El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran empresa de telecomunicaciones por presuntas “prácticas abusivas”, ha informado este viernes el departamento del ministro Pablo Bustinduy. Las irregularidades podrían dar lugar a sanciones de hasta un millón de euros por cada una de las prácticas, explican.

El Ministerio recuerda que las cláusulas abusivas son “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Como es habitual, el Ministerio no informa de qué empresa es la investigada, pero sí indica que es una “gran empresa de telecomunicaciones”.

De confirmarse la sanción, las multas podrían llegar hasta el millón de euros por cada una de ellas, “o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito”.

Llamadas comerciales con prefijo 400 desde el sábado

El Ministerio recuerda que, a partir de este sábado, las empresas que ofrezcan productos o servicios a través de llamadas telefónicas deberán hacerlo identificando sus números de teléfono con el prefijo 400, aplicando la aprobada Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

Así, las personas consumidoras podrán identificar que se trata de llamadas comerciales, y decidir si responder la llamada o no. Además, los teléfonos con el prefijo 400 solo podrán hacer llamadas pero no recibirlas.

La Ley SAC obliga a que exista una diferencia entre las comunicaciones destinadas a vender o promocionar productos y las que tienen como objetivo atender reclamaciones, solucionar incidencias o llevar a cabo otras gestiones.

A partir de este sábado, 17 de octubre, las llamadas comerciales tienen que identificarse de una forma diferente en España. Las empresas que utilicen el teléfono para ofrecer productos o servicios deberán hacerlo desde números que comiencen por 400, un rango reservado específicamente para este tipo de comunicaciones. El cambio permitirá reconocer antes de contestar que se trata de una llamada con finalidad comercial, algo que hasta ahora no siempre era posible cuando aparecía un número desconocido en la pantalla.

La medida busca separar con mayor claridad los distintos motivos por los que una empresa puede ponerse en contacto con un consumidor. No será lo mismo una llamada destinada a presentar una oferta que otra relacionada con una incidencia, una reclamación o cualquier gestión vinculada a un contrato. Con el nuevo sistema, esa diferencia podrá identificarse también a través del número desde el que se realiza el contacto.

El prefijo 400 tendrá unas condiciones propias y no funcionará como un teléfono convencional de empresa. Estará pensado únicamente para las comunicaciones comerciales salientes, mientras que las consultas y gestiones de atención al cliente seguirán utilizando otras numeraciones. De esta manera, cada tipo de llamada tendrá un uso más claramente diferenciado.

El cambio incorpora además una opción para quienes prefieran no recibir este tipo de comunicaciones. Los operadores podrán ofrecer a sus clientes la posibilidad de bloquear las llamadas procedentes de números 400, siempre que lo soliciten. La forma concreta de hacerlo dependerá de cada compañía.

Qué significa el prefijo 400

El 400 no será un único teléfono ni una línea común para todas las empresas. Se trata de las tres primeras cifras de una numeración nacional de nueve dígitos reservada para las llamadas comerciales. Su principal función será que el usuario pueda reconocer desde el primer momento para qué se está utilizando ese número.

Estos teléfonos servirán únicamente para realizar llamadas, no para recibirlas. Si una empresa contacta desde un número que empieza por 400 y el usuario no responde, no podrá devolver la llamada utilizando esa misma numeración. El rango no está pensado como un canal de contacto con la compañía, sino como una forma de identificar las comunicaciones comerciales que parten de ella.

Para la atención al cliente seguirán existiendo otras vías. Las empresas podrán utilizar números gratuitos 800 y 900, teléfonos geográficos con tarifa estándar y determinados números cortos asignados por los operadores a sus propios clientes. Estas líneas sí están pensadas para que el consumidor pueda llamar cuando necesite realizar una consulta, resolver una incidencia o gestionar cualquier asunto relacionado con un servicio contratado.

La nueva organización responde a lo establecido en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que diferencia entre las comunicaciones destinadas a vender o promocionar productos y aquellas cuyo objetivo es prestar asistencia al consumidor. Desde el 17 de octubre, esa separación será más visible también en la pantalla del teléfono, ya que las llamadas comerciales deberán identificarse mediante el inicio 400.

La limitación del rango a llamadas salientes también evita que estos números funcionen como destino de una devolución de llamada. De este modo, una comunicación perdida no llevará al usuario a contactar después con el mismo teléfono mostrado en pantalla, algo que ayuda a dejar claro que su finalidad no es ofrecer un canal de atención.

Cómo filtrar las llamadas

El cambio más visible para el usuario será la posibilidad de reconocer una llamada comercial antes de contestar. Si el número que aparece en pantalla comienza por 400, podrá saber de antemano cuál es su finalidad y decidir si quiere responder o dejarla pasar. No será necesario identificar primero a la empresa para saber que el contacto tiene carácter comercial.

Quienes prefieran evitar estas comunicaciones podrán consultar con su compañía telefónica la posibilidad de bloquear el rango completo. Los operadores podrán ofrecer a sus clientes, previa solicitud, la desconexión de las llamadas realizadas desde números que comiencen por 400.

Esta medida es diferente al bloqueo manual disponible en la mayoría de teléfonos móviles. Cuando se bloquea un número desde el propio dispositivo, la restricción afecta únicamente a ese teléfono concreto. La desconexión prevista para el rango 400 está planteada para impedir la recepción de las llamadas comerciales asociadas a esta numeración sin tener que bloquearlas una a una cada vez que aparezca un número distinto.

El procedimiento para solicitar este servicio no será necesariamente igual en todas las compañías. Cada operadora podrá establecer sus propios canales para activarlo, por lo que será necesario consultar qué opciones ofrece cada una y cómo debe pedirse la desconexión. De esta forma, quienes no quieran recibir este tipo de contactos podrán aplicar un filtro general en lugar de depender únicamente de las herramientas de bloqueo del propio teléfono.

La compañía Avatel Telecom ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 444 empleados, el 33,5% de su plantilla, en la mesa de negociación con los sindicatos que se ha constituido este miércoles para tramitar esta medida que la empresa atribuye al “agravamiento” de su situación económica, según fuentes de UGT recogidas por la agencia EFE.

Avatel tiene una plantilla de 1.325 personas, según las fuentes de este sindicato, que cuestionan la necesidad de este proceso de despido colectivo y exigen a la dirección que acredite la viabilidad del plan presentado, además de la necesidad de las medidas propuestas.

Según los sindicatos, la compañía fundamenta esta medida en el agravamiento de las causas económicas después de que las medidas adoptadas hasta la fecha, incluido otro ERE a comienzos de 2026, no hayan resultado suficientes para revertir el deterioro de los resultados económicos.

A estos resultados, se suma el impacto derivado de la devolución de las ayudas europeas vinculadas a los planes Único de despliegue de redes 5G y banda ancha, correspondientes a proyectos no ejecutados, y por un montante que no han desvelado.

En este contexto, la empresa considera necesario acometer cambios organizativos y productivos que, a su juicio, permitan garantizar la viabilidad futura de la compañía.

Tercer ERE en dos años

UGT ha manifestado su “sorpresa” ante la apertura de un nuevo proceso de estas características, teniendo en cuenta que tanto los plazos de finalización del Plan Único como el grado de ejecución de los proyectos y los riesgos asociados a su cumplimiento eran circunstancias conocidas cuando se presentó el anterior despido colectivo en enero de 2026, que alcanzó a 290 trabajadores.

La propia empresa anunció en septiembre en un comunicado su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, con el fin de adecuar la estructura a la evolución del mercado y a otras circunstancias “ajenas” a la actividad ordinaria de la compañía.

Desde el sindicato Fetico recuerdan que este es el “tercer ERE” de la compañía en los últimos dos años. Así, este nuevo ajuste de personal se suma a un despido colectivo en mayo de 2024, que se cerró con la salida de 374 trabajadores, mientras que el segundo ERE se puso en marcha a comienzos de 2026 y afectó finalmente a 290 empleados en más de un centenar de centros de trabajo repartidos por el territorio nacional, recoge Europa Press.

“Recibimos este anuncio con una posición muy crítica, especialmente porque se trata del tercer ERE consecutivo que plantea la compañía. La sucesión de estos procesos, con un impacto tan importante sobre el empleo, nos preocupa y genera dudas sobre la estabilidad laboral y el futuro del proyecto empresarial. No podemos normalizar que los ajustes de plantilla se conviertan en una medida recurrente dentro de una misma empresa”, critican en Fetico.

Empresas italianas siguen tomando posiciones en sectores estratégicos españoles (energía, telecos, prensa, agroalimentación o finanzas), mientras las compañías locales siguen lejos del mercado transalpino.

La competición entre España e Italia es un divertimento en todas las disciplinas, desde las deportivas a las económicas. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a decir en diciembre de 2007 que habíamos superado a Italia en PIB per cápita por primera vez en la historia moderna. Meses después, en julio de 2008, España ganaría la Eurocopa de fútbol. La Roja eliminó a penaltis a L´Azzurra en cuartos de final y el entonces presidente de España se lanzó a hablar del “sorpasso” a Italia y su nuevo objetivo, alcanzar a Francia. La realidad es que a la vuelta de aquel verano quebró Lehman Brothers y la crisis financiera saltó de Estados Unidos a Europa, y España fue uno de los países más afectados por el enorme endeudamiento acumulado, especialmente en el sector inmobiliario. La bonanza fue tan efímera que casi pareció un espejismo estadístico. Veinte años después, el PIB per capita de España está 34.210 euros y el de Italia en 38.310.

Pero hay algo que es difícil encontrar en las estadísticas más frecuentes y que se palpa cuando se viaja. Italia tiene polígonos industriales en cualquier lado, con un tejido de empresas mucho más amplio y rico que el español, y las familias cuentan con un fondo de armario más profundo que aquí; se nota en que acumulan más patrimonio. La Encuesta Financiera de las Familias que elabora el Banco de España dice que la riqueza neta media de las familias ronda 345.000 euros, cien mil euros menos que en Italia. Además, en el país vecino hay una mayor concentración de dinero, ya que el 10% de las familias, los ricos, acumula el 60,6% de esa riqueza, frente a un 52,9% en España.

El hecho de que haya más empresas y más familias ricas explica el enorme peso que Italia está cogiendo en España, además de que seguramente son mucho más osados. En las dos últimas décadas, compañías italianas han ido realizando adquisiciones en España de una manera silenciosa, hasta el punto de ser hoy claves en sectores tan estratégicos como energía, telecomunicaciones, infraestructuras, medios de comunicación o servicios financieros. Con el añadido, de que si se mira la incursión de empresas hispanas en el país de la bota lo que se encuentra es un páramo. Los protagonistas de este asalto son familias ricas, como los Benetton, Berlusconi, Bonomi o Agnelli, pero también al propio Estado.

Este proceso de compras no para. La semana pasada, la empresa del juego italiana Lottomatica y la española Cirsa acordaron su fusión, que en la práctica significa que la italiana se hace con el control de la compañía con sede en Terrassa (Barcelona). Es una operación que ha saltado en el radar porque ambas cotizan en Bolsa, con un valor agregado de unos 8.500 millones de euros, lo que obliga a ser transparentes. Al tiempo, Deoleo, el principal grupo español del sector del aceite, está a punto de caer también bajo manos italianas. El grupo transalpino Coricelli habría presentado la mejor oferta, alrededor de 500 millones de euros, para hacerse con el control de la empresa que envasa el Aceite Carbonell y Hojiblanca, en España, y Bertolli o Carapelli en Italia. Los actuales dueños de Deoleo, los fondos CVC y Alchemy, carecen de sentimiento patrio y venderán al mejor postor, pese a que el aceite sea clave para la región más grande de España, Andalucía.

En realidad la toma de control de Cirsa y, eventualmente, de Deoleo, son una anécdota dentro del despliegue de intereses que Italia ha realizado en España. La operación más grande y estratégica realizada desde aquel país ha sido la compra del viejo monopolio eléctrico (Endesa) por Enel, holding público italiano que conserva el 70%. Esta operación supuso una inversión de 36.000 millones de euros entre 2007 y 2009, que ya ha recuperado en su totalidad con la venta de negocios en Latinoamérica y los dividendos que ha cobrado de la filial española.

También son muy llamativas, y poco conocidas para el gran público, las inversiones en medios de comunicación. La familia Berlusconi, cuyo progenitor, Silvio Berlusconi, llegó a ser primer ministro de Italia, controla Mediaset (Telecinco, Cuatro y otros canales menores) a través del holding MediaForEurope, con intereses en compañías audiovisuales en diversos países. Igualmente, el empresario italiano Urbano Cairo se ha hecho con la propiedad del grupo editorial Unedisa, propietario de periódicos tan relevantes como El Mundo, Expansión o Marca. Dos grupos con enorme fuerza en la creación de opinión en España.

La familia italiana Benetton también ha apostado fuerte por España. Sociedades controladas por ellos como Mundys y Edizione son accionistas clave de grandes empresas como la compañía de autopistas Abertis (que la controla al 50% con la española ACS) y Cellnex (10,25%), propietaria de torres de telefonía por toda Europa, así como de la señal de televisión en España.

En la industria del automóvil aparece también uno de los apellidos más ilustres del empresariado italiano: los Agnelli. Aquellos que en su día adquirieron Pegaso para convertirla en Iveco, son actualmente los mayores accionistas de Stellantis. John Elkan, nieto de Gianni Agnelli, preside este holding que integra marcas como Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, entre otras, y cuenta con plantas de producción muy relevantes en Vigo y Zaragoza.

