Dentro de la documentación solicitada en el Parlamento Vasco en relación a la controvertida actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu el día de la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado también un informe sobre la formación recibida por los agentes de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, “en los últimos veinte años”. El documento, que pretende poner en valor que el “autocontrol” es algo que está “integrado” de forma “transversal” en la academia de Arkaute, muestra no solamente que los ertzainas realizan ejercicios de vigilancia del orden público o para el uso adecuado de los lanzadores de 'foam', sino también, por ejemplo, aprendizaje de “costumbres musulmanas” y técnicas para “identificar” en los manifestantes “emociones conflictivas latentes” o “conductas corporales problemáticas”. Incluso se les imparten técnicas que, según el Ministerio de Sanidad y organizaciones médicas, son “pseudoterapias” sin sustento científico.

Según la memoria, el “curso de especialización básico” de la Brigada Móvil tiene una parte de “fundamentos” para el trabajo como antidisturbios, lo que incluye una enseñanza del “marco jurídico” regulador de los derechos de reunión o de manifestación y “herramientas de autocontrol de estrés y afrontamiento de situaciones críticas”. Igualmente, hay otro módulo de “procedimientos” en caso de “alteraciones” del orden público y, finalmente, otro sobre dispositivos planificados.

Además del curso básico, hay otras actividades formativas “preceptivas” y que guardan relación con las instrucciones internas 6 (derecho de reunión y manifestación), 42 (manejo de las nuevas 'bodycam' de grabación incorporadas a los uniformes), 51 (derecho de huelga), 67 (videovigilancia) y 73 (gestión de las armas y municiones). Igualmente, se apunta a entrenamientos como un simulacro en “grandes infraestructuras de transporte”, manejo de las furgonetas o 'francias' que utiliza la brigada, “embolsamientos” en grandes eventos deportivos, desalojos o uso de los escudos y de las porras.

Sin embargo, el informe entregado por Zupiria alude también a “cursos de actualización y perfeccionamiento”. Arrancaron en 2015 con actividades sobre “terrorismo internacional” o “islamismo radical”, pero en 2016 se hizo una actividad de “costumbres musulmanas”, de la que no se dan más detalles. Se repitió en 2018, aunque entonces como “costumbres policiales y actividad policial”. En 2020 hubo otro módulo de “interculturalidad y violencia de género”. En 2024 se trabajó la “prevención de la conducta suicida” y en 2026 lo último que se ha hecho es una formación en “soporte vital básico”.

La última parte del informe detalla las formaciones “específicas” para “trabajar el autocontrol” dentro del currículum general. El consejero Zupiria y también el lehendakari, Imanol Pradales, apelaron a este concepto después de las cargas de Loiu, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Se insiste en que “de manera constante” se trabaja en conceptos como la “proporcionalidad” en la respuesta. “Los instructores inciden en la resistencia a la provocación, la protección de los ciudadanos ajenos a los incidentes y el auxilio preventivo, asegurando la eficacia en el desarrollo de las actuaciones policiales”, se apunta.

Aquí se indica que en el curso de acceso a la unidad antidisturbios se enseñan “técnicas” para “detección de microexpresiones biológicas asociadas a emociones conflictivas latentes, alegría, arrogancia, asco, desprecio, ira, sorpresa y temor”, así como para la “identificación técnica de conductas corporales problemáticas”. El entrenamiento se hace “mediante análisis de fotografías de expresiones faciales, evaluación de vídeos reales de incidentes y dinámicas reales de simulación”.

En el “programa reglado de gestión del estrés y autocontrol”, que está “implementado desde 2022”, se incluye la importancia de detectar “indicadores de riesgo” tanto en uno mismo como en el resto de compañeros de la unidad, pero se mencionan también actividades de “respiración”, incluida la “respiración cuadrada, respiración 4-7-8 y respiración Nadi shodna”, el MABP, unas siglas que responden a “mindfulness aplicado al bienestar policial”, “ejercicios de relajación progresiva de Jacobson” y dos actividades cuestionadas por su rigor científico, la denominada PNL (programación neurolingüística) y la meditación en movimiento (chi kung, bioenergía chi). También se menciona la “meditación del guerrero” o “hiperfoco”.

Igualmente, en el módulo segundo del programa de prevención de riesgos psicosociales se trabajan las “dinámicas de funcionamiento del psiquismo”, con un “análisis de los antecedentes evolutivos de la personalidad y la maduración emocional”. Se hace una “explicación teórica de las estructuras psíquicas basadas en e modelo freudiano (ello o principio del placer, yo o principio de realidad y superyó o principio de la norma y la ley) y su impacto en la rigidez conductual del adulto”. Se trabajan, asimismo, “rodeos manipulativos” y se alude a conceptos como el “banco de niebla” o el “disco rayado”.

El consejero de Salud Alberto Martínez ha asegurado que fueron los “protocolos establecidos” por Osakidetza para garantizar la seguridad de los procesos de vacunación los que permitieron detectar problemas con la cadena del frío en dos centros de salud muy distantes, el de Arangoiti en Bilbao y el Lasarte-Oria. En respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento Vascopor la representante de EH Bildu Rebeka Ubera sobre las incidencias en estos ambulatorios después de la crisis de las vacunas caducadas de comienzos de año, Martínez da a entender no solamente que el sistema no falló sino que fueron sus controles los que permitieron aflorar el problema.

Este caso trascendió, como en su momento la crisis por la inoculación de dosis pasadas de fecha, porque EH Bildu desde la oposición dio la voz de alerta. Posteriormente, Salud confirmó que en dos centros de la red se habían producido problemas en las neveras que tienen que preservar las dosis a temperaturas concretas.

En detalle, la información final sobre este episodio apunta a problemas en Lasarte-Oria en los días 30 y 31 de mayo y en Bilbao entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Eso implicó que su tuviera que revacunar a 17 personas, doce de Bilbao y el resto en la localidad guipuzcoana. En su momento, el consejero Martínez añadió a los medios de comunicación que la consecuencia del fallo en las cámaras frigoríficas había sido la misma pero, curiosamente, por motivos contrarios. En un caso la nevera enfrió más de lo debido y en el otro se superó la temperatura recomendada por los fabricantes.

“Las neveras que usa Osakidetza para mantener las vacunas cuentan con diferentes mecanismos para detectar anomalías de temperatura. La comprobación de estos mecanismos es lo que detectó la rotura de la cadena del frío. Por lo tanto, las incidencias pudieron detectarse gracias al correcto funcionamiento de los protocolos de prevención”, insiste Martínez.

La crisis de las vacunas caducadas, que terminó con el reconocimiento de que durante años se habían dado problemas similares, motivó que Osakidetza lanzara la idea de extremar los controles en la inoculación de estos productos, lo que se vino a llamar los “siete correctos”, en referencia a siete requisitos imprescindibles que han de ser revisados. “El propósito del Departamento de Salud [es el de] seguir analizando los protocolos y procesos relacionados con la administración de vacunas para detectar posibles incidencias e incluir nuevas mejoras”, sostiene Martínez. Hace unas semanas ya se presentó una herramienta digital que ofrece alertas cuando caduque algún vial.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado al Parlamento Vasco un segundo parte con las lesiones sufridas por los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en las cargas del aeropuerto de Loiu, a finales de mayo, cuando llegaron activistas de la Global Summud Flotilla. EH Bildu, solicitante de la información sobre un polémico operativo que dio la vuelta al mundo, había presentado un recurso de amparo después de que, hace dos semanas, la respuesta a la pregunta sobre los agentes heridos se ventilara en unas pocas líneas. Ahora, la información facilitada es algo más amplia, pero Zupiria se niega a que vaya más allá porque uno de los activistas “perteneció a la organización terrorista ETA, de la que no consta arrepentimiento alguno ni petición de perdón por los actos terroristas cometidos, entre cuyas víctimas se encuentran también miembros de la Ertzaintza”.

Según Zupiria, facilitar toda la información médica a la Cámara no sería ni “proporcional”, ni “idóneo” ni “necesario”. Reprocha a EH Bildu que no concrete “la finalidad para la que se solicita la información” e incluso el “alcance que podría tener”. Por ello, se limita a facilitar, después de una larga exposición jurisprudencial, los datos que cree “razonables” y “suficientes”.

