El eclipse total de Sol previsto para el próximo 12 de agosto que será visible en su máxima plenitud desde las provincias de Cuenca y de Guadalajara traerá aparejados algunos “riesgos” ante la expectación por el fenómeno astronómico.

Uno de ellos es la esperada abundante afluencia de público que requiere planificación y coordinación del dispositivo de Protección Civil. Se prevé determinados puntos del territorio regional, en concreto en municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara, habrá mucha gente que quiera disfrutar de este espectáculo y que “requerirá la necesidad de reforzar la coordinación de la Junta de Comunidades en el ámbito de la Protección Civil, con la Administración General del Estado, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos”, según ha recordado hoy el Gobierno regional.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presidido este viernes en Toledo, la reunión del Grupo de Coordinación de Actuaciones, para poner en común los trabajos previos ya realizados, en el marco de las competencias propias de su departamento en esta materia, y en el desarrollo del Plan Específico 'Trío de Eclipses', elaborado por el Ministerio del Interior.

Además de lo relativo a la afluencia de público, se ha analizado la situación de las redes de telecomunicaciones, especialmente de la telefonía móvil, que podría dificultar la gestión de una eventual emergencia en aquellos lugares con mayor concentración de personas, según se recoge en el Plan Específico 'Trío de Eclipses'. Según el Ejecutivo regional “se trabaja de forma coordinada para anticipar las necesidades que puedan detectarse y garantizar la disponibilidad de las comunicaciones durante el desarrollo del evento”.

Otro de los principales asuntos abordados en el encuentro, encabezado por el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha sido la situación de los puntos de observación recomendados en Castilla-La Mancha. Algunas ciudades, como Guadalajara, ya han anunciado que habilitarán parcelas para verlo, de forma específica.

El objetivo es que estos espacios cuenten con las condiciones adecuadas para albergar con seguridad a la población durante el fenómeno astronómico.

Zonas de exclusión por riesgo de incendios forestales

Igualmente, se han analizado las delimitaciones de las zonas de exclusión que puedan establecerse en aquellos espacios donde, por razones de seguridad, problemas de acceso o por el elevado riesgo de incendios forestales, no resulte recomendable la presencia de personas. Aunque no se ha detallado cuáles serán.

En relación con este último aspecto, la reunión ha incidido en la necesidad de extremar las medidas preventivas, dado que el eclipse tendrá lugar en una época de riesgo extremo de incendios y que buena parte de la franja atraviesa zonas rurales y forestales donde se prevé una importante concentración de visitantes.

En este mismo contexto, los integrantes del Grupo de Coordinación también han avanzado en la planificación de un plan de información y comunicación de la Junta dirigido a la ciudadanía, que desarrollarán de forma coordinada entre las distintas administraciones.

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al nombramiento del catedrático Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el apoyo del Gobierno y sus socios habituales, frente al rechazo del PP y Junts.

Los candidatos a incorporarse al consejo de Competencia han comparecido este martes en el Congreso, un trámite preceptivo para avalar la designación que hizo el Consejo de Ministros el pasado 23 de junio. Además de Ganuza, los diputados han aprobado la designación de tres nuevos consejeros por un mandato de seis años: Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría.

La mayoría de la Comisión ha avalado los nombramientos, con 19 votos a favor y 17 en contra, y ha desestimado los vetos que han presentado tanto PP como Vox a los nombramientos de los cuatro nuevos miembros de la CNMC.

Durante su intervención, Ganuza se ha definido como un “apasionado de la competencia”, que es “un mecanismo para reducir la desigualdad”. El ya presidente de la CNMC ha defendido que el mayor reto al que se enfrenta el supervisor están relacionados con la “competencia extrema” que suponen la economía digital y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Esto obliga, ha dicho el ya presidente de la CNMC, a actuar no solo 'ex post', sino con nuevas herramientas que eviten el “abuso de posiciones de dominio”.

“Soy un apasionado de la competencia. Creo firmemente que democratiza los mercados, abarata los precios, traslada las mejoras de productividad a los salarios de los trabajadores e incentiva a las empresas a innovar”, ha dicho.

El nuevo presidente de la CNMC, que sustituye a Cani Fernández al frente del 'zar' que supervisa los sectores regulados, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III. Catedrático de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, se ha especializado en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública y dirigió durante más de una década el máster de Competencia y Regulación de la Barcelona School of Economics.

Además, desde 2014 es el responsable de la División de Regulación y Competencia de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro, y preside el Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencia.

Un exdiputado, la exjefa de gabinete de Calviño y una catedrática

Junto al nuevo presidente, se incorporan como vocal Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño entre 2018 y 2021 y, ahora, responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. Balsa, que es técnico comercial y economista del Estado, cuenta con una dilatada experiencia en la Administración pública española y en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Fue subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la CNC, organismo que se integró en la CNMC, entre 2008 y 2009. Ha defendido durante su comparecencia el “honor” de sumarse al consejo de la CNMC.

También Joan Capdevila, exdiputado de ERC (2015-2024) y exdelegado del Govern de Catalunya en Madrid (2024-2025), que se desempeñó en su época en el Congreso en las comisiones de Industria, Transición Ecológica y Economía. Precisamente ha glosado esta experiencia y su trabajo “en más de 30 proyectos de ley”, lo que le ha permitido, a su juicio, “saber de la intersercción entre norma, mercado, empresa, consumidor y administración”. “Una experiencia presumo que útil para un órgano colegiado que debe decidir sobre problemas en los que la norma jurídica, el análisis económico, la realidad sectorial y el impacto social se cruzan constantemente”, ha señalado.

Por su parte, Marina Echebarría es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, cuya investigación académica se ha especializado en ámbitos como el Derecho de la distribución comercial, los mercados electrónicos y las nuevas tecnologías. Echebarría, nombrada en 2020 la primera catedrática trans de España, fue candidata de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León del pasado mes de marzo.

La jurista ha asegurado que no pretende ser “experta” en los ocho sectores regulados de la CNMC pero se ha confiado a su “experiencia y capacidad de aprendizaje” para tomar las mejores decisiones en su órgano colegiado y hacer frente a los “abusos explotativos” vinculados a las posiciones dominantes en los mercados, lo que puede favorecer “actos desleales” que tengan incidencia en el derecho de la competencia.

Los diputados se han despedido con un sentido aplauso de Cani Fernández, presente en la sala mientras defendían su idoneidad los nuevos consejeros de la CNMC, cuyo mandato caducó el pasado mes de junio.

La filial alemana del grupo Telefónica, que opera bajo la marca comercial O2, está estudiando reducir su plantilla en unos 1.000 empleados, lo que supondría un despido colectivo de casi el 15% de los más de 6.800 profesionales que conforman su personal en el país, según avanzaron los medios germanos Teltarif.de y Handelsblatt.

“Actualmente estamos inmersos en una transformación integral de nuestra empresa, cuyo objetivo es asegurar nuestra competitividad a largo plazo y nuestra viabilidad futura”, han explicado fuentes de Telefónica Alemania en declaraciones recogidas por Europa Press.

Como parte de este proceso, la filial germana de Telefónica ha indicado que están revisando y debatiendo “diversas medidas” con los representantes de los trabajadores. “Por respeto a las conversaciones en curso y a nuestros empleados y socios, no haremos comentarios sobre medidas específicas, posibles impactos ni plazos por el momento”, han comentado estas mismas fuentes.

“En cualquier caso, informaremos en primer lugar al comité de empresa, a nuestros empleados y a nuestros socios comerciales y, cuando exista un interés general, también a la opinión pública”, ha concluido el mensaje difundido por la empresa.

Impacto del fin del contrato con 1&1

Uno de los motivos de este ajuste financiero y laboral pasa por la finalización del contrato mayorista de arrendamiento de red con su operadora competidora 1&1, firma que constituía el principal cliente de la infraestructura de la 'teleco' en el mercado germano.

Tras la conclusión del acuerdo por el cual 1&1 utilizaba la infraestructura de O2 Telefónica, la posterior alianza de dicha operadora con Vodafone propició la migración de aproximadamente 12 millones de líneas móviles hacia la red de este último competidor.

Esta reducción en la actividad mayorista terminó afectando a los balances de la firma con sede en Múnich, cuya cartera comercial propia, que se compone de unos 18 millones de accesos de contrato móvil, se complementa con los segmentos de prepago y empresas.

La marcha de este cliente mayorista contribuyó a la reducción de los ingresos anuales de la filial en un 3,8%, hasta los 8.200 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) disminuyó un 8,8%, hasta situarse en los 2.500 millones de euros, tal y como describe Handelsblatt.

