CCOO ha denunciado los despidos de Geacam, la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, que recaen sobre personas que han sido declaradas por la mutua como no aptos para la extinción de incendios, en lugar de adaptar sus puestos de trabajo o recolocarles en otros, tal y como recoge el convenio colectivo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El presidente del Comité de Empresa de Geacam, Manuel Amores, ha informado este jueves de los despidos que el pasado año y este está llevando a cabo la empresa responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha, “incumpliendo la normativa en materia laboral y el propio convenio colectivo”.

16 personas despedidas al no superar el reconocimiento médico

Se trata de un total de 16 trabajadores y trabajadoras -4 en Guadalajara, 3 en Cuenca, 1 en Toledo, 2 en Ciudad Real y 6 en Albacete- que, tras no superar el reconocimiento médico y se declarados no aptos para la extinción, se les ha despedido, dejándoles en una situación complicada después de haber prestado servicio entre 30 y 40 años.

Manuel Amores ha indicado que “muchas de estas personas rondan los 60 años y viven en zonas vulnerables donde encontrar trabajo es una misión imposible, lo que significa que se les está mandado al desempleo sin visos de poder volver a trabajar”.

Amores ha explicado que según establece la Ley de Prevención lo primero que debería hacer la empresa es adaptar el puesto de trabajo de las personas no aptas o reubicarlas en otros puestos. Y eso se está haciendo con algunas personas de extinción a las que recolocan en las torres de vigilancia pero, aclara, “lo que ocurre es que esto sólo es posible durante los 100 días que dura ese período y después las mandan a 300 kilómetros de distancia, de tal forma que no les compensa trabajar con esas condiciones”.

No cumple la ley, pero tampoco el convenio según el sindicato

Por otro parte, el convenio colectivo recoge para estos casos la posibilidad de solicitar la extinción del contrato con una indemnización a razón de 40 días por año trabajado por un máximo de 24 mensualidades, pero la empresa tampoco lo está cumpliendo y se está ciñendo al Estatuto de los Trabajadores que establece 20 días por un máximo de 12 mensualidades.

Amores ha lamentado que una empresa pública, con dinero público, actúe de esta manera y ha pedido a la dirección que tome cartas en el asunto para buscar una solución en lugar de dejarlo en manos de los tribunales.

Por su parte, el delegado de CCOO en Cuenca, Alejandro García, ha señalado que Agecam está reproduciendo el mismo patrón de inclumplir la Ley de Prevención en todas las provincias con las personas no aptas, y se ha referido al caso concreto de una trabajadora con una discapacidad declarada del 34% que solicitó la adaptación del puesto del trabajo.

“La empresa, lejos de evaluar su situación y de evaluar las vacantes para reubicarla, ha optado por cambiarle el contaro de indefinida a fija discontinua, es decir, la solución ha sido recortarle derechos”, ha indicado. La única salida, según lamenta, de momento, es acudir a los tribunales.

CCOO y UGT van a presionar en los próximos meses para endurecer el despido, de tal manera que sea resarcitorio y con indemnizaciones a partir de 45 días por año trabajado; para reformar las condiciones del contrato parcial y que tenga que estar más explicado su uso; y para exigir una justificación “rigurosa” del despido en periodo de prueba, un fenómeno disparado desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, han presentado este martes la 'Propuesta sindical unitaria', su agenda clave para los próximos meses, que estará centrada en cuatro grandes reformas: la vivienda, el despido, los contratos a tiempo parcial para frenar su uso y el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva.

Ambos sindicalistas han planteado una reforma del despido improcedente que llevarán a la mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo y que recoge alguno de las reivindicaciones que ya habían adelantado estos meses, como recoge Europa Press.

Entre ellas, recuperar los salarios de tramitación, que se perdieron con la reforma laboral del año 2012, que, tal y como ha apuntado Luján, se hizo “a espaldas” y “en contra” del diálogo social, así como el diseño de un modelo para que el despido sea disuasorio, con el objetivo de que “no merezca la pena despedir” y en línea con la Carta Social Europea suscrita por España.

CCOO y UGT reclaman indemnizaciones mínimas

Sobre la cuestión, Luján ha reivindicado que las indemnizaciones por despido improcedente deberían partir de los 45 días por año trabajado y no de los 33 días vigentes actualmente. No obstante, UGT y CCOO no han querido reflejar en su propuesta un número de días concretos para la indemnización por despido improcedente, ya que, en línea con el Comité Europeo de Derechos Sociales, consideran que las indemnizaciones tasadas pueden no cubrir completamente los daños causados y, por lo tanto, se debe seguir el principio de que sean disuasorias y reparadoras.

“El bloque del conjunto de las propuestas que planteamos para trasladar los compromisos que este país ha establecido con la Unión Europea va mucho más allá de si al final la fijación máxima que acabemos negociando en el marco del diálogo social acaba en 45 días o en 42 días, sino que constituye la conformación de un modelo que, evidentemente, le dice al empresario que si tienes un problema, tienes mecanismos internos en el Estatuto de los Trabajadores para poderlos resarcir, la pandemia como ejemplo paradigmático, y, en todo caso, si tienes que utilizar esas figuras, tienes que tener en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener un marco de protección”, ha expuesto Pacheco al respecto.

Sin embargo, CCOO y UGT sí recogen en su propuesta que se deben fijar unas indemnizaciones mínimas en caso de despido improcedente en línea con los estándares europeos, para lo que Luján ha puesto de ejemplo Italia o Francia, donde están tasadas en seis y tres meses, respectivamente.

Además, en el bloque del despido, los sindicatos han recogido la necesidad de “causalizar” el despido en periodo de prueba exigiendo una justificación rigurosa de las razones debido al incremento que se ha registrado de los despidos en periodo de prueba sin causa.

En todo caso, CCOO y UGT plantearán dar más participación a la autoridad laboral en relación a los despidos colectivos e improcedentes y que, en este último caso, el derecho a restablecer el contrato de trabajo cuando lo fije un juzgado recaiga en la persona trabajadora y no en la empresa.

El contrato parcial tendrá que justificarse

De igual manera, ambos sindicatos propondrán vigilar el uso del contrato a tiempo parcial, de manera que el indefinido a tiempo completo sea el de “referencia”, para lo que se deberá justificar la excepcionalidad que amerita el uso de un contrato a tiempo parcial.

Junto a este mayor control de las causas, CCOO y UGT ven necesario pactar las horas complementarias para que el empresario no pueda hacer uso de ellas para alargar una jornada a tiempo parcial y que, en todo caso, exista un criterio de preaviso y cancelación si finalmente el trabajador tiene que modificar las horas extraordinarias pactadas inicialmente.

“Planteamos la consolidación de las horas complementarias utilizadas de manera ordinaria, con dos fórmulas, utilizando la más beneficiosa para el trabajador en nuestra propuesta: o el 80% de jornadas complementarias medias que se hayan utilizado en el año anterior o el 100% de las horas complementarias de jornada media que se hubieran utilizado en los dos ejercicios anteriores. ¿Qué queremos con esta idea? Que si un empresario, de manera recurrente, está utilizando una ampliación de jornada disponible, vaya consolidando esa jornada en el contrato del trabajador”, ha expuesto Pacheco.

Además, se propone dar prioridad a los trabajadores que estén con un contrato a tiempo parcial para las vacantes de la empresa que sean a tiempo completo.

La empresa de telemarketing Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha ejecutado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 279 trabajadores en España, entre ellos decenas en su centro de Jerez de la Frontera. El proceso, que se ha cerrado sin acuerdo con la representación sindical, se salda con 88 despidos forzosos y condiciones económicas más duras que las planteadas durante la negociación.

La decisión fue comunicada a la plantilla por correo electrónico tras concluir sin consenso el periodo de consultas, un trámite obligatorio en este tipo de procedimientos. Al no alcanzarse acuerdo, la empresa ha optado por aplicar las condiciones mínimas previstas en la legislación para los despidos colectivos: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para las salidas forzosas.

El ajuste, el tercero en apenas dos años en la compañía, supone además un empeoramiento respecto a la última oferta que la dirección había puesto sobre la mesa, que incluía menos despidos obligatorios y mayores indemnizaciones. Finalmente, el ERE afecta a 279 personas, con 88 despidos forzosos, 191 salidas voluntarias y solo 50 trabajadores que quedan fuera del proceso.

Tanto CCOO como UGT han rechazado el resultado y han anunciado su impugnación en los tribunales. Los sindicatos consideran que no concurren las causas alegadas por la empresa y denuncian que no ha existido una negociación real. Desde UGT, además, apuntan a la falta de transparencia en la documentación facilitada, especialmente en lo relativo a la contratación a través de empresas de trabajo temporal, y sostienen que la compañía ha priorizado un criterio estrictamente económico, concentrando los despidos en los trabajadores con menor coste.

Entre la plantilla, el impacto del ERE se interpreta como parte de un proceso más amplio. Varios trabajadores del centro de Jerez, que prefieren mantener el anonimato, apuntan a una reducción progresiva de la actividad local en favor de plataformas en Latinoamérica. “Lo que están tratando por todos los medios es deslocalizar, mandar el trabajo fuera”, explica uno de ellos. “En poco tiempo han abierto varias plataformas en Colombia y cada vez se llevan más carga de trabajo”.

Ese traslado, aseguran, se percibe claramente en el día a día. “Puedes empezar con 1.800 gestiones y en cuestión de minutos ver cómo bajan a 300 mientras aumentan en otros países”, relata otro trabajador. “Esto no es solo un ERE, es un cierre progresivo”.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para conocer su posición. Desde UGT comentan que, hasta ahora, la empresa se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

“Una sensación muy dura después de tantos años”

El momento de las comunicaciones de despido ha dejado una huella especialmente dura en la plantilla. “Fue brutal. Veías cómo llamaban a compañeros, los llevaban a un despacho y ya no volvían”, cuenta una trabajadora. “Desviaron las llamadas y apenas trabajamos ese día. Fue una sensación muy dura después de tantos años”.

Más allá del ajuste, los testimonios coinciden en señalar un deterioro continuado de las condiciones laborales. “Por siete horas cobro unos 1.100 euros netos con las pagas prorrateadas. Allí, por ese dinero, tienen varios trabajadores”, explica un empleado. Otro añade: “La mayoría somos mujeres con hijos, con contratos parciales y sueldos muy bajos. No compensa para nada”.

La presión se articula, según describen, a través de objetivos de rendimiento que consideran inalcanzables. “Nos exigen niveles de satisfacción del 95% o incluso del 100%, algo que es totalmente irreal”, señala una trabajadora. “Todo lo que no sea un 9 o un 10 te penaliza, aunque hayas hecho bien tu trabajo”.

Ese sistema de evaluación tiene consecuencias directas en el ambiente laboral. “Con una sola mala valoración puedes perder todo lo anterior. Es una presión constante”, explican. A ello se suma la dureza de la atención telefónica: “Te pueden decir de todo y no puedes colgar. Tienes que tragártelo”.

