El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha dicho esta tarde en Albacete que “el Partido Socialista se sostiene en el mundo municipal; donde los socialistas tenemos el escaparate de verdad. Sois vosotras y vosotros los que estáis todo el día en la calle dando la cara para defender las ideas socialistas”, ha afirmado.

“Para defender lo que hace Pedro, lo que hace Emiliano, lo que hago yo; sin vosotros, ni Pedro ni yo existiríamos. Ahí está la política de la cercanía de verdad, de la empatía de verdad, del cara a cara las 24 horas al día”, ha subrayado.

Por eso ha llamado a los cargos locales a convertirse en “referentes morales y éticos” frente al auge de la extrema derecha pues “cada socialista en su ayuntamiento tiene que ser un faro. Tiene que ser un referente moral y ético. Tiene que ser un defensor de los valores que nos vieron a nacer como socialistas”.

Lo decía durante un acto organizado por la Agrupación Municipal del PSOE de Albacete que, tras una comida, ha celebrado este lunes la entrega de la decimotercera edición de los 'Premios Pablo Iglesias'. Uno de los reconocidos ha sido, precisamente, Patxi López quien ha afirmado en declaraciones a los medios que “en el fondo” le dan un premio “por ser socialista”. “Y ser socialista”, ha dicho, “es defender unos valores y unos principios. Y es defender la libertad, la igualdad y la justicia social”.

Y, por lo tanto, ha argumentado, es “defender también a los gobiernos que las llevan a la práctica”. “Defender aquí al gobierno de Emiliano y, en mi caso, al gobierno de Pedro Sánchez”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá la semana que viene a un acto en Nueva York con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y otros líderes políticos, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es.

Será el miércoles 23 de septiembre para hablar en un coloquio bajo el título 'Construyendo una economía para la mayoría'. Coincidirá con la visita de Sánchez a Nueva York para acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo debate general se celebrará entre el martes 22 y el lunes 28 de septiembre. El presidente viajará entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre.

El evento ha sido organizado por la Global Progress Foundation, que preside Sánchez, y el gabinete del alcalde neoyorquino. Será la primera vez que ambos se vean en persona porque el encuentro no fue posible en abril en Barcelona en la Global Progressive Mobilisation, que juntó a líderes progresistas de todo el mundo. En aquella ocasión, Mamdani mandó un vídeo de apoyo al evento: “Cuando oigo las historias de los vecinos de Nueva York que me cuentan lo que les cuesta vivir en la ciudad más cara de EEUU me doy cuenta de que son historias que suceden en todo el mundo”, dijo.

Al día siguiente de este evento, Sánchez prevé viajar a Boston y desplazarse a la Universidad de Harvard para realizar una intervención a semejanza de la que el año pasado protagonizó en la Universidad de Columbia. Harvard es uno de los centros universitarios más prestigiosos de todo el mundo y el de educación superior más antiguo de Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha presentado una serie de demandas contra esta universidad, y en febrero de 2025 le envió una carta formal exigiéndole supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal.

Mamdani se ha perfilado como una de las grandes figuras de oposición a Trump en Estados Unidos y un referente para la izquierda mundial. Recientemente ha lanzado una campaña de apoyo a los repartidores en contra del abuso de subcontratas por parte de Amazon y las grandes corporaciones. También ha tomado la decisión de prohibir el uso de la inteligencia artificial generativa entre los alumnos de escuelas públicas, desde el programa preescolar para niños de 2 y 3 años hasta octavo grado, que se corresponde en España con 2º de la ESO, es decir, a estudiantes de 13 y 14 años. El veto, que estará vigente durante un año, afectará a casi 600.000 alumnos y forma parte de una iniciativa más amplia para restringir la tecnología en las aulas neoyorquinas.

El lehendakari, Imanol Pradales, alertará este jueves en el Parlamento Vasco, en su discurso en la sesión anual de política general, de las “serias dificultades” de Pedro Sánchez para gobernar en España y de que está ya “en los minutos de descuento”, por lo que debería “pisar el acelerador” para cumplir todos los “compromisos” adquiridos para la legislatura, entre los que el gran asunto pendiente es la transferencia de la gestión de la Seguridad Social. Por el contrario, defenderá que él, en Euskadi, ofrece un “estilo” y una “cultura propia”, “una forma de gobernar abierta al diálogo”. Pradales, del PNV, gobierna en coalición con los socialistas.

Pradales ha entregado a la Cámara este lunes el adelanto de su discurso. El reglamento —con rango de ley— obliga a ofrecer las líneas maestras de la intervención con un “mínimo” de 72 horas de adelanto. El documento, de cinco folios, ha sido registrado oficialmente a las 9.44 horas, es decir, a 71 horas y 46 minutos del inicio del pleno.

El lehendakari arrancará su mensaje más relevante del año con un repaso a la situación mundial desde la preocupación por la “incertidumbre”. Viajará por Ormuz, por Ucrania, por Estados Unidos, pero también reflexionará sobre el cambio climático y sobre los populismos y autoritarismos. En su caso, lleva todo el mandato avisando de los riesgos de la extrema derecha, pero también de los de la extrema izquierda. Para Pradales, Europa es el “campamento base” de Euskadi y no está acertando a “salir de su letargo”.

Según Pradales, esa “incertidumbre” internacional está haciendo mella también en Euskadi, “directamente” en el bolsillo de familias y empresas. Sin embargo, considera que “es justo reconocer” que su Gobierno está dando respuestas acertadas. “La actividad económica, incluida la industrial, ha mantenido un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos trimestres”, recalcará.

Sin embargo, uno de sus mensajes centrales será el de que está intentando “preservar” con un “empeño especial” el clima político diferenciado de Euskadi. Pradales ve “preocupante” lo que ocurre “del Ebro para abajo”. “La impresión es de enfrentamiento permanente, sin puentes para el diálogo o el acuerdo. Parece que en la política española todo vale para ganar la batalla del tuit o del titular. Lo vemos todos los días. En la calle y en las instituciones públicas”, defenderá.

Esta realidad es “inaceptable”, y a ello se le suman “problemas prácticos y concretos” del Gobierno de Sánchez, apoyado por su partido, “para tomar decisiones y aplicar las medidas que presenta”, cree el lehendakari. Agrega que, además, “no está cumpliendo todos los compromisos” firmados. Es evidente el retraso en el desarrollo completo del Estatuto de 1979, cuya fecha era 2025 y que acumula varios cambios de calendario. “Quedan pendientes materias relevantes de la agenda bilateral”, denunciará Pradales, aunque le admite a Sánchez “pasos” tanto en materia de autogobierno como en materia económica.

Sin embargo, ahora España está ya “en los minutos de descuento” de la legislatura. Ello lo contrapone con un Ejecutivo vasco en plena forma y muy activo, al que le quedan dos años aún de recorrido. “Se inicia un curso político muy intenso, con una doble convocatoria electoral [en realidad triple, generales, forales y municipales]. Tenemos entre manos numerosos retos, proyectos, iniciativas, programas y proyectos de ley”, subrayará el presidente vasco.

El pleno de política general se celebrará este jueves en el Parlamento Vasco. Pradales dispondrá de hasta hora y media para su discurso, que copará la sesión matinal. En la vespertina tendrá turno los partidos de la oposición y los que apoyan al Gobierno, PNV y PSE-EE. La Cámara lleva sin celebrar plenos desde finales de junio, prácticamente tres meses.

Recién la victoria socialista de 1982, inapelable e ilusionante, un grupo transnacional de ricos muy poderosos y muy alegres se convocó a un gran sarao en una bodega postinera de Jerez de la Frontera. Entre vinos y danzarinas de Cádiz, dos atractivos muy queridos en el Imperio romano, los asistentes, una fuerza multinacional, se regodearon y festejaron el éxito del nuevo poder en el Estado español.

Un hombre francés muy influyente entonces, de la política y el deporte, cuyo nombre omitiré pero tal vez ustedes averigüen, interpeló a otro, andaluz pero criado en Francia y allí crecido personal y profesionalmente, del mundo del toro, que asistía más por francés que por taurino: ¿tú no te has afiliado aún al PSOE? El interpelado, muy de derechas pero en igual medida honesto, contestó: no, soy muy de derechas, no es mi sitio. A lo que el francés de nacimiento respondió: eso da igual, en España unas veces ganará la derecha y ahora, como ves, la izquierda, hay que estar en uno de los dos lados, ahora toca este, te irá bien.

Angustiado pensé, esto es como en Córcega, un gobierno y una oposición reversible y simétrica, de suma cero. Siempre dos, u partitu y u contrapartitu, por turnos, solo definidos por su lugar en el poder. Es una pesadilla que me persigue.

Es una historia real de la que fui testigo indirecto. Y no solo una historia, una premonición de lo que iba a ocurrir a partir de ese momento. Era el diseño de 1977, que llegaba quizá antes de la cuenta; lo único posible, la derecha de siempre y una izquierda domesticada. Los años siguientes a 1982, lo pusieron claro. La posición sobre la OTAN fue significativa, la izquierda antifranquista se rompió irreparablemente, los que llegaron, a pesar de sus pantalones acampanados y patillas, tenían claro quiénes sobraban, con una poca izquierda era bastante.

Cuando le preguntaron a González por Ceuta, algo que no creo que le gustara, salió como pudo, con una leve crítica a Pedro Sánchez, pero sin apenas reproches a Marruecos

En Ceuta se ha hecho notar José María Aznar, uno de dos. En realidad no ha dicho nada, solo ha pedido firmeza, quién no, algo que vale para un roto y un descosido. Y una evocación en su haber del islote de Perejil, una acción militar consentida en un territorio ridículamente minúsculo y deshabitado, porque ni siquiera el cabrero que con buena mar lleva allí sus cabras estaba por aquel día.

Felipe González, el otro de la dupla, no ha estado en Ceuta, y no se sabe el porqué, ellos que comparten agendas y apariciones estelares de pago. Uno pensaba que llegaría, es su turno. Tal vez, González siga preso de los aires y vapores de los altos de Tánger, en las vecindades del Cabo Espartel o quizá pasee mentalmente por el caserío de Arcila, con una paraíta en Casa Pepe; Arcila, un pueblo marroquí del Protectorado muy de Cádiz, créanme.

Cuando le preguntaron a González por Ceuta, algo que no creo que le gustara, salió como pudo, con una leve crítica a Pedro Sánchez, pero sin apenas reproches a Marruecos. No importa la ideología, como en Córcega, solo importa quién esté en el poder o no y si es de los tuyos. La grey socialista, además, siempre ha sido muy de Marruecos y hasta muy de Israel, cuando su dirigencia hoy plateada veraneaba en las playas de Tel Aviv o se ingresaba en retiros espirituales en ciertos kibutz.

Una izquierda de la que nunca se fio el PSOE, no son mucho de revoluciones y menos de relaciones internacionales ajetreadas

Es verdad que la política exterior socialista es menos imperial y militarista que la de derechas de toda la vida con Marruecos: han leído a Arturo Barea y el Expediente Picasso. Con todo, siempre han sido promarroquíes y lo que eso conlleva, incluida su proximidad a la enorme influencia del cabildo sefardí en el majzén marroquí.