En relación a las lesiones de los agentes, si en un primer momento, a comienzos de julio, se indicó que los heridos en el dispositivo de Loiu fueron 14 -exactamente el doble que la primera información oficial-, que la gravedad de las lesiones fue “leve” y que ocho recibieron la baja laboral, ahora se añade que cinco tuvieron “lesiones superficiales”, otros cinco “lesiones múltiples”, tres “esguinces-torceduras” y uno “otro tipo de dislocaciones”. Nada más.

El consejero del PNV ya se escudó en ETA en su comparecencia en el Parlamento Vasco a los pocos días de los hechos. “En este país hay quienes no quieren que haya Policía, ni siquiera si esa Policía es vasca. Y no sólo eso. Algunos ciudadanos vascos pusieron una diana a la Ertzaintza. Miembros de la Ertzaintza fueron víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia callejera. Por fortuna, eso ha terminado, pero algunos no han cambiado desde entonces su actitud hacia la Ertzaintza. Algunos no le han perdonado aún a la Ertzaintza que se pusiera del lado de la democracia y de los derechos humanos y en contra del terrorismo y la violencia callejera. Las cenizas de las llamas de otra época se mantiene en las cabezas y corazones de algunos. Ese sentimiento venenoso es evidente. En la pugna que tienen entre ellos los movimientos políticos vascos de extrema izquierda, la naturaleza de la Policía o de la propia Ertzaintza siempre está en medio, a modo de bandera política”, manifestó ese día.

“La pregunta parlamentaria realizada por EH Bildu no justifica el uso de los datos de salud ni respeta el principio de proporcionalidad, ni los derechos fundamentales en juego. Es más, en legislaturas anteriores, tal y como traslada su parlamentario [Gorka Ortiz de Guinea], desde el Departamento de Seguridad se entregaron copia de dichos partes [médics], de los cuales se hizo un uso político indebido [...], toda vez que se publicitaron sin tener en cuenta la vulneración del derecho a la protección de datos personales”, abunda el consejero del PNV, sin concretar a qué episodio se refiere. Ortiz de Guinea es parlamentario desde 2023 y miembro de la comisión de Seguridad desde 2025.

Agrega el titular de Seguridad que “es conocido que una vez finalizado el operativo de Loiu aparecieron pintadas y fotografías de uno de los funcionarios de la Ertzaintza que formó parte” del despliegue. Fueron localizadas “no sólo en su domicilio, sino también en el centro de estudios de sus descendientes”. “¿Dónde queda la protección de este servidor público y de su familia? ¿Cuál es el interés público a velar? ¿Está relacionado con la salud pública?”, se pregunta Zupiria.

Agrega que “las lesiones que sufrieron los ertzainas en el operativo de Loiu fueron consecuencia de la necesidad del empleo de la fuerza pública para hacer frente a actos violentes”. Sostiene que “en algunos casos” hubo “ataques dirigidos personalmente” a los uniformados. “Estamos ante la única respuesta factibe ante una situación de violencia”, sentencia Zupiria sobre un asunto que sigue aún bajo investigación. Son al menos cuatro las causas abiertas, la judicial, la de Asuntos Internos -por partida doble-, la del Ararteko (Defensoría del Pueblo) y la de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca.

La Mesa del Parlamento ha dado por zanjada la cuestión con esta ampliación de información de Zupiria y estima que el recurso de Ortiz de Guinea de EH Bildu ya ha quedado obsoleto. El parlamentario abertzale había presentado un escrito recordando que el reglamento de la Cámara -que tiene rango de ley- concede a los electos derecho a solicitar información oficial al Gobierno.

Las obras del vertedero de Artxanda, en Bilbao, que el Gobierno vasco paralizó de forma cautelar el pasado mes de abril, siguen atascadas. Y la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, Berriz Recycling Company, no responde a los requerimientos que le ha realizado el Ejecutivo, según reconoce el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una información trasladada al Parlamento Vasco.

El Gobierno vasco ordenó la suspensión cautelar de las obras en abril de este año tras constatar en una inspección no programada a las instalaciones que se habían realizado excavaciones no autorizadas y que la empresa carecía de entidad acreditada en materia de calidad del suelo y de dirección de obra nombrada. La que estaba haciendo estas funciones abandonó estas labores en el mes de diciembre.

La medida cautelar de suspensión se adoptó en el marco de un expediente sancionador en curso y posteriormente, el 8 de mayo, se envió a la empresa un requerimiento para que presentara ante el órgano medioambiental un informe validado por dirección de obra y redactado por una entidad acreditada en materia de suelos que recogiera las labores realizadas para el descabezado y retaluzado del vertedero desde el inicio de la obra y hasta la fecha, para conocer la situación real actual del vertedero. Es un requerimiento al que no se ha respondido por parte de la empresa, por lo que la obra sigue paralizada de forma cautelar.

El último cronograma presentado por la empresa al Ejecutivo estimaba que en el mes de diciembre de 2025 se presentara el informe final de descabezado del vertedero para garantizar su estabilización. Sin embargo, tal y como reconoce el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad interpelado por el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, “esta previsión se ha visto alterada por la comunicación realizada por la entidad acreditada Lurgiro SL, el 22 de diciembre de 2025”, que suspendió la relación contractual con los promotores.

“A día de hoy la empresa Berriz Recycling Company no ha informado a este órgano sobre la entidad acreditada responsable de supervisar las labores de excavación por lo que estas actuaciones se encuentran paralizadas”, señala el consejero Jauregi. De igual forma, esto supone que Berriz Recycling tampoco ha presentado ante el órgano ambiental la información sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha y se está a la espera de que responda al requerimiento enviado en este sentido.

El Gobierno señala, entre otras cuestiones, como respuesta a una batería de requerimientos planteados por el parlamentario 'popular' sobre el vertedero, que “no han comenzado los trabajos de instalación de geosintéticos en la base del vertedero y no se ha emitido por el órgano ambiental pronunciamiento por el que se permite el inicio de dichas obras de impermeabilización”.

Las obras para estabilizar el antiguo vertedero de Artxanda y poner en marcha uno nuevo en la zona han sido polémicas desde el principio. El objetivo era retirar el lindano del terreno, pero para ello, como reconoció el propio consejero el pasado año en sede parlamentaria, primero era necesario “asegurar el terreno”. “La inestabilidad del terreno, hace inviable cualquier actuación de remediación definitiva, si antes no se garantiza la seguridad estructural del propio vertedero”, reconocían. Pero esos trabajos se han encontrado con muchas más dificultades de las esperadas.

La propia empresa reconocía en sus informes el riesgo de desplome. El talud ya se vino abajo en 1983 después de las inundaciones que asolaron Bilbao ese año. Berriz Recycling como propietaria de los terrenos asumió las tareas de descontaminación en 2024 para dar una nueva vida a esta zona, que fue el vertedero de Bilbao desde 1967 hasta el 1976. En un principio, la idea del Gobierno vasco era limpiar y sellar el vertedero, pero finalmente optó por la reapertura y utilizar esta capacidad. Sin embargo, las obras siguen paralizadas hoy en día, y sin fecha.

Euskadi ha perdido un 45,4% de las explotaciones ganaderas dedicadas a carne de vacuno de Eusko Label desde el año 2020. Ese año, justo en el arranque de la crisis de la COVID-19, había 662 explotaciones con 37.971 cabezas de ganado dedicadas a la producción de carne de Eusko Label, mientras que al cierre de mayo de este año hay 455, con 27.806 cabezas de ganado, según se desprende de una información enviada al Parlamento Vasco a petición de la parlamentaria del PP, Ana Morales.

Aunque en ese periodo cae el número de explotaciones de ganado vacuno en general, la reducción no es tan espectacular como en las que se dedican a la producción de carne que lleva el sello de calidad del Gobierno vasco. En concreto, en estos seis años las explotaciones de ganado vacuno en general han pasado de 4.653 a 3.986, lo que supone una reducción un 6,67%, una caída mucho menos acusada que la que ha afectado al Eusko Label. Pero además, también desciende el porcentaje de las explotaciones que se adhieren dentro de las generales, pasando de un 14,22% del total en 2020 hasta el 11% de explotaciones actuales dedicadas a carne con el sello de calidad, sobre las explotaciones totales.