El desgaste psicológico es una de las denuncias más repetidas. “La gestión del estrés la haces tú por tu cuenta. La empresa no te ayuda”, relata una empleada. “Para sobrellevarlo, muchas acabamos medicándonos. Es muy complicado salir de una llamada así y seguir como si nada”.

La incertidumbre sobre el futuro es ahora generalizada. “No sabemos qué será lo próximo. Nos tienen en esa inseguridad constante”, resume otra trabajadora. Muchos ya buscan alternativas fuera del sector: “La gente se está preparando oposiciones o buscando otra cosa porque no hay futuro aquí si siguen llevándose el trabajo fuera”.

Tras la ejecución del ERE, el conflicto se traslada ahora a los tribunales. Los sindicatos han iniciado la impugnación colectiva y animan a los trabajadores a recurrir también de forma individual. Entre la plantilla, las expectativas son contenidas. “Ojalá se pueda conseguir al menos que se declare improcedente y mejorar las condiciones”, señala un trabajador. “Pero la empresa ya avisó de que si no había acuerdo, las condiciones serían peores. Y así ha sido”.

El conseller balear d'Agricultura, Joan Simonet, ha responsabilitzat el “mercat” del tancament de l'empresa Agama, peça clau de la indústria làctia balear, justificant així que el Govern del PP no hagi pogut impedir el desenllaç de la històrica central. “A vegades les empreses tanquen per la llei del mercat, perquè simplement no han volgut innovar, per decisions equivocades o per circumstàncies alienes. I aquí l'Administració poca cosa pot fer. Això no és la Rússia soviètica”, ha etzibat, contraposant un model en què “tot era de l'Estat” -i que, segons el seu relat, “va acabar com va acabar”- i desplaçant el focus des de la responsabilitat política cap a l'empresarial.

Durant la seva compareixença en el ple del Parlament balear per abordar el tancament d'Agama, Simonet ha incidit en què l'administració pública no pot assumir el paper de les empreses privades ni intervenir directament en les seves decisions, fins i tot en un context de tancament com el d'Agama. Malgrat reivindicar en altres ocasions el sector primari com a element clau per a la sobirania alimentària, l'equilibri territorial i la diversificació econòmica de Balears, el conseller ha abundat en què “el Govern no pot posar vaques ni munyir-les”, defensant de nou que la continuïtat de projectes industrials depèn de la seva viabilitat econòmica i de l'interès d'inversors i productors.

Amb tot, el titular d'Agricultura ha asseverat que l'Executiu autonòmic ha posat “les eines” sobre la taula a través d'ajudes i incentius, però ha subratllat que correspon al propi sector decidir cap a on vol evolucionar. Al respecte, ha apuntat que alguns ramaders ja estan optant per models alternatius, com produccions més petites o diversificades -amb cabres o ovelles- orientades a productes de més valor afegit, defensant que aquests poden ser fins i tot més rendibles que les grans explotacions.

En el seu discurs, el conseller també ha apel·lat a la necessitat de replantejar el model productiu, qüestionant si és sostenible mantenir grans volums de producció lletó o explotacions intensives. Segons el seu parer, el sector agrari no pot entendre's com una estructura “estancada” en asseverar que aquest evoluciona constantment en funció del mercat, els canvis socials i les condicions ambientals. Simonet ha insistit que el Govern està “essencialment per donar suport a iniciatives de futur, amb ajudes molt dotades”, passant a continuació a enumerar, entre altres, les línies d'inversió efectuada pel seu departament en matèria de transformació agroalimentària i comercialització. En aquest sentit, ha insistit que, si els propis productors decideixen no apostar per determinades iniciatives, l'administració no pot imposar un model concret ni substituir la iniciativa privada.

En aquest sentit, Simonet ha anunciat que el Govern destinarà cinc milions d'euros, amb càrrec a l'impost de turisme sostenible (ITS), per finançar nous projectes estratègics en el sector agroalimentari després del tancament d'Agama, una quantitat que el conseller ha emmarcat en una estratègia de transformació del model productiu i de reforç de la competitivitat del sector primari. La partida, ha incidit, no té res a veure amb les mesures que l'Executiu té previst adoptar per ajudar el sector a fer front a les conjuntures econòmiques derivades de la guerra a l'Iran i del context de conflicte bèl·lic internacional.

La seva intervenció ha despertat les crítiques dels grups de l'oposició, entre elles les del portaveu adjunt del PSIB-PSOE, Marc Pons, qui ha denunciat la falta de respostes del Govern pocs dies abans del tancament d'Agama. El socialista ha retret que, després d'una compareixença de gairebé una hora, Simonet no hagi estat capaç de concretar què passarà amb la llet produïda a Mallorca ni quines alternatives existeixen per evitar la desaparició del sector. “Què farem a partir del dia 31?”, ha insistit, subratllant la incertesa en la qual, ha assenyalat, quedaran els productors.

En aquesta línia, Pons ha acusat el conseller de limitar-se a afirmar que s'estan “buscant fórmules” sense detallar cap mesura concreta, cosa que, a parer seu, evidencia la manca de planificació i anticipació de l'Executiu. En aquest sentit, ha considerat que el discurs del Govern sobre la sobirania alimentària queda “liquidat” davant el tancament de tota la producció làctia a Mallorca sense una resposta clara per part de l'administració, alhora que ha recriminat que traslladi la responsabilitat al mercat o a les decisions empresarials sense assumir el paper que li correspon a l'Administració.

El PSIB: “El Govern ha tirat la tovallola”

El diputat ha advertit que aquesta actitud suposa, en la pràctica, “tirar la tovallola” i acceptar la desaparició del sector lacti a l'illa sense desplegar les eines pertinents per a evitar-ho. Així mateix, ha denunciat la falta de lideratge polític i de coordinació entre Conselleries, apuntant especialment a l'absència d'una estratègia conjunta entre Agricultura i Indústria que permeti donar una resposta estructural a la crisi. Segons ha recordat, el Govern es va comprometre fa dos anys a impulsar un pla agrari “pactat entre tots”. “Han passat dos anys, però no ens han convocat més vegades ni hem sabut res més”, ha lamentat.

El portaveu adjunt socialista ha contraposat aquesta situació amb la gestió de l'anterior legislatura, quan, en plena pandèmia, el Govern llavors presidit per Francina Armengol va ser capaç d'articular respostes ràpides davant situacions de crisi empresarial. “Centenars d'empreses, amb bona coordinació, van rebre una resposta veloç”, ha subratllat, criticant així mateix les vegades que Vox, soci d'investidura del PP, “s'ha gratat aquí les vestidures en benefici del sector o en defensa del sector primari”. Finalment, Pons ha lamentat que la compareixença de Simonet hagi conclòs sense haver ofert “cap explicació”: “L'única cosa que hem vist ha estat la seva resignació cap a la mort del sector lleter a Mallorca. I això, agradi o no agradi, marcarà la legislatura del Govern de Marga Prohens”.

A principis de març, el Grup Damm, que en 2017 va adquirir Agama, va comunicar a la plantilla la seva intenció pròxima de tancar l'empresa mallorquina, un anunci que arribava mesos després que la cervesera informés que deixaria de comprar llet a les tres vaqueries mallorquines que distribueixen a la lletera, encenent totes les alarmes entre treballadors i ramaders.

La incertesa dels 16 empleats de la plantilla

La companyia va traslladar a la representació legal dels treballadors l'inici d'un procediment d'acomiadament col·lectiu conforme a la normativa vigent, encara que assegura que treballa en un pla de recol·locació per als 16 empleats de la planta de Palma en diferents empreses del grup amb l'objectiu de minimitzar l'impacte laboral. Els empleats, per part seva, lamenten la decisió adoptada, encara que admeten que es tracta d'un anunci que “es veia venir”.

Durant els últims mesos, els treballadors han treballat en una proposta que consideraven viable: deixar Agama en mans de la plantilla mitjançant un pont financer d'1,2 milions d'euros, equivalent als fons públics que Damm ha de retornar si cessa la seva activitat, i que els treballadors proposaven reinvertir a donar continuïtat a la marca sota un model cooperatiu. No obstant això, el delegat de Personal i Prevenció de CCOO d'Agama, Jesús Ávila, va lamentar en declaracions a elDiario.es que no hi ha hagut reunions conjuntes que permetessin fer realitat la proposta, cosa que ha impedit construir i defensar de manera adequada la iniciativa.

El 2017, Agama va ser adquirida pel grup cerveser i, després d'anys d'alts i baixos, el passat 26 de setembre l'empresa va comunicar a les tres vaqueries de Mallorca que abasten la marca la seva intenció de deixar de comprar-los llet a partir de desembre de 2026. “Quin poble es permet tancar la seva indústria lletera? Si tanca Agama, serà un atemptat contra la sobirania alimentària de Balears”, van recriminar aleshores les associacions que representen els pagesos de Mallorca.

El conseller balear de Agricultura, Joan Simonet, ha responsabilizado al “mercado” del cierre de la empresa Agama, pieza clave de la industria láctea balear, justificando así que el Govern del PP no haya podido impedir el desenlace de la histórica central. “A veces las empresas cierran por la ley del mercado, porque simplemente no han querido innovar, por decisiones equivocadas o por circunstancias ajenas. Y aquí la Administración poca cosa puede hacer. Esto no es la Rusia soviética”, ha espetado, contraponiendo un modelo en el que “todo era del Estado” -y que, según su relato, “acabó como acabó”- y desplazando el foco desde la responsabilidad política hacia la empresarial.

Durante su comparecencia en el pleno del Parlament balear para abordar el cierre de Agama, Simonet ha incidido en que la administración pública no puede asumir el papel de las empresas privadas ni intervenir directamente en sus decisiones, incluso en un contexto de cierre como el de Agama. Pese a reivindicar en otras ocasiones el sector primario como elemento clave para la soberanía alimentaria, el equilibrio territorial y la diversificación económica de Balears, el conseller ha abundado en que “el Govern no puede poner vacas ni ordeñarlas”, defendiendo de nuevo que la continuidad de proyectos industriales depende de su viabilidad económica y del interés de inversores y productores.

Con todo, el titular de Agricultura ha aseverado que el Ejecutivo autonómico ha puesto “las herramientas” sobre la mesa a través de ayudas e incentivos, pero ha subrayado que corresponde al propio sector decidir hacia dónde quiere evolucionar. Al respecto, ha apuntado que algunos ganaderos ya están optando por modelos alternativos, como producciones más pequeñas o diversificadas -con cabras u ovejas- orientadas a productos de mayor valor añadido, defendiendo que estos pueden ser incluso más rentables que las grandes explotaciones.