La poca izquierda activa que queda siempre les perturbó, pero así y poca, sin ella, el cambio de posición sobre el Sáhara hubiera llegado incluso antes, con González o Rodríguez Zapatero. Una izquierda de la que nunca se fio el PSOE, no son mucho de revoluciones y menos de relaciones internacionales ajetreadas, de ahí la convulsión interna de los filipinos contra Pedro Sánchez y lo que consideran desvaríos exteriores por salirse del guion corso.

Felipe, en la misma comparecencia callejera previa a una comida con sus propios y un cura, ha afirmado que no le teme a la extrema derecha española, por otra parte, confesa de fascismo y franquismo. Ni siquiera parece perturbarle ni responder ante el fracaso de su predicada Gran Coalición alemana, con una socialdemocracia arruinada ya antes y ahora herida de muerte tras el éxito de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt. Ya lo dijo y escribió George Orwell allá por los treinta cuando estuvo en España: el socialismo de derechas le teme más a la revolución (hoy no existe) que al fascismo (hoy vivito y coleando).

Un blindado del Ejército que patrulla las calles de Ceuta frena en seco a la altura de la Glorieta del Teniente Reinoso, en pleno centro de la ciudad. Cuatro soldados armados con fusiles de asalto se bajan del vehículo y se adentran a toda prisa en el suelo acolchado de un pequeño parque de juegos infantil, completamente vacío a esa hora de la mañana del primer día de curso escolar. Se dirigen a un banquito situado frente al tobogán, donde hay tres adolescentes marroquíes sentados. Los tres llevan pantalón corto, camiseta oscura y chanclas. Y en cuestión de segundos se ven rodeados por los cuatro militares. La conversación dura poco. Les preguntan cuándo entraron, si han ido a registrarse ya y qué hacen ahí. Y los echan del parque. Así que los tres chavales se levantan del banco y empiezan a andar calle abajo, sin rumbo.

Las escenas que provoca el despliegue del Ejército, visible casi en cada esquina de la ciudad, rompen enseguida la falsa sensación de normalidad que proyecta la actividad de las tiendas de ropa o las bulliciosas cafeterías del centro, todas abiertas. El trasiego de ceutíes que van o vuelven de trabajar y que se sientan en una terraza a tomar algo es constante en esta zona, donde apenas hacen acto de presencia las miles de personas migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y que aún permanecen en Ceuta. Pero normalidad ni hay, ni tampoco se la espera a corto plazo en una ciudad en la que ha cambiado todo en apenas mes y medio y en la que nadie habla de otra cosa. Una ciudad atravesada por la ira, por el miedo y por una crisis humanitaria desbordante, cuyas dimensiones nadie es todavía capaz de calcular pero que mantiene hacinados, cuarenta días después, a varios miles de hombres, mujeres, niños y niñas en campamentos de acogida o abandonados aún en la calle. Una realidad que cae a plomo, sobre todo, en los barrios de la periferia.

En esa ciudad, en esos estados de ánimo y en esas circunstancias aterriza el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este pasado martes 8 de septiembre. Su presencia no despierta entre los ceutíes tantas pasiones como la de Fernando Grande-Marlaska u otros miembros muy señalados del Gobierno central, a quien reprochan masivamente inacción con Marruecos y no haberse tomado la situación lo suficientemente en serio desde el principio. Desde que fue designado mando único operativo el 25 de agosto, Torres pasa más tiempo en Ceuta que en Madrid. Y, por supuesto, mucho más que en su casa de Gran Canaria, donde los médicos lo reclaman de vez en cuando para que no deje de lado las revisiones del cáncer que padeció hace unos meses.

Su obsesión ahora es la carrera contrarreloj por sacar a la gente de la calle. “Es la urgencia absoluta. Cuanto más tardemos en habilitar los espacios, más tardaremos en filiarlos y, por tanto, en devolver a todos los que no tengan derecho a asilo”, cuenta el ministro al que han encargado una misión muy cercana a lo imposible: recuperar a marchas forzadas el tiempo de gestión que el Gobierno perdió en agosto para resolver una crisis migratoria inédita por su dimensión, agravada por un clima de crispación irrespirable y con procedimientos administrativos que lo atan de pies y manos porque pueden demorarse muchos meses. Y todo, en un territorio acotado de 18 kilómetros cuadrados al que, por ahora, no se permite compartir la presión con otras zonas del país.

Con esos condicionantes, Ángel Víctor Torres se afana en mantener a salvo de la estruendosa refriega política su relación con Juan Jesús Vivas y el gobierno ceutí del Partido Popular, con quienes pasa horas al teléfono y encerrado en reuniones para pactar nuevos emplazamientos o el desbloqueo de la situación de los menores. Aunque el panorama está lejos de dejar de ser crítico, el balance de la primera jornada del calendario escolar, una prueba de fuego para Ceuta, otorga un pequeño respiro al Gobierno. Y se nota ese alivio en el rostro de Ángel Víctor Torres a primera hora del miércoles.

“Era un día muy importante y los datos nos permiten hablar de un pequeño éxito. Han acudido el cien por cien de los profesores y del personal no docente, se ha alcanzado una asistencia del 75% de los alumnos y no se ha registrado ni un solo incidente. Y va a ir a mejor”, valora el ministro. Son las ocho y media de la mañana y tiene por delante una gymkhana de reuniones y visitas a instalaciones de acogida. Y una meta para el final del día: sacarle partido a su fama de buen negociador para desbloquear rápido nuevas ubicaciones y pactar soluciones para los menores con la administración local, en manos de un PP que aprieta cada vez más por el convencimiento de estar ante el filón definitivo que acabará con el Gobierno y les devolverá al poder. “Yo creo que podemos conseguir 2.600 plazas más cuestión de muy pocos días. Y con eso podemos aliviar la zona de El Príncipe, de Loma Colmenar y, sobre todo, de El Trampolín. Eso es fundamental”.

Los puntos críticos de Ceuta

Torres nombra los tres puntos críticos de Ceuta en los que, a día de hoy, la situación migratoria es de verdadero colapso. El símbolo por excelencia de esta crisis es la playa de El Trampolín, donde la fotografía aún es impactante un mes y medio después: varios miles de personas hacinadas en 2.000 metros cuadrados de un arenal indistinguible a un campo de refugiados. Quienes aquí sobreviven a la intemperie desde finales de julio, en su inmensa mayoría marroquíes, han levantado chozas, han organizado pequeños tenderetes de ropa, de huevos, de fruta y de galletas. Y hasta han improvisado peluquerías ambulantes con hombres que ofrecen su maquinilla eléctrica para cortar el pelo o la barba.

Cada noche, la Cruz Roja lleva a cabo aquí un imponente despliegue para repartir comida. Y hace unas semanas fue instalada una gran carpa de duchas al aire libre que visualmente se asemeja más a un lavadero de coches que a una zona para el aseo humano. La mayor parte de delitos, aseguran policías y guardias civiles, se producen también contra migrantes. “Hay de todo, como en todos sitios. Y claro que hay gente que delinque. Pero la mayoría de los robos o de las agresiones violentas de todo tipo, que las hay, estamos viendo que las sufren los y las inmigrantes de parte de otros inmigrantes”, afirma un agente del cuerpo armado ante la sensación generalizada de inseguridad que reina en la ciudad y que lleva a algunos ceutíes a admitir abiertamente que llevan un arma blanca al trabajo para protegerse. Esta semana, varios ciudadanos de Ceuta y varios inmigrantes han sido detenidos por robar o agredir a otros inmigrantes.

Fuera de El Trampolín, en el Príncipe, hay otros que han encontrado algo parecido a un refugio y se han resguardado en viviendas de familiares o amigos. Pero muchos siguen todavía en la calle, con la asociación de vecinos del barrio volcada estas semanas en darles lo que no les dio la administración: agua, comida, aseo y al menos un toldo bajo el que dormir. En Loma Colmenar la situación es parecida, con cientos de personas también durmiendo todavía al raso en las aceras, en los bordes de las carreteras, bajo los coches. Y muchos de ellos son niños de ocho, diez, doce años. Y más pequeños.

“Algunos nos critican duramente con respecto a los migrantes que están en las calles y que duermen al raso. Entiendo esa crítica, pero supongo que la harán extensiva al Gobierno de Ceuta. Porque hay muchos menores, e incluso bebés, que están durmiendo en la calle. Y esa tutela y esa responsabilidad es del Gobierno de Ceuta. De verdad, creo sinceramente que todos estamos haciendo el máximo de los esfuerzos”, señala el ministro, que apura el café y pone rumbo a la primera reunión de la mañana.

En la sede oficial del Ejecutivo central en Ceuta, Ángel Víctor Torres se reúne junto al delegado del Gobierno con los responsables de Infancia de la ciudad autónoma. Sobre la mesa está el desbloqueo del traslado temporal de niñas no acompañadas a la Península, la propuesta que el Ministerio de Sira Rego reclama sin éxito desde principios de agosto para aliviar la saturación de la acogida y para dar un trato digno a las menores. Aunque el Gobierno de Juan Jesús Vivas sigue sin dar el visto bueno definitivo, esta semana sí se produjo un avance significativo: un pacto bilateral con el ejecutivo autonómico de Navarra para el traslado de cinco niñas. Un paso ínfimo respecto a la magnitud de la crisis, pero que hay quien interpreta en el Gobierno que puede abrir la puerta a nuevos acuerdos.

Lo que sí se consiguió en esa reunión del mando único con la ciudad autónoma es sortear un llamativo choque jurídico entre administraciones, hasta ahora desconocido, y que en la práctica mantenía bloqueada la situación de los miles de menores no acompañados que están en Ceuta. Se trata de la figura jurídica del representante legal del menor, algo parecido a una tutela judicial a la que tienen derecho los niños y las niñas durante su procedimiento y sin la cual la ley de asilo les impide salir del territorio, ni para ser reagrupados en Marruecos, ni tampoco para ser redistribuidos a la Península. Durante todas estas semanas, Gobierno central y local han mantenido una disputa sobre cuál de las dos administraciones debía hacerse cargo de la contratación de los abogados necesarios para ello. Una discusión ahora resuelta con un pacto: los contrata la ciudad autónoma, pero los paga el Ejecutivo central.

Ya pasado el mediodía, Ángel Víctor Torres se desplaza hacia el Polígono Industrial del Tarajal, donde aún se apuran los últimos retoques para el acondicionamiento de un espacio que sirve de Centro de Acogida Temporal de Migrantes (CATE). En los últimos quince días se han logrado convertir dos naves semiabandonadas en un lugar en el que acoger temporalmente hasta a 400 personas en literas. Y en el que también se ha improvisado una oficina policial para el triaje y el registro de los adultos. Una instalación fundamental para poder avanzar en las filiaciones y en los procedimientos de solicitudes de asilo.

Durante la visita del ministro, al que reciben altos cargos de la Policía que le ponen al día de los avances y del trabajo pendiente, 55 mujeres mayores de edad son atendidas en las líneas de triaje. Hay alguna argelina, pero la práctica totalidad de las que cruzaron a nado los días finales de julio viene de Tánger. En el dorso de sus manos llama la atención un número, muy grande, pintado sobre la piel de cada una de ellas con rotulador azul y que las ordena para sus turnos de atención con los funcionarios.

“Han estado semanas en la calle, algunas con niños pequeños, asistidas muchas de ellas por asociaciones de vecinos. Ahora las atendemos nosotros en un centro por un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, cuenta a las puertas del CATE Elvira Pérez de Madrid, coordinadora del equipo jurídico de Sur Acoge, que narra que la inmensa mayoría de mujeres que son entrevistadas en ese momento huyen de violencias extremas.

