Dale al play, que vamos:

Arde la calle al sol de mayo, de junio, y tras el verano también al sol de septiembre, y los centros educativos repiten un curso más lo que ya es una tradición equiparable a graduaciones, festivales navideños y carnavales: dar clases por encima de treinta grados, incluso muy por encima de treinta grados. Alumnos amodorrados, desentendidos de la lección, quejándose de dolores de cabeza y disputando el sitio más cerca del ventilador; familias haciendo colectas para comprar pingüinos; AMPAs protestando porque un año más nos pille el calor sin haber acondicionado las aulas; gobernantes prometiendo ambiciosos planes de climatización (o riéndose de los acalorados estudiantes); y profesores que, por si no estuvieran ya quemados, tienen que trabajar a temperaturas que en cualquier empresa serían denunciables a la inspección de trabajo.

Los profesores deben de ser los únicos trabajadores para los que no valen las leyes de salud laboral: el Real Decreto que desde 1997 regula las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo fija en 27 grados la temperatura máxima en interior para trabajos sedentarios; temperatura que en muchas aulas no conocen ni a primera hora, en edificios diseñados por arquitectos o funcionarios nórdicos (no, tampoco: en invierno, en mi tierra, vemos alumnos con abrigo y guantes en clase). Hablo de salud laboral, a ver si por ahí son más sensibles las administraciones, que los niños ya sabemos que importan poco, pues no votan: todos los trabajos han ido adaptando horarios, ritmos y condiciones a la nueva realidad calurosa, hay ayudas para climatizar los hogares, los ayuntamientos ofrecen refugios climáticos, y en los deportes de competición se hacen pausas de hidratación; pero nuestros hijos siguen pasando cinco o seis horas diarias en aulas horneadas.

Otro año nos volvió a pillar el calor, qué sorpresa. Otro año escucharemos promesas de ajardinar los patios de cemento, instalar toldos y fuentes, comprar aparatos de frío, o simplemente aplicar la ley (la andaluza de bioclimatización, que lograron las familias de las Escuelas de Calor, y que ya lleva seis años incumplida). Se acabará el curso, llegará el verano, pasaremos un poquito de calor en septiembre, y con el otoño se nos habrá olvidado hasta el siguiente junio, mayo, o quizás abril, que cada año llega antes. Nadie podía esperarse lo de esta primavera, tras varios años consecutivos batiendo récords de temperatura; como nadie puede esperarse lo del próximo curso y los venideros, con todos los modelos climáticos advirtiendo.

Si los centros educativos estuvieran preparados, podríamos refugiarnos en ellos en verano. No sirven como refugio climático, pero sí como campamento urbano en julio y agosto para las familias que no tienen dónde dejar a sus hijos. Las familias obreras, se entiende, las que tienen menos vacaciones y no pueden pagar campamentos y viajes. Allí lo pasan los chavales, haciendo guerras de agua en el patio desde primera hora para soportarlo. Mira, no es mala idea para solucionar lo del calor en las aulas: manguerazos entre clase y clase, que sale más barato.

Mientras continúa la polémica por las declaraciones de los últimos días del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre el calor que sufren las niñas y niños de la región en las aulas de los colegios, un grupo de ayuntamientos ha tomado nota de lo que las asociaciones llevan años reclamando y actúan para llegar donde la Comunidad de Madrid no lo hace. Independientemente de su signo político, consistorios como el de Rivas-Vaciamadrid, con una coalición de izquierdas, o el de Torrejón de Ardoz, del PP, han puesto dinero de las arcas municipales para tratar de paliar una situación que afecta directamente a la salud de los más pequeños, a pesar de que las competencias son autonómicas.

La polémica comenzó hace ya una semana cuando la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, explicaba las actuaciones del Ejecutivo madrileño ante las críticas por la falta de climatización en las aulas de cara a los últimos meses antes de verano. Aseguró que en este curso se había hecho una “inversión de casi 18 millones de euros solo en climatización”, como la instalación de toldos y zonas de sombra. “Pero, lógicamente, cuando hace calor, hace calor”, añadía, una frase que intentó ser defendida por su compañero, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, durante el pleno en la Asamblea de Madrid, donde dijo que las altas temperaturas también podían ser “fuente de inspiración”. Pero parece que cada año más ayuntamientos se suman a tomar medidas en las escuelas. 

Torrejón de Ardoz (PP) instala aparatos de aire acondicionado en todos sus colegios

El municipio de Torrejón de Ardoz es uno de los más completos en cuanto a climatización de los colegios públicos. En los 21 centros de la localidad han instalado 1.669 aparatos de aire acondicionado de bajo consumo, tanto para el calor como para el frío. En total, 899 aulas que están climatizadas desde que comenzó el ambicioso proyecto en 2025.

Su alcalde, Alejandro Navarro Prieto, del PP, aseguró que se trataba de una “apuesta histórica por la educación pública”, una climatización que comenzó en 2025 y ha terminado este año con un total de siete millones de euros de inversión, que se engloba dentro del plan 'El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos' que ha impulsado el consistorio durante los últimos años. 

Rivas (IU, Más Madrid-Verdes Quo y PSOE) aprueba un plan para climatizar las aulas con fondos municipales

Otro de los municipios que se han lanzado a climatizar sus colegios públicos ante la falta de actuaciones por parte de la Comunidad de Madrid ha sido Rivas Vaciamadrid. El Ayuntamiento ha impulsado este año un ambicioso plan para dotar de sistemas de climatización a los centros educativos del municipio, una iniciativa que contará con una inversión de 14,2 millones de euros financiada íntegramente con fondos municipales y que se ha convertido en una de las principales apuestas del Gobierno local para 2026.

El proyecto comenzó a dar sus primeros pasos a finales de 2025 con una primera fase que incluye tanto sus cinco escuelas infantiles de titularidad municipal como cuatro colegios públicos de la localidad. A diferencia de Torrejón, el Ayuntamiento de Rivas ha elegido la aerotermia para climatizar los centros, un sistema más eficiente y sostenible, que gasta menos electricidad y sirve para renovar el aire cada 14 minutos, lo que espera que redunde en una mayor salud entre los alumnos. El contrato incluye mantenimiento de todo el sistema, que sustituye además viejas calderas, durante los próximos 15 años. Empezará a funcionar el 1 de septiembre después de un intenso verano de obras, ya en marcha.

La actuación alcanzará en la primera fase a cinco escuelas infantiles municipales (El Dragón, Luna Lunera, Platero, Rayuela y Pipi Langstrum) y cuatro colegios públicos (Mario Benedetti, El Olivar, Jarama y Las Cigüeñas), con el objetivo de extender en 2027 la climatización al resto de centros educativos públicos de la ciudad, con los mismos plazos mes a mes pero en 2027 y siempre que obtengan el beneplácito de sus respectivos consejos escolares, siguiendo el fuerte arraigo de la dinámica participativa de la ciudad.

En el plano burocrático, mientras que en las escuelas infantiles no existe conflicto competencial, al depender directamente del Ayuntamiento, la situación es distinta en los colegios públicos, cuya adecuación y reforma corresponde legalmente a la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Educación. Precisamente esta cuestión ha generado tensiones entre ambas administraciones. Desde el Consistorio defienden que han decidido asumir una competencia que no les corresponde ante la ausencia de medidas por parte del Ejecutivo autonómico y debido a las elevadas temperaturas que se registran en las aulas durante buena parte del curso. 

Según denuncian, numerosos centros han superado los 30 grados en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, unas condiciones que afectan al bienestar, la salud y la capacidad de aprendizaje del alumnado. La iniciativa municipal cuenta con el respaldo de familias, consejos escolares y sindicatos, que consideran insuficientes las medidas paliativas aplicadas hasta ahora, como ventiladores o ventilación cruzada. 

Alcorcón (coalición de PSOE, Ganar Alarcón y Más Madrid) climatiza escuelas infantiles

En 2025, el municipio comenzó a climatizar las escuelas infantiles, cuyas sus clases se alargan hasta julio, a través de la instalación de sistemas de aerotermia y aire acondicionado. El Ayuntamiento, gobernado por la socialista Candelaria Testa, reclama a la Comunidad de Madrid que siga su camino y ponga también recursos para climatizar las aulas.

El Plan de Climatización se desarrolló en cuatro centros: Escuela Infantil Campanilla, Escuela Infantil Las Flores, Escuela Infantil Gloria Fuertes y la Escuela Municipal de Música, con una inversión total de 205.137,78 euros.

“En Alcorcón hemos actuado con responsabilidad y previsión, ejecutando ya más de 200.000 euros para adecuar nuestras aulas a una realidad climática cada vez más extrema, pero no podemos actuar donde no tenemos competencias. Por eso pedimos a la Consejería de Educación que actúe ya con medidas urgentes en los colegios públicos. No podemos permitir que el alumnado, profesorado y trabajadores pasen horas en espacios que superan los 30 grados”, dijo entonces Trinidad Castillo, concejala de Educación en la ciudad.

Arganda del Rey (PP y Vox) anuncia inversiones para climatizar varios colegios

Este pasado mes de mayo Arganda del Rey, cuyo ayuntamiento está gobernado por PP y Vox, anunció la climatización de todas las aulas del colegio público Antonio Machado de la Poveda. “Esto es solo el principio”, comunicaron entonces, para anunciar en la presentación de sus presupuestos municipales la climatización de dos nuevos centros de enseñanza públicos para este 2026, con una inversión de 100.000 euros. El alcalde, Alberto Escribano, aseguró que no había “dinero mejor invertido que en la educación pública” de la ciudad.

Leganés (PP y Unión por Leganés) aprueba 5,3 millones de euros para climatizar escuelas infantiles

El pasado mes de abril el equipo de gobierno de Leganés aprobó 5,3 millones de euros de su partida de presupuestos para climatizar escuelas infantiles y centros municipales. El objetivo, según publicaron en una nota de prensa, era actuar en las Casas de Niños Aventuras, Burbujas y Los Pinos; y en las Escuelas Infantiles Dulcinea, Jeromín, Valle Inclán, El Faro, Las Flores, Koala, Primeros Pasos, Rosa Caramelo y El Romancero, además de climatizar otros centros de la localidad.

Carlos Delgado, primer teniente de alcalde y concejal de Obras, aseguró que se trataba de un “proyecto ambicioso y necesario” para “mejorar la calidad de vida de toda la comunidad educativa”.

Críticas de la oposición a Ayuso, “una negacionista que no entiende el cambio climático”

Mientras, las familias de colegios públicos de la Comunidad continúan en lucha para que se atiendan sus peticiones. Algunas de ellas, de un colegio de la capital, enviaron un escrito al Gobierno de Ayuso, quien contestó que era cuestión del centro resolver los problemas de climatización. “Los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro”, decía la carta de respuesta. 

Este mismo jueves, tras semanas de tensión y malestar, han decidido acudir al pleno de la Asamblea de Madrid después de ver cómo sus hijos continúan acudiendo a clase pese a las altas temperaturas. Finalmente, han sido expulsadas del edificio por gritar “vergüenza, vergüenza” durante el debate por la climatización de las aulas.

Otro ejemplo reciente de la presión que se ejerce desde los colegios es la que se ha producido en el CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito madrileño de Tetuán, donde las familias lograron que el pleno de la junta municipal aprobara por unanimidad una proposición para impulsar actuaciones de climatización y renaturalización del centro. La iniciativa forma parte de un movimiento cada vez más extendido en distintos barrios de la capital, donde asociaciones de familias y plataformas como Aprender Sin Calor se están organizando para reclamar soluciones estructurales frente a las altas temperaturas en las aulas.

En el caso del Zuloaga, las familias denuncian que el edificio, construido hace más de medio siglo y ubicado en un entorno densamente urbanizado, no está preparado para afrontar los episodios de calor cada vez más frecuentes. Entre las medidas planteadas figuran sistemas de climatización y ventilación, mejoras en el aislamiento térmico, la creación de zonas verdes y sombras en los patios y el refuerzo de la infraestructura hídrica con fuentes y espacios de riego. Aunque la propuesta recibió el respaldo de todos los grupos políticos, las familias recuerdan que iniciativas similares aprobadas en el pasado no llegaron a ejecutarse y advierten de que seguirán presionando para que las actuaciones se traduzcan en mejoras reales en el centro.

En el plano político, el calor en las aulas centra desde hace semanas la discusión. Más Madrid ya ha presentado varias propuestas en este sentido, como apagar el aire acondicionado en el pleno de la Asamblea de Vallecas como protesta “hasta que las escuelas infantiles tengan el mismo confort térmico que el despacho de la consejera” de Educación. El partido ha anunciado una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad “haga lo que ha hecho Torrejón de Ardoz”. “El alcalde de Torrejón entiende que los niños y niñas necesitan ser protegidos y necesita ser protegida su salud”. “Lo que tenemos en Madrid con Ayuso es a una negacionista que no entiende ni los derechos de la infancia ni el cambio climático”, criticaban los de Mónica García en la última junta de portavoces.