Mientras todo esto sucedía, las empresas españolas no han conseguido hacerse hueco allí. Lo intentaron BBVA, con la Banca Nazionale del Lavoro, que acabó en manos de los franceses de BNP; el Santander con el banco SanPaolo, y Telefónica con Telecom Italia. No hubo forma y manera. Tanto rechazo a los grandes financieros españoles no impidió que se instalara aquí con fuerza la aseguradora Generali, Reale Mutua o el banco Mediolanum.

Estas posiciones de Italia en España jugarán un papel clave cuando avance la integración empresarial dentro de los grandes países de la Unión Europea y cada país recuente sus tarjetas del Monopoly. La empresa española solo podrá enseñar Portugal.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha respondido a la misiva remitida por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en la que se reclamaba una mayor implicación del Estado para restituir la conectividad tras el incendio de Las Hurdes.

Quintana ha cuestionado el valor de remitir comunicaciones a los medios de comunicación en lugar de centrar los esfuerzos en la gestión, recordando que restablecer los servicios básicos en la comarca es una obligación compartida en la que las instituciones y las empresas de telecomunicaciones están trabajando activamente desde el primer momento.

Según ha detallado el delegado, Telefónica, Orange y Vodafone se encuentran completamente volcadas en solucionar los graves daños provocados por las llamas, que destruyeron tanto el cableado como los postes que lo sustentaban a lo largo de un trazado de 15 kilómetros.

La intervención técnica no pudo iniciarse hasta que el fuego quedó extinguido y descendió la elevada temperatura del terreno, lo que permitió a las cuadrillas de operarios acceder a la zona damnificada e instalar grupos electrógenos en los puntos que perdieron el suministro eléctrico.

Las compañías prevén completar durante la jornada de este jueves la instalación provisional en superficie de la fibra óptica para devolver la línea a los municipios afectados.

No obstante, Quintana ha advertido de que esta solución de emergencia puede generar incidencias puntuales entre los usuarios mientras se lleva a cabo la reconstrucción definitiva de la infraestructura, una labor de mayor calado que requerirá el replantado de un número significativo de postes a lo largo de todo el tramo afectado.

Una caída en un gran punto costero de conexión podría dejar a bancos, servicios de emergencia y redes gubernamentales sin comunicaciones esenciales durante un periodo prolongado, porque buena parte del tráfico submarino termina concentrándose en unos pocos enclaves.

Marsella ilustra bien ese riesgo al actuar como una de las principales puertas europeas de internet y recibir cables internacionales como 2Africa, que recorre unos 45.000 kilómetros entre Europa, África y Oriente Próximo mediante estaciones situadas en puertos costeros. Tanta infraestructura reunida en pocos puntos convierte una avería o un ataque localizado en un problema capaz de extenderse por varios continentes.

Los drones baratos elevan la amenaza sobre las conexiones submarinas

Investigadores vinculados al Ejército Popular de Liberación de China advierten de que los drones submarinos de bajo coste pueden aumentar la amenaza contra los cables de fibra óptica que transportan la mayor parte del tráfico internacional de internet, según publicó Interesting Engineering.

El estudio, revisado por pares, plantea que vehículos submarinos no tripulados cada vez más asequibles pueden localizar, inspeccionar y cortar estas líneas en zonas oceánicas difíciles de vigilar. Los autores descartan, al mismo tiempo, una situación de peligro inmediato para toda la red mundial.

La infraestructura submarina transporta alrededor del 99% de los datos internacionales, desde comunicaciones en línea hasta transacciones financieras y servicios en la nube, de modo que cualquier ataque coordinado afectaría a actividades que dependen del tránsito entre países. La existencia de más de 600 cables operativos y previstos permite desviar tráfico cuando uno resulta dañado, y los expertos citados consideran que una interrupción de gran escala exigiría atacar varios tendidos. Un golpe contra unos pocos cruces críticos, sin embargo, podría aislar países enteros de la red global.

La inteligencia artificial permite patrullas submarinas durante semanas

Li Wei, autor principal del análisis y miembro de la Universidad de Defensa Nacional de China, señala junto a su equipo varias capacidades que amplían el alcance de estos vehículos bajo el agua. Los sistemas de navegación con inteligencia artificial pueden mantener patrullas preprogramadas durante semanas sin intervención humana, mientras los operadores también pueden desplegar numerosos aparatos pequeños y baratos para localizar trayectorias de cables o actuar en varios puntos. La coordinación con buques de superficie y aeronaves permite crear redes de vigilancia que cubren amplias zonas oceánicas.

Los sistemas tradicionales de defensa marítima rastrean embarcaciones sumergidas mediante señales acústicas y comunicaciones por radio, pero los vehículos autónomos pueden operar sin cables activos ni enlaces continuos con la superficie. Esa autonomía les permite bajar a mayor profundidad y permanecer sumergidos durante meses, una capacidad que complica su detección y amplía el tiempo disponible para acercarse a infraestructuras instaladas sobre el lecho marino.

Por si fuera poco, al prescindir de tripulaciones humanas a bordo, estos aparatos pueden permanecer sumergidos durante más tiempo porque no necesitan oxígeno, alimentos ni condiciones adecuadas para alojar personas.

Las reparaciones pueden prolongar las interrupciones durante meses

Las reparaciones añaden una dificultad propia porque los buques destinados a estas operaciones deben localizar la rotura, izar el cable hasta la superficie y empalmar a mano las fibras dañadas en condiciones que pueden complicarse por la profundidad y el estado del mar. Interesting Engineering señala que esos trabajos pueden prolongarse durante semanas o meses, mientras gobiernos y operadores invierten en sensores acústicos, drones autónomos de patrulla y blindajes reforzados para los tendidos.

Ante la problemática de supervisar zonas tan extensas, Australia, Reino Unido y Estados Unidos ya financian dentro de AUKUS flotas de drones destinadas a patrullar y proteger cables submarinos frente a posibles ataques. El equipo chino considera estos proyectos occidentales parte de una red de vigilancia de aguas profundas orientada a asegurar una posición militar dominante en aguas internacionales.

La expansión de esas inversiones sitúa el lecho oceánico dentro de la competencia estratégica entre países y convierte la protección de los cables en una cuestión ligada tanto a la seguridad como a la estabilidad económica mundial.

La empresa de telecomunicaciones Española de Telefonía, propiedad de Bertín Osborne, vuelve a tener una denuncia ante el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentada por Facua. Según ha informado la plataforma de defensa de consumidores, la empresa dificulta las bajas de contratos a los clientes, a quienes se les pide que remitan un correo “acompañando copia de su DNI o a través de formulario de desistimiento disponible en la web”.

La plataforma recuerda que el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, señala que el derecho de desistimiento “no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida a derecho”.

Por ello, solicitar el documento supondría una vulneración del reglamento europeo de protección de datos, que establece en su apartado 1 que “los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”.

Se trata de la séptima denuncia que FACUA pone a esta compañía. El pasado mes de junio, la denuncia señaló que la compañía vulnera hasta cinco leyes de defensa de los consumidores, publicidad, competencia desleal, servicios de la sociedad de información y protección de datos“.

La teleco eliminó algunas de las irregularidades tras las anteriores denuncias de Facua: incorporó el domicilio de la empresa, la información precontractual, sobre el derecho desistimiento y protección de datos, además de eliminar el reclamo engañoso con el que anunciaba su Tarifa España: “un precio imbatible” que ahora se presenta simplemente como “un gran precio”.

También retiró el test de velocidad fake con el que durante casi un mes hizo creer a los usuarios que su velocidad de conexión a internet era hasta 20 veces inferior a la real. Una falsa prueba tras la que no había más que un código en javascript que generaba un número aleatorio entre 50 y 250 simulando que esos eran los megabytes por segundo (Mbps) a los que navegaba el usuario.

Bajo el eslogan “Las cosas bien hechas, las cosas a derechas”, la empresa incurría en publicidad engañosa según la anterior denuncia de Facua. “En realidad, la empresa lo hace todo mal”, apuntaba, “publicidad engañosa, un teléfono que no es gratuito y una web donde no hay información sobre las condiciones contractuales, el derecho de desistimiento, protección de datos y ni tan siquiera un aviso legal con el domicilio de la empresa”, enumeraba Facua.

En cuanto a las irregularidades, Facua señalaba que el “precio imbatible” incurría en publicidad emngañosa, ya que es un 33% más cara que la oferta más económica del mercado.

También detallaba que “los teléfonos de información al consumidor que ofrece la web no son gratuitos, sino una línea móvil y otra con prefijo geográfico de La Rioja donde una inteligencia artificial saluda al establecerse la comunicación con un 'viva España”. “Con ello, Española de Telefonía se salta la obligación de atención telefónica gratuita establecida en el artículo 65.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones”, rezaba la plataforma.

Y apuntaba a que “cuando el usuario introduce sus datos en la web para solicitar más información, acepta una 'política de privacidad' de la que no se le informa en ningún momento”. “Si se pulsa en el enlace para acceder a ella, la página simplemente se desplaza hasta la parte superior y no se abre ninguna pestaña o ventana nueva. Así que la empresa se salta la obligación de informar sobre el tratamiento de datos personales, el derecho del usuario a solicitar su eliminación o modificación, entre otros, y cómo puede ejercerlo”. “Algo que Facua ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos”.

Por último, la organización de consumidores señalaba que “la web también carece de sección dedicada al aviso legal”. “En este sentido, aunque la página indica cuál es la empresa que está detrás de la compañía de telecomunicaciones y su NIF, no aclara cuál es su domicilio social”, por lo que entiende que se salta el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Entre las encinas y a apenas unos metros de un cartel que anuncia la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO, un mástil metálico de telefonía móvil se ha convertido en el último foco de tensión entre la protección del territorio y el despliegue de infraestructuras consideradas esenciales. La instalación enfrenta a un vecino del municipio mallorquín de Esporles con las administraciones, ya que el afectado sostiene que la actuación invade elementos de su propiedad, pero, sobre todo, abre un debate de mayor alcance: ¿hasta dónde puede llegar la protección de un territorio especialmente sensible cuando entra en juego el despliegue de unas redes de telecomunicaciones que la legislación estatal considera obras de interés general?

La controversia se sitúa en una parcela rústica de unos 5.000 metros cuadrados incluida en un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). El propietario de la finca colindante se puso en contacto con elDiario.es para denunciar el impacto visual de la instalación y cuestiona que pueda autorizarse una infraestructura de estas características en un suelo donde la normativa urbanística no permite construir ninguna edificación privada.

En el escrito que el vecino presentó ante la Dirección General de Industria critica, además, la acometida eléctrica prevista para darle servicio: el plano incorporado al expediente, consultado por este periódico, confirma que el proyecto contempla la instalación de una nueva caja de distribución (CDU) junto a la carretera y la adaptación de la conexión eléctrica mediante un apoyo metálico existente, aunque también precisa que la actuación queda condicionada a la obtención de todos los permisos administrativos y particulares necesarios. El afectado reclama que la CDU no se instale frente al muro de piedra de su propiedad y rechaza que el proyecto utilice un poste metálico que, asegura, forma parte de las instalaciones que él sufragó en su día para abastecer su vivienda. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Conselleria, de la que depende la Dirección General, pero alegan que este tipo de tramitaciones no forman parte de sus competencias.

La instalación reabre el debate de hasta dónde puede llegar la protección de un territorio especialmente sensible cuando entra en juego el despliegue de unas redes de telecomunicaciones que la legislación estatal considera obras de interés general

En Menorca, la instalación de una antena de telefonía móvil de unos 23 metros en el aparcamiento de un restaurante de la localidad de Binissafúller provocó el pasado mes de mayo el rechazo de los residentes de la urbanización. Los vecinos cuestionan su ubicación, especialmente por el impacto visual de una estructura de esa altura en un entorno dominado por viviendas bajas. La protesta fue creciendo durante los meses siguientes. Los residentes llegaron a concentrarse frente al Ayuntamiento para reclamar que la torre fuera trasladada a otro lugar.

En Menorca, la instalación de una antena de telefonía móvil de unos 23 metros en el aparcamiento de un restaurante de la localidad de Binissafúller ha provocado el rechazo de los residentes de la urbanización, que cuestionan su ubicación, especialmente por el impacto visual de una estructura de esa altura en un entorno dominado por viviendas bajas

La polémica no ha quedado únicamente en la protesta: en julio, los vecinos iniciaron incluso una recogida de firmas para reclamar el traslado de la antena a un emplazamiento con menor impacto paisajístico y ambiental. Sin embargo, Totem Towerco Spain, empresa del grupo Orange responsable de la infraestructura, rechazó finalmente trasladarla al futuro centro de telecomunicaciones de Cap d’en Font, una ubicación que habían planteado tanto el Govern como el Ayuntamiento de Sant Lluís, como informó en su momento Es Diari de Menorca. La compañía, de acuerdo al mismo medio, alegó problemas técnicos con determinadas frecuencias y la antena se mantiene en Binissafúller mientras las administraciones buscan una tercera ubicación que cumpla los requisitos técnicos de la compañía o una solución que permita reducir su altura.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Orange para conocer si la instalación de Esporles cuenta con todas las autorizaciones y permisos exigidos por la normativa vigente; qué criterios técnicos han llevado a elegir el emplazamiento actual y si se estudiaron ubicaciones alternativas antes de seleccionar esta parcela; qué mejoras de cobertura o capacidad permitirá la infraestructura, si se han previsto medidas de integración paisajística para minimizar su impacto visual en un entorno protegido como la Serra de Tramuntana; en qué circunstancias aceptaría estudiar el traslado de una antena como la de Binissafúller, así como los criterios técnicos, ambientales y territoriales que la empresa sigue a la hora de seleccionar nuevos emplazamientos y si existen protocolos específicos para minimizar el impacto paisajístico de sus infraestructuras en zonas de elevado valor ambiental o patrimonial. La compañía no ha respondido a estas preguntas al cierre de este reportaje.

