El Gobierno vasco no se considera competente para tratar el incremento de los ruidos en el entorno del aeropuerto de Loiu debido al mayor tráfico de aviones, que se ha constatado este verano. La parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, ha preguntado al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del que depende Medio Ambiente, si el Ejecutivo ha realizado “alguna medida o actuación dirigida a proteger de perjuicios a la ciudadanía y a evaluar o minimizar el impacto acústico” dado que el Gobierno forma parte de la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto de Bilbao. Sin embargo, el consejero señala en su respuesta que, según lo “contemplado en la normativa de ruidos, recae en los titulares de las infraestructuras elaborar los mapas de ruido y, en su caso, adoptar las medidas que se consideren oportunas”. Es decir, en este caso Aena, que es el organismo del Gobierno central del que depende el aeropuerto.

A lo largo de este verano se han incrementado los vuelos sobre zonas densamente pobladas del Gran Bilbao al autorizarse a algunos aviones a modificar sus rutas habituales. El consejero señala en la respuesta que ha remitido al Parlamento Vasco que el Gobierno vasco no estaba al corriente de este aumento de vuelos por zonas pobladas, y señala que la comisión de seguimiento ambiental del aeropuerto de Loiu se contempla en el apartado 5.1 de la Resolución de 29 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Ampliación del Aeropuerto de Bilbao, en el marco de las actuaciones a realizar para la ejecución del Plan de Aislamiento Acústico.

En esta resolución, se contempla precisamente que ante la existencia de edificaciones afectadas acústicamente por la actividad del aeropuerto, el promotor elaborará un plan de aislamiento acústico de su entorno. Y señala que las isófonas -las áreas afectadas por la presión sonora- serán revisadas cada cinco años, “o cuando se produzcan modificaciones relevantes, sostenidas y acreditadas en alguno de los factores determinantes de dichas isófonas”.

La parlamentaria de EH Bildu pregunta a Jauregi si el Gobierno vasco “ha trasladado a Aena, Enaire o al Ministerio de Transportes y Sostenibilidad alguna solicitud, observación o queja acerca del incremento de operaciones realizadas sobre Getxo, Barakaldo, Sestao o Bilbao”, pero el consejero asegura que su departamento “no ha recibido, a lo largo del año 2026, comunicación, observación o queja alguna en relación con las molestias por ruido que se pudieran derivar de las operaciones realizadas en el aeropuerto de Loiu, por lo que no ha podido trasladar nada al respecto a ninguna entidad”.

En esa Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto de Bilbao y sus efectos sobre el medioambiente está presente, además de un representante del Gobierno vasco, otro de la diputación foral y de los municipios afectados, además de dos representantes del área de Medio Ambiente del Gobierno central y dos representantes de Aena.

El pasado mes de julio el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Loiu aprobó nuevas actuaciones de insonorización en 24 viviendas adicionales de la zona. En total se han insonorizado, o están en fase de ejecución, 2.468 viviendas y el censo actual de viviendas con derecho a solicitar insonorización es de 2.781, si bien todavía 193 no había solicitado el aislamiento acústico en ese mes, según informó Aena a la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto.

La coalición EH Bildu, principal fuerza de la oposición en el Parlamento Vasco, ha denunciado este viernes el “desprecio” del Gobierno de Imanol Pradales a la Cámara al entender que le ha escamoteado información solicitada. La controversia surge por una petición de datos sobre el nuevo comisionado designado por el lehendakari para diseñar la “Euskadi berria”, José María Bilbao. La parlamentaria abertzale Eraitz Sáez de Egilaz asegura que la respuesta ofrecida es genérica y del todo insuficiente y ha registrado una queja con petición de amparo a la Mesa, el órgano de Gobierno de la institución.

La pregunta fue registrada el 8 septiembre y ha sido esta semana, cumpliendo los plazos, cuando el Ejecutivo ha trasladado la respuesta. En euskera y castellano, brevemente, Pradales enumera las funciones de su nuevo alto cargo, un excolaborador suyo en la Diputación de Bizkaia, y añade que en el pleno de política general de septiembre ya indicó que el alto comisionado igualmente “impulsará una nueva línea de trabajo para elaborar conjuntamente la estrategia de país en el ámbito de la inteligencia artificial”.

Dice Sáez de Egilaz que ella había solicitado, haciendo uso de las prerrogativas que permite la ley a los electos del Parlamento Vasco, datos “concretos” sobre el comisionado de “Euskadi berria”. Cita, por ejemplo, una identificación clara de acciones, la estructura y composición de su equipo, el reparto de funciones y otras tareas, y todo ello para toda la legislatura. Y lamenta haber recibido simplemente una “explicación genérica”.

“Queda claro que en este caso el lehendakari ha vulnerado el derecho que me asiste como parlamentaria [a recibir información oficial], así como la responsabilidad de control al Gobierno, fundamental en una democracia. Además, esto no es un caso aislado. Se está convirtiendo en costumbre que el Gobierno no responda debidamente a lo que solicitamos los parlamentarios. Y eso es verdaderamente preocupante, entre otras cosas porque con esa actitud se muestra desprecio al Parlamento. El Parlamento, como institución, merece ser respetado por el Gobierno”, se puede leer en la queja formulada por la representante de EH Bildu, traducida por este periódico. Sáez de Egilaz pide a la Mesa —de la que ella misma forma parte— que obligue al lehendakari a entregar todos los datos y tratará esta cuestión previsiblemente este martes.

La creación de la figura del alto comisionado fue adelantada por este periódico en 2024, cuando se contemplaba para ello una partida de 260.000 euros de cara a los presupuestos de 2025. Sin embargo, no ha sido hasta este 2026 cuando ha aterrizado en la Presidencia vasca el elegido para el cargo, José María Bilbao. En la web oficial, por el momento, no consta ninguna actividad desarrollada en los meses que lleva en el cargo.

Los dos lehendakaris anteriores ya habían tenido esa figura, aunque con misiones diferentes. El socialista Patxi López incorporó a Jesús Loza como comisionado para la paz tras el final del terrorismo de ETA y el nacionalista Iñigo Urkullu a su exconsejera Cristina Uriarte para labores relacionadas con la ciencia y la innovación.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves con los votos de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, “continuar con la estrategia actual de impulso a los centros datos que se establezcan en Euskadi, trabajando porque sean modelos sostenibles”. Y ha rechazado la moción presentada por EH Bildu, que pedía “avanzar en la limitación del despliegue” de estos centros “en función de la disponibilidad energética y de capacidad de red, priorizando las necesidades de electrificación y descarbonización de la industria vasca”.

La moción de EH Bildu estaba vinculada con las alegaciones presentadas por el Gobierno vasco al proyecto de real decreto del Ejecutivo central sobre centros de datos y, de hecho, pedía en concreto “dar un paso atrás en sus alegaciones cuando solicita la flexibilización de las condiciones vinculadas a las energías renovables para el despliegue de los centros de datos”. Además, en las alegaciones presentadas por el parlamentario de EH Bildu, Ander Goikoetxea, se establecía que la energía renovable que se pueda obtener a través de la repotenciación de los parques eólicos actuales se dirija a la “electrificación y descarbonización de la industria vasca, desarrollando herramientas para vincular el uso de dicha energía con el tejido industrial vasco”.

Goikoetxea ha considerado que el Gobierno vasco carece de una “'planificación” para el despliegue de estos centros, y eso abre la posibilidad de que “cualquiera que venga a invertir nos va a parecer bien”. En la justificación de la iniciativa, EH Bildu señalaba la existencia de “una carrera por atraer la inversión de centros de datos con altas exigencias energéticas en el Estado español, ”con demandas de conexión de hasta 6000 MW“. En el caso concreto de Euskadi, señalaba que el centro de datos Bilbao-Arasur, promovido por Merlin Properties, tiene un consumo de potencia de hasta 300 MW.

Considera que este modelo de negocio “entra en conflicto con las necesidades de conexión de la industria vasca”. “Con toda esta potencia el consumo de energía eléctrica en Álava puede aumentar hasta un 50%”, entiende. En este sentido, considera EH Bildu que la nueva energía renovable “debe orientarse prioritariamente a dar respuesta a las necesidades del tejido industrial”. “No es admisible vincular la energía renovable adicional generada a través de la repotenciación de los parques eólicos actuales con el despliegue de centros de datos de hiperescala”, tal y como asegura que ha propuesto el Gobierno vasco en sus alegaciones al proyecto de decreto sobre esta materia aprobado por el Ejecutivo central.

