Un exconseller de ERC rechaza el vínculo político que ven los Mossos en sus contratos con un Ayuntamiento de los Comuns

¿Puede haber un vínculo político entre dos partidos distintos? Así lo sugieren los Mossos d'Esquadra en uno de los informes en los que se sustenta la causa que investiga los contratos a dedo que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), durante la etapa de Félix Alonso (Comuns) como alcalde, dio al despacho de Joan Ignasi Elena antes de que el político regresara a la primera en 2021 como conseller de ERC.

El caso de Altafulla se queda lejos de las grandes causas de corrupción que han protagonizado la crónica judicial catalana, aunque la conocen tres juzgados: el Tribunal Supremo, donde está aforado e investigado Alonso; el juzgado de El Vendrell donde se originó el caso y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde este lunes han declarado como investigados Elena (actual parlamentario de ERC) y el exlíder de ICV Joan Herrera, por unos contratos de hace casi una década.

Según fuentes jurídicas, Elena ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de Altafulla y ha negado favores políticos del exalcalde, de Sumar, miembro de un partido rival a quien ha dicho que ni siquiera conocía.

La causa se centra la supuesta adjudicación irregular de contratos menores, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, que el TSJC sospecha que el ayuntamiento adjudicó a dedo a la consultora de Elena y Herrera entre 2017 y 2019 por su “vinculación política estrecha” con el partido del alcalde.

En la etapa investigada, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC por desacuerdos con el proceso soberanista.

El exconseller de Interior ha respondido a todas las preguntas del juez y el fiscal y ha negado que conociera a Alonso, además de desmentir cualquier relación entre ERC y los Comuns, dos espacios que, ha recordado, nunca han compartido coaliciones políticas ni ningún tipo de acuerdo.

Alonso compareció como investigado ante el Supremo y aseguró que las contrataciones por valor de 30.000 euros que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”.

En la misma línea, Elena ha argumentado que el ayuntamiento recurrió a su consultora para llevar a cabo informes en materias urbanísticas a administrativas porque el personal técnico municipal era insuficiente.

En todo caso, el exconseller ha recalcado que los contratos siempre se ajustaron a la legalidad y que nunca ningún cargo del ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario ni los responsables de las finanzas, le advirtieron de irregularidad alguna en la adjudicación de los contratos menores ni en la prórroga de los mismos tras un año de servicio.

Por su lado, según fuentes jurídicas, Herrera ha recordado al juez que en 2018 abandonó el despacho que compartía con Elena, y que su ámbito de especialización era la energía y no el urbanismo, la materia principal de los informes. Alejado de la política desde hace años, Herrera ha considerado “injusta” su imputación.