Seamos egoístas, pero también honestos. Reconozcamos que la regularización es, en parte, la consecuencia de un fracaso: el fracaso de una política migratoria incapaz de responder a una realidad evidente. Un fracaso que se agrava porque la situación política del país impide modificar o aprobar una nueva Ley de Extranjería —una Ley Orgánica que requiere mayorías hoy inexistentes—, porque algunas interpretaciones judiciales se alejan del espíritu de la norma y porque miles de personas llevan años trabajando y arraigando aquí sin posibilidad, hasta ahora, de acceder a una autorización para residir y trabajar.

Seamos egoístas y queramos esas nuevas cotizaciones que llegarán, esos contratos que se firmarán, esos impuestos que se pagarán.

Pero seamos aún más egoístas.

Queramos más profesionales sanitarios en nuestros centros de salud. Más del 13% de las personas extranjeras afiliadas al Régimen General en Extremadura trabajan en ocupaciones vinculadas a la salud y los servicios sociales, el porcentaje más alto del país.

Queramos más emprendedores en nuestros pueblos. Según el proyecto GEM, la población extranjera presenta una tasa de emprendimiento superior a la española en todos los rangos de edad y niveles educativos.

Queramos más manos trabajando en el campo. Más del 35% de las personas afiliadas al sistema especial agrario en España son extranjeras.

Queramos más personas sosteniendo los cuidados en nuestros hogares. Más del 40% de quienes cotizan en el sistema especial de trabajadores del hogar son de origen extranjero.

Y vayamos al egoísmo máximo: pidamos que quienes trabajan no sean, además, quienes más prestaciones reciben. La población extranjera supone el 20% de la población total y el 25% de la fuerza laboral, pero percibe menos del 15% de las prestaciones por desempleo.

Seamos egoístas y queramos rejuvenecer nuestra población. La edad media de las personas españolas es de 45 años; la de las personas extranjeras, de 41, y menor de 40 si excluimos a quienes proceden de la Unión Europea. El 23,5% de la población española tiene 65 años o más, frente al 9,2% de la población extranjera.

Seamos egoístas y aceptemos que necesitamos a alguien que cotice para sostener nuestras pensiones. La población en edad de trabajar ya ha empezado a disminuir y, en 2050, será 2,5 millones menor que la actual.

Seamos egoístas y facilitemos la regularización de quienes llegaron buscando un futuro mejor para ellos y sus familias, huyendo en muchos casos de situaciones de peligro. Personas que afrontan dificultades para alquilar una vivienda, convalidar sus títulos o acceder a un empleo, y que cargan además con un sentimiento de culpa por haber dejado atrás tanto, aun sabiendo que marcharse fue, para muchos, la única opción.

Y aun así, siguen adelante.

Seamos egoístas porque la realidad, los datos y la experiencia nos dicen que su presencia no solo no nos perjudica: nos sostiene. Nos conviene. La necesitamos.

El sector turístico se encuentra en un punto de inflexión, en el que la gestión del talento y la experiencia del cliente ya no pueden entenderse sin los prismas de la inclusión y la diversidad. La segunda mesa de la jornada Todo un país de turismo V de elDiario.es, moderada por la directora de elDiario.es Illes Balears, Angy Galvín, se ha centrado en cómo transformar el sector en un entorno más humano y competitivo.  

La conversación comenzó poniendo el foco en la paradoja del mercado laboral actual. Ana María Aguilar Manjón, del departamento de Orientación y Formación del SEPE, subrayó que aunque el sector tiene una gran capacidad de generar empleo, persisten desafíos estructurales. “No se trata solo de crear puestos de trabajo, sino de avanzar en un empleo de calidad”, aseguró Aguilar, en referencia a un empleo que incluya formación, continuidad y condiciones reales de desarrollo profesional. 

Esa misma visión fue respaldada por Xavier Martín, CEO de Turijobs, que aportó datos reveladores sobre el comportamiento del mercado: “Ha habido un incremento brutal, exponencial, de las ofertas de empleo, especialmente después del Covid, un boom”. Pero también advirtió de una tendencia preocupante: el descenso en la media de inscritos por cada oferta. “Esa media de inscritos en los últimos años ha ido descendiendo... lo que hace que haya mayor complejidad por parte de las empresas a la hora de encontrar el talento que buscan”, explicó, señalando que es un fenómeno global.

Un cambio en las nuevas generaciones

En este punto, el debate viró hacia las demandas de los profesionales jóvenes y Ana María Aguilar destacó que el salario ya no es el único factor determinante. “Ya no se vive para trabajar, se trabaja para vivir”, afirmó la representante del SEPE, señalando que los jóvenes buscan conciliación, propósito y desarrollo profesional. 

Sin embargo, el acceso al empleo en ciertos territorios, como Balears o zonas rurales, se ve obstaculizado por factores externos. Aguilar fue tajante al respecto: “Si no tengo donde vivir y si no tengo cómo moverme para ir al trabajo... difícilmente lo vamos a lograr”, enfatizando la necesidad de una gestión holística que incluya transporte y vivienda. 

Uno de los momentos más destacados de la mesa llegó con la intervención de Rodrigo Fitaroni, director General de MarSenses, cadena hotelera que ha sido premiada por sus políticas de inclusión. Fitaroni defendió que la experiencia que se ofrece al huésped debe empezar por el trabajador o, como él lo denominó, “el cliente interno”.

“Aquí el marketing familiar ya no funciona, aquí se cambian los hechos”, sentenció. “Nosotros, mi generación, hemos sido educados a trabajar. Mi padre me decía que un buen hombre era aquel que lleva el alimento a casa, y con los años nos vamos dando cuenta de que realmente la vida no se limita solo a trabajar, que existen muchas más cosas, que existe un propósito de vida y yo creo que las nuevas generaciones se han dado cuenta de eso”, analizó Fitaroni, que también criticó prácticas empresariales superficiales como el pinkwashing. 

El director de MarSenses también compartió casos de éxito reales, como la contratación de personas a través de programas con el sistema penitenciario o colectivos migrantes. “Esa coherencia donde se lleva el discurso a la práctica es muy importante... aunque a veces se tienda a creer que el personal es tonto... el personal lo ve”, advirtió sobre la importancia de la autenticidad corporativa. 

Barreras invisibles

Por su parte, Luz Marina Gil López de Pablo, técnica de turismo accesible, accesibilidad universal y cultura inclusiva en Impulsa Igualdad, puso el foco en los obstáculos que aún enfrentan las personas con discapacidad. Más allá de las barreras físicas, destacó las mentales: “Persisten sesgos de contratación, de promoción interna y de percepción de las capacidades”. Gil presentó la accesibilidad como un eje transversal que debe estar presente en toda la cadena de valor, desde la información hasta el transporte y las actividades de ocio.

En este sentido, Fitaroni lanzó una dura crítica a la industria tecnológica por la falta de motores de reserva accesibles: “La accesibilidad es una gran desconocida... y es la forma más cruel de discriminar a alguien”. Relató su propia experiencia escuchando a personas con discapacidad en mesas de trabajo, confesando sentir vergüenza por la “ignorancia total, falta de empatía y falta de responsabilidad” que a menudo impera en el sector hotelero. 

Ante la pregunta de si las empresas caminan solas ante este reto, Ana María Aguilar recordó que existen incentivos, bonificaciones y programas exitosos como Tándem para jóvenes vulnerables, que se ha incorporado de forma permanente a la estructura del SEPE por sus buenos resultados.

Para concluir, los ponentes reflexionaron sobre si estos esfuerzos tienen un retorno real. Rodrigo Fitaroni reveló que una encuesta interna mostró que más del 70% de sus clientes valoraban positivamente las medidas de sostenibilidad social, muchas de las cuales conocieron a través de los propios trabajadores y no por publicidad.

Xavier Martín concluyó que la diversidad hace que la experiencia turística sea más positiva y humana, mientras que Luz Marina Gil recordó que “la accesibilidad es sinónimo de calidad turística”. Finalmente, Ana María Aguilar cerró la mesa señalando que la sostenibilidad social ya es un factor decisivo de elección para los turistas del futuro: “Los jóvenes cada vez más eligen en cualquier aspecto de su vida productos sostenibles”.

Un trabajador ha fallecido en la mañana de este miércoles al caerle un árbol encima en el municipio pontevedrés de Covelo. El accidente ocurrió sobre las 9,50 horas en A Lamosa, en el lugar de Corzós, según informa el 112 Galicia.

Fueron avisados los Bomberos de Ponteareas, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oitavén-Tea. También se movilizó personal del 061, que ya tenían constancia del suceso.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

La deducción en el IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno sacó adelante en 2025, tras una tensa negociación entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, mejoró la progresividad de la fiscalidad sobre el trabajo, pero la presión sobre un sueldo bajo todavía es mayor que la experimentan las retribuciones más altas.

Un informe sobre imposición del trabajo de la OCDE publicado este miércoles apunta que la “cuña fiscal” marginal –esto es, lo que se abona en concepto de IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresa y empleado por cada punto que aumentan los ingresos– para un trabajador soltero es del 56% para los salarios más bajos (el 50% del sueldo medio, que son 32.678 euros), en tanto que es del 46% para aquellos que lo multiplican por cinco. España es uno de los 13 países miembros de la OCDE en los que sucede este fenómeno.

El documento, que se centra únicamente en la capacidad redistributiva del diseño fiscal y no sobre sus efectos aplicados a las rentas y el sistema tributario completo de cada uno de los países miembros, detalla que esto se debe a que las cotizaciones a la Seguridad Social están topadas, por lo que a partir de determinada cuantía solo aplica el IRPF.