Las telecomunicaciones, un servicio de interés general

Esporles y Binissafúller son escenarios diferentes. En Menorca, el conflicto se desarrolla en una urbanización residencial y gira fundamentalmente alrededor del impacto visual y de la elección del emplazamiento. En Mallorca, la controversia incorpora la protección de un espacio de especial valor paisajístico y el régimen específico de la Serra de Tramuntana. Pero ambos casos plantean la misma cuestión: ¿qué lugar ocupa el paisaje en la decisión sobre dónde instalar una antena? La respuesta se encuentra en la legislación estatal: la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones establece que éstas son servicios de interés general y señala expresamente que las redes públicas de comunicaciones electrónicas contribuyen a un fin de interés general, constituyen equipamiento básico y que su instalación y despliegue tienen la consideración de obras de interés general. En este sentido, insta además a las administraciones públicas a colaborar y a facilitar su implantación.

La Ley 11/2022 transpuso al ordenamiento español la Directiva (UE) 2018/1972, que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y fija un marco común para la regulación de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. La aprobación de la nueva ley española se produjo, además, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la estrategia España Digital 2025, dentro de las medidas destinadas a impulsar la conectividad y el despliegue de redes, incluido el 5G.

La Ley General de Telecomunicaciones establece que éstas son servicios de interés general y señala expresamente que las redes públicas de comunicaciones electrónicas contribuyen a un fin de interés general, constituyen equipamiento básico y que su instalación y despliegue tienen la consideración de obras de interés general

La norma impone también límites a la capacidad de las administraciones para restringir la instalación de estas infraestructuras. Los instrumentos de planificación territorial y urbanística deben contemplar la necesidad de desplegar redes y no pueden establecer restricciones absolutas o desproporcionadas a los operadores. Tampoco pueden imponer, con carácter general, una determinada ubicación o solución tecnológica. Esto no significa, sin embargo, que las antenas puedan instalarse en cualquier lugar. La propia ley contempla expresamente que una restricción pueda estar justificada por razones de medio ambiente, seguridad pública u ordenación urbana y territorial. Cuando una condición pueda hacer imposible la ocupación de un determinado emplazamiento, esa limitación debe estar plenamente justificada y acompañada de alternativas que permitan garantizar el despliegue.

El Ayuntamiento de Esporles: “Tenemos muy poco margen”

No en vano, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, explica a elDiario.es que el Ayuntamiento apenas dispone de capacidad para intervenir. En declaraciones a este periódico, explica que la infraestructura instalada a las afueras del municipio no responde a la creación de una nueva cobertura, sino al traslado de una antena que ya prestaba servicio en otra parcela y cuyo propietario decidió no renovar el acuerdo con la operadora. La nueva ubicación, añade, también se encuentra en suelo rústico protegido.

El regidor atribuye esta situación, precisamente, a la Ley General de Telecomunicaciones, que reduce notablemente el margen de maniobra de los ayuntamientos, especialmente cuando las competencias sobre suelo rústico, en el caso de Mallorca, corresponden al Consell Insular. En este caso, el consistorio asegura haber remitido al Consell diversas consultas sobre la actuación y reconoce que continúa a la espera de conocer el criterio definitivo del organismo insular. Desde la Administración supramunicipal, sin embargo, señalan a este periódico que, con carácter general, el Consell no el órgano encargado de autorizar urbanísticamente este tipo de instalaciones. Su intervención se sitúa principalmente en el ámbito de la disciplina urbanística: la inspección, la restauración de la legalidad y, en su caso, la apertura de expedientes sancionadores ante posibles infracciones.

Es precisamente esta combinación la que explica parte de la aparente contradicción que encuentran los vecinos: la protección territorial no desaparece, pero tampoco permite a una administración rechazar una antena simplemente porque considere que altera el paisaje. La propia ley contempla, de hecho, que las administraciones puedan justificar restricciones por razones ambientales o de ordenación territorial. Y establece mecanismos de intervención del Estado cuando una administración pretende paralizar o impedir una infraestructura que cumple los parámetros técnicos esenciales.

La protección territorial no desaparece, pero tampoco permite a una administración rechazar una antena simplemente porque considere que altera el paisaje

Por su parte, la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, expresó públicamente su rechazo al impacto visual de la instalación, pero sostuvo que el margen municipal para impedirla era muy reducido por el marco estatal de telecomunicaciones, como señaló en declaraciones a Menorca al Día. El caso presenta además una particularidad: los vecinos cuestionaron que se hubiera escogido precisamente ese emplazamiento cuando inicialmente se había planteado otra ubicación en Biniparratx, una zona con menos viviendas alrededor. También criticaron que la torre se levantara en una de las cotas más bajas de la urbanización, lo que obligaba a elevar todavía más la estructura para garantizar su funcionamiento.

Una polémica con más de 25 años de historia

La preocupación por el impacto de las antenas no es nueva en Mallorca. Ya a comienzos de los años 2000, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) -entidad que lleva décadas denunciando el impacto ambiental y paisajístico de determinadas infraestructuras y reclamando una mayor protección del territorio- alertaba de la proliferación de estas instalaciones y reclamaba un mayor control sobre su implantación. En un artículo publicado ese año en su revista 'L'ecologista', la organización denunciaba que el 80% de las antenas de telefonía móvil de Mallorca eran ilegales y reclamaba un mayor control de su implantación. Dos meses después, el propio Govern balear situaba también en torno al 80% el porcentaje de instalaciones que presentaban alguna irregularidad o carecían de todas las licencias necesarias.

Ya a comienzos de los años 2000, el GOB alertaba de la proliferación de antenas y reclamaba un mayor control sobre su implantación. La organización -y el Govern balear después- denunciaba que el 80% de las antenas de telefonía móvil de Mallorca eran ilegales

En 2001, vecinos de Sant Joan habían reunido en poco más de un mes cerca de 600 firmas para reclamar el traslado de una antena de unos 20 metros instalada en la finca de es Revellar (Mallorca) por su impacto paisajístico y ambiental. La protesta tenía entonces un argumento que se repite ahora en otros puntos de las islas: los residentes, que llegaron a organizarse bajo el nombre de Grup Antiantena, no cuestionaban la necesidad de disponer de cobertura, sino el emplazamiento elegido, que consideraban causante de un fuerte impacto ambiental, visual y paisajístico y que se encontraba junto a viviendas habitadas y al depósito de agua potable del pueblo.

Según publicaba Grup Antiantena en la revista Mel i Sucre de la Obra Cultural Balear (OCB), la antena de Amena instalada en es Revellar llevaba, además, unos seis meses funcionando sin la licencia de interés social que debía conceder el Consell de Mallorca.

El rechazo se reprodujo también en otros municipios. En el municipio de Muro, GOB y PSM reclamaron en 2001 la retirada de una antena situada junto al instituto y el polideportivo municipal, mientras que, en 2007, vecinos de s'Hostalot, en Palma, impulsaron una coordinadora ciudadana para reclamar el desmantelamiento de antenas de telefonía. En 2002, la organización ecologista denunciaba que buena parte de las estaciones carecían de los permisos exigibles y defendía que las instalaciones en suelo rústico estuvieran sometidas a control insular, además de reclamar que las operadoras justificaran sus emplazamientos y optaran por las soluciones con menor impacto ambiental y visual.

Se trata de conflictos que muestran cómo, mucho antes de la llegada del 5G, el despliegue de las redes móviles ya generaba fricciones por su impacto sobre el paisaje, la proximidad a viviendas o equipamientos y la elección de los emplazamientos. La discusión de fondo, sin embargo, permanece prácticamente intacta: cómo garantizar una infraestructura considerada esencial sin convertir el lugar donde se instala en el coste de esa cobertura. En la mayoría de los casos, los tribunales han recordado que los ayuntamientos pueden regular aspectos urbanísticos y exigir la integración paisajística de las instalaciones, pero no establecer prohibiciones generales que impidan el desarrollo de las redes cuando estas cumplen la legislación sectorial.

Mucho antes de la llegada del 5G, el despliegue de las redes móviles ya generaba fricciones por su impacto sobre el paisaje, la proximidad a viviendas o equipamientos y la elección de los emplazamientos. La discusión de fondo, sin embargo, permanece prácticamente intacta: cómo garantizar una infraestructura considerada esencial sin convertir el lugar donde se instala en el coste de esa cobertura

Del miedo a las radiaciones al impacto sobre el paisaje

Ese equilibrio entre despliegue, protección del entorno y derechos de los vecinos lleva más de dos décadas acompañando la expansión de la telefonía móvil. En 2001, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1066/2001, que estableció restricciones a las emisiones radioeléctricas y límites de exposición para proteger la salud pública. La norma obliga a que las estaciones respeten determinados niveles de exposición y establece que su planificación debe procurar minimizar la exposición de la población, con especial atención a espacios sensibles como escuelas, centros sanitarios, hospitales o parques públicos. La regulación se ha ido actualizando a medida que evolucionaban las redes. El Real Decreto 123/2017, por ejemplo, exige estudios de exposición para determinadas estaciones y obliga a tener en cuenta las estaciones existentes en el entorno al calcular los niveles de exposición.

La evolución tecnológica ha incrementado el número de estaciones y equipos necesarios para sostener las redes móviles, aunque este crecimiento no se traduce necesariamente en la construcción de nuevas torres. Una misma infraestructura puede albergar distintas tecnologías y dar servicio a varios operadores, mientras que buena parte del despliegue consiste en actualizar o ampliar estaciones ya existentes. Aun así, la expansión y mejora de las redes mantiene la necesidad de incorporar nuevos emplazamientos allí donde las infraestructuras existentes no permiten garantizar las prestaciones requeridas.

En 2024, España contabilizaba 194.443 estaciones base de telefonía móvil, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recopilados por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

La legislación también ha evolucionado para incorporar criterios de integración. La jurisprudencia del Supremo ha reconocido, por ejemplo, que los ayuntamientos pueden exigir soluciones que reduzcan el impacto visual cuando esa exigencia se vincula a sus competencias urbanísticas. La Ley 9/2014 ya había reforzado la consideración de las redes públicas como equipamiento básico y de su instalación como obras de interés general. La actual Ley 11/2022 mantiene y desarrolla ese principio.

Hasta dónde puede llegar un ayuntamiento

La jurisprudencia también ha ido delimitando qué pueden hacer los ayuntamientos. El Tribunal Supremo ha reconocido que las administraciones locales pueden intervenir en aspectos relacionados con sus competencias urbanísticas y perseguir, entre otros objetivos, la integración de estas instalaciones en el entorno. En una sentencia de 24 de mayo de 2005, por ejemplo, el Alto Tribunal consideraba legítimo que una ordenanza municipal exigiera utilizar la mejor tecnología disponible compatible con un mínimo impacto visual, al entender que esa exigencia se vinculaba a una competencia municipal propia y no suponía invadir las competencias estatales sobre telecomunicaciones.

El Tribunal Supremo ha reconocido que las administraciones locales pueden intervenir en aspectos relacionados con sus competencias urbanísticas y perseguir, entre otros objetivos, la integración de estas instalaciones en el entorno

La legislación estatal posterior ha reforzado, sin embargo, los límites a las restricciones municipales. La Ley 9/2014 ya calificaba las redes públicas como equipamiento básico y su instalación como obras de interés general, y prohibía restricciones absolutas o desproporcionadas al despliegue. La actual Ley 11/2022 mantiene y desarrolla ese principio. La cuestión, por tanto, no es si los ayuntamientos pueden proteger el paisaje -pueden hacerlo dentro de sus competencias-, sino hasta dónde pueden llegar esas exigencias antes de convertirse en un obstáculo desproporcionado para una infraestructura que la legislación estatal considera de interés general.

Los casos de Eivissa y Ávila

En este contexto, uno de los precedentes más singulares de Balears tuvo lugar en Sant Joan de Labritja, en Eivissa, cuyo ayuntamiento aprobó una ordenanza específica para regular las antenas de telefonía y tratar de compatibilizar su despliegue con la protección del territorio y el paisaje. Retevisión Móvil recurrió la norma al considerar que invadía competencias estatales, pero el Tribunal Supremo avaló, el 4 de julio de 2006, buena parte de las restricciones municipales. El Alto Tribunal estableció que la competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones no impide que los ayuntamientos intervengan en cuestiones urbanísticas, ambientales y paisajísticas: pueden regular la ubicación de las antenas, exigir medidas para reducir su impacto visual o incluso imponer la compartición de emplazamientos cuando existan razones urbanísticas, ambientales o paisajísticas que lo justifiquen, siempre que las medidas sean proporcionadas y no impidan el despliegue de la red.