En su discurso, el conseller también ha apelado a la necesidad de replantear el modelo productivo, cuestionando si es sostenible mantener grandes volúmenes de producción láctea o explotaciones intensivas. A su juicio, el sector agrario no puede entenderse como una estructura “estanca” al aseverar que éste evoluciona constantemente en función del mercado, los cambios sociales y las condiciones ambientales. Simonet ha insistido en que el Govern está “esencialmente para apoyar a iniciativas de futuro, con ayudas muy dotadas”, pasando a continuación a enumerar, entre otras, las líneas de inversión efectuadas por su departamento en materia de transformación agroalimentaria y comercialización. En este sentido, ha insistido en que, si los propios productores deciden no apostar por determinadas iniciativas, la administración no puede imponer un modelo concreto ni sustituir la iniciativa privada.

En este sentido, Simonet ha anunciado que el Govern destinará cinco millones de euros, con cargo al impuesto de turismo sostenible (ITS), para financiar nuevos proyectos estratégicos en el sector agroalimentario tras el cierre de Agama, una cantidad que el conseller ha enmarcado en una estrategia de transformación del modelo productivo y de refuerzo de la competitividad del sector primario. La partida, ha incidido, nada tiene nada que ver con las medidas que el Ejecutivo tiene previsto adoptar para ayudar al sector para hacer frente a las coyunturas económicas derivadas de la guerra en Irán y del contexto de conflicto bélico internacional.

Su intervención ha despertado las críticas de los grupos de la oposición, entre ellas las del portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, quien ha denunciado la falta de respuestas del Govern a pocos días del cierre de Agama. El socialista ha reprochado que, tras una comparecencia de casi una hora, Simonet no haya sido capaz de concretar qué ocurrirá con la leche producida en Mallorca ni qué alternativas existen para evitar la desaparición del sector. “¿Qué haremos a partir del día 31?”, ha insistido, subrayando la incertidumbre en la que, ha señalado, quedarán los productores.

En esta línea, Pons ha acusado al conseller de limitarse a afirmar que se están “buscando fórmulas” sin detallar ninguna medida concreta, lo que, a su juicio, evidencia la falta de planificación y anticipación del Ejecutivo. En este sentido, ha considerado que el discurso del Govern sobre la soberanía alimentaria queda “finiquitado” ante el cierre de toda la producción láctea en Mallorca sin una respuesta clara por parte de la administración, al tiempo que ha recriminado que traslade la responsabilidad al mercado o a las decisiones empresariales sin asumir el papel que le corresponde a la Administración.

El PSIB: “El Govern ha tirado la toalla”

El diputado ha advertido de que esta actitud supone, en la práctica, “tirar la toalla” y aceptar la desaparición del sector lácteo en la isla sin desplegar las herramientas pertinentes para evitarlo. Asimismo, ha denunciado la falta de liderazgo político y de coordinación entre Consellerias, apuntando especialmente a la ausencia de una estrategia conjunta entre Agricultura e Industria que permita dar una respuesta estructural a la crisis. Según ha recordado, el Govern se comprometió hace dos años a impulsar un plan agrario “pactado entre todos”. “Han pasado dos años, pero no nos han convocado más veces ni hemos sabido nada más”, ha lamentado.

El portavoz adjunto socialista ha contrapuesto esta situación con la gestión de la anterior legislatura, cuando, en plena pandemia, el Govern entonces presidido por Francina Armengol fue capaz de articular respuestas rápidas ante situaciones de crisis empresarial. “Centenares de empresas, con buena coordinación, recibieron una respuesta veloz”, ha subrayado, criticando asimismo las veces que Vox, socio de investidura del PP, “se ha rascado aquí las vestiduras en beneficio del sector o en defensa del sector primario”. Finalmente, Pons ha lamentado que la comparecencia de Simonet haya concluido sin haber ofrecido “ninguna explicación”: “Lo único que hemos visto ha sido su resignación hacia la muerte del sector lechero en Mallorca. Y esto, guste o no guste, marcará la legislatura del Govern de Marga Prohens”.

A principios de marzo, el Grupo Damm, que en 2017 adquirió Agama, comunicó a la plantilla su intención próxima de cerrar la empresa mallorquina, un anuncio que llegaba meses después de que la cervecera informase de que dejaría de comprar leche a las tres vaquerías mallorquinas que distribuyen a la lechera, encendiendo todas las alarmas entre trabajadores y ganaderos.

La incertidumbre de los 16 empleados de la plantilla

La compañía trasladó a la representación legal de los trabajadores el inicio de un procedimiento de despido colectivo conforme a la normativa vigente, aunque asegura que trabaja en un plan de recolocación para los 16 empleados de la planta de Palma en distintas empresas del grupo con el objetivo de minimizar el impacto laboral. Los empleados, por su parte, lamentan la decisión adoptada, aunque admiten que se trata de un anuncio que “se veía venir”.

Durante los últimos meses, los trabajadores han trabajado en una propuesta que consideraban viable: dejar Agama en manos de la plantilla mediante un puente financiero de 1,2 millones de euros, equivalente a los fondos públicos que Damm debe devolver si cesa su actividad, y que los trabajadores proponían reinvertir en dar continuidad a la marca bajo un modelo cooperativo. Sin embargo, el delegado de Personal y Prevención de CCOO de Agama, Jesús Ávila, lamentó en declaraciones a elDiario.es que no ha habido reuniones conjuntas que permitieran hacer realidad la propuesta, lo que ha impedido construir y defender de forma adecuada la iniciativa.

En 2017, Agama fue adquirida por el grupo cervecero y, tras años de subidas y bajadas, el pasado 26 de septiembre la empresa comunicó a las tres vaquerías de Mallorca que abastecen a la marca su intención de dejar de comprarles leche a partir de diciembre de 2026. “¿Qué pueblo se permite cerrar su industria lechera? Si cierra Agama, será un atentado contra la soberanía alimentaria de Balears”, recriminaron entonces las asociaciones que representan a los payeses de Mallorca.

El Ministerio de Trabajo ha incluido en el primer paquete de medidas por el conflicto en Oriente Medio la prohibición de despedir por causas objetivas derivadas de esta crisis a las empresas que reciban ayudas públicas para mitigarla, confirman fuentes del departamento de Yolanda Díaz.

Esta mañana, el Gobierno de coalición ha tomado las primeras medidas anticrisis por la guerra en Irán, que lleva más de dos semanas y un futuro incierto en medio de las continuas contradicciones del presidente de EEUU, Donald Trump, que está pidiendo más dinero para financiarla.

Tras tensiones entre los socios de coalición, por la exigencia de Sumar de incluir medidas sobre vivienda en esta primera respuesta ante la crisis, el Gobierno ha decidido finalmente aprobar dos decretos: uno con la congelación de los alquileres y otro con el resto de medidas económicas.

En el ámbito laboral, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha recordado en estos días que las empresas ya tienen disponible una herramienta muy valiosa para hacer frente a esta situación: los ERTE, que se mejoraron en la pasada reforma laboral y que sirvieron de colchón esencial para amortiguar los efectos de la pandemia, protegiendo empresas y trabajadores.

No despedir si se reciben ayudas

Además, Trabajo ha insistido en la necesidad de aprobar en este primer paquete una medida laboral adicional, que ya se aprobó en las pasadas crisis por la pandemia y por la crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania. Que las empresas no puedan despedir por causas objetivas por esta situación si están recibiendo ayudas públicas para aliviarla.

En concreto, fuentes de Trabajo indican que no se podrán efectuar despidos ni tampoco ceses de actividad (de los autónomos), así como acuerdos de reducción del personal en las cooperativas, cuando estas medidas se justifiquen por causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que tengan su origen en la crisis derivada de este conflicto.

Obligación de planes de movilidad sostenibles

Como adelantó Yolanda Díaz hace unos días, su departamento estaba trabajando con el de la vicepresidenta Sara Aagesen, responsable de Transición Energética, para impulsar también los transportes colectivos en las empresas, con el objetivo de reducir el consumo de carburantes.

Fuentes de Trabajo indican a elDiario.es que en este primer paquete de medidas también se extiende la obligación de contar con planes de movilidad sostenible a las empresas que reciban ayudas por esta crisis en Oriente Medio.

“Todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno deberán contar de manera obligada con un plan de movilidad sostenible para facilitar los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo”, han afirmado tras el Consejo de Ministros en Trabajo.

Este mandato se acompaña de una advertencia práctica, que el incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de las ayudas recibidas, indican desde el departamento de Díaz.

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT, CCOO y USO) lamenta que la propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha anunciado la dirección se basa solo en criterios económicos y que tampoco baraja rebajar el planteamiento inicial de 77 despidos, en una planta de algo más de 300 trabajadores.

El comité ha reiterado su rechazo a la documentación presentada por la empresa para justificar la reducción de la producción y el despido inicial de 77 trabajadores de la planta productiva de Torrelavega porque “no está basada en datos objetivos reales”.

Los sindicatos aclaran, tras concluir la quinta reunión de negociación del ERE, que los responsables de servicio han explicado los datos aportados por la empresa en su informe técnico para justificar los despidos.

“Las explicaciones no son suficientes, ya que no garantizan una funcionalidad de los puestos finales afectados ni de la propia fábrica”, subraya el comité de empresa de la fábrica de Torrelavega en un comunicado.

Los sindicatos insisten en que “los argumentos esgrimidos por la empresa no están basados en datos objetivos reales, sino en un porcentaje de reducción de capacidad trasladado directamente a cada servicio, sin tener en cuenta la casuística de cada unidad”.

“Por supuesto, ha quedado muy claro que la propuesta de la empresa se basa exclusivamente en criterios económicos y en ningún caso se va a mejorar la operatividad de la planta ni aspectos tan importantes como la seguridad y fiabilidad, que entendemos fundamentales”, agrega el comunicado sindical.

El comité de empresa recalca que la empresa ha solicitado aportaciones y propuestas alternativas “pero siempre bajo la premisa de mantener su planteamiento inicial de reducir 77 empleos directos”. La negociación del ERE de Solvay tendrá su sexta cita el próximo martes 24 de marzo, según informan los sindicatos.

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia contra la empresa de reparto Glovo ante la Audiencia Nacional por el despido “masivo” de trabajadores que asegura que la compañía está ejecutando sin acudir al mecanismo legal para ello, el despido colectivo, lo que se considera un “ERE encubierto”. Además, Glovo presentó un ERE formal para 750 trabajadores hace unos días.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha acusado este jueves a la empresa de llevar a cabo un “despido masivo, superando con creces los 30 despidos en los últimos 90 días, que requieren la presentación oficial de un expediente regulador de empleo (ERE) justificado y negociado” con los representantes de los trabajadores, recoge el comunicado.

Según apuntan fuentes sindicales a elDiario.es, CCOO tiene contabilizados “más de 200 despidos” en los últimos meses solo en dos provincias de España.

En el sindicato precisan no obstante que el cálculo para el ERE se tiene que hacer del pasado 18 de diciembre hasta ayer, 18 de marzo, que fue cuando CCOO registró la demanda. En este periodo, las extinciones de las que tienen conocimiento exceden “con creces” los límites legales, indican.

El sindicato denuncia la “enésima estrategia que Glovo está siguiendo para desprenderse de su responsabilidad” como empleador de sus mensajeros, desde que el pasado julio pasó a un modelo laboral, acorralado por las causas judiciales.