De acuerdo con el índice de progresividad elaborado por el organismo, que mide la progresividad tributaria legal y se calcula tomando como referencia las políticas y normas del sistema tributario y de Seguridad Social de cada país, el diseño en nuestro país es más progresivo para las retribuciones bajas que para las altas, como se puede ver en el gráfico a continuación. En el supuesto de una pareja con hijos, se debe a prestaciones por hijos a cargo, como la incluida en el Ingreso Mínimo Vital. En el caso de un contribuyente soltero, se debe al diseño del IRPF. Y, en concreto, a la medida para evitar la tributación de los perceptores del SMI.

“En España, el acusado aumento en el indicador de progresividad para el primer intervalo de ingresos [entre el 50 y el 67% del salario medio] refleja la introducción de una deducción relacionada con las rentas de trabajo dirigida a ingresos bajos y moderados, lo que contribuyó a reducir la carga fiscal de los trabajadores aptos”, apunta el documento.

La medida “incrementó la progresividad legal” en la parte inferior de la distribución, incide, “con el objetivo de fomentar la participación en el mercado laboral”.

Si bien el informe incluye entre las cotizaciones sociales el Mecanismo de Equidad Intergeneracional –el recargo en las nóminas para financiar la hucha de las pensiones–, no incluye las llamadas cuotas de solidaridad para los sueldos más elevados. “Estos tipos adicionales contribuirían a aumentar la progresividad de las cotizaciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores para los trabajadores que perciben más del 167% del salario medio, contrarrestando parcialmente la dinámica regresiva”, dice el documento, por lo que los resultados serían sensiblemente mejores en determinados tramos.

Mirando al promedio de la OCDE, desde 2000 la progresividad de la carga impositiva sobre el trabajo ha aumentado, sobre todo en el caso de los hogares con hijos, prácticamente el doble que en el caso de los solteros. “El tratamiento fiscal de los hogares con niños tiende a ser más progresivo que en el caso de los que no”, detalla. “Para la mayor parte de los hogares con niños, las prestaciones en especie son la principal causa de esa progresividad, en tanto que para aquellos sin hijos, el IRPF. Las cotizaciones a la Seguridad Social son progresivas en los niveles más bajos de ingresos y regresivos para las rentas más altas en muchos países de la OCDE, como consecuencia de los suelos y topes de contribución”, apunta el documento.

El mayor incremento de la progresividad fiscal se produjo entre 2014 y 2019, mientras que disminuyó entre 2022 y 2025, revirtiendo el incremento que se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

En términos totales, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una 'cuña fiscal' media del 35,1% para el conjunto. De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente.

Al desglosar este aumento, se aprecia que la mayor diferencia al alza correspondió al incremento del impuesto sobre la renta, con 0,25 puntos porcentuales, frente a un descenso promedio del 0,01% en la OCDE; mientras que las cotizaciones sociales del trabajador se mantuvieron estables y las del empleador subieron en 0,05 puntos porcentuales, frente a una media en la OCDE de 0,01 y de 0,15 puntos porcentuales, respectivamente.

UGT ha exigido a la Consejería de Salud “la reubicación inmediata de todo el personal” que está en la sede de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por las obras de desmantelamiento de la Residencia Cantabria.

En un comunicado, UGT ha citado que una trabajadora de la quinta planta de la Gerencia del SCS avisó la semana pasada que había vibraciones en el edificio por los trabajos de maquinaria pesada.

“Aunque nos informaron que los técnicos tanto del SCS como de la empresa encargada de las obras no apreciaban riesgo alguno por esas vibraciones, ese mismo día (17 de abril) nos anunciaron que se procedería a la reubicación de las trabajadoras de la quinta planta en la primera y, al final, se las terminó trasladando al edificio Lagunilla alquilado para tal fin”, ha señalado el responsable de Sanidad de UGT en Cantabria, Fernando Carmona.

El sindicato reclama que “se trasladé a todo el personal sin más demoras y en esta misma semana porque todavía permanecen allí el de las plantas baja, primera y tercera, pertenecientes a distintos servicios; entre ellos el de asistencia sanitaria, cuidados, informática, farmacia y de registro”.

José Luis nació en Colombia. Pero hace cuatro años llegó a España con su esposa en busca de mejores condiciones de vida. Liliana es ingeniera de sistemas, también es colombiana, y quiere homologar su título e intentar trabajar en el sector para el que dice estar perfectamente preparada. Dos estudiantes venezolanos de Derecho quieren arreglar sus papeles para poder terminar sus carreras universitarias, buscar trabajo y “ayudar a otros”.

Son algunas de las historias de los migrantes que este lunes han acudido a las oficinas habilitadas en Toledo en el día en que arranca el proceso extraordinario de regularización de migrantes. En esta ciudad son, concretamente, las oficinas de Correos de la calle Duque de Lerma y del barrio del Polígono, en horario de mañana (de 8.30 a 14.30 horas) y de tarde (de 14.30 a 17.30 horas). También están habilitadas las dos sedes de la Tesorería de la Seguridad Social del Casco Histórico, en horario solo de tarde (16.00 a 19.00 horas).

Precisamente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha remarcado hoy la necesidad de cita previa. “No informamos exactamente de las oficinas porque no queremos que ningún ciudadano interesado se presente directamente sin cita previa en las oficinas a presentar solicitud, porque puede dar lugar a que se forme algún tipo de cola o algo que no tenga ningún sentido”.

En la oficina de la calle de Duque de Lerma han habilitado persona y un mostrador específico para este proceso, no así en el Polígono, donde han acumulado todos los trámites, ordinarios y extraordinarios.

Hablamos con los que ya guardan cola después de obtener la cita previa por vía telemática. Los primeros en llegar han podido realizar sus trámites sin apenas esperar, pero conforme avanza la mañana, la fila aumenta y la media de tiempo para cada trámite es de media hora o una hora en algunos casos.

José Luis acude con su esposa desde la localidad de Portillo de Toledo, muy cerca de la comarca de la Sagra, limítrofe con la Comunidad de Madrid. Ambos prevén que esperarán al menos una hora. Tienen sus papeles y la solicitud preparada, pero están algo nerviosos.

Durante los cuatro años que este migrante lleva en España, ha estado trabajando como soldador de tanques con la denominada ‘Tarjeta Roja’, es decir, el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional. Se trata de una tarjeta provisional que autoriza a extranjeros, a menudo de zonas en conflicto, a residir legalmente mientras se resuelve su solicitud de asilo o protección internacional.

Ha estado trabajando desde 2022, pero ahora en el trabajo le han exigido que solicite la regularización para que pueda empezar a cotizar a la Seguridad Social y disponga de todos sus derechos laborales. Porque su intención es quedarse.

Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías

“Este proceso viene caído del cielo. Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías. Recién llegué lo pasé muy mal y estuve trabajando ‘en negro’ pero varios compañeros de Colombia me ayudaron y pude salir adelante. He podido formarme y trabajar”, afirma.

A José Luis le gusta mucho su trabajo y ahora lo único que quiere es obtener sus papeles y seguir trabajando en su sector, que le “encanta”. “Acá he tenido la oportunidad de formarme más aparte de la formación que ya traía de mi país. He podido aprender muchas cosas y ahora mi sueño es seguir aportando al país, pero con todo en regla”.

Justo cuando le llega el turno a José Luis y a su esposa, dos jóvenes originarios de Venezuela acaban de terminar su trámite en el mostrador. Han estado casi 45 minutos y tienen mucha prisa, pero relatan a este medio que estudian Derecho en Toledo, aunque viven en Yuncos, también un pueblo de la comarca de la Sagra.

“Ahora toca esperar, pero queremos seguir estudiando y buscar trabajo en lo nuestro, sobre todo para ayudar a otros”, nos dicen mientras salen corriendo después de haber perdido las dos primeras clases de la mañana.

Susana es cubana, tiene 53 años, y trabaja en el sector de la limpieza, desplazándose a Toledo desde Alameda de la Sagra. Acaba de llegar a la oficina. Su cita es a las 10.30 y llega puntual, pero otros migrantes de la fila le comentan que la espera será larga porque las citas se están dando con 15 minutos de intervalo, y el trámite está resultando bastante más largo.

“Espero no tener que volver otro día porque es difícil que pueda librar en el trabajo. He traído todos los papeles y no me importa esperar lo que sea, si lo puedo dejar solucionado hoy”, relata.

“Como una trabajadora más”

¿Qué es lo que más desea Susana con esta solicitud? “Ser como una trabajadora más en España, poder cotizar a la Seguridad Social y mejorar mis condiciones”. Mi sobrina está en Madrid, también limpiando, y tiene la cita para otro día. Ella es informática, quiere intentar trabajar en lo suyo. Ojalá lo consiga“.

En la fila se encuentran asimismo Liliana, de 34 años, y su pareja John Jairo, de 37. Viven en Cabañas de la Sagra, curiosamente también en una zona colindante con Madrid. Él llego de Colombia hace dos años y ella hace un año y medio se reunió con él junto con su hijo. Liliana tramitó su estancia por estudios mientras que John ha estado trabajando en diferentes sectores, “básicamente donde he podido”, pero principalmente en la hostelería   

A partir de la obtención de su regularización, ambos quieren pasar la página de “muchos meses estando muy mal”, ya que Liliana no ha podido trabajar por “varios inconvenientes” en sus papeles.

Cuenta que su pareja tiene mucha formación en mecánica y electricidad en el sector industrial y querría dejar la hostelería para trabajar en ello. “Falta mano de obra y hay sectores en los que podemos aportar mucho”.

Creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular

“Yo soy ingeniera de sistemas, pero no he logrado conseguir ningún trabajo porque debo regularizarme primero. Una vez que me lo aprueben, creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular. Esta es mi gran oportunidad, mi sueño, mi esperanza. Y creo que es lo correcto”, resalta muy sonriente.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha estima que se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria en esta comunidad autónoma. Hoy ha sido el primer día para empezar a presentar las solicitudes y la documentación después de que el pasado jueves, día 16, se habilitara el proceso telemático para empezar a solicitar su cita previa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre este proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde el pasado jueves, día 16 de abril, la atención en oficinas ha arrancado este lunes, día 20 de abril.

En Castilla-La Mancha hay 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las distintas provincias, así como ocho oficinas de Correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido. “Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

La población migrante tiene un papel “relevante” en el empleo

La población migrante desempeña un papel “relevante” en el equilibrio demográfico regional, y contribuye “de forma significativa” a la cohesión territorial y al mantenimiento de la población activa.

Son algunas de las conclusiones que arroja el reciente informe 'Análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo' que ha elaborado el sindicato UGT para obtener una radiografía detallada de la población inmigrante de Castilla-La Mancha, de cómo es su inserción laboral, de cuál es su contribución a la hora de sostener la actividad económica y de cuáles son las condiciones con las que el mercado absorbe esta mano de obra.

Los resultados muestran que, frente a una tasa de empleo media en Castilla-La Mancha del 52,2% en el último trimestre de 2025, la cifra de población extranjera empleada se ubica en el 56,13%, una comparación que para UGT evidencia la “fuerte participación en el mercado laboral” de este colectivo.

Este episodio nace de una sensación generalizada que casi todos tenemos y que las distintas expertas confirman: los jóvenes de hoy no conciben el trabajo de la misma manera que los jóvenes de hace 20 o 30 años. Hay un choque generacional y, a pesar de que estos datos son objetivamente muy buenos, también es una realidad que muchos jóvenes sienten que…. esa fiesta no es para ellos. Hablamos con Marga y Jaime, dos de esos jóvenes que nos cuentan sus sensaciones.

De los últimos datos de empleo y de los retos que tiene el mercado con los jóvenes nos habla la periodista de elDiario.es Laura Olías. Además, confirmamos esta tendencia con dos expertas que han estudiado la materia. Por un lado, Aída Cabello, investigadora de la Universidad de Málaga y que se dedica a analizar cómo la juventud se relaciona con el mercado de trabajo. Por otro: Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud

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“No rechazan la oficina, lo que rechazan es perder el tiempo”: cómo la generación Z está redefiniendo el trabajo

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El mismo día en que se publicó en el BOE el decreto de regularización de inmigrantes, el Washington Post publicó un editorial con el título America`s worker shortage is now a crisis (La escasez de trabajadores en los Estados Unidos es ahora una crisis)

Toda la evidencia empírica de que se dispone indica que la inmigración ha tenido unos efectos no ya positivos, sino muy positivos para la sociedad estadounidense. Dicha evidencia empírica fue desconocida por el presidente Donald Trump ya en su primer mandato, pero lo ha sido mucho más en el comienzo del segundo. Sin inmigrantes la población de Estados Unidos habría descendido desde que ha llegado por segunda vez a la presidencia y estaría afectando a áreas decisivas para el bienestar del país, ya que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Migration Policy Institute, los inmigrantes representan el 23,6% de los trabajadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 15,9% en enfermería y el 28,4% en el de los trabajadores de la salud en general. 

Por su parte el Cato Institute: Immigrants Effects on Government Budgets 1994-2023, informa que “los inmigrantes generaron en impuestos más que todos los beneficios recibidos a través de todos los niveles del Gobierno (federal, estatal y municipal)”; “crearon un superávit fiscal cumulativo de 14.500 millones de dólares”. La aportación de los inmigrantes hubiera supuesto el equivalente al 33% de los déficits combinados en todos los niveles de gobierno entre 1994-2023, que se habrían producido sin dicha aportación.

La crisis que el WP detecta como consecuencia de la política inmigratoria de Donald Trump es extrapolable a los países miembros de la Unión Europea en general y a España en particular. La “prioridad nacional”, “American First”, es negativa en ambas orillas del Atlántico, como subrayó George Mombiot en The Guardian: “The facts are stark: Europe must open the door to migrants or face its own extinction” (Los hechos son testarudos: Europa tiene que abrir la puerta a los inmigrantes o afrontar su propia extinción).

Afortunadamente España, que ha sido un país de emigración hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, ha sabido convertirse de una manera razonablemente efectiva en un país con una notable tasa de inmigración, en torno al 15%. La regularización de la población inmigrante que ya reside en territorio español ha sido el instrumento jurídico del que se ha hecho uso por parte de Gobiernos tanto del PSOE o del PP.

La que ahora mismo está iniciando su andadura se diferencia de las anteriores en que su origen está en una “iniciativa legislativa popular” de más de setecientos mil ciudadanos, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados por casi unanimidad, PP incluido.

Ha sido a través de la combinación de la democracia directa y la democracia representativa como se ha decidido poner en marcha esta regularización. Dicha iniciativa dice mucho a favor de la sociedad española. Por ello, en buena lógica, no debería haberse planteado ningún problema en la implementación de esta medida. 

Desafortunadamente no ha sido así, aunque, afortunadamente, su oposición no va a impedir que la regularización se produzca. Y que, su aceptación por el conjunto de la sociedad se produzca con naturalidad, como ha ocurrido con las anteriores. Y es que, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, criticando de manera expresa la decisión de la alianza PP y Vox en Extremadura: “no se puede dejar a nadie al margen de un sistema al que contribuye”. 

Las personas que conviven en un territorio tienen que hacerlo en pie de igualdad en el ejercicio de los derechos. Con la excepción del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, los extranjeros deben poder ejercer los demás derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución. En ese ejercicio descansa la posibilidad misma de una convivencia pacífica, justamente lo contrario de lo que están diciendo estos últimos días los dirigentes del PP y Vox.

La huelga indefinida convocada por Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO para los controladores de Saerco, compañía que gestiona el tráfico en nueve aeropuertos, comienza este viernes 17 de abril a las 00.00 horas en nueve aeropuertos. Entre ellos, el de Jerez de la Frontera y el de Sevilla a escasas jornadas de que comiencen tres macroeventos: la final de la Copa del Rey, la Feria de Sevilla y, próximamente, el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez.

Aparte de los aeródromos andaluces, Saerco gestiona el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. La huelga afectará a 104 trabajadores y, en un comunicado, los sindicatos han indicado que su decisión de convocar la huelga está destinada a denunciar la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional.

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso “abusivo” de las disponibilidades, cambios de turno comunicados “con escaso margen”, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica “no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente”.

Sevilla y Jerez

A través de las redes sociales, USCA señala que la torre de control en Jerez de la Frontera ha sufrido un recorte del 35% de controladores aéreos operativos que tienen que gestionar el aumento progresivo en el número de operaciones, que alcanza hasta un 35%. “Llevar a los controladores aéreos al límite es inaceptable”, denuncian.

En cuanto al de Sevilla, aseguran que en 2012, bajo la gestión pública de Aena, se contaba con 18 controladores para “garantizar la seguridad”. Una cifra que se ha reducido a los 12 compañeros a raíz de la entrada de Saerco. Este decrecimiento va en detrimento del aumento de la carga de trabajo, ya que en apenas una década se han pasado de las 48.520 operaciones anuales a las más de 73.1000 operaciones que se registraron en 2025, aseguran en un comunicado. “¿Se está poniendo en riesgo la seguridad aéreo por maximizar beneficios”, cuestionan.

Servicios mínimos

Los sindicatos y la compañía se reunieron este miércoles para tratar de encontrar un punto común que permitiera desconvocar la huelga, pero finalmente la acción sindical sigue adelante en lo que se prevé como un fin de semana de alta ocupación, ya que, solo en torno a la final de la Copa del Rey se habían programado unos 50 vuelos extra en la ciudad que deben integrarse a la media diaria de 185 vuelos comerciales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos para esta huelga del 100% para vuelos dedicados a emergencias, de Estado, traslados policiales y vigilancia; de entre el 66% y el 83% para vuelos domésticos a territorios no peninsulares; entre el 51% y el 59% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte superior a cinco horas e internacionales, y de entre el 34% y el 36% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte inferior a cinco horas: Protección reducida de entre el 34% y el 36%.

Derechos de los pasajeros

Ante esta huelga, Facua recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga que tienen derecho a la devolución del importe del billete o a la conducción hasta el destino final en un vuelo alternativo. Así, ante la previsión de que esta huelga pueda resultar en cancelaciones o retrasos de los vuelos programados para esos días, Facua recuerda que los afectados tienen derecho al reembolso integro del billete o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Por su parte, OCU recuerda a los viajeros afectados que, además de su derecho al reembolso del precio del billete pueden reclamar una compensación adicional según la distancia y el ofrecimiento o no de un vuelo alternativo que podrá llegar hasta los 600 euros.

Hay momentos en los que la política deja de ser un juego de posiciones para convertirse en una cuestión de verdad. Este es uno de ellos.

La Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas extranjeras no nace en un despacho ni en una estrategia de partido. Nace de más de 600.000 firmas. Nace de la calle. Y cuando, además, cuenta con el respaldo de la Iglesia, de organizaciones sociales, de sindicatos y de una mayoría parlamentaria, la discusión debería ser otra: no si se hace, sino por qué se ha tardado tanto.

Porque aquí no estamos ante una cuestión ideológica. Estamos ante un hecho.

