La crisis de la vivienda, que el 28% de los catalanes percibe ya como su mayor preocupación, condiciona desde hace años del debate político en Catalunya. La Generalitat ha sido pionera en España en aplicar la regulación de los alquileres y ahora se plantea prohibir las compras especulativas. Pero hay otras asignaturas pendientes, más lentas y menos vistosas, en las que se depositan no pocas expectativas: la principal, el aumento del parque residencial.

Pocos son los que dudan de que hay que construir más vivienda en un mercado tensionado, en parte, por el crecimiento de la población. El president Salvador Illa anunció como medida estrella la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030. Pero la pregunta es cómo crecer: ¿en qué barrios y ciudades? ¿Con qué tipo de arquitectura? ¿Con pisos de titularidad privada, pública o con otras fórmulas? Estos son algunos de los interrogantes que se han tratado de resolver en el acto Dret a l’habitatge: on i com créixer, organizado este jueves por elDiario.es.

Celebrado en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona, el evento ha contando con la participación de Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que ha anunciado la prórroga del tope de los alquiler. En cuanto a los expertos y administraciones, han tomado parte en la mesa de debate Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat; Josep Maria Borrell, director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol); Maria Sisternas, Coordinadora del Área de Transición Ecológica y Área Urbana del Ayuntamiento de Girona y arquitecta en la Fundación Hàbitat3, y Núria Moliner, arquitecta y comunicadora.

Por parte de la Generalitat, Mas ha abogado por planificar el crecimiento con criterios de “sostenibilidad” y “equilibrio”, apuntando a que no es lo mismo hacerlo en barrios que ya tienen una elevada densidad, que en zonas de casas unifamiliares. “Creemos que el suelo es un recurso escaso y se debe poner al servicio de una de las principales necesidades que tenemos, que es la vivienda”, ha expresado. El modelo, ha precisado, debería ser el de las ciudades “compactas” del Mediterráneo, que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Lejos de ejemplos como las polémicas remontas –muy extendidas en edificios del Eixample de Barcelona en los 60 y 70– los ponentes han defendido más bien una densificación de las ciudades mediante la reconversión suelos industriales o de oficinas, o con el crecimiento del área metropolitana. Sisternas, que ha puesto el ejemplo de La Siberia en Barcelona –una antigua fábrica convertida en viviendas–, ha advertido de que el reto de aumentar la densidad va más allá de la vivienda. “Poner más gente en un sitio requiere más servicios y equipamientos”, ha expresado.

“La forma de regularlo es un plan urbanístico que haga las reservas correspondientes de servicios”, ha añadido, desde escuelas a bibliotecas o piscinas municipales. Hacerlo manzana a manzana, ha argumentado, y no edificio por edificio, es la manera de que “la densidad no sea una lastre”. En este sentido, esta medida no solo aplicaría a Barcelona, sino a los municipios catalanes de tamaño medio con zonas industriales y comerciales infrautilizadas.

La construcción de nueva vivienda, además, debería tener en cuenta otros aspectos: en primer lugar, que sirva para ampliar el parque público (el objetivo es alcanzar el 15% del total), y en segundo lugar, hacerlo con una arquitectura de parámetros sostenibles, que tengan en cuenta el combate contra la emergencia climática y formas de vida más comunitarias.

“Aunque todo el mundo tiene claro que hay que hacer más vivienda social, hay gente y alcaldes que no los quieren cerca, y tenemos que combatir esto con ejemplaridad”, ha defendido Borrell, que ha añadido que para darle la vuelta hay que dotar de calidad estos edificios y adaptarlos a las necesidades del futuro: más versátiles, estancias flexibles, cocinas en el centro, comunidades de vecinos con más espacios compartidos, o sistemas de ahorro energético.

“Si ponemos una galería bioclimática en un edificio, con fachada de cristal, conseguimos 23 grados constantes sin calefacción, y esto vale para hoy y para dentro de 20 años; si ponemos una fachada delgada, y aire acondicionado dentro, fomentamos el consumo masivo de energía”, ha puesto como ejemplo Borrell.

A debate han salido también los llamados edificios cebra, el fenómeno arquitectónico que invade las ciudades de toda España. Moliner se ha mostrado crítica con esta moda: “Su construcción masiva es fruto de una pauta marcada por las promotoras, que quieren construir a partir de un molde fruto de la especulación y la mediocridad”. La arquitecta lo atribuye también a la imagen de lo que el sector privado quiere vender como “moderno” o “atractivo”, con unos servicios integrados “egocéntricos” (desde piscinas a zonas ajardinadas) que van en contra de la vida comunitaria y la sostenibilidad en las ciudades.

Para Moliner, la “carta a los reyes” en materia de vivienda incluye crear, y sobre todo luego mantener, el parque residencial público, y hacerlo por todas las vías posibles. Desde la construcción a la rehabilitación, de zonas industriales a oficinas, aunque con una excepción: las plantas bajas, puesto que ha dado a entender que sus usos comerciales y sociales contribuyen a crear vida de barrio.

El director general de Vivienda de la Generalitat, Jordi Mas, se ha mostrado optimista ante este reto y ha recordado que algunos indicadores ya señalan que Catalunya va por el buen camino, como la contención de los precios del alquiler en comparación con otras ciudades como Madrid o Málaga. “Tener un contexto regulado, una estrategia pública liderada por la Generalitat, consigue remover cosas y cambiar actitudes”, ha expresado. En cuanto al parque público, ha añadido que “poco a poco” se van acercando a producir la vivienda protegida necesaria.

“Se trata de favorecer una estrategia de generación de un parque de alquiler proteger mínimo, para dar respuesta a todas necesidades, y ampliar el número de viviendas de mercado libre que pasan a ser protegidos o que tengan un nivel de regulación si hace falta”, ha concluido.

La economía extremeña creció un 2,3% en términos reales en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos estimados de Contabilidad Trimestral elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

Los sectores que registraron tasas de variación anual positivas fueron la construcción un 6,6%, los servicios con un 3,7% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 1,2%.

Por contra, el sector industrial presentó una variación anual negativa del 2,1%, según ha informado este jueves el IEEx.

En relación con el trimestre anterior, el PIB regional registró un incremento del 0,4%.

Por sectores, anotaron tasas positivas la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1,1%), los servicios (0,7%) y la construcción (0,04%) mientras que la industria decreció un 0,7%.

Guadalajara tendrá 234 viviendas de Precio Tasado (VPT) en las parcelas RC1 y RC3 del sector 'Aguas Vivas Ampliación'. Al menos es la intención de la cooperativa Greenhabitat que hoy ha celebrado el acto simbólico de colocación de la 'primera piedra' de la futura promoción.

La cooperativa Greenhabitat está gestionada por Grupo NiDra, compañía especializada en proyectos residenciales. Además de esta prooción también gestiona en el mismo ámbito las promociones de las cooperativas Greenhabitat Guadalajara de 106 viviendas, con obras en fase avanzada, y Greenhabitat Las Encinas de 110 viviendas, en fase inicial. Las tres cooperativas fueron adjudicatarias de sus parcelas por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) -ahora es Casa 47- y que era la anterior propietaria de los terrenos. En todas estas promociones las viviendas se distribuyen en urbanizaciones cerradas con amplias zonas comunes ajardinadas y piscina.

Enrique Batanero, presidente del Consejo Rector de Greenhabitat, S.Coop, “para los socios de Greenhabitat, hoy empieza a hacerse realidad el acceso a una vivienda asequible y de calidad en su ciudad. Este es el resultado de un trabajo colectivo que merece celebrarse.”

“Guadalajara es una ciudad que cada día eligen más personas para vivir, y la escasez de suelo residencial se traduce en una enorme falta de oferta. La vivienda es la prioridad de este Ayuntamiento: ya hemos impulsado más de 1.600 viviendas protegidas, y una de cada tres viviendas, es vivienda protegida. El modelo cooperativo, basado en la participación, la confianza y la cooperación, pone a las personas en el centro y eso es exactamente lo que necesitamos”, ha manifestado Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara.

“El cooperativismo encarna los valores de la democracia: participación, responsabilidad y gestión compartida y da respuesta a la mayor preocupación de los ciudadanos hoy: la vivienda”, ha apuntado Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. “La solución pasa por más oferta, y Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha fondos para impulsar promociones con protección pública, sin esperar a otros. Guadalajara tiene la sana ambición de seguir creciendo de forma razonable y sostenible, y lo vamos a hacer de la mano del sector privado”, añade.

La actividad actual de NiDra supera las 1.000 viviendas. Entre sus próximos proyectos figura la gestión de nuevas promociones en Brunete (Madrid), con aproximadamente 300 viviendas en régimen libre.

