Podemos Cantabria ha exigido este lunes la “dimisión en bloque” de los responsables de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, comenzando por su máximo titular, el consejero Sergio Silva (PP), tras conocerse que la Administración “ocultó” un ciberataque hace dos años a la plataforma educativa Yedra que comprometió los datos personales “de especial sensibilidad de miles de alumnos, familias y docentes de la comunidad autónoma”.

El responsable de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González, ha calificado este episodio como una “grave negligencia” institucional que “ha puesto en situación de vulnerabilidad a un colectivo especialmente protegido”, como son los menores de edad, así como a sus familias y al profesorado. Para la formación morada, un fallo de seguridad de “esta envergadura”, sumado al “apagón informativo” por parte del Gobierno del Partido Popular, “no se puede saldar bajo ningún concepto con unas meras disculpas”.

“Estamos ante un hecho gravísimo que no se puede pasar por alto. La protección de los datos de la comunidad educativa es una obligación ineludible de la Administración pública, y la respuesta de esta Consejería ha sido la falta de transparencia y la ocultación”, ha denunciado González.

Por ello, ha instado de forma directa a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), a que “actúe con firmeza y cese de inmediato al consejero Silva”, al que señala como el principal responsable político “de un perjuicio mayúsculo a la ciudadanía”.

Asimismo, desde Podemos Cantabria han exigido que “se den explicaciones detalladas, transparentes y urgentes a todas y cada una de las personas afectadas, aclarando el alcance real de la información sustraída”.

Por su parte, en otro comunicado, CCOO ha considerado de “extrema gravedad” las conclusiones de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el robo de información personal de la plataforma educativa Yedra, y ha pedido el cese o la dimisión del consejero Silva, ya que es “el principal responsable” de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

“Estamos hablando de información personal de miles de docentes, familias y menores de edad que debía estar protegida por una Administración pública. No es un simple problema informático, sino un fallo de seguridad de enorme gravedad que exige explicaciones, transparencia y responsabilidades”, ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

Para Sánchez, los responsables públicos “no pueden esconderse cuando lo que se ha comprometido es la seguridad y la privacidad” de la comunidad educativa de Cantabria. Asimismo, ha añadido que no solo se deben exigir responsabilidad cuando está en juego la integridad física de las personas.

Desde CCOO han considerado que “ahora más que nunca” es necesario revisar las medidas de autenticación anunciadas por la Consejería de Educación para el próximo 1 de enero y que ya denunció hace algunas semanas. Unas medidas con las que se pretende que los aproximadamente 9.000 docentes accedan a Yedra mediante Cl@ve móvil, Cl@ve permanente y certificado electrónico personal.

“La Consejería debe explicar qué requerimiento concreto de la AEPD justifica esta decisión y qué análisis de riesgos y categorización de seguridad se ha realizado porque no tiene sentido obligar al profesorado a utilizar su teléfono personal para realizar tareas profesionales tan habituales como pasar lista, consultar una ficha o registrar calificaciones”, ha advertido Sánchez.

Por ello, la Federación ha propuesto que se estudien otras soluciones profesionales de autenticación que no dependan de dispositivos personales ni obliguen a instalar certificados privados en ordenadores compartidos.

“La seguridad de Yedra es una obligación de la Administración y no una responsabilidad que pueda descargar sobre cada docente. Necesitamos soluciones técnicas adecuadas que funciones en los centros y que garanticen la seguridad, la disponibilidad y adecuación a las condiciones reales de los centros educativos”, ha concluido Sánchez.

Por último, ANPE Cantabria ha expresado su “indignación y preocupación” ante el ciberataque que sufrió la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en abril de hace dos años y ha exigido responsabilidades y soluciones. En un comunicado, el sindicato ha destacado que, según la información conocida, se habrían sustraído “miles de datos personales de especial sensibilidad pertenecientes a alumnos, familias y docentes”.

Así, ha subrayado que, desde hace años, ANPE ha denunciado “la obsolescencia” de la plataforma educativa Yedra, una herramienta que, a su juicio, “no responde a las necesidades profesionales, técnicas ni, como ahora queda de manifiesto, a las exigencias de seguridad que requiere un sistema tan importante como el educativo”.

“Resulta absolutamente inaceptable que la Consejería haya ocultado esta situación a las personas afectadas y no haya actuado con la transparencia, diligencia y responsabilidad que un incidente de esta gravedad exige”, ha criticado el sindicato.

En este sentido, ha señalado que la protección de los datos personales de menores, familias y trabajadores de la enseñanza “no es una cuestión secundaria, sino una obligación ineludible de la Administración”. La organización ha apuntado que Yedra se ha demostrado “como una plataforma con graves deficiencias de seguridad, un auténtico queso de Gruyère informático”.

Y ha afirmado que la solución planteada por la Consejería, consistente en que los docentes utilicen sus credenciales personales mediante certificado digital o sistema Cl@ve, “no resuelve el problema de fondo”. “Las vulnerabilidades no desaparecen cambiando el sistema de acceso cuando el problema reside en una plataforma tecnológica completamente desfasada”, ha lamentado.

Por ello, ANPE ha pedido la adopción inmediata de medidas eficaces para garantizar la seguridad de los datos personales y profesionales de la comunidad educativa; la eliminación de Yedra y su sustitución por una plataforma “moderna, segura y adaptada a las necesidades reales del sistema”; información transparente y completa a todas las personas cuyos datos puedan haberse visto comprometidos, y una investigación exhaustiva de lo sucedido y la depuración de responsabilidades entre quienes hayan ocultado esta situación o incumplido sus obligaciones de protección y comunicación.

Y es que, ha opinado que lo sucedido “no es un simple problema informático”, sino un incidente que afecta a la privacidad y seguridad de miles de personas y que pone en cuestión “la gestión de los sistemas tecnológicos de la Consejería de Educación”.

Por último, ha exigido a la Consejería que sea “la primera en cumplir y garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía, no la última en dar explicaciones”. “La comunidad educativa merece respeto, transparencia y seguridad. ANPE Cantabria no va a aceptar parches ni soluciones cosméticas ante un problema estructural que lleva años denunciando. Es hora de asumir responsabilidades y ofrecer soluciones definitivas”, ha concluido el sindicato.

Ante una situación tan compleja como un desahucio, Aida Navales decidió recurrir a un símil que su hijo Nil, de 13 años, pudiera entender fácilmente. En el juego del Monopoly, el objetivo es acumular la mayor fortuna posible comprando propiedades, construyendo casas y cobrando alquileres a tus oponentes hasta llevarlos a la bancarrota. En su caso, quien intenta ganarles la partida es Promontoria Coliseum Real Estate S.L., una sociedad vinculada al fondo Cerberus que quiere expulsarla a ella y a otras dos familias de su casa, en el centro histórico de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

A las puertas de la huelga general por la vivienda de este miércoles, Aida relata cómo le explicó a su hijo esta situación y por qué la convocatoria es importante para garantizar los derechos de los niños. “Le conté a Nil que los bancos venden el piso a empresas que se dedican comprar viviendas muy baratas para volver a venderlas a terceros. Un poco como si fuera el Monopoly, pero nosotros estamos dentro”, cuenta esta madre, que está a la espera de que se le notifique la fecha para su desahucio.

Al principio, dudó sobre cómo explicarle a su hijo el panorama inmobiliario que pesaba sobre la familia. “¿Esconderle la verdad es protegerle? Tienes que pensar qué información darle para no cargarle demasiado y evitar que pueda hacerle daño”, reflexiona Navales. Vive en este bloque de tres plantas del número 22 de la calle Sant Pere desde 2013, cuando todavía estaba embarazada de Nil.

Entonces pagaba un alquiler de unos 400 euros al mes. Pero en 2018 descubrió que el inmueble, hasta entonces propiedad de una familia del pueblo, había sido adquirido por Banc Sabadell y que, posteriormente, había pasado a manos de esta sociedad vinculada a Cerberus. Este fondo buitre no quiso renovarles el contrato y desde entonces están en pie de guerra para impedir la ejecución.

Nil no es el único niño que vive en este edificio. Las tres familias suman nueve hijos, ocho de ellos menores de edad. Karen de la Vega y su marido, Ebriel, viven en el último piso del bloque junto a sus cinco hijas. El pasado 21 de septiembre consiguieron frenar su tercera orden de desalojo, pero ya tienen una nueva fecha fijada para abril. Como Navales, también dudaron cómo afrontar la conversación con sus hijas para que entendieran por qué quieren echarlas de su casa, sobre la que ya había una orden de desahucio cuando entraron como realquilados.

“Nos planteamos cómo explicarles que eres un ocupa, porque es algo que conlleva un estigma. Al principio nos costaba hablar de ello, como si fuera un tabú”, recuerda Karen. El detonante para romper ese silencio fue un intento de desalojo anterior, cuando empezaron a hacer las cajas de la mudanza por si finalmente no conseguían evitarlo.

Katalina, la menor de las hermanas, de seis años, tiene autismo y todavía no es del todo consciente de las circunstancias que atraviesa la familia, aunque nunca se las han ocultado. “Ahora ellas mismas están organizadas a través de sus institutos, saben lo que estamos haciendo y que es necesario que cambien las políticas de vivienda”, explica su madre.

La escalera que sube hasta la azotea –iluminada con linternas y sensores que las propias vecinas han instalado después de que la propiedad cortara la luz y el agua de las zonas comunes– se ha convertido en un segundo almacén de los juguetes de los más pequeños.

Wissal (11 años), Inas (8) y Yahya (2) son los tres hijos de Laila y su marido, Redouan. La familia llegó al bloque después de que entidades en defensa del derecho a la vivienda ocuparan el bajo, que llevaba tiempo vacío, para alojar a familias vulnerables. Antes de que naciera el pequeño, los cuatro compartían una sola habitación, en condiciones de hacinamiento.

Laila cuenta que su hija mayor, la que está más advertida del riesgo de desahucio, “no tiene ningún miedo”. “Pero yo, como madre, sí”, añade. Le preocupa que sus hijos puedan crecer con tranquilidad y seguridad, sin tener que vivir pendientes de la posibilidad de perder su casa. El lanzamiento está fijado para el próximo 15 de diciembre.

Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU no aborda de forma específica la problemática del acceso a la vivienda, sí reconoce el derecho de todos las criaturas a “un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Este marco establece que la responsabilidad de garantizar estas condiciones de vida, que incluyen el alojamiento, recae principalmente en los progenitores y, de forma subsidiaria, en los Estados. Además, establece que todas las decisiones de las instituciones públicas que afecten a la infancia deben atender al “interés superior del niño”.

Ante la incertidumbre en la que viven, Aida, Karen y Laila piden al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú que intervenga y expropie el bloque al fondo de inversión para destinarlo a vivienda social con alquileres asequibles. Mientras tanto, también han recurrido a los centros educativos de sus hijos para que elaboren informes en los que se detalle el efecto de los desahucios en su arraigo y que puedan aportar en los procedimientos judiciales para intentar frenar futuros lanzamientos.

