El PSOE ha presentado este miércoles un escrito solicitando la reapertura de la causa por la lona que la organización ultra HazteOir desplegó en una fachada frente al Congreso de los Diputados en la que se podía ver la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de un texto que le llamaba “corrupto”. La Audiencia Provincial de Madrid decidió el pasado 29 de junio confirmar el archivo de la causa al considerar que la lona no tenía la “finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. Ahora la representación del PSOE y del propio Sánchez pide la nulidad de ese archivo por “vulneración de derechos fundamentales de los reconocidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española”.

En el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la procuradora de los socialistas que denunciaron a HazteOir por injurias, insiste en que “la instalación de la lona, la continuidad de la campaña mediante actos como la colocación de pancartas en varios puentes y pasarelas de Madrid, la proyección de un haz de luz sobre la fachada del Congreso con la expresión 'Sánchez Corrupto', la difusión reiterada en redes sociales y la comercialización de objetos con la misma imagen serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del CP y/o un delito de coacciones o acoso, puesto que con los mismos se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad”, tal y como defendió también la Fiscalía.

El PSOE considera que “frente a esta alegación, concreta, motivada y sustentada en hechos detallados y fechados”, en su auto de archivo la Audiencia Provincial se limitó a afirmar que desconocía a qué hechos se referían tanto la Fiscalía como la representación socialista. “Al declarar el propio órgano juzgador que 'desconoce a qué hechos se refiere' el motivo de recurso relativo a estos concretos tipos penales, se evidencia que la Sala no ha examinado ni resuelto sobre una pretensión sustancial, autónoma y expresamente planteada, incurriendo en incongruencia omisiva”, apunta la procuradora del partido.

También recuerda la representación del PSOE que “conforme a reiterada doctrina constitucional, la incongruencia omisiva vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que se trate de pretensiones sustantivas y no de meros argumentos instrumentales, como es el caso”.

La Audiencia no apreció “la finalidad de insultar”

Los socialistas también alegan “la vulneración del derecho a la tutela judicial recogida en el artículo 24.1 de la Constitución” porque a pesar de que la Fiscalía había pedido actuaciones concretas, esa solicitud “no se llegó a resolver antes de acordarse el archivo definitivo de las actuaciones”. El PSOE considera que “era imprescindible practicar dichas diligencias” como la recogida de muestras fotográficas “para determinar si los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito”.

Cuando se decidió el archivo, el juez argumentó que la acción de HazteOir era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. En la misma línea, la Audiencia Provincial consideró que en la lona “no se aprecia la finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. También destacó que, en su opinión, no existía “incitación a la violencia ni discurso de odio”.

La lona que colgó el 19 de mayo de 2025 la asociación ultracatólica, que ejerce la acusación popular en casos relacionados con el Gobierno y la familia del presidente, hacía referencia a las causas judiciales como la de Koldo García o las que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez. Los bomberos retiraron la lona de madrugada por orden de un juez tras la petición de medidas urgentes del PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha tomado este miércoles declaración como testigo a Daniel Mateos, el colaborador de la Guardia Civil que puso en contacto a la exmilitante del PSOE con el comandante del Instituto Armado Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. En su testifical, más relevante de lo que en inicio se esperaba por los letrados, ha confesado que no solo les puso en contacto sino que él fue quien eligió el lugar para los dos encuentros y que colocó las cámaras en el bar para grabarles e incluso organizó un operativo de hasta seis personas -todos civiles- para tratar (sin éxito) de obtener audio del encuentro.

Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, durante su declaración ha comentado que Leire Díez, investigada como la coordinadora de una presunta trama que buscaba desestabilizar causas que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, se presentó ante él por medio de un conocido común, Fran Ortega, como una persona del PSOE que quería contactar con Villaba. Y ha recalcado que ella misma se presentó como alguien que hablaba en nombre del 'one', lo que le hizo sospechar que se podía referir a Pedro Sánchez. De inicio le pareció “una fantasma”.

Dado que la petición de verse con Villalba le generó suspicacias, Mateos contactó con su amigo Koldo García, quien recientemente ha sido condenado junto al exministro José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo. Koldo, al que conocía de bregar en la lucha antiterrorista, le explicó entonces que Leire trabajaba para el 'número tres' del partido Santos Cerdán, que se le ponía al teléfono todo el mundo, incluidos ministros y secretarios de Estado, y que podía tener acceso al presidente del Gobierno.

Con esa premisa, se produce la primera reunión enmarzoo de 2025 en un bar de Leganés. Ella quería haber quedado en el despacho de l letrado jacobo Teijelo pero, ha recordado, él se negó y avisó 45 minutos antes de la cita de la ubicación. Luego vino el requisar teléfonoss y dispositivos y un cacheo para evitar que la 'fontanera' grabara nada. Mateos ha explicado que él se quedó fuera de esa reunión pero que a la salida Leire Díez le pidió ayuda para convencer a Villalba de que colaborara en su intención de destapar trapos sucios en el seno de la UCO, con la que tenía fijación, según ha añadido.

En ese contexto tuvo lugar una conversación que ha salido a colación en el interrogatorio de este miércoles. Él le preguntó que cuando se refería al 'one' si era por Cristiano Ronaldo, y ella le contestó que no, que era por el presidente. Ante esa respuesta, él le volvió a vacilar diciéndole si hablaba de Florentino Pérez. Ella, entonces, matizó más: por Pedro.

Durante la comparecencia, Mateos ha explicado que Villalba y él urdieron una estratagema para saber hasta dónde llegaba el poder de Leire Díez, y en la segunda reunión le solicitó un destino en Roma. Buscaban que quedara un rastro administrativo de cualquier gestión que se pudiera hacer al respecto.

En ese encuentro, ha recordado Mateos, Leire habría pedido tener su teléfono para recibir una llamada relevante, y cuando descolgó se refirió a Mercedes, él supuso que era MErcedes González, la directora general de la Guardia Civil.

La investigación de la Benemérita solo recoge una llamada entre Leire Díez y Mercedes González de 13 segundos el 12 de febrero de 2025. Además, según la UCO, es González quien llama a Díez y no al revés. Por tanto, no coinciden ni la fecha ni el tráfico de la llamada con la que ha descrito el testigo que supuestamente hizo Leire Díez al término de la reunión.

Por otro lado, ha recordado que Leire Díez comentó que en Moncloa estaban hartos del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil porque “le faltaba huevos” y que buscaban colocar como nuevo DAO al general Manuel Navarrete. Y ha confesado, según las fuentes consultadas que le daba credibilidad a la emisaria y que, incluso le generó miedo. De hecho, ofreció informe verbal sobre su parecer a un mando de la Guardia Civil del Servicio de Información.

La elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) ha provocado un cruce de reproches y críticas hacia la gestión socialista en Asturias. Desde las filas del Partido Popular (PP) y de Foro Asturias han acusado a los representantes del Gobierno asturiano por perder una nueva oportunidad de atraer recursos al Principado y han denunciado “el escaso peso político” del Ejecutivo que preside el socialista Adrián Barbón en el Gobierno central.

Unas acusaciones que han sido rebatidas desde el Ejecutivo autonómico que ha anunciado que “pedirá explicaciones” por la decisión acordada ayer por el Consejo de Ministros, entre otros, el informe que ha inclinado la balanza hacia la capital aragonesa en detrimento de la capital asturiana.

Entre tanto, Izquierda-Unida (IU), socio de gobierno en el Principado, ha censurado que sea precisamente una comunidad autónoma como Aragón, “gobernada por la extrema derecha”, quien se convierta en la sede de la Agencia.

La decepción

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, no ocultaba ayer su perplejidad al conocer la decisión del Gobierno central, que ha tachado de “apresurada”.

Su cara de sorpresa traslucía la sensación de impotencia al no haber podido siquiera conocer de forma oficial cuál ha sido el criterio definitivo para que Zaragoza obtuviera todas las papeletas para ganar a las otras sedes.

Sin “visita fisica” al 'edificio Calatrava'

Un dato a tener en cuenta es que antes de tomar esa decisión se suponía que se iban a realizar visitas físicas a las instalaciones propuestas y, según confirman fuentes del Gobierno regional, nadie oficialmente acudió a las dependencias del Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, conocido popularmente como 'el edificio Calatrava' -por ser obra del arquitecto valenciano- para conocer las posibilidades que ofrecía la opción ovetense.

Por ello, Concepción Saavedra pedirá al Ministerio de Sanidad que haga público el informe que justifica la decisión de descartar la candidatura de Oviedo/Uviéu para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública.

Asturias es mucho más reconocida a nivel de Salud Pública porque, durante la pandemia del covid-19, supo dar una respuesta reconocida a nivel nacional. Tenía y tiene un proyecto sólido, con una gran solvencia técnica y respaldo institucional

Concepción Saavedra — Consejera de Salud del Gobierno del Principado de Asturias

Oviedo/Uviéu tenía “un proyecto sólido”

La titular de Salud ha afirmado que “si se ha tomado esta decisión, será porque el proyecto era mejor” pero que, en cualquier caso, cree que a nivel de salud pública “Asturias es mucho más reconocida” porque, durante la pandemia del covid-19, “supo dar una respuesta reconocida a nivel nacional”.

“Asturias tenía y tiene un proyecto sólido”, con “una gran solvencia técnica” y “respaldo institucional” tanto del Principado como del Ayuntamiento de Oviedo, además de ser la comunidad con mayor inversión sanitaria por habitante en España, ha señalado.

Las críticas del alcalde

Con decepción, malestar y críticas se ha recibido entre la corporación municipal del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu el anuncio de que Zaragoza ha sido la opción elegida. El alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli, presidía el pleno ayer cuando conoció la noticia y su reacción en caliente fue la esperada.

Canteli censuró al gobierno autonómico que preside el socialista Adrián Barbón por el escaso peso que, según asegura, mantiene en el Gobierno central pese a ser ambos del mismo signo político.

La elección de la capital aragonesa es fruto de la inacción del Gobierno regional. Es una vergüenza total y un día muy triste para Oviedo

Alfredo Canteli — Alcalde de Oviedo/Uviéu

Exhibiendo un folio, en el que contenía el email que confirmaba en apenas unas líneas que Zaragoza conseguía ser la sede, delante de la corporación y de la prensa, expresó su opinión sobre cuál podía haber sido la razón para que se descartara la opción de Oviedo/Uviéu.

“La elección de la capital aragonesa es fruto de la inacción del Gobierno regional. Es una vergüenza total y un día muy triste para Oviedo”, ha añadido el alcalde.

Canteli ha recordado que al frente de los Gobiernos central y autonómicos hay dos presidentes socialistas: “uno aparentemente enfrentado a Pedro Sánchez”, en referencia a Adrián Barbón, y “otro aparentemente con buenas relaciones”, en alusión al del Ejecutivo central, “y en cambio se lo lleva un Gobierno del PP”, aseveró.

“Es deslealtad institucional”

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha lamentado la “profunda deslealtad institucional” de la que, según ha indicado, ha hecho gala el alcalde de Oviedo/Uviéu por sus críticas hacia el Ejecutivo asturiano por la designación de Zaragoza como sede para la Agencia Estatal de Salud Pública.

Peláez ha felicitado tanto a Zaragoza como Aragón por la elección y ha lamentado “profundamente” las declaraciones de Canteli por considerarlas “irresponsables”.