Asimismo, dado que la operadora no dispone de una infraestructura de red fija propia para el segmento de banda ancha, la compañía debe asumir el arrendamiento de accesos a otros operadores del mercado, lo que explica que este negocio tenga un menor peso en su actividad global.

Tras asumir la dirección general a finales de 2025 en sustitución de Markus Haas, el nuevo consejero delegado de la operadora, Santiago Argelich Hesse, ha iniciado una reestructuración que incluye la reducción del consejo de administración de siete a seis miembros y la ejecución de un plan de transformación.

En cuanto al contexto del mercado alemán de telecomunicaciones, cabe señalar que las operadoras comerciales incrementan los volúmenes de datos sin variar los precios finales, ya que el sector de la telefonía móvil en el mercado germano presenta niveles de maduración y saturación que impiden subidas tarifarias significativas.

En este contexto, las compañías de telecomunicaciones afrontan dificultades para rentabilizar las inversiones destinadas al despliegue de infraestructuras, dado que la cobertura de red ha pasado a considerarse un estándar de servicio en lugar de un factor de diferenciación comercial.

El mercado pasa por una compleja situación; de hecho, Vodafone Alemania ya realizó un programa de ajustes que afectó a 3.000 empleados durante los últimos tres ejercicios.

Aun así, según la Agencia Federal de Redes, O2 Telefónica alcanzó el 88,6% del territorio alemán con su red 4G y el 76,2% con la 55G en diciembre.

La diferencia con Deutsche Telekom (DT) se ha reducido considerablemente: la cobertura de DT se sitúa en el 92,5% (4G) y el 87,9% (5G), mientras que Vodafone alcanza el 91,7% para 4G y el 75,7% para 5G.

Hace tan solo unos años, O2 ocupaba el último lugar en este ranking de tres compañías, pero desde entonces ha experimentado un progreso significativo.

Digi Spain Telecom, filial española del grupo de telecomunicaciones europeo Digi, ha anunciado un precio de 5,6 euros por acción para su salida a bolsa el 16 de julio, un importe que implica, tras la ampliación de capital, una valoración de la compañía de unos 1.662 millones de euros.

La oferta estará compuesta por aproximadamente 150 millones de euros en acciones nuevas (tramo primario) y unos 137 millones más en acciones ya existentes (tramo secundario), lo que supone un total de 287 millones, sin incluir la opción de sobreadjudicación del 15%, según ha señalado este jueves en un comunicado.

Digi Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments para una inversión de 100 millones de euros en la oferta.

La operación está pendiente de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe del folleto correspondiente de la oferta y la admisión, que e incluirá todos los detalles y el calendario previsto.

En qué consistirá la oferta

Tal y como se anunció el pasado 29 de junio, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad.

Entre ellas, se incluyen posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la Smart Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.

Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la sociedad.

La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, Digi Romania mantendrá una participación de, al menos, aproximadamente el 80% en la sociedad.

En este sentido, Digi Romania concederá esta opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland, en su condición de entidad estabilizadora, en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las acciones en las bolsas españolas.

Digi Spain, el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión -en el caso de la compañía y Digi Romania- y 360 días -para la alta dirección-.

Barclays Bank Ireland, UBS Europe y Banco Santander actúan como entidades coordinadoras globales; BNP PARIBAS y Citigroup como entidades colocadoras sénior, y BBVA, CaixaBank e ING como entidades co-colocadoras.

El grupo de telecomunicaciones rumano está presente en el mercado español desde 2008, en el que ofrece servicios de telefonía e internet fijo y móvil, así como de televisión. Además de en España, Digi Communications está presente en Portugal, Italia, Bélgica y el Reino Unido.

Digi ha anunciado este lunes su intención de salir a bolsa mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones y la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, según ha indicado en un comunicado.

La operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.

Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

La oferta combinará la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

La oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.

El servicio de internet satelital Starlink, de Elon Musk, ha dominado este sector prácticamente desde su lanzamiento. Sin embargo, un proyecto respaldado por el Gobierno chino se ha propuesto desafiar su hegemonía. SpaceSail apenas cuenta con unos cientos de satélites en órbita terrestre baja, frente a los más de 10.000 de Starlink, pero la empresa asegura que ya dispone de los dispositivos suficientes para iniciar su primera aplicación comercial. Está expandiéndose a gran velocidad y, adelanta, ha entablado negociaciones con “decenas” de países para ofrecer cobertura de internet por satélite.

Según Blaine Curcio, fundador de la consultora Orbital Gateway Consulting, con sede en Hong Kong, SpaceSail se está dirigiendo “deliberadamente” a aquellos lugares donde Starlink ha enfrentado “problemas políticos o regulatorios”. En declaraciones al medio Rest of World, Curcio comparó esta estrategia con la del fabricante chino de coches eléctricos BYD, que aprovechó miles de millones en subsidios gubernamentales para adelantar a Tesla en ventas globales.

Aunque la reciente ronda de financiación de la empresa china se vio totalmente eclipsada por la histórica salida a bolsa de SpaceX —matriz de Starlink— por valor de 85.700 millones de dólares, cabe preguntarse si la creciente influencia global de China permitirá a SpaceSail abrirse camino.

¿Qué es SpaceSail?

El proyecto, denominado oficialmente Constelación SpaceSail o Qianfan (“Mil Velas”) en chino, fue lanzado en 2023 por la empresa estatal Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), con el objetivo de proporcionar internet de banda ancha “rápido, seguro y fiable” en todo el mundo.

Lan Xinzhen, analista de la revista estatal Beijing Review, señala que SpaceSail también se concibió con la seguridad nacional en mente, y que eventualmente servirá de apoyo para “proyectos en el extranjero, el comercio marítimo y misiones diplomáticas”, sin depender de empresas o infraestructuras occidentales.

SSST cuenta con el respaldo del instituto de investigación estatal Academia China de Ciencias y del Gobierno Popular Municipal de Shanghái, que aportaron una financiación inicial de 6.700 millones de yuanes (unos 943 millones de dólares). Sigue siendo un proyecto financiado íntegramente por China, con inversiones limitadas a entidades corporativas u organizaciones económicas con sede en el país, excluyendo a Hong Kong y Macao.

La información pública disponible sobre la escala de las operaciones de SpaceSail es limitada. No obstante, según Qichacha, una plataforma de información empresarial china, SSST contaba con 343 empleados en 2024, los últimos datos disponibles. Su página oficial de LinkedIn indica una horquilla de entre 201 y 500 trabajadores, mientras que la plataforma de empleo china Jobui señala que la firma ofertó 224 puestos en 2024, lo que supuso un aumento significativo respecto al año anterior.

¿Cuántos satélites ha lanzado hasta ahora?

SpaceSail lanzó sus primeros satélites en agosto de 2024, poniendo en órbita 18 dispositivos de panel plano a bordo de un cohete denominado Larga Marcha 6A. Un segundo grupo de 18 satélites se lanzó dos meses después, seguido de un tercer grupo de otros 18 en diciembre.

En la actualidad, hay al menos 200 satélites activos de SpaceSail en la órbita terrestre, tras el duodécimo y más reciente lanzamiento a bordo del cohete Larga Marcha 8 en junio de este año. La compañía ha afirmado que ya cuenta con satélites suficientes para iniciar su primera aplicación comercial: el rastreo de buques en alta mar.

La empresa aspira a comenzar con servicios comerciales más amplios de cara a finales de 2026, cuando se espera que el número total de satélites activos en órbita alcance los 648. Su constelación constará finalmente de más de 15.000 satélites, lo suficiente para proporcionar una cobertura global completa, según SSST.

¿Cómo se compara SpaceSail con Starlink?

Starlink es el líder indiscutible del sector, con más de 12 millones de usuarios activos en 160 países y territorios. Opera una constelación de alrededor de 10.413 satélites, con planes de expandirse eventualmente hasta los 42.000.

SpaceSail se encuentra todavía muy por detrás, pero sus ambiciones son enormes. La firma asegura que tendrá más de 10.000 satélites operando en órbita de baja altitud para finales de 2030.

El analista Curcio advierte de que el éxito de SpaceSail no está en absoluto garantizado y que también afronta competencia interna dentro de China. SpaceSail debe competir por cohetes y financiación con su rival doméstico SatNet, otra empresa estatal china que está construyendo su propia constelación de satélites de tamaño similar, denominada Guowang. Sin embargo, SpaceSail sigue siendo el competidor más natural para Starlink, ya que SatNet se centra principalmente en las telecomunicaciones nacionales del interior de China y en la seguridad nacional.

Según informa, SpaceSail está negociando con 30 países para implantar su servicio, cosechando ya éxitos como alternativa a Starlink allí donde los acuerdos con la compañía de Musk se han roto. Ya ha conseguido un contrato importante en Brasil, donde las autoridades chocaron con Musk en 2024 debido a la supuesta falta de moderación de contenidos en su plataforma social X. En febrero, la agencia reguladora de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, autorizó a SpaceSail a comenzar sus servicios comerciales.

