El Gobierno vasco no considera el turismo de cruceros un objetivo prioritario de su estrategia y, de hecho, no ha participado en los últimos años en ningún tipo de feria o evento de captación de este tipo de viajeros. “No es un producto prioritario dentro de nuestra estrategia turística”, señala el consejero socialista del ramo, Javier Hurtado. “El modelo turístico de Euskadi se asienta sobre la base de la sostenibilidad, a través de acciones como la diversidad de la oferta, el alargamiento de la estancia, el movimiento de flujos y la desestacionalización”, dice en una respuesta parlamentaria. Es decir, algo diferente a la llegada puntual de visitantes en buques al puerto de Bilbao, que está experimentando un enorme crecimiento en los últimos años y a lo que la Autoridad Portuaria dedica una ardua labor de promoción que le está llevando a cifras récord.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, que también le ha preguntado por la misma cuestión en la sesión de control en el Parlamento Vasco de este viernes, Hurtado señala que el modelo turístico que se quiere extender en Euskadi les lleva a que no se incluyan por parte del departamento “acciones de promoción o de atracción, el turismo relacionado con los cruceros”. La parlamentaria le pregunta si se ha participado por parte del Gobierno en algún evento de este tipo en los últimos cinco años. “Eso sí, los visitantes que llegan a Euskadi a través de este medio de transporte son tratados y acogidos como lo es cualquier turista respetuoso que quiera conocer nuestro territorio”, puntualiza el consejero.

Esta falta de interés por parte del Gobierno en atraer cruceros contrasta con el incremento de esta actividad en los últimos años y la extensa actividad de promoción en este sentido que realiza la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las previsiones apuntan a que este año 2026 se produzca un nuevo récord en la llegada de buques, con diez barcos más que el año pasado, lo que supondrá 80.000 viajeros más que los que llegaron a la terminal de cruceros de Getxo el año pasado.

Hurtado reconoce que no hay ningún tipo de coordinación desde el Gobierno vasco con el puerto de Bilbao para gestionar este tipo de turismo, más allá de la “meramente informativa” que realiza, la Autoridad Portuaria. A falta de esta coordinación señala el consejero que “el modelo turístico promovido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es conocido por todo el sector, lo que facilita la alineación de estrategias y la colaboración en su desarrollo”. La parlamentaria de EH Bildu ha criticado la falta de coordinación entre ambas instancias: “En un momento en el que el turismo de cruceros incide tanto, que el Gobierno y la Autoridad Portuaria no vayan en direcciones similares, no es aceptable, y creo que la falta de competencias no es suficiente argumento”, ha señalado durante el pleno.

En los últimos años, el puerto de Bilbao ha experimentado un importante crecimiento de la llegada de cruceros, y la Autoridad Portuaria se ha volcado en labores de promoción destinadas a la atracción de navieras que incluyan Getxo entre sus escalas y si es posible que elijan este puerto como inicio o final del viaje. Esta misma semana la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado presente en la feria Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector de cruceros, que se ha celebrado 13 al 16 de abril en Miami, en la que ya es habitual la presencia de Bilbao para cerrar contactos navieras y turoperadores que puedan recalar en la terminal de Getxo.

Las previsiones para este año son superar las cien escalas, frente a los 95 buques del año pasado, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades entre 113 y 6.334 pasajeros. La terminal Olatua de Getxo acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un viaje de ida y regreso desde Getxo. No obstante, pese a estas previsiones en aumento el consejero Hurtado ha rechazado que esto suponga un “turismo de masas” en Getxo, como ha señalado la parlamentaria de EH Bildu: “El turismo de cruceros supone sólo un 3% del total”, ha indicado.

Puerto sostenible

La Autoridad Portuaria de Bilbao que dirige Iván Jiménez considera que la inversión realizada en los últimos años en la terminal de cruceros de Getxo ha sido fundamental para colocar a este puerto como punto de referencia para muchas rutas y ser ahora foco de atracción en el sector. Desde la Autoridad Destacan además los esfuerzos destinados a que el Puerto y los cruceros que atraquen en él se adapten a parámetros de sostenibilidad. Por ejemplo, señalan que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales. El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones

Además, el puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con dos puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque. No obstante, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere además centralizar todo lo que tenga que ver con pasajeros en esta terminal de Getxo, por eso, se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros. La parlamentaria de EH Bildu también ha interpelado por eta cuestión al consejero Hurtado en el Parlamento, pero no ha querido pronunciarse por lo que ha denominado “futurible”, y que, además, es competencia de la autoridad portuaria. No obstante, ha recordado que los ferris son medios de transporte y los cruceros son alojamientos turísticos flotantes.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado esta semana al Parlamento Vasco de que han sido hasta 22 los tipos diferentes de vacunas pasadas de fecha que ha administrado en 2023, 2024 y 2025. La directora general, Lore Bilbao, ha matizado que en algunas de ellas se emplean varias marcas comerciales, lo que explica la elevada cifra.

En esta última versión, el total de afectados no difiere en exceso con lo ya conocido, con 89 en 2023, 7 en 2024 y 274 en 2025. El último dato referido al pasado año era del entorno de 260 personas erróneamente vacunadas incluyendo los primeros días de 2026, cuando trascendió este asunto. Sí es relevante, dado que el dato no había trascendido, que ha habido incidencias en las trece OSI o comarcas sanitarias de la red. En marzo ya se informó de casos de 2017.

La información ha llegado a la Cámara a solicitud de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, que fue la que en su día lo denunció y motivó que, 'a posteriori', se confirmara públicamente. La triple vírica de Priorix es la que más veces se ha ofrecido pasada de fecha, 84 veces en 2023, 6 en 2024 y 44 en 2025. Después están la tetravalente Tetraxim, con 55, y la hexavalente Vaxelis, con 36, que fue la primera que originó la revisión de inoculaciones anteriores. En el listado, en cambio, hay muchos más tipos de vacunas, algunas con una sola incidencia, como la Rotatez, la Boostrix o la Engerix B. Esta revisión no afecta a los dos productos más comunes, la inmunización contra la gripe estacional y la COVID-19.

Ubera ha insistido en que Osakidetza tiene un problema “estructural” con este asunto. “No es un error aislado o suelto, como lo han querido vender. No hay trazabilidad”, ha indicado a los medios de comunicación. También el PP se ha mostrado crítico y ha asegurado que el problema “no está encarrilado” todavía, según Laura Garrido.

Esto ha sido desmentido con rotundidad por el consejero, Alberto Martínez. Ha asegurado que los partidos políticos son libres para estirar el chicle pero que el Gobierno ya lo da como “tema zanjado”. “Para los pacientes está resuelto” y se han implementado ya las medidas para evitar que se pueda volver a repetir, principalmente el sistema “datamatrix” y de “los siete correctos” -en referencia a un protocolo de comprobaciones de siete pasos-, así como la cartilla de vacunación digital. “El 98,5% de las vacunas administradas en 2025 se hicieron de forma correcta”, ha dicho también Bilbao. El Ejecutivo recalca que no se le puede acusar de opacidad cuando hubo una incidencia “en diciembre y enero” en un centro y se han revisado muchos más meses y tipos de vacunas “en toda la red”.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.