“Hay víctimas de violencia de género, de violencias intrafamiliares de padres, víctimas de trata o hasta matrimonios forzosos con sus proxenetas... una auténtica brutalidad”, cuenta visiblemente afectada. “A muchas les dicen que si tienen denuncias interpuestas en Marruecos eso puede ayudarlas, pero lo que cuentan es que la policía marroquí no les hace caso. Muchas intentaron denunciar y pasaron de ellas”. Lo que reclaman desde Sur Acoge es que los recursos del Estado se pongan a disposición de la emergencia para garantizar una acogida digna y equitativa que, hoy por hoy, resulta utópica. “No entendemos que ni siquiera los perfiles más vulnerables puedan ser acogidas en la Península para ponerlas a salvo y darles un trato digno”, dice la coordinadora.

Aunque nadie del Gobierno quiere pronunciarse sobre procesos de protección internacional que por ley han de ser tramitados de manera individualizada, la presión política nacional e internacional sobre la inmigración hace temer lo peor a las organizaciones de derechos humanos: que al final del largo camino burocrático, pueda esperar una orden de expulsión generalizada para todos y todas los que entraron en Ceuta a finales de julio. Algo así como una respuesta contundente de la administración que suene a aviso para el futuro y de la que solo se libren los casos más flagrantes de víctimas de conflictos bélicos o de violencias explícitas. Y siempre y cuando puedan acreditarlas, algo a menudo imposible. En cualquier caso, una mínima parte de quienes cruzaron a nado o a pie la frontera del Tarajal.

A primera hora de la tarde del miércoles, la crisis política en la Delegación del Gobierno en Ceuta desatada tras la publicación de los mensajes del CNI pilla a Ángel Víctor Torres en mitad de una agenda frenética en la ciudad. Justo después de comer participa en una nueva reunión del comité de situación que cuenta con la presencia de varios ministros implicados en la gestión de la crisis y de representantes de las autoridades locales. Y el balance del segundo día de curso escolar mejora al del martes.

“Ya han acudido más del 80% de los estudiantes a las aulas. Es para felicitar a la comunidad educativa, a las madres, a los padres y al alumnado. Esto es difícil, pero tenemos que volcarnos en garantizar el derecho básico a la enseñanza”, hace balance el ministro, que se sacude las preguntas sobre la polémica en torno al delegado del Gobierno y su jefe de gabinete. “Yo vengo aquí a gestionar, a mejorar las cosas. Y lo que puedo decir es que el resultado del trabajo de hoy va a hacer que en muy pocos días vuelva a verse un cambio grande en las calles de Ceuta. Están a punto de habilitarse muchos espacios nuevos. Y van a llegar más funcionarios para reforzar los triajes del CATE. Esto no es sencillo, y por eso Feijóo es irresponsable cuando habla de soluciones en 24 horas que son ilegales. De verdad, estamos dando todos los pasos para acelerar la resolución de esta crisis”.

Después del comité de situación la tarde le cunde a Ángel Víctor Torres para acudir a una reunión de seguimiento de esos espacios habilitados, especialmente los nuevos emplazamientos del Puerto que también se espera que estén listos en cuestión de días. Y por la noche, de vuelta al hotel, no oculta su frustración porque se haya impuesto el mensaje de que el Gobierno abandonó a Ceuta. “Yo entiendo que todo es muy difícil y respeto todas las críticas, pero es profundamente injusta la caricatura de que tenemos abandonada a Ceuta y que aquí no hacemos nada. Nunca jamás se había llevado a cabo un despliegue y una movilización de recursos como esta para una crisis migratoria”.

La gran duda ahora es si ese despliegue será suficiente para aplacar la peor crisis fronteriza, migratoria y humanitaria documentada en España en su historia reciente. Y si Ceuta, donde el discurso del odio hacia el migrante hace su agosto, podrá aguantarla sola mucho más tiempo.

Dicen que nuestra tierra es un lugar donde las tradiciones y las costumbres nos empujan a ser meros guardianes de las esencias de un tiempo pasado; una época donde fuimos territorio de nobles, hidalgos y cunas de buen abolengo, con señores reinando sobre latifundios trabajados por un campesinado humilde y desposeído. Yo me niego a aceptar que Castilla-La Mancha siga arrastrando los estigmas del inmovilismo o siendo el blanco de chanzas y chistes fáciles que caricaturizan a provincias como Albacete. Nuestra realidad es radicalmente distinta.

Me niego, con la misma firmeza, a resignarme a tener políticos sin altura de miras. Líderes que utilizan nuestra comunidad como un simple ariete contra otras autonomías en lugar de proyectarla como una verdadera fuente de oportunidades, desterrando de una vez por todas los debates estériles que nos empequeñecen como sociedad.

Parálisis autonómica frente al impulso estatal

Es incuestionable que hemos avanzado en la creación de empresas y en la consolidación de un tejido productivo que ha permitido expandir el PIB paulatinamente. Sin embargo, la gestión del Ejecutivo autonómico desluce este esfuerzo. Hoy crecemos más por el empuje de las políticas del Gobierno Central y la inyección de los fondos europeos que por la pericia de una Junta de Comunidades desgastada.

Para colmo de males, Emiliano García-Page ha convertido nuestra tierra en una zona de constante discordia en lugar de concordia. No nos merecemos esta parálisis institucional cuando contamos con un capital humano extraordinario, plenamente capacitado para liderar el crecimiento en todos los ámbitos.

El panorama se vuelve aún más desolador al mirar a la acera de enfrente. Contamos con una oposición tan estéril como pueril, incapaz de aportar una sola alternativa constructiva más allá de las sonrisas de quien no comprende la complejidad de la gestión pública, liderada por un perfil tan improductivo como el de Paco Núñez.

La necesidad inapelable de un relevo

Ni un modelo ni el otro sirven a los intereses del futuro. Emiliano García-Page se muestra hoy como un político amortizado, disruptivo y problemático, cuyas constantes salidas de tono traicionan los principios fundamentales de la socialdemocracia moderna. Ha dejado de ser ese líder capaz de cohesionar a la militancia socialista, abriendo un debate tan incómodo como urgente: la necesidad imperiosa de dar un giro total a las políticas del PSOE en nuestra región. Esto pasa de forma inexorable por renovar el proyecto y articular una candidatura que conecte de verdad con el sentir de la calle.

Como militante, no puedo dejar de reprochar sus reacciones de este mismo miércoles. Tras escuchar al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en Mañaneros 360 conducida por Jesús Cintora y Esther Palomera, Emiliano García-Page ha vuelto a salir a la palestra para desgastar las alianzas parlamentarias que sostienen los avances sociales del país. Por ello, le exijo al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha respeto a formaciones políticas como EH-Bildu. Este partido está demostrando una utilidad real para la mayoría de los españoles a través de la negociación de políticas públicas, resultando bastante más constructiva para la gobernabilidad que sus declaraciones desestabilizadoras o el bloqueo sistemático de la derecha y la extrema derecha de PP y Vox.

Ojalá acertemos con la persona que encabece la lista del PSOE en nuestra región. De lo contrario, nos situaremos a las puertas de uno de los mayores episodios de retroceso político y social de nuestra comunidad autónoma. Estamos a tiempo de evitarlo

En el seno de nuestras agrupaciones, muchos compañeros me hablan con acierto de la conveniencia de una salida negociada y de consenso. Un acuerdo que evite un proceso de primarias que pudiera reabrir heridas orgánicas a menos de un año de las elecciones autonómicas. No les falta parte de razón. Sin embargo, las pregunta clave son otras: ¿está Emiliano García-Page dispuesto a dar un paso al lado por el bien del partido? ¿La actual Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha estaría dispuesta a aceptar este escenario?

De no ser así, deberemos apelar a la militancia e ir a primarias algo que a mí jamás me ha dado miedo porque tener miedo a la democracia nunca puede ser una opción para un socialista. Llegados a este punto, quisiera recordar a todos y cada uno de los miembros de la ejecutiva regional empezando por Emiliano García-Page, secretario general, y por Sergio Gutiérrez Prieto, secretario de organización regional, que quienes mandamos en el partido somos los militantes. Punto.

Ojalá acertemos con la persona que encabece la lista del PSOE en nuestra región. De lo contrario, nos situaremos a las puertas de uno de los mayores episodios de retroceso político y social de nuestra comunidad autónoma. Estamos a tiempo de evitarlo.

El problema evidente es que, a tenor de lo que observo en la calle hablando con los votantes socialistas, Emiliano García-Page ya no es la persona que merezca encabezar la candidatura del PSOE en la cita electoral de 2027. Por ello, creo que es el momento de que dé un paso al lado antes de que sea tarde y el daño para este proyecto sea irreversible.

Su continua deslealtad no debe tener un pase más por parte de la militancia y de Ferraz.

El Gobierno de España ha dado luz verde a algunas de las medidas contempladas en el Decreto Canarias, una norma que pretende desatascar varias de las principales demandas económicas del Archipiélago y dar un nuevo impulso a la recuperación de La Palma, cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite.

El real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de este lunes concentra cuatro medidas consideradas por el Gobierno regional prioritarias para las Islas y permite sacar adelante reivindicaciones que llevaban meses sobre la mesa. Algunas de estas actuaciones tienen un impacto directo sobre la recuperación de la isla de La Palma, mientras que otras buscan aliviar los sobrecostes que soportan las islas por su condición de territorio ultraperiférico y responder a algunas de las principales necesidades sociales del Archipiélago.

Estas son las cuatro medidas que contempla el Decreto Canarias:

Bonificación del 60% de IRPF. Se prorroga durante todo el ejercicio (2022-2026) la rebaja impositiva del 60% en la cuota del IRPF para los residentes de la isla, lo que puede traducirse en pagar menos en la declaración de la renta o recibir una devolución mayor. Una medida pensada para mantener más dinero en los bolsillos de trabajadores y pensionistas palmeros y aliviar, de forma directa, la economía de los hogares.

100 millones de euros para reconstruir La Palma. El Estado destinará una partida extraordinaria de 100 millones de euros de los excesos de superávit del Gobierno de Canarias de 2025 para continuar con la reconstrucción de las zonas afectadas por la erupción del Tajogaite. El dinero permitirá actuar sobre algunas de las heridas que todavía siguen abiertas en el sector primario del Valle de Aridane. La reparación de carreteras y la reconstrucción de canalizaciones de agua hasta el rediseño de las redes de riego sepultadas por la lava. También habrá recursos para ayudar a recuperar fincas e instalaciones agrarias, especialmente en sectores como el plátano y la ganadería.

Más tiempo para los préstamos de los agricultores. Los agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte tendrán seis meses más de margen para afrontar sus créditos bancarios. La suspensión obligatoria del pago de capital e intereses se prolonga hasta marzo de 2027, de modo que durante este periodo las entidades no podrán exigir el pago de las cuotas ni aplicar intereses de demora. El objetivo es ganar tiempo para unos productores cuyas explotaciones, en muchos casos, todavía no han recuperado su capacidad productiva después de la erupción.

Flexibilización de la prestación para los autónomos de La Palma. Se modifican los criterios de la Seguridad Social para que los trabajadores por cuenta propia de La Palma puedan cobrar la prestación por cese de actividad. La clave es que las subvenciones agrícolas comunitarias, como las del POSEI, dejarán de computar como ingresos de la actividad, evitando así que los agricultores superen el tope legal de rentas y se les deniegue la ayuda económica.

