Momento maravilloso de la realización televisiva del primer discurso del Papa en España: el Pontífice se pronuncia contra “las narrativas divisivas y polarizantes” y pide que se eviten “las palabras que humillan y enfrentan” y la cámara enfoca a José María Aznar y Felipe González, sentados uno al lado del otro; de refilón, como siempre, se vislumbra a Mariano Rajoy. El Papa también habló de “la noche oscura del alma” de San Juan, ese momento de crisis y tinieblas que puede dar lugar a un renacimiento, y ahí la realización no enfocó a nadie, aunque seguro que Pedro Sánchez pensó “que me va usted a contar a mí”. 

La visita del León XIV ha coincidido con la filtración y lectura compartida del diario/agenda de Leire Díez, una fan fatal del PSOE de Sánchez con delirios de grandeza propios. Cualquiera con buen criterio dentro de Ferraz hubiera pedido una orden de alejamiento (porque cualquiera sabe que a John Lennon le asesinó un admirador obsesivo) pero fue todo lo contrario: a ella alguien le dio cargos públicos, primero, y nadie, después, le desanimó de ejercer un papel de agente secreto de Hacendado a la busca y captura de testimonios de la guerra sucia contra Sánchez. No hay indicio alguno de que el presidente supiera algo de esta trama de Mortadelo y Filemón que no consiguió nada de lo que pretendía sino todo lo contrario. De lo que sí hay constancia es de procesos dudosos contra el hermano y la esposa del presidente por ser el hermano y la esposa del presidente, que jamás se hubieran producido si Sánchez no fuera presidente. De lo que sí hay constancia es de la prioridad nacional que Feijóo está firmando a lo largo y ancho de España. De lo que sí hay constancia es del sesgo de la alta judicatura para condenar o absolver acciones iguales dependiendo de quien las cometa. 

Nada de esto es, por supuesto, excusa. El PSOE necesita una limpieza desinfectante de muchos cargos y allegados que apoyaron a Sánchez para medrar y son incapaces de servir a sus siglas ni a los ciudadanos a los que representa este gobierno. El resto de izquierda debe dejar de usar al PSOE como muleta y chivo expiatorio y buscar su propio camino. Y con esto, el problema que tenemos y tendremos los ciudadanos no es ese. Mientras leemos las anotaciones de una fontanera flipada olvidamos lo que se nos viene encima por parte de un partido que sí controla todas las instancias y resortes del poder y que se aliará con otro partido racista, machista e ineficiente. Y, sobre todo, olvidamos el modelo de país que muchos queremos: con servicios públicos de calidad, que invierta en sanidad, educación y comunidades locales, que no tolere tener a gente viviendo en la calle, que no discrimine por el lugar de origen, que luche por salarios dignos y empresas productivas, que fría a impuestos a los ricos, que se ría en la cara de Abascal y su prioridad nacional. Por ese país habrá que votar, cuando toque. 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la mañana del pasado 27 de mayo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Durante 12 horas, los investigadores se incautaron de un enorme volumen de documentación. Hubo registros en otros domicilios y empresas. El análisis de esa información arrojará más luz sobre la magnitud de un caso que ha vuelto a tambalear los cimientos del partido. Por el momento, en los miles de folios que componen el sumario se agolpan los indicios de que el PSOE financió parte de una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno. 

El avance de esas investigaciones constata que la trama fracasó en su intento de torpedear los casos más comprometidos para los dirigentes socialistas. El exministro José Luis Ábalos, el ex fiscal general del Estado y el hermano del presidente del Gobierno ya han pasado por el banquillo y todo apunta a que su mujer lo hará próximamente. Pero los mensajes y audios intervenidos por orden de la Audiencia Nacional sí revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. 

Así lo evidencia la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política. “Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más”, escribió Leire Díez en un mensaje incautado por la UCO. 

Uno de los ejes de esa estrategia era, por tanto, desestabilizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera afectar a los intereses del Gobierno y del PSOE. Especialmente, al entorno familiar del presidente. De hecho, el germen de estas actuaciones es una reunión que el entonces secretario de Organización del partido convocó en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez cancelara su agenda para decidir si continuaba en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, que acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado. 

Con ese objetivo, la trama se acercó a guardias civiles o empresarios imputados en diversas causas, como los hidrocarburos. Les ofrecían supuestos acuerdos favorables de la Fiscalía, destinos privilegiados o “protección” en sus procedimientos a cambio de información comprometedora sobre los responsables de sus investigaciones, que eran los mismos que lideraban las que afectaban al entorno del Gobierno: el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. También intentaron encontrar trapos sucios de los instructores de las causas contra la mujer y el hermano del presidente, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. 

Asimismo, buscaron fallos en las instrucciones policiales que les permitieran crear un efecto dominó y anular las causas vinculadas al Gobierno, así como alimentar las dudas sobre el conjunto de las investigaciones ante la opinión pública. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según la UCO. La realidad constata, sin embargo, que esa estrategia fue un absoluto fracaso. Todas las causas que la trama quiso desbaratar siguen en marcha. Algunas, como la del hermano de Sánchez, se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante, que actuó de la mano de aliados de dudosa reputación y arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

Antes del encargo de Santos Cerdán en abril de 2024 —y de que el PSOE empezara a financiar sus actividades—, Leire Díez se había movilizado para torpedear causas que afectaban, principalmente, al socialismo andaluz, como los ERE, Isofotón o Aznalcóllar. La UCO sitúa el inicio de estos movimientos en 2020, meses después de que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera imputado en el último de esos casos y tuviera que dejar su cargo (fue absuelto años después). Leire Díez y Vicente Fernández tenían una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público, donde la exmilitante era responsable de comunicación de ENUSA, la empresa pública del sector nuclear.

En paralelo, la UCO apunta a que ambos habrían puesto en marcha a partir de 2021 junto a Santos Cerdán y un empresario amigo de este —Antxon Alonso— una operativa para “orientar” expedientes de ayudas y rescates públicos dependientes de la SEPI. Para ello, se valían supuestamente de la capacidad de influencia que aún conservaba Vicente Fernández en el conglomerado público. A cambio, presuntamente, cobraban mordidas. Esta es la línea de investigación sobre la SEPI que investiga de forma simultánea la Audiencia Nacional. Santos Cerdán emitió este viernes un comunicado en el que negó su implicación en estos casos y acusó a la UCO de “destrozar personas”. 

Información sobre la brigada política

De vuelta a las maniobras de la trama conspiranoica, el otro eje de trabajo para defender al Gobierno tras la encomienda de Santos Cerdán fue conseguir material sonoro y documental que evidenciara cómo Pedro Sánchez había sido víctima de la policía política que actuó amparada por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, así como trapos sucios de sus rivales políticos. “Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la comisaría general de información”, le escribió la periodista Patricia López —ahora fallecida— a Leire Díez el mismo día que Sánchez amenazó con dimitir. 

Buscando pruebas de esas maniobras, Leire Díez se reunió con algunos de los protagonistas de ese grupo parapolicial que operó en la época del PP. El sumario acredita que se vio en dos ocasiones en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad de esa época, Francisco Martínez, quien se sienta ahora en el banquillo acusado por esas maniobras que forman el caso Kitchen. La exmilitante se presentó como una emisaria que “ha puesto el PSOE” y le ofreció un pacto con la Fiscalía para “sacarle” de esa investigación. A cambio, le pidió que colaborara aportando información para “limpiar” las instituciones y desentrañar operaciones policiales del pasado. 

Martínez le dijo en la segunda de esas reuniones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado en 2015 a Pedro Sánchez y había hecho informes sobre las saunas que regentaba su suegro, según un audio que consta en el sumario. El traslado de esa información no mejoró su situación procesal. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros, en el ‘caso Kitchen’ por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. 

Leire Díez también se alió con el comisario José Villarejo, al que ofreció un supuesto trato de favor en sus causas judiciales a cambio de que él aportara grabaciones, notas e informes que todavía no habían salido a la luz y que supuestamente implicaban a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena en la citada brigada política. El supuesto acuerdo incluía un pacto con la Fiscalía que evitara la eventual entrada en prisión de Villarejo y que parte de su patrimonio fuera salvaguardado. 

Al final, esa alianza salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la exmilitante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. El sumario revela que el fiscal del caso rechazó cualquier acercamiento y apunta a la existencia de una reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el letrado negó en su declaración ante la UCO. Villarejo acumula varias condenas y tiene abiertos todavía varios procedimientos en la Audiencia Nacional. 

En esa cruzada, Leire Díez contó también con la colaboración de Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

De hecho, la investigación ha revelado que antes del encargo de Santos Cerdán, Leire Díez y Pérez Dolset llevaban tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Fue a partir de ese momento cuando el PSOE, bajo las órdenes de quien fuera su ‘número tres’, empezó a dar un soporte financiero y logístico a la trama. Leire Díez cobró —a través de empresas interpuestas— algo más de 43.000 euros en medio año. Además, el partido sufragó viajes suyos y de Pérez Dolset y alojó al menos 22 reuniones de la trama. Estos hechos son los que utiliza la UCO para señalar al PSOE como financiador. Pero también abren el interrogante sobre el alcance del conocimiento de estas maniobras en la cúpula del partido.

El sumario recoge algunos mensajes en los que la exmilitante hace referencias al “one” [uno, en inglés]. La UCO infiere que con ese apelativo “solo” pueden estar refiriéndose a Pedro Sánchez, si bien en la investigación judicial no constan por el momento indicios de que estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

“Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, dijo este viernes Pedro Sánchez desde Bruselas. En la última Ejecutiva del partido, el pasado lunes, el presidente pidió a sus dirigentes que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

En otoño de 2026, en primavera de 2027, un superdomingo en mayo, después de las autonómicas y municipales… Las hipótesis son múltiples; los análisis, libres, pero la realidad rara vez coincide con lo que unas veces se pronostica y otras se anticipa como certeza. El anuncio de Pedro Sánchez esta semana de que el Gobierno ha empezado los trámites para presentar los Presupuestos del próximo año, en medio de la ofensiva judicial y el goteo de informes de la UCO sobre el PSOE, ha vuelto a disparar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, que no está sobre la mesa de un presidente del Gobierno con mentalidad de jugador de basket. El propósito es, como siempre, llegar al verano del próximo año, con una sentencia favorable de TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la amnistía, un nuevo modelo de financiación autonómica a debate en el Congreso y la última entrega de los fondos europeos.

“Si con esta traca de titulares, sumarios, autos, requerimientos, juicios y registros, la derecha judicial, política y mediática pretendía dar el golpe de gracia al Gobierno y precipitar elecciones, no ha sabido jugar bien la partida. Ni hay tiempo ya para convocar ni lo hubiera habido si esto hubiera saltado hace 15 días. Agosto no es una opción para votar. El timing se les ha ido de las manos”. Es el análisis monclovita sobre la excitación del PP ante la grave situación que vive el Gobierno, acosado por varios sumarios judiciales. Por tanto, opción 1 (elecciones inmediatas), descartada.

Y es que, a diferencia de los que conciben la política como una larga partida de ajedrez, Sánchez está acostumbrado a moverse sobre un espacio de incertidumbre y constante movimiento donde operan muchos jugadores y múltiples tácticas. Pero, sobre todo, a jugar partidos en los que cuando el rival gana ventaja, como es el caso ahora del PP, hay que reaccionar para recuperar la pelota. Y eso es lo que subyace tras su voluntad de llevar en septiembre al Congreso los primeros Presupuestos Generales de la legislatura: transformar la frustración por los casos de corrupción en una intensidad defensiva con la que conquistar la siguiente posesión. En el basket lo llaman mentalidad de remontada en el último cuarto y consiste en no pensar en los 20 puntos de ventaja del rival, sino en los siguientes 10 minutos de juego para recortar distancias. En el marco mental de Sánchez significa una nueva patada hacia delante, poner tiempo de por medio y esperar a que pase el verano, como hizo el año pasado tras la detención de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y la oposición también especuló con un anticipo electoral en 2025.