La hipocresía de lo evidente

Resulta difícil sostener ciertos discursos cuando la realidad se impone con tanta claridad. No se puede hablar de valores cristianos mientras se acepta que miles de personas vivan en la invisibilidad jurídica. No se puede apelar al orden mientras se tolera una economía sumergida que todos sabemos que existe. Y, sin embargo, se hace.

Se habla de efecto llamada, de inseguridad, de amenaza. Pero en Castilla-La Mancha —y cualquiera que conozca esta tierra lo sabe— no hay ninguna avalancha. Lo que hay es otra cosa: necesidad.

La región que no se puede permitir mentirse

Debemos mirar las estadísticas con honestidad.Al cierre de los últimos balances del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Castilla-La Mancha registra más de 97.000 trabajadores extranjeros afiliados. Esta cifra no es un simple dato estadístico; es, en realidad, la columna vertebral de nuestro mercado de trabajo y un motor esencial contra la despoblación en las áreas rurales.

Uno de cada tres empleos en sectores como el agrario o el cuidado del hogar está ocupado por personas extranjeras. Sin ellos, el campo se detiene. Sin ellos, muchas familias no podrían sostener su día a día. Sin ellos, muchos pueblos estarían aún más cerca del abandono definitivo. Esto no es un argumento. Es una descripción.

Negar papeles a quienes ya sostienen el sistema, a quienes viven y trabajan con nosotros, no reduce la inmigración; solo garantiza la precariedad, el abuso y la economía sumergida. Es decir: menos derechos para ellos y peores condiciones para todos.

El refugio de la mentira

Cuando los argumentos se acaban, queda el miedo. Y eso es lo que estamos viendo.

Quienes se oponen a la regularización no ofrecen soluciones reales. Ofrecen relatos. Relatos que necesitan exagerar la inseguridad, distorsionar los datos y alimentar el rechazo. No porque sea verdad, sino porque es lo único que les queda.

Pero la realidad es tozuda: estas personas ya están aquí. Trabajan, cuidan, sostienen. No vienen por una ley. Están porque hacen falta.

Regularizar es elegir qué país queremos ser

La regularización no es un gesto de generosidad. Es una decisión de inteligencia. Es ordenar lo que ya existe. Es dar seguridad jurídica donde hoy hay incertidumbre. Es reforzar el sistema en lugar de debilitarlo. Y, sobre todo, es asumir una verdad incómoda para algunos: que el 'otro' hace tiempo que forma parte del 'nosotros'.

Se puede seguir mirando hacia otro lado. Se puede seguir alimentando el miedo. O se puede actuar. Porque hay decisiones que definen un país. Y esta es una de ellas.

Regularizar no es ideología. Es justicia. Es economía. Y, sobre todo, es puro sentido común.

Carmen Calderón mantiene el pulso con la Seguridad Social desde que sufrió un accidente quirúrgico que provocó que perdiera prácticamente la visión de ambos ojos hace cinco años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le denegó el grado de incapacidad permanente, por lo que obligaba a la sevillana a incorporarse a su puesto de trabajo a pesar de la ceguera legal que está reconocida por diversos informes médicos. En apenas seis meses, la Junta de Andalucía ha acreditado que posee un 70% de grado de discapacidad y ha sido admitida por la Fundación la ONCE, reconociendo las dificultades que impiden el desarrollo con normalidad de su día y, por supuesto, su trabajo.

Calderón rehace su vida en Chiclana de la Frontera. Toma conciencia de su nuevo estado de dependencia a causa del leucoma corneal cicatricial central y paracentral que afecta a sus ojos, lo que supone un daño irreversible en el tejido que cubre el iris y la pupila. Entre las consecuencias, sufre una fotofobia aguda, por lo que no puede conducir ni realizar esfuerzos visuales, como usar el ordenador o hacer trabajo de oficina. Así lo constatan los informes médicos periciales comprendidos entre 2020 y 2025, en donde se detallan las hasta diez enfermedades que provocó el desinfectante que cayó sobre sus globos oculares durante una operación. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sostenido una batalla legal durante estos seis años.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla sentenció el 10 de febrero de 2025 que la demandante tenía una incapacidad permanente y un grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Sin embargo, el TSJA revocó el fallo el 16 de octubre, sin atender a los informes que había presentado la paciente, absolviendo así al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social de pagar su prestación económica por baja permanente. Este paso atrás motivó que la afectada presentara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la ansiedad y la angustia la mantienen en vilo por si le revocan su última baja.

Informe de la mutua

Apenas habían pasado seis meses desde que el TSJA revocó la decisión del tribunal sevillano cuando la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía remitió el pasado 7 de abril la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad: tenía un 70%, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El grado, revisable por agravamiento o mejoría, se producirá dentro de tres años. Con esta evaluación se respaldan los diversos informes médicos periciales que ha ido acumulando la afectada en el último lustro, donde se ha constatado la pérdida paulatina e irremediable de visión. En este periodo, no solo ha tenido que luchar contra la administración del Estado, sino con la mala praxis del seguro privado en el que había depositado su confianza.

El 3 de noviembre, tras el fallo del TSJA, pidió una baja por trastorno ansioso-depresivo. Entonces, la mutua decidió intervenir y le ofreció a la paciente cuatro sesiones terapéuticas. Creyendo que sería un refuerzo extra que la ayudaría a procesar este trance, decidió aceptarlas, teniendo en cuenta que lleva años en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es más, Calderón recuerda la última vista con la psicóloga de la mutua como la más pesarosa, ya que la ONCE le había comunicado el 2 de marzo que había sido admitida como afiliada permanente en la organización. En el escrito, se recoge que su agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo. Además, el campo visual es de 10 grados tanto en el ojo derecho como izquierdo, por lo que, una vez más, se confirmaba su ceguera legal debido a que tiene la visión gravemente disminuida. Este ingreso le permitirá recibir apoyo de la entidad, tanto en materia de formación como de acompañamiento, aunque también significa enfrentar y aceptar su delicado estado de salud.

A pesar de lo narrado, la psicóloga de la mutua recogió que estaba lista para incorporarse a la vida laboral. Una valoración que no fue comunicada en ningún momento a la paciente. “Emitió el informe y, el mismo 13 de marzo, me llamó el médico de cabecera para que le mandara todos los informes actualizados, en donde se ve que se me ha aumentado la dosis de la medicación y también la falta de visión”, detalla. En la jornada del viernes se remitió toda la información a Inspección Médica, el órgano responsable para valorar su estado. Documentos varios en los que se aprecia, de un lado y otro, el déficit visual que padece la mujer y el deterioro de la salud mental, pero rápidamente la decisión llegó el lunes 16: un SMS a las 10.20 horas notificaba que, a propuesta de la mutua, se emitía el alta laboral.

“Esto es una agonía”

“La Inspección no ha tenido tiempo, fin de semana por medio, de revisar todo mi expediente para que se me conceda el alta después de que la mutua lo proponga. Es su responsabilidad decir sí o no”, recalca Calderón, que duda del criterio que ha movido en esta ocasión a Inspección Médica. Puesta una reclamación a la profesional de la mutua y al Colegio de Psicólogos de Valencia, fue incapaz de volver a su puesto de trabajo y pidió una nueva baja médica por el estado de sus ojos, la cual fue concedida el día 25 de marzo.

“Tenía hasta tres ataques de ansiedad al día y no podía dormir”, presa de la inquietud en aquella semana, “esto es una agonía, y volveremos a mandarle un escrito al Defensor del Pueblo para informar sobre la actuación de la mutua”. En un primer momento, Calderón envió una carta en la que informaba sobre su procedimiento al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo su intermediación para conseguir la incapacidad permanente que le denegaba el TSJA. Sin embargo, el 9 de febrero se le notificó que la institución no puede interferir en los procedimientos judiciales ni revisar las resoluciones en virtud de la independencia que debe caracterizar las actuaciones de los jueces y tribunales, recogido en la Constitución. Por lo que se le sugería que continuara el procedimiento legal de la mano de su letrado.

Calderón, que ha estado asesorada en todo momento, hace referencia a las palabras de su propio abogado, que ha llevado su caso con estupefacción. “Me dice que es la primera vez que se ha encontrado algo tan difícil a nivel administrativo cuando está todo tan claro, que no entiende por qué lo están enredando de esta manera”. El 12 de febrero de este año un informe clínico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ratifica que la agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo.

“No hay frutos rojos sin temporeros, pero sí hay temporeros sin techo ni agua ni electricidad”, recalcó Francisco Sierra (IU) frente al resto de partidos en la presentación de la proposición no de ley (PNL) para la constitución de un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva. Una medida que busca la coordinación entre la administración estatal con la autonómica y local con el fin de lograr una solución efectiva contra un panorama que el propio relator de la ONU calificó como “impactante” a raíz de la pobreza y el abandono que sufren los trabajadores que se asientan en el territorio andaluz. Un texto que finalmente fue rechazado en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados con los 19 votos en contra de la oposición frente a los 18 síes del gobierno de coalición.

La Comisión de Política Territorial debatió la PNL impulsada por el diputado de IU Francisco Sierra Caballero, la cual fue elaborada junto a Marcos Toti, coordinador provincial de IU Huelva. El propósito de la iniciativa es dar solución a varios frentes abiertos en el campo onubense: viviendas dignas, regularización, dar cobertura en la Seguridad Social y los derechos básicos, y proporcionar atención prioritaria a los colectivos más vulnerables, además de aportar recursos específicos para mujeres y niños. “A estas alturas del siglo XXI, la situación es indignante”, subrayó Sierra durante su intervención en referencia a este sector estratégico que supone el 11% del PIB en la provincia y sitúa a Andalucía como la primera región proveedora de fresa y arándano en la Unión Europea y segunda en frambuesa.

