Netflix despedirá al 6% de su plantilla global, equivalente a unos 1.000 puestos de trabajo, en su mayor ronda de despidos desde 2022, según informaciones publicadas por medios estadounidenses que tuvieron acceso a una comunicación interna de la empresa.

La medida afectará principalmente a los departamentos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, en un contexto de desaceleración del crecimiento y preocupación por la evolución de la interacción de los usuarios con la plataforma, informan este miércoles The Wall Street Journal (WSJ) y la cadena CNBC, recoge EFE.

En un memorando enviado a los empleados esta mañana, los codirectores ejecutivos de la compañía, Ted Sarandos y Greg Peters, justificaron la decisión por la necesidad de priorizar recursos: “Nuestra misión -entretener al mundo- es ambiciosa, y cumplirla exige que seamos disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos”, señalaron los directivos, según recogen los citados medios.

Pese a las salidas, la cúpula de Netflix aseguró que el negocio “sigue fuerte” y en camino de cumplir sus previsiones financieras para el conjunto del año, y adelantó que continuarán “invirtiendo agresivamente en áreas de alto impacto”.

La empresa informó que tenía unos 16.000 empleados a tiempo completo a finales de 2025 y el anuncio se produce una semana antes de que la multinacional con sede en Los Gatos (California) presente sus resultados financieros del último trimestre, el 20 de octubre.

Aunque Netflix mantiene una de las tasas de bajas de clientes más reducidas de la industria (ligeramente superior al 2% en Estados Unidos), sus acciones acumulan una caída de más del 40% en los últimos doce meses.

El gigante del streaming no es el único que ha optado por adelgazar su estructura en los últimos meses: otros grandes grupos del entretenimiento y la tecnología, como Disney y Amazon, también han acometido recortes de personal en los últimos años.

La compañía Avatel Telecom ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 444 empleados, el 33,5% de su plantilla, en la mesa de negociación con los sindicatos que se ha constituido este miércoles para tramitar esta medida que la empresa atribuye al “agravamiento” de su situación económica, según fuentes de UGT recogidas por la agencia EFE.

Avatel tiene una plantilla de 1.325 personas, según las fuentes de este sindicato, que cuestionan la necesidad de este proceso de despido colectivo y exigen a la dirección que acredite la viabilidad del plan presentado, además de la necesidad de las medidas propuestas.

Según los sindicatos, la compañía fundamenta esta medida en el agravamiento de las causas económicas después de que las medidas adoptadas hasta la fecha, incluido otro ERE a comienzos de 2026, no hayan resultado suficientes para revertir el deterioro de los resultados económicos.

A estos resultados, se suma el impacto derivado de la devolución de las ayudas europeas vinculadas a los planes Único de despliegue de redes 5G y banda ancha, correspondientes a proyectos no ejecutados, y por un montante que no han desvelado.

En este contexto, la empresa considera necesario acometer cambios organizativos y productivos que, a su juicio, permitan garantizar la viabilidad futura de la compañía.

Tercer ERE en dos años

UGT ha manifestado su “sorpresa” ante la apertura de un nuevo proceso de estas características, teniendo en cuenta que tanto los plazos de finalización del Plan Único como el grado de ejecución de los proyectos y los riesgos asociados a su cumplimiento eran circunstancias conocidas cuando se presentó el anterior despido colectivo en enero de 2026, que alcanzó a 290 trabajadores.

La propia empresa anunció en septiembre en un comunicado su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, con el fin de adecuar la estructura a la evolución del mercado y a otras circunstancias “ajenas” a la actividad ordinaria de la compañía.

Desde el sindicato Fetico recuerdan que este es el “tercer ERE” de la compañía en los últimos dos años. Así, este nuevo ajuste de personal se suma a un despido colectivo en mayo de 2024, que se cerró con la salida de 374 trabajadores, mientras que el segundo ERE se puso en marcha a comienzos de 2026 y afectó finalmente a 290 empleados en más de un centenar de centros de trabajo repartidos por el territorio nacional, recoge Europa Press.

“Recibimos este anuncio con una posición muy crítica, especialmente porque se trata del tercer ERE consecutivo que plantea la compañía. La sucesión de estos procesos, con un impacto tan importante sobre el empleo, nos preocupa y genera dudas sobre la estabilidad laboral y el futuro del proyecto empresarial. No podemos normalizar que los ajustes de plantilla se conviertan en una medida recurrente dentro de una misma empresa”, critican en Fetico.

Un trabajador despedido hoy puede tener que esperar tres o cuatro años hasta que una sentencia firme diga si su despido fue legal. En Madrid ya hay juicios señalados para 2030: una reclamación laboral de unos 3.000 euros tiene fijada la vista para el 15 de enero de ese año. En Barcelona, los juzgados de lo Social ya señalan juicios para 2029. No es una exageración: es el calendario de la justicia laboral.

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha lanzado la campaña SOS Social con un lema que lo resume todo: Justicia retrasada, justicia denegada. Los juzgados de lo Social madrileños cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes, la cifra más alta desde 2006, tras crecer un 26,8% en un año.

Y Madrid no es una excepción. Según un estudio de los servicios jurídicos de CCOO sobre más de mil expedientes de todo el país, llegar a juicio por un despido individual, que legalmente tiene carácter preferente, cuesta de media 375 días; reclamar salarios, 450. Si hay recurso, hay que sumar más de siete meses en los Tribunales Superiores de Justicia y otros trece si se llega al Supremo. Conseguir una sentencia firme puede suponer más de tres años de pleitos.

Conviene dejar de hablar del retraso como si fuera una fatalidad meteorológica. El retraso tiene un precio: alguien lo paga y alguien sale beneficiado.

Lo paga, en primer lugar, quien reclama. Cada mes de espera es un mes más con el paro agotándose y el alquiler, la hipoteca, las facturas y la vida familiar corriendo mientras el expediente duerme en una agenda judicial. En los procedimientos de incapacidad permanente o de prestaciones de la Seguridad Social, lo que está en juego es precisamente el ingreso que permite vivir.

Hay situaciones especialmente sangrantes. La ley permite al trabajador pedir la extinción indemnizada de su contrato cuando la empresa incumple gravemente: impagos o retrasos continuados del salario, determinadas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo u otros incumplimientos graves. Pero si el juicio tarda años, el trabajador queda atrapado entre seguir trabajando en condiciones insoportables o marcharse antes de la sentencia, arriesgándose a perder la indemnización y, en determinadas circunstancias, el paro. El retraso convierte así un derecho pensado para protegerle en una espera imposible de soportar.

Hay casos que parecen escritos para demostrar el absurdo. En Sevilla, un trabajador de una mina al que la Seguridad Social denegó la incapacidad permanente tras una grave lesión de espalda presentó su demanda en 2021. El juicio se le señaló para 2026: cinco años de espera. Sin trabajo, sin ingresos y con el paro agotado, se puso en huelga de hambre ante la Audiencia Provincial. Solo así su caso se movió. En Málaga, una trabajadora fija discontinua esperó tres años a que un juez examinara su petición de ser reconocida como indefinida.

El tiempo no pesa igual sobre las dos partes. Hasta la reforma laboral del Partido Popular de 2012 existían, con carácter general, los salarios de tramitación: si el despido se declaraba improcedente, el trabajador cobraba los sueldos dejados de percibir mientras duraba el proceso. Aquella reforma los suprimió cuando la empresa opta por indemnizar. Hoy la empresa sabe que, aunque el juicio llegue dentro de tres años, la indemnización no crecerá ni un euro. El coste de la lentitud judicial recae entero sobre quien ha sido despedido sin causa. Eso ha cambiado la lógica de la negociación y ha debilitado mucho la posición de quien reclama a la hora de alcanzar un acuerdo.

Lo saben bien los abogados laboralistas, que viven la escena a diario: la empresa no acude a la conciliación o no ofrece nada; pasan los meses; llega por fin el día del juicio y, en la misma puerta de la sala, aparece una propuesta de acuerdo. Para entonces, el trabajador puede llevar años esperando, haber agotado sus prestaciones y estar económicamente exhausto. La empresa, en cambio, ha ganado tiempo. El derecho sigue intacto sobre el papel, pero la capacidad real de ejercerlo ya no es la misma.

Con los salarios impagados sucede algo parecido: si obtener una sentencia que obligue a pagar tarda un año y medio, el impago se convierte en financiación gratuita para la empresa a costa de quien trabaja.

La necesidad de recuperar los salarios de tramitación no es una idea nueva. En octubre de 2025, el Ministerio de Trabajo defendió su recuperación, y en mayo de este año se comprometió con CCOO y UGT a trabajar en un texto articulado para reformar el despido, una iniciativa que la CEOE rechazó de plano. No es de extrañar: el colapso de los juzgados le sale gratis a quien despide mal, y la patronal no tiene ninguna prisa por renunciar a esa ventaja. Espera, más bien, la motosierra de Feijóo, que no pierde ocasión de anunciar sin ningún reparo sus recortes de derechos laborales.

El debate sobre la indemnización y el derecho a una reparación adecuada plantea una pregunta de fondo: ¿qué valor tiene un derecho laboral si hacerlo efectivo exige esperar años y, en esa espera, se devalúa?

Despedir hoy y pagar en 2030, o no pagar nunca, no debería formar parte del funcionamiento normal del mercado de trabajo. Por eso urge que el Gobierno de coalición no pierda un minuto en revertir esta injusticia: recuperando los salarios de tramitación y dotando de una vez a los juzgados de lo Social de los jueces y los medios que necesitan. Porque sí: justicia retrasada es justicia denegada.

Los trabajadores de la industria del automóvil de Alemania han dicho basta y han salido a la calle para protestar contra la oleada de 150.000 despidos, cierres de fábricas y planes de reducción de costes que están sacudiendo al principal sector industrial del país. Un total de 175.000 empleados han participado en 280 movilizaciones convocadas por IG Metall en centros de producción de fabricantes y proveedores de todo el país en una jornada nacional de acción contra los recortes de empleo y las deslocalizaciones. Pese a la trascendencia, la protesta ha queado en un segundo plano en el país ante el impacto causado por el avance de la extrema derecha en las elecciones de varias regiones alemanas.

El sindicato metalúrgico, el mayor del sector industrial alemán, sostiene que la competitividad de la automoción no se recuperará mediante nuevos ajustes sobre las plantillas, sino a través de inversiones en productos, tecnologías y fábricas. “Los trabajadores de la industria automovilística se oponen a las fantasías de recorte de gastos y deslocalización de los jefes de los consorcios”, señala IG Metall en la convocatoria de las protestas.

La movilización llega en un momento especialmente delicado para el automóvil alemán. Los anuncios de recortes de empleo entre fabricantes y proveedores ya superan los 150.000 puestos de trabajo, mientras la destrucción de empleo comienza a reflejarse también en las estadísticas oficiales. Solo en 2025, la industria automovilística alemana perdió más de 41.000 trabajadores, hasta situar el empleo del conjunto del sector en 731.928 personas, un 5,3% menos que un año antes.

Volkswagen concentra buena parte del conflicto

Uno de los principales focos de tensión es Volkswagen. El grupo prepara el mayor ajuste de empleo de su historia, con un objetivo que puede alcanzar los 100.000 puestos de trabajo eliminados durante esta década. El plan amplía el acuerdo alcanzado a finales de 2024 para reducir unos 50.000 empleos mediante prejubilaciones y bajas incentivadas y contempla además una profunda reorganización de la producción alemana.

La dimensión del ajuste explica en buena medida la movilización de IG Metall. Volkswagen empleaba en 2024 a unas 680.000 personas en todo el mundo, incluidas sus sociedades de riesgo compartido en China, de las que alrededor de 293.000 trabajaban en Alemania. El grupo también estudia reducir su estructura industrial y su oferta de modelos para mejorar la rentabilidad.