Las dos propuestas

Peláez ha subrayado que el Gobierno del Principado de Asturias “respaldó activamente la candidatura”, si bien ha apuntado que el proceso de selección es “transparente en base a unos criterios publicados”.

Peláez también ha recordado que Canteli estuvo “en la génesis de la candidatura” y ha considerado que el hecho de ofrecer primero la Fábrica de Armas de la Vega y después el edificio Calatrava “generó dudas” en Ministerio de Sanidad.

“Es una decisión injusta”

Por su parte, la vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha calificado la decisión de que la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública se instale finalmente en Zaragoza y no en Oviedo/Uviéu de “injusta” por no haber tenido en cuenta “el apoyo sólido que el Gobierno de Asturias da al sistema sanitario”.

Llamedo ha destacado el trabajo conjunto de la consejería y el Ayuntamiento de Oviedo en la candidatura, a la que afirma haber defendido “en todos los ámbitos posibles” y con “argumentos técnicos solventes”.

La opinión del socio de gobierno

IU-Convocatoria por Asturias, socio de gobierno en el Ejecutivo autonómico, también se ha pronunciado. La Comisión Colegiada de IU rechazó por unanimidad la decisión por la que se descarta al Principado como sede, “pese a ser la comunidad autonómica que más invierte por habitante en sanidad”, lo que evidencia “el escaso peso que el Principado ha tenido para el Gobierno central”.

A su juicio, la elección supone “un balón de oxígeno” para comunidades autónomas gobernadas por la extrema derecha y denuncia que se premie a territorios en los que se está impulsando el desmantelamiento del modelo de salud pública mediante una menor inversión y la externalización de servicios.

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha calificado el anuncio como “un grave error político” y ha sido especialmente crítico con la elección del territorio que albergará la nueva agencia: “Para Izquierda Unida es una noticia bochornosa y una decisión injustificable del Gobierno central llevar la Agencia Estatal de Salud Pública a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha”, ha afirmado Zapico.

Es una noticia bochornosa y una decisión injustificable del Gobierno central llevar la Agencia Estatal de Salud Pública a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha

Ovidio Zapico — Coordinador general de IU-Convocatoria por Asturias y socio de gobierno en el Ejecutivo autonómico

La advertencia: “Que tomen nota”

El coordinador general y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, también ha vinculado esta decisión con el debate sobre la defensa de los intereses de Asturias ante el Estado y las fuerzas que “defienden aquí una cosa y luego se pliegan en Madrid a decisiones que, como ésta, van en contra de la comunidad autónoma”. Y avisa: “Que tomen nota quienes defienden la identidad asturiana”.

PP: “No hay peso político suficiente”

La portavoz de Sanidad del Partido Popular (PP) de Asturias, Pilar Fernández Pardo, también se ha referido al escaso peso que, bajo su criterio, tiene Asturias en Madrid.

“Asturias vuelve a quedarse fuera de un proyecto estratégico porque ni Barbón ha sabido defender nuestra candidatura ni el PSOE asturiano ha tenido el peso político suficiente para hacerse escuchar en Madrid. Una vez más, los intereses de nuestra región han quedado relegados frente a las prioridades de Pedro Sánchez”, ha comentado.

Foro: “Era una oportunidad estratégica”

A las críticas también se ha sumado el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, quien ha responsabilizado directamente al Gobierno de Adrián Barbón de este nuevo revés para el Principado.

“Asturias vuelve a perder una oportunidad estratégica por la incompetencia de un Gobierno autonómico incapaz de defender los intereses de nuestra comunidad allí donde se toman las decisiones”, ha corroborado.

“Asturias vuelve a quedarse fuera”

Adrián Pumares cree que además refleja la “falta de influencia y de capacidad” del Ejecutivo de Adrián Barbón para defender los intereses de Asturias ante el de Pedro Sánchez.

“Esta Agencia supondrá empleo altamente cualificado, investigación y prestigio institucional para Zaragoza, mientras Asturias vuelve a quedarse fuera. Los asturianos merecen un Gobierno que pelee por atraer inversiones, organismos públicos y oportunidades de futuro, y no que se conforme con ver cómo pasan de largo”, ha sostenido.

Llaneza y Llamazares

Mucho más prudentes y cautos se han mostrado los portavoces municipales del PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu en el Ayuntamiento de la capital asturiana.

El portavoz del PSOE en Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha calificado la decisión del Gobierno central como “una noticia pésima para Oviedo” porque la ciudad era “digna acreedora de la agencia”.

Fernández Llaneza ha pedido analizar el expediente para comprobar la posición de la capital asturiana y estudiar “puntos débiles y fuertes” antes de hacer una valoración “objetiva y rigurosa”.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha considerado que se trata de “una decisión inaceptable, inexplicable e injusta” que debe tener “una contestación política” porque la capital asturiana contaba con factores desde el punto de vista de la sanidad y la salud pública que la favorecían.

No obstante, ha reconocido que no cree que la pérdida de la oportunidad de que la capital asturiana pudiera llegar a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública haya sido por “falta de iniciativa” de los gobiernos local o autonómico.

El abogado Jaime Campaner se hará cargo a partir de ahora de la defensa de Begoña Gómez después de que esta y el letrado que la ha defendido hasta ahora, Antonio Camacho, hayan adoptado de común acuerdo la decisión, que ya le han comunicado al juzgado, informan a elDiario.es fuentes del entorno de la investigada.

Las mismas fuentes trasladan la “gratitud” de Gómez con Camacho por “su trabajo realizado durante estos años, su rigor profesional y su entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental”.

Antonio Camacho asumió la defensa de Gómez desde el principio de la causa y ha batallado contra la instrucción del juez Peinado hasta conseguir que sea juzgada solo por dos de los cuatro delitos que le atribuía el juez y que ha corregido la Audiencia Provincial. Camacho siempre ha orientado su defensa a que no existe un solo indicio que permita llevar al banquillo a Gómez por uno solo de los delitos de los que se le acusa, malversación y tráfico de influencias.

El nuevo abogado de Begoña Gómez, que deberá defender su inocencia ante un tribunal de nueve ciudadanos, es especialista en Derecho Penal Económico y en Derecho Procesal y cuenta con una dilatada experiencia. Además tiene un amplia trayectoria en juicio con jurado popular y ha formado a abogdos, fiscales y jueces para este tipo de procedimientos.

He de reconocer que no conocía a Andy Burnham hasta que su nombre empezó a sonar como sustituto de Starmer al frente del partido laborista británico. Alcalde de Mánchester desde 2017, se trata de un político criado en el norte industrial de Inglaterra, cuna del sindicalismo y el socialismo británico.

Se nota su procedencia en el acento y su estilo directo e ideas claras pueden suponer un soplo de aire fresco en el laborismo británico, necesitado de oxígeno para afrontar los próximos años al frente del número 10 de Downing Street. El hecho mismo de su elección es un ejemplo de la democracia interna existente en los partidos británicos, en los que se producen discrepancias y corrientes de forma habitual, incluso dentro del propio gabinete del gobierno. En realidad, son los propios diputados laboristas, y algunos miembros del gabinete, los que han dejado caer a Starmer y han elegido -Monarca mediante- a Burnham. Lo que puede ser un factor de inestabilidad cuando las situaciones viene mal dadas y hay muchos cambios de primer ministro -siete en apenas 10 años-, es también un ejemplo de democracia interna real.

Pero quizá lo más sorprendente -para bien- han sido algunas de sus primeras propuestas, la primera, poner en marcha una iniciativa para que las personas sin hogar tengan un lugar donde dormir. Es una medida valiente, humana y solidaria de verdad, ejemplo de política de izquierdas. La limitación del precio del transporte en autobús o la eliminación del IVA en la factura eléctrica de los hogares, políticas similares a las aplicadas también en España en los últimos años por el gobierno de Pedro Sánchez, son un buen punto de partida.

Momento de aprovechar también la propuesta, realizada por 120 millonarios británicos de que les suban los impuestos. Curioso que, después de años en los que, en la mayor parte de las democracias occidentales, algunos partidos -sin duda, aquí, en nuestra España, el PP- hacen bandera de la reducción de impuestos a los ricos, tengan que ser ellos los que pida pagar más impuestos para mantener los servicios públicos y reducir la indignante desigualdad social existente. Ojalá, Burnham se atreva, y sea la punta de lanza de una forma de afrontar los retos y desigualdades de las sociedades occidentales del siglo XXI, haciendo que los que más tengan, más contribuyan al sostenimiento de nuestro estado del bienestar.

Y otra buena noticia. El soplo de aire fresco, la cercanía y las propuestas de los primeros días -que, confiemos, no se lleve el viento-, han hecho que, por primera vez en un año, los laboristas superen en apoyos a los ultras de Reform UK, en todo el Reino Unido.

Muy buenas noticias. Crucemos los dedos

Con una torpeza que empieza a ser marca de la casa (para desgracia de Núñez Feijóo), la portavoz del PP, Ester Muñoz, dejó meridianamente claro a las pocas horas de conocerse la sentencia que condenaba al hermano del presidente del Gobierno cuál era el objetivo real de todo aquel proceso: provocar la caída del gobierno. Muñoz dijo que la condena de David Sánchez representaba “un día histórico que haría caer a cualquier Gobierno”. Imposible dejarlo más claro.

Miguel Tellado, otro a quien se le entiende todo, escribió en las redes sociales “El hermano de Sánchez ha sido condenado, como ”su“ fiscal general, como ”su“ primer número dos, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo”. La constatación de la existencia de una operación más o menos coordinada para tumbar al gobierno ya no en boca de un ministro o de un dirigente del PSOE, ni de un tertuliano progubernamental. El mismísimo número dos del PP explicándolo abiertamente a quien quiera oír y entender. Nada que esconder.

Fiscal general, contigo empezó todo

En el ordenamiento jurídico español, como en el de tantos países, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, es decir define la línea que han de seguir las instancias judiciales inferiores. Parecería que este precepto, más allá de su contenido estrictamente jurídico, también es válido para entender lo que está pasando. El proceso contra el fiscal general por revelación de secretos y su condena, sobre todo su condena y los argumentos en los que ésta se basó (discutidos por débiles, indiciarios y sesgados), mostraron al resto de instancias judiciales cuál era el margen de interpretación que podían tomarse a la hora de enjuiciar aquellos supuestos delitos que afectaban al gobierno y a su entorno.

Ese margen que se daba a todos y cada uno de los jueces era extraordinariamente amplio. Y no sólo a los jueces, también a los cuerpos que actúan como policía judicial, acostumbrados ya a formular hipótesis y juicios de valor y de legalidad que acostumbran a ser tenidos como verdades por parte de los instructores; y a los que se permitió registrar nada más y nada menos que el despacho oficial del fiscal general del Estado, además de vaciar el contenido de su teléfono móvil (que García Ortiz había borrado previamente, una acción que molestó tanto a sus juzgadores que acabó figurando en la sentencia como un indicio de su culpabilidad).

El proceso contra el fiscal general debe entenderse como el ejemplo de todos los demás también en su desarrollo, y no sólo por su arranque (una acusación por parte de una asociación ultraderechista basada en recortes de periódicos). El proceso contra García Ortiz derivó en una acción de intimidación al gobierno, no tanto por parte del poder judicial como por los medios. La idea era que, si el fiscal dimitía, el proceso decaía. Que se rinda y no le va a pasar nada, parecía la consigna, propagada por algún opinador bienintencionado próximo al PSOE. Con su obstinación, el fiscal general estaba poniendo en riesgo a la institución, lo más“sensato” era que dimitiese, por el propio bien de la Fiscalía.