Pese a estos datos, que muestran una caída significativa de los ganaderos que opta por la producción de carne de Eusko Label, sujeta a unas condiciones de calidad mucho más estrictas, y, por lo tanto, más costosas, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, que dirige Amaia Barredo, ha considerado que esta cifra de 455 explotaciones, 207 menos que hace seis años, significa que el certificado con Euskolabel “mantiene una evolución estable en Euskadi y consolida un modelo de producción basado en el origen, la calidad y el valor añadido”.

En su valoración, el departamento ha obviado la caída respecto al año 2020, para destacar sólo la “estabilidad” respecto al año 2025. El año pasado había 467 explotaciones frente a las 455 de este mes de mayo, aunque habrá que esperar a cierre del año. “El número de cabezas de ganado Euskolabel apenas ha variado respecto al cierre de 2025 y el número de explotaciones adheridas se mantiene por encima de las 450, consolidando una red de productores comprometidos con la calidad y el origen”, han señalado desde el Departamento.

“Detrás de estos datos hay ganaderos que han apostado por diferenciarse a través de la calidad. Ese es el camino que queremos seguir impulsando desde el Gobierno vasco”, ha insistido Barredo, que ha indicado que el sello de Eusko Label “continúa siendo una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de las explotaciones, garantizar el origen y la calidad del producto y responder a una demanda creciente de alimentos de proximidad”.

Pese al empeño del departamento en destacar la estabilización relativa respecto al año pasado la realidad muestra un descenso progresivo de las explotaciones que se da en los tres territorios. En Álava las explotaciones de Eusko Label han pasado de 119 en 2020 a 77 en 2026, mmientrasque las de vacuno en general se ha reducido de 587 a 567; en Bizkaia había 171 explotaciones de Eusko Label hace seis años y ahora hay 121, mientras que el vacuno en general ha pasado de 1.967 a 1.646 explotaciones; por su parte en Gipiuzkoa el Eusko Label ha pasado de 372 a 257 explotaciones, mientras que las explotaciones de vacuno en general han pasado de 2.099 a 1.773.

El Departamento de Salud espera cubrir “a la mayor brevedad posible” la posición vacante del responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Vacunas, uno de los puestos clave del área de Salud Pública. El consejero, Alberto Martínez, admite que ha habido varios intentos fallidos. En junio se marchó el que ocupaba interinamente esas funciones, Pello Latasa, una persona de prestigio fichada del Gobierno de La Rioja por cuatro años y al que se le acabó el contrato. Pasado ya un mes, nada se conoce de su sustituto.

Martínez hace estas reflexiones en una respuesta enviada al Parlamento Vasco, donde EH Bildu, a través de Rebeka Ubera, había pedido información sobre esta situación. “En 2022, cuando se jubiló Txema Arteagoitia, su puesto de trabajo no fue ofertado ni cubierto. Y, de forma indirecta, mediante otro contrato, se le asignó a Pello Latasa la responsabilidad del Servicio de Vigilancia y Vacunas de la Dirección de Salud Pública. [...] A Pello Latasa se le ha terminado el contrato. Desde nuestro punto de vista, es muy grave estar sin responsable del Servicio de Vigilancia y Vacunas. El Departamento de Salud debería ser consciente de la importancia de dicha responsabilidad en la Salud Pública”, señalaba Ubera en su iniciativa.

Según Martínez, que nada dice de la salida de Latasa, “la rotación o los cambios de personal en la Administración pública es un fenómeno continuo, que responde a diferentes causas organizativas, laborales y personales”. Sobre Arteagoitia, solamente indica que las jubilaciones “implican la salida natural de trabajadores”.

El consejero señala que en Salud Pública trabajan “aproximadamente 30 personas” y que, entre todos, “facilitan la continuidad, la adaptación y el correcto funcionamiento” del puesto vacante. “La labor de este conjunto de profesionales se basa en la epidemiología, el manejo de datos, la capacidad analítica, los conocimientos sanitarios y de inmunización, el diseño y desarrollo de protocolos y la coordinación con el sistema sanitario (coordinación con atención primaria y hospitales)”, expone Martínez.

No obstante, Salud “intentó cubrir esta plaza, que requiere de unas condiciones especiales” en al menos tres ocasiones y sin éxito. Fueron dos comisiones de servicios y también “en la última OPE”. El consejero insiste en que se siguen haciendo “las actuaciones necesarias” para cubrir la vacante “a la mayor brevedad posible”, pero también teniendo en cuenta que, en Euskadi, pronto se va a poner en marcha Osasungintza, el nuevo Instituto de Salud Pública que asumirá también las competencias relativas a vigilancia epidemiológica y vacunación.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una segunda investigación en relación al operativo policial con motivo de la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla al aeropuerto de Loiu, ocurrido en mayo. A la revisión de la actuación de los agentes desplegados, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que supusieron una lluvia de críticas de desproporcionalidad para la Policía vasca, se suma ahora un nuevo “procedimiento interno” para analizar una posible filtración de las grabaciones de las cámaras que portaban los ertzainas actuantes, las conocidas como 'bodycam'.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha adelantado este extremo en el Parlamento Vasco como respuesta a una batería de preguntas del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Según este parlamentario, a la luz de informaciones aparecidas en 'Gara' y en Radio Euskadi, se puede deducir que podría haberse difundido de un modo ilícito contenido grabado por esas cámaras, cuando los ertzainas tienen el deber de preservarlo.

En concreto, se refería a un comentario que también fue mencionado por el consejero Zupiria cuando dio explicaciones sobre este asunto en el Parlamento y que, supuestamente, daría a entender que la actuación de los activistas fue premeditada para provocar a la Policía. “Las imagénes que saldrán de aquí son mejores que mil comunicados. Muchas gracias. Un favor increíble. Si alargáis esta detención, excelente”, habría manifestado uno de los arrestados de la Global Summud Flotilla.

Según Zupiria, se busca ahora “aclarar si se ha podido producir algún comportamiento no ajustado a las instrucciones en vigor” con las 'bodycam'. La Ertzaintza dispone de un reglamento interno, la Instrucción 42, para gestionar este material incorporado en 2023. En abril trascendió que seis agentes habían sido expedientados por este motivo.

No obstante, el consejero de Seguridad insiste en que es conveniente no incurrir en acusaciones sin fundamento sobre la Ertzaintza porque generan un “relato” que “sólo alimenta el terreno de las 'fake news' y la desinformación”. “Considero que su único objetivo es desprestigiar al conjunto de la institución”, argumenta Zupiria, criticando duramente la iniciativa de EH Bildu.

Por otro lado, Zupiria concreta que finalmente fueron 14 los agentes heridos por el dispositivo de Loiu y que ocho de ellos estuvieron de baja. Eso sí, se precisa que la “gravedad de las lesiones” fue “leve”. El Tribunal de Instancia de Bilbao, la comisión de control y transparencia de la Policía vasca y el Ararteko también se encuentran investigando estos mismos hechos.

El mismo día en que se produjeron las controvertidas cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de los activistas de la Global Summud Flotilla, la Policía vasca intervino también en Vitoria en la previa del último partido de la temporada del Deportivo Alavés y, nuevamente, se produjeron quejas por la actuación policial. Hubo dos detenidos. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, insiste en una respuesta enviada al Parlamento Vasco en que la intervención estuvo plenamente justificada y recalca que el grupo de animación Iraultza 1921 es peligroso y que acumula, desde 2017, un largo historial de incidentes.

En respuesta escrita a una batería de preguntas de Gorka Ortiz de Guinea, portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, el consejero Zupiria indica que se tuvo conocimiento, desde días antes, de que iba a producirse un recibimiento al autobús del equipo en los prolegómenos del partido contra el Rayo Vallecano en un día que era, a la vez, para celebrar la permanencia en Primera División y el vigésimo quinto aniversario de la única final europea del club, la de Dortmund en 2001. Se valoró ya la “posibilidad” de que Iraultza 1921 utilizase bengalas y otros objetos “pirotécnicos” prohibidos, pero el Deportivo Alavés, por correo electrónico, informó de que como el recorrido del autobús por el paseo de Cervantes estaba “lleno de polen” no se iban a usar las bengalas porque suponían “un riesgo añadido de incendio”. Con todo, la Ertzaintza creyó oportuno sumar una dotación de Bomberos, por si acaso.