Esta empresa fue fundada tras la COVID-19, en 2021, y está especializada en la gestión integral de cooperativas de viviendas y en la promoción de vivienda protegida y libre. Opera en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha con una cartera activa de más de 1.000 viviendas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia ha abierto diligencias para investigar las circunstancias de la muerte del trabajador de 43 años que falleció el pasado 26 de junio tras precipitarse desde una altura de dos plantas mientras realizaba unas obras de reforma en la localidad cacereña de Pinofranqueado.

Dentro de la investigación, el órgano judicial ha solicitado un informe a la Inspección de Trabajo con el fin de determinar si en la obra se cumplían las medidas de prevención de riesgos laborales o si pudo existir algún incumplimiento relacionado con la seguridad en el trabajo, según han informado fuentes judiciales a Efe.

La instrucción judicial pretende esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y comprobar si se adoptaron las medidas de protección exigidas por la normativa vigente para este tipo de trabajos.

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana del 26 de junio, cuando el operario, Moisés P. A., natural de Pinofranqueado y empleado de la construcción, cayó desde una altura aproximada de dos pisos mientras trabajaba en un inmueble situado en la zona de La Viñuela.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso a las 07:43 horas y movilizó una unidad medicalizada, personal sanitario del centro de salud de la localidad, efectivos de la Guardia Civil y técnicos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).

En el momento del suceso, las autoridades activaron el protocolo previsto para determinar el carácter laboral del accidente, lo que motivó también la intervención de la Dirección General de Trabajo, a la espera de las investigaciones correspondientes.

El informe solicitado a la Inspección de Trabajo analizará, entre otros aspectos, las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos, la evaluación de riesgos, la existencia de sistemas de protección frente a caídas y el cumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de la empresa.

Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha. Destaca por sus famosos molinos de viento, alzados sobre una colina que puede vislumbrarse desde varios kilómetros de distancia. También por sus casas encaladas en blanco con franjas azules en los bajos, los colores típicos manchegos de la comarca.

Pero, además de su atractivo turístico por su patrimonio y su gastronomía,  este municipio de casi 13.000 habitantes es también una localidad en expansión. En los últimos 20 años ha experimentado un desarrollo urbanístico enfocado en la creación de vivienda, en el turismo sostenible y en la industria, con dos polígonos empresariales.

Ese es el contexto en que los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos comenzaron con su actividad empresarial hace más de tres décadas. Y ahora se han convertido en los dos empresarios más morosos de España, según la decimotercera lista de Hacienda, que incluye un total de 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

En el pueblo son “muy conocidos”, comentan desde una de las inmobiliarias de la localidad, que pide no mencionar su nombre. “Desde que abrieron sus empresas, las de construcción, hemos sabido de ellos, de sus actividades, pero no sabíamos que tenían una deuda tan enorme. No es algo que se vaya pregonando”, destacan.

Lo confirma otro de estos establecimientos de Campo de Criptana. “Son dos hermanos que han hecho dinero con la construcción. Compraban y vendían, pero se dedicaron mucho tiempo a cosas también en otros pueblos de la zona, en otras partes de España y fuera de España”.

El rastro de los hermanos así lo refleja. La deuda que acumulan con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Grupo Oligarry, la empresa que se estrelló

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca). Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y diez años después, en 2018, entró en concurso de acreedores.

Pero, ¿cuál es exactamente el rastro de estos empresarios? Un dato curioso es que Ramón Olivares aparece como administrador único del mencionado Grupo Oligarry desde el 21 de julio de 2009 hasta el cuatro de enero de 2018, incluso después del concurso de acreedores. Esta empresa figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como constructora de edificios residenciales.

Según el Boletín Oficial del Registo Mercantil (BORM), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria registró su baja en el índice de entidades porque los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública se declararon “fallidos” o no se presentó la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.

El rastro de Ramón se extiende por otras empresas. Destaca por ejemplo Oleiquip S.A., donde figura como administrador solidario hasta julio de 2009, momento en el que pasa a ser administrador único. En este último cargo no hay fecha de finalización. La empresa se dedica a la instalación de carpintería.

Con domicilio en Campo de Criptana, su facturación anual, según el BORM, está entre un millón y millón y medio de euros anuales. Se extinguió en diciembre de 2017.

Ramificaciones hasta Panamá

Sí aparece su marcha del cargo como administrador único en Vivienda y Bienestar S.A., en enero de 2009. Esta empresa se dedicaba a programar, arrendar, subarrendar, comprar o vender, fincas rústicas o urbanas dentro y fuera de España. Tuvo negocios en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, pero también fuera de Castilla-La Mancha (Gijón o Getafe) o incluso en Panamá.

Un mes después de que Ramón Olivares dejara su puesto en esta última entidad, en febrero, abandonaba también ese mismo cargo en otra compañía denominada Olimodel S.L., dedicada igualmente a programar, arrendar, subarrendar, comprar y vender fiscas rústicas y urbanas, dentro y fuera de España.

Finalmente, también ese mismo año, en octubre, deja su cargo como apoderado en Grupo Casoli S.L., con sede en Madrid, entidad dedicada en este caso a la compraventa, distribución y comercialización de uvas, vinos, mostos y todos sus derivados.

Ramón es también propietario de la finca La Hildalga, en Campo de Criptana, una extensa propiedad rústica, situada cerca de la Reserva Natural de la Laguna de Salicor. Con extensiones que pueden superar las 100 hectáreas, la finca combina usos agrícolas (olivares y almendros) y un gran potencial como coto de caza o entorno de turismo rural.

En este vídeo sobre caza de conejos, el empresario habla de la finca a partir del minuto cinco:

El rastro de su hermano Agustín Olivares es similar, pero algo más amplio. En el mencionado Grupo Casoli aparece como administrador único, hasta septiembre de 2009, en que finaliza su actividad, un mes antes de que su hermano dejara su puesto como apoderado en la misma empresa, después extinta.

En el Grupo Oligarry, un “emporio todopoderoso a nivel local”, según fuentes de las inmobiliarias consultadas, Agustín fue apoderado hasta enero de 2018, el mismo día en que consta la baja de su hermano como administrador único en esa misma empresa, con motivo del concurso de acreedores.

Además, figura en dos empresas donde su hermano no aparece, al menos en los registros oficiales. La primera de ellas es Proligarry S.A., heredera de la extinta Oligarry, dedicada a la promoción inmobiliaria, y actualmente en fase de liquidación.

Según el portal Empresia, su nombre figura como administrador único desde junio de 2007, pero no hay ninguna fecha de baja, al igual que sucede en el caso de Ramón con Oleiquip, la empresa de carpintería. De hecho, en esta última empresa, Agustín fue también apoderado desde julio de 2009 (igualmente sin fecha de cese) y anteriormente aparece como administrador solidario.

Su actividad más reciente es como administrador desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2020 en Gamo Garrigos S.A. Ese es el último apunte oficial registrado. Esta empresa figura en el CNAE dentro del sector de la promoción inmobiliaria, dedicada a la administración de mancomunidades.

Sus últimas cuentas depositadas fueron en 2018, con un capital social de 76.000 euros, y figura como extinguida en octubre de 2020, poco después de que Agustín registrara su cese.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto telefónico con Proligarry, en el polígono industrial de Pozo Hondo de Campo de Criptana. Es la empresa donde figura el nombre de los hermanos Olivares Garrigos que no aparece como extinguida en el Registro Mercantil, aunque está en fase de liquidación. Ninguno de los dos teléfonos asociados a la empresa está activo. En la finca La Hidalga tampoco han querido comentar nada al respecto.

Las inmobiliarias consultadas han sido muy reticentes a la hora de valorar el trabajo de estos dos hermanos y además han coincidido en lamentar que el municipio sea conocido en los medios de comunicación por esta “mancha”. “Aquí somos mucho más que dos morosos”, indicaba a este periódico, muy enfadada, una trabajadora.

Tampoco el Ayuntamiento de Campo de Criptana, gobernado por el PSOE, ha querido hacer ninguna valoración al respecto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca que la política de vivienda “es una prioridad” y que por ello va a dedicar 135 millones de euros en los próximos cuatro años a generar más oferta a través de la reclasificación de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante la presetación del proyecto ‘Tecnove Custom Trucks. Innovación, industria y vivienda para una nueva generación’.

“Lo primero que hemos hecho, y esto es obra del consejero de Fomento y creo que es un buen dato, es reclasificar fondos europeos que teníamos para otros objetivos. Si es una prioridad y la Unión Europea nos lo permite, vamos a coger fondos que teníamos para otras actuaciones y los vamos a dedicar a vivienda”, ha explicado el vicepresidente segundo. Caballero ha señalado que “somos la comunidad autónoma de España que más fondos ha reconfigurado para este objetivo y no somos la que más problemas tiene en relación con la vivienda, pero desde luego sí somos la que tenemos más clara la prioridad”.