“Vulnera tanto el derecho a la educación, al interrumpir su seguimiento académico, como su bienestar psicoemocional, al romper con un espacio que les proporciona seguridad. La cuestión de la vivienda tiene un impacto directo sobre todos los aspectos de la vida de un niño. Hay estudios que relacionan la inseguridad residencial con las dificultades en la vida adulta”, apunta Navales.

Impacto en las aulas

En Barcelona, la plataforma Docents 080 ha movilizado a maestros y profesores para visibilizar y combatir el impacto de la crisis de la vivienda dentro de las aulas. De hecho, junto con el Observatori DESCA, han elaborado recursos y una guía práctica para orientar a los centros educativos y direcciones ante los procesos de expulsión de sus casas que implican al alumnado. La misma Aida ha elaborado una caja de herramientas con cuentos o películas para explicar a los niños esta realidad social.

Los sindicatos educativos catalanes han alertado este lunes en una rueda de prensa que en el 70% de desahucios en Barcelona hay menores escolarizados y han reclamado al Departament de Educación que publique periódicamente un informe sobre los efectos de la emergencia habitacional en los centros educativos. Representantes de USTEC, la CGT, la Intersindical y otras organizaciones han denunciado que la precariedad residencial provoca cambios de escuela, absentismo y dificultades de aprendizaje entre los alumnos. También han advertido de que no hay protocolos claros sobre cómo actuar en estos casos.

Karen insiste en que, aunque ahora sienten cierto alivio porque el desahucio se ha aplazado, la paz mental nunca llega mientras la orden siga vigente en los juzgados. “La huelga por la vivienda es importante, pero más allá del miércoles, quiero que mis hijas aprendan a luchar por los derechos de todos”, sostiene.

“Detrás de cada familia que pierde su casa hay personas, niños y muchas historias. No somos solo papeles o números: somos familias que queremos vivir tranquilas y tener un futuro mejor”, añade Laila. Antes de llegar al bloque de la calle Sant Pere, buscaron vivienda y se encontraron con anuncios que directamente los descartaban por tener hijos. Ahora tienen miedo de tener que enfrentarse de nuevo a esa búsqueda.

La investigación y el conocimiento generado en o vinculado a Extremadura tienen rostro joven y proyección internacional. La cuarta edición de los Premios Scellentia a Jóvenes Investigadores, celebrada en Huerta del Conde (Cáceres) y enmarcada dentro de la iniciativa conjunta de la Fundación Caja Extremadura y la Fundación Cajalmendralejo, ha reconocido las trayectorias de cinco científicos tras evaluar un total de 96 candidaturas.

Los galardones han ampliado este año su alcance a cuatro grandes áreas del conocimiento para dar cabida a perfiles científicos muy diversos. En la modalidad de Ciencias de la Vida y de la Salud, el premio ha recaído en Ismael Soto Almena, distinguido por una trayectoria que contribuye a comprender el impacto ambiental y económico de las especies invasoras.

Por su parte, en el ámbito de las Ingenierías y Ciencias Tecnológicas, el jurado ha concedido un reconocimiento ex aequo a Lucía Bautista Bárcena, vinculada a las matemáticas y la estadística aplicadas a la seguridad y el mantenimiento de infraestructuras, y a Juan Luis Herrera González, centrado en el desarrollo de tecnologías e infraestructuras digitales eficientes y sostenibles.

El apartado de Ciencias Sociales y Educación ha premiado a Jesús Díaz García por su investigación al conectar la actividad física, la neurociencia y la tecnología para avanzar en la salud cerebral, la fatiga mental y la prevención del deterioro cognitivo.

Finalmente, el reconocimiento en Humanidades ha sido para Carlos Iglesias Crespo por un estudio interdisciplinar dedicado a la memoria y su influencia en el pensamiento y la literatura del Renacimiento y el Siglo de Oro.

Durante el acto institucional, presidido por Pilar García-Ceballos Zúñiga por parte de la Fundación Caja Extremadura y Fernando Palacios González por la Fundación Cajalmendralejo, junto a la directora de Proyecto Extremadura, Leonor García Rodríguez, se puso de relieve la voluntad de consolidar una comunidad científica firmemente conectada con la región. La ceremonia concluyó con las intervenciones de la consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, y del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quienes cerraron un encuentro enfocado en visibilizar el esfuerzo, la perseverancia y el impacto social del talento investigador extremeño.

El Gobierno de Canarias ha tipificado como conducta “muy grave” el uso de la inteligencia artificial en el entorno escolar para dañar la integridad y la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa, incluida la creación o difusión de contenidos falsos o manipulados.

El decreto de convivencia escolar y bienestar del alumnado, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y que entrará en vigor el 29 de noviembre, establece además como conductas muy graves la suplantación de identidad y la grabación o difusión sin autorización de imágenes de integrantes de la comunidad educativa.

En cuanto a los móviles, incumplir de forma puntual las restricciones del centro se considera una conducta leve siempre que ese uso respete los datos personales, la intimidad y la dignidad de los demás, pero el incumplimiento reiterado se califica como “grave”.

El decreto establece que los centros deberán habilitar canales seguros y accesibles para que el alumnado pueda comunicar posibles casos de acoso o ciberacoso con garantías de confidencialidad.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que conozca una posible situación de este tipo deberá comunicarla al equipo directivo o a la persona que coordine el bienestar del alumnado y cuando se active el protocolo el centro deberá informar de inmediato a la Inspección de Educación.

El decreto también crea el Observatorio Canario para la Convivencia Escolar como órgano consultivo.

Las nuevas normas para regular la convivencia escolar y promover el bienestar en el ámbito educativo sustituyen a las que estaban vigentes desde 2011.

Si bien mantiene los principios de respeto, participación y resolución pacífica de conflictos presentes en la regulación anterior, desarrolla un enfoque que vincula expresamente la convivencia con el bienestar, la inclusión y la protección frente a conductas contrarias a la convivencia, de acuerdo con la Consejería de Educación.

El decreto presta especial atención no solo al acoso y al ciberacoso en el ámbito escolar, sino también a la violencia machista.

También actualiza los derechos y deberes de la comunidad educativa y recoge la condición del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el apoyo entre iguales, las tutorías afectivas y otras estrategias dirigidas a prevenir conflictos y favorecer su resolución educativa.

La norma incorpora previsiones específicas para la intervención con alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a alteraciones emocionales y de conducta, con el fin de ajustar las respuestas a las circunstancias individuales y favorecer la coordinación entre los equipos docentes, orientación educativa y las familias

Las plantillas orgánicas de los centros educativos públicos determinan las plazas estructurales que se cubren con funcionarios de carrera con destino definitivo. Por el contrario, la plantilla funcional varía cada curso en función de las necesidades coyunturales. Sin una plantilla orgánica suficiente para atender las necesidades reales de un centro, resulta difícil garantizar la estabilidad indispensable para desarrollar su proyecto educativo. 

La Consejería de Educación conoce esta realidad, pero ha ido aplazando su solución año tras año, con independencia del color político de los distintos gobiernos de la Junta de Extremadura. Es necesario abordar de una vez la transformación de plazas funcionales en orgánicas, especialmente cuando determinadas especialidades acumulan varios cursos consecutivos cubriendo necesidades estructurales mediante plazas provisionales. 

El aumento de las plantillas orgánicas aporta dos beneficios fundamentales: mayor estabilidad en los equipos docentes y reducción de la necesidad de recurrir a comisiones de servicio. Además, favorece la conciliación de la vida familiar y laboral al permitir que el profesorado obtenga destinos definitivos y desarrolle su labor durante varios años en el mismo centro. 

Esta estabilidad es garantía de calidad educativa. Permite dar continuidad a los proyectos, consolidar los departamentos y equipos docentes, mejorar la coordinación pedagógica y realizar un seguimiento más eficaz del alumnado, en especial de quienes presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 

La educación pública, como cualquier otro servicio público, no puede limitarse a cubrir los mínimos mediante medias jornadas (que deberían transformarse en completas), trasvases de horas entre especialidades o soluciones provisionales. Reforzar adecuadamente las plantillas es una condición imprescindible para garantizar una atención de calidad y en igualdad de condiciones. 

Es cierto que la negociación de las plantillas orgánicas está contemplada en el acuerdo Horizonte +, pero su estudio se ha previsto para 2028. PIDE considera que no es razonable demorar durante dos años más una solución que los centros necesitan de inmediato. Por ello, reclamamos que se adelante el análisis y la negociación de las necesidades reales para que puedan abordarse en la próxima planificación de plantillas, en enero de 2027. 

Los centros educativos necesitan equipos docentes suficientes, estables y comprometidos, no soluciones provisionales que se repiten curso tras curso. Por todo ello, PIDE exige a la Consejería de Educación que transforme las necesidades estructurales en plazas orgánicas y dote a los centros de los recursos humanos necesarios para garantizar la continuidad de sus proyectos educativos y una atención adecuada a todo el alumnado. 

El Gobierno andaluz ha denegado sufragar los gastos de comedor y aula matinal de tres hermanos con autismo que se encuentran bajo la tutela de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, así como en régimen de acogimiento permanente.

La familia de acogida de estos tres chicos (de 19, 14 y 12 años) reclama una deuda que actualmente alcanza los 30.000 euros, acumulados desde 2021. En su reclamación patrimonial, piden que se les bonifique el 100% del coste correspondiente a los servicios de aula matinal y comedor escolar alegando que la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía encomienda a la administración autonómica garantizar “la gratuidad de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares del centro educativo, a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo su tutela o guarda”, como recoge el artículo 130.8 de la citada ley.

El gasto comenzó a acumularse en 2021, cuando el mayor de los hermanos –que tiene un 95% de discapacidad– fue escolarizado en el Instituto Dr. Sacristán, un centro de educación especial concertado-privado de Sevilla. La factura se disparó en 2024, cuando sus otros dos hermanos –con un 45% y un 75% de discapacidad, respectivamente– se incorporaron también al mismo centro por recomendación de la orientadora del colegio público en el que estaban escolarizados desde Infantil.

La orientadora, también maestra de Audición y Lenguaje, advirtió de que el centro público “no cuenta con los recursos necesarios, personales y materiales, para su atención, en función de las necesidades educativas que presentan actualmente”, y recomendaba que los tres hermanos compartieran centro “por bienestar familiar”, según consta en sendos informes firmados en 2023 a los que ha tenido acceso este periódico.

Desde el curso siguiente y hasta 2026, los padres acogedores han tenido que asumir unos 1.100 euros mensuales por los servicios complementarios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares de los tres hermanos, a razón de unos 370 euros por cada uno. Se trata, según la familia, de una inversión necesaria para poder conciliar la vida familiar y laboral.