También el PSOE de Madrid denunció que la climatización de la Comunidad “no llega ni al 5% de los centros públicos” y criticaron las declaraciones del consejero de Cultura. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, respondió con el argumentario del Gobierno de Ayuso en su rueda de prensa y recordó que el Ejecutivo autonómico había destinado 18 millones de euros para mejorar la climatización “y paliar los efectos de las altas temperaturas”.

“Los ayuntamientos pueden hacer actuaciones, pero también los centros escolares pueden hacer actuaciones para evitar estos picos de temperatura. Son unas pocas semanas al año y ellos pueden adaptar el horario o las condiciones en las que se dan las clases para paliar estos efectos”, añadió.

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel Ángel García Martín aseguraba que se han llevado a cabo “1.500 actuaciones para mejorar la climatización y el confort térmico” por un “importe de casi 60 millones de euros”, así como que el Gobierno de Ayuso estaba “colaborando con los ayuntamientos en el marco de financiación regional”, pero que la oposición “no reconoce el trabajo” que realizan. Mientras, las familias continúan organizándose.

Las educadoras infantiles madrileñas llevan casi dos meses en huelga indefinida, lo que ha animado a que el resto de profesionales del sector de todas las comunidades del país se sumen a su causa. Las educadoras de niños de 0 a 3 años se han concentrado en distintas ocasiones desde el día 7 de abril para exigir mejores condiciones laborales en un sector que sienten que no recibe la importancia que merece, siendo una etapa fundamental en la educación de los más pequeños y en su desarrollo como personas.

Ante las ratios elevadas, salarios bajos (que apenas superan el SMI), malas condiciones en las infraestructuras en las escuelas y el abandono que sienten por parte de las instituciones, además de la dificultad para acceder a puestos en este sector, muchas educadoras españolas deciden desplazarse a otros países europeos donde pueden desarrollar su carrera profesional. Dos países que reciben muchas educadoras españolas son Alemania e Irlanda.

Las educadoras buscan poder dedicarse al trabajo que les gusta y para el cual están cualificadas, y buscan refugio fuera de España para sentirse más realizadas y poder trabajar con salarios dignos y mejores métodos. Desde Helmeca, una empresa que se dedica a la contratación de educadoras en Alemania, insisten en que las profesionales del 0-3 “están agotadas emocionalmente debido a las altas ratios, la falta de reconocimiento profesional y la dificultad para aplicar metodologías pedagógicas más individualizadas. En España los peques están haciendo fichas en una silla, lo cual consideran que no es lo mejor para ellos”.

“No se sienten valoradas, y las que se quieren dedicar a ello trabajan en otras profesiones o buscan opciones en el extranjero”, explican desde la empresa a elDiario.es. La diferencia en las condiciones de trabajo es uno de los factores clave que explican por qué los educadores se van al extranjero a trabajar.

Alemania, un país con pareja educativa

Cada vez son más las educadoras españolas que deciden irse a Alemania para desarrollar su carrera profesional. La principal razón son las ratios: mientras que en España se dan casos de hasta 20 niños por cada educadora, en Alemania hay una ley exige una atención mucho más personalizada. Por ejemplo, para un grupo de 20 niños suele haber un mínimo de tres educadoras, según detallan desde la empresa alemana. La ley, en vigor desde 2013, garantiza que todo niño residente en el país tenga una plaza en una escuela infantil (Kinderkrippe) para que las madres puedan incorporarse antes al mercado laboral.

La metodología de la enseñanza es un factor clave. En el sistema español, el modelo de fichas y niños sentados sigue muy presente. “El modelo alemán apuesta por el aprender jugando y metodologías innovadoras sin el uso de fichas”, explica Magdalena Uhländer, responsable de Reclutamiento y Relaciones Públicas de la empresa que contrata a las educadoras españolas en Alemania. Además, la preparación para las clases en España suele ser durante el tiempo libre de las educadoras infantiles. En Alemania, en cambio, las horas de planificación pedagógica están integradas dentro del horario laboral (normalmente unas tres horas semanales fuera del aula).

Sin embargo, Alemania sufre un déficit que se divide en dos grandes necesidades en la actualidad: infraestructuras y profesionales. Pese a la ley, existe escasez de personal cualificado y plazas en muchas regiones, lo que genera dificultades para conseguir plaza en centros públicos. Según la empresa alemana, faltan todavía más de 430.000 plazas para niños en las escuelas infantiles, y se necesita cubrir más de 308.800 vacantes de educadoras en los próximos cinco años. Y todo ello en un momento en el que Alemania está experimentando un gran cambio demográfico que se traduce en una demanda generalizada de profesionales en todos los sectores.

La forma de acceder a los puestos de educadora infantil en Alemania es diferente a la española. Las escuelas infantiles no cuentan con una bolsa de licenciados a la que recurrir cuando queda vacante un puesto de educadora, sino que las interesadas hacen una Formación Profesional (FP) dual en una escuela infantil determinada, donde luego son contratadas después de finalizar la formación de tres años: es decir, las escuelas deben formar a su propio personal.

“Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”

María García es subdirectora de una Kinderkrippe en Múnich. Según cuenta, aunque en Alemania sí se trabaja con pareja educativa, también cree que las ratios siguen siendo elevadas, pues “es un reto real para poder acompañar, observar y atender bien las necesidades e intereses de cada niño”. La educadora, que lleva trabajando fuera de España desde 2014, cree que en nuestro país se da incluso una situación peor, pero que el problema va más allá de las condiciones laborales: “Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”.

Desde Alemania, García está pendiente de la situación de las educadoras en España, que ha movilizado a las trabajadoras desde principios de abril: “Sigo de cerca las huelgas y las movilizaciones del sector en España y les doy todo mi apoyo. Lo que piden no es un capricho, es lo mínimo para poder ejercer esta profesión con responsabilidad”.

García encuentra tres grandes problemas en el sistema español, que deberían cambiar lo antes posible, cree, y cuya solución traería de vuelta a España a educadoras como ella: la ratio, el salario, y el reconocimiento social. “La educación infantil en España sigue siendo percibida como 'cuidado' y no como lo que es, educación en la etapa más decisiva del desarrollo humano. Mientras eso no cambie en la cabeza de quien legisla y en la del conjunto de la sociedad, las condiciones no cambiarán de verdad, y habrá educadoras que seguirán marchándose, o que se quedarán a costa de su salud física y mental”, defiende María.

Aunque las condiciones laborales en Alemania son mejores que en nuestro país, García reconoce que no fue tan sencillo abandonar España para empezar una nueva vida en otro lugar. Explica que fue un camino largo: “Aprender el idioma, validar mi formación, entender una cultura profesional y social muy diferente... No fue fácil, y sería deshonesto pintarlo de otro color. La vida aquí como extranjera tiene sus propias dificultades, y Alemania tampoco es el paraíso que a veces imaginamos desde España”. Sin embargo, sigue siendo más fácil para educadoras como María encontrar una estabilidad laboral en su sector: “En España no había futuro laboral visible para mí en educación infantil”.

“Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Ana Palacios llegó a Alemania hace ocho años para trabajar como auxiliar de grupo, y actualmente es subdirectora en una escuela infantil alemana. “Mi experiencia ha sido muy equilibrada entre lo que buscaba, lo que necesitaba y lo que sentía en el momento en el que decidí venir. Llegué con muchos conocimientos recién adquiridos y con una enorme motivación por ponerlos en práctica”, cuenta. “Al final, todo se resumió en algo muy bonito: enseñar toda la teoría que había estudiado mientras, al mismo tiempo, aprendía un nuevo idioma y una nueva cultura enseñando cada día”, añade.

Palacios experimentó una gran diferencia en las condiciones laborales que se dan en las escuelas infantiles alemanas: “Aquí existen horarios más dignos y una mayor posibilidad de conciliación. Las horas extras se pagan como corresponde y el sueldo es mucho más acorde al trabajo y la responsabilidad que desempeñamos. Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Palacios confiesa a elDiario.es que, para desear volver a España, necesitaría ver cambios en las condiciones que se dan en nuestro país: “Estabilidad, posibilidades de crecimiento personal y profesional, y la sensación de sentirse valorada, respetada y cuidada dentro del entorno laboral. Creo que sentirse reconocido en tu trabajo marca una gran diferencia en la calidad de vida de las personas”.

Las educadoras no conocen las dificultades en el mercado español

Según detallan desde Alemania, las educadoras infantiles no son conscientes de la dificultad que existe en el acceso a un puesto de trabajo en España cuando deciden comenzar sus estudios de enseñanza: “Los estudiantes de infantil eligen esta carrera por vocación, sin conocer realmente las dificultades estructurales del mercado laboral en el país”. Las educadoras piensan que opositar es la mejor o única opción. “Luego se dan cuenta de que conseguir una plaza es poco probable porque tienen preferencia interinos con mucha experiencia. Cuando aprueban, entran en bolsa y quedan a la espera de una lista. No hay suficientes plazas en España para la cantidad de educadores que se gradúan cada año”, añaden.

Las educadoras quieren trabajar con niños, porque es lo que les gusta y para lo que han estudiado, pero las oposiciones son imposibles en España y las condiciones laborales son insuficientes. Además, aquí estudian sobre métodos innovadores para aplicar en la enseñanza de los más pequeños, cosa que luego no se ve reflejada en sus jornadas de trabajo. “En Alemania y en otros países del norte es diferente, se usan metodologías más enfocadas en lo que necesitan los niños, métodos que implican el aprender mientras juegas y no existen las fichas”. 

Empresas como esta son las que más de cerca viven la migración de las educadoras españolas, que no lo hacen únicamente por el factor económico: “Es cierto que se cobra más en Alemania como educador y eso les da la posibilidad de poder vivir, pero también buscan realizarse como profesional. El sentirse valoradas, disponer de tiempo real para preparar actividades pedagógicas y trabajar en entornos con ratios más sostenibles. Poder vivir y no estar trabajando en algo que no es lo que realmente les realiza como profesionales”. 

Para trabajar como educadora en Alemania, las profesionales del 0-3 necesitan la titulación universitaria de educación infantil y/o grado superior de educación infantil, aunque cada comunidad autónoma alemana tiene sus propias normas, y tener un B2 de alemán. Muchas empresas de contratación ofrecen cursos de alemán a las educadoras infantiles para que puedan optar a las vacantes.

Los alemanes quieren trabajar con educadoras españolas

Las españolas escogen Alemania como destino para trabajar de su profesión y tener estabilidad laboral, mientras disfrutan de más vacaciones en comparación con España, lo cual atrae mucho a la hora de poder viajar o volver a casa para visitar a los familiares. Pero no son solo ellas las que quieren trabajar allí, sino que los alemanes también buscan contratar a educadoras españolas. De aquí salen muy bien formadas, con cuatro años de carrera universitaria o dos años de estudios superiores muy bien estructurados. Por otro lado, las españolas, culturalmente, “lo hacen por vocación, le ponen muchas ganas y corazón”, y eso lo saben más allá de nuestras fronteras.

Según explican desde la empresa alemana, “la cultura del trabajo en España es muy diferente a Alemania: En España el que tiene un trabajo tiene suerte y debería valorarlo. En Alemania, quien tiene un trabajador tiene suerte y debería valorarlo. Los educadores van con la mentalidad española, por lo que es más fácil tratar con ellos”. La formación en España es buena, salen profesionales muy cualificados y con ganas de trabajar, pero no se les permite hacerlo con dignidad. 

Irlanda: mejores salarios para precios más elevados

Otro país muy solicitado por las españolas es Irlanda. Andrea Vieira ha trabajado como educadora en Dublín y ha visto cómo España es el país que más está desplazándose a este lugar, pues es muy sencillo conseguir empleo: “No te piden un nivel de inglés súper alto porque son conscientes de que estamos con niños pequeños, que no tienen un lenguaje muy desarrollado, entonces con un nivel básico está bien”, explica Andrea. “Respecto a las familias, están súper contentas de que haya tanta diversidad, de que tengan profes españoles, de que nosotros también al final mejoramos el inglés con ellos y hablando con las familias…”, añade.

Los salarios de las educadoras en Irlanda son una de las razones que atraen a las profesionales infantiles españolas. “Obviamente, los salarios son más altos que aquí, porque se cobra mínimo unos 15 euros la hora, y yo creo que, las que más están cobrando ahora mismo, están en torno a 17-18 euros la hora. Es muchísimo más que aquí [en España], o sea, al final son como 2.200 euros al mes”, sostiene Andrea.

Emma Ruiz es profesora de educación primaria pero, como la gran mayoría de españolas licenciadas en esa carrera en nuestro país, encontró trabajo como educadora de 0-3 en Irlanda porque “ganas muchísimo más”. “Yo estoy ganando [en Irlanda], pues ponle que unos 1.000 euros más de lo que ganaría allí”, explica Emma, que justifica que en Irlanda, entre otras cosas, el coste de la vivienda es más elevado que en España. Sin embargo, Emma es una de las graduadas en otro ciclo que ha preferido dedicarse al 0-3 en Irlanda, porque las condiciones laborales permiten una vida digna.