Cuatro ámbitos de respuesta a la vivienda

Por este motivo, tal y como ha explicado José Manuel Caballero, “desde el Gobierno de Catilla-La Mancha queremos actuar en los cuatro ámbitos que son necesarios para dar una respuesta al problema de la vivienda”. En primer lugar, ha señalado la importancia de generar más oferta: “Es evidente que hay que construir más viviendas y, si puede ser, de manera más rápida y además hacerlo a mejor precio”, ha señalado.

Por otro lado, Caballero ha puesto el acento en la importancia de desarrollar políticas públicas para reutilizar la vivienda que ya existe. “En este sentido, ya hemos sido una de las comunidades autónomas más dinámicas y que más fondos ha gestionado en ayudas para los particulares en la rehabilitación energética de vivienda, hasta el punto de que hemos utilizado fondos de otras comunidades que no han sido capaces de ejecutar”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que hay que continuar en esta materia y para esto “hemos dispuesto 108 millones para rehabilitar viviendas, ya no solo en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos”. Así, ha recordado el programa de vivienda rural al que, en estos momentos, tienen que adherirse los ayuntamientos interesados para poder, posteriormente, ayudar a rehabilitar las viviendas vacías en los pueblos y que éstas puedan ser puestas en alquiler asequible.

En tercer lugar, Caballero ha señalado que, una vez puestas en marcha estas políticas de generación de oferta y reutilización de la existente, “hay que ayudar a la gente a que pueda acceder a ellas”. Por eso, desde el Gobierno regional, tal y como ha detallado, “tenemos aproximadamente 100 millones de euros para poder facilitárselo, especialmente a los más vulnerables y a colectivos con problemas en esta materia, como son también los más jóvenes”.

Por último, José Manuel Caballero ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha las modificaciones legislativas. “Estamos trabajando en la reformulación legislativa hasta un ámbito que va más allá de nuestras competencias y sin ninguna pereza por parte del Gobierno regional para llevar a las Cortes modificaciones, como las que ya hemos llevado hace unos meses y las que llevaremos las próximas semanas, para facilitar la posibilidad de construcción de vivienda, de utilización de suelos y de reglamentaciones que agilicen esta repuesta al problema”, ha explicado.

Industrialización de la vivienda en el nuevo Plan estatal

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que hay que poder fabricar nuevas viviendas en España y ha puesto de relevancia cómo la falta de mano de obra y de relevo generacional en sectores como el de la construcción hace que “la industrialización en la construcción de la vivienda venga a dignificar la profesión, ya que hay que mejorar las condiciones para que estos sectores vuelvan a ser atractivos para jóvenes o mujeres”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que el sector de vivienda industrializada es incipiente y tiene que tener apoyo. En esta línea, ha destacado que “en el nuevo Plan Estatal de Vivienda va a haber un plus de ayudas a la construcción de nuevas viviendas si incorporan algún proceso de industrialización”.

El consejero de Fomento ha explicado que “ya estamos en disposición de poder recibir el dinero por parte del Estado en el mes de julio o septiembre y podremos arrancar después de las convocatorias y los plazos de solicitud, para principios del año 2027. Entre medias vamos a poder destinar fondos FEDER para que este año no se quede en barbecho”.

El Grupo Lopesan ha anunciado que activará “un ambicioso plan de vivienda” para construir “326 hogares en los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, hasta 2028”, dando una “respuesta directa a la necesidad de contar con una oferta residencial óptima en los principales núcleos turísticos de Gran Canaria”. 

la empresa señala que “al asumir la responsabilidad de equilibrar el mercado inmobiliario, el Grupo Lopesan trasciende el ámbito hotelero para promover un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, cohesionado y equilibrado, garantizando que las familias y los trabajadores de la zona sur dispongan de un inmueble moderno, confortable y asequible cerca de sus puestos de trabajo”.

59 viviendas en Arguineguín para finales de año

La primera materialización de este compromiso se localiza en la urbanización Loma de Pino Seco de Arguineguín, en el municipio de Mogán. En este enclave, la empresa avanza en la edificación de un primer complejo de 59 viviendas de protección oficial, que estarán íntegramente destinadas al alquiler tasado, garantizando un importe concreto muy asequible por su propio carácter de vivienda protegida, explica Lopesan. 

El Grupo destina a este proyecto una inversión de 10 millones de euros y ha estimado la culminación de la obra para finales de 2026. “Los futuros residentes disfrutarán de un entorno moderno y funcional, diseñado bajo un concepto arquitectónico en el que prima la luminosidad y el aprovechamiento óptimo de los espacios, con viviendas que contarán, en su mayoría, con tres dormitorios, dos baños, garaje y trastero, habiéndose proyectado también unidades tipo ático de dos dormitorios con terraza”.

De puertas hacia dentro, expone Lopesan, “los hogares destacan por su configuración abierta y una notable sensación de desahogo, confiriendo un protagonismo especial a las áreas compartidas, donde la zona de cocina, equipada con barra americana, se fusiona de manera fluida y sofisticada con los salones”. 

Las viviendas están caracterizadas por “dependencias totalmente exteriores que conviven armónicamente con áreas comunes interiores reservadas exclusivamente para el tránsito de los vecinos, definiendo un estándar de habitabilidad óptimo para las familias. El bloque residencial hace gala de una estética innovadora de trazos puros y generosos ventanales, combinando el blanco dominante de las fachadas con llamativos acentos cromáticos en gamas rojizas y grises, que consiguen integrarse con espontaneidad en el entorno urbano de esta localidad costera”.

Expansión residencial y conectividad estratégica en Arguineguín  

El despliegue de la compañía en el municipio de Mogán se reforzará mediante la tramitación de la licencia para un segundo conjunto residencial, proyectado sobre una parcela colindante a la primera fase dentro de la urbanización de Loma de Pino Seco. Esta nueva edificación consta de 71 hogares destinados también, en su totalidad, al alquiler con carácter protegido.

El inmueble albergará apartamentos de dos dormitorios, plazas de aparcamiento, trasteros y unidades tipo ático. Con una dotación económica que ronda los 12 millones de euros, el Grupo Lopesan prevé iniciar la obra después de este verano de 2026, estimando la conclusión del proyecto para diciembre de 2027.

La ubicación de ambas promociones destaca por un emplazamiento estratégico en Arguineguín, caracterizado por su excelente conectividad con la autopista, la proximidad a destacados centros comerciales y una distancia de apenas cinco minutos a pie de la playa; situándose además junto a dotaciones públicas esenciales como la biblioteca municipal, colegios y el centro de salud de la zona.

Impulso estratégico de 30 millones de euros en San Bartolomé de Tirajana

El plan de urbanización social diseñado por el Grupo Lopesan se completa con un tercer inmueble residencial que se construirá en la urbanización de Bellavista, ubicada en San Fernando de Maspalomas. La compañía espera poder arrancar las obras durante este verano y comenzar a dar forma a un inmueble que contará con 196 hogares destinados íntegramente al régimen de arrendamiento.  

El proyecto que se desarrollará en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, requiere inyección económica cercana a los 30 millones de euros y el Grupo estima su finalización para finales de 2028. 

La zona de Bellavista está consolidada como una de las principales zonas residenciales y la arteria comercial más moderna de la zona sur de Gran Canaria. Esta ubicación dota al complejo de un atractivo extraordinario, puesto que concede a sus residentes la ventaja de acceder a todas las prestaciones públicas y comerciales fundamentales a muy corta distancia, promoviendo un estilo de vida cómodo donde prescindir del vehículo privado se convierte en una realidad cotidiana.

Tres décadas creando hogares

Lopesan ha concebido esta estrategia como el punto de partida para un desarrollo continuo de nuevas promociones residenciales orientadas a proveer soluciones de carácter social, contribuyendo a la sostenibilidad global de los principales destinos turísticos de la isla.  

El propósito fundamental, expone la empresa, radica en propiciar que el capital humano de la organización pueda acceder a una vivienda asequible, respondiendo, con alternativas eficaces, a las demandas reales de trabajadores y del conjunto de la comunidad local. 

A lo largo de las últimas tres décadas, el Grupo Lopesan ha promovido un total de 1.361 viviendas destinadas prioritariamente a ofrecer soluciones habitacionales de carácter protegido. 

Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte “medidas urgentes” para garantizar el derecho a la vivienda frente a la “creciente crisis” de asequibilidad que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.

La organización ha trasladado estas demandas a Nacho Hernando, consejero de Fomento, junto con las conclusiones del informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso', en el que recuerda que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Explican que los gastos asociados a la vivienda “deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación”. En una carta remitida al consejero, la organización también solicita una reunión para trasladarle personalmente las conclusiones del informe y las principales recomendaciones de la organización en materia de vivienda.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor nivel de pobreza

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque Castilla-La Mancha “sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas”. Apuntan que la comunidad autónoma no tiene declarada ninguna zona de mercado residencial tensionado, “pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda que existen en distintos municipios”.