El Tribunal Supremo avaló en 2006 que los ayuntamientos regulen la ubicación de antenas y su impacto paisajístico. Eso sí, siempre que las restricciones sean proporcionadas y no impidan el despliegue de las redes. Lo hizo a raíz de la ordenanza aprobada por Sant Joan de Labritja (Eivissa)

Aquel mismo año, sin embargo, el Supremo estableció también límites a cuenta de la ordenanza municipal impulsada en Ávila para regular la instalación de estaciones de telefonía móvil . El tribunal, en su sentencia del 11 de octubre, anuló varios preceptos de la misma al considerar que el Ayuntamiento había entrado en ámbitos reservados al Estado. Entre las restricciones cuestionadas figuraban la prohibición de la colocación de antenas en suelo rústico a menos de 300 metros de suelo urbano, urbanizable o viviendas habitadas, la fijación de una distancia mínima de 100 metros respecto de las viviendas o la reducción obligatoria de niveles radioeléctricos en determinadas “zonas sensibles”.

Los magistrados entendieron que los municipios pueden ejercer sus competencias urbanísticas y ambientales, pero no utilizar esas competencias para regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones que corresponden al Estado. El fallo contribuyó así a delimitar la frontera entre la capacidad municipal para ordenar el impacto territorial y paisajístico de las antenas y la competencia estatal sobre el despliegue y las condiciones técnicas de las redes. La cuestión, por tanto, no es si los ayuntamientos pueden regular estas instalaciones, sino hasta dónde pueden llegar sus restricciones antes de invadir las competencias estatales o dificultar de forma desproporcionada el despliegue de las redes.

La diferencia entre ambos casos resulta clave: Sant Joan representa el margen que tienen las administraciones locales para proteger el territorio y el paisaje; Ávila, el límite que no pueden traspasar cuando entran en cuestiones técnicas propias de la competencia estatal.

En 2006, el Tribunal Supremo anuló varias restricciones municipales de Ávila que afectaban a distancias, suelo rústico y niveles radioeléctricos. Los ayuntamientos pueden proteger el paisaje, pero no regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones que corresponden al Estado

En el ámbito particular, el Tribunal Supremo ha llegado incluso a pronunciarse sobre los conflictos derivados de estas instalaciones. En abril de 2024, el Alto Tribunal dio la razón a una familia de Las Palmas de Gran Canaria que había sufrido más de 60 manifestaciones frente a su domicilio contra una antena de telefonía instalada en la azotea de un edificio de su propiedad, arrendado a Orange. La Sala consideró que la reiteración de las protestas y su concentración frente a la vivienda habían afectado a la intimidad personal y familiar y a la integridad física y moral de los afectados. La sentencia no cuestionó el derecho de los vecinos a protestar contra la antena, sino que estableció que su ejercicio debía conciliarse con los derechos fundamentales de quienes sufrían las movilizaciones.

Cuando el paisaje protegido entra en la ecuación

La legislación estatal, por tanto, no elimina la protección ambiental ni urbanística de los espacios protegidos, pero sí obliga a compatibilizarla con el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. La existencia de un ARIP o de un espacio integrado en la Serra de Tramuntana no impide automáticamente la instalación de una antena si el proyecto obtiene las autorizaciones sectoriales exigibles. Precisamente ese es el debate que suscita el caso de Esporles: hasta qué punto una infraestructura considerada estratégica puede implantarse en un espacio de alto valor paisajístico donde la normativa limita severamente la construcción de usos privados.

La jurisprudencia ha venido recordando que los ayuntamientos pueden exigir el cumplimiento del planeamiento urbanístico, la integración paisajística de las instalaciones o los informes ambientales que procedan, pero no establecer prohibiciones generales que dificulten el despliegue de las redes cuando concurren los requisitos legales.

La existencia de un ARIP o de un espacio integrado en la Serra de Tramuntana no impide automáticamente la instalación de una antena si el proyecto obtiene las autorizaciones sectoriales exigibles

Esporles y Binissafúller muestran dos caras de un mismo problema. En Menorca, los vecinos han cuestionado una torre de 23 metros por su impacto sobre una urbanización de viviendas bajas y han reclamado una ubicación alternativa. En Mallorca, una nueva antena ha acabado en un espacio rústico protegido de la Serra de Tramuntana, después de que la operadora tuviera que buscar un nuevo emplazamiento para sustituir otra estación cuyo propietario no quiso renovar el acuerdo. En ambos casos, la discusión acaba chocando con la misma frontera: qué margen existe para proteger el paisaje cuando la infraestructura que se quiere instalar está amparada por una legislación que la considera de interés general.

La respuesta de la ley no es que las antenas puedan colocarse en cualquier sitio, pero tampoco que un espacio protegido permita rechazarlas automáticamente. El equilibrio pasa por justificar las restricciones, valorar su proporcionalidad y, cuando un emplazamiento no resulte viable, estudiar alternativas capaces de garantizar el servicio.

Y ahí es donde los dos casos dejan todavía una pregunta abierta: quién decide cuándo una ubicación es realmente la única posible y cuándo existe una alternativa capaz de garantizar la cobertura sin cargar el coste sobre el paisaje o sobre quienes viven junto a la infraestructura. En Esporles, esa respuesta pasa ahora por conocer qué autorizaciones se concedieron, qué alternativas se estudiaron y qué medidas se adoptaron para integrar la torre en uno de los paisajes más protegidos de Mallorca. En Binissafúller, por saber si las administraciones y la operadora acabarán encontrando un emplazamiento que permita mantener la cobertura sin mantener el conflicto. Porque el despliegue de las redes puede ser de interés general, pero la pregunta sobre dónde se levantan sus torres sigue siendo, en buena medida, una cuestión territorial.

Entre les alzines i a només uns metres d'un cartell que anuncia la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, un pal metàl·lic de telefonia mòbil s'ha convertit en l'últim focus de tensió entre la protecció del territori i el desplegament d'infraestructures considerades essencials. La instal·lació enfronta un veí del municipi mallorquí d'Esporles amb les administracions, ja que l'afectat sosté que l'actuació envaeix elements de la seva propietat, però, sobretot, obre un debat de més abast: fins a on pot arribar la protecció d'un territori especialment sensible quan entra en joc el desplegament d'unes xarxes de telecomunicacions que la legislació estatal considera obres d'interès general?

La controvèrsia se situa en una parcel·la rústica d'uns 5.000 metres quadrats inclosa en un Àrea Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP). El propietari de la finca adjacent es va posar en contacte amb elDiario.es per denunciar l'impacte visual de la instal·lació i qüestiona que pugui autoritzar-se una infraestructura d'aquestes característiques en un sòl on la normativa urbanística no permet construir cap edificació privada.

En l'escrit que el veí va presentar davant la Direcció General d'Indústria critica, a més, l'escomesa elèctrica prevista per donar-li servei: el plànol incorporat a l'expedient, consultat per aquest diari, confirma que el projecte preveu la instal·lació d'una nova caixa de distribució (CDU) al costat de la carretera i l'adaptació de la connexió elèctrica mitjançant un suport metàl·lic existent, encara que també precisa que l'actuació queda condicionada a l'obtenció de tots els permisos administratius i particulars necessaris. L'afectat reclama que la CDU no s'instal·li davant el mur de pedra de la seva propietat i rebutja que el projecte utilitzi un pal metàl·lic que, assegura, forma part de les instal·lacions que ell va sufragar en el seu dia per abastir el seu habitatge. elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Conselleria , de la qual depèn la Direcció General, però al·leguen que aquest tipus de tramitacions no formen part de les seves competències.

La instal·lació reobre el debat de fins on pot arribar la protecció d'un territori especialment sensible quan entra en joc el desplegament d'unes xarxes de telecomunicacions que la legislació estatal considera obres d'interès general

A Menorca, la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil d'uns 23 metres a l'aparcament d'un restaurant de la localitat de Binissafúller va provocar el passat mes de maig el rebuig dels residents de la urbanització. Els veïns qüestionen la seva ubicació, especialment per l'impacte visual d'una estructura d'aquesta alçada en un entorn dominat per habitatges baixos. La protesta va anar creixent durant els mesos següents. Els residents van arribar a concentrar-se davant de l'Ajuntament per reclamar que la torre fos traslladada a un altre lloc.

A Menorca, la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil d'uns 23 metres a l'aparcament d'un restaurant de la localitat de Binissafúller ha provocat el rebuig dels residents de la urbanització, que qüestionen la seva ubicació, especialment per l'impacte visual d'una estructura d'aquesta alçada en un entorn dominat per habitatges baixos

La polèmica no ha quedat únicament en la protesta: al juliol, els veïns van iniciar fins i tot una recollida de signatures per reclamar el trasllat de l'antena a un emplaçament amb menor impacte paisatgístic i ambiental. No obstant això, Totem Towerco Spain, empresa del grup Orange responsable de la infraestructura, va rebutjar finalment traslladar-la al futur centre de telecomunicacions de Cap d’en Font, una ubicació que havien plantejat tant el Govern balear com l'Ajuntament de Sant Lluís, va informar en el seu moment Es Diari de Menorca. La companyia, d'acord amb el mateix medi, va al·legar problemes tècnics amb determinades freqüències i l'antena es manté a Binissafúller mentre les administracions busquen una tercera ubicació que compleixi els requisits tècnics de la companyia o una solució que permeti reduir-ne l'alçada.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Orange per conèixer si la instal·lació d'Esporles compta amb totes les autoritzacions i permisos exigits per la normativa vigent; quins criteris tècnics han portat a triar l'emplaçament actual i si es van estudiar ubicacions alternatives abans de seleccionar aquesta parcel·la; quines millores de cobertura o capacitat permetrà la infraestructura, si s'han previst mesures d'integració paisatgística per minimitzar-ne l'impacte visual en un entorn protegit com la Serra de Tramuntana, en quines circumstàncies acceptaria estudiar el trasllat d'una antena com la de Binissafúller, com també els criteris tècnics, ambientals i territorials que segueix a l'hora de seleccionar nous emplaçaments i si existeixen protocols específics per minimitzar l'impacte paisatgístic de les seves infraestructures en zones d'elevat valor ambiental o patrimonial. Orange no havia respost a aquestes preguntes al tancament d'aquest reportatge.

Les xarxes de telecomunicacions, un servei d'interès general

Esporles i Binissafúller són escenaris diferents. A Menorca, el conflicte es desenvolupa en una urbanització residencial i gira fonamentalment al voltant de l'impacte visual i de l'elecció de l'emplaçament. A Mallorca, la controvèrsia incorpora la protecció d'un espai d'especial valor paisatgístic i el règim específic de la Serra de Tramuntana. Però ambdós casos plantegen la mateixa qüestió: quin lloc ocupa el paisatge en la decisió sobre on instal·lar una antena? La resposta es troba en la legislació estatal: la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions estableix que aquestes són serveis d'interès general i assenyala expressament que les xarxes públiques de comunicacions electròniques contribueixen a una finalitat d'interès general, constitueixen equipament bàsic i que la seva instal·lació i desplegament tenen la consideració d'obres d'interès general. En aquest sentit, insta a més les administracions públiques a col·laborar i a facilitar la seva implantació.

La Llei 11/2022 va transposar a l'ordenament espanyol la Directiva (UE) 2018/1972, que estableix el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques i fixa un marc comú per a la regulació de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques a la Unió Europea. L'aprovació de la nova llei espanyola es va produir, a més, en el marc de les reformes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en l'estratègia Espanya Digital 2025, dins de les mesures destinades a impulsar la connectivitat i el desplegament de xarxes, inclòs el 5G.

La Llei General de Telecomunicacions estableix que aquestes són serveis d'interès general i assenyala expressament que les xarxes públiques de comunicacions electròniques contribueixen a un fi d'interès general, constitueixen equipament bàsic i que la seva instal·lació i desplegament tenen la consideració d'obres d'interès general

La norma imposa també límits a la capacitat de les administracions per restringir la instal·lació d'aquestes infraestructures. Els instruments de planificació territorial i urbanística han de contemplar la necessitat de desplegar xarxes i no poden establir restriccions absolutes o desproporcionades als operadors. Tampoc poden imposar, amb caràcter general, una determinada ubicació o solució tecnològica. Això no significa, tanmateix, que les antenes puguin instal·lar-se en qualsevol lloc. La mateixa llei contempla expressament que una restricció pugui estar justificada per raons de medi ambient, seguretat pública o ordenació urbana i territorial. Quan una condició pugui fer impossible l'ocupació d'un determinat emplaçament, aquesta limitació ha d'estar plenament justificada i acompanyada d'alternatives que permetin garantir el desplegament.

L'Ajuntament d'Esporles: “Tenim molt poc marge”

No en va, el batle d'Esporles, Josep Ferrà, explica a elDiario.es que l'Ajuntament amb prou feines disposa de capacitat per intervenir. En declaracions a aquest diari, explica que la infraestructura instal·lada als afores del municipi no respon a la creació d'una nova cobertura, sinó al trasllat d'una antena que ja prestava servei en una altra parcel·la i el propietari de la qual va decidir no renovar l'acord amb l'operadora. La nova ubicació, afegeix, també es troba en sòl rústic protegit.

El regidor atribueix aquesta situació, precisament, a la Llei General de Telecomunicacions, que redueix notablement el marge de maniobra dels ajuntaments, especialment quan les competències sobre sòl rústic, en el cas de Mallorca, corresponen al Consell Insular. En aquest cas, el consistori assegura haver remès al Consell diverses consultes sobre l'actuació i reconeix que continua a l'espera de conèixer el criteri definitiu de l'organisme insular. Des de l'Administració supramunicipal, tanmateix, assenyalen a aquest diari que, amb caràcter general, el Consell no és l'òrgan encarregat d'autoritzar urbanísticament aquest tipus d'instal·lacions. La seva intervenció se situa principalment en l'àmbit de la disciplina urbanística: la inspecció, la restauració de la legalitat i, si escau, l'obertura d'expedients sancionadors davant possibles infraccions.

