco de Ladrillo igualó el futuro límite anual establecido para el dióxido de nitrógeno. Pese a ello, ninguna estación vallisoletana rebasó los límites legales actualmente vigentes.

La lectura cambia cuando se aplican los criterios de la OMS. Según el informe, la totalidad de la población vallisoletana —unas 530.000 personas— respiró durante 2025 aire con niveles de contaminación superiores a los considerados seguros por el organismo sanitario internacional.

Fuera de la capital también aparecen puntos sensibles. La localidad vallisoletana de Íscar registró la segunda peor situación de España en presencia de benzo(a)pireno, un hidrocarburo aromático policíclico clasificado como cancerígeno. Aunque los niveles medidos se situaron por debajo del límite legal actual, multiplicaron ampliamente la recomendación fijada por la OMS.

450 muertes prematuras en Castilla y León

El informe también recoge el impacto en la salud pública. Tomando como referencia las estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción calcula que la contaminación atmosférica estuvo relacionada con unas 450 muertes prematuras en Castilla y León durante 2023, el último ejercicio con datos consolidados. De ellas, alrededor de 100 se atribuyen a las partículas finas PM2,5, unas 50 al dióxido de nitrógeno y cerca de 300 al ozono troposférico.

La organización considera que estas cifras evidencian que la contaminación atmosférica sigue siendo el principal problema ambiental para la salud de la población, pese a la mejora general experimentada durante la última década en muchos indicadores.

Críticas a la Junta y Ayuntamientos por la aplicación de medidas para reducir emisiones

Junto a los datos ambientales, el informe recoge críticas a las administraciones autonómicas y locales por la lentitud en la aplicación de medidas para reducir las emisiones. Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado recientemente la anulación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono de Castilla y León al considerar que carecía del nivel de detalle exigido por la normativa europea para cada una de las zonas afectadas.

La sentencia, como ha recordado la entidad, obliga a la Junta a elaborar un nuevo documento que incluya objetivos concretos, medidas diferenciadas y calendarios de actuación específicos para los distintos territorios donde persisten problemas de contaminación por ozono.

Asimismo, la organización denuncia que varias ciudades de más de 50.000 habitantes siguen sin implantar de forma efectiva las zonas de bajas emisiones exigidas por la legislación estatal. En el caso de Valladolid, los ecologistas han considerado que la zona actualmente en funcionamiento resulta insuficiente por sus reducidas dimensiones y por las numerosas excepciones contempladas para el acceso de vehículos. El recurso presentado contra esta regulación se encuentra pendiente de resolución judicial, además el TSJCyL también anuló la ZBE de la ciudad del Pisuerga y de capitales como Ávila o Segovia.

El colectivo sostiene que la zona de bajas emisiones implantada en Valladolid “está resultando ineficaz” debido a su reducido tamaño y a las excepciones previstas para el acceso de vehículos.

A juicio de Ecologistas en Acción, la reducción del tráfico motorizado, el refuerzo del transporte público, el impulso de la movilidad peatonal y ciclista y una mayor eficiencia energética continúan siendo las principales herramientas para mejorar la calidad del aire y reducir los efectos de la contaminación sobre la salud y el medio ambiente.