El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha calificado de “totalmente decepcionante” el borrador de orden reguladora de actividades extraescolares presentado por el Gobierno de Aragón, y ha asegurado que estas actividades “seguirán suspendidas”.

Según ha denunciado, el texto “es poco más que un corta y pega de regulaciones parciales dispersas, sin ninguna coherencia interna y sin abordar la cuestión de fondo de aportar una mayor seguridad jurídica a alumnado, profesorado y familias cuando se realizan actividades fuera de los centros educativos”.

Por ello, han señalado que “los centros van a seguir renunciando a organizar estas actividades el próximo curso”. La acusación a dos profesores del IES Ítaca de Zaragoza por el fallecimiento de un alumno durante un viaje de estudios a Bélgica ha motivado este año la suspensión de las actividades complementarias en más de 80 centros y la reclamación de que se establezcan con claridad en una norma autonómica los límites de la responsabilidad docente, los protocolos de actuación, las condiciones organizativas exigibles y las garantías jurídicas del personal docente.

STEA ha manifestado que en la primera mesa de negociación sobre el tema, el 4 de junio, “la Consejería de Educación no entregó ningún documento a los sindicatos y se limitó a recoger las propuestas entregadas y emplazar a continuar negociando”.

Este jueves, en una nueva reunión, se ha presentado el borrador de una orden para “la organización y desarrollo de las actividades complementarias, extraescolares, viajes de estudios, intercambios escolares y movilidades educativas que se desarrollen fuera del recinto escolar”, que el sindicato ha calificado de “decepción total, al no aportar nada nuevo”.

A juicio de STEA, esta nueva orden “exige una mayor responsabilidad del profesorado aragonés sin ir acompañada de un mayor respaldo ni de más medios por parte de la Administración, mantiene la inseguridad jurídica e incrementa la burocratización. El actual vacío legal pretende llenarse mediante una desregulación elevada a norma”.

Por ello, ha exigido a la Administración “que reconsidere su propuesta, abra un verdadero proceso de diálogo con los representantes sindicales y construya una regulación que garantice la seguridad, la calidad educativa y unas condiciones laborales dignas”.

Más riesgos

Una de las principales críticas del sindicato es que la orden “no establece unos protocolos de actuación, similares a los de la profesión médica, que eximan, si se siguen, de cualquier responsabilidad individual, por lo que la situación jurídica real del profesorado que participa en estas actividades continúa igual que antes”.

Para STEA es especialmente grave que no se hayan tomado en consideración su propuesta de clasificar las actividades en tres niveles de riesgo –leve, medio y alto– ni las medidas asociadas a cada uno de ellos –más o menos alumnado por docente y protocolos más o menos estrictos–.

Por el contrario, el borrador recoge unas “ratios orientativas” por encima de las que se aplicaban habitualmente en los centros en este tipo de actividades. “La propuesta no responde a la realidad que vivimos cada día en los centros educativos y propone ratios de hasta 30 alumnos por docente que en muchas actividades comprometen la seguridad, la calidad educativa y la adecuada atención”, han concluido.

También se denuncia que el Departamento de Educación “no asume su función estableciendo unos protocolos claros y comunes, e incluso recomienda a los centros asumir la contratación de seguros adicionales de responsabilidad civil con cargo a sus presupuestos, mermados por el traspaso de fondos a la enseñanza concertada”.

Las reclamaciones de STEA inciden en que “el actual vacío normativo se quiere llenar con riadas de burocracia con super autorizaciones grandilocuentes pero huecas desde la óptica legal que supondrán para el profesorado y los equipos directivos, de salir adelante el borrador, papeleo completamente inútil”.

Otro de los aspectos criticados son las autorizaciones “a la carta” en las salidas, por las que si una familia se opone a que su hija o hijo tenga tiempo libre el profesorado tendrá que custodiarlos, “lo que es un sinsentido organizativamente”.

De esta manera, el sindicato ha subrayado la “pérdida de poder de los departamentos pedagógicos a la hora de planificar este tipo de salidas”, que, a la vez, va acompañada de la falta de compensaciones y de cualquier reconocimiento profesional o económico para los docentes que participan en estas salidas por las funciones y responsabilidades que asumen.

No desarrolla la vigilancia nocturna

Así, el borrador de la orden “no establece una jornada de trabajo máxima ni desarrolla nada sobre la vigilancia nocturna y sigue sin contemplar aspectos esenciales como las responsabilidades asumidas por los docentes fuera del aula, los tiempos mínimos de descanso o la carga organizativa que implican estas actividades”.

“En resumen, la nueva regulación no tiene nada de nueva. Simplemente aglutina en un texto normativa dispersa y claramente insuficiente para evitar situaciones como la vivida por la compañera y el compañero que han sido acusados de homicidio imprudente y cuyo juicio en la Audiencia Nacional está previsto para enero, por lo que el profesorado aragonés también puede verse en la misma situación en el futuro”, han manifestado desde STEA.

Para este sindicato, “el Gobierno de Azcón, al implementar sus políticas en la educación aragonesa, solamente tiene una prioridad, y esta es beneficiar a la enseñanza privada concertada, y en este contexto no le preocupa una buena regulación de las actividades extraescolares en la enseñanza pública”.

De esta manera, la orden presentada “se enmarca en el intento de concertar el bachillerato, la formación profesional o la educación de cero a tres años. O en otro ejemplo más reciente, en la pretensión de hacer uso de los siete millones de euros del Ministerio de Educación que corresponden a Aragón para climatizar las aulas, no para mejorar la situación del alumnado de los centros públicos, sino la de los concertados”.

Por otra parte, han criticado que la Administración hizo llegar el texto a los sindicatos menos de 48 horas antes de la reunión para debatirlo, “lo que muestra también su falta real de voluntad de negociarlo”. STEA ha resaltado que ha estado presente en la reunión de “para intentar pactar y poner cordura a una situación que convendría tener cerrada al comienzo de curso, para garantizar el máximo nivel de seguridad jurídica tanto del alumnado como del profesorado, y asegurar una educación integral y de calidad”.

Rebaja de ratios orientativas

STEA ha señalado que la reunión solo ha dejado como aspectos positivos la posibilidad de rebajar las señaladas ratios orientativas de alumnado contempladas en el borrador de la orden “ante la crítica generalizada de los sindicatos presentes”.

Igualmente, los protocolos específicos desarrollados para cada actividad, así como los documentos firmados por las familias –o en su caso la no aportación de información ante problemáticas concretas de sus hijos e hijas– facilitarán un grado de protección un poco más elevado en determinadas actividades.

Ante esta situación, para STEA “la mejor noticia, ante un borrador base tan alejado de las posiciones del profesorado aragonés, es que el proceso de negociación continúa abierto”. Como principal punto, reclama que se hagan más concretas las responsabilidades asumidas por el profesorado, “que siguen quedando en el aire y generando inseguridad jurídica y suman otro motivo más a las reivindicaciones para la movilización del profesorado el próximo curso si no se subsana la situación”.

Castilla y León no ha acudido —al igual que el resto de comunidades del PP— este miércoles ni a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ni a la Conferencia Sectorial de Educación. La Consejería de Educación ha reprochado que el Ministerio haya mantenido la Conferencia Sectorial de Educación a pesar de los incendios que afectan a varias comunidades y de que varias autonomías habían pedido aplazar la reunión “para que todas las administraciones pudieran centrar sus esfuerzos en la gestión de la emergencia y en la atención a las personas afectadas”.

La Consejería anunció a los medios la cancelación de la convocatoria este martes sobre las seis de la tarde, cuando el incendio de Burgohondo (Ávila) estaba siendo contenido y que sigue evolucionando favorablemente, igual que el de La Utrera (León). Actualmente hay otros incendios que preocupan en León, Zamora y Salamanca.

Para la rama que dirige María Pardo —y que el día anterior había confirmado su asistencia— la situación actual exige que la prioridad sea “la coordinación institucional” ante los incendios. elDiario.es ha consultado también a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio —que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones— tampoco ha acudido a la CGPU, lo que ha paralizado la financiación del programa María Goyri, previsto para incorporar profesorado ayudante doctor, reducir la precariedad laboral y facilitar el relevo generacional en las universidades públicas. Esta reunión de la CGPU era online y tenía una duración prevista de media hora. Sin embargo, no ha explicado por qué habían solicitado aplazar la reunión, y cuyo rechazo ha derivado en un plantón por parte del Ejecutivo autonómico.

La Conferencia Sectorial de Educación —convocada en Madrid y a la que no han acudido las comunidades del PP— preveía abordar la distribución territorial de 31,3 millones de euros para la Formación Profesional, el estudio y aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva y se iba a informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años. “Los asuntos incluidos en el orden del día pueden abordarse unos días más tarde, cuando la situación esté normalizada y todas las administraciones puedan participar en igualdad de condiciones”, ha defendido la Consejería en un comunicado.

El PSOE de Castilla y León ha denunciado el “boicot irresponsable” de la consejera, quien hace unos días anunció en Ponferrada un nuevo ciclo de Formación Profesional. La formación socialista reprocha el “cinismo político y falta de lealtad institucional” del Ejecutivo que dirige Alfonso Fernández Mañueco. “El PP demuestra una vez más que le importa muy poco la educación pública, nuestros estudiantes y el personal docente. Exigimos a la Junta que abandone la confrontación y empiece a velar de verdad por los intereses de los castellanos y los leoneses”, ha reprochado el secretario socialista de Educación, Javier García, a través de un comunicado.

El hackeo de Séneca, el sistema informático que contiene los datos de alumnos y profesores de Andalucía, tuvo su origen en el descuido de un usuario. Mientras concluye la investigación, el Gobierno andaluz reconoce que “realmente no sabemos cuál es el alcance” de este incidente de seguridad.

Así lo ha apuntado este miércoles en Málaga el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, que ha asegurado que toda la información “muy exhaustiva” que ha desarrollado el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) apunta a “un descuido a través de una entrada en un ordenador personal de un usuario de esa red Séneca”. El incidente de seguridad detectado hace unos días podría haber comprometido la confidencialidad de ciertos datos de usuarios del sistema.

Según ha indicado, “muchas veces un descuido sin mala intención de un profesional le abre una brecha en la seguridad y hace que estas personas que se dedican profesionalmente a atacar a la Administración pública en especial, pero también a las empresas, pues encuentran esa brecha y la aprovechan para hacer daño”.