Sin embargo, tanto PNV como PSE-EE han señalado que los centros de datos se han convertido en un instrumento “imprescindible” en la sociedad, y que es uno de los “pilares de la economía actual y del futuro”, y han insistido en que como se recoge en su moción, se insta al Gobierno vasco a que “persista en su acción para que los costes de nuevas infraestructuras eléctricas adicionales necesarias para la implantación de centros de datos no recaigan en hogares e industria”. Además, se pide al Ejecutivo que se profundice en las actuaciones orientadas a fomentar la eficiencia energética mediante la evaluación y el aprovechamiento por parte de los CPD del calor residual generado, cuando su recuperación resulte viable“. Este tercer punto sobre el aprovechamiento del calor generado ha recibido el voto a favor de EH Bildu, que ha pedido que se voten los puntos de la moción por separado, aunque Goikoetxea ha insistido en que sólo se podrá llevar a cabo de forma efectiva si existe ”planificación“

La parlamentaria del PSE-EE Itxaso Asensio ha recordado en la defensa de su moción que “los centros de datos contribuyen a sostener los servicios diariamente utilizados, tanto con las administraciones públicas, empresa y ciudadanía. (…) la nube, comunicaciones, investigación, inteligencia artificial”. “La importancia de estas infraestructuras impacta y contribuye a modernizar y hacer avanzar a la economía y en la sociedad en su conjunto. Y su relevancia va mucho más allá del simple proceso tecnológico, afecta directamente a nuestra soberanía tecnológica, a la protección de nuestros datos, mantenimiento de los servicios, a reducir dependencias estratégicas con terceros países”, ha indicado.

De igual forma, la representante del PNV, Ainara Zelaia, ha insistido en que “no hay progreso sin la economía del futuro y sin una de las infraestructuras sobre las que se va a basar la economía del futuro como son los centros de datos”. “Los centros de datos son a la sociedad digital lo que las redes eléctricas fueron a la industrialización. Una infraestructura habilitadora sin la cual gran parte del proceso tecnológico y económico no podrían materializarse. No constituyen un complemento opcional de la economía digital, sino una de sus condiciones materiales de existencia”, ha dicho.

Desde la oposición, Jon Hernández de Sumar ha compartido la preocupación de EH Bildu por la expansión de estos cetros. De hecho, ha votado a favor de la enmienda presentada por la coalición soberanista. No obstante, ha señalado que el “debate va bastante más allá de una cuestión de disponibilidad eléctrica o de política industrial”.“ Estamos hablando de quién decide cómo se utilizan nuestros recursos para satisfacer qué necesidades y en beneficio de quién. Los grandes centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad, pueden requerir importantes recursos hídricos, suelo, y generan poco empleo en relación con las inversiones que movilizan”, cree.

Por su parte, Álvaro Gotxi, del PP, ha señalado que cuando se habla de centros de datos no se hace “únicamente de grandes instalaciones informáticas”. “Estamos hablando de competitividad industrial, de inversión, de innovación, y también de soberanía tecnológica europea”, ha indicado. Ha recordado que para participar en esta revolución tecnológica “hace falta algo más que voluntad política”, porque “hace falta energía”. Y en este punto ha cargado contra los “sucesivos Gobiernos del PNV y del PSE-EE”, porque “no la han visto venir”. “Y ahora corremos el riesgo de que este retraso nos haga perder también el tren de la revolución digital”, ha señalado, por la poca generación de las energías renovables.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso (PSE-EE), ha entregado al Parlamento Vasco, a instancias de la representante de EH Bildu Edurne Benito del Valle, un informe sobre las ayudas al alquiler de 300 euros mensuales a las que pueden acceder los jóvenes de 18 a 35 años, el programa Gaztelagun. Primera constatación: los beneficiarios actuales del programa son 7.906. Segunda constatación: desde que en mayo se modificaron los requisitos para mejorar el programa 2.047 personas se han interesado y a 330 se les ha denegado. Y tercera constatación: la renta media de los solicitantes es de 15.204,81 euros anuales y el coste medio de sus casas es de 9.288,96 euros, de modo que se come el 61% de los ingresos.

Indica el Gobierno que entre mayo y agosto de 2026 ha habido 2.047 peticiones para acceder al programa Gaztelagun. Precisamente en ese mes entró en vigor la esperada modificación de un decreto que se había publicitado como “urgente” a mediados de 2025 para mejorar varios programas ante la crisis habitacional, incluidas las ayudas mensuales de 300 euros. El principal cambio fue elevar el umbral de alquileres admitidos, ya que muchos demandantes estaban siendo rechazados al considerarse suntuosas sus casas. Por ejemplo, se incluyeron pisos de casi 1.000 euros en Donostia. También se ensanchó la puerta de entrada a personas con ingresos de hasta 39.184 euros si son familias numerosas, 36.764 si es una pareja y 30.000 en casos individuales.

Sin embargo, las denegaciones han sido 330 y la principal causa, en 114 casos, ha sido nuevamente el precio, es decir, que se han pedido prestaciones para una vivienda más cara que lo permitido. La media de renta de los solicitantes en el segundo cuatrimestre ha sido de 15.204,81 euros, y la mediana de 15.124,66 euros. Se trata de personas de unos 28 años las que se quieren emancipar y que tienen un alquiler medio de 774,08 euros (la mediana es algo más alta, de 790 euros). Esto eleva al 61% el coste de la renta, el doble del umbral considerado como razonable, del 30%. Incluso con la ayuda se quedaría en un 37,61%, aunque Gaztelagun es compatible con otro programa del Gobierno vasco, llamado Emantzipa, que son otros 300 euros mensuales durante dos años de los 23 a los 29. En primavera, eran 2.811 los que lo simultaneaban.

Por sexos, hay un 54% de solicitantes que son mujeres y un 46% varones. Por ciudades, desde mayo han llegado 541 de Bilbao, 331 de Vitoria, 240 de Donostia —donde más se notaba la imposibilidad de entrar al sistema por el coste en el mercado de los alquileres—, 120 en Barakaldo y 55 en Irún. De las denegaciones, 76 fueron en Bilbao, 46 en Vitoria y 40 en Donostia. Son 7.906 los beneficiarios —más de dos millones mensuales de inversiones— y hay 21 que se mantienen desde el principio del programa, en 2019. Otras 10.156 personas han cobrado la ayuda en algún momento.

Benito del Valle quería conocer también cuándo se pagan exactamente las prestaciones y la espera media desde la solicitud hasta el primer cobro. Desde mayo, como muy tarde se han abonado el día cuatro del mes. Y la demora es de unos 69 días. Es decir, quienes pidan ahora Gaztelagun entrarían al programa exactamente en Nochebuena.

El secretario general del PCE (EPK en Euskadi) y único parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha asegurado que habrá una candidatura del Frente Amplio en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en las elecciones generales, aunque por el momento no hay acuerdo alguno con Podemos. Sí ha señalado que no se contempla en ningún supuesto la posibilidad de no presentarse y dejar el terreno libre a EH Bildu porque existen “algunos elementos claramente diferenciados con una fuerza independentista” y no se puede dejar huérfano “a un sector de la población que está ideológicamente situado a la izquierda del PSOE”.

Hernández se ha dicho “ni optimista ni pesimista” con las conversaciones en marcha. La negociación parece avanzada entre los actuales componentes de Sumar, pero no está cerrada con Podemos. En las generales de 2023 Sumar sí incluyó a los morados pero la alianza se rompió pronto y en las autonómicas de 2024 hubo dos candidaturas separadas. Esta izquierda tiene un escaño en el Congreso de 18 en Euskadi, obtenido por Bizkaia, y ninguno en el Senado. Hace una década, cuando nació Podemos, llegó a vencer en votos por dos veces al PNV y al resto de fuerzas.

Según Hernández, lo relevante es “poner por encima de los intereses particulares” el “interés general” y un “programa común” con propuestas, por ejemplo, para hacer frente a la crisis de vivienda. Y ha insistido en la “certeza” de que “va a haber una candidatura fuerte a la izquierda del PSOE”. Fuentes de Podemos, de su lado, piden “esperar” a que “terminen” las conversaciones “a nivel nacional” para descender al detalle sobre Euskadi.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha admitido en el Parlamento Vasco que este verano, del 1 de julio al 31 de agosto, no ha habido personal médico en 29 de 124 turnos del centro coordinador de Emergencias de Álava. A ello se le añade que la ambulancia de soporte vital avanzado de la localidad de Iruña de Oca no tuvo facultativo en las noches de los días 21 y 31 de julio.