La organización subraya además que algunos ayuntamientos ya han manifestado la necesidad de avanzar en esta dirección. El Ayuntamiento de Cuenca ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Asimismo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha impulsado iniciativas para avanzar en la elaboración de la documentación necesaria para solicitar esta declaración. Estos pasos “evidencian que existe una preocupación real” por la evolución del mercado de la vivienda en municipios de la región y que corresponde a la Junta utilizar las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La preocupación resulta “especialmente relevante” en una comunidad autónoma que se sitúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, “muy por encima de la media estatal”, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta factores como los ingresos, las carencias materiales y la intensidad del empleo en los hogares, y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayores niveles de vulnerabilidad social de España.

“En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, señala Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

La organización recuerda además que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta de Comunidades que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda en distintos municipios de la región.

Además de la escasez, deshaucios

Amnistía Internacional recuerda además que uno de los “principales déficits” estructurales en materia de vivienda es la escasez de vivienda social en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.

Amnistía Internacional también insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera, para quienes la organización solicitó a Junta de Comunidades y Ayuntamiento una solución urgente de vivienda el pasado mes de febrero.

Más recientemente, en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia, se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones planteadas por la Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figuran una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo desahucio está previsto este jueves 25 de junio a las 11:30h, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Junto a la activación de mecanismos para mejorar la asequibilidad del alquiler, Amnistía Internacional reclama el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado. Esta insuficiencia deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos.

“El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles”, concluye la organización.

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha formó durante 2025 a un total de 5.566 profesionales, un 4,15% más que en 2024, a través de la impartición de 211.969 horas de formación, y la ejecución de 763 cursos.

Así se desprende de la última Memoria de actividades 2025, titulada 'Eres lo que Construyes', presentada por el Patronato de la entidad paritaria, formada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO-Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA).

Por provincia, de mayor a menor número de alumnado formado, la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha formó en Toledo a un total de 1.567 alumnos, a través de 191 cursos. En Ciudad Real formó a 1.161 alumnos, en 164 cursos; en Guadalajara, a 1.071 alumnos, en 158 cursos; en Albacete, a 972 alumnos, en 127 cursos; y en Cuenca se formó a 795 alumnos, en 123 cursos.

El perfil del alumnado que se formó en 2025 en la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla La-Mancha es un hombre en el 95,3% de los casos, de 16 a 25 años (24,3%) -un tramo de edad que aumentó un 7,3% respecto a 2024-, seguido por el alumnado de 36 a 45 años (que representa el 23,3%) y ocupado (69,7%). El porcentaje de extranjeros se situó en un 38,4% (frente al 33,2% del año anterior), la mayoría procedentes de África seguido de América Latina.

La construcción, un “pilar fundamental” para la sociedad

“Trabajamos con el firme convencimiento de que nuestro sector es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, tanto por su peso en el PIB como por su capacidad de arrastre sobre otros sectores. Hoy, formar parte de la construcción significa ser protagonista de un entorno en plena transformación, que demanda profesionales cualificados que puedan mejorar la competitividad de las empresas”, afirma la Fundación en el el primer capítulo de los siete que componen la Memoria.

En cuanto a los cursos más demandados en Castilla-La Mancha, el 78,64% del alumnado (4.377 trabajadores) eligió formación relacionada con la prevención de riesgos laborales (PRL), frente a un 20,97% (1.167 alumnos) que optó por una especialización en Oficios y profesiones del sector, y un 0,40% (22 trabajadores) que eligió materias transversales de Gestión. En cuanto a la modalidad formativa, un 91,88% del alumnado se decantó por formación presencial (5.114) y un 8,12% lo hizo con formación mixta (452).

Respecto a las acciones formativas más demandadas fuera de la temática de seguridad y salud laboral, en 2025 fueron: 'Seguridad en los Trabajos Temporales en Altura: Requisitos, Equipos y Técnicas Fundamentales' (325 alumnos), 'Operaciones con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP). Categorías 3A y 3B' (119 alumnos), 'Operaciones Auxiliares de Albañilería de Fábricas y Cubiertas' (79 alumnos), 'Operaciones Básicas de Revestimientos Ligeros y Técnicos en Construcción' (52 alumnos) y 'Operaciones de Máquina Retrocargadora' (52 alumnos).

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha prevé formar a 2.500 alumnos y alumnas de toda la comunidad autónoma al año. Será en el nuevo centro que erigirá en el barrio del Polígono de Toledo, que tendrá un presupuesto de cuatro millones de euros.

Esta es una de las medidas que el presidente regional, Emiliano García-Page, anunció en el Plan de Acción por la Vivienda con horizonte en el año 2030, y que también prevé dos líneas de apoyo para la incorporación de la mujer en las labores de construcción.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este lunes el director de la mencionada Fundación, Manuel Carmona, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la formalización del otorgamiento de la parcela a favor del organismo por parte del Gobierno regional.

Carmona ha explicado que este centro de formación, desde el punto de vista del diseño, será “funcional y práctico”, pero también “armónico” con el entorno teniendo en cuenta que se encuentra en un barrio que conjuga la construcción industrial con la construcción residencial. Asimismo, contará con las últimas técnicas de construcción y será eficiente desde el punto de vista energético, diseñado con los últimos sistemas en cuanto a aislamiento térmico, energías renovables y optimización de consumos.

“Será un edificio proyectado de 3.000 metros cuadrados con una inversión aproximada de cuatro millones de euros”, ha manifestado, para agregar que constará de zona administrativa, aularios modulares y talleres de mil metros cuadrados.

Tres familias profesionales

En el mismo se impartirá formación de las tres familias profesionales: edificación y obra civil, energía y agua y electricidad y electrónica. Además, se impartirá “formación a medida” para empresas y trabajadores, formación en prevención de riesgos laborales y formación reglada de las tres familias profesionales.

“Es un proyecto muy ambicioso donde aspiramos a formar 2.500 alumnos, no solo de la provincia de Toledo porque esperamos que sea un centro de referencia en toda la región”, ha resumido el director de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha.

La Fundación formó el pasado año a 5.600 alumnos de toda Castilla-La Mancha e impartió casi 240.000 horas de formación. De estos alumnos, solo el 15 por ciento fueron menores de 25 años y solo el 30 por ciento menores de 35. Además, solo entre el 8 y el 10 por ciento fueron mujeres.

Otro dato que ha puesto encima de la mesa su director es que por primera vez en toda la historia de la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla-La Mancha, en 2025 el porcentaje de alumnos extranjeros superó al de españoles, siendo un 53 por ciento frente a un 47 por ciento.

Por ello, el director de la Fundación ha indicado que el objetivo del sector, ante el envejecimiento de la mano de obra y la falta de relevo generacional, es tratar de atraer jóvenes formándolos con el fin de que la construcción sea un sector con futuro.

Necesitamos que haya gente también sobre la base de que es un sector atractivo porque la formación es reglada y hay una tutela moral por parte de empresarios y sindicatos para que sean trabajos que se dignifiquen

De su lado, el consejero de Fomento ha destacado la importancia de dignificar la formación en los oficios, lo que viene a plantear la inversión en este centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción.

Según Hernando, lo que se necesita para poder resolver la dificultad de encontrar una vivienda asequible es, además de que haya mucha más oferta, el que haya gente que pueda construirla. “Necesitamos que haya gente también sobre la base de que es un sector atractivo porque la formación es reglada y hay una tutela moral por parte de empresarios y sindicatos para que sean trabajos que se dignifiquen”.

Así, ha avanzado que más allá de la inversión que el Gobierno regional hace en suelo, “desde ya mismo” va a trabajar con la Fundación en establecer dos líneas de apoyo para la incorporación de la mujer al sector de la construcción y con toda la formación vinculada a la vivienda industrializada.

Finalmente, tras dar las gracias a la Fundación por la inversión, el consejero ha rogado al Ayuntamiento de Toledo que acelere “al máximo” los trámites para poder otorgar la licencia y “empezar ya” la obra, haciendo también una reflexión sobre las cargas fiscales a las que se somete a este tipo de proyectos.

Canarias solo es capaz de terminar y poner en uso (con lo que de verdad se logra amplía la oferta habitacional en las islas), al menos por ahora, una (el 13,2%) de cada diez viviendas previstas (el 100%) en el planeamiento urbano (nuevas de iniciativas privada y pública), según se desprende de los resultados obtenidos a partir del análisis de una muestra de sectores de desarrollo residencial definida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con el objeto de realizar el estudio Sectores residenciales de España (2025), publicado este mes de marzo.

En el archipiélago, se estudian al detalle 38 sectores de desarrollo urbanístico pertenecientes a 17 de los 88 municipios existentes en las islas, y esos son casi todos los más poblados en las dos provincias canarias. Los dos requisitos concretados para establecer esa elección han sido el número previsto de viviendas igual o superior a las 1.000 unidades (en el planeamiento aprobado) y el grado de edificación inferior al 70%.