Asimismo, ya en el propio día del partido, un sábado por la tarde, la Policía consideró insuficiente el vallado instalado por el club, tanto por el espacio que cubría como por ser de plástico y fácilmente superable. “No ejercía de barrera suficiente para contener la invasión de la carretera por parte del público en el momento del paso de los vehículos policiales acompañando al autobús del equipo, motivo por el cual podría existir riesgo de atropello”, se expone. Además, se constató una “afluencia masiva” de personas en un paso muy estrecho para el autocar.

Así, la Ertzaintza terminó pidiendo al conductor que “ralentizase su llegada al estadio” porque “miembros de Iraultza 1921” se habían saltado el vallado e invadido la calzada “con bengalas y botes de humo”. Según Zupiria, la Policía pidió la mediación del club para intentar que se retiraran los aficionados pero eso solamente se produjo durante unos instantes. “Posteriormente, volvieron a invadir la calzada, haciendo caso omiso a las indicaciones del personal del club y las órdenes de los agentes de la Ertzaintza”, se insiste.

Y ahí comenzaron las cargas. “La Ertzaintza tuvo en cuenta que en el recibimiento al autobús del Deportivo Alavés se congregaban unas 500 personas, la mayoría padres y madres con niños y niñas en primera fila”, garantiza Zupiria. Eso sí, recalca que “desde 2017” Iraultza 1921 ha sido protagonista de infinidad de problemas. Cita, por ejemplo, “peleas” en partidos en Vitoria con Real Zaragoza, Real Betis Balompié, Elche CF, RCD Espanyol o FC Barcelona. En general, “en cada encuentro que el Deportivo Alavés juega contra un equipo con afición de ideología contraria a la de Iraultza 1921, la Ertzaintza debe establecer un dispositivo policial sobredimensionado al habitual en previsión de posibles agresiones y desórdenes en el ámbito público”. No es, ni mucho menos, el primer mensaje de Zupiria señalando a los ultras del Deportivo Alavés. Lo hizo ya a finales de mayo, después del partido contra el Rayo Vallecano, pero también en marzo, cuando hizo extensiva la reflexión a Herri Norte Taldea, vinculado al Athletic Club.

EH Bildu ha acusado a las diputaciones vascas de hacerse 'dumping' fiscal entre ellas, como lo demostrarían las medidas anunciadas por Bizkaia. Y también de lanzarse a hacer política fiscal al estilo de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid. Durante el pleno de control de este viernes, el parlamentario Gorka Ortiz de Guinea ha criticado la falta de seriedad que supone presentar estas medidas por parte de Bizkaia cuando sólo ha pasado un año de la revisión fiscal “de la que todavía no se conocen los efectos”. Además, ha cuestionado las medidas que “encantan las multinacionales y a la CEOE”. “Por tanto, creo que debemos echarnos a temblar”, ha ironizado.

También ha criticado la forma en la que se han presentado: “En Madrid, ante multinacionales, con el mensaje político que eso pretende transmitir, y frente a un referente 'ayusista', como es el señor Antonio Garamendi, pseudoliberal defensor de los grandes rentistas”. “El señor Garamendi define las medidas presentadas por Bizkaia como un ejemplo a seguir”, cuando el presidente de la patronal CEOE defiende una “armonización fiscal a la madrileña”, ha recordado. “¿Es la armonización a la que quiere llegar Bizkaia con su revolución fiscal?”, ha preguntado.

Ortiz de Guinea ha considerado que con las medidas presentadas por Bizkaia se está “fomentando una política fiscal hecha a medida de grandes fortunas, de los grandes capitales en perjuicio de los menores”. “Las beneficiadas son las empresas y la consecuencia será que las instrucciones públicas recordarán menos dinero”, ha dicho. Y se ha preguntado si Álava y Gipuzkoa “van a ir por detrás en ese camino ayusista o se va a quedar solo Bizkaia con Madrid, creando una absoluta desarmonización” en Euskadi.

También ha criticado el representante de EH Bildu medidas concretas propuestas por Bizkaia, como las deducciones por ir al gimnasio o usar seguros médicos privados. “Creo que es de chiste pagar con dinero público que algunas personas que se lo puedan pagar vayan al gimnasio”, ha dicho. En cuanto a los seguros médicos privados, ha considerado “vergonzoso para cualquier ciudadano vasco que defienda el sistema público de salud”. “Luego nos dirán que no habrá dinero para salud pública, pero sí para promocionar esos seguros privados. El mensaje que se lanza es aberrante. Si usted es pudiente, puede pagar tranquilo, que la administración pública se lo va a financiar. ¿Cómo queda el prestigio de sistemas sanitario público vasco?”, se ha preguntado.

Ha recordado, además que hasta el PSE-EE considera que las medidas planteadas por Bizkaia amenazan la armonización fiscal, como indicó el vicelehendakari Mikel Torres. “Creemos que estas medidas amenazan la armonización y no lo digo sólo yo, lo dice el señor Torres”, ha dicho. Y ha preguntado al consejero Noël d'Anjou qué va a hacer para que haya armonización entre los territorios.

El consejero de Hacienda y Finanzas, sin embargo, ha ratificado el apoyo del Ejecutivo a las medidas de Bizkaia, como ya hiciera en su día la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena. Y ha recordado que cada institución tiene su ritmo, y eso no significa que no haya coordinación. “El Gobierno vasco respalda totalmente que las diputaciones forales utilicen la capacidad que nos reconoce el Concierto Económico para desarrollar las medidas que se consideren más apropiadas en cada momento para Euskadi. Nuestro sistema funciona”, ha dicho.

Y ha puesto como ejemplo la armonización de la revisión fiscal aprobada el año pasado, de la que esta reforma anunciada por Bizkaia “es la continuación”. En este sentido, ha señalado que “en estos momentos, las tres diputaciones forales, cada una a su ritmo, están trabajando en la elaboración de proyectos de medidas tributarias que responden a un enfoque común: reforzar laeconomía y dar respuesta a los desafíos estructurales de Euskadi”. “Por eso frente a quienes intentan generar dudas o polémicas, quiero ser claro: los territorios históricos ejercen su capacidad de autogobierno fiscal, hay coordinación entre los territorios y hay responsabilidad institucional”, ha manifestado.

Ortiz de Guinea ha insistido en criticar que el consejero que defienda lo mismo de Garamendi: “una política neoliberal que defiende sin ningún tipo de tapujo”. Y también ha cuestionado que el consejero no haya dicho nada sobre la “competencia interna” que existe entre las tres diputaciones. Ha recordado, por ejemplo, que a raíz de las deducciones al cine, se hizo un centro de rodajes en Amurrio y Bizkaia se lo plantee en Orduña. “Con el 'dumping' fiscal y con la competencia tenemos un problema, y pensamos que van a utilizar la armonización de la manera en que quieran”, ha añadido. El consejero ha reiterado que “armonizar no es uniformizar” y ha acusado a EH Bildu de ser los que rompieron la armonización fiscal cuando gobernaban la Diputación de Gipuzkoa en 2012, al imponer el impuesto a las grandes fortunas rompiendo el marco general.

El Parlamento Vasco se prepara ya para unas largas vacaciones de verano... con algunas excepciones. Este viernes se ha celebrado la última sesión de control al Gobierno del curso político y, aunque quedan algunas comisiones este lunes y este martes, todavía en junio, no habrá plenos ni en julio, ni en agosto ni en buena parte de septiembre. ¿Cuáles son esas excepciones? Por un lado, la ponencia “para la mejora de la calidad democrática”, un foro presidido por Xabier Barandiaran, del PNV, ha fijado una reunión para el 6 de julio con tres comparecencias, las del dirigente del PP Jan Echeverría, del periodista Miguel Ángel Idígoras y del sociólogo Imanol Zubero. Por otro, PNV y PSE-EE quieren adelantar trabajo de su nueva ley estrella, la 'autopista' para agilizar proyectos estratégicos, y han pedido que se estudie que puedan comparecer en julio los expertos que planteen los grupos para llegar a otoño con ese trámite superado.