Martínez ha ofrecido estos datos en respuesta a una pregunta de la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera. Sin embargo, el consejero matiza que el servicio no se vio afectado por esta escasez de personal. En el caso del centro coordinador, aunque casi un cuarto de los turnos se vieran condicionados, se indica que “las llamadas que requerían asistencia médica telefónica” fueron “derivadas” a los centros coordinadores de Gipuzkoa o de Bizkaia, “según disponibilidad”.

En el caso de la ambulancia de la localidad ubicada al oeste de Vitoria, según la versión oficial, “mantuvo su operatividad con enfermería y con la supervisión y apoyo del médico coordinador” en los dos días sin persona médico. Se agrega que, en horario diurno, “la zona contó con la cobertura adicional del equipo de contingencia ECHO, compuesto por personal médico, de enfermería y de un técnico”.

La oposición no lo ve igual. Sobre el centro coordinador de Emergencias de Álava, en EH Bildu entienden que “lo que al principio era un problema puntual se ha cronificado y se ha convertido en un problema estructural”. “Pasan los años y el Gobierno vasco no es capaz de solucionarlo. Es evidente que tiene un problema de falta de médicos que requiere medidas específicas”, indica Ubera, que añade que en el caso de Iruña de Oca “anunciaron una ambulancia medicalizada, pero luego se ha visto que en muchos turnos no tiene personal médico”.

EH Bildu cree que en Osakidetza “hay un problema general de falta de médicos que en servicios concretos es muy específico”. Y que afecta a todos los niveles, hospitalario, ambulatorio y emergencias. “Por desgracia, ni lo del centro coordinador ni lo de la ambulancia medicalizada son problemas excepcionales, lo que nos lleva a volver a reclamar cambios en la política de personal y en el modelo de contratación de Osakidetza, porque está claro que las medidas anunciadas hasta la fecha no están siendo eficaces”, señala Ubera, que abunda que en la última OPE para plazas de difícil cobertura hubo un 45% de vacantes.

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, ha insistido este viernes en que el Gobierno vasco no tuvo ninguna posibilidad de comprar las viviendas de 'Los Ochos' de Erandio para atajar la entrada del fondo Mosaic, porque se trata de pisos libres, no de VPO, y que no recibieron ninguna comunicación ni oferta al respecto. Durante el pleno de control en el Parlamento Vasco ha señalado a preguntas de EH Bildu que la mayor garantía para estas familias de que no serán desahuciadas de sus viviendas está en que salgan adelante los decretos aprobados por el Gobierno central, los llamados 'decretos Maricarmen', y que se apruebe cuanto antes la declaración de zona tensionada, para lo que el Ejecutivo vasco está trabajando en la aceleración de los plazos, ha recordado.

Itxaso ha recordado que los vecinos de estos inmuebles, que ImnoCaixa ha vendido al fondo que ahora no quiere renovar los contratos de alquiler, no han sido desahuciados por el momento. De hecho, aunque para varios de ellos los contratos han finalizado a finales del mes pasado o a principios de este, no han recibido ninguna comunicación posterior a la fecha de finalización. Con anterioridad sí se les había comunicado que no se renovaría sus contratos por lo que debían abandonar las viviendas, pero ninguno lo ha aceptado.

Los vecinos han judicializado la cuestión, por entender que no se les ofreció el derecho de compra de la vivienda antes de vender al fondo, con lo que pretenden ganar un tiempo que les permitirá que bien la entrada en vigor de los decretos estatales o la aprobación de zona tensionada del municipio después blinde la vigencia de sus contratos de alquiler. “No van a ser desahuciados”, ha garantizado el consejero. “El Gobierno vasco está tratando de dar seguridad jurídica con todos los instrumentos que, de verdad, ayudan a los inquilinos”, ha señalado.

Pese a insistir en que “es mentira” que el Gobierno vasco tuviera sobre la mesa la opción de comprar estas viviendas y lo desechara, como ha insinuado el parlamentario de EH Bildu, Xabier Astigarraga, Itxaso ha considerado que el hecho de que el Ejecutivo se lanzara a comprar vivienda libre a precio de mercado sería “irresponsable” por la repercusión sobre los presupuestos y el recalentamiento del mercado que supondría, llevando al alza los precios si el mercado es conocedor que la Administración comprará todo lo que se le proponga. “Les pido rigor”, ha señalado. “No se pueden hacer propuestas a salto de mata de la actualidad”, ha agregado.

Astigarraga ha reprochado al consejero “falta de voluntad política para frenar la especulación” y ha pedido que se incorporen cuantías “importantes” en los presupuestos para ejercer los derechos de tanteo y retrato, con el propósito de “parar la entrada de fondos buitres” y “aumentar el parque público de vivienda en alquiler”. “Hablamos de decisiones políticas que tiene que tomar el Gobierno para parar la especulación. El Gobierno ha podido evitar esos desahucios, pero, para eso, se necesita una voluntad para hacer frente a la especulación y leer a tiempo la gravedad del asunto de lo que ha sucedido en Erandio”, ha cuestionado.

El consejero ha criticado que EH Bildu, que gobierna en Erandio desde 2003, solo ha planteado “propuestas generales” para dar solución al problema, pero no planteó declarar a Erandio como zona tensionada hasta el agosto pasado, ni elaboró una planificación específica para “anticiparse a una situación que seguramente ya veían”.

Retrasos en Getxo

En el mismo pleno de control, la parlamentaria del PP, Ana Morales, ha criticado al consejero Itxaso por el hecho de que hay 58 viviendas sociales en Getxo que están terminadas desde hace un año pero vacías, sin que se hayan entregado a sus destinatarios. El consejero ha mostrado su insatisfacción por “cualquier retraso”, pero ha recordado que las viviendas “están construidas” y que no han podido entregarse por los recursos que se han presentado respecto a las adjudicaciones que al parecer están atascados en el trámite administrativo.

Morales ha reprochado al consejero que “esté de gira por Europa”, en relación con los viajes a Roma y a Viena que recientemente ha realizado su departamento, en lugar de solucionar estos problemas. “Como consejero viajero usted no tiene rival, pero como consejero gestor yo creo que es bastante mejorable”, ha dicho la parlamentaria del PP. Ha indicado que, además de estos recursos a las VPO de Getxo, “se acumulan en su departamento miles de expedientes sin resolver”, relacionados con fianzas de alquiler, de rehabilitación de edificios, o de instalación de ascensores.

PNV y EH Bildu han chocado este viernes en el Parlamento Vasco en relación a las políticas de Vivienda, que en Euskadi están gestionadas por un tercero, el PSE-EE. El lehendakari, Imanol Pradales, ha ironizado que la coalición abertzale pida construir 30.000 viviendas cuando sus municipios tienen suelo para levantar hasta 42.000. “Muevan a sus alcaldes”, ha implorado. Y el jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha asegurado que en la Cámara autonómica hay “mayorías holgadas” para sacar adelante iniciativas incluso más ambiciosas y “contundentes” que los decretos españoles, como una ley contra la especulación.

El lehendakari, interpelado por Otxandiano por las políticas de Vivienda en un contexto de creciente preocupación por la materia, ha indicado que todo el programa comprometido en 2024 está activado y que incluso siguen lanzando más iniciativas. Ha mencionado el fondo social para levantar 10.000 pisos en ocho años —con el matiz de que es una iniciativa que garantiza rentabilidad a los inversores privados, de hasta el 6,62%—, la reforma legal de finales de 2025 y el decreto con modificaciones en programas como Gaztelagun o Bizigune de esta primavera.

Pradales ha lamentado que EH Bildu votara “en contra” de la ley al tiempo que uno de sus municipios, Errenteria, haya sido el primero en aplicarla. Ahora, con la previsión de meter en los presupuestos otros tres cambios legales, por ejemplo para hacer permanentes las viviendas protegidas previas a 2003 en zonas tensionadas, ha “tendido la mano” a que se sume a los acuerdos, aunque el Ejecutivo de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta para aprobarlo igualmente.