Ratios más bajas y pareja educativa: “No sé cómo lo hacen aquí en España”

Las ratios de niños por educadora son también mejores allí. En las escuelas infantiles irlandesas, llamadas creches, las ratios “cambian muchísimo, porque es que aquí [en España] es como el doble. Para los bebés, que es a partir de los 8 meses más o menos, es un profe para cada 3 niños, luego para 1-3 años es un profe para cinco niños, creo, y luego de 2-3 es un profe para seis niños. Aquí es el doble, aquí un profe para los niños que tienen 2-3 creo que está como en 15 niños”, explica Andrea, que opina que “es una barbaridad, y a esas edades tienes que tener mil ojos. Yo lo veo la verdad algo alucinante, no sé cómo lo hacen aquí en España”. En nuestro país, las ratios para niños de hasta un año es de ocho bebés, de uno a dos años de hasta 13 niños, y de dos a tres años puede variar entre los 16 y los 20 niños por educadora.

Emma, por su parte, insiste en que “en cada clase hay dos personas siempre, o casi siempre”, aunque cree que las ratios en Irlanda siguen siendo abusivas, puesto que los bebés “no saben caminar, no saben comer, no saben limpiarse. Si uno se te caga, no puedes cambiarle a menos que alguien te cubra”. Es decir, que aunque las ratios sean más bajas que en España, siguen siendo mejorables para algunas educadoras, aunque cuenten con pareja educativa.

Mejores condiciones laborales y desarrollo profesional

En España, las educadoras infantiles están reclamando, además de mejores salarios y una bajada de las ratios, mejores condiciones laborales, equiparadas a las que se dan en otros ciclos educativos superiores como en educación primaria. Andrea Vieira describe el modelo educativo irlandés como uno que ofrece “más libertad”.

Según su experiencia, las empresas que gestionan las creches en Irlanda se implican mucho más en la calidad educativa de los más pequeños. “Hay una staff meeting (reunión de equipo) mensual donde se comentan puntos que mejorar o puntos en los que tú tengas dudas, o incluso al revés, te dan un feedback (retroalimentación) muy positivo y te apoyan”, explica Andrea. “Saben que todo lo que estás haciendo lo haces por el bien del niño, y aquí [en España] se ha perdido un poco ese punto de vista”.

Además, las gestiones burocráticas y la organización de las clases se realizan dentro del horario laboral, algo que en España están exigiendo las educadoras infantiles. “Yo tenía un profesor que venía a cubrirme mientras yo tranquilamente me iba a otra clase a hacerlo. Aquí [en España], o haces horas extra, o lo haces con los niños en mitad de clase, que es obviamente inviable”, describe Andrea, y añade que eso ayuda a que “el nivel de vida sea mejor, porque tú sales de tu trabajo y tienes vida”.

Valeria Fragola, alumna del Mirabal International School del municipio de Boadilla de Monte, ha obtenido la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/2026 en la Comunidad de Madrid y lo ha descubierto mientras grababa un TikTok con sus amigas en el parque.

A unas semanas de irse de Interrail, la estudiante de 2º de Bachillerato ha detallado este jueves que había quedado con sus compañeras de clase para “el típico vídeo reaccionando a las notas” de la Selectividad, un formato muy popular en redes sociales.

“Yo digo lo que creo que he sacado y mis amigas me dicen la nota que realmente he sacado. Entonces yo lo primero que he preguntado es si entro en la carrera. Si no entraba, pues no iba a continuar con el vídeo. Me han mirado con cara de '¡Ostras, Valeria! Luego he calculado la nota y me he quedado flipando. Estoy muy contenta”, ha subrayado en conversación con los medios de comunicación. Valeria calcula que con su media de Bachillerato, que se sitúa en el 10, ha obtenido un 13,9 en la Selectividad.

En concreto, la joven de 17 años ha obtenido un 9,99 en las pruebas finales, una centésima más que tres alumnos del IES Ramiro de Maeztu (distrito de Chamartín en Madrid), IES Laguna Joatzel (Getafe) y el Colegio Amanecer (Alcorcón). Así, las cuatro calificaciones más elevadas se reparten a partes iguales entre la pública y la privada, así como entre el norte y el sur de la región.

Los deseos de Valeria

“Quiero estudiar Medicina. Poco a poco iré viendo la especialidad que quiero hacer”, ha señalado la estudiante boadillana, que ha contado que está pensando elegir la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aunque no ha descartado otras opciones hasta “mirarlo todo”. Si no entraba a este grado, se había planteado elegir Ingeniería Aeroespacial o Física.

Valeria ha asegurado que “no estaba nerviosa” por hacer la PAU porque es “como los exámenes que ha ido haciendo” a lo largo de Bachillerato, con la excepción de que tenía “aún más tiempo para preparárselo”. “Simplemente con constancia, ir estudiando y hacerse muchos exámenes de años anteriores”, ha añadido.

Por ello, ha animado a los jóvenes que se presentarán en el próximo curso a que “no se pongan nerviosos” en la prueba, ya que “pueden jugar en contra” suya. Ha recalcado que es importante “preparárselo bien y con tiempo” para no esperar hasta el último momento.

En redes sociales, el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Ubeda, ha celebrado el “logro extraordinario” de la vecina del municipio, que ha conseguido esta nota “fruto del esfuerzo, la constancia y el talento”. “Hoy Boadilla se siente especialmente orgullosa. Enhorabuena, Valeria y también a tu familia, que hoy comparte contigo esta enorme alegría. ¡Felicidades y a por todos los retos que vienen!”, ha escrito el primer edil.

El día en el que miles de jóvenes creen que se decide su futuro

Los resultados de la selectividad se han publicado este jueves 11 de junio en la Comunidad de Madrid. Ahora, tras saber la nota, los estudiantes podrán calcular su media con la evaluación de Bachillerato para calcular su nota de corte y acceder a la universidad. Entre el 5 y el 26 de junio se realizará la preinscripción para Grado y el 10 de julio se publicarán los listados de admitidos.

Una vez superada la primera ronda de exámenes de junio, entre el 30 de junio y el 3 de julio se celebrará la convocatoria extraordinaria de la PAU. En esta ronda se seguirá el mismo esquema: los primeros días se reservarán para las materias de la fase general y con posterioridad se realizarán las pruebas específicas. Los estudiantes conocerán su calificación el 9 de julio a partir de las 12.00. En este caso, la preinscripción universitaria será entre el 20 y el 24 de julio, y los listados se conocerán el 3 de septiembre.

El 96,25% de los alumnos que la semana pasada realizaron en Galicia los exámenesde la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) consiguieron aprobarla. En concreto, según los datos ofrecidos este jueves por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), han superado la prueba 11.102 de los 11.534 estudiantes que participaron en la fase general.

A pesar de las incidencias registradas este año en los exámenes, el porcentaje de aprobados ha subido con respecto al año pasado (95,58%) y ha superado también al de hace dos (96,02%), recoge Europa Press.

Los aspirantes pueden consultar sus calificaciones a través de la aplicación 'Nerta' y será desde este viernes 12 de junio hasta el 16 de junio cuando los alumnos puedan solicitar la revisión de las pruebas si no están de acuerdo con las calificaciones. La PAU ha estado marcada este año en Galicia por varias polémicas. La CIUG admitió que en el examen de Dibujo Técnico hubo dos errores en los enunciados de la prueba.

Uno de ellos en el apartado 2.1 de la versión en gallego, donde había una frase al inicio del enunciado que no debía estar, mientras que el segundo fallo fue la inclusión de una proyección horizontal adicional (A1) en el apartado 3.1. Tras la detección de tres incidencias en dicho examen, la comisión organizadora dio la orden de ampliar en 30 minutos el tiempo para la realización de la prueba.

Por otro lado, en la prueba de Historia de España el problema surgió por una de las preguntas incluidas en el bloque II, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Con todo, la CIUG publicó esta semana los criterios definitivos para la corrección de las materias de Historia de España y Dibujo Técnico II. En lo que respecta a la materia de Historia de España, las nuevas instrucciones -publicadas este lunes- garantizan que el alumnado pueda optar a la máxima puntuación en la pregunta del bloque II relativa al socialismo y al anarquismo, independientemente de si se ha seguido el formato comparativo exigido inicialmente.

De forma paralela, la CIUG emitió el martes una tabla de baremación detallada para la asignatura de Dibujo Técnico, en la que se desglosan las puntuaciones para ejercicios de isometría, tangencias y proyecciones, entre otros, con un máximo de 2,25 puntos por bloque y un punto adicional reservado específicamente para la presentación, limpieza y nomenclatura.

Finalmente, será el próximo 18 de junio cuando se publiquen las calificaciones oficiales, una vez resueltas las reclamaciones solicitadas por el alumnado. A continuación, la convocatoria extraordinaria de la PAU en Galicia se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, y el plazo de matrícula para presentarse a estos exámenes comenzará el 12 de junio, un día después de conocerse los resultados de la convocatoria ordinaria.

En este caso, las notas saldrán el 9 de julio y el plazo de solicitud de revisión será del 10 al 14 del mismo mes. La publicación de las notas definitivas será el 17 de julio.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que convierta la implantación de la enfermería escolar en una de las prioridades de la nueva legislatura y promueva la tramitación de una ley autonómica respaldada por casi 50.000 firmas recogidas en toda la Comunidad.

La petición se ha realizado en el marco de una jornada sobre la implantación de la enfermería escolar celebrada en Palencia, organizada por CSIF y el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, pocas semanas antes de que concluya el plazo para presentar las firmas que respaldan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada por el sindicato en mayo de 2025.

La presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la recogida de apoyos comenzó en septiembre de 2025 y finalizará el próximo 26 de junio, con cerca de 50.000 firmas reunidas hasta la fecha.

En este contexto, ha pedido al nuevo Ejecutivo autonómico que impulse cuanto antes la tramitación de la iniciativa en las Cortes de Castilla y León, negocie las funciones y ratios del personal sanitario en los centros educativos y garantice una financiación estable y suficiente para desarrollar la futura norma.

El coste: el 0,48% del presupuesto

En su opinión, el recién investido presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, tiene la ocasión de arrancar su nueva legislatura impulsando y propiciando la aprobación de una ley importante, necesaria y muy demandada por toda la comunidad educativa que garantice la presencia de profesionales de Enfermería en todos los centros escolares de la Comunidad.

Según ha señalado, la implantación de la enfermería escolar supondría un coste equivalente al 0,48 % del presupuesto autonómico y permitiría reforzar la prevención y la atención sanitaria en los centros educativos, además de ofrecer respaldo a los docentes.

“No puede ser que el profesorado tenga que asumir tareas para las que no está preparado y con una inseguridad jurídica tremenda”, ha afirmado.

La responsable sindical ha defendido la presencia de personal sanitario en los colegios para atender a alumnos con enfermedades crónicas, raras o graves, desarrollar labores preventivas y asesorar a toda la comunidad educativa.

Una enfermera en un colegio de Zamora: 220 actuaciones en el curso

Como ejemplo, ha citado el caso de una enfermera escolar de un centro educativo de Zamora que ha registrado 220 actuaciones durante el presente curso.

Actualmente, según los datos aportados por CSIF, Castilla y León cuenta con entre 24 y 26 enfermeras escolares para toda la Comunidad, una cifra que sitúa la ratio en torno a un profesional por cada 14.000 alumnos, muy alejada de la existente en otros territorios.

El sindicato plantea como objetivo una ratio mínima de una enfermera por cada 450 estudiantes, adaptada a las características del medio rural y a la dispersión geográfica de Castilla y León.

No es un lujo, es imprescindible

Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha respaldado la iniciativa y ha defendido que “la enfermería escolar es una figura imprescindible y no un lujo dentro del sistema educativo”.

Ruiz ha subrayado que estos profesionales no solo intervienen en situaciones de urgencia o en la atención a alumnos con necesidades sanitarias específicas, sino que desempeñan un papel fundamental en la educación para la salud, la promoción de hábitos saludables y la detección de situaciones de acoso escolar, maltrato o problemas relacionados con la salud afectivo-sexual.

Además, ha destacado que una mayor presencia de enfermeras en los centros educativos contribuiría a prevenir problemas como la obesidad infantil, el consumo de alcohol, tabaco o drogas, con el consiguiente beneficio para la salud pública y para la sostenibilidad futura del sistema sanitario.

Diversidad autonómica

La jornada celebrada en Palencia ha servido para cerrar la campaña de recogida de firmas impulsada por CSIF y para analizar los modelos de implantación de la enfermería escolar existentes en otras comunidades autónomas y países europeos.

El sindicato, ha señalado que, aunque la figura del profesional de enfermería escolar no está reconocida ni regulada a nivel nacional en España comunidades como Madrid y Andalucía cuentan ya con programas específicos de enfermería escolar, mientras que países como Reino Unido, Francia o Suecia disponen de cobertura en la totalidad de sus centros educativos.

