La patronal española de constructores y promotores ha entrado en campaña electoral para situar sus exigencias a los partidos políticos: menos regulación en materia de vivienda, un pacto de Estado para solucionar la crisis y más facilidades por parte de la Administración para aumentar la producción de inmuebles y, por lo tanto, la oferta. 

Así lo ha planteado el sector en el V Congreso Nacional de Vivienda, que organiza la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) este martes en Barcelona. “En los programas electorales el punto de vivienda debería ser el mismo para todos: llegar a un pacto de Estado, a un consenso como a veces ha ocurrido en sanidad o educación”, ha reclamado su presidente Xavier Vilajoana. 

Las jornadas, que coinciden con la aprobación de los nuevos decretos de protección de los inquilinos, debían contar con la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pero la ley electoral le ha obligado a cancelar. Sí han asistido la directora general de Vivienda y Suelo del Gobierno, Inés Sandoval, así como responsables políticos de comunidades autónomas y ayuntamientos, además de directivos de constructoras, inmobiliarias y fondos de inversión vinculados a este sector. 

La convocatoria electoral del 29N vinculada a la crisis de vivienda y al llamado decreto Maricarmen ha marcado el congreso. Vilajoana se ha referido a las protestas sociales de los últimos días, aunque sin señalar a nadie: “Demasiadas veces se usan situaciones dolorosas para hacer política de vivienda, y no hay error más mayúsculo”. 

La receta del presidente de la APCE es reducir la regulación en materia de vivienda, que asegura que en los últimos años se ha traducido en “inseguridad jurídica”. “Legislamos con una vorágine”, ha afirmado, “¿pero alguien lo evalúa? Muy poco. Legislamos prueba-error, y más veces con error que con prueba”, ha lamentado. 

Tanto Vilajoana como Carolina Roca Castillo, de la asociación de promotores madrileños ASPRIMA, han reclamado también más colaboración de la Administración para aumentar el ritmo constructor. Roca Castillo ha atribudo directamente la “explosión social” de la crisis de vivienda a la falta de oferta. “O recuperamos el ritmo de producción del bien de primera necesidad que es el suelo, o será imposible solucionar esta crisis”, ha apuntado. 

Por parte del Gobierno, Sandoval ha defendido los decretos de vivienda frente a un auditorio receloso y ha señalado que también incluye medidas reclamadas por el sector y que deberían servir para ampliar el parque de vivienda. Entre ellas, ha mencionado la reducción del IVA para la venta de vivienda protegida y la rehabilitación para alquiler o los 2.000 millones en avales del ICO para promociones asequibles.

“Los decretos también van dirigidos a quienes financiáis y producís y construís vivienda. Se habla mucho de la protección y la regulación, pero también está la parte enfocada a estimular y ampliar la oferta de vivienda en este país”, ha defendido la directora general, que también ha señalado el Plan de Vivienda 2026-2030 como mecanismo para hacer crecer el parque inmobiliario disponible.

Varias de las voces que han tomado parte en las jornada han criticado que la legislación actual, en referencia velada a los decretos de vivienda, hace recaer los problemas sociales de los inquilinos sobre el propietario. “No podemos revertir sobre el sector privado la cobertura social de la vivienda, porque nos encontramos en una ratonera”, ha expresado Rosa Gallego, CEO de QLiving, que ha rechazado la etiqueta de fondo buitre. “Yo no soy un fondo buitre, soy un fondo de inversión”, ha reivindicado. 

Una de las críticas más duras a las regulaciones vinculadas a la vivienda, y en especial al tope de los alquileres, ha sido la del CEO de la inmobiliaria Guinot Prunera, Jordi Tomàs, que ha afirmado incluso que “el inquilino tiene la propiedad de la vivienda de facto”. “Como propietario, la prioridad es la seguridad del cobro”, ha planteado, y ha añadido que las dificultades para desahuciar y recuperar una vivienda hacen “desaparecer” oferta del mercado. 

En la mesa de debate La adecuación de la oferta a las necesidades reales, también empresas como Cevasa, Culmina y Lagoom Living han aportado su visión sobre cómo aumentar la producción de viviendas de protección oficial o asequible. En este sentido, han pedido facilidades para optar a suelo edificable, más concursos públicos para construir vivienda y mayor “seguridad jurídica”.

El primer lunes del mes de octubre se celebran en el mundo dos festividades que van de la mano. La primera es el Día Mundial del Hábitat y la segunda, el Día Mundial de la Arquitectura. Comparten esta efeméride, que este año coincide con este lunes, día 5 de octubre, por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), cuando en 1996 decidió vincular al gremio de arquitectos con el desarrollo urbano sostenible, propuesto por la comisión de hábitat de la ONU en 1985.

Con motivo de esta celebración, a la luz de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y luego tumbados en el Congreso, y tras el clamor social y las acampadas, hablamos con Elena Guijarro, tesorera del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM).

Muy crítica con la legislación “en caliente”, aboga por una legislación estatal sobre vivienda dialogada con todos los sectores que intervienen en la creación de vivienda, incluidos promotores y constructores. También defiende la importancia de las políticas de rehabilitación de inmuebles y, ante los efectos del cambio climático, pide que los planeamientos urbanísticos se “anticipen” a las leyes para evitar desastres por incendios e inundaciones.

¿En qué pone el foco este año el Día Mundial de la Arquitectura?

Este año, en concordancia con la Unión Internacional de Arquitectos, nos centramos en la vivienda. Concretamente, en que la vivienda es un derecho humano y en que debemos construir viviendas como tal. Es decir, tocamos ahora mismo el tema más candente.

Efectivamente, es ahora mismo una de mayores preocupaciones de la sociedad española, reflejado en las calles, en las acampadas y que ha calado a nivel político.

Sí, yo no sé si esto es bueno o malo, la verdad, porque ahora mismo hay mucha tensión y lo primero que hay que hacer en sentarse a hablar con calma. Ahora mismo no hay ese ambiente. Pero lo hemos elegido porque es verdad que es lo que más preocupa durante estos meses. Estamos dándole muchas vueltas y estamos trabajando a todos los niveles, dentro de nuestro sector también, para dar solución a esta cuestión.

Porque ahora mismo, ¿cuál puede ser el papel de los arquitectos y de las arquitectas en el problema de la crisis de vivienda? Me habla de dialogar y hablar, pero supongo que tendrán propuestas concretas.

Por supuesto. Nosotros llevamos trabajando en este tema desde hace meses, a nivel castellanomanchego y a nivel estatal. Todo pasa por detectar, por hacer un diagnóstico de cómo está ahora mismo el mercado de la vivienda, analizar las causas que han provocado esta situación, que lo tenemos todos muy claro, y buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, porque es un tema urgente. A medio plazo, intentar ya buscar soluciones de rehabilitación y de construcción de viviendas que no sea necesario llevar a dos o tres años, sino que se puedan hacer con plazos más cortos. Y, a largo plazo, crear unas líneas estratégicas y una planificación, pero con un consenso entre todas las partes, entre todos los grupos políticos y entre todos los colegios profesionales y el sector de la construcción.

¿Existe actualmente esa capacidad de diálogo?

En otras ocasiones, cuando ha habido que hablar, por ejemplo en Castilla-La Mancha, de desarrollo rural, de reto demográfico, lo hemos hecho en mesas de trabajo donde se nos ha pedido opinión a todos. Por lo que yo entiendo que en este tema, que es muy delicado y que afecta a toda la sociedad, también se deberían haber hecho unas consultas para buscar soluciones, para sacar leyes. Porque lo estamos haciendo de manera exprés y sin consultar con nadie, y eso es peligroso.

 ¿Por qué es peligroso?

Porque cuando esto se ponga en marcha, si no se tiene todo el conocimiento del funcionamiento de todo el sector, te puedes encontrar con que te estás saltando o corrigiendo leyes que estaban anteriormente aprobadas y tienen su razón de ser. Yo creo que es bueno que cuando se legisla, se consulte a la ciudadanía y a los expertos.

En líneas generales, ¿no gustan a los arquitectos los dos decretos de vivienda?

Insisto: es peligroso y no se puede legislar en caliente y a golpe de una manifestación para intentar callar bocas. Estos temas se llevan hablando desde hace tiempo y me parece que es un poco arbitrario ahora, de repente, sacarlo sin más. Algunas sí son razonables, tienen sentido, pero otras no. Hay que pensar en los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, tanto de unos como de otros. Y no, porque alguien esté protestando, pensar que lleva razón directamente sin analizar nada más. Eso da pie a que, a base de hacer sentadas y protestar, conseguimos lo que queremos. Preferimos analizar más profundamente qué soluciones tiene. Sentarnos todos y buscar un consenso.

Pero actualmente, estamos muy lejos de tener ese consenso por parte de los grupos políticos. Solo hay que ver cómo han sido las negociaciones y el hecho de que se hayan tumbado decretos. ¿Cuál es el camino entonces?

Claro, pero en realidad todos queremos lo mismo. El problema está ahí y es el mismo para todos. Pero se ha crispado el ambiente de tal manera que es inviable.

En cuenta electoral, con todo tan polarizado como dice, es muy difícil ofrecer soluciones consensuadas y alguna medida había que adoptar ¿no?

Nosotros hablamos desde el punto de vista del conocimiento, de la experiencia y de nuestro trabajo y nuestra profesión. A mí me gustaría que pudiéramos hablar con todos ellos de una manera tranquila y como se ha hecho otras veces. Tenemos un diagnóstico de la situación y tenemos soluciones. Por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, hemos estudiado qué tipo de vivienda necesita en cada una de las provincias y también en los municipios pequeños. Hay que legislar para tener en cuenta cada una de las situaciones. Y por eso no se pueden hacer las cosas así, de golpe.

Hay que ponerse del lado de todos los ciudadanos, no solamente de unos

En el caso de los denominados 'fondos buitre', ¿no es necesario atajarlos?

Sí, pero en ese caso, hablamos de vivienda en alquiler y de casos concretos. Lo que estamos viendo también es que el mayor porcentaje de viviendas en alquiler es propiedad de pequeños tenedores, de propietarios particulares que, con todas estas medidas van a dejar de sacar las viviendas al mercado. Nos vamos a encontrar con el efecto contrario de lo que se busca. Porque, si no hay seguridad jurídica para el propietario, este último preferirá prescindir de esa renta si no va a poder echar al inquilino en caso de que no pague. Hay que ponerse del lado de todos los ciudadanos, no solamente de unos.

Ahora mismo, si se pudiese sacar más oferta, pues estaría muy bien. O sea, lo que necesitamos es poner más viviendas en el mercado, tanto en alquiler como en venta. En cuanto al alquiler, habría que incentivar a los propietarios y estamos haciendo lo contrario.

¿Y en cuanto a la venta?