La “obstinación” de García Ortiz en permanecer en el cargo y presentarse ante el tribunal como fiscal general en ejercicio tenía todo el sentido si se consideraba inocente. Era él quien devolvía la pregunta ¿Hasta dónde se estaba dispuesto a llegar frente al respeto a los derechos y la vida personal de los afectados y frente al propio respeto a las instituciones judiciales, su imparcialidad y su función en un Estado de Derecho? La respuesta derivada de la sentencia de la sala segunda del Supremo fue contundente: estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Un mensaje claro para todo el mundo, no sólo para los acusados, sino para los futuros acusados. Y para todos los jueces que tuvieran entre manos asuntos que afectan directa o indirectamente al gobierno. Barra libre.

El problema es que los jueces son, en este sentido, como los militares. Una vez se han convencido de salir de los cuarteles, es muy difícil convencerlos de que vuelvan a entrar en ellos.

Justicia de opinión

El término “opinocracia” define un mundo en el que la opinión se convierte en el centro del debate público, condicionándolo todo. Es algo claramente aplicable a nuestro mundo, atravesado por diversas crisis que han acabado por diluir la antigua frontera entre lo que se consideraba información y lo que era simplemente opinión. La información se basa en hechos reales contrastados, acontecimientos que realmente han ocurrido y a los cuales se puede volver para comprobar la veracidad de lo que se dice sobre ellos. La opinión no requiere de un apoyo en la realidad. No es comprobable ni verificable. Vale lo que vale quien la propaga, nada más.

En las últimas décadas el combate entre información y opinión ha ido cayendo del lado de esta última. La opinión ha ido invadiendo espacios en los que hasta hace relativamente poco tiempo le estaba vedado el acceso. El periodismo (o lo que queda de él) es hoy un terreno en el que es hasta cierto punto imposible separar lo que es información de lo que es opinión, sobre todo en aquellos medios rendidos a la ideología y al beneficio a cualquier precio. Las redes sociales ya nacieron como el imperio de la opinión.

Algunos espacios se mantenían (y se mantienen, a duras penas) exentos de la ofensiva de la opinión y resistían atados al palo de los hechos. La justicia era uno de ellos. Pero lo que vemos ahora son sentencias en las que, sin aviso previo, se cuelan opiniones, hipótesis, digresiones aparentemente inocentes, caídas aquí y allá, que en algunos casos sirven para apuntalar veredictos, sobre todo cuando éstos no encuentran suficiente sustento en los hechos probados. O incluso cuando hechos probados, o testimonios aportados en la causa, contradicen las conclusiones de la sentencia.

Más allá de los casos que afectan al Gobierno, esta deriva resulta particularmente preocupante en un paisaje judicial sobre el que desde hace años caen críticas que señalan que lo que está en peligro no es la independencia de los jueces, sino su imparcialidad y la consecuente exigencia de dejar de lado sus propias posiciones personales e ideológicas y actuar sin más criterio que el sometimiento a la ley.

Quiéreme como la justicia quiere a Aldama

Lo que estamos viviendo no es una operación concertada al milímetro, con un mando supremo y unos intereses inequívocos a los que se pliegan todas las acciones. Ese tipo de conspiraciones no van con el carácter nacional. Por debajo de la consigna, del toque de corneta, del “café” como el de hace noventa años, que recordaba el gran Juliana, hay vendettas personales, espabilados, zancadillas que se aprovechan que el Pisuerga pasa por allá y el que puede hacer pues ya que estamos, hace.

Si todo formara parte de un único plan maléfico no se cometerían según que errores. Pero la maraña de favores, actores secundarios, intereses y demás completa un cuadro barroco, atestado de tramas y personajes que a veces desvían la atención de lo que debería ser el núcleo del tema: tumbar al gobierno, si puede ser por la vía más rápida posible.

Sólo así se entienden algunas tramas secundarias de la obra, cuyo desenlace no ayuda en el objetivo final, sino que más bien lo perjudica, pero que tienen su razón de ser. Es el caso de la condena a Aldama en el caso “mascarillas” que condenó a Ábalos y a Koldo García aveinticuatro y diecinueve años de prisión, respectivamente. En la vista oral (ante los magistrados de la omnipresente sala segunda del Supremo), el comandante de la UCO (otros omnipresentes) declaró que las informaciones suministradas por Aldama no habían sido de gran ayuda a la investigación.

Pero es que Aldama no se ha librado de la cárcel (y ha mantenido las ganancias de sus negocios) por su contribución al proceso penal. No son sus declaraciones ante el juez de instrucción lo que le ha salvado, sino más bien sus apariciones en tertulias y programas televisivos, en los que ejerce de azote de la corrupción gubernamental y defensor de la democracia y de la Constitución, que en su autorizada opinión exigen la caída del gobierno. Sería ese papel de Cid reencarnado (“España se va a la mierda y yo solo no puedo”) el que le ha valido a Aldama el cariño maternal de la justicia. Ese al que ahora aspira también Julito, el amigo de ZP.

La precuela

Precisamente la aparición estelar de Julito, camino a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, cuerpo enjuto, mirada huidiza, nos proporciona una de esas imágenes que, sin más aderezo, lo explican todo. No por el protagonista, sino por quien lo acompaña, paso firme, ademanes profesionales, mirada de quien está acostumbrada a tener la sartén (y la cacharrería entera) por el mango. Su abogada, Maria Dolores Márquez de Prado, que conecta la actual operación con otra, la que se desplegó hace exactamente treinta años (de 1993 a 1996, casualidades de la vida) con idéntico objetivo: tumbar al gobierno socialista de entonces.

La reaparición de Márquez de Prado sitúa la actual coyuntura donde le corresponde. Como una secuela, algo que ya habíamos vivido. Cambian los actores (no todos, como se ve), cambian los diálogos y hasta el decorado (tampoco tanto), pero el guion es el mismo. Una y otra vez.

Caza mayor

Si el objetivo final de la operación es la caída del Gobierno y todo lo que ha pasado no lo ha conseguido, lo único que les queda a los que pueden hacer y hacen es apuntar al corazón del Ejecutivo. El fiscal general era una pieza importante, pero no letal, como se comprobó. Ábalos ya estaba de salida, así que no funcionó. Zapatero hace más daño, pero tampoco ha sido el tiro de gracia.

La derivada mafiosa de todo esto es el acorralamiento a la familia del presidente. Su hermano ha sido condenado por ser el hermano de quien es, en un proceso rocambolesco cogido por los pelos. Estaría bien que la UCO pidiera el volcado del móvil del presidente del tribunal para ver las conversaciones de los últimos meses. No sufran, no va a pasar, pues la UCO no actúa si no es en el marco de un proceso judicial y bajo la estricta dirección de un juez instructor, que aquí no existen. Circulen, circulen.

El caso de la mujer del presidente es el ejemplo más evidente de esta estrategia de presión, y a la vez es un factor que puede acabar dando muy malas noticias al PP en unas futuras elecciones, principalmente por la manera burda con la que el juez instructor ha ido llevando el caso hasta hoy. Aunque Peinado puede parecer un lobo solitario, el hecho que lo hayan dejado llegar hasta aquí, con la aquiescencia de la audiencia provincial (sin mencionar a los jaleadores mediáticos), hace de este un caso que va más allá de la acción aislada de un instructor con ganas de notoriedad y de salvar a España.

Begoña Gómez va a tener que enfrentarse a un juicio con jurado popular… a no ser que su marido dimita. Este es el mensaje, limpio y claro. El mismo que se enviaba en el caso de García Ortiz. Estamos dispuestos a lo que sea. Ríndete o acabamos contigo. Si esto no surte efecto, si Sánchez no se va para salvar a su mujer, ya sólo les queda una pieza que abatir: el presidente. Y visto lo visto, no les va a temblar la toga ni sus arraigadas convicciones constitucionales.

Charcos

Todo esto, evidentemente, tiene sus riesgos. Un juicio con jurado popular a la mujer del presidente puede activar al espacio progresista, que vería en ese acto un trasunto de los procesos inquisitoriales. El riesgo, además, es aún mayor por lo de las sentencias y los cuarteles. Siempre puede haber alguna sentencia o alguna instrucción que se pase de acelerón, por convicción o porque se aspira a una medalla. Peinado lo ha hecho varias veces, lo que ha contribuido a generar en el espacio de la izquierda la imagen de una justicia politizada y escorada claramente a la derecha.

Más allá de estas salidas de autopista de unos magistrados convencidos de que están salvando a España con cada auto y providencia, la operación corre peligro por la torpeza que ha demostrado el equipo dirigente del PP, que no ha dejado de meterse en cada uno de los charcos que se va encontrando en su camino. La ley de nietos, el concebido no nacido, el pacto con Francia, el acercamiento a Junts. No pasará, pero Feijóo podría acabar yendo a Waterloo. Históricamente, el PP ha sido una máquina electoral impecable, pura ingeniería alemana (mejor, americana desde 1989). Pero en las últimas elecciones mostró un perfil terriblemente torpe, hasta el punto de que podemos decir que si Feijóo no ocupa la Moncloa desde 2023 no es porque no quisiera (como declaró) sino porque cometió tal cantidad de errores no forzados en la última semana de campaña, que dilapidó toda su ventaja. A una semana de las elecciones, Feijóo tenía la mayoría, pero entonces encadenó error tras error, alguno mítico como el de renunciar a asistir al debate de TVE con la excusa de que es un medio entregado al gobierno, para luego decir que en realidad no fue porque le dolía la espalda.

Dime de qué me acusas y te diré qué pretendes

Donald Trump acaba de decir que en 2020 hubo injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales y que por eso no ganó. Por eso, y porque hubo funcionarios que intencionadamente manipularon los votos para evitar su victoria. Trump ha acusado abiertamente a China de interferir en las elecciones en las que perdió la reelección frente a Biden. Sin pruebas, sin aportar ningún documento que lo avale, e ignorando olímpicamente todos los documentos que precisamente prueban lo contrario.

Trump también soslaya las pruebas que demuestran que efectivamente hubo injerencia extranjera en las elecciones anteriores, las de 2016, las que precisamente él ganó. La famosa vía rusa, de la cual se habría beneficiado para convertirse en presidente. De eso no hizo ninguna mención Trump en su intervención a la nación. Viene siendo habitual en el repertorio trumpista acusar a tus rivales de hacer eso que aparentemente has hecho tú. Forma parte de la estrategia de la confusión desplegada por la derecha populista, y no sólo en Estados Unidos.

En España, las derechas hace tiempo que acusan a Pedro Sánchez de querer implantar un régimen autoritario. Se le ha acusado de torpedear la división de poderes cada vez que critica una actuación judicial o de querer silenciar al Parlamento para imponer un sistema a la turca (o a la venezolana). La apelación a que el “sanchismo” representa un peligro para la democracia española se ha convertido en un mantra de la derecha, junto con la defensa de la Transición que Sánchez (y antes Zapatero) se habría cargado con su ley de memoria democrática.