La decimotercera mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes (STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE) se celebró este jueves en un contexto clave. La reunión tuvo lugar tras la reciente decisión de las centrales mayoritarias (STEPV, CCOO y UGT) de suspender, a partir de este viernes, la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo, una medida que coincidió con el acuerdo de los organizadores de la acampada docente en València para levantar el asentamiento. Sin embargo, el encuentro concluyó con el rechazo mayoritario de los representantes de los trabajadores a seis de las siete propuestas que quedaban pendientes, una vez que ya se había rubricado el pacto salarial entre el Gobierno valenciano, CSIF y ANPE. Pese a que la consellera de Educación, Carmen Ortí, defendió los avances logrados tras semanas de conflicto, la realidad de las firmas refleja que el consenso global está lejos de alcanzarse.

De los ocho bloques que componían la propuesta de la Generalitat Valenciana, el departamento de Campanar solo logró un respaldo amplio en materia de simplificación burocrática, bloque que firmaron todos las organizaciones a excepción de ANPE. En cambio, las materias más sensibles y estructurales —como plantillas, ratios, infraestructuras, inclusión y Formación Profesional— se cerraron sin la firma de ningún sindicato.

La negociación se saldó con un apoyo muy desigual y atomizado entre las cinco organizaciones sindicales de la mesa. En la cuestión de la simplificación burocrática se registró un consenso mayoritario; de hecho, este fue el único punto que recabó un apoyo casi unánime gracias al aval de CCOO, STEPV, UGT y CSIF. Por su parte, ANPE se desmarcó de este bloque con el fin de exigir un calendario concreto de implantación de Personal de Administración y Servicios (PAS).

En el asunto de las retribuciones y condiciones laborales, CSIF reivindicó el pacto alcanzado con la conselleria y destacó la subida de 200 euros mensuales en el complemento autonómico, así como la incorporación de seis días de libre disposición y el derecho a la desconexión digital. Por el contrario, STEPV, CCOO y UGT rechazaron el texto e insistieron en la reapertura de la negociación. Según argumentaron, la propuesta actual no permite que los docentes recuperen el poder adquisitivo, deja fuera el pago del verano al personal interino y no garantiza la vinculación de los salarios al IPC.

CSIF fue el único sindicato que firmó el apartado del valenciano y valoró de forma positiva la catalogación del Diploma de Maestro. Mientras tanto, organizaciones como STEPV, CCOO y UGT rechazaron de plano el documento y criticaron que se relegue la lengua a un papel “residual” o “subordinado”. Además, recordaron el voto en contra del 84% del profesorado en las consultas desarrolladas en las últimas horas.

Rechazo sindical unánime

Las cinco organizaciones sindicales calificaron de “insuficiente” la propuesta de reducción de ratios y ampliación de plantillas. Entre otras cuestiones, criticaron la falta de concreción para el primer ciclo de Infantil, la exclusión de los centros de educación especial y los excesivos plazos de aplicación del calendario.

Respecto a las infraestructuras y la Formación Profesional (FP), los representantes del profesorado lamentaron la falta de concreción y de presupuestos detallados para los centros afectados por la dana o que todavía presentan barracones. En FP, rechazaron que la vuelta a las 30 horas de semipresencialidad se postergue hasta el curso 2030/2031. Asimismo, en el bloque de inclusión, denunciaron la escasez de recursos y la ausencia de figuras clave en las aulas, como la enfermera escolar o planes eficaces de salud mental para el profesorado.

Gestión del conflicto y pasos futuros

Durante la jornada, los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) recordaron que la presión de las movilizaciones fue la herramienta definitiva para forzar las mejoras del texto. Bajo esta premisa, instaron a la conselleria a evitar presiones o represalias contra los centenares de miembros de equipos directivos que presentaron su dimisión en las últimas semanas. A este respecto, Ortí aseguró que la administración mantiene contactos con los afectados para “acompañarles” y avanzó que el próximo lunes se celebrará una reunión territorial específica para abordar este asunto.

Pese a dar por cerrados los puntos que ya cuentan con firma, la consellera invitó a los sindicatos ausentes a adherirse a posteriori a los acuerdos retributivos. Además, emplazó el resto de materias encalladas a futuras mesas sectoriales con las distintas direcciones generales de la conselleria, que se reanudarán la próxima semana.

La negociación ha coincidido nuevamente con una concentración de docentes a las puertas de la conselleria, en la avenidad de Campanar de València, desde donde ha partido una nueva manifestación. Este jueves es el último día de huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, ya que este viernes quedan suspendidos los paros con la advertencia de que el conflicto no está resuelto y las movilizaciones podrían retomarse en septiembre si no avanzan los acuerdos.

La conselleria no se siente amenazada por la huelga

Ortí ha señalado tras la reunión que el primer acuerdo que sale de las últimas reuniones puede parecer “insignificante” pero “importa mucho” para que empiecen a cambiar las condiciones reales del trabajo docente, y es, ha añadido, “el primero de muchos que tenemos previstos”.

La titular de Educación ha reconocido que los docentes están “desbordados” pero hoy es “un día importante para el profesorado y toda la comunidad educativa”. La conselleria, ha dicho, no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga y cuando hay dificultades pone “a todos los equipos a trabajar”.

“La movilización continuará hasta que consigamos esas mejoras que merece el sistema educativo y nuestro alumnado”, ha proclamado el portavoz de STEPV, Marc Candela, que ha señalado que este viernes ya no hay huelga de docentes.

Desde CCOO, Xelo Valls ha apuntado que la huelga se puede reactivar en cualquier momento y “seguimos en la lucha -ha remarcado- porque hay margen para negociar”, en alusión a los Presupuestos de la Generalitat de 2027, mientras que Maite Tarazona (UGT) ha resaltado que la huelga ha logrado avances en los documentos de partida. 

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida popularmente como selectividad, encara ya su recta final. Tras varios días de exámenes repartidos por toda España, miles de estudiantes aguardan uno de los momentos más esperados —y también más temidos— del proceso: la publicación de las notas que determinarán sus opciones para acceder a los grados universitarios deseados.

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebra entre el 1 y el 11 de junio, dependiendo de la comunidad autónoma. Madrid ha vuelto a ser una de las primeras regiones en examinarse, mientras que Catalunya y Castilla-La Mancha han retrasado sus pruebas a la segunda semana del mes. Más de 300.000 alumnos participan este año en unos exámenes que incorporan cambios en el modelo de evaluación y una mayor atención a las competencias y la corrección lingüística.

Una vez terminadas las pruebas, el siguiente paso es conocer las calificaciones provisionales. Aunque existe un calendario común marcado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cada comunidad autónoma publica las notas en fechas y horarios diferentes.

Las primeras notas llegan el 10 de junio

Las primeras regiones en publicar los resultados serán Aragón, Baleares, Castilla y León, Murcia, Navarra y Euskadi. Sus estudiantes podrán consultar las calificaciones a partir del 10 de junio, apenas unos días después de haber realizado los exámenes.

Al día siguiente, el 11 de junio, será el turno de Andalucía, Galicia y Madrid, tres de los territorios con mayor número de estudiantes presentados a la convocatoria ordinaria.

La mayoría de comunidades restantes publicarán las notas el 12 de junio, mientras que La Rioja lo hará el día 16. Catalunya, como ocurre también con los exámenes, contará con un calendario diferenciado y difundirá las calificaciones el 23 de junio.

En resumen, este es el calendario previsto de fechas de publicación de notas para la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 por comunidad autónoma:

Las horas concretas de publicación dependen de cada universidad o distrito universitario. En la mayoría de los casos, las notas se habilitan durante la mañana o a primera hora de la tarde a través de las plataformas digitales oficiales de cada comunidad autónoma.

Cómo consultar las notas de la PAU 2026

Los estudiantes pueden acceder a sus calificaciones mediante los portales habilitados por las universidades públicas o los distritos universitarios correspondientes. Para ello suelen necesitar el usuario y contraseña facilitados durante la matrícula de la prueba.

Además de la nota obtenida en cada examen, las plataformas permiten descargar certificados provisionales y realizar, en caso necesario, solicitudes de revisión o reclamación dentro de los plazos establecidos. Generalmente, estos periodos se abren durante los dos o tres días posteriores a la publicación de los resultados.

Cómo se calcula la nota de acceso a la universidad

Una de las dudas más frecuentes entre los estudiantes es cómo se obtiene la nota final que determina el acceso a los grados universitarios. La nota de acceso se calcula combinando un 60% de la media obtenida en Bachillerato y un 40% de la calificación de la fase general de la PAU. El resultado permite alcanzar una puntuación máxima de 10 puntos. Algunas regiones como la Comunidad de Madrid disponen de un calculador para estimar la nota lograda como este.

Para acceder a titulaciones con una elevada demanda, como Medicina, Biomedicina, Física o algunos dobles grados, los estudiantes pueden presentarse a la fase de admisión o fase voluntaria. Las asignaturas superadas en esta parte pueden aportar hasta cuatro puntos adicionales mediante ponderaciones específicas fijadas por cada universidad, elevando la nota máxima hasta los 14 puntos.

Este sistema explica por qué las notas de corte de algunas carreras superan ampliamente los 13 puntos y obligan a los aspirantes a obtener resultados excelentes tanto en Bachillerato como en la selectividad.

Qué hacer si no estás de acuerdo con tu nota

La publicación de las calificaciones no supone necesariamente el final del proceso. Los estudiantes que consideren que la corrección no refleja adecuadamente su examen pueden solicitar una revisión.

En ese caso, un segundo corrector vuelve a evaluar la prueba y, si existe una diferencia significativa entre ambas correcciones, puede intervenir un tercer evaluador. La nota definitiva se publica posteriormente y será la que se tenga en cuenta para los procesos de admisión universitaria. Cabe recordar que también existe una convocatoria extarordinaria para todos aquellos estudiantes que no hayan superado los exámenes, que se desarrollará en la mayoría de las comunidades autónomas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

El siguiente paso: las notas de corte

Una vez publicadas las calificaciones definitivas, comenzará el proceso de preinscripción universitaria. Será entonces cuando los estudiantes deban ordenar los grados que desean cursar y esperar a las adjudicaciones de plazas.

En los últimos años, el incremento de la demanda en determinadas titulaciones ha elevado notablemente las notas de corte. Según los datos recopilados por las universidades, más de medio centenar de grados exigen puntuaciones superiores a los 13 puntos sobre 14 para lograr una plaza en la universidad pública.

Por ello, para miles de jóvenes, las notas que se conocerán durante las próximas semanas no serán solo una calificación académica, sino el primer paso para acceder a la carrera universitaria que han elegido después de dos años de Bachillerato y meses de preparación intensiva.

Aquest dimecres hem vist un gir de guió en el conflicte educatiu valencià, que ha complit el primer mes de vaga indefinida. El professorat de l'ensenyament públic no universitari ha rebutjat de manera contundent l'última proposta d'“acord global” presentada per la Conselleria d'Educació el passat 9 de juny. En una consulta massiva organitzada pels sindicats STEPV, CCOO i UGT, juntament amb la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADCV), un contundent 87 % dels docents ha votat “no” a la signatura del document definitiu presentat pel departament que dirigeix la consellera Carmen Ortí.

No obstant això, l'enorme desgast després de cinc setmanes d'aturades indefinides ha portat la comunitat educativa a una espècie de replegament tàctic: el 67 % del professorat ha considerat adequat interrompre o desconvocar la vaga en aquest tram final de curs, davant d'un 33 % que advocava per mantindre-la de manera immediata.

L'escrutini definitiu, tancat a les 20.00 hores d'aquest dimecres amb una participació de 30.238 respostes computades, dibuixa una radiografia d'un profund malestar entre els mestres i professors valencians. El rebuig a l'oferta de l'administració és pràcticament total, especialment en els blocs que van originar el conflicte.

La qüestió salarial i la relativa a les condicions laborals és la que més indignació desperta: un 90 % dels docents rebutja l'acord parcial en matèria salarial, considerant insuficient el redactat de la Conselleria. Per altra banda, el 84 % dels participants en la consulta s'oposa a signar el bloc lingüístic, en ple clima de protestes contra l'aplicació de la Llei de Llibertat Educativa. I el 78 % dels docents que han votat ha rebutjat les condicions de contractació i el model del “Pla +Mestre”.

Pel que fa a les ràtios i la inclusió, els dos blocs han rebut un 70 % de vots en contra, invalidant els calendaris de reducció de ràtios presentats pel departament de Campanar.

L'únic punt de l'acord global que se salva del càstig de les bases és el bloc de simplificació burocràtica, que ha sigut avalat internament per un rotund 82 % dels professors, que veuen amb bons ulls l'ús de la tecnologia i la intel·ligència artificial per a alleujar les tasques administratives de les secretaries.

“Suspensió estratègica”: la vaga es congela de cara a setembre

Tot i el rebuig frontal a les propostes de la Conselleria d'Educació, la realitat del calendari escolar i el sacrifici econòmic acumulat han pesat en la decisió sobre el futur de les mobilitzacions. Dels 26.217 docents que van tombar el text, la gran majoria (17.633 treballadors) ha optat per frenar l'aturada indefinida abans de les vacances d'estiu.