Mejorar la formación

Por eso, ha incidido en “la formación, en desarrollar capacidades de autodefensa en todos los usuarios”, ya que “el no tener un descuido no se puede garantizar, pero pedir la máxima atención sí es nuestra obligación y lo queremos hacer en este momento”. “En un dispositivo no segurizado, en el que no está dentro de la red de garantía que tiene la Agencia Digital de Andalucía (ADA), es mucho más fácil para quienes quieran hacernos daño entrar a través de cualquier tipo de dispositivo o de malware que puede hacer daño, hacer vulnerable el sistema y que esa brecha le permita obtener determinados datos que perjudican a un colectivo mucho más amplio”, ha señalado.

Nieto ha asegurado que se está trabajando en este caso, ya se han puesto en marcha distintas acciones, en coordinación con la Policía Nacional y con el Centro Criptológico Nacional (CCN), “y confiamos, como siempre, en que cuando se cometa un delito, si se puede, no solo se detecte, sino que se detenga, que en la medida de lo posible aprendamos de ese ataque y seamos capaces de evitarlo en el futuro”.

Seguir las medidas de seguridad

Y, además, ha instado a crear “conciencia en todo el colectivo para que nos demos cuenta de que alguna acción tan simple como bajar un correo o entrar para ver si nos han dejado alguna información, si no lo hacemos de la forma adecuada y con la garantía adecuada, nos puede crear un problema no sólo a ese usuario, sino a un colectivo mucho más amplio”.

Nieto ha indicado que le corresponde a la Policía Nacional perseguir el delito y la identificación de los autores, aunque ha asegurado que sí se ha pedido a todos los usuarios que cambien la contraseña, que refuercen su seguridad y que intenten seguir las medidas que le ha aconsejado la ADA ahora “para evitar mayor alcance, pero sobre todo en el futuro para evitar que haya otros ataques que puedan hacer daño”.

El primer texto con el que el Gobierno de Aragón pretende regular las actividades complementarias y extraescolares ha abierto un nuevo frente con los sindicatos docentes. CCOO y CGT consideran que las instrucciones, que se debatirán este jueves en una mesa técnica, no responden al problema que motivó su elaboración —la falta de protección jurídica del profesorado tras la muerte de un alumno durante un viaje escolar en Bélgica— y, por el contrario, dejan en manos de los centros nuevas decisiones organizativas e incrementan la carga burocrática.

El borrador, remitido esta semana a los agentes implicados en el proceso participativo, establece un marco común para la organización de las actividades fuera del aula. Entre otras cuestiones, atribuye a las direcciones de los centros la valoración individual de aquellos alumnos que requieran medidas específicas para participar en una actividad, la elaboración de protocolos para viajes con pernocta o intercambios, la designación del profesorado responsable y la adopción de medidas organizativas cuando concurran circunstancias especiales. También contempla la posibilidad de contratar seguros complementarios de accidentes o asistencia en viaje cuando el centro lo considere conveniente.

Para CCOO, el texto supone una “coerción involutiva” y no resuelve el problema que dio origen al conflicto. El sindicato sostiene que, en lugar de reforzar la protección jurídica del profesorado, “incrementa el control sobre el profesorado, la burocracia y la carga de trabajo de los centros”. Además, critica que la responsabilidad de las actividades “recae en última instancia sobre la dirección de los centros educativos”, que se atribuyan nuevas funciones a los equipos docentes y que todas esas obligaciones se planteen “sin delimitar ratios adecuadas” ni asumir el coste económico y el personal necesario para desarrollarlas.

CGT ha ido un paso más allá y ha anunciado que no acudirá a la mesa técnica convocada para este jueves al considerar que se trata de un “simulacro de negociación”. El sindicato califica el documento de “tomadura de pelo al profesorado aragonés” y asegura que es “una mezcla de recopilatorio de normativa ya existente, de un documento que anima a privatizar estas actividades con empresas colaboradoras y seguros privados y una nueva muestra de dejación de funciones de esta administración”.

Según su portavoz, José Luis Ruiz, el texto “no mejora las condiciones en las que el profesorado participa en estas actividades, ni en cuanto a su seguridad jurídica, ni en cuanto a ratios, ni en cuanto a compensaciones por las horas extras realizadas”. También denuncia que aumenta la burocracia, amplía la responsabilidad de los docentes y recomienda la contratación de seguros, lo que, a su juicio, podría incrementar el coste para las familias y dificultar el acceso del alumnado a estas actividades.

Entre las novedades que recoge el documento figura también que todas las actividades fuera del recinto escolar deberán contar, como mínimo, con dos docentes responsables. A partir de ahí, se fijan ratios orientativas de un responsable por cada 15 alumnos en Infantil, 23 en Primaria y 30 en Secundaria, aunque el texto insiste en que los centros podrán reforzar el acompañamiento en función de las características de la actividad o del alumnado. Asimismo, prevé que las familias puedan excluir a sus hijos de los tiempos libres programados durante un viaje, en cuyo caso el alumnado deberá permanecer bajo la supervisión del profesorado.

Las instrucciones también contemplan que, cuando no sea posible garantizar mediante medidas organizativas la seguridad de un alumno o del resto de participantes, la dirección del centro pueda acordar motivadamente su no participación en la actividad, previa comunicación a la familia siempre que las circunstancias lo permitan. Además, incluyen modelos de autorizaciones, protocolos de actuación, planes específicos para alumnado con necesidades organizativas concretas y orientaciones sobre seguros y responsabilidad civil.

Desde el Departamento de Educación defienden, sin embargo, que se trata de un documento de carácter transitorio elaborado tras un proceso participativo en el que han intervenido sindicatos, FAPAR, la Inspección Educativa, los Servicios Provinciales y las asociaciones de directores. Sostienen que las instrucciones permitirán que los centros dispongan desde septiembre de “un marco común de actuación” que aporte “seguridad, homogeneidad y respaldo organizativo” mientras se continúa trabajando en la regulación definitiva.

Fuentes del Departamento subrayan, además, que el texto no está cerrado. Todos los agentes implicados recibieron el martes el borrador y pueden trasladar sus observaciones antes y durante la mesa técnica prevista para este jueves, en la que los sindicatos tendrán ocasión de plantear sus propuestas.

A las críticas sindicales se ha sumado también Chunta Aragonesista (CHA), que ha reclamado la retirada del borrador y la apertura de una negociación “real” con la comunidad educativa para consensuar un protocolo que garantice la protección jurídica del profesorado. La formación considera que el texto “elude los problemas estructurales de la educación pública” y mantiene la “indefensión jurídica” de los docentes, al tiempo que incrementa la carga burocrática sobre los claustros y equipos directivos.

La portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Isabel Lasobras, ha anunciado el registro de preguntas parlamentarias para que el Gobierno de Aragón explique el contenido de la propuesta. Además, ha advertido de que la posibilidad de que los centros recurran a seguros privados o empresas externas para organizar estas actividades puede aumentar los costes para las familias y “acentuar la brecha social”, al tiempo que ha criticado que el borrador no contemple mejoras en las condiciones laborales ni compensaciones para el profesorado que participa en viajes y actividades fuera del horario lectivo.

La regulación de las actividades extraescolares se convirtió en una de las principales reivindicaciones del profesorado aragonés después de que decenas de centros suspendieran viajes y salidas escolares tras la imputación de dos docentes por la muerte de un alumno durante un intercambio en Bélgica. Desde entonces, sindicatos y docentes han reclamado al Ejecutivo autonómico un marco que refuerce su protección jurídica y les dé garantías para organizar este tipo de actividades.

Cantabria ha sido una de las comunidades que este miércoles no ha participado en la Conferencia Sectorial de Educación, algo que ha hecho “como muestra de solidaridad” con aquellas comunidades en situación de emergencia por los incendios forestales.

“En estos momentos es prioritaria la gestión de la emergencia en estas comunidades”, han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería que dirige el popular Sergio Silva, en relación a la ausencia de las CCAA del PP a dicho encuentro, un gesto que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha calificado como “boicot”.

Desde la Consejería, han indicado que Cantabria, en solidaridad con la situación que padecían algunas comunidades por los incendios, se había sumado a la petición de aplazamiento que hicieron varios territorios.

Y ha indicado que, “ante la negativa” de acceder a esta petición, “se ha considerado que la conferencia debería aplazarse para celebrarse en otro momento en el que todas las comunidades pudiesen participar y que todas las administraciones implicadas puedan participar en este órgano en las mejores condiciones posibles, entendiendo que en estos momentos es prioritaria la gestión de la emergencia en estas comunidades”.

El Ministerio censura el “boicot” de las CCAA del PP

Por su parte, el Ministerio ha tildado de “boicot” la actitud de las comunidades del PP por no asistir a la sectorial “sin razón objetiva” que impidiera su participación en esta reunión.

En este sentido, el departamento que dirige Milagros Tolón ha lamentado que algunas comunidades autónomas hayan optado por no participar en una Conferencia Sectorial para la que, a su juicio, “existían fórmulas que permitían compatibilizar las obligaciones propias de los responsables autonómicos con el ejercicio de sus responsabilidades institucionales”.

Ha explicado que el Ministerio decidió mantener la reunión, entre otros motivos, por “la necesidad de aprobar la distribución territorial de 31.296.070 euros destinados al impulso y la calidad de la Formación Profesional”.

Para el Ministerio, “retrasar ese acuerdo supone retrasar también la llegada de esos recursos a las comunidades autónomas y, por tanto, dificultar su gestión y la puesta en marcha de actuaciones que benefician al alumnado, al profesorado y al conjunto del sistema educativo”.

Del mismo modo, en el orden del día se incluía el estudio y, en su caso, aprobación, del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, una herramienta consensuada con el conjunto de la comunidad educativa para favorecer el avance del sistema hacia una educación inclusiva, equitativa, accesible y de calidad.

Además, también estaba previsto informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años y de los avances que se han producido, “dando respuesta con ello a las demandas de las profesionales y de las familias en este ciclo formativo”, según apunta Educación.

“Todas estas decisiones quedan ahora en suspenso debido a una incomprensible falta de lealtad institucional por parte de algunas comunidades autónomas que hacen un uso partidista y arbitrario de la Conferencia Sectorial de Educación, demostrando con ello su falta de interés por la educación inclusiva, la Formación Profesional o la educación de 0 a 3 años”, ha criticado el Ministerio.

Además, destaca que algunas comunidades comunicaron su intención de no participar en la Conferencia “apenas una hora antes de su celebración”.

“Desde el primer momento, el Gobierno de España está volcado en la lucha contra los incendios. Está dirigiendo directamente la emergencia y mantiene también un amplio despliegue de medios estatales para apoyar las tareas de extinción y protección de la población. Mientras tanto, continúa ejerciendo con normalidad las responsabilidades que tiene encomendadas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía”, agrega el Ministerio.