Es justo lo que ocurre con ocho municipios de la provincia de Las Palmas (Antigua, Arrecife, La Oliva, Pájara, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana y Yaiza) y con nueve de Santa Cruz de Tenerife (Adeje, Arona, Candelaria, Granadilla de Abona, La Orotava, El Paso, Puerto de la Cruz, San Miguel de Abona y Santa Cruz de Tenerife).

Tal y como se cita en el reseñado trabajo técnico, que depura 1.069 sectores de desarrollo residencial en 400 municipios del país (con 38 en Canarias dentro de las 17 localidades ya mencionadas), la capacidad de construir viviendas en España, según el planeamiento aprobado y la muestra identificada de sectores, era en 2025 de 2,4 millones de unidades, con solo el 9% realizadas y el 91% pendientes de construirse (2,2 millones de viviendas). La velocidad de ejecución de los desarrollos residenciales previstos supera la media de 15 años a escala nacional.

En el archipiélago canario, en cambio, esa misma variable alcanza las 67.301 viviendas previstas, de las que 58.464 no se han terminado o están pendientes de finalizarse, bien porque no se han construido, porque están en esta fase pero aún no ha habido entrega o porque son simplemente urbanizaciones fantasma (las iniciadas, frenadas y/o abandonadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económico-financiera de 2008).

Esas viviendas, actualmente no consolidadas, son, por lo tanto, las que no han entrado en el mercado en las islas y con ello se impide elevar la ya de por sí muy reducida oferta habitacional de primera residencia nueva. Aquella relación supone que Canarias solo consigue ofertar, siempre según el identificado estudio del Ministerio, el 13,2% de las viviendas previstas en el planeamiento; esto es, las que se podrían edificar atendiendo al suelo con ese uso aprobado, siempre según la muestra de análisis elegida en las islas. Ese paupérrimo registro se consigue, sin duda, por la combinación de varios factores.

Canarias, con dos provincias, 88 municipios, una población de derecho de 2,2 millones de personas (más de 18 millones de turistas atendidos en todo 2025) y 1,1 millones de viviendas según su censo oficial de 2021, ofrece comportamientos casi calcados en sus dos territorios administrativos principales.

En efecto, así mismo es. En Las Palmas de Gran Canaria, con ocho municipios a examen, el resultado que aporta el mencionado estudio es del 87,7% de viviendas pendientes de construir; o sea, 35.305 unidades de una posible oferta de 40.255 viviendas, que son las totales previstas según el planeamiento en los sectores de desarrollo residencial analizados en esos términos municipales. De aquí resulta que solo se ha concluido el 12,3% de las viviendas posibles, algo más de una por cada diez, menos incluso que el promedio relativo que se da para Canarias (13,2%).

En Santa Cruz de Tenerife, se puede decir que hay más de lo mismo: las viviendas previstas son menos, 27.045, y las no terminadas alcanzan las 23.159, con el 85,6% de las posibles aún pendientes de edificar, según el planeamiento, en este caso, de los nueve municipios tinerfeños en la muestra. En la provincia occidental, se consigue ofertar el 14,4% del potencial de construcción de viviendas, lo que no alcanza ni el 1,5 de cada 10 potenciales.

Hay que señalar que el estudio Sectores residenciales en España (2025), publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es un “documento estratégico que analiza la situación y evolución de los principales ámbitos de desarrollo urbanístico residencial, para lo que parte de los datos recogidos en el Sistema de Información Urbana (SIU)”. El fin de este trabajo técnico es “ofrecer una visión clara sobre la ubicación de las principales bolsas de suelo disponibles en el país para la construcción de nuevas viviendas”.

El propio Ministerio recalca que, para determinar el grado de evolución de las áreas de desarrollo que son objeto de este estudio, se analiza el nivel de urbanización a través de trabajos de fotointerpretación de imágenes satelitales y ortofotografías más recientes del Plan Nacional de Ortofotografía Área (PNOA). Luego, se define el grado de edificación utilizando la información procedente de la cartografía catastral, según los criterios de la Dirección General del Catastro.

Principales conclusiones a escala país

Atendiendo a lo descifrado para el conjunto de los sectores de desarrollo residencial de la muestra nacional (1.069), la base de este estudio, en el documento del Ministerio se concluye lo siguiente:

-Se analizan 1.069 sectores residenciales en 400 municipios de las 17 comunidades autónomas, con capacidad país para más de 2,4 millones de viviendas, lo que evidencia una cobertura territorial muy amplia y pone de manifiesto un gran potencial de desarrollo.

-La mayoría de los sectores presentan un grado de edificación inferior al 30%, lo que indica que aún queda por materializar una parte significativa de las previsiones del planeamiento, especialmente en municipios donde la potencialidad de viviendas supera el parque actual.

-El 25,8% de los sectores dispone actualmente de suelo urbanizado apto para edificar, con cerca de 489.000 viviendas pendientes, mientras que el 74,2% restante de los sectores carece de condiciones para iniciar la edificación, lo que limita la respuesta inmediata a la demanda.

-Predomina la localización en municipios del interior, aunque la actividad edificatoria es más intensa en zonas costeras y provincias del litoral mediterráneo, donde se observa mayor dinamismo en los desarrollos.

-Más del 60% de las viviendas pendientes se concentra en municipios con más de 50.000 habitantes. Destacan Madrid, Orihuela, Zaragoza, Dos Hermanas y Málaga, lo que refleja una fuerte presión urbanística en áreas metropolitanas y turísticas.

-La densidad media del conjunto de sectores analizados es de 28,6 viviendas por hectárea. No obstante, en los sectores urbanizados se registran valores que pueden llegar a superar las 100 viviendas por hectárea, mostrando un patrón más compacto en fases avanzadas del desarrollo.

-El análisis revela una brecha significativa entre planeamiento y ejecución: el 64,4% de los sectores no ha iniciado la urbanización, mientras que solo el 9,6% se encuentra en fase avanzada de edificación.

-Casi la mitad de los municipios sin suelo urbanizado disponible tiene menos de 20.000 habitantes, lo que en ocasiones puede ser indicativo de una baja demanda que podría retrasar la activación de estos desarrollos a corto plazo.

-Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha concentran más de la mitad de las viviendas pendientes en sectores urbanizados, con lo que acaparan en buena medida el potencial de expansión residencial.

-La evolución temporal muestra menor actividad edificatoria entre 2010 y 2015, seguida de una reactivación desde 2016 y una estabilización tras la pandemia, lo que condiciona la velocidad de ejecución de los desarrollos previstos, que de media superan los 15 años.

El Gobierno de Castilla- La Mancha está preparando “toda una serie de reformas normativas” que tendrá como objetivo “agilizar trámites urbanísticos y movilizar el suelo disponible” en la región.

Así lo ha puesto de manifiesto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha clausurado la asamblea de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO), junto con el presidente de esta organización, Manuel Carmona.

El anuncio se produce después de que hace unos días se aprobase el Plan de Vivienda del Gobierno de España por el que Castilla-La Mancha recibirá 280 millones de euros.

Hoy Hernando ha puesto de relevancia “esta serie de medidas que vienen a dar respuesta a una de las mayores preocupaciones hoy en día como es la vivienda y que están contempladas en la Agenda de Acción por la Vivienda que está impulsando el Gobierno de García-Page”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que “estamos trabajando para desarrollar las modificaciones e innovaciones normativas para la movilización del suelo y la agilización de trámites urbanísticos incluidos en el cuarto pilar de la Agenda”.

Cambios en la LOTAU, suelos rústicos y el planeamiento urbanístico

De esta manera, se plantean innovaciones y modificaciones concretas al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), al Reglamento de Suelo Rústico, al Reglamento de Planeamiento y al Reglamento de Disciplina Urbanística, a fin, ha destacado el consejero de Fomento “de garantizar una gestión urbanística más ágil y eficaz en los municipios de Castilla-La Mancha, proporcionando seguridad jurídica, eficiencia administrativa y un marco normativo adaptado al metabolismo propio de los municipios de la región”.

Así, Hernando ha asegurado que “los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos; favorecer la regeneración urbana frente a la dispersión urbanística; el impulso del desarrollo económico equilibrado, garantizando la sostenibilidad territorial; y la activación del medio rural”.

De esta manera, ha remarcado “a través de este marco de actuaciones, el urbanismo deja de ser una barrera para convertirse en el motor que incrementa la oferta de suelo, proporcionando seguridad jurídica y un marco adaptado a la urgencia de los municipios que afrontan el reto demográfico”.

Los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos o favorecer la regeneración urbana

Además, el consejero de Fomento ha recordado que “hace unas semanas, el Consejo de Gobierno aprobó la cesión de una parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo para la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha con el que se podrán formar en distintos aspectos relacionados con el sector de la construcción hasta 2.500 alumnos al año”.