El ajuste no se limita a Volkswagen. BMW ha acordado eliminar unos 8.000 puestos de trabajo, principalmente mediante bajas voluntarias en áreas administrativas y de desarrollo, mientras que Ford prevé suprimir 3.000 empleos en Alemania. Mercedes-Benz mantiene también programas de reducción de costes y reorganización de sus estructuras.

Entre los proveedores, el impacto es igualmente elevado. Bosch prevé eliminar alrededor de 13.000 empleos adicionales hasta 2030 en su división de movilidad; ZF prepara hasta 14.000 salidas vinculadas a la transición hacia el vehículo eléctrico; Continental tiene unos 7.100 empleos afectados por su reorganización y Schaeffler prevé otros 4.700 puestos afectados.

El sindicato acusa a los fabricantes de pagar sus errores con los trabajadores

IG Metall considera que los trabajadores no deben asumir el coste de una crisis que, a su juicio, tiene buena parte de su origen en decisiones empresariales. El sindicato acusa a las direcciones de las empresas de haber reaccionado demasiado tarde en ámbitos como los modelos pequeños y asequibles, la digitalización o las baterías, así como de haber descuidado inversiones en tecnologías futuras y centros de producción.

“Competitividad” es precisamente una de las palabras clave de la jornada. Frente a las estrategias de reducción de costes planteadas por numerosos fabricantes, IG Metall defiende que Alemania necesita invertir para conservar su capacidad industrial. “La competitividad no se logra recortando gastos, sino invirtiendo”, sostiene la organización.

IG Metall critica especialmente que, mientras las empresas reducen sus plantillas, algunas planteen incrementar el tiempo de trabajo sin una compensación salarial equivalente. Varias compañías han propuesto elevar la jornada semanal desde las actuales 35 horas hasta las 40 horas, una posibilidad a la que el sindicato se opone.

La patronal mantiene una posición diferente. La presidenta de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA), Hildegard Müller, ha advertido de que “no podremos mantener abiertas todas las fábricas y proveedores” y ha defendido nuevas reformas para reducir los costes sociales, fiscales, burocráticos y energéticos de producir en Alemania.

El enfrentamiento refleja así una discusión más amplia sobre el futuro del modelo industrial alemán. Los fabricantes afrontan al mismo tiempo la debilidad de algunos mercados, la creciente competencia de los fabricantes chinos, el exceso de capacidad, la transición hacia el vehículo eléctrico y el impacto de los aranceles estadounidenses.

A la presión sobre los costes se suma el deterioro de la posición de los fabricantes alemanes en China, un mercado que durante años fue uno de los grandes motores de crecimiento de Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz. Las marcas locales han ganado terreno con vehículos eléctricos más competitivos en precio y con ciclos de desarrollo más rápidos, mientras los fabricantes europeos afrontan mayores costes de producción.

El problema no es, sin embargo, únicamente tecnológico. La industria alemana mantiene una enorme capacidad de inversión: el sector destinó 43.733 millones de euros a inversiones de capital en 2024 y alcanzó un récord de 59.408 millones en investigación y desarrollo. Pero las inversiones en el extranjero crecieron mientras las realizadas dentro de Alemania descendieron.

“Nos trataban como máquinas”. Robert tiene un mal recuerdo de su etapa como moderador de Facebook en la Torre Glòries de Barcelona entre 2022 y 2025. No solo por la falta de atención empresarial a las duras y violentas imágenes que tenían que revisar, sino por cómo las subcontratas de la multinacional estadounidense despidieron a la plantilla de 2.000 empleados: “Vinieron, nos exprimieron y se largaron a otra ciudad donde pagaran menos a los trabajadores”.

Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se ha celebrado este martes el juicio por el despido de 2.062 moderadores de la empresa de Facebook e Instagram. La demanda la ha interpuesto el sindicato FIST, representado por el abogado Enrique Leiva, que reclama que el ERE, pactado con UGT y CCOO en abril de 2025, se declare nulo por vulnerar los derechos de los trabajadores.

La llegada de Meta a Barcelona se celebró en 2018 por autoridades políticas y económicas como una inversión tecnológica, pero la realidad ha mostrado que fue un fiasco: los trabajadores estaban mal pagados y centenares de moderadores arrastran secuelas psicológicas severas por el contenido violento que debían ver.

Además de una causa penal por la falta de atención de la empresa a sus moderadores, las subcontratas de Meta en Barcelona arrastran varias condenas en juzgados sociales por desatender a los trabajadores expuestos a más contenidos violentos y por discriminaciones salariales. El juicio de este martes ha sido la puntilla.

Robert describe la emblemática Torre Glòries de Barcelona, donde trabajaban los moderadores, como “la torre de Babel”. Los revisores de contenido, cuenta este exmoderador, ocupaban las plantas según el idioma que moderaban, y los que cobraban menos eran los de los pisos inferiores, dedicados al contenido en español o en catalán.

“Los que ganaban más, nórdicos o israelíes, estaban en los pisos de arriba”, recuerda Robert, uno de los primeros en protestar internamente por las condiciones impuestas. “Es asqueroso, había restos de comida en las mesas, las sillas estaban manchadas, y hasta hubo una intervención del Ayuntamiento de Barcelona por un caso de sarna”, asevera.

El exmoderador Horacio Espinosa usa el mismo verbo —“exprimir”— para definir las relaciones laborales en la empresa. A ello se suma uno de los aspectos que se ha mostrado en la vista de este martes: la dificultad para identificar con claridad las subcontratas que operaban para Meta en Barcelona: primero CCC Barcelona Digital Services y luego absorbida por Telus Digital.

Para muestra, uno de los testigos que ha declarado este martes, responsable de noche de los moderadores, ha indicado al tribunal que era empleado de Telus, pero la abogada de CCC le ha corregido y le ha dicho que trabajaba para su cliente.

Este mismo testigo también ha relatado que conocía las reuniones que Meta mantenía con CCC porque se realizaban en la misma planta. Por su lado, los mandos de la empresa han asegurado desconocer los motivos por los que Meta decidió finalizar el contrato.

Entre tanto nombre de subcontrata, Espinosa recuerda una firma que no se nombraba internamente: Meta. “El cliente no se podía ni mencionar, se le llamaba 'el cliente', tenía un punto de distópico y de ciencia ficción”, indica este exmoderador. El esquema de subcontratas y centros de moderación de contenidos repartidos para el mundo es, para Espinosa, “un ejemplo de cómo se organizan las big techs para limpiarse las manos” de los problemas laborales. “Telus solo una empresa pantalla para proteger los intereses de Facebook”, apostilla.

El sindicato demandante impugnar el despido colectivo al considerarlo una represalia motivada por las numerosas sentencias previas que condenaban a la compañía por discriminación salarial basada en el idioma y la nacionalidad. Además, FIC denuncia que CCC vulneró el derecho de reunión al impedir una asamblea de trabajadores que quería revocar el acuerdo del ERE pactado por UGT y CCCO.

Una de las discusiones jurídicas de la vista es si Meta, codemandada por el sindicato, también debe responder en caso de condena. La abogada de Meta (que ha recalcado que representan a la filial irlandesa de la multinacional estadounidense, no a la matriz) se opone, ya que considera que cualquier eventual responsabilidad debe caer en las subcontratas.

Las empresas codemandadas han pedido a los jueces que rechacen la demanda de FIC al carecer, a su juicio, de la afiliación necesaria para impugnar el despido. También han negado que los trabajos de moderación se deslocalizaran a Austria o Eslovaquia para eludir los pleitos que las compañías tenían en España.

Las firmas alegan además que la Inspección de Trabajo avaló que el despido se debió a causas organizativas y productivas (Meta decidió rescindir el contrato) y no como represalia hacia los trabajadores. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La revolución de la inteligencia artificial tiene al mundo en vilo. También a aquellos que conocen muy bien cómo funciona la gran industria tecnológica. Bill Gates, uno de los grandes evangelizadores de la digitalización, una figura clave para entender la democratización de la informática y los ordenadores personales, ha sido el último en reconocer que está “asustado”. “La transición a la era de la IA será uno de los periodos más turbulentos de la historia humana” y, de no actuar, “la peor fuente de injusticia jamás inventada”, advierte.

El fundador de Microsoft, de 70 años, cree que la IA tendrá un profundo impacto en las democracias, el empleo, la capacidad cognitiva de los menores y las relaciones humanas. “No me gusta dar malas noticias a la gente, y no me gusta decir que la innovación puede resultar en un balance negativo... Pero ahí es donde estamos”, asevera en un extenso ensayo y en una entrevista en el New York Times publicados este miércoles.

Esos efectos perniciosos le han hecho subirse al barco de los que piden un freno o moratoria al desarrollo tecnológico. “Si alguien tuviera un plan creíble para frenar los avances de la IA a nivel mundial, probablemente lo apoyaría”, revela en su manifiesto. “Sin embargo, no creo que eso vaya a suceder. Los incentivos geopolíticos y económicos ejercen una presión demasiado fuerte para seguir adelante a toda velocidad”, lamenta.

Acusa a las tecnológicas de ocultar la realidad

Gates dispara con bala contra los ejecutivos de las tecnológicas cuyos despachos habitó durante décadas. Por un lado, para desmentir el argumento de que la IA creará más empleos de los que destruya, como ha ocurrido en otras revoluciones tecnológicas en el pasado: “¿Están de broma? Es una afirmación tremenda y me juego todo lo que sé al decir que esto será total, absoluta, completa y totalmente diferente”.

Por otro, para acusarlos de esconder los riesgos de seguir avanzando. “En privado, las personas que entienden lo buena que es esta tecnología y cuánto está mejorando, están muy preocupadas”, revela, indicando que aquellos que se atreven a señalarlo son censurados por el resto del sector. “Se dicen entre sí: 'Oye, amigo, no digas eso. Es malo para los próximos billones de dólares que estamos intentando recaudar'”.

Se dicen entre sí: 'Oye, amigo, no digas eso. Es malo para los próximos billones de dólares que estamos intentando recaudar'

Bill Gates — sobre cómo las tecnológicas ocultan los riesgos de la IA

Por ello, pide a los Gobiernos que tomen cartas en el asunto y critica a Donald Trump por permitir que estas multinacionales intervengan en la elaboración de las leyes que deben regular la IA. “¿Autorregulación para la herramienta más peligrosa jamás inventada? ¡No, gracias!”.

Impuestos a los robots para salvar el empleo

El fundador de Microsoft ha pasado este 2026 en medio de la polémica por su aparición en los papeles de Epstein. En julio, declaró durante horas ante la Cámara de Representantes sobre su relación con el cabecilla de la red pedófila este julio. Ahora Gates quiere recuperar su agenda de contactos con líderes internacionales afirma que los riesgos de la IA se han colocado al mismo nivel que su preocupación por la salud global y anticiparse a la próxima pandemia.

En su manifiesto, el magnate propone una profunda intervención pública de los Gobiernos en la economía, empezando por una reforma fiscal que frene los incentivos de las corporaciones para despedir en masa. Gates denuncia que los sistemas tributarios actuales premian la sustitución de trabajadores por algoritmos. “En este momento, si eres empleador y contratas a alguien, pagas impuestos sobre la nómina por sus ganancias. Pero si compras un robot, normalmente puedes deducirlo de inmediato como un gasto comercial”, remarca.

Para corregir esta situación, Gates defiende la creación de impuestos específicos para la IA y los robots. En el caso de los algoritmos, el magnate propone hacer que las empresas paguen por cada unidad de cómputo que consumen, que en el sector de la IA se conocen como tokens. Cree que así se impediría que los empresarios automaticen labores a la primera oportunidad y se recaudarían fondos para agilizar la reinserción de los trabajadores despedidos.