Ha pasado un año de aquello y aunque el PP interpretó que la entrada en prisión preventiva de Cerdán sería una sangría de votos para el PSOE, la curva de la demoscopia no marcó precisamente eso, sino que en septiembre los socialistas recuperaron posiciones. “Los precedentes animan a la prudencia y a la paciencia”, resumen en el gabinete del presidente del Gobierno. Opción 2 (elecciones en otoño), también descartada.

Así que, tras el portazo del nacionalismo vasco y catalán a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura, el rechazo rotundo a disolver las Cortes de inmediato y el enésimo 'no' del presidente a un superdomingo electoral en el que coincidan generales con municipales y autonómicas el próximo mayo (opción 3), las posibilidades para las legislativas, salvo cataclismo, se reducen a dos: primavera o verano de 2027. El objetivo es más lo segundo que lo primero, ya que si en algo coinciden varios miembros del Gobierno es en que “la presentación de los Presupuestos no es un paripé”, sino una decisión con la que el presidente quiere “hacer del Parlamento el centro de la conversación pública, que además valoran positivamente los socios de investidura y que servirá para que los ciudadanos comprueben que, pese al ruido, no todo es Cerdán, Ábalos o Leire Díez”.

Es la respuesta de La Moncloa a quienes tras el anuncio de Sánchez ven una jugada con la que abrir la campaña electoral de unas elecciones que tendrían lugar en el primer trimestre de 2027, si el Congreso tumbara las cuentas públicas. “Hablar de un plan B es aceptar de antemano que el plan A, que sería la aprobación de los Presupuestos, será un fracaso y no estamos en esa pantalla” añaden. En el entorno del presidente admiten que el PP ha consolidado la idea de que Sánchez es un activo tóxico, pero no creen cree que unas generales en febrero o marzo del próximo año con un mal resultado del PSOE fueran a librar de la hecatombe, dos meses después, a alcaldes y candidatos en las municipales y autonómicas. Opción 4, posible pero poco probable.

En el PSOE saben que la fotografía de Aitor Esteban esta semana junto al secretario general del PSE, Eneko Andueza, es un mensaje en sí misma, después de que el presidente del PNV calificase unos días antes de “irresponsabilidad” que la legislatura llegara a término en unas declaraciones que no entendieron ni los propios jeltzales. Son los peneuvistas quienes más temen un hipotético superdomingo en el que coincidan generales con municipales.

Convencido de que ni al PNV ni a Junts les interesa tampoco echarse en brazos de un PP que ha dinamitado todos los puentes de entendimiento con el nacionalismo y que tiene además como compañero de viaje a Vox, Sánchez intenta ganar tiempo. Su propósito es, como siempre dijo, llegar al verano de 2027, en una nueva partida de resistencia en la que comprende que los socios puedan marcar una distancia prudente con el Gobierno, pero no perseguir el game over que tanto anhela la derecha.

“Ahora —añade un ministro socialista— toca fractura, erosión, distancia y mucho más ruido, pero PNV y Junts están tranquilos, si bien no se les puede pedir un cierre absoluto de filas con la que está cayendo y teniendo en frente a un PP cuyo sueño húmedo es la imputación del presidente del Gobierno”. Por eso el guiño de Sánchez esta semana a los de Puigdemont en el Cercle d’Economia, que fue donde anunció el inicio de los trámites para la presentación de los Presupuestos, llevó de nuevo al centro del debate la financiación autonómica y se mostró dispuesto a reanudar con Junts las negociaciones sobre el “conflicto político” en Catalunya. La expresión no es baladí y persigue tentar al independentismo a culminar la legislatura, una vez que se conozca, previsiblemente en septiembre, la sentencia del TJUE sobre la amnistía que permita el regreso de Puigdemont. Con el de Waterloo de regreso y Junqueras sin inhabilitación, en el Gobierno creen que el marco de discusión será otro a partir de 2027. Por eso Sánchez reclamó un “esfuerzo” a los independentistas para aprobar unas cuentas que, junto con el debate sobre el modelo de financiación autonómica, la quita de la deuda y la última entrega de los Fondos Next Generation, le darían oxígeno en su momento de mayor debilidad. 

Para llegar ahí antes tendrá que pasar por una comparecencia en el Congreso sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y un Comité Federal del PSOE el próximo día 27 en el que sus integrantes se han propuesto no pasar de puntillas por la grave situación que atraviesan y hablar “con honestidad” sobre la debilidad estructural de una organización que no ha dado respuestas a las federaciones ni ha estado a la altura de lo que exigían los acontecimientos. Y esa es otra historia que en los próximos días dará también mucho que hablar.

El principal acusado se llama David Sánchez Pérez-Castejón, y eso es un hecho probado. Se juega ir a la cárcel: se sienta en el banquillo acusado de tráfico de influencias y prevaricación. Esta misma semana, la acusación popular ha decidido duplicar la petición de condena para David Sánchez. Organizaciones como Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP o Vox pedían tres años de cárcel. Les pareció poco. Ahora piden seis. 

¿Su principal delito? Ser hermano del presidente del Gobierno, el tan odiado por la derecha Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Porque si el acusado no tuviera esos apellidos, dudo que hubiéramos llegado hasta aquí. 

El juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz es completamente anómalo, por tres razones.

La primera, porque es muy raro encontrar un proceso penal por un supuesto enchufe. Lo habitual con las oposiciones amañadas, los contratos a dedo o los puestos de trabajo ficticios es que se juzguen por la vía contencioso-administrativa: sin condenas de cárcel. Incluso en los casos más graves y flagrantes, que en ocasiones sí van por lo penal, la condena al cargo público suele ser la inhabilitación, no la prisión. 

La segunda, porque es aún más inusual que se juzgue al enchufado. 

La tercera, porque ni siquiera hay pruebas solventes de que realmente David Sánchez fuera enchufado. Y los pocos indicios que había han quedado desarbolados esta semana, durante las declaraciones de los testigos.

Es un nuevo proceso de Kafka. El proceso Sánchez Pérez-Castejón. 

Vayamos primero a los precedentes. 

De la Universidad al Tribunal de Cuentas

En el Supremo hay decenas de sentencias que anulan plazas universitarias decididas ilegalmente. Casos donde el perfil estaba redactado a la medida de un candidato, donde los méritos que se piden coinciden sospechosamente con los del enchufado o donde la comisión de selección fue arbitraria. Todas esas sentencias terminan igual: con la anulación de la plaza y la repetición del procedimiento. Casi nunca se juzga al enchufado, que a lo más que se arriesga es a perder el puesto. Son procesos administrativos, no penales. Es lo que pasó, por ejemplo, con esta plaza en la Universidad de Oviedo.

Otro caso de enchufismo, en una institución donde el nepotismo es más que una sombra: el Tribunal de Cuentas. De 700 empleados, más de un centenar tenían lazos familiares con los altos cargos y consejeros de este organismo, según una investigación publicada en 2014 por El País.

Entre 2014 y 2017, el Supremo desmontó uno de estos enchufes: una plaza de subdirector adjudicada al hermano de Javier Medina Guijarro, entonces vicepresidente y consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. 

Primero se colocó a dedo al hermano de Medina en el cargo de subdirector en comisión de servicios. Después se modificaron los requisitos para el puesto mediante una supuesta “corrección de errores” que eliminaba exigencias que el enchufado no cumplía, como saber inglés y francés. Más tarde se dejó la convocatoria desierta, para que siguiera el hermano. Por último, se volvió a convocar otra vez la plaza, de nuevo a su medida, que así ganó.

El caso se resolvió por la vía contencioso-administrativa, no por la penal. El Supremo anuló una tras otra esas actuaciones. Hicieron falta cuatro sentencias y dos autos, entre 2014 y 2017, para que el Tribunal de Cuentas desistiera del enchufe y convocara la plaza de forma legal. En una de estas sentencias, el Supremo concluyó que estos movimientos eran una “desviación de poder” que tenían “una finalidad torcida”: que el puesto lo ganara el hermano de Javier Medina, no el candidato más idóneo. 

¿La condena? En la práctica, solo las costas judiciales: 38.000 euros en total, que tuvo que pagar el Tribunal de Cuentas (no su vicepresidente). El hermano ni siquiera tuvo que devolver el dinero cobrado desde que fue enchufado hasta que su nombramiento se anuló.

No era siquiera el primer indicio de nepotismo. Casualmente, Javier Medina tenía entonces trabajando en el Tribunal de Cuentas a su hermana, a su mujer, a un familiar de su mujer… y a su hermano.

Hubo un intento de juzgar como prevaricación ese enchufe, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la querella presentada contra Javier Medina. ¿Los argumentos? Que una ilegalidad administrativa no es lo mismo que un delito de prevaricación: hace falta que sea una arbitrariedad grosera sin ninguna justificación, dijo el Supremo (con dos votos particulares en contra que sí pidieron investigar). Ni siquiera ante un ejemplo así, se vieron indicios suficientes para abrir una causa por lo penal. 

Hay que esforzarse mucho para que un enchufe se convierta en un juicio penal. Para que haya delito, dice la jurisprudencia del Supremo, hace falta un enchufe campanudo y a las bravas. Como lo que hacía Baltar en la Diputación de Ourense.

Las cacicadas de Baltar

José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación de Ourense, sí fue juzgado y condenado por lo penal: por contratar ilegalmente a 104 personas. Todas a dedo: sin publicidad ni concurrencia, sin el más mínimo respeto por el procedimiento legal. 

En aquellos años, la Diputación de Ourense llegó a tener 33 porteros en nómina para un edificio con solo tres puertas.

Los 104 enchufados eran en su mayoría familiares y cargos vinculados al aparato local del PP. Todos esos contratos ilegales se firmaron en apenas tres meses: entre enero y marzo de 2010. La fecha no es casual: en ese mismo periodo, el PP de Ourense celebraba un reñido congreso provincial. Uno clave, porque Baltar padre se retiraba y pretendía dejar en herencia el cargo de presidente de la Diputación a su hijo, José Manuel Baltar.

Los enchufes cumplieron su función. Baltar hijo ganó el congreso del PP y sucedió a Baltar padre como presidente provincial del partido y de la Diputación. Entre padre e hijo, sumaron 33 años al frente de esa institución. Tuvo que llegar un radar de la DGT que pilló a José Manuel Baltar conduciendo a más de 200 kilómetros por hora para que la saga familiar perdiera la Diputación. 

Aquellos enchufes se juzgaron por lo penal. ¿La sentencia? José Luis Baltar fue condenado a 9 años de inhabilitación. Un chiste, porque para entonces Baltar padre ya estaba jubilado: no ocupaba cargo público ni tampoco aspiraba a ninguno. En la práctica, la condena no tuvo ningún efecto. 

Los enchufados de Baltar no fueron juzgados. Tampoco esos cargos del PP local que aceptaron este trato de favor para ellos o sus familiares. Tampoco el beneficiado indirecto de los enchufes, su hijo y sucesor. La sentencia tampoco obligó a los enchufados a devolver el dinero cobrado de la Diputación. 

En aquellos años, el máximo responsable del PP gallego era Alberto Núñez Feijóo. Hoy es el líder nacional de un partido que pide cuatro años de cárcel para Miguel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz. 

La hermana de Moreno Bonilla

Otro ejemplo. En 2019, al poco de ganar Juan Manuel Moreno Bonilla la presidencia de la Junta de Andalucía, su hermana se llevó una plaza pública que dependía de esta administración: directora del conservatorio superior de danza de Málaga. Otra candidata denunció el nombramiento ante la Fiscalía. En el concurso de méritos, ella tenía 49,5 puntos. La hermana de Moreno Bonilla, solo 38,2.

El caso se cerró sin llegar siquiera a juicio. La Junta defendió que la elección de la hermana de Moreno Bonilla no dependía solo de esa puntuación y que la Inspección Educativa desaconsejó el nombramiento de la otra candidata. La Fiscalía archivó la investigación. 