“Está queriendo imputar a la plantilla su nefasta gestión empresarial, que provoca una pérdida de cuota de mercado, y busca un modelo de utilización de trabajadores de usar y tirar en función del volumen de pedidos”, denuncia el sindicato.

CCOO explica que se están imputando problemas ajenos a los empleados para justificar despidos disciplinarios, como en los casos en los que Glovo está alegando tiempos de espera excesivos y ausencias en días de alerta climatológica de nivel rojo, informa EFE.

El sindicato explica que, si gana el juicio, el sindicato intentará que se anulen esos despidos disciplinarios y la readmisión de esas personas a sus puestos, con el abono de los salarios de tramitación.

Además del uso “interesado” de esos despidos, CCOO ha criticado el uso del “periodo de prueba de un mes como salvaguarda de contratación temporal encubierta”, ya que supuestamente se alega que este no ha sido superado en la mayor parte de las nuevas contrataciones.

También estudia la externalización de la plantilla

El sindicato estudia, además, acudir a los tribunales para denunciar la externalización de la plantilla a través de “numerosas empresas fantasma” consideradas flotas por parte de Glovo y que, a juicio de CCOO, suponen una cesión ilegal de trabajadores.

El pasado 11 de marzo, la empresa anunció un ERE que afectará a unos 750 repartidores de toda España, tras asegurar que se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para “evitar su cierre”. La primera reunión negociadora del ERE tendrá lugar el próximo 27 de marzo, indican en CCOO a elDiario.es.

La reestructuración llega menos de un año después de que la compañía pasara a contratar a sus repartidores para adaptarse a la Ley Rider, con más de 14.000 repartidores contratados directamente, según señalaron entonces fuentes de la compañía a EFE.

elDiario.es ha contactado a Glovo a propósito de la demanda por ERE encubierto, pero no ha recibido respuesta en el momento de publicación de esta información.

La jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Puertollano, Inés Llerena Gil, recuperará el salario que no percibido tras permanecer suspendida de empleo y sueldo durante seis meses a causa de un expediente disciplinario.

Según ha trasladado la funcionaria a través de un comunicado, Llerena, que fue suspendida de empleo y sueldo el 11 de marzo de 2025 tras abrirle la Junta de Gobierno Local, del PP, un expediente disciplinario en su contra por “hechos muy graves” en relación con sus actuaciones como funcionaria de carrera del Ayuntamiento, recuperará su sueldo tras la resolución de su expediente.

Según asegura la funcionaria, el expediente fue “consecuencia directa de una denuncia” realizada por ella el 7 de marzo de 2025 por acoso laboral contra el “alcalde y los concejales de Urbanismo y de Obras”. El pasado 11 de marzo, transcurrido un año, una nueva Junta de Gobierno Local Extraordinaria resolvió el expediente discuiplinario con un apercibimiento, devolviendo el salario no percibido durante los seis meses de suspensión.

Otras acciones legales

La funcionaria ha señalado que durante el tiempo transcurrido, ha emprendido diversas acciones legales contra el Ayuntamiento. Concretamente, una denuncia en el contencioso-administrativo, así como una denuncia por acoso laboral.

La jefa del Servicio de Urbanismo ha lamentado haber permanecida “totalmente desprotegida” tras su denuncia de acoso laboral por parte de Recursos Humanos y de las organizaciones sindicales. Asimismo, ha señalado que recurrirá ante la vía judicial el expediente disciplinario, y ha asegurado que su denuncia penal por acoso laboral ha sido admitida a trámite.

6 de desembre de 2024. El matí es presenta com un altre més en aquest hotel de cinc estrelles de Portals Nous, considerada la zona turística més exclusiva de Mallorca. Tanmateix, quan acudeixen al seu lloc de feina al restaurant de l’establiment, els treballadors es troben amb una escena inesperada: la societat que explota el negoci l’ha tancat i el seu interior ha estat pràcticament buidat. Al cap de pocs moments, la plantilla, formada per unes 50 persones entre cambrers, cuiners i personal de servei, rep un missatge del conseller delegat de l’empresa que els tenia contractats: “Hola, equip. Escric això amb molt de pesar per informar-vos que, malgrat tots els esforços que hem fet, hem hagut de prendre la difícil decisió de cessar les operacions [...] amb efecte immediat”. I afegeix: “Amb els problemes actuals de flux de caixa, simplement no és viable continuar”. La plantilla acaba de descobrir que la mercantil, Merchants by Five, ha tancat de manera abrupta el restaurant i que la seva feina ha desaparegut.

“Va ser una bogeria, ningú no en sabia res. Tothom se’n va assabentar aquell mateix dia”, relata Óscar, un dels empleats de l’hotel que va viure l’episodi des de dins. A l’exterior de l’espai que abans ocupava The Merchants by the Sea -com es deia el restaurant-, el treballador recorda que una clienta va baixar a esmorzar com qualsevol altre dia i es va dirigir a recepció: “Va preguntar per l’esmorzar i li van dir que no n’hi havia, que ja no se servia perquè el restaurant havia tancat”. Aquell moment va ser l’espurna que va fer saltar les primeres alarmes. El restaurant, que gestionava el servei d’esmorzars de l’hotel, va deixar de funcionar d’un dia per l’altre i va obligar l’establiment a reorganitzar sobre la marxa el servei de restauració per als hostes allotjats.

“De sobte no hi havia esmorzar. Vam haver d’improvisar i fins i tot a recepció i els botons van acabar servint els cafès”, recorda Óscar, aleshores president del comitè d’empresa. Alguns dies, afegeix, l’establiment hoteler va optar fins i tot per traslladar els seus hostes a esmorzar a un club de pàdel proper. La situació es va tornar encara més tensa quan els responsables de Merchants by Five, vinculada al projecte gastronòmic Five Senses Hospitality, van començar a endur-se materials. “Aquell mateix dia van començar a treure coses d’allà. Mercaderia, equipament… semblava que ho estiguessin desvalisant”, relata el treballador. eldiario.es ha intentat posar-se en contacte amb l’empresa, però no ha obtingut resposta.

De sobte no hi havia esmorzar. Vam haver d'improvisar i fins i tot la recepció i els botons van acabar servint els cafès"

Óscar — President del comitè d'empresa en el moment dels fets

La Justícia dóna la raó a la plantilla

Un any i un mes després, la Justícia ha donat la raó a la plantilla. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha declarat nuls els acomiadaments en concloure que l’empresa Merchants by Five va extingir de facto els contractes de tots els treballadors sense seguir el procediment legal previst per a un acomiadament col·lectiu contemplat a l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors. És a dir, va tancar el negoci i va prescindir de la plantilla sense obrir el corresponent període de consultes amb els representants dels treballadors, previst amb l’objectiu de negociar, durant almenys 30 dies, possibles mesures per evitar o reduir els acomiadaments o millorar les condicions de sortida, com indemnitzacions o recol·locacions. L’empresa tampoc no va justificar documentalment les causes econòmiques que motivaven el tancament del restaurant. Simplement va abaixar la persiana, va extingir els contractes dels empleats i els va donar de baixa de la Seguretat Social.

No només això. La sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, subratlla que el restaurant no era un negoci aïllat, sinó part del que la jurisprudència laboral denomina un “grup patològic d'empreses”: encara que formalment independents, funcionen a la pràctica com una sola organització empresarial. En aquest cas, els treballadors prestaven serveis per a diferents mercantils del grup, elaboraven a la mateixa cuina productes per vendre, servir o ser utilitzats en altres centres d'oci i restauració del conglomerat i comptaven amb una direcció empresarial comuna, a més de mantenir relacions econòmiques entre les diferents societats, elements que porten els magistrats a estendre la responsabilitat laboral a diverses empreses vinculades a Five Senses Hospitality: Merchants by Five SLU, Mediterasian by Five SL, Five Senses Lifestyle SL, Number 1 HO by Five SL, Five Senses Hospitality SL. i Five Senses Catering & Events SL.

“Tot l'anterior ens permet apreciar que estem davant un ús abusiu de la direcció unitària, doncs sense forma definida s'instrumentalitza aquest entramat societari per desllindar responsabilitats en l'ús abusiu de la contractació dels treballadors, i sota una direcció unitària indescifrable i confusa, amb els perjudicis que això suposa per als treballadors quant a les seves condicions de treball, amb modificacions imposades del lloc de prestació de serveis, horaris, identificació del veritable ocupador, impedint rebre la formació adequada -tant per a la correcta prestació de serveis, com a efectes de prevenció de riscos per a cada centre de treball. I, finalment, fins i tot per eludir responsabilitats com en cas d'un acomiadament col·lectiu”, subratlla la sentència dictada per la Sala social.

La sentència subratlla que el restaurant no era un negoci aïllat, sinó part del que la jurisprudència laboral denomina un "grup patològic d'empreses": encara que formalment independents, funcionen a la pràctica com una sola organització empresarial

El tribunal es recolza en diverses sentències del Tribunal Suprem que estableixen que un grup deixa de ser una organització empresarial neutra o legítima quan les seves societats funcionen en la pràctica com una sola estructura per eludir responsabilitats laborals, passant a convertir-se en un instrument per cometre frau o abús de dret.

De Londres a Mallorca

Darrere del grup Five Senses es troben els empresaris Edgar Lagassi, Andrius Kulbokas i Mariusz Szymecki, que han desenvolupat bona part de la seva carrera en el sector de la restauració de luxe a Londres abans de traslladar el seu projecte a Mallorca. Allà van treballar en restaurants i clubs privats d’alt nivell vinculats a l’oci i a l’hostaleria de gamma alta, un entorn que en la darrera dècada ha servit d’escola per a nombrosos empresaris del sector gastronòmic internacional. Després d’aquesta etapa al Regne Unit, els tres socis van impulsar a Palma un projecte orientat a crear conceptes gastronòmics vinculats al turisme premium i als hotels boutique, obrint el 2020 el restaurant The Merchants–Steak & Grill, situat a l’hotel Palacio Can Marqués, al centre històric de Palma, i dirigit al turisme internacional i a una clientela d’alt poder adquisitiu. També compten amb el restaurant Canela, l’asiàtic KOH Palma, l’espai gastronòmic Wineing o el Beatnik.

Caviar a 125 euros i wagyu a 180

A Portals Nous, Five Senses va presentar The Merchants by the Sea com la versió costanera de The Merchants. Va obrir les portes el 2024 amb una carta que reflectia la seva aposta per un públic amb alt poder adquisitiu: caviar Oscietra a partir de 125 euros, wagyu japonès per 180, torres de marisc per 140 euros i ampolles de xampany que superaven els 500 euros. L’aposta responia a una tendència creixent en destinacions turístiques com Mallorca, on hotels i empreses gastronòmiques externalitzen la seva restauració a grups que solen crear societats diferents per a cada projecte o establiment, cosa que permet separar la gestió de cada negoci i limitar riscos empresarials. Tot just uns mesos després, The Merchants by the Sea cessava completament la seva activitat sense cap més explicació que un missatge de text. Malgrat el conflicte laboral i el cessament de l’activitat, la web de l’establiment continua activa i s’hi pot llegir: “Tancat per temporada”.