En este punto, recuerda que este martes se celebró “con normalidad y sin impedimento” la Conferencia Sectorial de Transportes convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; e insiste en que la convocatoria “contemplaba la posibilidad de asistir por medios telemáticos y, además, cada comunidad autónoma podía delegar su representación en la persona que considerara más adecuada si las circunstancias impedían la asistencia de su consejero”.

“Este Gobierno gobierna para la gente, trabajando cada día para dar respuesta tanto a las emergencias como a las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Otros, desgraciadamente, han preferido convertir un órgano de cooperación institucional en un instrumento de confrontación y boicot”, ha reprochado el Ministerio.

La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria ha llamado a todos los claustros de los centros públicos de Cantabria a iniciar una huelga de actividades complementarias y extraescolares a partir del próximo 1 de septiembre.

En declaraciones a los medios, la presidenta del órgano de representación sindical, Rus Trueba, ha subrayado que esta convocatoria tiene el objetivo de exigir al Gobierno (PP) “el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la apertura de una negociación real” para la regulación de las actividades complementarias y extraescolares.

Sobre este asunto, ha recordado que en marzo de 2025 la Junta de Personal registró cerca de 3.000 firmas de docentes para reclamar una regulación que aporte seguridad jurídica al profesorado que participa en estas actividades, y ha señalado que han pasado 16 meses desde aquella iniciativa sin que la Consejería de Educación haya mostrado “voluntad alguna de abrir una negociación”.

En este sentido, ha opinado que el consejero, Sergio Silva, “parece preferir que sus trabajadores continúen realizando salidas y actividades extraescolares con alumnos sin las debidas garantías jurídicas, manteniendo una situación de inseguridad que preocupa profundamente al profesorado y que podría evitarse mediante una regulación negociada”.

Además, ha denunciado el “bloqueo” de la negociación colectiva por parte de Silva en la reducción de ratios y la carga burocrática. “A comienzos de 2024, la Junta de Personal Docente y la Consejería pactaron un cronograma de negociación para abordar algunas de las principales demandas del profesorado. Sin embargo, más de dos años después, ese calendario ha sido incumplido en su totalidad por el consejero”, ha afeado.

En esta misma línea, ha apuntado que Silva adquirió el compromiso al inicio de la legislatura, en 2023, de reducir las ratios de alumnado por aula, presentándolo “como una de las medidas fundamentales para mejorar la calidad de la enseñanza en Cantabria, aunque la realidad demuestra que aquellas palabras no se han traducido en hechos”.

Y ha rememorado que este miércoles se cumple el plazo que los sindicatos dieron al consejero para mantener una reunión y abordar las cuestiones “más urgentes que afectan al profesorado”.

Sin embargo, la única respuesta recibida por parte del consejero ha sido comunicar que no asistiría “por motivos de agenda” -se encuentra en la Conferencia Sectorial de Educación en Madrid-, y no les ha convocado a un encuentro alternativo ni les ha propuesto una nueva fecha para negociar. “Una ausencia puede justificarse; la falta de voluntad para buscar una solución, no”, ha apostillado.

“Con ello, se cumplen 187 días sin una sola reunión de negociación sobre la reducción de las ratios, desde el pasado 21 de enero. Son 187 días de silencio, de incumplimientos y de abandono de unos compromisos que el propio consejero adquirió públicamente con el profesorado y con la comunidad educativa”, ha criticado.

Por otro lado, ha destacado que uno de “los grandes problemas” que sufre la educación pública de Cantabria es “la creciente carga burocrática” que soportan los centros educativos.

En esta misma línea, ha explicado que los equipos directivos y los docentes dedican “cada vez más tiempo” a tareas administrativas “innecesarias, repetitivas y, en muchos casos, carentes de utilidad real”.

“Esta burocracia está asfixiando el funcionamiento de los centros, resta tiempo a la verdadera labor educativa y genera un creciente malestar entre el profesorado”, ha lamentado.

Para la Junta de Personal, lo sucedido en las últimas horas “deja en evidencia la falta de voluntad política de la Consejería para abordar estos problemas”, y es que ha sido convocada este jueves por los directores generales para tratar otros asuntos distintos de los que lleva meses reclamando.

“Es decir, existe disponibilidad para reunirse con los representantes del profesorado para cuestiones que sí interesan a la Consejería -recortes en plantilla, decreto de inspectores o ley de autoridad- pero no para negociar las cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo de los docentes y a la calidad de la educación pública”, ha matizado.

Concentración este viernes por recortes

Por otra parte, las AMPA de diferentes centros públicos de Cantabria se concentrarán este viernes, 31 de julio, a las 12.00 horas, frente a la sede de la Consejería de Educación.

Y es que, en un cartel informativo han denunciado que el departamento de Sergio Silva “ha recortado 94 aulas en Cantabria, ha escondido las listas de no admitidos y ha reducido el plazo de matriculación”.

La Junta de Personal Docente, durante el encuentro con los periodistas para anunciar la huelga, ha señalado que estará apoyando a las familias este viernes y se unirá a la concentración.

“Uso partidista y político”, según el PP

De otro lado, el portavoz del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, ha denunciado este miércoles el uso “partidista y político” que algunos líderes sindicales están haciendo de la Junta de Personal Docente, a los que ha acusado de montar una “representación teatral” por “interés político y sindical”.

Según ha dicho, el único objetivo de la Junta es generar una tensión social “artificial” que nada tiene que ver con la realidad que viven los docentes y las familias en las aulas de Cantabria.

Alonso se ha pronunciado así en una rueda de prensa previa a la convocada hoy por la Junta de Personal Docente para dar a conocer sus próximas actuaciones en el marco de la campaña 'Por la Pública'.

Para el portavoz popular, detrás de las “amenazas de conflicto” sólo existe un “puro interés político y sindical” y en este sentido ha recordado que este año se celebran elecciones sindicales en el ámbito educativo. “Algunos dirigentes están más preocupados por sacar la pancarta y garantizar su supervivencia sindical que por defender realmente los intereses de los docentes”, ha sostenido al respecto.

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado, por un importe total de 235.427,75 euros, el contrato para el arrendamiento e instalación de un conjunto de módulos prefabricados compuesto por dos aulas que se ubicarán en la Escuela Infantil de Primer Ciclo (EIPC) ‘Nuestra Señora de Vico’, de Arnedo. La actuación permitirá satisfacer la demanda de plazas de 0 a 3 años en la localidad y garantizar la escolarización de los alumnos de este tramo de edad.

El contrato contempla el arrendamiento de los módulos, así como las actuaciones necesarias para su transporte, ensamblaje e instalación, además de todo el mobiliario y enseres necesarios para su puesta en funcionamiento a partir del mes de septiembre. El plazo de arrendamiento será de 24 meses, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de 18 meses

Con estas dos nuevas aulas de la Escuela Infantil ‘Virgen de Vico’, la Consejería de Educación y Empleo dice avanzar así en su “compromiso de ampliar y consolidar la oferta educativa de 0 a 3 años y de facilitar a las familias el acceso a plazas de primer ciclo de Educación Infantil en su entorno más cercano”.

Otra mujer asesinada. Otra familia rota. Otra comunidad conmocionada. Y, después, el mismo debate: protocolos, recursos, coordinación, protección, prevención.

Todo es necesario. Pero no es suficiente. Porque cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, la violencia no comienza con el crimen. Mucho antes han podido aparecer el control, la posesión, los celos, la humillación, el aislamiento y la desigualdad. Y, ante esa realidad, debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo para educar contra la violencia antes de que sea demasiado tarde?

La respuesta no puede limitarse a actuar cuando ya existe una víctima.

La violencia machista no se combate únicamente en los juzgados, en los servicios sociales o mediante medidas de protección. También se combate en las aulas, en las familias y en la construcción cotidiana de las relaciones humanas. Se combate enseñando, desde la infancia, que nadie pertenece a nadie; que el amor no controla; que los celos no son una prueba de cariño; que la libertad del otro no se negocia y que ninguna persona tiene derecho a humillar, dominar o dañar a otra.

La educación no es una solución mágica. Pero sí es una de las herramientas más poderosas para transformar las ideas, las actitudes y los comportamientos que pueden terminar normalizando la desigualdad y la violencia.

Cada nueva víctima nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos seguir aplazando. El dolor no puede convertirse en una noticia más. La indignación no puede durar únicamente unas horas. Y la memoria de las víctimas no puede limitarse a un minuto de silencio

Los programas de coeducación, educación afectivo-sexual y prevención del sexismo pueden contribuir a reducir las actitudes sexistas, desmontar los mitos del amor romántico y cuestionar la aceptación de la violencia. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes, desiguales y, en demasiadas ocasiones, fragmentarios.

No podemos permitir que la prevención dependa de la voluntad individual de un centro, de un docente o de una administración concreta. La prevención debe ser una política de Estado.

Necesitamos programas obligatorios, rigurosos y evaluables de prevención de la violencia de género desde las primeras etapas educativas. Necesitamos formar al profesorado. Necesitamos proporcionar herramientas a las familias. Necesitamos profesionales preparados y recursos suficientes. Y necesitamos evaluar, sin prejuicios ni intereses partidistas, qué medidas funcionan y cuáles no.

Porque anunciar programas no basta. Aprobar leyes no basta. Reaccionar después de cada asesinato no basta. Hay que llegar antes.

Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar mucho antes de que llegue la tragedia

Y llegar antes significa educar para la igualdad, para la libertad, para el respeto y para la convivencia. Significa enseñar a identificar el control y la violencia antes de que se normalicen. Significa formar personas capaces de establecer relaciones basadas en la dignidad y no en la dominación.

Cada nueva víctima nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos seguir aplazando. El dolor no puede convertirse en una noticia más. La indignación no puede durar únicamente unas horas. Y la memoria de las víctimas no puede limitarse a un minuto de silencio.

Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar mucho antes de que llegue la tragedia.

Como catedrática y defensora de los derechos humanos, lo afirmo con absoluta convicción: la educación es una de las grandes herramientas de prevención de la violencia machista y no puede seguir ocupando un lugar secundario.

Las mujeres de Albacete, de Castilla-La Mancha y de toda España tienen derecho a vivir sin miedo.

Y nuestra sociedad tiene la obligación de educar para que ese derecho sea una realidad.

No más excusas. No más indiferencia. No más muertes.

La educación no puede seguir llegando tarde.

La concejala de Educación, Laura Lázaro, acompañada por el director general de Familia y Servicios Sociales, Jesús Esteban, ha informado esta mañana de la inversión que desde el Gobierno Local se va a llevar a cabo para la mejora de los colegios de infantil y primaria y las escuelas infantiles de la ciudad de Logroño.