Ante esto, como en tantas otras ocasiones, es interesante recorrer a las declaraciones del expresidente Aznar, que acostumbra a actuar como vocero de las intenciones de la derecha (“el que pueda hacer…”). En una entrevista en ABC (2 de noviembre 2025) definió las próximas elecciones como “cuasi constituyentes” y en un almuerzo informativo (1 julio) remachó que “no nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. Para evitarlo, según Aznar, hace falta una “mayoría nacional” que vaya de izquierda a derecha. Una llamada a salvar a España de la anti-España. Con 210 diputados es posible emprender reformas de la constitución (artículo 167). Tal vez tenga razón Aznar, tal vez sí estemos ante unas elecciones constituyentes y un intento de cambio de régimen, pero por parte de la derecha. Una derecha que siempre ha considerado que el poder en este país le pertenece por derecho y los otros no son más que usurpadores.

El Gobierno se va de vacaciones con la vista puesta en una recta final de la legislatura en la que quiere “culminar” los proyectos pendientes y que también servirá como una larga precampaña para unas elecciones generales que, previsiblemente, no tendrán lugar antes de 2027. En ello insistió este martes el presidente Pedro Sánchez en su ya tradicional rueda de prensa de balance del curso político tras el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego, donde insistió en que tiene intención de presentar Presupuestos Generales del Estado a la vuelta del verano y en la que volvió a rechazar el adelanto electoral que PP y Vox llevan meses exigiéndole.

“Queda un año para culminar esta legislatura”, afirmó Sánchez durante su larga comparecencia de este martes. Y no fue una afirmación casual: posteriormente, el mandatario insistió en que “las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, duran cuatro años, no solamente pasa eso cuando gobierna la derecha, que cuando gobernamos el resto al día siguiente ya están pidiendo elecciones”. “Nos queda un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo, para demostrar que no se tiene por qué elegir entre crecer y proteger, entre modernizarse y mantener la cohesión, entre ser fuerte dentro y respetable fuera”, afirmó.

No obstante, esa afirmación tiene matices. Fuentes del equipo de Sánchez explicaban minutos después de su comparecencia que la Moncloa no consideraría un adelanto electoral todo lo que sea celebrar las elecciones generales en 2027, pese a que la ley permitiría a Sánchez no disolver las Cortes hasta julio del año que viene. El presidente no quiere cerrarse ninguna puerta, habida cuenta de que la decisión de convocar los comicios depende por entero de él. Y, por tanto, sigue abierta la opción de llamar a las urnas en el primer trimestre del año, una opción que el mismo Sánchez dejó caer el mes pasado para calmar al PNV, que no quiere bajo ningún concepto que las elecciones generales coincidan con las municipales, previstas para mayo de 2027.

El hecho de que Sánchez abriera la puerta el pasado junio a adelantar unos meses los comicios satisfizo al PNV, temeroso de que un superdomingo electoral contaminara la campaña de las locales con debates nacionales, un escenario que los nacionalistas vascos consideran que les perjudica. Con ese movimiento, el presidente consiguió que la formación que lidera Aitor Esteban dejara de exigir un adelanto electoral para ya y concediera unos meses de margen a la Moncloa. Pero el PNV ha dejado claro que, a su juicio, si el Gobierno no consigue sacar adelante los Presupuestos, deberá convocar elecciones. Y parece imposible que esas cuentas se aprueben, habida cuenta de que Junts ha afirmado que no piensa ni siquiera sentarse a negociarlas.

No obstante, Sánchez no solo aseguró que tiene intención de culminar la legislatura, sino que defendió públicamente lo que pocos en el Gobierno creen en privado: que no solo la intención del Ejecutivo es presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado por primera vez en la legislatura, sino que su “voluntad” es “aprobarlos”. “Nuestra intención es presentarlos en 2026, nuestra voluntad es aprobarlos en 2026, y nuestra intención y voluntad es que las legislaturas, como siempre cuando he gobernado, duren lo que constitucionalmente se establezca”, insistió.

El decreto de vivienda y otros asuntos pendientes

Más allá de unas cuentas públicas con pocas perspectivas de éxito —Junts ya ha dado al Gobierno sus dos primeros bofetones en materia presupuestaria este mismo julio al tumbar la senda de estabilidad en el Congreso—, el Ejecutivo se va de vacaciones con deberes en la maleta. El asunto más acuciante, incendios forestales aparte, es el decreto de vivienda, que la Moncloa preveía aprobar este mismo martes, pero que ha tenido que dejar para septiembre para intentar conseguir el apoyo de Junts y de Podemos.

Concitar el voto favorable de los dos partidos a un mismo texto va a obligar al Ejecutivo a hilar muy fino, puesto que el rechazo de ambos al borrador inicial se apoya en razones muy diferentes. Los morados exigen que no se incluyan las modificaciones en la ley del suelo que sí quieren PSOE y PNV, mientras los independentistas catalanes insisten en exenciones fiscales de mayor calado que Hacienda no ve con demasiada simpatía. Y Sánchez, este martes, se limitó a afirmar que la vivienda es la “prioridad” del Gobierno y que es “urgente aprobar el decreto y acordarlo”. “Somos un Gobierno en minoría parlamentaria y ahora nos toca tejer esas alianzas con los grupos”, señaló.

De cara a la recta final de la legislatura, asimismo, el Ejecutivo tiene pendiente culminar varias reformas pendientes. La más importante es la largamente postergada derogación de la ley mordaza, que a principios de julio cumplió once años de vigencia y cuya reforma está parada desde hace más de un año en el Congreso por falta de acuerdo entre los grupos. Pero también están por tramitar iniciativas como la derogación de los delitos de injurias contra la Corona y ofensa a los sentimientos religiosos, el refuerzo del registro del horario laboral para los trabajadores por cuenta ajena o la aprobación definitiva de la ley del cine.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado antes del parón veraniego conceder cinco indultos parciales. Uno de ellos es al artista y gestor cultural Natalio Grueso, que fue condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa por apropiarse de fondos de la Fundación Niemeyer a través de facturas falsas o manipuladas con las que se lucró tanto él como familiares y amigos. Con esta medida de gracia el Ejecutivo le indulta de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento. La nota de prensa del Ejecutivo explica que este indulto fue solicitado por numerosos artistas y personas del sector audiovisual y responde a motivos humanitarios dado su estado de salud.

Precisamente el pasado mes de marzo el tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, emitió un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

En el informe de la Sala, al que accedió Eldiario.es Asturias se estimaba que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debía jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia. En ese informe, el tribunal se oponía a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”. Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal, que señalaba que Grueso no cumplía con los requisitos porque no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario. Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión. Consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones. Grueso, finalmente, fue detenido por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega.

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” se citaban en la petición de indulto expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destacaba en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, o Bárbara Hendricks. Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que se justificaba el indulto era, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se declaran 211 “zonas gravemente afectadas” por emergencias de protección civil. Están provocadas, “en su mayoría”, por incendios forestales, pero también por episodios de lluvias y tormentas de alta intensidad que han afectado a varias comunidades autónomas desde el pasado 31 de marzo y hasta el 27 de julio de 2026.

En total, el texto incluye eventos acaecidos en un total de 14 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Illes Balears, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.

El real decreto incluye los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo que han activado la emergencia nacional y el de La Vall d'Uixó, en Castelló, que mantiene ocupados estos días a los equipos de extinción. También el de Los Gallardos, en Almería, que se saldó con 13 fallecidos; los incendios forestales de abril en Galicia y Asturias; los episodios de Rugat y Benidorm (Comunitat Valenciana), Santa Eulària des Riu y Can Anfos (Ibiza) y Òrrius (Catalunya), en mayo; y los incendios de junio en Murcia, Coruña, Ourense, Castilla y León y Catalunya.

Son solo algunos de las decenas de fuegos que han arrasado más hectáreas que nunca en lo que va de año y que también están incluidos en el texto.

La declaración de zona gravemente afectada se amplía también a los episodios de lluvias y tormentas registrados en mayo en Mallora, Murcia y Catalunya y a los desprendimientos de un muro en Nalda y de parte de la muralla del Castillo de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. Unos episodios que se repitieron durante el mes de junio en estas dos últimas comunidades.

“Junto a estos sucesos, durante el periodo incluido en este Acuerdo se han producido otras emergencias de protección civil de distinta naturaleza, como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas o industriales, que motivaron la activación de los correspondientes planes de protección civil y la adopción de medidas de prevención y protección a la población”, indica el Ministerio del Interior en un comunicado.

Qué ayudas contempla la declaración de zona gravemente afectada

La declaración de zona gravemente afecta por emergencias de protección civil abre la puerta a que diversos ministerios apliquen medidas de ayuda a las personas físicas, jurídicas y a las administraciones afectadas por estos episodios. Por el momento, el Ministerio de Interior ha avanzado una serie de ayudas “destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia”.

Interior “prevé la posibilidad” de que se apruebe una exención de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico, para trámites como el duplicado de los permisos de circulación o conducción o bajas de vehículos siniestrados y por expedición del DNI. Además, desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, señalan otras ayudas propias de los ámbitos competenciales de otros ministerios, como beneficios fiscales —como la exención de la cuota del IBI y la reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas—.

Además, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social. Y el de Política Territorial concederá ayudas de hasta el 50% para los proyectos de reparación de infraestructuras de las corporaciones locales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso cerrar este martes el curso político llamando al PP a cerrar un “pacto de Estado contra la emergencia climática”. En su ya tradicional rueda de prensa con motivo del último Consejo de Ministros antes del partón veraniego, Sánchez hizo un llamamiento “a todos los actores políticos”, y particularmente a los populares como principal partido de la oposición, para unir fuerzas “no solo cuando llega el incendio, las danas o las sequías”, sino también “en la prevención”. Y alertó de que “el negacionismo climático”, una actitud que achacó a Vox y también al PP, “es el peor de los combustibles ante la emergencia”.

“Negar las alarmas de la ciencia no nos prepara, nos hace mucho más vulnerables”, aseguró Sánchez en el que, con toda probabilidad, será el último balance de fin de curso que realice antes de las próximas elecciones generales, que tendrán que celebrarse como tarde en julio de 2027, aunque el presidente ha abierto la puerta a adelantarlas al primer trimestre del año. El presidente se preguntó, tras más de “170.000 hectáreas” quemadas, “qué más tiene que ocurrir” para que la derecha y la ultraderecha dejen de cuestionar “que la emergencia climática mata” y “que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos”.

“No es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación”, espetó igualmente un Sánchez muy crítico con PP y Vox, de quienes dijo que, allá donde gobiernan, no muestran “voluntad para luchar contra la emergencia climática”. “El Gobierno de España no está esperando a que los ayuntamientos y comunidades gobernados por PP y Vox se muevan, pero creo que es importante que estos gobiernos y estos partidos no nieguen la evidencia científica y se pongan del lado de la ciencia para no solo estar unidos en la respuesta cuando llega el incendio, las danas o las sequías, sino también unidos en la prevención”, insistió.

A ese respecto, el presidente del Ejecutivo denunció que los populares quieran negociar medidas comunes con el Gobierno en relación a los incendios sin ir a la raíz del problema. “El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios, que es la emergencia climática”, criticó Sánchez, que afirmó que ya existe “unidad” entre las administraciones a la hora de combatir los fuegos.

“Se está viendo hoy en la respuesta a los incendios tanto en en Ávila como en Madrid como en Castellón, eso no es ninguna innovación, es pedir un acuerdo sobre algo en lo que ya tenemos un acuerdo”, espetó el mandatario. Para Sánchez, “la cuestión” en la que hay que poner el foco es la necesidad de “llegar a un pacto sobre la prevención y la reconstrución de las zonas afectadas”. “Y para eso tenemos que entrar de lleno en en cómo la emergencia climática está exacerbando y multiplicando los riesgos”, insistió.