SpaceSail también ha ganado terreno en Kazajistán, donde registró una filial en enero de 2025, después de que las conversaciones con Starlink fracasaran debido a los requisitos de almacenamiento de datos y seguridad. En diciembre, la compañía firmó un acuerdo con el fabricante aeronáutico europeo Airbus para incluir SpaceSail como una opción de wifi a bordo de sus aviones.

El Gobierno exigirá a las compañías de telecomunicaciones una garantía de al menos cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población española en caso de apagón. Así lo ha anunciado este jueves el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el encuentro DigitalES Summit, organizado por una de las principales patronales de las empresas de tecnología y telecomunicaciones.

La medida formará parte del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales, que está preparando su Ministerio, y cuyo texto definitivo se espera para antes de que concluya este año 2026.

Según ha explicado López, las normas del Real Decreto entrarán en vigor de manera paulatina para facilitar que las operadoras instalen las baterías de respaldo necesarias progresivamente. Durante el primer año de vigencia, las compañías tendrán la obligación de contar con baterías para mantener la señal móvil durante cuatro horas para, al menos, la mitad de la población del país. En el segundo año, ese porcentaje mínimo aumentará al 65%, llegando al 75% final durante el tercero.

El Ejecutivo y las telecos llevan un año negociando cómo asegurar la cobertura móvil durante el máximo tiempo posible en caso de un apagón como el de 2025. En este sentido, las operadoras han expresado los problemas de masificar el uso de baterías en las antenas e instalaciones de red, debido al peso (muchas están colocadas en tejados de edificios) y a los posibles robos en zonas rurales menos transitadas.

Finalmente, la normativa establecerá obligaciones diferenciadas según el nivel estratégico de la instalación, ha informado el ministro. Las infraestructuras de nivel intermedio, como los centros de gestión cuyo fallo afecte a varias comunidades autónomas, tendrán que permanecer operativas un mínimo de 12 horas en caso de fallo del suministro eléctrico. Los centros de control esenciales de primer nivel, que concentran la inteligencia centralizada de las redes y donde un fallo afectaría a todo el país, deberán asegurar una autonomía de funcionamiento de al menos 24 horas.

López ha especificado a su vez que el Real Decreto contendrá medidas especiales sobre las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y las alertas públicas. Las compañías que provean la red de estos servicios estarán obligadas a confeccionar planes de seguridad y a disponer de estrategias de redundancia, como sistemas que combinen el uso de redes fijas y móviles para evitar la caída total.

Estas medidas afectarán a los operadores en España y a los gestores de infraestructuras digitales como cables submarinos, satélites, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cuenten con más de medio millón de usuarios o superen los 50 millones de euros en ingresos. La regulación se extenderá a operadores críticos y servicios de emergencia, quedando excluidas las redes vinculadas con la Defensa y la Seguridad Nacional.

Un decreto publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha modifica la estructura administrativa y el reparto de competencias dentro de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

Se trata, según el Ejecutivo regional de “optimizar” la gestión pública mediante la redistribución de ciertas funciones. Por ejemplo, clarifica las responsabilidades de la Dirección General de Salud Pública y abre dos áreas diferenciadas.

De esta forma separa las competencias en materia de salud pública de las de consumo, entre otras cosas para evitar confusiones.

En materia de salud pública realizará programas de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos. También vigilancia e intervención frente a zoonosis, toxiinfecciones alimentarias, brotes epidémicos y situaciones de riesgo, así como frente a enfermedades prevalentes, emergentes y reemergentes y gestionará de la red de alertas en salud pública.

Además, se ocupará de los riesgos para la salud derivados de la contaminación del medio ambiente.

Este departamento tiene la responsabilidad de gestionar la Red de Laboratorios de Salud Pública y competencias en salud laboral o en en sanidad mortuoria, entre otras.

Mientras, en Consumo debe elaborar los planes estratégicos y anuales para el diseño y desarrollo de las políticas de consumo, coordinar la red regional de recursos de atención a las personas consumidoras o vigilar el mercado, el control de la calidad y seguridad de los productos, bienes y servicios puestos a disposición de las personas consumidoras.

También debe gestionar la red alertas de consumo, del teléfono del consumidor y de entidades en el ámbito de la soberanía alimentaria y la agroecología para un consumo alimentario sostenible.

Asume mecanismos de mediación relacionados con la vivienda

Este área también se ocupará de establecer mecanismos eficaces de mediación, incluyendo los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual y sobreendeudamiento derivado de relaciones de consumo.

Debe organizar la Junta Arbitral de Consumo autonómica y coordinarla con los órganos de ámbito municipal e incluso promover el ejercicio de acciones judiciales en aquellos procedimientos que merezcan una atención especial por razón de la trascendencia de los derechos o por la alarma social generada, o si se aprecia indefensión o desprotección de las personas consumidoras.

Además, debe ocuparse de comprobar y verificar el cumplimiento de la conectividad ofertada por las empresas operadoras de telecomunicaciones, entre otras funciones.

El 'refuerzo' de la Secretaría General

El decreto confiere nuevas competencias en contratación a la Secretaría General que incorpora la facultad de tramitar y formalizar encargos a medios propios, con el fin de dotar de mayor “precisión” a las funciones de este órgano directivo.

Además, el Consejo de Salud, principal órgano de participación ciudadana, pasará a depender de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad. Hasta ahora estaba adscrito a la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria.

El cambio se explica en “garantizar la coherencia organizativa, uniendo el órgano de participación con la unidad administrativa que debe impulsarlo y coordinarlo.

Cambios en el SESCAM

Además, el decreto introduce cambios en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en concreto se dispone un nuevo órgano de gestión para la Escuela de Salud y Cuidados para integrarla en el departamento que se ocupa de la estrategia de cuidados, seguridad del paciente y calidad del servicio de salud. Ahora pasará a formar parte de la Dirección General de Cuidados y Calidad.

Hasta ahora esta escuela dependía de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria.

¿Cuánto dura la batería de tu móvil? Seguramente la respuesta es “no lo suficiente”. Cuando el indicador en la pantalla nos avisa de que la batería está a punto de “morir”, lo que queremos es cargarla, y hacerlo lo más rápidamente posible.

Sin embargo, las baterías de iones de litio que utilizan los teléfonos móviles modernos son delicadas. Demasiado calor, o una carga demasiado agresiva pueden hacer que su vida útil se acorte y tengamos que reemplazarlas antes de lo previsto (y no son baratas precisamente).

Los fabricantes han intentado reconciliar estas dos realidades, las ansias por recargar la batería lo más rápidamente posible, y la vida útil de la batería, con distintas tecnologías, y la más conocida es la carga rápida. Una búsqueda en comercios online te ofrecerá cargadores, cables y diferentes modelos de teléfono que ofrecen esta posibilidad. Pero, ¿qué es exactamente la carga rápida y cómo afecta a nuestra batería? Primero tenemos que entender cómo funcionan las baterías.

La delicada carga de las baterías

Las baterías de iones de litio de los teléfonos tienen dos capas: una de óxido de litio y cobalto, y otra de grafito. Cuando los iones de litio pasan de la capa de grafito a la de litio-cobalto a través de una solución electrolítica, se liberan electrones. Cuando se carga la batería, los iones se mueven en la otra dirección y se almacenan para liberarse más tarde, cuando se enciende y se utiliza el dispositivo.

Esa liberación de energía es la responsable del calor que se nota en el teléfono mientras se está cargando. El problema es que ese mismo calor puede dañar la batería a largo plazo, y provoca que, con el tiempo, la batería pierda capacidad.

¿Qué hace el cargador de tu móvil? En su versión más sencilla, convierte la corriente alterna (AC) de la toma de pared en corriente continua (DC), que es la que utiliza la batería para recargarse. El voltaje y la intensidad de salida del cargador están estandarizados: la mayoría de los cargadores antiguos ofrecían 5V (voltios) y 1A o 2A (amperios), lo que se traduce en una potencia de 5W a 10W. Sin embargo, los cargadores de carga rápida ofrecen potencias de 20 o 30W e incluso más. Si toda esa potencia se hace pasar por la batería, la carga es muy rápida, pero también se genera mucho calor y se corre el riesgo de dañar la batería con cada carga rápida.

Qué es la carga rápida y cómo funciona  

El proceso de carga de una batería no es lineal: cuando la batería está casi vacía, absorbe energía a máxima capacidad. Es en este momento cuando los cargadores rápidos suministran toda la potencia. Pero a medida que se acerca al 80-90%, el sistema que tiene el cargador reduce la corriente para evitar sobrecalentamiento y estrés en las celdas de la batería. Esta fase final, conocida como “carga de goteo”, es la que permite preservar la salud de la batería a largo plazo. Sin embargo, la inteligencia de este proceso está en el móvil, más que en el cargador.