Rafa Huete, representant d’UGT que va participar en el cas, recorda que el sindicat es va assabentar del que havia passat quan va rebre una trucada d’Óscar. “Em va telefonar i em va dir: ‘Vine cap aquí, que tenim un problema amb els treballadors’”, relata. Quan va arribar a l’establiment es va trobar amb desenes d’empleats del restaurant asseguts a les escales de l’hotel. “Hi havia unes 35 persones allà perquè els havien tancat les portes i no podien entrar a treballar”. No obstant això, els treballadors ja sospitaven que alguna cosa estava passant: a recepció havien vist entrar a primera hora diverses persones que carregaven caixes en una furgoneta. “Estaven traient-ho tot: la vaixella, el material… fins i tot l’enciam de les neveres”.

“Els van deixar a la seva sort sense cap tipus d’explicació”, lamenta Huete, responsable del departament de Serveis, Mobilitat i Consum (SMC) d’UGT a Calvià. Després d’aquell episodi, el sindicat va mantenir una reunió amb els treballadors per decidir com actuar i van optar per denunciar. Per al representant sindical, el tancament del negoci i l’acomiadament de la plantilla es van produir sense transparència per part de l’empresa i van deixar els treballadors en una situació de gran incertesa. Tanmateix, el pas del temps ha canviat la situació de molts afectats. Alguns d’ells van començar a treballar en altres llocs i, ara, el mateix hotel que havia subcontractat els serveis del restaurant, The Donna Portals, manté converses amb alguns dels antics treballadors perquè puguin cobrir el servei de restauració després de la desaparició del restaurant externalitzat.

6 de diciembre de 2024. La mañana se presenta como otra más en este hotel de cinco estrellas de Portals Nous, considerada la zona turística más exclusiva de Mallorca. Sin embargo, al acudir a su puesto de trabajo en el restaurante del establecimiento, los empleados se encuentran una escena inesperada: la sociedad que explota el negocio lo ha cerrado y su interior ha sido prácticamente vaciado. Al cabo de un momento, la plantilla, unas 50 personas entre camareros, cocineros y personal de servicio, recibe un mensaje del consejero delegado de la empresa que los tenía contratados: “Hola, equipo. Escribo esto con mucho pesar para informaros de que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, hemos tenido que tomar la difícil decisión de cesar las operaciones [...] con efecto inmediato”. Y añade: “Con los problemas de flujo de caja actuales, simplemente no es viable seguir adelante”. La plantilla acaba de descubrir que la mercantil, Merchants by Five, ha cerrado de forma abrupta el restaurante y que su trabajo ha desaparecido.

“Fue una locura, nadie sabía nada. Todo el mundo se enteró ese mismo día”, relata Óscar, uno de los empleados del hotel que vivió el episodio desde dentro. A las afueras del espacio que antes ocupaba The Merchants by the Sea -como se llamaba el restaurante-, el trabajador recuerda que una clienta bajó a desayunar como cualquier otro día y se dirigió a recepción: “Preguntó por el desayuno y le dijeron que no había, que ya no se servía porque el restaurante había cerrado”. Fue la espita que hizo saltar las primeras alarmas. El restaurante, que gestionaba el servicio de desayunos del hotel, dejó de funcionar de un día para otro y obligó al establecimiento a reorganizar sobre la marcha el servicio de restauración para los huéspedes alojados en él.

“De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés”, recuerda Óscar, entonces presidente del comité de empresa. Algunos días, añade, el establecimiento hotelero optó incluso por trasladar a sus huéspedes a desayunar a un club de pádel próximo. La situación se volvió aún más tensa cuando los responsables de Merchants by Five, vinculada al proyecto gastronómico Five Senses Hospitality, comenzaron a llevarse los materiales. “Ese mismo día empezaron a sacar cosas de allí. Mercancía, equipamiento… parecía que lo estaban desvalijando”, relata el trabajador. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta.

De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés"

Óscar — Presidente el comité de empresa en el momento de los hechos

La Justicia da la razón a la plantilla

Un año y un mes después, la Justicia ha dado la razón a la plantilla. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulos los despidos al concluir que la empresa Merchants by Five extinguió de facto los contratos de todos los trabajadores sin seguir el procedimiento legal previsto para un despido colectivo contemplado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, cerró el negocio y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. La empresa tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre del restaurante. Simplemente echó la persiana, extinguió los contratos de los empleados y los dio de baja de la seguridad social.

La empresa cerró el restaurante y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. Tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre

No solo eso. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un “grupo patológico de empresas”: aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial. En este caso, los trabajadores prestaban servicios para distintas mercantiles del grupo, elaboraban en la misma cocina productos para vender, servir o ser utilizados en otros centros de ocio y restauración del conglomerado y contaban con una dirección empresarial común, además de mantener relaciones económicas entre las distintas sociedades, elementos que llevan a los magistrados a extender la responsabilidad laboral a varias empresas vinculadas a Five Senses Hospitality: Merchants by Five SLU, Mediterasian by Five SL, Five Senses Lifestyle SL, Number 1 HO by Five SL, Five Senses Hospitality SL. y Five Senses Catering & Events SL.

“Todo lo anterior nos permite apreciar que estamos ante un uso abusivo de la dirección unitaria, pues sin forma definida se instrumentaliza este entramado societario para deslindar responsabilidades en el uso abusivo de la contratación de los trabajadores, y bajo una dirección unitaria indescifrable y confusa, con los perjuicios que ello supone para los trabajadores en cuanto a sus condiciones de trabajo, con modificaciones impuestas del lugar de prestación de servicios, horarios, identificación del verdadero empleador, impidiendo recibir la formación adecuada -tanto para la correcta prestación de servicios, como efectos de prevención de riesgos para cada centro de trabajo. Y, finalmente, incluso para eludir responsabilidades como en caso de un despido colectivo”, subraya la sentencia dictada por la Sala de lo Social.

La sentencia subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un "grupo patológico de empresas": aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial

El tribunal se apoya en varias sentencias del Tribunal Supremo que establecen que un grupo deja de ser una organización empresarial neutra o legítima cuando sus sociedades funcionan en la práctica como una sola estructura para eludir responsabilidades laborales, pasando a convertirse en un instrumento para cometer fraude o abuso de derecho.

De Londres a Mallorca

Tras el grupo Five Senses se encuentran los empresarios Edgar Lagassi, Andrius Kulbokas y Mariusz Szymecki, quienes han desarrollado buena parte de su carrera en el sector de la restauración de lujo en Londres antes de trasladar su proyecto a Mallorca. Allí trabajaron en restaurantes y clubes privados de alto nivel vinculados al ocio y la hostelería de gama alta, un entorno que en la última década ha servido de escuela para numerosos empresarios del sector gastronómico internacional. Tras esa etapa en Reino Unido, los tres socios impulsaron en Palma un proyecto orientado a crear conceptos gastronómicos vinculados al turismo premium y a hoteles boutique, abriendo en 2020 el restaurante The Merchants–Steak & Grill, situado en el hotel Palacio Can Marqués, en el casco histórico de Palma, y dirigido al turismo internacional y a una clientela de alto poder adquisitivo. También cuentan con el restaurante Canela, el asiático KOH Palma, el espacio gastronómico Wineing o el Beatnik.

Caviar a 125 euros y wagyu a 180

En Portals Nous, Five Sense presentó The Merchants by the Sea como la versión costera de The Merchants. Abrió sus puertas en 2024 con una carta que reflejaba su apuesta por un público con alto poder adquisitivo: caviar Oscietra a partir de 125 euros, wagyu japonés por 180, torres de marisco por 140 euros y botellas de champán que superaban los 500 euros. La apuesta respondía a una tendencia creciente en destinos turísticos como Mallorca, donde hoteles y empresas gastronómicas externalizan su restauración a grupos que suelen crear sociedades distintas para cada proyecto o establecimiento, lo que permite separar la gestión de cada negocio y limitar riesgos empresariales. Apenas unos meses después, The Merchants by the Sea cesaba por completo su actividad sin más explicación que un mensaje de texto. Pese al conflicto laboral y el cese de la actividad, la web del establecimiento sigue activa y en ella puede leerle: “Cerrado por temporada”.

Rafa Huete, representante de UGT que participó en el caso, recuerda que el sindicato se enteró de lo ocurrido cuando recibió una llamada de Óscar. “Me llamó y me dijo: 'Vente para acá, que tenemos un problema con los trabajadores'”, relata. Cuando llegó al establecimiento se encontró con decenas de empleados del restaurante sentados en las escaleras del hotel. “Había unas 35 personas allí porque les habían cerrado las puertas y no podían entrar a trabajar”. Sin embargo, los trabajadores ya sospechaban que algo estaba pasando: en recepción habían visto entrar a primera hora a varias personas que cargaban cajas en una furgoneta: “Estaban sacando todo: la vajilla, el material… hasta la lechuga de las neveras”.

“Los dejaron a su suerte sin ningún tipo de explicación”, lamenta Huete, responsable del departamento de Servicios, Movilidad y Consumo (SMC) de UGT en Calvià. Tras aquel episodio, el sindicato mantuvo una reunión con los trabajadores para decidir cómo actuar y decidieron denunciar. Para el representante sindical, el cierre del negocio y el despido de la plantilla se produjeron sin transparencia por parte de la empresa y dejaron a los trabajadores en una situación de gran incertidumbre. Sin embargo, el paso del tiempo ha cambiado la situación de muchos afectados. Algunos de ellos comenzaron a trabajar en otros lugares y, ahora, el propio hotel que subcontrató los servicios del restaurante, The Donna Portals, se encuentra conversando en la actualidad con algunos de los antiguos trabajadores para que puedan cubrir el servicio de restauración tras la desaparición del restaurante externalizado.

El pasado 1 de marzo se despidieron de Telefónica 2.700 trabajadores, la primera oleada de empleados que saldrán de la multinacional de telecomunicaciones en el ERE acordado con los sindicatos para un total de 5.800 trabajadores, entre sus diferentes filiales. Es el despido colectivo más numeroso de los últimos tiempos en España, que en el inicio de 2026 ha sumado un goteo de expedientes de extinción en varios sectores y empresas. El último, en Iberia, para 996 trabajadores, anunciado este jueves; el penúltimo en Glovo (750 despidos); y con especial incidencia en la industria, como en Tubos Reunidos (301). Ahora, todas las miradas se dirigen a la nueva guerra de Oriente Medio, de momento con una gran incertidumbre sobre su alcance y consecuencias.

A falta de datos oficiales, que todavía no se han publicado, elDiario.es ha recopilado en los dos primeros meses del año los datos de los despidos colectivos que han trascendido a la esfera pública. Las causas que figuran son las alegadas por las empresas, que no siempre coinciden con los motivos que denuncian los sindicatos.