Y en venta, pues efectivamente habría que bonificar y facilitar el acceso sobre todo a los jóvenes, ayudarles a pagar las hipotecas, y mover de alguna manera las viviendas que hay en venta. Y a medio plazo, pensar en edificios que se puedan rehabilitar o en modificar el cambio de uso de suelo terciario.

Precisamente esa es una de las medidas incorporadas en la proposición de ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se aprobará en breve. ¿Cómo la valora su gremio?

En general, como idea, nos parece bien porque ya digo que es necesario construir más vivienda para controlar el precio. En Guadalajara, por ejemplo, tenemos edificios de oficinas que no tienen uso como oficinas y se están usando como viviendas. Cambiar la normativa, adaptarla, es necesario, pero hay que mirar los estándares necesarios para cambiar el uso del suelo, no hacerlo así de golpe. Todo requiere una regulación.

Pero ahora mismo, la futura normativa de Castilla-La Mancha se remite fundamentalmente a la creación de vivienda pública. ¿No es necesario también intervenir en el mercado de vivienda libre?

Nosotros apoyamos tanto la promoción pública como el cambio de suelos de uso terciario para poder construir, por ejemplo, viviendas en alquiler para jóvenes, que no deja de ser un objeto social. Es importante hacer unas viviendas que sean propiedad de la Administración y se alquilen a jóvenes a precios tasados y precios asequibles, de modo temporal, para que ellos puedan independizarse.

Un promotor no es una ONG y tiene que tener un beneficio. Y un beneficio medianamente garantizado

Pero creo que tiene que existir también la vivienda libre, por supuesto. Y para que haya más viviendas en el mercado hay que ayudar a los promotores, porque luego acaban siendo los malos de la película, cuando ahora mismo, un promotor tiene muy difícil el poder sacar una promoción a la venta. Un promotor no es una ONG y tiene que tener un beneficio. Y un beneficio medianamente garantizado. Nos encontramos el primer problema: se tarda muchísimo en conseguir una licencia en algunos de los municipios de Castilla-La Mancha. Tenemos que conseguir agilizar los trámites administrativos y agilizar las licencias, porque hay una inseguridad tremenda para poder promover.

¿Influye también la falta de mano de obra?

Claro, hay una escasez enorme. Y eso es un problema que también deberíamos intentar atajar entre todos, a base de formación, de escuelas-taller… Yo no me puedo creer que haya tanta gente en el paro y tanta demanda de trabajo a la vez. También hay que tener en cuenta que ha subido el precio de los materiales de construcción y del transporte. Estamos en costes de construcción históricos que jamás habíamos tenido.

Precisamente, en Castilla-La Mancha se lleva a cabo el 'Plan 10.000' mediante la colaboración público-privada con empresas constructoras para construir vivienda asequible. ¿Se ha hecho un seguimiento de este proyecto desde el Colegio de Arquitectos?

Sí, salió a raíz de los fondos europeos Next Generation, de uno de los programas destinados a buscar suelo público para ofertarlo a promotores y constructores y hacer vivienda destinada al alquiler. Ahí se les da una ayuda para la construcción. Realmente es una de esas líneas que se ha desarrollado en ese sentido y sí lo pudimos estudiar.

¿No ha sido así con la futura ley autonómica de medidas urgentes de suelo y vivienda?

No, no hemos tenido noticia. La hemos conocido por los medios de comunicación y hemos echado de menos que se nos hubiera consultado. No digo que estemos en contra, simplemente nos ha pillado sin saber nada. Hasta ahora, estábamos acostumbrados al diálogo.

Hay además, en esa futura normativa, un tema que toca de lleno al sector de la arquitectura: la creación de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU) ¿Lo han podido estudiar? ¿Cómo lo valoran?

Estamos ahora mismo dentro de nuestro equipo viendo esto y, bueno, emitiremos nuestra opinión cuando lo tengamos claro.

Además, la rehabilitación de vivienda ha sido uno de los objetivos principales de la legislatura, fundamentalmente a través de ayudas públicas.

Sí, por eso digo que estábamos acostumbrados a colaborar directamente. En la rehabilitación, los fondos europeos para este objetivo han tenido mucho éxito en Castilla-La Mancha. Han sido programas que han tenido muchos expedientes y han funcionado bien porque hemos llegado a una colaboración de los colegios profesionales con la Administración o la Dirección General de Vivienda. Pusimos en marcha desde el primer momento las Oficinas de Ayuda a la Rehabilitación, donde nosotros nos hemos convertido en los asesores que han tramitado esas subvenciones y a los que los ciudadanos podían hacer todo tipo de consultas. Estamos muy orgullosos de los cinco años en que han estado en marcha esas oficinas en la región. En otras comunidades no han conseguido gestionarlo de esa manera.

Tras ejecutarse esos fondos europeos, ¿ya se han cerrado todas esas oficinas?

Sí, ya no hay ninguna abierta. Nos ha dejado un poco mal sabor de boca este tema, porque al mismo tiempo que se han cerrado, se ha acabado ese diálogo que había tan directo. Estábamos negociando a ver si había alguna posibilidad de, a través de otra línea de financiación, poder mantener alguna de las oficinas. Nos han dicho que están trabajando en ello, pero es que no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto en ese sentido. Tenemos una reunión en breve con la Consejería de Fomento y vamos a seguir ofreciendo nuestra ayuda, como hemos estado haciendo hasta ahora.

Hemos podido ver las consecuencias que tuvo la dana de hace dos años y sabemos qué se debe hacer para que esto, si vuelve a pasar, no tenga las consecuencias que ha tenido

Uno de los objetivos de su gremio ha sido desde hace años el desarrollo urbano sostenible. ¿Ha quedado este objetivo relegado debido a la crisis de vivienda? Es decir, ¿hemos retrocedido en cuanto a las prioridades?

No, ese tema está ahí y no puede ir para atrás. Debemos mentalizarnos de que la construcción tiene que buscar la sostenibilidad, la circularidad y que tenemos que cambiar la forma de pensar a la hora de construir, de diseñar y de hacer planificación. No se puede parar. Hemos podido ver las consecuencias que tuvo la dana de hace dos años y sabemos qué se debe hacer para que esto, si vuelve a pasar, no tenga las consecuencias que ha tenido. Es el planeamiento urbanístico el que tiene que marcar las pautas para que esto no vuelva a suceder o que las consecuencias no sean las que han sido y poder evitar desastres. Seguimos trabajando en ello.

¿Es necesario que haya una normativa regulada a nivel estatal para ponerse manos a la obra?

No, no podemos esperar ni siquiera a que la normativa nos obligue a hacerlo, sino que tenemos que ir pensando que esto es lo que toca, y que cuanto antes lo tengamos claro y trabajemos en ese sentido, mejor. Tenemos que pensar en construir de una manera sostenible y adaptarnos al cambio climático, que es obvio que está ahí y que llevamos ya muchos años sabiendo cómo hay que intervenir y cómo tenemos que actuar.

En definitiva, ¿seguimos sin estar preparados, en el nivel de edificaciones y como país, para afrontar las consecuencias del cambio climático?

No, y sabemos que tenemos que actuar rápido. Por eso hay que anticiparse. Estamos viendo que los ciclos de retorno de todos estos eventos climáticos se van acortando. Hay que diseñar sobre estos elementos y calcular por encima de los estándares que ahora mismo estamos utilizando para ir adelantándonos. Tenemos mucho trabajo por delante.

Imaginemos que el problema de la vivienda es una matrioska, una de esas muñecas rusas que contienen en su interior otras muñecas más pequeñas.

Lo que vemos en la primera matrioska resulta bastante obvio. Empezando por las cifras. En 2008, cuando estalló la gran crisis, se construyeron en España 615.072 viviendas. La burbuja de ladrillo, ¿recuerdan? En ese año, 2008, la población española ascendía a 46,2 millones de personas.

En 2025 se construyeron 94.791 viviendas. Con una población de 49,5 millones de personas. Comparen estas cifras con las del párrafo anterior. El problema salta a la vista.

Añadamos la especulación. Es cierto que los grandes inversores (eso que llamamos “fondos buitre”, una expresión tan poética como vaga) tienen una incidencia importante en el mercado del alquiler, especialmente en el centro de las grandes ciudades. También es cierto que la gran mayoría del mercado está en manos de pequeños propietarios a los que llamamos “rentistas”: sigamos, por qué no, con las expresiones poéticas.

Es posible (y necesario) aplicar medidas de protección social para quienes ya tienen alquilado un piso y sufren abusos del propietario. Pero, en último extremo, rigen las leyes del mercado. Hay poca oferta y mucha demanda. Y los precios de lo que se ofrece resultan inasumibles para la gran mayoría. Hablamos de la gran mayoría de quienes buscan alquilar, en general jóvenes. Porque más del 73% de la población vive en vivienda de propiedad: esa vivienda paterna de la que los jóvenes no pueden salir.

Conviene mencionar que la poca vivienda que se construye es cara ya de inicio, por la escasez de suelo, por cuestiones fiscales y burocráticas y por el encarecimiento de los materiales. Un piso nuevo que no sea un cajón, en una zona más o menos remota, difícilmente bajará de los 200.000 euros a precio de coste.

Es el momento de abrir esa muñeca de la vivienda y ver la otra muñeca que esconde en su interior: los salarios. Los sueldos en España son en general bajísimos, muy inferiores (en términos relativos, es decir, en capacidad adquisitiva) a los vigentes en 2008. Y muestran una estructura disfuncional. No es razonable que en una empresa los directivos ganen muchísimo más que el resto de los trabajadores. Tampoco es razonable que la pensión máxima supere los 45.000 euros anuales, mientras el sueldo medio apenas roza los 30.000. El sueldo medio está cada vez más cerca del salario mínimo: 17.000 euros. ¿Quién puede vivir con esos ingresos?

La explicación académica: los salarios son bajos porque la productividad es baja. Vale. Aceptemos que sectores en auge como el turismo y la hostelería son poco productivos. El caso es que las empresas del Ibex (las que cotizan en Bolsa) ganaron en 2025 más de 71.000 millones de euros. Incluso descontando que parte de esos beneficios provienen del exterior, algo no cuadra: o bien los empleados de las grandes empresas tienen una productividad que no se refleja en los salarios, o bien los directivos son auténticos magos y merecen los sueldazos que se adjudican a sí mismos.

(El turismo, además de ser poco productivo, contribuye a emponzoñar el mercado inmobiliario. No hace falta que abundemos en la desgracia de los pisos turísticos y los alquileres de duración breve. Agreguemos a esta desgracia, por ser prolijos, la de la “Golden visa” para extranjeros).

Vamos a por otra muñeca. Esta se llamaría “capital”. Las empresas españolas con más beneficios en 2025 fueron dos bancos: Santander y BBVA. Entre ambos ganaron casi 25.000 millones de euros.

