Cinco años de gestión vasca de Prisiones: “El aumento de la población penitenciaria no se debe a mayor delictividad”

Este jueves se han cumplido cinco años desde que Euskadi recibiera las llaves de las cárceles vascas. O más bien, desde que la entonces consejera Beatriz Artolazabal, con mascarilla, descubriera un escudo vasco donde antes estaba el de España. En aquel momento habían pasado 42 años desde que el Estatuto de 1979 previera para el Gobierno autonómico la gestión penitenciaria. ETA mediante, el Estado sólo había cedido hasta entonces esas funciones a Catalunya, aunque hace precisamente 90 años, cuando se aprobó el primer estatuto en II República y en plena Guerra Civil, también se gestionaron las prisiones. Ahora, en 2026, ¿cuánto del prometido “modelo vasco” se ha cumplido en este lustro? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué no?

La población reclusa ha crecido en Euskadi. Claramente. El actual equipo de Prisiones —del PSE-EE, que relevó al PNV en 2024 después de los primeros tres años— estima que era de “alrededor de 1.600” con el cambio de gestión, pero entonces se hablaba de unos 1.400. Ahora, a finales de agosto, eran prácticamente 2.000. La palabra “tensionamiento” se empezó a emplear muy pronto a pesar de las promesas de que el “modelo vasco” iba a ser menos punitivista.

Hasta fue preciso un acuerdo con el Ministerio del Interior para rechazar llegadas y realizar salidas. Ahora, con la reciente apertura del nuevo presidio de Zubieta, en Donostia, la situación se ha aliviado. Pero fuentes del área de Justicia y Derechos Humanos, dirigida por la consejera María Jesús San José, la tercera responsable política de Prisiones, recalcan que “el aumento de la población penitenciaria no se debe a un aumento de la delictividad”.

La red actual la forman Zaballa, a las afueras de Vitoria, Basauri cerca de Bilbao y Zubieta en lugar de Martutene, que será derribada para levantar vivienda en la cara Donostia. Con la transferencia se cedió igualmente el viejo complejo alavés de Nanclares de la Oca, pero lleva todo este tiempo sin uso definido.

Desde hace unos meses, al Gobierno vasco le gusta decir que es una “administración penitenciaria integral”. Y es que se ha abierto el módulo de régimen cerrado del centro penitenciario de Zaballa, la última modalidad que quedaba pendiente y que seguía obligando a hacer traspasos. Alrededor de “una decena” de presos están allí. “Es importante destacar que la clasificación en primer grado no responde tanto a la gravedad del delito cometido, sino a que, generalmente, se trata de personas incapaces de convivir y adaptarse a las normas”, exponen desde Prisiones.

De las exactamente 1.967 personas que terminaron agosto en la estadística de Prisiones, 1.819 son varones y 148 mujeres. 772 son de origen extranjero. Por edades, hay 19 presos de menos de 20 años y 20 de más de 70. La edad más común, con 1.026 de los 1.967, es la de treintañeros o cuarentañeros.

407 están sin clasificar, 9 figuraban en primer grado, 1.087 en segundo grado y 464 en tercer grado o semilibertad, aunque se han concedido flexibilizaciones del régimen cerrado merced al artículo 100.2 tanto a condenados por terrorismo como por corrupción política, los exdirigentes del PNV del 'caso De Miguel'. Son 107 los presos de ETA en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “En cinco años, se han concedido 128 terceros grados, y [se han recibido] 47 recursos. La administración penitenciaria vasca concede cada año 500 terceros grados a sus internos. Además, se han aprobado 54 resoluciones de aplicación del artículo 100.2, con cuatro revocaciones”, detalla el Gobierno.

Asociaciones de víctimas del terrorismo y partidos de la derecha han criticado duramente la gestión penitenciaria vasca por, supuestamente, otorgar beneficios penitenciarios a los exterroristas de ETA. El Ejecutivo vasco insiste en que aplica la legislación vigente —cuya modificación sigue siendo competencia del Estado— siempre que los internos asuman su responsabilidad y el daño causado. La Audiencia Nacional ha revocado algunas progresiones o flexibilizaciones de grado. “Cuando los criterios técnicos están establecidos, el no aplicarlos puede ser rozar la prevaricación”, señaló a este periódico en una entrevista el alto cargo de San José Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria (Gogora).

Una de las patas para impulsar la reinserción ha sido Aukerak, una agencia creada 'ad hoc' tras la transferencia. “Actualmente, hay 630 internos trabajando. Se trata, aproximadamente, del 60% de las personas internas que, en función de su régimen, sus circunstancias y su tratamiento penitenciario, están en disposición de trabajar”, sostiene el Ejecutivo. Y añade: “Hay dos tipos de talleres, los productivos, con acuerdos con empresas externas, y los de servicios, que se encargan del economato, la panadería, limpieza, mantenimiento, cocina, acompañamiento sociosanitarios, … Todos reciben una retribución y con ella cumplen con el pago de la responsabilidad civil que tengan asociada a su delito”.

El personal ha sido también una patata caliente. El sindicato principal, ACAIP-UGT, ha formulado muchas quejas, como también otras centrales como ELA. Ha habido acuerdos de condiciones laborales pero, por ejemplo, la primera OPE no ha llegado hasta fechas muy recientes: está ahora en marcha.

¿El contexto? En 2021 la plantilla presupuestada era de 618 plazas, pero solamente 585 estaban ocupadas. Ahora ha crecido a 783 de 831. Sin personal, no todos los módulos han estado abiertos en un contexto de “tensionamiento”. Se confía en que “en un año” todo el personal sea funcionario de carrera y vaya desapareciendo la interinidad.

ELA, sin embargo, ha recurrido las bases. Expone el sindicato que la convocatoria complica la posición de quienes han estado sacando adelante el servicio en estos años, lamenta la escasa presencia del euskera en este cuerpo ya autonómico y avisa de que las pruebas físicas requeridas son discriminatorias para las mujeres. Sostiene que todo ello “consolida un modelo estatal que el Gobierno vasco se niega a cambiar casi cinco años después de asumir la competencia”.