En total, al menos hay 11.000 trabajadores afectados por estos ERE, un dato elevado en los últimos años –en los que España vive un contexto de fuerte crecimiento económico y de aumento del empleo a niveles récord– y que está muy marcado por el abultado expediente de Telefónica. 

Los despidos colectivos recogidos en la tabla responden a los problemas específicos de algunas empresas (como Castilian o Mediapro) así como de ciertos sectores, como la siderurgia (Tubos Reunidos, Metal Group). Además, otros ERE son fruto de decisiones estratégicas de las compañías, incluso cuando tienen una buena situación económica y con beneficios en sus cuentas, como puede ser el caso de Nestlé y Coca-Cola.

Así, el ERE de Telefónica, que la compañía ha enmarcado en su nuevo Plan de Restructuración para mejorar su “eficiencia” y ha contado con un acuerdo con la parte sindical, es el más numeroso.

Le sigue, en términos absolutos, el que acaba de anunciar Iberia. La aerolínea ya trabajaba con la idea del ERE, al que finalmente ha puesto cifra este jueves. La compañía ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores, que afectará a varios colectivos: 106 pilotos y 137 tripulantes de cabina, 305 operarios de mantenimiento, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas. La dirección justifica la medida en la necesidad de renovar determinados perfiles, en el marco del proceso de transformación recogido en su Plan de Vuelo 2030.

Otro de los más numerosos es el de Glovo, para 750 repartidores. La multinacional anuncia un ERE menos de un año después de abandonar el modelo de riders autónomos, cercada por múltiples causas judiciales. El sindicato CCOO ya ha advertido que rechazará el despido colectivo, mientras denuncia además la existencia de un “ERE encubierto” en una lluvia de despidos individuales en los últimos meses. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que no tolerará “ningún chantaje” de Glovo y ha anunciado que el Ministerio tomará “todas las medidas” que pueda en este ERE.

El cuarto de mayor volumen es el despido colectivo de Pepsico, que supondrá la salida de unas 400 personas de la multinacional por la externalización del servicio de distribución y que se ha saldado con un acuerdo con la parte trabajadora, para mejorar las condiciones de salida, especialmente de los trabajadores de avanzada edad.

Todavía en fase de negociación, y en pleno conflicto con los sindicatos, se encuentran los otros dos ERE más cuantiosos: el de la empresa de call center Majorel, con 329 salidas, que golpea especialmente a su centro de Salamanca y en el que los sindicatos denuncian una posible deslocalización de trabajo a países más baratos en mano de obra, y el de Tubos Reunidos, para 301 empleados en las fábricas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

Este último contempla el cierre de la acería, medida que rechazan los sindicatos por considerar que deja la empresa en una situación crítica para el futuro, por lo que han anunciado una huelga indefinida y están pidiendo a las autoridades que medien para evitar estas salidas en una empresa que ha recibido en los últimos años “más de 112 millones de euros de financiación pública para garantizar su viabilidad hasta 2026”, denuncia el sindicato LAB.

La parte trabajadora también se opone al ERE anunciado por la empresa química Solvay, para 77 empleados de su fábrica de Torrelavega (Cantabria), tras recibir más de 30 millones de euros de dinero público en el PERTE de Descarbonización, denuncia CCOO.

Entre los ERE más significativos por su impacto proporcional figuran el de Metal Group, finalmente para la totalidad de su plantilla –de unas 180 personas– de las plantas de Lebario (Abadiño) y Legutio, en Euskadi, que echarán el cierre tras la marcha de su principal cliente, Volkswagen, que el año pasado optó por trasladar sus pedidos a China. En algunos casos, la afectación territorial es muy pronunciada, como los alrededor de 200 despidos en International Paper ante la clausura de las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona), así como la de Griñón (Madrid).

También destacan por su peso relativo el ERE de AzkoNobel, que se ha saldado con el despido de 101 personas de la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona) –la antigua Industrias Titan–, la mitad de la plantilla; el de Telefónica, con unas 5.800 salidas en España que suponen alrededor del 33% de los trabajadores de la multinacional; y el de Avatel, que alcanza a 290 trabajadores, un 24% del total.

Además, algunos despidos colectivos están anunciados, pero aún sin cifra ni ubicación de los centros de trabajo afectados por los despidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre las plantillas. Por ejemplo, es el caso del ajuste global anunciado en octubre por Nestlé, que prevé 16.000 salidas (6% de su fuerza laboral), mayoritariamente en Europa, pero que todavía no ha sido concretado. O del ERE de XPO Logistics, del cual solo ha trascendido que podría alcanzar a a 21 de los 38 que tiene en España.

Entre los últimos despidos anunciados, sobresale el que afecta a 250 personas en Mediapro, de un total de 7.000 empleados, dentro de un plan de reestructuración del negocio tras perder el año pasado su principal contrato, el de la Liga española de fútbol.

ERE en tiempos de bonanza y con una nueva incertidumbre

Dada la falta de datos estadísticos publicados de 2026 por el momento, en los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y en la patronal CEOE indican que no pueden valorar la magnitud de los despidos colectivos del arranque del año. Aunque, con los datos del cierre de 2025 y la percepción de los expedientes que han ido trascendiendo en los primeros dos meses de 2026, la sensación de los agentes sociales no es de alarma.

“Siempre teniendo en cuenta que cada persona en un ERE es algo que no desea nadie y que hay que lamentar, puesto que el interés de toda empresa siempre es poder aumentar su plantilla en la medida de lo posible”, precisan fuentes de la patronal CEOE.

Los sindicatos mayoritarios explican que este año están especialmente atentos a si la inteligencia artificial (IA) empieza a jugar un papel determinante en matera de despidos. Un temor a futuro por el momento, más allá de algunos primeros casos en España y a nivel internacional. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, destacaba hace poco “aún no se ven consecuencias en el mercado laboral ni las temidas oleadas de despidos” como consecuencia de la IA, aunque añadió que la institución estaría “extremadamente” atenta de aquí en adelante.

Sin embargo, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ha desatado un nuevo conflicto armado en Oriente Medio, mantiene ahora a todos los actores económicos alerta, con una gran incertidumbre, sobre el propio desarrollo de la guerra y sus posibles consecuencias económicas, que pueden tener un gran impacto en el aumento de los costes energéticos y, como derivada, una nueva crisis inflacionista.

Los agentes sociales recuerdan que por el momento el contexto en España es de crecimiento económico y de auge del empleo, hasta niveles cercanos a récord histórico de casi 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. A cierre de 2025, hubo 41.200 trabajadores afectados por despidos colectivos, lo que supone un aumento respecto a los últimos ejercicios (37.372, en 2024), pero la mitad de los registrados durante la crisis financiera, en 2012, por ejemplo.

“Cuando la densidad es tan baja, un solo ERE puede alterar toda la estadística”, advierte Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, que recomienda partir de esta consideración antes de interpretar posibles aumentos, como el que resulta del gran expediente de Telefónica, o una especial incidencia territorial, por ejemplo ante el despido colectivo para casi 800 personas de Amazon en Barcelona a finales de 2025.

En UGT sí perciben “un aumento significativo” de los ERE en el sector industrial en este arranque de año, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato. Este sector es el que habitualmente concentra más número de expedientes, aunque en términos absolutos con frecuencia tengan una mayor afectación de trabajadores los despidos colectivos de los sectores de telecomunicaciones y de banca.

Además de los despidos colectivos, las empresas con problemas también acuden a la otra fórmula de regulación de empleo que se volvió muy popular durante la crisis por la pandemia de COVID: los ERTE. Como medida temporal, implican la suspensión de contratos o la reducción de la jornada de los trabajadores y en 2025 redujeron su número de afectados: 78.300 trabajadores alcanzados por suspensiones (frente a 143.000 en 2024) y 5.400 con reducciones de jornada (8.700 el año anterior).

“Es que estamos en una fase de creación de empleo”, recuerda Javier Pacheco, que considera que la verdadera prueba para saber si los ERTE aumentan su protagonismo frente a los ERE llegará cuando España tenga que enfrentarse a una crisis económica en el futuro. Por el momento, en el Ministerio de Trabajo destacan que sí están funcionando de manera rápida y eficaz para proteger empleos y empresas ante las catástrofes puntuales que ha afrontado el país en los últimos años, como la dana en Valencia.

De momento, hasta que se aclare la magnitud de la guerra en Oriente Medio, casi todas las miradas apuntan a EEUU e Irán. Como punto de partida, los sindicatos y patronal han pactado con Trabajo una mesa para monitorizar posibles efectos en la economía española y evaluar si es necesario tomar alguna medida de protección. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en mandar un mensaje de “tranquilidad” y “confianza” en que el Gobierno desplegará medidas de apoyo y ayudas a empresas y trabajadores si son necesarias.

Iberia ha planteado a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo (ERE) para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, han dicho a EFE fuentes de la aerolínea. Del número total de personas que podrían acogerse a este ERE voluntario, 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

Este jueves se ha constituido la comisión negociadora del ERE, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores de los distintos colectivos: pilotos, TCP y tierra.

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para solicitar el ERE, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030.

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, dijo el pasado 27 de febrero en la presentación de resultados de IAG —el grupo al que pertenece la española junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level— que el objeto del ERE no es tanto reducir la plantilla de la compañía, como renovar los perfiles profesionales.

El pasado 17 de febrero Iberia comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar un procedimiento de ERE voluntario en Iberia.

La compañía había recibido a mediados de febrero la petición del comité intercentros de los trabajadores de tierra que pedía analizar si se daban las causas para iniciar un procedimiento de ERE de adscripción voluntaria.

La petición, firmada por los sindicatos UGT, CCOO, Astema y Somos-Cesha, se sumó a la que ya habían hecho antes representantes de los trabajadores de vuelo, tanto los pilotos como los TCP.

Con una flota de 168 aviones, Iberia vuela a 145 ciudades y da empleo a 10.568 personas. En 2027 cumplirá su centenario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que el Gobierno está trabajando con la idea de aprobar en el Consejo de Ministros del “próximo martes” las primeras medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra contra Irán. Entre las prioridades, Díaz ha destacado “controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie”. Fuentes de Moncloa precisan en cambio que aún no es segura la fecha de aprobación, aunque están trabajando para hacerlo “lo antes posible”.

“La primera posibilidad sería este martes, pero no tenemos un calendario cerrado. Estamos estudiando la situación y trabajando para elaborar un paquete de medidas que sea eficaz para proteger a nuestros ciudadanos”, sostienen en Moncloa.

En declaraciones a TVE, la vicepresidenta ha insistido en mandar “un mensaje de tranquilidad” porque las medidas aprobadas entrarían inmediatamente en vigor con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que indica que se prevé dar luz verde a un real decreto ley, por la urgencia de la situación.

La vicepresidenta Díaz ha enfatizado que el Gobierno está trabajando “día a día” desde que EEUU e Israel atacaron Irán y se desató esta nueva guerra en Oriente Medio, que ya está afectando al bolsillo de los ciudadanos y empresas, en principio con el auge de los costes de los carburantes.