Si les apetece, podemos recordar que el rescate bancario le ha costado al contribuyente más de 43.000 millones de euros. Y ni siquiera se plantea que la banca los devuelva. Si les apetece, podemos recordar que en España no existe (salvo pacto privado y excepcional) la dación en pago: cuando no se paga una hipoteca, el banco se queda con la vivienda y el hipotecado se queda con la deuda. Cierto, el alza continua de los precios suele permitir vender y saldar la hipoteca, aunque se pierda lo ya pagado. Pero ese es otro factor disfuncional.

Queda una última muñequita en la matrioska. La más pequeña. ¿Por qué un gobierno supuestamente progresista no ha resuelto, ni siquiera ha empezado a resolver, todos los problemas representados por las muñequitas anteriores? O no ha querido o no ha podido. Cabe suponer que no ha podido. El control por parte del PP de la gran mayoría de las comunidades autónomas podría ser una excusa si en las controladas por el PSOE, como Catalunya, las cosas fueran mucho mejor. Y no es así.

La explicación que me parece más razonable radica en la debilidad intrínseca de unos gobiernos, los de Pedro Sánchez, basados en una coalición de elementos incompatibles entre sí. Esa debilidad está relacionada con la pavorosa crisis política que afecta a toda Europa. Y así, me parece, están las cosas.

El desarrollo urbanístico en torno a la Avenida de Burgos, que dará continuidad a esa parte de la ciudad directamente hasta El Arco y Yagüe, “continúa avanzando con diferentes actuaciones para crear nueva vivienda y espacio público”, como ha asegurado este miércoles el hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias.

En este sentido, ha señalado el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja firmarán próximamente un convenio urbanístico de gestión para el desarrollo de la unidad de ejecución N07.5 'Mercadal 2', incluida en el PERI 36 'Avenida de Burgos II' de reconversión industrial a residencial del antiguo Polígono San Lázaro. Formada por dos parcelas de titularidad municipal y regional -en la zona en la que se encuentra una caseta de camineros cercana a lo que fue el espacio de 'La Ballena Azul'-, esta unidad de ejecución ofrecerá una superficie total de 837,84 m2 (y un aprovechamiento total de 1.306,45 metros cuadrados de techo) y albergará vivienda VPO, nuevas aceras y zonas ajardinadas en este entorno de Avenida de Burgos.

Como ha aprobado este miércoles la Junta de Gobierno Local, este convenio de gestión para el desarrollo de la U.E. N07.5 'Mercadal 2' será sometido a exposición pública durante un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, además de en un periódico de difusión local y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo para ejecutar la urbanización de este espacio será de tres años desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, cuyas obras se realizarán en una única fase, previa o simultáneamente a las de edificación.

Además, la Junta de Gobierno Local en la sesión de este miércoles ha dado el visto bueno a un suplemento de crédito de 133.755,65 euros, procedentes de remanentes de tesorería, destinados a una asistencia técnica para la realización de un proyecto para próximas actuaciones en la carretera de El Cortijo.

Una serie de actuaciones, que, como ha explicitado el hoy portavoz, contemplan “la conservación y renovación del pavimento, la mejora de las condiciones de seguridad vial y la accesibilidad peatonal”.

El Gobierno de La Rioja destinará cerca de cinco millones de euros en la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria en Nalda. Así lo ha autorizado el Consejo de Gobierno este martes. En concreto, la inversión ascenderá a 4.879.009,23 euros para la construcción del centro perteneciente al Centro Rural Agrupado (CRA) Moncalvillo.

El nuevo edificio dará respuesta al incremento del número de alumnos registrado en los últimos años, además de que dotará a la localidad de un nuevo centro educativo adaptado a las necesidades actuales. La previsión es que los trabajos de ejecución comiencen el próximo año 2027 y se prolonguen durante 18 meses.  

La licitación de las obras de construcción del nuevo colegio obedece a la necesidad de sustituir las actuales instalaciones del centro, debido a su antigüedad, así como al constante incremento de la demanda de escolarización en los últimos años, por lo que son necesarios más espacios para albergar adecuadamente al alumnado y ofrecer un servicio educativo de calidad adaptado a los requerimientos pedagógicos actuales. 

En el mismo lugar que el actual: así será el nuevo cole

El nuevo colegio, que se construirá en el mismo emplazamiento que el actual, constará de planta baja (usos comunes), planta semisótano (Educación Infantil) y dos plantas superiores (Educación Primaria). Se trata de un nuevo edificio moderno, luminoso y con amplios espacios diferenciados para cada etapa. El acceso principal se ubicará en la plaza de la Tela y contará con un segundo acceso secundario, abierto hacia la calle Piscinas. La presencia del polideportivo municipal a escasos metros permitirá su utilización por parte del alumnado para las actividades de Educación Física. 

En la planta baja se localizarán los espacios destinados a despachos y administración, además de una sala polivalente y comedor, ambos separados por un tabique móvil que permitirá unificarlos en situaciones especiales. La planta primera y segunda presentarán una distribución muy similar, con aulas de Educación Primaria, sala de profesores, sala de reuniones y un aula destinada a apoyos en la primera planta. En la segunda se ubicarán otras dos aulas de Primaria, un gran espacio destinado a biblioteca/sala de informática y una sala de desdobles. 

En la planta semisótano, con vistas y salida directa al patio de Infantil, se dispondrán dos aulas de Infantil, divididas con un tabique móvil que permita su agrupación y cada una de ellas con baño propio. El patio de juegos tendrá dos niveles: en la zona superior, a cota de la planta semisótano, se ubicará el porche cubierto de los alumnos de Educación Infantil, mientras que, en la zona inferior, de mayor superficie y a cota de calle, se localizarán la pista deportiva y el porche abierto del alumnado de Primaria. Entre los dos niveles se proyectarán un graderío y una conexión peatonal adaptada y, sobre la cubierta del porche de Primaria, el equipamiento de los juegos de Infantil. 

El nuevo centro educativo de Nalda incorpora criterios de diseño bioclimático, logrando una calificación energética A, combinando estrategias pasivas y sistemas de alta eficiencia. Utiliza equipos de aerotermia para la generación térmica de calor y frío, con suelo radiante-refrescante como elemento terminal para la calefacción y refrigeración de las estancias. Dispone de ventilación con recuperación de calor para mejorar la calidad del aire y reducir el consumo energético. Además, se proyecta una instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica para autoconsumo. Todo ello bajo un sistema inteligente de regulación y control que adapta la climatización, iluminación y ventilación a las necesidades reales del edificio. Arquitectónicamente el edifico se construye con una envolvente térmica optimizada y un control solar adecuado para mejorar el comportamiento del edificio frente al clima.

La construcción del centro, que incluye actuaciones de instalación de energías renovables, podrá ser financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en ejecución del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2021-2027. El colegio de Nalda, perteneciente al CRA Moncalvillo, acoge este curso a un total de 46 escolares y 11 docentes. 

El barrio del AVE de Zaragoza sigue completando los grandes vacíos que todavía permanecen alrededor de la estación de Delicias. Uno de los principales solares residenciales pendientes de desarrollo tiene ya propietario definitivo y un proyecto que incorporará otra construcción en altura al paisaje de esta zona de la ciudad: una torre de 20 plantas y 60 metros acompañada de otros tres bloques, con un total de 234 viviendas libres.

La promotora Naiz Homes ha formalizado este mes de septiembre la compra de la parcela que le fue adjudicada el pasado junio por Zaragoza Alta Velocidad. La operación asciende a 25,9 millones de euros y supone el desembarco de la compañía vasca  en el mercado residencial zaragozano.

Se trata de la parcela M5, ubicada junto al Centro de Especialidades Inocencio Jiménez, en las proximidades de la estación y con salida hacia la avenida de Navarra. El suelo cuenta con más de 31.800 metros cuadrados de edificabilidad, que se distribuirán entre cuatro edificios.

La pieza más singular será la torre residencial de 20 plantas, que alcanzará los 60 metros de altura. Junto a ella se levantarán otros tres bloques hasta completar las 234 viviendas previstas, todas ellas de promoción libre.

La operación había quedado encarrilada a comienzos del verano, cuando Naiz Homes ganó el procedimiento de venta de este suelo. La novedad ahora es la formalización de la adquisición, que convierte definitivamente a la promotora en propietaria de la parcela y permite avanzar hacia el desarrollo de la promoción.

El proyecto se incorpora a un entorno que ha ido modificando progresivamente su perfil urbano con nuevas promociones residenciales de considerable altura. Entre ellas se encuentra Adarve Residencial, con 258 viviendas y también una torre de 20 plantas, cuya construcción está prevista que finalice en 2027.

La compra del solar zaragozano no supone, sin embargo, que las obras vayan a comenzar de forma inmediata. Una vez formalizada la adquisición, la promotora deberá abordar los trámites urbanísticos necesarios para poner en marcha la construcción y, por el momento, no existe una fecha fijada para el inicio de los trabajos.

De hecho, Naiz Homes todavía incluye Zaragoza en su página web dentro del apartado de “próximas promociones” y ofrece a los interesados la posibilidad de registrarse para recibir información cuando se produzca su lanzamiento.

La promoción será la primera de Naiz Homes en la capital aragonesa. La compañía, constituida en septiembre de 2024 y presente hasta ahora en País Vasco, Madrid y Andalucía, ha protagonizado durante los últimos meses operaciones de considerable volumen. Entre ellas figura la adquisición de dos parcelas en La Térmica, en Málaga, donde proyecta alrededor de 500 viviendas.

La futura torre se sumará así a las construcciones que durante los últimos años han ido ocupando los terrenos próximos a Delicias y reforzará el carácter residencial de un barrio surgido de la profunda transformación urbanística vinculada a la llegada de la alta velocidad a Zaragoza.

“Esto no es una cuestión de lo que gana el Real Madrid, esto es una cuestión de lo que gana la ciudad”, aseguraba esta semana el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, cuando los periodistas le pedían una valoración sobre lo que va a ganar el club merengue con la recalificación que su Gobierno aprobó en mitad de las vacaciones para sus terrenos de Valdebebas. El mandatario justificaba la operación asegurando que lo que allí se construirá provocará “atracción de talento” y “creación de empleo” en la zona.

Lo que va a ganar el Real Madrid con la recalificación son 185,49 millones de euros, solo contando con lo que pasan a valer los terrenos, sin necesidad de construir ni un solo edificio. La cifra la calcula un informe encargado por el Ayuntamiento de Madrid, necesario para la operación, que el área de Urbanismo adjudicó a dedo a la consultora Savills para poner en marcha esta recalificación. El citado estudio, al que ha tenido acceso Somos Madrid, calcula que los 172.550 metros cuadrados de aumento de edificabilidad terciaria que permitirá la recalificación valen 1.075 euros cada uno, lo que arroja la cifra antes citada.