Un último precedente, aún más reciente y donde muy pronto habrá sentencia: el proceso penal contra José Luis Ábalos por, entre otros motivos, enchufar a su entonces pareja, Jessica Rodríguez, en una empresa pública a la que no consta que fuera a trabajar. 

¿Está siquiera imputada Jessica Rodríguez? Por supuesto que no. 

De San Petersburgo a Badajoz

Vistos los precedentes, es difícil sostener una acusación penal contra David Sánchez. Incluso si hubiera sido enchufado. Pero es que ni siquiera hay evidencia de que tal enchufe sea real.

El hermano del presidente del Gobierno es director de orquesta. Estudió en una de las escuelas de música más prestigiosas y antiguas del mundo: el Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov de San Petersburgo. Trabajó durante años como director de orquesta en esa ciudad rusa. En 2015, antes de que fuera acusado de enchufe, el diario El Mundo lo calificaba como “uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos en el extranjero”.

En 2017, fue contratado por la Diputación de Badajoz como “coordinador de actividades de los conservatorios de música”. Más tarde su puesto fue modificado y pasó a denominarse “jefe de la oficina de artes escénicas”. Hoy está siendo juzgado por los presuntos delitos de “tráfico de influencias” y “prevaricación”.

La denuncia inicial fue de Manos Limpias. Llena de mentiras, como que tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA (falso, eran 71.000 euros). O que no iba a trabajar (falso, como están demostrando las declaraciones de los testigos). O incluso que vivía en Portugal (en Elvas, a media hora de su trabajo), como si eso también fuera un delito.

La jueza de instrucción que ha procesado penalmente a David Sánchez –en contra del criterio de la Fiscalía– se llama Beatriz Biedma. Su acusación es que esa plaza de la Diputación se creó a medida porque David era el hermano del secretario general del PSOE. Que ese puesto no era necesario y se diseñó específicamente para él. 

Es la misma teoría que alentó esta semana en el juicio el teniente coronel de la UCO Antonio Balas: “Entendemos que [la decisión de crear el puesto] partió de un nivel superior con capacidad política”. A Balas también “le llamó la atención” la “urgencia” para crear esa plaza. Las acusaciones argumentan que esa plaza siempre fue “con bicho”: que fue creada solo con el afán de contratar al hermano del hoy presidente del Gobierno.

Hay un problema: las fechas de cuándo se crea esa plaza no cuadran con el enchufe.

David Sánchez fue contratado en julio de 2017: poco después de que su hermano recuperara la secretaria general del PSOE, tras su victoria en las primarias de 2017. Pero la creación de ese puesto de coordinador de los conservatorios es del año anterior. La propuesta aparece por primera vez el 17 de octubre de 2016 y la dotación presupuestaria se aprueba el 4 de noviembre de ese mismo año.

Cuando se crea esa plaza, Pedro Sánchez es un apestado en el PSOE.

Unas semanas antes, el 1 de octubre de 2016, el Comité Federal del PSOE había forzado su salida como secretario general. Y en el proceso interno que se vivió después, Miguel Ángel Gallardo apoyaba a Susana Díaz. No parece que en el otoño de 2016, el presidente de la Diputación de Badajoz tuviera razón alguna para enchufar al hermano del entonces defenestrado secretario general.

Contra lo que algunos creen, tampoco era una plaza de funcionario de carrera: fue un puesto de personal laboral de alta dirección. El detalle es importante: era un trabajo del que después te pueden despedir con relativa facilidad. Y que también tiene requisitos más laxos para la contratación. 

A la convocatoria de la Diputación se presentaron 11 personas. Tras las entrevistas, cinco candidatos fueron considerados no aptos para el desempeño del puesto y seis aptos. Entre estos últimos estaba David Sánchez Pérez-Castejón, que obtuvo la valoración más alta: 90 puntos sobre 100.  

¿El resto de las pruebas contra él? Que se interesó por los pisos en Badajoz antes de ganar la plaza –algo lógico si estás ante la posibilidad de que la puedas lograr–. Y también un correo electrónico sobre la convocatoria de la plaza de Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Badajoz, que utilizó la palabra “hermanísimo” el 17 de mayo de 2017. Valentí explicó ante el tribunal que usó ese término porque había “rumores” de que se presentaría a esa convocatoria, no de que la fuera a ganar; que utilizó el término en tono jocoso. Y que conocía a David Sánchez igual que al 80% de los candidatos que se presentaban a ese puesto. 

Otros testigos del juicio han desmontado también otras de las acusaciones contra David Sánchez: que no trabajaba o que el puesto era innecesario.

Si esto fuera un juicio normal, tras estos testimonios, es muy dudoso que pudiera acabar con una condena. No ha aparecido una sola prueba que demuestre ese “tráfico de influencias” para ese puesto. Menos aún que ese delito lo haya cometido el propio David Sánchez.                  

Pero si esto fuera un proceso penal normal, también es muy dudoso que hubiera podido llegar siquiera a juicio. A estas alturas, cuesta creer que tantas anomalías simultáneas en tantos tribunales españoles sean culpa del azar.

Ni supo, ni mucho menos avaló “las andanzas” de Leire Díez. Tras nueve días sin contestar preguntas sobre el terremoto judicial que sacude al Partido Socialista, Pedro Sánchez decidió atender este viernes a los medios de comunicación en la cumbre europea de Montenegro para salir al paso de una hipótesis deslizada en los informes de la UCO y que había empezado a monopolizar el debate público en España desde que se conoció el sumario del caso.

“Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Que los ciudadanos no tengan ninguna duda. Y no se me informó porque, si me las hubieran dicho, no las hubiera tolerado”, dijo el presidente del Gobierno para intentar zanjar la teoría de que era él quien realmente orquestaba la trama investigada en la Audiencia Nacional.

En esa misma comparecencia ante la prensa, Sánchez trasladó su “decepción, preocupación e indignación” por el cariz y la gravedad de los hechos investigados, sobre los que en ningún momento quiso extender la sombra de sospecha de una campaña judicial orquestada, como sí han apuntado en las últimas semanas varios de sus ministros y dirigentes del partido. En realidad, esa declaración pública para dar las explicaciones pendientes sobre el escándalo que azota a su partido fue decidida en el último momento por el presidente del Gobierno y su equipo, que habían apostado desde el estallido del caso por pasar de puntillas sobre un asunto que también han querido enmarcar en los “comportamientos individuales” de unos cuantos “farsantes, resentidos y oportunistas”.

Ese argumentario, reciclado de los escándalos de José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, envejeció pronto y mal en las últimas horas. Porque la investigación apunta a que la mancha de aceite del 'caso Leire' se extendió mucho más allá de los tentáculos de Cerdán y estaba lejos de resultar una relación encapsulada. Así, la UCO sostiene que la denominada 'fontanera' de Ferraz no solo cobraba del Partido Socialista y se servía de su logística para desarrollar su presunta actividad delictiva, sino que tuvo contacto con otros dirigentes del PSOE e incluso con altos representantes de algunas instituciones del estado.

El ejemplo más claro es el de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a quien el presidente aún mantiene, al menos formalmente, su apoyo. “Desde el Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en su honestidad. Solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza”, se limitó a contestar. Después de que el propio ministerio del Interior lo negara, el departamento de Grande-Marlaska admite ahora las tres reuniones de González con Díez que acredita el sumario. Y admite también que la última de ellas fue para pedirle ayuda sobre un comandante implicado en el 'caso Koldo'. Lo que niega Interior es que la directora de la Guardia Civil aceptara “interferir jamás en ninguna investigación”.

Con el agua al cuello ante el terremoto judicial de las últimas semanas, lo que muchos socialistas demandaban en privado a su partido y a su Gobierno es que saliera a dar explicaciones para sofocar, en la medida de lo posible, una crisis de primer nivel. Tras las últimas novedades del caso, nadie creía que fuera viable guardar silencio hasta la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados prevista para el 24 de junio. La conclusión más extendida era que se requería un mensaje urgente y contundente para defender la reputación de las siglas, ahora gravemente herida, y desechar la idea que intenta apuntalar la oposición de una corrupción sistémica en Ferraz. Justo el extintor de incendios que sacó Sánchez este viernes.

“No voy a permitir que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de una oposición marrullera empañen la acción de un Gobierno que mejora la vida de la gente y que es referente fuera de nuestras fronteras. Mi Gobierno es un Gobierno limpio y mi partido es un partido íntegro”, reivindicó el presidente, que dejó la puerta abierta a decisiones que pueda adoptar en el futuro para la depuración de más responsabilidades. ,

Acercamiento al PNV

Ese nuevo cortafuegos establecido respecto a las conductas de Santos Cerdán o Leire Díez se suma ahora a la otra gran baza del presidente del Gobierno para mantener a flote una legislatura amenazada por las incontables vías de agua: el portazo a Alberto Núñez Feijóo de formaciones como Junts o PNV, refrendado justo esta semana cuando, al igual que otras tantas veces, un tropiezo no forzado del líder de la oposición regaló algo de aliento a un Ejecutivo acorralado.

Fue muy celebrada en la Moncloa, por ejemplo, la respuesta del dirigente de Junts, Jordi Turull, a la mano tendida de Feijóo para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben cómo funciona”, le dijo Turull al líder del PP para invitarlo a ir a reunirse con Carles Puigdemont, a quien ha definido durante toda la legislatura como un “golpista” y un “prófugo”.

También intentaron pescar los populares en las aguas del Partido Nacionalista Vasco, que en las últimas semanas había endurecido el tono contra el Partido Socialista y había llegado a reclamar elecciones anticipadas para este año 2026. Pero la respuesta que recibió Feijóo también fue el portazo. “Si ni siquiera he hablado con él, puede pensar usted qué opinión puedo tener”, respondió Aitor Esteban a la pregunta de un periodista sobre la moción de censura. Para remachar, el presidente del PNV enumeró los agravios que hacen inviable su entendimiento con el PP, sin siquiera entrar a la incompatibilidad manifiesta con Vox. “El PP es un partido que no ha querido el euskera en Europa, que ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, que se ha opuesto con uñas y dientes a la selección de pelota vasca y que ha dicho verdaderas burradas del palacio de Avenue Marceau”, el histórico edificio recuperado por el PNV en París.

Después de que el propio Aitor Esteban elevara el tono de sus reproches públicos contra el Gobierno, desde el Partido Socialista y el entorno del presidente se han intensificado los contactos para recomponer una interlocución magullada con los nacionalistas vascos. Es desde hace algún tiempo Antonio Hernando, dirigente en Ferraz y 'número dos' de Óscar López en el Ministerio de Transformación Digital, el nexo entre el Palacio de la Moncloa y Sabin Etxea. Y el hombre que en las últimas semanas se ha afanado en dispensar a Esteban el trato que el líder del PNV demandaba.

Intranquilos por los azares de una legislatura ahora cortocircuita por los casos de presunta corrupción del PSOE, reclaman los nacionalistas vascos desde hace meses desbloquear la agenda de transferencias pendientes o mejorar la colaboración parlamentaria en el Congreso de los Diputados para tener más información de la agenda legislativa del Gobierno, sobre la que reprochan que les obliguen “a ir a ciegas” a los Plenos. Y dos aspectos más: el impulso a un debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado que no se ha dado en todo el mandato y que bajo ningún concepto las elecciones generales coincidan con las municipales de mayo de 2027. Justo los dos temas sobre los que Pedro Sánchez ofreció esta semana garantías públicas.

“Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”, dijo este viernes, en plena consonancia con la exigencia del PNV de que el debate político estatal no monopolice una cita con las urnas en la que se juegan gran parte de su poder institucional.

El presidente también anunció que en 2027 sí habrá, al menos, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que verá la luz en el Consejo de Ministros y que será tramitado y debatido en el parlamento. Sin cuentas durante toda la legislatura, Sánchez traslada ahora el impulso a esos Presupuestos justo para un año que será eminentemente electoral, con la ya mencionada cita de municipales y autonómicas y a la espera de que sean fijadas las generales. Un contexto de competición política a cara de perro que, con toda probabilidad, hará inviable el acuerdo necesario para sacar adelante unas cuentas que, en caso de decaer, servirían como excusa perfecta para la disolución de las Cortes. Y que, de paso, le permiten ya a Pedro Sánchez proyectar su mandato hacia 2027 mientras sus rivales lidian con el ansia de unas elecciones inmediatas y sus compañeros de filas con la incertidumbre de cómo sobrevivir a las siguientes 24 horas.