En su resolución, la Consejería de Educación justifica su negativa a la reclamación patrimonial alegando que la ley en cuestión —aprobada en 2021— carece aún de desarrollo reglamentario. Asimismo, esgrime que la bonificación de estos servicios solo aplica en centros públicos y que la familia ya recibe una remuneración mensual por acogimiento familiar permanente, a cargo de la Consejería de Servicios Sociales (tutora legal de los tres hermanos).

Sin embargo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a la administración autonómica a “reconocer la gratuidad de los servicios complementarios” que se reclaman, según consta en una resolución firmada en febrero de 2026 a la que ha tenido acceso este periódico. Frente a los argumentos de la Junta, el Defensor señala que “la jurisprudencia constitucional es constante al afirmar que la falta de desarrollo reglamentario no puede impedir la eficacia de una norma legal cuando esta contiene un mandato claro y completo”. Y recuerda, además, que la norma “no distingue entre centros docentes públicos, privados o concertados, como es el caso”.

La Junta insiste en que la familia ya recibe ayudas

Este periódico ha consultado a la Consejería de Servicios Sociales –como tutora legal– los motivos concretos por los que se ha denegado la gratuidad de los servicios complementarios a estos tres hermanos. Desde este departamento derivan el asunto a Educación al considerar que los gastos reclamados corresponden al ámbito educativo. “Una cosa es la tutela y otra la educación”, argumentan, antes de añadir que la familia acogedora ya recibe una remuneración mensual por hacerse cargo de los tres hermanos.

Por su parte, desde la Consejería de Educación señalan que los hermanos están escolarizados en un centro concertado y que, de hacerlo en uno público, tendrían cubiertos estos servicios complementarios. Además, cifra en aproximadamente 3.000 euros mensuales las ayudas que, según afirman fuentes de Educación, recibe la familia de la Junta de Andalucía a través de Servicios Sociales.

La familia acogedora, en cambio, niega que las ayudas que percibe alcancen ese volumen y sostiene que las prestaciones económicas que reciben por dependencia y por acogimiento permanente están destinadas a cubrir otros gastos derivados del cuidado y la atención que requieren los tres hermanos, que presentan distintos grados de afectación por trastorno del espectro autista (TEA).

Además, insisten en que la escolarización en el Instituto Dr. Sacristán no fue una elección motivada únicamente por razones de conciliación familiar. Recuerdan que los otros dos hermanos fueron derivados a este centro por recomendación de la orientadora del colegio público, que había advertido de la falta de recursos para atender adecuadamente sus necesidades educativas en la escuela pública.

El Defensor del Pueblo respalda a la familia

La reclamación de la familia de acogida cuenta con el respaldo del Defensor del Pueblo Andaluz, que considera que la petición se fundamenta en el artículo 130.8 de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía. Apoyándose en la jurisprudencia constitucional, sostiene que la administración “no puede excusarse en la inexistencia de desarrollo reglamentario para incumplir obligaciones legales”.

En su resolución, el Defensor concluye que “el argumento empleado por la administración educativa territorial para denegar los servicios solicitados carece de cobertura jurídica y resulta contrario al principio de legalidad”. Al hilo, esgrime que, cuando una norma legal establece un mandato “claro y definido”, esta “despliega efectos jurídicos por sí misma”, sin que la falta de desarrollo reglamentario “pueda justificar su inaplicación”. De lo contrario, advierte, la Junta podría dejar “sin efectividad real derechos reconocidos por el legislador, mediante su inactividad reglamentaria”.

El organismo también cuestiona que la Junta limite la gratuidad de estos servicios a los centros públicos, ya que la ley de infancia andaluza no establece esa distinción. A su juicio, interpretar lo contrario supondría introducir una restricción que no contempla la norma y vulneraría el principio de igualdad entre los menores bajo tutela de la administración autonómica, además de desvirtuar la finalidad protectora de la ley.

El Defensor recuerda asimismo que el acceso a los servicios complementarios educativos resulta “esencial para garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, especialmente en el caso de menores en situación de protección”. En este sentido, vincula la denegación de estas prestaciones con estar “contraviniendo” los derechos reconocidos en los artículos 9.2, 14 y 27 de la Constitución Española.

La resolución también subraya el origen de la escolarización conjunta de los hermanos. En 2023, la orientadora del colegio público en el que estudiaban los dos menores propuso a su familia de acogida trasladarlos al mismo centro de educación especial al que ya acudía el mayor. En su informe, recomendaba expresamente que los tres hermanos compartieran colegio “por bienestar familiar” y consideraba “idóneo” que estuvieran escolarizados juntos para facilitar la conciliación familiar.

Preguntadas por el artículo 130.8 de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, fuentes de la Consejería de Educación sostienen que la norma no establece expresamente que la gratuidad de estos servicios se aplique con independencia de la titularidad del centro. Ante la discrepancia planteada con la interpretación de la familia y del Defensor del Pueblo, se limitan a señalar: “Si así lo interpreta esa familia, como en todos los casos, lo puede recurrir en el cauce que estime oportuno”.

Por todo ello, los padres acogedores lamentan que la Junta se resista a asumir los gastos de tres menores con discapacidad que se encuentran bajo su tutela, pese a que, a su juicio, la ley reconoce expresamente su derecho a la gratuidad de estos servicios. “Los consejeros reciben 2.000 euros mensuales en concepto de ayudas para la vivienda, que es más de lo que reclamamos nosotros para cubrir los servicios complementarios de tres niños tutelados y con discapacidad”, afirma Antonio, el padre acogedor, que acaba de presentar alegaciones contra la desestimación de su reclamación patrimonial.

La primera vez que vi a una persona adulta desmoronarse ante mí, llevaba tan solo dos cursos como profesora y acababa de llegar a Entrevías (Madrid). Había convocado a la madre de Irene para hablarle de la imaginación magnífica de su hija —que a veces se me subía a las nubes en clase— y de la redacción estupenda que había escrito para mi asignatura sobre Consuegra, su pueblo. Alabé el esfuerzo enorme que la nena estaba haciendo por aprobar Lengua y Literatura, a pesar de que primero de ESO se le estaba poniendo cuesta arriba, y le dije que la niña era un cielo. “Ay, pues gracias, pensaba que me llamabas para algo malo”.

Las lágrimas de la madre de Irene llegaron después. Su respuesta a mi particular ‘La nena vale, la nena estudia’, que cantaba Serrat, no fue la alegría, como yo esperaba —tenía 25 años, no se culpe a nadie—, sino una angustia desbordada. Sentada en el sillón de aquella salita, me vi sumergida de golpe en la realidad de una mujer que bien valdría para heroína de Benito Zambrano. Me habló de un piso de dos habitaciones donde vivían ella misma, Irene y su hermano, y sus propios padres; de un exmarido convaleciente; de cuidar a un señor en Madrid (Entrevías está en tren a una parada y tres mundos de Atocha) de sol a sol, y de facturas de la luz sin pagar. De no tener tiempo ni conocimientos para apoyar en sus estudios a una hija que iba a necesitar de su madre más de lo que ella le podría dar. “Yo le digo que lo importante es que no repita, pero ya no la puedo ayudar. Y su padre tampoco, su padre pone toldos. ¿Qué hacemos? ¿Y si se me pierde?”. Irene aprobó primero de ESO, pero repitió segundo y se fue del colegio. También yo dejé el centro al final de ese curso.

En las últimas semanas hemos visto a niños y adolescentes merodeando solos por las calles de noche, participando en disturbios y actos vandálicos. Algunos han sido detenidos; otros afrontan cargos. En Barcelona, el sábado pasado los Mossos realizaron 1400 identificaciones. La mayoría, a menores de edad. Muchas personas que habitualmente no tratan con jóvenes más allá de sus núcleos familiares empiezan ahora a entender que la experiencia vital de una parte importante de nuestra juventud se desarrolla, principalmente, a través del teléfono móvil, y hasta qué punto las informaciones que reciben desde sus pantallas configuran la manera en que perciben el mundo e impactan en sus actos. Es entonces cuando surge la pregunta: “Y las familias de estos chavales, ¿dónde están?”.

Quince años de aulas me han llevado a una respuesta tan simple como rotunda: las familias están donde pueden y, sobre todo, como saben. Esta conclusión puede parecer una obviedad y, a la vez, solo tras haber conocido de cerca las circunstancias de más de mil familias desde que me inicié en la docencia (y, en un centenar de casos, también sus viviendas, su pasado, su intimidad) se pueden llegar a comprender —y a observar con compasión— los complejísimos escenarios en los que crecen muchos niños y niñas.

Las familias que pueden estar y saben cómo hacerlo son aquellas que poseen los conocimientos, el tiempo y los medios para apoyar a sus hijos e hijas. Si identifican problemas de comportamiento, aprendizaje o salud mental, estos padres y madres buscarán rápidamente diagnósticos y soluciones. Suelen conocer el sistema educativo y se manejan con la burocracia, de manera que si el camino se complica, tienen las herramientas para allanarlo. Son hogares donde hay seguridad y confianza, estructura y arraigo. En el aula estos estudiantes destacan porque están a gusto en su piel, vienen bien dormidos y bien comidos y no tienen miedo a usar su voz. Les preguntas qué quieren ser de mayores y te responden “cirujana cardiovascular” o “diseñador de moda”, y lo dicen convencidos de que lo serán porque tienen a su lado a personas adultas que los aúpan y los protegen.

“Cariño, el papá esto no lo dio”

El segundo grupo de familias lo conforman las que pueden estar, pero no saben cómo. Hay presencia, medios, voluntad, pero se les escapa lo que le está ocurriendo a su hija, que no duerme; o no tienen la capacidad emocional para asumir esa condición que parecen revelar las conductas de su hijo. Son padres y madres que querrían hacerlo bien. La realidad, sin embargo, los supera. Se encuentran también aquí quienes no acabaron la EGB y ahora el nene está en tercero de ESO y miran el cuaderno de Química y dicen: “Cariño, el papá esto no lo dio”. 

Recientemente, se han sumado a esta categoría los progenitores que intentan conectar con sus criaturas y sienten que no llegan a ellos, que se ha abierto un abismo comunicativo infranqueable. Ese abismo natural se llama, por supuesto, pubertad; pero, desde que a nuestras vidas llegaron los móviles y las redes, la distancia y el desconcierto van en aumento. La gestión del uso del teléfono es particularmente peliaguda porque está muy ligada a las decisiones que tomen el resto de familias. “Le ha dado por ver unos vídeos de un padre con su hija que hacen no sé de unos challenge y yo no entiendo nada”. Son, en todo caso, alumnado que saldrá hacia delante porque tienen quien los quiere y los cobija.

Las familias que saben cuál es la receta para una buena crianza y, no obstante, no pueden (o quieren) estar son muy complicadas de entender. Es el caso de estudiantes que, a priori, cuentan con una situación material favorable para que todo les vaya bien, pero la ausencia emocional y afectiva de una figura adulta de referencia los deja desamparados. En el aula andan a veces desconectados, o enrabietadas, o te echan pulsos que te desorientan porque ayer te querían, pero hoy están cabreados. A veces aprueban y a veces suspenden. Y si suspenden mucho, los mandan a un privado o se les paga un título online. Pocas cosas que no arregle el dinero. Estos chicos pueden darse una vueltecita por los grupos de Blocus, tal vez salgan a ver arder un contenedor desde lejos (de hecho, así ha sido), pero es difícil que sean quienes le prenden fuego porque saben que, a pesar de su tristeza o rabia, hay un futuro para ellos.