Sánchez afirma que “queda un año” de legislatura

Más allá de los incendios —en relación a los cuáles Sánchez presumió de que el Gobierno ha incrementado cerca de un 30% el presupuesto destinado a la prevención y un 34% el dedicado a la extinción—, el presidente dibujó un escenario optimista y aseguró que España, “pese a todos los obstáculos, no se ha detenido” en un curso político muy convulso. “Hemos avanzado con una hoja de ruta clara y un horizonte definido que forma parte de lo que siempre he llamado la agenda del sentido común”, presumió Sánchez, que puso en valor medidas como “revalorizar las pensiones, elevar el salario mínimo, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática”.

“Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo, para demostrar que no se tiene por qué elegir entre crecer y proteger, entre modernizarse y mantener la cohesión, entre ser fuerte dentro y respetable fuera”, aseveró igualmente el presidente del Gobierno, pese a que él mismo, hace unas semanas, abrió la puerta a adelantar las elecciones al primer trimestre de 2027 si el Congreso tuma los Presupuestos. Sánchez volvió a prometer que presentará un proyecto de cuentas públicas y, aseguró, tiene “voluntad de aprobarlas”, algo que parece muy complicado ante la negativa de Junts a negociarlas.

El PNV ha celebrado, con unos días de adelanto, su 131 cumpleaños. Fundado el 31 de julio de 1895, es el segundo partido más antiguo de España después del PSOE. El actual presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, ha aprovechado su dircurso en el acto de aniversario en Bilbao para hacer balance de sus pactos con Pedro Sánchez. Por un lado, ha dicho que “tres cuartas partes del acuerdo de investidura” se han cumplido. Pero, al mismo tiempo, cree que “no hay voluntad política en el Gobierno de Madrid [el de España] para negociar algunos temas”.

El lehendakari, Imanol Pradales, presente entre los oyentes del mitin de Esteban, ha suspendido recientemente su reunión bilateral con Sánchez, prevista para estos días. No hay acuerdo para algunas transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Tenían que haberse cerrado a finales de 2025 y se han ido concediendo prórrogas. Ahora, se dan otra más hasta después del verano, aunque ya estaba descartado un acuerdo en torno al tema más relevante en el tintero, la gestión de las pensiones. Son 13.000 millones de euros.

“No hemos venido aquí a conformarnos con tres cuartas partes. Lo que es nuestro, lo queremos. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. Se esconden en supuestas dificultades técnicas cuando lo que no hay es voluntad política para entrar a discutirlas”, ha manifestado también, diciendo que él conoce bien lo que es “picar piedra” en la capital para que la palabra dada se convierta en boletín oficial. Eso sí, Esteban no ha incorporado a su intervención sus anteriores peticiones directas de elecciones generales anticipadas. Ahora bien, ha añadido en euskera: “No estamos en el bolsillo de ningún Gobierno ni en la agenda de nadie. No somos de nadie”.

El PNV también ha lanzado dardos al PSE-EE, su socio institucional en Euskadi. Dirigiéndose a Eneko Andueza, Esteban ha afirmado que su partido “nunca” ha usado el “concepto” de “prioridad nacional” que el líder de los socialistas vascos le ha endosado recientemente contraponiéndolo con la “prioridad social”. Los 'jeltzales' están en la “construcción nacional” y en la “construcción social”, ha querido subrayar Esteban.

En su mitin también ha dedicado un tiempo a criticar a EH Bildu por apropiarse, a su juicio, de personajes históricos del PNV. “Acabaran citando a [Juan de] Ajuriagerra y a [Xabier] Arzalluz”, ha ironizado sobre los mensajes de la izquierda abertzale sobre figuras como José Antonio de Aguirre, el primer lehendakari.

Esteban, ya al final de su discurso, se ha dicho también “aturullado” por la gran cantidad de protagonismo que ha tenido la selección masculina de fútbol con motivo de la Copa del Mundo, de la que ha resultado campeona. “Algunos hasta querrían que le rindiéramos pleitesía. Que quede claro: respetamos a todo el mundo, pero cuando decimos que Euskadi es una nación, no lo decimos sólo en los despachos, lo sentimos en la grada”, ha señalado. A su juicio, tener equipos diferenciados “no es un privilego” sino “normalidad”. “En esto no vamos a dejar de insistir”, ha señalado el presidente 'jeltzale'.

El mitin ha tenido lugar en los jardines de Albia, frente a Sabin Etxea. Han realizado una ofrenda floral ante la escultura de Sabino Arana, el fundador del partido. Han acompañado a Esteban los dirigentes del Euzkadi Buru Batzar y de las territoriales y numerosos cargos públicos. El PNV, ha dicho, puede estar orgulloso de haber liderado una gran transformación desde 1895 a 2026 y de poder contar con un Parlamento, un lehendakari, una Policía, Haciendas propias y un euskera oficial.

“Amigos, amigos, mirad la respuesta a este vídeo. No me lo puedo creer: el presidente de España ha respondido a este vídeo”. Así comienza el vídeo publicado en redes sociales por Layan, una niña gazatí que no esconde su emoción tras conocer que un presidente ha agradecido su muestra de cariño: un gran mural dedicado a España y al posicionamiento de Sánchez en contra del genocidio en Gaza. El presidente compartió el vídeo de la pequeña palestina y aprovechó para lanzar un mensaje: “España os escucha, os ve, os quiere y no os olvida”.

A pesar de que en su vídeo inicial Layan interpela a Pedro Sánchez y le envía imágenes del mural realizado por diferentes artistas en Gaza, la niña reconoce en el último vídeo que “no esperaba” una respuesta por su parte: “Es la primera vez que veo a un presidente responder a alguien de Gaza, como yo”.

“Que un presidente responda a alguien de Gaza a través de un vídeo es una gran muestra de humildad por parte del presidente español. Os queremos y todo nuestro respeto para el presidente español”, añade.

La reacción de Layan ha despertado una nueva sorpresa entre los usuarios ante las formas de interactuar en redes sociales que tiene el presidente español, que publica vídeos con lenguaje instagrameable para hacer llegar su mensaje político más allá de la tribuna, a la que cada vez menos gente presta atención. Rutas en bicicleta, recomendaciones culturales y un house tour por Moncloa son algunos de los vídeos más virales del presidente.

La acusación popular de HazteOir solicita trece años de prisión para Begoña Díaz por un delito de tráfico de influencias y dos de malversación de patrimonio público en relación con sus trabajos para la Universidad Complutense de Madrid, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por la creación de una cátedra extraordinaria, distinta del máster que venía impartiendo la mujer del presidente del Gobierno, la organización ultracatólica considera que ha cometido un delito de tráfico de influencias que debe ser castigado con dos años de cárcel. Asegura la acusación que Gómez “ideó la cátedra con total independencia de la Universidad Complutense” y luego se ayudó de Juan Carlos Barrabés, al que la Audiencia Provincial ha sacado del procedimiento del tribunal del jurado y su acusación seguirá por el trámite del procedimiento abreviado.

“Se nombró a Begoña Gómez directora de la Cátedra no siendo profesora o personal d e adminitración de servicios con vinculación permanente a la UCM”, dice HazteOir, pese a los años que llevaba la mujer del presidente trabajando en el máster de la Universidad. “Materialmente, [la cátedra] no fue una estructura académica sino un instrumento de captación de financiación y de mediios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada”, concluye HazteOir, sin precisar cuál fue el beneficio que obtuvo Gómez.

La asociación ultra recurre a la reunión entre el rector de la Complutense y Gómez para concluir que fue “aprovechada por Begoña Gómez de manera voluntaria, libre y consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, instituciónal o académicamente por debajo de él, y fue asimismo consciente de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión [Moncloa] y de su relación matrimonial con el presidente del Gobierno”.

En relación con la supuesta desviación de los trabajos que debía hacer para ella su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, HazteOir considera que ha cometido un delito de malversación de fondos públicos y que debe ser castigada con tres años de cárcel. La asistente envió correos electrónicos de parte de Gómez.

HazteOir considera que la retribución de Álvarez “está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en ningún caso para pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma”.

A estos hay que sumar otro delito de malversación por el supuesto “uso y desvío hacia la esfera privada del software” de la Complutense, “desarrollado con fondos públicos de la Cátedra, mediante la utilización de marcas, dominio y sociedad mercantil”, añade. Este delito debe ser castigado, según los ultras, con ocho años de cárcel. En un principio, estos hechos estuvieron calificados como apropiación indebida, pero la Audiencia Provincial corrigió al respecto al juez Juan Carlos Peinado.

Gómez, con la ayuda de Álvarez, “se hizo con y puso bajo su poder de control y disposición, con ánimo de lucro, el programa informático generado en el seno de la Cátedra TSC. El activo le había sido confiado, en su condición de directora y después codirectora de la Cátedra, para una finalidad universitaria y debía quedar integrado en el patrimonio de la UCM. ”Sin embargo, no efectuó su entrega institucional ni formalizó a favor de la Universidad la cesión de los derechos de propiedad intelectual, de la marca o del dominio, sino que lo hizo accesible a terceros a traves de un dominio registrado a su nombre, empleo maras registradas personalmente, constituyó una sociedad mercantil de denominación coincidente y proyectó el activo hacia su esfera privada“, continúa.

Para Cristina Álvarez, HazteOir solo pide que se la castigue por cooperadora necesaria del delito de malversación del software con seis años de cárcel y un delito de inhabilitación absoluta por quince años. Para Gómez, la suma de los periodos de inhabilitación absoluta que solicita HazteOir es de 24 años y diez sin beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

HazteOir propone que declaren decenas de testigos en el juicio, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el delincuente Víctor de Aldama.

El incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) arrasa cerca de 8.500 hectáreas y tiene un perímetro de 72 kilómetros en su tercer día activo. La previsión de las hectáreas es difícil de calcular, según ha expresado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, por los cambios meteorológicos. El titular de Emergencias del Gobierno valenciano ha apuntado que los medios aéreos han tenido problemas para trabajar durante el día por el viento, aunque han podido incorporarse durante la tarde, según la actualización realizada en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20 horas, la tercera reunión del día.

El conseller ha subrayado que los efectivos trabajan “incansablemente” para poder controlar el incendio, pero insiste en que los fuertes vientos han dificultado sus trabajos. Los confinamientos se mantienen en vigor hasta al menos la media noche y la evaluación se irá haciendo municipio a municipio, salvo en los cuatro barrios de La Vall d'Uixó afectados. El conseller ha apuntado que si el incendio evoluciona favorablemente se valorará levantar el confinamiento de La Vall d'Uixó. Hay más de 6.000 personas evacuadas solo en este municipio, además de la residencia de ancianos local. En total, se estiman unos 70.000 vecinos confinados.

En el Cecopi han participado, además de los organismos de la Generalitat y el Estado, los alcaldes de los municipios confinados o evacuados para tomar medidas pueblo a pueblo Valderrama subraya que las medidas son por la seguridad de los vecinos y para despejar las vías de emergencia, por si fuera necesario que los bomberos se desplazaran de urgencia. Durante la noche se prevé una humedad del 80%, que puede permitir avanzar en los trabajos, según ha reseñado.