Cuando el pasado 27 de mayo se conoció el auto del juez Santiago Pedraz por el que acordaba varios registros e imputaba tanto al ex 'número tres' socialista Santos Cerdán como a la gerente del partido Ana Fuentes o al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, el sindicato Manos Limpias se apresuró a redactar un escrito en el que solicitaban al juez que elevara el caso Leire Díez al Tribunal Supremo porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía ser investigado como inductor. La secuencia recordó a lo ocurrido en 2024, cuando los de Miguel Bernad presentaron una denuncia contra Begoña Gómez en base a unos recortes de periódico que acabó prosperando gracias al juez Juan Carlos Peinado.

Más allá del deseo de un sindicato que preside quien fuera secretario general del Frente Nacional, heredero de la Fuerza Nueva de Blas Piñar, lo cierto es que los diferentes atestados, informes y autos que componen el sumario del caso dejan claro que Cerdán y la exmilitante socialista se activaron en abril de 2024 para tratar de socavar los procedimientos judiciales que salpicaban tanto al PSOE como a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La figura del jefe del Ejecutivo se erige como la causante de los desvelos y de la actividad frenética de la 'fontanera' socialista. Y con esta premisa surge la duda de si Sánchez estaba o no al corriente de esa operación de salvamento que se orquestó con el beneplácito (aparente) de todo un secretario de Organización del PSOE en una reunión que se celebró en Ferraz durante esos días de reflexión que se dio el presidente para decidir si abandonaba la política tras conocerse la imputación de su esposa. No figura nada hasta el momento que acredite de forma directa que Sánchez estuviese al tanto y él lo ha negado este mismo viernes: “Ni lo avalé ni tuve información”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en el que es el principal atestado de la causa, el 89/2026 'Informe sobre hechos de aparente naturaleza delictiva', que la misión principal de la trama era “la defensa del Gobierno y su partido político” y que se instrumentalizó a la formación política para la ejecución de acciones “que consistirían en intentar atacar la integridad de todos los procedimientos judiciales con afectación al entorno del Gobierno, mediando actos de aparente naturaleza delictiva”. Da un dato importante, todo “detona” con la decisión de Pedro Sánchez de publicar su 'Carta a la Ciudadanía' el 24 de abril de 2024.

Así pues, buscándolo o no, la figura de Sánchez está en el origen de los esfuerzos de la trama. De esos días, ya recogen los investigadores que Leire Díez mantiene una conversación con la periodista Patricia López (ya fallecida pero que pudo tener un papel relevante junto a la exmilitante) en la que le indicaba que tenía que hablar con Cerdán. “Necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez. Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez”, le indicaba.

A partir de ese episodio y a lo largo de las 372 páginas del principal informe de la UCO se menciona una treintena de veces de manera directa o a través de supuestos apodos al presidente del Gobierno. Son citas de terceras personas sobre él y el Gobierno defiende que se trata de un uso del nombre del presidente “probablemente para darse importancia”, en palabras del ministro Bolaños.

La grabación de Stampa: “Límpiese”

Una de las ocasiones en las que se vincula al presidente con la trama es cuando se recogen textuales de la reunión de la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset con el fiscal Ignacio Stampa. En concreto, cuando le refieren que el presidente les había dado el mandato de “que se limpie todo”. El fiscal grabó de forma subrepticia esa conversación.

Para los investigadores es de “interés” y un “elemento de especial relevancia” que Pérez Dolset sostuviera que “la decisión última sobre el inicio de esta actividad fue del propio presidente del Gobierno”, algo que, dicen, la propia Leire Díez confirmó cuando apostilló a la frase del empresario aquel “límpiese”.

Además, la UCO indica que durante la comparecencia pública de Sánchez el 29 de abril de 2024, tras el periodo de reflexión, cuando confirmaba su voluntad de permanecer al frente del Gobierno, Leire mensajeó al expresidente de la SEPI Vicente Fernández —con quien tuvo una relación personal— indicándole que la información que habían aportado estaba siendo empleada y había sido útil: “El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”.

Ese mismo día, Leire mantenía otra conversación, esta vez con Juanma Serrano (quien fuera jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE hasta que llegó a La Moncloa) en la que éste le hace ver que “el jefe había citado lo de los audios” en su comparecencia pública. Leire Díez respondió con una nueva referencia al “jefe”, señalando: “El jefe nos va a poner en un altar”.

Y es que, tras dos años intentando llegar al PSOE, por fin —y por culpa de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado— les habían empezado a tener en cuenta. Así lo reflejaba ella en un cuaderno que le fue incautado en su domicilio en referencia a la 'Operación PSOE': “Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”.

“Por orden del One”

Pero quizá las menciones que más destacan y que para la UCO podrían apuntar a un conocimiento real de Sánchez sobre lo que hacía la trama son las que se refieren a él como 'el One'. Al respecto, consta en la causa una conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández de enero de 2025 en la que ella expone que la prioridad de Santos Cerdán es atacar las causas de hidrocarburos porque podrían hacer caer como castillo de naipes procedimientos como el caso Koldo. Faltaban pocos meses para que un informe de la UCO apuntase al propio Cerdán. Ahí, Leire Díez indica que esa vía se debe seguir “por orden del One”.

Para la UCO, la referencia al 'One' solo puede indicar que se habla del presidente del Gobierno. “Por un lado, por ser la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos Cerdán dentro del partido y, por otro, por el significado implícito de la referencia 'one', de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad”, explica.

Ese 'One' aparece también en las actas que redacta el comandante Rubén Villalba de sus encuentros con la fontanera del PSOE. En ellas expone que “Leire insiste en que tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno”.

Otro de los documentos clave que recoge el atestado de la UCO y que deja claro que la 'fontanera' todo lo hacía por el presidente del Gobierno es el conocido como 'LD-Planteamientos'. Fiel a su estilo, el comisario José Manuel Villarejo, tras contactar con Leire, redacta una suerte de proyecto que incluiría “un informe de inteligencia sobre PS”. La trama, en junio de 2024, había subcontratado de alguna manera al comisario para destapar los ataques de la cloaca contra el líder socialista.

Otra referencia que la UCO destaca como “paradigmática” es cuando en el fragor de los trabajos para atacar la figura de la jueza que instruía el caso contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en Badajoz, Leire Díez llegó a manifestar que su prioridad en todo era Sánchez: “(...) mi prioridad en todo esto: el presidente”.

Pero quizá el mensaje que podría servir para apuntalar la tesis de la UCO de que quien estaba detrás de ese apodo de 'el One' era Sánchez se encuentra en febrero de 2025. En ese momento Leire Díez ya ha sido calificada por la prensa como la 'fontanera' del PSOE. Vicente Fernández le escribe para interesarse por ella y le recomienda que informe a 'S' (“se infiere que en referencia a Santos Cerdán”, dice la UCO). Y ella le responde que ya lo ha hecho y que le ha pedido que no se venga abajo. “Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo”, resaltaba ese 15 de febrero de 2025.

Además, una de las agendas de anillas incautadas a Leire Díez en su casa del norte de Madrid contiene la anotación “Reunión con P.S.” en la página correspondiente al 3 de febrero de 2025. La UCO hizo alusión a alguna de las anotaciones de esa agenda en el informe principal del caso, pero obvió este apunte. Según la página oficial de La Moncloa, Pedro Sánchez —a quien pudieran corresponder esas siglas— participó ese día en el retiro informal de líderes de la Unión Europea, convocado por el Consejo Europeo. Desde Moncloa han “desmentido rotundamente” cualquier encuentro entre ambos.

Con todo, más allá de menciones en mensajes cruzados por la 'fontanera', lo cierto es que hasta ahora no ha aparecido nada que permita afirmar que el presidente del Gobierno pudiera haber estado al tanto de ese 'operativo' nacido para intrigar en causas judiciales y contra representantes de la Fiscalía, jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La investigación se encuentra en un momento incipiente habida cuenta que se deben analizar, entre otros, todos los dispositivos electrónicos incautados a Santos Cerdán, ese presunto coordinador de la trama que puede ser el cortafuegos para que el asunto no escale hasta la presidencia del Gobierno.

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha criticado este viernes la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto que el papa León XIV llevará a cabo el 11 de junio en el muelle de Arguineguín al considerar que “no mostró en su día ningún tipo de interés” durante la crisis migratoria de 2020 pese a que la migración es una competencia estatal. “No merece venir”, observó.

La regidora ha reaccionado así al anuncio de Moncloa de este jueves que informaba que Sánchez asistirá con el pontífice al encuentro que mantendrá en la isla con migrantes, ONGs y entidades que los atienden para visibilizar el drama migratorio.

Asimismo, el Papa, que con el encuentro en el muelle pretende visibilizar la tragedia de la inmigración que cada año se cobra cientos de vidas en el mar, también estará acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, Onalia Bueno ha señalado que durante aquella crisis migratoria solicitó la presencia y el auxilio del Estado en el muelle, donde, según ha recordado, llegaron a permanecer más de 3.600 personas hacinadas.

También ha reprochado al Gobierno central que no actuara hasta que el Ayuntamiento de Mogán (municipio ubicado en el sur de la isla) “dio un golpe en la mesa” habilitando guaguas para trasladar la situación y a los migrantes a la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con todo, la alcaldesa ha asegurado que la noticia de la visita del presidente ha sido recibida “de aquella manera” por los vecinos de Mogán y de Gran Canaria.

En este punto, Bueno entendió que el presidente “no merece venir” ahora a un lugar en el que, sostiene, “nada hicieron” cuando la situación dependía directamente del Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que “nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, a su llegada a Tivat (Montenegro) para participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Sánchez ha reiterado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha rechazado las comparaciones con la “policía patriótica” que puso en marcha el PP: “Nunca haría lo que otros sí me hicieron a mí”.

Sánchez también ha apoyado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha reconocido varias reuniones con Leire Díez. En una de ellas, la 'fontanera' le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo. “Desde el Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en su honestidad. Solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza”, ha insistido.,

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el sumario del caso Leire se recoge cómo la exmilitante del PSOE hace referencias en varias conversaciones a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” que la UCO apunta en su investigación que “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”.

Sin embargo, Sánchez ha sido tajante en lo que respecta a Leire Díez: “Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas entre la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto: es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español”.

Ante las acusaciones de corrupción, Sánchez ha añadido que el equipo jurídico del PSOE “está trabajando para saber exactamente qué acciones se van a emprender en defensa de la honorabilidad y de la limpieza del Partido Socialista”.

El presidente del Gobierno ha asegurado que “nunca” haría “lo que otros” sí le hicieron a él, en referencia a maniobras como la realización de un informe por parte del CNI sobre los negocios del suegro de Sánchez antes de las elecciones de 2015, según admitió el ex número dos de Interior en un audio con Leire Díez que consta en el sumario del caso.

También ha rechazado las comparaciones con la “policía patriótica” que puso en marcha el PP para robar documentación sobre la financiación ilegal del PP, entre otras cosas. “Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. Hay informaciones de hace muchos años donde una policía mal llamada patriótica del Gobierno del PP, que este sí utilizó resortes del Estado para obstruir investigaciones”, ha criticado.

“No va a haber un superdomingo electoral”

Ante los rumores de adelanto electoral, el presidente del Gobierno ha negado que las elecciones generales vayan a coincidir con las elecciones municipales y de algunas autonomías, que tendrían lugar en mayo de 2027. “Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”.