És precisament aquesta combinació la que explica part de l'aparent contradicció que troben els veïns: la protecció territorial no desapareix, però tampoc permet a una administració rebutjar una antena simplement perquè consideri que altera el paisatge. La pròpia llei contempla, de fet, que les administracions puguin justificar restriccions per raons ambientals o d'ordenació territorial. I estableix mecanismes d'intervenció de l'Estat quan una administració pretén paralitzar o impedir una infraestructura que compleix els paràmetres tècnics essencials.

La protecció territorial no desapareix, però tampoc permet a una administració rebutjar una antena simplement perquè consideri que altera el paisatge

Per part seva, la batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch, va expressar públicament el seu rebuig a l'impacte visual de la instal·lació, però va sostenir que el marge municipal per impedir-la era molt reduït pel marc estatal de telecomunicacions, com va assenyalar en declaracions a Menorca al Día. El cas presenta a més una particularitat: els veïns van qüestionar que s'hagués escollit precisament aquest emplaçament quan inicialment s'havia plantejat una altra ubicació a Biniparratx, una zona amb menys habitatges al voltant. També van criticar que la torre s'aixequés en una de les cotes més baixes de la urbanització, cosa que obligava a elevar encara més l'estructura per garantir-ne el funcionament.

Una polèmica amb més de 25 anys d'història

La preocupació per l'impacte de les antenes no és nova a Mallorca. Ja a començaments dels anys 2000, el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) -entitat que fa dècades que denuncia l'impacte ambiental i paisatgístic de determinades infraestructures i reclama una protecció més elevada del territori- alertava de la proliferació d'aquestes instal·lacions i reclamava un control més gran sobre la seva implantació. En un article publicat aquell any a la seva revista 'L'ecologista', l'organització denunciava que el 80% de les antenes de telefonia mòbil de Mallorca eren il·legals i reclamava un major control de la seva implantació. Dos mesos després, el mateix Govern balear situava també al voltant del 80% el percentatge d'instal·lacions que presentaven alguna irregularitat o careixien de totes les llicències necessàries.

Ja a començaments dels anys 2000, el GOB alertava de la proliferació d'antenes i reclamava un control més gran sobre la seva implantació. L'organització -i el Govern balear després- denunciava que el 80% de les antenes de telefonia mòbil de Mallorca eren il·legals

L’any 2001, veïns de Sant Joan havien reunit en poc més d’un mes prop de 600 signatures per reclamar el trasllat d’una antena d’uns 20 metres instal·lada a la finca d’es Revellar pel seu impacte paisatgístic i ambiental. La protesta tenia aleshores un argument que es repeteix ara en altres punts de les Illes: els residents, que van arribar a organitzar-se sota el nom de Grup Antiantena, no qüestionaven la necessitat de disposar de cobertura, sinó l’emplaçament escollit, que consideraven causant d’un fort impacte ambiental, visual i paisatgístic i que es trobava al costat d’habitatges habitats i del dipòsit d’aigua potable del poble.

Segons publicava el Grup Antiantena a la revista Mel i Sucre de l’Obra Cultural Balear (OCB), l’antena d’Amena instal·lada a es Revellar feia, a més, uns sis mesos que funcionava sense la llicència d’interès social que havia de concedir el Consell de Mallorca.

El rebuig es va reproduir també en altres municipis. Al municipi de Muro, GOB i PSM van reclamar el 2001 la retirada d'una antena situada al costat de l'institut i el poliesportiu municipal, mentre que, el 2007, veïns de s'Hostalot, a Palma, van impulsar una coordinadora ciutadana per reclamar el desmantellament d'antenes de telefonia. El 2002, l'organització ecologista denunciava que bona part de les estacions кareixien dels permisos exigibles i defensava que les instal·lacions en sòl rústic estiguessin sotmeses a control insular, a més de reclamar que les operadores justifiquessin els seus emplaçaments i optessin per les solucions amb menor impacte ambiental i visual.

Es tracta de conflictes que mostren com, molt abans de l'arribada del 5G, el desplegament de les xarxes mòbils ja generava friccions pel seu impacte sobre el paisatge, la proximitat a habitatges o equipaments i l'elecció dels emplaçaments. La discussió de fons, però, roman pràcticament intacta: com garantir una infraestructura considerada essencial sense convertir el lloc on s'instal·la en el cost d'aquesta cobertura. En la majoria dels casos, els tribunals han recordat que els ajuntaments poden regular aspectes urbanístics i exigir la integració paisatgística de les instal·lacions, però no establir prohibicions generals que impedeixin el desenvolupament de les xarxes quan aquestes compleixen la legislació sectorial.

Molt abans de l'arribada del 5G, el desplegament de les xarxes mòbils ja generava friccions pel seu impacte sobre el paisatge, la proximitat a habitatges o equipaments i l'elecció dels emplaçaments. La discussió de fons, però, roman pràcticament intacta: com garantir una infraestructura considerada essencial sense convertir el lloc on s'instal·la en el cost d'aquesta cobertura

De la por a les radiacions a l'impacte sobre el paisatge

Aquest equilibri entre desplegament, protecció de l'entorn i drets dels veïns fa més de dues dècades que acompanya l'expansió de la telefonia mòbil. L'any 2001, el Govern d'Espanya va aprovar el Reial Decret 1066/2001, que va establir restriccions a les emissions radioelèctriques i límits d'exposició per protegir la salut pública. La norma obliga que les estacions respectin determinats nivells d'exposició i estableix que la seva planificació ha de procurar minimitzar l'exposició de la població, amb especial atenció a espais sensibles com escoles, centres sanitaris, hospitals o parcs públics. La regulació s'ha anat actualitzant a mesura que evolucionaven les xarxes. El Reial Decret 123/2017, per exemple, exigeix estudis d'exposició per a determinades estacions i obliga a tenir en compte les estacions existents a l'entorn en calcular els nivells d'exposició.

L'evolució tecnològica ha incrementat el nombre d'estacions i equips necessaris per sostenir les xarxes mòbils, encara que aquest creixement no es tradueix necessàriament en la construcció de noves torres. Una mateixa infraestructura pot allotjar diferents tecnologies i donar servei a diversos operadors, mentre que bona part del desplegament consisteix a actualitzar o ampliar estacions ja existents. Així i tot, l'expansió i millora de les xarxes manté la necessitat d'incorporar nous emplaçaments allà on les infraestructures existents no permeten garantir les prestacions requerides.

L'any 2024, Espanya tenia 194.443 estacions base de telefonia mòbila, segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) recopilades per l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat.

La legislació també ha evolucionat per incorporar criteris d'integració. La jurisprudència del Suprem ha reconegut, per exemple, que els ajuntaments poden exigir solucions que redueixin l'impacte visual quan aquesta exigència es vincula a les seves competències urbanístiques. La Llei 9/2014 ja havia reforçat la consideració de les xarxes públiques com a equipament bàsic i de la seva instal·lació com a obres d'interès general. L'actual Llei 11/2022 manté i desenvolupa aquest principi.

Fins a on pot arribar un ajuntament

La jurisprudència també ha anat delimitant què poden fer els ajuntaments. El Tribunal Suprem ha reconegut que les administracions locals poden intervenir en aspectes relacionats amb les seves competències urbanístiques i perseguir, entre altres objectius, la integració d'aquestes instal·lacions en l'entorn. En una sentència de 24 de maig de 2005, per exemple, l'Alt Tribunal considerava legítim que una ordenança municipal exigís utilitzar la millor tecnologia disponible compatible amb un mínim impacte visual, en entendre que aquesta exigència es vinculava a una competència municipal pròpia i no suposava envair les competències estatals sobre telecomunicacions.

El Tribunal Suprem ha reconegut que les administracions locals poden intervenir en aspectes relacionats amb les seves competències urbanístiques i perseguir, entre altres objectius, la integració d'aquestes instal·lacions en l'entorn

La legislació estatal posterior ha reforçat, tanmateix, els límits a les restriccions municipals. La Llei 9/2014 ja qualificava les xarxes públiques com a equipament bàsic i la seva instal·lació com a obres d'interès general, i prohibia restriccions absolutes o desproporcionades al desplegament. L'actual Llei 11/2022 manté i desenvolupa aquest principi. La qüestió, per tant, no és si els ajuntaments poden protegir el paisatge -poden fer-ho dins les seves competències-, sinó fins on poden arribar aquestes exigències abans de convertir-se en un obstacle desproporcionat per a una infraestructura que la legislació estatal considera d'interès general.

Els casos de Sant Joan de Labritja i Àvila

En aquest context, un dels precedents més singulars de Balears va tenir lloc a Sant Joan de Labritja, a Eivissa, el consistori del qual va aprovar una ordenança específica per regular les antenes de telefonia i tractar de compatibilitzar el seu desplegament amb la protecció del territori i el paisatge. Retevisión Móvil va recórrer la norma en considerar que envaïa competències estatals, però el Tribunal Suprem va avalar, el 4 de juliol de 2006, bona part de les restriccions municipals. L'Alt Tribunal va establir que la competència exclusiva de l'Estat en telecomunicacions no impedeix que els ajuntaments intervinguin en qüestions urbanístiques, ambientals i paisatgístiques: poden regular la ubicació de les antenes, exigir mesures per reduir-ne l'impacte visual o fins i tot imposar la compartició d'emplaçaments quan existeixin raons urbanístiques, ambientals o paisatgístiques que ho justifiquin, sempre que les mesures siguin proporcionades i no impedeixin el desplegament de la xarxa.

El Tribunal Suprem va avalar el 2006 que els ajuntaments regulin la ubicació d'antenes i el seu impacte paisatgístic. Això sí, sempre que les restriccions siguin proporcionades i no impedeixin el desplegament de les xarxes. Ho va fer arran de l'ordenança aprovada per Sant Joan de Labritja (Eivissa)

Aquell mateix any, tanmateix, el Suprem va establir també límits a compte de l'ordenança municipal impulsada a Àvila per regular la instal·lació d'estacions de telefonia mòbil . El tribunal, en la seva sentència de l'11 d'octubre, va anul·lar diversos preceptes de la mateixa en considerar que l'Ajuntament havia entrat en àmbits reservats a l'Estat. Entre les restriccions qüestionades figuraven la prohibició de la col·locació d'antenes en sòl rústic a menys de 300 metres de sòl urbà, urbanitzable o habitatges habitats, la fixació d'una distància mínima de 100 metres respecte dels habitatges o la reducció obligatòria de nivells radioelèctrics en determinades “zones sensibles”.

Els magistrats van entendre que els municipis poden exercir les seves competències urbanístiques i ambientals, però no utilitzar aquestes competències per regular aspectes tècnics de les telecomunicacions que corresponen a l'Estat. La sentència va contribuir així a delimitar la frontera entre la capacitat municipal per ordenar l'impacte territorial i paisatgístic de les antenes i la competència estatal sobre el desplegament i les condicions tècniques de les xarxes. La qüestió, per tant, no és si els ajuntaments poden regular aquestes instal·lacions, sinó fins on poden arribar les seves restriccions abans d'envair les competències estatals o dificultar de forma desproporcionada el desplegament de les xarxes.

La diferència entre ambdós casos resulta clau: Sant Joan representa el marge que tenen les administracions locals per protegir el territori i el paisatge; Àvila, el límit que no poden traspassar quan entren en qüestions tècniques pròpies de la competència estatal.

El 2006, el Tribunal Suprem va anul·lar diverses restriccions municipals d'Àvila que afectaven distàncies, sòl rústic i nivells radioelèctrics. Els ajuntaments poden protegir el paisatge, però no regular aspectes tècnics de les telecomunicacions que corresponen a l'Estat

En l'àmbit particular, el Tribunal Suprem ha arribat fins i tot a pronunciar-se sobre els conflictes derivats d'aquestes instal·lacions. L'abril de 2024, l'Alt Tribunal va donar la raó a una família de Las Palmas de Gran Canària que havia patit més de 60 manifestacions davant del seu domicili contra una antena de telefonia instal·lada a la teulada d'un edifici de la seva propietat, llogat a Orange. La Sala va considerar que la reiteració de les protestes i la seva concentració davant de l'habitatge havien afectat la intimitat personal i familiar i la integritat física i moral dels afectats. La sentència no va qüestionar el dret dels veïns a protestar contra l'antena, sinó que va establir que el seu exercici havia de conciliar-se amb els drets fonamentals dels qui patien les mobilitzacions.

Quan el paisatge protegit entra en joc

La legislació estatal, per tant, no elimina la protecció ambiental ni urbanística dels espais protegits, però sí que obliga a compatibilitzar-la amb el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions. L'existència d'un ARIP o d'un espai integrat a la Serra de Tramuntana no impedeix automàticament la instal·lació d'una antena si el projecte obté les autoritzacions sectorials exigibles. Precisament aquest és el debat que suscita el cas d'Esporles: fins a quin punt una infraestructura considerada estratègica pot implantar-se en un espai d'alt valor paisatgístic on la normativa limita severament la construcció d'usos privats.

La jurisprudència ha vingut recordant que els ajuntaments poden exigir el compliment del planejament urbanístic, la integració paisatgística de les instal·lacions o els informes ambientals que procedeixin, però no establir prohibicions generals que dificultin el desplegament de les xarxes quan concorren els requisits legals.