El anuncio coincide con protestas por la situación de la vivienda en Toledo

Precisamente hoy, en este barrio toledano, conocido popularmente como el Polígono, un grupo de personas en situación de vulnerabilidad junto a colectivos sociales y estudiantiles y apoyados por IU, Movimiento Sumar, UGT y CCOO, han marchado desde la calle río Guadalmena, 86, donde existe una promoción pública sin acabar desde hace años, cuyo titular es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y se han dirigido hasta las puertas de la empresa pública GICAMAN donde han exigido viviendas asequibles en la ciudad y frenar los desahucios previstos en otra promoción pública de la calle río Yedra, 8, prevista para el próximo mes de junio, o al menos proporcionar una alternativa habitacional a una madre y sus cinco hijos, afectados por el lanzamiento.

También reclaman medidas al Ayuntamiento de Toledo contra la turistificación que está expulsando a vecinos y vecinas del Casco Histórico de Toledo o de barrios como Santa Bárbara y Palomarejos.

El Observatorio Canario de la Vivienda ha publicado un análisis sobre la disponibilidad de suelo urbano consolidado según el cual Canarias dispone de capacidad suficiente para construir en torno a 125.000 viviendas, una cifra que supera ampliamente el déficit acumulado en los últimos años.

El estudio del Observatorio, que impulsa la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), está basado en el tratamiento y análisis de datos urbanísticos y catastrales mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica.

En el análisis se identifican más de 41.800 parcelas calificadas como suelo urbano consolidado con potencial residencial, lo que confirma que el planeamiento vigente ofrece margen suficiente para incrementar la oferta de vivienda sin necesidad de reclasificar nuevo suelo.

Sin embargo, el informe subraya que el principal problema del mercado residencial en Canarias no es la falta de suelo, sino la dificultad para transformarlo en vivienda efectiva.

El análisis pone de manifiesto que, aunque el ritmo de construcción de vivienda se ha acelerado desde 2023, sigue siendo estructuralmente bajo si se compara con los años anteriores a la crisis financiera, a pesar de que la demanda actual no deja de crecer.

Entre los factores que explican esta situación, el informe señala la complejidad de la normativa urbanística, las limitaciones en la capacidad de gestión administrativa y el incremento sostenido de los costes de construcción, que dificultan la viabilidad y ejecución de nuevos desarrollos residenciales.

En este contexto, herramientas normativas recientes como el Decreto-ley para la agilización de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas; así como la incorporación de entidades urbanísticas de colaboración, orientadas a agilizar las funciones de control e intervención urbanística, pueden resultar decisivas para desbloquear estos procesos y acelerar la llegada de vivienda al mercado, indica el Observatorio.

Esta capacidad edificatoria se concentra principalmente en Tenerife y Gran Canaria, aunque el análisis incorpora datos pormenorizados para todo el archipiélago, con lo que permite conocer el potencial residencial de cada territorio y ofrece una radiografía útil para la toma de decisiones.

Además, el estudio distingue entre tipologías de vivienda en función del tamaño de las parcelas disponibles y estima que se podrían construir más de 114.000 viviendas en régimen plurifamiliar y cerca de 11.000 unifamiliares.

Cabe señalar que en Canarias hay unas 200.000 viviendas vacías, de las que el Gobierno regional solo ha logrado recuperar para el mercado una de ellas, y que las dos capitales canarias concentran el mayor número de acumuladores de pisos de todo el país.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado esta mañana elevar del 40 al 50 por ciento la reserva de vivienda protegida en el sector Ramblasque, programar un calendario de ejecución para desarrollarla de forma paralela a la construcción de vivienda libre y un reparto homogéneo de la VPO para evitar guetos. 

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha informado de que el Partido Riojano ha presentado tres enmiendas al acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal en el sector Ramblasque que, previsiblemente, aprobará el pleno el miércoles 27 de mayo.

Para el edil riojanista, este cambio urbanístico permitirá que “donde antes se podía construir un chalet que se iba a vender por un millón de euros, ahora se va a poder construir un edificio de ocho alturas con cuatro viviendas por planta, a unos 250.000 euros por vivienda. Lo que antes era un millón de euros ahora son ocho millones”. “No podemos permitir como ciudad que hagamos un regalo de edificabilidad tan grande a cambio de voto en el pleno. No podemos conformarnos con 900 VPO. Tenemos que exigir que, al menos, sean 1.150, la mitad de las viviendas previstas con la modificación de Ramblasque”, ha dicho Antoñanzas. 

El edil riojanista ha considerado que esta propuesta cuenta con un precedente que lo avala, que es el hecho de que el sector Sur, paralelo a Ramblasque, al otro lado de la N-111, en su delimitación reserva la mitad de las 6.040 viviendas previstas para vivienda protegida. “No es una propuesta descabellada y va en la línea de lo que PP y PSOE aprobaron hace 15 años cuando se delimitó el sector Sur”, ha aseverado.

Al igual, Antoñanzas ha reclamado que “el Gobierno municipal establezca cláusulas urbanísticas para simultanear la VPO con la vivienda libre y un calendario vinculante para garantizar la ejecución inmediata de vivienda protegida en Ramblasque”. “Queremos que no se anteponga la construcción de vivienda libre a la vivienda protegida y que la VPO que se construya no se ubique en zonas diferentes a las de la vivienda libre, con el fin de evitar guetos”, ha asegurado. 

Como ejemplo, Antoñanzas ha planteado establecer el desarrollo de este sector por fases, que en cada una de ellas se establezca un porcentaje mínimo de ejecución de VPO, que la concesión de licencias urbanísticas esté condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos o que se fijen penalizaciones económicas si no se construyen. 

“Entendemos que la prioridad del Gobierno debe estar centrada en favorecer la vivienda protegida y en facilitar todos los mecanismos que tiene a su disposición para priorizar su construcción. No tiene sentido autorizar miles de nuevas viviendas si los jóvenes y las familias trabajadoras siguen sin poder acceder a ellas”, ha puntualizado. 

Antoñanzas ha incidido en que “planteamos estas condiciones para defender los intereses de los logroñeses a cambio de ese regalo urbanístico. Estamos a favor de que las promotoras y constructoras obtengan beneficios, pero ante las ganancias que van a tener por el cambio de modelo constructivo, es exigible que este Ayuntamiento imponga más requisitos urbanísticos”. 

La Rioja acoge por primera vez el Reto del Cubo de Hielo (Ice Box Challenge), una iniciativa internacional de divulgación sobre eficiencia energética, basada en el estándar Passivhaus, aplicada a la construcción que podrá visitarse del 20 de mayo al 2 de junio en el Paseo del Espolón.

La acción forma parte de la campaña “Cubo de Hielo”, impulsada por ARIC (el clúster de construcción de La Rioja), la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, con el objetivo de acercar a la ciudadanía los principios de la eficiencia energética y demostrar, de forma visual y comprensible, cómo influye la manera de construir en el consumo energético, el confort y la sostenibilidad. La iniciativa incluye un concurso para aumentar la implicación social.

Un experimento real para explicar la eficiencia energética

El reto consistirá en comparar el comportamiento térmico de dos pequeñas construcciones de madera de aproximadamente 2x2x2 metros, aparentemente iguales pero construidas con sistemas diferentes. Una de ellas se ha ejecutado según criterios convencionales del Código Técnico de la Edificación, mientras que la otra ha sido desarrollada bajo el estándar Passivhaus, basado en criterios de máxima eficiencia energética y consumo de energía casi nulo.

Ambas albergan en su interior un cubo de hielo de un metro cúbico que permanecerá expuesto durante dos semanas. El 2 de junio se abrirán ambas estructuras y se medirá la cantidad de hielo restante para comprobar qué sistema constructivo conserva mejor la temperatura interior y reduce las pérdidas energéticas.

El Icebox Challenge está promovido internacionalmente por la International Passive House Association (iPHA) y ya se ha celebrado en ciudades como Nueva York, Bruselas, Glasgow, Oslo o Santiago de Chile. La edición de Logroño supone la primera vez que esta iniciativa llega a La Rioja.

Participación pública, privada y académica

La campaña destaca además por el modelo de colaboración entre administraciones públicas, empresas y ámbito educativo. Así, las estructuras de madera han sido fabricadas por estudiantes del doble grado de Edificación y Obra Civil del IES Batalla de Clavijo, dirigidos por el profesorado del centro y con la colaboración de empresas riojanas asociadas a la ARIC especializadas en construcción eficiente. Todo el proyecto se desarrolla con la financiación del Gobierno de La Rioja y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño.

Desde el sector privado, han colaborado las empresas: Geopannel, Garnica, Inrialsa, Ensatec, Construcciones Zorzano, Construcciones José Martín, Proclima, Ocisa y JMC, que han aportado materiales, conocimiento técnico y apoyo al desarrollo del experimento.