El director operativo de la emergencia, Raúl Gil, ha apuntado que ya se está trabajando sobre puntos concretos del fuego. La previsión meteorológica es favorable para actuar en el frente del fuego, junto a la humedad, dos cuestiones que les hacen ser “moderadamente optimistas”, aunque cabe esperar el desarrollo de la noche. El fuego sigue activo y sin control en su tercera jornada. Gil ha explicado que hay frentes del fuego muy estrechos, como en Betxí o Aín. El operativo nocturno se centrará en estos puntos y en la vía terrestre, según ha explicado Gil.

En la actualización de este lunes por la mañana, el conseller ha informado de que se ha conseguido limitar la extensión del fuego durante la noche gracias a las condiciones meteorológicas favorables, con una humedad relativa del 70%. “Se ha logrado contener la propagación”, ha apuntado, aunque ha resaltado: “El incendio está activo, no está estabilizado ni controlado” y hay rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora que pueden hacer saltar pavesas.

Sin embargo, ha habido tres rebrotes del fuego en los municipios de en Eslida, la urbanización de Montserrat (Betxí) y el Montí (entre Tales y Onda). Es en Eslida donde se centra el trabajo de los 25 medios aéreos que se han desplazado porque “hay el riesgo más alto de propagación”, según ha apuntado Valderrama.

El conseller de Emergencias ha valorado la acción conjunta de las administraciones: “Quiero poner en valor la colaboración constante entre la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana, los consorcios provinciales de las diputaciones y los Ayuntamientos”, ha subrayado Valderrama.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha reclamado a los vecinos que sigan las instrucciones de las autoridades: “Hay vecinas y vecinos que ven que no hay fuego y eso les puede llevar a querer ir a sus domicilios, pero [el incendio] sigue activo. Es esencial que los vecinos sigan todas las instrucciones. No ver fuego no significa que en un periodo corto de tiempo no aparezca”, ha señalado tras el Cecopi.

El recuento oficial del domingo por la noche apuntaba a un perímetro de 48 kilómetros, y está previsto para este lunes un despliegue en la zona similar al de la jornada anterior, con 30 medios aéreos desde el amanecer y más de 450 profesionales.

La Agencia Estatal de Meteorología informa de que su satélite detecta una señal “intensa, si bien menos extensa” del incendio forestal.

Hasta la medianoche se mantienen los desalojos de las 16.000 personas evacuadas de 18 localidades y urbanizaciones y el confinamiento de cerca de 64.000 personas de los municipios de la Vall d'Uixó, Onda y Betxí, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y dejar libres las vías para el paso de los servicios de emergencia.

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicado esta madrugada la orden de la Conselleria de Emergencias por la que adoptan estas medidas “temporales y excepcionales” de confinamiento y evacuación de esos municipios, que la dirección del Plan de emergencias podrá “ampliar, suprimir o modificar” en función de la evolución de la emergencia.

Asimismo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se reunió anoche de urgencia y acordó la dispensa de acudir a las sedes judiciales cuando exista cualquier tipo de dificultad o riesgo al desplazarse por zonas afectadas y estableció que los servicios de guardia deben garantizarse.

Por lo que respecta a los tres municipios confinados, La Vall d'Uixó, Onda y Betxí, la Generalitat ha dictado una serie de recomendaciones, como permanecer el mayor tiempo posible en espacios interiores, cerrar puertas, ventanas, rejillas de ventilación o chimeneas, reducir la actividad física intensa y usar mascarilla FFP2 si hay que salir al exterior.

Las 16.000 personas que tuvieron que dejar sus casas en 18 municipios y urbanizaciones del sur de la provincia de Castellón como medida preventiva han pasado su segunda noche fuera, de ellas 700 en espacios habilitados en Nules, Moncofa, Onda y Segorbe, ya que la gran mayoría estaban en su segunda residencia y han vuelto a su vivienda.

En cuanto a las carreteras, continúan cerradas en la provincia de Castellón la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida, y la CV-223 en Nules y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.

A las 10 habrá otra reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para analizar cómo ha sido la evolución del incendio durante la noche, y a las 12:15 horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, acompañado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la ministra de Ciencia, Diana Morant y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, durante este lunes se irán incorporando 17 medios aéreos de la Generalitat, 10 del Ministerio de Transición Ecológica, 1 de Aragón, 1 de Cataluña y 1 de Baleares, lo que suma 30 medios aéreos, que son 5 más de los que actuaron este domingo en el incendio.

El nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales para este lunes es extremo en toda la Comunitat Valenciana, lo que supone limitar las actividades que se pueden realizar en el monte.

El fuego que ha asolado en los últimos días diferentes puntos de la península y que obligó el jueves a declarar la emergencia nacional ha dejado más de 100.000 personas afectadas, entre evacuadas y confinadas. En total, las llamas han arrasado más de 70.000 hectáreas en Ávila, Madrid y Toledo y un nuevo fuego, en Castelló, ha calcinado más de 4.000 hectáreas. Según los últimos recuentos, las autoridades se han visto obligadas a desalojar más de medio centenar de municipios.

Los expertos advierten de que los incendios que castigan España este verano están alimentados por una combinación de elementos adversos: altísimas temperaturas —con tres olas de calor, que se intercalan con otras jornadas especialmente cálidas—, una baja humedad y, en los últimos días, un viento que ha dificultado las tareas de extinción en algunas zonas.

El número de evacuados en los últimos cuatro días —más de 75.000 entre los incendios de Madrid, Ávila, Toledo y Castelló— es una muestra del peligro cada vez más presente para determinadas poblaciones. Según los datos del Ministerio del Interior, el verano de 2023 se saldó con 22.300 personas evacuadas preventivamente; en 2024, Protección Civil contabilizó 6.612; y el año pasado, fueron 42.913, según el Informe Anual de Seguridad Nacional. La comparativa enfrenta los evacuados en menos de una semana con los de todo un verano.

Para el profesor del Área de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de León, Víctor Fernández-García, “lo que estamos viendo estos años responde a la confluencia de problemas a corto plazo y problemas estructurales más a largo plazo”. A corto, “la meteorología primaveral —lluviosa— y del verano —sequedad— son clave y tienen mucho que ver con el cambio climático”.

No obstante, indicaba el experto en declaraciones al Science Media Centre, “estas condiciones actúan sobre un territorio que lleva décadas transformándose en un polvorín en todo el país, con abandono de cultivos y aprovechamiento, acumulación y continuidad de la vegetación, expansión de las zonas residenciales hacia el monte y plantaciones y matorrales cada vez más cerca de los núcleos de población”, donde los vecinos han tenido que abandonar sus hogares.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, informó a primera hora de la tarde del domingo que había 43 viviendas “destruidas” por el fuego y otras 300 “con muchos daños” en la Comunidad. Una cifra que, en sus propias palabras, “se va a elevar enormemente, como nunca habíamos vivido”.

“La mejor manera de proteger las viviendas es evitar que el combustible —la vegetación— y las viviendas estén próximas”, indicaba Fernández-García, para quien “en las zonas de interfaz urbano-forestal las normativas autonómicas han avanzado en esa dirección”. “Determinadas urbanizaciones, edificaciones e instalaciones colindantes con terrenos forestales deben disponer de un plan de autoprotección y mantener una franja perimetral libre de vegetación seca y con el arbolado poco denso. También, gestionarse las parcelas sin edificar, los accesos y las cunetas”. El problema de fondo, considera, es que “aprobar normas y planes no garantiza su aplicación”.

Los responsables al frente de la emergencia llevan días explicando las prioridades del operativo. Primero, las vidas humanas; después, la protección de las poblaciones, los domicilios y las casas; y, por último, el medio natural. Lo explicaba la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en una entrevista en elDiario.es, en la que advertía que estos incendios, veloces e intensos, van a ser la norma los próximos años. “Es una realidad. El año pasado tuvimos la peor campaña de incendios forestales simultáneos de la historia reciente del país”, señalaba.

“Es la crónica de una situación anunciada. Una vez hemos aceptado, como sociedad, cambiar el clima, estos incendios pasan a estar dentro de la normalidad; es decir, es lo que esperábamos”, añade, también al SMC, el profesor del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, Juli G. Pausas: “Desde hace décadas se viene anunciando que, si seguimos aumentando las temperaturas, las consecuencias pueden ser muy negativas, incluyendo el incremento significativo de la actividad (frecuencia, tamaño e intensidad) de los incendios”.

Este experto apuesta por fragmentar las grandes superficies forestales, estimular la actividad rural extensiva, limitar la interfaz urbano-forestal y realizar un manejo agresivo de la vegetación alrededor de las viviendas en esas zonas, donde “también se debe potenciar la autoprotección y la asunción de responsabilidades y costes por vivir en paisajes inflamables”.

Tras dos días con todos los elementos en contra en los operativos de Madrid y Ávila, que acabaron confluyendo en uno solo, el cóctel meteorológico amainó durante la noche del sábado al domingo. Fue “muy positiva”, señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia este domingo. El teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Alfonso Arribas, informó a primera hora de que el perímetro estaba “contenido”, pese a que algunas zonas ardían todavía fuera de control.

El avance era significativo, después de que el fuego estuviera “fuera de la capacidad de extinción” apenas unas horas antes. Durante la tarde del domingo, según indicó el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, las labores se centraron en utilizar una “ventana amplia” de condiciones óptimas para intensificar el trabajo sobre el terreno y vencer “definitivamente” al incendio, el peor en términos de superficie calcinada y personas evacuadas de toda la historia en la región.

Pero los trabajos están lejos de finalizar. Según explicó Martín, el frente este estaba ya consolidado; en el oeste el objetivo continuaba siendo frenar el avance del fuego; y en la zona norte, en torno al embalse de San Juan, continuaban focos activos. Las próximas horas todavía serán claves para controlar la situación.

Mientras la situación parecía dar algo de tregua por estos frentes —en los que el Gobierno tampoco descarta nuevas evacuaciones— y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunciaba que los vecinos del otro gran incendio que ha tenido en vilo a las autoridades esta semana, el de La Mierla (Guadalajara), podían volver a casa, el fuego en Vall d'Uixó (Castelló) hizo saltar todas las alarmas, con unas 17.000 personas evacuadas.

Y, en León, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), reunido en la Delegación Territorial, decidió por la mañana realojar a los vecinos de Ponjos y Murias de Ponjos, unas 40 personas, mientras continúan evacuadas las poblaciones Andarraso, Rosales y Folloso, con un total de 37 vecinos. El incendio mantiene el Índice de Gravedad Potencial 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

En el siguiente mapa puedes ver la evolución actualizada de los diferentes fuegos activos en el país.

Zonas gravemente afectadas

El presidente Sánchez ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros, previsto para este martes, aprobará la declaración de los lugares quemados en Madrid, Ávila y Guadalajara como “zona gravemente afectada” —la antigua “zona catastrófica”—, que permite la puesta en marcha de ayudas directas y de otro tipo, como fiscales, por ejemplo, tanto a particulares y empresas, como a otras administraciones.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha pedido que se solicite a la Unión Europea ayudas a través de los Fondos de Solidaridad y el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco y la madrileña Isabel Díaz Ayuso han avanzado que han empezado ya a trabajar con agricultores y ganaderos para facilitar alimento para los animales y que se pondrán en marcha en cuanto sea posible los trabajos de recuperación de viviendas afectadas.

Mientras tanto, desde el Gobierno central llevan días reclamando al Partido Popular que se una al pacto de Estado por la crisis climática, que ya pusieron sobre la mesa el pasado verano. “No podemos acordarnos de los incendios o emergencias cuando se producen. Necesitamos concienciar a la ciudadanía, tomarnos la emergencia climática en serio”, reclamó ya el miércoles. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, avanzó el jueves que se convocaría una nueva convención para abordar el asunto tras el periodo estival. “Esperamos que el PP asista”, apuntó.