Ante la petición de elecciones adelantadas por parte de un grupo de 100 militantes socialistas, Sánchez ha destacado que “el Partido Socialista impulsó ya definitivamente los procesos de primarias a todos los niveles, también para la elección de su secretario o secretaria general. Hay democracia interna, hay debate. Es saludable y hay que dar la bienvenida a cualquier tipo de debate que contribuya a mejorar y consolidar una opción que está demostrando que las políticas socialdemócratas están haciendo muy bien al país en términos de crecimiento y de creación de empleo de consolidación de derechos y libertades y de proyección internacional”.

Sánchez ha añadido que están trabajando para recuperar el diálogo con Junts y con el PNV, aunque la formación nacionalista vasca ha pedido elecciones anticipadas, para intentar cerrar los presupuestos de 2027. “El PNV, creo que con dudas y escepticismo, ha abierto la puerta a ese diálogo. En relación con la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado y con Junts, efectivamente esa interlocución está rota, pero seguimos trabajando precisamente para reconstruir esa relación de diálogo”.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este viernes que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conociera las actuaciones de Leire Díez, como recoge el informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso. Bolaños, que se encuentra en Luxemburgo en una reunión de ministros de Justicia de la UE, ha subrayado que “en el sumario no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento” de la supuesta trama de Díez.

Bolaños ha subrayado que “es verdad, es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente”, en referencia a las conversaciones de Díez recogidas en el sumario, pero el ministro de Justicia lo ha atribuido a que “probablemente lo hace para darse importancia”.

El ministro de Justicia ha puntualizado que Sánchez “no tiene ningún conocimiento de esto porque el Presidente es una persona íntegra, una persona que cuando tiene conocimiento de la más mínima irregularidad, pone pie en pared y de manera muy contundente expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer alguna irregularidad”.

Bolaños ha insistido en que “tendrán que ser los tribunales quienes decidan”, pero respecto a la posible participación del presidente del Gobierno en la trama de supuesta corrupción de Leire Díez, ha recalcado que “el sumario con toda claridad establece que no hay nada”.

Referencias al “one”

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se recoge un mensaje de 2025 entre Díez y otro imputado en este caso, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), también imputado en la causa, en la que comentan cómo le va a trasladar una supuesta conversación con un empresario al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Díez dice: “Voy a trasladarle a Santi lo de L., pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Lo conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one”.

La UCO apunta en su investigación que “teniendo en cuenta a la persona a la que se está refiriendo y su posición orgánica”, se supone que es Cerdán, “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”. Los agentes lo argumentan apuntando que “la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos dentro del partido y, por otro, por el significado implícito de la referencia ”one“, de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad”.

En otro apartado del sumario también aparece como la exmilitante del PSOE hace referencias a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” en dos reuniones que mantuvo en marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Ni elecciones adelantadas ni congreso extraordinario

Respecto a la petición de elecciones anticipadas que han hecho varios miembros del PSOE y el PP, Bolaños ha comentado que “las legislaturas duran cuatro años, tanto cuando gana el Partido Popular, como cuando gobierna el Partido Socialista. Las legislaturas son de cuatro años. Las legislaturas no duran lo que quiere el Partido Popular”.

El ministro ha minusvalorado la petición de 100 militantes socialistas de un congreso extraordinario del partido al señalar que “el Partido Socialista es un partido democrático. Decide todos sus órganos de dirección y todos sus líderes a través de primarias... Una manifestación o una reunión de 100 personas en un partido... Creo que ahora estaremos en torno a 150.000 militantes, pues tiene la importancia que tiene. No obstante, cuando llegue el momento habrá procesos democráticos y por supuesto que cualquier compañera que cualquier compañero podría optar a lo que deseara. Otra cosa es el apoyo que tenga”.

Esta semana hemos podido acceder al sumario del caso Leire. También, escuchar nuevas grabaciones en las que la conocida como la “fontanera del PSOE” muestra su modus operandi para tratar de presionar a policías, jueces y fiscales que formaban parte de investigaciones contra el PSOE. Prometía favores que no era capaz de cumplir y se daba una importancia que todo apunta a que no era real, pero… ¿hasta dónde llega esta trama? ¿Cuándo y cómo se creó? ¿Hay algún indicio que implique al presidente del Gobierno? 

Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Episodio relacionado: La línea de puntos que lleva de la UCO a Ferraz

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El 10 de septiembre de 1995 Jordi Pujol se plantó en La Moncloa para expresar a Felipe González la firme convicción de la dirección de su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado y que lo mejor para los intereses generales era que los españoles votaran. Escenificaba así la ruptura formal de su apoyo al Gobierno, tras dos años de alianza política. España vivía una profunda crisis política provocada por múltiples escándalos de corrupción que acorralaban al gobierno. Filesa, el caso Roldán, los GAL… Sin embargo, aún pasarían seis meses hasta que González se decidió a convocar elecciones generales.

Entre 2008 y 2011, Zapatero gobernó en minoría parlamentaria, lo que le obligó a buscar apoyos puntuales y variables para sacar adelante leyes y presupuestos. A diferencia de su primer mandato, en el que contó con socios más estables como ERC e IU, el segundo estuvo marcado por la geometría variable y la presión de una feroz crisis económica, si bien su aliado estratégico más sólido fue el PNV. El drástico decreto del 20 de mayo de 2010 para reducir el déficit público marcaría, no obstante, un punto de inflexión en la relación con los socios, que desde esa fecha presionaron para que el presidente anticipara elecciones. Zapatero no lo hizo hasta noviembre del año siguiente.

En 2018, Mariano Rajoy salió de La Moncloa con una moción de censura. De no haber sido por la sentencia del caso Gürtel y porque el PNV pasó en apenas una semana de apoyar los Presupuestos del gobierno a repudiar la corrupción del PP, el presidente de entonces hubiera seguido con la retahíla de que “todo es mentira menos alguna cosa” y jamás hubiera adelantado las elecciones.

En la España de 2026, los socios parlamentarios hace meses que han abandonado a Pedro Sánchez, pero ninguno está dispuesto a apoyar una moción de censura impulsada por Feijóo. Y no porque les una el amor al presidente del Gobierno, sino por el espanto de aparecer en la fotografía junto a la extrema derecha de Vox. Tampoco es que Feijóo les inspire confianza alguna, si bien todos, como Pujol en 1995 y el PNV en 2010, defienden que lo mejor ante la cascada de sumarios judiciales que afectan al PSOE sería llamar a las urnas.

El histórico nos ha enseñado que ningún presidente convoca elecciones en medio de una tormenta. Y mucho menos porque se lo pidan socios u opositores. Sánchez no está en ello. Al menos, de momento. La impresión en el PSOE es que el presidente anhela que llegue cuanto antes el verano, que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional, que pase su comparecencia ante el Congreso para hablar de los sumarios judiciales y que el Comité Federal del PSOE la última semana de junio se salde con un cierre de filas y que en julio media España esté de vacaciones y la otra media, pensando en ellas. 

Lo que no podrá evitar es el aroma de fin de ciclo que desprende la conversación pública, ni la sentencia del caso Ábalos/Cerdán, ni la presión de alcaldes y cargos intermedios para que la legislatura acabe cuanto antes. En el fondo sabe que ya no hay momento bueno para llamar a las urnas, que las investigaciones judiciales depararán nuevos sobresaltos, que la ofensiva política, judicial, mediática y policial no cejará y que el mensaje que emiten ya, sin disimulo, las derechas es que el siguiente peldaño a escalar será sentarle en el banquillo. A ser posible, como imputado. La amenaza corre como la pólvora en todos los mentideros: “O se marcha o acabará sentado en el banquillo”. 

Y como a Feijóo y a su Brunete mediática les ha salido rana la propuesta de la moción de censura, ahora la cantinela es la “dimisión inmediata por decencia”. González no lo hizo, pese a que un vicepresidente y un ministro, Narcís Serra y Julián García Vargas, tuvieron que dimitir tras ser imputados en el escándalo por las escuchas ilegales del CESID. Aznar da lecciones de ética política 24/7, pese a que tres cuartas partes de sus ministros fueron acusados, imputados, condenados o llamados a declarar en relación con alguna trama corrupta. Rajoy, ya saben, es Rajoy y padece amnesia, pero ahí tiene a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el banquillo por la Kitchen, un caso de corrupción de Estado de libro. Eso sí, Sánchez, a quien sin duda interpelan los casos Ábalos, Cerdán e incluso Leire Díaz, tiene que hacer lo que ninguno de sus antecesores hizo antes por casos igual o más escandalosos que los que ahora la UCO describe. Por decencia, dicen los mismos que por “orden de la superioridad” bucearon en los negocios del suegro del secretario general del PSOE ya en 2014 por si algún día llegase a la Presidencia del Gobierno. Por decoro, replican los que han chapoteado en el lodazal de todo tipo de cloacas. Por dignidad, añaden los que aparecen en grabaciones bochornosas. Por lo que sea, pero que se vaya, dicen. Y que se vaya, ya.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV en el encuentro que el pontífice mantendrá el próximo 11 de junio con migrantes y trabajadores y voluntarios que les atienden en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), han anunciado este jueves fuentes de Moncloa.

Esta visita al enclave del sur de la isla de Gran Canaria, donde arriban muchos de los migrantes rescatados del mar en sus travesías desde África en embarcaciones precarias, se enmarca dentro de la visita del papa a España que comienza el próximo sábado.

El pontífice, que con el encuentro en el muelle pretende visibilizar la tragedia de la inmigración que cada año se cobra cientos de vidas en el mar, también estará acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El Papa llegará a la isla en avión, y en la base aérea de Gando será recibido por Pedro Sánchez junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y Ángel Víctor Torres. 

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este jueves que Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha una “reconstrucción nacional” cuando llegue al Gobierno para “revertir” la “decadencia” que, ha dicho, ha provocado los mandatos de Pedro Sánchez. Ezcurra ha reclamado de nuevo la dimisión del presidente, de quien ha dicho que, ante los escándalos de corrupción que afectan al PSOE, solo puede ser un “incompetente” por desconocerlos o un “delincuente” si sabía lo que estaban haciendo las “cloacas” dirigidas por Leire Díez.

Esa “reconstrucción nacional” prometida por el PP no tiene fecha. “El Gobierno puede caer mañana o el verano que viene”, ha dicho Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del partido para valorar el sumario del llamado 'caso Leire', que para la oposición no es sino otra pieza de lo que denominan 'caso PSOE'.

Reconstrucción nacional es un lema usado por el partido ultraderechista España 2000, que también denuncia que “la corrupción se ha ido apoderando de todos los niveles de poder y que, finalmente, ha terminado siendo la característica más visible del sistema”.

Ezcurra ha hecho un minucioso repaso a los sumarios abiertos y ha señalado expresamente a Sánchez como muñidor de todos los casos de corrupción que se investigan. “No existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia”, ha dicho. “No hay nada más temible que un político corrupto desesperado”, ha apuntado.

La dirigente ha asegurado que el Gobierno comete “delincuencia de Estado”. Es decir, “usar el Estado que pagamos todos con nuestros impuestos para atacar a todos los contrapoderes democráticos, para perseguir al que estorba y para que no se investiguen los delitos del entorno personal del presidente”. Ezcurra ha señalado que se ha intentado “parar investigaciones en curso sobornar a jueces y fiscales, y poner la Fiscalía al servicio de los investigados por la Justicia”.

Pero el PP no encuentra cómo sacar al país de la situación en la que está España. Ezcurra ha reeditado a su jefe de filas para decir que “solo hay dos opciones”. Una, que Sánchez dimita y convoque elecciones. La otra, que “los socios le retiren el apoyo”.

Algo que ya ha ocurrido, en parte. Tanto el PNV como Junts han exigido en público a Pedro Sánchez que tire la toalla y convoque elecciones. Feijóo quiso ver en ambas declaraciones una grieta abierta para poder obtener su apoyo para una moción de censura y se comprometió a una instrumental con el único compromiso de convocar elecciones generales lo antes posible.

Pero su propuesta no ha logrado un solo apoyo más que los insuficientes 172 votos que obtuvo en su fallida investidura de 2023. A Feijóo le siguen faltando cuatro, y nadie parece estar dispuesto a dárselos.