“Reservado para Humanos”

La segunda gran propuesta de Gates es crear áreas donde el uso de la IA esté directamente prohibido para proteger la dignidad del trabajo. “A medida que la IA y los robots mejoren, reservaremos ciertas cosas para que solo las hagan las personas. He empezado a llamar a este dominio Reservado para Humanos”, explica. “Me gusta esta frase porque me hace pensar en las reservas naturales: lugares donde podríamos construir edificios y carreteras, pero decidimos no hacerlo porque la pérdida sería demasiado grande”, abunda.

Esas áreas, propone, serían sectores como el cuidado de personas enfermas o ancianas, la educación infantil o la redacción de noticias médicas especialmente delicadas.

Un regulador internacional inspirado en el control nuclear

El plan global de Gates culmina con una advertencia sobre la ineficacia de las fronteras nacionales frente a una tecnología que se propaga a la velocidad de la luz. Para evitar que la IA caiga en manos de actores capaces de diseñar armas biológicas o ejecutar ciberataques masivos, el magnate cree que la sociedad debería jubilar las instituciones creadas para una realidad que ya no existe.

“Ninguna de nuestras instituciones actuales fue diseñada para manejar una tecnología que se propaga tan rápido y afecta a tantas partes de nuestras vidas. Así que tendremos que crear nuevas”, asevera el ensayo. Gates sugiere que la solución podría estar en una gran agencia reguladora internacional inspirada en “los regímenes de inspección de armas nucleares, las regulaciones de la aviación civil y los acuerdos para proteger la capa de ozono”.

En su entrevista con el Times, el primero de los grandes magnates tecnológicos reconoce que su fortuna, que supera los 100.000 millones de dólares, le aleja de los daños que los efectos negativos de la IA pueden provocar. Pero, a la vez, señala que “la ironía de que un amante de la innovación esté asustado, diga que no estamos preparados y que estamos cruzando umbrales, tal vez sea aún más perturbadora”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado improcedente el despido de un trabajador de un supermercado de Vitoria que había consumido tres unidades de café expreso bebible, por valor cada uno de 0,99 euros, que habían sido retirados de la venta al haberse roto la cadena de frío y, por lo tanto, destinados a su destrucción. El alto tribunal cree que no se trata de un supuesto de apropiación indebida y que al empleado no se le apercibió de que no podía consumir productos retirados de la venta.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJPV desestima el recurso de suplicación interpuesto por una cadena de supermercados contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz del 23 de diciembre del 2025. El trabajador demandó a la empresa, para la que trabajaba desde el 27 de noviembre de 2017, tras recibir un burofax con carta de despido disciplinario. El despido se produjo, tal como señalaba la sentencia de instancia, después de que el trabajador cogiera unas unidades de café expresso bebible, propiedad de la empresa, en su puesto de trabajo, una el 23 de enero de 2025 y otras dos al día siguiente, “sin ademán alguno de ocultación en ambos casos”.

El valor de los productos era de 0,99 euros cada envase bebible. Los productos no estaban destinados a la venta, sino que habían sido retirados al haberse “roto la cadena del frío”. Estos productos se almacenan, acude un perito, verifica la cuantía de la mercancía, y se destruyen.

Hasta entonces, el empleado “nunca había sido objeto de tacha disciplinaria”, apuntaba la resolución judicial, que explicaba que este no recibió prohibición, orden o advertencia expresa de no consumir productos retirados del consumo, ni de sus consecuencias disciplinarias.

El trabajador, por su parte, al conocer los hechos que le imputaron manifestó: “primera vez que cojo un bebible de café expresso que estaba en un palet que era para tirar, ponía rota cadena frío, lo siento mucho”. El empleado sabía que había cámaras en la tienda y almacén con la finalidad de la seguridad y control, y de la posibilidad de que se utilizaran las grabaciones ante eventuales incumplimientos.

Por todo ello, el Juzgado estimó parcialmente la demanda contra el despido disciplinario, y condenó a la cadena de supermercados a que readmitiera al trabajador despedido en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían antes del despido, o le abonase una indemnización de 21.016,98 euros. Además, especificaba que solo en el caso de que la empresa optara por la readmisión, el trabajador tendría derecho a los salarios de tramitación a razón de 87,85 euros por día desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la sentencia.

La empresa presentó recurso de suplicación contra esta sentencia y y argumentó que los hechos imputados al trabajador “generan un quebranto de la buena fe y la confianza sobre los que se asienta la relación laboral”, en base al artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores (ET). También alegó que la apropiación o el uso no autorizado de bienes de la empresa, “aun de ínfimo valor, debe considerarse causa procedente de despido disciplinario, al evidenciar un acto desleal que lesiona la confianza empresarial y amenaza la disciplina interna del centro de trabajo”.

Asimismo, consideró que el hecho de que no conste acreditada la prohibición expresa para lo que hizo el empleado, “no equivale a una autorización tácita, ya que el deber de custodiar y respetar los bienes de la empresa deriva directamente del contrato y de la confianza depositada en el trabajador”. “El empleado no pidió consentimiento ni informó de su actuación, sino que decidió unilateralmente disponer de bienes ajenos, vulnerando la regla básica de buena fe que sustenta la relación laboral, que ha de estarse a la tipificación de las faltas muy graves que se contiene en el Convenio colectivo”, subrayó. En este sentido, alegó infracción también de lo dispuesto en el artículo 82 y siguientes del ET en relación con el artículo 51 del Convenio colectivo de la empresa con carácter subsidiario, y el artículo 24.1 de la Constitución (indefensión).

Por su parte, el TSJPV recuerda que el despido es “la manifestación más grave del poder disciplinario del que dispone el empresario por los efectos que tiene respecto a la relación contractual de trabajo -extinción del contrato- como por las innegables consecuencias que también tiene sobre la situación personal del trabajador”, tal como ha determinado el Tribunal Supremo, que también señala que, para adoptar tal decisión, “han de alcanzarse cotas de culpabilidad y gravedad suficientes”.

En este caso, el Tribunal vasco recuerda que no se trata de “un supuesto de apropiación indebida de productos de la empresa, sino de consumo de tres unidades de café con un valor de 0,99 euros cada una, productos que no estaban destinados a la venta, sino que habían sido retirados al haberse roto la cadena del frío” para su posterior destrucción, sin que hubiera previa advertencia al empleado de no consumirlos.

Además, recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social del TSJPV del 3 de marzo de 2026 en la que argumentaba que hay que examinar la proporcionalidad de la decisión sancionadora, y anulaba un despido de un trabajador por una empresa en la que el convenio colectivo tipificaba como “falta muy grave” la apropiación “indebida o consumo de productos de la empresa destinados a la basura”.

La Sala consideró que no resultaba “proporcionado ni equitativo el despido por el mero hecho de haberse comido unos regalices que no estaban destinados a la venta, depositados en un carro de roturas”, de los que la empresa iba a deshacerse. “El hecho de que el actor consumiese alguno de esos regalices, no reviste la gravedad suficiente para justificar la máxima sanción del ordenamiento laboral, el despido”, aseguraba, invocando la “justa y recta aplicación del principio de equidad” en los términos exigidos por el Tribunal Constitucional.

En su actual sentencia, el TSJPV subraya que, en este caso, el Convenio Colectivo de aplicación ni siquiera contempla la tipificación de la conducta que sanciona la empresa, consistente en el consumo de productos (de muy escasa entidad económica, por otra parte) destinados a ser destruidos por no ser válidos para su venta.

Por ello, desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, confirma la sentencia de instancia, y condena al pago de las costas a la empresa.

Un juez de lo social de Barcelona ha declarado procedente el despido de Carmen Macías, la que fuera responsable de cumplimiento normativo de TMB — la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana— tras haber investigado un presunto caso de acoso laboral a otra empleada por parte de dos altos cargos de la compañía.

La sentencia, obtenida por elDiario.es, desestima tanto la petición de nulidad del despido como la demanda de tutela de derechos fundamentales que esta exdirectiva de TMB había interpuesto por separado.

Macías asegura que recurrirá el fallo y recuerda que la cúpula de TMB está imputada en un juzgado penal por presunto acoso laboral hacia ella. Añade que sigue teniendo, a día de hoy, el estatus de persona protegida por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya.

TMB despidió a Macías en octubre de 2024 después de que se le abriera también a ella un expediente por acoso laboral a un subordinado. La decisión se basó en un informe elaborado por una empresa externa después de la denuncia de este empleado.

El informe concluyó que la directora de ‘compliance’ había sometido a este trabajador a una situación de acoso psicológico así como a un progresivo vaciamiento de funciones, según los hechos probados de la sentencia.

El subordinado relató en el juicio un progresivo deterioro de su relación con Macías y hasta tres compañeros refrendaron su versión en la vista oral.

La sentencia considera probado que este empleado recibió críticas reiteradas en público y en privado, instrucciones contradictorias, un control exhaustivo de su correspondencia laboral y limitaciones para disfrutar de vacaciones y del exceso de jornada acumulado. El trabajador inició dos bajas por incapacidad temporal relacionadas con esta situación, la primera entre octubre de 2022 y abril de 2023, y una segunda en julio de 2024.

Macías defendió, tanto en el juicio como en una rueda de prensa previa, que todo había sido un montaje para represaliarla por haber apreciado un presunto delito de acoso laboral de los mencionados dos altos cargos a otra compañera y por haber acudido a pedir protección a Antifraude.

El caso de presunto acoso laboral a otra compañera que investigó Macías está actualmente en un juzgado penal y hay dos directivos de TMB imputados, a pesar de que la Fiscalía no apreció indicios suficientes.

La antigua responsable de ‘compliance’ de TMB, que recibió el apoyo de la mayoría de sindicatos del comité de empresa, trató de apuntalar su versión alegando que el informe que justificó su despido se encargó a una empresa externa contratada a dedo después de un cambio repentino en los protocolos contra el acoso laboral.

Macías también consideró que una reorganización de su departamento llevada a cabo por el nuevo consejero delegado de TMB poco después de llegar al cargo formaba parte de la estrategia para represaliarla.

El magistrado, sin embargo, concluye que no quedó acreditado que la tramitación de ese expediente, ni su condición de informante protegida, influyeran en la decisión de despedirla. La sentencia señala también que TMB atendió los requerimientos de información que Antifraude le formuló durante todo el proceso.

Macías ya había chocado con la empresa previamente y en 2017 demandó a TMB por vaciado de funciones, en un caso que se resolvió con un pago de 30.000 euros de la empresa a la que entonces era todavía directiva de la compañía.

La sentencia condena a TMB a abonar a la demandante 10.000 euros brutos más intereses en concepto de los objetivos de 2024, al no haber acreditado la empresa que le hubiera comunicado los objetivos individuales exigidos para devengar esa retribución variable.

En un comunicado, Macías sostiene que TMB le ofreció una alta suma de dinero y el reconocimiento de la improcedencia del despido para evitar el juicio. “Decidí no aceptarlo porque este asunto nunca ha sido una cuestión económica”, señala.

Fuentes de la empresa de transporte público, sin embargo, niegan tajantemente que se llevara a cabo ese ofrecimiento y muestran su “satisfacción” con la sentencia.

La representación sindical de CCOO de Industria de La Rioja ha expresado su profunda preocupación por la deriva laboral en Salsa Rica, firma ubicada en el polígono industrial El Sequero, en Agoncillo. El sindicato ha alertado sobre la existencia de una política de “despidos encadenados” sostenida en el tiempo que está generando un clima de inseguridad e incertidumbre permanente entre los trabajadores de la planta.

A la destrucción de empleo se suman, según la organización sindical, los reiterados obstáculos con los que se topa la plantilla a la hora de tramitar derechos laborales básicos. En concreto, el sindicato denuncia trabas en la concesión de permisos retribuidos y en las solicitudes de conciliación de la vida laboral y familiar, situaciones que exigen abordar sin que ello derive en consecuencias o perjuicios para quienes reclaman lo que por ley les corresponde.