Ese plan, presentado en septiembre y ampliado en diciembre de 2025, incluye 15 ejes de actuación, entre los que destacan la aplicación del conocimiento científico sobre el cambio climático, la extensión de un modelo de gestión forestal —competencia de las comunidades autónomas— del siglo XXI, el impulso del sector agrario en la prevención y la mitigación de los eventos climáticos extremos, el refuerzo de los servicios de emergencia y la financiación del propio pacto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó (Castelló), que lleva más de 4.300 hectáreas quemadas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas de casi una veintena de municipios, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

Será la segunda visita de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana en menos de una semana, ya que el pasado miércoles estuvo en Almussafes (Valencia) con motivo del acuerdo entre Ford y la china Geely Holding Group para fabricar cinco modelos en la planta valenciana.

El fuego de la Vall d'Uixó, con un perímetro de 40 kilómetros y contra el que trabajan unos 450 efectivos y una veintena de medios aéreos, avanza a estas horas sin control y las previsiones no son buenas.

El Congreso echa el cierre hasta septiembre y, pese a los profetas del Apocalipsis, a la vuelta del verano la legislatura seguirá adelante. Con más ruido, seguro que con nuevos autos judiciales y con un Gobierno en minoría, pero dispuesto a llegar hasta final de mandato, salvo inesperado cambio de tercio en un Pedro Sánchez que si de algo sabe es de resistencia. Sin Presupuestos, con escasas certezas y con los tribunales marcando el paso, el presidente del Gobierno está decidido a seguir y hacer caso omiso de quienes desde la oposición ven en el verano solo la prórroga de una agonía que acabará en un abrupto final más pronto que tarde.

Sea como fuere, Sánchez encara los últimos meses de una legislatura en la que, con una aritmética parlamentaria que nunca le dio una mayoría cómoda, ha tenido que sudar hasta la última coma de cada iniciativa. Pese a ello, ha sostenido el Estado del Bienestar a golpe de decreto, negociado voto a voto cada convalidación frente a un bloque de derechas –PP, Vox, Junts– dispuesto a tumbar por sistema cualquier proyecto aunque tuviera como propósito aligerar los problemas de los ciudadanos, como ha ocurrido con la prórroga de los contratos de alquiler.

¿Recuerdan? El Gobierno la aprobó por decreto en marzo para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios y la vio caer un mes después por el rechazo conjunto de PP, Vox y Junts, que antepusieron sus intereses partidistas, y los de los grandes propietarios, a la protección de cientos de miles de familias. Lejos de rendirse, el Ejecutivo trabaja ya en una versión ampliada, con nuevas garantías para el alquiler de temporada y de habitaciones, y negocia otra vez con los grupos parlamentarios en busca de apoyos antes de someterla de nuevo a votación.

El mismo patrón explica la caída de otros decretos, como el que buscaba topar los precios de bienes básicos ante situaciones de emergencia como la dana de Valencia o la tragedia de Adamuz. También el de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social, que incluía la prórroga de medidas contra la vulnerabilidad social y las ayudas al transporte de viajeros que decayó en enero de 2025, igual que el impuesto temporal a las energéticas.

La otra cara de la moneda es que, pese al bloqueo constante, el Gobierno sí ha logrado convalidar decenas de decretos anticrisis que llegaron a buen puerto, como la revalorización de las pensiones, las medidas para amortiguar el golpe energético de la guerra en Oriente Medio o la de Movilidad Sostenible, la de agentes forestales y bomberos o la de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. También han sido aprobadas las leyes para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la que regula los servicios de atención a la clientela, la de la economía social, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la que prohíbe las terapias de conversión, una demanda histórica del movimiento LGTBI que ninguna mayoría de derechas habría sacado adelante.

Pese a la estrategia de obstrucción y crispación del PP, en cumplimiento estricto de un programa que tiene como capítulo único el 'antisanchismo', el Ejecutivo ha aprobado desde que arrancó la legislatura, dos modificaciones constitucionales (del artículo 49 y el apartado 3 del 69), 32 leyes y convalidado 40 decretos ley. Todo en un contexto en el que cada votación parlamentaria se celebra como una victoria de la negociación frente al ruido.

La economía como motor del mandato

Pero si algo desmiente el relato de parálisis que intenta imponer la oposición son los datos económicos, después de que el Gobierno haya revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,6% -muy por encima de la media europea. El mercado laboral es, probablemente, el mayor éxito de esta legislatura, con una afiliación que se mantiene en máximos históricos y un paro registrado que ha bajado de los 2,3 millones de personas, la prueba más evidente de que la reforma laboral de 2022 sigue dando resultados años después de su aprobación, a pesar de los agoreros.

“El hecho de que España lidere el crecimiento entre las grandes economías europeas, en plena inestabilidad parlamentaria, es la mejor demostración de que la gestión económica y la fragmentación política pueden convivir sin que la primera se resienta”, se vanagloria un miembro del equipo económico de Sánchez.

Desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz defienden que en estos últimos tres años “se ha gobernado para quien más lo necesita y dejado un balance concreto, que se puede contar norma por norma: se ha vuelto a subir el salario mínimo, se han ampliado los permisos de crianza para que criar no sea un lujo ni un castigo y ha salido adelante el Estatuto del Artista, la primera gran reforma laboral de la cultura en toda la democracia”. Es más, “cuando la DANA partió el corazón del país en 2024, se legislaron permisos climáticos para que nadie tuviera que elegir entre ir a trabajar o ponerse a salvo”, aseguran desde el gabinete de la vicepresidenta segunda.

Hay además 2 reformas ya aprobadas en Consejo de Ministros que ahora deben recorrer su trámite en el Congreso, que son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que actualiza treinta años después una norma de 1995 para incorporar la salud mental y los riesgos psicosociales, y el Estatuto del Becario, que ha superado ya su segunda vuelta y busca terminar con la figura del falso becario. Todo mientras las derechas han dejado constancia, añaden los mismos interlocutores, “que están dispuestas a bloquear lo que sea con tal de que nada cambie. Se bloqueó en el Congreso la reducción de jornada, una medida que comparten dos de cada tres españoles, que afecta a 12 millones de trabajadores y que era el avance más importante en la jornada laboral desde los años ochenta”. Lejos de tirar la toalla, Yolanda Díaz redoblará esfuerzos para en septiembre volver a la carga con el registro horario para acabar con las 2,5 millones de horas extras no retribuidos que se trabajan y no se cobran cada semana en nuestro país.

La voz europea más clara contra el genocidio

En el plano exterior, España ha demostrado que se puede ser un socio fiable de la OTAN sin ceder a la lógica del rearme desbocado que reclamaba Donald Trump. Frente al objetivo del 5% del PIB en gasto militar, Sánchez negoció una excepción que “salvaguarda la soberanía española”, en sus propias palabras, cumpliendo con los compromisos reales de capacidades militares —en torno al 2%— y sin embarcarse en una carrera armamentística que hubiera detraído recursos del Estado del Bienestar del entorno de los 5.000 millones de euros.

Pero si hay un terreno en el que el Gobierno de Sánchez ha marcado la diferencia en Europa y ha sido aclamado en el mundo fue por su posición en Gaza. Mientras buena parte de los gobiernos europeos se limitaban a declaraciones tibias, España fue el primer país en consolidar por ley un embargo total de armas a Israel, prohibir el tránsito de buques y aviones con material militar o combustible para sus fuerzas armadas, vetar la importación de productos de los asentamientos ilegales y triplicar la ayuda humanitaria a la población palestina hasta los 150 millones de euros. Algo que, en palabras de sus colaboradores, le ha convertido en “la voz europea más clara y consecuente frente al genocidio, además de en líder moral que la historia probablemente le reconocerá mejor que la política doméstica del día a día”.

El desafío de los Presupuestos

No todo, claro, es motivo de celebración porque, a punto de entrar en el tercer trimestre de 2026, Sánchez llega al final del actual curso político con las cuentas de 2023 prorrogadas por tercera vez, y no por falta de voluntad, sino porque carece de apoyos para sacarlas adelante. Los intereses partidistas de los socios y la cercanía de las elecciones han convertido en un imposible la aprobación de los Presupuestos para 2027, aunque ya hayan empezado los trámites para tramitarlos en Consejo de Ministros y, después, enviarlos al Congreso. Un último intento, con más voluntad que posibilidad de aprobación, y que Sánchez presentará sin duda como reclamo de su apuesta por la política social, la vivienda como prioridad y su compromiso de seguir la senda de reducción del déficit y la deuda pública.

Aunque con el presidente del Gobierno, cualquier escenario es posible, si la negociación de las cuentas públicas fracasara, el propio calendario político podría precipitar unas elecciones, algo que no se descarta siquiera en los despachos de La Moncloa, donde hay quien baraja incluso finales de febrero o principio de marzo como posible fecha para las generales. Con Sánchez, todo es posible y también todo pronóstico es susceptible de yerro.

Mientras Sánchez deshoja la margarita sobre cuándo llamar a las urnas, en paralelo avanza la reforma de la financiación autonómica, un empeño del Gobierno progresista, que busca cumplir con el compromiso adquirido con sus socios de investidura, acabar con un modelo que caducó hace una década e incrementar los recursos de las comunidades con más de 20.000 millones de euros adicionales. Una lluvia de millones que se traduciría en más sanidad, más educación y más dependencia, pero que las comunidades gobernadas por el PP han decidido rechazar por puro cálculo electoral y porque el sistema fue fruto de un acuerdo previo y bilateral con ERC, como lo fueron por cierto todos los modelos anteriores. Que la reforma llegue a buen puerto en lo que resta de legislatura es otro imposible al que se enfrenta Sánchez porque, como dicen los socialistas, “la derecha no parece dispuesta tampoco en esto a anteponer el interés general al puro desgaste del Gobierno”. Tampoco el independentismo.

De hecho, el horizonte judicial de la amnistía volverá a marcar el pulso de la deteriorada relación con Junts, donde están a la espera de que el Tribunal de Cuentas y el Supremo apliquen la norma después de que esta haya pasado el filtro del Tribunal de Luxemburgo, pese haber sido denostada como un supuesto ataque al Estado de Derecho y a la Constitución por el PP y Vox.

La ley ha sido avalada por la Justicia europea tras confirmar que la malversación puede quedar cubierta por el perdón, ya que no afectó a fondos comunitarios. Ahora, el Tribunal Constitucional estudiará a partir de septiembre el recurso de Jordi Turull, primer paso de un proceso que previsiblemente despejará también la situación de Puigdemont, en un ejercicio de aplicación efectiva de lo que Europa ya ha dictado. Hasta que eso no ocurra, los junteros, que ya dieron por rota la colaboración con el Gobierno y por agotada la legislatura, no tienen intención de apoyar nada que venga del Gobierno, si bien hay ministros que confían en que la situación pueda revertirse en los próximos meses y antes de que los Presupuestos se sometan a votación.