Este jueves, hay una reunión de alto nivel entre el área económica del Gobierno y los líderes de los agentes sociales, los sindicatos y las patronales de empresarios. “Hoy el Gobierno se reúne con sindicatos y patronal y ayer se produjeron los primeros contactos con los grupos parlamentarios. Estamos trabajando en esas medidas”, han sostenido desde Moncloa.

Prioridades: el coste de la energía e impedir despidos

Yolanda Díaz ha respondido que las prioridades que debe incluir el primer paquete del Gobierno son medidas para “controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie”.

Para el primer foco, la responsable de Trabajo ha afirmado que se está actuando en dos frentes. Por un lado, la responsable de Hacienda y su equipo, junto al resto del área económica del Gobierno, está trabajando en medidas que afectan a “la fiscalidad de los sectores productivos más afectados por el incremento de precios del gasoil”, ha apuntado. También, para “las familias”, ha añadido Díaz, por el auge de los precios de la gasolina y del gasoil.

Por otro lado, la vicepresidenta tercera, responsable de Transición Energética, está trabajando también de manera trasversal en “medidas radiales” en el ámbito energético, ha añadido Díaz. Por ejemplo, ha mencionado que “probablemente” el Gobierno anticipará los planes de movilidad de la futura ley en esta materia, “para que los transportes sean colectivos” en las empresas, al menos en las más grandes.

En cuanto a impedir los despidos, Yolanda Díaz ha recordado que gran parte de las medidas protectoras que pueden implementar las empresas ya están en vigor, como los ERTE. Sin embargo, ha considerado que es necesario aprobar “más medidas”, entre las que ha mencionado “probablemente prohibir despidos por causas energéticas como hicimos en otras crisis”, en referencia a la de Ucrania.

Díaz ha mandado un mensaje a las empresas y los autónomos: “No hay que despedir, tenemos los mecanismos para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie”.

La discrepancia interna: congelar los alquileres

Además, Yolanda Díaz ha insistido en que sería necesario actuar también frente a los desahucios y “congelando arrendamientos”, medidas en las que está ya trabajando el ministro Pablo Bustinduy, para proteger a la ciudadanía si se da una nueva situación de crisis de precios, uno de los temores por el conflicto en Irán.

La también líder de Sumar dentro del Gobierno de coalición ha afirmado que no hay “bronca del Gobierno”. “Esto no va de partidos”, ha afirmado, aunque ha reconocido que “es verdad que existe una discrepancia” con el PSOE: la congelación de los arrendamientos. “Instamos que se haga como se hizo en otros momentos de crisis”, ha sostenido Díaz.

Díaz ha recordado también que Sumar es partidario “de intervenir los precios de la cesta de la compra”, algo en lo que discrepan con el PSOE y que en este caso nunca llegó a salir adelante en las crisis anteriores.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha descartado que este primer decreto ley de medidas anticrisis vaya a incluir la rebaja del IVA que los consumidores pagan por los alimentos básicos, como han pedido empresarios como el dueño de Mercadona, Juan Roig. “Bajar el IVA de los alimentos creo que es un error porque no hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución. Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios (...) No estamos pensando en rebajas de IVA porque no es eficaz”, ha sostenido Yolanda Díaz.

Glovo ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a “un máximo de 750 repartidores”, ha adelantado El País y confirman a elDiario.es fuentes de la multinacional de repartos a domicilio. El anuncio del ERE se produce en medio de una lluvia de despidos individuales que CCOO ya pretendía denunciar ante la Audiencia Nacional como un “ERE encubierto” y que en el sindicato advierten de que “seguramente” también llevarán a los tribunales.

La multinacional anuncia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solo unos meses después de que abandonara el modelo de riders autónomos, en julio, acorralada por varias causas judiciales y de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos.

“No vamos a permitir ningún chantaje por parte de Glovo ni ninguna otra empresa. En España solo se trabaja con derechos y eso garantiza la Ley Rider”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocerse la noticia.

Glovo dice que es “para evitar su cierre”

“Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre”, indican fuentes de la multinacional. “Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la app de Glovo mantiene de momento su operativa habitual”, añaden estas fuentes.

“Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app”, añaden en Glovo.

En CCOO, sindicato mayoritario en Glovo en las elecciones que han ido produciéndose desde julio, explican que la compañía ha justificado el ERE por “causas produtivas y organizativas”, no económicas, como podría parecer por su mención al “cierre” de la empresa.

Carlos Sola, adjunto de la secretaría de Acción Sindical de FSC CCOO, advierte de que el sindicato de partida rechaza este nuevo ERE, a falta de que la empresa traslade la documentación que lo justifique, y más en medio de “una vorágine” de despidos individuales que el sindicato ya pretendía demandar por “ERE encubierto”.

Como publicaba este martes elDiario.es, en los últimos ocho meses, varios repartidores han sido despedidos bajo justificaciones como ausencias injustificadas o retrasos en los pedidos. Algunos de ellos, incluso, mientras se encontraban de baja médica.

CCOO sospecha una externalización de la plantilla

En CCOO creen que el ERE anunciado se debe a una intención de “externalizar plantilla” a través de más empresas subcontratas. “Si no, al tiempo”, avisa Carlos Sola, que considera que Glovo no tiene intención de dejar de repartir en estas 60 ciudades afectadas por el ERE (aún por especificarse), sino de hacerlo sin asumir el riesgo de tener plantilla contratada directamente.

El sindicato ya ha advertido de que Glovo está subcontratando a muchos repartidores a través de “empresas o pseudo empresas ad hoc”, expresamente creadas para crear flotas de mensajeros para la multinacional de mochilas amarillas, una relación que en la parte trabajadora piden que la Inspección de Trabajo investigue por si puede incurrir en una cesión ilegal de trabajadores.

“Son trabajadores de usar y tirar, que funcionan casi como trabajadores temporales a disposición de Glovo”, denuncia Sola, que critica que Glovo quiere “poner el jaque el modelo laboral español”, primero con falsos autónomos y ahora con otro tipo de fraudes e irregularidades de la normativa, indica el sindicalista.

Glovo sostiene que en la actualidad tiene alrededor de “21.000” mensajeros en total en toda España, “tanto contratados como a través de empresas terceras”. Es decir, subcontratados. Aunque no precisa la cifra de plantilla directa, en julio la multinacional afirmaba que contrató a unas 14.000 personas. Con esa referencia, el despido colectivo de 750 mensajeros supondría una afectación del 5% de la plantilla.

¿Estuvo justificado el despido de la responsable de cumplimiento normativo de TMB —la empresa del metro y el bus de Barcelona—, tras ser denunciada por acoso laboral? ¿O fue un montaje que urdió la compañía para despedirla porque había señalado a varios directivos de la empresa tras investigar otra denuncia de acoso de una empleada?

La rama laboral —hay otro proceso penal abierto— del enfrentamiento entre la exdirectiva de TMB, Carmen Macías, y su antigua compañía ha llegado este martes a juicio, en el que han declarado tanto el empleado que denunció a Macías por acoso laboral como algunos de sus antiguos compañeros de departamento. 

Cuatro antiguos compañeros de Macías han puesto en entredicho su conducta con sus subordinados. La empresa externa que realizó el informe que recomendaba su despido, por su parte, ha defendido su independencia a la hora de elaborar la investigación del caso. 

Tanto el empleado que denunció a Macías como otros tres compañeros han afirmado que la exresponsable de compliance humilló en más de una ocasión al denunciante, hasta el punto de solicitar a los nuevos trabajadores que entraban al departamento que ni siquiera tomaran un café o fueran a comer con el denunciante.

“El malo siempre ha sido A [el denunciante], el resto íbamos pivotando”, ha declarado uno de los antiguos subordinados de Macías. 

El denunciante y los testigos aportados por TMB han asegurado que la exjefa de compliance tenía animadversión contra el empleado que la denunció por acoso laboral y encargaba a subordinados del denunciante que revisaran su trabajo a pesar de tener una categoría inferior. 

Uno de ellos ha descrito gritos, amenazas y “tratos vejatorios” por parte de Macías al denunciante. Los testigos incluso han afirmado que Macías convocaba a todo el equipo en un centro de trabajo distinto para así aislar al trabajador que la acabó denunciando, que ha asegurado que a pesar de ser responsable de la unidad técnica de Buen Gobierno había acabado desempeñando “tareas administrativas”.

El que fuera su empleado ha asegurado que no la denunció antes porque sabía que su queja la iba a tramitar la propia Macías, con lo que esperó a presentar su denuncia que se contratara a esa empresa externa para investigar el caso. También ha señalado que pidió en varias ocasiones a la empresa, desde 2020, que lo cambiaran de departamento pero sus peticiones no fueron atendidas por parte de la dirección de TMB.

Los testigos han sido muy duros con Macías, que la semana pasada aseguró en una rueda de prensa que su despido por acoso laboral fue un montaje urdido por la empresa porque ella concluyó en una investigación interna que dos directivos de TMB habían podido cometer un delito de acoso laboral a otra trabajadora. Buena parte de los sindicatos de la empresa, que tiene 9.000 trabajadores, le dieron apoyo tanto la semana pasada como en el juicio de este martes.

La polémica contratación de una empresa externa para despedir a Macías

La defensa de Macías, que ejercía la acusación contra TMB, ha intentado poner de manifiesto los defectos formales en la investigación que se llevó a cabo contra ella por parte de una empresa externa, también acusada en el procedimiento laboral.

Su letrado ha centrado su intervención en intentar demostrar que el encargo a esta empresa externa, llevado a cabo con un contrato a dedo pocas semanas después de modificar el protocolo interno contra el acoso laboral en TMB, se urdió por parte de la empresa para poderla echar por acoso laboral.

Entre otros aspectos, la defensa de Macías ha puesto de manifiesto que el encargo provino del mismo departamento que se había visto afectado por las investigaciones de la que era responsable de cumplimiento.

Representantes del comité de empresa han declarado que la manera en que se aprobó el nuevo protocolo de acoso en la empresa, que se utilizó para echar a Macías, fue “poco habitual”. Ha añadido que TMB les puso prisas para aprobarlo alegando un supuesto requerimiento de inspección de trabajo que ha resultado no existir.

También han asegurado que se les transmitió que el contrato con la empresa externa que investigaría las denuncias de acoso se haría mediante una licitación pero finalmente se hizo con un contrato menor.

El gigante tecnológico estadounidense Oracle evalúa eliminar miles de puestos de trabajo como parte de sus esfuerzos para hacer frente a la falta de liquidez provocada por las fuertes inversiones en la expansión de sus centros de datos destinados a la inteligencia artificial (IA), según ha adelantado 'Bloomberg'.

Los recortes afectarán, según este medio, a varias divisiones de la compañía y podrían comenzar este mes, de acuerdo con personas conocedoras del asunto que solicitaron el anonimato al tratarse de planes aún no públicos.