Ante la gravedad del escenario, CCOO ha rechazado de forma tajante esta dinámica de ceses continuados y ha apelado a la dimensión social del conflicto, recordando que “detrás de cada despido hay una persona, una familia y un proyecto de vida”. Asimismo, la central sindical ha exigido a la dirección de la empresa el fin inmediato de las extinciones de contrato sin causa justificada y la restitución del diálogo social.

Por ello, el sindicato ha solicitado formalmente la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que investigue esta ola de ceses, analice las circunstancias en las que se están ejecutando y verifique si las actuaciones de la dirección se ajustan estrictamente a la legalidad vigente.

Uno de los puntos clave señalados por CCOO reside en el recorrido judicial de estas extinciones contractuales, ya que la práctica totalidad de los ceses termina siendo reconocida como improcedente en la fase de mediación del Tribunal Laboral de La Rioja. La central advierte de que el encadenamiento sistemático de despidos individuales improcedentes podría estar bordeando de forma fraudulenta los umbrales legales que obligan a tramitar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter colectivo.

Finalmente, la organización sindical ha hecho un llamamiento a basar las relaciones laborales en el respeto, la estabilidad y la defensa del empleo digno para la plantilla que sostiene la actividad diaria de la fábrica en Agoncillo, confirmando que mantendrá la vigilancia sobre el caso y no descarta futuras acciones si la empresa mantiene esta política de recortes.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced llegó a ordenadores y consolas el 9 julio convirtiéndose de forma instantánea en una de las entregas más queridas de la franquicia. Tal y como anunció Ubisoft en redes sociales, el título superó los dos millones de copias vendidas el día de su lanzamiento, estableciendo además un nuevo récord de jugadores concurrentes en Steam. Ha sido todo un éxito. Sin embargo, en Ubisoft Barcelona no están de celebración.

A pesar de que buena parte del título se ha desarrollado en el estudio catalán, los artistas, los programadores, los diseñadores y el resto de profesionales que han hecho posible Black Flag fueron informados el pasado día 10 de junio de un recorte en la plantilla que iba a afectar al 28% de los empleados. 51 trabajadores entre los que se encuentran absolutamente todos los que forman parte de la división de Assassin’s Creed.

“El anuncio del ERE sucedió apenas unos días después de que termináramos de trabajar en el proyecto y obviamente no sentó nada bien en la plantilla”, comenta Carlos, el presidente del comité de empresa, a elDiario.es. Su compañero Manel, tech animator que lleva más de tres años en Ubisoft, amplía sus impresiones: “La noticia del ERE no fue exactamente una sorpresa dado el estado en el que se encuentra la empresa y la propia industria, pero nos han dolido las formas, el timing. Una semana después de terminar el proyecto, se considera que somos prescindibles. El lanzamiento ha quedado manchado por esta noticia. Nos quedamos con la sensación de que merecíamos más”.

Inmersos en la última semana de negociación en contra de este ERE, el recién formado comité de empresa (que terminó de tomar forma el pasado mes de abril) ha convocado una huelga entre el martes 14 y el jueves 16 de julio, que han iniciado a partir de una concentración a las puertas del estudio en Torre Diagonal 00. “El equipo humano detrás de Assassin’s Creed Black Flag Resynced falleció corporativamente justo antes del lanzamiento, despedidos por la avaricia de la directiva en el momento de mayor éxito”, se lee en el manifiesto entregado a los asistentes. A las nueve de la mañana, una treintena de trabajadores se agolpaban tras una pancarta en la que podían leerse, en inglés, las palabras “Avaricia Corporativa” en la conocida tipografía de la franquicia Assassin’s Creed.

Al ser preguntada por el último objetivo de las negociaciones que están llevando a cabo, Lidia, secretaria del comité de empresa, especifica que lo ideal sería “salvar a las 51 familias afectadas”, aunque coincide en que no parece una expectativa muy realista: “Seguimos sin entender los datos exactos que han llevado a esta decisión (…), pero buscamos, sobre todo, que afecte a las menos personas posibles. Estamos en el mes de julio y es difícil encontrar trabajo en el sector en este momento, tanto en Barcelona como internacionalmente”.

Otro trabajador del equipo afectado por el ERE afirma que las negociaciones están siendo “muy intensas” porque desde el comité tienen tres propósitos en mente: recolocar a la mayor cantidad de personas en otros proyectos, sumar más días de compensación y la garantía de que no se va a aplicar otro ERE cuando pase el periodo legal de 90 días. “No queremos que usen las mismas excusas contra el equipo del juego Rainbow Six. Sabemos que trabajan muy bien, que son rentables”, dice.

Según detallan varios miembros del comité y trabajadores que están siguiendo de cerca las negociaciones, la directiva de Ubisoft Barcelona parece receptiva al diálogo, a pesar de que han retrasado las conversaciones en referencia a “lo que afecta de verdad a los trabajadores”. “Llegamos a esta última semana con muy poco margen. Hemos tardado mucho en llegar a las compensaciones económicas y las desafectaciones”, explica Lidia de nuevo. Uno de sus compañeros de comité le da la razón. “Hasta ahora hemos hablado mucho de las causas. Esta va a ser la semana de negociación más complicada”, señala.

Asimismo, desde el estudio aseguran que son conscientes de la convocatoria de huelga y que respetan el derecho de los trabajadores a expresar sus opiniones: “La propuesta de reestructuración de Ubisoft Barcelona sigue estando sujeta al periodo de consultas actualmente en curso, y todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Seguimos comprometidos con un diálogo constructivo con los representantes de los empleados y a apoyar a los empleados durante todo este proceso”.

Estableciendo precedentes

Esta no es la primera huelga convocada por el equipo de Ubisoft Barcelona. El 13 de febrero de 2025, estos mismos trabajadores sentaban un histórico precedente en la industria del videojuego español convocando la primera jornada de paro en el sector; un movimiento que respondía tanto al despido de más de 500 profesionales en los diferentes estudios que Ubisoft tiene en todo el mundo como a lo que definían como una “escalada de abusos” por parte de la directiva que se había tornado “intolerable”.

Dentro de Ubisoft Barcelona, tanto el 2025 como esta primera mitad del 2026 se han caracterizado por los enfrentamientos, las negociaciones y los sucesivos arbitrajes entre la directiva y los trabajadores a causa de las medidas impuestas para acabar con el teletrabajo. Lo que durante la pandemia fue un sistema esencial para funcionar con relativa normalidad, se ha convertido en el pilar esencial para la vida y la conciliación de muchos empleados. Ubisoft ha ido recortando progresivamente el tiempo de trabajo desde el hogar hasta anunciar, con un margen muy estrecho, que había decidido eliminar la posibilidad de trabajar fuera de las oficinas y en horarios flexibles.

Una empleada, que prefiere mantener el anonimato al no estar afectada por el ERE actual, explica que a pesar de no ver peligrar su puesto considera que su situación es dramática. Las condiciones de trabajo han cambiado radicalmente desde que se incorporó a la compañía y la directiva ha ido ignorando todas y cada una de las garantías que le presentaron en su día como soluciones definitivas. “Muchos empleados no han sido despedidos estos meses, sino que han abandonado su puesto de forma voluntaria a causa de estos cambios”, apunta.

Otro de los trabajadores no afectados por el ERE que ha decidido sumarse a la huelga cuenta a este periódico que “lo normal en Ubisoft era que, cuando acababas un proyecto, te mantenían en plantilla hasta que te asignaran otro”.“ Es una cosa que siempre hemos valorado mucho. Una de las mayores virtudes de la empresa es que quería mantener el talento. Por eso hay compañeros que llevan 20 años en la empresa”, detalla. Para este empleado, ver así a sus compañeros ha generado internamente “rabia e impotencia”, pero también temor respecto al futuro. De ser un estudio multiproyecto, Ubisoft Barcelona se ha convertido en un equipo dedicado exclusivamente al juego Rainbow Six y, por tanto, un estudio más débil que “ha decidido poner todos los huevos en la misma cesta”.

Estratégicamente, todas estas decisiones forman parte del plan de tres años anunciado el pasado febrero por Yves Guillemot, CEO de la multinacional que pretende recortar 200 millones de dólares en costes. Además de múltiples cancelaciones de juegos, los estudios internacionales de Ubisoft han afrontado en el último año y medio tanto cierres definitivos como miles de despidos. Entre los últimos, y más allá de este ERE que pretende aplicarse en el estudio de Barcelona, los estudios de Winnipeg (Canadá) y Belgrado han echado el cierre definitivamente, dejando en la calle a más de 165 personas. En San Francisco, los despidos se cuentan por docenas, aunque no se haya difundido ninguna cifra exacta.

Un game over transversal en toda la industria

Los despidos masivos, las cancelaciones y los cierres de estudios importantes se han convertido en una constante en los últimos años dentro de la industria del videojuego. Es fácil ver esto como una especie de resaca tras el crecimiento desmesurado que muchas compañías apuntaron durante la pandemia, pero lo cierto es que los motivos por los que el desarrollo de videojuegos parece enfrentar una crisis sin precedente son complejos, aunque no totalmente exclusivos. Muchos de los problemas en la industria del videojuego son comunes a los que sufren otras industrias culturales.

A raíz del crecimiento multimillonario experimentado durante la pandemia, justo cuando muchos sectores no podían, sino declararse en crisis, el videojuego se abrió a la entrada de inversores procedentes de otras industrias, como la tecnológica, que apostaron por el futuro inmediato de varios estudios y proyectos. Esto llevó al anuncio de juegos marcados por un corte extremadamente ambicioso, con presupuestos muy altos y dirigidos al público más amplio posible.

Pero los videojuegos tienen un proceso de desarrollo largo que no casa bien con este tipo de inversiones a corto plazo. Mientras que un blockbuster puede iniciar su producción y llegar a las salas en algo más de un año, los videojuegos de alto presupuesto tardan de media unos cinco en finalizar su desarrollo. Esto, unido a una fiebre de adquisiciones y formación de grandes conglomerados aún más salvaje que la que ha visto la industria del cine, sumado a la escasez de microcomponentes esenciales y la marcha de muchos grupos de inversión a otros sectores como el de la IA, ha hecho que la industria del videojuego enfrente una crisis mundial que se está cebando con los trabajadores.

Un sector “antes desclasado” se organiza

Solo en este mes de julio, Microsoft ha anunciado despidos masivos en la división de Xbox y cierres totales de algunos de sus estudios. Se trata de un cambio de estrategia que ya ha dejado sin trabajo a más de 1600 personas y que terminará por cobrarse el sustento de 4.800 trabajadores de aquí a final de año. Estos despidos tienen previsto afectar a empleados en los estudios catalanes de Blizzard, Activision y King, entre otros. También a proyectos que contaban con financiación de la multinacional.

IO Interactive confirmó hace apenas una semana que, aunque pretende seguir adelante con el juego que está desarrollando, ha decidido cerrar su estudio en Estambul y despedir a varios empleados en Suecia y Barcelona. El número de afectados aún no se ha hecho público, pero fuentes internas aseguran que se mantiene por debajo de lo que se considera legalmente un ERE.

En España, esta crisis ha propiciado la formación de CSVI, la coordinadora sindical del videojuego, que está viendo cómo un sector “antes desclasado” está empezando poco a poco a organizarse. Como cuenta uno de sus representantes, las convocatorias de huelga y manifestaciones que se han vivido son el reflejo de un “trabajo prolongado en el tiempo”. “El sindicato no solo se activa en momentos concretos, como el anuncio de un ERE, sino que está activo en el día a día de la plantilla para hacer frente a todos los ataques que sufrimos, y también para dar avances en nuestras condiciones materiales y de trabajo”, alega. Precisamente por esto son tantos los trabajadores que están dando el paso. Si la industria del videojuego está obligada a una vez más a transformarse, ahora son los propios trabajadores los que quieren impulsar los cambios.