Sin embargo, donde más podría hacer la coalición abertzale es el ámbito local, ha dicho Pradales. “EH Bildu tiene la llave para habilitar la construcción [de 42.000 viviendas]. Muevan a sus alcaldes. Díganles que actúen. Vayamos de la mano. Mójense. Pongan el suelo al servicio del país. Cada metro cuadrado cuenta. Salgan del debate teórico. Colaboren con el Gobierno vasco”, ha lanzado el lehendakari ante la atenta mirada del consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, ha asegurado que si Pedro Sánchez puede exprimir la legislatura para aprobar decretos con medidas sobre Vivienda también lo puede hacer para cumplir los acuerdos pendientes y completar el Estatuto de 1979. Los nacionalistas apoyaron la investidura en 2023 a cambio de cerrar las transferencias en 2025, el plazo no se cumplió y aún en 2026 quedan materias en el aire, principalmente la gestión de las pensiones de la Seguridad Social pero también los paradores de turismo o la organización de elecciones municipales.

En el Parlamento Vasco, que celebra este viernes una sesión de control al Gobierno, el PNV ha preparado una autopregunta para que Pradales pueda recordar a Sánchez que “no se ha cumplido todo lo acordado”. Voces internas del entorno del lehendakari reaccionaron al adelanto electoral, con cita con las urnas fijada para el 29 de noviembre, como la constatación de que las negociaciones abiertas quedarían en papel mojado. Sin embargo, ahora ha cambiado la estrategia para insistir en que “todavía hay tiempo”.

“De repente, elecciones. Parece que todo se pone patas arriba. Pero con el decreto de la Vivienda ha pisado el acelerador. Si quieren, pueden. Pedimos que muestren la misma voluntad con la agenda del autogobierno. Todavía hay tiempo [...]. Me gustaría ver esa misma velocidad y valentía en el cumplimiento íntegro del Estatuto”, ha señalado Pradales, que vio cómo a finales de julio se cancelaba una 'cumbre' con Sánchez precisamente por la falta de entendimiento con las materias pendientes. Al margen del Estatuto, el lehendakari ha pedido también que se atiendan otras cuestiones como los acuerdos para incrementar la potencia eléctrica industrial.

Pradales no ha negado que se han dado catorce acuerdos en la legislatura. “Hemos avanzado”, ha señalado. En concreto, se ha cedido la gestión de las Cercanías de Renfe, ahora llamadas Lottu, la gestión de Costas o Salvamento Marítimo, entre otros puntos. Igualmente, la transferencia de la Seguridad Social técnicamente ya está iniciada con acuerdos sobre prestaciones no contributivas, seguros escolares o las políticas de paro, aunque en este caso se ha retrasado la entrada en vigor hasta mediados de 2027.

Pradales ha aprovechado también su turno para hacer oposición a la oposición y ha reclamado a EH Bildu que “muestre determinación” en las Cortes Generales y ayude al PNV en la exigencia de las transferencias pendientes. Ha deslizado que la coalición abertzale apoya “a ciegas” y con “entusiasmo” todas las medidas que lanza el PSOE y que sería deseable que fuera “de la mano” del PNV en defensa del autogobierno.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves instar al Gobierno vasco a “poner en marcha, junto con el sector y el resto de las instituciones un plan de adaptación al cambio climático para el sector agrario y ganadero”, con el fin de adelantarse a posibles situaciones de sequía como la vivida este verano. Esta medida, sin muchas más concreciones, se incluye en la enmienda a la totalidad presentada por PNV y PSE-EE a las mociones que se han debatido defendidas respectivamente por EH Bildu, sobre la adaptación al cambio climático de sector primario, y del PP, sobre la declaración de sequía, que han sido rechazadas por la Cámara.

Precisamente, este jueves, los agricultores y ganaderos se han concentrado en Vitoria ante el Gobierno vasco porque consideran insuficiente la respuesta que les está dando el Ejecutivo ante su situación. La moción de PNV y PSE-EE, que ha salido adelante solo con los votos de los partidos del Gobierno, y la abstención crítica de EH Bildu, también incluye pedir al Ejecutivo que trabaje para adelantar al 16 de octubre el anticipo de las ayudas de la PAC, de modo que los recursos lleguen antes a las explotaciones y contribuyan a aliviar la situación financiera del sector.

Además, se reconoce el compromiso del Gobierno vasco y el cumplimiento de este mediante la puesta en marcha de forma inmediata de ayudas por un importe superior a 5,9 millones de euros para paliar los efectos del cambio climático y de la crisis de Ormuz, reduciendo los plazos a través de la tramitación de oficio, siendo más ágil para los sectores agrario, ganadero y pesquero. Estas ayudas se anunciaron por parte de la consejera Amaia Barredo el pasado 3 de octubre, y también la consejera había adelantado la intención del Ejecutivo de poner en marcha el resto de las medidas.

Por otra parte, se pide seguir trabajando, junto con el resto de las comunidades autónomas y con el Ministerio, “en el impulso de medidas estructurales como la revisión de la zonificación climática que establece la consideración de zonas con limitaciones naturales, la revisión de las líneas de agroseguros y el apoyo a las inversiones destinadas a llevar agua a las explotaciones rurales, en el marco de un potencial fondo europeo adscrito a la Estrategia de Resiliencia Hídrica, con el objetivo de ayudar a las explotaciones a adaptarse mejor a los efectos del cambio climático”.

La enmienda de EH Bildu instaba al Gobierno a poner en marcha, “de forma urgente”, un plan de choque de adaptación al cambio climático para garantizar la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, se instaba al Gobierno a que su propuesta incida “directamente” en la posibilidad de acceso al agua, la diversificación de los cultivos y los contratos entre agricultores y ganaderos e incluir un fondo de compensación estable y paliatorio, con el fin de hacer frente a las pérdidas directas producidas por fenómenos climáticos extremos como la sequía. Por otra parte, se pedía que junto al sector se elaborara “conjuntamente una estrategia agroalimentaria basada en la soberanía alimentaria que garantice el incremento de la producción, la transformación, la comercialización y el consumo local justo y sostenible”. El parlamentario Mikel Díaz de Alda ha pedido un “pacto social para proteger el sector”.

El PP, por su parte, defendía ejecutar las obras hidráulicas pendientes, pagar las ayudas a la sequía antes del inicio de la nueva campaña agraria, hacer un seguimiento permanente de la disponibilidad de forrajes y realizar una nueva evaluación de las zonas de regadío, identificando las necesidades de modernización y mejora. La parlamentaria Ana Morales ha sido muy crítica con la falta de concreción del Ejecutivo sobre el momento en el que van a llegar al sector las ayudas anunciadas.

“Una limosna para acallar al sector”, dicen los sindicatos

El sindicato agroganadero EHNE se han concentrado este jueves frente al Gobierno vasco en Vitoria para exigir un “giro radical” de las políticas agrarias y un “plan de choque” contra la crisis climática. Además, ha criticado la “falta de sensibilidad” del Ejecutivo autonómico respecto a la situación del sector. En un manifiesto leído durante la concentración, los agricultores y ganaderos han recordado que la sequía “está teniendo influencia directa en la rentabilidad” de las explotaciones, ya que la falta de lluvias durante los últimos meses “ha provocado que la recogida de comida para el invierno haya sido la mitad de años anteriores, en el mejor de los casos”. “El pasto no ha crecido lo suficiente, dejando nuestros montes y fincas completamente abrasadas; y hemos tenido que empezar a alimentar al ganado con la comida recogida para el invierno o con piensos, en unos meses en los que, en situación normal, estarían paciendo en montes y fincas”, han señalado. Pese a ello, “desde el Gobierno no se ha querido reconocer dicha crisis, llegando incluso a alegar que debido a la lluviosa primavera se había recogido hierba suficiente”, han denunciado.

Respecto a las ayudas, de 5,9 millones de euros, han señalado que “más de medio millón (565.056) son ayudas extraordinarias por la crisis del estrecho de Ormuz. Por lo tanto, la ayuda total será de 4.958.469 euros. De esa partida, 430.650 euros van dirigidos a la Pesca para paliar los costes del gasoil. En definitiva, la cuantía real transferida por el Gobierno vasco para el sector agrario se traduce en apenas 1.600.000 euros por herrialde, una cifra menor respecto al esfuerzo presupuestario que realizan las Diputaciones Forales”, han denunciado. “Nos parece limosna para intentar contentar y acallar a nuestros baserritarras”.

Ante esta situación, han reclamado “un giro radical en las políticas agrarias” de Euskadi, para lo que ha subrayado la necesidad de “una reorientación del modelo”, un plan de choque contra la crisis climática, y la intervención pública “para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, garantizando precios dignos que cubran los costes de producción”. En la misma línea, han pedido “medidas reales, suficientes y eficaces” que permitan el desarrollo de explotaciones “viables”. A su vez, han demandado precios “justos” para garantizar el futuro del sector.