L'existència d'un ARIP o d'un espai integrat a la Serra de Tramuntana no impedeix automàticament la instal·lació d'una antena si el projecte obté les autoritzacions sectorials exigibles

Esporles i Binissafúller mostren dues cares d'un mateix problema. A Menorca, els veïns han qüestionat una torre de 23 metres pel seu impacte sobre una urbanització d'habitatges baixos i han reclamat una ubicació alternativa. A Mallorca, una nova antena ha acabat en un espai rústic protegit de la Serra de Tramuntana, després que l'operadora hagués de buscar un nou emplaçament per substituir una altra estació, el propietari de la qual no va voler renovar l'acord. En tots dos casos, la discussió acaba xocant amb la mateixa frontera: quin marge hi ha per protegir el paisatge quan la infraestructura que es vol instal·lar està emparada per una legislació que la considera d'interès general.

La resposta de la llei no és que les antenes puguin col·locar-se en qualsevol lloc, però tampoc que un espai protegit en permeti rebutjar-les automàticament. L'equilibri implica justificar les restriccions, valorar-ne la proporcionalitat i, quan un emplaçament no resulti viable, estudiar alternatives capaces de garantir el servei.

I aquí és on els dos casos deixen encara una pregunta oberta: qui decideix quan una ubicació és realment l'única possible i quan existeix una alternativa capaç de garantir la cobertura sense carregar el cost sobre el paisatge o sobre els qui viuen al costat de la infraestructura. A Esporles, aquesta resposta passa ara per conèixer quines autoritzacions es van concedir, quines alternatives es van estudiar i quines mesures es van adoptar per integrar la torre en un dels paisatges més protegits de Mallorca. A Binissafúller, per saber si les administracions i l'operadora acabaran trobant un emplaçament que permeti mantenir la cobertura sense mantenir el conflicte. Perquè el desplegament de les xarxes pot ser d'interès general, però la pregunta sobre on s'aixequen les seves torres continua sent, en bona part, una qüestió territorial.

Telefónica registró unas pérdidas netas de 338 millones de euros en el primer semestre del año, un 75% menos que los 'números rojos' de 1.355 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025, debido al impacto de 1.001 millones por la desinversión en Chile y a la provisión de 265 millones de euros realizada para cubrir la reestructuración de su filial en Alemania, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de 2026, la 'teleco' presidida por Marc Murtra generó unos ingresos de 16.392 millones de euros, un 1,7% más en tasa de cambio real (0,4% en términos constantes) que en el mismo tramo del año anterior, impulsados por España y Brasil.

En concreto, esta tendencia se vio reforzada en el segundo trimestre, cuando la facturación se situó en 8.265 millones de euros, un 3% más en tasa de cambio real (0% en términos constantes) respecto a un año antes.

Telefónica España registró en los primeros seis meses del año unos ingresos de 6.513 millones de euros, un 2,5% más, mientras que en Brasil la operadora obtuvo una facturación de 5.195 millones de euros, un 12,5% más en tasa de cambio real (7,5% más en términos constantes).

En una conferencia con analistas, posterior a la presentación de resultados, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha explicado que la compañía está en un momento de firme construcción de su hoja de ruta, con el objetivo de conseguir sus objetivos anuales y ha destacado la positiva evolución de dos mercados clave: España y Brasil. Por ejemplo, en España, Movistar Plus ha lanzado el Plan Libre Cine y Series y el Plan Fast Pass. También ha apuntado la búsqueda de eficiencias y la apuesta por el consorcio de la gigafactoría de IA española junto a otras empresas, como Banco Santanter y ACS.

En este contexto, el grupo obtuvo un beneficio neto de 474 millones de euros con las operaciones que siguen dentro de Telefónica --como España, Brasil, Alemania, Reino Unido y el resto de negocios en continuidad--, mientras que las actividades que ya están fuera del perímetro del grupo o en proceso de salida, como las desinversiones en Hispanoamérica, aportaron un resultado neto negativo de 812 millones de euros.

No obstante, la compañía dejó atrás los 'números rojos' en el segundo trimestre y obtuvo unas ganancias netas de 73 millones de euros, resultado que recoge un beneficio de 87 millones en las operaciones continuadas y unas pérdidas de 14 millones en las discontinuadas, y que está condicionado por la provisión destinada a cubrir la reestructuración de su filial alemana.

La 'teleco' mejoró su rentabilidad en el primer semestre de 2026, con resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado que alcanzó los 5.768 millones de euros, un 3,8% más en tasa de cambio real (2,3% en términos constantes) que en el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento se vio reforzado en el segundo trimestre, cuando el Ebitda ajustado se situó en 2.933 millones de euros, un 6,4% más en tasa de cambio real (2,7% en términos constantes), de modo que el grupo camina, tal y como ha explicado, “con paso firme hacia el cumplimiento del crecimiento contemplado para el conjunto del año”.

El grupo redujo la deuda financiera neta, que se situó en el sexto mes del año en los 25.278 millones de euros, un 8,4% menos que un año antes, y la ratio de endeudamiento bajó hasta las 2,68 veces, por debajo de las 2,72 veces del cierre de marzo de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025.

Con todo, la compañía cerró entre abril y junio su tercer trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en todos los principales indicadores financieros, tanto a tasa de cambio real como en términos constantes.

Revisa al alza sus previsiones

Las cifras conseguidas en la primera mitad del ejercicio permiten a Telefónica reforzar su ambición para la segunda mitad del año, hasta el punto de revisar al alza su objetivo para el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado), para el que contempla ahora un crecimiento interanual por encima del 3% en términos constantes frente al anterior objetivo de más del 2%, lo que supone una mejora del 50%.

En el resto de metas financieras, la compañía también se sitúa en la senda de cumplimiento: ingresos y Ebitda ajustado con un crecimiento del 1,5%-2,5% interanual en términos constantes, una ratio de inversión sobre ingresos en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2,5 veces Ebitda después de arrendamientos (EbitdaaL) fijado para 2028.

Asimismo, los resultados del primer semestre permiten a Telefónica confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, pagadero en junio de 2027, previa aprobación de la junta general de accionistas, después de haber abonado en junio de 2026 un pago de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al segundo tramo del dividendo del ejercicio 2025.

Operaciones corporativas

Además, el presidente de Telefónica ha asegurado que el proceso de consolidación de 'telecos' en Francia no condicionará eventuales decisiones de la multinacional española. En concreto, Murtra ha sido preguntado por si considera conveniente esperar a la evolución de la operación de consolidación en Francia, donde se plantea una reducción del mercado de cuatro a tres operadores, antes de dar algún paso.

Al respecto, ha señalado que Telefónica interpreta como un “cambio” las nuevas directrices de la Comisión Europea sobre fusiones y adquisiciones, que, a su juicio, reflejan una definición del mercado más abierta y ponen el foco en la inversión y el desarrollo tecnológico que puede generar una consolidación. Asimismo, ha considerado “muy interesante” que la operación francesa haya pasado a ser analizada por la autoridad francesa de competencia y que se planteara poco después de la publicación de esas nuevas directrices europeas.

Murtra ha añadido que, si una operación de esa envergadura entre cuatro operadores se ha planteado, es porque sus impulsores ven un camino “viable” para seguir adelante, aunque ha precisado que esa es su interpretación.

La operación de telecomunicaciones planteada en Francia es la compra y reparto de SFR por parte de Bouygues Telecom, Free (Iliad) y Orange, acordada por 20.350 millones, lo que reduciría el mercado a tres grandes operadores.

Sobre las posibles operaciones corporativas de Telefónica, ha reiterado que la compañía no comenta operaciones concretas hasta que están cerradas y ha insistido en que cualquier eventual transacción deberá generar claras sinergias de costes y de red, realizarse al precio adecuado y ser compatible con las exigencias de las autoridades regulatorias.

Orange cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 3.206 millones de euros, frente a las pérdidas de 398 millones contabilizadas en la primera mitad del pasado ejercicio, según ha informado la operadora francesa, que ha revisado al alza su pronóstico anual para reflejar la buena evolución de África y Oriente Próximo, así como la consolidación de MasOrange.

La cifra de negocio de Orange en los seis primeros meses del ejercicio alcanzó los 20.948 millones, un 5,5% más que un año antes, aunque en datos comparables, que excluyen el impacto del tipo de cambio y las variaciones de perímetro de la empresa, el avance interanual fue del 3,5%.

De su lado, el resultado bruto de explotación después de arrendamientos (EbitdaaL) se elevó un 8% respecto del primer semestre de 2025, hasta los 6.128 millones de euros.

Al desglosarse la facturación semestral, un total de 8.672 millones de euros procedieron de Francia, un 1,2% más; mientras que los ingresos generados en África y Oriente Próximo subieron un 10,5%, hasta los 4.576 millones de euros; un 3,2% en la región Europa 6, que incluye Polonia, Bélgica, Luxemburgo, Eslovaquia, Rumanía y Moldavia, con 3.606 millones.

De su lado, Orange Business aportó 3.503 millones de euros, un 5,1% menos, mientras que las operadoras internacionales y los servicios compartidos brindaron 589 millones de euros, un 1,1% menos, y Totem facturó 359 millones de euros, un 1,1% menos.

La deuda financiera neta de Orange cerró el semestre en 35.683 millones de euros, un 53% más, principalmente por la adquisición de MasOrange.

Exclusivamente entre abril y junio, los ingresos de Orange sumaron 10.853 millones de euros, un 9,2% por encima de los registrados en el segundo trimestre de 2025, mientras que el EbitdaaL aumentó un 10,4% interanual, hasta 3.527 millones.

“Este semestre marca un hito importante en la ejecución de nuestro plan estratégico”, ha destacado Christel Heydemann, consejera delegado del grupo Orange, para quien la adquisición de MasOrange y la firma del memorando de entendimiento para la adquisición conjunta de SFR representan dos hitos clave en la estrategia de consolidación en Europa, reforzando el liderazgo de Orange en sus dos mercados principales.

Asimismo, tras la adquisición a principios de junio del 50% de la participación de Lorca en MasOrange, esta se ha consolidado íntegramente en las cuentas consolidadas de Orange a partir de junio de 2026, lo que ha llevado a la operadora gala a cambiar la presentación de su información, que ahora incluye un segmento de España para identificar la contribución de MasOrange.

De tal modo, tomando en cuenta la contribución de MasOrange sobre una base de consolidación total desde la fecha de la adquisición exclusiva, en junio España generó ingresos de 648 millones de euros, un 2% más en cifras comparables, impulsados por las ventas de equipos, que sumaron 119 millones (+30%), mientras que el negocio mayorista aportó 52 millones (+4%) y los ingresos por servicios minoristas se mantuvieron estables en 462 millones.

En cuanto a la dinámica comercial, en el segundo trimestre, España registró 13.000 nuevos clientes netos en banda ancha fija de alta velocidad, 70.000 en móvil y 215.000 en multiservicio. El ARPU (ingreso medio por usuario) convergente se mantuvo estable en 52,9 euros. Asimismo, los ingresos B2B están creciendo.

Para el segundo semestre, España aspira a lograr un crecimiento del EBITDAaL de un dígito bajo y alcanzar más de 430 millones de euros en sinergias acumuladas desde la creación de MasOrange.

Sobre la base de los sólidos resultados obtenidos en África y Oriente Medio, y en Europa, y teniendo en cuenta la consolidación de MasOrange durante siete meses, Orange ha elevado sus previsiones para 2026 y ahora anticipa un aumento del EbitdaaL superior al 4%, frente al 3% precedente.

Además, la operadora espera lograr un flujo de caja orgánico de alrededor de 4.300 millones de euros, frente a los 4.000 millones anteriormente previstos.

El eclipse total de Sol previsto para el próximo 12 de agosto que será visible en su máxima plenitud desde las provincias de Cuenca y de Guadalajara traerá aparejados algunos “riesgos” ante la expectación por el fenómeno astronómico.

Uno de ellos es la esperada abundante afluencia de público que requiere planificación y coordinación del dispositivo de Protección Civil. Se prevé determinados puntos del territorio regional, en concreto en municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara, habrá mucha gente que quiera disfrutar de este espectáculo y que “requerirá la necesidad de reforzar la coordinación de la Junta de Comunidades en el ámbito de la Protección Civil, con la Administración General del Estado, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos”, según ha recordado hoy el Gobierno regional.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presidido este viernes en Toledo, la reunión del Grupo de Coordinación de Actuaciones, para poner en común los trabajos previos ya realizados, en el marco de las competencias propias de su departamento en esta materia, y en el desarrollo del Plan Específico 'Trío de Eclipses', elaborado por el Ministerio del Interior.

Además de lo relativo a la afluencia de público, se ha analizado la situación de las redes de telecomunicaciones, especialmente de la telefonía móvil, que podría dificultar la gestión de una eventual emergencia en aquellos lugares con mayor concentración de personas, según se recoge en el Plan Específico 'Trío de Eclipses'. Según el Ejecutivo regional “se trabaja de forma coordinada para anticipar las necesidades que puedan detectarse y garantizar la disponibilidad de las comunicaciones durante el desarrollo del evento”.

Otro de los principales asuntos abordados en el encuentro, encabezado por el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha sido la situación de los puntos de observación recomendados en Castilla-La Mancha. Algunas ciudades, como Guadalajara, ya han anunciado que habilitarán parcelas para verlo, de forma específica.