Dins d'aquest bloc majoritari, l'opció triada de manera massiva (71 %) ha sigut la de “suspendre temporalment la vaga” sota un plantejament estratègic. Aquesta fórmula jurídica i sindical permet congelar l'aturada de manera temporal per a donar un respir a les plantilles, mantenint la capacitat de reprendre la vaga indefinida en qualsevol moment del pròxim curs i sense necessitat d'emetre un nou preavís legal a l'administració. El 29 % restant preferia donar per tancat aquest cicle per a dissenyar altres models de protesta al setembre.

Per la seua banda, el 33 % que desitjava mantindre les protestes de manera activa preferia, en la seua immensa majoria (90 %), un format de vaga indefinida amb mobilitzacions intermitents i puntuals segons es decidira en cada assemblea territorial.

Alt seguiment de les accions de protesta

Les dades de la consulta revelen l'alt seguiment de la protesta. Encara que un 3 % dels votants va declarar no haver secundat cap aturada (i un 5 % es trobava de baixa), el gruix de la comunitat educativa valenciana ha suportat un dur cost econòmic: milers de docents declaren haver secundat entre 5 i 15 dies de vaga legal, destacant un reducte de més de 800 professors a la Comunitat Valenciana que ha mantingut l'aturada durant 23 dies laborables.

El resultat de la ratificació situa ara la pilota a la teulada de la Conselleria d'Educació. Els sindicats i les assemblees acudixen a les pròximes meses de negociació amb el suport de més de 26.000 signatures que exigixen millores substancials en els salaris, el blindatge de les línies en valencià i un augment real de les plantilles. La treva estival, segons advertixen des dels comités de vaga, és només temporal: el professorat avisa que el pròxim curs escolar arrancarà en peu de guerra si el Consell no rectifica les seues propostes.

Tal com han confirmat els tres sindicats que mantenen la convocatòria de vaga, la suspensió de la vaga serà efectiva a partir del divendres 12 de juny.

Este miércoles hemos visto un giro de guion en el conflicto educativo valenciano, que ha cumplido el primer mes de huelga indefinida. El profesorado de la enseñanza pública no universitaria ha rechazado de forma contundente la última propuesta de “acuerdo global” presentada por la Conselleria de Educación el pasado 9 de junio. En una consulta masiva organizada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADCV), un contundente 87% de los docentes ha votado “No” a la firma del documento definitivo presentado por el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí.

Sin embargo, el enorme desgaste tras cinco semanas de paros indefinidos ha llevado a la comunidad educativa a una especie de repliegue táctico: el 67% del profesorado ha considerado adecuado interrumpir o desconvocar la huelga en este tramo final de curso, frente a un 33% que abogaba por mantenerla de forma inmediata.

El escrutinio definitivo, cerrado a las 20:00 horas de este miércoles con una participación de 30.238 respuestas computadas, dibuja una radiografía de profundo malestar entre los maestros y profesores valencianos. El rechazo a la oferta de la administración es prácticamente total, especialmente en los bloques que originaron el conflicto.

La cuestión salarial y la referida a las condiciones laborales es la que más indignación despierta: un 90% de los docentes rechaza el acuerdo parcial en materia salarial, considerando insuficiente el redactado de la conselleria. Por otra parte, el 84% de los participantes en la consulta se opone a firmar el bloque lingüístico, en pleno clima de protestas contra la aplicación de la Ley de Libertad Educativa. Y el 78% de los docentes que han votado ha rechazado las condiciones de contratación y el modelo del “Pla +Mestre”.

Respecto a los ratios y la inclusión, ambos bloques han recibido un 70% de votos en contra, invalidando los calendarios de descenso de ratios presentados por el departamento de Campanar.

El único punto del acuerdo global que se salva del castigo de las bases es el bloque de simplificación burocrática, que ha sido avalado de forma interna por un rotundo 82% de los profesores, quienes ven con buenos ojos el uso de tecnología e inteligencia artificial para aliviar las labores administrativas de las secretarías.

“Suspensión estratégica”: la huelga se congela de cara a septiembre

Pese al rechazo frontal a las propuestas de la Conselleria de Educación, la realidad del calendario escolar y el sacrificio económico acumulado han pesado en la decisión sobre el futuro de las movilizaciones. De los 26.217 docentes que tumbaron el texto, la gran mayoría (17.633 trabajadores) ha optado por frenar el paro indefinido antes de las vacaciones de verano.

Dentro de este bloque mayoritario, la opción elegida de manera masiva (71%) ha sido la de “suspender temporalmente la huelga” bajo un diseño estratégico. Esta fórmula jurídica y sindical permite congelar el paro de manera temporal para dar un respiro a las plantillas, manteniendo la capacidad de retomar la huelga indefinida en cualquier momento del próximo curso y sin necesidad de emitir un nuevo preaviso legal a la administración. El 29% restante prefería dar por cerrado este ciclo para diseñar otros modelos de protesta en septiembre.

Por su parte, el 33% que deseaba mantener las protestas de forma activa prefería, en su inmensa mayoría (90%), un formato de huelga indefinida con movilizaciones intermitentes y puntuales según se decidiera en cada asamblea territorial.

Alto seguimiento de las acciones de protesta

Los datos de la consulta revelan el alto seguimiento de la protesta. Aunque un 3% de los votantes declaró no haber secundado ningún paro (y un 5% se encontraba de baja), el grueso de la comunidad educativa valenciana ha soportado un duro peaje económico: miles de docentes declaran haber secundado entre 5 y 15 días de huelga legal, destacando un reducto de más de 800 profesores en la Comunitat Valenciana que ha mantenido el paro durante 23 días laborables.

El resultado de la ratificación sitúa ahora la pelota en el tejado de la Conselleria de Educación. Los sindicatos y las asambleas acuden a las próximas mesas de negociación con el respaldo de más de 26.000 firmas que exigen mejoras sustanciales en los salarios, el blindaje de las líneas en valenciano y un aumento real de las plantillas. La tregua estival, según advierten desde los comités de huelga, es solo temporal: el profesorado avisa de que el próximo curso escolar arrancará en pie de guerra si el Consell no rectifica sus propuestas.

Tal y como han confirmado los tres sindicatos que mantienen la convocatoria de la huelga, la suspensión de los paros será efectiva a partir del viernes 12 de junio.

Los responsables de los sindicatos mayoritarios de docentes valencianos, el STEPV, CCOO y UGT, se han inclinado este miércoles por suspender y no desconvocar la huelga indefinida que lleva cinco semanas en marcha y seguir negociando, aunque serán sus afiliados los que finalmente decidan qué hacen.

Tras reunirse con el ministro Pablo Bustinduy, han señalado ante los medios que sus afiliados tienen hasta las 20 horas de este miércoles para participar en la consulta sobre el último documento de la Conselleria de Educación para intentar acabar con la huelga y sobre la continuidad o no de la movilización. Hasta las 15:15 horas han votado casi 14.700 docentes.

No se acaba la negociación por acabar el curso

El responsable de Acción sindical de STEPV, Marc Candela, ha indicado que acudirán a la mesa negociadora de este jueves con los resultados de la consulta, y en los puntos del documento en que el profesorado no esté de acuerdo, que cree que “serán unos cuantos”, habrá que intentar “retomar la negociación” y “mejorar sustancialmente” el texto.

Candela ha indicado que la Conselleria ha aceptado algunas sugerencias de los sindicatos pero no se han reflejado como querían en el último documento, pues por ejemplo pedían recuperar las 30 horas semipresenciales en los ciclos formativos para el próximo curso, y se ha incluido que se hará en cuatro cursos.

Además, ha dicho que “sigue estancado” el punto del valenciano y el tema retributivo, porque no se ha modificado su redacción para aclarar el alcance de la actualización al IPC, sino que les han enviado “un cuadro propagandístico de cómo quedará la nómina en 2028”, y en ratios y en plantillas “se ha avanzado”, pero habría que hacerlo más.

Candela ha explicado que desconvocar la huelga implica que si se quiere reanudar hay que convocarla de nuevo, comunicarla con diez días de antelación y volver legalizarla, mientras suspenderla supone que temporalmente se paraliza y si la quieren reactivar pueden hacerlo “al día siguiente”, por lo que cree que tiene “más beneficios”.

Aunque el curso finaliza la próxima semana, ha defendido que “el curso puede terminar cuando quiera y la negociación no tiene por qué cerrarse”, pues en julio es cuando más negociaciones hacen con la Conselleria, para las adjudicaciones o las instrucciones de inicio de curso, de forma que “no se acaba la negociación porque termine el curso”.

La lucha continuará

La secretaria de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, ha indicado que en la duodécima mesa negociadora trasladarán el sentir del profesorado expresado en la consulta, y ha asegurado que, haya suspensión o haya desconvocatoria de la huelga indefinida, “la lucha continuará cuando comience de nuevo la gente a estar en las aulas de forma activa”.

La suspensión “es una manera de hacer presión, porque está latente, está como en hibernación la convocatoria de huelga y en el momento en que se quiera volver a ella solo hay que hacer una comunicación de que se levanta la suspensión”, ha indicado Valls, quien ha coincidido en que está “acostumbrados a negociar en julio muchas cuestiones” del normal funcionamiento de la Conselleria.

La responsable de Educación de UGT-PV, Maite Tarazona, ha indicado que irán a la mesa sectorial de este jueves con los resultados de la consulta pero no saben si la Conselleria pedirá firmar o no apartados del documento, porque no se les ha informado a qué van a esa reunión.

Tarazona ha indicado que las movilizaciones han permitido introducir mejoras en las ofertas iniciales de Educación, pero el profesorado tiene que valorar si lo conseguido “es suficiente o insuficiente”, y por eso la consulta les permitirá saber “si es suficiente o piensan que todavía no lo es”.

Por otra parte, este jueves se he desplegado desde lo alto de la torre del Miguelete de València una pancarta con la frase 'De nord a sud, docents en lluita', y en Alicante se ha celebrado una nueva manifestación por la escuela pública con el lema 'L'educació és futur'.

Un total de 11.507 estudiantes de Bachillerato de los 12.080 que se han presentado a la fase de acceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad pública vasca (EHU) han aprobado, lo que supone que la ha superado el 95,26%, según ha informado en una nota. Según ha recordado, la Selectividad consta de dos fases, una de acceso, que el alumnado de Bachillerato debe aprobar para poder acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, y una de admisión, voluntaria, que permite mejorar la calificación obtenida en la fase de acceso. Así, 952 estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior se matricularon a las pruebas de materias de la fase de admisión.

Por territorios, han aprobado la PAU 1.602 estudiantes de Bachillerato de los 1.700 que se han presentado en Álava (94,24%), 5.575 de los 5.044 que realizaron la prueba en Bizkaia (93,79%) y 4.321 de los 4.413 que la realizaron en Gipuzkoa (97,92%). Además, ha aprobado un alumno de los 12 que, por diversas circunstancias, no tienen asignado un campus para realizar la PAU. En cuanto al idioma, de los 9.447 estudiantes que realizaron la prueba en euskera la han superado 9.145, el 96,80%, mientras que han aprobado 2.362 estudiantes de los 2.633 que la hicieron en castellano, el 89,71%.

Las calificaciones han podido ser consultadas por el propio alumnado este miércoles a través de la aplicación Sarbidea y la solicitud de revisión se puede presentar del 11 al 15 de junio. Los resultados definitivos de las pruebas se publicarán el 22 de junio y la petición para ver exámenes se debe realizar los días 23 y 24 de junio. La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. El alumnado que desee presentarse debe matricularse del 18 al 23 de junio.

Ya ha habido mareos, golpes de calor y “dificultades para el aprendizaje”. La ciudad de Toledo, una de las más calurosas de España, lleva ya semanas con temperaturas muy altas que están afectando de manera muy acuciante a los centros escolares públicos, sobre todo a los de Infantil y Primaria. Y las asociaciones de madres y padres han decidido decir basta.

Decenas de familias, junto a sus hijos e hijas, han alzado la voz contra el sofocante calor que se vive en las aulas. Se han concentrado en su mayoría antes de la hora de entrada a los centros para reclamar a las administraciones adaptación climática y la adopción de medidas que hagan estos espacios más saludables.

Con temperaturas superiores a los 30ºC dentro de las aulas y comedores escolares, o escasas zonas de sombra y arbolado en los patios, madres y padres de escolares lamentan “los mareos, los golpes de calor o la inadecuada situación para el aprendizaje” que se da en los colegios de Infantil y Primaria.

“Queremos soluciones, mejores condiciones”, “sin clima no hay educación, ”el Aquisgrán, queremos refrescar“ o ”menos discusión y más inversión“ han sido algunas de los cánticos que se han coreado a las puertas de centros educativos como el CEIP Ciudad de Aquisgrán, en el barrio de Santa Bárbara, donde los familiares también han acudido a la concentración con carteles reivindicativos y silbatos.

La protesta, liderada inicialmente por el AMPA Vega Baja del colegio Fábrica de Armas, ha sumado el apoyo de 13 de los 16 colegios de la ciudad, además del Conservatorio Jacinto Guerrero. El próximo miércoles, 17 de junio -día de fin de curso-, volverán a concentrarse coincidiendo con la incorporación de los sindicatos de profesores a las reivindicaciones.