Tal y como ha explicado la edil municipal, “la inversión supera el 1,5 millones de euros y busca mejorar las instalaciones municipales de las primeras fases educativas de nuestra ciudad”. Estas acciones “pretenden dar respuestas a las necesidades concretas de cada una de las instalaciones, llevando a cabo trabajos adaptados y focalizados en cada uno de los centros”, según ha explicado Lázaro.

La concejala ha detallado que se ha realizado un estudio de cada espacio y se ha escuchado a los trabajadores y las familias que día a día usan los centros educativos.

Eficiencia energética, climatización y zonas de juego

Los trabajos que más se van a repetir son aquellos focalizadas en maximizar la eficiencia energética de la red eléctrica en baja tensión de los centros, como es el caso de los Centros de Educación Infantil y Primaria Madre de Dios, Siete Infantes de Lara, Las Gaunas, Vuelo Madrid Manila, Gonzalo de Berceo, Ana María Matute, Vicente Ochoa y Varia, así como en El Arco, La Guindalera, Caballero de La Rosa, Vélez de Guevara y el EPA Plus Ultra, entre otros.

Se reformará la instalación eléctrica en baja tensión también en los centros Bretón de los Herreros, Duquesa de la Victoria y General Espartero.

La concejala de Infancia ha subrayado que “otra de las demandas de las familias era la de controlar la temperatura en el interior de los centros y por ello se instalarán sistemas de climatización en la escuela infantil de Primer Ciclo Casa Cuna y en el CEIP El Cubo”.

En cuanto a las zonas de juego, el CEIP Caballero de la Rosa reemplazará su pavimento amortiguador, mientras que las escuelas infantiles Casa Cuna, El Cubo y El Arco adecuarán sus áreas de juego. También las aulas de educación infantil del CEIP Madre de Dios verán renovado el solado en sus clases.

Además de estas tres grandes líneas de actuación, desde el Ayuntamiento de Logroño se trabajará durante estas semanas en reparaciones de soleras puntuales, así como en el acceso al yacimiento arqueológico del CEIP Varia.

La previsión de inversión global en estos trabajos alcanzará los 1.538.164,53 euros.

Para el curso escolar 2026-2027, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a aprobar “las primeras resoluciones parciales” para afrontar nuevos gastos para la climatización de los centros educativos. Es la tercera convocatoria en la que se actuará en total en 174 espacios por 3,25 millones de euros.

Mientras tanto, durante este verano se podrán rematar hasta 61 actuaciones en otros 61 municipios de la región para arreglar desperfectos ocasionados por desperfectos climatológicos en las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real.

Lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este martes.

A finales del pasado curso educativo hasta 16 AMPA de Toledo protagonizaron una sonora concentración exigiendo medidas para evitar clases en las aulas a 30 grados. Amagaron, además, con nuevas protestas a partir de septiembre si no se ponen soluciones sobre la mesa.

Nuevos centros y otras infraestructuras

Además, entre los asuntos adoptados por el Consejo de Gobierno dentro de su área, ha destacado destacan varias inversiones incardinadas en los 77 millones de euros anunciados por Emiliano García-Page durante el pasado Debate sobre el Estado de la Región para grandes obras educativas.

Así, ha avanzado tres millones de euros para que en 12 meses esté listo un pabellón polideportivo que dé servicio a los IES José Conde y José Luis Sánchez de Almansa; o cuatro millones de euros para que en el mismo plazo se desarrollle la primera fase del IES Juan Bosco de Alcázar de San Juan, de cara a tener un nuevo aulario para los estudios de Formación Profesional.

En tercer lugar, ha anunciado la construcción de un nuevo centro con servicios complementarios para el centro Tierras de Viriato de Cardiel de los Montes, por 1,2 millones de euros en el próximo año. A todo esto ha sumado una movilización de doce millones adicionales para que los centros educativos de la región soliciten actuaciones de reforma, “una cifra histórica” que podrá llegar hasta a 650 pequeñas obras “para solventar carencias”.

Nuevo edificio para el CEIP Martínez Chicano de Las Pedroñeras

Entre más asuntos, se ha tomado la decisión de que sea el Ejecutivo autonómico quien finalmente ponga en marcha “con músculo propio” el nuevo edificio para el CEIP Adolfo Martínez Chicano. “Una maniobra tras meses de polémica en los que el Gobierno regional había solicitado al Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca) la cesión de terrenos para iniciar el proyecto”, señala el Ejecutivo regional. El año pasado las familias se manifestaron exigiendo un nuevo centro.

Según la Junta, este proyecto es necesario “para reformar el centro de capacitación agraria” del pueblo, de cara a que el municipio “cuente con nuevas instalaciones” para este centro educativo, con una inversión de más de cuatro millones de euros.

“Es la respuesta que da el Gobierno para poner a disposición del sistema educativo un edificio, puesto que el Ayuntamiento no cedía los espacios necesarios”, ha abundado.

Dentro de esta tanda de inversiones, ha avanzado además 7,3 millones de euros para poner en marcha doce unidades de Secundaria en el IES nº 1 de Pioz (Guadalajara); así como 9,1 millones de euros para redactar el proyecto del futuro centro integrado de Formación Profesional para Electricidad, Electrónica e Informática.

Más de 34.500 profesionales para el próximo curso

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la plantilla de efectivos docentes para el curso escolar 2026-2027, que estará integrada por un total de 34.539 profesionales, lo que supone 876 docentes más que el pasado curso.

En su intervención, ha aclarado que, del total de nuevos efectivos, 770 corresponden al cupo ordinario, en cumplimiento del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales CCOO, ANPE y UGT para mejorar las condiciones del sistema educativo.

Según afirma, estos nuevos recursos permitirán avanzar en la reducción de las horas lectivas, incrementar los apoyos en los centros, crear nuevas unidades educativas, ampliar grupos en las enseñanzas de Régimen Especial, reforzar los servicios de orientación, atender las necesidades de los nuevos centros educativos y seguir impulsando la inclusión educativa.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a 965 efectivos destinados a planes y programas educativos, de los que 106 son nuevas incorporaciones respecto al curso anterior.

Estos docentes desarrollarán iniciativas como el programa PROA+, los programas de refuerzo de la competencia matemática y lectora, los programas de inclusión, los de segunda oportunidad y los planes de éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano.

“Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico mantiene su apuesta por el fortalecimiento de la educación pública. Desde que Emiliano García-Page accedió a la Presidencia de Castilla-La Mancha, la plantilla docente de la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 6.310 profesionales”, ha finalizado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 2.072.828,07 euros para la licitación de la contratación del servicio de elaboración del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud para la construcción del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo, en el Paseo del Prior de Logroño.

La construcción del nuevo edificio del Marqués de Vallejo, que se levantarán en una parcela dotacional de 16.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Logroño, garantizará un sistema de educación más inclusivo, con nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades del alumnado, en un entorno adaptado a sus características particulares.

Esta nueva edificación proporcionará los apoyos intensivos necesarios para el desarrollo integral del alumnado con necesidades especiales, maximizando su potencial y una mejor integración en la sociedad y preparación para la transición a la vida adulta y laboral.

De esta manera, el nuevo edificio no sólo cubrirá las necesidades académicas de estos alumnos, sino que también ayudará a mejorar su salud y bienestar, creando un espacio seguro y estimulante. Con esta nueva construcción se facilitará dar una respuesta educativa más personalizada y especializada y que incrementará el número de alumnos con respecto al centro actual, pasando de los 152 estudiantes a un máximo de 176. También supondrá un incremento del personal que trabaja en este centro, pasando de 128 a 150 personas en plantilla.

El plazo de ejecución para la redacción del proyecto desde la formalización del contrato es de nueve meses, en concreto cuatro meses para la redacción del proyecto básico y un máximo de cinco meses para la redacción del proyecto de ejecución.

El proyecto contempla un edificio principal de unos 9.500 metros cuadrados; zona exterior urbanizada en torno a los 3.000 metros cuadrados; porches y patio escolar, en un espacio de unos 900 metros cuadrados; un aparcamiento interno de 3.500 metros cuadrados; así como otros espacios para uso administrativo, mantenimiento e instalaciones, en unos 1.000 metros cuadrados.

Respecto a la accesibilidad y seguridad vial, el nuevo CEE Marqués de Vallejo se construirá en el Paseo de Prior, una vía de acceso de gran anchura con doble carril por cada sentido, lo que facilita el acceso de autobuses de transporte escolar, totalmente necesarios en este centro, y permitirá aligerar el tráfico rodado en las horas punta de entrada y salida. Además, en el entorno se ubican cuatro rotondas con una superficie de diámetro de giro interno habilitada para vehículos de gran longitud.

Por otra parte, el nuevo CEE Marqués de Vallejo dispondrá de aparcamiento propio para 90 vehículos y varios autobuses, ubicado en el interior de la parcela dotacional, para cubrir la demanda de trabajadores y familiares que accedan al centro educativo.

Asimismo, el nuevo colegio se ubicará en una zona urbana, lo que promoverá la plena inclusión e integración del alumnado y facilitará que la comunidad educativa sea parte activa de la ciudad, con distintas infraestructuras ubicadas en el entorno como una residencia universitaria, el Centro Deportivo Municipal La Ribera, un campo del fútbol, viviendas y el IES Comercio.

¿Por qué Canarias es la segunda comunidad autónoma de España con mayor tasa de abandono escolar temprano, solo superada por Murcia? Profesores y administración lo tienen claro: un modelo económico basado en el turismo y las necesidades de unas familias más pobres que la media nacional empujan al alumnado a buscar trabajo, y encontrarlo, antes.

La facilidad para acceder a un puesto de trabajo con baja remuneración y sin necesidad de titulación superior tanto en el turismo como en la hostelería hace que una parte nada desdeñable de la juventud entre 18 y 24 años prefiera empezar a cotizar y dejar de lado los estudios: un 15,9%, según los últimos datos conocidos.

Hay que recordar que la inversión del Gobierno de Canarias en Educación se ha alejado en esta legislatura del 5% del PIB al que obliga la Ley Canaria de Educación, cayendo del 4,67% de la pasada legislatura, al 4,05% de mínimo en esta.

La cifra de abandono escolar ha vuelto a subir después de alcanzar su mínimo en 2021 (un 12 %). La explicación, según el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, es clara: la pandemia hizo que muchas empresas “echaran el cerrojo” y dejaran de contratar, y eso empujó a muchos estudiantes a seguir formándose.

Según él, “en la época de la pandemia, cuando era más difícil encontrar trabajo, se vio que ese abandono descendió a un nivel menor. Ahora que es más fácil el acceso al trabajo, esos niveles aumentan”.