La cantidad es mayor que el valor actual de los terrenos, calculado en 174,6 millones de euros por sus 360.000 metros cuadrados de edificabilidad en suelo deportivo. Es decir, el Real Madrid multiplicará por más de dos el valor de su parcela de Valdebebas cuando se complete la recalificación, el mayor incremento patrimonial en una operación de este tipo desde que Almeida es alcalde. Otros “pelotazos” sonados sobre los que llamó la atención la oposición fueron los planes especiales aprobados para El Corte Inglés en Méndez-Álvaro, donde la entidad comercial ingresó 29 millones de euros con la recalificación de centro comercial a oficinas, y el de la Ermita del Santo, con 64 millones de incremento de valor al convertir un antiguo centro comercial en viviendas.

La recalificación es una herramienta legal que utilizan los ayuntamientos para promover actuaciones urbanísticas a través del incremento del valor del suelo, permitiendo otros usos hasta ese momento no previstos. En el caso del Real Madrid, el equipo de Almeida le concede levantar oficinas, un hospital y hasta una universidad en terrenos de su ciudad deportiva de Valdebebas todavía sin uso. El ordenamiento le permitiría además construir viviendas de corta estancia de tipo flex living, que empiezan a abundar en Valdebebas.

Debido a lo lucrativo de la operación, el Real Madrid deberá ceder al Ayuntamiento un espacio para la construcción de equipamiento público, con 35.311,51 metros cuadrados de suelo, además de la cesión correspondiente al 5% del incremento de aprovechamiento urbanístico, que el expediente cifra en 17.400,147 metros edificables. Y deberá pagar también las cargas de urbanización necesarias para llevar a cabo el proyecto, que el estudio económico cifra en 73,5 millones e incluyen zonas verdes, urbanización interior, nuevas infraestructuras y actuaciones sobre el viario.

Además, la operación incluye la cesión gratuita de zonas verdes sobre las que el consistorio tendrá que actuar. Este nuevo parque, que formará parte del Bosque Metropolitano y contará con 16 hectáreas, rodea convenientemente todas las nuevas instalaciones que el club blanco podrá construir, separándolas de las grandes carreteras que rodean al complejo a través de un talud verde. También se incluye en estas cesiones el espacio verde que rodea al conocido como arroyo de la Plata, una pequeña vía de agua que atraviesa el complejo.

Un “pelotazo gigantesco” que puede superar los 500 millones

Aunque las cifras del informe económico que forma parte de la documentación del proyecto son enormes y suponen la mayor recalificación aprobada por Almeida, algunos economistas cuestionan sus cifras por considerarlas demasiado bajas. Es el caso del exdelegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que pone en duda los cálculos con los que se ha elaborado. “La memoria económica es lamentable, insuficiente”, asegura el ahora profesor de la Universidad Complutense que cree que el valor real de la operación puede superar los 500 millones de euros, atendiendo al valor de otras operaciones inmobiliarias similares en la zona. El propio Florentino Pérez llegó a afirmar en su última campaña electoral, en respuesta a un proyecto de su rival Enrique Riquelme, que toda la ciudad deportiva valía más de 1.000 millones de euros.

Sánchez Mato cree que el valor real de estos terrenos aflorará en el futuro, cuando el presidente del Real Madrid ponga en marcha la entrada de capital privado en el club o bien cuando establezca algún tipo de asociación para llevar a cabo la construcción de los negocios planeados, que incluya una tasación del suelo ya recalificado. “Entonces veremos la magnitud de lo que ahora se ha aprobado”, añade. Hasta entonces la valoración de lo que considera un “pelotazo gigantesco” se eleva a los 185,49 millones de euros antes citados.

El exdelegado de Hacienda municipal considera que la operación implicará una “rentabilidad salvaje”, por lo que ha presentado una llamada de atención ante las instituciones comunitarias. En concreto ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, como adelantó El Salto este viernes. Según el documento al que también ha tenido acceso Somos Madrid, se pide investigar un posible trato de favor hacia este club privado por parte de las administraciones públicas.

Cuenta Sánchez Mato que el Real Madrid lleva persiguiendo esta recalificación desde hace años. Lo sabe de primera mano, porque se la solicitó a él mismo el propio Florentino Pérez en los tiempos de Manuela Carmena como alcaldesa. Por aquel entonces se negó a tramitarlo porque consideraba que la operación no tenía ningún interés general, como sigue considerando ahora. “Ese incremento de la edificabilidad y los usos concedidos que distan mucho de ser de interés general, porque benefician claramente a una parte”, explica en conversación con este periódico haciendo referencia a otras operaciones similares que acabó tumbando la justicia. La última, con los mismos actores, fue la del concurso para construir dos aparcamientos públicos en el entorno del Bernabéu, que el Supremo acabó tumbando por “falta de interés público”.

“¿Interesa a la ciudad que se realice un centro tecnológico o un hospital? Puede ser, pero hay mucho suelo público para desarrollar eso, el Ayuntamiento tiene terrenos para hacerlo muy cerca”, comenta Sánchez Mato sobre la posibilidad de que la Administración acometa esas inversiones y que estas no tengan que ir siempre a beneficio de un privado. “Son operaciones que me pidieron a mí hace diez años y que rechazamos porque no íbamos a hacer ningún tipo de transferencia ni modificación de uso”, reitera relacionando este caso con otros como la cesión de varias parcelas al Atlético de Madrid en el entorno del Metropolitano para el desarrollo de un gran complejo de ocio, que frenó el Ayuntamiento de Madrid durante su etapa como concejal: “Aguantamos, resistimos y no se cedieron parcelas ni al Atlético de Madrid ni atendimos a las peticiones de ampliación del Real Madrid. Porque no respondían al interés general, sino al interés del promotor privado”.

Después de varios años desarrollando ideas y proyectos que no terminaron de triunfar, Brasil ha empezado a construir una de las infraestructuras más potentes de todo el país. Hablamos del Ponte Salvador-Itaparica, una enorme construcción marítima que conectará por fin la ciudad de Salvador con el municipio de Veracruz, ubicado en la isla de Itaparica.

Una vez terminada la obra, este ostentará el récord al puente sobre el agua más largo de toda Latinoamérica. En total, la construcción tendrá una longitud de 12,4 km sobre el mar y superará así al Puente Río-Niterói (Brasil), el cual mide 13.290 metros de largo, aunque solo 8,83 kilómetros están construidos sobre el agua. Este cruza la bahía de Guanabara para unir Río de Janeiro con Niterói.

El nuevo puente conectará las dos localidades brasileñas a través de la popular Bahía de Todos los Santos y, lo más importante, reducirá alrededor de dos horas los desplazamientos hacia la región del Baixo Sul. Según el gobierno del Estado de Bahía, este enlace “integrará a más de 250 municipios e impactará directamente la vida de aproximadamente 10 millones de personas”.

Cómo será el puente

En total, se prevé que el puente tenga hasta cuatro carriles para la circulación de vehículos, así como un carril extra que inicialmente funcionará como barrera de seguridad para separar el flujo del tráfico, el cual se implementará en la mediana central. También contará con un vano o espacio horizontal central de aproximadamente 400 metros y hasta 82 metros de altura en algunos sectores para permitir el paso de grandes embarcaciones.

Las obras arrancaron oficialmente hace apenas un par de meses, cuando el presidente Lula da Silva encabezó el acto de colocación del primer pilote. El hito fue posible después de que, en 2025, se renegociara el contrato de concesión, desbloqueando definitivamente un proyecto que llevaba años sobre la mesa.

La obra será ejecutada mediante una asociación público-privada en la que participan empresas brasileñas y un concesionario chino integrado por China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), junto con aportaciones del Gobierno federal de Brasil y del Estado de Bahía. Una vez concluida, el concesionario operará y mantendrá la infraestructura durante 35 años.

La inversión total del proyecto de ingeniería supera los 11.600 millones de reales, equivalentes a unos 1.980 millones de euros, aunque para ver el resultado todavía tendremos que esperar. Según el cronograma oficial, la finalización de los trabajos está prevista para junio de 2031.

Colocada la primera piedra de las obras de la futura pasarela Princesa Leonor, que supondrá, a partir del verano de 2027, la conexión directa entre el barrio de Los Remedios y el centro histórico, reforzando la movilidad peatonal entre ambas márgenes de la dársena del Guadalquivir.

La fase de cimentación donde se ubicará la pasarela comenzó el pasado mes de julio, mientras que la fabricación en taller de la estructura metálica, en Galicia, correrá a cargo de la empresa Grupo Dizmar y se desarrollará en paralelo a la cimentación, con la misma previsión de finalización en febrero de 2027. Posteriormente, el transporte y la colocación de la pasarela, que deberá montarse con grúas de gran tamaño, está previsto para los meses de marzo y abril de 2027, y correrá a cargo de Martín Casillas, encargada también de los trabajos de cimentación.

Por último, la fase de acabados -suelos, barandillas, anclajes, iluminación- y la construcción de la grada mirador en el lado del muelle de Nueva York, igualmente a cargo de Martín Casillas, se ejecutará entre mayo y julio de 2027, a lo que su coste final superará los 10 millones de euros, que serán aportados por el sector privado en un proyecto de colaboración público-privada.

La infraestructura, impulsada por Ayuntamiento, Junta de Andalucía, el Puerto de Sevilla, la Cámara de Comercio y KKH Property Investors, tendrá una longitud de 141,6 metros, un vano principal de 100 metros libres sobre el río sin apoyos y un ancho útil de 4 metros, así como una iluminación de 140 balizas programables que podrán armonizarse con los diferentes momentos de la ciudad y de Andalucía.

Asimismo, ha sido diseñada en colaboración por el arquitecto japonés Kengo Kuma y el ingeniero español José Romo e incluirá una destacada intervención en el espacio urbano y cultural de su cabecera izquierda, frente al Palacio de San Telmo, con la creación de un mirador y unas escalinatas que conectarán el muelle de Nueva York con el paseo de las Delicias.

“20 años de parálisis”

Durante el acto de la primera piedra, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que esta pasarela “no solo mejorará la conexión peatonal entre ambas orillas, sino que ofrecerá a los sevillanos un mirador privilegiado sobre el Guadalquivir”. “Tras más de 20 años de parálisis, la recuperación de la zona de Altadis está cada vez más cerca de ser una realidad”, ha añadido, a la vez que ha agradecido a proyectos como Vera, que a su juicio hacen que “Sevilla avance hacia un nuevo modelo de ciudad con más zonas verdes, más servicios, más empresas y más zonas de ocio”.

La Pasarela princesa Leonor se ha enmarcado dentro del proyecto Vera Sevilla, en la antigua fábrica de tabacos de Altadis, que abarca una superficie de aproximadamente 50.000 metros cuadrados y afronta la recta final de las obras de ejecución, con la previsión de quedar terminado en junio de 2027.

