Europa rechaza la denuncia sindical por el Diálogo Social en Castilla y León y la Junta celebra el fallo: “Se nos da la razón”

La Junta de Castilla y León ha celebrado este jueves que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya respaldado su posición por los recortes aplicados al Diálogo Social durante el anterior Ejecutivo de PP y Vox.

“Se nos da la razón”, ha indicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha justificado el dictamen como una resolución “favorable a los intereses de la Comunidad”. El consejero ha trasladado la “mano tendida” del Gobierno autonómico en esta nueva etapa para negociar nuevos acuerdos.

El fallo del organismo europeo llega después de la denuncia presentada por UGT y CCOO tras la reducción de fondos destinados a programas gestionados por las organizaciones sindicales durante el Gobierno de coalición entre PP y Vox. Los recortes de la Consejería de Empleo, en manos de Vox, fueron anulados por “ilegales” por los tribunales y por sentencia, el Ejecutivo autonómico pagó las cantidades que se debían además de las costas.

Pese a ello, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha rechazado la reclamación sindical al considerar que un eventual riesgo de deterioro futuro del Diálogo Social no constituye por sí mismo una vulneración de la Carta Social Europea. En su resolución, el organismo ha señalado que, aunque toma nota de las críticas de los sindicatos sobre la falta de compromiso del Gobierno autonómico con este modelo de concertación, un escenario hipotético de regreso a políticas contrarias a esos derechos no basta para apreciar una infracción de la Carta.

Fernández Carriedo ha defendido que la resolución demuestra que la Administración autonómica actuó correctamente. “Teníamos razón”, ha apuntado de forma tajante.

“Más allá de una valoración positiva de una decisión que favorece a los intereses de la Comunidad, reafirmamos nuestro compromiso de mano tendida en torno al diálogo social, de búsqueda de nuevos acuerdos”, ha apuntado.

Carriedo ha defendido el papel que desempeñan UGT, CCOO y la patronal CEOE dentro del modelo de negociación al considerar que sus aportaciones resultan necesarias para diseñar políticas públicas orientadas al conjunto de la ciudadanía. “Son necesarios para establecer políticas al servicio del conjunto de los ciudadanos”, ha reconocido.

Tras la conformación del nuevo gobierno autonómico esta función le corresponde al nuevo consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que asume las competencias en materia laboral. “Esta es la vocación del nuevo consejero con competencias en materia de empleo para favorecer estos acuerdos e intentar alcanzar estas posiciones”, ha afirmado.

El origen de este conflicto radica en los primeros meses de la legislatura iniciada en 2022, cuando el entonces Gobierno de coalición entre PP y Vox impulsó una reducción de las subvenciones destinadas a programas vinculados al Diálogo Social. Aquella decisión fue recurrida por las organizaciones sindicales y terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en marzo de 2025, lo que llevó a la Junta a rectificar la medida y pagar las subvenciones que se retiraron.

Aunque los sindicatos decidieron mantener su reclamación ante las instituciones europeas por considerar que el precedente podía poner en riesgo el modelo de concertación social en la Comunidad, el Comité ha concluido que ese temor, por sí solo, no permite acreditar una vulneración efectiva de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea.