Un esfuerzo inédito en 15 años por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner vivienda a disposición en la ciudad de Toledo.

Para los próximos meses o años estarán disponibles o comenzarán a construirse un total de 612 viviendas destinadas al alquiler “asequible” y hay previstas otras 231 viviendas más para la venta, prevista en dos parcelas reservadas a cooperativas de vivienda, y que en la actualidad se encuentran en periodo de licitación pública.

En pleno proceso para que ciudad pueda dotarse de un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), porque el que tiene vigente data, nada más y nada menos, que del año 1986, tras varios intentos de aprobar un nuevo planeamiento que ha sido tumbado en los últimos años en los tribunales.

El nuevo POM que se está preparando recoge una proyección de 17.000 nuevas viviendas en la ciudad (en un primer borrador se habla incluso de más de 31.000), aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de rebajar las expectativas de PP y Vox, y reduce esa necesidad a unas 7.656 hogares más para el año 2039, según ha avanzado Toledodiario.es. Para entonces, Toledo tendría más de 100.000 habitantes. Hoy cuenta con algo más de 87.000.

¿Cómo serán y dónde estarán las nuevas viviendas que se proyectan a corto plazo? Habrá 210 de alquiler asequible, que ya están en construcción, más otras 316 que se van a empezar a construir. A estas deberían añadirse otras 86 viviendas que están inacabadas y que finalmente se dedicarán al alquiler. En total, 612 viviendas.

A esas se sumarán 231 viviendas que se pondrán a la venta, a través de cooperativas.

En septiembre, más obras en el barrio del Polígono

Una de las promociones que empezará a ver a luz ahora es la que corresponde a las 316 viviendas de alquiler asequible previstas en la calle Río Fresnedoso del barrio del Polígono de Toledo. Las obras comenzarán en septiembre, según ha avanzado el director gerente de la empresa pública Gicaman, Roberto Cámara García.

La previsión supone adelantar el inicio respecto a las últimas fechas manejadas por el Gobierno regional, que situaban el comienzo de esta promoción, considerada por la Junta como “la joya de la corona”, a finales de este año.

La promoción, destinada al alquiler “asequible”, fue adjudicada a Clibeal 2030 S.L. (AR Rehabilitación-Sánchez Horneros) después de que la licitación quedase desierta en dos ocasiones. El proyecto cuenta con licencia de obras desde el 13 de mayo de 2025 y contempla un presupuesto estimado de 42,5 millones de euros, con una ayuda máxima de 15,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El desbloqueo de esta actuación ha estado ligado a la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla una inversión de hasta 7.000 millones de euros y que, según ha defendido la Junta, permitirá completar la financiación necesaria para poner en marcha la promoción.

El plan estatal prevé que el 40% de sus recursos se destinen a ampliar la oferta de vivienda, mediante nueva construcción o adquisición de viviendas que se incorporen al parque protegido. Incluye además medidas para favorecer el alquiler asequible, la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética, así como ayudas específicas para vivienda en municipios rurales.

Con el inicio de las obras de las 316 viviendas, el Gobierno regional avanza en el despliegue de varias promociones de vivienda protegida en el Polígono. Las otras dos ya están en construcción y acumulan 210 viviendas, aunque ambas han superado el plazo inicialmente previsto para su finalización, fijado en el 30 de junio.

Roberto Cámara ha señalado que la previsión actual es que las 86 viviendas de la calle Río Cabriel terminen en septiembre, mientras que las 124 viviendas del paseo doctor Gregorio Marañón concluirán entre febrero y marzo.

Este último bloque de pisos fue adjudicado a Real Estate Adi 2 S.L., del Grupo Avintia, y obtuvo licencia de obra el 29 de octubre de 2024. La promoción cuenta con una inversión empresarial de unos 12,7 millones de euros y una subvención de la Junta de 6,16 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El precio previsto se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado, con una mensualidad aproximada de 550 euros, a la que habría que sumar los gastos de comunidad y otros tributos repercutibles. La Junta ha señalado que el alquiler final no superará los 700 euros mensuales.

Por su parte, las 86 viviendas de la calle Río Cabriel fueron adjudicadas a ACH Ventura Sport S.L., después de que Avintia renunciase a ejecutar la promoción. La licencia se concedió el 25 de febrero de 2025 y la obra también tenía como fecha límite inicial el pasado 30 de junio.

La actuación cuenta con una inversión de 11,4 millones de euros, de los que más de 4,2 millones proceden del Gobierno de España a través de los fondos europeos Next Generation. El alquiler máximo también se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado y la Junta ha estimado una mensualidad de alrededor de 646 euros, incluyendo garaje y trastero, a la que podrían añadirse gastos de comunidad e impuestos.

Otra promoción inacabada y dos más para la venta

Además de las citadas, también hay otra promoción inacabada de 86 viviendas públicas en la calle del Río Valdemarías -cuya licitación para una empresa pueda finalizarla quedó desierta a principios de año-, frente al bloque de 86 de la calle Río Cabriel en construcción. Según la licitación fallida, Gicaman las destinaría también al alquiler.

De otro lado, hay dos parcelas en licitación -cedidas por la Junta a Gicaman- para construir en ellas un total de 231 viviendas protegidas, en régimen de precio tasado (VPT). Ambas se ubican en la avenida Río Boladiez y se licitan por un montante global de 4.282.648,64 euros. Tendrán que estar terminadas en el plazo máximo de cuatros años.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado este miércoles los detalles del convenio de colaboración suscrito por el Ejecutivo autonómico con la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral ASPACE Rioja, representada en el acto por su presidenta, Manuela Muro, y el director gerente, Javier Ruiz de Gopegui. Un convenio que permitirá dar el primer paso para la construcción en Logroño de una nueva residencia destinada a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Un nuevo recurso residencial especializado en Logroño de 2.182 m²

La futura residencia se construirá en la calle Poeta Prudencio número 11 de Logroño, sobre una parcela de uso dotacional de 1.587,77 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento de Logroño y cuyo uso tiene concedido ASPACE Rioja para desarrollar este proyecto. La propuesta, que ha detallado en la presentación Javier Ruiz de Gopegui, contempla un edificio con aproximadamente 2.812 metros cuadrados construidos, distribuidos entre sótano, planta baja, primera y segunda planta y un espacio bajo cubierta, además de alrededor de 1.065 metros cuadrados de urbanización exterior.

El centro dispondrá de servicios comunes y unidades convivenciales hasta alcanzar las 30 plazas previstas. Su configuración responderá a un modelo dirigido a favorecer una atención personalizada y, al mismo tiempo, promover el desarrollo personal, la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas usuarias.

El nuevo recurso residencial de esta organización, que se sumará a la Casa Residencia, ubicada en la calle Juan Lobo, y a las cuatro viviendas de Avenida Zaragoza, ambas en la capital riojana y que ofertan un modelo de convivencia en grupos más reducidos, también albergará al equipo de profesionales que preste los apoyos necesarios a las personas que vivan en la residencia. Según las previsiones que se manejan, podrían suponer una plantilla de hasta 40 profesionales.

ASPACE Rioja, que la actualidad atiende a 349 personas, se encargará de la redacción del proyecto arquitectónico, así como de las actuaciones necesarias para hacer viable su posterior ejecución. Se prevé que en 2007 comience la obra para que la residencia esté en funcionamiento en 2029, ha apuntado Capellán.

Además ha dicho que, “con este convenio ratificamos el compromiso para seguir mejorando el bienestar y la autonomía personal de estas personas y sus familias. Con el salto cualitativo que hoy damos vamos prácticamente a duplicar la capacidad de recursos residenciales que tiene ASPACE. Estamos hablando de más de 500 personas en nuestra Comunidad Autónoma, aproximadamente el 70 por ciento de ellas atendidas y apoyadas por ASPACE Rioja en una labor que nunca nos cansaremos de agradecer a todo el colectivo y a la asociación”.

Del mismo modo, ha enfatizado que, de esas personas, el 25 por ciento, 124 actualmente, tienen más de 60 años. Fruto de esa calidad de vida, de esa atención y de la mejora permanente de sus condiciones, llega un punto crítico para las familias que precisan de un apoyo indispensable, que aporta tranquilidad, la paz y la seguridad de que sus familiares van a estar completamente atendidos para desarrollar su proyecto de vida personal.

Por su parte, la presidenta de ASPACE Rioja, Manuela Muro, ha mostrado su emoción por un paso decisivo para un proyecto largamente esperado y ha insistido en la necesidad de seguir ofreciendo la mejor atención temprana para estas personas y sus familias, “que es el arranque y la mejor inversión para el futuro”. Muro ha agradecido la empatía, el interés y la cercanía del Ejecutivo autonómico para colaborar en la prestación de los servicios que se prestan a estar personas. “El envejecimiento de las personas con parálisis cerebral y sus familias demandaban esta residencia y este modelo residencial que estamos implantando, por eso hoy solo podemos agradecer mucho que el anuncio del presidente se haya materializado y hoy arranque”.

Contratemps judicial per al Consell que presideix Juan Francisco Pérez Llorca. El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat les al·legacions presentades per l'Advocacia de la Generalitat contra la suspensió cautelar de l'article 17 i de la disposició final primera de la Llei de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana aprovada al maig del passat any.

La resolució de l'alt tribunal publicada aquest dilluns en el Boletín Oficial del Estado (BOE) conclou que s'ha de mantindre la dita suspensió fins que hi haja un pronunciament definitiu sobre la inconstitucionalitat dels articles esmentats, ja que, en cas contrari, podrien ocasionar-se perjudicis “d'impossible o difícil reparació”. Per contra, accepta l'al·legació de la Generalitat i valida la disposició addicional quarta sobre la creació d'inventaris d'espais degradats.

Com va informar elDiario.es, el passat mes de febrer l'Advocacia de l'Estat va portar al TC aquestos preceptes de la normativa valenciana en entendre que envaïen competències estatals en matèria de protecció de la costa. En admetre's a tràmit el recurs un mes després, els articles impugnats van quedar suspesos cautelarment. Contra la suspensió cautelar d'estos van recórrer la representació legal de la Generalitat i de les Corts Valencianes.

L'article 17 de la Llei de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana que continuarà suspés estableix que “la Generalitat Valenciana, amb la sol·licitud prèvia de l'ajuntament en què radiquen o d'ofici, o a instància de la persona interessada, podrà declarar nuclis urbans amb especials valors etnològics aquells conjunts d'edificacions residencials, comercials o vinculats a activitats econòmiques tradicionals” que complisquen una sèrie de característiques.

Als nuclis declarats d'aquesta manera els associa un règim específic de protecció, mitjançant la possible aprovació de plans especials destinats a garantir-ne la conservació; preveu l'impuls de convenis amb l'Estat quan radiquen en el domini públic marítim-terrestre i disposa que, en tal cas, la Generalitat durà a terme els estudis pertinents per a determinar si els béns conserven o no les característiques pròpies del demani, i podrà instar, si és el cas, la seua desafectació conforme a la legislació de costes.

D'aquesta manera, la Conselleria de Medi Ambient que dirigeix el vicepresident Vicente Martínez Mus va crear un marc de protecció per a immobles situats fora d'ordenació, la qual cosa xocava per tant amb la Llei de Costes.

Quant a la disposició final primera que també es manté suspesa, incorpora aquesta nova categoria a la Llei 4/1998, de 11 de juny, del patrimoni cultural valencià, i disposa que tals nuclis es regiran, a més de per la dita llei, per les previsions de la mateixa Llei 3/2025.

En la seua ponència, el Constitucional acorda el manteniment de la suspensió cautelar de tots dos preceptes en considerar que, en cas contrari, podrien generar-se “perjudicis d'impossible o difícil reparació per al demani i per als interessos ambientals la protecció dels quals ha sigut reiteradament considerada prevalent per aquest tribunal” i afegeix: “Aquesta protecció adquireix una especial intensitat quan les normes impugnades incideixen sobre el domini públic marítim-terrestre i la zona de servitud de protecció, la regulació de la qual respon a l'obligació que incumbeix al legislador estatal de preservar la integritat física i jurídica del demani, garantir-ne l'ús públic i salvaguardar-ne els valors naturals i paisatgístics”.

En el cas de l'articulat impugnat, “l'aplicació de la doctrina exposada condueix a apreciar que concorren els perjudicis al·legats per l'advocat de l'Estat respecte de l'article 17 i de la disposició final primera”.

Segons la resolució del TC, “la nota informativa elaborada per la Direcció General de la Costa i del Mar aporta un exemple concret d'aquesta incidència respecte de l'enclavament de la platja de Babilonia (Guardamar del Segura), espai integrat en la Xarxa Natura 2000 sobre el qual l'administració de l'Estat havia desenvolupat actuacions dirigides a la recuperació del domini públic marítim-terrestre”.

De la documentació aportada es desprén que “les concessions administratives que emparaven l'ocupació d'eixos habitatges van ser extingides; l'administració de l'Estat va acordar la seua demolició per raons de protecció ambiental i de seguretat; tals decisions van ser confirmades per la jurisdicció contenciosa administrativa i les actuacions dirigides a la seua execució, que passaven per la demolició, es trobaven ja en curs”.

El mateix informe posa de relleu que, després de l'entrada en vigor de la Llei 3/2025, “la Conselleria competent va adoptar mesures cautelars de protecció respecte d'eixe enclavament i va comunicar posteriorment al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic l'admissió a tràmit de la sol·licitud de declaració de la platja de Babilonia com a nucli urbà d'especial valor etnològic, a l'empara del règim previst en l'art. 17 de la Llei 3/2025. Afegeix igualment que, en eixe context, les demolicions previstes no van arribar a iniciar-se en la data programada”.

Així, “la documentació aportada permet apreciar que l'aplicació del règim jurídic establit per l'article 17 ha tingut ja incidència efectiva sobre actuacions estatals de protecció i regeneració del domini públic marítim-terrestre, mentre es manté mentrestant la situació de degradació ambiental descrita en l'informe”, motiu pel qual procedeix mantindre la suspensió cautelar.

Revés judicial para el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca. El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado las alegaciones presentadas por la Abogacía de la Generalitat contra la suspensión cautelar del artículo 17 y de la disposición final primera de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana aprobada en mayo del pasado año.

El fallo del alto tribunal publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) concluye que debe mantenerse la mencionada suspensión hasta que haya un pronunciamiento definitivo sobre la inconstitucionalidad de los mencionados artículos ya que, de lo contrario, podrían ocasionarse perjuicios “de imposible o difícil reparación”. Por el contrario, acepta la alegación de la Generalitat y valida la disposición adicional cuarta sobre creación de inventarios de espacios degradados.

Como informó elDiario.es, el pasado mes de febrero la Abogacía del Estado llevó al TC estos preceptos de la normativa valenciana al entender que invadían competencias estatales en materia de protección de la costa. Al admitirse a trámite el recurso un mes después, los artículos impugnados quedaron suspendidos cautelarmente. Contra la suspensión cautelar de los mismos recurrieron la representación legal de la Generalitat y de las Corts Valencianes.

El artículo 17 de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana que seguirá suspendido establece que “la Generalitat Valenciana, previa solicitud del ayuntamiento en el que radiquen o de oficio, o a instancia del interesado, podrá declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales” que cumplan una serie de características.

A los núcleos así declarados les anuda un régimen específico de protección, mediante la posible aprobación de planes especiales destinados a garantizar su conservación; prevé el impulso de convenios con el Estado cuando radiquen en el dominio público marítimo-terrestre y dispone que, en tal caso, la Generalitat llevará a cabo los estudios pertinentes para determinar si los bienes conservan o no las características propias del demanio, pudiendo instar, en su caso, su desafectación conforme a la legislación de costas.

De esta forma, la Conselleria de Medio Ambiente que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus creó un marco de protección para inmuebles situados fuera de ordenación, chocando por lo tanto con la Ley de Costas.

En cuanto a la disposición final primera que también se mantiene suspendida, incorpora esta nueva categoría a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, y dispone que tales núcleos se regirán, además de por dicha ley, por las previsiones de la propia Ley 3/2025.

En su ponencia, el Constitucional acuerda el mantenimiento de la suspensión cautelar de ambos preceptos al considerar que de lo contrario podrían generarse “perjuicios de imposible o difícil reparación para el demanio y para los intereses ambientales cuya protección ha sido reiteradamente considerada prevalente por este tribunal” y añade: “Esta protección adquiere una especial intensidad cuando las normas impugnadas inciden sobre el dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre de protección, cuya regulación responde a la obligación que incumbe al legislador estatal de preservar la integridad física y jurídica del demanio, garantizar su uso público y salvaguardar sus valores naturales y paisajísticos”.

En el caso del articulado impugnado, “la aplicación de la doctrina expuesta conduce a apreciar que concurren los perjuicios alegados por el abogado del Estado respecto del artículo 17 y de la disposición final primera”.

Según la resolución del TC, “la nota informativa elaborada por la Dirección General de la Costa y del Mar aporta un ejemplo concreto de dicha incidencia respecto del enclave de la playa de Babilonia (Guardamar del Segura), espacio integrado en la Red Natura 2000 sobre el que la administración del Estado había venido desarrollando actuaciones dirigidas a la recuperación del dominio público marítimo-terrestre”.

De la documentación aportada se desprende que “las concesiones administrativas que amparaban la ocupación de dichas viviendas fueron extinguidas; la administración del Estado acordó su demolición por razones de protección ambiental y de seguridad; tales decisiones fueron confirmadas por la jurisdicción contencioso-administrativa y las actuaciones dirigidas a su ejecución, que pasaban por la demolición, se encontraban ya en curso”.

El mismo informe pone de relieve que, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2025, “la Conselleria competente adoptó medidas cautelares de protección respecto de dicho enclave y comunicó posteriormente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la admisión a trámite de la solicitud de declaración de la playa de Babilonia como núcleo urbano de especial valor etnológico, al amparo del régimen previsto en el art. 17 de la Ley 3/2025. Añade igualmente que, en ese contexto, las demoliciones previstas no llegaron a iniciarse en la fecha programada”.

Así, “la documentación aportada permite apreciar que la aplicación del régimen jurídico establecido por el artículo 17 ha tenido ya incidencia efectiva sobre actuaciones estatales de protección y regeneración del dominio público marítimo-terrestre, permaneciendo entretanto la situación de degradación ambiental descrita en el informe”, motivo por el que procede mantener la suspensión cautelar.

BBVA Research prevé que la demanda de vivienda continúe sustentada por unos tipos de interés relativamente bajos, el crecimiento del empleo y de los salarios reales, además de una intensa creación de hogares impulsada por la inmigración y el mantenimiento de una demanda extranjera relevante.

Sin embargo, estos factores no serán suficientes para sostener el volumen de compraventas debido a la persistente falta de vivienda disponible, según un informe publicado por la entidad financiera.

Tras una evolución más débil de lo previsto durante los primeros meses del año, BBVA Research ha revisado la previsión de ventas para 2026 hasta una caída del 7,3%.

El informe señala que el fuerte aumento de los precios y la limitada disponibilidad de viviendas moderarán la actividad del mercado, aunque las compraventas seguirán situándose en niveles históricamente elevados.

Para 2027 se espera una recuperación moderada, con un incremento del 0,6%, que situaría las operaciones ligeramente por encima de las 700.000 viviendas.

La construcción aumentará, pero seguirá siendo insuficiente

La oferta residencial continuará creciendo durante los próximos dos años. BBVA Research prevé que los visados de obra nueva aumenten un 10,1% en 2026 y un 12,6% en 2027, mientras que las viviendas iniciadas pasarán de 139.000 en 2025 a 153.000 en 2026 y 170.000 en 2027.

Este incremento impulsará la inversión en construcción residencial hasta el 5,7% del PIB en 2026 y el 6,0% en 2027.

No obstante, este ritmo de producción seguirá siendo claramente inferior al crecimiento de los hogares, estimado en 223.000 en 2026 y 217.000 en 2027.

Como consecuencia, el déficit de vivienda continuará aumentando y alcanzará unas 885.000 viviendas en 2027, concentrándose especialmente en las áreas con mayor presión de la demanda.

El desequilibrio entre oferta y demanda seguirá impulsando precios

La escasez de vivienda continuará siendo el principal factor que explique la evolución del mercado residencial. BBVA Research prevé que la combinación de una demanda sólida y una oferta insuficiente seguirá presionando al alza los precios de la vivienda.

El déficit de vivienda continuará aumentando y alcanzará unas 885.000 viviendas en 2027, concentrándose especialmente en las áreas con mayor presión de la demanda

En este contexto, el precio de la vivienda crecerá un 12,0% en 2026 y un 5,7% en 2027, según las estimaciones de los analistas.

El informe también advierte de que las tensiones comerciales internacionales representan un riesgo adicional, ya que un eventual encarecimiento de los materiales de construcción podría retrasar la respuesta de la oferta y reducir la viabilidad de algunos proyectos residenciales.

El Plan Estatal mejora el diseño de la política de vivienda

El informe valora positivamente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, destacando la mayor dotación presupuestaria, la apuesta por consolidar un parque público permanente de vivienda y las medidas dirigidas a impulsar la industrialización, la urbanización de suelo y la transparencia del mercado.

Sin embargo, BBVA Research considera que estos avances no serán suficientes para corregir el déficit acumulado de vivienda. El estudio señala que los recursos previstos siguen siendo limitados frente a un déficit estimado de unas 700.000 viviendas en 2025, y recuerda que persisten los principales obstáculos para incrementar la oferta, como la escasez de suelo finalista, la falta de mano de obra, la incertidumbre regulatoria y la complejidad de los procesos urbanísticos.

Además, la efectividad del Plan dependerá de la coordinación entre administraciones y de su capacidad para movilizar inversión privada.

La red eléctrica, otro reto para la construcción residencial

BBVA Research identifica la disponibilidad de capacidad en la red eléctrica como un factor que puede estar limitando el desarrollo residencial en algunas zonas. La ampliación de la red en grandes desarrollos urbanísticos puede requerir entre cinco y ocho años, mientras que más de 80.000 viviendas previstas dependen actualmente de nuevas infraestructuras eléctricas.

El estudio señala que el 88% de los nudos de distribución dispone de menos de un megavatio de capacidad libre, lo que limita la conexión de nuevos proyectos residenciales de cierta dimensión.

Ante el avance de la electrificación de la economía, BBVA Research propone acelerar la inversión en redes eléctricas, mejorar la coordinación entre planificación urbanística y energética, optimizar la asignación de capacidad disponible e impulsar el almacenamiento y la flexibilidad del sistema para evitar que esta restricción ralentice aún más la construcción de vivienda.

Las cuadrillas han dejado atrás el montaje del armazón y ahora concentran su trabajo en cerrar la fachada y completar las instalaciones centrales del edificio. Ese cambio de fase confirma que la estructura principal ya ha alcanzado su altura definitiva y que la obra entra en el tramo previo a su entrega. Atlassian Central, en Sídney, se ha convertido así en la torre híbrida de madera más alta del mundo, con más de 180 metros y 39 plantas.

El nuevo rascacielos supera ampliamente el anterior récord mundial

El proyecto, promovido por Atlassian y Dexus, rebasa por cerca de 100 metros a la torre Ascent de Milwaukee, que mantenía el récord con 86,6 metros y 25 plantas. La nueva sede australiana de Atlassian, cuya finalización está prevista para finales de 2026, eleva la construcción con madera estructural hasta una escala que normalmente exige edificios de acero y hormigón.

SHoP Architects y BVN Architecture, con la participación de Eckersley O'Callaghan, han planteado un sistema híbrido en el que los forjados y los espacios interiores de madera maciza descansan sobre núcleos de hormigón y quedan envueltos por un exoesqueleto de acero.

El reparto permite reducir el peso total y el carbono incorporado, mientras los materiales de mayor resistencia cubren las exigencias de estabilidad de un rascacielos comercial. Peter Titmuss, socio de BVN Architecture, vinculó este sistema con una obra más rápida y ligera porque “la madera maciza híbrida ha permitido la prefabricación, la construcción en seco y un desarrollo vertical más ágil”.

Siete grandes plataformas estructurales, colocadas cada cuatro plantas, dividen el edificio en ámbitos de trabajo interconectados que el equipo denomina hábitats. Cada grupo reúne oficinas con atrios de varias alturas y zonas ajardinadas elevadas, mientras otras áreas reciben luz natural y aire fresco.

Los espacios climatizados se abren hacia franjas con ventilación natural, de modo que la temperatura y el grado de cerramiento cambian dentro de cada conjunto. Andreia Teixeira, socia adjunta de SHoP Architects, relacionó esa organización con otra forma de trabajar porque “el edificio conecta a las personas entre sí, con la naturaleza y con la ciudad que las rodea”.

La construcción ha exigido coordinar unos 10.000 metros cúbicos de madera procedente de Austria con 8.000 toneladas de acero estructural durante una secuencia vertical muy precisa. El proyecto incorpora también 30.000 metros cúbicos de hormigón de menor impacto.

Built, contratista australiano que dirige las obras junto a Obayashi Corporation, montó primero una versión virtual de la estructura para ordenar cada fase antes de intervenir sobre el solar. Marco Rossi, presidente ejecutivo, consejero delegado y fundador de Built, explicó que esa preparación permitió secuenciar uno de los proyectos más complejos del país mucho antes del inicio de los trabajos como tal.

El edificio ocupa 75.000 metros cuadrados junto a la estación Central de Sídney y se levanta sobre The Parcels Shed, un inmueble histórico usado primero para recibir paquetes y convertido después en albergue juvenil. Los arquitectos han incorporado esa construcción a los niveles inferiores, evitando que la nueva sede borre por completo la historia previa del enclave. Esa decisión coloca la torre contemporánea sobre una pieza conservada de la infraestructura ferroviaria de la ciudad.

Los promotores presentan el edificio como un modelo para el futuro

Atlassian Central pretende generar un 50% menos de emisiones durante la fabricación de los materiales y la construcción que una torre de oficinas convencional de categoría alta. Una vez en funcionamiento, también consumirá un 50% menos de energía que un edificio de referencia con cinco estrellas NABERS, el sistema australiano que evalúa la eficiencia energética de los inmuebles. Además, funcionará únicamente con energía renovable y prescindirá de los combustibles fósiles desde el día de su apertura.

Ross Du Vernet, consejero delegado y director general de Dexus, ha defendido que el proyecto debe reducir emisiones y favorecer el bienestar sin rebajar las exigencias de inversores y grandes arrendatarios. Mike Cannon-Brookes, consejero delegado y cofundador de Atlassian, describió la sede como una plataforma capaz de aprender y adaptarse en tiempo real, una ambición que convierte el edificio en una prueba sobre hasta dónde puede llegar este modelo en las ciudades densas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública GICAMAN, ha licitado tres parcelas de titularidad pública en Toledo y Azuqueca de Henares (Guadalajara) para promover la construcción de hasta 403 viviendas.

Las actuaciones permitirán desarrollar hasta 231 viviendas de precio tasado mediante cooperativas en Toledo y hasta 172 viviendas protegidas (VPO) en Azuqueca de Henares.

Las convocatorias para la enajenación de estos suelos se publicarán mañana, 31 de julio, en la página web de GICAMAN y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En el caso de Azuqueca de Henares, también se difundirá a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento del municipio. La adjudicación se realizará mediante concurso público.

En Toledo, las actuaciones contemplan la enajenación de dos parcelas ubicadas en la IV Fase del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia: la parcela RP-2 (35-BIS), situada en la Avenida Río Boladiez número 2, que permitirá desarrollar hasta 141 viviendas de precio tasado; y la parcela 53, ubicada en la Avenida Río Boladíez número 64, que contará con capacidad para hasta 90 viviendas de precio tasado promovidas mediante cooperativas. Ambas suman una edificabilidad máxima de 26.040 metros cuadrados.

Por su parte, en Azuqueca de Henares se licita la parcela residencial VC-12, situada en el Paseo Bulevar del Deporte número 4. El suelo dispone de una superficie de 6.081 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.543,44 metros cuadrados, lo que permitirá la construcción de hasta 172 viviendas colectivas de protección oficial en régimen de compraventa.

Se valorará la eficiencia energética y la accesibilidad

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas convocatorias.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de GICAMAN, Silvia López, ha subrayado que “estas actuaciones forman parte de la estrategia regional para movilizar suelo público y ampliar la oferta de vivienda en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, ha destacado que “los concursos valorarán aspectos como la calidad arquitectónica y constructiva de los proyectos, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la accesibilidad, la incorporación de sistemas innovadores de construcción y aquellas propuestas que contribuyan a mejorar la asequibilidad de las viviendas para sus futuros propietarios”.

La responsable de GICAMAN ha asegurado que “con estas dos nuevas licitaciones, GICAMAN continúa avanzando en la movilización de suelo público para el desarrollo de vivienda asequible en Castilla-La Mancha, impulsando fórmulas que permitan ampliar la oferta residencial y dar respuesta a la creciente demanda existente en la ciudad de Toledo”.

La Junta de Gobierno Local de Logroño ha aprobado un protocolo de actuación para proteger y conservar el arbolado municipal cuando este pueda verse afectado por la ejecución de proyectos de obras, tanto públicos como privados.

El nuevo protocolo parte de la importancia del arbolado urbano para la calidad ambiental de Logroño. Además de su valor estético, paisajístico y patrimonial, los árboles contribuyen a reducir las temperaturas, disminuir la presencia de contaminantes atmosféricos, conservar el agua, reducir la erosión del suelo y limitar la contaminación acústica.

A partir de ahora, cualquier obra pública o privada en la que las operaciones de construcción o el paso de vehículos y maquinaria se desarrollaran en terrenos próximos a elementos vegetales susceptibles de sufrir daños deberá contemplar medidas específicas de protección antes del inicio de la actividad.

Para ello, los proyectos deberán incorporar un documento técnico de protección del arbolado en el que se recoja la situación de los ejemplares existentes antes de la redacción del proyecto, así como las nuevas plantaciones previstas, con indicación de las especies, el número de unidades y sus calibres, además del calendario previsto para llevarlas a cabo.

El protocolo también cuenta con la designaón de ciuón técnico responsable de ejecutar estas medidas y desarrollar el corresponiendte plan de vigilancia. Esta persona será, además, el interlocutor ante el Servicio de Zonas Verdes del Ayuntamiento.

Para tomar estas decisiones se tendrán en cuenta distintos factores, entre ellos el valor histórico, estético y cultural del ejemplar, la especie y su edad, la épocas más adecuada para realizar el trasplante, su estado de salud, verticalidad y vigor, así como los costes asociados a la operación.

Los ejemplares catalogados como singulares no podrán ser trasplantados. En estos casos, su conservación deberá ser prioritaria dentro de la planificación de los trabajos.

Por último, será el promotor de la obra quien deberá asumir la responsabilidad de llevar a cabo las labores de mantenimiento establecidadéc en el documento tnéico de protección del arbolado.

La intersección de Vara de Rey con Pérez Galdós será objeto de una actuación integral que permitirá, según ha defendido el Equipo de Gobierno, “mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la conexión de esta zona de Logroño con San Antón, el centro intergeneracional de La Antigua Estación, la futura intervención en la calle Belchite y la nueva estación intermodal”.

El proyecto, presentado por los concejales de Urbanismo y Movilidad, Íñigo López-Aranquistáin y Ángel Andrés, trata de una intervención que “ordena, conecta y mejora el entorno” y que permitirá llevar a cabo una “actuación urbana completa con mejoras en seguridad vial y accesibilidad, la incorporación de nuevos espacios verdes y una mayor conexión entre diferentes puntos de la zona”.

López-Araquistáin ha recordado que, la remodelación de esta intersección ya estaba contemplada en el Plan de Infraestructuras aprobado por unanimidad en el Pleno municipal en 2013, donde figuraba como unas de las actuaciones prioritarias. El documento, según ha señalado, contó con la participación y el apoyo de los grupos políticos, las asociaciones vecinales y diferentes agentes sociales, y fue publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Más árboles, nuevas redes y alumbrado LED

Asimismo este proyecto contempla la incorporación de más verde urbano. Se mantendrá el roble existente y se plantarán nuevos árboles, al tiempo que se renovarán y modernizarán las redes de abastecimiento y el saneamiento para mejorar la recogida de aguas pluviales.

La actuación sustituye un cruce complejo con una glorieta de 35 metros de diámetro exterior y 14 metros de interior, se remodelan cinco pasos peatonales eliminando barreras, adecuando pendientes, incorporando pavimentos táctiles y direccionales. Se crea una plataforma elevada en Pérez Galdós con San Antón para reducir la velocidad del tráfico. “Se mejorará la fluidez del tráfico y por tanto se reducirán emisiones y se mejorará la sostenibilidad del entorno”, ha señalado Ángel Andrés.

Además, se renovarán y modernizarán las redes de abastecimiento, el saneamiento en la recogida de aguas pluviales y se sustituirá el alumbrado público existente por tecnología LED. Los concejales han avanzado que, a partir de la próxima semana, en el centro de La Antigua Estación los ciudadanos podrán ver las imágenes de cómo quedará el entorno tras la actuación que se va a llevar a cabo.

Vecinos divididos por la glorieta

La construcción de la nueva glorieta no cuenta con un respaldo unánime entre el vecindario. Mientras que el Ayuntamiento defiende que el proyecto responde a una petición “mayoritaria y consensuada de los vecinos y comerciantes de la zona”, el Foro Social de La Rioja y otros colectivos mantienen su oposición a la actuación y han impulsado movilizaciones para intentar paralizar su construcción.

Los colectivos contrarios al proyecto cuestionan la intervención y alertan de sus posibles efectos sobre el tráfico, el ruido y la contaminación en el entorno. También han mostrado su desacuerdo con la actuación y han reclamado que se paralice el proyecto, poniendo en duda que exista un consenso vecinal en torno a la construcción de la nueva glorieta.

El Ayuntamiento sostiene que ha mantenido “numerosas reuniones desde hace meses con vecinos, asociaciones vecinales y comerciantes” y defiende que la intervención permitirá mejorar la fluidez del tráfico, reducir los atascos y favorecer la sostenibilidad del entorno.

El aumento de los costes de construcción y la licitación de obras por parte de las administraciones por debajo de los precios de mercado ha provocado que 322 obras hayan quedado desiertas en Canarias entre 2025 y junio de este 2026, según la patronal de constructoras de Las Palmas (AECP).

La organización ha especificado que estas obras que han quedado desiertas en los procesos de licitación suponen una inversión de 456,66 millones de euros que se han quedado sin movilizar, por lo que ha instado a las administraciones a que adopten las medidas correctoras necesarias para evitarlo.

Según la conclusión de la patronal, el aumento de costes hace inviables obras ya en curso y “atenaza a las empresas por la inestabilidad económica y la situación geopolítica, lo que las obliga a abstenerse de acudir a las licitaciones, o abandonar las obras sin que las administraciones públicas adopten medidas al respecto”.

Y esa actitud, han alertado, no se corrige, más bien al contrario: Solo en junio de este año, el valor de las obras que han quedado desiertas supera en un 32 % el importe total de los proyectos que se licitaron sin éxito en todo 2025: pasó de 197,47 millones de euros a 259,19 millones de euros.

La AECP ha advertido además de que el sistema se pervierte “a zancadas gigantes” porque en el resto de las obras se está produciendo un vacío de licitadores, acudiendo un sólo licitador en el 36 % de los casos, lo que a juicio de la patronal “pone en riesgo la concurrencia competitiva y la fortaleza del tejido productivo”.

“Lo lamentable es que las Administraciones Públicas, además, 'se jacten' cuando esto último ocurre”, ha denunciado la patronal, quien ha agregado que esta situación ha sido advertida a las administraciones por escrito, sin que estas hayan puesto remedio.

Y ha abundado en que la huida hacia delante y “la soberbia” de las administraciones públicas termina adjudicando la obra a una empresa pública, que terminará cobrando unas tarifas por ella misma impuestas y que resultarán muy por encima del precio al que se licitó.

“Hacemos un llamamiento a la cordura, hacemos un llamamiento a la conciencia y responsabilidad pública para que depongan su actitud pues cuando una administración pública actúa ignorando la realidad, e incluso la ley de forma caprichosa, en ocasiones puede tratarse de arbitrariedad, pero si profundizáramos en ello, esa actitud podría tener denominaciones más comprometidas”, ha criticado la AECP.

Por ello, ha apelado a las administraciones públicas a que aborden este problema “de manera urgente, técnicamente solvente y políticamente responsable”.

En todo 2025, los ayuntamientos licitaron proyectos que quedaron desiertos por valor de 74,194 millones de euros, mientras que los Cabildos lo hicieron por importe de 41,3 millones de euros y el Gobierno de Canarias, por 46,739 millones de euros.

En el caso de junio de 2026, fueron los Cabildos insulares los que incrementaron considerablemente el valor de las licitaciones que quedaron desiertas, hasta los 171,594 millones de euros en 16 obras, seguidos por el Gobierno de Canarias, con 58,598 millones de euros y los ayuntamientos isleños, por 28,054 millones de euros.

Comisiones Obreras ha anunciado este viernes que va a estudiar “acciones jurídicas” contra la ley aprobada en el Parlamento de Canarias que permite la utilización de informes privados en la tramitación de licencias urbanísticas.

Anteriormente esos informes tenían que ser realizados por los servicios municipales, pero a raíz del decreto aprobado en 2025 por el Gobierno de Canarias, convalidado en el Parlamento y aprobado tras ser tramitado como proyecto de ley este mismo miércoles (con el rechazo de PSOE y NC y la abstención de Vox), también pueden ser emitidos por colegios profesionales o entidades urbanísticas de colaboración, contratados por el propio promotor de la construcción.

El objetivo de la nueva norma, según el Gobierno de Canarias, es agilizar la burocracia permitiendo que los informes técnicos para construir viviendas puedan ser emitidos por colegios profesionales y no necesariamente por técnicos municipales, pero para PSOE y NC lo que se hace es “privatizar” el control urbanístico.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias también considera que ese decreto, de abril del año pasado, es “un paso decisivo en la privatización de funciones públicas esenciales para el control del territorio y del uso del suelo” y lamenta que el Parlamento le haya dado luz verde.

Supone una huida del derecho administrativo que traslada funciones sometidas al estatuto de derechos, deberes e incompatibilidades del empleo público a personas y entidades externas sujetas al derecho privado, lo cual pude entrar en conflicto con la doctrina del Tribunal Supremo, según CCOO.

La ley “debilita el control público del suelo, reduce las garantías sobre el interés general del territorio y abre la puerta a la compraventa de informes en un ámbito reservado históricamente a la Administración”, argumenta.

El Consejo Consultivo, algunos ayuntamientos y profesionales y personal de oficinas técnicas y gerencias de urbanismo han rechazado esa fórmula, señala el sindicato, porque “subordina el interés general a lógicas privadas y mercantiles en un territorio sometido a una elevada presión urbanística”.

CCOO denuncia que los denominados informes técnicos de conformidad podrán ser emitidos en régimen de colaboración por colegios profesionales, entidades urbanísticas de colaboración o medios propios personificados y cuando sean favorables no será obligatorio un informe técnico ni una verificación o ratificación pública.

“Este mecanismo desplaza a los servicios técnicos municipales en una materia directamente vinculada al ejercicio de potestades públicas y a la garantía de la legalidad urbanística”, advierte el sindicato.

Para CCOO, las funciones que determinan qué puede construirse, con qué condiciones y de acuerdo con qué usos “no deben convertirse en una prestación sujeta a las reglas del mercado y de la rentabilidad”.

La normativa permite que el informe sea solicitado por la persona interesada con un coste entre el 0,5% y el 3% del presupuesto de ejecución del proyecto, lo que deja en situación desigual a la ciudadanía con respecto a los grandes promotores, según CCOO.

El sindicato considera que se utiliza la emergencia habitacional “como coartada para crear un nuevo mercado en torno a las licencias urbanísticas”.

La solución de la vivienda “no pasa por facilitar una vía de pago a los grandes promotores ni por profundizar en la dinámica especulativa del suelo en Canarias”, argumenta.

Otra objeción de CCOO es que la normativa supone una intromisión en la autonomía local, al obligar a los ayuntamientos a un acuerdo plenario en el caso de que se decida rechazar un informe urbanístico privado.

La privatización de los informes urbanísticos puede acabar desplazando determinaciones del planeamiento municipal, alterar el régimen de equipamientos, dotaciones, aprovechamientos y usos del suelo, alerta el sindicato.

Denuncia además CCOO que la calificación de las viviendas asequibles incentivadas tendrá una duración de siete años, tras lo cual, salvo las excepciones previstas, pasarán a ser viviendas libres.

El Govern y los Comuns han pactado una propuesta de ley para aumentar la vivienda protegida (VPO) en las ciudades. Además de la aceleración de la construcción, dentro del plan de Salvador Illa para levantar 50.000 pisos asequibles, esta nueva medida propone el crecimiento de estas viviendas mediante actuaciones específicas: reconvertir oficinas y locales comerciales, dividir pisos grandes, hacer más altos algunos edificios o construir sobre equipamientos.

La proposición de ley, que Generalitat y Comuns presentarán este lunes en el Parlament, permite hacer estas reconversiones sin necesidad de modificar el siempre complejo planeamiento urbanístico. La norma incluye incrementar hasta un 20% la edificabilidad, levantar nuevas plantas o subdividir inmuebles –siempre que cumplan con algunos requisitos– para crear nuevas viviendas de protección.

Las medidas dependerán de los ayuntamientos, tendrán una vigencia de cuatro años y podrán aplicarse en los municipios considerados como zona de mercado tensionado (los 270 que tienen regulación del alquiler). Según los cálculos del Gobierno y los Comuns, podrían permitir generar entre 15.000 y 20.000 viviendas durante este período.

Además, todos los nuevos inmuebles que se construyan en Catalunya deberán destinarse a residencia habitual y permanente.

Govern y Comuns han presentado conjuntamente la medida en una rueda de prensa en Mollet del Vallès con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Paneque ha remarcado que la iniciativa es un “ejemplo claro” de la voluntad del Ejecutivo de intensificar los esfuerzos para obtener vivienda de protección oficial en lugares donde “hasta ahora no era posible”.

Albiach ha remarcado que la propuesta de nueva ley es “innovadora” y supone un mensaje hacia el sector privado: “No pueden lavarse las manos ante la salvaje crisis de la vivienda”. En este sentido, la presidenta del grupo de los Comuns ha señalado que “todas las manos son imprescindibles” para hacer crecer el parque de vivienda pública.

La proposición de ley surge del acuerdo entre el Govern y los Comuns para los presupuestos de 2026 y se tramitará por el procedimiento de urgencia extraordinaria, que reduce en una cuarta parte los plazos. La voluntad es que las medidas, de carácter temporal, puedan aplicarse tan pronto como entre en vigor, aunque el PSC y los Comuns necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios para aprobar la norma. Por el momento, confñian en que ERC les de apoyo.

Una de las principales novedades será permitir convertir en vivienda protegida suelos y edificios destinados actualmente a oficinas. La medida también incluirá hacer vivienda en edificios hoteleros y aparcamientos privados en altura y, en estos casos, al menos la mitad de la superficie construida deberá destinarse a vivienda de protección oficial.

La ley abre la puerta a convertir locales comerciales en planta baja en vivienda protegida, siempre que tengan una superficie mínima de 50 metros cuadrados. En este caso, sin embargo, la medida no podrá aplicarse directamente y requerirá un acuerdo previo del ayuntamiento. De este modo, los municipios podrán decidir dónde permiten estos cambios para evitar que la transformación de locales afecte a los ejes comerciales.

Un 20% más de edificabilidad

Otra de las medidas permitirá aumentar hasta un 20% la edificabilidad para construir vivienda de protección oficial en determinados edificios y terrenos. También se podrán añadir plantas en inmuebles que ya hayan agotado la superficie que pueden construir, pero que todavía tengan margen de altura. Las nuevas plantas, sin embargo, no podrán superar la altura real de los edificios colindantes.

La proposición también permitirá dividir inmuebles para obtener nuevas viviendas protegidas, incluidas las casas unifamiliares, y convertir despachos en vivienda de protección oficial. En caso de subdivisión, las nuevas viviendas que se creen serán protegidas, mientras que, si hay un cambio de uso, toda la superficie transformada deberá tener esa calificación.

El paquete se completa con la posibilidad de construir vivienda protegida en parcelas que actualmente no cumplen las condiciones mínimas de edificación, siempre que las nuevas viviendas cumplan los requisitos de habitabilidad. La propuesta también flexibiliza las cargas urbanísticas para facilitar que las colonias textiles puedan reordenarse y destinarse a vivienda.

Las medidas tendrán carácter voluntario y, para hacer un seguimiento de su éxito, el Govern elaborará un informe cada dos años sobre las viviendas conseguidas con la aplicación de la norma. La estimación inicial es que con la nueva ley puedan llegar a construirse hasta 20.000 nuevas viviendas de protección oficial en cuatro años.

La ley también establecerá que las nuevas viviendas construidas a partir de licencias solicitadas después de su entrada en vigor deberán destinarse a residencia habitual y permanente, ya sea para uso propio o familiar o mediante un contrato de alquiler de larga duración.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Illescas, en Toledo, han investigado al propietario de una empresa de construcción por su presunta implicación en la gestión irregular de residuos con amianto.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada sobre una nave industrial situada en la zona norte de la comarca de la Sagra, donde se almacenaban de forma irregular más de 50 toneladas de residuos peligrosos con contenido en amianto (uralita).

Las primeras gestiones permitieron determinar que la empresa realizaba trabajos de desmontaje de elementos con amianto en estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares de las provincias de Alicante, Barcelona, Ciudad Real, A Coruña, Madrid, Murcia y Toledo.

Como resultado de esta actividad, se habrían manipulado de forma irregular más de 750 toneladas de residuos con amianto. Dichos residuos no habrían sido retirados siguiendo los procedimientos legalmente establecidos, que exigen el humedecimiento y el encapsulado de las placas para fijar las fibras y evitar su liberación durante los trabajos de desmontaje.

La omisión de estas medidas “habría incrementado el riesgo de emisión de fibras de asbesto al ambiente, con el consiguiente peligro para la salud de las personas y el medio ambiente”, según el instituto armado.

Seis trabajadores, sin protección

Durante la investigación se constató que seis trabajadores accedían de forma habitual al almacén clandestino y permanecían expuestos de manera continuada a las fibras cancerígenas del amianto, sin disponer de las medidas de protección y seguridad legalmente exigidas.

Los agentes detectaron diversas irregularidades relacionadas con la actividad de la empresa. Entre ellas, la remisión a la Administración de mediciones fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar distinto de aquel en el que se desarrollaban los trabajos, así como la facturación de conceptos inexistentes.

Asimismo, comprobaron que la documentación sobre el destino final de los residuos habría sido alterada para hacer constar su entrega en vertederos autorizados, cuando en realidad habían sido abandonados en la nave industrial investigada.

Por estos hechos, los agentes han investigado al propietario de la empresa como presunto autor de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental.

El hogar del jubilado Erdialde de Donostia sufrirá unas obras de rehabilitación a partir de este septiembre. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras a la empresa Ormak Construcción S.L.U., cuyo presupuesto roza los 2 millones de euros. Se espera que la remodelación se culmine en un año y se busca modernizar las instalaciones actuales, las cuales presentan deficiencias en materia de accesibilidad, seguridad contra incendios y salubridad, según la versión oficial.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha detallado este martes que la intervención actuará sobre el inmueble distribuido en cinco niveles. La reforma integral contempla la creación de una salida de emergencias, la actualización de las instalaciones de protección y la mejora de la accesibilidad universal mediante una planta de acceso a cota cero y aseos adaptados. Según el alcalde, el Erdialde es la asociación con mayor cantidad de socios de la ciudad, requiriendo un espacio adecuado a sus necesidades.

Ante el cierre del local por las obras, el Departamento de Acción Social y el consistorio estudian alternativas para evitar la inactividad total de la asociación. Insausti ha explicado que se está trabajando junto a la junta para organizar el traslado de los cursos y talleres a otros espacios de la ciudad. El alcalde ha señalado que habitualmente existe una “convivencia sana” entre las distintas asociaciones de mayores, lo que suele permitir el uso de otros hogares del jubilado y el intercambio de materiales y espacios mientras duran los trabajos de reforma.

Sin embargo, tres usuarios diarios del centro, Javi, Martín y Luis, le cuentan a este periódico que “es una faena” el cierre del local. Mientras comía su almuerzo, Javi explicaba que, debido a la ubicación céntrica, es la razón por la que él y sus amigos eligieron el hogar de jubilados de Erdialde. “Cuando no está abierto por alguna razón, solemos ir al de Egia, por la Torre de Atocha”, continuaba Javi su explicación, aclarando que, durante el tiempo que no esté abierto el Erdialde, se encontrarán ahí junto a otros jubilados con los que coinciden. El trío de amigos expresa su expectativa de que qued emuy bien el local tras la remodelación, destacando que se necesita mejorar la accesibilidad.

En la misma línea, Montse, quien se encontraba leyendo un periódico, destaca la “buena relación calidad-precio” que tienen, recalcando que “es una faena” tener que buscar otro sitio al que acudir a diario. De todas formas, la usuaria le cuenta a este medio que es conocedora de esta remodelación desde hace seis meses aproximadamente y que ya ha asimilado el próximo cambio. Montse está de acuerdo con que se haga una remodelación “el lugar lo necesita”, declara. También espera que se mejore la accesibilidad y, sobre todo, que se modernice el hogar.

La Comisión Europea ha acusado a ANFAH, la patronal de fabricantes de productos químicos para la construcción, y a un grupo de empresas de infringir las normas de competencia de la UE al “coordinarse para aumentar los precios en el suministro de productos químicos destinados al cemento, el hormigón y el mortero”.

La Comisión está investigando si “los fabricantes coordinaron subidas de precios de los aditivos químicos entre 2021 y 2022 en respuesta al aumento de los costes de las materias primas provocado por la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Las empresas españolas son Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la asociación empresarial ANFAH. Además se está investigando a otras patronales y empresas en Francia y Alemania. Bruselas señala que “la supuesta coordinación entre estos fabricantes se produjo en el contexto de la preparación de comunicados de prensa dentro de asociaciones nacionales del sector destinados a justificar los incrementos de precios”.

Según Bruselas, estas empresas estarían cometiendo una infracción de las normas de competencia que prohíben los cárteles, acuerdos entre empresas que impidan, restrinjan o falseen la competencia dentro del mercado único europeo.

La investigación empezó en octubre de 2023, la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de empresas activas en el sector de los productos químicos para la construcción. El caso se centra en el suministro de aditivos químicos para cemento, hormigón y mortero. Los aditivos químicos se utilizan principalmente para mejorar la eficiencia del proceso de fabricación y las prestaciones de cemento y hormigón.

Si la Comisión concluye que existen pruebas suficientes de una infracción puede imponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios anual de cada empresa.

La dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia se cobró 230 vidas y dejó un mapa de huellas sobre el que es obligado trabajar para minimizar los daños cuando se vuelva a producir. La anterior inundación en la región, la del 14 de octubre de 1957, llevó a que años después se construyera el desvío del Turia, un nuevo cauce de 12 kilómetros que sacó el río del centro de la ciudad, lo que ha evitado que ahora el desastre no haya sido aún mayor. Pero entonces, como ahora, la riada dejó toda una serie de lecciones que se ignoraron y que ahora deberían tomarse al pie de la letra para una reconstrucción que tiene que contar con una eventual futura dana. El Turia se ha desbordado provocando fuertes inundaciones en 25 ocasiones desde el año 1321, pero las consecuencias del cambio climático hacen suponer que la frecuencia y gravedad de las mismas puede ser aún mayor.

Es por eso que el Gobierno acaba de sacar a consulta pública un real decreto en el que “se endurecen las limitaciones de uso del suelo en las zonas inundables, se refuerza la integración de la cartografía de zonas inundables en el planeamiento territorial y urbanístico, se prevén programas municipales de adaptación al riesgo de inundación, se impulsan medidas de fomento de la cultura del riesgo (señal ética de inundaciones históricas, formación en la ESO y campañas de autoprotección) y nuevas obligaciones de transparencia registral sobre la afección de las fincas por zonas inundables, señala el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico.”

Que la nueva normativa se centre en cuestiones urbanísticas tiene todo el sentido. La zona afectada es una de las que ha registrado un mayor crecimiento de población en los últimos cincuenta años, sin que en ese desarrollo se prestara la atención debida a las zonas ya reconocidas como inundables. Además, casi un centenar de los fallecimientos se produjeron en casas y garajes, de manera que vivir en planta baja o pretender salvar el coche se convirtió en unas de las grandes trampas. Todo esto tiene que ver con que una parte importante de la población no tiene el recuerdo de la inundación de finales de los años 50 del siglo pasado.

La dana de 2024 afectó especialmente a 69 municipios que han triplicado su población desde la anterior gran inundación, que ya afectó a buena parte de ellos. Estos pueblos tenían censados 351.000 habitantes en 1950, cifra que se había ido hasta casi el millón (937.000) en 2023, lo que implica un crecimiento del 167%. Paiporta, el pueblo considerado como la zona cero de la catástrofe, por ser el que registró mayor número de fallecidos, multiplicó por siete su población, al pasar de 3.574 a 27.184 habitantes en ese período. Para hacerse idea de lo extraordinario de esa expansión, basta señalar que en esos años el censo de Valencia capital creció un 59% y el del conjunto de la provincia un 97%, que comparan con un 72% para España.

Como es fácil de suponer, crecimientos tan desaforados como el de Paiporta y de las comarcas afectadas por la inundación, suelen hacerse de forma desordenada. El satélite Copernicus del sistema europeo de emergencias, señaló en su momento que el área afectada por la riada en los diferentes municipios de la provincia de Valencia sumaba 15.633 hectáreas, en las que habitaban unas 190.000 personas, repartidas en 17.597 edificaciones residenciales a lo largo de 3.249 kilómetros de calles y carreteras que resultaron afectadas. La web Datadista realizó un cruce de datos de esta zona y el Catastro y concluyó que el número de viviendas afectadas ascendía a 75.000, de las que un tercio fueron levantadas a partir de 2003, cuando ya se había aprobado el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova). Por tanto, muchas viviendas se construyeron sobre la huella de la inundación de 1957 y sabiendo que era suelo inundable.

Con estos datos, parece evidente que hace falta una normativa que impida que la reconstrucción se vuelva a realizar ignorando la huella de las inundaciones previas, confiando en que no se vuelvan a repetir. Por eso, la educación también juega un papel clave para ser conscientes de donde se vive y, por ejemplo, no acabar muriendo por pretender salvar el coche. La señalización en las calles, advirtiendo de que se está en zona inundable, sin duda contribuiría a tener presente una realidad que la historia muestra que se repite más de lo deseable.

La nueva normativa también busca garantizar una “mejor coordinación entre la normativa de aguas, la ordenación del territorio y la protección civil”. Este punto es el que trae a la memoria la desastrosa gestión preventiva que realizó el Gobierno de la Comunidad Valenciana, con un presidente, Carlos Mazón, totalmente ausente. La Jueza de Catarroja ya dejó claro que un número importante de muertes se podrían haber evitado si la población hubiera recibido instrucciones en tiempo y forma. Pero mientras se van ventilando las responsabilidades penales de la última inundación es importante construir una norma que deje lo menos posible al arbitrio del político de turno y sus caprichos del día.

El precio de la vivienda nueva en Castilla-La Mancha cerró el primer semestre de 2026 con un incremento interanual del 5,1%, según el último Informe de Tendencias de Vivienda Nueva de Grupo ST, que incluye datos a junio de 2026. Esta evolución se sitúa por debajo de la media nacional, establecida en 9,7%, aunque confirma la tendencia alcista del mercado residencial castellanomanchego.

El valor medio en la Comunidad se establece en 1.736 €/m², muy por debajo de la media nacional (3.458 €/m²). Por capitales de provincia, aquella con el precio más elevado es Guadalajara (1.990 €/m²), seguida de Toledo (1.875 €/m²), Albacete (1.764 €/m²), Cuenca (1.507 €/m²) y Ciudad Real (1.416 €/m²).

Alcázar de San Juan registra la mayor subida de precio

De los catorce municipios analizados a junio de 2026, las mayores subidas se observan en Alcázar de San Juan (+7,2%), Talavera de la Reina (+6,8%), Toledo (+5,8%), Albacete (+5,4%) y Guadalajara (+5,2%). Por su parte, Puertollano, Tomelloso, Valdepeña, Molina de Aragón, Mora y Torrijos son los seis municipios que en los que no hay variación interanual.

Los datos determinan que los precios por metro cuadrado más elevados se registran en Guadalajara (1.990 €/m²), Toledo (1.857 €/m²) y Albacete (1.764 €/m²). Por su parte, los valores más bajos corresponden a Puertollano (966 €/m²), Daimiel (1.000 €/m²), Alcázar de San Juan (1.200 €/m²) y Ciudad Real (1.416 €/m²).

Pese a los precios, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que representa el tiempo que un individuo necesita ahorrar su sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda de tipo medio, se ha establecido en Castilla-La Mancha en 5,4 años a cierre del segundo trimestre de 2026, por debajo de la media nacional, situada en 7,8 años.

Castilla-La Mancha presenta el cuarto menor nivel de esfuerzo inmobiliario entre las comunidades autónomas. El indicador registra un incremento interanual del 1,2%.

Por su parte, el Índice de Accesibilidad —que mide el equilibrio entre el precio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada— se sitúa en Castilla-La Mancha en 123 puntos, por encima del umbral de 100 que marca el equilibrio recomendable y de la media nacional, posicionada en 83.

La comunidad presenta el cuarto valor más elevado de España y forma parte de las ocho autonomías en las que un ciudadano con salario medio puede acceder a una vivienda estándar sin superar el nivel de endeudamiento aconsejable. En términos interanuales, el Índice de Accesibilidad desciende un 3,1% en Castilla-La Mancha.

“El deterioro de la accesibilidad no responde a un único factor. La combinación de precios más elevados, tipos de interés en niveles algo más restrictivos y mayores necesidades de ahorro previo está limitando la capacidad de compra de una parte de la demanda potencial”, apunta el delegado general de Grupo ST en Castilla la Mancha, César Jiménez.

El optimismo sigue siendo generalizado en el conjunto del país, aunque el indicador refleja un ligero ajuste en el conjunto del mercado. El Índice de Confianza Inmobiliario se situó en Castilla-La Mancha en 55,2 puntos sobre 100 en el segundo trimestre de 2026, por encima del umbral de equilibrio, establecido en 50 puntos, aunque por debajo de la media nacional, situada en 58.

El dato confirma que la percepción del mercado residencial castellanomanchego se mantiene en terreno positivo y registra una variación interanual del +1,5%.

El desajuste entre la construcción residencial y las necesidades de vivienda

El Informe de Vivienda Nueva de Grupo ST sitúa el origen del problema residencial español en el desajuste entre la producción residencial y las necesidades de vivienda. Pese a la reactivación de la actividad promotora en España —con incrementos relevantes en los visados de obra nueva a comienzos de 2026—, la oferta sigue limitada por la disponibilidad de suelo finalista, los extensos plazos urbanísticos, los costes y las dificultades de financiación del suelo.

Entre estos factores, el documento destaca que el coste medio de construcción de las promociones residenciales de obra nueva iniciadas alcanzó los 1.451 €/m² en el segundo trimestre de 2026, un 11,2% más que un año antes y un nuevo máximo de la serie histórica.

Frente a la tensión de precios y costes, los datos de Grupo ST confirman que la obra nueva mejora en sostenibilidad. Las promociones iniciadas en el primer semestre de 2026 registran unas emisiones medias de 2,98 kg CO₂/m² año y un consumo de energía primaria no renovable de 16,87 kWh/m² año, mínimos históricos de la serie (un 18,1% y un 11,2% inferiores, respectivamente, al semestre anterior).

Además, la calificación energética A se consolida como el estándar dominante en la obra nueva residencial: el 92% de las promociones arrancadas en 2026 obtiene calificación A en emisiones y el 88% alcanza esa misma calificación en consumo.