Un varón de 61 años ha fallecido recientemente en el hospital Donostia, un centro público de la red de Osakidetza, a causa de la viruela del mono. Según las primeras informaciones, contrajo la enfermedad en el propio hospital, donde estaba ingresado por cáncer, al compartir habitación con otro paciente cuyo diagnóstico no se conocía. Es el primer fallecimiento por este virus conocido en Euskadi.

“Ha fallecido con viruela del mono. Cualquier infección que tenga un paciente inmunodeprimido, sea del tipo que sea, puede influir en que empeore todavía más su situación”, han matizado los responsables médicos del Donostia. Han añadido que el otro hombre acudió por problemas otorrinolaringológicos y que, en una prueba de control, dio positivo en la enfermedad también conocida como 'monkeypox'. Fue dado de alta porque no tenía síntomas y porque se entendió que el aislamiento domiciliario era suficiente.

Más tarde en un comunicado, se ha indicado que “el paciente padecía una enfermedad oncológica avanzada y presentaba una situación clínica altamente debilitante, factores que aumentan el riesgo de complicaciones ante cualquier infección”. “Por ello, no puede confirmarse de manera definitiva que el fallecimiento se haya producido como consecuencia directa de esta infección, si bien la probabilidad es alta”, ha matizado Osakidetza.

Se añade que “el contagio se produjo en el propio hospital tras compartir habitación con otro paciente diagnosticado posteriormente de mpox”. “Mientras convivieron en la misma habitación, nadie sabía que este último portaba el virus. Al paciente índice se le detectó el virus mediante pruebas rutinarias destinadas a buscar otro tipo de infecciones, motivadas de su ingreso. Una vez conocidos ambos casos, el hospital activó de inmediato las medidas de profilaxis necesarias en todos los contactos identificados, concretamente más de 30 personas. Se han llevado a cabo las actuaciones necesarias ante un caso de estas características: identificación de contactos estrechos, profilaxis postexposición y seguimiento sanitario durante 21 días desde la última exposición”, se informa.

Osakidetza ha informado a mediodía de este jueves de estos hechos. Sin embargo, antes EH Bildu, desde la oposición, había registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para pedir explicaciones dada la “gravedad” de lo acontecido. La parlamentaria Rebeka Ubera desea que el consejero de Salud, Alberto Martínez, indique cómo y cuándo se contagió el paciente y detalles del recorrido del contagiador. Pide también conocer qué protocolos se han activado para evitar más casos. No es la primera ocasión en que Osakidetza informa de alguna situación después de las preguntas de la oposición. Así se conoció también la crisis de las vacunas caducadas.

Dice Osakidetza que “la viruela del mono o monkeypox es una infección causada por un virus de la familia de la viruela”. “Los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen entre 5 y 21 días después de la exposición. El cuadro clínico inicial incluye fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios linfáticos y cansancio. Entre uno y cinco días después de la aparición de la fiebre se desarrollan lesiones que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. La enfermedad suele ser leve y autolimitada. La mayoría de las personas se recuperan en varias semanas. Sin embargo, en algunos casos puede producirse una enfermedad más grave, sobre todo en niños, embarazadas, adultos jóvenes y personas inmunocomprometidas. Los casos graves están relacionados con el grado de exposición al virus y la vulnerabilidad individual de la persona”, indican.

La llegada de esta patología se produjo en 2022, al poco de finalizada la pandemia de la COVID-19. Hubo un brote inicial de 245 positivos, pero después “la incidencia de la enfermedad ha experimentado una disminución significativa”. En 2023 hubo un caso, en 2024 12, en 2025 seis y en 2026 iban ya 35 hasta octubre. “El número total de casos no se considera preocupante”, dice Osakidetza. “La enfermedad lleva circulando desde hace años y, aunque oscila anualmente, ha disminuido mucho desde el brote de 2022. A todos los casos registrados en Euskadi se les ha administrado vacuna y seguimiento sanitario”, recalca la Sanidad vasca.

En todo caso, ha emitido una serie de “recomendaciones”. Las personas con síntomas han de “aislarse en el domicilio hasta que las lesiones hayan cicatrizado completamente, cubrir las lesiones, usar mascarilla en zonas comunes y evitar el contacto físico estrecho, especialmente con personas inmunodeprimidas”. Los contactos “estrechos” de los contagiados han de vigilarse durante tres semanas, lo que comporta “control diario de temperatura, reducción de interacciones sociales y abstención de relaciones sexuales durante ese período”. “En caso de aparecer fiebre o erupción, aislarse inmediatamente y contactar con el servicio sanitario de referencia”, pide Osakidetza.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una resolución no vinculante que insta al Gobierno de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, a modificar la normativa para que, al menos en las zonas tensionadas, como las capitales, las viviendas protegidas previas a 2003 no pierdan su calificación y puedan pasar al mercado libre, con su consiguiente encarecimiento. En puridad, esta medida ya estaba anunciada y previsiblemente se meterá en una disposición adicional de la ley de presupuestos, que se presentará este mes y entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Aunque en 2003 se modificó la ley y todas las casas protegidas levantadas desde entonces ya son de calificación permanente, se han perdido unas 55.000 viviendas pagadas con fondos públicos y todavía hay varios miles en riesgo, cerca de 5.000.

La Cámara, en medio de la gran convulsión social por los problemas de la vivienda y por el fallecimiento de Maricarmen Abascal en un hospital a las dos semanas de haber sido desahuciada, ha debatido una iniciativa de Sumar para hacer permanentes las viviendas protegidas previas a 2003. La coalición de izquierdas quería un texto más ambicioso que el aprobado, que no se limitase a las zonas tensionadas, donde ahora reside el 54% de la población, pero no la totalidad. “Si fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en todo caso. [...] Que nunca entren al mercado libre”, ha defendido Jon Hernández, que ha recordado que un consejero de IU, su partido, fue el que cambió la normativa en 2003, en referencia a Javier Madrazo, que formaba parte del Gobierno de Juan José Ibarretxe. “Las instituciones pueden y deben limitar el derecho de la propiedad”, ha clamado Jon Hernández, el único representante de Sumar en el hemiciclo. Las zonas tensionadas, en principio, se levantan, además, a los tres años de su declaración. Las primeras en Euskadi, decaerán en 2028.

EH Bildu se ha sumado a la propuesta de Sumar, ya que la pérdida de la calificación en pisos destinados a alquiler social puede comportar los desalojos de familias enteras por decenas, según ha dicho. Sin embargo, el texto aprobado ha sido la versión de PNV y PSE-EE. PP y Vox se han opuesto a ambas variantes.

Xabier Astigarraga, de EH Bildu, ha lamentado que estas descalificaciones han hecho que incluso construyendo nuevas casas se haya ido perdiendo oferta disponible con el paso de los años. “Es importante poner soluciones antes de que estallen los problemas”, ha demandado el representante abertzale, que ha citado los precedentes legislativos en este sentido dos comunidades, Catalunya y Navarra. En todo caso, el modelo catalán es más similar a la propuesta que está sobre la mesa para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La de Navarra, además, tiene la espada de Damocles del recurso al Tribunal Constitucional anunciado por el PP.

De hecho, el PSE-EE ha deslizado también en el debate que el PP podría hacerlo también con la reforma legislativa vasca, sin que la portavoz 'popular' Ana Morales haya aclarado este extremo. No obstante, ha ironizado que los recursos a los socialistas se los pone el socio, el PNV. Antes del debate, en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero socialista de Vivienda, Denis Itxaso, ha señalado que lo ocurrido con Maricarmen Abascal en Madrid no debe quedarse en un “símbolo” sino que ha de motivar “acción” por parte de las instituciones. “Tomando decisiones. Haciendo reformas”, ha indicado, confiando en que todo lo ocurrido sea una “toma de conciencia institucional”.

El portavoz del PNV, Jonatan Moreno, ha aprovechado el debate no tanto para mostar su opinión sobre la reforma legal sino para denunciar que el debate sobre la Vivienda “ha caído en la red de la demagogia” y que hay fuerzas que lo usan para “polarizar” pensando “en las próximas elecciones”. “Lo valiente es quedarse en el centro”, ha reivindicado sobre el PNV, pidiendo también no hacer “enemigo” a los “pequeños propietarios”.