Ezcurra no ha asumido ninguna autocrítica por la imposibilidad del PP de conseguir esos cuatro votos. De hecho, ha considerado “como mínimo, llamativo” que se le pregunte qué explicación da el partido a que Feijóo no haya logrado mover un solo voto desde la investidura.

El PP descarga toda la responsabilidad en los aliados parlamentarios del Gobierno, quienes tienen “la llave”, ha planteado. “La pregunta es si alguien todavía cree que por sostener este Gobierno se va a librar de las garras de su mafia”, ha dicho, porque “con una mafia no hay lealtad que valga. O se está con la corrupción o se está contra ella”.

“Para que ellos me entiendan, o se es proactivo o acatan las órdenes y se ponen de perfil”, ha concluido, en referencia a las maniobras dentro de la Guardia Civil para limitar las investigaciones contra el entorno de Sánchez.

“La historia de Pedro Sánchez ya está escrita. Hay que reconocerle la coherencia. Comenzó en unas semanas y va a terminar en una cloaca”, ha espetado Ezcurra, en referencia a los locales de ambiente gay que regentaba el suegro del presidente del Gobierno, y donde presuntamente se ejercía la prostitución. La dirigente del PP ha asumido, además, que las primarias de Sánchez se pagaron con dinero de esos negocios.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha defendido este jueves ante los jueces de la Audiencia de Badajoz que no influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero como jefe de sección de actividades transfronterizas de la Diputación de Badajoz. “Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha aseverado. David Sánchez ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, Emilio Cortés, que no le ha preguntado sobre el proceso de adjudicación de su puesto porque el tribunal decidió no juzgar al músico por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito. Su declaración apenas ha durado diez minutos.

También ha asegurado que no intervino ni ejerció influencia alguna en el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, que pasó de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Ha rebatido así las tesis de las acusaciones que sustentan la causa, que defienden que esa modificación fue una vía para adaptar el puesto a sus preferencias personales. “Todas las actividades se enmarcaban dentro de la actividad institucional propia de la Diputación. Eran publicitadas con los logotipos de la Diputación. Había expedientes, controles de gasto... No puede ser una actividad privada mía”, ha afirmado.

Además, ha señalado que no intervino en el cambio de denominación del puesto y se enteró cuando este ya se había realizado, pero que supone que se produjo “por una evolución natural de las actividades que se venían realizando”.

En este sentido, ha defendido que la Oficina es una categoría administrativa y que “no era entendido” como “un edificio físico con una ventanilla”. Así, ha mantenido que, en los años 2023 y 2024, ya como jefe de la Oficina, estuvo trabajando en “espacios comunes” hasta que hubo una “reubicación” a los servicios centrales de la Diputación. De esa forma ha intentado aclarar su declaración durante la instrucción, en la que tuvo dificultades para explicar dónde se encontraba físicamente su lugar de trabajo.

En relación con la contratación de su amigo Luis María Carrero en comisión de servicio, David Sánchez ha mantenido en septiembre de 2023 empezó a escuchar por los pasillos de la Diputación que iba a haber “un refuerzo” en el área de Cultura. Y que, en consecuencia, le dijo a su amigo que estuviera “atento” porque el puesto le podría interesar. David Sánchez ha defendido que fue un “malentendido” el correo que usan las acusaciones para defender que él ya conocía su adjudicación.

“Dos meses más tarde, me cruzo con él, y me dice que la plaza ya estaba. El malentendido es que yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza. En ese mismo correo, el propio Luis me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario (...). Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha explicado a preguntas de su letrado.

Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que participaron 42 testigos, estuvieron definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

Hola

Deseo que estés bien.

La intervención de Alberto Núñez Feijóo en la reunión anual del Cercle d’Economia, celebrada esta semana en Barcelona, deja una conclusión incómoda para el líder del PP: sigue sin encontrar el lenguaje político que conecta con la élite económica catalana. Llegaba el político gallego a Barcelona en una posición aparentemente favorable, con Pedro Sánchez debilitado por la crisis política y con una parte de las élites económicas reclamando estabilidad y anticipando un posible cambio de ciclo. Sin embargo, desperdició una oportunidad evidente. 

El auditorio esperaba respuestas sobre cómo piensa construir una mayoría alternativa y qué proyecto económico ofrece para España. Encontró, en cambio, un discurso centrado en la denuncia del Gobierno y escaso en propuestas concretas. Buen diagnóstico socioeconómico de los problemas (crisis inmobiliaria, pérdida de poder adquisitivo, baja productividad) pero lugares comunes en cuanto alternativas (más viviendas, servicios públicos e inversiones y menos impuestos).

Un abismo comparado con la intervención de Pedro Sánchez, que clausuró la jornada un día después reivindicado su plan de acción sobre los pilares de la transición energética, la formación, la digitalización, la demanda interna y la solvencia fiscal. Más allá del brindis al sol del anuncio tramitación de los Presupuestos de 2027 (desde las elecciones generales de 2023 se ha comprometido cada año a presentar unas cuentas que hasta la fecha no han visto la luz). “Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexiona un directivo en esta crónica de Arturo Puente. 

El problema para Feijóo no es únicamente de contenido, sino también de comprensión del momento político catalán. Mientras buena parte del empresariado ha abrazado la normalización institucional impulsada en los últimos años, de la que tanto presume Salvador Illa, y observa con interés debates como la financiación singular o el retorno de sedes empresariales, el líder popular volvió a situarse en una lógica de confrontación. Su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación y su negativa a reconocer los cambios producidos en Catalunya chocan con la realidad. El resultado es que, cuando tenía la ocasión de presentarse como un futuro presidente capaz de integrar sensibilidades distintas, apareció más preocupado por contentar a su propio electorado.

Quizá lo más relevante del paso del presidente del PP por el Cercle no fue lo que dijo, sino lo que reveló la reacción de la sala. Hace apenas unos años, una parte significativa de las élites empresariales catalanas veía en el PP una posible herramienta para cerrar la crisis territorial. Hoy la prioridad parece otra: estabilidad, capacidad de pacto y seguridad institucional, algo que Pedro Sánchez sí se encargó de subrayar ante un auditorio con el que mantiene un idilio especial, pese a no ser santo de devoción de muchos de los asistentes.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà. Es precisamente ahí donde Núñez Feijóo continúa generando más preguntas que respuestas. En el Cercle volvió a quedar la sensación de que Feijóo puede estar más cerca de La Moncloa que nunca, pero sigue igual de lejos de conquistar la confianza de la burguesía catalana.

El dato

30.000

Son los euros de multa que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto a la cadena de supermercados Mercadona por la “incorrecta” denominación y etiquetado de un tipo de pan especial, comercializado bajo su marca propia. Responde a una denuncia que presentó Facua “por información engañosa en sus tortillas de avena 51% y la obliga a responsabilizarse de sus productos de marca blanca”. La sanción es importante, no tanto por la cuantía, sino porque establece que las cadenas de supermercados tienen que hacerse responsables de sus productos de marca blanca. Algunas se desentienden de ellos alegando que no producen esos productos, que solo los distribuyen. Mercadona estudia el recurso.

El gráfico

El consumo de Occidente, y en este caso de la Unión Europea, genera un impacto ecológico que trasciende por completo sus fronteras. Cuando consumimos carne de cerdo, bebemos café o compramos chocolate, también consumimos una porción invisible de tierra situada a miles de kilómetros de distancia. Consumimos una extensión de tierra en el extranjero equivalente a toda la superficie agrícola de España para sostener su demanda de alimentos y biocombustibles. 

Europa exporta tierra de pasto en forma de ovejas, vacas, cabras. Bajo la apariencia de un intercambio entre iguales, este sistema de comercio transfiere de forma sistemática tierra, energía y materiales desde los países pobres hacia los ricos.

Como señalaba esta semana Alberto Garzón, este modelo evidencia una profunda contradicción económica y geopolítica: mientras Bruselas abandera la transición verde dentro del continente, externaliza la degradación ambiental, la deforestación y la sobreexplotación de recursos hídricos hacia países en desarrollo con regulaciones mucho más laxas. Se llama deslocalización ecológica. 

Tipos (y tipas) de interés

Hoy se merece este espacio Maricarmen Abascal. A sus 87 años se enfrenta a su tercer intento de desahucio en seis años, pese a vivir en el piso desde casi toda su vida, en el barrio madrileño de Retiro, desde 1956. Su calvario se inició en 2020 y, por el momento, prosigue el próximo 24 de junio. El desalojo debía producirse este miércoles, pero se ha frenado a última hora, gracias en parte a la movilización de cientos de personas.

El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento hace setenta años, pero un conflicto legal con el modelo de renta antigua permitió que Urbagestión se hiciera con la propiedad. Ahora, la empresa amaga con expulsarla. Esta lucha le ha costado la salud, que apenas puede mantenerse en pie. “Que el Gobierno compre mi casa y la ponga en alquiler social”, clama en esta entrevista de hace unos días con el compañero Germán Aranda. Se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia ante la desalmada crisis de vivienda.

La subida de precio en los nuevos contratos de alquiler asfixia a las familias inquilinas españolas. Los caseros aprovechan el cambio de contrato para subir los precios de media un 37% en 2024 en comparación a los precios de 2015 y hacer que las familias pierdan de media un 11% de poder adquisitivo, según un nuevo informe del gabinete económico de Comisiones Obreras. Esta situación está provocada por el hecho de que, entre 2015 y 2024, los salarios han subido más (un 26%) que los contratos de alquiler existentes (un 21%), pero mucho menos que los nuevos contratos, que se han disparado un 37%. 

No todo nos parece mal

Hoy un 3x1. El gigante chino SAIC Motor (dueño de marcas como MG) y la Xunta de Galicia han confirmado la construcción entre 2027 y 2028 de una fábrica de coches eléctricos que se ubicará en A Coruña, entre Ferrol y As Pontes (200 millones de inversión, 2.300 empleos y una producción de 120.000 coches al año). Dos días después, la planta de Seat & Cupra en Martorell (Barcelona), la mayor de España, ha puesto en marcha la producción de sus primeros vehículos 100% eléctricos con la fabricación del Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo, los primeros modelos de la familia de eléctricos urbanos del grupo VW. El mismo día, pero cambiando de sector, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participaba en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de Grifols en Lliçà de Vall (Barcelona), 160 millones de euros de inversión. Supondrá la creación de 400 empleos directos y permitirá al gigante de la salud aumentar en tres millones de litros anuales la capacidad de fraccionamiento de plasma en Europa, el doble de la capacidad actual. Inversiones son amores. Por cierto, las dos últimas contribuyen a fortalecer la autonomía estratégica de Europa. 

Nos gusta la competencia

De las informaciones de otros medios que me han parecido interesantes, destaco esta semana dos entrevistas: una que he leído en El Periódico a Josep Sánchez Llibre, el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional; y otra con Diane Coyle, catedrática de Economía en Cambridge y ex vicepresidenta de la BBC, en la contra de La Vanguardia. A continuación te cuento los porqués.

Termino por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín.

Mientras puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Un abrazo!

Por muy mal que le vayan las cosas en Madrid, Pedro Sánchez siempre encuentra en el Cercle d'Economia su particular refugio. El principal foro empresarial catalán fue clave para lubricar el primer Gobierno de coalición y fue el gran valedor de los indultos y la amnistía. Este miércoles, con el jefe del Ejecutivo asediado por las causas judiciales contra su partido y su entorno personal, y cuando la oposición ha subido el tono hasta calificar al Gobierno de “organización criminal”, el Cercle salió a echar un capote a Sánchez. El presidente, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo, buscó su complicidad y la logró.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, en un tono muy diferente a la frialdad con la que el auditorio había despedido al líder del PP. El socialista se había metido a buena parte de la audiencia en el bolsillo con un discurso optimista en lo económico, marcadamente europeísta y que remarcaba el papel del Gobierno a la hora de crear un “marco de estabilidad” para las empresas, lo que en Catalunya rápidamente se identifica con el fin del procés.