Con el propósito de garantizar la coordinación interterritorial, el grupo Sumar propuso la creación del comisionado a estilo de lo hecho para el Reto Demográfico o la atención de barrios vulnerables, como el habilitado en el área del Polígono Sur en Sevilla. “No podemos fallar a la población ni a la sociedad civil”, recalcó. Aceptando las enmiendas del partido socialista, el diputado Juan Antonio González añadió que se debía ampliar el alcance de la propuesta a todas las autonomías y habilitar un espacio específico para personas en situación de pobreza y exclusión social.

“Los asentamientos existen desde hace más de 30 años”

Además, en esta jornada en la que se publica en el BOE el decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, sostuvo que “a día de hoy, sin inmigración el sector agrícola sería inviable y, si España lidera el crecimiento económico en Europa, es gracias, en parte, a la migración”. En este toma y daca con los partidos de la oposición, recomendó a los dirigentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que “hagan una campaña de fresas o de recogida de espárragos en Granada, muy duras y que exigen esfuerzos de piernas y espaldas, pero recomendable para combatir los discursos xenófobos que están llevando a cabo”.

En el turno de réplicas, Jorge Campos, diputado de la formación ultraderechista, calificó lo presentado como “falso” y alegó que la explotación laboral en el campo “no existe”. Entre los datos inexactos, aseveró que solo había 13.000 trabajadores extranjeros y que se daban alrededor de 164.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la Orden GECCO establece que este año el contingente, que ha aumentado un 26% en comparación con el ejercicio anterior, está formado por 21.400 trabajadoras procedentes de hasta ocho países y, en todo caso, la plataforma Interfresa estima que hay 160.000 empleos indirectos, tomando en cuenta todo el sistema. A ello, habría que añadir que son las propias organizaciones las que se quejan de que hay falta de mano de obra local para estas campañas.

Por otra parte, el sueldo de las temporeras se ajusta a lo establecido en el convenio colectivo y lo que corresponde al jornal, es decir, cobran 62,39 euros —ligera subida gracias al aumento del salario mínimo interprofesional— por 6,5 horas. A ello, habría que añadir que las condiciones en las que vive la población en los asentamientos son penosas, tal y como señala el Informe Frontera Sur 2025, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), donde se da una radiografía de las cinco zonas principales donde se concentran: San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer), El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto) y Lepe. Las organizaciones, como Andalucía Acoge, estima que hay alrededor de 5.000 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad en Huelva, a las que habría que añadir a sus homónimos en Almería. Con datos inexactos y en continua negación de lo que ocurre en el campo andaluz, el diputado de Vox dio por terminada su intervención, mientras que la diputada del PP, Bella Verano, realizaba puntualizaciones al texto del grupo Sumar.

“Los asentamientos existen desde hace más de 30 años y la Junta no hizo absolutamente nada”, afeó la diputada, para quien la PNL es “una cortina de humo”. A tenor de estas palabras, hizo referencia a la aprobación del I Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía (Plan EASEN), realizado en 2023, que tomaba el relevo tras más de dos décadas al Plan Integral de Erradicación del Chabolismo en Andalucía, impulsado en 1997. Un acuerdo para el que la integrante del PP justificó que no está en pleno desarrollo y ejecución debido a que esperan, entre otras cuestiones, a la respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cargo de Elma Saiz, desde el 20 de enero de 2025. En todo caso, la APDHA reclama al gobierno de Juanma Moreno en su informe una mayor planificación de recursos y alternativas habitacionales “reales y dignas” para evitar la proliferación de infraviviendas.

“Más presión”

Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la APDHA, toma la iniciativa defendida por Izquierda Unida con precaución. “Cuanta más presión haya, más efectivo será el cambio, pero estas denuncias se llevan haciendo desde las asociaciones y los sindicatos desde hace diez años, como poco”, critica. Espera que la PNL avance, aunque reconoce que los intereses que hay en el mercado del fruto rojo, tanto a nivel provincial como mundial, hacen que este tipo de coordinación caiga en saco roto. Ni ella ni Ana Pinto, portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha, conocían hasta este mismo miércoles que se discutiera sobre las temporeras de Huelva en la comisión del Congreso.

Pinto subraya que las propias comisiones para abordar la contratación en origen tienen carencias. “Todo esto significa poco”, y pone como ejemplo los informes que expuso Philip Alston como relator de la ONU en 2020, “las cosas siguen igual”. Así, advierte que los grupos políticos recobrarían la confianza de las organizaciones remaran todos para solucionar este panorama acuciante y se vieran resultados palpables. Al margen de lo debatido en la Cámara Baja, la sindicalista celebra este jueves que haya prosperado una demanda transnacional que había presentado el sindicato ante el caso de una trabajadora marroquí que había sido despedida tras haber sido operada de cáncer.

Después de 20 años ligada a una empresa onubense dedicada a la recogida de fresa, se prescindió de los servicios de la mujer trabajadora alegando que no estaba en condiciones físicas, aun habiendo superado la enfermedad y pasando por un tratamiento. Con el apoyo del sindicato, denunció y en el acto de conciliación se logró su readmisión. “Que no se queden con nuestros derechos, luchar sirve de algo, porque a la vez que defendemos a nuestros vecinos y vecinas, nuestras compas en origen también tienen unas condiciones que hay que respetarse”, sentencia.

Los problemas de salud mental relacionados con el empleo siguen prácticamente fuera de las estadísticas oficiales según el análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentado por Comisiones Obreras (CCOO). Tal y como apunta el informe, en 2025 se registraron en España más de 600.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, pero solo 203 casos se reconocieron como de origen profesional.

Para el sindicato, es una “carencia del sistema” que los riesgos derivados del trabajo siguen sin reflejarse en la prevención ni en la protección de las personas trabajadoras. “Cuando se habla de absentismo, lo que se ignora sistemáticamente son las condiciones que hay detrás”, ha advertido el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

El análisis, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, también llama a no sacar conclusiones erroneas de la bajada general de accidentes laborales. Aunque en 2025 descendieron tanto los accidentes con baja como los mortales, CCOO considera que esa mejora no se explica por una prevención más eficaz en las empresas, sino por el tipo de empleo que se está creando y por una mayor estabilidad en la contratación.

Menos accidentes, pero no por una mejor prevención

Durante el año pasado se registraron 620.386 accidentes de trabajo con baja, un 1,9% menos que en 2024. Los accidentes mortales bajaron un 9,6%, hasta 735 fallecimientos, el dato más bajo del siglo tal y como destacó la organización.

Sin embargo, los responsables sindicales insistien en que esa evolución no significa que las empresas estén mejorando en prevención. Según el informe, entre 2019 y 2025 el empleo aumentó con más fuerza en sectores con menores índices de siniestralidad. “No están bajando los accidentes porque se hagan mejor las cosas, sino porque se crea más empleo en actividades con menos riesgo y porque hay menos rotación laboral”, resumió Sordo.

Además, añaden que la reducción de la temporalidad también habría ayudado a reducir accidentes. En 2025 se firmaron siete millones menos de contratos que en 2019, pese a que hay más personas asalariadas. Para CCOO, una mayor estabilidad permite acumular experiencia y conocer mejor los riesgos del puesto de trabajo.

La salud mental gana peso en el trabajo

Junto a la mejora en los datos generales, el sindicato ha alertado de otros problemas menos visibles. La digitalización, la presión en los ritmos de trabajo, los sistemas de control, los horarios imprevisibles o las dificultades para conciliar están afectando a la salud mental de muchas plantillas. “Desde hace 30 años el trabajo ha cambiado por completo y la prevención no se ha actualizado al mismo ritmo”, señaló el secretario confederal de Salud Laboral y Medioambiente, Mariano Sanz.

Sordo inisitió en que distintos estudios sitúan las condiciones laborales entre los factores que más influyen en la salud mental. Según los datos citados por el dirigente sindical, el 43% de los problemas de salud mental guardan relación con el trabajo, una proporción que sube al 49% en el caso de las mujeres.

Enfermedades profesionales invisibles

La denuncia de CCOO se extiende al conjunto de las enfermedades profesionales. En 2025 se comunicaron 30.713 casos, una cifra que el sindicato considera muy inferior a la real. La mayoría de los reconocimientos corresponden a trastornos musculoesqueléticos, mientras otras dolencias siguen pasando desapercibidas.

El ejemplo más claro para la organización es el cáncer laboral. En todo 2025 solo se notificaron 119 partes por esta causa y únicamente 35 acabaron en una baja. Frente a ello, CCOO maneja estimaciones de unas 16.000 personas enfermas y cerca de 6.000 muertes anuales por tumores de origen profesional. “Hay trabajadores que mueren por enfermedades causadas por su empleo y figuran en las estadísticas como si hubieran aparecido porque sí”, denunció Sordo.

Quién corre más riesgo en el trabajo

El informe también destaca que los accidentes laborales no afectan igual a toda la población trabajadora. Los trabajadores manuales multiplican por casi 500 la incidencia respecto a ocupaciones técnicas, un dato que Sanz resumió así: “La siniestralidad es una cuestión de clase”.

También persiste una diferencia por sexo. El 70% de los accidentes con baja y el 93% de los mortales afectan a hombres, concentrados en sectores masculinizados. En cambio, los accidentes in itinere, los que ocurren en los desplazamientos al trabajo, son mayoritariamente femeninos, con un 54% de los casos. El sindicato relaciona este dato con la carga de cuidados y la doble jornada.

La nacionalidad también influye. Según los datos expuestos por CCOO, las personas trabajadoras extranjeras registran tasas de accidente superiores a las de la población española, especialmente por su presencia en actividades de mayor riesgo y por una situación más vulnerable a la hora de reclamar medidas de seguridad.