La carga rápida aumenta significativamente la potencia de carga al principio, reduciendo el tiempo necesario para recargar el móvil. Para lograrlo, se utilizan dos estrategias principales:  

Muchos sistemas combinan ambas estrategias, como Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery (PD) u Oppo VOOC, que ajustan dinámicamente el voltaje y la corriente según las necesidades del dispositivo. Cada fabricante ha desarrollado su propio estándar, pero la mayoría se basan en estos tres.

Un elemento clave es la comunicación entre el cargador y el móvil. Ambos dispositivos negocian el perfil de carga óptimo mediante protocolos digitales, evitando así sobrecargas o incompatibilidades. Por ejemplo, un móvil con Quick Charge 5 puede recibir hasta 100W de potencia si el cargador lo soporta, pero si se conecta a un cargador básico, volverá a los 5V/2A tradicionales.  

Apple usa USB PD 2.0 para la carga rápida desde el iPhone 8, lo que hace que se puedan cargar sus teléfonos más nuevos hasta el 50% en solo 30 minutos. Para conseguir estas velocidades, sin embargo, se necesita un adaptador capaz de proporcionar 18 W con un cable USB-C o USB-C a Lightning.

Los dispositivos Samsung más modernos utilizan una versión de carga rápida que se llama Super Fast Charging, basada en USB PD 3.0. El Galaxy S24 Ultra y el S24+ cargan a una velocidad de hasta 45 W. 

Cómo cargar el móvil rápidamente protegiendo la batería

La diferencia en tiempo de carga de estos sistemas es muy grande. Por ejemplo, un móvil con batería de 4.000 mAh y un cargador estándar de 5V/2A (10W) puede tardar más de dos horas en cargarse completamente. El mismo móvil con Quick Charge 5 (100W) podría cargarla completamente en 15 minutos.

De nuevo, parte de la estrategia para evitar que la batería se deteriore está ya prevista en el sistema operativo del teléfono. Estos son los métodos empleados:

¿Qué podemos hacer nosotros? Aunque la carga ya la optimiza el teléfono, por nuestra parte debemos evitar que la batería se descargue por completo. Cuando una batería de iones de litio llega al 0% y se apaga, no significa que esté totalmente vacía, pero sí que ha alcanzado el voltaje mínimo seguro (alrededor de 2.5V-3.0V por celda). Si se deja vacía durante mucho tiempo, puede degradarse rápidamente. Lo mejor es no dejar nunca que la batería llegue al 0% y recargarla cuando está alrededor del 20% de capacidad. 

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que dará prioridad a los fabricantes europeos en la concesión de nuevas licencias de proveedores de servicios móviles por satélite. La medida trata de frenar la expansión desmedida de Starlink, la compañía de satélites de Elon Musk, o la red satelital de Amazon.

Bruselas va a reestructurar el acceso y uso de la banda de frecuencias de 2 GHz para servicios móviles por satélite que sitúa la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica como pilares fundamentales. La Comisión Europea considera que la conectividad satelital es una infraestructura “vital para la soberanía tecnológica de la UE”, especialmente frente a “las rápidas evoluciones del mercado y la geopolítica mundial”. Hasta ahora los operadores estadounidenses han conseguido copar buena parte del mercado europeo.

La decisión de Bruselas beneficiará a compañías como la española Indra, que tras su compra de Hispasat, o con la joint venture Sateliot se puede convertir en uno de los líderes en este tipo de tecnología. Recientemente, PLD Space, la empresa española de transporte espacial con sede en Elche, ha recibido un préstamo de 30 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar la fase de desarrollo final del su cohete Miura 5. Este lanzador fue diseñado para poner pequeños satélites en órbita.

El sector de servicios de datos y telecomunicaciones satelitales a gran escala en Europa mueve alrededor de 9.200 millones de euros anuales, según la Agencia Europea del Espacio. Otras compañías europeas pujantes son Eutelsat, Telespazio o SES.

El objetivo de la medida es “reducir la dependencia estratégica de proveedores de terceros países”. Para proteger el orden público y diversificar el mercado, la normativa busca explícitamente incentivar y dar prioridad a nuevos operadores tecnológicos establecidos en la Unión Europea, evitando así que “los servicios comerciales dependan de un único operador extranjero”.

En la última concesión de 2009, dos empresas estadounidenses Viasat, que tiene como principales accionistas a los fondos The Vanguard Group y BlackRock, y EchoStar, propiedad del multimillonario estadounidense Charlie Ergen, ganaron las concesiones de servicios móviles por satélite. Desde la entrada en vigor del nuevo reglamento, estas compañías podrán prorrogar por dos años sus servicios.

Concesiones exclusivas a empresas europeas

El nuevo reglamento establece que una parte dedicada a la banda de espectro de 2 GHz se asigne exclusivamente a un sistema satelital gubernamental seguro y resiliente (sistema MSS/híbrido). Para este servicio (comunicaciones críticas, militaresy de defensa) se seleccionará a un único titular para operar este sistema, que tiene que ser un fabricante europeo. A este operador se le asignarán dos bloques destinados principalmente a las comunicaciones gubernamentales.

Respecto a los servicios comerciales (desde servicios de internet a bordo de aeronaves ofrecidos a los pasajeros, internet rural, rastreadores personales de actividad física o sistemas de monitorización energética, entre muchos otros), se autorizará a uno o más operadores europeos nuevos para proporcionar servicios comerciales. Estos nuevos entrantes de la UE tienen prioridad para obtener dos de los cuatro bloques comerciales disponibles. Los otros dos bloques restantes estarán disponibles para solicitantes de un Estado miembro de la UE o de un tercer país. Es decir, aquí sí que los gigantes estadounidenses podrán optar a ofrecer sus servicios.

La Comisión Europea quiere “evitar monopolios y asegurar la competencia” con lo que se “imponen límites estrictos en las concesiones: ningún fabricante puede obtener más de dos bloques para la prestación de servicios comerciales y en caso de que un operador haya conseguido ser el seleccionado para el sistema gubernamental podría llegar a obtener un máximo de dos bloques adicionales para uso comercial.

Además, se exige a los operadores garantizar un nivel alto de seguridad en la cadena de suministro de los componentes clave, que deben fabricarse en la UE. En la búsqueda de la máxima seguridad, “se prohíbe explícitamente” que los solicitantes estén obligados por leyes de terceros países a reportar vulnerabilidades de software o hardware a gobiernos extranjeros antes de que la UE tenga conocimiento, con el objetivo de proteger a la UE de ciberataques.

“Una conectividad satelital de alta capacidad y ampliamente disponible es esencial para reforzar la resiliencia de las redes de comunicación de la UE. La conectividad satelital también es crucial para nuestros servicios gubernamentales y las comunicaciones críticas de Europa. Hoy damos un paso muy importante hacia adelante”, ha comentado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Durante la presentación de la medida, Virkkunen ha recordado como una compañía europea de satélites trató de entrar en Estados Unidos para dar servicios móviles y no pudo acceder por el veto del Gobierno de EEUU.

“Hemos visto que en Estados Unidos también se ha tomado una decisión sobre la asignación de su banda de estos servicios y decidieron que el operador estadounidense continuará utilizándola. También había un operador europeo interesado en obtener acceso, pero fue rechazado por parte de Estados Unidos”, ha concluido la comisaria europea.

Telefónica ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.304 millones de euros que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Colombia, Chile y México

Según ha informado este jueves el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de no tener en cuenta las operaciones, que le restaron 807 millones, Telefónica habría ganado 386 millones en el primer trimestre, un 21,5% menos que en el ejercicio pasado.

En este contexto, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que recoge el resultado recurrente de las operaciones que consolidan en el grupo, alcanzó los 482 millones entre enero y marzo de 2026.

Tras estos resultados, la compañía de telecomunicación se ha apuntado este jueves una subida en bolsa de casi el 7%. En concreto, ha concluido la sesión con un repunte del 6,84%, hasta los 4,07 euros la acción, lo que deja su capitalización cerca de los 23.000 millones de euros.

Por otro lado, la empresa española generó unos ingresos de 8.127 millones de euros hasta marzo, con un crecimiento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes.

En el primer trimestre de 2026, y por el efecto de la estacionalidad habitual de comienzos de año, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas de la 'teleco' presidida por Marc Murtra se situí en 333 millones de euros.

Además, la deuda financiera neta se redujo en cerca de 1.500 millones de euros en el trimestre, hasta 25.342 millones al cierre de marzo, y la ratio de endeudamiento bajó a 2,72 veces.