La normalidad regresará, salvo sorpresa, en la segunda mitad de septiembre con la celebración del pleno de política general, en el que el lehendakari ofrece las líneas generales de la situación y los líderes de los partidos le dan la réplica. Solamente a partir de ahí volverán a celebrarse plenos y comisiones con regularidad. En realidad, es ya el tercer parón en lo que va de año. La Cámara no retomó su día a día hasta febrero después de Navidad y luego, entre marzo y abril, hubo seis semanas sin plenos de control. Han sido nueve en 2026.

Los grupos sí mantienen el derecho a seguir solicitando información por escrito -y el Gobierno tiene que contestarla cumpliendo el plazo- y la agenda del Parlamento siempre recoge algunas otras actividades paralelas como cursos de verano o jornadas. La Mesa, el órgano de Gobierno de la institución, también tiene prevista una reunión el 13 de julio, aunque igualmente reduce la periodicidad de sus encuentros en período estival.

En todo caso, según explican fuentes parlamentarias, PNV y PSE-EE buscarán este mismo martes, 30 de junio, que la Mesa y la Junta de Portavoces les permitan habilitar julio para poder avanzar con su ley para impulsar grandes proyectos, ya admitida a trámite este jueves. En concreto, quieren abrir ya la fase de comparecencias de expertos. Con todo, no está claro cuántas sesiones se podrían celebrar antes del parón de agosto. Se persigue, en todo caso, llegar a otoño con parte de los deberes hechos y que se pueda iniciar antes la fase de enmiendas. De momento, los partidos del Gobierno se han encontrado con el 'no' de toda la oposición a esta iniciativa, sobre todo por la forma, ya que es una proposición de los partidos y no un proyecto del Ejecutivo, con todo lo que ello implica de menor volumen de informes, memorias y mecanismos de control. Pero gozan de mayoría absoluta para sacarlo adelante.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha asegurado este viernes que un 62% de los centros de salud y consultorios de atención primaria mantendrán su actividad habitual durante el periodo estival. La otra cara de la moneda es que “solo” -en palabras del Gobierno- el 30% reducirá su horario en tres y un 8% llegará a tener cierres totales durante algunos días.

Según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado, se adecuarán los horarios para hacer compatible el mantenimiento de una asistencia sanitaria de calidad con el descanso de sus profesionales y con la supuesta menor demanda de servicios que se da en estos meses, aunque ha explicado que no se contemplan “grandes cambios ya que la mayor parte de los centros mantendrá su horario habitual”, de modo que “la atención sanitaria a la población sanitaria durante los meses de verano está garantizada”.

Como resumen de la previsión actual de horarios de los centros de salud, Osakidetza ha detallado que son 210 de un total de 337 (el 62%) los que no prevén ningún cambio, mientras que 100 (el 29,67%) realizará algún ajuste horario en algún momento del verano, básicamente el cambio de 20.00 a 17.00 horas, mientras que 27 consultorios (el 8%) pueden cerrar al menos un día dentro del periodo vacacional. Son diez consultorios menos que en el verano de 2025, ha defendido Osakidetza.

“Y para poder responder a las necesidades de cobertura habituales en estas fechas de verano, se han activado distintas medidas adicionales como el programa de rejuvenecimiento y fidelización”, como poder contratar a personal MIR que finaliza la residencia a comienzos de verano o la OPE de plazas de dificíl cobertura de atención primaria “que ha permitido afrontar estos meses con una mayor estabilización en las plazas que resulta más difícil de cubrir, como pueden ser los de las zonas rurales o los turnos de tarde”, ha explicado.

Crisis de las vacunas

Por otro lado, el consejero, Alberto Martínez, ha defendido en el Parlamento Vasco la gestión de su equipo para corregir los “problemas” detectados en la gestión de vacunas y ha reprochado a EH Bildu que utilice este tema para “generar inseguridad y tratar de alarmar”. Martínez ha respondido este viernes, en el pleno de control, a una pregunta de Rebeka Ubera sobre los casos de administración de vacunas caducadas y sobre los fallos detectados en las neveras de dos centros de salud en las que se guardaban dosis de diversas vacunas.

“Cuando no se reconoce la gravedad de un problema es difícil solucionarlo, sobre todo si los problemas son estructurales”, se ha quejado Ubera, que informó de ambos casos desde la oposición antes de que lo hiciera Osakidetza. “La diferencia es clara: ustedes generan ruido, nosotros introducimos soluciones; y en Sanidad lo importante no es el titular, sino que cada paciente reciba una atención segura, fiable y de calidad”, ha replicado Martínez, informa Europa Press.

En la última sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco del curso político y en una autopregunta del PNV, el lehendakari, Imanol Pradales, ha querido lanzar un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le ha pedido que no se “despiste” y que, si su deseo es no convocar elecciones, cumpla con el compromiso de celebrar “antes de agosto” una cumbre bilateral para cerrar el traspaso completo de la gestión económica de la Seguridad Social, ya iniciado con las prestaciones de paro y otras materias pero a la que aún le queda la parte más relevante, las pensiones, unos 12.000 millones de euros.

“El pasado miércoles, Pedro Sánchez mostró su total determinación para continuar como presidente. Espero esa misma determinación para cumplir los pactos con Euskadi y completar el Estatuto de Gernika”, ha manifestado Pradales, que insiste en que “el tiempo apremia”. “Debemos llegar con contenidos concretos, porque, si no, no habrá bilateral”, ha señalado el lehendakari, dando a entender que no acudiría a Madrid si no hubiese un acuerdo.

Según Pradales, en dos años de mandato ha logrado “avances” en materia de autogobierno, incluyendo doce transferencias competenciales, 45 acuerdos de tipo económico y otros compromisos “bilaterales”. No obstante, el lehendakari ve al presidente renuente a dar otros pasos, como “la convocatoria de la junta de seguridad que debe acordar medidas para atajar la reiteración delictiva o el uso de armas blancas y facilitar la conexión de la Ertzaintza con las redes de información europeas” o la “comisión mixta del Concierto Económico para que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes, personas mayores, menores o con discapacidad”.

Se acaba el curso político y se acaba junio. En septiembre, Pradales lanzó la idea de celebrar ahora una ronda de partidos para impulsar la reforma del Estatuto. No consta que eso se vaya a producir en esas fechas. En principio, PNV, PSE-EE y EH Bildu negocian sobre ello fuera del Parlamento, sin que se conozcan contenidos y detalles. Pradales se ha limitado a señalar, a este respecto, que es necesario cerrar la carpeta de los temas pendientes del Estatuto de 1979 antes de pasar a la siguiente. “Ha llegado el momento de cerrar para siempre esta fase y de abrir la siguiente: tenemos que acordar entre todos la estructura del futuro autogobierno, para garantizar nuevas capacidades políticas”, ha indicado.

Un aeropuerto para el lehendakari Aguirre

En el cara a cara con el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, ha optado por pasar de las preguntas a las propuestas. Ha planteado que, con motivo del nonagésimo aniversario del primer Gobierno autonómico, el aeropuerto de Aena en Loiu pase a llamarse como el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. Ha explicado que en París o Nueva York las principales terminales llevan nombres de grandes líderes, o que incluso en la red de Aena hay guiños a Josep Tarradellas en Barcelona o a Rosalía de Castro en Santiago de Compostela. No ha explicado por qué no sería renombrado el aeropuerto de la capital y sí el de Bilbao.

Según Otxandiano, Aguirre es una figura que trasciende a la de su partido, el PNV, porque fue capaz de representar a “dos familias abertzales”, en referencia también a ANV, que luego en el siglo XXI fue marca de la actual Sortu, a socialistas, a comunistas y a republicanos. Pradales ha respondido que está de acuerdo en estudiar el asunto del aeropuerto, pero ha avisado de que EH Bildu debería revisar “todo” el legado de Aguirre porque la izquierda abertzale, durante años, se opuso al autogobierno vasco “con herramientas que Aguirre hamás hubiese tolerado”, en referencia al terrorismo de ETA. “Era un hombre de paz. Repudió el uso de la violencia para fines políticos”, le ha espetado.