600 millones de superávit

Además de las medias aprobadas, el Estado permitirá al Gobierno de Canarias utilizar alrededor de 600 millones de euros acumulados de ejercicios anteriores por la baja deuda de la comunidad autónoma. La autorización abre la puerta a que ese dinero se quede en las islas y se destine a reforzar servicios públicos y políticas prioritarias. Sanidad, vivienda pública, centros educativos y servicios sociales aparecen entre los principales destinos posibles, sin que el gasto de estos fondos quede bloqueado por las limitaciones habituales de la regla de gasto.

NC, PSOE y Vox cuestionaron el enfoque del Decreto Canarias

El Gobierno busca así dar respuesta a algunas de las cuentas pendientes del Archipiélago y, al mismo tiempo, acelerar la recuperación de La Palma. Aunque este decreto trae cola. Nueva Canarias-Bloque Canarista, PSOE y Vox cuestionaron en el Parlamento el enfoque del Ejecutivo autonómico y, con distintos argumentos, pusieron el foco en aquellas cuestiones que también dependen de la gestión de Canarias. Los socialistas reclamaban entonces que el Gobierno de Clavijo concretase qué medidas puede impulsar directamente desde las islas, mientras NC llegó a calificar el decreto de “carta a los Reyes Magos” por la cantidad de peticiones trasladadas al Estado. Vox, por su parte, puso en duda que la solución a los problemas de Canarias pase siempre por reclamar más recursos a Madrid.

El Gobierno de Canarias pide fondos al Estado mientras deja sin ejecutar más de 3.000 millones de euros en lo que va de legislatura, lo que supone el mayor nivel de inejecución presupuestaria de la historia del Archipiélago.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este jueves a primera hora un mensaje a todos los presidentes autonómicos de su partido para imponer un “mando único comunicativo” ante la escalada de la crisis política dentro del Gobierno por Ceuta y la desclasificación ayer de documentos de diferentes servicios de inteligencia. Pocas horas después, Isabel Díaz Ayuso se ha saltado la indicación al tildar de “traidores” a los miembros del Gobierno, una palabra que no está, de momento en el glosario de Feijóo.

El mensaje remitido a los barones, confirmado por elDiario.es en diferentes fuentes, busca que no haya “sobreactuaciones”, según han informado fuentes de la dirección nacional del PP. La imposición de ese “mando único comunicativo” llega después de que la presidenta de Madrid dijera a principios de esta semana que, si ella fuera presidenta del Gobierno habría “roto relaciones con Marruecos”.

Una declaración que no pasó desapercibida en las plantas superiores de Génova, que desautorizó a su baronesa a través de su portavoz, Borja Sémper.

Pero la desclasificación de los informes sobre la entrada masiva de personas en Ceuta ha motivado una nueva oleada de mensajes desde el PP de Madrid, donde no parecen haberse dado por enterados de la petición de su jefe. Fuentes de la dirección del partido de Ayuso aseguran a este medio que no se dan por aludidos por el wasap de su jefe y replican: “Nosotros somos muy disciplinados”.

En Génova tampoco pasaron desapercibidos algunos tuits publicados ayer por la tarde como reacción a la publicación de los informes sobre Ceuta. Entre ellos destaca uno del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien dijo: “Pedro Sánchez y todo el Gobierno serán juzgados por traición”.

El tuit de Miguel Ángel Rodríguez es previo al mensaje de Feijóo a sus barones. Pero Ayuso ha utilizado el mismo argumento durante su intervención en el debate del estado de la región, que se desarrolla este jueves en la Asamblea de Madrid.

Apenas dos horas después del wasap de su jefe de filas, Ayuso ha criticado desde la tribuna de oradores la “pasividad cómplice con Marruecos, que ha atacado a España sin resistencia”. “La única respuesta del presidente del Gobierno ha sido ignorar alertas previas”, ha añadido.

“Ya veremos el recorrido judicial que tiene y cómo se puede defender que premeditadamente dejara que tanto daño se produjera”, ha sostenido Ayuso, quien ha atacado a Sánchez como un “presidente ausente, chantajeado por intereses inconfesables, por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimo, Marruecos”. “Él que se llama a sí mismo perro. Sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio”, ha apostillado.

Ayuso ha proseguido: “Él y sus ministros han mostrado una actitud vasalla, exigiendo respeto para ese país, mientras omite la firmeza para hacer que se respete a España”. Y ha concluido: “No pueden ser más traidores”.

Un mensaje separado de la dirección comunicativa de Génova, que de momento limita sus apreciaciones judiciales contra el Gobierno por Ceuta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En la tribuna de invitados, junto a su jefe de gabinete, este jueves estaba el 'número dos' de Feijóo, Miguel Tellado, quien ha escuchado todo en primera persona.

Este mediodía, después de estas frases de Ayuso, desde la dirección del PP insistían en exigir contención a sus barones, a quienes pedían “no sobreactuar” y que “las declaraciones sean medidas y dirigidas desde la dirección nacional” ante “la guerra desatada en mandos intermedios” del Gobierno que, han dicho, ellos sabrán aprovechar mejor. “Todos tienen micrófonos”, apuntan, en referencia a los barones. “Este momento no está para improvisar”, zanjan.

En el PP presumen de tener la certeza de que todavía hay informes sin desclasificar, y que terminarán filtrados a los medios, especialmente si los incluye en la investigación judicial la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, quien instruye una causa sobre lo ocurrido en Ceuta.

El Gobierno de Ceuta está personado en dicha causa como acusación particular. El PP ha pedido ser parte como acusación popular.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ido un paso más allá en sus críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con motivo de la crisis de Ceuta. Tras varios días en los que ha mantenido un discurso contra el racismo y la intolerancia al tiempo que también hablaba de “invasión”, hoy ha decidido arremeter de forma más dura contra el Ejecutivo central. Ha dicho que este último tiene que “espabilar” porque se puede convertir en la “segunda gran mentira de la democracia” como ocurrió con los atentados del 11 de marzo de 2004.

Con motivo de la desclasificación del material del Gobierno sobre esta cuestión, Page no ha dudado en interpretar que se trata de “uno de los grandes desastres de gestión” de la legislatura y que como Moncloa no apremie, la situación sería similar a la del mayor atentando terrorista en España. “La primera o segunda gran mentira”, ha dicho.

“Ya tuvimos una (mentira) muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M. Eso es un ejemplo del libro”, ha afirmado el presidente castellanomanchego en una entrevista en Onda Cero. Es más, ha añadido que si Gobierno central no quiere que la gestión de Ceuta se convierta “en un chollazo enorme para la extrema derecha”, debe “darse prisa”, porque la imagen que se traslada de esta crisis es que está “en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a la categoría de dogma”.

Los informes desclasificados muestran la existencia de comunicaciones sobre el paulatino incremento de llegadas de personas a nado y de convocatorias en redes sociales para el día 30 de julio, pero no alertas sobre la magnitud de lo que finalmente se produjo, con la entrada de más de 70.000 personas. El día previo a los hechos, el CNI mantuvo una conversación por WhatsApp con el jefe del gabinete del delegado del Gobierno y con la UCE-3 de la Guardia Civil y envió una nota informativa a Marruecos sobre la convocatoria en redes para el día siguiente. Lo que sostiene el Ejecutivo es que esa conversación informal por mensajería instantánea en ningún caso puede equipararse a una alerta o a un informe de los servicios de inteligencia que nunca existió. “Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”, valoraron este miércoles desde Moncloa.

Se estudiará “en las facultades de Ciencias Políticas”

“En las facultades de Ciencias Políticas se estudiará como es exactamente el ejemplo de lo que no hay que hacer, de cómo no abordar una crisis”, ha criticado.

En este punto, ha puesto un ejemplo de lo que él sí considera una buena gestión, la del excanciller alemán Gerhard Schröder, que se enfrentó a unas “inundaciones tremendas” en Alemania. “Se puso las botas katiuskas y se puso él mismo a sacar agua y a desescombrar y ganó las elecciones, le dio la vuelta a las encuestas y se puso al frente de la crisis”, ha relatado.

García-Page también ha señalado que “muchos” deben tener “grandes problemas de comprensión lectora” a la hora de leer los informes del CNI. De hecho, ha calificado al servicio de inteligencia como “uno de los mejores servicios de información que hay en el mundo”, citando también la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, aunque ha admitido que puede haber “errores”, ha apelado a cuidar la imagen de estas instituciones y velar por ellas.

Ha sido en este punto cuando ha reprochado al Gobierno su “dinámica de no tener culpa de nada”, que le lleva a “una dinámica un tanto esquizofrénica políticamente hablando”.

La realidad es que, desde el primer momento, todos visualizamos que el Gobierno tomaba nota de que había sido una invasión

Así, el presidente castellanomanchego se ha preguntado que si no hubo ningún tipo de informe, a “quién le tiene que pedir explicaciones el pueblo español”, para después señalar que si hubo informes “moderados”, la clave, a su juicio, es si “se hizo algo, mucho, o no se hizo nada”.

Sobre la posición del Gobierno respecto a Marruecos, Emiliano García-Page ha reconocido que Pedro Sánchez, en sus primeras palabras tras la crisis, se refirió a “una violación de la integridad territorial española de la frontera”, cuando Ceuta “solo tiene frontera con Marruecos”. “La realidad es que, desde el primer momento, todos visualizamos que el Gobierno tomaba nota de que había sido una invasión”, ha insistido.

Finalmente, ha resumido su posición frente a la gestión del Ejecutivo, considerando que “lo que es verdaderamente importante es que, o aciertas en el diagnóstico o tienes claro y asumes lo que ha pasado o es muy difícil prometer soluciones”.

Un intercambio de mensajes de WhatsApp el día antes del cruce fronterizo entre un miembro del Centro Nacional de Inteligencia y el jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta. Eso es lo más parecido a un aviso del CNI que aparece en los 40 documentos de las fuerzas de seguridad y servicios de Inteligencia que vieron la luz este miércoles tras la desclasificación llevada a cabo esta semana por el Consejo de Ministros. Una información que para el Ejecutivo en ningún caso constituye “anuncio” alguno de lo que acabaría ocurriendo el 30 de julio y que corrobora, a su juicio, que nadie trasladó ninguna alerta al Gobierno.

“En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20 horas. Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión”, le dijo el CNI al cargo de confianza del Delegado del Gobierno.

Lo que sostiene el Ejecutivo es que esa conversación informal por mensajería instantánea en ningún caso puede equipararse a una alerta o a un informe de los servicios de inteligencia que nunca existió. “En ningún momento el CNI envió una comunicación formal a su cadena de mando ni miembro alguno del Ejecutivo. Tampoco hubo llamadas telefónicas ni peticiones de reuniones presenciales. Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”, valoraron este miércoles desde Moncloa.

En una nota remitida a los medios, sostiene el Ejecutivo que, más allá de la formalidad, ni siquiera esa conversación de WhatsApp implicaba en sí misma alerta ni predicción alguna de lo que finalmente sucedió. “Los avisos del CNI del 29 de julio no anunciaban una llegada masiva: informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook, con 180.000 seguidores, algo que ya era conocido por otras instituciones y que dista mucho de ser un indicador de escala o probabilidad sólido”.