La inversión del grupo en el primer trimestre se ha situado en 866 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025 a tipos de cambio constantes, lo que sitúa la inversión sobre ingresos en el 10,7%, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año.

Telefónica continuó en el primer trimestre del año con el proceso de desinversión en Hispanoamérica, tras cerrar las salidas de Colombia y Chile y firmar, a comienzos de abril, la venta de Telefónica México, sujeta a determinadas condiciones de cierre, entre ellas las autorizaciones regulatorias pertinentes, mientras la salida de Venezuela sigue pendiente.

En España, Telefónica prolongó su fortaleza comercial con más de 16 millones de líneas de contrato móvil, situó el 'churn' --tasa de abandono de clientes-- en mínimos históricos y aceleró su crecimiento con un incremento interanual del 2% tanto en los ingresos como en el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado.

Confirma previsiones y dividendo

La 'teleco' ha señalado que las “sólidas” cifras del primer trimestre del año la sitúan en la senda de cumplir sus objetivos financieros establecidos para el conjunto del ejercicio.

Estas metas, definidas en términos constantes, consisten en un crecimiento de los ingresos y del Ebitda ajustado de entre el 1,5% y 2,5% interanual, un aumento del flujo de caja operativo después de arrendamientos (OpCFaL) ajustado por encima del 2% interanual, una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2028.

Además, los resultados del primer trimestre del ejercicio la han permitido confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, pagadero en junio de 2027.

En cuanto al segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción y ya aprobado por los accionistas en la junta celebrada a finales de marzo, se abonará el próximo 18 de junio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha adquirirá la próxima semana un modelo de “garantía de comunicaciones” para mantener comunicados los grandes centros ante casos como el del apagón.

Así lo ha explicado este viernes el presidente de la región, Emiliano García-Page, durante la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Toledo, donde ha asemejado este sistema al antiguo concepto del “teléfono rojo”.

García-Page ha explicado que la región ya contaba con uno de estos “modelos de reaseguro” pero ha reconocido que tuvo “elementales carencias”.

“Tener que suspender operaciones o dejar de hacer transfusiones de sangre es de altísimo riesgo. Mejor aprender de los defectos”, ha abundado.

Eran las 12.30 pasadas (11.30 hora local) cuando, de repente, la Península se quedó sin suministro eléctrico. En un principio fueron unos segundos de incertidumbre, pero más tarde se pasó de una simple anécdota a un colapso cada vez mayor a medida que pasaban las horas de aquel 28 de abril de 2025. En solo cinco segundos, 15 .000  MW, casi el 60 % de la generación peninsular, quedaron desconectados. Sin embargo, Canarias, junto a Baleares, Ceuta y Melilla, se salvaron de aquella pausa [larga] energética que parecía no tener fin. No obstante, el apagón masivo sí afectó en cierta manera al archipiélago canario, aunque no precisamente en su abastecimiento de luz, sino en la conectividad en las redes de telefonía móvil e internet. 

A la pregunta de por qué Canarias se libró de quedarse sin electricidad aquel día, la respuesta es sencilla. En este contexto, según la información facilitada en la página web de Red Eléctrica, “los sistemas eléctricos no peninsulares son de menor tamaño y con reducida o ninguna conectividad con el peninsular”. Se refiere a los que dan servicio a los archipiélagos balear y canario, así como a las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla.

Es precisamente esta última circunstancia la que explicaría por qué estas regiones no experimentaron los problemas de suministro de aquel día, algo ya histórico.

En concreto, en Canarias, la empresa responsable indica que hay seis sistemas de menor tamaño que conforman el sistema eléctrico regional, compuesto por un sistema en cada isla y la unión eléctrica de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura.

Además, el Archipiélago cuenta con un centro de control situado en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde se opera cada uno de los sistemas del territorio.

Estos sistemas comparten algunos rasgos singulares que condicionan su operación. Entre las particularidades que hacen diferente su gestión están su pequeño tamaño y su situación geográfica aislada; una demanda más focalizada y con altas variaciones en poco tiempo; menor estabilidad por la dificultad para conectar sistemas entre sí y, por tanto, menos opciones de respuesta en caso de necesidad; y una mayor dificultad de gestión de las tecnologías de generación renovable.

Sin embargo, ese cero energético tuvo un daño colateral en las Islas. Desde el mediodía de ese lunes, hubo una caída en sus sistemas de telecomunicaciones. En un principio, fue el servicio 012 de la comunidad autónoma el que sufrió una interrupción, que fue restablecida a las 15.30 horas, y atribuida por el propio Gobierno canario al apagón eléctrico, pero no fue hasta pasadas las 20.30 horas (21.30 horas en la Península) cuando comenzaron a notarse de manera más generalizada los problemas de conexión, que afectaron a tres conocidas compañías, tanto internet móvil como fijo y llamadas, y que incluso al día siguiente seguían sin solucionarse.

Dados estos problemas de conectividad, el Gobierno regional activó a las 22.30 horas el nivel de emergencia del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) ante la caída masiva de todos los servicios de comunicaciones esenciales en el Archipiélago.

Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó esa tarde el Plan de Emergencias Municipales (PEMULPA) por “anomalías” en el suministro de servicios esenciales tras el apagón.

En este sentido, la caída masiva de los servicios de telefonía provocó que la ciudadanía no pudiera contactar con normalidad con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 durante tres horas, pudiendo revertir la situación en torno a las 23.30 horas cuando se restablecieron los sistemas con las salas operativas.

Al día siguiente, los problemas con el sistema de telecomunicaciones continuaban sin resolverse en su totalidad. Durante la tarde, usuarios de diferentes operadoras fueron reportando incidencias en los servicios de fibra y móvil en Canarias.

Además, no solo hubo problemas en estos servicios, también los comercios comenzaron a tener problemas con los datáfonos siendo complicado el pago con tarjeta.

Una casualidad llamativa

Cabe destacar que el día en que la Península Ibérica quedó a oscuras, el Gobierno regional publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) seis de los ocho proyectos de generación eléctrica para activar en el Archipiélago “únicamente en situaciones críticas para garantizar el suministro”.

Sin embargo, Red Eléctrica, consideró “urgente” instalar al menos 1.300 megavatios (MW) de potencia térmica en las Islas de aquí a 2028 dada la antigüedad de muchas centrales, superada ya su vida útil regulatoria o a punto de hacerlo, según un informe al que accedió este periódico.

En ese análisis, el operador del sistema eléctrico español califica la situación del sistema eléctrico canario de “crítica” para cubrir la demanda por la fragilidad de su red, sobre todo en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura (estas últimas son las únicas islas interconectadas), donde el Gobierno canario tiene proyectadas ocho nuevas centrales térmicas que suman 120 MW.

El operador no asignó cualquier tipo de potencia térmica, eso sí. Su recomendación era de equipos que “doten de una mayor flexibilidad” al sistema, de máximo 30 MW en Gran Canaria y Tenerife y 15 MW en Fuerteventura, y que presenten tiempos de arranque y parada lo más rápidos posibles, con mínimos técnicos cercanos a 0 MW, capacidad de inicio autónomo y rampas de carga también rápidas, entonces así, en opinión del operador, se estaría cubriendo la demanda y proveyendo de inercia suficiente a la red.

Sería esa reserva para mantener la estabilidad del servicio cuando ocurre una incidencia severa, como la del apagón de hace un año en parte del país, y que de momento solo aportan de forma masiva las tecnologías conocidas como síncronas: grandes centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares que giran a una velocidad constante y sincronizada con la red.

Recientemente, el Ministerio de Transición Ecológica adjudicó más de 1.000 megavatios de generación eléctrica en Canarias, distribuidos en 62 proyectos, de los cuales 25 son instalaciones nuevas.

Un 27 de abril de hace 235 años, en 1791, nacía Samuel Morse, el inventor del sistema de comunicación más sencillo a larga distancia a mediados del siglo XIX, a base de puntos y rayas, y que le dio reconocimiento a nivel mundial al tener diferentes campos de utilización como las comunicaciones, las guerras o el tono de los mensajes SMS de los teléfonos móviles.

Samuel Finley Breese Morse nació en Charlestown, Boston (Estados Unidos) el 27 de abril de 1791 como hijo de un pastor calvinista y geógrafo que desde un comienzo se preocupó y estuvo encima de su educación. De niño su gran vocación fue la pintura, pero también tenía gran interés por los descubrimientos científicos que se producían entonces, así como los experimentos con electricidad que tenían lugar.

Así, estudió en la Universidad de Yale y más tarde se formaría como pintor en Londres. Sus primeros años, Morse los dedicó a la pintura, llegando a ser un retratista reconocido, cofundador y primer presidente de la National Academy of Design en Nueva York en 1826.