Tras reunir más de 10.000 firmas y solicitar a las Juntas Generales de Bizkaia que los perros de más de 8 kg puedan viajar en metro, la petición formada por la Agrupación de Ciudadanos por un Metro Bilbao Inclusivo con las Familias con Perro de Compañía ha escalado este martes a la Comisión de Movilidad Sostenible del Parlamento Vasco. En Bilbao, el artículo 18 de la normativa del Metro de Bilbao establece que se permite a las personas usuarias ir acompañadas de un único perro o gato, cuyo peso sea inferior a 8 kg, siempre y cuando viajen en las condiciones idóneas y no resulte peligroso, ni molesto por su forma, volumen, ruido u olor. Sin embargo, esta normativa es distinta a la del tranvía de Bilbao que establece que los perros de cualquier tamaño pueden viajar, siempre que vayan atados con correa, sin necesidad de transportín. Esto ocurre porque el tranvía está gestionada por la empresa pública Euskotren, quien en sus trenes, también en la línea 3 del mismo metro, que recorre la capital vizcaína desde Otxarkoaga hasta Matiko, permite la entrada de perros de cualquier tamaño. Una situación que, a ojos de la plataforma ciudadana, es “anómala” y “carece de sentido”.

 “Una de cada tres familias en Bilbao tiene perro. Por tanto, estas familias necesitan poder desplazarse con el perro por la ciudad. Es más, en metro, actualmente, podemos ir cómodamente desde Basauri a Santurtzi o Plentzia. No tiene sentido que impidamos que una de cada tres familias no pueda hacer uso de esta importante infraestructura que es de todos. Una ciudad que aspira a ser moderna no puede dejar, en la actualidad, sin opciones para desplazarse con su perro a una de cada tres familias”, han denunciado desde la plataforma, quienes han destacado que en la línea 1 y 2 del metro no se puede ir con perros grandes pero en la línea 3 sí, porque esta última, al estar gestionada por Euskotren, tiene una normativa diferente.

En la comisión, los parlamentarios han presentado sus dudas acerca de la propuesta, sobre todo en cuanto a seguridad, higiene y “el tema de las alergias” a los canes. Al igual que ocurrió en las Juntas Generales, los miembros de la plataforma han respondido asegurando que en la línea 3 del metro los perros grandes viajan con total normalidad, y que su propuesta puede limitarse a un único vagón y un horario específico. “La sociedad de Bilbao ya conoce y ya está acostumbrada a todo esto. Es decir, los bilbaínos y los usuarios de los medios de transporte en Bilbao ya viajan con perros grandes desde hace muchos años en Euskotren, en el tranvía o en el funicular. No estamos hablando de algo nuevo que haya que implementar, o de algo que traemos de otro planeta, de otro país o de otra ciudad. Es algo que ya está en Bilbao. Está inventado, no entendemos el rechazo. Las personas que tienen alergia ya viajan en esos medios de transporte. Las personas que tienen miedo por algún motivo a los animales también viajan en esos medios de transporte en los que ya se cruzan cada día con familias que van con su perro. No es un debate nuevo. Lo que hay que hacer es implantar la medida y Metro Bilbao tendrá que comunicarla de la mejor manera posible a todos sus usuarios para transmitirles tranquilidad y no resucitar un debate de hace 30 años de perros sí o perros no. En 2026 lo que hay que hacer es comunicar, formar y sensibilizar simplemente de la medida que se implanta”, han argumentado los miembros de la plataforma.

En el Parlamento Vasco han mostrado los ejemplos del metro de Madrid, Barcelona, Granada o Palma de Mallorca, donde desde hace años los perros grandes pueden viajar en metro en vagones específicos y un horario determinado. “¿Qué están haciendo en esas ciudades? Si usted tiene alergia, no hay ningún problema, tiene todo el tren para ir, excepto un vagón en el que va la gente que va con perro. Problema solucionado. Si usted tiene fobia a los perros, no hay ningún problema, usted tiene todo el tren para viajar, excepto un vagón. Esas garantías ya existen, es cuestión de bienestar animal y cuestión de seguridad. En las horas punta no se viaja con perro, en la mayoría de metros, entre semana no se viaja antes de las 10.00 horas, no se viaja al mediodía en una franja que suele ser de una o dos horas y no se viaja a la salida de los trabajos. En fin de semana o periodo estival, no hay limitaciones. Madrid, Barcelona, Palma y Granada ya lo tienen. Está todo inventado. No se trata de crear un debate nuevo en la sociedad inexistente, ni de enfrentar a las personas”, han señalado.

Según han destacado, en su lucha por conseguir que los perros grandes viajen en metro han visitado distintas localidades de España y se han percatado de que no se trata de “una cuestión de colores políticos”. “El mismo partido en una ciudad que toma medidas avanzadas y en otra no. Es una cuestión simplemente de sensibilidad social y de responder a las demandas”, han apuntado, tras recalcar que la medida, además de al número de usuarios de transporte público, podría beneficiar al turismo de países que ya están más avanzados en esta materia, como Francia, Italia o Inglaterra. “Todos los europeos que vienen aquí, están acostumbrados a viajar con su perro en el metro, llegan a Bilbao y se llevan una imagen pésima. Entonces, por favor, tengamos ese chip, dejemos de estar en hace 30 años. Estamos en 2026 y hay que hacerlo por Bilbao. Hay que hacerlo por Euskadi y hay que hacerlo por las familias, la movilidad sostenible y el planeta”, han apuntado.

Al igual que han explicado en otras ocasiones, desde la plataforma se han reunido varias veces con Metro Bilbao, y reconocen que entienden sus preocupaciones, pero no su rechazo a la medida. “Nosotros entendemos la postura de Metro Bilbao. Lo entendemos porque así se nos ha transmitido en las reuniones que hemos tenido con ellos la preocupación por la seguridad y la preocupación también por los usuarios que pueden tener problemas de alergias, problemas de fobias y es algo perfectamente razonable. De hecho, nosotros somos los primeros que hemos manifestado la preocupación por poder viajar en Metro Bilbao con nuestra mascota con total seguridad. No es un sitio al que vamos a llevar a nuestro perro a pasear. No es un hábitat normal para un para una mascota, es un medio de transporte. Yo quiero ir del punto A al punto B con total seguridad, sin que nadie me moleste y sin generar molestias a nadie y poder volver de nuevo a mi punto de partida. Eso es lo que estamos pidiendo”, han solicitado.

Desde Metro Bilbao realizaron una encuesta de satisfacción a finales de 2025, en la que un 27% de los participantes, alrededor de 86.000 personas, indicaron que si se permitiera viajar con perros de más de 8 kg reducirían el uso del metro e incluso dejarían de utilizarlo. Sin embargo, desde la plataforma, lamentan que las preguntas de la encuesta iban dirigidas y no se preguntó si estaban “a favor o en contra”, sino si consideran que el hecho de que hubiera perros en el metro podría alterar su uso o las instalaciones. “Yo fui a la única de la plataforma a la que le hicieron la encuesta, una tarde en Algorta. Lo que vi es que las preguntas carecían de contexto. No se informaba sobre qué medidas se han adoptado en otros lugares o en qué condiciones se aprobaría la nueva medida. Metro Bilbao proponía, por ejemplo, que el acceso se garantizara. Entonces, cuando tú tienes una propuesta, una pregunta la puedes hacer de muchas formas, pero la puedes dirigir o la puedes presentar con una carencia de información que no te permita tomar una decisión informada. Eso es lo que echamos en falta”, ha asegurado una de las miembros de la plataforma ciudadana en el Parlamento Vasco.