Eso es, ahonda, “fácil de apreciar en todas las zonas donde el nivel de ocupación es mayor, donde existe menos desempleo, como las zonas turísticas, y que en el trabajo que se solicita no requiere una formación tan especializada”.

En ello coincide el presidente del sindicato ANPE, mayoritario entre el profesorado canario, Pedro Crespo, quien también apunta en otra dirección, la desigualdad territorial y la pobreza.

“Cuando en casa hay dificultades, es muy complicado que el pibe pueda centrarse en estudiar”, indica en conversación con EFE, para después agregar que la cuestión de la insularidad también juega un papel importante en este tipo de decisiones, puesto que no todas las personas pueden desplazarse hacia las islas capitalinas o las grandes ciudades a estudiar lo que les gustaría.

Crespo no esconde la “preocupación” que les generan los datos que dio a conocer la semana pasada el Ministerio de Educación. “Nos preocupa que haya chavales de 16 o 17 años que se quedan fuera, y eso es una muy mala noticia para ellos y para el futuro de Canarias”, asegura.

“Canarias parte de esos hándicap: una situación económica que puede estar por debajo de la media nacional e implica la necesidad de buscar ingresos adicionales, y todo lo que tiene que ver con el sector turístico, en el que el acceso al empleo es más sencillo de lo normal”, lo resume el viceconsejero de Educación.

¿Cómo combatir el abandono escolar en Canarias?

Orientación académica temprana, mejor y mayor Formación Profesional que se apegue también a la demanda real del mercado laboral y una mayor conciliación que permita a quienes lo requieran poder dedicarle tiempo a sus estudios mientras trabajan. Estas son las tres cuestiones que se ponen sobre la mesa para intentar combatir estas tasas de abandono escolar temprano tan altas con las que cuenta el archipiélago.

Desde la administración regional tratan de “promover la reincorporación” de estos jóvenes que abandonan la educación antes de tiempo y de incrementar “los porcentajes de éxito”, cuestión esta última en la que ya se están logrando avances.

En palabras de José Manuel Cabrera, es “fundamental” que las empresas puedan facilitar el acceso de su plantilla a la formación, a través de dos vías: compaginando la situación laboral con seguir estudiando, y orientarlas a consolidar los puestos de trabajo solo cuando el alumnado tenga la formación adicional adquirida.

Igualmente, apunta medidas que ya se han puesto en marcha y que tienen que reforzarse, como la orientación escolar, “unida a la cultura de la sociedad de que es necesario formarse para poder desempeñar un puesto de trabajo con condiciones adecuadas”, y favorecer un mejor rendimiento para que no abandonen.

Ello se suma a apostar por la Formación Profesional, con un aumento del número de ciclos, pero también para hacer que estos se adecuen a la realidad laboral.

Esta idea también la comparten desde ANPE, que aboga por una FP “más conectada con el empleo”, algo en lo que se han dado pasos en los últimos tiempos, pero que necesita consolidación.

Pero, para Crespo, todo esto parte de una base que los políticos, a su juicio, no han conseguido todavía entender: hace falta más financiación.

“Yo creo que al final no es solamente cuestión de intención, sino de tener los medios”, recalca el presidente de ANPE, quien habla de un camino ineludible: “Debemos llegar hasta el 5 % de los presupuestos para financiar la educación”.

Y es que, de no intentar revertir la situación, Pedro Crespo lo tiene claro, Canarias soportará una triple problemática: social, económica y territorial.

No han dejado de repetirlo desde el 7 de abril, cuando comenzaron esta huelga indefinida, la primera en su historia, mediante la que intentan forzar una subida salarial, pues las nóminas actualmente rozan el salario mínimo: con estas condiciones es imposible educar y cuidar a la infancia como se merece. Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid descansarán en agosto de unos meses repletos de movilizaciones y acciones de lucha y solidaridad. Septiembre será el mes más complicado hasta el momento, pues el inicio de curso se prevé en servicios mínimos, lo que redundará en la calidad asistencial que podrán brindar a las familias y las criaturas, sobre todo aquellas que pisan la escuela por primera vez.

Será la primera ocasión en la historia que un nuevo curso comienza en las escuelas infantiles madrileñas con las educadoras en huelga. Las repercusiones se dejarán notar gravemente en el periodo de adaptación y vinculación de los más pequeños, tal y como coinciden en alertar todas las trabajadoras consultadas para este reportaje. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), ha recalcado que el inicio en septiembre “va a ser duro, muy duro, sobre todo para aquellas criaturas pequeñas cuyas familias nunca han dejado a su hijo o hija con desconocidos”.

Este proceso, que requiere una “atención mínima y un estar presente”, tal y como concretiza la misma Marín, educadora infantil en un colegio público con etapa educativa de 0 a 3 años de Las Rozas, se verá afectado por la huelga. “Con las ratios que todavía tenemos y los servicios mínimos es muy difícil dar esa atención porque será imposible llevar a cabo el trabajo de vinculación tan necesario esos primeros meses”, ha comentado cuando la manifestación echaba a andar.

Si fuera un periodo de acogida normal, las aulas se llenarían de familias nuevas que acompañarían a los más pequeños durante algunas horas para conseguir que se aclimataran. Al igual que hasta ahora, la realidad que se vivirá en las escuelas de la Comunidad de Madrid será mucho más complicada que aquellas gestionadas por el Consistorio de la capital, pues en las primeras no existe la figura de pareja educativa. “Se mezclan bebés con otros pequeños de hasta tres años y se unen aulas, y cada día una de nosotras se encarga de una diferente. Va a ser muy complejo el inicio de curso”, reitera Marín.

Las educadoras infantiles se preparan emocionalmente para ello. “Hacemos terapia entre nosotras para resistir”, comenta metafóricamente la portavoz. Asimismo, admite que lo pasan “muy mal” cuando ven que no llegan a atender a las criaturas como se merecen.

Un salario para sobrevivir

La mayor parte de las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid reciben unos 1.080 euros por su trabajo a final de mes. Edu Vacas es uno de ellos. “Este salario afecta a todos los niveles, sobre todo en una ciudad tan poco amable como Madrid”, introduce. Este educador infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid de gestión indirecta ha estado más de una década dedicando el 60 % de sus ingresos, en torno a 1.350 euros brutos con las pagas extra prorrateadas, al pago del alquiler. “Es increíble que cobremos esta miseria cuando somos los responsables de cuidar y acompañar a criaturas en sus primeros meses de vida, cuando más conexiones neuronales se producen”, sostiene.

Vacas trabaja junto a una pareja educativa, así que la principal consecuencia de la huelga al comienzo del curso será la falta de una figura de referencia para los más pequeños. “Eso impedirá que podamos atender e individualizar las necesidades y deseos de la infancia, a quien le costará mucho más entender que la escuela no es un lugar hostil”, añade. Por último, enfatiza que serán las nuevas familias que accedan al centro las que peor lo pasarán: “Es un papelón muy gordo para ellas”.

Tamara González, también educadora infantil en una escuela gestionada por el Ayuntamiento capitalino, añade que viven “el inicio de curso con bastante incertidumbre. Ese acercamiento que siempre tenemos las primeras jornadas se verá truncado y no será posible la vinculación con la infancia”, asevera.

Por otro lado, esta profesional de la educación es una de las tantas que convive con una dualidad en su interior. Deja de ir a trabajar para hacer reaccionar a una Consejería que las tiene abandonadas, según expresa, pero a la vez admite que no puede ver sufrir o pasarlo más a las criaturas. En ese debate, incluso chantaje emocional, gana la lucha: “Estamos en las calles para poder mejorar el trato que les damos en el futuro. Si no seguimos con la huelga, todo irá a peor”.

María Álvarez, por su parte, asume que sobrevive más que vive con su salario de educadora infantil, por lo que se vale de la ayuda de sus padres. “Seguir con esta huelga ya es algo heroico. No solo estamos aquí por dinero, sino también por la infancia y para darle voz a aquellos que no la tienen” expresa por teléfono a elDiario.es.

Una Consejería inmóvil

Sobre el inicio de curso, esta educadora en una escuela de Parla dependiente de la Comunidad de Madrid con la gestión privatizada exclama que tanto los pequeños como ellas, las trabajadoras, lo pasarán mal. “Tiene que ser así para poder conseguir lo que reivindicamos. Es pasarlo mal un tiempo corto para poder hacer bien nuestro trabajo de una forma duradera en el futuro”, agrega.

Marín, la portavoz de PLEI, incide en que esto podría no ser así si la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, con Mercedes Zarzalejo al frente, aceptara una subida de salarios. “Yo creo que ella ni es consciente de lo importante que es este tiempo de acogida en las aulas. Desconoce el sufrimiento que va a producir en familias, infancia y educadoras”, sostiene. Del mismo modo que el resto de compañeras, esta educadora explica que “una criatura no podrá sentirse sostenida, ni va a poder aprender, ni jugar ni relacionarse ni explorar si no se siente segura, y para eso sus personas de referencia debemos poder trabajar con unos medios y condiciones dignas”.

Uno de los grandes logros de las trabajadoras madrileñas ha sido arrancar al Ministerio de Educación un real decreto que servirá para bajar las ratios en las aulas. Sin embargo, la Consejería dirigida por Zarzalejo no ha atendido nunca a sus demandas. “Le hemos mandado comunicaciones por registro para que firmara unas declaraciones que hizo a los medios de comunicación y nunca ha respondido. No creo que ahora, de repente, nos llame para decirnos que aumenta el salario”, reconoce Marín. Esa es su línea roja. Solo levantarán los paros cuando consigan un sueldo digno y acorde a su formación y responsabilidad.

Cuando parecía que el curso escolar no podía acabar peor en Catalunya, con un conflicto docente sin resolver y la amenaza de más movilizaciones en septiembre, la exclusión de PISA no ha hecho más que agravar la crisis y aumentar la presión sobre la Generalitat.

Tras desplomarse Catalunya en los resultados de las pruebas PISA de 2022, los de 2025 –cuya publicación está prevista para septiembre–, se esperaban con gran interés. Pero el Departamento de Educación dio a conocer el pasado viernes que un error en la muestra del alumnado evaluado impedirá que los datos puedan compararse con los de años anteriores.

Catalunya queda fuera de esta forma de la foto de PISA, algo que no había sucedido nunca –las pruebas se llevan a cabo desde el año 2000–. Un fracaso que ha provocado la reacción airada tanto de la oposición política como de sindicatos, directores de centros y asociaciones de familias, que piden al Govern más explicaciones de las ofrecidas.