En el barrio del Polígono, las AMPA de los colegios han optado por aunar las concentraciones en la plaza Poeta Federico García Lorca después de la entrada a los centros. Allí se han concentrado alrededor de medio centenar de familiares, que han reivindicado actuar a las administraciones competentes.

Gema Aparicio, docente y madre de una alumna en el CEIP Jorge Manrique, ha lamentado en la lectura de un manifiesto que los colegios sean “los únicos edificios públicos que aún no están climatizados”. “Estamos aquí porque queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas, porque llevan semanas dando clase con más de 30 grados en las aulas y como familias no podemos quedarnos cruzados de brazos”.

En este sentido, recuerda que el Estatuto de los Trabajadores establece que en puestos sedentarios la temperatura no debe superar los 27ºC en verano ni bajas de los 17ºC en invierno. Además, recuerda que la Asociación Española de Pediatría advierte que “el calor extremo afecta a la concentración, al rendimiento y a la salud de la infancia”.

Para poder combatir estas elevadas temperaturas, reclaman disponer de “agua fresca en los patios, toldos, árboles que se planten y se mantengan o establecer horarios adaptados en los días de calor extremo”. “Son cosas posibles que no pueden esperar, precisa.

Además, exigen que los proyectos de climatización que se aprueben cuenten con “presupuestos reales, con fechas concretas y con información transparente sobre su ejecución”. “Que las familias sepamos que está previsto, cuándo y cómo, sin promesas vagas. Vivimos una emergencia climática”, manifiestan las familias. “No queremos parches, queremos colegios preparados para el futuro. Hoy estamos aquí para pedir juntos y en voz alta que la salud y el bienestar de nuestros niños y niñas sea una prioridad real”, aseveran.

CCOO comienza a denunciar ante la Inspección de Trabajo

Se da la circunstancia de que hoy mismo CCOO ha hecho público que su Federación de Enseñanza ha empezado a presentar denuncias en Inspección de Trabajo ante la situación de altas temperaturas en las aulas de los centros en Toledo capital y La Sagra, y ha exigido que los servicios de prevención de riesgos laborales de la delegación provincial realicen mediciones de temperatura en las mismas y demás espacios educativos de los centros de la provincia.

El sindicato ha iniciado una campaña para exigir que los servicios de prevención de riesgos laborales de la delegación provincial realicen mediciones de temperatura en las aulas y demás espacios educativos de los centros de la provincia.

La federación considera imprescindible que estas evaluaciones sean efectuadas por personal técnico especializado con el fin de determinar de manera objetiva las condiciones térmicas en las que desarrollan su actividad, tanto el alumnado como los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, “especialmente durante las últimas semanas del curso escolar marcadas por episodios de altas temperaturas”.

Asimismo, la organización sindical advierte de que la dotación económica destinada a mejorar las condiciones de climatización resulta claramente insuficiente en numerosos centros educativos. Las cantidades asignadas no se ajustan ni al tamaño de los edificios ni al número de aulas y espacios docentes existentes, lo que impide adoptar medidas eficaces para garantizar unas condiciones térmicas adecuadas.

Como consecuencia de esta situación, una parte importante de la comunidad educativa continúa “soportando temperaturas elevadas en aulas y dependencias que dificultan el normal desarrollo de la actividad lectiva y laboral”.

Este miércoles la federación de enseñanza se suma a las concentraciones de protesta a las puertas de una docena de centros de Toledo donde las AMPAs “quieren visibilizar la situación insostenible que se repite cada final de curso y el estrés térmico que sufre alumnado y profesorado”.

El Gobierno regional apela a las ayudas para climatización

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, se ha referido a esta cuestión y ha recordado a los ayuntamientos que los colegios de Educación Infantil y Primaria son de titularidad municipal y que pueden optar a la línea de ayudas regional para la climatización de los colegios.

La portavoz del Ejecutivo regional ha sacado pecho del plan especial de climatización de las aulas de Castilla-La Mancha, al ser la “única” comunidad autónoma que tiene vigente un plan como tal.

Este plan se lanzó en 2023 y la Junta ha invertido más de 50 millones de euros. Cuenta, según ha recordado, con varias líneas de actuación, entre ellas actuar sobre los centros que son de titularidad de la Junta como son los centros de educación especial y los centros de educación secundaria obligatoria.

En la ciudad de Toledo, de los nueve que hay, ya se ha implantado en ocho y se está ejecutando el último que queda, ha dicho Padilla.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también abrió la posibilidad de que los colegios de educación infantil y primaria, que son titularidad municipal, puedan acogerse a una línea de ayudas regional, “aportando parte de sus recursos”, para implantar sistemas de climatización en los colegios.

De este modo, ha recordado que el Ayuntamiento de Albacete (gobernado por el PP) ha solicitado ayudas este año para ocho o nueve colegios. Sin embargo, ha dicho Padilla, el ayuntamiento de Toledo, ha solicitado para uno. “Es una decisión política de los ayuntamientos”, ha advertido.

“No se trata de una pelea de competencias, no se trata de una pelea de decir quién lo tiene que hacer, se trata, insisto, de una voluntad política de querer hacerlo”, ha argumentado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha recalcado, actúa que son de su titularidad y ha “tendido la mano” y puesto recursos a disposición de los ayuntamientos para que ellos también puedan invertir en un centro que es propio. “Creo que no debe haber ninguna discusión porque, efectivamente, al final los perjudicados son los profesores, el alumnado, allí donde no se hace esa inversión”, ha finalizado.

Con cada invierno o verano, las escuelas de Madrid se revuelven por la climatización en las aulas. El año pasado, el colegio público de Nuestra Señora de la Paloma (en pleno centro de la ciudad) fue uno de los seleccionados por la Ayuntamiento de Madrid para ejecutar obras de mejora en los posis, el cuarto del conserje, en instalar allí un aire acondicionado. Sin embargo, lo que se anunciaba como una buena noticia terminó con la paciencia de su directora, que se opuso a la climatización de una única estancia mientras la situación del resto seguía siendo “insufrible”. Meses después, Sandra Valiente usa esa misma palabra, insufrible, para referirse a la llegada del verano.

Este miércoles por la mañana, la portavoz de Más Madrid se ha desplazado a las puertas del centro para denunciar la “desprotección” en centros educativos ante una nueva temporada de calor. Rita Maestre se ha reunido allí con una representante de la AFA, la Asociación de Familias de Alumnos, que en declaraciones a los medios cuestionó que se atendiera menos a un servicio público con menores que a cualquier puesto laboral al uso.

“Aquí todos trabajamos en sitios climatizados. No entendemos cómo, en cambio, se pide a los niños que pasen horas empapados en sudor”, ha destacado Alejandra Pérez en representación de esta plataforma. Reitera que los picos de frío o calor, conforme pasen las estaciones, “no van a desaparecer” por sí solos. “Sabemos que no puede cambiar todo de hoy para mañana, pero lo único que pedimos es un aire acondicionado”, resuelve la portavoz: “Seguiremos peleando”.

Sobre las controvertidas palabras del consejero de Cultura de Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, ha sido tajante: “No voy a entrar a debatir si fue correcto o no, pero lo que se está pidiendo desde las familias no es ningún gran lujo”. La semana pasada, en el último pleno de la Asamblea Regional, Mariano de Paco bromeó con las críticas por altas temperaturas en las aulas, considerándolas una “fuente de inspiración” y asumiendo que “cuando hace calor, hace calor”.

La directora del colegio de Nuestra Señora de la Paloma, Sandra Valiente, reconocía esta mañana en declaraciones a Somos Madrid que el aire acondicionado se instaló finalmente en diciembre pero solo en el posi, “en período vacacional” y “para hacerlo de manera sigilosa”. En este sentido, hay una bifurcación de las competencias sobre el centro que también afecta a qué áreas se climatizan: mientras que el Ayuntamiento tiene potestad para vigilar estancias en las que trabaja su personal directo, de la Comunidad dependen la gestión educativa y la situación general en las aulas.

En diciembre, después de que este periódico informara de las quejas en el centro de La Latina, el representante del personal municipal en los colegios con UGT, José Antonio Chacón, respondió a las críticas de su directora destacando que la instalación de aire acondicionado para su plantilla “jamás implicará que se lo vayan a poner a ellos, ni antes ni después, porque se tramita por vías diferentes”. Con estas palabras, el responsable sindical aludió a que la decisión de climatizar sus dependencias responde a “antiguas peticiones” de los delegados de Prevención en el consistorio, concluyendo que habrá de ser la Comunidad de Madrid la que aborde sus reclamaciones.

“Hace dos semanas vino una técnico [del Gobierno regional] para hacer mediciones en todas las dependencias. A las once de la mañana, todo estaba a más de 27 grados”, responde, del otro lado, la responsable del CEIP. Aquella visita emanó de otra denuncia que ellos presentaron el pasado mes de junio ante la Inspección de Trabajo, tal y como afirma Sandra Valiente. Mientras tanto, su Dirección ha colocado seis termómetros en las paredes del edificio para continuar midiendo la temperatura, en aras a respaldar sus críticas y obtener una respuesta de la administración.

“Es una situación insostenible que ningún adulto ha de soportar en su entorno de trabajo, y que incumple con el sentido común o el cuidado más básico de niños y niñas”, ha suscrito Rita Maestre en su visita a los alrededores del colegio. “No deberíamos aceptar excusas presupuestarias o técnicas: ahora mismo en Madrid se está construyendo un circuito de Fórmula 1, levantado en tiempo récord con dinero público. En ese tiempo y con esos fondos, daba para climatizar todos los colegios de Madrid”, resuelve la líder de Más Madrid.

La portavoz del principal partido en la oposición municipal ha recordado que “el calor no termina con el curso escolar”, y que en algunos centros también se alojan campamentos de verano en los que los menores “pasarán otros 15 días sudando”. Deposita la responsabilidad tanto en el Ayuntamiento como sobre el Gobierno autonómico, quienes “tienen que asumir sus funciones y no hacer chascarrillos”. En sus conclusiones, insiste en la incompatibilidad de un despliegue económico para la F1, que se celebrará en septiembre, con cualquier argumento que aluda a una falta de fondos: “¿No hay dinero para una cosa, y sí para la otra? Si tenemos esos recursos y esa capacidad técnica, también lo hay para poner toldos, árboles, fuentes, cambiar las ventanas y colocar equipos de climatización”.

El Servicio Provincial de Educación de Zaragoza ha visitado las instalaciones del antiguo centro de salud de la localidad de Tarazona con el objetivo de evaluar la posibilidad de ampliar las dependencias del IES Tubalcain mediante el aprovechamiento de este espacio actualmente sin uso.

Durante la visita, los técnicos y el inspector de Educación, acompañados por la concejal de Educación, Ana Calvo, realizaron una revisión de la estructura y las características del edificio para analizar su adecuación a las necesidades del centro educativo.

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha subrayado la importancia de este avance, recordando que en 1957 el Ayuntamiento cedió los terrenos para uso sanitario, y destacando el trabajo realizado para impulsar ahora su recuperación y puesta a disposición de la ciudad. “Nuestro deseo es que estos terrenos reviertan de nuevo a la ciudad, para que vuelvan a tener un uso útil y al servicio los ciudadanos, dando respuesta, en este caso a las necesidades educativas, aprovechando un espacio público actualmente sin uso”.

Por su parte, la concejala de Educación, Ana Calvo, ha señalado que “supone un paso importante en la búsqueda de soluciones que permitan responder a las necesidades de crecimiento y mejora de las infraestructuras educativas en la ciudad”.

Tras la visita, los representantes del Servicio Provincial de Educación se desplazaron al instituto, donde mantuvieron una reunión con el equipo directivo para conocer de primera mano las necesidades actuales del centro y estudiar posibles actuaciones futuras.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley, que no es vinculante, que propone impulsar la implantación progresiva de la docencia compartida en los centros educativos del archipiélago como herramienta para mejorar la inclusión, la atención a la diversidad y el rendimiento académico.

La iniciativa, promovida por la diputada del PSOE Lucía Olga Tejera Rodríguez, plantea la puesta en marcha de un plan autonómico que permita la presencia simultánea de dos docentes en el aula con un mismo grupo de alumnos, compartiendo la planificación, la enseñanza y la evaluación.

Según recoge la propuesta, la educación canaria afronta importantes desafíos en materia de atención a la diversidad, inclusión educativa y mejora de los resultados académicos, por lo que considera que la docencia compartida constituye un recurso metodológico eficaz para responder a estas necesidades.

El texto destaca que diversos estudios señalan que este modelo contribuye a mejorar el rendimiento académico, reducir el abandono escolar y facilitar la integración del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).

Entre las ventajas citadas figura la posibilidad de ofrecer una atención más individualizada, adaptada a los distintos ritmos de aprendizaje, así como un seguimiento más cercano del alumnado y apoyo inmediato ante posibles dificultades.