En todo caso, en el debate ha sobrevolado un caso concreto en Euskadi, el de las 510 viviendas de Benta Berri en Donostia, ahora en manos del fondo Blackstone. Se trata de una promoción de alquiler previa a 2003, levantada sobre suelos públicos, y en 2028 perdería la calificación. El Gobierno vasco dice estar negociando para evitar desahucios y la pérdida de patrimonio, pero la reforma legal para blindar las zonas tensiones sí se aplicaría. Moreno ha puesto en valor, igualmente, que el alcalde del PNV, Jon Insausti, también haya garantizado que en su ciudad no habrá desalojos.

La Mesa del Parlamento Vasco ha acordado este martes suspender los plenos programados coincidentes con la campaña de las elecciones generales, es decir, las sesiones de los días 19, 20 y 26 de noviembre, según informan a este periódico varias fuentes de la Cámara. Lo que no se detendrá es la tramitación de los presupuestos de 2027, que arrancará a finales de octubre y precisa de varios hitos para que puedan ser votados a finales de año y estén en vigor el 1 de enero.

El nuevo parón parlamentario, algo habitual cada vez que hay elecciones, se conoce apenas tres semanas después de que la institución regresara de su descanso estival, sin plenos en julio, agosto y la primera mitad de septiembre. Fue el 17 de septiembre cuando se celebró la sesión de política general. Antes, en primavera, también hubo hasta seis semanas sin sesiones de control por la acumulación de puentes. Y en enero tampoco hubo actividad. Sí habrá un pleno ordinario el 12 de noviembre, el día en que, a la noche, se iniciaría la campaña electoral. Después de la cita con las urnas, será ya diciembre cuando se retome la normalidad.

Se da la circunstancia de que, esta misma semana, la oposición ha denunciado por dos veces la falta de agilidad del Parlamento. Lo ha hecho por la comparecencia, este lunes, de la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, para dar cuenta de la denuncia contra el que fuera jefe de seguridad, unos hechos de diciembre de 2025. La pidieron PP y Sumar. Y también se han escuchado estas críticas este martes por la tardanza en acudir a la Cámara del consejero Mikel Jauregi en relación con incidentes en la refinería de Petronor. La petición, de EH Bildu, era de febrero.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) creará 36 nuevos quirófanos o “salas de procedimientos quirofanizadas” en el marco de su 'Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032', lo que supone un incremento del 21,2% respecto a los 170 de los que dispone actualmente en su red. Con ello, se busca reducir las derivaciones a la privada.

Este programa de infraestructuras, aprobado en diciembre del año pasado, ha sido presentado este lunes por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en el Parlamento Vasco. Prevé una inversión de 1.600 millones de euros para el período 2025-2032 en un total de 74 actuaciones, que abarcan la construcción de nuevos centros de Atención Primaria y la ampliación y reforma de los ya existentes, la modernización de la red de hospitales y de sus bloques quirúrgicos, o la incorporación de tecnología avanzada para la mejora en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, informa Europa Press.

Estos 36 nuevos quirófanos o salas se habilitarán en el nuevo edificio de Txagorritxu (siete nuevos quirófanos o salas), en el nuevo hospital de Tolosa (otros siete), en Basurto (cinco), en el Donostia (cinco), en Usansolo (cinco), en Zumarraga (cinco), en el Bidasoa (uno) y en Cruces (uno). En atención primaria, el programa contempla la construcción de 21 nuevos centros de salud y la reforma total o ampliación de otros ocho, además de reformas parciales. En total, el documento prevé una inversión de 200,8 millones de euros en la red.

Opacada por la convocatoria de elecciones generales, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, del PNV, ha cumplido este lunes el trámite de comparecer en el Parlamento Vasco para explicar los malos resultados del sistema en la reciente entrega del informe PISA, la evaluación de mayor relevancia internacional y que dada a conocer en septiembre, aunque los resultados son de 2025. Si el gran titular fue que Euskadi, en comprensión lectora, sólo estaba mejor en España que Ceuta y Melilla, la consejera ha insistido en que ya están en marcha las sesiones extraordinarias que se habían anunciado con urgencia. Son “entre 30 y 55 minutos” cada semana y en todas las asignaturas los que se destinarán a lectura pausada, ha insistido Pedrosa, que ha indicado que ya se ha hecho llegar esta instrucción los centros, aunque no ha facilitado muchos más detalles.

“La lectura debe convertirse en una prioridad compartida por todas las materias”, ha manifestado la titular de Educación en la Cámara. Ha añadido que se hará una evaluación “específica” de la comprensión lectora en tres cursos, segundo y quinto de Primaria y primero de Secundaria, es decir, a los 7, 10 y 12 años. Según Pedrosa, ya se iba a hacer en algunos centros, pero se extiende “a todo el universo”. Ha mencionado la herramienta de nombre ITT para “evaluar las destrezas lectoras”. Ya han pasado el ITT 32.770 estudiantes y un 84% de los profesores, siempre según los datos oficiales, entiende que el instrumento sirve para “modificar o ajustar” el “trabajo de lectura”.

Ha mencionado también la cuestión de las pantallas y la atención. “Vamos a hacer una revisión del uso de pantallas en los centros educativos para poder ofrecer pautas concretas, en línea con las recomendaciones europeas sobre protección de menores y uso responsable de la tecnología”, ha insistido Pedrosa, en un mensaje que ya había lanzado también antes. Hasta ahora, Euskadi había dejado la regulación del manejo de los dispositivos en manos de cada centro, lo que ha derivado en diferentes formatos de trabajo.

En todo caso, Pedrosa ha dicho que “un resultado de PISA no es una conclusión sobre un sistema”, porque hay otras evaluaciones diagnósticas propias más favorables y con una muestra de medición mucho mayor. Y los datos son “complementarios”, pautas para adoptar “acciones educativas concretas”. “No debe utilizarse para formular diagnósticos generales sobre la educación”, ha implorado Pedrosa a la oposición. El portavoz del PNV, Aritz Abaroa, le ha echado un cable y ha prometido que no están jugando a buscar “el indicador que mejor encaje en el discurso” de que la escuela vasca no va tan mal como se podría deducir de la evolución de PISA en las últimas entregas.

Asimismo, Pedrosa ha pedido tener en cuenta igualmente algunas tendencias no tan malas de PISA, como las relacionadas con la equidad. Ha indicado que se ha reducido el 'gap' entre los resultados del alumnado autóctono y el extranjero, al menos el de segunda generación. Ha puesto en valor el gasto público que se destina a la enseñanza. Euskadi es la comunidad autónoma con más gasto por habitante en Educación. Igualmente, ha pedido ampliar el foco y pensar que Euskadi tiene la mejor Formación Profesional del entorno, por ejemplo.

Desde la oposición, la primera queja era de forma: no disponían de los informes detallados tanto de PISA como de la evaluación diagnóstica para afrontar la larga comparecencia parlamentaria con las mismas armas que el Gobierno. Después, han coincidido en lamentar la falta de “autocrítica” por parte de Pedrosa.

En la bancada de EH Bildu, Ikoitz Arrese ha señalado que es oportuno que Pedrosa pida “tiempo” para que se noten los cambios en el sistema, pero le ha recordado que desde 2012 el PNV dirige la cartera de Educación. “Muchas cosas, muchos planes en una pantalla. Pero los resultados nos muestran que no están funcionando muy bien”, ha lamentado. En la misma línea, Jon Hernández, de Sumar, ha señalado que “claro que hace falta tiempo” pero ha pedido no orillar que “el cronómetro empezó a correr hace mucho”. Por parte del PP, Muriel Larrea ha insistido en que la “inmersión” en euskera solamente va en “perjuicio” de los resultados académicos.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (PNV), ha realizado un balance satisfactorio de los primeros meses de la ampliación general de las ayudas mensuales de 200 euros a las familias por parto, adopción o gestación subrogada de tres a cuatro años (y hasta los siete para familias numerosas o monoparentales), pero expone en una respuesta enviada al Parlamento Vasco a instancias de Sumar que el objetivo de legislatura es abonarlas en esas condiciones durante siete años (diez para los supuestos especiales), por lo que debería estar cumplido de cara a 2028. Rechaza, en todo caso, la propuesta de la coalición de izquierdas de generalizarlas hasta que el menor cumpla 18 años.

Melgosa indica que la ampliación de las prestaciones durante más años se hará de manera “progresiva” y de acuerdo a la “disponibilidad presupuestaria”. “Toda medida de apoyo a las familias de carácter universal, además de a criterios sociales, debe atender a su vez a criterios de sostenibilidad y viabilidad económica y financiera”, expone la consejera en la Cámara, donde no ofrece plazos ni cifras del coste del programa. Añade, además, que en Euskadi existen otras políticas complementarias a las ayudas, tales como los programas de conciliación o la gratuidad de las guarderías públicas (Haurreskolak).