PP y Vox han usado sus turnos en la última sesión de control para sacar a relucir las investigaciones de corrupción en marcha y los presuntos vínculos del PNV con el rescate de Tubos Reunidos, por el que según la Fiscalía el grupo Hirurok de los socialistas Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez y del empresario Antton Alonso cobró comisiones ilegales. Según Javier de Andrés, el PNV contribuyó a la “intermediación” de una “trama corrupta”. Pradales ha respondido que el PP usa en Euskadi el “catastrofismo y populismo más demagógico” y que Vox es “escatológico” y trumpista.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición, la toma en consideración de la proposición de ley del PNV y el PSE-EE para simplificar y agilizar los proyectos económicos sostenibles, la conocida como “autopista” regulatoria. El Gobierno lo ha tramitado como proposición de ley y no como proyecto, de modo que se ahorran informes y controles internos.

El texto reduce plazos y cargas administrativas, y pretende reforzar la seguridad jurídica para acelerar la implantación de nuevas actividades en ámbitos como la transición energética, la economía circular y la industria agroalimentaria, se defiende. PNV y PSE-EE destacan que la reducción de los plazos administrativos no implicará una reducción de “garantías”, sino tan solo una supresión de “duplicidades”. La propuesta pretende impulsar las inversiones estratégicas de la industria verde y, con ese fin, recoge instrumentos para acelerar la implementación de nuevos proyectos, para favorecer la economía circular y fortalecer el sector primario. A su vez, diseña un marco específico para proyectos de “interés público superior”, que han de ser iniciativas vinculadas a la transición energética, la economía circular o las infraestructuras de generación de energía, informa Europa Press.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi ha explicado que esta ley “simplifica, facilita y aligera los trámites”, con el fin de que “Euskadi no pierda oportunidades en este mundo competitivo”. En este sentido, ha afirmado que, frente al riesgo de “deslocalizaciones”, es necesario garantizar que Euskadi “siga siendo atractiva” para mantener a sus empresas y para atraer nuevas inversiones. “Las empresas lo que piden es que no les toquemos las narices, que no les pongamos pegas, que facilitemos las inversiones emisiones en Euskadi”, ha añadido.

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha explicado que, con esta ley, “se trata de poner al servicio de la ciudadanía y de los agentes económicos unos procedimientos más ágiles, más modernos y más seguros jurídicamente”. Esto, según ha dicho, permitirá mejorar la competitividad de Euskadi “respecto a otras comunidades del entorno que ya han avanzado en marcos normativos similares para atraer inversiones de alto valor estratégico que pueden ser motor de crecimiento y fuente de empleo estable y de calidad”.

Desde las filas de EH Bildu, Ander Goikoetxea ha calificado de “inaceptables” tanto el procedimiento empleado para tramitar esta ley, como los contenidos de la propuesta. De esa forma, ha criticado que “en nombre de la competitividad”, se plantea “una ley que cambia todo el modelo de gobernanza y que deja de lado la autonomía de los ayuntamientos”. Goikoetxea ha considerado que una ley de esta relevancia “debería venir, por lo menos, de la mano del Gobierno, con una memoria económica, informes jurídicos, evaluaciones de impactos, consultas públicas estructuradas, y con todas las garantías que necesita un proyecto de gobierno”.

El parlamentario del PP Álvaro Gotxi ha expresado su rechazo a la forma en la que se ha tramitado esta ley, través de una proposición de los partidos del Gobierno, en lugar de mediante un proyecto de ley del propio Ejecutivo, un procedimiento que requiere de más controles y garantías. “Lo hacen únicamente para no pasar por donde tienen que pasar un proyecto de ley; no vaya a ser que alguien les diga que esto que presentan hoy aquí es una chapuza irresponsable”, ha denunciado.

Por parte de Sumar, Jon Hernández, ha advertido de que la “desregulación” que se plantea en esta iniciativa “puede reducir el necesario control del impacto de la actividad económica”, especialmente “en temas sensibles como el medioambiental”. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha cuestionado que el Gobierno pueda convertirse en “promotor o facilitador” de la actividad económica a través de esta ley, por lo que ha votado en contra de su toma en consideración.

La vicelehendakari primera del PNV, Ibone Bengoetxea, que es también la consejera de Cultura y Política Lingüística, ha negado que el acuerdo con EH Bildu para posibilitar la aprobación de la reforma legislativa de la normativa autonómica de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera en la Administración suponga un problema con el PSE-EE. “El Gobierno no está en riesgo”, ha enfatizado ante los medios de comunicación a los pocos minutos de terminada la sesión.

“La relación con el socio no está tocada. Somos un Gobierno compacto. Hace dos días presentamos conjuntamente el balance de los dos años de esta legislatura y, además, presentamos juntos el trayecto que nos queda para los próximos meses. Yo diría que la relación con el socio de Gobierno es estupenda”, ha querido destacar Bengoetxea. Ha agregado que “en democracia” es “normal” el hecho de “no compartir el 100% de todos los proyectos”.

Por otro lado, Bengoetxea se ha excusado de dar plazos para la aprobación del decreto de desarrollo de la ley. Ha recordado que es proceso largo y garantista que requiere de la emisión de informes y de tiempo. La vicelehendakari ha manifestado estar satisfecha por los avances que supondrá la ley en términos de “seguridad jurídica”. “Va a limitar las sentencias en contra de decisiones administrativas”, ha garantizado.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

El Parlamento Vasco, este jueves, se internará en una zona no explorada no ya en la legislatura sino probablemente en los diez años que llevan gobernando juntos PNV y PSE-EE. El Ejecutivo va a operar por separado en un debate legislativo, en este caso en lo relativo a la reforma de la normativa autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Los nacionalistas presentaron en solitario, hace ya un año, la iniciativa y ahora, a horas del debate, han alcanzado un acuerdo con EH Bildu, que se convertirá en socio circunstancial y que facilitará la ley con una abstención.

La reforma viene motivada por una cascada de sentencias judiciales que han respondido a recursos contra convocatorias, sobre todo en ayuntamientos. Sectores de la denominada 'euskalgintza' han denunciado una “ofensiva” judicial y cargos locales de PNV y EH Bildu se han movilizado en el mismo sentido. Así, el partido mayoritario del Gobierno, el PNV, planteó un blindaje de la ley autonómica con una reforma quirúrgica, de artículo único. Los socialistas pronto pusieron pie en pared y escenificaron una brecha desconocida en su década de matrimonio de conveniencia, en la que únicamente han actuado por separado en temas previamente pactados, como la reforma del Estatuto en su día.

En paralelo, EH Bildu presentó una alternativa más ambiciosa, mucho más larga y que hacía que las dos lenguas oficiales fuesen exigibles de inicio en la Administración. Bebía de modelos como el catalán o el gallego, expusieron. Es más, durante la tramitación simultánea y paralela de ambos textos, la formación abertzale lanzó críticas por insuficiente al plan del PNV. La realidad del Parlamento es que, sin el PSE-EE, el PNV carece de mayoría. EH Bildu tiene sus mismos escaños. En las dos votaciones anteriores de la ley, en ponencia y en comisión, la de EH Bildu ha ido decayendo y la del PNV se ha salvado sin más apoyos que los propios, con el socio de Gobierno en contra, pero con la abstención decisiva de la coalición abertzale.

De cara al pleno, PNV y EH Bildu han alcanzado un acuerdo. Lo han firmado, por parte de los primeros, los dirigentes Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano y, por parte de EH Bildu, Pello Otxandiano y Josu Aztiria. EH Bildu quería garantizarse que su abstención no sería a cambio de nada, sino contar con garantías de que, si el plan del PNV naufraga, se revisará, se analizará y se podrá retomar la reforma en otros términos.