El viaje y encuentro que cambió su vida

Fue en 1832 cuando su carrera dio un vuelco, en concreto durante un viaje en barco en el que regresaba de Europa. Allí coincidió con Charles Thomas Jackson, médico e inventor con el que tuvo una conversación sobre electromagnetismo que inspiró a Morse, pues este le dio a conocer los últimos experimentos de André M. Ampère, quien desarrolló el primer telégrafo eléctrico, llamado Galvanómetro.

Fue a través de la charla que tuvo con Jackson cuando Samuel Morse comenzaría a dar los primeros pasos en su mente de un sistema que pudiera moverse a través de un alambre por un impulso eléctrico. Si bien era una idea que ya estaba en marcha, nadie había hecho todavía realidad el código que hacía falta.

En este sentido se ha comentado que fue su vida personal lo que propició su fuerte motivación por crear una manera de acelerar las comunicaciones, pues su primera mujer falleció de forma repentina en 1825 sin que él pudiera llegar a verla antes porque recibió tarde el mensaje mientras trabajaba fuera de casa. Así, tan solo un año después de su conversación en el barco con Jackson, en enero de 1833 realizó su primera demostración pública.

Samuel Morse pasaría varios años perfeccionando tanto su sistema como el telegráfico eléctrico, con más de una década de trabajo obsesivo marcado también por dificultades económicas, competencia con otros inventores y el poco reconocimiento de lo que había desarrollado hasta entonces, sobre todo teniendo en cuenta que no tenía una educación técnica en la materia.

El desarrollo del código Morse y sus últimos años

El momento culminante del código Morse y el telégrafo llegó en 1844, cuando tuvo lugar el primer mensaje telegráfico de forma oficial entre Washington y Baltimore. Tuvo lugar el 1 de mayo de ese año, cuando se difundió la noticia de la nominación del senador Henry Clay como presidenciable, viajando desde Baltimore donde tenía lugar la Convención del partido Republicano hasta la sede presidencial.

Ese mismo 1844 fue cuando también se transmitió el mensaje bíblico a través del telégrafo: “What hath God wrought” (lo que Dios ha creado), una elección que no fue casual porque Morse lo entendía como instrumento de la providencia divina. De hecho, su fe protestante calvinista influyó en su obra, también llevándole a tener posturas polémicas como defensor de la esclavitud y abiertamente contrario a la inmigración, especialmente por el avance del catolicismo en Estados Unidos. Fue a partir de ese 1844 cuando también Samuel Morse entró dentro de batallas legales con Alfred Vail, maquinista e inventor que fue colaborador de la creación del código Morse, que contribuyó de forma significativa y entorno al que todavía hay debate historiográfico al respecto.

A su vez, también estaba buscando el reconocimiento global, lo que obtuvo a través de compensación económica en Europa y después de que se le concedieran finalmente los derechos de su invento por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1854. Sus últimos años los vivió como filántropo activo, al financiar universidades y causas religiosas. Murió en Nueva York en 1872 debido a una neumonía a los 81 años, celebrado como uno de los grandes transformadores de la comunicación.

Viajar con internet en el móvil ya no es un lujo ni una complicación. En los últimos años, una tecnología ha empezado a imponerse entre quienes cruzan fronteras: la eSIM. Sin tarjeta física, sin tiendas en aeropuertos y sin sorpresas en la factura del roaming, esta alternativa se está convirtiendo en la opción preferida de cada vez más viajeros.

La eSIM (embedded SIM) es una tarjeta SIM digital integrada en el propio dispositivo. A diferencia de la SIM tradicional, no necesita insertarse ni cambiarse: todo se activa desde el software del móvil en pocos minutos, permitiendo conexión inmediata en el país de destino.

Cómo funciona una eSIM y por qué es más práctica al viajar

El funcionamiento es sencillo: el usuario compra un plan de datos, escanea un código QR o lo instala desde una app, y activa la conexión directamente en su teléfono. Esto permite tener internet al aterrizar sin necesidad de buscar una tienda local o depender del WiFi del aeropuerto.

Además, la eSIM permite algo clave para los viajeros: tener varios perfiles de operador en un mismo dispositivo. Esto facilita cambiar de plan según el país o el tipo de viaje sin tocar físicamente el teléfono.

Por qué cada vez más viajeros abandonan la SIM tradicional

El crecimiento de la eSIM no es casual. Según un informe de la GSMA, la adopción global de eSIM está aumentando de forma acelerada, impulsada por la demanda de conectividad instantánea, especialmente en viajeros frecuentes y usuarios de smartphones de gama media y alta.

La razón principal es clara: evitar el roaming internacional, que en muchos países sigue siendo caro e imprevisible. Con una eSIM, el usuario contrata un plan cerrado antes del viaje y controla el gasto desde el primer minuto.

A esto se suma otro factor clave: la comodidad. No hay que manipular la tarjeta física del móvil, ni correr riesgos de perder la SIM habitual durante un viaje. Todo el proceso es digital y reversible.

Ventajas reales de la eSIM para viajar

Las ventajas que explican su crecimiento son claras:

Todo esto ha convertido a la eSIM en una herramienta especialmente popular entre viajeros frecuentes, nómadas digitales y personas que hacen escapadas internacionales cortas.

Una tecnología que ya no es el futuro, sino el presente

El acceso constante a internet ha cambiado la forma en la que viajamos. Según el Pew Research Center, la conectividad móvil influye directamente en cómo las personas planifican, se desplazan y toman decisiones durante sus viajes, especialmente en el extranjero. Por eso, tener conexión desde el momento en que se aterriza se ha convertido en una prioridad para la mayoría de viajeros.

Este cambio de hábitos ha impulsado el crecimiento de la eSIM, una tecnología que permite conectarse sin tarjeta física, sin roaming y sin depender de redes WiFi públicas. En este contexto han surgido múltiples proveedores que ofrecen planes flexibles por países o regiones y activación inmediata desde el móvil, simplificando por completo la experiencia de conexión en viaje.

La tendencia no es coyuntural, sino estructural. Según un informe de la consultora Deloitte sobre el futuro de la conectividad móvil, la eSIM está llamada a convertirse en el estándar global de la industria, impulsada por la digitalización de las telecomunicaciones y la demanda de soluciones más flexibles y sin fricciones.

En la misma línea, Counterpoint Research prevé que para 2030 se habrán distribuido más de 9.000 millones de dispositivos compatibles con eSIM e iSIM, y que casi el 70% de los dispositivos móviles serán compatibles con esta tecnología. Todo apunta a una transformación profunda: la eSIM deja de ser una alternativa para convertirse en el nuevo estándar de conectividad global.

Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, será nombrado nuevo consejero delegado de Movistar+ en sustitución de Daniel Domenjó, que abandonará la compañía por decisión propia, ha adelantado el diario El Economista y confirmado fuentes conocedoras del relevo a Europa Press y EFE.

Domenjó, que asumió el cargo de CEO de Movistar+ en marzo de 2025 siendo uno de los primeros fichajes del entonces nuevo presidente de Telefónica Marc Murtra, saldrá de la compañía en los próximos meses. La renovación afectará a otros puestos de cúpula de la filial audiovisual de Telefónica, al frente de la cual sigue Javier de Paz como presidente. Gómez Palacio ocupará un asiento en el comité de dirección de Telefónica España, compañía que preside Borja Ochoa.

Alfonso Gómez Palacio, que en 2026 cumple veinte años en el Grupo Telefónica, es considerado por la compañía un activo importante al que rescatar una vez desmantelada prácticamente la estructura de Telefónica Hispanoamérica a raíz de la venta acelerada de las filiales del grupo en la región, a excepción de la unidad venezolana.

Este movimiento se produce después de que el propio Murtra advirtiera este miércoles en una cumbre con ejecutivos de la compañía de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales.

En un evento interno ante 700 directivos de la empresa, subrayó que Telefónica cuenta con activos diferenciales (como escala, red, talento y capacidades tecnológicas), pero subrayó la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales. Murtra situó la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

Amplia experiencia en Hispanoamérica

Tal y como han adelantado El Economista y El País, el nombramiento de Gómez responde a la intención de la compañía presidida por Marc Murtra de impulsar el negocio audiovisual. Gómez Palacio, que asumió en enero de 2018 el cargo de director de Telefónica Hispam, cursó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en Ciencias Políticas en el Loras College (Dubuque, Estados Unidos) y en Impuestos en la Universidad del Rosario.

En 2002 presidió la empresa estatal colombiana Telecom, liderando su proceso de liquidación y la creación de Colombia Telecomunicaciones como nuevo operador de los servicios a cargo del Estado. En el año 2006 entró en el Grupo Telefónica. Entre el 2007 y 2016 ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Telefónica en Colombia.