Decenas de empleados de Meta acusan a la compañía de redes sociales de utilizar herramientas de inteligencia artificial para seleccionar a los trabajadores que debían ser despedidos en un reciente recorte de plantilla. Los afectados, que han presentado una demanda contra la empresa, sostienen que esos sistemas de IA los señalaron después de solicitar permisos, bajas por maternidad o adaptaciones de jornada relacionadas con una discapacidad.

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal del distrito norte de California, se refiere al recorte de plantilla de aproximadamente 8.000 empleados (10% de la plantilla) llevado a cabo en primavera por Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Según la denuncia, la compañía utilizó una “constelación de sistemas internos de inteligencia artificial”, incluidos sistemas de evaluación del rendimiento basados en IA y datos de monitorización de pulsaciones de teclado y actividad laboral, para determinar quién debía ser despedido.

“Meta no elaboró la lista de despidos a partir del criterio razonado de directivos que conocían el trabajo realizado”, afirma la demanda, de 71 páginas. En su lugar, los 26 trabajadores incluidos en la denuncia sostienen que la empresa utilizó sistemas de IA “para puntuar, clasificar y seleccionar a los empleados que debían formar parte de la lista”.

Los demandantes solicitan una resolución judicial preliminar que impida a Meta completar los despidos mientras se tramita el caso. También reclaman medidas que podrían incluir la reincorporación a sus puestos, salarios atrasados, compensación por acciones perdidas, beneficios laborales y otros daños.

Un debate regulatorio en auge

La toma de decisiones mediante IA en el ámbito laboral se ha convertido en una cuestión cada vez más polémica, a medida que los trabajadores expresan preocupaciones sobre sesgos, privacidad y confianza, y los reguladores examinan la legalidad de estas herramientas. Estados de EEUU como California, Colorado e Illinois han aprobado en los últimos años leyes o regulaciones destinadas a proteger a los trabajadores frente a sesgos relacionados con la IA y los llamados “sistemas automatizados de decisión”.

La demanda contra Meta sostiene que las herramientas de IA de la empresa recopilan datos sobre clasificaciones de rendimiento, productividad y otros indicadores laborales. Sin embargo, esos datos dejan de generarse cuando un empleado está de baja médica o disfrutando de un permiso familiar. En el caso de las personas con discapacidad, esos indicadores también pueden verse reducidos.

Los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos

Texto de la demanda

“El resultado fue que los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos”, afirma la demanda.

Una de las demandantes es una científica que se encontraba en permiso prenatal aprobado y recibió la notificación de despido apenas dos días antes de dar a luz. Otro demandante, un ingeniero, asegura que recibió una “evaluación rebajada” debido al tiempo que estuvo de baja por una lesión. Otro caso es el de un directivo en baja médica que fue despedido apenas 16 días después de comenzar su permiso.

Un portavoz de Meta ha rechazado las acusaciones. “Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos”, ha declarado en un correo electrónico enviado a The Guardian. “La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por inteligencia artificial”.

Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos. La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por IA

Meta

Meta puso en marcha a principios de este año un programa de monitorización de empleados basado en IA. El sistema estaba diseñado para registrar pulsaciones de teclado, movimientos del ratón, historial de navegación, mensajes, correos electrónicos y datos de ubicación en dispositivos corporativos. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, explicó que el objetivo era entrenar los sistemas de IA de la empresa a partir del comportamiento de sus propios trabajadores.

“Los modelos de IA aprenden observando cómo hacen las cosas personas realmente inteligentes”, afirmó Zuckerberg en una reunión interna, según informó The Information. “La inteligencia media de las personas que trabajan en esta empresa es significativamente superior a la de la población general que puede realizar tareas”.

Un polémico sistema de monitorización

La demanda sostiene que Meta puso en marcha el programa de monitorización con poca publicidad y sin obtener el consentimiento de los empleados. Según la denuncia, la empresa informó de la iniciativa mediante una publicación interna de escasa visibilidad, realizada por un ingeniero y no por un directivo de alto nivel. “En algunos equipos, los empleados no recibieron ningún aviso para otorgar consentimiento o reconocimiento, y al menos inicialmente no existía ninguna forma de excluirse del programa”.

La oposición interna creció rápidamente durante los meses siguientes, lo que llevó a Zuckerberg a anunciar en junio la suspensión del programa. El cambio de postura se produjo después de que más de 1.600 empleados firmaran una petición denunciando que el sistema vulneraba su privacidad.

En la demanda presentada el lunes, los abogados de los trabajadores solicitan al tribunal que autorice de inmediato una auditoría independiente de las herramientas de IA de Meta. Argumentan que dicha auditoría permitiría esclarecer por qué los 26 empleados afectados —todos ellos de baja o con adaptaciones aprobadas por discapacidad— fueron seleccionados para el despido.

“Meta mantuvo deliberadamente en secreto el funcionamiento de su proceso de selección de despidos frente a sus empleados”, señalaron los abogados en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según la representación legal, los demandantes seguirán siendo empleados de Meta hasta el 22 de julio, fecha en la que está previsto que comiencen a hacerse efectivos los despidos. Alegando riesgo de represalias, los abogados han pedido al juez que permita a los demandantes permanecer en el anonimato y que dicte una orden para preservar su situación laboral mientras se resuelve el arbitraje.

“Una vez que estas desvinculaciones sean definitivas, los daños serán irreversibles: pérdida de cobertura sanitaria subvencionada por la empresa durante el embarazo, la recuperación posparto o tratamientos médicos en curso; extinción de derechos de permiso sujetos a plazos; pérdida de acciones aún no consolidadas; y consecuencias migratorias para algunos trabajadores”, avisan los abogados.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo la situación laboral de la plantilla en Logroño de Sapiens Telco, empresa que presta servicios para la plataforma de reparto Glovo. La organización sindical considera que las prácticas de la dirección “podrían estar vulnerando los derechos laborales de los trabajadores”, por lo que ha decidido exigir una investigación formal.

Según ha informado CCOO, en las últimas semanas se ha presentado una elevada cantidad de alegaciones frente a despidos disciplinarios. El sindicato denuncia públicamente la existencia de una sucesión de expedientes, sanciones y rescisiones de contratos que, a su juicio, carecen de justificación suficiente y que podrían encubrir un proceso de reducción de plantilla al margen de las garantías legales que establece la normativa vigente.

De 40 trabajadores a 11

Los datos aportados por la organización sindical reflejan un rápido descenso en el volumen de empleo de la firma. En apenas unas semanas, la plantilla ha pasado de contar con más de 40 trabajadores a quedarse con tan solo 11. Desde CCOO consideran que esta drástica reducción “merece la intervención urgente de la autoridad laboral y exige explicaciones inmediatas por parte de la empresa”.

Más allá de las cifras, el sindicato ha puesto el foco en el trato que reciben los repartidores, quienes realizan su labor diaria en la vía pública para prestar lo que califican como un “servicio esencial”. CCOO critica la “absoluta falta de respeto” hacia el personal y advierte de la situación de incertidumbre e indefensión en la que se encuentran las familias afectadas por estas medidas.

En su denuncia, el sindicato detalla que Sapiens Telco está informando a la plantilla de forma precipitada, sin ofrecer explicaciones claras sobre los procedimientos aplicados, sin facilitar espacios de diálogo y sin permitir una defensa efectiva de los afectados.

“Clima de amenaza constante”

De acuerdo con el testimonio de la organización, las comunicaciones de la empresa se realizan a través de una aplicación informática o mediante correos electrónicos que, en numerosas ocasiones, no permiten la posibilidad de réplica, dejando a los trabajadores sin un interlocutor directo al que dirigirse. CCOO tilda de “inaceptable” que el futuro laboral de una persona se decida mediante una simple notificación digital, imposibilitando una reunión presencial con los responsables de la compañía.

A la inestabilidad laboral se suman, según el sindicato, las duras condiciones en las que los repartidores desempeñan su actividad diaria. “Los empleados continúan realizando su labor durante las horas de mayor calor, soportando temperaturas extremas y jornadas de una enorme exigencia física”, subraya CCOO. Por ello, reclaman “un trato digno, respeto y condiciones acordes al esfuerzo realizado, en lugar de ”un clima de amenaza constante“ de sanción o despido.

Denuncia ante la InspecciPor todo ello, CCOO formalizará la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo con el objetivo de determinar si se está haciendo un uso indebido del régimen disciplinario y si se respetan las garantías legales. El sindicato exige el cese inmediato de estas prácticas, la apertura de un proceso de diálogo real con la representación legal de los trabajadores y el cumplimiento estricto de la normativa.

Finalmente, desde la organización han advertido de que “la transformación del trabajo y la digitalización nunca pueden servir como excusa para deshumanizar las relaciones laborales”, y han reafirmado su compromiso de defender a los afectados utilizando todos los instrumentos sindicales, administrativos y judiciales a su alcance.

Microsoft ha anunciado la reducción de 4.800 empleos, lo que supone el 2,1% de su plantilla global, impactando sobre todo a la división Xbox, con 1.600 despidos ahora y un plan de reducción para su nuevo ejercicio fiscal de otros 1.600 empleos, lo que eleva el total anunciado a 6.400 puestos de trabajo menos.

El gigante tecnológico estadounidense ha sostenido que estos empleos no se deben a una sustitución de la IA, sino que la aplicación de la IA está provocando cambios en la manera de trabajar, con cada vez mayores tareas automatizadas, lo que están cambiando las necesidades de los clientes y la forma de trabajar.

Xbox ha informado de su nuevo plan de reestructuración que, además de los 3.200 despidos, supone desvincularse de cuatro de sus estudios de videojuegos en un intento por reducir su estructura de costes y relanzar su negocio.

“Nuestro negocio hoy no está sano. Operamos con márgenes entre tres y diez veces inferiores a los de plataformas y empresas similares. Entramos en la Generación 9 con una base de usuarios más pequeña y una estructura de costes más elevada”, ha explicado la consejera delegada de Xbox, Asha Sharma, en una carta a los empleados publicada también en su blog.

Nuestro negocio hoy no está sano. Operamos con márgenes entre tres y diez veces inferiores a los de plataformas y empresas similares. Entramos en la Generación 9 con una base de usuarios más pequeña y una estructura de costes más elevada

Asha Sharma — consejera delegada de Xbox

Entre otras cuestiones, Xbox busca reducir sus niveles jerárquicos a un máximo de cinco, frente a los 14 con los que cuenta actualmente, y así crear un estructura más horizontal. Igualmente, optimizarán la forma de trabajar de sus herramientas, con un código más limpio, servicios compartidos y una reducción del 50% en el gasto en proveedores.

“Estos cambios buscan un futuro más prometedor para Xbox, no uno más modesto. La próxima década de los videojuegos será más ambiciosa, global y creativa que nunca. Este año, invertiremos en Xbox tanto como siempre, pero con mayor enfoque, disciplina y claridad, todo ello con el objetivo de convertir a Xbox en la plataforma donde el mundo juega y crea”, ha señalado Sharma.

Más reducciones en el segmento comercial

Otra de las divisiones afectadas es el segmento de Comercial que, tras el anuncio de hace unos días sobre la creación de una nueva unidad de negocio centrada en impulsar la transformación digital mediante la IA —denominada Microsoft Frontier Company—, verá reducida su plantilla.

La directora de Recursos Humanos de Microsoft, Amy Coleman, ha destacado que están “transformando la forma de trabajar e integrando a los expertos en ingeniería junto a los clientes para ayudarlos a acelerar la implementación de sus tecnologías”.

Microsoft anunció el pasado jueves una inversión de 2.500 millones de dólares (2.185 millones de euros) y la movilización de hasta 6.000 empleados a Microsoft Frontier Company con el objetivo de desarrollar “continuamente” sistemas de IA a gran escala, de tal manera que aspira a convertirse en la división de ingeniería “más grande, capaz y orientada a resultados del sector”.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha avalat l'acomiadament d'un cambrer d'un hotel d'Eivissa que va publicar un vídeo a TikTok en què criticava el marge de beneficis de l'empresa -assegurava que un cafè amb un cost de 20 cèntims es venia per cinc euros- i denunciava que els treballadors estaven “mal pagats”.