“Esa información sobre actividad en redes no conllevó en momento alguno una alerta concreta”, prosiguen desde Moncloa, donde concluyen que, “prueba de ello, es que el propio CNI decidió trasladar esa información por un mero WhatsApp y una llamada telefónica a la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”.

En cuanto vieron la luz esos mensajes del CNI el foco se puso sobre el Delegado del Gobierno de Ceuta. Miguel Ángel Pérez Triano convocó a los medios de comunicación en la sede ceutí del ejecutivo central a última hora del miércoles. Pero no para dimitir, sino para asegurar que desconocía la existencia de esas comunicaciones del CNI con su subordinado el día previo al gran cruce fronterizo y para desterrar también cualquier asunción de responsabilidad respecto a la falta de previsión.

“Cuando el CNI tiene una alerta se hace un informe y se entrega en un sobre lacrado dirigido a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe, sino un simple intercambio de información. De ser grave, el destinatario no hubiera sido ese cargo”, dijo el Delegado ante la prensa.

Pérez Triano no solo aseguró desconocer hasta ahora la existencia de ese intercambio de mensajes entre el CNI y su departamento, sino no tener información tampoco de la llamada telefónica de once minutos de duración que se produjo también el día 29 de julio entre los mismos interlocutores. “Son conversaciones sacadas de contexto. Puede pensarse que yo ya lo sabía. Yo no sabía nada. Nosotros teníamos un contexto migratorio que se agravaba cada día y el CNI dice lo mismo que decíamos nosotros, pero nadie pudo prever lo ocurrido”, remachó.

En cualquier caso, el revuelo político generado tras la desclasificación de esos mensajes (precedido del cruce de versiones mantenido entre Defensa e Interior durante el mes de agosto), se convirtió en un quebradero de cabeza más para el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante toda la tarde del miércoles. Tanto es así que fue necesaria una nota oficial que referenciaba a fuentes del propio CNI para intentar aclarar la situación.

“La desclasificación evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha”, reza dicha nota.

Ya por la noche, el propio presidente del Gobierno insistió en la idea de que los documentos desclasificados demuestran que la información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia en los días previos no reflejó la “escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después”. Y que “se limitó” a informar “por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”, pero “no emitió ninguna alerta mayor a su cadena de mando de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa”.

En esa declaración compartida en sus redes sociales, Pedro Sánchez defiende que la actuación del CNI fue “comprensible” con “la información que existía entonces” porque “nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31”. “Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE”, concluye.

Para el PP, esa información desclasificada se convirtió pronto en un nuevo argumento de ataque al Ejecutivo. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, exigió la dimisión del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas por mantener una “mentira de Estado” desde el pasado 30 de julio al asegurar que no recibió ningún aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con respecto a una eventual entrada masiva de inmigrantes por la frontera ceutí.

Isabel Díaz Ayuso afronta la primera cita importante del curso político desde este jueves y viernes con la celebración en la Asamblea de Madrid del Debate sobre el Estado de la Región (DER), una cita anual en la que la presidenta autonómica y los partidos comparten el análisis sobre la situación de la Comunidad. El encuentro simboliza no solo el inicio del curso político sino también el primer debate antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ayuso acudirá, sin embargo, con una presión añadida: la polémica de la compra del ático de 6,3 millones por parte de su gobierno sigue persiguiendo a la líder madrileña.

Los partidos de la oposición ya han adelantado que llevarán el caso al debate durante su turno, que tendrá lugar el viernes, un día después de la intervención de Ayuso. Previsiblemente, la presidenta autonómica aludirá a la comparecencia del consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, que el jueves 17 de septiembre hablará en la Asamblea de Vallecas sobre la operación que ha marcado la actualidad política durante los últimos meses.

El Gobierno de Ayuso anunció el 30 de julio, solo un día después de que saliera publicado en prensa, que iban a poner en venta el inmueble de la calle General Martínez Campos, a pesar de que la compra se firmó en el mes de abril. Posteriormente, la baronesa del PP intentó zanjar la polémica. “Está en venta, chao pescao”, llegó a decir en rueda de prensa al ser preguntada por detalles desconocidos en torno a la operación. Y, ahora, meses más tarde, esa información todavía se desconoce. Tanto es así que ni siquiera se dispone del expediente de compra de Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia que compró el inmueble.

En estos últimos dos meses se han ido conociendo más detalles del caso, como que la presidenta acudió a visitar el inmueble después de la compra, que la Comunidad de Madrid exigió confidencialidad en la compra o que el Gobierno autonómico trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble de “entre 250 y 400 metros y gran terraza”. Este mismo lunes a última hora expiró el plazo de presentación de las ofertas de Planifica Madrid, aunque todavía no se conoce si existen o no esas ofertas, aunque desde Presidencia aseguran que previsiblemente esa información aparecerá en Transparencia. La apertura de los sobres con las propuestas se efectuará el miércoles 16, un día antes de la comparecencia del consejero.

Ayuso incluso ha llegado a enseñar su contrato de alquiler en una entrevista con OkDiario en la que ha asegurado que es rotundamente falso“ que se le haya comprado ”una casa“. Ni Más Madrid ni PSOE consideran que el documento es suficiente para desmentir las denuncias y críticas que pesan sobre la líder madrileña, a pesar de que el Gobierno autonómico se aferra estos días a ese documento para zanjar la polémica y acusar al presidente Pedro Sánchez de ”mentir“ en sus acusaciones.

Ceuta, la climatización de las aulas y la reconstrucción

Con el debate próximo y la polémica del ático todavía dando de qué hablar, el Gobierno de Ayuso lleva estos últimos días intentando cambiar el foco. Empezó hace una semana, con la concentración por Ceuta en diferentes ciudades de España. La plana mayor del PP se reunió en Cibeles y la cita dejó una imagen que, después de meses de polémica y tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el ático, mandaba un claro mensaje: Ayuso no está sola.

Luego siguió cuando la Comunidad de Madrid intentó boicotear la reunión de Hacienda sobre financiación autonómica. Pidieron al resto de regiones del PP que tampoco asistieran, pero al final estas hicieron caso omiso y Ayuso obtuvo justo lo que necesitaba. Que se hablara del nuevo desplante de la baronesa del PP al Ejecutivo central.

Esta semana la situación ha cambiado ligeramente. Ahora ya no basta con cambiar el relato, también hay que sacar pecho de la gestión, que es lo que previsiblemente hará Ayuso durante el debate de la Asamblea. Hace unos días, fue la propia presidenta autonómica quien anunció que iba a invertir 1.240 millones de euros para mejorar la climatización de cientos de centros educativos públicos en toda la región. Lo hizo después de que las asociaciones de familias llevaran meses exigiéndolo y siendo desoídas por la administración y a pesar de las declaraciones de miembros de su gobierno, como el desafortunado comentario del consejero de Cultura, Mariano de Paco.

Pero ese anuncio no se queda ahí. Este mismo miércoles se ha conocido que el Gobierno autonómico ha preparado un nuevo paquete de medidas valoradas en más de 26 millones de euros para avanzar en la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios del verano, incluido un plan para prolongar el desdoblamiento de la M-501 desde Navas del Rey, uno de los anuncios que hará Ayuso durante su intervención del jueves pese a las quejas que presentaron los grupos ecologistas cuando surgió el primer proyecto de la mano de Esperanza Aguirre.

Mientras, la presidenta autonómica vuelve a erigirse como azote del Gobierno de Pedro Sánchez gracias al nuevo varapalo del Tribunal Supremo con la conocida como 'ley de nietos', que frena el derecho al voto de los descendientes españoles exiliados por la dictadura franquista. “Ayuso ya advirtió lo que significaba la 'ley de nietos'”, aseguraba el PP de la capital este miércoles. Un nuevo tanto que se apunta Ayuso y su equipo.

Plato único en la sesión de control del Congreso. Diez de las preguntas de la oposición versaban en todo o en parte sobre la crisis de Ceuta. El Partido Popular se ha apuntado en esta legislatura al mensaje de que cada tema polémico o negativo para el Gobierno es la antesala de su defunción inminente. La pandemia, los indultos a los autores del procés, la ley de amnistía, la corrupción de Ábalos, la detención de Cerdán... Todos esos acontecimientos iban a suponer la sentencia de muerte para Pedro Sánchez. Lo del volcán de La Palma, no. A pesar de su increíble maldad, no se creía que fuera el responsable de la aparición de un nuevo volcán. No por falta de ganas, claro.

Lo ocurrido en Ceuta y las secuelas que aún persisten cuentan con un nivel de gravedad imposible de subestimar. El PP está aún más convencido de que será la bala mágica que acabe con el Gobierno de coalición. Es también una buena excusa para completar el giro hacia el rechazo total de la inmigración en su competición particular con Vox. La derecha confía en que ese Houdini que a veces parece Sánchez no tenga ya fuerzas para liberarse de las cadenas y salir a la superficie. Lo cierto es que se le ve cansado, repitiendo demasiadas veces frases y conceptos, por ejemplo sobre la vivienda, que no funcionaron antes y que ahora tampoco lo harán. Es indudable que el procesamiento de su mujer y la condena de su hermano han dejado huella.

Lo que pasó en agosto –cuando el Gobierno tardó 25 días en decretar un mando único para Ceuta– confirma que los reflejos de Sánchez van a menos y que le cuesta más enderezar el rumbo. Pero aún puede responder con el aguijón en el momento exacto de un debate parlamentario y volver a ser El Perro.

No es que Alberto Núñez Feijóo se lo haya puesto muy difícil en los últimos meses con su costumbre de acumular varios temas en los dos minutos y medio que le dan la sesión de control. Con Santiago Abascal, Sánchez lo tuvo aún más fácil el miércoles.

Como a los demás dirigentes de la extrema derecha europea, al líder de Vox le gusta tachar a los grupos de izquierda de traidores a la patria en un lenguaje de claras reminiscencias franquistas o autoritarias. La crisis de Ceuta le ha permitido afilar ese lenguaje y concretarlo en la petición de que el Tribunal Supremo investigue a Sánchez por traición. Además, para saber “cuántos diputados tiene Marruecos en la Cámara”.

Sánchez no lo tenía tan difícil para contraatacar, pero sólo si se quitaba de encima la melancolía y se decidía a sacar al Perro de dentro, el personaje que remontó en la campaña electoral de 2023 hasta un punto que sus votantes pensaban que ya no sería posible. “Tiene guasa que me haga esa acusación cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente usted. Por eso, aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otros”, le dijo a Abascal por su apoyo a Trump y Netanyahu.

Luego, vino la estocada. “Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Le digo una cosa. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo”.

Obescal, como le llamó Donald Trump en una ocasión, se limitó al truco que traía preparado de casa. Enseñó una cuartilla con la letra T, otra con la R, luego la A, y así hasta completar la palabra 'traidor'. Parecía un momento sacado de una versión ultra de 'Barrio Sésamo'. Quizá fuera un poco exigente para algunos de sus votantes.

Los diputados del PP llegaron al pleno con la misión de utilizar las palabras 'invasión' e 'invasores' de forma reiterada. El partido ha decidido que no va a permitir que Vox le supere en términos retóricos en relación a la llegada masiva de marroquíes a Ceuta hace cuarenta días. Nadie va a estar más a la derecha que ellos, en especial en el Parlamento. Se trata de que los indignados con lo sucedido en esa ciudad española se sientan representados por el PP.