El objetivo es que estos espacios cuenten con las condiciones adecuadas para albergar con seguridad a la población durante el fenómeno astronómico.

Zonas de exclusión por riesgo de incendios forestales

Igualmente, se han analizado las delimitaciones de las zonas de exclusión que puedan establecerse en aquellos espacios donde, por razones de seguridad, problemas de acceso o por el elevado riesgo de incendios forestales, no resulte recomendable la presencia de personas. Aunque no se ha detallado cuáles serán.

En relación con este último aspecto, la reunión ha incidido en la necesidad de extremar las medidas preventivas, dado que el eclipse tendrá lugar en una época de riesgo extremo de incendios y que buena parte de la franja atraviesa zonas rurales y forestales donde se prevé una importante concentración de visitantes.

En este mismo contexto, los integrantes del Grupo de Coordinación también han avanzado en la planificación de un plan de información y comunicación de la Junta dirigido a la ciudadanía, que desarrollarán de forma coordinada entre las distintas administraciones.

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al nombramiento del catedrático Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el apoyo del Gobierno y sus socios habituales, frente al rechazo del PP y Junts.

Los candidatos a incorporarse al consejo de Competencia han comparecido este martes en el Congreso, un trámite preceptivo para avalar la designación que hizo el Consejo de Ministros el pasado 23 de junio. Además de Ganuza, los diputados han aprobado la designación de tres nuevos consejeros por un mandato de seis años: Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría.

La mayoría de la Comisión ha avalado los nombramientos, con 19 votos a favor y 17 en contra, y ha desestimado los vetos que han presentado tanto PP como Vox a los nombramientos de los cuatro nuevos miembros de la CNMC.

Durante su intervención, Ganuza se ha definido como un “apasionado de la competencia”, que es “un mecanismo para reducir la desigualdad”. El ya presidente de la CNMC ha defendido que el mayor reto al que se enfrenta el supervisor están relacionados con la “competencia extrema” que suponen la economía digital y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Esto obliga, ha dicho el ya presidente de la CNMC, a actuar no solo 'ex post', sino con nuevas herramientas que eviten el “abuso de posiciones de dominio”.

“Soy un apasionado de la competencia. Creo firmemente que democratiza los mercados, abarata los precios, traslada las mejoras de productividad a los salarios de los trabajadores e incentiva a las empresas a innovar”, ha dicho.

El nuevo presidente de la CNMC, que sustituye a Cani Fernández al frente del 'zar' que supervisa los sectores regulados, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III. Catedrático de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, se ha especializado en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública y dirigió durante más de una década el máster de Competencia y Regulación de la Barcelona School of Economics.

Además, desde 2014 es el responsable de la División de Regulación y Competencia de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro, y preside el Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencia.

Un exdiputado, la exjefa de gabinete de Calviño y una catedrática

Junto al nuevo presidente, se incorporan como vocal Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño entre 2018 y 2021 y, ahora, responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. Balsa, que es técnico comercial y economista del Estado, cuenta con una dilatada experiencia en la Administración pública española y en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Fue subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la CNC, organismo que se integró en la CNMC, entre 2008 y 2009. Ha defendido durante su comparecencia el “honor” de sumarse al consejo de la CNMC.

También Joan Capdevila, exdiputado de ERC (2015-2024) y exdelegado del Govern de Catalunya en Madrid (2024-2025), que se desempeñó en su época en el Congreso en las comisiones de Industria, Transición Ecológica y Economía. Precisamente ha glosado esta experiencia y su trabajo “en más de 30 proyectos de ley”, lo que le ha permitido, a su juicio, “saber de la intersercción entre norma, mercado, empresa, consumidor y administración”. “Una experiencia presumo que útil para un órgano colegiado que debe decidir sobre problemas en los que la norma jurídica, el análisis económico, la realidad sectorial y el impacto social se cruzan constantemente”, ha señalado.

Por su parte, Marina Echebarría es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, cuya investigación académica se ha especializado en ámbitos como el Derecho de la distribución comercial, los mercados electrónicos y las nuevas tecnologías. Echebarría, nombrada en 2020 la primera catedrática trans de España, fue candidata de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León del pasado mes de marzo.

La jurista ha asegurado que no pretende ser “experta” en los ocho sectores regulados de la CNMC pero se ha confiado a su “experiencia y capacidad de aprendizaje” para tomar las mejores decisiones en su órgano colegiado y hacer frente a los “abusos explotativos” vinculados a las posiciones dominantes en los mercados, lo que puede favorecer “actos desleales” que tengan incidencia en el derecho de la competencia.

Los diputados se han despedido con un sentido aplauso de Cani Fernández, presente en la sala mientras defendían su idoneidad los nuevos consejeros de la CNMC, cuyo mandato caducó el pasado mes de junio.

La filial alemana del grupo Telefónica, que opera bajo la marca comercial O2, está estudiando reducir su plantilla en unos 1.000 empleados, lo que supondría un despido colectivo de casi el 15% de los más de 6.800 profesionales que conforman su personal en el país, según avanzaron los medios germanos Teltarif.de y Handelsblatt.

“Actualmente estamos inmersos en una transformación integral de nuestra empresa, cuyo objetivo es asegurar nuestra competitividad a largo plazo y nuestra viabilidad futura”, han explicado fuentes de Telefónica Alemania en declaraciones recogidas por Europa Press.

Como parte de este proceso, la filial germana de Telefónica ha indicado que están revisando y debatiendo “diversas medidas” con los representantes de los trabajadores. “Por respeto a las conversaciones en curso y a nuestros empleados y socios, no haremos comentarios sobre medidas específicas, posibles impactos ni plazos por el momento”, han comentado estas mismas fuentes.

“En cualquier caso, informaremos en primer lugar al comité de empresa, a nuestros empleados y a nuestros socios comerciales y, cuando exista un interés general, también a la opinión pública”, ha concluido el mensaje difundido por la empresa.

Impacto del fin del contrato con 1&1

Uno de los motivos de este ajuste financiero y laboral pasa por la finalización del contrato mayorista de arrendamiento de red con su operadora competidora 1&1, firma que constituía el principal cliente de la infraestructura de la 'teleco' en el mercado germano.

Tras la conclusión del acuerdo por el cual 1&1 utilizaba la infraestructura de O2 Telefónica, la posterior alianza de dicha operadora con Vodafone propició la migración de aproximadamente 12 millones de líneas móviles hacia la red de este último competidor.

Esta reducción en la actividad mayorista terminó afectando a los balances de la firma con sede en Múnich, cuya cartera comercial propia, que se compone de unos 18 millones de accesos de contrato móvil, se complementa con los segmentos de prepago y empresas.

La marcha de este cliente mayorista contribuyó a la reducción de los ingresos anuales de la filial en un 3,8%, hasta los 8.200 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) disminuyó un 8,8%, hasta situarse en los 2.500 millones de euros, tal y como describe Handelsblatt.

Asimismo, dado que la operadora no dispone de una infraestructura de red fija propia para el segmento de banda ancha, la compañía debe asumir el arrendamiento de accesos a otros operadores del mercado, lo que explica que este negocio tenga un menor peso en su actividad global.

Tras asumir la dirección general a finales de 2025 en sustitución de Markus Haas, el nuevo consejero delegado de la operadora, Santiago Argelich Hesse, ha iniciado una reestructuración que incluye la reducción del consejo de administración de siete a seis miembros y la ejecución de un plan de transformación.

En cuanto al contexto del mercado alemán de telecomunicaciones, cabe señalar que las operadoras comerciales incrementan los volúmenes de datos sin variar los precios finales, ya que el sector de la telefonía móvil en el mercado germano presenta niveles de maduración y saturación que impiden subidas tarifarias significativas.

En este contexto, las compañías de telecomunicaciones afrontan dificultades para rentabilizar las inversiones destinadas al despliegue de infraestructuras, dado que la cobertura de red ha pasado a considerarse un estándar de servicio en lugar de un factor de diferenciación comercial.

El mercado pasa por una compleja situación; de hecho, Vodafone Alemania ya realizó un programa de ajustes que afectó a 3.000 empleados durante los últimos tres ejercicios.

Aun así, según la Agencia Federal de Redes, O2 Telefónica alcanzó el 88,6% del territorio alemán con su red 4G y el 76,2% con la 55G en diciembre.

La diferencia con Deutsche Telekom (DT) se ha reducido considerablemente: la cobertura de DT se sitúa en el 92,5% (4G) y el 87,9% (5G), mientras que Vodafone alcanza el 91,7% para 4G y el 75,7% para 5G.

Hace tan solo unos años, O2 ocupaba el último lugar en este ranking de tres compañías, pero desde entonces ha experimentado un progreso significativo.

Digi Spain Telecom, filial española del grupo de telecomunicaciones europeo Digi, ha anunciado un precio de 5,6 euros por acción para su salida a bolsa el 16 de julio, un importe que implica, tras la ampliación de capital, una valoración de la compañía de unos 1.662 millones de euros.

La oferta estará compuesta por aproximadamente 150 millones de euros en acciones nuevas (tramo primario) y unos 137 millones más en acciones ya existentes (tramo secundario), lo que supone un total de 287 millones, sin incluir la opción de sobreadjudicación del 15%, según ha señalado este jueves en un comunicado.

Digi Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments para una inversión de 100 millones de euros en la oferta.

La operación está pendiente de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe del folleto correspondiente de la oferta y la admisión, que e incluirá todos los detalles y el calendario previsto.

En qué consistirá la oferta

Tal y como se anunció el pasado 29 de junio, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad.

Entre ellas, se incluyen posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la Smart Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.

Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la sociedad.

La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, Digi Romania mantendrá una participación de, al menos, aproximadamente el 80% en la sociedad.

En este sentido, Digi Romania concederá esta opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland, en su condición de entidad estabilizadora, en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las acciones en las bolsas españolas.

Digi Spain, el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión -en el caso de la compañía y Digi Romania- y 360 días -para la alta dirección-.

Barclays Bank Ireland, UBS Europe y Banco Santander actúan como entidades coordinadoras globales; BNP PARIBAS y Citigroup como entidades colocadoras sénior, y BBVA, CaixaBank e ING como entidades co-colocadoras.

El grupo de telecomunicaciones rumano está presente en el mercado español desde 2008, en el que ofrece servicios de telefonía e internet fijo y móvil, así como de televisión. Además de en España, Digi Communications está presente en Portugal, Italia, Bélgica y el Reino Unido.

Digi ha anunciado este lunes su intención de salir a bolsa mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones y la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, según ha indicado en un comunicado.

La operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.

Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

La oferta combinará la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

La oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.

El servicio de internet satelital Starlink, de Elon Musk, ha dominado este sector prácticamente desde su lanzamiento. Sin embargo, un proyecto respaldado por el Gobierno chino se ha propuesto desafiar su hegemonía. SpaceSail apenas cuenta con unos cientos de satélites en órbita terrestre baja, frente a los más de 10.000 de Starlink, pero la empresa asegura que ya dispone de los dispositivos suficientes para iniciar su primera aplicación comercial. Está expandiéndose a gran velocidad y, adelanta, ha entablado negociaciones con “decenas” de países para ofrecer cobertura de internet por satélite.

Según Blaine Curcio, fundador de la consultora Orbital Gateway Consulting, con sede en Hong Kong, SpaceSail se está dirigiendo “deliberadamente” a aquellos lugares donde Starlink ha enfrentado “problemas políticos o regulatorios”. En declaraciones al medio Rest of World, Curcio comparó esta estrategia con la del fabricante chino de coches eléctricos BYD, que aprovechó miles de millones en subsidios gubernamentales para adelantar a Tesla en ventas globales.

Aunque la reciente ronda de financiación de la empresa china se vio totalmente eclipsada por la histórica salida a bolsa de SpaceX —matriz de Starlink— por valor de 85.700 millones de dólares, cabe preguntarse si la creciente influencia global de China permitirá a SpaceSail abrirse camino.

¿Qué es SpaceSail?

El proyecto, denominado oficialmente Constelación SpaceSail o Qianfan (“Mil Velas”) en chino, fue lanzado en 2023 por la empresa estatal Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), con el objetivo de proporcionar internet de banda ancha “rápido, seguro y fiable” en todo el mundo.

Lan Xinzhen, analista de la revista estatal Beijing Review, señala que SpaceSail también se concibió con la seguridad nacional en mente, y que eventualmente servirá de apoyo para “proyectos en el extranjero, el comercio marítimo y misiones diplomáticas”, sin depender de empresas o infraestructuras occidentales.

SSST cuenta con el respaldo del instituto de investigación estatal Academia China de Ciencias y del Gobierno Popular Municipal de Shanghái, que aportaron una financiación inicial de 6.700 millones de yuanes (unos 943 millones de dólares). Sigue siendo un proyecto financiado íntegramente por China, con inversiones limitadas a entidades corporativas u organizaciones económicas con sede en el país, excluyendo a Hong Kong y Macao.

La información pública disponible sobre la escala de las operaciones de SpaceSail es limitada. No obstante, según Qichacha, una plataforma de información empresarial china, SSST contaba con 343 empleados en 2024, los últimos datos disponibles. Su página oficial de LinkedIn indica una horquilla de entre 201 y 500 trabajadores, mientras que la plataforma de empleo china Jobui señala que la firma ofertó 224 puestos en 2024, lo que supuso un aumento significativo respecto al año anterior.

¿Cuántos satélites ha lanzado hasta ahora?