“Es un fiasco inaudito, un descuido enorme en los mecanismos de control de la prueba de Educación”, señala Jordi Satorra, director de la asociación de directores de institutos públicos Axia. El sindicato de educación mayoritario en la pública, Ustec, les ha acusado de “descontrol” y “falta de transparencia”.

Una exención de alumnado desmesurada

Hasta la fecha, lo que ha explicado Educación es que durante la celebración de las pruebas PISA en Catalunya se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

¿Cómo es posible que de 2.500 alumnos escogidos para hacer las pruebas, 591 quedaran finalmente apartados? La mayoría de ellos, el 83%, lo fueron por razones de discapacidad cognitiva, conductual o emocional, según Educación. Lo cierto es que la OCDE ya contempla este supuesto de exclusión –igual que el de discapacidad física o la falta de dominio del idioma–. Pero los alumnos con necesidades educativas especiales no representan una cifra tan abultada en Catalunya.

“Es un problema absolutamente inédito e inaudito. Nunca había habido una tasa de exclusión tan elevada”, expresa Francesc Pedró, catedrático de políticas educativas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con 20 años de experiencia en la OCDE. Pedró cita ejemplos como Dinamarca o Suecia, que excluyeron poco más del 10% del alumnado en 2022. “Desde la perspectiva catalana, es una herida en el orgullo”, constata.

En un proceso tan protocolizado como las pruebas PISA, con unas muestras que elabora la OCDE y que supervisa la Administración educativa, antes y después de los exámenes, los docentes y los directores consideran incomprensible que no se conozca las causas del fallo.

Por un lado, los directores se muestran indignados porque la principal hipótesis de la Generalitat sería una “confusión” de los centros –en total, 51– que llevan a cabo los exámenes. Al coincidir PISA con las pruebas externas de la Generalitat en 4º de la ESO, Educación ha aludido a que quizás algunos centros habrían mezclado los criterios de exclusión.

“Es una acusación velada que nos ha molestado muchísimo, porque este proceso está bajo un control absoluto del Consejo Superior de Evaluación y de la inspección, nunca ha dependido de la discreción de un centro”, critica Satorra. Desde Axia argumentaban además que no es factible pensar que todos los centros se equivocaron en el mismo sentido.

Sin embargo, en la comparecencia de este lunes Niubó, que no negó la “gravedad” de lo ocurrido, quiso también exculpar a centros y directores. Insistió en la posibilidad de esa confusión, pero añadió que esto “no exime de responsabilidad” a la Administración, que debió contar con protocolos más claros sobre la validación de esas muestras.

También la Generalitat ha planteado como explicación que fuese un error en la transición entre los organismos que gestionan este tipo de pruebas en Catalunya. Justo esas semanas, precisaron desde Educación, se hacía el traspaso entre el Consejo Superior de Evaluación y la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva.

Acusaciones de encubrimiento

Con todo, la queja de oposición y profesorado va más allá y apuntan también a una presunta ocultación, que la Generalitat niega, de este revés. Las primeras noticias sobre ello llegaron de la OCDE al ministerio de Educación en marzo, aunque la conselleria asegura que la confirmación fue hace pocas semanas. El resultado es que se dio a conocer un viernes de mitad del verano.

En este sentido, indigna especialmente que el Govern lo obvió por completo el pasado 6 de julio, cuando presentó precisamente los resultados de la auditoría encargada a la OCDE sobre las mejoras del sistema educativo catalán. En este sentido, el sindicato USTEC les acusa de una “clara voluntad de minimizar los hechos y evitar el debate público”.

A la huelga en septiembre

La polémica alrededor de PISA alimenta más si cabe las tensiones entre Generalitat y algunos sindicatos docentes, tanto los que mantienen el pulso con el Ejecutivo tras las huelgas de la pasada primavera como los que firmaron el acuerdo de mejoras salariales y de plantilla. La consellera Niubó ha mantenido durante junio y julio reuniones con sindicatos y otros actores del ámbito educativo para tratar de acercar posiciones y tomar su pulso, pero este revés añade más complicaciones a un inicio de curso que será movido.

De entrada, ya hay convocada una huelga para el primer día de curso, 8 de septiembre. USTEC ha registrado la anunciada convocatoria este mismo lunes. “El Govern continúa más preocupado por operaciones cosméticas, informes externos y actos propagandísticos que para resolver los problemas reales de los centros”, han manifestado en relación con la auditoría de la OCDE.

Pero sindicatos como Professors de Secundaria o CGT, de distinta orientación, también han criticado lo ocurrido. “Negligencia, opacidad, derroche, desbarajuste... Y otras palabras que nos ahorramos pero que todos tenemos en mente”, señalan los primeros. Los segundos lo han calificado de “incompetencia” y han pedido la dimisión de Niubó por este “error técnico” y por su papel en las movilizaciones del pasado curso.

Los sindicatos CSIF, ANPE y STECyL-i han alcanzado un preacuerdo con la Consejería de Educación de Castilla y León “tras meses de intensas y complejas conversaciones” para que los profesores no universitarios cobren por las tutorías y se reduzca el horario lectivo para mayores de 55 años. Las organizaciones han garantizado que las medidas entren en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Está previsto que se establezca un complemento económico mensual de 20 euros al mes en el curso 2026/2027, 40€ en el 2027/2028 y 60€ en el curso 2028/2029 por hacerse cargo de una tutoría, según han informado los tres sindicatos. Además, el preacuerdo recoge el compromiso de impulsar las vías necesarias dirigidas a la reducción de la carga lectiva del profesorado tutor.

El Ejecutivo autonómico reconoce una “reivindicación histórica” de las tres organizaciones sindicales al comprometerse a reducir la carga lectiva de los mayores de 55 años. Aquellos docentes que cumplan la edad y tengan al menos 15 años de servicio en la Educación Pública podrá tener hasta 3 horas o periodos lectivos hasta 21 horas para el Cuerpo de Maestros y 14 periodos lectivos para Secundaria y resto de cuerpos, algo que se trabajará con un calendario en tres fases. El preacuerdo contempla la dotación de los docentes necesarios para poner en marcha la medida.

Tres fases para la reducción de jornada

En la primera fase (cursos 2026/2027 a 2028/2029), se hará una reducción de una hora o periodo lectivo (fijando 23 horas lectivas en maestros y hasta 16 periodos en el resto de cuerpos). Se implantará progresivamente según la edad a 1 de septiembre: 59 años o más (2026/2027), 57 años o más (2027/2028) y 55 años o más (2028/2029).

En la segunda fase (cursos 2029/2030 a 2030/2031), habrá una reducción de una hora o periodo lectivo más (2 horas en total), situando la carga en 22 horas en maestros y 15 periodos en Secundaria y resto de cuerpos. Se aplicará a docentes con 60 o más años (2029/2030) y 58 o más años (2030/2031).

En la tercera fase (curso 2031/2032), se reducirá una hora o periodo lectivo más (3 horas en total en la fase final del desarrollo del preacuerdo) para docentes con 60 o más años a 1 de septiembre de 2031, alcanzando el objetivo final de 21 horas lectivas en el Cuerpo de Maestros y 14 periodos en el resto de cuerpos.

La mayoría de las comunidades autónomas ya han reconocido estos derechos para sus docentes. La posición de las organizaciones sindicales firmantes a lo largo de toda la negociación ha sido “firme e intransigente” con los derechos del profesorado. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, la Junta de Castilla y León aplicará las reducciones de oficio a todo el profesorado que cumpla los requisitos, de forma transparente y sin burocracia añadida.

Los docentes que prefieran mantener su horario habitual deberán formalizar expresamente su renuncia o desistimiento. “En esta reducción se garantiza que no se realizará ninguna actividad directa con alumnado ni se impondrán actividades adicionales de centro, marcando una distancia sustancial con los recortes o contraprestaciones exigidos en otras comunidades autónomas”, han señalado CSIF, ANPE y STECyL-i.

Los sindicatos avisan de que la negociación no ha terminado

A pesar de los avances contenidos en el documento, CSIF, ANPE y STECYL-i dejan claro que no se conforman y que la negociación no acaba con este preacuerdo. En la comisión de seguimiento continuarán luchando con determinación para que la tutoría se reconozca de manera efectiva en todas las etapas educativas, así como demandando la creación de un complemento para todo el profesorado especialista que desempeña funciones imprescindibles y atiende de forma directa a la totalidad del alumnado del centro.

Los sindicatos exigen una subida salarial “justa” para todo el profesorado hasta equiparar las retribuciones con las de otras comunidades autónomas. “La firma de este preacuerdo no es un punto final, sino un paso más en el camino”, han insistido las organizaciones de los trabajadores.

Hay realidades cuya importancia solo descubrimos cuando dejan de estar presentes. Mientras funcionan, apenas reparamos en ellas; forman parte de la normalidad cotidiana. Sin embargo, basta imaginar su ausencia para comprender hasta qué punto sostienen nuestra vida.

Lo comprobamos cada día, aunque pocas veces nos detenemos a pensarlo. La escuela donde aprendieron nuestros hijos, el centro de salud que nos atendió de madrugada, el agua que brota al abrir un grifo, la carretera por la que viajamos con seguridad o la ayuda que recibe una persona dependiente forman parte de ese entramado silencioso que hace posible nuestra convivencia.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Solo cuando imaginamos ese vacío comprendemos el verdadero valor de aquello que siempre ha estado ahí.

Los mejores servicios públicos son, muchas veces, aquellos cuya ausencia nunca llegamos a notar porque hicieron bien su trabajo antes de que apareciera el problema. Son la red invisible que sostiene la vida cotidiana y permite que la sociedad funcione con normalidad.

Los servicios públicos representan una de las mayores conquistas de las democracias modernas. Son mucho más que un conjunto de prestaciones: garantizan que derechos esenciales no dependan del patrimonio familiar ni del lugar donde una persona haya nacido. Constituyen el patrimonio común de la ciudadanía y la expresión más tangible del Estado del bienestar.

Detrás de ellos trabajan miles de profesionales —docentes, sanitarios, bomberos, agentes medioambientales, trabajadores sociales, jueces, policías, investigadores, técnicos y tantos otros servidores públicos— que convierten los derechos reconocidos por las leyes en una realidad cotidiana. Gracias a su labor, la igualdad deja de ser una aspiración para convertirse en una experiencia concreta.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Defender los servicios públicos no significa ignorar que siempre pueden mejorar. Significa comprender que una sociedad solo puede aspirar a ser verdaderamente libre cuando garantiza unas condiciones básicas desde las que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

Educación y territorio: la mejor barrera contra la desigualdad

Si existe un instrumento capaz de reducir las desigualdades de origen, ese es la educación. Ninguna democracia puede considerarse plenamente justa cuando el lugar de nacimiento o la renta familiar condicionan las oportunidades de toda una vida.