En compensación por lo bien que le tratan siempre en las jornadas empresariales que antes se celebraban en Sitges y ahora se han mudado a Barcelona, Sánchez suele reservar al Cercle un titular. El año pasado fue la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell. Este año ha anunciado que pondrá en marcha la próxima semana la tramitación de los Presupuestos de 2027. Una forma de subrayar que se ve con fuerza no solo para agotar la legislatura, que acaba en agosto de 2027, sino para hacerlo con nuevas cuentas.

¿Cómo conseguirá Sánchez los apoyos que hasta ahora le han faltado? Cumpliendo con los socios de la investidura. Según ha dicho, sigue tan comprometido como el primer día a cumplir la batería de pactos con ERC y, para sorpresa del auditorio, también los compromisos contenidos en el acuerdo que cerró con Junts, cosa que ya no espera ni el propio partido independentista.

Sánchez ha confiado además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalará la amnistía, por lo que en su opinión esta se “culminará”, con lo que ha sugerido el olvido penal de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

“Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexionaba un ejecutivo retirado presente en las jornadas.

Uno de los efectos mágicos que han tenido estas jornadas económicas es que han disuelto la moción de censura que Feijóo blandió sobre Sánchez al inicio de la semana. El martes, para cuando el jefe de la oposición llegó a Barcelona, Junts ya había aplicado su llave judoka contra la idea y el PNV se había desmarcado, por lo que al líder popular no le quedó otro remedio que decir, como la zorra de la fábula, que las uvas estaban demasiado verdes.

Pero este miércoles Sánchez aún tuvo tiempo de rematarlo cuando aseguró que, de hecho, el debate sobre la moción de censura abierto por Feijóo daba la razón al Gobierno en la política seguida en Catalunya, en tanto que la normalización permite que las derechas española y catalana se lleguen a entender, ahora o en el futuro. “Eso es una cosa seria”, ironizó Sánchez remitiéndose a la respuesta que había dado Feijóo un día antes, lo que levantó risas cómplices del público, “porque supone un cambio y yo diría que para bien”.

El Cercle ha sido históricamente considerado como uno de los foros empresariales menos conservadores, lo cual no significa que coincida completamente con las posiciones del PSOE. Garcia-Milà se mostró crítica en asuntos como la inmigración, al considerar que la regularización especial es necesaria pero no puede ser considerada una solución definitiva, que a su juicio pasa por una política migratoria más alineada con las necesidades empresariales; o la vivienda, donde reclamó a Sánchez que escuche al sector privado y se olvide de la regulación de precios. También recordó que el modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno no es exactamente el que propone el Cercle, pese a lo que lo calificó de un “importante paso adelante”.

En el origen del escándalo, una militante socialista, exdirectiva de Correos, y un empresario imputado desde 2017 por supuesto fraude, entraron el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de la calle Ferraz para reunirse con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. La militante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset llegaron cargados con grabaciones del comisario José Manuel Villarejo sobre planes del ministerio del Interior para desacreditar a Pedro Sánchez, por los negocios de saunas de su suegro.

“Eso es mortal”, se escuchaba decir al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el verano de 2014, con Sánchez recién elegido secretario general del PSOE. En otra grabación, Villarejo le contaba a un empresario de la comunicación como el ministro Interior, Jorge Fernández Díez, le había pedido algo especial sobre el líder socialista: “El del Opus me ha encargado un reportaje de los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez”.

Santos Cerdán contó al juez que aquellas confidencias de la trama sobre las maniobras sucias de la policía patriótica del PP apenas le interesaron porque ya se habían publicado antes. Que no le contó nada a Pedro Sánchez y que tampoco encargó nada a partir de entonces a Leire Díez.

Pero aquella reunión en Ferraz, según ha acreditado ahora la investigación judicial, fue el comienzo de una relación discreta, pero intensa entre Cerdán y los dos integrantes de una trama que, hasta entonces, había dedicado todos sus esfuerzos a denunciar las actividades delictivas de las cloacas del PP. Durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la cúpula policial del ministerio del Interior fabricó pruebas falsas contra independentistas catalanes o dirigentes de Podemos y trabajó a espaldas del juez para destruir documentos sobre los 20 años de financiación ilegal de la formación conservadora.

Dolset, convencido de que su imputación por fraude en las subvenciones era un invento sucio de los directivos de un grupo empresarial con el que se alió, llevaba años denunciando en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía o en la Audiencia Nacional las fechorías de las cloacas del PP. Se hizo con ingente documentación comprometedora cuyo origen era el comisario José Manuel Villarejo y la trasladó a los tribunales con escaso éxito. Hasta hoy, ni los jueces ni la fiscalía han querido investigar la mayoría de las pruebas de múltiples corruptelas que Dolset registró en la Audiencia Nacional.

Mucho antes de iniciar junto a Leire Díez la colaboración con el PSOE, el empresario Dolset había denunciado ante la Fiscalía General del Estado al fiscal José Grinda, impulsor de su imputación en la Audiencia Nacional; y a su jefe, el fiscal Alejandro Luzón, por revelación de secretos o destrucción de pruebas. La Fiscalía General del Estado archivó todas estas denuncias.

Financiación de la trama

A partir del primer encuentro en la sede socialista de Ferraz, el jefe del partido, Santos Cerdán, dispuso la manera de financiar desde el PSOE los trabajos especiales de Díez y de Pérez Dolset. La trama conspiranoica decidió ampliar entonces sus objetivos y aunque siguió con la búsqueda de información sobre las cloacas del PP, se dedicó principalmente a las nuevas causas penales que afectaban a dirigentes socialistas. En el periodo de actuación de esta trama, los jueces imputaron a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo; a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE; a su asesor, Koldo García, y finalmente a Santos Cerdán; ex secretario de Organización del PSOE.

La estrategia de Díez y Pérez Dolset para “desestabilizar” esas causas judiciales siempre fue la misma y siempre fracasó. Buscaron trapos sucios de los principales investigadores de la corrupción socialista: los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma; el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad de la Guardia Civil encargada de las principales investigaciones judiciales. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según esa unidad de la Guardia Civil.

Leire Díez se presentó a algunas de las reuniones donde buscaba información comprometedora contra jueces o fiscales como “la mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán, o una especie de agente encubierto del Gobierno con un poder ilimitado para conseguir cambios en la Guardia Civil o ascensos en la Fiscalía. Nada de lo que prometió para buscar información comprometedora se cumplió porque su poder sobre los aparatos del Estado era muy inferior al que se podía intuir por sus palabras. Ni siquiera la protección que le daba el número dos del PSOE, Santos Cerdán, le sirvió para cumplir sus promesas.

Un pacto “poco creíble” a Villarejo

Leire Díez fue capaz en este tiempo de contactar con las cloacas del PP para ofrecerles el cielo a cambio de confidencias del infierno. Prometió a Villarejo, el activista principal de la policía patriótica metido en las principales operaciones ilegales del mandato popular, un trato favorable del fiscal general del Estado –no regresar a la cárcel– a cambio de que aportara nuevas pruebas del aparato corrupto del Estado y contra los principales dirigentes del PP: el ministro del Interior, el presidente del Gobierno, la secretaria general, el secretario de Estado de Seguridad, el jefe de la policía...

Propuso al abogado de Villarejo unos acuerdos que debería cerrar con el fiscal encargado del caso. Pero este profesional nunca atendió al letrado, que acabó considerando los ofrecimientos de Leire Díez como “poco creíbles y fantasiosos”.

Al 'número dos' de Interior: “Los que me han dicho que me ponga al frente están entre Ferraz y Moncloa”

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, accedió a la desesperada –buscaba una salida a su situación judicial con una petición fiscal de 15 años de cárcel como jefe de la Operación Kitchen– reunirse con Pérez Dolset y con Díez. Son tres horas de conversaciones grabadas en las que Martínez confiesa que sabía que “lo de la cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas era una falsificación” que la policía filtró a los medios afines al PP, o que “hubo actuaciones policiales encaminadas a generar causas o aflorar casos de corrupción de independentistas catalanes (…) se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol”.

Martínez preguntó a Leire Díez qué obtenía él por aquella colaboración: “Tendré que saber cuál es el ofrecimiento porque la Fiscalía tampoco funciona con tanto automatismo”. Y Díez improvisó: “Por eso es que hay que ir a Fiscalía y decir esto es lo que tenemos y esto es a lo que vamos a llegar. No necesito exprimirte como un limón. Pero sí tenemos cosas flagrantes, de las que sean flagrantes, que sepamos que las intervenciones policiales dirigidas por Villarejo, Olivera o Marcelino, se ha hecho con causa política sin ser verdad, eso es un atentado contra los derechos de los ciudadanos”.

Martínez: ¿Y eso se lo trasladas a quién?

Díez: A los que me han dicho que me ponga al frente de esto.

Martínez: ¿Qué están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa?

Díez: En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de La Moncloa. Porque como bien sabes gobierna el partido de la calle Ferraz.

Al fiscal Stampa: “Soy una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”

El fiscal Ignacio Stampa investigó durante varios años el caso Villarejo e impulsó la apertura de piezas separadas antes de que nadie en el Consejo Fiscal le apoyará para mantener su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa atribuye su despido de ese departamento a las maniobras de Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y Álvaro García Ortiz, que la sustituyó en el puesto. Leire Díez consiguió reunirse con Stampa, al que pidió pruebas de las conductas irregulares de su jefe, Alejandro Luzón, en la investigación del caso Villarejo. Para convencer a Stampa de que colaborara, Díez se presentó como “una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”, y le prometió que gracias a su poder de influencia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le volvería a situar en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa tampoco creyó a Díez, grabó el encuentro para, tiempo después, denunciar las maniobras de Díez.

La militante socialista fracasó en todos sus intentos. Sus promesas, según los indicios de la Guardia Civil, se han demostrado falsas. A un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, llegó a contarle que los nombramientos del futuro jefe del Cuerpo los haría ella y que Marlaska había caído en desgracia por su gestión. Díez prometió al PSOE que tendría las pruebas de la corrupción en la instrucción de la juez Alaya. La contrató cuatro meses el despacho del exconsejero Gaspar Zarrías, condenado en el caso de los ERE, a razón de 4.000 euros al mes pagados por orden de Santos Cerdán. No consiguió nada.

Koldo García y José Luis Ábalos, pendientes de una sentencia en el Supremo que les puede llevar a la cárcel por muchos años, confiaron en que las maniobras de Díez para demostrar la corrupción en la Guardia Civil darían sus frutos y aliviarían su situación judicial. No sucedió.

Santos Cerdán también confió en aquella militante que llegó un día de abril de 2024 a su despacho cargada de informaciones explosivas contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El ex secretario de Organización del PSOE acabó en la cárcel, donde estuvo cuatro meses antes de salir en libertad con varias causas pendientes en los tribunales.

Dolset y Díez mostraron en sus dos últimos años de actividades peligrosas una tendencia creciente a interpretar las causas judiciales contra la corrupción socialista como el producto genuino de una conspiración. Para combatir esa supuesta anomalía, la trama se aferró a las promesas fantasiosas en busca de hechos que nunca pudieron acreditar con los que pretendieron neutralizar a jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La Audiencia Nacional investiga si el PSOE amparó y financió un entramado liderado por la exmilitante Leire Díez y por su ex ‘número tres’ Santos Cerdán con un objetivo: perjudicar a jueces, fiscales y guardias civiles que estuvieran investigando a miembros del partido, del Gobierno o al propio Pedro Sánchez y su entorno. El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la actividad frenética de Díez entrando y saliendo de casos judiciales, tejiendo alianzas con sus protagonistas y urdiendo planes para influir en investigaciones, viene de mucho más atrás. También evidencia que Leire Díez fracasó en su intento de poner en marcha un efecto dominó judicial con un propósito primordial descrito en sus agendas. “Que el PSOE salga bien de esto”. 