No se sabe si les funcionará. Lo que sí es evidente es que la radicalización de la oposición solo ha beneficiado hasta ahora al partido de Abascal. La encuesta del ABC del lunes confirma lo previsto en otros sondeos. El PP no llega al porcentaje de votos que recibió en 2023 a pesar de una legislatura en la que ha elevado la temperatura ambiental al límite de lo que se ha visto en un Parlamento en España desde finales de los años setenta. Quien disfruta de un rotundo crecimiento de votos es Vox. Cuanto más se enfurece el PP, más engorda Vox.

“Las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de gas pimienta”, dijo Feijóo, un asunto de difícil comprobación que ha acaparado titulares de algunos medios. En su línea de dar cobijo a todas las conspiraciones originadas en la extrema derecha, dio por hecho que están chantajeando a Sánchez y que eso explica su actitud: “Si Marruecos canta, usted se va”. Está en contra de activar el mecanismo parlamentario para acusar de traición al presidente –porque perdería la votación en el Congreso–, pero no de plantear que Sánchez está al servicio de los enemigos de España.

Como se dice en las redes sociales, no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Lo primero ha pasado a ser prescindible en la política española.

Ester Muñoz marcó el camino definiendo lo que ha sufrido Ceuta como “una invasión”. “No es una crisis humanitaria. Es una invasión”, dijo Sofía Acedo cuanto le tocó el turno. Lo mismo Miriam Guardiola y Ana Belén Vázquez. “Las playas y el puerto están llenas de invasores”, bramó Miguel Tellado, que aportó un episodio más a toda la sucesión de locuras e invenciones de las últimas semanas. El portavoz parlamentario del PP dijo que la CIA había avisado al Gobierno español sobre lo que podía pasar en Ceuta. Lo había oído en un programa de Cuatro, Código 10, un programa de “crímenes y sucesos”. Ya solo faltaba la CIA en esta historia.

Las dimensiones masivas de lo sufrido en Ceuta el 30 y 31 de julio admiten muchas definiciones. La palabra 'invasión' permite presentar a todos los que llegaron a la ciudad como enemigos del país, gente con la que no hay que tener contemplaciones con independencia de lo que diga la ley. Es lo que permite a Pepa Millán, portavoz de Vox, decir que “España está en guerra”.

Nadie está obligado a contemplar con humanidad a unos invasores. Eso atiza el sentimiento de miedo en Ceuta y la incertidumbre sobre su futuro. Ni siquiera cuando el extranjero es la víctima pierde la condición de amenaza. “La muerte de un invasor con diabetes y la huida de otro con varicela, últimos síntomas de la crisis sanitaria en Ceuta”, títuló El Español hace unos días. Tenía 17 años. Ni aun así dejaba de ser un peligro. Si hasta se hace eso con los muertos, la deshumanización es completa.

No hay límites para la explotación política. “¿Por qué violan a las niñas?”, gritó la diputada Vázquez. Ha habido un intento deliberado de algunos partidos de presentar a los inmigrantes que permanecen en la ciudad como delincuentes sexuales, una generalización que nunca se hace cuando los agresores son españoles de raza blanca. Cómo reprochar a las madres que pongan gas pimienta en la mochila de sus hijas. Lo están escuchando todos los días.

Ante ese riesgo, la prioridad debería ser sacar cuanto antes a las menores de Ceuta en situación vulnerable, no menos de 500, y atenderlas en la península. En privado, los dirigentes autonómicos del PP admiten que no podrían negarse a acogerlas, según El Mundo. En público, es todo lo contrario.

Los gobiernos de Andalucía y Ceuta cuentan con un convenio desde 2022 por el que la primera se compromete a acoger a las menores que lleguen a la ciudad. Sería una excelente forma de protegerlas. Ceuta podría activar ese protocolo y no ha querido hacerlo. La excusa es el informe policial que acusaba a Marruecos de haber instigado el asalto. Por tanto, ya no lo ven como una crisis migratoria.

Es más fácil utilizar a las menores, españolas o extranjeras, como rehenes de una crisis política con la que acabar con el Gobierno.

“Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero], como he contado siempre en las campañas electorales”. Con esas palabras ha contestado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado en TVE por Esther Palomera sobre si invitará al expresidente Zapatero a la campaña electoral de las generales de 2027 pese a estar imputado por su presunta mediación en el rescate de Plus Ultra.

Tras recalcar que “la campaña electoral será en 2027”, Sánchez ha querido dejar claro que “tanto la trayectoria como el legado de Zapatero” son “muy importantes para el PSOE y para España”. “Defendemos su presunción de inocencia. Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”, ha insistido, ante las preguntas tanto de Palomera como de Jesús Cintora. El presidente del Gobierno ha recordado que “hay partidos y medios que creen a personajes” como el empresario Víctor de Aldama, “que llegó a decir que había hecho de chófer” del propio Sánchez. “¿Se le da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que tiene todo el derecho a defenderse?”, se ha preguntado.

Sánchez ha asegurado, además, no temer una imputación del PSOE en esa misma causa de Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional. “No sé si nos imputarán o no, pero le puedo asegurar que no hay financiación ilegal del PSOE”, ha añadido.

Gran parte de la entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE se ha centrado en dos temas candentes de la actualidad como la decisión del Tribunal Supremo del martes de anular cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados a través de la conocida como 'ley de nietos' y la crisis por la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el pasado 30 de julio.

“No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, ha remarcado Sánchez, que ha recordado que la decisión cautelar trastoca la ley de memoria democrática que dio la ciudadanía a los familiares de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura. El presidente del Gobierno ha acusado a las partes que solicitaron esa suspensión del derecho a voto (Vox y Iustitia Europea), pero también al PP de querer “cercenar los derechos de ciudadanía” de españoles, “como hicieron obligándoles a exiliarse”.

El “cuestionamiento de los regímenes democráticos” por parte del PP

A continuación, Sánchez ha recordado que la ley que ahora ha cuestionado el Supremo “lleva en vigor desde 2022” y que “en 2023 hubo unas elecciones generales en las que el PP ganó en el voto exterior”. Así, se ha preguntado “por qué el PP hoy cambia de posición” sobre una ley que lleva años en vigor. “El denominador común es el cuestionamiento de los regímenes democráticos”, ha concluido. El jefe del Ejecutivo ha acusado a las derechas de lanzar por ellos “bulos” sobre supuestos “pucherazos” en esa estrategia de la ultraderecha mundial. Sánchez, en todo caso, ha negado que haya un “choque” institucional entre poderes del Estado y se ha limitado a señalar que lo que existe es una “discrepancia en la lectura de determinadas leyes que se están aprobando en las Cortes”.

Ante lo sucedido en Ceuta, la única autocrítica que ha verbalizado ha consistido en pedir unos servicios de inteligencia más “sofisticados” para poder prever movimientos en redes sociales como los que considera el origen de la crisis alentando la entrada masiva el 30 de julio. “Tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro de la frontera”, ha añadido, antes de reclamar también “infraestructuras de acogida de mayor envergadura”. Se ha presentado, además, como el “presidente que más ha ido a Ceuta” en democracia. “He estado al pie del cañón, hemos estado desde el principio en la crisis de Ceuta”, ha dicho frente a las críticas por su estancia en Lanzarote en agosto, cuando la crisis se prorrogó.

También ha negado cualquier intento de complacer a Marruecos por no responsabilizarle directamente de lo sucedido en la frontera. “Se me podrán criticar muchas cosas, pero he puesto en marcha una política exterior coherente y respetuosa con el derecho internacional”, ha añadido, en alusión a su postura frente a Donald Trump o a la hora de denunciar el “genocidio” de Gaza. “Este Gobierno nunca acepta ningún chantaje porque no tenemos nada que ocultar”, ha dicho, además de recordar que este mismo miércoles “se conocerán todos los papeles y documentos” que el CNI y las Fuerzas Armadas publicaron en agosto sobre Ceuta tras su desclasificación aprobada en el Consejo de Ministros.

Sánchez sí ha adelantado que se trata de “informes de situación” y ha asegurado que, en base a esos documentos, su conclusión es que “los días previos al 30 y 31 de julio se registró un ligero pico en el número de llegadas a nado”. “Pero hablamos de cientos, no de 70.000”, ha señalado. “No se previó en absoluto la llegada masiva de tantos migrantes”, ha zanjado. Y preguntado por una posible visita del rey, Sánchez ha afirmado que “hoy Ceuta necesita del arrope y del cariño de todas las instituciones”, por lo que es “más necesario que nunca que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla”. “Estamos trabajando en fechas próximas”, se ha limitado a señalar, sin concretar más.

“Máxima confianza” en la investigación judicial sobre Ceuta

Sí ha recalcado que tiene la “máxima confianza” en la justicia al ser preguntado por la investigación abierta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ante la crisis en Ceuta. Sí ha recordado que es “un hecho objetivo” que Tardón fue concejala dentro de la candidatura del PP en el Ayuntamiento de Madrid. “Ese es un hecho objetivo, pero evidentemente no está reñido el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza”, ha respondido. Después ha afirmado que por parte del Gobierno “no hay nada que ocultar” y, por tanto, tienen “máxima confianza” en el proceso.

También ha pedido Sánchez “solidaridad por parte de las comunidades autónomas” a la hora de acoger a menores migrantes, aunque hasta ahora el Gobierno había descartado desplazarlos de Ceuta a la Península. “No descartamos ninguna opción, estamos priorizando la reubicación en Ceuta. El PP si realmente está interesado en resolver y contribuir a la solución de Ceuta le pido más solidaridad y responsabilidad. En este tipo de crisis se necesita altura de Estado. Les pido que arrimen el hombro, que critiquen lo que quieran pero arrimen el hombro”, ha señalado.

En defensa de la gestión del Gobierno, Sánchez ha insistido en que la alternativa a dejar pasar a los más de 70.000 migrantes que se avalanzaron en la frontera hubiera sido “liarse a tiros”. “¿En qué situación estaríamos hoy si la respuesta no hubiera sido la que se dio?”, se ha preguntado. También ha considerado “normal y cotidiano” que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reuniera con el rey y otros mandos militares para hablar de Ceuta, tal y como desveló el martes la Casa Real.

El “aticazo” de Ayuso

Sánchez, además, ha pedido al líder del PP que exija “responsabilidades” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica compra del ático de Chamberí. “Entiendo que el señor Feijóo tenga dificultades en hacer lo que hizo el señor Casado, porque vio cuál fue la consecuencia. El señor Feijóo tiene que exigirle a la señora Ayuso responsabilidades”, ha dicho. El presidente ha repasado cronológicamente los hechos y ha dicho que, aunque él no es “detective”, los “indicios” apuntan a que el inmueble era para uso personal de Ayuso. Entre ellos, ha mencionado la puesta en venta en Idealista de su vivienda con González Amador, la entrevista en la que Feijóo contó que ya conocía desde hace meses la intención de hacer un traslado a una oficina por las obras en Sol y la visita al ático de la propia Ayuso.

“Yo creo que son demasiadas huellas que claramente nos indican que a la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados. Quería vivir en Chamberí, no en un ático, en un aticazo, porque son 400 metros, porque además otro de los indicios, que yo creo que es una huella bastante incontestable, es el hecho de que esa vivienda no tenía licencia para oficina, sino para un uso residencial”, ha añadido.