La resolució, que confirma íntegrament la sentència que en primera instància va declarar procedent l'acomiadament disciplinari, assevera que les manifestacions de l'extreballador suposen un “important dany reputacional” per a l'empresa, Fiesta Hotels & Resorts SL, propietat dels Matutes i un dels conglomerats turístics més grans de les Balears.

La mateixa empresa ja va protagonitzar un altre episodi rellevant el 2023, quan va haver d'abonar 38,9 milions d'euros a Hisenda després d'una inspecció de l'Agència Tributària relativa a l'Impost sobre Societats corresponent als exercicis 2016 a 2019.

En el cas del cambrer acomiadat, els magistrats consideren acreditat que el llavors empleat va gravar el vídeo des del seu lloc de treball i durant el seu horari laboral utilitzant el seu telèfon mòbil personal. A les imatges apareixia el sistema intern de gestió i cobrament (TPV Room Service) de l'empresa, cosa que, a parer del tribunal, permetia identificar l'establiment, un extrem que negava l'extreballador. El cambrer denunciava que el cost d'un cafè era d'amb prou feines 20 cèntims mentre es venia per cinc euros, mentre que els empleats cobraven únicament 1.400 euros.

El demandant al·legava que l'acomiadament era desproporcionat i improcedent, ja que al vídeo no s'identificava l'empresa ni es va causar un dany real a la mateixa. Sostenia a més que, fins i tot d'existir una conducta reprovable, la mercantil va obviar la graduació de les faltes en imposar la sanció més gravosa sense atendre les circumstàncies. Per la seva banda, la companyia va assenyalar que, encara que no hi hagués un dany econòmic directe quantificat, la difusió de tals missatges suposava un important dany a la seva reputació, prestigi i credibilitat exterior.

Un dels aspectes més rellevants de la sentència és que la Sala considera que no és necessari demostrar un dany econòmic efectiu per justificar un acomiadament disciplinari quan la conducta del treballador compromet la confiança i la reputació de l'empresa.

Segons el tribunal, la difusió a TikTok d'informació sobre el funcionament intern de l'empresa i les crítiques públiques a la seva política de preus i salaris constitueixen “un atac directe a la reputació i crèdit professional” de la mercantil. Els magistrats afegeixen que n'hi ha prou que la conducta sigui objectivament apta per trencar la bona fe contractual i la lleialtat deguda a l'empleador.

La resolució també rebutja que la sanció fos desproporcionada malgrat que el treballador va al·legar mancar d'antecedents disciplinaris i portar gairebé cinc anys a l'empresa. Per a la Sala, el fet de difondre a les xarxes socials, durant la jornada laboral, un vídeo que exhibia sistemes interns de la companyia i contenia manifestacions despectives constitueix una infracció prou greu com per justificar la màxima sanció prevista per la normativa laboral.

Així mateix, el TSJIB descarta les al·legacions de l'empleat sobre suposats defectes formals en la comunicació del comiat. La sentència conclou que l'empresa va lliurar correctament la carta de comiat i que aquesta circumstància va quedar acreditada durant el procediment, per la qual cosa no aprecia vulneració de les garanties legals. Contra la resolució cap interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Sostenia, a més, que, fins i tot si existís una conducta reprotxable, la mercantil havia omès la graduació de les faltes en imposar la sanció més greu sense tenir en compte les circumstàncies.

Per la seva banda, la companyia va assenyalar que, encara que no existís un perjudici econòmic directe quantificat, la difusió d'aquests missatges suposava un important perjudici per a la seva reputació, prestigi i credibilitat exterior.

Un dels aspectes més rellevants de la resolució és que la Sala considera que no és necessari demostrar un perjudici econòmic efectiu per justificar un acomiadament disciplinari quan la conducta del treballador compromet la confiança i la reputació de l'empresa.

Segons el tribunal, la difusió a TikTok d'informació sobre el funcionament intern de l'empresa i les crítiques públiques a la seva política de preus i salaris constitueixen “un atac directe a la reputació i al crèdit professional” de la mercantil. Els magistrats afegeixen que n'hi ha prou que la conducta sigui objectivament idònia per trencar la bona fe contractual i la lleialtat deguda a l'ocupador.

La resolució també rebutja que la sanció fos desproporcionada malgrat que el treballador al·legava no tenir antecedents disciplinaris i portar gairebé cinc anys a l'empresa. Per a la Sala, el fet de difondre a les xarxes socials, durant la jornada laboral, un vídeo que mostrava sistemes interns de la companyia i contenia manifestacions despectives constitueix una infracció prou greu per justificar la sanció màxima prevista per la normativa laboral.

Així mateix, el TSJIB descarta les al·legacions de l'empleat sobre suposats defectes formals en la comunicació de l'acomiadament. La sentència conclou que l'empresa va lliurar correctament la carta d'acomiadament i que aquesta circumstància va quedar acreditada durant el procediment, de manera que no aprecia cap vulneració de les garanties legals. Contra la resolució es pot interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha avalado el despido de un camarero de un hotel de Eivissa que publicó un vídeo en TikTok en el que criticaba el margen de beneficios de la empresa -aseguraba que un café cuyo coste era de 20 céntimos se vendía por cinco euros- y denunciaba que los trabajadores estaban “mal pagados”.

La resolución, que confirma íntegramente la sentencia que en primera instancia declaró procedente el despido disciplinario, asevera que las manifestaciones del extrabajador suponen un “importante daño reputacional” para la empresa, Fiesta Hotels & Resorts SL, propiedad de los Matutes y uno de los mayores conglomerados turísticos de Balears.

La misma empresa ya protagonizó otro episodio relevante en 2023, cuando tuvo que abonar 38,9 millones de euros a Hacienda tras una inspección de la Agencia Tributaria relativa al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2016 a 2019.

En el caso del camarero despedido, los magistrados consideran acreditado que el entonces empleado grabó el vídeo desde su puesto de trabajo y durante su horario laboral utilizando su teléfono móvil personal. En las imágenes aparecía el sistema interno de gestión y cobro (TPV Room Service) de la empresa, lo que, a juicio del tribunal, permitía identificar al establecimiento, un extremo que negaba el extrabajador. El camarero denunciaba que el coste de un café era de apenas 20 céntimos mientras se vendía por cinco euros, mientras que los empleados cobraban únicamente 1.400 euros.

El demandante alegaba que el despido era desproporcionado e improcedente, ya que en el video no se identificaba a la empresa ni se causó un daño real a la empresa. Sostenía además que, aun de existir una conducta reprochable, la mercantil obvió la graduación de las faltas al imponer la sanción más gravosa sin atender a las circunstancias. Por su parte, la compañía señaló que, aunque no hubiera un daño económico directo cuantificado, la difusión de tales mensajes suponía un importante daño a su reputación, prestigio y credibilidad exterior.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la Sala considera que no es necesario demostrar un daño económico efectivo para justificar un despido disciplinario cuando la conducta del trabajador compromete la confianza y la reputación de la empresa.

Según el tribunal, la difusión en TikTok de información sobre el funcionamiento interno de la empresa y las críticas públicas a su política de precios y salarios constituyen “un ataque directo a la reputación y crédito profesional” de la mercantil. Los magistrados añaden que basta con que la conducta sea objetivamente apta para quebrar la buena fe contractual y la lealtad debida al empleador.

La resolución también rechaza que la sanción fuera desproporcionada pese a que el trabajador alegó carecer de antecedentes disciplinarios y llevar casi cinco años en la empresa. Para la Sala, el hecho de difundir en redes sociales, durante la jornada laboral, un vídeo que exhibía sistemas internos de la compañía y contenía manifestaciones despectivas constituye una infracción suficientemente grave como para justificar la máxima sanción prevista por la normativa laboral.

Asimismo, el TSJIB descarta las alegaciones del empleado sobre supuestos defectos formales en la comunicación del despido. La sentencia concluye que la empresa entregó correctamente la carta de despido y que esa circunstancia quedó acreditada durante el procedimiento, por lo que no aprecia vulneración alguna de las garantías legales. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los 56 trabajadores de TYC Narcea afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) recibieron ayer, martes, las cartas de despido. Ya contaban con ellas, por lo que no hubo efecto sorpresa, pero los días siguen pasando sin que atisben, a corto plazo, el apoyo institucional necesario para contar con el ansiado nuevo proyecto de explotación que les permitiría volver al tajo. Los únicos de la plantilla que se han 'librado' del despido han sido 12 trabajadores que permanecerán adscritos a labores de mantenimiento.

La solidaridad de la familia minera se escenificó con la instalación de tiendas de campaña en el Campo San Francisco de Oviedo/Uvieu, a escasos 200 metros del edificio de Presidencia. La ubicación no era casualidad. Querían que el presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, les viera y se acercara a saludarles para tener la oportunidad de ofrecerle de primera mano la información para ponerle al día de la situación laboral. No tuvieron suerte.

Los trabajadores incluso colocaron una pancarta en una valla, en pleno Paseo de los Álamos, donde le recordaban que era hijo de minero, pero tampoco surtió efecto. Adrián Barbón no ha ido a verles y llevan ya cuatro semanas acampados.

Seguiremos acampados“

De momento, la acampada continuará adelante, ya que los trabajadores quieren tener algo más que esperanzas a lo que agarrarse, según ha confirmado a elDiario.es Asturias el portavoz de los trabajadores, Carlos Menéndez, que es delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO).

Los mineros se sienten decepcionados con la falta de respuesta del presidente asturiano: “Ni se acercó por aquí. Le pedí una reunión y nada. Le pedí la última el día 15 y me contestaron el día 18 que por motivos de agenda no me la podía dar, se ve que estaba muy ocupado. Y eso que estamos a 200 metros del edificio de Presidencia, pero así están las cosas”, lamenta el portavoz.

La reunión entre las partes

Lejos de frustrarse, los trabajadores lo intentaron con el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, aunque la imagen que sacaron de él en otra pancarta no le dejaba en muy buen lugar. Le retrataron con una nariz de Pinocho.

Sin embargo, el director general no se lo ha tenido en cuenta y esta mañana se celebró una reunión, en Oviedo/Uviéu, entre los representantes de los trabajadores y de las federaciones sindicales con Javier Cueli y la jefa de gabinete de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, Verónica Noval.

En la reunión, transmitieron a los representantes sindicales que el Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ultimaba la tramitación del proyecto de explotación de TYC Narcea y preveía iniciar “próximamente” el periodo de información pública.

La visita a la explotación

“El director general nos ha dicho que durante este mes de julio va a sacarlo a información pública, aunque no dijo una fecha concreta. Ayer estuvieron en la mina dos ingenieros del Servicio de Minas y pidieron modificar una parte del proyecto de explotación. También querían que unos documentos que habían pedido de seguridad y salud, unos anexos que había que mandar y unos planos que estuvieran todo dentro de un único documento en el proyecto de explotación y con eso lo sacaría a información pública”, explica el portavoz de los trabajadores.

Una vez que todo esté modificado y revisado, el siguiente trámite será su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y una vez que salga a información pública se abrirá el período de alegaciones, con lo que ya empezarán a tener una fecha aproximada.

“Nosotros queremos fechas concretas y que todo esté avanzado lo máximo posible, porque desde ayer 56 compañeros se han quedado en la calle, de ahí que sigamos luchando para que cuanto antes puedan volver a trabajar.

El proceso de información pública es un trámite administrativo que no supone, en ningún caso, la aprobación definitiva del proyecto de explotación

Javier Cueli — Director general de Energía y Minería del Principado de Asturias

La versión del Principado

Por su parte, el director general ha aclarado que el proceso de información pública es un trámite administrativo que no supone, en ningún caso, la aprobación definitiva del proyecto de explotación.