Y llegamos al último grupo de familias, a esos hogares que yo no sabía que existían hasta que entré en las aulas: aquellos donde no hay nadie. Por lo que sea. A Ali, nacido en Peshawar, su familia lo mandó solo a Badalona con 15 años, a convivir con un tío con la esperanza de que, conseguido el permiso de residencia en España, se pudiera reunir con su hermano mayor en Dinamarca. Los cinco miembros de la familia de Yasmin, de Bolivia, compartían una habitación en un piso convertido en pensión. Progenitores distantes que trabajan más horas que un reloj hay muchos, y con adicciones y problemas de salud mental, incapaces de hacerse cargo de otra persona, también. 

Este último curso descubrí que el ChatGPT es la nueva figura de cuidado de los nenes y nenas que no encuentran a nadie cuando llegan a casa. Aunque lo ignoremos, no hay misterio: hay muchas más niñas y niños en nuestro país creciendo en la más absoluta desprotección de lo que pensamos. Y, por cierto, esa comunidad de vecinos que nos crio en los años 90 tampoco existe ya y los recreativos del barrio han sido sustituidos por casas de apuestas. Me ahorro el exponer los casos más trágicos y escabrosos.

Dos años atrás, aprovechando un festivo raro, fui a visitar Consuegra. Le hice una foto a los molinos, busqué a Irene por Instagram y se la envié. Hacía más de diez años que le había perdido la pista. Me respondió al instante: “¡Mi pueblo!”. Hablamos durante dos horas al teléfono. Me contó que, después de repetir, entró en una formación profesional básica, que había ido sacándose una cosa después de la otra y ahora trabajaba en una guardería. Ayer la contacté de nuevo para decirle que iba a escribir sobre ella. 

–O sea, eres tú, pero no eres tú. ¿Te cambio el nombre o lo dejo? Piensa que igual lo leen 35.000 personas.

–Déjalo, déjalo. Conmigo 35.001 jajaja.

–¿Y cómo se llama el título que te sacaste?

–Educadora infantil.

Educadora infantil. La hija de una cuidadora de ancianos y un instalador de toldos que no podían pagar el recibo de la luz. “Pero mis padres han estado siempre a mi lado, siempre. He tenido mucha suerte en eso”.

Hablando ayer con Irene me di cuenta de que llevaba una semana haciéndome la pregunta equivocada. Lo que nos debemos cuestionar cuando vemos a esos menores que son expulsados de la escuela, que van sin rumbo por la ciudad o que salen furiosos a romper marquesinas no es: “Y las familias de estos chavales, ¿dónde están?”. Porque las familias, a veces, no están. A veces simplemente no hay nadie. Y es una cuestión de suerte. Pura suerte. La pregunta justa, la que sí nos debemos formular ante una realidad que nos inquieta es: “¿Dónde podrían estar mañana estos chicos y chicas de haber sido más afortunados?”. Y, de paso, si hay tiempo y ganas, qué podemos hacer cada una de nosotras para ayudarlos. Las oportunidades, las nuestras y las suyas, son infinitas.

El PSOE ha denunciado los retrasos históricos de las infraestructuras educativas de Castilla y León, con proyectos como el Conservatorio de León, pendiente desde hace 19 años, o el instituto de Villaquilambre, que acumula 26 años de espera, mientras critica los cuatro relevos al frente de la Consejería y la falta de inversión en climatización. La Junta defiende sus presupuestos para 2027, que Vox ha aprovechado para reclamar menos burocracia y una mayor protección de los docentes.

Entre los principales ejes que ha defendido la Consejería de Educación, María del Valle Ares, se encuentra el bienestar emocional del alumnado de Castilla y León, dentro del contexto social en el que se desenvuelve este sector de la población. Es por eso que se va a poner en marcha una dirección general específica, de nuevo cuño, que ha justificado este viernes la consejera, María del Valle Ares, durante su intervención en el parlamento autonómico.

Este nuevo área se encargará de las políticas relacionadas con “la convivencia escolar, el bienestar emocional, la inclusión educativa, la orientación, la participación de las familias y las ayudas al estudio”, ha desgranado al presentar el proyecto de presupuesto de su departamento para 2027.

Para la consejera, los retos educativos actuales “exigen respuestas integrales que atiendan no sólo al rendimiento académico, sino también al bienestar de los alumnos y a la igualdad efectiva de oportunidades”, ha insistido.

Acoso

De esta nueva dirección general, dotada con 22,8 millones, además del bienestar emocional y de la salud mental, forman parte la convivencia escolar y la prevención del acoso a pesar de que Castilla y León “mantiene unos buenos niveles de convivencia” en los centros educativos con un valoración media de 8,4 puntos sobre 10, según los datos aportados por los propios centros“, ha esgrimido.

“Esa valoración no debe llevarnos a la autocomplacencia porque cada situación de acoso exige atención y respuesta”, ha advertido no sin recordar que este buen clima “es fruto del esfuerzo diario de los equipos directivos, del profesorado, de los orientadores, del alumnado y de las familias”.

Todos ellos, ha proseguido, “contribuyen a crear un clima de respeto y de convivencia que es una de las fortalezas de nuestro sistema educativo”.

Atención psicológica

Ares ha confirmado, en este sentido, el mantenimiento del programa de atención psicológica para el alumnado y profesorado afectado “por situaciones graves de convivencia”, así como el programa de asistencia jurídica para víctimas de violencia escolar“.

La prevención de conflictos y la reducción de la situaciones de acoso serán competencias directas del programa de buen trato, mediación y prácticas restaurativas con el fin no sólo de intervenir sino de reforzar “una auténtica cultura de convivencia basada en el respeto, la responsabilidad y la resolución pacífica de los conflictos”, ha detallado.

Salud mental

En cuanto a la salud mental, la consejera de educación ha situado este apartado entre los “grandes desafíos educativos y sociales de nuestro tiempo”, que en su opinión requieren de “respuestas coordinadas y una implicación decidida de toda la comunidad educativa pero también de los servicios sanitarios y sociales”.

Eso sí, ha precisado, la actuación educativa jamás interferirá ni sustituirá “la atención clínica que corresponda” para atender episodios o situaciones “de ansiedad, aislamiento, dificultades emocionales o conductas autolesivas”.

“No hablamos únicamente de incrementar recursos presupuestarios sino de anticiparnos a los problemas, de detectar situaciones de riesgo de forma temprana, y de ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan en momentos especialmente complejos de su vida”, ha analizado.

De toda esta estrategia forma parte la creación del Centro de Formación de Familias de Castilla y León (CEFACyL) para dar participación y formación a las familias sobre el bienestar emocional, el conocimiento de la oferta educativa del sistema, el uso responsable de las tecnologías “y el acompañamiento en todo el proceso madurativo de sus hijos.

PSOE reprocha a Mañueco el vaivén de consejeras de Educación como “trampolín político”

El PSOE ha reprochado al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), el vaivén de consejeras de Educación en lo que va de año, hasta cuatro, lo que ha interpretado como un “trampolín político”, en palabras del procurador socialista Javier García durante su intervención, este viernes, en el parlamento autonómico.

“Resulta difícil de entender tantos cambios en un área que Mañueco ha definido como la 'joya de la corona' de su gobierno”: Rocío Lucas, Isabel Blanco -en funciones-, María Pardo y ahora María del Valle Ares que ha detallado este viernes el proyecto del presupuesto de la Consejería de Educación para 2027 en la comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León.

Rocío Lucas renunció para presentarse como cabeza de lista por Soria a las elecciones autonómicas (15 de marzo) y María Pardo hizo lo propio, en este caso como número 1 por Valladolid al Congreso en las próximos comicios generales (29 de noviembre), lo que a juicio del representante socialista supone una “inestabilidad a la que se somete a la Consejería de Educación”.

Plan de climatización

Otro de los principales reproches del portavoz socialista ha sido la escasa partida destinada (1,6 millones) a “una de las grandes necesidades de nuestro sistema educativo, la climatización”, una cantidad muy exigua dentro de un plan de adaptación a temperaturas extremas, principalmente el calor de mayo y junio.

“Es poco más de un millón para nueve provincias, sin un calendario ni una relación de centros educativos beneficiarios” más allá del ensayo que con esa cantidad, anunciada por la consejera, se realizará en los institutos 'Martínez Uribarri', de Salamanca, y 'María Moliner', en Segovia.

García se ha referido también, entre otras críticas, a la falta de ejecución de inversiones educativas, a los compromisos incumplidos durante muchos años y a la presentación de inversiones antiguas como nuevas cada vez que se abre un calendario presupuestario.

“Castilla y León dispone de más recursos que nunca pero seguimos encontrándonos con las mismas necesidades, las mismas infraestructuras pendiente y los mismos anuncios que se repiten año tras años”, ha resumido.

UPL y la despoblación

En representación del Grupo Mixto, la parlamentaria Rosa María Quintanilla (UPL), ha reprochado a la Consejería de Educación “el catálogo de viejos proyectos, de promesas sistemáticamente incumplidas”, entre las que ha mencionado el Conservatorio de Música de León, “diecinueve años esperando” y “los siete años de retraso acumulado” en el caso del polideportivo del IES Eras de Renueva.

Se ha referido también a los veintiséis años de un proyecto sin rematar como es el nuevo IES de Villaquilambre, un municipio de casi 20.000 habitantes, lo que a su juicio ha provocado “el exilio de casi 3.000 estudiantes a la capital de León”.

Son algunos ejemplos de retrasos que afectan especialmente a una zona caracterizada por “una realidad demográfica preocupante, herida de muerte por la despoblación”, ha insistido no sin reprochar el “efímero paso” de la anterior consejera de Educación, María Pardo, 133 días en el cargo antes de “dar un portazo en toda regla a los ciudadanos”.

Vox y las familias

Tras dejar claro que no intervenía para hacer oposición porque forma parte del equipo de gobierno con el PP, la parlamentaria de Vox María Luisa Calvo ha destacado el papel de las familias en la gestión educativa, ya que junto a los docentes y la administración autonómica “son esenciales para el desarrollo académico y personal del alumnado en las aulas”.

Ha abogado también por la debida protección de la autoridad del docente, ha elogiado el programa para la retención de talento y exigido “menos burocracia: más tiempo para enseñar y menos tiempo perdido con los papeles”.

“Existe un exceso de burocracia que resta tiempo a los profesores para lo que verdaderamente importa que es preparar y dar las clases”, ha resumido antes de pedir una mayor “desregulación y simplificación administrativas”.