SpaceSail lanzó sus primeros satélites en agosto de 2024, poniendo en órbita 18 dispositivos de panel plano a bordo de un cohete denominado Larga Marcha 6A. Un segundo grupo de 18 satélites se lanzó dos meses después, seguido de un tercer grupo de otros 18 en diciembre.

En la actualidad, hay al menos 200 satélites activos de SpaceSail en la órbita terrestre, tras el duodécimo y más reciente lanzamiento a bordo del cohete Larga Marcha 8 en junio de este año. La compañía ha afirmado que ya cuenta con satélites suficientes para iniciar su primera aplicación comercial: el rastreo de buques en alta mar.

La empresa aspira a comenzar con servicios comerciales más amplios de cara a finales de 2026, cuando se espera que el número total de satélites activos en órbita alcance los 648. Su constelación constará finalmente de más de 15.000 satélites, lo suficiente para proporcionar una cobertura global completa, según SSST.

¿Cómo se compara SpaceSail con Starlink?

Starlink es el líder indiscutible del sector, con más de 12 millones de usuarios activos en 160 países y territorios. Opera una constelación de alrededor de 10.413 satélites, con planes de expandirse eventualmente hasta los 42.000.

SpaceSail se encuentra todavía muy por detrás, pero sus ambiciones son enormes. La firma asegura que tendrá más de 10.000 satélites operando en órbita de baja altitud para finales de 2030.

El analista Curcio advierte de que el éxito de SpaceSail no está en absoluto garantizado y que también afronta competencia interna dentro de China. SpaceSail debe competir por cohetes y financiación con su rival doméstico SatNet, otra empresa estatal china que está construyendo su propia constelación de satélites de tamaño similar, denominada Guowang. Sin embargo, SpaceSail sigue siendo el competidor más natural para Starlink, ya que SatNet se centra principalmente en las telecomunicaciones nacionales del interior de China y en la seguridad nacional.

Según informa, SpaceSail está negociando con 30 países para implantar su servicio, cosechando ya éxitos como alternativa a Starlink allí donde los acuerdos con la compañía de Musk se han roto. Ya ha conseguido un contrato importante en Brasil, donde las autoridades chocaron con Musk en 2024 debido a la supuesta falta de moderación de contenidos en su plataforma social X. En febrero, la agencia reguladora de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, autorizó a SpaceSail a comenzar sus servicios comerciales.

SpaceSail también ha ganado terreno en Kazajistán, donde registró una filial en enero de 2025, después de que las conversaciones con Starlink fracasaran debido a los requisitos de almacenamiento de datos y seguridad. En diciembre, la compañía firmó un acuerdo con el fabricante aeronáutico europeo Airbus para incluir SpaceSail como una opción de wifi a bordo de sus aviones.

El Gobierno exigirá a las compañías de telecomunicaciones una garantía de al menos cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población española en caso de apagón. Así lo ha anunciado este jueves el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el encuentro DigitalES Summit, organizado por una de las principales patronales de las empresas de tecnología y telecomunicaciones.

La medida formará parte del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales, que está preparando su Ministerio, y cuyo texto definitivo se espera para antes de que concluya este año 2026.

Según ha explicado López, las normas del Real Decreto entrarán en vigor de manera paulatina para facilitar que las operadoras instalen las baterías de respaldo necesarias progresivamente. Durante el primer año de vigencia, las compañías tendrán la obligación de contar con baterías para mantener la señal móvil durante cuatro horas para, al menos, la mitad de la población del país. En el segundo año, ese porcentaje mínimo aumentará al 65%, llegando al 75% final durante el tercero.

El Ejecutivo y las telecos llevan un año negociando cómo asegurar la cobertura móvil durante el máximo tiempo posible en caso de un apagón como el de 2025. En este sentido, las operadoras han expresado los problemas de masificar el uso de baterías en las antenas e instalaciones de red, debido al peso (muchas están colocadas en tejados de edificios) y a los posibles robos en zonas rurales menos transitadas.

Finalmente, la normativa establecerá obligaciones diferenciadas según el nivel estratégico de la instalación, ha informado el ministro. Las infraestructuras de nivel intermedio, como los centros de gestión cuyo fallo afecte a varias comunidades autónomas, tendrán que permanecer operativas un mínimo de 12 horas en caso de fallo del suministro eléctrico. Los centros de control esenciales de primer nivel, que concentran la inteligencia centralizada de las redes y donde un fallo afectaría a todo el país, deberán asegurar una autonomía de funcionamiento de al menos 24 horas.

López ha especificado a su vez que el Real Decreto contendrá medidas especiales sobre las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y las alertas públicas. Las compañías que provean la red de estos servicios estarán obligadas a confeccionar planes de seguridad y a disponer de estrategias de redundancia, como sistemas que combinen el uso de redes fijas y móviles para evitar la caída total.

Estas medidas afectarán a los operadores en España y a los gestores de infraestructuras digitales como cables submarinos, satélites, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cuenten con más de medio millón de usuarios o superen los 50 millones de euros en ingresos. La regulación se extenderá a operadores críticos y servicios de emergencia, quedando excluidas las redes vinculadas con la Defensa y la Seguridad Nacional.

Un decreto publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha modifica la estructura administrativa y el reparto de competencias dentro de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

Se trata, según el Ejecutivo regional de “optimizar” la gestión pública mediante la redistribución de ciertas funciones. Por ejemplo, clarifica las responsabilidades de la Dirección General de Salud Pública y abre dos áreas diferenciadas.

De esta forma separa las competencias en materia de salud pública de las de consumo, entre otras cosas para evitar confusiones.

En materia de salud pública realizará programas de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos. También vigilancia e intervención frente a zoonosis, toxiinfecciones alimentarias, brotes epidémicos y situaciones de riesgo, así como frente a enfermedades prevalentes, emergentes y reemergentes y gestionará de la red de alertas en salud pública.

Además, se ocupará de los riesgos para la salud derivados de la contaminación del medio ambiente.

Este departamento tiene la responsabilidad de gestionar la Red de Laboratorios de Salud Pública y competencias en salud laboral o en en sanidad mortuoria, entre otras.

Mientras, en Consumo debe elaborar los planes estratégicos y anuales para el diseño y desarrollo de las políticas de consumo, coordinar la red regional de recursos de atención a las personas consumidoras o vigilar el mercado, el control de la calidad y seguridad de los productos, bienes y servicios puestos a disposición de las personas consumidoras.

También debe gestionar la red alertas de consumo, del teléfono del consumidor y de entidades en el ámbito de la soberanía alimentaria y la agroecología para un consumo alimentario sostenible.

Asume mecanismos de mediación relacionados con la vivienda

Este área también se ocupará de establecer mecanismos eficaces de mediación, incluyendo los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual y sobreendeudamiento derivado de relaciones de consumo.

Debe organizar la Junta Arbitral de Consumo autonómica y coordinarla con los órganos de ámbito municipal e incluso promover el ejercicio de acciones judiciales en aquellos procedimientos que merezcan una atención especial por razón de la trascendencia de los derechos o por la alarma social generada, o si se aprecia indefensión o desprotección de las personas consumidoras.

Además, debe ocuparse de comprobar y verificar el cumplimiento de la conectividad ofertada por las empresas operadoras de telecomunicaciones, entre otras funciones.

El 'refuerzo' de la Secretaría General

El decreto confiere nuevas competencias en contratación a la Secretaría General que incorpora la facultad de tramitar y formalizar encargos a medios propios, con el fin de dotar de mayor “precisión” a las funciones de este órgano directivo.

Además, el Consejo de Salud, principal órgano de participación ciudadana, pasará a depender de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad. Hasta ahora estaba adscrito a la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria.

El cambio se explica en “garantizar la coherencia organizativa, uniendo el órgano de participación con la unidad administrativa que debe impulsarlo y coordinarlo.

Cambios en el SESCAM

Además, el decreto introduce cambios en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en concreto se dispone un nuevo órgano de gestión para la Escuela de Salud y Cuidados para integrarla en el departamento que se ocupa de la estrategia de cuidados, seguridad del paciente y calidad del servicio de salud. Ahora pasará a formar parte de la Dirección General de Cuidados y Calidad.

Hasta ahora esta escuela dependía de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria.

¿Cuánto dura la batería de tu móvil? Seguramente la respuesta es “no lo suficiente”. Cuando el indicador en la pantalla nos avisa de que la batería está a punto de “morir”, lo que queremos es cargarla, y hacerlo lo más rápidamente posible.

Sin embargo, las baterías de iones de litio que utilizan los teléfonos móviles modernos son delicadas. Demasiado calor, o una carga demasiado agresiva pueden hacer que su vida útil se acorte y tengamos que reemplazarlas antes de lo previsto (y no son baratas precisamente).

Los fabricantes han intentado reconciliar estas dos realidades, las ansias por recargar la batería lo más rápidamente posible, y la vida útil de la batería, con distintas tecnologías, y la más conocida es la carga rápida. Una búsqueda en comercios online te ofrecerá cargadores, cables y diferentes modelos de teléfono que ofrecen esta posibilidad. Pero, ¿qué es exactamente la carga rápida y cómo afecta a nuestra batería? Primero tenemos que entender cómo funcionan las baterías.

La delicada carga de las baterías

Las baterías de iones de litio de los teléfonos tienen dos capas: una de óxido de litio y cobalto, y otra de grafito. Cuando los iones de litio pasan de la capa de grafito a la de litio-cobalto a través de una solución electrolítica, se liberan electrones. Cuando se carga la batería, los iones se mueven en la otra dirección y se almacenan para liberarse más tarde, cuando se enciende y se utiliza el dispositivo.

Esa liberación de energía es la responsable del calor que se nota en el teléfono mientras se está cargando. El problema es que ese mismo calor puede dañar la batería a largo plazo, y provoca que, con el tiempo, la batería pierda capacidad.

¿Qué hace el cargador de tu móvil? En su versión más sencilla, convierte la corriente alterna (AC) de la toma de pared en corriente continua (DC), que es la que utiliza la batería para recargarse. El voltaje y la intensidad de salida del cargador están estandarizados: la mayoría de los cargadores antiguos ofrecían 5V (voltios) y 1A o 2A (amperios), lo que se traduce en una potencia de 5W a 10W. Sin embargo, los cargadores de carga rápida ofrecen potencias de 20 o 30W e incluso más. Si toda esa potencia se hace pasar por la batería, la carga es muy rápida, pero también se genera mucho calor y se corre el riesgo de dañar la batería con cada carga rápida.

Qué es la carga rápida y cómo funciona  

El proceso de carga de una batería no es lineal: cuando la batería está casi vacía, absorbe energía a máxima capacidad. Es en este momento cuando los cargadores rápidos suministran toda la potencia. Pero a medida que se acerca al 80-90%, el sistema que tiene el cargador reduce la corriente para evitar sobrecalentamiento y estrés en las celdas de la batería. Esta fase final, conocida como “carga de goteo”, es la que permite preservar la salud de la batería a largo plazo. Sin embargo, la inteligencia de este proceso está en el móvil, más que en el cargador.

La carga rápida aumenta significativamente la potencia de carga al principio, reduciendo el tiempo necesario para recargar el móvil. Para lograrlo, se utilizan dos estrategias principales:  

Muchos sistemas combinan ambas estrategias, como Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery (PD) u Oppo VOOC, que ajustan dinámicamente el voltaje y la corriente según las necesidades del dispositivo. Cada fabricante ha desarrollado su propio estándar, pero la mayoría se basan en estos tres.

Un elemento clave es la comunicación entre el cargador y el móvil. Ambos dispositivos negocian el perfil de carga óptimo mediante protocolos digitales, evitando así sobrecargas o incompatibilidades. Por ejemplo, un móvil con Quick Charge 5 puede recibir hasta 100W de potencia si el cargador lo soporta, pero si se conecta a un cargador básico, volverá a los 5V/2A tradicionales.  

Apple usa USB PD 2.0 para la carga rápida desde el iPhone 8, lo que hace que se puedan cargar sus teléfonos más nuevos hasta el 50% en solo 30 minutos. Para conseguir estas velocidades, sin embargo, se necesita un adaptador capaz de proporcionar 18 W con un cable USB-C o USB-C a Lightning.

Los dispositivos Samsung más modernos utilizan una versión de carga rápida que se llama Super Fast Charging, basada en USB PD 3.0. El Galaxy S24 Ultra y el S24+ cargan a una velocidad de hasta 45 W. 

Cómo cargar el móvil rápidamente protegiendo la batería

La diferencia en tiempo de carga de estos sistemas es muy grande. Por ejemplo, un móvil con batería de 4.000 mAh y un cargador estándar de 5V/2A (10W) puede tardar más de dos horas en cargarse completamente. El mismo móvil con Quick Charge 5 (100W) podría cargarla completamente en 15 minutos.

De nuevo, parte de la estrategia para evitar que la batería se deteriore está ya prevista en el sistema operativo del teléfono. Estos son los métodos empleados:

¿Qué podemos hacer nosotros? Aunque la carga ya la optimiza el teléfono, por nuestra parte debemos evitar que la batería se descargue por completo. Cuando una batería de iones de litio llega al 0% y se apaga, no significa que esté totalmente vacía, pero sí que ha alcanzado el voltaje mínimo seguro (alrededor de 2.5V-3.0V por celda). Si se deja vacía durante mucho tiempo, puede degradarse rápidamente. Lo mejor es no dejar nunca que la batería llegue al 0% y recargarla cuando está alrededor del 20% de capacidad.