El proyecto ha contemplado una inversión de 250 millones de euros y la creación de más de 1.000 puestos de trabajo, mientras las obras avanzan de forma simultánea en los distintos edificios del complejo y en todos los espacios públicos que se urbanizarán y se cederán a la ciudad.

En esta línea, su desarrollo incluirá un amplio espacio libre con 437 árboles y contribuirá a paliar la falta de aparcamiento en la zona mediante la creación de un total de 351 plazas de aparcamiento subterráneas, además de casi 100 plazas públicas en superficie. Entre las actuaciones más destacadas figuran la creación de un nuevo paseo peatonal junto al río y la urbanización de un conjunto de avenidas, calles y parques públicos --tanto los ya existentes, que están siendo renovados, como los de nueva creación-- que se cederán a la ciudad y generarán un pulmón verde público de casi 5 hectáreas en pleno centro de Sevilla, frente al centro histórico.

Nueva zona urbana

La transformación de los terrenos de la antigua fábrica de tabacos dará lugar a una gran zona urbana con áreas verdes, hotel, establecimientos de restauración, comercios, oficinas y equipamientos públicos y privados; además de nueve nuevas calles y plazas que rendirán homenaje a la Primera Vuelta al Mundo, que partió desde la ciudad en 1519, así como a la Hermandad de las Cigarreras.

Los nombres de estas nuevas vías serán Paseo Puerto de Indias, Jardines Nao Victoria, Muelle de las Mulas, Paseo Fernando de Magallanes, Plaza de las Cigarreras, Pasaje de Jesús Atado a la Columna, calle Circunnavegación, Cronista Antonio Pigafetta y Plaza de 1519.

Entre los inmuebles que se recuperarán en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis, se encuentra el edificio que albergaba las antiguas viviendas de los ingenieros de la fábrica de tabacos, un espacio que ha sido cedido al consistorio y que se destinará a equipamiento público de la ciudad. De esta manera, se pretende resolver el déficit de este tipo de infraestructuras para los vecinos del barrio de Los Remedios.

A su vez, los vecinos del barrio contarán con un espacio de más de mil metros cuadrados dentro del proyecto, con la zona conocida como Casas de Ingenieros que cuenta con 1.273 metros cuadrados, de los que el 75%, se destinarán a salas de usos múltiples para el disfrute directo del vecindario, como pueden ser salas de estudio, lectura y desarrollo de talleres socioculturales y compatible con otras actividades.

Por su parte, el 25% restante, albergará las oficinas del Distrito Los Remedios, de manera que trasladará hasta aquí su sede hasta ahora ubicada en República Argentina que se encontraba en régimen de alquiler sin ser de propiedad municipal. Además, la conocida como Casa del Guarda, con 226 metros cuadrados, acogerá una nueva comisaría de Policía Local y una oficina de las empresas municipales para la atención directa al ciudadano.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en el entorno de estos terrenos se ha acometido reurbanización en Juan Sebastián Elcano, unos trabajos que han conseguido hacer de esta calle un espacio más moderno, más funcional y más accesible, además del reasfaltado completo, renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento; aceras, zonas de aparcamiento, alumbrado público, plantación de nuevas especies de árboles y la construcción de un nuevo carril bici, que ha sustituido al que estaba ubicado en la calle Asunción.

La construcción de viviendas en Cantabria es un negocio en manos de promotoras de fuera de la comunidad. Según advierte un informe del Colegio de Aparejadores y Arquitectura Técnica de Cantabria, a tenor de los datos de identificación fiscal, más de cada tres viviendas nuevas están promovidas por empresas foráneas.

Un mercado que crece y que genera expectativas de negocio a nivel nacional, como constatan los datos que aporta este colectivo profesional que -consideran- que ponen de manifiesto “lo atractivo que resulta el mercado inmobiliario de Cantabria para los promotores de otras comunidades autónomas”.

En concreto, en el primer trimestre del año solo el 17% de las nuevas viviendas fueron construidas por empresas de Cantabria. En el segundo trimestre la estadística mejoró hasta el 28%. En suma, el 77,5% de todas las nuevas residencias han sido promovidas por sociedades de fuera de la comunidad.

En paralelo, mientras crecen las compra ventas de segunda mano también lo hace la construcción de nuevos inmuebles, especialmente las viviendas de protección oficial.

Para entender la situación actual hay que echar la vista atrás. Hace veinte años se construyeron en Cantabria 16.588 viviendas. 2006 fue precisamente el punto de inflexión de un mercado inmobiliario que, tras el golpe de la crisis, nunca se ha recuperado. Aquellas cifras históricas cayeron en picado: en dos años se hicieron diez mil menos. Hubo años especialmente duros para el negocio de la construcción en los que no se llegaba ni a las quinientas viviendas.

A partir de 2021 el mercado inmobiliario ha ido resucitando con prudencia hasta llegar a las 1.867, una cifra que no se veía desde 2010. Las perspectivas han mejorado este año. A mitad de 2026 ya se han levantado mil viviendas nuevas en Cantabria y el Colegio de Aparejadores estima que se podría cerrar el año superando las dos mil y mejorando, por tanto, los datos de 2025.

Este año ya se han construido 1.003 viviendas nuevas. 435 en el primer trimestre y un 30% más en el segundo: 568 viviendas de las cuales 470 son pisos y 98 casas unifamiliares aisladas. Dato que “confirma la tendencia positiva que el sector viene registrando desde el pasado año después de una década de cierta atonía”, explica el presidente de los aparejadores cántabros, José Manuel González.

Un esfuerzo inédito en 15 años por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner vivienda a disposición en la ciudad de Toledo.

Para los próximos meses o años estarán disponibles o comenzarán a construirse un total de 612 viviendas destinadas al alquiler “asequible” y hay previstas otras 231 viviendas más para la venta, prevista en dos parcelas reservadas a cooperativas de vivienda, y que en la actualidad se encuentran en periodo de licitación pública.

En pleno proceso para que ciudad pueda dotarse de un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), porque el que tiene vigente data, nada más y nada menos, que del año 1986, tras varios intentos de aprobar un nuevo planeamiento que ha sido tumbado en los últimos años en los tribunales.

El nuevo POM que se está preparando recoge una proyección de 17.000 nuevas viviendas en la ciudad (en un primer borrador se habla incluso de más de 31.000), aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de rebajar las expectativas de PP y Vox, y reduce esa necesidad a unas 7.656 hogares más para el año 2039, según ha avanzado Toledodiario.es. Para entonces, Toledo tendría más de 100.000 habitantes. Hoy cuenta con algo más de 87.000.

¿Cómo serán y dónde estarán las nuevas viviendas que se proyectan a corto plazo? Habrá 210 de alquiler asequible, que ya están en construcción, más otras 316 que se van a empezar a construir. A estas deberían añadirse otras 86 viviendas que están inacabadas y que finalmente se dedicarán al alquiler. En total, 612 viviendas.

A esas se sumarán 231 viviendas que se pondrán a la venta, a través de cooperativas.

En septiembre, más obras en el barrio del Polígono

Una de las promociones que empezará a ver a luz ahora es la que corresponde a las 316 viviendas de alquiler asequible previstas en la calle Río Fresnedoso del barrio del Polígono de Toledo. Las obras comenzarán en septiembre, según ha avanzado el director gerente de la empresa pública Gicaman, Roberto Cámara García.

La previsión supone adelantar el inicio respecto a las últimas fechas manejadas por el Gobierno regional, que situaban el comienzo de esta promoción, considerada por la Junta como “la joya de la corona”, a finales de este año.

La promoción, destinada al alquiler “asequible”, fue adjudicada a Clibeal 2030 S.L. (AR Rehabilitación-Sánchez Horneros) después de que la licitación quedase desierta en dos ocasiones. El proyecto cuenta con licencia de obras desde el 13 de mayo de 2025 y contempla un presupuesto estimado de 42,5 millones de euros, con una ayuda máxima de 15,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El desbloqueo de esta actuación ha estado ligado a la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla una inversión de hasta 7.000 millones de euros y que, según ha defendido la Junta, permitirá completar la financiación necesaria para poner en marcha la promoción.

El plan estatal prevé que el 40% de sus recursos se destinen a ampliar la oferta de vivienda, mediante nueva construcción o adquisición de viviendas que se incorporen al parque protegido. Incluye además medidas para favorecer el alquiler asequible, la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética, así como ayudas específicas para vivienda en municipios rurales.

Con el inicio de las obras de las 316 viviendas, el Gobierno regional avanza en el despliegue de varias promociones de vivienda protegida en el Polígono. Las otras dos ya están en construcción y acumulan 210 viviendas, aunque ambas han superado el plazo inicialmente previsto para su finalización, fijado en el 30 de junio.

Roberto Cámara ha señalado que la previsión actual es que las 86 viviendas de la calle Río Cabriel terminen en septiembre, mientras que las 124 viviendas del paseo doctor Gregorio Marañón concluirán entre febrero y marzo.

Este último bloque de pisos fue adjudicado a Real Estate Adi 2 S.L., del Grupo Avintia, y obtuvo licencia de obra el 29 de octubre de 2024. La promoción cuenta con una inversión empresarial de unos 12,7 millones de euros y una subvención de la Junta de 6,16 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El precio previsto se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado, con una mensualidad aproximada de 550 euros, a la que habría que sumar los gastos de comunidad y otros tributos repercutibles. La Junta ha señalado que el alquiler final no superará los 700 euros mensuales.

Por su parte, las 86 viviendas de la calle Río Cabriel fueron adjudicadas a ACH Ventura Sport S.L., después de que Avintia renunciase a ejecutar la promoción. La licencia se concedió el 25 de febrero de 2025 y la obra también tenía como fecha límite inicial el pasado 30 de junio.

La actuación cuenta con una inversión de 11,4 millones de euros, de los que más de 4,2 millones proceden del Gobierno de España a través de los fondos europeos Next Generation. El alquiler máximo también se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado y la Junta ha estimado una mensualidad de alrededor de 646 euros, incluyendo garaje y trastero, a la que podrían añadirse gastos de comunidad e impuestos.

Otra promoción inacabada y dos más para la venta

Además de las citadas, también hay otra promoción inacabada de 86 viviendas públicas en la calle del Río Valdemarías -cuya licitación para una empresa pueda finalizarla quedó desierta a principios de año-, frente al bloque de 86 de la calle Río Cabriel en construcción. Según la licitación fallida, Gicaman las destinaría también al alquiler.