Por último, la representante del Grupo Popular, Carmen Sánchez, ha defendido la gestión educativa de la Junta de Castilla y León: “No es casualidad según los informes PISA” que a su juicio demuestran la “estabilidad, esfuerzo y planificación” de un sistema educativo fortalecido, ha añadido, por unos presupuestos “que apuestan por la sostenibilidad”. 

Las consejerías de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y de Educación, Cultura y Deportes han dictado distintas resoluciones por las que se establecen los servicios mínimos en determinados sectores de actividad gestionados indirectamente por la Administración de la Junta para la huelga general convocada para el día 11 de noviembre, como el Servicio de Atención de Urgencias 112, las residencias universitarias y los centros de enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma.

En el caso del 112, según Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se considera un servicio esencial, pues supone la principal vía de acceso a los servicios públicos de urgencias, emergencias y seguridad las 24 horas del día y los 365 días del año.

La Administración, según explica, está obligada tanto a garantizar el servicio público sanitario como a mantener la seguridad y protección de las personas, bienes y patrimonios y preservar la seguridad pública derivada de posibles catástrofes, para lo cual se hace imprescindible que el acceso de la ciudadanía a los servicios de urgencia a través del teléfono 112 se mantenga “sin merma en la atención de las mismas”.

Por estos motivos, los Servicios de Atención de Urgencias 112 funcionarán con un 80% de su personal contratado en la sala de coordinación del 112 y con el 50% del personal de estructura.

Por otro lado, en relación con la seguridad y la vigilancia de los edificios públicos, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, dispone que la seguridad no es solo un valor jurídico primordial o normativo es igualmente “un valor social”. En este caso, el criterio utilizado ha sido el de establecer, sobre los efectivos personales que habitualmente prestan el servicio en estos centros, los mínimos necesarios para atender las prestaciones que resultan esenciales para la ciudadanía.

Educación: residencias y centros de enseñanza

De su lado, en la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que establece los servicios mínimos en las residencias universitarias, se ha ponderado la necesidad de garantizar las actividades necesarias para atender al alumnado interno.

De este modo, en las residencias universitarias con servicio de comedor habrá un director o responsable de centro por provincia, un cocinero o ayudante de cocina, un personal de limpieza y un ordenanza, y en las residencias universitarias sin servicio de comedor un director o responsable de centro por provincia y un ordenanza.

En cuanto a los servicios mínimos en centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la resolución de la Consejería recuerda que el derecho de huelga y el seguimiento de esta sin la determinación de una prestación mínima del servicio público educativo “podría generar graves perjuicios al derecho de la educación del alumnado”.

En este sentido, se señala que el servicio esencial de la educación “no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente”, ya que, junto a esta actividad, hay otras actividades fundamentales relacionadas con el ejercicio de este servicio esencial, tales como la vigilancia, los comedores, el cuidado o la asistencia de menores, especialmente de los menores con necesidades especiales, que exigen garantizar unas condiciones mínimas de atención, seguridad o higiene.

Puede “limitar el derecho al trabajo”

Asimismo, el cierre de los centros, o la falta del personal imprescindible para atender al alumnado que acuda al centro, puede “limitar el derecho al trabajo” de los padres y madres del alumnado o el derecho al trabajo de los trabajadores que no secunden la huelga.

En este caso, en el establecimiento de estos servicios mínimos, que no concreta la resolución, se han tenido en cuenta los criterios jurisprudenciales, tales como extensión territorial y personal de la huelga, su duración y demás circunstancias concurrentes,.

Principalmente, se han considerado como criterios diferenciadores en los servicios fijados, la edad, el número y las características especiales del alumnado, de manera que el profesorado afectado sea el “imprescindible” para atender al alumnado que asista al centro. Los servicios mínimos establecidos sólo pretenden “ser consecuentes con el objetivo que persiguen”, expuesto anteriormente.

En otro caso, aclara Educación, la coherencia “exigiría cerrar los centros para evitar poner en riesgo la convivencia y la vida del alumnado” en caso de un seguimiento masivo de la huelga en los centros.

El presupuesto autonómico más alto de la historia en Aragón –9.500 millones de euros según el proyecto dado a conocer esta semana– no reserva ni un euro a cooperación internacional al desarrollo. La coalición de PP y Vox en el Ejecutivo ha consumado la supresión de unos fondos solidarios que llevan siendo años atacados por la extrema derecha. Así, el programa que hasta 2025 se llamaba contenía estos recursos aparece ahora rebautizado como 'Voluntariado', bajo la dependencia del departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox.

Las únicas subvenciones nominativas de ese programa suman 130.000 euros y van a tres entidades de discapacidad: 50.000 euros para la Asociación por la Diversidad Funcional Las Cañas, 50.000 para la Asociación Autismo Bajo Aragón-Matarraña y 30.000 para Special Olympics. Ninguna está destinada a proyectos en otros países. En las 184 páginas del proyecto publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón no aparecen la expresión 'cooperación al desarrollo', la ayuda humanitaria ni las ONG de desarrollo.

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), que agrupa a las ONG de desarrollo de la comunidad, ha denunciado que PP y Vox dejan a cero una partida que ya había sufrido un fuerte recorte en 2024. Su presidenta, Isabel Funes, ha reprochado al Gobierno de Azcón que presente “los presupuestos más altos de la historia” mientras no destina “ni un solo euro a la cooperación internacional al desarrollo”. La FAS atribuye la eliminación de estas ayudas a motivos “meramente ideológicos” y se considera “el chivo expiatorio de unas políticas que intentan quebrar los valores de la sociedad de ayuda y de preocuparse por los problemas y el dolor ajeno”.

Los datos de ejecución presupuestaria del propio Gobierno de Aragón muestran la caída. El crédito inicial del programa de cooperación había crecido de 4.400 millones de euros en 2019 a 6.700 cuatro años más tarde, en el último presupuesto del Gobierno de Javier Lambán. En 2024, el primero de Azcón, bajó a 2.000 millones, un 70% menos, y se mantuvo en esa cifra en 2025. De hecho, Aragón registró en 2024 la mayor caída porcentual de todas las comunidades: la cooperación quedó en el 0,02%, frente a una media autonómica del 0,12%, según la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo.

Acceso al agua potable o asistencia sanitaria en el parto

Estos fondos financian proyectos de acceso al agua potable, asistencia sanitaria en el parto y en los primeros años de vida, escolarización primaria de las niñas, alternativas productivas, adaptación al cambio climático y protección de defensores de derechos humanos en países empobrecidos. La FAS advierte de consecuencias “directas e irreparables” para cientos de miles de personas: “Eliminar los fondos de cooperación es una condena de hambre, pobreza y pérdida de derechos”.

El primer aviso llegó en junio. Nolasco suprimió entonces los 30.000 euros con los que el Gobierno financiaba la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, creada en 2008 por Unizar, el Gobierno y la FAS, cuya aportación autonómica ya había bajado de 100.000 a 30.000 euros anuales en 2024, para destinarlos a servicios sociales de 'prioridad nacional', en especial mayores y personas con discapacidad. Es el mismo destino que tienen ahora las nominativas del programa rebautizado.

La desaparición de los fondos coincide con el último año de vigencia del VI Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2024-2027. El plan no fija cantidades y las remite a planes anuales. La Ley de Cooperación para el Desarrollo, que regula los instrumentos de esta política en Aragón, sigue en vigor. En 2018, todos los grupos de las Cortes, PP incluido, firmaron el Pacto Aragonés por la Cooperación para el Desarrollo, que fijaba como objetivo destinar a cooperación el 0,2% del presupuesto autonómico.

Hasta la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha planteado al Gobierno de Azcón que incremente la dotación de la partida de Cooperación, para cumplir con la normativa. La respuesta ha sido eliminar los que quedaban.

Un recorte a Fapar por enseñar español a migrantes

El mismo proyecto confirma otro recorte que también afecta a la integración de migrantes. El Departamento de Educación redujo en 2026 de 25.000 a 20.000 euros la subvención a Fapar, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la escuela pública. Al mismo tiempo elevó de 10.000 a 20.000 euros la de la Federación Cristiana de AMPAS de centros concertados. Las subvenciones nominativas para 2027 mantienen el reparto: 20.000 euros para Fapar y otros 20.000 para FECAPARAGÓN, el nombre con el que figura la federación cristiana.

Según Fapar, Educación ha justificado la equiparación en que la federación de la escuela pública recibe otra ayuda de 14.754,87 euros, procedente de la asignación tributaria del IRPF, para impartir cursos de español y preparar las pruebas de nacionalidad a familias migrantes. Esa ayuda la concede el departamento de Nolasco, el mismo que gestiona el antiguo programa de cooperación. Los cursos se imparten durante el año escolar en Zaragoza, Tamarite de Litera, Binéfar, La Almunia de Doña Godina, Fraga y Caspe.

El director general de Política Educativa trasladó esa explicación a la federación en una reunión el pasado 3 de noviembre. Fapar había pedido en junio que se aclararan los criterios del cambio y no obtuvo respuesta por escrito. La federación considera especialmente grave que se use como argumento una ayuda concedida en una convocatoria pública para actividades distintas de las que financia Educación: concurrió, presentó un proyecto, cumplió los requisitos y justificó su ejecución. La Federación Cristiana, según Fapar, no había solicitado una ayuda equivalente.

Educación atribuye la equiparación a un cambio en el sistema de financiación. Hasta el curso 2022-2023 estas subvenciones se concedían por concurrencia competitiva. Desde 2023-2024 son nominativas y están ligadas directamente a los presupuestos, y el criterio fue “homogeneizar” las cantidades, como asegura que también se ha hecho con las federaciones de estudiantes. El proyecto de 2027 lo refleja en este caso: FADEA, FAESA y FAPAE reciben 8.000 euros cada una.

Fapar recuerda que representa a unas 450 asociaciones de familias repartidas por todo Aragón, incluidas escuelas unitarias y aulas de colegios rurales agrupados (CRA) con menos de diez escolares. Cifra en 70 las AMPAS de la Federación Cristiana. Hasta ahora, explica, el reparto tenía en cuenta la representatividad, los proyectos presentados y el alumnado de cada red. La federación conoció el recorte el 25 de junio y entonces ignoraba que la subvención de la concertada ya se había duplicado en 2025.

Para Fapar, el cambio es un castigo por su defensa de la escuela pública. Le preocupa especialmente que se vincule a programas de inclusión de familias migrantes a través de los centros educativos. La federación lamenta “profundamente la práctica de un sectarismo ideológico” y advierte de que estas decisiones alimentan una polarización que no beneficia a la sociedad.

La Consejería de Educación y la Fiscalía del Principado de Asturias analizarán conjuntamente la proliferación de perfiles anónimos en redes sociales que ridiculizan a alumnos y profesores para identificar posibles conductas delictivas “caso a caso” y determinar sus consecuencias penales después de que varios centros educativos hayan denunciado estas prácticas.