En todo caso, lo que aprobará la Cámara será diferente a la propuesta inicial del PNV. En el camino, el propio grupo se autoenmendó y ha sacado adelante tres enmiendas para una reforma de artículo único. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Iñigo Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Los términos del acuerdo

El documento firmado es de seis páginas en cada uno de los idiomas oficiales. En su versión castellana, se alude a una “vía de trabajo compartida” para “avanzar” en este tema “de manera ordenada, responsable y útil”. EH Bildu se compromente a “facilitar” la nueva ley, una vía “adecuada y técnicamente prudente” y también una “contribución efectiva” a la normalización del euskera“ en la Administración, como ”garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía“.

A partir de ahí, se hará un “seguimiento compartido” del “despliegue” y de los efectos de los cambios. Habrá una “comisión de seguimiento” y “en el caso de que [...] se concluya que la modificación legal ahora posibilitada no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales” se abrirá un nuevo proceso “ordenado” para “elaborar una nueva propuesta”. EH Bildu ha logrado introducir ahí que se tendrán en cuenta sus modelos -“por ejemplo Cataluña o Galicia”- e incluso la “doctrina” del Tribunal Constitucional, que aún tiene que pronunciarse sobre la normativa ahora en vigor y que seguramente reciba nuevas peticiones sobre esta reforma, como ha deslizado el PP.

PNV y EH Bildu crean un “espacio estable” de “intercambio entre partidos” y se prometen “lealtad, discreción y voluntad”, aunque los primeros seguirán gobernando con el PSE-EE. Será a los tres años de entrada en vigor de la ley, en 2029, cuando “en su caso” se puedan tratar la “necesidad de analizar nuevos ajustes normativos o aplicativos”. Significativamente, apuntan a que se analizará la situación también a la luz del Estatuto que esté vigente, dando a entender que podrían llegar a buen puerto las negociaciones para modificarlo.

Sumar, con un escaño, quiere que se abra ya la ponencia de reforma del Estatuto en el Parlamento Vasco. El único parlamentario, Jon Hernández, que es de IU, ha presentado este miércoles una proposición no de ley para reabrir la ponencia de autogobierno con el objetivo de abordar desde la “transparencia” el diseño de las bases políticas, jurídicas, institucionales y sociales de un nuevo pacto estatutario para Euskadi, informa Europa Press.

Hernández, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha denunciado, en referencia a las conversaciones que en torno a esta reforma mantienen el PNV, EH Bildu y el PSE-EE, que “la ciudadanía desconoce por completo qué se está negociando, en qué términos y con qué calendario”. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de empezar a actuar con “transparencia”. Ha abogado por operar “desde la centralidad del Parlamento Vasco”.

“No se puede marear a la ciudadanía con un debate de esta trascendencia”, cree Sumar. Hernández considera que la ponencia de autogobierno debe reabrirse “antes del verano” para ordenar las posiciones de los grupos y recuperar la deliberación parlamentaria. Ha recordado que el lehendakari, Imanol Pradales, habló de junio como referencia, pero no hay noticias sobre ello.

La Ertzaintza registró en 2025 193 incidentes de odio, frente a los 236 de 2024. Es un descenso del 18% que, sin embargo, ha de interpretarse con cautela, dado que una parte importante de este tipo de incidentes no llegan a denunciarse, según recoge el 'Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025', que indica que los incidentes por racismo y xenofobia continúan siendo los más numerosos, al representar el 56% del total.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presentado el informe este miércoles en el Parlamento Vasco. Está elaborado con la colaboración de la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, dirigida por Jon Mirena Landa. Ya hay datos de diez años en este observatorio.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la Ertzaintza registró 193 incidentes de odio potencialmente delictivos en Euskadi, un 18% menos respecto a 2024, cuando se registraron 236. Se trata del tercer año consecutivo de reducción tras el máximo alcanzado en 2022, con 435 incidentes.

No obstante, según recoge el propio estudio, estos datos deben interpretarse con cautela, ya que la estadística policial refleja únicamente los hechos que llegan a conocimiento de la Ertzaintza. Los autores del informe advierten, por lo tanto, de la relevancia de la denominada 'cifra negra'; es decir, los incidentes que no se denuncian o que no llegan a registrarse como delitos de odio. Por ello, la evolución descendente de los registros no permite concluir, por sí sola, que el fenómeno haya disminuido en la misma proporción.

Según el informe presentado en el Parlamento, entre los factores que contribuyen a la infradenuncia destacan la situación administrativa irregular de muchas víctimas, la falta de recursos económicos o conocimiento del procedimiento, la normalización de la cultura de la violencia, la baja confianza en el sistema judicial y policial, así como el miedo a represalias por parte de los agresores o incluso de las propias autoridades.

Los delitos de carácter racista o xenófobo, en la línea de años precedentes, siguen concentrando la mayor parte de los delitos de odio registrados. Durante el 2025 fueron 108 casos, el 56% del total, con una bajada del 6% con respecto al año anterior. En segundo lugar se sitúan los incidentes motivados por la orientación o identidad sexual, con 40 casos, el 21% del total. Les siguen los vinculados a ideología u orientación política, con 18 casos, el 9%. El informe recoge también 9 incidentes por discapacidad, 7 por creencias o prácticas religiosas, 4 por físico o apariencia, 2 por género, 2 por enfermedad, 1 por antisemitismo y 1 por aporofobia.

El documento destaca, asimismo, la existencia de siete casos de motivación múltiple, en los que concurren varias características protegidas. La mayoría de estos supuestos (4) combinan racismo o xenofobia con orientación o identidad sexual. En cuanto a la tipología delictiva de los delitos de odio registrados el pasado año en Euskadi, el informe constata que las lesiones y amenazas concentran más de la mitad de los incidentes registrados.

Por territorios históricos, Bizkaia y Gipuzkoa registran 85 incidentes cada una, el 44% del total en ambos casos. Álava contabiliza 23 incidentes, el 12%. Esta distribución rompe el patrón de los últimos años, en los que Bizkaia concentraba de forma más destacada el mayor número de registros. Respecto a los municipios siguen destacando las capitales y los municipios con mayor concentración de población. Donostia registra 35 incidentes, el 18% del total; Bilbao, 29, el 15%; Irún, 19, el 10%; y Vitoria 18, el 9%. También aparecen Barakaldo y Portugalete, con 7 incidentes cada uno, y Hernani y Getxo, con 4 cada uno.

En relación con el lugar de comisión, la vía pública es el espacio en el que más delitos de odio se producen, el 45% del total. Le siguen los centros docentes, con el 11%, los domicilios con el 9% y los establecimientos hosteleros, también con el 9%. Los incidentes cometidos a través del ciberespacio o por vía telefónica representan el 4%. Según recoge el 'Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025', casi la mitad de los incidentes se producen entre el viernes y el domingo, y el 75% entre la tarde y la noche.

El informe recoge en 2025 un total de 284 personas investigadas en relación con incidentes de odio. La mayoría son hombres, el 78%, y la media de edad de las personas investigadas se sitúa en 32 años. 76 de las personas investigadas son menores de edad. En cuanto al origen, 182 personas investigadas son de nacionalidad española, el 64%, y el 19% son de origen extranjero. Durante 2025 se produjeron 9 detenciones, menos de la mitad que en 2024, cuando se contabilizaron 25. En lo que se refiere a las víctimas, el informe registra 225 victimizaciones, lo que supone un descenso del 17% respecto al año anterior. El 55% de las víctimas son de origen extranjero. Por edad, destacan las personas de entre 18 y 29 años, aunque el rango de edad abarca desde los 8 hasta los 82 años. El 57% de las víctimas son hombres.

En su intervención, el director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, Jon Mirena Landa, se ha referido a la memoria que en torno a esta misma cuestión realiza la Fiscalía, unos estudios sobre los que ha lamentando su “pobreza” de datos. En este sentido, ha indicado que en el ministerio público existe voluntad de mejora en lo que se refiere a estos informes, pero que esa intención choca con los importantes “déficits estructurales” que padece la institución.