Asimismo, la iniciativa defiende que la docencia compartida favorece un modelo inclusivo al evitar la separación de estudiantes con necesidades educativas especiales, mejora la convivencia en el aula y refuerza la autoestima y la participación del alumnado.

La propuesta también subraya que la presencia de dos docentes facilita el diseño de estrategias basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), lo que contribuye a enriquecer la enseñanza y promover la inclusión.

Por todo ello, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a implementar un plan autonómico progresivo de docencia compartida, dotar a los centros de los recursos humanos necesarios y desarrollar formación específica para el profesorado.

Además, plantea priorizar esta metodología en centros con especial vulnerabilidad o con una elevada presencia de alumnado con diversidad, fomentar la coordinación docente mediante horas específicas de planificación y establecer indicadores de seguimiento que permitan evaluar el desarrollo y los resultados del programa.

Según recoge la proposición no de ley, la docencia compartida supone no solo una mejora metodológica, sino también un cambio estructural orientado a construir un sistema educativo más equitativo, inclusivo y eficaz para todo el alumnado.

Nueva Canarias y los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han presentado enmiendas, que han sido aceptadas por el PSOE, porque dan “una respuesta más adecuada a los alumnos”, según han destacado desde el PP.

No obstante, desde Nueva Canarias han insistido en que para poner dos docentes en una aula es necesario llegar a una financiación en educación que represente el 5% del PIB.

Solo Vox ha votado en contra de esta proposición no de ley porque creen que es una incoherencia que el PSOE haya votado en contra a propuestas similares hechas por este partido, que aunque está a favor de la docencia compartida cree que los socialistas con este tipo de medidas “buenistas” quieren pasa “una cortina de humo” para ocultar otros problemas que les afectan. 

El passat 7 de maig, quatre dies abans que començara la vaga indefinida en l'educació pública valenciana no universitària, es va produir la primera reunió de la mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació, encapçalada per la consellera Carmen Ortí i el secretari autonòmic Daniel McEvoy, i els representants dels docents —els sindicats STEPV, CCOO, UGT, CSIF i ANPE— en la qual es va parlar de xifres per primera vegada. D'aquella reunió va eixir una primera proposta que el professorat va considerar “insultant”, en la qual l'Administració autonòmica no contemplava la qüestió retributiva i es remetia a la seua primera oferta d'increment salarial de 75 euros, que s'aplicaria a partir de l'1 de gener.

El 19 de maig, el departament de Campanar va presentar un document en la mesa de negociació que els sindicats també van rebutjar. Aquella proposta d'acord va ser sotmesa a consulta per les organitzacions majoritàries —STEPV, CCOO i UGT—, una votació en què van participar més de 41.000 docents i que va rebutjar de manera aclaparadora l'oferta de la conselleria. Ara, el professorat valencià ha de decidir sobre l'últim escrit de l'Administració autonòmica abans de comunicar a Educació si rubrica o no el pacte. Analitzem les diferències entre aquell esborrany i l'actual proposta d'acord.

En la proposta d'“acord global” d'Ortí i McEvoy, que en un primer moment es van negar a plantejar perquè “no hi ha diners”, es reflecteix una profunda evolució, fruit de cinc setmanes de pressió del col·lectiu docent amb nombroses i massives mobilitzacions. Així, la conselleria ha passat d'un redactat ple d'intencions i “estudis de viabilitat” a un compromís normatiu i pressupostari de 3.338,26 milions d'euros a desenvolupar durant el període 2026-2031.

Ràtios i planificació plurianual

El canvi més radical s'observa en la qüestió de les ràtios, ja que la proposta inicial no tenia horitzó temporal i les deixava en mans del que dictara el Ministeri d'Educació. Ara, però, es fixen xifres concretes i terminis que s'avancen a la planificació estatal.

D'aquesta manera, a Infantil i Primària, l'esborrany inicial proposava una ràtio de 22 alumnes només per al curs 2027/2028 i congelava la resta. La proposta final estableix una retallada estructural i progressiva del 12% i fixa el límit estricte en 22 alumnes per aula en tot el tram fins al curs 2029/2030 de manera generalitzada.

A Secundària i Batxillerat, el text inicial es rentava les mans remetent-se al criteri que dictara reglamentàriament el ministeri, mentre que ara s'estableix una reducció del 17% a l'ESO (fins als 25 alumnes) i del 20% a Batxillerat (28 alumnes per aula), una mesura completament calendaritzada any rere any fins al curs 2030/2031.

Per la seua banda, a la Formació Professional (FP) i les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), inicialment només es contemplava una mesa tècnica per abordar els desdoblaments. L'últim acord introdueix una retallada del 17% en FP (15 alumnes en Grau Bàsic i 25 en Grau Mitjà i Superior) i del 10% a les EOI (màxim 20 alumnes per aula en tots els idiomes i nivells).

Plantilles docents

En matèria de plantilles s'observa un plantejament tècnic i pressupostari. L'esborrany inicial proposava un polèmic 'Pla de substitució anticipada' a Primària (assignar un mestre extra al centre perquè assumira internament les baixes, obligant el col·legi a reorganitzar-se de manera autònoma davant una segona baixa). En el document final, este model desapareix per complet i és substituït pel 'Pla +Mestre', dotat amb 469,12 milions d'euros.

A més, l'acord final quantifica un increment estructural de 7.742 docents en quatre anys, que es concreta en 5.000 noves contractacions directes, l'estabilització de 10.000 places (amb el 50% reservat expressament a la inclusió) i 2.742 mestres específics vinculats per llei al sosteniment de la reducció de les ràtios.

De la mateixa manera, davant les crítiques sindicals, la conselleria substitueix el pla d'autoorganització interna per un compromís informàtic auditable: reduir el temps mitjà de substitució externa de 10 dies a un màxim de 8 dies de mitjana a partir de setembre de 2026..

Retribucions

Tot i que la quantia nominal de la pujada salarial lineal es manté en 200 euros mensuals en el complement específic —tal com recollia la primera proposta sotmesa a votació del professorat—, les condicions tecnicoadministratives han canviat substancialment per oferir més garanties. La proposta retributiva va ser signada per CSIF i ANPE, mentre que STEPV, CCOO i UGT insisteixen a reobrir-la per renegociar-la.

L'esborrany inicial fragmentava els pagaments fixos (75 euros el 2026, 75 euros el 2027 i 50 euros el 2028) de manera lineal. L'Acord Global introdueix un desemborsament acumulat de 802,3 milions d'euros i vincula formalment els increments salarials a l'evolució de l'IPC, blindant el poder adquisitiu davant la inflació. També s'hi afegeix una partida extraordinària i independent de 658 milions d'euros destinada exclusivament a la gratuïtat del tram de 0 a 3 anys i a la millora de les ràtios associades.

Infraestructures educatives

Pel que fa a les infraestructures, el Govern autonòmic ha passat d'un redactat d'intencions enfocat en el Pla Edificant tradicional a un desglossament pressupostari plurianual quantificat en 1.409,7 milions d'euros, gestionat sota un nou Pla Director.

Concretament, es crea el 'Pla EduClima', una partida blindada de 140 milions d'euros (amb un ritme d'execució de 32 milions el 2026 i 36 milions anuals entre 2027 i 2029) per garantir la climatització del 100% de les aules. Així mateix, es dota amb 40 milions d'euros (10 milions anuals) una línia de subvencions directes als ajuntaments per a reformes energètiques en col·legis i centres d'educació especial, eliminant les traves derivades de la delegació de competències de l'Edificant original.

La proposta definitiva també incorpora de manera explícita dos milions d'euros extraordinaris dins del pla tèrmic per a les zones afectades per la dana, a més d'obligar la conselleria a aportar un annex tècnic detallat amb les memòries de reconstrucció. Finalment, el nou text introdueix una obligació prioritària en matèria d'inversió: tots els plans d'inversió directa han d'exigir per escrit l'eliminació total dels barracons.

Inclusió educativa i salut mental

La primera proposta es limitava a vincular les places de Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AL) a la matrícula corrent, mentre que el text consolidat estableix mínims estructurals inamovibles.

Per exemple, el primer esborrany parlava de manera vaga d'obrir 150 aules al llarg de tota la legislatura, mentre que la darrera versió concreta la creació immediata d'almenys 36 aules UECO per al curs 2026/2027, cosa que comporta la contractació automàtica de 108 professionals d'inclusió. A més, es limita per llei la ràtio d'estes aules a un màxim de huit alumnes.

Es garanteix el manteniment d'un mínim de 187 places de Pedagogia Terapèutica per al pròxim curs i es fixa la conversió de places en estructurals si la necessitat es prolonga durant tres cursos consecutius. En quatre cursos, tots els centres d'Infantil i Primària rebran entre 0,5 i 1,5 docents addicionals de Pedagogia Terapèutica i especialistes en Audició i Llenguatge, segons el seu volum d'unitats.

Pel que fa a la salut mental, es passa del desenvolupament normatiu del pla 'Conviure' a una mesura executiva compartida amb la Conselleria de Sanitat: el reforç de psicòlegs generals sanitaris en les unitats de detecció precoç i un estudi específic sobre la salut mental del professorat a les zones afectades per la dana.

Simplificació burocràtica

En aquest bloc, les 20 mesures s'han dotat de terminis jurídics concrets (tramitació per decret del Consell en un termini màxim de sis mesos) i s'hi introdueix tecnologia avançada. Per exemple, s'afegeix l'ús d'eines d'intel·ligència artificial (IA) per a la generació automàtica de documents dels centres i de sistemes de traducció automàtica bidireccional valencià-castellà per alleugerir les tasques de secretaria.

Finalment, es concreta de manera nítida la regulació del treball presencial fora del centre durant el mes de juliol. Els docents només tindran l'obligació d'acudir físicament a les reunions de coordinació o als claustres indispensables, blindant la resta del temps per a tasques no lectives telemàtiques. Així mateix, es reconeix explícitament el dret a la desconnexió digital i la reducció d'hores lectives per als majors de 55 anys.

El pasado 7 de mayo, cuatro días antes de que diera comienzo la huelga indefinida en la educación pública valenciana no universitaria, se produjo la primera reunión de la mesa de negociación entre la Conselleria de Educación, encabezada por la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy, y los representantes de los docentes —los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— en la que se habló de cifras. De aquella reunión salió una primera propuesta que el profesorado consideró “insultante”, en la que la Administración autonómica no contemplaba la cuestión retributiva y se remitía a su primera oferta de incremento salarial de 75 euros a aplicar a partir del 1 de enero.

El 19 de mayo, el departamento de Campanar presentó un documento en la mesa de negociación que los sindicatos también rechazaron. Aquella propuesta de acuerdo fue sometida a consulta por las organizaciones mayoritarias —STEPV, CCOO y UGT—; una votación en la que participaron más de 41.000 docentes que rechazaron de forma abrumadora la oferta de la conselleria. Ahora, el profesorado valenciano debe decidir sobre el último escrito de la Administración autonómica antes de comunicarle a Educación si rubrican o no el pacto. Analizamos las diferencias entre aquel borrador y la actual propuesta de acuerdo.

En la propuesta de “acuerdo global” de Ortí y McEvoy, que en un primer momento se negaron a plantear porque “no hay dinero”, se refleja una profunda evolución, fruto de cinco semanas de presión del colectivo docente con numerosas y masivas movilizaciones. Así, la conselleria ha pasado de un redactado lleno de intenciones y “estudios de viabilidad” a un compromiso normativo y presupuestario (3.338,26 millones de euros) a desarrollar en el periodo 2026-2031.

Ratios y planificación plurianual

El cambio más radical se observa en la cuestión de las ratios, ya que la propuesta inicial carecía de un horizonte temporal y las dejaba en manos de lo que dictara el Ministerio de Educación. Ahora, sin embargo, se fijan cifras concretas y plazos que se adelantan a la planificación estatal.

De este modo, en Infantil y Primaria, el borrador inicial proponía una ratio de 22 alumnos solo para el curso 2027/2028 y congelaba el resto. La propuesta final establece un recorte estructural y progresivo del 12%, y fija el límite estricto en 22 alumnos por aula en todo el tramo hasta el curso 2029/2030 de manera generalizada.

En Secundaria y Bachillerato, el texto inicial se lavaba las manos remitiendo al criterio que dictara reglamentariamente el ministerio, mientras que ahora se estipula una bajada del 17% en la ESO (hasta los 25 alumnos) y del 20% en Bachillerato (28 alumnos por aula), una oferta completamente calendarizada año a año hasta el curso 2030/2031.

Por su parte, en la Formación Profesional (FP) y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), inicialmente solo se contemplaba una mesa técnica vacía para desdobles. El último acuerdo introduce un recorte del 17% en FP (15 alumnos en Grado Básico y 25 en Medio y Superior) y del 10% en las EOI (máximo 20 alumnos por aula en todos los idiomas y niveles).

Plantillas docentes

En materia de plantillas se observa un planteamiento técnico y presupuestario. El borrador inicial proponía un polémico 'Plan de sustitución anticipada' en Primaria (asignar un maestro extra al centro para que asumiera internamente las bajas, obligando al colegio a reorganizarse de forma autónoma ante una segunda baja). En el documento final, este modelo desaparece por completo y es sustituido por el 'Pla +Mestre', dotado con 469,12 millones de euros.