Dentro de sus principales logros en Colombia están la fusión de las operaciones fija y móvil del Grupo y la fluida relación con el Gobierno colombiano como socio de la compañía. En 2017 se convirtió en presidente CEO de Telefónica Colombia y lideró el proceso de capitalización de la misma.

De su lado y antes de asumir la dirección de Movistar+, Domenjó fue CEO y cofundador de Satisfaction Iberia, productora de contenidos de ficción y de entretenimiento (no ficción) focalizada en Iberia, Latam y US-Hispanics, creada en asociación con el grupo independiente francés líder en televisión, Satisfaction Group. Como emprendedor y directivo en la indústria audiovisual, lideró como director ejecutivo durante cinco años la creación, lanzamiento y consolidación de Mediacrest, productora a cargo de grandes formatos.

Acumula 23 años de experiencia en televisión y comunicación como emprendedor, directivo, creador y productor ejecutivo de programas informativos, de entretenimiento y documentales para TVE, Antena 3, Discovery, RTP-Portugal, Tele5 (Mediaset), TeleMadrid, TV3, Canal Sur, A Punt TV, BTV, URBE TV (Vocento), etc.

La Asociación Nacional de Operadores, Infraestructuras de Telecomunicaciones y Televisiones Locales (Acutelan) ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue a Digi por la posible utilización de “precios predatorios”. La patronal de operadores locales fundamenta su denuncia en indicios de que determinadas ofertas de banda ancha fija comprometen la competencia y la sostenibilidad del sector al no poder ser replicadas por otras empresas.

Acutelan incide que el problema afecta especialmente a las modalidades de 500 Mbps y 750 Mbps de la gama Fibra Smart, que representan el mayor peso comercial de la teleco rumana. La asociación asegura que su denuncia pretende “desplazar el foco del debate desde una idea demasiado simple —'DIGI vende muy barato'— hacia una pregunta bastante más relevante desde la óptica regulatoria: si varias ofertas decisivas de la gama 'Fibra Smart' pueden sostenerse en condiciones económicamente replicables para un operador igualmente eficiente”.

La demanda solicita al regulador que requiera a Digi información interna sobre contabilidad, costes de instalación, equipos, logística y condiciones mayoristas reales de acceso a la red. El escrito también contempla la posibilidad de adoptar medidas provisionales si se aprecia un riesgo de “daño competitivo irreversible” durante la tramitación del caso.

A su juicio, la política comercial de precios bajos de Digi podría incurrir en una “competencia predatoria encaminada a asfixiar y eliminar a cuanta competencia sea posible”.

La denuncia utiliza como base jurídica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de posición de dominio. Según los denunciantes, los precios situados por debajo de los costes variables permiten presumir una estrategia de expulsión de rivales sin necesidad de probar una intención explícita. Los informes técnicos aportados por la asociación concluyen que incluso en escenarios conservadores varias tarifas de DIGI se sitúan por debajo de esos umbrales.

elDiario.es ha contactado con Digi, que ha negado que venda “servicios por debajo de coste”. Nuestro modelo de negocio es sostenible y rentable económicamente“, asegura la compañía.

“Al reducir la dependencia de redes de terceros y contar con más de 11.000 empleados contratados directamente para acometer casi la totalidad de las actividades operativas, la empresa logra una estructura de costes eficiente, como por ejemplo costes de despliegue de redes de fibra óptica a menos de la mitad del coste histórico de despliegue de nuestros competidores, lo que nos permite ofrecer servicios de calidad a precios competitivos”, ha expresado un portavoz.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado el trámite de audiencia pública para un nuevo Real Decreto que busca actualizar el Servicio Universal de Telecomunicaciones. El proyecto plantea un salto en la velocidad mínima de conexión fija a Internet, pasando de los 10 megas por segundo (Mbps) actuales a los 100 Mbps. Fuentes del departamento que dirige Óscar López aseguran que España se convertiría en el primer país europeo en integrar esta capacidad dentro del paraguas de servicios básicos garantizados por ley.

El cambio se incluirá en la propuesta de renovación del Servicio Universal de Telecomunicaciones, es el mecanismo legal que asegura que todos los ciudadanos tengan acceso a telefonía fija e Internet con independencia de su ubicación geográfica, bajo unos estándares de calidad y a un precio asequible. Según la propuesta, este nuevo régimen entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Otra de las novedades del reglamento es el cambio en la designación de los operadores encargados de prestar el servicio. Hasta ahora, Telefónica era la única compañía designada para garantizar esta cobertura. El nuevo texto propone que todos los operadores tengan la obligación de ofrecer el servicio universal dentro de sus zonas de cobertura y con las características técnicas que establezca el Real Decreto.

Fuentes de Transformación Digital exponen que esta modificación responde a que “la extensa red de telecomunicaciones”, con “el despliegue de redes de fibra óptica, tecnología móvil 5G y la mejora de las prestaciones satelitales” permite liberar de esa obligación exclusiva a Telefónica para extenderla a todos los operadores. “Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios”, añaden las mismas fuentes.

Ampliación del bono social y nuevas ayudas

En el plano económico, el proyecto amplía el paraguas de protección social al incluir a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital entre los colectivos con derecho a tarifas bonificadas. El Gobierno propone que todos los operadores apliquen un descuento mínimo del 25% en sus tarifas para usuarios con rentas bajas, una medida que Transformación Digital estima que podrá beneficiar a unos 800.000 hogares.

La normativa también establece requisitos en materia de accesibilidad, obligando a las empresas a disponer de una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad. Además, tanto los operadores como las plataformas del servicio de emergencias 112 deberán incorporar la funcionalidad de texto en tiempo real antes de junio de 2027 para facilitar la comunicación a personas con dificultades auditivas o de habla.

En el verano de 2025, el juez de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou quedó bloqueado. Al intentar pagar un billete de tren o un café con su tarjeta, el terminal daba error. Todas sus reservas de viajes quedaron canceladas. Tampoco podía usas sus suscripciones a servicios digitales, recuperar los datos que había almacenado en la nube ni enviar correos electrónicos. El magistrado había sido sancionado por Donald Trump por investigar los crímenes de guerra de Israel en Palestina y ratificar la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu.

El veto implicó que todas las empresas estadounidenses dejaran de prestarle servicio. Sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard se convirtieron en trozos de plástico. Sus cuentas en Amazon, Microsoft o Gmail quedaron anuladas. Sus reservas de viajes con Expedia, una empresa con sede en Seattle, se cancelaron. Desde entonces Guillou, así como otros miembros de la Corte sancionados, tienen que llamar primero a los alojamientos o estaciones para saber si aceptan dinero en efectivo. El juez goza de libertad en las calles europeas, pero ha sido apartado de la sociedad digital: “Es como volver a la década de 1990”, expresa.

El de Guillou es un caso micro. Cuando esto ocurre a nivel macro, entra en juego el futuro de naciones enteras y millones de personas. Así puede atestiguarlo Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano lo sufrió en las primeras semanas de Trump en el cargo, cuando el presidente estadounidense ordenó a la empresa de satélites Maxar que dejara de suministrar imágenes al ejército ucraniano para forzar a Kiev a negociar con Moscú.

La misma noche en la que comenzó el bloqueo, las tropas de Vladímir Putin atacaron la ciudad natal de Zelenski, Kryvyi Rih, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a más de 30. El frente de batalla ucraniano quedó a ciegas, sus pilotos de drones tuvieron que parar sus contraataques y las defensas aéreas quedaron en clara desventaja ante la aviación rusa.

Se trata de una realidad de la que numerosos especialistas han avisado durante décadas, anunciada por casos como el de Julian Assange, pero que ahora toda Europa vive en primera persona. La Casa Blanca tiene “un botón de apagado” para numerosas tecnologías y sistemas críticos del continente y bajo el mandato de Trump no duda en usarlo para forzar a los países europeos a seguir sus intereses.

El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra: es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar

Cori Crider — directora del Future of Technolofy Institute

Esta es la principal conclusión del informe Defensa en la nube: un flanco europeo expuesto, elaborado por el think tank Future of Technology Institute (FOTI), con sede en Bruselas. El análisis, que se presenta este viernes y al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha elaborado a partir de datos abiertos sobre las contrataciones públicas del continente. El resultado arroja que 23 de los 28 países analizados dependen de los gigantes tecnológicos estadounidenses para sostener sistemas críticos de sus ejércitos y agencias de seguridad.

Esto les deja a merced de bloqueos como el que sufre el juez Guillou y sus compañeros de la Corte Penal Internacional o el de Ucrania. “El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra”, dice Cori Crider, directora ejecutiva del instituto, “es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar”.