De otro lado, hay dos parcelas en licitación -cedidas por la Junta a Gicaman- para construir en ellas un total de 231 viviendas protegidas, en régimen de precio tasado (VPT). Ambas se ubican en la avenida Río Boladiez y se licitan por un montante global de 4.282.648,64 euros. Tendrán que estar terminadas en el plazo máximo de cuatros años.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado este miércoles los detalles del convenio de colaboración suscrito por el Ejecutivo autonómico con la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral ASPACE Rioja, representada en el acto por su presidenta, Manuela Muro, y el director gerente, Javier Ruiz de Gopegui. Un convenio que permitirá dar el primer paso para la construcción en Logroño de una nueva residencia destinada a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Un nuevo recurso residencial especializado en Logroño de 2.182 m²

La futura residencia se construirá en la calle Poeta Prudencio número 11 de Logroño, sobre una parcela de uso dotacional de 1.587,77 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento de Logroño y cuyo uso tiene concedido ASPACE Rioja para desarrollar este proyecto. La propuesta, que ha detallado en la presentación Javier Ruiz de Gopegui, contempla un edificio con aproximadamente 2.812 metros cuadrados construidos, distribuidos entre sótano, planta baja, primera y segunda planta y un espacio bajo cubierta, además de alrededor de 1.065 metros cuadrados de urbanización exterior.

El centro dispondrá de servicios comunes y unidades convivenciales hasta alcanzar las 30 plazas previstas. Su configuración responderá a un modelo dirigido a favorecer una atención personalizada y, al mismo tiempo, promover el desarrollo personal, la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas usuarias.

El nuevo recurso residencial de esta organización, que se sumará a la Casa Residencia, ubicada en la calle Juan Lobo, y a las cuatro viviendas de Avenida Zaragoza, ambas en la capital riojana y que ofertan un modelo de convivencia en grupos más reducidos, también albergará al equipo de profesionales que preste los apoyos necesarios a las personas que vivan en la residencia. Según las previsiones que se manejan, podrían suponer una plantilla de hasta 40 profesionales.

ASPACE Rioja, que la actualidad atiende a 349 personas, se encargará de la redacción del proyecto arquitectónico, así como de las actuaciones necesarias para hacer viable su posterior ejecución. Se prevé que en 2007 comience la obra para que la residencia esté en funcionamiento en 2029, ha apuntado Capellán.

Además ha dicho que, “con este convenio ratificamos el compromiso para seguir mejorando el bienestar y la autonomía personal de estas personas y sus familias. Con el salto cualitativo que hoy damos vamos prácticamente a duplicar la capacidad de recursos residenciales que tiene ASPACE. Estamos hablando de más de 500 personas en nuestra Comunidad Autónoma, aproximadamente el 70 por ciento de ellas atendidas y apoyadas por ASPACE Rioja en una labor que nunca nos cansaremos de agradecer a todo el colectivo y a la asociación”.

Del mismo modo, ha enfatizado que, de esas personas, el 25 por ciento, 124 actualmente, tienen más de 60 años. Fruto de esa calidad de vida, de esa atención y de la mejora permanente de sus condiciones, llega un punto crítico para las familias que precisan de un apoyo indispensable, que aporta tranquilidad, la paz y la seguridad de que sus familiares van a estar completamente atendidos para desarrollar su proyecto de vida personal.

Por su parte, la presidenta de ASPACE Rioja, Manuela Muro, ha mostrado su emoción por un paso decisivo para un proyecto largamente esperado y ha insistido en la necesidad de seguir ofreciendo la mejor atención temprana para estas personas y sus familias, “que es el arranque y la mejor inversión para el futuro”. Muro ha agradecido la empatía, el interés y la cercanía del Ejecutivo autonómico para colaborar en la prestación de los servicios que se prestan a estar personas. “El envejecimiento de las personas con parálisis cerebral y sus familias demandaban esta residencia y este modelo residencial que estamos implantando, por eso hoy solo podemos agradecer mucho que el anuncio del presidente se haya materializado y hoy arranque”.

Contratemps judicial per al Consell que presideix Juan Francisco Pérez Llorca. El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat les al·legacions presentades per l'Advocacia de la Generalitat contra la suspensió cautelar de l'article 17 i de la disposició final primera de la Llei de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana aprovada al maig del passat any.

La resolució de l'alt tribunal publicada aquest dilluns en el Boletín Oficial del Estado (BOE) conclou que s'ha de mantindre la dita suspensió fins que hi haja un pronunciament definitiu sobre la inconstitucionalitat dels articles esmentats, ja que, en cas contrari, podrien ocasionar-se perjudicis “d'impossible o difícil reparació”. Per contra, accepta l'al·legació de la Generalitat i valida la disposició addicional quarta sobre la creació d'inventaris d'espais degradats.

Com va informar elDiario.es, el passat mes de febrer l'Advocacia de l'Estat va portar al TC aquestos preceptes de la normativa valenciana en entendre que envaïen competències estatals en matèria de protecció de la costa. En admetre's a tràmit el recurs un mes després, els articles impugnats van quedar suspesos cautelarment. Contra la suspensió cautelar d'estos van recórrer la representació legal de la Generalitat i de les Corts Valencianes.

L'article 17 de la Llei de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana que continuarà suspés estableix que “la Generalitat Valenciana, amb la sol·licitud prèvia de l'ajuntament en què radiquen o d'ofici, o a instància de la persona interessada, podrà declarar nuclis urbans amb especials valors etnològics aquells conjunts d'edificacions residencials, comercials o vinculats a activitats econòmiques tradicionals” que complisquen una sèrie de característiques.

Als nuclis declarats d'aquesta manera els associa un règim específic de protecció, mitjançant la possible aprovació de plans especials destinats a garantir-ne la conservació; preveu l'impuls de convenis amb l'Estat quan radiquen en el domini públic marítim-terrestre i disposa que, en tal cas, la Generalitat durà a terme els estudis pertinents per a determinar si els béns conserven o no les característiques pròpies del demani, i podrà instar, si és el cas, la seua desafectació conforme a la legislació de costes.

D'aquesta manera, la Conselleria de Medi Ambient que dirigeix el vicepresident Vicente Martínez Mus va crear un marc de protecció per a immobles situats fora d'ordenació, la qual cosa xocava per tant amb la Llei de Costes.

Quant a la disposició final primera que també es manté suspesa, incorpora aquesta nova categoria a la Llei 4/1998, de 11 de juny, del patrimoni cultural valencià, i disposa que tals nuclis es regiran, a més de per la dita llei, per les previsions de la mateixa Llei 3/2025.

En la seua ponència, el Constitucional acorda el manteniment de la suspensió cautelar de tots dos preceptes en considerar que, en cas contrari, podrien generar-se “perjudicis d'impossible o difícil reparació per al demani i per als interessos ambientals la protecció dels quals ha sigut reiteradament considerada prevalent per aquest tribunal” i afegeix: “Aquesta protecció adquireix una especial intensitat quan les normes impugnades incideixen sobre el domini públic marítim-terrestre i la zona de servitud de protecció, la regulació de la qual respon a l'obligació que incumbeix al legislador estatal de preservar la integritat física i jurídica del demani, garantir-ne l'ús públic i salvaguardar-ne els valors naturals i paisatgístics”.

En el cas de l'articulat impugnat, “l'aplicació de la doctrina exposada condueix a apreciar que concorren els perjudicis al·legats per l'advocat de l'Estat respecte de l'article 17 i de la disposició final primera”.

Segons la resolució del TC, “la nota informativa elaborada per la Direcció General de la Costa i del Mar aporta un exemple concret d'aquesta incidència respecte de l'enclavament de la platja de Babilonia (Guardamar del Segura), espai integrat en la Xarxa Natura 2000 sobre el qual l'administració de l'Estat havia desenvolupat actuacions dirigides a la recuperació del domini públic marítim-terrestre”.

De la documentació aportada es desprén que “les concessions administratives que emparaven l'ocupació d'eixos habitatges van ser extingides; l'administració de l'Estat va acordar la seua demolició per raons de protecció ambiental i de seguretat; tals decisions van ser confirmades per la jurisdicció contenciosa administrativa i les actuacions dirigides a la seua execució, que passaven per la demolició, es trobaven ja en curs”.

El mateix informe posa de relleu que, després de l'entrada en vigor de la Llei 3/2025, “la Conselleria competent va adoptar mesures cautelars de protecció respecte d'eixe enclavament i va comunicar posteriorment al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic l'admissió a tràmit de la sol·licitud de declaració de la platja de Babilonia com a nucli urbà d'especial valor etnològic, a l'empara del règim previst en l'art. 17 de la Llei 3/2025. Afegeix igualment que, en eixe context, les demolicions previstes no van arribar a iniciar-se en la data programada”.

Així, “la documentació aportada permet apreciar que l'aplicació del règim jurídic establit per l'article 17 ha tingut ja incidència efectiva sobre actuacions estatals de protecció i regeneració del domini públic marítim-terrestre, mentre es manté mentrestant la situació de degradació ambiental descrita en l'informe”, motiu pel qual procedeix mantindre la suspensió cautelar.

Revés judicial para el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca. El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado las alegaciones presentadas por la Abogacía de la Generalitat contra la suspensión cautelar del artículo 17 y de la disposición final primera de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana aprobada en mayo del pasado año.

El fallo del alto tribunal publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) concluye que debe mantenerse la mencionada suspensión hasta que haya un pronunciamiento definitivo sobre la inconstitucionalidad de los mencionados artículos ya que, de lo contrario, podrían ocasionarse perjuicios “de imposible o difícil reparación”. Por el contrario, acepta la alegación de la Generalitat y valida la disposición adicional cuarta sobre creación de inventarios de espacios degradados.

Como informó elDiario.es, el pasado mes de febrero la Abogacía del Estado llevó al TC estos preceptos de la normativa valenciana al entender que invadían competencias estatales en materia de protección de la costa. Al admitirse a trámite el recurso un mes después, los artículos impugnados quedaron suspendidos cautelarmente. Contra la suspensión cautelar de los mismos recurrieron la representación legal de la Generalitat y de las Corts Valencianes.

El artículo 17 de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana que seguirá suspendido establece que “la Generalitat Valenciana, previa solicitud del ayuntamiento en el que radiquen o de oficio, o a instancia del interesado, podrá declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales” que cumplan una serie de características.

A los núcleos así declarados les anuda un régimen específico de protección, mediante la posible aprobación de planes especiales destinados a garantizar su conservación; prevé el impulso de convenios con el Estado cuando radiquen en el dominio público marítimo-terrestre y dispone que, en tal caso, la Generalitat llevará a cabo los estudios pertinentes para determinar si los bienes conservan o no las características propias del demanio, pudiendo instar, en su caso, su desafectación conforme a la legislación de costas.

De esta forma, la Conselleria de Medio Ambiente que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus creó un marco de protección para inmuebles situados fuera de ordenación, chocando por lo tanto con la Ley de Costas.