A menos de una semana de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea en la Eurocámara de Estrasburgo, el informe Future nostalgia: Europe’s unfinished song, escrito por Pawel Zerka, a partir de una encuesta realizada por el European Council on Foreign Relations, apunta que a pesar de que en sus discursos abogaba por el “momento de independencia de Europa”, hay un profundo escepticismo sobre la capacidad de Von der Leyen para hacer realidad el proyecto europeo. El informe está hecho a partir de 5.800 encuestas realizadas en Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, a lo que se sumado un estudio sobre medios de comunicación y actitud política en 15 países europeos.

La investigación identifica “una brecha de imaginación”, donde muchos ciudadanos desean una Europa fuerte pero dudan de la capacidad de sus líderes para alcanzarla. Aunque el 44% de los encuestados es incapaz de nombrar espontáneamente a ningún líder, institución o país de referencia en Europa, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es el único líder europeo que rompe la tendencia de anonimato y es puesto como un ejemplo positivo a seguir.

La valoración de Sánchez es alta en Italia, donde el 25% de los encuestados (uno de cada cuatro) lo cita como ejemplo, y en Francia, con un 10% (uno de cada diez). Se valora especialmente la política exterior de Sánchez basada en principios y su firmeza frente a grandes potencias. Como ejemplos, el informe recoge que una votante alemana de Los Verdes destaca del presidente español alaba cómo “se enfrenta a EEUU”, mientras que un votante italiano destaca su “coraje para decir no”. Además, se le reconoce que coloque a Europa en el centro de su narrativa, utilizando frases potentes como “la UE es el mayor proyecto de paz y unidad en la historia”.

Por otro lado, en el documento se recoge las fuertes críticas que Sánchez recibe : España está rezagada en gasto de defensa, el líder es impopular en su propio país (donde se le acusa de usar la agenda exterior para maquillar su debilidad interna), tiene pocos aliados en otras capitales y ha recibido duras críticas de partidos socialdemócratas aliados (como el de Dinamarca) por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta

La otra cara de la moneda es la gestión de Von der Leyen, que es criticada por su falta de firmeza. En este sentido, el acuerdo comercial de la UE con el Gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump Donald Trump es percibido como “una vergonzosa sumisión”. En el informe se recoge la opinión de un votante alemán del partido Die Linke (izquierda) que declaró sentirse “terriblemente avergonzado” de cómo Von der Leyen “simplemente cedió ante los EE. UU.”, interpretándolo como una renuncia a defender los valores europeos. Mientras que una votante del partido francés Renaissance (centroderecha) utilizó términos aún más duros para calificar al acuerdo como una “sumisión” frente a Trump.

La opinión de otros líderes europeos no es muy positiva. Al presidente de Francia, Emmanuel Macron, se le considera una estrella en declive. Aunque durante una década fue el principal impulsor de la “autonomía estratégica” en el continente, su influencia se ha desvanecido a medida que se acerca su retiro. A nivel agregado, solo el 4% de los encuestados lo menciona como un referente positivo, situándose en un distante segundo lugar por detrás de Sánchez.

Mientras, el canciller alemán, Friedrich Merz es citado en el informe por haber criticado públicamente la “masiva sobreburocratización de casi todos los ámbitos de la vida” por parte de la UE, una queja que resuena con especial fuerza entre los ciudadanos frustrados por la lentitud europea.

La ultraderecha saca rédito al ridiculizar a la UE

El informe analiza cómo interactúan y compiten los líderes europeos en el espacio electoral actual. Los líderes de la extrema derecha como Alice Weidel en Alemania (quien promete sacar al país de la eurozona y del espacio Schengen), Karol Nawrocki en Polonia (quien ataca con frecuencia las “locuras” de la UE) o Marine Le Pen, en Francia, han descubierto que atacar y ridiculizar a las instituciones de Bruselas les otorga un lenguaje eficaz para conectar con los votantes, definir su identidad y promover un porvenir alternativo basado en la soberanía nacional.

En el bloque proeuropeo, líderes como el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, o Pedro Sánchez responden con una defensa firme e incondicional del proyecto común europeo. No obstante, el informe advierte que esta postura rígida en ocasiones les impide sintonizar y responder con empatía a las ansiedades reales de la ciudadanía.

Finalmente, el informe identifica a un tercer gurpo de proeuropeístas pragmáticos en los líderes de centroderecha como Donald Tusk, en Polonia, o Friedrich Merz, en Alemania, que intentan mostrarse “realistas” en temas espinosos como el clima o la migración. Sin embargo, la investigación advierte que esta estrategia corre el riesgo de normalizar las visiones de la extrema derecha frente al electorado general.

La mala imagen de Von der Leyen se da pese a que casi tres cuartas partes de los encuestados consideran que Europa está gestionando mal sus principales desafíos, pero tienden a culpar a sus propios gobiernos nacionales el doble de veces que a las instituciones de la UE o a los líderes de Bruselas.

El 56% cree que el futuro de Europa está en peligro

En el estudio se refleja que el 75% de los ciudadanos encuestados desea una “Europa fuerte, unida e integrada de cara a los próximos 20 años” y solo un 13% espera que la Unión Europea se disuelva o pierda competencias. Sin embargo, a pesar de este deseo de unidad, el 56% cree que el futuro de Europa está en peligro y les cuesta trazar un camino creíble para pasar de las crisis actuales a ese futuro deseado.

El informe identifica tres preocupaciones estructurales que impiden a los ciudadanos creer en el proyecto europeo. Por un lado está la lentitud europea, que se refleja en el enorme aparato burocrático de Bruselas y cómo la regla de la unanimidad retrasan enormemente las decisiones, haciéndolas inoperantes. Muchos asocian esta lentitud con una preocupante pérdida de competitividad tecnológica e industrial frente a Estados Unidos o Asia.

Por otro lado, señalan la hipocresía europea. Se critica la aparente inconsistencia en la aplicación de valores en la política exterior (por ejemplo, condenar la invasión rusa de Ucrania pero reaccionar con dobles estándares ante el conflicto palestino-israelí).

Finalmente, hay un problema con la defensa de Europa. La guerra y la seguridad se identifican como los principales retos europeos. Hay temor a la extrema dependencia militar de EEUU, las divisiones internas y el ascenso de las fuerzas de extrema derecha que debilitan la resiliencia colectiva frente a amenazas externas como Rusia.

PP y Vox hicieron tándem este miércoles, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso del curso político, para revitalizar la teoría de la conspiración en relación a la ley de nietos. Tanto el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, como su homólogo ultraderechista, Santiago Abascal, acusaron al presidente Pedro Sánchez de intentar “manipular” el censo electoral en su favor de cara a los comicios generales del año que viene, una acusación a la que Sánchez respondió con otra: PP y Vox, dijo, quieren “robar” a miles de “españoles” su “principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto”.

En la primera sesión ordinaria en la Cámara Baja tras el parón veraniego, el bloque de la derecha optó arrojar al Gobierno la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el martes, cuando el Alto Tribunal decidió prohibir de forma cautelar que voten los descendientes de españoles que residen en el extranjero y han sido nacionalizados gracias a la conocida como ley de nietos, como pedían Vox y el pequeño partido Iustitia Europa. En torno a 306.000 descendientes de españoles han culminado el proceso para acceder a la nacional en virtud de esta norma, según los últimos datos disponibles, aunque lo cierto es que la participación de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones es, tradicionalmente, muy baja: en torno al 7%.

“Usted no está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad ni de que las familias no llegan a fin de mes: usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos, y parece que esto tampoco le va a salir bien”, le espetó Feijóo a Sánchez. En la misma línea se expresó pocos minutos después Abascal. “Vamos a derrotar sus intentos de manipular el censo electoral, como han intentado con la ley de nietos”, aseguró el líder de Vox, que celebró la decisión cautelar del Tribunal Supremo.

En respuesta, Sánchez recordó que la reforma que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo fue aprobada el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación parlamentaria. “Resulta que la ley de memoria democrática”, en la que está incluida esta disposición, ya se encontraba en vigor “cuando se celebraron las elecciones del año 2023”, en las que “el PP ganó el voto exterior, por cierto”, denunció el presidente, que acusó a PP y Vox de “cercenar el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles”.

“Nosotros queremos que todos los ciudadanos sean ciudadanos de primera, con los mismos derechos, y también con el derecho al voto”, afirmó asimismo Sánchez, que sostuvo que la derecha y la ultraderecha quieren perjudicar a “aquellos a cuyos padres y madres sus antepasados les obligaron al exilio”. “Ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto”, lamentó.

Una teoría conspirativa que viene de lejos

Las conspiraciones sobre la “ingeniería electoral” de Pedro Sánchez no son nuevas y se retrotraen casi hasta sus primeros meses como presidente. En los meses previos a las elecciones de 2023, las derechas alentaron expresamente los bulos sobre el voto por correo o la incidencia del voto exterior, y no dudaron en usar la palabra “pucherazo”. Feijóo y los suyos implicaron expresamente en el supuesto complot a Correos, al Instituto Nacional de Estadística, al CIS o a la empresa Indra, encargada del recuento. Sin embargo, aquellas elecciones se celebraron sin incidencias.

A principios de este año, las derechas recuperaron las acusaciones de manipulación electoral, aunque en esta ocasión señalando a la alteración del censo de residentes en el extranjero. Vox fue un paso más lejos y llevó el asunto a los tribunales, aunque lo que impugnó no fue ni la ley de memoria democrática —donde se incardina la conocida como ley de nietos, que ni el PP ni la propia ultraderecha criticaron cuando fue puesta en marcha— ni la instrucción de 2022 que desarrolla la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados. El recurso de Vox, que ha estimado la justicia, es en relación a una decisión de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio que, precisamente, declinaba intervenir sobre el modo en que se conceden las nacionalidades y sobre la aplicación del censo.

La decisión judicial del martes sentó muy mal al Gobierno, que ha exigido al Tribunal Supremo que tome una decisión definitiva sobre este asunto antes de los procesos electorales de 2027. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que la disposición del Alto Tribunal tiene una “enorme trascendencia, porque estamos hablando de suspender el derecho a voto de miles de españoles”, “lo más sagrado que hay en democracia”, y sostuvo que “es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto” y lo resuelva con la mayor celeridad.

La audiencia preliminar que se ha celebrado este martes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha supuesto el punto y final de la instrucción que el juez Juan Carlos Peinado arrancó en 2024 y que, con toda probabilidad, derivará en la redacción por parte del magistrado de un auto en el que acordará la apertura de juicio oral. Juicio que se celebrará por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Ante los nueve ciudadanos que conformen ese jurado se sentarán, presumiblemente, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

El juez Peinado ha llegado sobre la bocina a esta última cita a la que finalmente no asistieron ninguna de las dos imputadas. Tras esta audiencia, el juez disfrutará de unas vacaciones que le apartarán de sus quehaceres laborales hasta el 18 de septiembre. Y desde entonces tendrá hasta el 27 de este mes para redactar ese auto final antes de disfrutar de su jubilación -los magistrados deben jubilarse forzosamente al cumplir los 72 años de edad-.

Fuentes jurídicas presentes en esta audiencia han reseñado a elDiario.es que la defensa de Begoña Gómez ha planteado durante su intervención la ineficacia del escrito de acusación presentado por la acusación popular dirigida por HazteOir -la única acusación que pide la apertura de juicio oral- porque presenta graves defectos insubsanables.