Del mismo modo que el pasado marzo en las Juntas Generales de Bizkaia, los partidos políticos que forman parte de la Comisión de Movilidad Sostenible del Parlamento Vasco han valorado positivamente la iniciativa y se han abierto a estudiarla. No obstante, los miembros de la plataforma han lamentado que con las buenas palabras no basta, ya que hace 10 años, el 26 de abril de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao acordó solicitar a Metro Bilbao la posibilidad de modificar la normativa de mascotas facilitando el acceso y acompañamiento de las mismas a semejanza de otros metros de Europa. “Es una solicitud que lleva tiempo dando vueltas sin dar pasos. Las propias Juntas de Bizkaia aprobaron el 12 de junio de 2020 por unanimidad una enmienda transaccional en la que se instaba a los diferentes operadores de transporte público de Bizkaia a analizar a la mayor brevedad posible la regulación en relación con el transporte de mascotas adoptando las modificaciones oportunas para permitir viajar con perros de más de 8 kg. Solicitamos que se analicen y estudien este caso, que tomen las decisiones que les parezcan oportunas para que se modifique la normativa de Metro Bilbao”, han argumentado desde la plataforma ciudadana, que ya ha acudido a la mayoróa de los organismos vascos para que valoren y aprueben las medidas que posibiliten el acceso a perros grandes a todas las líneas de Metro Bilbao.

El Gobierno vasco admite que la denominada “comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco”, prevista en una ley de 2022 y creada por decreto en 2023, “no se ha reunido en sesión formal” ni una sola vez en este tiempo. Se da la circunstancia de que en 2024, en medio de críticas de PP, Sumar y Vox por el incremento de altos cargos y tras una propuesta de EH Bildu para abordar esta cuestión, el lehendakari, Imanol Pradales, reunió en la Presidencia vasca a los tres diputados generales y a Eudel para tocar estos temas y que se anunció que aquella era la primera sesión de “muchas”.

La comisión, en verdad, procede de la etapa de Iñigo Urkullu. El reglamento que desarrolla la ley de 2022 del sector público vasco lo firmó el anterior lehendakari en marzo de 2023. Su misión principal es “el estudio y la formulación de propuestas en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre sectores públicos y, en particular, en relación tanto con el conjunto del sector público vasco como con el sector público estatal”. Pero también tiene la obligación de redactar “anualmente” una “memoria de gestión que incluya información sobre los estudios realizados y las propuestas debatidas en el seno de la comisión”.

La parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas ha preguntado por este organismo en la Cámara a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena. Y la respuesta viene sin actas de los acuerdos y sin detalle de la composición del foro, en el que en principio han de estar representantes forales y de Eudel, la asociación de municipios. El Ejecutivo se escuda en que, “si bien la comisión no se ha reunido en sesión formal, el conjunto de las administraciones públicas vascas trabaja de manera continuada en la mejora de la colaboración y coordinación interadministrativa para una mayor interoperabilidad, eficiencia, eficacia y racionalidad”.

Significativamente, a los pocos meses de llegar a Ajuria Enea Pradales asumió el reto en primera persona de “mejorar la eficiencia” de la Administración. Para ello, reunió en Lehendakaritza a Ramiro González, Elixabete Etxanobe, y Eider Mendoza, representantes forales, y a Esther Apraiz, de Eudel. “El sistema institucional que hemos ido construyendo gradualmente en estas cuatro décadas y media es bueno y eficaz [...], un sistema de gobernanza multinivel que tiene carácter confederal”, describió. Pero apeló a que en el siglo XXI toca ganar en “eficacia” y en “eficiencia”. “De esta forma, podrá ofrecer un mejor servicio. Es lo que nos demanda la ciudadanía. Que le facilitemos su relación con las instituciones”, defendió.

La coalición Sumar, con un escaño en el Parlamento Vasco, ha reclamado al Gobierno de Imanol Pradales y, en concreto, a la consejera Amaia Barredo, “medidas” contra la empresa La Gilda del Norte, condenada este viernes por explotación de trabajadores extranjeros e invitada esta semana a la feria Salón Gourmets de Ifema, en Madrid, dentro del 'stand' de la sociedad pública Hazi. Se da la circunstancia de que, además, un organismo autonómico, la Inspección de Trabajo, tiene también sanciones firmes por los mismos hechos contra esta compañía.

“Preguntamos al Gobierno vasco si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”, lanza el parlamentario Jon Hernández, procedente de IU. Y agrega: “No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros, que tiene a la gente contratada sin Seguridad Social y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco. Es absolutamente aberrante”.

De su lado, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido explicaciones sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El equipo de Barredo indicó a este periódico que la sentencia no es “firme” y que los espacios del 'stand' se gestionan con mucha antelación.

El Parlamento Vasco tramita una doble proposición de reforma de las exigencias de euskera para acceder a la Administración ante la sucesión de sentencias judiciales que han tumbado algunas convocatorias, sobre todo en el ámbito municipal. Es un proceso singular, porque una de las iniciativas es del PNV en solitario, sin su socio el PSE-EE. En paralelo, los nacionalistas accedieron a que se tramitara igualmente una más ambiciosa de EH Bildu, que busca emular a “Galicia, Catalunya, Valencia y Baleares” y configurar las dos lenguas oficiales como obligatorias para ser funcionario.

Este viernes finalizaba, tras dos prórrogas, el plazo para presentar enmiendas. Es el momento en el que se muestran los posibles acuerdos, ya que ni PNV ni EH Bildu, en solitario, tienen fuerza para aprobar sus iniciativas. En realidad, existe un período de gracia y el registro iba a estar abierto hasta el lunes siguiente a mediodía. Pero ni por ésas parece suficiente.

Según las fuentes consultadas, ahora mismo no hay acuerdo en el seno del Gobierno vasco. Una de las voces asume que es “difícil” que se reconduzcan las posturas separadas que se han hecho públicas en los últimos meses. Es una de las brechas más importantes en el bipartito desde que se puso en marcha en 2016. Por eso, el PNV ha decidido estirar el plazo dos semanas más para intentar salvar el equilibrio en el seno del Ejecutivo, según confirman fuentes de la formación nacionalista. En realidad, el proceso ya acumula tres prórrogas a instancias de Sumar y PP y no cabrían más, pero la Mesa puede decidir lo contrario. De hecho, ha accedido a dar siete días, pero con los festivos pueden estirarse algo más. A falta de concreciones, porque en medio hay días festivos, finales de abril se antoja como siguiente escenario (el 30 de abril a mediodía, como referencia).

De su lado, EH Bildu se ha mostrado dispuesto a modular su propuesta inicial con el ánimo de que las tres principales “familias” cierren un texto único en torno al euskera. No obstante, el portavoz de la formación abertzale en la materia ha admitido en que el diálogo a tres bandas “no está ocurriendo” tampoco, más allá de “cafés” y contactos informales “en los pasillos” del Parlamento. “Su prioridad es llegar a un acuerdo entre ellos. Pero creemos que por la importancia nuclear que tiene el blindaje el sistema de perfiles lingüísticos, deberíamos ser capaces de llegar a un acuerdo entre los tres. EH Bildu es la segunda fuerza del Parlamento, empatada con la primera, y la que seguramente más ayuntamientos está gestionando. No es entendible que no quieran hablar con nosotros. Hemos intentado hablar con el PSE-EE y con el PNV pero hoy es el día que no quieren. Me gustaría que abriésemos una vía de negociación y diálogo”, ha señalado Aztiria en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Preguntado expresamente si hay alguna opción de buscar una mayoría alternativa a la del Gobierno, la de PNV y EH Bildu, Aztiria ha señalado que matemáticamente “cabría la posibilidad” y que “hay puntos de encuentro” que “no son insalvables” entre los planteamientos sobre el euskera de PNV y EH Bildu. Pero tampoco hay “feedback” ni nada por el estilo, ha admitido el representante de EH Bildu. Aztiria, eso sí, no ha escatimado en críticas a la propuesta del PNV: ha recordado que la presentó después de que se conociera la de EH Bildu, la ha considerado un mero “parche” y ha puesto de relieve que “todos” los expertos que han pasado por la ponencia legislativa han dicho que es mejor la suya, incluso apelando a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España porque emula los modelos de las zonas de habla gallega y catalana.