“Hay que dejar muy claro que una cosa es que se tramite el proyecto de explotación y otra que una vez tramitado eso suponga la reapertura de la mina porque hay un condicionante previo que es si la empresa tiene o no que devolver las ayudas al cierre”, ha indicado Javier Cueli.

“Mientras no se resuelva ese condicionante, que seguramente será antes de que finalice la tramitación del proyecto de explotación, este plan no se podría activar”, ha añadido.

El accidente mortal de dos trabajadores

Cueli ha confirmado la visita que dos ingenieros del Servicio de Minas realizaron ayer a la explotación minera, que permanece cerrada desde que el pasado mes de noviembre fallecieron dos trabajadores, Óscar Díaz y Anilson Soares, en accidente laboral.

El director general ha enmarcado esta visita en la intención de avanzar en la revisión de diferente documentación que deberá ser aportada por la empresa en los próximos días.

Oracle redujo su plantilla en unas 21.000 personas durante su último ejercicio, en el que invirtió con fuerza en el despliegue y adopción de la inteligencia artificial (IA) en sus procesos y modelo de negocio, y advierte de que este proceso puede continuar. “La adopción y el despliegue de tecnologías de IA a lo largo de nuestras operaciones han resultado, y pueden continuar resultando, en reducciones de nuestra fuerza laboral”, dice el gigante tecnológico estadounidense en su informe anual.

Se trata de una de las referencias más explícitas realizadas hasta ahora por una gran tecnológica sobre el impacto directo de esta tecnología en su plantilla, que al cierre de su último ejercicio fiscal contaba con 141.000 empleados a tiempo completo, un 13% menos que al comienzo del mismo.

Tras la publicación del informe, y en una jornada bursátil marcada por la caída de las tecnológicas, los títulos de Oracle caían este martes en las operaciones previas a la apertura de Wall Street más de un 2%, un descenso que se suma a la caída del 5% que ya registró el lunes.

En el apartado sobre factores de riesgo de su informe anual afirma que sus “reestructuraciones y reorganizaciones periódicas de la fuerza laboral pueden ser disruptivas” y asegura tener un plan vigente por que ha acometido y seguirá acometiendo ajustes de empleo en respuesta a “cambios de gestión y productos, problemas de desempeño, cambios en las estrategias, adquisiciones y otras consideraciones internas y externas”.

En ese contexto, Oracle afirma que “la adopción y el despliegue de tecnologías de IA en nuestras operaciones han resultado, y pueden seguir resultando, en reducciones de nuestra fuerza laboral”.

Al mismo tiempo, indica que ha destinado recursos significativos a infraestructuras y contratación de personal especializado para desarrollar productos de IA y prevé seguir elevando ese esfuerzo como parte de su estrategia de crecimiento.

La compañía reconoce además que la competencia por captar profesionales con experiencia en IA se ha intensificado y que la implantación de esas herramientas exige nuevas capacidades, por lo que podría no lograr reciclar profesionalmente a todos los trabajadores afectados por la transformación tecnológica.

Las grandes tecnológicas están acelerando la automatización de procesos internos mediante IA generativa y agentes autónomos e invirtiendo cantidades multimillonarias en el desarrollo también de centros de datos.

Los procedimientos por despido registrados en los juzgados de Canarias durante el primer trimestre de 2026 descendieron un 5,3% con respecto al mismo periodo del año anterior (de 2.780 en el invierno de 2025 a 2.634 en el de 2026), mientras que en la media del Estado crecieron un 3,5%. Las Islas registraron en este periodo la mayor tasa de demandas por despido por cada 100.000 habitantes del país: 117,1. La tasa media nacional fue de 86,7.

El Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo públicos este lunes los datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales españoles durante el primer trimestre de 2026. Siguiendo en el ámbito de la pérdida de empleo, las reclamaciones de cantidad ante los tribunales disminuyeron un 4,8% en Canarias entre enero y marzo de 2026 en referencia al mismo periodo del año anterior, de 2.309 a 2.199.

En cuanto a expedientes de regulación de empleo (ERE), las Islas registraron un decremento del 100% del invierno de 2025 al pasado. Entre enero y marzo de 2025 se había computado uno. En el pasado invierno no se registró ninguno. De otro lado, el Archipiélago registró un descenso en los procesos de concurso de acreedores del 3,3% (de 1.022 en el invierno de 2025 a 988 entre enero y marzo pasados).

El estudio evidencia que en el periodo analizado Canarias registró la cuarta tasa más alta de concursos por cada 100.000 habitantes, 43,9, cifra sólo superada por Murcia (55,9), Cataluña (55,1) y Baleares (48,0).

Las estadísticas también señalan que el Archipiélago registró un descenso en los concursos presentados por personas naturales no empresarias, es decir, por ciudadanos de a pie que se declaran incapaces de pagar sus deudas: si en el primer trimestre de 2025 habían sido 975 las personas de las Islas que se habían acogido a la llamada ley de la segunda oportunidad, en el invierno de 2026 fueron 957, esto es, un 1,8% menos.

La tasa de personas naturales no empresarias por cada 100.000 habitantes que se acogieron a concurso en las Islas fue de 42,5, la cuarta más alta del país, por detrás de Murcia (52,7), Cataluña (44,4) y Baleares (43,9).

En el ámbito de los Procedimientos Especiales de Microempresas (PEM), el informe evidencia que en las Islas la presentación de PEM creció un 10% del primer trimestre de 2025 al de 2026, al pasar de 30 a 33.

Los PEM de personas jurídicas descendieron un 27,3% el invierno pasado (de 22 a 16); los de persona natural crecieron un 112,5%, de ocho a 17.

Lanzamientos hipotecarios

Las solicitudes de lanzamientos por ejecución hipotecaria registraron una disminución del 55,3%, de 76 en el primer trimestre de 2025 a 34 en el de este año, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. En lo que se refiere a lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -esto es, desahucios por impago de alquiler-, el decremento en las Islas fue del 83,6%; de 372 casos en el primer trimestre de 2025 a 61 en el pasado invierno.

Por último, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda crecieron un 35,9% en Canarias durante el invierno pasado: de 39 casos entre enero y marzo de 2025 se pasó a 53 en el mismo periodo de este año. La tasa es de 2,4 procesos por ocupación ilegal de viviendas por cada 100.000 habitantes.

Datos nacionales

En lo que se refiere a datos de todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los órganos judiciales practicaron un total de 4005 lanzamientos, una cantidad inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025. La disminución afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler.

El número total de lanzamientos practicados por los órganos judiciales en el primer trimestre del año se redujo un 45,4%. Los más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9 % del total y que se redujeron en un 53,9% con respecto a 2025; los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24 % y mostraron una disminución interanual del 18,3%.

El 23% del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la Comunidad Autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582.

Los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sumaron 2.600 en el primer trimestre del año, lo que ha supuesto en descenso interanual del 53,9 por ciento.

Teniendo en cuenta solo este tipo de lanzamientos, la Comunidad Valenciana aparece en el primer lugar con 513 practicados en el trimestre, el 19,7% del total. Le siguen Cataluña, con 489; Madrid, con 454 y Andalucía, con 355.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 18,3% respecto al primer trimestre de 2025.

El edificio de la Junta General del Principado de Asturias, sede del parlamento regional, está situado a menos de un kilómetro del Paseo de los Álamos, en el campo San Francisco de Oviedo/Uviéu, y en este pulmón verde de la capital asturiana los trabajadores de la empresa TYC Narcea han instalado unas tiendas de campaña.

Es el último cartucho que les queda a los trabajadores de la explotación minera de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, para hacerse visibles a los ojos de los representantes de los partidos políticos asturianos.

Necesitan que les vean, les escuchen e intenten agilizar todos los trámites para que 56 trabajadores de la mina no pierdan su empleo. Las cartas de despido, en aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se harán efectivas este próximo 30 de junio. Otros 12 trabajadores permanecerán adscritos a labores de mantenimiento.

Los ánimos están “altos”

La media de edad de los trabajadores se sitúa en 40 años. El más joven tiene 22 y el más veterano 62. La mayoría están casados y tienen hijos e hijas. Hay incluso alguno que ya tiene nietos. Pero también los solteros reivindican su derecho a conservar su puesto de trabajo. Todos ellos son profesionales, muchos con varios años de antigüedad y amplia experiencia en la mina, que luchan unidos por mantener la actividad minera en la comarca suroccidental asturiana.

Los trabajadores hacen turnos de 24 horas y se van relevando. El pasado miércoles, Diego, Miguel, Kike y Alberto estaban 'de guardia' en la acampada. Al igual que Carlos Ambres y Julio Menéndez Toral, que cogieron el testigo, todos ellos reconocían a elDiario.es que los ánimos entre los acampados “estaban altos” y resaltaban la importancia de permanecer unidos en la lucha para tratar de llevar al ánimo de los políticos que no pueden permanecer ajenos a una situación que dejará en la calle a 56 trabajadores.

La ayuda de la comarca suroccidental

Toda la zona del Suroccidente asturiano se ha volcado con los trabajadores: hostelería, comercios... Les ofrecen comida, bebida, aprovisionamiento para pasar lo mejor que puedan el día y la noche durante la acampada.

También la Policía Local de Oviedo y los concejales de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo han ido a visitarles al Paseo de los Álamos para interesarse por ellos y preguntarles si necesitan algo, unos gestos que han agradecido los mineros acampados.

Del ERTE al ERE

El año pasado la empresa entró en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y este año están inmersos en otro, pero a partir del 30 de junio todo se complicará cuando se aplique un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina.

La muerte de Óscar y Anilson 

La actividad en la mina se paralizó el pasado mes de noviembre a raíz del accidente mortal en el que perdieron la vida dos de sus compañeros: Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

Óscar Díaz, de 32 años, había crecido en Posada de Rengos. Sus compañeros le definen como una persona tranquila y discreta, con una forma de trabajar “impecable” y un sentido de la responsabilidad “intachable”.

Anilson Soares, de 42 años y vecino de Villablino, había emigrado desde Cabo Verde en busca de una oportunidad laboral que le permitiera una vida mejor. Formaba parte de la segunda generación de caboverdianos que se asentaron hace cincuenta años en la comarca de Laciana, para trabajar en las empresas del carbón de las cuencas leonesas. Padre de dos hijos, de 15 y de 10 años, sabía que la mina que le daba un respiro en la vida, también se la arrebataba. Su hermano Adolfo había muerto, en noviembre de 2007, cuando trabajaba en una explotación de Hijos de Baldomero, en Laciana. Solo tenía 27 años.

Atrapados en la mina

Los dos mineros habían quedado atrapados por un derrumbe en el nivel dos de la explotación de Vega de Rengos, de la empresa TYC Narcea. Al conocer la noticia del accidente laboral de Óscar y Anilson, el presidente del Principado, Adrián Barbón, suspendió un acto en Salamanca donde iba a intervenir y se trasladó a Asturias para conocer de primera mano la situación.

En esa ocasión, transmitió sus condolencias a los familiares y compañeros mineros, a través de su perfil oficial en X, que reproducimos a continuación.

Hoy, son los propios mineros a los que aquel fatídico 21 de noviembre transmitió su pesar por la muerte de sus compañeros quienes le recuerdan en una pancarta que él, que siempre se remite a sus orígenes familiares como 'hijo de minero', es quien puede ofrecerles una solución a los otros padres, hermanos, tíos, sobrinos y abuelos de mineros.

El papel de Barbón, 'hijo de minero'

Los trabajadores han pedido la mediación del presidente asturiano e incluso los alcaldes y alcaldesas de la comarca suroccidental asturiana se han reunido con él para que agilice los trámites y que los mineros puedan volver al tajo.

Los alcaldes y alcaldesas han acudido al Paseo de los Álamos para solidarizarse con la plantilla de TYC Narcea y transmitirles un mensaje de apoyo y solidaridad.