En cuanto a la disposición final primera que también se mantiene suspendida, incorpora esta nueva categoría a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, y dispone que tales núcleos se regirán, además de por dicha ley, por las previsiones de la propia Ley 3/2025.

En su ponencia, el Constitucional acuerda el mantenimiento de la suspensión cautelar de ambos preceptos al considerar que de lo contrario podrían generarse “perjuicios de imposible o difícil reparación para el demanio y para los intereses ambientales cuya protección ha sido reiteradamente considerada prevalente por este tribunal” y añade: “Esta protección adquiere una especial intensidad cuando las normas impugnadas inciden sobre el dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre de protección, cuya regulación responde a la obligación que incumbe al legislador estatal de preservar la integridad física y jurídica del demanio, garantizar su uso público y salvaguardar sus valores naturales y paisajísticos”.

En el caso del articulado impugnado, “la aplicación de la doctrina expuesta conduce a apreciar que concurren los perjuicios alegados por el abogado del Estado respecto del artículo 17 y de la disposición final primera”.

Según la resolución del TC, “la nota informativa elaborada por la Dirección General de la Costa y del Mar aporta un ejemplo concreto de dicha incidencia respecto del enclave de la playa de Babilonia (Guardamar del Segura), espacio integrado en la Red Natura 2000 sobre el que la administración del Estado había venido desarrollando actuaciones dirigidas a la recuperación del dominio público marítimo-terrestre”.

De la documentación aportada se desprende que “las concesiones administrativas que amparaban la ocupación de dichas viviendas fueron extinguidas; la administración del Estado acordó su demolición por razones de protección ambiental y de seguridad; tales decisiones fueron confirmadas por la jurisdicción contencioso-administrativa y las actuaciones dirigidas a su ejecución, que pasaban por la demolición, se encontraban ya en curso”.

El mismo informe pone de relieve que, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2025, “la Conselleria competente adoptó medidas cautelares de protección respecto de dicho enclave y comunicó posteriormente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la admisión a trámite de la solicitud de declaración de la playa de Babilonia como núcleo urbano de especial valor etnológico, al amparo del régimen previsto en el art. 17 de la Ley 3/2025. Añade igualmente que, en ese contexto, las demoliciones previstas no llegaron a iniciarse en la fecha programada”.

Así, “la documentación aportada permite apreciar que la aplicación del régimen jurídico establecido por el artículo 17 ha tenido ya incidencia efectiva sobre actuaciones estatales de protección y regeneración del dominio público marítimo-terrestre, permaneciendo entretanto la situación de degradación ambiental descrita en el informe”, motivo por el que procede mantener la suspensión cautelar.

BBVA Research prevé que la demanda de vivienda continúe sustentada por unos tipos de interés relativamente bajos, el crecimiento del empleo y de los salarios reales, además de una intensa creación de hogares impulsada por la inmigración y el mantenimiento de una demanda extranjera relevante.

Sin embargo, estos factores no serán suficientes para sostener el volumen de compraventas debido a la persistente falta de vivienda disponible, según un informe publicado por la entidad financiera.

Tras una evolución más débil de lo previsto durante los primeros meses del año, BBVA Research ha revisado la previsión de ventas para 2026 hasta una caída del 7,3%.

El informe señala que el fuerte aumento de los precios y la limitada disponibilidad de viviendas moderarán la actividad del mercado, aunque las compraventas seguirán situándose en niveles históricamente elevados.

Para 2027 se espera una recuperación moderada, con un incremento del 0,6%, que situaría las operaciones ligeramente por encima de las 700.000 viviendas.

La construcción aumentará, pero seguirá siendo insuficiente

La oferta residencial continuará creciendo durante los próximos dos años. BBVA Research prevé que los visados de obra nueva aumenten un 10,1% en 2026 y un 12,6% en 2027, mientras que las viviendas iniciadas pasarán de 139.000 en 2025 a 153.000 en 2026 y 170.000 en 2027.

Este incremento impulsará la inversión en construcción residencial hasta el 5,7% del PIB en 2026 y el 6,0% en 2027.

No obstante, este ritmo de producción seguirá siendo claramente inferior al crecimiento de los hogares, estimado en 223.000 en 2026 y 217.000 en 2027.

Como consecuencia, el déficit de vivienda continuará aumentando y alcanzará unas 885.000 viviendas en 2027, concentrándose especialmente en las áreas con mayor presión de la demanda.

El desequilibrio entre oferta y demanda seguirá impulsando precios

La escasez de vivienda continuará siendo el principal factor que explique la evolución del mercado residencial. BBVA Research prevé que la combinación de una demanda sólida y una oferta insuficiente seguirá presionando al alza los precios de la vivienda.

El déficit de vivienda continuará aumentando y alcanzará unas 885.000 viviendas en 2027, concentrándose especialmente en las áreas con mayor presión de la demanda

En este contexto, el precio de la vivienda crecerá un 12,0% en 2026 y un 5,7% en 2027, según las estimaciones de los analistas.

El informe también advierte de que las tensiones comerciales internacionales representan un riesgo adicional, ya que un eventual encarecimiento de los materiales de construcción podría retrasar la respuesta de la oferta y reducir la viabilidad de algunos proyectos residenciales.

El Plan Estatal mejora el diseño de la política de vivienda

El informe valora positivamente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, destacando la mayor dotación presupuestaria, la apuesta por consolidar un parque público permanente de vivienda y las medidas dirigidas a impulsar la industrialización, la urbanización de suelo y la transparencia del mercado.

Sin embargo, BBVA Research considera que estos avances no serán suficientes para corregir el déficit acumulado de vivienda. El estudio señala que los recursos previstos siguen siendo limitados frente a un déficit estimado de unas 700.000 viviendas en 2025, y recuerda que persisten los principales obstáculos para incrementar la oferta, como la escasez de suelo finalista, la falta de mano de obra, la incertidumbre regulatoria y la complejidad de los procesos urbanísticos.

Además, la efectividad del Plan dependerá de la coordinación entre administraciones y de su capacidad para movilizar inversión privada.

La red eléctrica, otro reto para la construcción residencial

BBVA Research identifica la disponibilidad de capacidad en la red eléctrica como un factor que puede estar limitando el desarrollo residencial en algunas zonas. La ampliación de la red en grandes desarrollos urbanísticos puede requerir entre cinco y ocho años, mientras que más de 80.000 viviendas previstas dependen actualmente de nuevas infraestructuras eléctricas.

El estudio señala que el 88% de los nudos de distribución dispone de menos de un megavatio de capacidad libre, lo que limita la conexión de nuevos proyectos residenciales de cierta dimensión.

Ante el avance de la electrificación de la economía, BBVA Research propone acelerar la inversión en redes eléctricas, mejorar la coordinación entre planificación urbanística y energética, optimizar la asignación de capacidad disponible e impulsar el almacenamiento y la flexibilidad del sistema para evitar que esta restricción ralentice aún más la construcción de vivienda.

Las cuadrillas han dejado atrás el montaje del armazón y ahora concentran su trabajo en cerrar la fachada y completar las instalaciones centrales del edificio. Ese cambio de fase confirma que la estructura principal ya ha alcanzado su altura definitiva y que la obra entra en el tramo previo a su entrega. Atlassian Central, en Sídney, se ha convertido así en la torre híbrida de madera más alta del mundo, con más de 180 metros y 39 plantas.

El nuevo rascacielos supera ampliamente el anterior récord mundial

El proyecto, promovido por Atlassian y Dexus, rebasa por cerca de 100 metros a la torre Ascent de Milwaukee, que mantenía el récord con 86,6 metros y 25 plantas. La nueva sede australiana de Atlassian, cuya finalización está prevista para finales de 2026, eleva la construcción con madera estructural hasta una escala que normalmente exige edificios de acero y hormigón.

SHoP Architects y BVN Architecture, con la participación de Eckersley O'Callaghan, han planteado un sistema híbrido en el que los forjados y los espacios interiores de madera maciza descansan sobre núcleos de hormigón y quedan envueltos por un exoesqueleto de acero.

El reparto permite reducir el peso total y el carbono incorporado, mientras los materiales de mayor resistencia cubren las exigencias de estabilidad de un rascacielos comercial. Peter Titmuss, socio de BVN Architecture, vinculó este sistema con una obra más rápida y ligera porque “la madera maciza híbrida ha permitido la prefabricación, la construcción en seco y un desarrollo vertical más ágil”.

Siete grandes plataformas estructurales, colocadas cada cuatro plantas, dividen el edificio en ámbitos de trabajo interconectados que el equipo denomina hábitats. Cada grupo reúne oficinas con atrios de varias alturas y zonas ajardinadas elevadas, mientras otras áreas reciben luz natural y aire fresco.

Los espacios climatizados se abren hacia franjas con ventilación natural, de modo que la temperatura y el grado de cerramiento cambian dentro de cada conjunto. Andreia Teixeira, socia adjunta de SHoP Architects, relacionó esa organización con otra forma de trabajar porque “el edificio conecta a las personas entre sí, con la naturaleza y con la ciudad que las rodea”.

La construcción ha exigido coordinar unos 10.000 metros cúbicos de madera procedente de Austria con 8.000 toneladas de acero estructural durante una secuencia vertical muy precisa. El proyecto incorpora también 30.000 metros cúbicos de hormigón de menor impacto.

Built, contratista australiano que dirige las obras junto a Obayashi Corporation, montó primero una versión virtual de la estructura para ordenar cada fase antes de intervenir sobre el solar. Marco Rossi, presidente ejecutivo, consejero delegado y fundador de Built, explicó que esa preparación permitió secuenciar uno de los proyectos más complejos del país mucho antes del inicio de los trabajos como tal.

El edificio ocupa 75.000 metros cuadrados junto a la estación Central de Sídney y se levanta sobre The Parcels Shed, un inmueble histórico usado primero para recibir paquetes y convertido después en albergue juvenil. Los arquitectos han incorporado esa construcción a los niveles inferiores, evitando que la nueva sede borre por completo la historia previa del enclave. Esa decisión coloca la torre contemporánea sobre una pieza conservada de la infraestructura ferroviaria de la ciudad.

Los promotores presentan el edificio como un modelo para el futuro

Atlassian Central pretende generar un 50% menos de emisiones durante la fabricación de los materiales y la construcción que una torre de oficinas convencional de categoría alta. Una vez en funcionamiento, también consumirá un 50% menos de energía que un edificio de referencia con cinco estrellas NABERS, el sistema australiano que evalúa la eficiencia energética de los inmuebles. Además, funcionará únicamente con energía renovable y prescindirá de los combustibles fósiles desde el día de su apertura.