El Gobierno vasco, este fin de semana, ha informado de que ha recibido un total de 20.548 solicitudes desde que, en julio, se actualizó el decreto con la ampliación de 36 a 48 mensualidades. De hecho, prácticamente la mitad, 10.226 corresponden precisamente a la ampliación para beneficiarios previos del programa, como 5.612 nacidos en 2022 y 4.352 de 2023. “La ampliación de las ayudas está teniendo una gran acogida por parte de las familias”, se congratuló Melgosa.

Las ayudas requieren un año de “residencia y empadronamiento” en un mismo domicilio en Euskadi, o cinco de los diez años anteriores, así como “convivencia” con el menor sujeto al programa de ayudas. Son posibles por parto, por adopción y también incluso cuando se opta por una práctica ilegal en España como son las gestaciones subrogadas. El Gobierno tiene habilitado un correo electrónico de información (umeak@euskadi.eus) y un teléfono, el 945 01 80 00.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, cuestionaba a Melgosa por posibles retrasos en los abonos de las ayudas. La consejera responde que los pagos no tienen una periodicidad fija y que se procura hacerlos “de manera habitual” en la “primera quincena” de cada mes. Con todo, en junio se tramitaron el día 5 y en julio, el mes de los cambios normativos, se retrasó hasta el 14. ¿Quejas? Dice Melgosa que se reciben “habitualmente” preguntas y reclamaciones de las familias, pero no ahonda más en la materia. Sí indica que de la normativa de 2023 quedaron pendientes de tramitación 155 solicitudes.

El pleno del Parlamento Vasco ha proclamado este jueves como senadora por designación autonómica a Beatriz Artolazabal, que relevará a Estefanía Beltrán de Heredia como portavoz del grupo del PNV en la Cámara alta. Artolazabal tendrá derecho a ocupar también un escaño en el Parlamento Vasco.

La candidatura de Artolazabal, exconsejera de Iñigo Urkullu y que hasta ahora desempeñaba el cargo de primera teniente de alcaldesa de Vitoria, ha salido adelante con los 39 votos a favor que suman PNV y PSE-EE, y los 36 en blanco de la oposición (EH Bildu, PP, Sumar y Vox). Artolazabal (Vitoria, 1970) se afilió al PNV con 21 años. Estudió Económicas y Empresariales en la EHU e inició su trayectoria política como edil en el Ayuntamiento de la capital en 2000. Precisamente en esta institución ha estado trabajando durante los últimos tres años, aunque no como alcaldesa, que fue su objetivo.

Tras su designación, en una comparecencia ante los medios de comunicación, Artolazabal ha agradecido al PNV la confianza depositada en ella para asumir esta nueva responsabilidad y el respaldo recibido por el Parlamento Vasco. “He tenido la suerte de servir a Euskadi desde instituciones muy diferentes, y ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo desde el Senado y como portavoz del grupo vasco [del PNV]”, ha señalado. La nueva senadora ha asegurado que afronta esta etapa “con mucha ilusión, pero también con un enorme sentido de la responsabilidad”. Y con una prioridad clara: “defender los intereses de los vascos y las vascas en Madrid”.

Artolazabal ha situado la defensa del autogobierno, las competencias vascas y la bilateralidad entre Euskadi y el Estado entre las prioridades de su nueva responsabilidad. En este sentido, ha indicado que trabajará para que la relación entre Euskadi y el Estado “se construya desde el respeto institucional, el reconocimiento de nuestra singularidad y la bilateralidad”. La representante 'jeltzale' también se ha comprometido buscar respuestas a los problemas cotidianos de la ciudadanía, por lo que ha subrayado la importancia de desarrollar políticas eficaces en materia de industria y empleo, vivienda, infraestructuras, servicios públicos, seguridad y bienestar. “Quiero hacer una política útil, que sirva para solucionar problemas y para que la voz de Euskadi se escuche con claridad en Madrid”, ha indicado.

También ha querido reconocer también el trabajo desarrollado por Beltrán de Heredia durante estos años seis años al frente del grupo del PNV en el Senado, así como la labor del conjunto del grupo parlamentario. La futura portavoz ha reivindicado asimismo el diálogo y la negociación como herramientas políticas. En este sentido, ha manifestado que “ser firmes en la defensa de Euskadi es perfectamente compatible con tener capacidad para escuchar, negociar y alcanzar acuerdos”. En este contexto, ha lamentado que el actual es “un momento político complejo, con demasiado ruido, con demasiada confrontación”, y ha considerado que quienes tienen responsabilidades públicas deben contribuir a que el debate político “se centre en las ideas, en las propuestas y en solucionar los problemas de la gente”.

Artolazabal presentará este viernes su renuncia en Vitoria, poniendo fin a una etapa que ha calificado como “muy intensa y tremendamente enriquecedora”. Ha dicho que es una decisión “valiente y acertada” el haber optado por Jon Urresti como candidato en 2027. Ha destacado su “compromiso” con la ciudad, su conocimiento del entramado social y económico de Vitoria, y su capacidad de llevar acuerdos y de escuchar. “Es una persona afable, es una buena persona; y eso se transmite cuando es capaz de llegar a acuerdos”, ha indicado.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha dejado claro este viernes de nuevo en el Parlamento Vasco que no habrá declaración de sequía para Euskadi, como ya se lo transmitió en su día a los agricultores y ganaderos que se lo reclamaban. Barredo, en su intervención en pleno de control que ha tenido lugar en la Cámara vasca, ha indicado que la declaración “no depende del Gobierno vasco”, sino de “cada cuenca hidrológica”; y ha descartado, además, que esa declaración suponga un incremento de las ayudas o subvenciones para los agricultores.

La consejera ha tenido que responder en el pleno a tres preguntas -una del PP y dos de EH Bildu- relacionadas con el sector primario, en concreto con la crisis de ganaderos y agricultores y la que afecta a los pescadores de altura por el precio del gasóleo. Barredo ha vuelto a señalar que habrá ayudas “de oficio” para agricultores y ganaderos y que se entregarán este año, como anunció el lehendakari, Imanol Pradales, durante el pleno de política general, pero ni la parlamentaria del PP, Ana Morales, ni tampoco el de EH Bildu, Mikel Diaz de Alda, han conseguido con sus respectivas preguntas que la consejera concrete más sobre las cuantías, o el formato.

Sólo ha insistido en que se darán en función de las pérdidas que se hayan registrado en los diferentes subsectores, que es lo que están analizando en estos momentos. Las ayudas se darán en colaboración con las diputaciones, con las que ha asegurado que el Ejecutivo mantiene reuniones “casi a diario” para analizar las necesidades de cada subsector como consecuencia del calor y la falta de lluvias de este verano.

Eso sí, ha negado tajantemente Barredo que el Gobierno vasco “haya dado la espalda a los ganaderos” por las críticas, con petición de dimisión incluida, por parte de las organizaciones sindicales agrarias después de que el departamento rechazara la compra conjunta de forraje aunque se hubiese anunciado que lo haría. Barredo ha defendido de nuevo lo que transmitió a los ganaderos de que había suficiente 'stock' como para que no fuera necesario abordar por el momento esa compra conjunta, algo que en su día enfadó mucho a los ganaderos. Ha señalado también que ha trasladado al Ministerio varias cuestiones para apoyar las explotaciones como ayudas a la alimentación del ganado, la creación de un fondo de reserva solidario para crisis climáticas, la revisión de los seguros agropecuarios o la bonificación del gasóleo.

Precisamente el elevado precio del gasóleo mantiene amarrada la flota de altura con base en Ondarroa desde hace más de un mes. Una parlamentaria de EH Bildu, Naiara Fernández, ha cuestionado a la consejera si se va a tomar alguna medida por parte del Gobierno vasco. “Estamos en contacto constante con el sector”, ha señalado. Ha recordado que el Gobierno central puede subvencionar hasta el 70% el incremento del precio del combustible y que se ha pedido al Ministerio que suba la subvención de 0,20 céntimos por litro a 0,35 céntimos, como también han trasladado ya al Ministerio los representantes del sector. Se conocerá el 30 de septiembre cuál es la decisión del Gobierno central. “Después el Gobierno vasco se sentará con el sector y analizará a corto las necesidades complementarias que requiera”, ha señalado.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha restado importancia a los problemas con la flota de helicópteros de la Ertzaintza, con un único aparato disponible durante el verano por el accidente del otro en el incendio de Galarreta (Álava) de junio y la adaptación y formación necesaria para poner en servicio el alquilado como reemplazo para ocho meses, mientras duran las reparaciones. A su juicio, hay “otras herramientas aéreas”, en referencia a los drones, que “están sustituyendo ya muchas de las tareas que antes se realizaban con helicópteros”.