¿Qué está dispuesto a modificar EH Bildu? Aztiria ha explicado la posibilidad de cambiar el índice que regula el porcentaje de plazas en las que se exige el euskera por otro que regule las que se excepciona. También se abre ofrecer “más derechos para aprender euskera” a los empleados públicos que no lo dominen, incluyendo liberaciones para estudiar y otras facilidades. La idea final es que en “quince o veinte años”, es decir, a lo sumo en 2046, la Admnistración sea perfectamente bilingüen en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “Nadie tiene el derecho a ser funcionario. Es la Administración la que tiene que responder a los derechos lingüísticos [de usuarios y ciudadanía]. El empleado público tiene que responder a esos derechos. Será mucho mejor una Administración plenamente bilingüe que una parcialmente bilingüe [...] después de 44 años de la ley de normalización del euskera”, ha entendido Aztiria.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha expedientado a seis agentes por no cumplir la instrucción policial que obliga a grabar mediante las denominadas 'bodycam', las cámaras incorporadas al uniforme, determinados operativos. Según información facilitada al Parlamento Vasco por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, entre diciembre de 2025 y mediados de marzo de 2026 “se han detectado siete actuaciones policiales en las que se podría haber contravenido la normativa interna en este aspecto”.

Zupiria ha informado al legislativo sobre el grado de implantación de las 'bodycam' a instancias del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Estas cámaras fueron ya anunciadas en la pasada legislatura después de que la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, entonces presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, recomendara su adquisición a la luz de los excesos en una detención en Bilbao. Sin embargo, no ha sido hasta 2025 cuando su uso se ha generalizado.

La Ertzaintza ha aprobado una instrucción interna, la número 42, para regular el funcionamiento de estos sistemas de grabación. Se ha ido implementando “progresivamente” desde marzo de 2025, es decir, desde hace trece meses. Los principios básicos son la “proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima” y que se preserven siempre los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Semanalmente se hacen “auditorías” del uso de las cámaras. Asuntos Internos “monitoriza” el control de la normativa e informa a las diferentes jefaturas de posibles “errores”.

Internamente, se ha hecho una “labor pedagógica” sobre el funcionamiento de estos equipos, “incidiendo en las bondades de su utilización” ante posibles suspicacias. No se oculta que ha habido momentos en que las cámaras tenían que haber grabado y no lo han hecho y las jefaturas han pedido informes “para que estas anomalías fueran motivadas”. En este contexto de generalización en el que se han ido adoptando “medidas disciplinarias”, siete casos con seis agentes expedientados. Inicialmente, se han tipificado como “falta leve”. Hace unas semanas, el propio Zupiria admitió en el Parlamento, a la luz de una actuación en Sestao que acabó con dos heridos, que no se habían empleado estos dispositivos.

Un grupo de ciudadanos encabezados por exdirigentes de Podemos ha presentado en el Parlamento Vasco, donde epartido morado perdió su representación tras las autonómicas de 2024, una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover que se reconozca a Urdaibai personalidad jurídica y aumentar así su nivel de protección. La iniciativa se presenta en la Cámara autonómica pero, de prosperar, está destinada a que el Parlamento ejerza su facultad de iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados, mediante la remisión de una proposición de ley “para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la marisma de Urdaibai y su cuenca”.

La comisión promotora de esta ILP la integran antiguos 'pesos pesados' de Podemos en Euskadi. De un lado. Miren Gorrotxategi, que fue la última candidata a lehendakari de la formación, en las elecciones de 2024, y antes portavoz parlamentaria desde 2020. De hecho, la petición de que se reconozca a Urdaibai personalidad jurídica figuraba en el programa de Gobierno que presentó a las elecciones encabezando la coalición Elkarrekin Podemos Alianza Verde. Junto a ella, firman la presentación de la ILP Roberto Uriarte, que fue el primer secretario general de Podemos en Euskadi y que también ha sido diputado en el Congreso por la formación. También están en la comisión Pablo Víctor Aretxabala, Miguel Arambuzabala, Erroxeli Ojinaga, miembro de la plataforma Zain Dezagun Urdaibai, y Nieves Terán, abogada ambientalista y exviceconsejera de Medio Ambiente en el Gobierno vasco del socialista Patxi López.

“No hemos pensado para nada en políticas, ni en políticos. Esto es entre personas, no entre partidos”, dice Terán sobre la iniciativa. La propuesta, recuerda, surgió tras unas jornadas en la Universidad en las que acudió Eduardo Salazar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y promotor de la ILP para reconocer personalidad jurídica al Mar Menor. Allí estaban Uriarte y la propia Terán. Y se constató el interés en promover una ILP en el mismo sentido para Urdaibai y surgió un compromiso de promover el proyecto. “La idea que tenemos y lo que queremos es involucrar a la ciudadanía y luego ya lo discutirán en los parlamentos. Lo que cuenta es la ciudadanía”, dice.

El objetivo es que el ecosistema deje de ser objeto a proteger para ser sujeto. Es decir, que tenga capacidad para defenderse, para impulsar proyectos por sí mismo, y también “que pueda defenderse de todo tipo de agresiones”, recuerda Terán. Esto supone que si la protección ambiental pertenece al campo del derecho administrativo, quepa, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, o del penal, “como si fuera una persona”.

En el texto sobre el que se sostiene la petición se indica que Urdaibai “enfrenta un conjunto de amenazas genéricas y específicas que ponen a prueba la eficacia de los instrumentos de protección existentes” en la legislación medioambiental. En este sentido, señalan que “la combinación de alta densidad poblacional, atractivo turístico, presión agrícola y fenómenos emergentes derivados del cambio climático” requierende un enfoque integral de gestión, que combine un monitoreo científico permanente y evaluación de impactos; la adaptación de planes de ordenación territorial y restauración ecológica; la educación ambiental y participación comunitaria.; y la coordinación entre administraciones y agentes locales. “La magnitud y complejidad de estas amenazas justifican la exploración de medidas innovadoras, incluyendo nuevos mecanismos jurídicos de representación de la naturaleza, que permitan a Urdaibai defender de manera más eficaz sus intereses ecológicos frente a presiones acumulativas y conflictos de uso del territorio”, señalan.

Según defienden, dotar de personalidad jurídica a Urdaibai permitiría “superar limitaciones derivadas de la discrecionalidad administrativa, garantizaría continuidad en la tutela de los derechos ecológicos, facilitaría la integración de los distintos niveles normativos y la participación de actores diversos en la gestión del territorio”. Además, supondría “fortalecer la función preventiva del derecho al consolidar un marco de obligaciones y derechos que condiciona la planificación territorial y la toma de decisiones estratégicas en torno al desarrollo económico, social y turístico de la zona”.

No obstante, reconocen que “el éxito de esta medida dependerá de varios factores críticos”. En primer lugar, citan de la definición precisa de los mecanismos de representación de la naturaleza, que deben garantizar legitimidad, transparencia y control frente a posibles conflictos de interés. En segundo lugar, la coordinación efectiva entre la normativa internacional, nacional y autonómica, de modo que se eviten lagunas de protección o contradicciones normativas. Por último, la sensibilización y educación ambiental, “ya que la eficacia real del instrumento también se apoya en la aceptación social y en la corresponsabilidad de todos los actores implicados, desde las administraciones hasta la ciudadanía local y los visitantes”.

La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan. Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen.