El pronóstico de los más optimistas se sostiene en la negativa de Junts a apoyar una moción de censura junto a PP y Vox –“no estamos aquí para poner y sacar gobiernos”, ha llegado a decir la portavoz parlamentaria, Myriam Nogueras–, lo que confirma que, pese a la ruptura formal con el PSOE, ni el independentismo más beligerante con Sánchez está dispuesto a entregar el Gobierno de España a la derecha y la ultraderecha. Una prueba, asegura un ministro socialista, de que el bloque de la investidura, “con todas sus tensiones, sigue funcionando como cordón sanitario frente a una coalición PP-Vox que la mayoría social sigue sin querer”. Eso sí, los intereses electorales de Junts en Catalunya, el trasvase de votos de su formación a Aliança Catalana y la normalidad institucional que se vive con Salvador Illa en la Generalitat, tampoco son un aliciente para que los de Puigdemont vuelvan a colaborar con el Gobierno de Sánchez. Todo lo contrario.

La judicatura, un actor político

El relato de la actual legislatura y el horizonte que Sánchez tiene por delante no estaría completo sin recordar hasta qué punto una parte de la judicatura se ha convertido en un actor político más con investigaciones que, alimentadas por denuncias de plataformas ultras, se prolongan durante años sin que aparezcan pruebas concluyentes.

El caso de Begoña Gómez es el más paradigmático: dos años de instrucción del juez Juan Carlos Peinado, con decisiones —registros anulados o sobreseimiento de otras piezas— que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que corregir en repetidas ocasiones, y que llega ahora a su recta final justo cuando el instructor se jubila forzosamente el 27 de septiembre, después de dictar el auto de juicio oral y decidir que sea un jurado popular quien dicte el veredicto, quizá en plena campaña electoral.

Y, luego, está el llamado caso Leire, la investigación en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE y la ofensiva que la derecha ya ha hecho de ambos antes de que exista un solo hecho probado en sentencia firme mientras no ha dicho una palabra sobre el juicio del caso Kitchen —el espionaje parapolicial ordenado desde el Ministerio del Interior del PP para destruir pruebas de su corrupción y construir otras falsas sobre sus adversarios políticos, que sigue pendiente de sentencia diez años después de haberse producido.

También la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por nueve delitos, ha hecho mella en el Gobierno y en el PSOE. El expresidente no era cualquiera para la familia socialista, sino un activo político y electoral al que Sánchez recurrió en 2023 para levantar la campaña electoral y que difícilmente volverá a hacerle de telonero en sus mítines por más que el presidente no tenga intención de soltarle de la mano mientras no se demuestre su culpabilidad. Y eso que el Gobierno se divide hoy entre quienes siguen sin motivos para desconfiar en quien gobernó España entre 2004 y 2011 y quienes consideran que en algún momento habrá que marcar distancias si las dudas persisten. Sus explicaciones ante el juez y en una entrevista con RTVE no fueron suficientes ni siquiera para los convencidos de que la justicia no actúa igual para todos y de que hoy es un sector de la judicatura en quien el PP ha delegado la labor de oposición.

Víctimas o no de una ofensiva en la que denuncian una doble vara de medir de algunos togados y algunas instrucciones con motivaciones políticas, el Gobierno ha impulsado la reforma más ambiciosa de la Justicia en más de un siglo con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, aunque el Gobierno de Rajoy impulsó con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia una propuesta casi idéntica para trasladar la instrucción penal a los fiscales, blindar el mandato del fiscal general frente a los ciclos electorales y limitar el uso partidista de las acusaciones populares, la norma tiene escasos visos de ser aprobada. El proyecto salió ya del Consejo de Ministros y fue remitido a las Cortes, pero la resistencia corporativa del sector judicial conservador en sincronía con el PP lo convertirá seguramente en otra ocasión perdida para acabar con una Justicia que se rige por una norma de 1882.

Y otro gran reto pendiente es la renovación efectiva de la cultura que rige en el Consejo General del Poder Judicial porque aunque fue renovado en esta legislatura, tras años de bloqueo del PP, el Gobierno admite que aún es necesario avanzar en su despolitización y en su capacidad para depurar responsabilidades frente a actuaciones judiciales cuestionables.

El indulto a García Ortiz

El caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz es, para buena parte de la carrera judicial y de la izquierda, un ejemplo de cómo un sector de la judicatura ha ido mucho más allá de lo razonable después de condenar sin pruebas a alguien por un delito de revelación de secretos. De ahí que varios particulares hayan pedido el indulto parcial tras alegar que la condena por revelar datos del novio de Ayuso ya eran de dominio público y que le ha acarreado unas consecuencias personales y profesionales desproporcionadas.

“Que la oposición y ciertos medios quieran presentar cualquier gesto de clemencia como un ataque al Supremo dice más de su estrategia de permanente escándalo que del fondo del asunto”, aseguran fuentes gubernamentales. Y es que el indulto es una figura jurídica plenamente constitucional, prevista desde 1870, y su eventual concesión no cuestiona la sentencia, sino que atiende a las circunstancias personales del condenado, como ocurre en tantos otros procedimientos muchos menos mediáticos.

La decisión del indulto llegará también previsiblemente a la vuelta del verano, como tantas otras porque la legislatura continúa. ¿Hasta cuando? Hagan sus apuestas.

“Estamos trabajando todas las administraciones juntas, afrontando un incendio nunca visto, centrados en lo más importante ahora mismo”. Con estas palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aparcaba las polémicas y cambiaba el tono de sus intervenciones hasta la fecha, para mostrar colaboración con el Gobierno de España: “Estamos ahí, trabajando juntos”, recalcaba.

Ayuso y dos de sus consejeros llevan toda la mañana en conversación con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y saludaba a primera hora al presidente Pedro Sánchez, que llegaba para la primera reunión en el centro de mando, de la que todos han participado. Las imágenes captadas de sus encuentros han transmitido una cordialidad que se echó de menos el viernes, cuando un rifirrafe entre la presidenta y el ministro Óscar Puente ocasionó un nuevo choque de declaraciones en plena emergencia.

La presidenta regional ha adoptado este sábado un tono institucional, advirtiendo a los ciudadanos de que el avance de los incendios puede hacer que la región viva “situaciones mucho peores en las próximas horas”, ha explicado en una declaración ante los medios de comunicación desde el puesto de mando de Cenicientos, que va a ser evacuado por la extensión del fuego. También ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen a las zonas afectadas, además de “comprensión y paciencia” por la situación creada, con más de 55.000 personas desplazadas o confinadas en la Sierra Oeste de Madrid.

Entre las posibles causas de la situación creada, Ayuso apuntó a que deben evaluar todavía “qué nos ha llevado a esta situación, es un cúmulo de circunstancias”. Y citó como posibles soluciones los “bosques que hay que seguir limpiando, la vida rural que tiene que volver a los campos” o los “pueblos que no se han de abandonar”. Como Gobierno regional “no podemos evitar que el verano se haya adelantado a mayo, pero sí podemos cuando haya otro incendio dotarlo de medios, como hacemos”.

En una declaración en la que parecía afectada por los efectos del fuego -minutos antes se acababa de ordenar el desalojo de su pueblo, Sotillo de la Adrada- Díaz Ayuso pedía a los ciudadanos que no se acerquen a la zona afectada para que las vías queden despejadas. También aseguró que el suministro de agua está asegurado y la cobertura móvil ha vuelto a todo el entorno del incendio, debido a que este viernes llegó a perder algunos momentos las comunicaciones. Por último, comunicó que se han activado 241 camas en el Hospital Isabel Zendal por si fuera necesario su utilización para afectados por el fuego, aunque de momento no se ha producido ningún herido de gravedad.

A punto de llegar a España para sus conciertos en Barcelona el 25 de julio, y en Madrid el 29, Morrissey pide en una carta dirigida a Pedro Sánchez que “por favor utilice su influencia para hacer algo por el mundo y su pueblo lo amará: acabar con esta barbarie”. Esta apelación directa al Gobierno central llega en un momento de notable visibilidad pública del cantante debido a sus actuaciones en nuestro país. En un comunicado enviado a la agencia EFE, el músico y fiel partidario de la lucha contra las corridas de toros afirma que esta actividad “sigue empañando” la reputación internacional de España.

La petición, apoyada por PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), llega después de que el pasado 15 de julio 52 diputados españoles volvieran a presentar ante el Congreso la iniciativa ciudadana “No Es Mi Cultura”, con el objetivo de terminar con el estatus de patrimonio cultural protegido de las corridas de toros. Las organizaciones animalistas han intensificado sus alianzas con figuras de la cultura global para amplificar el impacto mediático de esta demanda legislativa.

Una propuesta que se planteó en 2025, pero fracasó por la abstención del Partido Socialista (PSOE), liderado por Sánchez, y que ahora reactiva el debate parlamentario mediante una Proposición de Ley que ya fue respaldada por más de 715.000 ciudadanos el año pasado. De salir adelante esta reforma, se retiraría el blindaje legal que actualmente permite destinar fondos públicos y subvenciones a la tauromaquia.

El cantante de The Bullfighter Dies ya había demostrado anteriormente su rechazo al mundo de la tauromaquia, como cuando le pidió al fallecido papa Francisco que condenara las corridas de toros en nombre de la Iglesia Católica, calificando esta práctica como “una crueldad hacia los animales que no puede justificarse como cultura”. A lo largo de su carrera, el artista británico ha mantenido un activismo firme y continuo contra cualquier forma de espectáculo que implique sufrimiento animal.

Pedro Sánchez ha ironizado este jueves con la idea asumida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que va a ser el próximo presidente del Gobierno: “Hombre, se le ha olvidado una cosa, es que hay unas elecciones de por medio, y ya veremos”. El jefe del Ejecutivo ha realizado estas declaraciones durante un homenaje al exdirigente socialista recientemente fallecido Manu Escudero.

Tras recordar que este jueves se cumplen tres años desde las elecciones del 23J que le permitieron mantenerse en el Gobierno, Sánchez ha realizado la siguiente reflexión: “Hubo alguno, que bueno, se llevó un disgusto y no se le ha quitado de la cabeza ni del cuerpo ese disgusto. ¿Qué le vamos a hacer?”, ha añadido, con sorna, refiriéndose a Feijóo.

Luego ha recordado: “Escuché ayer al señor Feijóo decir que va a ser presidente del Gobierno. Hombre, se le ha olvidado una cosa y es que hay unas elecciones de por medio, y ya veremos. Desde luego, nosotros salimos con el mejor de los ánimos, ¿no?”, preguntaba al auditorio, formado por dirigentes y militantes del PSOE.

“Una cosa sí que es cierta, leía en un periódico que ya asume que van a ser en 2027”, ha añadido Sánchez, en alusión a que Feijóo, que pide una y otra vez un adelanto electoral, ha expresado públicamente que finalmente los comicios serán ese año. “Bueno, por algo se empieza”, ha remachado.

Todo tiene que ver con las declaraciones que realizó Feijóo el martes, durante su comparecencia estival en la que hizo balance del curso político. El hasta ahora jefe de la oposición da por hecho que él será el próximo presidente del Gobierno sin esperar a las elecciones generales de 2027.

“Una limpieza a fondo”

Pero el presidente de los populares no tiene previsto hacer uso de su única prerrogativa para echar ya a Pedro Sánchez del poder y, en su comparecencia, Feijóo volvió a evitar el anuncio de una moción de censura.

“Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo”, anunció el líder del PP, que insistió en pedir ese adelanto electoral como la única “salida razonable y democrática” del Gobierno progresista.

Sin esperar a las urnas, Feijóo ya tiene una conclusión: “En las urnas y en las Cortes, España ha decidido que quiere una nueva etapa, que quiere comenzar su reconstrucción nacional. El cambio ya no es solamente una aspiración política, es un clamor social”.