“La administración Trump y sus patrocinadores de las grandes tecnológicas han convertido nuestras dependencias tecnológicas en un arma, y esto parece que solo irá a peor”, asevera.

Riesgo alto en más de la mitad de los países europeos

El mapa de riesgo que dibuja el FOTI divide al continente en dos grandes bloques de alerta. En el nivel de riesgo alto se encuentran 16 naciones, incluyendo a potencias militares como el Reino Unido, Alemania y Polonia. Los investigadores las colocan en el peldaño más alto por su política de contratación de forma directa con los hiperescaladores estadounidenses, como se conoce al grupo formado por Amazon, Google, Microsoft y Meta, por la potencia y envergadura de sus centros de datos.

España, por su parte, se ubica entre los siete países con un riesgo medio, marcado por el peligro de las “dependencias ocultas”. Esto se debe a que aunque los gobiernos de estos países han impulsado políticas para recurrir a proveedores nacionales y blindar su soberanía, estos a su vez siguen dependiendo de empresas estadounidenses para desplegar todas las capacidades del sistema. El informe destaca que España tiene una gran dependencia de Oracle, una multinacional estadounidense de centros de datos.

A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo

Tobias Bacherle — coautor del estudio

Los autores del estudio reflejan como las compañías de EEUU, conscientes de esta preocupación, han empezado a ofrecer a los países europeos redes aisladas de Internet y sin conexión con Washington, lo que impediría que la Casa Blanca pudiera forzarlas a echarlas abajo en un momento dado. Sin embargo, el “botón de apagado” va más allá de esa conexión física, alertan.

“A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. Esto se debe a que necesitan renovaciones de las licencias y parches de seguridad. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo”, avisa Tobias Bacherle, coautor del estudio.

Este poder tiene nombre y apellidos legales. La principal herramienta de la Casa Blanca para bloquear el uso de su tecnología es la legislación de sanciones de EEUU, que prohíbe a cualquier empresa estadounidense prestar servicios a las personas o entidades que Washington decida incluir en sus listas negras. Ese fue el marco que obligó a Microsoft, Expedia o Visa a cortar sus servicios a los jueces de la Corte Penal Internacional de forma instantánea.

Al paquete de bloqueo se suma la llamada CLOUD Act, que permite a las autoridades estadounidenses exigir a sus empresas tecnológicas el acceso a datos almacenados en servidores europeos, lo que llevó al ejército suizo a prohibir el uso de WhatsApp en 2022, destaca el informe. La última es la ley FISA, que habilita la vigilancia de comunicaciones incluso en sistemas teóricamente aislados. Cuando el director legal de Microsoft compareció ante el Senado francés y le preguntaron si podía garantizar que los datos europeos estaban a salvo del gobierno de EEUU, su respuesta fue: “No, no puedo”.

Logística, gestión de personal, armas

Aunque este botón de apagado se ha relacionado tradicionalmente con los servicios digitales y financieros, sobre todo desde que EEUU lo pulsó para acorralar a Assange y Wikileaks, los investigadores explican que no se circunscribe solo a estos sectores. El documento establece que la dependencia de la nube estadounidense abarca los sistemas más vitales de las fuerzas armadas europeas, incluyendo “desde armas hasta logística y gestión de personal”.

Katja Bego, investigadora de Chatham House (un think tank británico de política internacional que se encuentra entre los más influyentes del mundo) destaca que también está “directamente incrustado en los sistemas de armas” y puede, literalmente, “dejar en tierra a nuestros aviones de combate”.

Aunque no lo cita directamente, Bego evoca la gran polémica de los últimos años respecto al botón de apagado tecnológico de EEUU. Se trata del cazabombardero F35, el más moderno de los que emplea y vende EEUU. Este es un avión de combate de última generación con multitud de sistemas conectados, que dependen de software, actualizaciones y flujos de datos controlados en buena medida por empresas y autoridades estadounidenses.

En la práctica, esto significa que estos cazabombarderos necesitan acceso continuo a estos sistemas para operar con normalidad. Esta situación, que se consideraba normal en el marco de la OTAN antes del segundo mandato de Trump, ha disparado los debates sobre si el republicano podría impedir el uso de los F35 a los países que los han adquirido en uno de sus arrebatos geopolíticos.

Estas dudas han provocado que varios países, como España, Portugal, Suiza o Canadá, rechacen comprar el caza o pidan cancelar los contratos ya existentes. Sin embargo, buena parte de las principales potencias europeas ya los tiene en sus fuerzas aéreas.

Comprar europeo y código abierto: la hoja de ruta contra el apagón tecnológico

El informe del FOTI traza un plan de acción “urgente” centrado en romper la dependencia con los gigantes tecnológicos. La principal recomendación es establecer planes de migración graduales para trasladar los sistemas militares más críticos a nubes plenamente europeas antes de 2030. “La infraestructura en la nube debe tratarse como un pilar central de la estrategia de defensa de Europa”, recalca Tobias Bacherle.

El Instituto urge a los gobiernos a reformar sus normativas de contratación pública para instaurar políticas que prioricen a los actores europeos y el software de código abierto. Esto implica exigir que la informática gubernamental y de defensa sensible opere exclusivamente en infraestructuras alojadas y controladas legalmente dentro de Europa, excluyendo de las licitaciones a aquellas plataformas que se comercializan como soberanas, pero que siguen expuestas al alcance extraterritorial de Estados Unidos.

Además, los expertos advierten contra la actual fragmentación del continente, donde cada país busca parches por su cuenta. La solución, apuntan, pasa por aunar y unificar las compras entre los Estados miembros para generar la demanda suficiente que permita crecer a las empresas tecnológicas locales.

Para los autores, esta crisis de dependencia encierra una oportunidad histórica. Con el gasto militar europeo disparado hasta los 381.000 millones de euros, los investigadores piden a los gobiernos que utilicen estos colosales presupuestos como una “palanca de política industrial”. Como destaca Katja Bego, gran parte de esta tecnología en la nube y la inteligencia artificial es de “doble uso” (militar y civil), por lo que invertir en un ecosistema de defensa propio generaría un efecto dominó que impulsaría todo el sector comercial y tecnológico europeo.

El Ministerio para la Transformación Digital ha aprobado una orden ministerial que impide realizar cualquier comunicación comercial telefónica a través de números que no comiencen por el prefijo 400. La medida, que forma parte del Plan Antiestafas, fija octubre como fecha límite para que las operadoras bloqueen cualquier intento de contacto publicitario que no utilice esta nueva numeración.

“En el día de hoy hemos publicado en el BOE una instrucción que va a obligar a que todas las operadoras telefónicas obliguen a todas las empresas a hacer las llamadas comerciales, siempre con un número 400”, ha detallado el ministro Óscar López este martes en un evento de AMETIC, la patronal tecnológica. “Esta medida entrará en vigor a partir de octubre y por lo tanto, todos los ciudadanos que sepan que a partir de octubre solo podrán recibir llamadas comerciales que entren de un número 400 y el resto serán bloqueadas”.

Los nuevos números 400 serán unidireccionales. Esto significa que los ciudadanos podrán recibir la comunicación, pero el sistema les impedirá devolver la llamada a ese mismo número. Con esta restricción, el Gobierno busca neutralizar las estafas de rellamada, en las que los ciberdelincuentes intentan que la víctima contacte con números de tarificación especial dejándole un gancho en un primer contacto.

Además de la imposición del nuevo prefijo, las operadoras de telecomunicaciones también deberán permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a los números 400.

Registro de nombres contra el fraude por SMS

El paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. Con el objetivo de frenar las suplantaciones de identidad de empresas e instituciones a través de SMS, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creará un registro oficial donde todos los organismos deberán inscribir los códigos alfanuméricos que utilizan como remitentes.

“A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”. A partir del 7 de junio, las operadoras tienen la orden de bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no figure en esta base de datos verificada.

Estas medidas se suman a un protocolo previo que, desde marzo de 2025, prohíbe el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente, obligando al uso de números cortos, fijos locales o rangos gratuitos (800 y 900).

El ministro ha defendido que esas primeras medidas han servico para frenar millones de contactos publicitarios y estafas. “Con las medidas que hemos puesto hasta ahora, hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS”. Según datos del sector, compañías como Telefónica interceptan actualmente cerca de 500.000 llamadas fraudulentas cada día antes de que lleguen al terminal del usuario final.

La nueva normativa se aplicará a todas las compañías, con la única excepción de las pequeñas operadoras de luz, gas y teléfono que posean menos de un 5% de cuota de mercado, cuenten con menos de 250 trabajadores o facturen menos de 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento tras la entrada en vigor, los ciudadanos podrán denunciar directamente ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.