“Incumplir las normas laborales sale gratis”

La construcción sigue siendo uno de los sectores más preocupantes tal y como plantea el análisis de las estadísticas. Sordo la definió como “un agujero negro” de la mortalidad laboral, al mantenerse una relación directa entre más actividad y más accidentes graves. A ello se suma el envejecimiento de la plantilla, que está aumentando problemas de salud como infartos o ictus.

Durante la comparecencia, CCOO reclamó al Gobierno que desbloquee la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apruebe cuanto antes las normas pendientes sobre riesgos psicosociales y fenómenos climáticos extremos. Sanz advirtió de que muchas empresas siguen sin contar con protocolos frente a las altas temperaturas y criticó la falta de controles públicos. “Incumplir las normas laborales sale gratis”, afirmó.

El sindicato también pidió más Inspección de Trabajo, menos externalización de la prevención, un registro estatal de empresas y trabajadores expuestos a sustancias químicas y cambios en el sistema de mutuas para evitar conflictos de intereses en el reconocimiento de enfermedades profesionales. “Trabajar sí, pero enfermar no” concluye Mariano Sanz.

Soy un enamorado de las canciones de Jorge Drexler. Sus letras me parecen un armónico maridaje de poesía y filosofía. No importa cuando las escuches te parecerá que están escritas para ese momento. En “Milonga de un moro judío” cada estrofa es un lamento que se clava en el corazón. Del suave grito por la paz de “No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida” hasta el antídoto frente al nacionalismo de “No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido”. 

Sus letras irradian luz que ilumina algunos de los trances de la vida. La canción “Todo se transforma” ayuda a entender procesos que en apariencia —solo en apariencia— nada tienen que ver con la inspiración del poeta. Al escuchar estos días, una vez, “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da” me pareció entender mejor eso que llaman absentismo laboral. 

En la controversia sobre su dimensión y causas las organizaciones empresariales suelen aportar datos fríos sobre el aumento de los días que las personas trabajadoras se ausentan, dicen injustificadamente, del trabajo. Con una mirada propia del capitalismo 'manchesteriano' meten en el mismo saco desde las horas dedicadas al ejercicio de derechos fundamentales hasta el tiempo en que los trabajadores permanecen en situación de incapacidad temporal bajo la supervisión de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La respuesta de las organizaciones sindicales impugna la mayor y ofrece datos y una lectura alternativa de esas horas no trabajadas y sus diferentes y complejas causas. Como hay estudios muy profundos y rigurosos, entre ellos el publicado por Comisiones Obreras bajo el título “Ni un día menos”, no sería capaz de añadir nada nuevo. 

Algunos análisis apuntan a que podría existir una relación de causalidad o correlación (no son lo mismo) entre los ciclos económicos y la intensidad de los procesos de incapacidad temporal. Las patronales lo imputan a que en época de bonanza las personas trabajadoras se “cogen más bajas” -así como el que va al supermercado. Los sindicatos invierten la relación, al constatar que en momentos de elevado desempleo las personas van a trabajar incluso cuando están enfermos por el temor a perder el empleo. Una actitud que se revierte cuando la situación económica mejora y el temor al desempleo decrece. 

En un debate muy intenso, hay una mirada que, hasta donde yo sé, no se ha explorado. Me asaltó al escuchar “Todo se transforma”. “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. Esta estrofa nos puede ser útil para entender cosas que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Empresas que continúan abusando del trabajo temporal, o de la rescisión indiscriminada del contrato durante los largos períodos de prueba pretenden recibir de sus trabajadores compromiso de permanencia en la relación laboral. Se sorprenden y denuncian que no encuentran trabajadores para puestos de trabajo vacantes. 

Empresas que imponen largas jornadas de trabajo, en algunos casos con horas extras no retribuidas, y que se niegan al control de la jornada pretenden recibir un compromiso incondicional de parte de sus trabajadores. 

Empresas que aplican ritmos de trabajo deshumanizadores, con control tecnológico de eso que ya se conoce como látigo digital, pretenden recibir de sus trabajadores el sacrificio de continuar trabajando incluso cuando enferman.

Sí, ya sé que hay casos que se podrían calificar de picaresca que no entran dentro de estas explicaciones. No me gusta cerrar los ojos para no ver la realidad y creo no ser cínico. Pero incluso en estos supuestos puede servir -sin explicarlo todo y siempre- las letras de Jorge Drexler. 

El desequilibrio entre lo que se da y lo que se pretende recibir desborda en muchas ocasiones el ámbito de la empresa para ampliar la responsabilidad a la sociedad. Un sistema socioeconómico que ningunea la formación de las personas, incumple las promesas de ascensor social y el imaginario de meritocracia no puede pretender que su ciudadanía le ofrezca a cambio abnegada implicación laboral. 

Una sociedad que acepta que la vivienda no sea un derecho, sino un producto financiero, y que fuerza a los trabajadores a vivir en caravanas o a realizar desplazamientos de muchas horas para acceder al trabajo no puede pretender que esas personas le respondan con compromiso. 

Un mundo que impide que las personas puedan vivir y trabajar en sus países y las obliga a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas para después tener que soportar todo tipo de discriminaciones, no puede pretender a cambio recibir una implicación plena y sacrificada. El listado de ejemplos que expresan desequilibrio entre lo que se da y se pretende recibir por parte de las empresas y la sociedad podría ampliarse hasta el “infinitum”.

Me temo que, entre tanto ruido, no se le está prestando atención a un proceso de intensa y creciente desafección emocional de la ciudadanía. Que se produce no solo en relación con las instituciones democráticas, sino también respecto a muchos otros ámbitos comunitarios como el de la empresa. 

En el marco de la pandemia muchos medios llamaron la atención y convirtieron en noticia de portada un fenómeno que se detectó en EEUU, pero que tenía dimensiones globales. Incluso, como sucede en estos casos, se le puso un nombre atractivo. 

La “Gran Deserción” fue el calificativo con el que se describió el abandono voluntario de las empresas por parte de sus trabajadores incluso sin tener otro empleo alternativo. Se vinculó, a mi entender erróneamente, a los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando esta se superó, la preocupación y la noticia pasaron a mejor vida como sucedió en otros ámbitos. ¿Recuerdan el amor infinito que nos entró hacia nuestros sanitarios? Pasada la novedad y la noticia no se ha hecho un análisis de lo que puede haber detrás de esa gran deserción, a pesar de que sus causas se mantienen. 

Los empresarios, los dirigentes patronales lúcidos (si los hubiera o hubiese) y el conjunto de la sociedad harían bien en analizar y profundizar en este fenómeno de desafección de los trabajadores con las empresas y el empleo. Es y será una realidad cada vez más creciente y que adquirirá formas diversas, aunque no se exprese con la visibilidad de la “gran deserción”. 

En ocasiones los conflictos sociales no se manifiestan a través de los mecanismos colectivos tradicionales y buscan otras formas más difusas, pero no por ello menos contundentes en sus impactos.

Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Lo canta Jorge Drexler.

Unai Sordo (Bilbao, 1972) analiza desde Sevilla el contexto sociopolítico en el que España goza de una macroeconomía fuerte aunque atravesada por una crisis habitacional y una amenazadora inflación frente a una guerra que pone en apuros el orden internacional. El secretario general de CCOO, elegido para un tercer y último mandato, descarta participar en cualquier confluencia de izquierdas, pero su visión es nítida: más vale dejar a un lado las luchas internas para conformar un mensaje claro y directo para la movilización del voto. Ante unos 2.000 delegados, arengó a la asamblea andaluza a pasar a la acción, pese a la resistencia de la patronal para la mejora de los salarios o el registro horario, en donde también reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no asuma una postura única en su compromiso con los sindicatos.

Acabamos marzo con datos récord, tanto a nivel nacional como en Andalucía. Mientras que el Ejecutivo nacional y autonómico lo celebran, la oposición lo tacha de maquillaje. ¿Cuál es la lectura que saca el sindicato?

Los datos de empleo son los mejores que ha dado España a lo largo de su historia y esto es incontestable. Es muy curioso que cada una de las comunidades autónomas, incluso las 11 del PP, lo digan, mientras que el acumulado sostengan que son datos “maquillados”. Más allá del politiqueo, nunca ha habido más gente trabajando que ahora en el país. España está en disposición de alcanzar el pleno empleo en el próximo lustro si continúa la transición energética como un factor de atracción de inversión productiva. Ahora, el reto es que ese empleo sea de calidad y lleve asociado salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes. Ese es el gran reto, porque hay 10 millones de personas en España cuyos salarios están estancados desde hace años.

En ese proceso de transición, Andalucía atrae la industria del hidrógeno verde, pero falta mano de obra especializada, mientras que, por ejemplo, la generación Z no quiere trabajar en la hostelería dada las condiciones que ofrece. ¿Cómo se logra que la patronal responda a estos requerimientos?

El problema de vacantes que aludían los empresarios era bastante tramposo, pero creo que a partir de ahora sí será real. En algunos casos, está relacionado con los salarios y, en otros, con el coste asociado a trabajar, por ejemplo, a aquella gente que se tiene que desplazar a las costas para trabajar en la hostelería y tiene que pagarse un piso no le sale a cuenta. Por tanto, la vivienda empieza a ser un problema grave en la movilidad laboral interior de España. Los sectores que necesiten mano de obra van a tener que pagar buenos salarios, y España tiene que aspirar a transformar paulatinamente su modelo productivo, recuperando industria y que el precio de la energía sea atracción de inversión para reequilibrar.

Es una transformación que a muchos le quedará muy lejos.