La ley reconoce al Mar Menor derechos fundamentales orientados a la preservación de su integridad ecológica, incluyendo la conservación de la biodiversidad, la recuperación de hábitats degradados y la garantía de la sostenibilidad de los usos humanos compatibles con su conservación. Esta configuración dota al ecosistema de un estatus jurídico autónomo frente a los actores humanos, permitiendo que sus intereses puedan ser defendidos de manera directa en procedimientos administrativos y judiciales. La representación del Mar Menor se articula mediante un sistema de órganos colegiados que incluye tanto representantes institucionales como expertos independientes en ecología y gestión ambiental. Este diseño busca equilibrar la eficacia de la acción jurídica con la legitimidad técnica y social. La figura del representante legal del ecosistema permite la interposición de acciones para la defensa de sus derechos, la participación en la planificación territorial y la supervisión del cumplimiento de medidas correctivas. La ley también prevé mecanismos de control y rendición de cuentas, garantizando que las decisiones adoptadas en nombre del Mar Menor se orienten al interés del ecosistema y no a intereses particulares. Un tercer eje establece competencias compartidas entre la Administración General del Estado, la comunidad autónoma de Murcia y los ayuntamientos implicados, con protocolos claros para la cooperación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos de competencia.

Los promotores arrancarán a partir de ahora un proceso de “divulgación” y recogida de firmas para lo que están trabajando ya con distintas organizaciones ecologistas y conservacionistas. “Queremos que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene, que es algo que va más allá de la política. No nos podemos quedar atrás. En el último Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza se ha puesto encima de la mesa la necesidad de dotar de personalidad jurídica a ecosistemas especialmente sensibles, como el que nosotros tenemos . Queremos que salga adelante entre todos”, señala Terán.

El registro del Parlamento Vasco ha anotado a las 11.00 horas y 36 segundos de este miércoles una proposición del PP para modificar nuevamente la normativa de caza autonómica, que ya fue retocada en 2025 a instancias del sector para facilitar la presencia de menores en las batidas como acompañantes y buscar así un “relevo generacional”. Lo llamativo es que el texto, de cinco folios, viene firmado por la portavoz 'popular', Laura Garrido, y por la portavoz habitual en estos asuntos, Ana Morales, a 10 de abril, es decir, con fecha de este viernes.

El documento registrado asume que la ley vasca de 2011 fue retocada hace muy pocos meses, esta misma legislatura. Dice el PP, que apoyó aquella iniciativa de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, que “dicha reforma avanzó en el reconocimiento de quienes acompañan a los cazadores sin portar armas ni participar activamente en la caza” pero que “excluyó expresamente” a los “ojeadores y batidores”, que son “quienes colaboran en el levantamiento y dirección de las piezas”.

Según el PP, “esta exclusión resulta injustificada” y sería necesario meterlo en una ley que se revisó hace solamente un año siguiendo expresamente los deseos de los representantes del sector.

Adicionalmente, el PP desea hacer que las diputaciones sean responsables “subsidiarias” de los daños que puedan causar jabalíes o corzos si “los titulares de los cotos de caza carecen legalmente de cualquier herramienta para controlar las poblaciones” en tiempo de veda. Sería equiparar estos casos a los del lobo o los buitres, explican los proponentes.

Fue el 20 de marzo de 2025 cuando el Parlamento Vasco modificó la ley de caza. PNV y PSE-EE sumaron a las derechas, PP y Vox, a su iniciativa, tramitada a modo de reforma exprés. El único objetivo era permitir y regular la presencia de menores en las batidas, aunque siempre como “acompañantes” y sin poder usar armas. El argumento era que es preciso promover un “relevo generacional” en un sector esencial para el cuidado del entorno natural, aunque colectivos ecologistas lo habían criticado con dureza. EH Bildu y Sumar se han opuesto aludiendo a la seguridad de niños y adolescentes. Desde la tribuna de invitados, representantes de asociaciones de cazadores recogieron con enorme satisfacción este paso.

Aritz Ezeiza, asesor jurídico y portavoz de los cazadores, realizó a los periodistas una “valoración muy positiva”. La normativa tenía un “agujero” y ahora se ha regulado bien la figura de los “ayudantes”, dijo. “Todos somos adultos y un padre nunca pondría en riesgo a su hijo”, ha señalado también, ante la controversia por los cambios planteados. Manifestó también que el ciclismo o el montañismo también son peligrosos y que ahí no se prohíbe que los practiquen menores.

El Parlamento Vasco aprobará, en un plazo corto, dos modificaciones quirúrgicas de las leyes reguladoras de las elecciones forales y de las autonómicas, las únicas de las que tiene competencia. El objetivo es cambiar el orden de aparición de las candidaturas en colegios electorales o envíos postales. Hasta ahora se hacía por estricto orden de registro de los representantes de los partidos o coaliciones lo que, en busca de esa supuesta mayor visibilidad en algunos espacios, motivaba que las grandes estructuras organizaran esperas de horas, incluso durante la noche, para ser los primeros en cuanto abriera la ventanilla de la Junta Electoral.

La aprobación de los cambios, consistentes en apenas un artículo en las respectivas leyes, de 1987 y 1990, respectivamente, está asegurada. Y es que la nueva redacción, que dejará el orden en función del resultado de la anterior cita con las urnas o, en el caso de nuevas siglas, por sorteo, viene pactada por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, una mayoría más que absoluta. Además, se ha acordado tramitar las modificaciones por la vía de urgencia e incluso por el procedimiento de lectura única, es decir, sin más debates ni comparecencias que la votación del texto planteado. Esto es posible porque los tres grupos proponentes tienen unanimidad al respecto en la Mesa.

En ambas proposiciones legislativas, PNV, PSE-EE y EH Bildu justifican la urgencia en la importancia de no tocar el sistema electoral en el año previo a una cita con las urnas, algo no recomendado por los estándares democráticos electorales a nivel internacional. Las forales están previstas para mayo de 2027, en paralelo a las municipales, y las autonómicas serían en la primavera de 2028, salvo adelantos. Los Gobiernos central y vasco negocian, a su vez, la posibilidad de que Euskadi pueda regular también las elecciones municipales. Quedarían bajo control estatal, en todo caso, las generales y europeas.

Un exdirigente del PNV sostiene que los cambios son necesarios porque la situación “se había ido de las manos”. “Históricamente, íbamos a las doce de la noche del día anterior al registro. Estábamos los primeros, y hasta las seis de la mañana no aparecía nadie más. Pero llegó [EH] Bildu una vez y mandó gente a hacer cola. Aquella vez fuimos diez horas antes de lo normal y ya nos habían quitado el primer sitio. En las últimas autonómicas dijimos que no nos iba a volver a pasar. Y esperamos dos días enteros”, explican estas fuentes.

“No se sabe qué efecto tiene, pero en el voto por correo apareces el primero. Igual, por instinto, alguien puede coger el primero. En las mesas también, aunque ahí algunos las mueven como les da la gana y siempre hay que estar vigilando”, indican las voces consultadas, que recuerdan que también en la publicación en el boletín oficial correspondiente se respetaba hasta ahora ese orden de llegada.

Estas esperas se habían convertido en casi un ritual. “Tienes que tener a diez o doce personas. Yo llevaba una silla plegable y la gente esperaba sentada. El problema es la noche. Es durísima. Y muy fría. Nos repartíamos cada dos horas. Llevaba una tableta para ver una película o algo. No es lo mejor. Habría que buscar un criterio homogéneo para todo el Estado”, expone este ex del PNV.

En la práctica, solamente tendrá efecto en las autonómicas de 2028. Más allá de que se cambie la regulación para las forales de 2027, si en las municipales sigue imperando el orden de llegada, el riesgo es que hacia marzo o abril de 2028 vuelva a ser necesaria una cola para los comicios locales de mayo. Es más, aquí se hace de una tacada el registro para todos los municipios de una provincia, que son más de cien en Bizkaia, por ejemplo.

De momento, el Gobierno de Imanol Pradales ya ha enviado a la Cámara sendos informes favorables a la modificación legislativa. El Ejecutivo ve que la nueva redacción “simplifica el sistema” y “contribuye a la presentación ordenada” de las listas, según se puede leer en los documentos aprobados en la última sesión del Consejo de Gobierno, justo antes del parón de Semana Santa.