Según la infirmación, parte de las reducciones se centrarán en categorías laborales que la empresa prevé necesitar en menor medida debido al avance de la IA.

Bajo la dirección de su presidente, Larry Ellison, Oracle está acometiendo una amplia expansión de centros de datos para atender las cargas de trabajo de IA de clientes como OpenAI.

La compañía, históricamente conocida por su 'software' de bases de datos, lleva años reorientándose hacia la computación en la nube, con el objetivo de competir con los líderes del sector Amazon.com Inc. y Microsoft Corp.

De acuerdo con previsiones de analistas de Wall Street recogidas por 'Bloomberg', los elevados gastos en infraestructuras de su división de nube podrían generar flujos de caja negativos durante los próximos años, antes de que las inversiones comiencen a dar resultados hacia 2030.

El mes pasado, Oracle anunció que recaudará entre 45.000 y 50.000 millones de dólares (entre 38.865 y 43.185 millones de euros) en 2026 para financiar la expansión de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), su negocio de infraestructura y plataforma en la nube, ante el aumento de la demanda contratada de clientes como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok o xAI.

Asimismo, la compañía comunicó internamente esta semana su decisión de revisar numerosas vacantes en la división de nube, lo que supondrá ralentizar o congelar las contrataciones.

A finales de mayo de 2025, Oracle contaba con unos 162.000 empleados en todo el mundo. Las mismas fuentes señalaron que la planificación de los recortes sigue en curso y podría modificarse.

En septiembre, la empresa informó de su mayor plan de reestructuración hasta la fecha, con un coste estimado de hasta 1.600 millones de dólares (1.382 millones de euros) en el ejercicio fiscal que finaliza en mayo, incluidos pagos por indemnizaciones a empleados afectados.

Con todo, la compañía tiene previsto publicar los resultados de su tercer trimestre fiscal el próximo martes.

Arropada por los sindicatos, la que fuera jefa de cumplimiento normativo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y bus en Barcelona, ha decidido explicar los detalles de su despido tras investigar una denuncia de acoso laboral que afectaba a dos altos directivos de la compañía. 

“Sabía que me echarían cuando empecé a investigar el caso, pero no de una manera tan cruel”, ha afirmado en una rueda de prensa este miércoles en la capital catalana.

Carmen Macías fue despedida en octubre de 2024 pocos meses después de concluir en una investigación interna que dos directivos de TMB podían haber cometido un delito de acoso laboral. Su cese se llevó a cabo a pesar de tener el estatus de persona protegida por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Para echarla, según su versión, la empresa le incoó a ella un procedimiento por acoso laboral que incluyó presuntas irregularidades que ha denunciado ante la Justicia, en una gestión del caso por parte de TMB que ha censurado la propia Oficina Antifraude.

Actualmente tres dirigentes de TMB, incluido el consejero delegado, están imputados por presunto acoso laboral a Macías por su despido. Paralelamente, un juzgado laboral dirimirá a partir de la semana que viene la procedencia de su cese.

Aparte de detallar las diversas injerencias que sufrió cuando empezó a investigar la denuncia de acoso laboral que implicaba a varios directivos —algo que no le ocurrió con las otras denuncias que tramitó—, Macías ha defendido su honorabilidad y ha apuntado a que su despido por acoso laboral fue una estrategia de la empresa para poderla cesar. 

“En 19 años en la empresa nunca tuve ninguna queja, ninguna sanción”, ha señalado Macías, que entre otros cargos de responsabilidad fue directora de recursos humanos del metro durante una década. “Si me nombraron responsable de cumplimiento, un órgano que requiere de la máxima confianza y respeto a la legalidad, era porque confiaban en mí”.

El caso de esta antigua jefa se enmarca en una profunda crisis de reputación de la empresa del transporte público de la capital catalana, con cinco altos directivos investigados por acoso laboral en dos causas distintas y un expediente sancionador que podría suponer una multa millonaria a la empresa por tener al descubierto datos sensibles de empleados. 

También los sindicatos consideran que el despido de Macías fue un montaje, y han reprochado que se modificara el protocolo antiacoso apenas un mes antes de iniciar un proceso contra ella. Además, se encargó la investigación de su caso con un contrato a dedo a una empresa externa, que llevó a cabo las pesquisas cuando ni siquiera se había formalizado su relación con TMB.

“Si a una responsable de cumplimiento como yo le hacen lo que me han hecho a mí, ¿qué puede pensar un empleado que quiere denunciar una irregularidad?”, se ha preguntado Macías. “Volvería a hacer lo mismo, por principios y por paz interna”.

La exdirectiva de TMB ha asegurado que la empresa le ha propuesto reconocer la improcedencia de su despido e indemnizarla debidamente, pero ella lo que quiere es volver a su puesto. “Quiero volver a mi puesto, creo en el cumplimiento normativo, mi honor e integridad no se compra con dinero y a mí me gustaba el trabajo que hacía”.

Telefónica cerró 2025 con unas pérdidas de 4.318 millones de euros. Los resultados de la tecnológica están afectados por el impacto de la regulación de empleo, pactada con los sindicatos, que rozó los 2.050 millones, y por las ventas con minusvalías en Hispanoamérica (Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador), cuyo impacto en las cuentas fue de 2.269 millones de euros, según los resultados que ha presentado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

En 2024, la multinacional española obtuvo una pérdida neta de 49 millones de euros.

De no haber sido por estas operaciones de repliegue, la operadora hubiera tenido un resultado neto de 2.122 millones de euros, esto es, teniendo en cuenta el resultado recurrente de las operaciones que seguían en el grupo al cierre del ejercicio.

Se trata de los primeros resultados anuales que presenta Marc Murtra, quien fue nombrado presidente de Telefónica en enero de 2025 y que ultima los despidos acordados con los sindicatos en siete expedientes de regulación de empleo presentados en otras tantas filiales de la multinacional y que se saldarán con alrededor de 5.000 salidas.

“Hemos cumplido en 2025 y estamos preparados para seguir haciéndolo en 2026. Hemos emprendido un camino de transformación de la compañía y hoy tenemos ante nosotros los primeros resultados que nos hacen ser optimistas y nos permiten seguir asumiendo con valentía riesgos calculados. Vivimos un periodo de más crecimiento y mayor rentabilidad, lo que me permite decir con satisfacción que Telefónica cumple”, destaca Murtra en un comunicado de Telefónica.

Los ingresos de la compañía crecieron el 1,5%, hasta los 35.120 millones de euros, y en España, logró su mejor año desde 2008 al crecer de forma simultánea en ingresos, resultado bruto de explotación (Ebitda) y caja.

Menos deuda

Entre enero y diciembre de 2025, la deuda financiera neta se redujo en torno a 1.400 millones de euros, hasta situarse en 26.824 millones de euros. La compañía ha confirmado un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción, de los que están pendientes de pago 0,15 euros por título el próximo mes de junio. Ambos parámetros --deuda y dividendo-- son en lo que más se fijan en estos momentos los analistas, al margen de estos impactos extraordinarios, que el mercado “no los toma tanto en cuenta”.

Telefónica sube más del 1% en la sesión bursátil de este martes, pese a las abultadas pérdidas. Media hora después de la apertura, las acciones de Telefónica eran las segundas que más avanzaban del Ibex 35, con un alza del 1,29%.

La multinacional española presentó un estratégico el pasado 4 de noviembre, 'Transform & Grow’, para el periodo 2025 y 2028, en el que contempla, entre otros un recorte del dividendo del 50% en 2026, con el reto de prepararse para oportunidades de consolidación que puedan surgir, uno de los ejes de crecimiento de la compañía fijados por Murtra, que se va a centrar en cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

De hecho, la semana pasada anunció la primera gran operación: un acuerdo para la adquisición del segundo mayor operador de fibra de Reino Unido, Netomnia, junto a su socio Liberty y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, por unos 2.294 millones de euros.

El plan estratégico está diseñado también para simplificar el modelo operativo y crecer de forma escalonada tanto en ingresos como en beneficio bruto de explotación (ebitda), hasta el 3,5% en 2030 en ambos casos.

Los inversores recibieron con escepticismo el nuevo plan estratégico, con caídas en bolsa de más de un 10%. El precio de la acción, que antes de este plan superaba los 4 euros, no se ha recuperado.

De momento, el operador ha continuado en 2026 con su estrategia de salir de Hispanoamérica, donde únicamente ya mantiene sus negocios en México y Venezuela, en un contexto en el que persigue reforzarse en sus cuatro mercados principales, Reino Unido, Alemania, Brasil y Alemania.

La telefonía móvil y la fibra impulsan Brasil

En el país carioca, Telefónica Brasil, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 6.168 millones de reales (unos 1.000 millones de euros), un 11,2% más con respecto a 2024, según informó este lunes la compañía. El resultado se vio impulsado por el aumento de sus ingresos en el segmento de telefonía móvil, fibra y de nuevos negocios, entre los que se encuentran servicios de entretenimiento, financieros y de bienestar.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado que el sindicato planteará próximamente una propuesta integral de modificación del régimen del despido en España a pesar de las “dificultades que pueda presentar con la situación política actual”, ya que la necesidad de cambiarlo está “absolutamente vigente”.

Sordo ha hecho estas declaraciones en la Universidad de La Rioja, minutos antes de clausurar la Jornada 'La insuficiencia de la protección frente al despido improcedente en España: un debate abierto', que organizan la propia Universidad y CC.OO. Para Comisiones Obreras, ha indicado, “la necesidad de cambiar el régimen de despido en España es absolutamente vigente”.

Tras ganar una resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Sociales según la cual la legislación en España no se acomoda en materia de despido a lo que dice la Carta Social Europea, para Sordo está claro que “se necesita una reforma del despido”.

En este sentido, reflexiona, “hay quien puede pensar que es imposible” con la situación política actual “y seguramente puede que tenga razón, pero en todo caso Comisiones Obreras va a seguir reivindicando un mejor tratamiento para las personas que son despedidas”.

En España “las indemnizaciones por despido no son disuasorias”, pero lo que hay que hacer, según ha defendido, es que “cuando una empresa tiene problemas, la última opción sea siempre la del despido, que de forma previa se puedan acomodar otro tipo de medidas”. Así se hizo, como ha recordado, por ejemplo, en tiempos de pandemia, con los ERTEs.

En contra “de todos los que dicen que si se restringe el despido las empresas van a pasar por problemas”, el secretario general de CCOO les ha recordado que ese mismo argumento “se utilizaba cuando se decía que reducir la temporalidad o hacer desaparecer el contrato de obra o servicio haría que las empresas pequeñas no contratasen o cuando se decía que subir el Salario Mínimo Interprofesional haría que las empresas pequeñas o los autónomos no contratasen, en fin, es un poco siempre lo mismo...”.

A pesar de ello, las medidas pactadas en reforma laboral, en materia de salarios o en ERTES “han demostrado que son eficaces”, ha creído Sordo. Por tanto, “a España le queda para completar una revisión de cierta profundidad de su modelo laboral y cambiar el régimen de despido”, ha señalado al finalizar.