Las cosas no cambian de un día para otro. Da la impresión que olvidamos cómo era la economía de nuestro país hace apenas diez o 20 años, dependientes de sectores que se basaban en una enorme burbuja financiera y especulativa y sectores que se vinieron abajo en la anterior crisis.

Por tanto, la transformación del modelo productivo requiere de políticas industriales, de planificación sectorial, mucha inversión pública que a la vez movilice inversión privada, un poco lo que se ha hecho tras la pandemia. Todavía es insuficiente, pero no cabe en ningún caso dar marcha atrás. Igualmente, es muy peligroso que haya fuerzas que bajo el paraguas del negacionismo climático aspiren a que España vuelva a seguir dependiendo del petróleo y del gas que hay que comprar fuera en un contexto de inestabilidad mundial como no hemos conocido en décadas.

Nunca ha habido más gente trabajando en el país y el reto es que sea empleo de calidad, con salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes

En Andalucía, CCOO, junto a UGT y otras asociaciones, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el derecho efectivo de acceso a la vivienda. Sin embargo, se presenta en un momento en el que se acaba de aprobar la ley autonómica. ¿Será efectiva una medida y se replicará en otras comunidades?

Hay que dejar claro que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y el bloqueo de la ley estatal, que se quedó corta, está en las comunidades. Por ejemplo, no decretando la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. España necesita hacer un gran pacto de país para garantizar el acceso a la vivienda, porque se necesitan 2 millones de casas a precios asequibles en la próxima década, además de movilizar vivienda vacía y poner freno a los nuevos usos especulativos de la compra o el uso abusivo como bien turístico.

Aparte, hay que favorecer medidas de carácter fiscal para evitar que los pisos permanezcan cerrados, al igual que garantizar precios de alquiler asequibles pudiendo dar a la vez garantías de cobro a los propietarios y la construcción de un parque de vivienda pública que nunca se desclasifique. Hay que hacer todo esto, y todo a la vez. Con medidas paliativas no se va a arreglar este gran problema de fractura social que ahora mismo existe en España.

¿CCOO impulsará la medida en otras comunidades?

Se estaba planteando la posibilidad de hacerlo en Madrid, pero en este momento no hay planificadas más ILP. En todo caso, es una reivindicación muy sentida en la ciudadanía. La gente joven está demorando su vida autónoma y, por otro lado, hay una parte de la población donde el 50% o el 60% de sus ingresos se tienen que dedicar a alquileres abusivos o a hipotecas desmesuradas. Esto es un desastre en términos sociales y económicos, como los desplazamientos laborales. En las islas es evidente, y no solo en hostelería, ya que ni los empleados públicos quieren ir a trabajar a un sitio donde casi todo el sueldo se lo dejan en un alquiler.

En el ámbito de las movilizaciones sociales, el Estatuto Marco ha levantado ampollas en el sector médico y, en Andalucía y el resto del país, estas protestas han sido lideradas por los sindicatos sectoriales. ¿Hasta qué punto sustituyen a los sindicatos de clase como CCOO o UGT?

Nuestro secretario general de la Federación de Sanidad es médico. No está escrito en ningún sitio que los sindicatos corporativos representen en exclusiva a los médicos y nos parece legítimo que cualquiera reivindique lo que quiera, faltaría más.

Ahora, no compartimos la corporativización de la función pública hasta el punto de que, en este caso, se segregue un colectivo y los médicos busquen un rancho aparte a través de un estatuto propio que les independice de alguna manera del conjunto de los empleados de la sanidad pública. El acuerdo marco es muy relevante y muchas de las reivindicaciones que están ahora encima de la mesa pueden ser compartidas, aunque buena parte de las condiciones están en manos de las comunidades autonómicas. Insisto, cada uno tiene legitimidad de hacer lo que considere.

No es de recibo que el Gobierno en su totalidad no reme a favor de la reglamentación del control horario. No puede ser bicéfalo, perdería la buena fe en la negociación con los sindicatos

Solo el 18% de los asalariados entre los 25 y 44 años están en un sindicato. ¿De qué forma se retoma su confianza?

Hay un cierto problema de afiliación de la gente joven en los sindicatos. En España, la gente se afilia cuando va estabilizando sus condiciones laborales, en torno a los 30 años. Esto es así y debemos tener más presencia, por ejemplo, en los centros formativos y un mensaje más comprensible.

En todo caso, una tasa de afiliación del 18% en un país como España, donde los derechos que se consiguen en el convenio colectivo son de aplicación igual, tanto para el afiliado como para el que no, no es ningún tema menor. Hay países en el que el sindicalismo gestiona el acceso a la prestación de desempleo o a la pensión, o que el convenio colectivo solo se aplica a las personas afiliadas. Los datos de afiliación son los que son, pero nadie tiene más afiliados que CCOO, con 1,8 millones de personas y 112.000 delegados y delegadas de personal elegidos en las empresas, mientras que en Andalucía es el más representativo con 150.000 afiliados y algo más de 18.000 delegados.

¿Cómo van los contactos con la patronal para sentarse a negociar el gran pacto de negociación colectiva pendiente (AENC), clave para las subidas de salarios? 

Va lento. Pusimos encima la mesa una propuesta salarial que era una subida para este año y los dos siguientes de al menos el 4% y en los convenios que estén por debajo de la media con incrementos adicionales de hasta un 3%. En total, un 7% que podía parecer una subida desmesurada, pero tal como están yendo las empresas españolas y según se prevé la evolución la inflación, no me parece ningún disparate. ¿Qué pasa? Ante la incertidumbre de la guerra, de los precios, del posible corte en las cadenas de suministro, se da un escenario que complica muchísimo una negociación para llegar a un acuerdo marco de convenios.

¿De qué manera presionarán?

De momento, estamos todavía en la fase de inicio de contactos. En todo caso, si vemos una negativa de la patronal a abordar esta negociación, promoveremos movilizaciones desde la realidad de los convenios colectivos. Creo que habrá alguna noticia antes de verano.

Acerca de los horarios, se alcanzó el acuerdo para las 35 horas en la Administración General del Estado, mientras que la reducción de la jornada a 37'5 horas no se logró. ¿Esta reivindicación quedará en papel mojado?

La intención era situar esta reivindicación en el marco de este acuerdo de convenios colectivos, ver cómo evoluciona y, antes de que acabe la legislatura, volver a reiterar la necesidad de aprobar por ley la reducción de la jornada laboral. Aun así, somos conscientes de las mayorías políticas que otorgó la ciudadanía en las elecciones generales y la reducción de la jornada laboral no sale con los números que hay en el Congreso. Estamos haciendo la guerra de guerrillas de los convenios colectivos y, si hay un bloqueo, plantearemos elementos de protesta.

Si vemos una negativa de la patronal a abordar la negociación a la subida salarial, promoveremos movilizaciones a través de los convenios colectivos

¿Cómo ve la prórroga de un año que ha pedido Economía a Trabajo para el refuerzo de los registros horarios?

El hecho de que el Consejo de Estado haya dado audiencia a las organizaciones empresariales y no a las sindicales, me parece desleal con la negociación que hemos llevado con el propio Gobierno. El gobierno es uno para los sindicatos, no hay dos ni tres. Es uno.

Hemos negociado de buena fe con la patronal, sin que fuera posible llegar a un acuerdo, y hemos negociado de buena fe con el Gobierno, siendo capaces de llegar a un acuerdo. Se bloqueó la reducción de jornada y pensábamos que se podía aplicar el control horario. Ahora bien, no es de recibo que la totalidad del Gobierno no reme a favor de esa reglamentación del control horario y el pronunciamiento del Consejo de Estado no lo compartimos en absoluto.

¿Cree que el ministro Carlos Cuerpo será el contrapunto de Yolanda Díaz?

Insisto, el Gobierno no puede ser un bicéfalo. Tiene que argumentar y pactar sus propias posiciones internas como gobierno de coalición, pero cuando negocia con los agentes sociales, sea Trabajo, Seguridad Social, Igualdad, Migración, la posición que está sobre la mesa es la del conjunto, si no, no sería un gobierno serio.

Por tanto, no vamos a aceptar que negociemos con el Gobierno, lleguemos a un acuerdo con el Gobierno y luego el Gobierno diga que no está de acuerdo con lo que hemos pactado consigo mismo, porque esto sería perder la buena fe en la negociación.

Clamaba por un impuesto negativo al IRPF para paliar los efectos de la guerra en Irán. ¿Cree que son insuficientes las medidas del Ejecutivo central?

Sí, porque las medidas han de ser escalonadas en función de cómo evoluciona la guerra y de su impacto económico. Las primeras han ido dirigidas a tratar de contener el impacto sobre los combustibles en transportes y de los fertilizantes para el mundo agrario, pero el conflicto ha seguido y los precios acaban contaminando el conjunto de la cesta de la compra.

Veremos cómo evolucionan las cosas en Irán, pero la inflación se incrementará en los próximos meses, así que lo lógico sería proteger la renta de las familias con menos ingresos de la forma más simple posible, en vez de demandar ayudas, ya que hay mucha gente que las desconoce o no tiene los medios para hacerlo. Por tanto, un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Podemos, Izquierda Unida y Sumar han confluido en Por Andalucía. ¿Cómo valora este pacto de última hora? ¿Cree que se puede replicar a nivel nacional?

Mantenemos un absoluto respeto institucional a las decisiones que tome cada partido. A partir de ahí, cuanto menos se le hable a la gente de las cuitas de los partidos y más de los problemas de la gente, será más fácil que te voten. En general, cuanto antes se salgan los partidos de la metapolítica, casi que mejor, y estoy convencido de que las fuerzas de izquierda están haciendo eso ya.