El Parlamento Vasco ha dado el antepenúltimo paso para aprobar, a la cuarta, una ley de transparencia. La Cámara, este miércoles, ha cerrado la redacción definitiva del articulado, con la introducción de una treintena de cambios con respecto a la propuesta inicial del Gobierno de Imanol Pradales. Por ejemplo, PNV y PSE-EE han acordado con Sumar que la nueva agencia Gardena no tenga una presidencia de designación política sino que opere de un modo similar a otros órganos de control como el Ararteko, con control parlamentario y mayorías reforzadas. También ha habido un par de ajustes pactados con el PP. EH Bildu, por el contrario, no ha alcanzado ninguna transacción con los partidos del Ejecutivo y, aunque algunas de sus medidas sí estarán, adelanta ya que no apoyará la ley cuando pase a comisión, el penúltimo paso, y a pleno, el momento final de su promulgación.

Euskadi es la única comunidad autónoma sin normativa propia de transparencia, de modo que se opera con la legislación estatal. La actual es la cuarta legislatura en la que se tramita una propuesta. Por diferentes circunstancias, en los tres mandatos de Iñigo Urkullu nunca se cumplió ese compromiso lanzado allá por 2012, pero ahora sí se podrá aprobar. De hecho, la previsión es que el pleno definitivo pueda celebrarse antes del parón vacacional de verano, es decir, en este período de sesiones. El texto pasará ahora a comisión el 22 de abril y seguramente ya en mayo pueda quedar resuelto, indican fuentes parlamentarias.

La sesión legislativa de este miércoles, que sigue a una que ya tuvo lugar este viernes, era decisiva para perfilar el articulado. Se han discutido las enmiendas presentadas por los partidos. Como adelantó este periódico, los propios PNV y PSE-EE habían accedido ya a once cambios, incluido uno de cierta relevancia para forzar a la Administración a hacer público trimestralmente un informe con los contratos menores, los que se adjudican sin concurso por ser de pequeña cuantía. El PP también lo demandaba.

La novedad más relevante de este trámite, en todo caso, es que Sumar ha forzado, con un escaño, a que PNV y PSE-EE accedan a dar más “independencia” a la nueva autoridad vasca de la transparencia, de nombre Gardena. “A pesar de que estamos ante una mala ley, hemos evitado que la autoridad la elija 'a dedo' el Gobierno vasco”, ha señalado el portavoz de la coalición de izquierdas, Jon Hernández. Era “inaceptable” que el Ejecutivo pretendiese “controlar” un órgano de fiscalización externo. La fórmula escogida hará que el titular de ese puesto sea elegido por el Parlamento con una mayoría de tres quintos -ahora mismo los partidos del Gobierno precisarían de un tercer partido- y “tras un proceso público, transparente y basado en criterios de mérito, capacidad e independencia, con comparecencias ante la comisión competente”, según se congratula Sumar. La formación, sin embargo, no ha acudido este miércoles al Parlamento.

También PNV y PSE-EE han destacado de modo “especial” este acuerdo con Sumar. “Se refuerzan así los mecanismos de control democrático”, sostienen. Desde el PNV, Xabier Barandiaran ha puesto en valor la “política útil desde el acuerdo” y que la redacción final tenga aportacones de “todos” los partidos. Según el socialista Pau Blasi, Euskadi tendrá con la ley “una Administración más abierta, inteligente y transparente, que rinda cuentas de su gestión” y abierta a la participación de la ciudadanía y al “empoderamiento ciudadano”.

Por el contrario, EH Bildu ha reporechado a nacionalistas y socialistas “falta de voluntad para mejorar” el texto inicial del Ejecutivo. La formación abertzale indican que PNV y PSE-EE han tumbado la “inmensa mayoría” de las propuestas que habían lanzado, 127 en total. “No significará un avance cualitativo de cara a reforzar la transparencia en las políticas públicas y en la gestión de las administraciones”, entiende Lamia Arcas, que avisa que la norma orilla fenómenos candentes como la inteligencia artificial o los algoritmos.

El Gobierno vasco no ha iniciado por el momento un expediente sancionador contra Verter Recycling y sus gestores por el “número elevado de incumplimientos” hallados en el vertedero de Zaldibar durante una inspección de septiembre de 2025. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, explica también que a pesar de la acumulación de problemas “no se pudo constatar que se hubiera producido una situación de riesgo inminente de daño grave al medio ambiente” y que la Agencia Vasca del Agua (URA) tampoco ha detectado “afección alguna” en las regatas y cauces próximos.

A finales de febrero, trascendió un informe sobre las inspecciones realizadas en 2025 en unas instalaciones que se desplomaron en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que después tuvieron que ser estabilizadas y selladas con actuaciones urgentes subsidiarias por parte de la Administración, sin que Verter Recycling haya devuelto el dinero adelantado. Esa documentación oficial constaba que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, y señalaba de nuevo a la antigua empresa gestora, ya quebrada. Se aludía a incidencias con los drenajes, a gases emitidos a la atmósfera y hasta a un camión que llevaba desde 2020 abandonado allí.

Ese informe fue solicitado por EH Bildu en el Parlamento Vasco y ahora, nuevamente, la formación abertzale ha preguntado al consejero Jauregi por las medidas adoptadas. “A fecha de respuesta no se ha abierto ningún expediente sancionador, aunque debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el plazo de prescripción de las infracciones es de sanciones es de tres años en el caso de las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves”, informa el consejero al palrmanetario Ander Goikoetxea. Los informes mencionaban un total de 29 desviaciones.

Jauregi, eso sí, insiste en que no hay problema jurídico en que Verter Recycling ya no exista como tal, ya que sus antiguos administradores siguen siendo responsables por ley. Ahora bien, se asume que la primera notificación fue “intentada sin efecto” y que después se hizo de manera pública por la vía de anuncios en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Ahora bien, ni consta que las personas señaladas, entre ellas José Antonio Barinaga y Arrate Bilbao, ya condenados en la vía penal por el homicidio imprudente de Beltrán y Sololuze e imputados en otras dos causas por delitos ambientales y urbanísticos, hayan presentado alegaciones o hecho nada para reparar los problemas en Zaldibar.

Se da la circunstancia de que EH Bildu denunció hace unos días, en la propia zona de Eitzaga, el mal estado de la antigua planta de Verter Recycling e instaron al Ejecutivo a que actúe cuanto antes. “La situación es grave”, dijo desde Zaldibar Goikoetxea, aludiendo precisamente a las 29 desviaciones del informe de 2025.

El grupo de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha denunciado en el Tribunal de Instancia de Vitoria que el líder de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, ha recibido “amenazas de muerte”. La magistrada titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción de Vitoria, Marta Escudero, la misma que investiga tanto las denuncias de violencia sexual en los campamentos de Bernedo como el crimen de la discoteca Mítika, tomó declaración este lunes al propio Otegi, según ha adelantado 'El Correo'.

EH Bildu enmarca las amenazas en el debate de elección del nuevo titular del Ararteko en la Cámara, que tuvo lugar en diciembre. En el marco de la designación de Mikel Mancisidor, el líder del PP vasco, Javier de Andrés, deseó que la izquierda abertzale fuera “exterminada”. “Más pronto que tarde serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Espero que sea pronto”, manifestó en una sesión de alto voltaje que motivó una queja formal de EH Bildu por haberse sobrepasado “todas las líneas rojas”.