Durante el encuentro que han mantenido este jueves, la consejera de Educación, Eva Ledo, y el fiscal superior de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, han acordado intensificar la colaboración para que el Ministerio Público estudie los casos de forma individual y determine dónde termina la libertad de expresión y comienza el delito.

Según ha explicado Ledo, la intención es atender las solicitudes de intervención que lleguen desde la Consejería y remitir a la Fiscalía los perfiles que publiquen contenidos alusivos al alumnado o al profesorado que puedan ser constitutivos de delito como ya ocurre en otros supuestos, entre ellos el acoso escolar, sin que esta vía impida que los propios centros adopten medidas por su cuenta.

Del Castillo ha advertido, por su parte, de que detrás de cada publicación hay personas y derechos que merecen protección y ha subrayado que la libertad de expresión no puede confundirse con el derecho a humillar dado que el entorno digital no es un espacio ajeno a la ley ni a las responsabilidades.

“Se trata de establecer dónde está la línea entre la broma y el acoso. El respeto no es opcional. La libertad de expresión no puede confundirse con el derecho a humillar, el entorno digital no es un espacio sin ley ni responsabilidades”, ha apuntado el fiscal.

Además, la Consejería reforzará el asesoramiento a los centros iniciado tras las primeras denuncias mediante un boletín con consideraciones de la Secretaría General Técnica, recomendaciones de la Delegación de Protección de Datos sobre la responsabilidad derivada de estas publicaciones y una guía de pautas para el uso de las redes sociales en los centros educativos.

Fiscalía y Consejería mantienen además una línea de colaboración a través de la segunda edición del proyecto «Una charla con el fiscal: construyendo un futuro seguro», que este año se desarrolla en colegios e institutos asturianos y que busca concienciar al alumnado de tercero de ESO sobre la responsabilidad penal de los menores.

Una concentración de alumnado y familias delante del Colexio Plurilingüe Pena de Francia, en Mos (Pontevedra), protestó este miércoles contra los recortes y las deficiencias estructurales del centro. Convocadas por la asociación de padres y madres (ANPA), los manifestantes exigieron mayor dotación de profesorado y mejoras en las instalaciones. La Consellería de Educación, consultada por este periódico, asegura que no hay lugar para las reclamaciones.

Una portavoz del ANPA explicaba a este periódico que el colegio, que acoge unos 200 alumnos en los ciclos de Infantil y Primaria, cuenta con una orientadora compartida con otro centro. Que falta un profesional de pedagogía terapéutica, una cuidadora especializada en discapacidad o una profesora de apoyo en infantil -“cuando falta alguna de las maestras, tiene que ocuparse una de primaria”. Y asegura que la Xunta de Galicia no ha ni siquiera dado acuse de recibo a sus demandas.

La consellería asegura, sin embargo, que cuenta “con el cuadro de personal completo y con los recursos necesarios” y añade que dispone además de “un maestro de audición y lenguaje adicional”. Sobre el mantenimiento de la infraestructura, algo que padres y madres también critican, remite al ayuntamiento, que, al igual que la Xunta, gobierna el PP.

Patio clausurado

Precisamente el BNG de Mos, un municipio de 15.000 habitantes en el sur de la comarca de Vigo, se ha interesado por las obras en el patio del centro que han generado, según denuncia el ANPA, problemas de seguridad. Los nacionalistas quieren saber “qué se hizo, cómo se hizo y con qué garantías”. “La superficie de la pista de atletismo, ejecutado con asfalto y con problemas en el firme y en el drenaje, ha provocado caídas de escolares desde principio de curso, algunos han recibido atención médica”, señala el Bloque en un comunicado. Desde el concello aseguran que han solicitado a la empresa encargada de las obras la revisión de la dotación.

El gobierno local, responsable de las instalaciones del Pena de Francia, decidió entonces clausurar el patio y así “limitar el espacio disponible para el recreo”. “Mientras, la alcaldesa del PP, Nidia Arévalo, participa en actos de promoción de colegios privados instalados en el municipio”, lamenta el BNG.

“Pagamos más de 1.000 euros de matrícula, y eso que nuestras tasas son de las baratas”. Mónica, Guillermo y Alejandro estudian Matemáticas en la Complutense (UCM). Es un miércoles a media mañana, pero no están en clase: han decidido sumarse a una nueva marcha por la educación pública que, esta vez, pone a las universidades en el punto de mira. Aunque los docentes de colegios e institutos madrileños llevan semanas en huelga, no ha sido hasta ahora que la comunidad universitaria se ha adherido a la protesta con dos manifestaciones seguidas. La primera arranca este 4 de noviembre en un recorrido simbólico, que pasa por la calle Ferraz y termina en la calle Génova, sedes de PSOE y PP. Mañana, día 5, habrá otra desde Atocha a Sol que parará frente a la Consejería de Educación, actualmente presidida con Mercedes Zarzalejo.

Pero su apellido ya protagonizó algunas de las pancartas vistas este mediodía. “¿Dónde está Zarzalejo?”, cuestionaba uno de los carteles que portaban los manifestantes, en el que aparecía una imagen de la consejera sobre un documento dibujado. Las seis universidades públicas de Madrid han denunciado la merma de recursos y una “infrafinanciación” desde la administración regional, a la que consideran más inclinada hacia una apuesta por la universidad privada. En España son las comunidades autónomas las que poseen las competencias en Educación, por lo que buena parte de los cánticos se dirigieron a los gobiernos populares de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida: de los primeros dependen sus condiciones y de los segundos, el estado de los edificios en los que estudian.

Sin embargo, también hubo quejas contra los socialistas. Los manifestantes querían iniciar su marcha frente a la sede del PSOE, en plena calle Ferraz; aunque una indicación del Gobierno desvió ese recorrido hasta las calles colindantes. Poco antes de la marcha, convocada a las 12.00 hora, los sindicatos comenzaron a difundir un aviso a navegantes.

“La delegada del Gobierno no ha permitido iniciar la marcha contra la privatización de la educación en el punto donde la habíamos solicitado: la sede del PSOE. Lo ha hecho sin dar ningún motivo claro para ello”, señalaron desde Comisiones Obreras (CCOO) en una escueta nota de difusión, en la que indicaban una nueva localización para iniciar la marcha en el número 19 de la calle Marqués de Urquijo, a unos 300 kilómetros de la primera localización anunciada.

Desde el equipo de Pilar Trinidad Nuñez –al frente de Delegación en la Comunidad de Madrid desde la dimisión de Francisco Martín– han matizado estas conclusiones, en las que se tilda de “arbitraria” la actuación de la delegada. “No ha sido un cambio de última hora: en la toma de conocimiento [documento que formaliza estas convocatorias] venía recogido el punto de inicio en la esquina de la calle Marqués de Urquijo con Martín de los Heros. Se ha puesto ahí la cabecera para ordenar el flujo, porque se espera una gran afluencia de gente. Podrán pasar por la esquina con Ferraz”, detallan fuentes de la institución.

Durante el recorrido se atravesaron dos puntos clave para los manifestantes: las universidades de Nebrija y la Pontificia de Comillas, ambas privadas. “Estamos pasando por un centro que pertenece a la Iglesia Católica y otro donde estudiar cuesta miles de euros. Y sin embargo, para los que estudien Medicina en la Universidad de Nebrija también hay plazas en hospitales públicos”, lanza al otro lado del megáfono uno de los asistentes, vestido con la camiseta verde y su característico logo en defensa de la educación pública: “Ayuso está forzando a que cada vez más gente tenga que pagar esas cantidades, y ya no solo los de clase alta. Es un modelo que se promueve todos los días reduciendo plazas en la pública, y por eso estamos hoy aquí”.

A la salida de la facultad, tres chicas que estudian precisamente en ese centro privado observan a los manifestantes. Consultadas por este periódico, aseguran que la protesta ante sus ojos les parece “súper lícita y necesaria”, pero piden a los manifestantes que “no se metan con la universidad privada”. “Es raro, porque al final es un gobierno progresista el que manda, ¿entonces qué es lo que critican?”, lanza una de ellas, pese a que las competencias educativas recaen sobre el Ejecutivo regional.

Entre los asistentes a la protesta había docentes como María, contratada predoctoral en la Universidad Complutense; pero también otros perfiles muy diversos de cada etapa de la educación pública: Primaria, Secundaria, Bachillerato o FP (Formación Profesinal). “Mi experiencia es que conseguir estos contratos [predoctorales en universidades] es tremendamente difícil, y la mayoría de los investigadores lo hacen sin un sueldo que les permita vivir. Eso trae muchas dificultades: si cada vez hay menos plazas las notas de acceso serán más altas, y a veces te inscribes al doctorado sin saber si podrás vivir de ello. Así nadie puede organizar su vida”, narra la primera de ellas, que se confiesa “hiperestimulada” después de una manifestación a la que han acudido miles de personas. De momento no hay cifras oficiales de asistencia.

Luis, maestro de Primaria en un colegio público, también ha ido a apoyar las protestas universitarias. “Al final estamos todos igual de jodidos: a nosotros, por ejemplo, ahora nos han metido más CEIPSO [un modelo que incluye Primero y Segundo de la ESO en los colegios] sin ampliar el personal preparado para dar clase en estos centros, y las ratios por aula siguen siendo de 26 o 27 estudiantes cuando no deberían pasar de 20, que es lo óptimo”, establece. En el caso de la Formación Profesional, destaca a su lado María, llegan a contar “incluso 30 o más”.

Al llegar al número 13 de la calle Génova, sede del Partido Popular, los cánticos se sucedieron. “Ayuso, Almeida, iros a la mierda”; “no nos interesa una educación al servicio de la empresa”; “Ayuso, atiende, la pública se defiende”. Los manifestantes que habían querido arrancar la marcha desde la sede del PSOE en Ferraz ahora culminan frente a la del PP, poniendo la guinda a una ajetreada mañana de protestas. “¿Cuándo no hay manifestaciones, últimamente?”, responde con ironía un agente del cordón policial a una señora que le pregunta en el cruce con la calle de Sagasta. El jueves por la tarde habrá una segunda marcha por las universidades madrileñas, y todo noviembre será agitado: a las protestas actuales se sumarán, en pocos días, una huelga general y elecciones turbulentas.

Una menor ha sido condenada por agredir a una profesora en un instituto de Zaragoza durante el pasado mes de febrero. La joven empujó y golpeó a la docente en el pecho y le tiró del pelo en dos ocasiones cuando esta intervino para proteger a otra alumna que se había refugiado en su despacho. Los hechos han sido considerados un delito de atentado contra personal docente por el Juzgado de Menores de Zaragoza.

La sentencia impone a la menor ocho meses de libertad vigilada, con la obligación de asistir a un programa de control de impulsos y formativo laboral, así como doce meses de prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de la profesora, su domicilio y su lugar de trabajo. También establece la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

Según recoge la resolución judicial, la agresión se produjo cuando la menor se encontraba junto a otra estudiante en el centro educativo. Esta última se refugió en el despacho de la profesora, que, en el ejercicio de sus funciones como docente, intentó protegerla. Fue entonces cuando la menor la empujó y golpeó en el pecho y le estiró del pelo en dos ocasiones. La sentencia señala que la agresión no llegó a causarle lesiones.