Ross Du Vernet, consejero delegado y director general de Dexus, ha defendido que el proyecto debe reducir emisiones y favorecer el bienestar sin rebajar las exigencias de inversores y grandes arrendatarios. Mike Cannon-Brookes, consejero delegado y cofundador de Atlassian, describió la sede como una plataforma capaz de aprender y adaptarse en tiempo real, una ambición que convierte el edificio en una prueba sobre hasta dónde puede llegar este modelo en las ciudades densas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública GICAMAN, ha licitado tres parcelas de titularidad pública en Toledo y Azuqueca de Henares (Guadalajara) para promover la construcción de hasta 403 viviendas.

Las actuaciones permitirán desarrollar hasta 231 viviendas de precio tasado mediante cooperativas en Toledo y hasta 172 viviendas protegidas (VPO) en Azuqueca de Henares.

Las convocatorias para la enajenación de estos suelos se publicarán mañana, 31 de julio, en la página web de GICAMAN y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En el caso de Azuqueca de Henares, también se difundirá a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento del municipio. La adjudicación se realizará mediante concurso público.

En Toledo, las actuaciones contemplan la enajenación de dos parcelas ubicadas en la IV Fase del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia: la parcela RP-2 (35-BIS), situada en la Avenida Río Boladiez número 2, que permitirá desarrollar hasta 141 viviendas de precio tasado; y la parcela 53, ubicada en la Avenida Río Boladíez número 64, que contará con capacidad para hasta 90 viviendas de precio tasado promovidas mediante cooperativas. Ambas suman una edificabilidad máxima de 26.040 metros cuadrados.

Por su parte, en Azuqueca de Henares se licita la parcela residencial VC-12, situada en el Paseo Bulevar del Deporte número 4. El suelo dispone de una superficie de 6.081 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.543,44 metros cuadrados, lo que permitirá la construcción de hasta 172 viviendas colectivas de protección oficial en régimen de compraventa.

Se valorará la eficiencia energética y la accesibilidad

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas convocatorias.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de GICAMAN, Silvia López, ha subrayado que “estas actuaciones forman parte de la estrategia regional para movilizar suelo público y ampliar la oferta de vivienda en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, ha destacado que “los concursos valorarán aspectos como la calidad arquitectónica y constructiva de los proyectos, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la accesibilidad, la incorporación de sistemas innovadores de construcción y aquellas propuestas que contribuyan a mejorar la asequibilidad de las viviendas para sus futuros propietarios”.

La responsable de GICAMAN ha asegurado que “con estas dos nuevas licitaciones, GICAMAN continúa avanzando en la movilización de suelo público para el desarrollo de vivienda asequible en Castilla-La Mancha, impulsando fórmulas que permitan ampliar la oferta residencial y dar respuesta a la creciente demanda existente en la ciudad de Toledo”.

La Junta de Gobierno Local de Logroño ha aprobado un protocolo de actuación para proteger y conservar el arbolado municipal cuando este pueda verse afectado por la ejecución de proyectos de obras, tanto públicos como privados.

El nuevo protocolo parte de la importancia del arbolado urbano para la calidad ambiental de Logroño. Además de su valor estético, paisajístico y patrimonial, los árboles contribuyen a reducir las temperaturas, disminuir la presencia de contaminantes atmosféricos, conservar el agua, reducir la erosión del suelo y limitar la contaminación acústica.

A partir de ahora, cualquier obra pública o privada en la que las operaciones de construcción o el paso de vehículos y maquinaria se desarrollaran en terrenos próximos a elementos vegetales susceptibles de sufrir daños deberá contemplar medidas específicas de protección antes del inicio de la actividad.

Para ello, los proyectos deberán incorporar un documento técnico de protección del arbolado en el que se recoja la situación de los ejemplares existentes antes de la redacción del proyecto, así como las nuevas plantaciones previstas, con indicación de las especies, el número de unidades y sus calibres, además del calendario previsto para llevarlas a cabo.

El protocolo también cuenta con la designaón de ciuón técnico responsable de ejecutar estas medidas y desarrollar el corresponiendte plan de vigilancia. Esta persona será, además, el interlocutor ante el Servicio de Zonas Verdes del Ayuntamiento.

Para tomar estas decisiones se tendrán en cuenta distintos factores, entre ellos el valor histórico, estético y cultural del ejemplar, la especie y su edad, la épocas más adecuada para realizar el trasplante, su estado de salud, verticalidad y vigor, así como los costes asociados a la operación.

Los ejemplares catalogados como singulares no podrán ser trasplantados. En estos casos, su conservación deberá ser prioritaria dentro de la planificación de los trabajos.

Por último, será el promotor de la obra quien deberá asumir la responsabilidad de llevar a cabo las labores de mantenimiento establecidadéc en el documento tnéico de protección del arbolado.

La intersección de Vara de Rey con Pérez Galdós será objeto de una actuación integral que permitirá, según ha defendido el Equipo de Gobierno, “mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la conexión de esta zona de Logroño con San Antón, el centro intergeneracional de La Antigua Estación, la futura intervención en la calle Belchite y la nueva estación intermodal”.

El proyecto, presentado por los concejales de Urbanismo y Movilidad, Íñigo López-Aranquistáin y Ángel Andrés, trata de una intervención que “ordena, conecta y mejora el entorno” y que permitirá llevar a cabo una “actuación urbana completa con mejoras en seguridad vial y accesibilidad, la incorporación de nuevos espacios verdes y una mayor conexión entre diferentes puntos de la zona”.

López-Araquistáin ha recordado que, la remodelación de esta intersección ya estaba contemplada en el Plan de Infraestructuras aprobado por unanimidad en el Pleno municipal en 2013, donde figuraba como unas de las actuaciones prioritarias. El documento, según ha señalado, contó con la participación y el apoyo de los grupos políticos, las asociaciones vecinales y diferentes agentes sociales, y fue publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Más árboles, nuevas redes y alumbrado LED

Asimismo este proyecto contempla la incorporación de más verde urbano. Se mantendrá el roble existente y se plantarán nuevos árboles, al tiempo que se renovarán y modernizarán las redes de abastecimiento y el saneamiento para mejorar la recogida de aguas pluviales.

La actuación sustituye un cruce complejo con una glorieta de 35 metros de diámetro exterior y 14 metros de interior, se remodelan cinco pasos peatonales eliminando barreras, adecuando pendientes, incorporando pavimentos táctiles y direccionales. Se crea una plataforma elevada en Pérez Galdós con San Antón para reducir la velocidad del tráfico. “Se mejorará la fluidez del tráfico y por tanto se reducirán emisiones y se mejorará la sostenibilidad del entorno”, ha señalado Ángel Andrés.

Además, se renovarán y modernizarán las redes de abastecimiento, el saneamiento en la recogida de aguas pluviales y se sustituirá el alumbrado público existente por tecnología LED. Los concejales han avanzado que, a partir de la próxima semana, en el centro de La Antigua Estación los ciudadanos podrán ver las imágenes de cómo quedará el entorno tras la actuación que se va a llevar a cabo.

Vecinos divididos por la glorieta

La construcción de la nueva glorieta no cuenta con un respaldo unánime entre el vecindario. Mientras que el Ayuntamiento defiende que el proyecto responde a una petición “mayoritaria y consensuada de los vecinos y comerciantes de la zona”, el Foro Social de La Rioja y otros colectivos mantienen su oposición a la actuación y han impulsado movilizaciones para intentar paralizar su construcción.

Los colectivos contrarios al proyecto cuestionan la intervención y alertan de sus posibles efectos sobre el tráfico, el ruido y la contaminación en el entorno. También han mostrado su desacuerdo con la actuación y han reclamado que se paralice el proyecto, poniendo en duda que exista un consenso vecinal en torno a la construcción de la nueva glorieta.

El Ayuntamiento sostiene que ha mantenido “numerosas reuniones desde hace meses con vecinos, asociaciones vecinales y comerciantes” y defiende que la intervención permitirá mejorar la fluidez del tráfico, reducir los atascos y favorecer la sostenibilidad del entorno.

El aumento de los costes de construcción y la licitación de obras por parte de las administraciones por debajo de los precios de mercado ha provocado que 322 obras hayan quedado desiertas en Canarias entre 2025 y junio de este 2026, según la patronal de constructoras de Las Palmas (AECP).

La organización ha especificado que estas obras que han quedado desiertas en los procesos de licitación suponen una inversión de 456,66 millones de euros que se han quedado sin movilizar, por lo que ha instado a las administraciones a que adopten las medidas correctoras necesarias para evitarlo.

Según la conclusión de la patronal, el aumento de costes hace inviables obras ya en curso y “atenaza a las empresas por la inestabilidad económica y la situación geopolítica, lo que las obliga a abstenerse de acudir a las licitaciones, o abandonar las obras sin que las administraciones públicas adopten medidas al respecto”.

Y esa actitud, han alertado, no se corrige, más bien al contrario: Solo en junio de este año, el valor de las obras que han quedado desiertas supera en un 32 % el importe total de los proyectos que se licitaron sin éxito en todo 2025: pasó de 197,47 millones de euros a 259,19 millones de euros.

La AECP ha advertido además de que el sistema se pervierte “a zancadas gigantes” porque en el resto de las obras se está produciendo un vacío de licitadores, acudiendo un sólo licitador en el 36 % de los casos, lo que a juicio de la patronal “pone en riesgo la concurrencia competitiva y la fortaleza del tejido productivo”.

“Lo lamentable es que las Administraciones Públicas, además, 'se jacten' cuando esto último ocurre”, ha denunciado la patronal, quien ha agregado que esta situación ha sido advertida a las administraciones por escrito, sin que estas hayan puesto remedio.

Y ha abundado en que la huida hacia delante y “la soberbia” de las administraciones públicas termina adjudicando la obra a una empresa pública, que terminará cobrando unas tarifas por ella misma impuestas y que resultarán muy por encima del precio al que se licitó.

“Hacemos un llamamiento a la cordura, hacemos un llamamiento a la conciencia y responsabilidad pública para que depongan su actitud pues cuando una administración pública actúa ignorando la realidad, e incluso la ley de forma caprichosa, en ocasiones puede tratarse de arbitrariedad, pero si profundizáramos en ello, esa actitud podría tener denominaciones más comprometidas”, ha criticado la AECP.

Por ello, ha apelado a las administraciones públicas a que aborden este problema “de manera urgente, técnicamente solvente y políticamente responsable”.

En todo 2025, los ayuntamientos licitaron proyectos que quedaron desiertos por valor de 74,194 millones de euros, mientras que los Cabildos lo hicieron por importe de 41,3 millones de euros y el Gobierno de Canarias, por 46,739 millones de euros.

En el caso de junio de 2026, fueron los Cabildos insulares los que incrementaron considerablemente el valor de las licitaciones que quedaron desiertas, hasta los 171,594 millones de euros en 16 obras, seguidos por el Gobierno de Canarias, con 58,598 millones de euros y los ayuntamientos isleños, por 28,054 millones de euros.