La unión entre los trabajadores en cuantas acciones realicen para defender sus empleos es fundamental y un factor decisivo para tratar de lograr su objetivo final de reanudar la actividad en la mina.

La evolución

El portavoz de los mineros, Carlos Menéndez, es delegado de Comisiones Obreras (CCOO) en la empresa y acumula más de 20 años de experiencia en las minas, primero en Carbonar y actualmente en TYC Narcea. Asegura que los ánimos “están muy altos”; una expresión que viene a corroborar las declaraciones de sus compañeros Diego, Miguel, Kike, Alberto, Carlos y Julio.

Carlos Menéndez relata a eldiario.es Asturias qué pasos se han seguido hasta llegar a la situación límite de acampar en el Paseo de los Álamos.

La paralización de actividad

“Nosotros estamos luchando para tener un proyecto de explotación que ya se envió en abril de 2025. Estábamos trabajando bajo un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). A raíz del accidente de Cerredo/Zarréu, donde se mataron cinco compañeros el año pasado, a nosotros se nos paró nuestra explotación y empezaron a pedirnos todo tipo de documentación. Estuvimos dos meses y medio de ERTE”, explica el portavoz.

Todos los permisos, en regla

El accidente de Cerredo/Zarréu ocurrió el 31 de marzo de 2025 y se llevó por delante la vida de los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

“A raíz de ese accidente, la administración certificó que toda la documentación que requería, en materia de seguridad y de permisos, en Vega de Rengos estaba en regla y dieron la autorización para seguir trabajando bajo el PIC”, comenta Carlos Menéndez.

La responsabilidad

Pero llegó otra fecha negra para la minería asturiana. El 21 de noviembre de 2025, todo volvió a cambiar. Ese día, se produjo el accidente laboral en el que murieron Óscar y Anilson y, a raíz del siniestro, Minas paralizó el PIC y toda la actividad.

“Desde entonces, solo deja hacer unos trabajos de mantenimiento, mientras se elabora un informe de seguridad del accidente para determinar quién es el responsable”, expone el portavoz.

Concentraciones y una marcha

Posteriormente se creó una subcomisión de seguridad, y el 28 de enero pasado llegaron a la conclusión, después de varios informes de la empresa, de hacer unos labores de mantenimiento de la rampa.

“Desde ese momento -prosigue el portavoz- estamos luchando. Realizamos cuatro concentraciones y una marcha en Oviedo porque no se nos dejaba entrar a la mina a trabajar, ni extraer carbón, ni hacer nada, porque aunque estuviera la comisión aprobada, faltaba que el director de Minas, Javier Cueli, firmara y nos diera autorización”.

Una espera que dura 15 meses

“A la vez , la empresa en abril del año pasado también había enviado el proyecto de explotación que es el que nos permite explotar, sacar carbón, vender, comercializar... Se mandó en abril del año pasado y llevamos esperando 15 meses. Sabemos que a otras empresas en tres meses se lo habían concedido. Minas se ha puesto ahora con él. El problema es que ni te dan razones, ni te dan plazos”, lamenta.

El proyecto de explotación hay que sacarlo a la luz pública para que se abra un plazo de alegaciones. Tiene que ir al Ministerio de Medio Ambiente y tiene que pasar unos trámites que llevan unos tiempos.

La devolución de las ayudas

Por otro lado, desde la Ley del Cambio Climático del 2022, cualquier empresa que haya cerrado y hubiera obtenido ayudas tiene que devolverlas y ahora el Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene que hacer una consulta para saber si la empresa tiene que devolver o no las ayudas.

“Nosotros tenemos el PIC desde el 2021. Ha habido cuatro ampliaciones y luego la quinta ya nos pone que está permitido hasta que se nos apruebe el Procedimiento Escrito de Trabajo (PETS), o sea, es ilimitado. No sé qué figura legal han buscado, pero ahora lo tenemos paralizado y ahora mismo no se nos permite extraer carbón, con lo cual la empresa, al no poder extraer ni vender carbón desde el 21 de noviembre, primero nos metió en un ERTE y ahora tenemos un ERE de extinción con 56 despedidos y 12 personas que quedarán para realizar labores de mantenimiento”, indica Carlos Menéndez.

La polémica

El problema está en el tejado de la administración. El Instituto de Transición Justa (ITJ) consultó a Bruselas y le respondió que las ayudas son estatales y, por lo tanto, se remiten a Madrid. Y han dicho a los trabajadores que no saben cuál es el procedimiento a seguir, según manifiesta el portavoz.

“El ITJ ha mandado a la Abogacía del Estado que le remita un informe de cómo va a ser el procedimiento que se va a seguir para saber si hay o no que devolver ayudas. Nosotros creemos -dice Carlos Menéndez- que no hay que devolverlas porque las ayudas al cierre las tuvo en la antigua mina, que era Carbonar Narcea”, añade.

El papel del ITJ

Carlos Menéndez habló con la directora del ITJ, Judit Carreras García, hace un mes y le dijo que tenía el borrador del informe delante de la mesa, que lo iba a revisar y que disponía de diez días para mandárselo a la empresa y a partir de ese momento empezarían a contar tres meses para que pueda confirmar si hay o no que devolver y la cuantía de las ayudas.

“Este viernes pasado, Judit Carreras habló con la empresa y le dijo que han tenido problemas y ha cambiado el abogado del Estado y que ahora en diez días le va a remitir a la empresa la información y a partir de ahí empiezan a contar los tres meses. Eso quiere decir que la decisión del ITJ se va a producir a finales de septiembre y antes no habrá proyecto de explotación, mientras que el ITJ no se pronuncie”, indica.

Los cálculos

Ese retraso implicaría que hasta que el ITJ no se pronuncie y se apruebe el proyecto, se saque a información pública y se revisen posibles alegaciones, antes de enero o febrero de 2027 no será posible que los trabajadores vuelvan a la explotación minera, según los cálculos del portavoz.

“En Madrid van a mirar con un informe jurídico si es legal que puedan empezar a sacar a información pública el informe antes de que el ITJ responda. Lo que tenemos claro los trabajadores -asegura Carlos Menéndez- es que la empresa Carbonar, que era la antigua propietaria, cobró al cierre más de 30 millones de euros de ayudas”.

Las diferencias

“Nosotros lo que tenemos ahora en común con la otra empresa, aparte de lo que son las instalaciones pero están fuera, los primeros 40 metros de entrada de la mina y una chimenea de ventilación. Creemos que lo único que se debería devolver como mucho sería eso, pero es de los años 80 del siglo pasado, ya no es de Carbonar, sino que es de Velasco, del anterior propietario, que no recibió ayudas, con lo cual creemos que no hace falta devolver nada”, argumenta.

Los trabajadores cuentan con informes que sostienen esta afirmación y han enviado dos -uno de ellos consta de 33 hojas- donde se explica todo lo que es una concesión minera.

“¿Cuáles son las cuadrículas mineras donde estaba explotando Carbonar? ¿Dónde está explotando TYC Narcea? ¿Cuáles son las diferencias?. El carbón que se extraía antes era carbón térmico y ahora ninguno es una antracita de bajo volátil. Son tantas, tantísimas las diferencias que lo único común es que estamos en el mismo sitio y tenemos los 40 metros de la entrada de la mina”, ilustra.

Carlos Menéndez estima que desde el primer día que se les dio el PIC ya se tendría que haber informado desde el Gobierno del Principado a Madrid, no ahora, sino hace cuatro años: “De ahí, las informaciones que salieron publicadas donde en Madrid decían que no sabían que se estaba extrayendo carbón en la mina”.

El apoyo de la comarca

La presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, pidió el pasado jueves “agilidad administrativa” para la reapertura de la mina de TYC Narcea, de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.

Antes de participar, junto a los alcaldes asturianos integrantes de la entidad, en una reunión con Adrián Barbón, Álvarez explicó que la administración está “bloqueando los trámites necesarios” para retomar la actividad en la mina de Vega de Rengos, paralizada desde el pasado 21 de noviembre tras el accidente mortal en el que fallecieron Óscar y Anilson.

“Setenta familias llevan meses sin trabajo tras la paralización de la explotación”, afirmó Álvarez, quien lo califica como un problema “puramente administrativo” con consecuencias para la comarca.

Justicia con las comarcas mineras

Los alcaldes están “bastante preocupados por saber a dónde se están destinando todos los fondos de transición”, reconoció, tras advertir de que el dinero “acaba destinándose a otras zonas de costa”.

La alcaldesa también exigió “el compromiso y la justicia” con las comarcas mineras y solicitó que “esos fondos vayan destinados a las zonas mineras” y no a otros territorios ajenos a la transición energética que afecta directamente a estos municipios.

La economía doméstica y el paro

Mientras los políticos, desde sus despachos, buscan soluciones, sigue la protesta en la calle. Los trabajadores de TYC Narcea están dispuestos a seguir con la acampada “indefinidamente”.

La economía doméstica no solo no es boyante, sino que incluso para más de un trabajador se complica al tener agotado el subsidio de desempleo. El año pasado, los trabajadores ya estuvieron afectados por un ERTE, al que se ha sumado otro este año y actualmente viven bajo la amenaza de un ERE inminente.

“Hay compañeros que ya venían de otros sitios, que habían agotado el paro, y esto es como la minería, que lleva muchos años en guerras. La situación es muy complicada y eso que estamos hablando de que, en el caso de que se pueda arreglar, llegamos a las fechas de octubre y noviembre”, expone.

Carlos Menéndez no obvia que las complicaciones se verán a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que se aplica el ERE: “Lo comprobaremos cuando pase un mes y ya no tengamos ingresos o los ingresos provengan del paro, donde ya sabemos que las cuantías son para subsistir, es decir, poco y mal”, sostiene.

El seguimiento de la primera jornada de huelga de cinco días convocada en la planta que Ence tiene en Navia por el despido de tres trabajadores es del “cien por cien”, ha afirmado este martes el presidente del comité de empresa, Javier Zardaín.

La huelga ha ocasionado un paro “completo” en la factoría de producción de pasta de celulosa y energía, según ha corroborado el presidente del comité, después de que ayer, lunes, los trabajadores y la dirección de la empresa no llegasen a un acuerdo tras varias horas de reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

El despido

El detonante ha sido el despido forzoso de tres trabajadores que la dirección de la empresa anunció unos días después de haberse cerrado el proceso de salidas voluntarias contemplado en el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en febrero y vigente hasta diciembre de 2027.

Para el comité de empresa, estos despidos suponen un “punto de inflexión” en las relaciones laborales dentro de la empresa porque “chocan frontalmente” con el espíritu del acuerdo alcanzado y en el que si la parte social “aceptó un expediente tan duro, fue precisamente para evitar medidas traumáticas”.

Problemas pendientes

Unido a ello, los trabajadores han denunciado una “larga lista de problemas pendientes” por parte de la dirección como incumplimientos del convenio colectivo y del acuerdo de producción mínima, falta de refuerzos adecuados en algunas líneas de producción o deficiencias en limpieza e higiene industrial por recortes en empresas auxiliares.

Asimismo, señalan que se ha producido una “pérdida de confianza” porque, tras meses de negociaciones, la dirección de la factoría ha “incumplido o reinterpretado unilateralmente” los acuerdos alcanzados.

“Nos preocupa la falta de respeto total hacia la negociación colectiva. La única respuesta que tenemos es la movilización y la huelga”, ha indicado Zardaín, quien ha advertido de que la dirección “busca el desgaste de derechos construidos durante muchos años”.

La postura de la empresa

La dirección de la empresa ha emitido un comunicado hoy, martes, en el que asegura que continúa con la ejecución del Plan de Eficiencia y Competitividad en su negocio de Celulosa que “se implementará en el periodo 2026-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos”.

En este escrito, la empresa sostiene que la ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará “una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco del procedimiento de despido colectivo acodado hace unos meses y que se implementaría hasta 2027”.