Según fuentes de la coalición, las amenazas llegaron al grupo del Parlamento Vasco y estaban dirigidas directamente a Otegi. Y fue “horas después de que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, augurara el exterminio de EH Bildu”, agregan. Fueron las representantes de la formación en la Mesa, la vicepresidenta Eva Blanco, líder también de EA, y la secretaria Eraitz Sáez de Egilaz, las que formalizaron la denuncia en nombre del grupo parlamentario. “Otegi compareció ayer como perjudicado ante un juzgado de Gasteiz. EH Bildu ha querido mantener la discreción respecto a estos hechos, ya que la izquierda soberanista no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones”, exponen.

El Ararteko ha llevado este lunes al Parlamento Vasco el informe de su actividad en 2025. Han sido pocas las conclusiones que ha dejado la presentación a los medios de comunicación del documento, ya que el nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, que fue nombrado en diciembre, no ha respondido a ninguna pregunta de ninguna cuestión y ha delegado totalmente en su equipo. Sin embargo, la institución sí ha dado a entender que Lanbide se está excediendo al haber eliminado, en 2025, un sistema “social” de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por perceptores de prestaciones sociales -muchas veces por errores de tramitación de la Administración- y que donde antes se descontaban apenas 30 euros mensuales para ajustar esos “indebidos” ahora son cantidades “mucho más elevadas”.

El secretario general del Ararteko, José Luis Iparraguirre, ha defendido que los afectados son personas de “ingresos reducidos” ya de base y que los cambios “incrementan la situación de vulnerabilidad”. Ha indicado que existe un procedimiento abierto y que será entonces cuando aporten conclusiones sobre la nueva forma de actuación de Lanbide, aunque sí ha mostrado su queja inicial.

No ha ocurrido lo mismo con otro tema que tiene la institución encima de la mesa. En 2011, el Ararteko recomendó no estigmatizar a los detenidos policiales indicando datos personales como su nacionalidad. En 2025, el año del informe presentado, la Ertzaintza decidió dar esa información, así como otros cuerpos locales. Y la Defensoría del Pueblo vasca ha abierto una actuación. Sin embargo, ahora mismo se niega a realizar ningún tipo de valoración. Tampoco concreta plazos para hacerlo.

Mancisidor, después de reunirse con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha comparecido ante los medios de comunicación. De saque, ha dejado claro que el informe recoge, en gran medida, la labor de su predecesor, Manuel Lezertua, y de la anterior adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu. Aunque ha asumido como propias sus conclusiones, después no ha respondido a ninguna pregunta sobre el documento.

Por ejemplo, ha habido un cambio de metodología en la tramitación de las quejas y no es posible saber si hay o no oscilaciones a mejor o a peor en ámbitos como Osakidetza, que de 2024 a 2025 sí disparó la preocupación ciudadana en un 40%. Los colaboradores de Lezertua apuntan a que “no se ha producido ese incremento”, pero a la vez hay algunas alusiones en el informe a las listas de espera.

Sí está claro que la vivienda es una preocupación creciente, particularmente las “dificultades de acceso” para capas relevantes de la sociedad y la “insuficiencia del parque público de alquiler”, según se ha apuntado. Asimismo, el equipo de Mancisidor ha alertado de problemas para la población migrante en el “acceso a derechos básicos”. Este colectivo está “sobrerrepresentado” en problemas como el sinhogarismo, se ha indicado.

El Ararteko, en 2025, ha realizado 16.637 actuaciones. De ellas, 3.617 han acabado siendo quejas. De los asuntos administrativos revisados, el 55% termina considerándose incorrecto. En el 93% de ocasiones, la Administración concernida lo corrige, mas ha habido 18 apercibimientos por no atender las recomendaciones de la Defensoría. Un 50% del trabajo es sobre el Gobierno vasco y sus organismos. El resto se reparten entre ayuntamientos, diputaciones y otras entidades.

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha solicitado que la Cámara celebre un pleno monográfico con el objetivo de “garantizar la seguridad vital de las personas y las economías domésticas” en un contexto socioeconómico “convulso” como consecuencia de la guerra en Irán. Estas sesiones, en las que luego se votan resoluciones, pueden solicitarlas o dos partidos o los que tengan más de 15 escaños, como es el caso de la coalición abertzale.

EH Bildu ha registrado este jueves la petición, ya que las consecuencias de la guerra “no van a ser coyunturales” y “van a poner en cuestión la seguridad vital de la gente”, ha explicado a los medios de comunicación. En vista de esta situación, Otxandiano ha considerado que “es el momento de repensar qué políticas públicas hay que poner en marcha” y abordar “una reflexión en profundidad, para garantizar la estabilidad y la seguridad vital de las personas en un contexto socioeconómico complejo”, informa Europa Press.

EH Bildu ha planteado abordar en ese debate monográfico “las políticas que se pueden poner en marcha para hacer frente a la carestía de la vida, cómo garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios públicos y cómo hacer frente a dos crisis que están generando una fractura social en la sociedad, como las de la vivienda y la crisis de los cuidados”. Confía en que el Parlamento pueda celebrar esta sesión “antes de verano” y que las resoluciones “sirvan de guía para diseñar los presupuestos del año 2027”.

En este sentido, ha valorado que el “escudo industrial” presentado por el Gobierno vasco no es de 1.050 millones, como se publicitó, ya que, dentro de esta cantidad el Ejecutivo ha incluido algunos proyectos que “ya estaban en marcha y anunciados, incluso más de una vez. Según sus cuentas, básicamente ”hay 250 millones que son nuevos“, aunque es una estimación que ya admitió el propio consejero responsable del programa, Mikel Jauregi.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), una sociedad pública dependiente del área de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno de Imanol Pradales y que, entre otras labores, gestiona la puesta en marcha de proyectos de renovables, ha abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener en su plantilla, de 65 personas, ninguna con discapacidad. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha dado por bueno este mecanismo.

Los datos sobre esta operación han sido facilitados al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi, de quien cuelga el EVE, en respuesta a una solicitud del representante del PP Álvaro Gotxi, que ahora presentará una iniciativa para conocer si hay más casos como éste. Jauregi confirma que el pago se realizó el 18 de marzo de 2025, es decir, hace un año. Y adjunta una resolución de la directora de Activación Laboral de Lanbide, Maite Martínez Granado, con los detalles de cómo se ha gestionado todo el proceso.

Según la documentación facilitada, el EVE solicitó de Lanbide una “declaración de excepcionalidad” por el no cumplimiento “de la cuota de reserva de empleo” para personas con discapacidad, que ha de ser del 2% en ese tipo de organismos. Los datos, de finales de 2024, hablaban de una plantilla media de 64,58 personas y “cero” cumplían con esos requisitos. Y Lanbide la autorizó a cambio de una aportación dineraria.

Antes, el EVE intentó contratar a través de Lanbide a un responsable de “procesos y control de gestión” con discapacidad, pero se produjo una “imposibilidad de cobertura” por “inexistencia de demandantes de empleo” para el perfil solicitado. Como medida de compensación, se planteó hacer una “donación” a una “fundación” para que desarrolle “actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad”. La norma prevé este tipo de compensaciones siempre que sean de al menos 1,5 veces el indicador IPREM, fijado en 7.200 euros, lo que eleva la cuantía a 10.800. Lanbide ha pedido al EVE que “anualmente” remita una “memoria anual” sobre el “cumplimiento de las medidas alternativas”.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

Petronor defiende que cumplió en todo momento “con sus obligaciones de comunicación a las administraciones competentes y a los ayuntamientos conforme a los protocolos establecidos” en el incidente en la refinería del pasado 26 de febrero que provocó niveles altos de benceno en el aire y que llevó a las autoridades a recomendar a la población de Muzkiz que no saliera de sus casas ni realizara actividades al aire libre durante varias horas. Después de que el lehendakari Imanol Pradales señalara en el Parlamento Vasco que la comunicación de Petronor con el servicio de emergencias y su coordinación con las instituciones “no se realizó de manera adecuada”, representantes de la empresa han ratificado que se cumplieron todos los protocoles de aviso en estos casos.