La menor reconoció los hechos durante el procedimiento judicial, lo que permitió dictar sentencia de conformidad, sin que fuera necesario celebrar el juicio. La resolución considera probada la comisión de un delito de atentado contra personal docente.

CSIF reclama medidas de protección para el profesorado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha ejercido la acusación particular en el procedimiento, ha valorado positivamente la sentencia y ha reclamado nuevas medidas para proteger al profesorado ante las agresiones en los centros educativos: “Nos preocupa mucho el aumento de agresiones a docentes que estamos viviendo en los últimos años”, ha señalado la presidenta de CSIF Educación Aragón, Gema Tomás.

Tras una reunión celebrada este martes con la consejera de Educación, Carmen Susín, el sindicato ha anunciado que el departamento se ha comprometido a comenzar a elaborar de manera inmediata un protocolo específico contra las agresiones a docentes. También se implantarán dos unidades de apoyo psicológico y jurídico para los profesionales afectados por situaciones de conflicto o violencia en los centros escolares.

A estas medidas se suma una campaña de dignificación docente que está previsto que comience en enero. “Llevamos mucho tiempo esperando medidas concretas y un marco normativo claro. Los docentes tienen que sentirse seguros y reconocidos en su trabajo”, ha subrayado Tomás.

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha manifestado su malestar por el tratamiento que, a su juicio, recibe la enseñanza pública en el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria.

En un comunicado, la organización ha criticado el aumento del capítulo destinado a la financiación de la enseñanza privada, mientras la Consejería sigue “sin atender una serie de necesidades del servicio público educativo”.

El STEC ha destacado que desde que el consejero, Sergio Silva, llegó a su cargo, la educación privada ha pasado de contar con más de 90 millones, en el año 2023, a 113 para el año 2027.

En concreto los presupuestos de este año suponen, con respecto del ejercicio pasado, un aumento de 6,7 millones de euros, “el mayor de toda la legislatura”.

Así, ha lamentado que en los cuatro años de legislatura del PP, el crecimiento total ha sido de 22.656.532 euros, es decir, un 25%.

“En términos porcentuales la privada ha crecido ligeramente por encima del conjunto de los presupuestos destinados a Educación”, ha sostenido.

Para el sindicato, estas cuentas son “otra decepción más y una muestra de desprecio hacia las necesidades reales de la escuela pública”.

El STEC ha subrayado que con estas cuentas presentadas el lunes por Silva, se empieza a cerrar una legislatura “marcada por el incumplimiento de una importante promesa electoral”, la reducción de las ratios máximas en todas las etapas educativas.

Cuatro años después, el compromiso sigue sobre el papel, mientras el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa continúan esperando que se convierta en realidad“, ha criticado.

La organización sindical ha apuntado que, “con este incumplimiento, la Consejería de Educación ha renunciado a impulsar una de las medidas ”más necesarias“ para mejorar la calidad educativa y ha ”dado la espalda“ a una de las aspiraciones más compartidas por el profesorado, que es poder desarrollar su labor con unas ratios que permitan atender la diversidad del alumnado y poner en marcha mejoras pedagógicas.

Falta de diálogo

Por último, el STEC ha denunciado “la falta de voluntad” de la Consejería para dialogar con la Junta de Personal Docente la adquisición de la nueva plataforma 'Altamira'.

“No es de recibo que uno de los problemas que más asfixian al profesorado, como es la carga burocrática que soportan colegios e institutos, se pretenda abordar mediante una nueva plataforma, sin contrastar la opinión al respecto de quienes representan al profesorado de Cantabria”, ha concluido.

Hablar del futuro de la educación pública extremeña exige hablar también de las condiciones en las que trabajan las trabajadoras y los trabajadores del sector. No podemos aspirar a una enseñanza de calidad, inclusiva y capaz de compensar las desigualdades sociales y territoriales sin garantizar unas condiciones laborales dignas a quienes tienen la responsabilidad de hacerla posible cada día.

En Extremadura, esta reflexión resulta especialmente necesaria. Nuestra extensa red de centros rurales, la dispersión geográfica, las dificultades para estabilizar determinadas plantillas y la creciente complejidad de la tarea educativa requieren respuestas específicas. Sin embargo, demasiadas veces las mejoras laborales en el sector educativo se presentan como reivindicaciones corporativas, desvinculadas de las necesidades del alumnado. Nada más lejos de la realidad, cuidar a quienes enseñan es también cuidar el derecho a aprender.

Una de las cuestiones que debemos abordar es el envejecimiento de las plantillas. La enseñanza es una profesión sometida a un importante desgaste físico, psicológico y emocional. Por eso, desde CCOO defendemos recuperar el derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto del profesorado, con las garantías necesarias para evitar penalizaciones económicas. Una reivindicación que debe formar parte de nuestra agenda sindical.

La Junta de Extremadura tiene capacidad para negociar mejoras concretas. Nuestra comunidad ya reconoce una reducción de dos horas semanales de docencia directa para el profesorado a partir de los 55 años, sin pérdida salarial. Desde CCOO proponemos ampliar este derecho hasta las tres horas a partir de los 55 años y las cinco desde los 60, garantizando su aplicación efectiva a todos los colectivos docentes, incluidos quienes desempeñan responsabilidades directivas, y dotando a los centros de los recursos humanos necesarios para que estas medidas no supongan una sobrecarga para el resto del profesorado.

También es imprescindible avanzar en el reconocimiento profesional. La integración del profesorado del subgrupo A2 en el A1, acompañada de la correspondiente mejora retributiva y de los niveles de complemento de destino, permitiría superar una división administrativa que no refleja adecuadamente la responsabilidad educativa de los distintos cuerpos docentes.

La recuperación salarial constituye otra prioridad inaplazable. El encarecimiento de la vida y la pérdida acumulada de poder adquisitivo obligan a negociar incrementos retributivos reales, con una mejora lineal del componente autonómico que alcance a todos los trabajadores del sector educativo extremeño. La homologación salarial debería haber servido para corregir desigualdades, no para consolidar nuevas diferencias entre colectivos.

Pero dignificar la profesión exige también reconocer tareas esenciales que permanecen insuficientemente valoradas. La tutoría implica coordinación con las familias, seguimiento individualizado del alumnado, atención a situaciones personales complejas y una responsabilidad creciente en la convivencia escolar. Reclamamos tiempo específico para desarrollarla y un reconocimiento económico adecuado e inmediato, no un nuevo aplazamiento que haga realidad esta medida en tres años.

Del mismo modo, las actividades complementarias y extraescolares necesitan una regulación que garantice la voluntariedad cuando corresponda, la compensación del tiempo trabajado, la cobertura de responsabilidades y unas condiciones organizativas seguras. La implicación del profesorado no puede descansar indefinidamente sobre su disponibilidad personal.

Estas reivindicaciones deben acompañarse de una reducción de la burocracia, plantillas suficientes, mayor estabilidad laboral y recursos adecuados para atender a la diversidad. Especialmente en los centros rurales, donde sostener una oferta educativa de calidad constituye también una herramienta fundamental contra la despoblación.

No estamos planteando privilegios, sino condiciones para ejercer dignamente una profesión esencial. Algunas las venimos peleando en la Mesa Sectorial con el Ministerio de Educación los que tenemos representatividad en ese ámbito, otras en la Mesa Sectorial con la Consejería de Educación. La clave está en conseguir que existan compromisos concretos, financiación suficiente y calendarios verificables, sin eso lo único que hay son brindis al sol.

La educación pública no mejora únicamente con declaraciones de intenciones. Mejora cuando se invierte en sus centros, se atienden las necesidades del alumnado y se reconoce el trabajo de sus profesionales.

Porque la educación que Extremadura merece también depende de las condiciones laborales de quienes la sostienen.

No todos los niños empiezan la escuela a la misma edad ni con el mismo nivel de madurez. Aunque vayan al mismo curso, unos habrán nacido en enero y otros en diciembre, una diferencia de casi un año para unas mismas condiciones y exigencias. Ante esta circunstancia, muchas familias se plantean si esa distancia puede tener impacto en el rendimiento escolar de los niños nacidos en diciembre, si realmente supone una diferencia significativa y si esas consecuencias se diluyen o no con el paso de los años.

En algunos casos, las familias se plantean incluso la repetición de curso. Hablamos de un fenómeno conocido como el efecto de la edad relativa, en el que ser uno de los menores de un grupo de edad influye de manera significativa en el rendimiento académico futuro. Y no se trata de inteligencia, sino de madurez y de entender que cada niño tiene su propio ritmo.

La diferencia académica que marca el mes de nacimiento

“Nacer en diciembre puede suponer una desventaja estadística respecto a los compañeros nacidos en enero, sobre todo en los primeros cursos”, afirma Pilar Muñoz Alarcón, psicóloga de Ábaco. Para Muñoz, la diferencia se debe sobre todo a que, en los primeros años de vida, “el proceso de maduración sigue una línea de desarrollo evolutivo a través de la cual los hitos del desarrollo se van adquiriendo en función de la edad cronológica y de maduración de la persona, y esto puede marcar una gran diferencia entre los nacidos en un mismo año en enero, frente a los nacidos en diciembre”.

El efecto de la edad relativa se usa para describir cómo quienes han nacido a principios del año académico tienden a tener un rendimiento superior al de quienes nacieron más tarde. Por ejemplo, consideremos dos niños de cinco años. Uno nació en enero y es el mayor del curso: el otro nació en diciembre y es el menor. A pesar de estar en el mismo curso, el primero es casi 12 meses mayor que el segundo.

“Los niños de cinco años recién cumplidos pueden empezar la escolarización en condiciones evolutivas diferentes a las de quienes están cerca de cumplir seis”, afirma Muñoz, que reconoce también que existe una gran variabilidad individual “y que esto no siempre es así en todos los casos”.

Los estudios han demostrado que los niños de mayor edad suelen tener mejores resultados. Así lo demuestra también esta completa revisión sistemática que, tras anallizar 21 artículos científicos de 24 países, muestra que los niños nacidos a finales de año tienen no solo una desventaja psicomotriz, sino también cognitiva, ya que obtienen puntuaciones más bajas en pruebas estandarizadas de funciones cognitivas. 

Retrasar la escolarización o la repetición de curso

Ante este escenario, algunas familias pueden barajar la posibilidad de la repetición de curso. Sin embargo, para Muñoz, “ni retrasar la escolarización ni repetir un curso son soluciones universales. Ambas deben valorarse de manera individual en función del niño y sus características; la repetición por sí sola no ha demostrado beneficios medios consistentes”. 