Además, el acuerdo final cuantifica un incremento estructural de 7.742 docentes en cuatro años, que se divide en 5.000 nuevas contrataciones directas, la estabilización de 10.000 plazas (con el 50% reservado expresamente para la inclusión) y 2.742 maestros específicos vinculados por ley a sostener el descenso de las ratios.

De igual modo, ante las críticas sindicales, la conselleria sustituye el plan de autoorganización interna por un compromiso informático auditable: reducir el tiempo medio de sustitución externa de 10 días a un máximo de 8 días de media a partir de septiembre de 2026.

Retribuciones

Aunque la cuantía nominal de la subida salarial lineal se mantiene en 200 euros mensuales en el complemento específico —tal y como recogía la primera propuesta sometida a votación del profesorado—, las condiciones técnico-jurídicas han cambiado drásticamente para ofrecer más garantías. La propuesta retributiva fue firmada por CSIF y ANPE, mientras que STEPV, CCOO y UGT insisten en reabrirla para renegociarla.

El borrador inicial fragmentaba los pagos fijos (75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028) de manera plana. El Acuerdo Global introduce un desembolso acumulado de 802,3 millones de euros y vincula formalmente los incrementos salariales a la evolución del IPC, blindando el poder adquisitivo frente a la inflación. También se añade una partida extra e independiente de 658 millones de euros destinada exclusivamente a la gratuidad del tramo de 0 a 3 años y a la mejora de sus ratios asociadas.

Infraestructuras educativas

Acerca de las infraestructuras, el Gobierno autonómico ha pasado de un redactado de intenciones enfocado en el Plan Edificant tradicional a un desglose presupuestario plurianual cuantificado en 1.409,7 millones de euros, gestionado bajo un nuevo Plan Director.

Concretamente, se crea el 'Pla EduClima', una partida blindada de 140 millones de euros (con un ritmo de ejecución de 32 millones en 2026 y 36 millones anuales entre 2027 y 2029) para garantizar la climatización del 100% de las aulas. Asimismo, se dota con 40 millones de euros (10 millones anuales) una línea de subvención directa a ayuntamientos para reformas energéticas en colegios y centros de educación especial, eliminando las trabas de la delegación de competencias del Edificant original.

La propuesta definitiva también incorpora de manera explícita 2 millones de euros extraordinarios dentro del plan térmico para las zonas afectadas por la DANA, además de obligar a la conselleria a aportar un anexo técnico detallado con memorias de reconstrucción. Por último, el nuevo texto introduce una obligación contractual prioritaria: todos los planes de inversión directa deben exigir por escrito la eliminación total de los barracones.

Inclusión educativa y salud mental

La primera propuesta se limitaba a ligar las plazas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) a la matrícula corriente, mientras que el texto consolidado establece mínimos estructurales inamovibles.

Por ejemplo, el primer borrador hablaba vagamente de abrir 150 aulas en toda la legislatura, mientras que la última versión concreta la creación inmediata de al menos 36 aulas UECO para el curso 2026/2027, lo que conlleva la contratación automática de 108 profesionales de inclusión. Además, se limita por ley la ratio de estas aulas a un máximo de ocho alumnos.

Se garantiza el mantenimiento de un suelo de 187 plazas de Pedagogía Terapéutica para el próximo curso y se fija la conversión de plazas en estructurales si la necesidad se prolonga durante tres años consecutivos. En cuatro cursos, todos los centros de Infantil y Primaria recibirán entre 0,5 y 1,5 docentes extra de Pedagogía Terapéutica y especialistas en Audición y Lenguaje, según su volumen de unidades.

Respecto a la salud mental, se pasa del desarrollo normativo del plan 'Conviure' a una medida ejecutiva compartida con la Conselleria de Sanidad: el refuerzo de psicólogos generales sanitarios en las unidades de detección precoz y un estudio específico de la salud mental del profesorado en las zonas afectadas por la dana.

Simplificación burocrática

En este bloque, las 20 medidas se han dotado de plazos jurídicos concretos (tramitación por decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses) y se introduce tecnología avanzada. Por ejemplo, se añade el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para la generación automática de documentos del centro y sistemas de traducción automática bidireccional valenciano-castellano para aligerar las labores de secretaría.

Por último, se concreta de forma nítida la regulación del trabajo presencial fuera del centro durante el mes de julio. Los docentes solo tendrán la obligación de acudir físicamente a las reuniones de coordinación o claustros indispensables, blindando el resto del tiempo para tareas no lectivas telemáticas. Asimismo, se reconoce explícitamente el derecho a la desconexión digital y la reducción de horas lectivas para mayores de 55 años.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez (PP) ha respondido este martes en el Parlamento de Canarias a las críticas por la instrucción que menciona la “neutralidad” en las charlas y conferencias que se imparten en los centros educativos de Canarias. Según ha explicado, la instrucción sirve “para evitar que el odio entre en los centros educativos”.

Suárez ha puesto el ejemplo del infuenciador de extrema derecha Rudy Ruymán que dio una conferencia en un instituto sobre el buen uso de las redes sociales.

El consejero respondió a una pregunta de la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández sobre esta inatrucción asegurando que en los centros educativos se trabaja en programas como la educación afectivo-sexual. “Mire lo que se hace en los centros educativos, que no está vetado: educación afectivo-sexual, comprender Palestina, diversidad sexogenérica, retos y perspectivas, también prevención en adicciones, educar desde la empatía y la diversidad...”

“Esto es lo que recogen las instrucciones del curso 2026. Unas instrucciones que ustedes no han criticado”, afeó a Nueva Canarias.

La diputada Carmen Hernández, que pidió a la Consejería que rectifique con esta instrucción, incidió a Poli Suárez en que “se coloque en el lado bueno de la historia” y añadió que “cada vez se parecen más a la extrema derecha”. A su juicio, “no podemos ser neutrales”. “Tenemos que ponernos del lado correcto de la historia: la paz, la solidaridad, el respeto a la vida humana, los derechos humanos, y la escuela tampoco puede ser neutral”.

“Nos preocupa la deriva de su Gobierno”, incidió Hernández, que añadió que es necesario trabajar “a favor de la defensa de la democracia, de los valores constitucionales, de los Derechos Humanos, de la vida digna, de la igualdad de género, de la lucha contra la violencia machista, a favor de los derechos sindicales y de los derechos civiles y que no deje que la censura entre en la escuela”.

“Su historia no es mejor que la mía. Tampoco es peor que la mía”, respondió Poli Suárez, que agregó que la bancada en la que él se sienta en el Parlamento represena también a personas “que defendemos la democracia”, en la calle y “en los centros educativos”.

La diputada de Vox Paula Jover también preguntó por esta instrucción en el Parlamento este lunes e incidió en que no entiende “a que odio” se refiere Poli Suárez. Recordó que hace un año ya preguntó por qué medidas se iban a impulsar “para que determinados centros escolares no arrearan las banderas oficiales la española y la canaria para en su lugar izar determinadas banderas multicolores y trans para celebrar determinados días del orgullo y las visibilidades”.

Jover preguntó si con esta instrucción un profesor de educación o de ética va a ser expedientado por tratar “que el aborto no es la única solución” dijo portando un cartel.

El consejero concluyó el debate incidiendo en que en los centros educativos “de esta tierra lo que sí hay es libertad” y añadió “libertad a la hora de poder trabajar los Derechos Humanos, que creo que nos identifican a todos, todos nos tenemos que identificar con ellos”, dijo mientras mostraba diversos trabajos de centros educativos de Canarias que tenían que ver con la igualdad o contra el racismo, entre otros.

“Y lo que no se puede permitir es que se incorpore a los centros educativos el discurso del odio, de la insolidaridad, de la no a la diversidad, de no a la igualdad, de no a las familias, todos sus caracteres. Eso es lo que no se puede permitir en los centros educativos de Canaria. Las instrucciones están para poder llevarse a cabo. Y, lógicamente, que son mejorables, por supuesto, como se mejora todo en esta vida. Pero lo que no cabe en las instrucciones, y se lo digo otra vez, es el odio, no al odio a la Escuela Canaria”, apuntó.

Hace casi un año, el alcalde de Noblejas Agustín Jiménez inició una huelga de hambre para reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha la construcción de un instituto de Educación Secundaria para la localidad toledana. La infraestructura no está autorizada, porque el Ejecutivo regional ha optado por un nuevo centro en el vecino municipio de Ocaña.

Ahora, el ayuntamiento vuelve a reclamar el “desbloqueo” por parte del Ejecuitvo regional para construirlo. Lo hace después de las recientes movilizaciones de centenares de docentes, padres y madres, que el pasado 29 de mayo se concentraban ante la sede de la Consejería de Educación para protestar contra “la masificación, la falta de recursos y las dificultades derivadas de la elevada diversidad existente en las aulas” en zonas de la provincia como la comarca de la Sagra u Ocaña, el área de influencia en la que también se encuentra Noblejas.

El Ayuntamiento recuerda que las recientes movilizaciones del sector educativo “confirman una realidad que Noblejas lleva años denunciando: la masificación de los institutos de referencia, la falta de planificación educativa y la necesidad de nuevos recursos públicos en la comarca de Ocaña y otros puntos de Castilla-La Mancha”, señala en un comunicado.

Por eso, en Noblejas apoyan las reivindicacionesque piden “medidas urgentes en los centros educativos tensionados” de la Sagra, Ocaña y otros puntos de la región.

En opinión del ayuntamiento noblejano la concentración, que reunió a más de 1.000 de personas, según los convocantes, “vuelve a poner sobre la mesa una situación que la comunidad educativa viene denunciando desde hace tiempo: centros masificados, ratios elevadas, falta de recursos suficientes, dificultades organizativas y una presión creciente sobre el profesorado y las familias”.

El Ayuntamiento de Noblejas considera que esta movilización “no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como la expresión pública de un problema estructural” que afecta a varias zonas de Castilla-La Mancha. Por eso exige “una respuesta inmediata, planificada y valiente por parte de la Junta de Comunidades”.

Un instituto para Noblejas que ya se pidió en 2007

En este contexto, el Ayuntamiento de Noblejas recuerda que la construcción del Instituto de Educación Secundaria número 1 de Noblejas es “una reivindicación histórica, justa y plenamente vigente, que permitiría descongestionar los institutos de Ocaña, reducir desplazamientos diarios, mejorar la atención educativa y ofrecer una respuesta equilibrada al crecimiento demográfico, social y económico de la comarca”.

El Ayuntamiento subraya que esta demanda “no nace ahora ni responde a una petición improvisada”. La construcción del instituto fue planteada ya en 2007 por el entonces delegado provincial de Educación Angel Felpeto, que a la postre sería consejero de Educación, y aprobada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2011, sin que se haya materializado. “Desde entonces, Noblejas ha mantenido una posición firme, constructiva y documentada para hacer realidad esta infraestructura educativa”, incide el consistorio.

Se han cedido de forma gratuita los terrenos municipales necesarios para la construcción del centro, se ha elaborado un anteproyecto redactado por técnicos municipales e incluso se ha instado a la Consejería de Educación a firmar un convenio de colaboración económica mediante el cual el Ayuntamiento de Noblejas se ofrecía a adelantar hasta cuatro millones de euros para contribuir a la construcción del instituto.

Este ayuntamiento gobernado por el PSOE, no ceja en su empeño. También recuerda que una campaña permitió recoger más de 5.000 firmas que fueron registradas ante la Consejería de Educación, procedentes no solo de Noblejas, sino también de municipios del entorno como Villarrubia de Santiago, Villatobas y Dosbarrios. “Estas firmas reflejan una demanda social amplia, sostenida y comarcal, que reclama soluciones educativas reales y no nuevos retrasos”, señalan.

El apoyo social también “ha quedado acreditado”, abunda el ayuntamiento, en el estudio elaborado con el apoyo de la consultora Atrevia, según el cual más del 84% de la población de Noblejas, Villarrubia de Santiago, Villatobas y Dosbarrios considera necesaria la creación de un instituto en Noblejas. El mismo estudio señala que más del 85% de las personas encuestadas considera que la ausencia de un instituto dificulta la continuidad educativa del alumnado, mientras que el 82% cree que su creación contribuiría a reducir el abandono y el fracaso escolar.

El Ayuntamiento recuerda, además, que el respaldo no procede únicamente de las familias. El profesorado de Educación Secundaria de los tres institutos de Ocaña también ha manifestado mayoritariamente por escrito su apoyo a la construcción del instituto en Noblejas. Según los datos trasladados al Ayuntamiento, 171 docentes de un total de 204, el 84% del profesorado consultado, respaldan la creación del centro, alertando “de la saturación actual de los institutos de Ocaña y de los problemas derivados de la masificación de aulas, el exceso de alumnado, la presión sobre laboratorios y espacios comunes, los recreos, el transporte escolar y la gestión diaria de los centros”.