La crisis de la vivienda, que el 28% de los catalanes percibe ya como su mayor preocupación, condiciona desde hace años del debate político en Catalunya. La Generalitat ha sido pionera en España en aplicar la regulación de los alquileres y ahora se plantea prohibir las compras especulativas. Pero hay otras asignaturas pendientes, más lentas y menos vistosas, en las que se depositan no pocas expectativas: la principal, el aumento del parque residencial.

Pocos son los que dudan de que hay que construir más vivienda en un mercado tensionado, en parte, por el crecimiento de la población. El president Salvador Illa anunció como medida estrella la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030. Pero la pregunta es cómo crecer: ¿en qué barrios y ciudades? ¿Con qué tipo de arquitectura? ¿Con pisos de titularidad privada, pública o con otras fórmulas? Estos son algunos de los interrogantes que se han tratado de resolver en el acto Dret a l’habitatge: on i com créixer, organizado este jueves por elDiario.es.

Celebrado en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona, el evento ha contando con la participación de Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que ha anunciado la prórroga del tope de los alquiler. En cuanto a los expertos y administraciones, han tomado parte en la mesa de debate Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat; Josep Maria Borrell, director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol); Maria Sisternas, Coordinadora del Área de Transición Ecológica y Área Urbana del Ayuntamiento de Girona y arquitecta en la Fundación Hàbitat3, y Núria Moliner, arquitecta y comunicadora.

Por parte de la Generalitat, Mas ha abogado por planificar el crecimiento con criterios de “sostenibilidad” y “equilibrio”, apuntando a que no es lo mismo hacerlo en barrios que ya tienen una elevada densidad, que en zonas de casas unifamiliares. “Creemos que el suelo es un recurso escaso y se debe poner al servicio de una de las principales necesidades que tenemos, que es la vivienda”, ha expresado. El modelo, ha precisado, debería ser el de las ciudades “compactas” del Mediterráneo, que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Lejos de ejemplos como las polémicas remontas –muy extendidas en edificios del Eixample de Barcelona en los 60 y 70– los ponentes han defendido más bien una densificación de las ciudades mediante la reconversión suelos industriales o de oficinas, o con el crecimiento del área metropolitana. Sisternas, que ha puesto el ejemplo de La Siberia en Barcelona –una antigua fábrica convertida en viviendas–, ha advertido de que el reto de aumentar la densidad va más allá de la vivienda. “Poner más gente en un sitio requiere más servicios y equipamientos”, ha expresado.

“La forma de regularlo es un plan urbanístico que haga las reservas correspondientes de servicios”, ha añadido, desde escuelas a bibliotecas o piscinas municipales. Hacerlo manzana a manzana, ha argumentado, y no edificio por edificio, es la manera de que “la densidad no sea una lastre”. En este sentido, esta medida no solo aplicaría a Barcelona, sino a los municipios catalanes de tamaño medio con zonas industriales y comerciales infrautilizadas.

La construcción de nueva vivienda, además, debería tener en cuenta otros aspectos: en primer lugar, que sirva para ampliar el parque público (el objetivo es alcanzar el 15% del total), y en segundo lugar, hacerlo con una arquitectura de parámetros sostenibles, que tengan en cuenta el combate contra la emergencia climática y formas de vida más comunitarias.

“Aunque todo el mundo tiene claro que hay que hacer más vivienda social, hay gente y alcaldes que no los quieren cerca, y tenemos que combatir esto con ejemplaridad”, ha defendido Borrell, que ha añadido que para darle la vuelta hay que dotar de calidad estos edificios y adaptarlos a las necesidades del futuro: más versátiles, estancias flexibles, cocinas en el centro, comunidades de vecinos con más espacios compartidos, o sistemas de ahorro energético.

“Si ponemos una galería bioclimática en un edificio, con fachada de cristal, conseguimos 23 grados constantes sin calefacción, y esto vale para hoy y para dentro de 20 años; si ponemos una fachada delgada, y aire acondicionado dentro, fomentamos el consumo masivo de energía”, ha puesto como ejemplo Borrell.

A debate han salido también los llamados edificios cebra, el fenómeno arquitectónico que invade las ciudades de toda España. Moliner se ha mostrado crítica con esta moda: “Su construcción masiva es fruto de una pauta marcada por las promotoras, que quieren construir a partir de un molde fruto de la especulación y la mediocridad”. La arquitecta lo atribuye también a la imagen de lo que el sector privado quiere vender como “moderno” o “atractivo”, con unos servicios integrados “egocéntricos” (desde piscinas a zonas ajardinadas) que van en contra de la vida comunitaria y la sostenibilidad en las ciudades.

Para Moliner, la “carta a los reyes” en materia de vivienda incluye crear, y sobre todo luego mantener, el parque residencial público, y hacerlo por todas las vías posibles. Desde la construcción a la rehabilitación, de zonas industriales a oficinas, aunque con una excepción: las plantas bajas, puesto que ha dado a entender que sus usos comerciales y sociales contribuyen a crear vida de barrio.

El director general de Vivienda de la Generalitat, Jordi Mas, se ha mostrado optimista ante este reto y ha recordado que algunos indicadores ya señalan que Catalunya va por el buen camino, como la contención de los precios del alquiler en comparación con otras ciudades como Madrid o Málaga. “Tener un contexto regulado, una estrategia pública liderada por la Generalitat, consigue remover cosas y cambiar actitudes”, ha expresado. En cuanto al parque público, ha añadido que “poco a poco” se van acercando a producir la vivienda protegida necesaria.

“Se trata de favorecer una estrategia de generación de un parque de alquiler proteger mínimo, para dar respuesta a todas necesidades, y ampliar el número de viviendas de mercado libre que pasan a ser protegidos o que tengan un nivel de regulación si hace falta”, ha concluido.

La economía extremeña creció un 2,3% en términos reales en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos estimados de Contabilidad Trimestral elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

Los sectores que registraron tasas de variación anual positivas fueron la construcción un 6,6%, los servicios con un 3,7% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 1,2%.

Por contra, el sector industrial presentó una variación anual negativa del 2,1%, según ha informado este jueves el IEEx.

En relación con el trimestre anterior, el PIB regional registró un incremento del 0,4%.

Por sectores, anotaron tasas positivas la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1,1%), los servicios (0,7%) y la construcción (0,04%) mientras que la industria decreció un 0,7%.

Guadalajara tendrá 234 viviendas de Precio Tasado (VPT) en las parcelas RC1 y RC3 del sector 'Aguas Vivas Ampliación'. Al menos es la intención de la cooperativa Greenhabitat que hoy ha celebrado el acto simbólico de colocación de la 'primera piedra' de la futura promoción.

La cooperativa Greenhabitat está gestionada por Grupo NiDra, compañía especializada en proyectos residenciales. Además de esta prooción también gestiona en el mismo ámbito las promociones de las cooperativas Greenhabitat Guadalajara de 106 viviendas, con obras en fase avanzada, y Greenhabitat Las Encinas de 110 viviendas, en fase inicial. Las tres cooperativas fueron adjudicatarias de sus parcelas por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) -ahora es Casa 47- y que era la anterior propietaria de los terrenos. En todas estas promociones las viviendas se distribuyen en urbanizaciones cerradas con amplias zonas comunes ajardinadas y piscina.

Enrique Batanero, presidente del Consejo Rector de Greenhabitat, S.Coop, “para los socios de Greenhabitat, hoy empieza a hacerse realidad el acceso a una vivienda asequible y de calidad en su ciudad. Este es el resultado de un trabajo colectivo que merece celebrarse.”

“Guadalajara es una ciudad que cada día eligen más personas para vivir, y la escasez de suelo residencial se traduce en una enorme falta de oferta. La vivienda es la prioridad de este Ayuntamiento: ya hemos impulsado más de 1.600 viviendas protegidas, y una de cada tres viviendas, es vivienda protegida. El modelo cooperativo, basado en la participación, la confianza y la cooperación, pone a las personas en el centro y eso es exactamente lo que necesitamos”, ha manifestado Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara.

“El cooperativismo encarna los valores de la democracia: participación, responsabilidad y gestión compartida y da respuesta a la mayor preocupación de los ciudadanos hoy: la vivienda”, ha apuntado Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. “La solución pasa por más oferta, y Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha fondos para impulsar promociones con protección pública, sin esperar a otros. Guadalajara tiene la sana ambición de seguir creciendo de forma razonable y sostenible, y lo vamos a hacer de la mano del sector privado”, añade.

La actividad actual de NiDra supera las 1.000 viviendas. Entre sus próximos proyectos figura la gestión de nuevas promociones en Brunete (Madrid), con aproximadamente 300 viviendas en régimen libre.

Esta empresa fue fundada tras la COVID-19, en 2021, y está especializada en la gestión integral de cooperativas de viviendas y en la promoción de vivienda protegida y libre. Opera en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha con una cartera activa de más de 1.000 viviendas.