En cambio, en ciertos casos puntuales, como un alumno que, además de haber nacido en diciembre, presenta alguna dificultad en su desarrollo (prematuridad, síndrome o simplemente retraso en el desarrollo), “las opciones de repetición o retraso de escolarización sí pueden ser beneficiosas”, reconoce Muñoz.

Porque un niño nacido en diciembre no comparte el mismo punto de partida que sus compañeros de curso. Datos de macroestudios como el informe PISA siguen mostrando que un 22% de los alumnos españoles han repetido al menos un curso antes de los 15 años. La brecha académica que se detecta en los exámenes PISA a los 15 (en 4º curso de la ESO) no se debería a diferencias de inteligencia sino a cómo penalizaría la rigidez del sistema los meses de maduración temprana, tal y como muestra este estudio del Centre for European Economic Research.

Cómo mitigar las diferencias iniciales

Si bien las intervenciones tempranas adaptativas mitigan las diferencias de desarrollo iniciales en el aula, la evidencia científica actual aún no es concluyente sobre si logran eliminar por completo la brecha producida por la edad relativa. “Evidentemente, detectar a tiempo las diferencias con respecto al grupo y llevar a cabo alguna intervención de atención temprana o estimulación focalizada en esas dificultades va a mejorar las diferencias”, afirma Muñoz.

La detección temprana permite identificar de manera precoz a los alumnos que muestran desfases o diferencias respecto a su grupo de edad; la enseñanza adaptativa permite ajustar los ritmos y metodologías del aula a la madurez del alumno; el refuerzo específico se basa en aplicar programas de estimulación focalizados en dificultades concretas; y las expectativas ajustadas evalúan y exigen al alumno en función de su etapa de desarrollo biológico y cognitivo, no solo de su año de nacimiento.

“Esta brecha tiende a disminuir con la edad, aunque puede persistir de forma indirecta cuando las diferencias iniciales afectan a los aprendizajes posteriores o cuando la persona presenta algún tipo de dificultad de aprendizaje asociada”, afirma Muñoz.

En algunos casos, las dificultades detectadas en las aulas son, más que problemas de capacidad, una simple cuestión de calendario. De ahí que abordar esta brecha pase por un cambio de mirada que implique una enseñanza adaptativa que respete los tiempos biológicos del niño.

Aragón ha caído al cuarto puesto nacional en calidad de vida después de varios años entre las tres comunidades autónomas con mejores resultados. Desde 2023, los indicadores de educación y acceso a la atención sanitaria han empeorado: la región ha pasado del quinto al duodécimo puesto autonómico en el ámbito educativo y ha aumentado el porcentaje de personas que no han podido recibir asistencia médica pese a necesitarla, según el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El indicador permite observar la evolución del bienestar más allá de los parámetros económicos y reúne nueve dimensiones: condiciones materiales de vida, trabajo, educación, salud, ocio y relaciones sociales, seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medio ambiente y experiencia general de la vida. En el caso de Aragón, los resultados muestran una evolución desigual: la comunidad continúa entre las regiones con mejores puntuaciones globales, pero retrocede en varios aspectos concretos.

En educación, Aragón ha pasado de ocupar el quinto puesto entre las comunidades autónomas en 2023 al duodécimo en 2025. Aragón ha pasado de situarse 1,6 puntos por encima de la media estatal a quedar 1,27 puntos por debajo. Este parámetro incorpora aspectos como las competencias y habilidades de la población, el nivel educativo y formativo, la permanencia en el sistema educativo y la participación de las personas adultas en actividades de formación continua. También tiene en cuenta la capacidad para adquirir y mantener conocimientos a lo largo de la vida.

En el ámbito sanitario, el porcentaje de personas que no han podido acceder a cuidados médicos cuando los han necesitado por determinadas razones ha pasado del 1,4% en 2023 al 2,2% en 2025 en Aragón. En el conjunto de España, por el contrario, ha descendido del 1,8% al 1,6%. Hace dos años, Aragón era la cuarta comunidad con menor porcentaje de personas que no habían recibido atención médica pese a necesitarla. En 2025, ha pasado a situarse entre las cuatro con el dato más elevado, solo por detrás de Castilla-La Mancha, La Rioja y Galicia.

El indicador agrupa varios motivos que pueden impedir el acceso a la asistencia: que resulte demasiado caro, que el centro esté demasiado lejos o existan problemas de transporte, o las listas de espera. No mide solo las demoras para recibir atención sanitaria, aunque sí incluye las dificultades relacionadas con el tiempo de espera. La cifra aragonesa se sitúa seis décimas por encima de la media estatal.

Aragón mantiene posiciones destacadas en empleo y relaciones sociales

Aunque Aragón sigue entre las comunidades con mayor calidad de vida, su evolución ha sido más moderada que la del conjunto de España. Esto ha provocado que pierda una posición en la clasificación autonómica y que se reduzca la distancia que la separa de la media estatal.

En el ámbito laboral, Aragón se mantiene entre las comunidades con mejores resultados, aunque ha pasado del quinto al sexto puesto. Su puntuación ha aumentado de 103,70 a 104,20 puntos y continúa por encima de la media española (102,79). Este indicador tiene en cuenta tanto la cantidad de empleo como su calidad, con aspectos como la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y la satisfacción de los trabajadores.

Las condiciones materiales de vida también mantienen a Aragón en una posición destacada: ocupa el cuarto puesto autonómico y conserva una puntuación superior a la media española. El índice ha subido de 102,95 a 103,44 puntos, aunque el avance ha sido más moderado que el registrado en el conjunto del país. Esta dimensión incluye factores como la renta, la desigualdad, el riesgo de pobreza, las dificultades económicas de los hogares y las condiciones de vivienda.

Aragón conserva también el quinto puesto en experiencia general de la vida, pese a que su puntuación ha descendido ligeramente, de 105,12 a 104,85 puntos. El 75,1% de la población declara tener una satisfacción alta o muy alta con su vida, un porcentaje que sigue por encima de la media española (71,6%), aunque ha bajado respecto al 76,4% de 2023.

Uno de los resultados más favorables se encuentra en ocio y relaciones sociales, donde Aragón mantiene la segunda posición entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Navarra. La puntuación se sitúa en 97,55 puntos, frente a los 97,84 de hace dos años. También mejora en entorno y medio ambiente, con un índice que sube de 104,46 a 105,17 puntos, mientras que la seguridad física y personal permanece prácticamente estable, con 105 puntos.

La consejera Begoña Pedrosa, del PNV, no tiene que hacer equilibrismos matemáticos para presentar como expansivos sus presupuestos de 2027. Dispondrá de 3.792 millones de euros, un 13,3% más (445 millones) que los 3.346 de 2026. Es la respuesta en forma de recursos a la crisis que abrió la caída en los resultados de PISA, conocidos hace dos meses. La media de los departamentos es de un crecimiento del 1,8% y solamente Susana García Chueca, la socialista al frente de Movilidad, tiene una mejora porcentualmente más alta, del 19%.

La oposición ha acogido con satisfacción la cifra general, pero también ha lanzado un aviso compartido a diestra y siniestra. “Que haya más dinero no quiere decir que mejorarán las políticas educativas”, ha resumido Itziar Murua, la portavoz de EH Bildu este martes en el Parlamento, por donde están desfilando todos los consejeros del Gobierno de Imanol Pradales para presentar las cuentas.

Además, Murua ha avisado de que “más allá de los titulares” hay que puntualizar que el 59% del dinero adicional va a mejoras salariales ya comprometidas. En la misma línea, Muriel Larrea, del PP, ha avisado que Euskadi lleva años viviendo una “desconexión” entre disponibilidad económica y resultados académica. Incluso el portavoz del PNV, Aritz Abaroa, ha asumido que no se trata sólo de tener recursos sino a qué se destinan, aunque en su caso la reflexión era para aplaudir la gestión de su compañera de partido. “El discurso pesimista no ayuda a motivar a todos los profesionales”, ha ironizado Pedrosa en la réplica.

El representante de Sumar, Jon Hernández, ha planteado que Euskadi sigue manteniendo un modelo “dual”, con la mitad del alumnado matriculado en centros privados. La consejera ha respondido que nadie puede creerse que con esta dotación presupuestaria no se vea una apuesta apuesta por la pública. Ha dicho que lleva “dos semanas” reuniéndose por comarcas con 700 directivos de colegios para mejorar el sistema.

El gasto de personal se lleva 2.136 millones. Pedrosa ha expuesto que se contempla un “incremento neto” de 761 plazas en la plantilla. Ha mencionado que 35 millones irán expresamente a la “mejora” de los resultados, “especialmente en lectura, matemáticas y ciencias”, que son los parámetros que mide PISA. Se destinarán, asimismo, del orden de 145 millones para “renovar y modernizar” infraestructuras. La otra pata que gestiona Educación, la Formación Profesional, dispondrá de 129,5 millones, un 38% más. Son ya 52.463 los estudiantes en esta red.

Después de años de infrafinanciación en la universidad pública, al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se le empiezan a acumular los rescates obligados para evitar que los centros se hundan económicamente. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se plantea ahora pedir en torno a 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid, según ha adelantado este martes El País. El rector anunció el pasado viernes durante el Consejo de Gobierno de la universidad que “valora” solicitar el préstamo.

Si la URJC finalmente decide pedir el rescate al Gobierno de Ayuso, se convertirá en la segunda universidad en esta situación. Hace un año, la Complutense pedía un préstamo de 34,5 millones de euros, un rescate que la Comunidad de Madrid estaba ultimando para que el centro pudiera hacer frente a su “deficitaria situación económica”. En un comunicado, la Complutense recordó que la situación financiera de las universidades públicas madrileñas era el resultado de una “infrafinanciación” que les afecta desde la crisis de 2008.

Ya en ese momento, a finales de octubre de 2025, el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana, admitió que la Rey Juan Carlos, el centro peor financiado de España, iba a correr la misma suerte que la Complutense. “Hay datos públicos en los que nos encontramos que hay alguna otra universidad, en concreto la Rey Juan Carlos, que también se encuentra en situación de déficit. Lógicamente nosotros, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario”, dijo.

En sus declaraciones, el consejero obvió entonces que la Universidad Rey Juan Carlos es la peor financiada de España y que la situación general de las universidades de la Comunidad de Madrid destaca si se compara con otras regiones del país. Un tercio de los ingresos de la URJC provienen de cobrarle al alumnado.

Sin embargo, este anuncio no se encuentra entre el resumen de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la institución que se envían a los trabajadores del centro. En el aspecto económico, la URJC especifica tres puntos adoptados: la aprobación de la actualización de precios públicos para instalaciones deportivas, una aprobación de la propuesta de modificación presupuestaria sobre el proyecto ERASMUS y otra aprobación de la propuesta de pagos individuales por incentivos a la docencia extraordinaria.

Precisamente esta semana, los días 4 y 5 de noviembre, todas las universidades públicas de la región se suman a la huelga del profesorado por la falta de medios. Una huelga que comenzó el 14 de octubre y que continúa con concentraciones de miles de personas para reivindicar una educación pública de calidad.