La revisión de las notas del examen de euskera de la Selectividad, que tanta controversia generaron sobre todo en centros concertados del modelo A -el que tiene como lengua vehicular el castellano- del entorno de Bilbao por una acumulación de ceros, ha estimado que en alrededor un 80% de los casos la nota puede subir algo y no ser un “cero absoluto”, pero no más de dos puntos. Es decir, seguirá siendo un suspenso claro. Las calificaciones “apenas experimentarán variaciones relevantes”, ha señalado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea. “En la mayoría de los casos las notas no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero. Como consecuencia, la distribución general de las calificaciones apenas ha registrado cambios relevantes”, ha añadido la Universidad.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria en la que aún no ha facilitado todos los datos de las revisiones solicitadas en toda la comunidad autónoma por 4.223 estudiantes y sobre 8.127 pruebas de todas las asignaturas, Bengoetxea ha puesto en valor las garantías del proceso de corrección de la prueba ahora conocida como PAU. Ha pedido no trasladar la idea de que se ha producido “arbitrariedad” contra determinados colectivos. “Las calificaciones no pueden determinarse por la presión social, política y mediática”, ha insistido.

Con la nueva corrección, inicialmente se hablaba de 168 ceros totales y de que se ha bajado a 110. Pero el dato queda superado solamente por el caso concreto del tribunal de la discordia de Bilbao, donde de 76 se han quedado en 11, más allá de que se mantengan notas muy bajas. 876 estudiantes -de todas las asignaturas- han visto mejorada su nota y a 442 se les ha bajado. Solamente si la variación entre la primera y la segunda nota es de más de dos puntos se activa de oficio una tercera y definitiva evaluación para fijar la nota. En el caso del euskera, solamente afectaría al entorno del 20%, siempre a falta de los datos definitivos. El rector ha añadido que también se han reclamado 1.193 notas del examen de castellano y 1.137 del de inglés, no tan alejado de los 1.778 de euskera.

¿Qué ha sucedido? Según el rector, la posibilidad de reducir hasta dos puntos por errores ortográficos, gramaticales o de “coherencia” puede ser una explicación. Podría darse el caso de tener una calificación de 1,9 que se quede en nada por la concatenación de fallos, ha manifestado el rector. “Lo que queremos decir es que, hacer cierto tipo de lecturas sobre el proceso, creemos que puede perjudicar a todos los implicados. Tenemos que ser serios. Conocer el proceso y el rigor que implica. Hacer las lecturas antes...”, ha planteado Bengoetxea, a quien convocaron a una reunión de “urgencia” la pasada semana por estos casos los consejeros de Educación, Begoña Pedrosa, y de Universidad, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Ha pedido también que se destierre ese “discurso” que ha calado en la sociedad de que “es muy difícil” sacar un cero solamente con presentarse a una prueba de alto nivel académico. La ley vasca de Educación de 2023 obliga a acabar la etapa obligatoria -es decir, a los 16 años y no a los 18- con un nivel B2 en ambas lenguas oficiales independientemente del modelo en que se cursen los estudios.

El rector ha destacado el sistema de “garantías” para estudiantes y familias que hay detrás de las notas de Selectividad, y ha recordado que bebe de una normativa “estatal”. Igualmente, ha recordado que los tribunales no dependen de la EHU exclusivamente, sino que son compartidos con personal de los institutos de Bachillerato. En el caso de los tribunales correctores de euskera, el 75% procedían de las enseñanzas no universitarias.

Casi a la misma hora, en el Parlamento ha comparecido la consejera Pedrosa. Ha señalado que la preocupación por los resultados no era “infundada” porque los ceros se han concretado sobremanera en un tribunal. Casi un 50% fueron impuestos por un mismo corrector. Ha pedido que se analicen “con rigor absoluto” las reclamaciones y ha insistido en que es la EHU la que coordina el proceso. “El Gobierno vasco no corrige exámenes, pero sí exige garantías”, ha añadido Pedrosa.

Ha planteado varias “líneas de mejora” de cara a años venideros. Son cuatro, mejorar la “comunicación interinstitucional” por la falta de “rapidez, formalidad y precisión” de este 2026, hacer pública la composición de los tribunales, distribuir el alumnado para que no se concentre un grupo del mismo origen en las mismas manos y evitar así interpretaciones de “desigualdad” y, finalmente, un reglamento más preciso. “La PAU debe ser una prueba exigente, pero también transparente”, ha zanjado.

Este conflicto es uno más de los surgidos entre la Universidad y el Gobierno desde que Bengoetxea ganó las elecciones con una candidatura alternativa y alejada de las posiciones del PNV. Desde que llegó al cargo, han chocado por la financiación y por otros temas y nada hace prever que esas diferencias se vayan a reducir tras la controversia en torno a la Selectividad.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha administrado vacunas después de romperse la cadena del frío que garantiza su seguridad clínica en dos ambulatorios, el de Lasarte-Oria, cerca de Donostia, y el de Arangoiti, en Bilbao. Según ha confirmado en el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Alberto Martínez, los afectados son cinco pacientes de Lasarte-Oria y doce en Bilbao, pero ha insistido en que en “ningún” caso están en riesgo y que, de hecho, algunas revacunaciones se programarán “dentro de un mes”.

El asunto llega después de la crisis de las dosis caducadas de comienzos de año y, nuevamente, el primer aviso púbico ha sido a través de una denuncia de EH Bildu desde la oposición antes de que el Departamento de Salud haya hecho ninguna comunicación pública. Eso sí, fuentes internas indican que internamente se lleva tiempo trabajando en el asunto. El protocolo se activó desde los propios centros, que distan en decenas de kilómetros entre sí y que no pertenecen a la misma comarca sanitaria, y después Vigilancia Epidemiológica emitió una circular interna para gestionar la posible revacunación de los 17 afectados potenciales.

Según ha indicado Martínez a los medios de comunicación, en un caso la nevera de las vacunas estaba más fría que lo recomendado y, en el otro, sucedió a la inversa. “Hemos actuado con celeridad. De forma inmediata”, ha manifestado el consejero. Según ha indicado, conoció las incidencias estando “en Madrid”, “a mediados de la pasada semana”. Ha indicado que ya ha analizado el asunto con laboratorios, con el CAVE (el órgano asesor autonómico de vacunas) y también con la Agencia Española del Medicamento.

Con insistencia, Martínez ha recalcado que no hay “ningún riesgo” para la salud de los afectados, que son adultos y menores porque el problema no era un lote de un producto concreto sino en las neveras donde se guardan viales de varios tipos. No se han detallado las marcas. El consejero ha indicado que se está trabajando en “diferentes medidas de seguridad” en los sistemas de “medición de temperatura” de los aparatos donde se conservan las vacunas.

La denuncia de EH Bildu

EH Bildu ha registrado preguntas para que el consejero Martínez dé más explicaciones en el Parlamento Vasco. “Es sabido que la gestión de la cadena del frío es uno de los principales indicadores que influyen en la seguridad de las vacunas”, insiste la portavoz sanitaria de la formación abertzale, Rebeka Ubera. Añaden que, durante el anterior episodio, se emitió un dictamen que destacaba la relevancia de los “siete correctos”, es decir, de garantizar siete pasos para preservar la seguridad clínica. Uno de ellos era garantizar precisamente la conservación de los preparados. “Son productos biológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, tiempo y fundamentalmente de temperatura”, señalaba aquel informe.

Denuncia EH Bildu que “no ha pasado tanto tiempo” desde la crisis de las vacunas caducadas como para que ahora se repita un nuevo “incidente grave”. Por ello, demandan “aclaraciones” al consejero Martínez. Entre las explicaciones que se solicitan, además del detalle de los casos, se inciden en cómo se ha gestionado la incidencia y en cómo se ha comunicado a los posibles afectados. “Han sido inoculadas tanto a menores como a adultos”, apuntaba Ubera en su pregunta parlamentaria.

El asunto de las vacunas caducadas llegó a ser investigado en la vía penal por la Fiscalía. La fiscal Carmen Adán lo archivó por falta de indicios de delito, pero sí recogió en su resolución que el alto cargo Guillermo Herrero, responsable de Salud Pública, manifestó sus críticas sobre cómo se gestionó internamente esa crisis. Apuntó que hubo momentos de tensión porque la dirección política retrasó las explicaciones públicas para contener el asunto mientras desde su equipo recomendaban actuar con celeridad.