No obstante, han señalado que “las autoridades competentes son las responsables de valorar la necesidad de adoptar medidas de protección a la población y de comunicarlas a través de los canales oficiales: SOS Deiak, 112, comunicados municipales, etc. A Petronor no le corresponde entrar a valorar las declaraciones de los responsables políticos o de las autoridades. Nosotros hacemos referencia únicamente a los hechos”, ha señalado el responsable de Medio Ambiente y Seguridad de la empresa, Xavier Fava.

Fava ha comparecido en la comisión parlamentaria de Industria a petición de EH Bildu para informar del incidente del pasado mes. Se ha desarrollado sin representantes del PP, como tampoco de Sumar. El responsable de la empresa se ha mostrado abierto a “colaborar plenamente con cualquier revisión o auditoría que las autoridades competentes consideren necesarias”, pero ha reiterado que se cumplió con la transparencia y la rapidez en los avisos, y que el incidente “en ningún momento se puso en riesgo la salud de las personas”.

“Y esta afirmación no constituye una mera valoración de Petronor”, ha señalado. “Salud Pública del Gobierno vasco, autoridad competente en la materia, manifestó públicamente en los medios de comunicación que el incidente no tuvo afección sobre la salud de la población”, ha indicado en relación a una entrevista radiofónica que concedió el director de este área la mañana tras el incidente. De igual forma, ha asegurado que tampoco hubo riesgo para la salud de los trabajadores, y ha destacado que “no existió confinamiento”, como estaba insinuando en sus intervenciones la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba.

“Fueron medidas preventivas similares a las que se pueden adoptar en un episodio de calima que se pueden dar durante el verano”, ha señalado. No ha podido responder a las preguntas de por qué se tardó tanto en avisar a la población desde que se registró el pico de benceno por la mañana, ya que no se alertó a los habitantes de Muskiz hasta la tarde, cuando se registró otro pico en una estación de medición móvil que habilitó el Gobierno vasco, a cuyos datos Petronor no tuvo acceso directo. “No le puedo facilitar datos que nosotros no tenemos y que ese día no dispusimos para poder gestionar la situación”, ha señalado.

Ha relatado que los valores de benceno registrados en la cabina de San Julián “si bien superaron puntualmente durante una hora el umbral de comunicación fijado por acuerdos entre Petronor y el Gobierno vasco, se normalizaron a las 12.00 del día 26 y no volvieron a superarse en ningún momento posterior”. En concreto en esta cabina de San Julián, como ha señalado, a las 11. 00 de la mañana se registraron 106,56 microgramos por metro cúbico, cuando los niveles límites son de 5 microgramos por metro cúbico. Ha indicado que las cabinas de Muskiz, Las Carreras y Abanto, permanecieron en todo momento por debajo de esos umbrales“ elevados de la de San Julián. En cualquier caso, ha insistido en que ”durante todo el desarrollo del incidente, Petronor cumplió con la normativa que resulta de aplicación y la situación estuvo bajo control. Las medidas aplicadas fueron eficaces, la evolución fue monitorizada de forma continua a través de nuestro sistema de cabinas de ignición y la normalización de los valores se produjo en un plazo de tiempo razonable y acorde con la naturaleza del evento“. ”Quiero dejar constancia igualmente de que Petronor cumplió con sus obligaciones de comunicación a las administraciones. Petronor había enviado ya una primera comunicación a las autoridades competentes 45 minutos después de la primera detección en la cabina de San Julián. La transparencia informativa con las administraciones es y continuará siendo un principio y renunciable para nuestra compañía“, ha reiterado.

Cuestionado por la parlamentaria de EH Bildu sobre la posible relación de varios incidentes en la refinería, ya que, por ejemplo, en el mes de diciembre se produjo otra fuga de benceno por un incidente en un tanque de gasolina, el representante de la empresa ha señalado que los incidentes afectan a instalaciones distintas. “No nos encontramos ante un problema sistémico o recurrente de la operativa de la refinería, sino ante eventos aislados. Si bien se han producido en un periodo temporal relativamente próximo, responden a causas y a circunstancias absolutamente independientes”, ha señalado. En su intervención ha asegurado que en cada caso se han tomado medidas oportunas para que cada uno de los incidentes no se repita. No obstante, ha pedido disculpas a la población del entorno por las molestias, y les ha asegurado que “vamos a tomar las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir”.

El 26 de febrero, el Gobierno vasco dio aviso a la población a última hora de la tarde para que permaneciera en sis casas en la medida de lo posible tras detectar concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 ug/m3 (microgramos por metro cúbico). Unos días después, el 3 de marzo, volvieron a registrarse picos de benceno de hasta 42,94 microgramos por metro cúbico, pero el Gobierno vasco tranquilizó a la población y aseguró que la calidad del aire era “normal”, tras comprobar que se había tratado de un pico puntual. En ese momento, fuentes de Petronor consultadas por elDiario.es/Euskadi señalaron que ese “pico puntual” era fruto de la finalización del incidente del jueves anterior en un tanque de gasolina de la refinería, pero Xavier Fava no se ha referido a ello en su intervención el Parlamento pese a que le ha preguntado al respecto la parlamentaria de EH Bildu.

Suspenso en la calidad del aire en Erandio

La comparecencia sobre el incidente de Petronor en la comisión de Industria del Parlamento Vasco ha estado precedida de la presentación de un estudio sobre la calidad del aire en Erandio llevado a cabo por dos investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, Enrique Navarro y Jorge Pey, que comprobaron que elevados niveles de contaminación tanto en la zona industrial como la urbana de Erandio con niveles de partículas contaminantes muy por encina de otras ciudades con alto grado de contaminación, tanto en el material que se encuentra en suspensión en el aire como el que se deposita en todas las superficies.

Por ejemplo,  el estudio constata que respeto al sumatorio de todos los metales presentes en el material particulado en el aire, la carga en Erandio en la zona industrial es “entre 5 y 7 veces superior a lo que sería la media el promedio urbano europeo, que suele ser mayor que el promedio rural o zonas que no tienen tanto tráfico ni tanta industria”. Comparando con algunas regiones de China, es cinco veces superior al promedio en determinadas zonas de China. “Comparando por ejemplo que una de las ciudades más pobladas del planeta, que es Nueva Delhi, vemos que en algunos metales, como por ejemplo zinc y níquel, tiene niveles comparables a esta ciudad”. También se han referido a otras campañas de medición realizadas con otros parámetros entre ciudades de España en 2020. “Erandio tenía más del doble de la contaminación que presentaba Barcelona, que en aquel entonces estaban en el top en el ranking de las ciudades más pobladas por metales”.

Ante esta situación, los expertos han recomendado “reforzar la vigilancia” por “riesgo cardiovascular o respiratorio para la población afectada y por la presencia de carcinógenos, como serían algunos de los de los metales detectados”.

Cuestionados los autores del estudio sobre la eficacia de los medidores de la calidad del aire para determinar los niveles de contaminación, han señalado que “no siempre lo importante es el número de estaciones con las que se cuenta, si no dónde se ponen, qué mantenimiento les estamos dando y con qué frecuencia están funcionando,” ha señalado Enrique Navarro. “Es como si se va al médico con un brazo inflamado y el doctor analiza el que está sano, me dirá que no tengo nada”. En este sentido, ha reiterado que estas estaciones deben estar en los “lugares más representativos de contaminación”. “Si las pongo, pero no donde debo, no las tengo activas todos los días y no proceso en tiempo real para tomar medidas”, no servirán, han señalado.