Un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario repasa la trayectoria de Leire Díez como conspiradora y ubica el punto de partida en la pandemia de 2020. Para entonces había sido concejala en Vega de Pas (Cantabria), asesora de comunicación del partido entre 2015 y 2017 y en ese momento era jefa de comunicación de Enusa, empresa pública del sector nuclear.

En esos años empiezan sus primeras maniobras en torno al caso judicial de la mina de Aznalcóllar, en el que estaba imputado el entonces presidente de la SEPI Vicente Fernández, con quien mantenía una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público. Vicente Fernández dimitió tras su imputación, aunque el caso por el supuesto amaño de un concurso para adjudicar este yacimiento sevillano terminó en archivo. 

El sumario recoge que ya en esos años Leire Díez se interesó por el desarrollo del caso y en cómo beneficiar a Fernández, sobre todo ante cargos del PSOE y en particular ante la ministra María Jesús Montero. Las conversaciones recopiladas por la UCO no reflejan grandes planes ni conspiraciones para tumbar el caso de Aznalcóllar, pero sí profundiza en otras causas vinculadas al partido en Andalucía como los ERE e Isofotón. 

En esos primeros años ya hay apuntes que llaman la atención de los investigadores. Por ejemplo, dos reuniones con el jefe de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla supuestamente para buscar información “que pudiera comprometer” a la magistrada Mercedes Alaya, instructora de los ERE. Leire Díez llegó incluso a grabar varios de estos encuentros. “¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro”, decía al policía en uno de estos audios. 

“Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”, escribió en otro mensaje a Vicente Fernández. El atestado recoge más comentarios sobre estas causas que afectaban al socialismo andaluz: “Tengo la solución mediática para Isofotón”, dijo en relación con esta investigación sobre fraude millonario en ayudas públicas que acabó archivada en firme por el Tribunal Supremo. El caso Aznalcóllar también acabó en absolución y el Tribunal Constitucional dejó en la mínima expresión la sentencia de los ERE de Andalucía contra los principales consejeros condenados, aunque con argumentos alejados de las maniobras de Leire Díez. 

En aquellos primeros años de mensajes y planes, la exconcejala del PSOE en Cantabria tenía varios grupos de WhatsApp con personas implicadas en otras causas judiciales y que se consideraban afectadas por corruptelas de jueces y fiscales. Uno de ellos era Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. 

Con él y con la periodista Patricia López, hoy fallecida, empezó a recopilar información en un chat llamado “Azahar”. Allí elaboraron una carpeta llamada “Operación PSOE” donde empezaron a almacenar documentos relacionados con el caso Villarejo con los que pretendían documentar la existencia de una cloaca judicial, fiscal y policial. Una carpeta que, años después, cobraría un papel protagonista. En la primera mitad de 2022, Pérez Dolset entregó los documentos en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía con escaso éxito. 

Los informes del sumario no atribuyen una actividad especialmente intensa a Leire Díez entre 2022 y principios de 2024 en cuanto a la investigación judicial. Estuvo a sueldo de Correos y, según estudia otro juez de la Audiencia Nacional, integró otra trama distinta junto al citado Vicente Fernández y un empresario cercano a Santos Cerdán para cobrar comisiones por conseguir ayudas del Estado para determinadas empresas. 

Hasta entonces se había inmiscuido en casos que mayoritariamente afectaban al socialismo andaluz: los ERE, Aznalcóllar e Isofotón, con maniobras contra la jueza Mercedes Alaya, con pequeñas incursiones en el caso Villarejo de la mano del principal imputado del caso Zed. Pero todo cambió en la primera mitad de 2024. La trama que había empezado a especializarse en surfear casos judiciales delicados entró de lleno en el número 70 de la calle Ferraz.

El PSOE como financiador 

Cuando en abril de 2024 Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán puso a Leire Díez al frente de un operativo para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE, según la investigación judicial. “Me voy de urgencia a Madrid (... ). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, escribió la exmilitante a Vicente Fernández. Ambos se reunieron en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, con Pérez Dolset, el dirigente socialista y hoy secretario de Estado, Antonio Hernando y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

Antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. Este apunte concuerda con las citadas actuaciones previas del grupo, centradas en casos ligados al socialismo andaluz o las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, la investigación documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

Dos meses antes de esa primera reunión había estallado el ‘caso Koldo’ que, tiempo después, acabó llevándose por delante al propio Cerdán y a quien antes que él había dirigido la Secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Además, el juez Juan Carlos Peinado había abierto una causa contra la mujer del presidente y su hermano sería imputado unos meses después por el caso que ha acabado sentándolo en el banquillo. 

Uno de los objetivos de la trama fue precisamente “destruir” este proceso judicial. Para ello, Leire Díez contactó con Luis Sáenz de Tejada, un magistrado condenado y expulsado de la carrera por amenazar a su pareja y con el que acordó iniciar una estrategia de hostigamiento contra la instructora del caso, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada llegó a presentar una denuncia contra la jueza en la Fiscalía General del Estado que quedó en nada. También intentó sin éxito personarse en la causa como acusación popular y apartar del caso a la magistrada. El hermano del presidente, acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, declara este jueves en el juicio que se celebra contra él en Badajoz. 

También buscaron información sobre Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez. Recurrieron, para ello, a Nervis Villalobos, un ex alto cargo venezolano había sido encarcelado por el polémico magistrado en una causa de blanqueo de capitales y que había llevado las irregularidades del caso hasta el Tribunal Constitucional. 

Otro de los objetivos de la trama fue el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación contra Ábalos, el ex fiscal general o el hermano de Pedro Sánchez. “Si está muerto, mejor”, llegó a decir Leire Díez sobre él en una reunión en la que reclamaba información comprometedora de este mando a Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en un caso macrofraude de más de 150 millones en los hidrocarburos. A cambio, le ofrecía supuestos pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pudieran beneficiar su situación. El empresario no ha alcanzado por ahora pacto alguno con la Fiscalía y las acusaciones contra él se mantienen.

En busca de información sobre Balas, la exmilitante también se reunió con otros guardias civiles investigados en diferentes causas. Es el caso del comandante Rubén Villalba, al que ofreció pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo. O de Juan Sánchez Yepes, imputado en otro caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar la citada reunión con Hamlyn que propició la apertura de la primera investigación a Leire Díez en un juzgado de Madrid hace un año. 

El objetivo de la trama de desvelar las cloacas del Estado a través de documentación del caso Tándem -la que habían almacenado en esa carpeta llamada “Operación PSOE”- seguía más vivo todavía y Leire Díez maniobró, incluso, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para buscar un pacto con la Fiscalía a cambio de su información. El pacto nunca se produjo y el fiscal encargado del caso rechazó varias veces hablar con su abogado. Díez se adentró incluso en las profundidades del caso Kitchen y habló con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy que es juzgado estos días por esa trama policial corrupta. 

De la familia de Sánchez a la operación Catalunya

Con el paso de los meses en ese judicialmente convulso 2024 Leire Díez y su grupo entraron en contacto con causas judiciales a priori alejadas del PSOE. Desde el 3% catalán hasta la amnistía pasando por la Operación Catalunya y la Banca Privada de Andorra. En noviembre de ese año Díez entró a formar parte de un grupo de WhatsApp llamado “Mas Martí - Girona” con varias personas, entre ellas, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. 

Rosell había sido absuelto en 2019 de las acusaciones de blanqueo y comisiones ilegales por sus negocios en Brasil, pero también se sentía víctima de una Justicia corrupta y una Fiscalía dirigida. Sobre todo por los 645 días que pasó en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en un caso por el que acabó absuelto. 

En ese grupo se juntaron dos personas movidas por el afán de ajustar cuentas con el fiscal anticorrupción José Grinda: Rosell y Pérez Dolset. Los mensajes de Leire Díez en esas fechas con Rosell son elocuentes: “A mí la fontanería se me da muy bien (...) hay que empezar por Grinda y la Fiscalía”. Ambos empresarios consideraban que el fiscal Grinda les había perjudicado en sus respectivas causas judiciales.

Leire Díez tenía un objetivo añadido: que Grinda proporcionara información comprometida sobre Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, quien era el máximo responsable de investigaciones delicadas para el Gobierno como el caso Koldo. Luzón era considerado un enemigo a batir por el grupo de Leire Díez, ya entonces con el apoyo del PSOE.

Finalmente, fue el propio Grinda el que dejó por escrito cómo habían discurrido esas negociaciones y qué le habían ofrecido y reclamado. Fue en febrero de 2025 cuando, según su relato, tuvo un encuentro con el periodista Pere Rusiñol y este le hizo llegar, en una hoja, la oferta. Para él, un destino en el extranjero y la retirada de la demanda de una joven que afirmaba haber recibido un vídeo sexual suyo cuando ella era menor. Para el grupo, caza mayor: “Cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe que pudiera dar lugar a su destitución”. También le pidieron promover el archivo del caso Pujol, el 3%, el caso Zed que afectaba a Pérez Dolset, el caso BPA y el caso Duro Felguera, que será juzgado este año con Nervis Villalobos en el banquillo. Y que explicara el verdadero origen de la causa que encarceló a Sandro Rosell. 

El sumario revela que Leire Díez también maniobró para acercarse a esta joven. El propio Santos Cerdán llegó a reunirse con ella en la sede del PSOE y, supuestamente, le facilitaron un trabajo en una empresa municipal de Jaén. Las querellas y demandas de la joven, tanto penales como civiles, se archivaron. El proyecto del grupo era darle 300.000 euros por su silencio, el triple de lo que pedía en su demanda. No se llegó a consumar.

La trama intentó repetir la jugada con otro fiscal de perfil polémico: Ignacio Stampa. El fiscal que llegó a dirigir las pesquisas del caso Villarejo y que desde entonces denuncia que fue apartado de Anticorrupción de forma ilegal por parte de sus superiores. También se reunieron con él e intentaron, sin éxito, que les facilitara información comprometedora de Luzón. En esa reunión Leire Díez espetó otra de las frases determinantes del caso: “Soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto (...)”. También contestó “sí” cuando Stampa preguntó si era la “mano derecha” de Santos Cerdán. 

Ninguna de las dos maniobras para obtener trapos sucios de Luzón dio resultado. Los dos fiscales acudieron a sus respectivos superiores y la maniobra de la trama terminó judicializada ante un juzgado de Madrid. De forma reciente, Luzón ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.  

El sumario del caso Leire consta de cientos de documentos, interrogatorios, mensajes, grabaciones y, al menos por el momento, el juez ha hecho propias las conclusiones de la UCO. Unas consideraciones que muestran cómo a lo largo de los años Leire Díez se especializó en conocer a fondo las causas judiciales que afectaban a su entorno, pero también a un PSOE que, a partir de 2024, y por orden de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, supuestamente financió y sustentó su operación. 

Muy pocas de sus promesas fueron llevadas a efecto y ninguna causa judicial se cerró gracias a sus gestiones. Tampoco consiguió la información comprometedora que buscaba. Y ahora será la Audiencia Nacional la que decida si no fue solo una investigación para salvar a los socialistas de los casos emergentes, sino una forma de influir en las causas judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno del presidente. 

El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

Tres meses después de estas reuniones, en octubre, el Ministerio del Interior destituyó a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil y le envió a un puesto en la Embajada española en Washington. El hermano de Pedro Sánchez sería llamado igualmente a declarar como investigado en noviembre de 2024.

Yuste también declaró que el director adjunto operativo del instituto armado, el general Manuel Llamas [quien ocupó el cargo con Leonardo Marcos y sigue ahora a las órdenes de Mercedes González], ordenó que los agentes implicados que se pusieran “de perfil” en las investigaciones que “tuvieran afectación política”.

Estas instrucciones de Llamas se habrían producido en una reunión el 16 de julio de 2024 cuando el director de la Guardia Civil era Leonardo Marcos. El encuentro se produjo en dependencias de la UCO y en ella participaron el citado DAO, Manuel Llamas; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y miembros de la UCO implicados en la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

“En esta reunión, por parte del DAO, se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procediientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”, aseguró el jefe de la UCO al instructor de una de las tres informaciones reservadas abiertas el pasado 27 de mayo.