La campaña incluye además 19 charlas divulgativas en centros educativos riojanos dirigidas al alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, e siete colegios riojanos con talleres prácticos de alfabetización energética impartidos por profesionales del sector.

¿Cuánto hielo quedará al final?

Para incentivar a la ciudadanía y aumentar su curiosidad, la acción incluye un concurso para adivinar cuánto hielo quedará sin derretirse en las dos casetas.

Las personas participantes deberán adivinar cuántos litros de hielo permanecerán congelados en la construcción Passivhaus al finalizar el reto. El premio consistirá en una estancia de fin de semana en un alojamiento turístico de La Rioja construido bajo este estándar de eficiencia energética.

El Cabildo de Gran Canaria ha concedido al Ayuntamiento de Gáldar una ayuda de 600.000 euros para la construcción de 63 viviendas en una parcela adquirida por el Consistorio junto al campo de fútbol de Sardina, una promoción que cuenta con otros 40.000 euros de fondos municipales.

Se trata de la urbanización de viviendas de Lomo de la Cal, en Sardina, según ha informado este domingo en un comunicado el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, quien ha destacado que la institución municipal “repite de esta manera el modelo con el que se están levantando 52 viviendas en El Roque”.

“El Ayuntamiento adquiere el suelo y lo cede de forma gratuita, la Consejería de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria financia la urbanización y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda ejecuta la construcción para que estén a disposición de familias vulnerables del municipio”, ha referido.

El edil del ramo, Eleazar Rodríguez, ha precisado que las 52 viviendas de El Roque tienen que estar en ejecución antes del 31 de diciembre de este año, mientras que otras siete de Caideros se prevé que estén adjudicadas antes del mes de julio.

A todo ello se suma la reciente adquisición por parte del Ayuntamiento de 70.000 metros cuadrados de suelo propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), distribuidos en 20 parcelas: 19 en el Paseo de Los Guanartemes y una en Playa Canaria.

Esta operación, valorada en 163.000 euros, también prevé usos complementarios, como zona de aparcamiento para el centro de salud o equipamientos educativos, detalla el Consistorio en un comunicado.

Hay monumentos que se visitan por su belleza y otros que impresionan porque cambiaron para siempre la forma de entender la ingeniería. Eso es exactamente lo que ocurre con el Puente de Vizcaya, una estructura inaugurada en 1893 que no solo une las dos orillas de la ría del Nervión, sino que además hizo historia al convertirse en el primer puente del mundo capaz de transportar pasajeros y vehículos suspendidos sobre el agua sin interrumpir el paso de los barcos.

Más de un siglo después, sigue funcionando prácticamente igual que el primer día y continúa pareciendo algo futurista incluso en pleno siglo XXI. Porque aunque hoy existan puentes gigantescos y obras de ingeniería descomunales, todavía resulta difícil no quedarse mirando esa barquilla metálica que cruza lentamente la ría mientras cuelga a decenas de metros de altura.

Un puente nacido en plena revolución industrial

El puente conecta actualmente los municipios vizcaínos de Getxo y Portugalete, justo en el punto donde la ría de Bilbao se abre hacia el mar Cantábrico. Fue diseñado por el arquitecto vasco Alberto de Palacio, discípulo de Gustave Eiffel, quien ideó una solución completamente revolucionaria para la época.

El gran problema era evidente: la ría necesitaba seguir siendo navegable para los barcos industriales y comerciales, pero al mismo tiempo era imprescindible conectar ambas orillas de manera rápida y constante. Construir un puente tradicional obligaría a levantar enormes rampas o sistemas de apertura complejos. La respuesta llegó con una idea inédita: suspender una plataforma móvil bajo una gigantesca estructura metálica. Así nació el primer puente-transbordador del planeta.

Una barquilla suspendida sobre la ría

Lo más llamativo del Puente de Vizcaya no son únicamente sus torres metálicas de 51 metros de altura, sino la barquilla suspendida que sigue cruzando la ría constantemente transportando coches, motos, bicicletas y peatones.

En el propio portal oficial de la UNESCO lo describen como “un puente-transbordador monumental que cruza el río Nervión [...] el primer puente del mundo que permitió, simultáneamente, el paso de navíos por el río y el transporte de pasajeros y vehículos de una orilla a otra, gracias a una barquilla suspendida. Sirvió de modelo para la construcción de muchos puentes similares en Europa, África y las Américas, aunque muy pocos de ellos existen todavía”.

Esa combinación entre funcionalidad industrial y diseño elegante terminó convirtiéndolo en una obra absolutamente pionera dentro de la arquitectura metálica europea de finales del siglo XIX.

Un icono industrial que sigue funcionando hoy

El puente comenzó a operar el 28 de julio de 1893 y apenas dejó de funcionar durante la Guerra Civil española, cuando sufrió daños importantes que provocaron la caída de la plataforma al agua. Aun así, fue restaurado posteriormente y continúa activo más de 130 años después de su inauguración.

Actualmente, sigue transportando diariamente a miles de personas entre ambas orillas mediante un sistema sorprendentemente sencillo y eficiente. La góndola puede mover alrededor de doscientos pasajeros y una docena de vehículos en cada trayecto, manteniendo vivo un sistema de transporte que revolucionó el mundo en plena revolución industrial.

Además, el puente fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006 gracias a su importancia histórica y tecnológica. Lo más fascinante del Puente de Vizcaya es que no se construyó únicamente para impresionar visualmente, sino para resolver un problema real de movilidad e industria en una época de crecimiento económico brutal en Bilbao y su entorno.

Quizá por eso sigue pareciendo tan moderno. Porque incluso hoy, viendo cómo esa plataforma metálica cruza lentamente sobre la ría mientras los barcos pasan por debajo, cuesta creer que esta idea naciera hace más de ciento treinta años.

Para miles de propietarios de viviendas construidas durante el desarrollo urbanístico de mediados del siglo XX en España, el término aluminosis es sinónimo de pesadilla hecha realidad. También conocida como “la enfermedad del hormigón”, se trata de una degradación estructural provocada por el uso de cemento aluminoso o con una proporción inadecuada de aluminio, que puede poner en peligro la estructura del edificio. 

“No todos los edificios construidos con cemento aluminoso presentan necesariamente aluminosis o riesgo estructural inmediato. Sin embargo, la mera presencia del material puede afectar al valor del inmueble y generar conflictos en una compraventa”, advierte Josep Mª Güell, abogado inmobiliario en Habitat Abogados. Son factores como la humedad o una mala ventilación los que pueden desencadenar un proceso químico que provoca la pérdida de resistencia del hormigón, haciendo que las viguetas se vuelvan porosas y frágiles.

En Catalunya, la incidencia es especialmente notable “en edificios construidos durante los años 60, que los estudios cifran en un 50%, especialmente en determinadas zonas urbanas”, asegura el abogado. Los síntomas son visibles, aclara, e incluyen “la presencia de humedades, fisuras, deformaciones o pérdida de resistencia estructural”, además aconseja estar informado sobre antecedentes de aluminosis en la misma finca o en edificios similares de la zona.

Una patología reclamable

En un mercado inmobiliario tan asfixiante como el actual, el experto aconseja no dejarse llevar por la prisa al firmar una compraventa en edificios de cierta antigüedad. “Antes de comprar conviene solicitar información al vendedor sobre el estado estructural del edificio, revisar actas de comunidad e informes técnicos, comprobar si existen derramas o antecedentes de aluminosis, y dejar constancia documental en el contrato”, incide.

De hecho, la recomendación del abogado para los compradores más cautos es encargar la cata de una viga o un análisis preventivo. “Se trata de una prueba relativamente económica que puede evitar conflictos posteriores tanto para el comprador como para el vendedor”, detalla, especialmente teniendo en cuenta que el desconocimiento del vendedor sobre el estado de la finca no siempre le exime de su responsabilidad legal.

Enfrentarse a la aluminosis

Si la sospecha se confirma, “los propietarios y la comunidad tienen la obligación legal de conservar el edificio en condiciones de seguridad y habitabilidad”, informa Güell. En la práctica, esto puede implicar “encargar informes técnicos periódicos, realizar controles estructurales, adoptar medidas preventivas, ejecutar obras de rehabilitación o refuerzo, e incluso desalojos parciales o totales en casos graves”, enumera. 

Desde el punto de vista legal, la presencia de esta patología puede considerarse un vicio oculto, afirma el experto, es decir, un defecto reclamable: “Cuando existe aluminosis desarrollada o deterioro estructural, la situación puede incluso justificar la resolución de la compraventa”.

Para quienes se encuentren en esta situación de sospecha sobre su nueva vivienda, Güell anima a actuar rápidamente, primero reuniendo toda la documentación disponible, “actas de comunidad, informes técnicos, derramas o antecedentes”, apunta.