¿Es eso trasladable al conjunto de España? No tengo ni idea. Lo que tiene que ocurrir es que las fuerzas que concurran en la izquierda lo han de hacer con un mensaje nítido, identificable y confiable. La gente tiene que saber cuáles son los objetivos prioritarios en un contexto, no olvidemos, donde el riesgo reaccionario que tiene España, como otros países europeos, no es una amenaza, ya está aquí. La extrema derecha está gobernando Estados Unidos y es la antesala del caos y, quizás, de la fragmentación y del declive europeo.

Las condiciones materiales de vida de la gente son fundamentales en este contexto y creo que las izquierdas se tienen que situar ahí. Luego, que concurran como decidan, si bien la fragmentación por provincias se paga. Vuelvo a lo mismo, más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, lo que tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad.

Un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España

¿Le han propuesto pertenecer a alguna confluencia y dar el salto político?

No me lo ha planteado nadie y con buen criterio, porque no hace ni siquiera un año que empecé el tercer mandato en CCOO. Sé que ha habido rumorologías de todo tipo, pero, en fin, no le doy mayor importancia.

En las elecciones de 2012 cuando se postulaba Javier Arenas (PP), la movilización de los sindicatos fue clave para alentar el voto progresista. ¿Podría suceder ahora lo mismo ante un Juanma Moreno que quiere revalidar su mayoría absoluta?

No somos un agente político en el sentido de que no estamos para pedir el voto para ninguna sigla, esto tiene que quedar absolutamente claro. Somos una organización autónoma, pero no quiere decir que seamos una organización ni equidistante ni que no se sienta apelada por la vida política. En función de cómo se determinen las mayorías en las instituciones, las políticas para la gente trabajadora son unas u otras y, desde ese punto vista, lo que vamos a hacer en Andalucía es sacar una batería de propuestas y trasladarlas a los partidos políticos. Lo que sí haremos será una apelación a la participación y también dejaremos un mensaje claro: vivimos un momento de excepcionalidad democrática donde hay que ser conscientes de los riesgos involutivos que vivimos en Andalucía, en España y, me atrevería a decir, en Occidente.

Más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, las izquierdas tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad

En la asamblea organizada en Sevilla decía que se habían votado a mamarrachos y a delincuentes. Hay una desafección y una inmovilización por parte de la izquierda, pero es lo votado.

Si se vota a un personaje como Trump, evidentemente antidemócrata, un narcisista de libro, una persona que intentó forzar poco menos que un golpe de estado con el asalto al Capitolio, pues lo lógico es ver cómo a un mono le das una pistola y se lía a tiros. Es lo que está haciendo, poniendo patas arriba el mundo con un riesgo de escalada militar, incluso de carácter nuclear, como no hemos conocido en décadas y, en efecto, es el resultado de unas elecciones. Cuando la gente vota con las tripas pueden ocurrir barbaridades de este calibre. Hay que decirle a la gente la verdad: votar a reaccionarios provoca políticas reaccionarias.

El comienzo de la campaña andaluza es el 1 de mayo. ¿Cómo ve esta coincidencia y cuáles son los objetivos del sindicato para el Día Internacional del Trabajo?

Esa coincidencia la decreta Moreno Bonilla. El primero de mayo tiene una característica, y es que siempre cae el primero de mayo, así que nos movilizaremos y plantearemos las reivindicaciones bajo el esquema de las asambleas: salario, tiempo, techo, servicios públicos, democracia y paz. La necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, de contener los precios de la vivienda, de no solo reducir la jornada de trabajo, sino organizar convenientemente el tiempo de trabajo, así como reforzar los servicios públicos y hablar de la vigencia de la democracia, que está amenazada como pocas veces.

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.

Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.081 personas en marzo en Castilla-La Mancha con relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 119.512 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (17 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 11.237 parados, lo que supone un 8,6% menos.

Datos por sectores, sexo y provincias

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1106 menos (-1.26%); Construcción, 250 menos (-3.26%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 188 más (+1.83%); Agricultura, 69 más (+1.4%); Industria, 18 más (+0.17%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (86.340), Sin empleo anterior (10.442), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.994), Construcción (7.409), Industria (10.327).

En cuanto a sexos, de los 119.512 desempleados registrados en marzo, 78.110 fueron mujeres, 714 menos (-0,9%) y 41.402, hombres, lo que supone un descenso de 367 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 30 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.051 desempleados (-0,95%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayor caída en Ciudad Real (-399), Albacete (-346), Cuenca (-124), Guadalajara (-118), Toledo (-94).

Contratación: el 58% son contratos temporales

En marzo se registraron 45.595 contratos en Castilla-La Mancha, un 14,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.936 fueron contratos indefinidos, cifra un 19% superior a la de marzo del año anterior y 25.659, contratos temporales (un 10,7% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 56,28% fue temporal (frente a un 58,42% del mes anterior) y un 43,72%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,58%).

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo valora positivamente

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha valorado que “además de bajar en términos mensuales, el descenso del paro en los últimos 12 meses en Castilla-La Mancha sitúa a la Comunidad Autónoma como la tercera región en la que más ha bajado el paro en términos interanuales, con una caída de 11.237 personas y del 8,59 por ciento que es además el descenso más pronunciado en la comunidad autónoma desde septiembre de 2023, consolidando la cifra más baja de desempleo en Castilla-La Mancha en marzo de los últimos 18 años”.

Esa caída interanual hace que hoy haya en Castilla-La Mancha menos paro que hace un año en todos los sectores económicos, con caídas muy importantes en agricultura (-12,65 por ciento) o en el sector de la construcción (-11,57 por ciento), así como en el sector servicios, donde el paro ha bajado en el último año en más de 8.000 personas.

CCOO: “La precariedad sigue teniendo rostro de mujer”

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha celebrado los datos de paro publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, destacando el descenso en todas las provincias.

Según el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto“, marzo es un mes de recuperación típico en el que el empleo estacional reactiva el mercado laboral”.

Sin embargo, ha subrayado que lo que distingue este mes es que el descenso del paro es transversal a todas las provincias y que la contratación indefinida crece a doble dígito, lo que demuestra que la reforma laboral sigue dejando una huella estructural positiva en el mercado de trabajo regional, según ha trasladado CCOO.

Por otra parte, Del Puerto ha insistido en que “la precariedad sigue teniendo rostro de mujer en Castilla-La Mancha”.

“El empleo que se crea es mayoritariamente masculino en términos de jornada completa e indefinido, mientras que las mujeres siguen acumulando contratos a tiempo parcial y mayor temporalidad. La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad Retributiva y el desarrollo de la Ley de Brecha salarial en la región son medidas urgentes que no pueden seguir esperando”, ha declarado en este sentido.

UGT reivindica más medidas para los parados de larga duración

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha destacado como dato muy positivo el descenso del paro entre los jóvenes y las mujeres, aunque ha recordado que, “de las 119.512 personas desempleadas registradas en marzo, 78.110 siguen siendo mujeres”.

“El mercado laboral continúa mostrando fortaleza, sin embargo, esta evolución positiva convive con fragilidades estructurales persistentes, que se reflejan claramente en las dificultades de acceso y estabilidad laboral que siguen afectando a la juventud y a las mujeres. Tenemos que reforzar las políticas activas de empleo”, ha planteado.

Carrascosa, también se ha mostrado cautelosa por las consecuencias que la guerra de Irán puede acarrear en los próximos meses en el empleo.

“A todo esto, se suma un factor externo de gran relevancia: la invasión de Irán, que puede impactar en el empleo en los próximos meses a través del encarecimiento del petróleo, y las presiones inflacionistas”, ha señalado en este sentido.

“Por todo ello, se deben redoblar esfuerzos para defender el poder adquisitivo en la negociación colectiva, reforzar la formación y la inserción laboral juvenil y reclamar medidas que protejan a las personas trabajadoras y a los sectores más vulnerables”, ha añadido.

La responsable de empleo del sindicato, considera “imprescindible” acometer algunas reformas que aprovechen el contexto de creación de empleo que atraviesa la economía española para reformar las políticas activas de empleo, seguir con la reducción del desempleo y fomentar la creación de puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido.

“Todavía hay un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral. Esta problemática se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por eso, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo”, ha declarado la responsable sindical.

CSIF celebra el descenso de parados pero incide en la desigualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado el descenso de 1.081 parados en el mes de marzo en la comunidad autónoma.

El sindicato ha destacado que el sector Servicios ha liderado el incremento de puestos de trabajo (1.106) en un mes donde el paro ha descendido en todas las provincias “gracias a la celebración de la Semana Santa y el aumento de empleo que genera en ámbitos como la hostelería y el turismo”, mientras que el desempleo se incrementaba ligeramente en Industria y Agricultura.

Sin embargo, CSIF ha puesto el foco en las desigualdades de la contratación. Así, apuntan que “el aumento en 5.343 contratos en el Régimen General no ha estado acompañado de estabilidad: solo uno de cada cuatro contratos firmados (25,7%) fueron indefinidos a tiempo completo, y entre ellos el 72,3% lo ocuparon hombres, mientras que los fijos discontinuos supusieron el 30,3%”.

Señalan, que las jornadas parciales continúan siendo ocupadas mayoritariamente por mujeres, tanto en la contratación indefinida (73%) como en la temporal (64%), “mostrando un mes más las diferencias del mercado laboral de la región: las mujeres, que representan el 65,3% del paro registrado, se ven empujadas a aceptar empleos temporales o reducir sus horas de trabajo ante la necesidad de atender a hijos y familiares, lo que supone un obstáculo para la igualdad real, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal”.