Después de casi cuatro décadas en la enseñanza pública he comprobado que el talento no entiende de rentas, de apellidos ni de códigos postales. Lo único que necesita es un suelo fértil donde crecer. Para miles de niños y niñas, ese suelo sigue siendo la escuela pública.

He conocido muchas familias preocupadas por el coste de los libros o del comedor escolar y también cómo una beca, un profesor comprometido o una oportunidad ofrecida a tiempo pueden cambiar el rumbo de una existencia.

Cuando la educación funciona como un verdadero ascensor social, el esfuerzo y la capacidad pesan más que el patrimonio familiar. La igualdad de oportunidades deja entonces de ser un principio abstracto para convertirse en una posibilidad real. En cambio, cuando la calidad educativa depende cada vez más de la capacidad económica, la desigualdad termina heredándose de una generación a otra.

Algo semejante ocurre con la sanidad pública. Un sistema sanitario universal garantiza que nadie tenga que elegir entre recibir un tratamiento o comprometer la economía de su familia. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres; la respuesta de una sociedad justa tampoco debería hacerlo.

En comunidades como Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica convierte la prestación de los servicios públicos en un desafío permanente. Precisamente por eso resultan aún más necesarios.

Mantener un Colegio Rural Agrupado (CRA), un consultorio médico o una línea de transporte público significa mucho más que prestar un servicio: significa garantizar que vivir en un pueblo no suponga renunciar a derechos.

Los servicios sociales: una medida de humanidad

La calidad moral de una sociedad también se mide por la protección que ofrece a quienes atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

La Ley de Dependencia constituye uno de los avances sociales más importantes de nuestra democracia. Gracias a ella, cientos de miles de personas pueden mantener su autonomía y afrontar la vejez o la enfermedad con mayor dignidad. Es una realidad que hoy observo muy de cerca en mi propia generación y en la de nuestros padres.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor.

La ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día permiten que muchas personas mayores continúen viviendo en sus pueblos, rodeadas de sus recuerdos, de sus vecinos y de su comunidad. Al mismo tiempo, generan empleo, fijan población y contribuyen a mantener vivos numerosos municipios.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor

Además, estas políticas han ayudado a corregir una injusticia histórica: durante décadas, el cuidado de las personas dependientes recayó casi exclusivamente sobre las mujeres de las familias. Profesionalizar esos cuidados también supone avanzar en igualdad.

Proteger a quien más lo necesita no es un acto de caridad. Es una obligación de justicia y una de las expresiones más nobles de una sociedad verdaderamente civilizada.

Los servicios públicos también crean riqueza

Con frecuencia se plantea un falso dilema entre lo público y lo privado, como si ambos fueran incompatibles. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Las economías más dinámicas suelen ser también aquellas que cuentan con instituciones sólidas y unos servicios públicos de calidad.

Ninguna empresa puede prosperar sin infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica, universidades que formen profesionales cualificados o un sistema sanitario que cuide de los trabajadores. Tampoco puede desarrollarse la innovación sin investigación pública ni atraer inversiones un territorio que carezca de estabilidad institucional.

Los servicios públicos no son un obstáculo para el crecimiento económico. Constituyen la infraestructura física, jurídica y humana que hace posible la actividad productiva. La educación forma el talento; la sanidad protege el capital humano; la justicia genera confianza; la investigación impulsa la innovación; la protección del medio ambiente preserva recursos que también son riqueza.

Por eso resulta un error contemplar el gasto público únicamente como un coste. Buena parte de él constituye una inversión que fortalece el desarrollo económico, mejora la competitividad, incrementa la cohesión social y genera confianza.

Cuando el monte arde, comprendemos el valor de la prevención

Estos días asistimos con preocupación a los incendios forestales que vuelven a golpear distintos puntos de nuestro país. Las imágenes de montes calcinados, vecinos desalojados y profesionales jugándose la vida nos conmueven porque recuerdan la enorme fragilidad de nuestro patrimonio natural y de tantas poblaciones que viven junto al bosque.

En esos momentos reconocemos el trabajo extraordinario de los equipos de extinción y comprendemos el valor de contar con unos servicios públicos preparados para responder ante la emergencia. Pero la verdadera reflexión debería comenzar cuando las llamas se apagan.

Los incendios no empiezan el día que vemos el humo. Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando los montes dejan de gestionarse adecuadamente, cuando faltan labores preventivas, cuando disminuyen los recursos destinados a la limpieza forestal o cuando los profesionales que conocen el territorio solo encuentran trabajo durante la campaña de verano.

Por eso conviene recordar una idea tan sencilla como decisiva: los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno.

Mantener equipos forestales estables durante todo el año, invertir en gestión forestal, conservar cortafuegos, apoyar la actividad del mundo rural y planificar con visión de futuro no son gastos prescindibles. Son inversiones que protegen vidas humanas, biodiversidad, economía local y patrimonio natural.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos

Porque la prevención es, quizá, el servicio público más silencioso. Cuando funciona, apenas ocupa titulares. Cuando falla, el precio puede ser irreparable.

Cuando lo público se debilita

Precisamente porque los servicios públicos sostienen buena parte de nuestra vida cotidiana, conviene preguntarse por qué, en ocasiones, terminan deteriorándose.

Lo público rara vez se debilita de un día para otro. Normalmente es el resultado de un proceso lento y silencioso: inversiones que se aplazan, plantillas insuficientes, infraestructuras que envejecen y servicios que, poco a poco, van perdiendo capacidad de respuesta.

Resulta especialmente preocupante comprobar que algunas comunidades autónomas han convertido la reducción de la inversión en servicios públicos esenciales en una opción política. Mientras se anuncian rebajas fiscales o se destinan recursos a otras prioridades, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la prevención de incendios o los servicios sociales ven cómo disminuye su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Los presupuestos nunca son neutros: reflejan el modelo de sociedad que se quiere construir. Y cuando los servicios públicos dejan de figurar entre las prioridades, el deterioro acaba siendo inevitable.

Con frecuencia, ese deterioro sirve después para presentar la privatización como una solución casi inevitable. Sin embargo, el problema rara vez reside en la naturaleza pública del servicio. Lo que suele faltar son recursos suficientes, planificación a largo plazo y una voluntad política decidida de fortalecerlo.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho.

La sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la protección de nuestros montes no son simples bienes de consumo. Su finalidad consiste en garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención digna, con independencia de su nivel de renta o del lugar donde resida.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho

Cuando el acceso a esos derechos depende cada vez más de la capacidad económica, la sociedad comienza a fragmentarse. Quienes disponen de mayores recursos encuentran alternativas; quienes no pueden permitírselas dependen de unos servicios públicos que, si continúan debilitándose, tendrán cada vez más dificultades para cumplir su función.

Esa dinámica incrementa la desigualdad y erosiona uno de los pilares de toda democracia: la igualdad de oportunidades.

Una sociedad cohesionada necesita un sector privado dinámico, innovador y creador de riqueza, pero también unos servicios públicos fuertes que garanticen derechos básicos para todos.

Defender unos servicios públicos sólidos no significa rechazar la iniciativa privada. Significa reconocer que existen bienes cuya protección afecta al conjunto de la sociedad y cuya garantía no puede quedar subordinada exclusivamente a las reglas del mercado.

Justicia fiscal: contribuir según la capacidad de cada uno

Nada de todo ello surge por generación espontánea. Cada colegio, cada hospital, cada carretera, cada ambulancia, cada agente forestal, cada parque de bomberos, cada brigada forestal o cada ayuda a domicilio existen porque millones de ciudadanos contribuyen mediante sus impuestos.

Ese esfuerzo solo resulta legítimo cuando se apoya en un principio esencial: la justicia fiscal.

Quien más capacidad económica tiene debe aportar más, no para castigar el éxito, sino para repartir el esfuerzo de manera equitativa y garantizar el sostenimiento de unos servicios públicos que benefician al conjunto de la sociedad.

Pero ese principio también obliga a las administraciones públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro recaudado se gestione con honestidad, eficiencia y transparencia. La confianza en las instituciones se construye tanto mediante una fiscalidad justa como a través de una gestión ejemplar de los recursos públicos.

Porque el dinero malversado o el impuesto evadido nunca desaparecen en abstracto.

Siempre tienen un rostro concreto: un profesor menos en un aula, una lista de espera más larga, una carretera que tarda en repararse, un monte que no recibe el mantenimiento necesario, una ayuda a domicilio que no llega o una oportunidad perdida para quien más la necesita.

Cada fraude fiscal tiene una víctima invisible

Pero también la tienen las decisiones presupuestarias que relegan los servicios públicos esenciales. Reducir de forma continuada la inversión en aquello que garantiza derechos puede no producir efectos inmediatos, pero termina debilitando la cohesión social, aumentando las desigualdades y deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Una inversión en nuestro futuro

El siglo XXI nos enfrenta a desafíos que hace apenas unas décadas resultaban difíciles de imaginar: el envejecimiento de la población, el reto demográfico, la transición ecológica, la revolución tecnológica, el cambio climático, las nuevas desigualdades o el incremento de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.

Responder a todos ellos exige fortalecer unos servicios públicos capaces de anticiparse a los problemas, no solo de reaccionar cuando ya se han producido.

Porque una sociedad inteligente no espera a que un alumno abandone la escuela para apoyar a su familia. No espera a que una enfermedad se agrave para garantizar la atención sanitaria. No espera a que una persona mayor quede desatendida para ofrecerle ayuda. Y tampoco debería esperar a que un bosque arda para comprender la importancia de invertir en su cuidado.

La prevención, casi siempre silenciosa e invisible, constituye una de las formas más eficaces y rentables de proteger el bienestar colectivo.

Del mismo modo, los impuestos no son un castigo al éxito ni una carga arbitraria. Son la expresión práctica de un compromiso compartido: que cada persona contribuya según su capacidad para que nadie quede desprotegido cuando más lo necesite.

Defender unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad progresiva, combatir el fraude y exigir una gestión pública honesta y transparente no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de responsabilidad democrática.

También lo es exigir que quienes gobiernan sitúen estos servicios entre sus prioridades presupuestarias. Porque gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué merece ser protegido. Y pocas decisiones tienen mayor trascendencia que garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, la protección del medio ambiente, la seguridad o la atención social como pilares irrenunciables del bienestar común.

La grandeza de un país no se mide por el número de sus millonarios ni únicamente por el crecimiento de su producto interior bruto.

Mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática

También se mide por la escuela donde aprende un niño; por el hospital que atiende una urgencia; por la ayuda que permite a una persona mayor seguir viviendo en su casa; por el agente medioambiental que cuida del monte cuando nadie lo ve; por el bombero que acude cuando todo parece perdido; por la investigadora que busca nuevos tratamientos; por el trabajador social que acompaña a quien atraviesa un momento difícil.

Detrás de cada servicio público hay personas cuidando de otras personas.

Y mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática.

Porque, al fin y al cabo, la definición más sencilla —y quizá también la más hermosa— de una sociedad digna es aquella en la que las personas cuidan de otras personas.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha comparecido este lunes en el Parlament por el fiasco de las pruebas PISA y se ha llevado una dura reprimenda de la oposición, incluidos sus aliados de ERC y Comuns. A las acusaciones de descontrol en la gestión de este test internacional que lleva a cabo la OCDE se le ha sumado otra crítica unánime: la de haber ocultado la información durante meses para hacerla pública a finales de julio, en plenas vacaciones escolares.

Niubó ha reconocido que les comunicaron en marzo, a través del Ministerio de Educación, los problemas con la muestra del alumnado que hizo las pruebas. Entonces, ha añadido, abrieron unas diligencias informativas para esclarecer lo ocurrido que todavía no han concluido.

Sin embargo, no lo dieron a conocer hasta el pasado viernes, 24 de julio. El Departamento de Educación lo obvió incluso durante la presentación de la auditoría encargada a la OCDE para mejorar los resultados del sistema educativo catalán, el pasado 6 de julio.

“Lo sabían desde marzo y han jugado intencionadamente con los tiempos”, he la reprochado Ana Erra, diputada de Junts, que una vez más ha pedido su dimisión como consellera por la “pérdida de confianza” con este error y con la crisis laboral. “¿Por qué lo escondieron? ¿Creían que pasaría desapercibido? ¿Lo querían hacer más pequeño?”, la ha cuestionado.

De forma parecida se han expresado en este punto las diputadas de ERC y de los Comuns, Irene Aragonès y Jéssica Albiach, respectivamente. Ambas le han reprochado además a Niubó que no mencionara esta incidencia durante los encuentros que han mantenido estos meses, uno de ellos para comentar la auditoría de la OCDE directamente con los grupos parlamentarios.

“Es uno de los episodios más graves del sistema educativo catalán en muchos años y siguen sin hacer autocrítica”, ha expresado Aragonès. “Dicen que todo responde a una confusión en la aplicación de los criterios de exención; si es así, donde estaban los mecanismos de supervisión?”, ha inquirido.

Albiach, por su parte, ha calificado la comparecencia de “decepcionante” y también ha acusado a la consellera de difundir la noticia en plenas vacaciones para que pasara más desapercibida. “Cuatro meses deberían ser suficientes para averiguar lo que ha pasado”, ha añadido sobre las diligencias informativas. “El error es exclusivamente suyo”, ha concluido.

Desde PP y Vox han ido más allá y han acusado directamente a Educación de intervenir en la muestra del alumnado para “maquillar” unos supuestos malos resultados en las pruebas de 2025. “Tenían pánico a la foto que iba a devolverles PISA”, ha expresado el diputado popular Manuel Reyes.

Más detalles sobre una hipotética confusión

Durante la comparecencia, Niubó ha reconocido la “gravedad” del error, pero ha insistido en que fue una “incidencia técnica” en la aplicación de las pruebas. “No podemos revertir la incidencia, pero sí trabajar para que no se vuelva a repetir”, ha expresado, al tiempo que defendía que en las pruebas que se han llevado a cabo en 2026 (las catalanas y de la OCDE, la Talis) el porcentaje de exención de alumnado ha sido muy inferior.

En este sentido, Niubó ha insistido en la hipótesis con que trabaja la Generalitat para explicar por qué se excluyó al 23% del alumnado seleccionado, un porcentaje superior al máximo del 5% que permite la OCDE. La consellera ha apuntado a que aquellos días (entre marzo y mayo de 2025) se llevó también a cabo la prueba de competencias básicas de la Generalitat en 4º de la ESO, lo que habría generado confusión en los centros a la hora de dejar fuera alumnado.

“El porcentaje de exenciones es parecido al que no participó en las pruebas catalanas de competencias básicas”, ha revelado la consellera. Esta posibilidad ya la deslizó Educación y generó quejas de las direcciones de los centros, que se sintieron señaladas. Pero Niubó ha añadido que si se confirma que esta fue la causa, no “exime del error” a la Administración.

Más al detalle, ha señalado una deficiencia concreta que aseguran haber corregido: que la aplicación de las evaluaciones no contaba con un protocolo lo suficientemente claro, que definiera “responsabilidades”, “controles”, “umbrales de alerta” y “circuitos de validación de las exenciones”.

El secretario general del PSOE de Torrelavega y portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Urraca, ha informado de una moción para debatir en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el 4 de agosto, en la que se insta al Gobierno de Cantabria (PP) a “rectificar las decisiones adoptadas en varios centros educativos del municipio que afectan a la etapa de Educación Infantil” y que, a juicio de los socialistas, suponen “un retroceso en la calidad de la educación pública”.

En un comunicado este lunes, Urraca ha explicado que la iniciativa nace tras “las preocupaciones” trasladadas por “numerosas familias y comunidades educativas” de distintos centros de la ciudad ante las modificaciones organizativas previstas para el próximo curso.

La moción recoge situaciones como “la no reapertura de una segunda aula de dos años en el CEIP Menéndez Pelayo, la propuesta de unificar alumnado de 2 y 3 años en el CEIP Pancho Cossío, la supresión de una de las dos unidades de 5 años en el CEIP Cervantes y la reorganización de las aulas de Educación Infantil en el CEIP Manuel Liaño mediante la creación de aulas mixtas, por un lado de 2 y 3 años y por otro de 4 y 5 años”, ha indicado el PSOE.

En opinión del dirigente socialista, estas decisiones deben analizarse desde un punto de vista pedagógico y no únicamente organizativo, y ha subrayado al respecto que Torrelavega escolariza un “elevado porcentaje” de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE).

“Reducir unidades educativas significa disponer de menos margen para ofrecer una atención individualizada, dificulta la organización de los centros, compromete la educación inclusiva y limita la capacidad de respuesta cuando se incorporan nuevos alumnos durante el curso escolar”, ha afirmado.

Asimismo, Urraca ha puesto en valor el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Torrelavega con la educación pública. En este sentido, ha recordado que el Consistorio financia dos Técnicos de Educación Infantil por cada aula de dos años, a pesar de tratarse de una competencia autonómica, “asumiendo un importante esfuerzo económico del que el Gobierno de Cantabria únicamente sufraga la mitad”.

A través de esta moción, el Grupo Municipal Socialista propone, entre otros acuerdos, instar al Gobierno de Cantabria a mantener las aulas de dos años implantadas en los centros educativos públicos de Torrelavega, garantizar las unidades de Educación Infantil necesarias y revisar las decisiones adoptadas en los centros afectados para que respondan a criterios pedagógicos, de calidad educativa e inclusión.

La Comunidad de Madrid ha suspendido temporalmente la segunda fase de matriculación de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior, así como la de las Escuelas Oficiales de Idiomas, mientras permanezca activa la situación de emergencia provocada por los incendios.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, esta medida, de carácter excepcional y temporal, tiene como objetivo “garantizar que ningún estudiante vea perjudicado su acceso a una plaza como consecuencia de las circunstancias actuales”. Esta fase permite a los estudiantes optar a las plazas vacantes disponibles tras la primera adjudicación. Quieren evitar que los confinamientos, las evacuaciones, el cierre de centros educativos o las dificultades en las comunicaciones impidan o dificulten la realización de los trámites.

Si la situación de emergencia se prolongase, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades habilitará un nuevo periodo de matriculación en septiembre y adaptará, en su caso, el calendario de la tercera fase para garantizar que ningún alumno vea perjudicado su acceso a estos estudios.

Las matrículas empezaban a finales de julio

Los plazos inicialmente previstos para FP eran el 24 y 27 de julio para los ciclos de Grado Medio y el 29 y 30 de julio para los de Grado Superior. En cuanto a las Escuelas Oficiales de Idiomas la formalización de la matrícula de los admitidos en la segunda adjudicación era hasta el 29 de julio. La Comunidad de Madrid comunicará las nuevas fechas en cuanto las circunstancias permitan retomar el procedimiento con normalidad.

Además, este lunes permanecerán cerrados dos institutos públicos con enseñanzas de Formación Profesional: el Instituto Público Pedro de Tolosa, en San Martín de Valdeiglesias, y el IES Maestro Juan María Leonet, en Villa del Prado. La situación también está afectando a la red de Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la región. El pasado viernes fue necesario suspender la actividad educativa en nueve escuelas infantiles de ocho municipios, lo que afectó a 205 menores. A ellos se suman este lunes otros ocho, por lo que el balance provisional asciende a 17 centros públicos en 16 localidades y, al menos, 309 niños que no pueden acudir a las aulas.

Podemos Canarias ha exigido este domingo al Gobierno autonómico cumplir el objetivo de destinar el 5% del producto interior bruto (PIB) a educación, tal y como recoge la Ley Canaria de Educación no Universitaria, y reforzar la inversión pública para hacer frente a las principales carencias que, a su juicio, presenta el sistema educativo en las islas.

La portavoz de Educación de la formación, Ana Gloria Sánchez, realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que hizo balance de la gestión del Ejecutivo autonómico en materia educativa, a la que otorgó una calificación de 4. Según defendió, la educación pública “no puede sostenerse solo gracias al esfuerzo del profesorado” y aseguró que “continúa arrastrando déficits que requieren una mayor inversión”.

Entre las principales críticas, Podemos señaló la insuficiencia de plazas públicas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y reclamó una financiación que permita ampliar la oferta educativa en esta etapa. Asimismo, denunció la falta de especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, una situación que, a su juicio, dificulta garantizar una atención adecuada en los centros.

Podemos Canarias también puso el foco en la Formación Profesional, donde aseguró que la falta de recursos está provocando una sobrecarga para el profesorado. Además, reclamó la construcción de nuevos centros educativos en Lanzarote, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria y Tenerife para responder al crecimiento de la demanda educativa.

El objetivo del 5% del PIB

La Ley Canaria de Educación no Universitaria establece que la inversión pública en educación debía alcanzar, como mínimo, el 5% del PIB de Canarias en un plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la norma, un objetivo fijado para 2022. Sin embargo, el Consejo Escolar de Canarias ha advertido de forma reiterada de que ese compromiso legal sigue sin cumplirse y ha reclamado al Gobierno autonómico un incremento de la financiación educativa para ajustarse a lo previsto en la ley.