Después, conviene “encargar una prueba de laboratorio o test de aluminosis y consultar con un abogado especializado en derecho inmobiliario, para revisar contratos y plazos legales, y solicitar un informe pericial que permita valorar el alcance del problema y las posibles reclamaciones”, resume el experto, que subraya que “actuar pronto puede ser clave para evitar la pérdida de acciones legales o dificultades probatorias”.

También existen ayudas públicas y programas de financiación para comunidades o localidades que deben afrontar rehabilitaciones estructurales, aunque “dependen de cada convocatoria y administración”, señala el abogado.

La consultora inmobiliaria Colliers Iberia acaba de publicar un informe sobre la rentabilidad del sector turístico en Canarias y Baleares y en él destaca que ambos archipiélago se han consolidado como los grandes motores de la inversión hotelera en el segmento vacacional europeo, logrando atraer más de 1.000 millones de euros anuales. Sin embargo, Laura Hernando, directora general de hoteles y futura CEO de Colliers Iberia, añade que “la contención de la oferta será clave para sostener la rentabilidad y el interés inversor en los próximos años”.

Según el informe Destino Islas: Canarias vs. Baleares 2026 elaborado por Colliers, ambos archipiélagos han captado una inversión conjunta de 8.100 millones de euros entre 2019 y 2025, concentrándose cerca de 7.000 millones de esta cifra solo en los últimos cinco años.

Este renovado ciclo inversor se apoya en unos indicadores de rentabilidad en niveles récord. El ingreso por habitación disponible (RevPAR) ha alcanzado máximos históricos en ambas regiones, situándose en 120 euros en Canarias (+5,6% interanual) y en 129 euros en Baleares (+8,7%), lo que garantiza la continuidad del flujo de capital hacia los activos hoteleros de las islas.

Récord en gasto turístico y rentabilidad

El gasto turístico también ha escalado hasta cifras nunca antes vistas en 2025. En el caso de Canarias, el gasto total ascendió a 24.400 millones de euros (un 6,8% más que el año anterior), con un gasto medio diario por turista de 191 euros.

Por su parte, Baleares registró un gasto de 21.060 millones de euros (+5,2%), destacando un gasto diario de 214 euros, cifra que se sitúa significativamente por encima de la media nacional.

En cuanto a las tarifas, el precio medio diario (ADR) en Canarias se situó en 142 euros, mientras que en Baleares escaló hasta los 153 euros de media general, con Ibiza y Formentera liderando el segmento de lujo con un ADR de 199 euros.

Según Gonzalo Gutiérrez, managing director de Hoteles en Colliers, “las Islas Canarias afrontan el futuro desde una posición de clara fortaleza, apoyadas en su operativa desestacionalizada, una demanda sólida y amplias oportunidades de reposicionamiento. El archipiélago se ha consolidado como el principal destino vacacional para la inversión hotelera en España, con perspectivas positivas de mejora de los principales indicadores de rentabilidad hotelera”.

Contención de la oferta como valor estratégico

El informe destaca que la estabilidad del mercado se ve favorecida por una oferta “estructuralmente contenida”. Mientras que en Canarias la oferta hotelera se contrajo un 1,2% en 2025 -debido en parte a cierres por reformas integrales-, en Baleares el crecimiento de plazas se ralentizó hasta el 0,6%, su menor ritmo en un lustro.

Los desarrollos regulatorios en ambos archipiélagos están priorizando el reposicionamiento de activos y la generación de valor frente al crecimiento en volumen.

Según Laura Hernando, directora general de hoteles y futura CEO de Colliers Iberia, “la contención de la oferta será clave para sostener la rentabilidad y el interés inversor en los próximos años”.

Desde Colliers señalan que el modelo turístico de las islas muestra una gran resiliencia. Canarias se ha consolidado como el principal destino vacacional para la inversión gracias a su “operativa desestacionalizada”, mientras que de Baleares resalta el creciente interés de marcas de alta gama, lo que refuerza su perfil premium para estrategias de inversión a largo plazo.

En total, entre 2021 y 2025, el gasto turístico agregado en los dos archipiélagos superó los 173.000 millones de euros, reflejando un cambio de modelo centrado en la calidad y la atracción de una demanda con mayor capacidad de gasto.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha inaugurado este martes en Mérida la III edición de FECOBA, el Foro de Encuentro para la Contratación de Obras de la Provincia de Badajoz, donde la institución provincial ha presentado más de 200 proyectos que saldrán a licitación a lo largo de 2026 con una inversión directa superior a los 52 millones de euros. Sumados a los distintos planes provinciales, la inversión total alcanzará los 110 millones de euros.

Durante su intervención, celebrada en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, Del Puerto subrayó que FECOBA “pretende ser un lugar de encuentro cercano entre el sector de la construcción y la administración pública”, además del “escenario para presentar una hoja de ruta de una institución que vela por los intereses de la ciudadanía”.

La presidenta explicó que la Diputación da a conocer con antelación las obras previstas “como ejercicio de transparencia, responsabilidad y compromiso”, con el objetivo de que las empresas puedan planificar recursos y concurrir “en igualdad de oportunidades”. Asimismo, defendió que esta estrategia busca “dar un impulso a un sector que actualmente se encuentra en una situación compleja”, fomentando la participación de pequeñas y medianas empresas, empresas locales y grandes compañías.

Entre las actuaciones anunciadas figuran proyectos de carreteras, eficiencia energética, urbanizaciones, instalaciones fotovoltaicas, accesibilidad, carriles bici o infraestructuras turísticas que llegarán a más de un centenar de municipios de la provincia.

Raquel del Puerto destacó especialmente algunas de las obras con mayor dotación económica, como la adecuación de dos plantas del Hospital Centro Vivo de Badajoz, la reforma de los antiguos juzgados de Mérida, la construcción de un polideportivo en Guareña o distintas actuaciones en la red provincial de carreteras. Además, puso el acento en la transformación de travesías urbanas “para convertirlas en calles más accesibles, más seguras y más acondicionadas para la ciudadanía”.

Cohesión territorial

La presidenta incidió también en el impacto que tendrá esta inversión pública sobre la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. “Son 52 millones de euros de inversión directa de la Diputación de Badajoz más otros 57 millones con cinco planes específicos para seguir transformando la provincia, nuestros municipios y nuestro mundo rural”, afirmó. Y añadió que estas inversiones permitirán “seguir progresando hacia la igualdad y hacia la creación de oportunidades”.

En cuanto a los planes específicos, la presidenta ha recordado el Plan Avanzamos con 50 millones de euros y del que la mitad se destina a realizar inversiones; el Plan de Infraestructuras Municipales con 2,5 millones de euros, el Plan de Accesibilidad con 700.000 euros, el Plan de Murales Municipales con medio millón de euros o el Plan de Emergencias dotado con 3,4 millones de euros. Además, existe una línea de subvenciones para la redacción de proyectos con un presupuesto de 600.000 euros.

Durante el acto, Del Puerto reconoció la situación de dificultad que atraviesa el sector de la construcción debido al incremento de costes de materiales, energía, transporte y mano de obra. En este sentido, anunció medidas impulsadas por la Diputación para preservar el equilibrio económico de los contratos y garantizar la viabilidad de las obras licitadas.

Entre ellas, destacó el incremento del porcentaje destinado a gastos generales en los contratos públicos, que pasa del 13 al 17 por ciento, manteniendo el beneficio industrial en el 6 por ciento. “Esta medida permitirá que las empresas adjudicatarias dispongan de una estructura económica más ajustada a las condiciones actuales del sector”, señaló.

La presidenta avanzó igualmente nuevas acciones formativas para paliar la escasez de mano de obra especializada, como los programas Facer o el proyecto europeo Rehabilita Rural, orientado a la rehabilitación energética sostenible y la conservación del patrimonio arquitectónico tradicional.

En la inauguración ha participado también el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Carlos Izquierdo, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Rodríguez Osuna agradeció el respaldo de la Diputación de Badajoz a la capital extremeña, especialmente “en un momento en el que se echa en falta apoyo de la Junta de Extremadura”, y valoró la colaboración institucional.

Mano de obra

Por su parte, el presidente de la Confederación alertó del “grave problema de mano de obra” que atraviesa el sector de la construcción, una situación que calificó de “generalizada y enquistada”, al tiempo que defendió la necesidad de incorporar trabajadores procedentes de otros países. También se refirió a la preocupación existente en las empresas por la volatilidad de los precios y las continuas subidas de costes. Mientras, Quintana valoró la “agilidad y la cercanía como administración” que tiene la Diputación de Badajoz.

La tercera edición de FECOBA reúne este año a administraciones, colegios profesionales, técnicos y empresas del sector con el objetivo de favorecer el conocimiento anticipado de la contratación pública provincial y fortalecer la colaboración entre el sector privado y la Administración.

Al acto también ha asistido la vicepresidenta segunda, Carmen Yáñez, así como las diputadas provinciales Ana Valls y María Concepción López y el diputado Manuel Gómez.