Zupiria ha comparecido en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco para responder a una pregunta del PP sobre la situación de la flota de helicópteros. Es ahí cuando el titular de Seguridad ha mencionado que son ya diez los drones que tiene la Policía vasca, de diferentes tamaños y funcionalidades.

Según ha enumerado Zupiria hasta que la presidenta de la Cámara, su correligionaria Bakartxo Tejeria, le ha cortado, no solamente hacen algunas de las vigilancias aéreas o emisiones de imágenes de grandes eventos en directo, labor antes realizada con helicóptero, sino que se usan para investigaciones como detección de plantaciones de droga, para grabar “intercambios”, para hacer seguimientos de sospechosos o para labores de “ortofotografía”. También se están empleando como apoyo en búsqueda de desaparecidos en orografías complicadas y en catástrofes naturales como incendios o inundaciones, ha señalado.

Ainhoa Domaica, la portavoz del PP en materia de Seguridad, ha criticado que la Ertzaintza solamente disponga de dos helicópteros tras la renovación acometida en la flota. Según ha indicado, eso implica que si uno está fuera de servicio, como sucedió tras el accidente de Galarreta, toca pagar una elevada cantidad para alquilar un reemplazo, que además tarda en entrar en servicio por las obligadas adaptaciones y la formación de los pilotos y tripulantes. Ha insistido en que el mínimo debería ser de tres unidades.

Zupiria ha dicho no estar cerrado a una “reflexión” al respecto, pero ha pedido tener en cuenta que los medios aéreos han cambiado de modo drástico gracias a los drones. No ha negado que fue un “imprevisto” el problema tras el accidente de Galarreta y tampoco que el helicóptero alquilado llegó el 31 de julio y precisó de un tiempo de adaptación, pero ha insistido en hacer una “valoración positiva” del material disponible.

Domaica ha considerado que los agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate demandan más recursos y ha añadido que la “soberbia” es “muy mala consejera” a la hora de gestionar en la Administración. Ha apuntado también que la “broma” del alquiler de la nave de reemplazo será de alrededor de 1,1 millones de euros para solamente unos pocos meses y 200 horas de vuelo. La reparación del aparato siniestrado no tendrá coste adicional ya que será el seguro el que la cubra.

La debacle de la enseñanza vasca mostrada en el reciente informe PISA, la evaluación internacional más prestigiosa, ha monopolizado las críticas de la oposición al Gobierno de Imanol Pradales en la primera sesión de control tras el largo parón estival, de tres meses. El lehendakari ha asegurado que ya se han asumido “responsabilidades” en la medida en que se han anunciado “algunas” medidas para intentar revertir la situación. “No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas”, ha agregado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, a la que PP y ahora también Sumar empiezan a señalar políticamente. Asimismo, la vicelehendakari y responsable de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha pedido que no se aproveche este debate para “atacar al euskera”.

PISA ofreció los peores datos de la historia de la enseñanza vasca, con especial énfasis en los problemas de comprensión lectora. Euskadi obtuvo los resultados más bajos de España, solamente por encima de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin sistema propio y con una realidad social muy diferente. La caída en matemáticas y ciencias fue también muy significativa.

Las saetas contra el Ejecutivo han salido desde las cuatro bancadas de la oposición. El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha pedido recuperar el espíritu del pacto de 2022, previo a la reforma legislativa, y crear una mesa con agentes y expertos para articular una respuesta compartida. También ha mostrado su preocupación por los mensajes del Ejecutivo deslizando que la inmersión del alumnado en modelos en euskera pueda ser un “problema” para los resultados. “El Gobierno no puede decir eso”, ha señalado. Pradales, que en lo que va de legislatura se ha caracterizado por crear mesas para materias tan variadas como Osakidetza, seguridad, la sequía, la industria o incluso la excelencia educativa (Eskola Bikaina Denontzat), ha despejado la propuesta de Otxandiano con una sentencia que ha atribuido al 'premier' británico, Winston Churchill: “Si usted quiere retrasar la solución a un problema, proponga una comisión”.

Desde el PP, Javier de Andrés ha insistido en que los resultados son “deplorables” y ha señalado que el problema ya se venía venir desde hace dos décadas. El PP lo atribuye fundamentalmente a un supuesto exceso del euskera en el sistema educativo porque “los mejores resultados” se dan cuando se estudia en la “lengua materna”. “Se han obcecado. Antes no había pantallas, que es en lo que ustedes se centran para poder escaquearse. Si no hacen autocrítica, no se resuelve el problema. Hay unos responsables. Son ustedes, el PNV. El proyecto ideológico del PNV ha fracasado. Asuman responsabilidades de verdad, no de palabra. Particularmente la señora Pedrosa. Escojan personas que lleven adelante un proyecto distinto”, ha agregado quien, hace una semana, ya solicitó la destitución de la titular de Educación, en el cargo desde 2024 y antes viceconsejera.

Pradales, desde luego, no ofrece ningún signo de querer modificar su equipo. Es más, ha anunciado que Pedrosa viajará a París en los próximos días para mantener una reunión con los representantes de la OCDE, la organización internacional responsable del informe PISA. Además, ha recordado que también se ha reunido con los centros y movilizado a los expertos del ISEI-IVEI, el organismo vasco encargado de la evaluación educativa. Y ha lanzado un último capote recordando que la evaluación propia realizada por el Ejecutivo, con una toma de datos posterior a PISA, ofrece una tendencia positiva que, según el Gobierno, hay que tener también muy en cuenta.

Sumar, con un único escaño, ha sido la única voz que ha recordado que Euskadi es la comunidad con un mayor peso de la enseñanza privada. Apenas un 51% del alumnado estudia en centros de titularidad pública. Según Jon Hernández, eso conduce a la “segregación” y a que la mitad del sistema asuma la mayoría de la vulnerabilidad.

Para Hernández, procedente de IU, han sido “dos años de matraca sobre la excelencia” por parte de Pedrosa cuando, en realidad, Euskadi se está quedando como “el último de la fila”. Ha pedido al PNV que rompa con el “relato autocomplaciente” y la “propaganda” de que la comunidad autónoma es referencia y ha criticado la “sobreoferta concertada” o las “inversiones que no se ejecutan” en los colegios públicos.

Pradales ha respondido que ha visto “tics” de “populismo” en Sumar, una “enmienda de totalidad” al modelo que no comparte. Es más, ha considerado “obsesión ideológica” contraponer la pública y la concertada. “El compromiso del Gobierno con la educación de calidad es incuestionable”, ha apostillado también, citando que PISA recoge igualmente los bajos niveles de abandono escolar y otros indicadores positivos. Ahora toca combinar “inclusión y equidad” con “excelencia” en los resultados.

Vox también ha mencionado la “debacle educativa”. Y ha sido la propia Pedrosa la que ha dado la réplica a la formación de ultraderecha. “Hablemos de educación. Pero hablemos de educación con seriedad. No son los resultados que queremos para Euskadi. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas. Y este trabajo no empieza ahora”, ha manifestado de entrada.

Después, ha mostrado su preocupación por el exceso de uso de las pantallas. Cuando hacía ese comentario, en la bancada del Gobierno Pradales miraba el móvil, al igual que la portavoz, María Ubarretxena. Los vicelehendakaris Ibone Bengoetxea y Mikel Torres usaban su ordenador portátil, como también Bingen Zupiria. Las consejeras María Jesús San José y Amaia Barredo leían unos documentos. Solamente Alberto Martínez, titular de Salud, ha seguido con atención toda la intervención de Pedrosa, y eso que tenía dos móviles sobre su escaño.

Pedrosa ha insistido en la idea de que se lea “todos los días” en el aula durante una hora. Y en que “toda la sociedad” se implique en medir la adicción a los dispositivos. “No buscamos excusas. Buscamos respuestas. Que nuestros alumnos aprendan más y aprendan mejor”. También ha avisado de que la sociedad vasca está cambiando: hay ya 149 nacionalidades diferentes en los colegios.