Indican que el letrado, Jaime Campaner -experto en procedimientos del Tribunal del Jurado-, ha señalado que la norma es muy clara al exigir a las acusaciones que en la conclusión primera de sus escritos se limiten a relatar “los hechos punibles”. Así, ha criticado que de forma insólita la acusación de HazteOir ha trufado de referencias a atestados policiales y, sobre todo, a declaraciones prestadas en fase de instrucción lo que debió limitarse a una narración de hechos.

Campaner ha sostenido ante Peinado que esta situación es especialmente grave al tratarse de un procedimiento por jurado, pues la ley opta por no permitir que lo ocurrido en fase de investigación llegue al juicio para no contaminar al jurado. Además, ha recordado que la ley del jurado, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, da una última oportunidad a la acusación para que modifique su escrito al comienzo de la audiencia preliminar, por lo que su escrito debe ser considerado irremediablemente ineficaz.

Por su parte, el fiscal se ha ratificado en su escrito en el que indicó que no veía delito, y el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, ha pedido el archivo de la causa y ha señalado que valora recurrir la audiencia preliminar porque su representada no ha podido asistir dada la premura de la citación. HazteOir, finalmente, no ha solicitado medida cautelar alguna para las imputadas y ha mantenido que se debe ir a juicio con jurado popular.

Cabe recordar que esta audiencia, a la que no renunciaron las diferentes partes previamente, es un trámite necesario recogido en la ley del Tribunal de Jurado, y sirve para marcar posiciones de cara al juicio y para exponer ante el magistrado los escritos de conclusiones provisionales. Además, las diferentes partes han podido marcar posiciones de cara al juicio. Tanto la defensa de Begoña Gómez como la de Cristina Álvarez se oponen en sus escritos a la celebración del juicio solicitando su libre absolución, mientras que la acusación popular dirigida por HazteOir mantiene en su escrito la petición de 13 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez.

Esta vista se ha celebrado después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en julio la investigación llevada a cabo por el juez instructor contra Gómez, al menos en lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias y malversación. Descartó, sin embargo, seguir el procedimiento contra ella por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y sacó de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Contra el empresario, los magistrados acordaron seguir la investigación en procedimiento abreviado para ventilar lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos investigados.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias.

El tribunal de la Audiencia Provincial sostuvo, por otro lado, que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirman: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

Tras ese auto llegaron los escritos de conclusiones provisionales. El nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, señaló que se debía declarar la libre absolución de su mandante dado que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”. Insistía en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir la cátedra de la Complutense y en que no hay “delito alguno” en los hechos.

La defensa de Cristina Álvarez, por su parte, señaló igualmente que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”. Además, interesó que HazteOir tuviera que hacerse cargo de las costas de la defensa de su patrocinada.

El abogado de Begoña Gómez asistirá finalmente a la audiencia preliminar fijada para la tarde de este martes por el juez Juan Carlos Peinado, aunque solicita retrasarla al menos 45 minutos para poder llegar. Así consta en un escrito en el que el letrado comunica que finalmente puede acudir tras suspenderse otras declaraciones que debía atender.

Afirma que ha logrado reservar plaza en el primer vuelo disponible hacia Madrid, cuyo aterrizaje está programado para las 17:50 horas. El juez fijó la audiencia previa al juicio para este martes a las 18 horas. El juez se jubila el próximo 27 de septiembre y su intención es pasar a retiro habiendo dictado el auto de apertura de juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez.

El escrito del abogado Jaime Campaner llega después de que Peinado instara al letrado a buscar un compañero que le sustituya en esa vista que él pretendía celebrar este martes dado que se va de vacaciones el miércoles y estará fuera del juzgado los próximos 10 días. El juez argumentó en esa última resolución que si la audiencia no se celebraba en la fecha y hora indicadas quedaría pendiente de señalar por un periodo de tiempo “indefinido”.

Peinado apelaba a la “buena fe procesal” para solicitar al letrado que buscara a alguien que le sustituya y argumentaba que en esta audiencia preliminar no hay diligencias pendientes de practicar, dado que rechazó la declaración como testigo del codirector de la cátedra de la Universidad Complutense que había solicitado la defensa de Begoña Gómez.

La investigación judicial que acaba de arrancar en la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta incluirá el análisis de la reacción de las autoridades españolas a la entrada de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El auto de apertura dictado por la jueza María Tardón este lunes advierte de que “habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes”.

En este punto, Tardón incluye el análisis sobre “la articulacion de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

El informe sobre el basa su auto la jueza, del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), incluye en sus anexos las alertas que el organismo lanzó. En total, nueve notas entre el 8 de julio y el 4 de agosto de las que se desconoce su literal íntegro y que, por ahora, permanecerán bajo el secreto adoptado para las actuaciones.

Según reveló elDiario.es, la Guardia Civil ha incluido en el informe que le requirió la magistrada Tardón que ninguno de los comentarios vertidos por otras agencias, fuerzas de seguridad o servicios de Información en los días precedentes a través de los foros de cooperación en la lucha contra la inmigración irregular permitió presagiar la cantidad de personas que accedió finalmente a nado los días 30 y 31 de julio.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a decir el 4 de septiembre, en referencia a los miembros del Gobierno: “Ellos lo sabían. Ellos lo taparon. Tenían los avisos. Lo ignoraron deliberadamente y sin remordimientos”. Y apostilló: “Primer aviso: todo se sabrá. Todo. Segundo: habrá consecuencias políticas y judiciales”.

El futuro de la causa judicial en la Audiencia Nacional es incierto. La responsabilidad penal de los delitos que recoge Tardón en su auto debe recaer sobre personas físicas, ya sean los gendarmes o miembros de los servicios de Información marroquíes que pudieran llegar a ser identificados en las imágenes de redes sociales de los que se sirve la Policía y la jueza. Lo mismo ocurriría de poder determinarse una “autoría intelectual” que estuviera por encima de todos ellos.

En el caso de que encontrara responsabilidad en la falta de previsión por encima de los mandos policiales y esta alcanzara a los miembros del Ejecutivo central la causa pasaría al Tribunal Supremo, ante el que están aforados.

El auto de apertura dictado por la jueza María Tardón asume la tesis policial que da por acreditada la participación de agentes de las Fuerzas de Seguridad del país vecino por omisión, dejando pasar a los migrantes, o por acción, guiándolos y organizando la marcha y el paso de la frontera con España. Como ya hiciera la Policía en su informe “de inteligencia”, Tardón no menciona de forma expresa al Gobierno de Marruecos y, al tiempo, descarta cualquier posible autoría distinta a la de Rabat.

De los cinco niveles de organización de los que habla la Policía, y que Tardón reproduce, la jueza afirma que en el quinto —el más alto, que corresponde a la “dirección”— solo puede estar algo o alguien con “una alta capacidad de influencia” en varios ámbitos e instituciones: “en las redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de Seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso”. Y como hace el Centro Nacional de Información y Fronteras (Cenif), a partir del análisis de imágenes y vídeos de las redes sociales, descarta que cualquier mafia de la inmigración haya adquirido tanto poder.

La magistrada recurre en su auto a afirmaciones del presidente del Gobierno, que no estaban en la denuncia que ha dado origen a la causa, y obvia otras de Pedro Sánchez. Las frases que utiliza la magistrada son las que el jefe del Ejecutivo pronunció en su visita a Ceuta el 31 de julio. “Como bien señaló el presidente, quien definió los hechos como 'un ataque, una violación de la integridad territorial de España' (...) Y ello, mediante un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la 'guerra híbrida' o 'zona gris', con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”, continúa la jueza aludiendo a las palabras del presidente del Gobierno.

Tardón, sin embargo, no escoge otras afirmaciones de Sánchez y otros miembros del Gobierno como que detrás de la decisión de miles de personas para abordar la frontera por vía marítima estaba la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establecía que, ante la ausencia de elementos de disuasión en el mar, los migrantes que entraran a nado no podían ser devueltos de inmediato a Marruecos. La jueza la recoge como uno más de los factores dentro de la campaña de viralización de los mensajes en redes que llamaban a la movilización.

Esta tesis, la del 'efecto llamada' por la sentencia, fue la que manejaban los servicios de Información el día 31. Y es la explicación que tenían preparada los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y que ofrecieron a sus colegas españoles cuando estos les telefonearon en las primeras horas que siguieron al asalto masivo, según trasladaron a elDiario.es fuentes de la seguridad del Estado.

Al igual que hiciera la Policía, Tardón alude al argumento de la sentencia como una suerte de coartada para encubrir el verdadero motivo para organizar la entrada, que no fue otro que desestabilizar el “control de las fronteras exteriores de España”, su “seguridad pública” e incluso el “funcionamiento ordinario de sus instituciones y servicios públicos”, recoge el auto.

Gendarmes marroquíes y agentes de paisano

De los cinco niveles de organización del asalto que describe la Policía, uno tiene especial relevancia para apuntar en la dirección de la autoría intelectual marroquí. Se trata del tercero, “en el que se centran los organizadores del flujo de personas sobre el terreno” y donde la Policía y la magistrada detectan dos tipos de sujetos activos: los gendarmes uniformados y otros “agentes dinamizadores sobre el terreno”, con ropa de calle.

La magistrada también descarta que los agentes que dejaron pasar a los migrantes, o los que los guiaban, actuaran de forma espontánea. Tardón detecta “la extraordinaria capacidad de movilización por fases de un volumen muy grande de personas, así como por el escalonamiento en el acceso de perfiles que entran irregularmente en territorio español en cada una de esas fases [primero los jóvenes marroquíes, luego las familias y en tercer lugar los subsaharianos]; algo difícilmente realizable sin una planificación previa”.

La actualidad política sigue marcada por la crisis migratoria tras la entrada de miles de personas en Ceuta el pasado 31 de julio. Dos partidos marroquíes de la oposición parlamentaria reivindicaron este fin de semana “los derechos históricos” de Marruecos sobre Ceuta y Melilla durante sus mítines electorales, mientras los socialistas advirtieron de que el discurso de algunas formaciones podría acabar favoreciendo a la extrema derecha española. Esta misma mañana, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas ha estado en Madrid y ha asegurado que no podían “presumir que se iba a producir esa entrada masiva de 80.000 personas” a la vez que ha dicho que sí lo sabían. Al final de la mañana hemos sabido que la Audiencia Nacional asumía la investigación de la entrada masiva de migrantes en la ciudad.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está interviniendo ante los diputados y senadores del PSOE en la reunión interparlamentaria con la que los socialistas dan inicio al curso político en las Cortes, el cuarto y último de esta legislatura.

Esta semana están previstos los primeros plenos ordinarios del período en ambas cámaras. Habrá sesión de control el martes por la tarde en el Senado y el miércoles por la mañana en el Congreso, después de que el jueves pasado ya se celebrase el primer pleno en la Cámara Baja de carácter extraordinario, para la comparecencia de Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta. Además, te ofrecemos:

Con ocasión de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez pude comprobar cómo en los medios de comunicación anglosajones- que la siguieron con amplitud- se referían a lo acontecido en Ceuta como crisis migratoria. Si nos atenemos al fondo y a las formas de las solidaridades expresadas habría que convenir que late lo mismo.

En realidad, lo que más ocupa a la derecha ultraderechista de diverso cuño es la inmigración, porque cala, es la idea fuerza, compartida por sus homólogos ideológicos en Europa y Estados Unidos. Apenas hablan de soberanía —nadie la ha puesto en duda desde el Gobierno—, ni siquiera hay algo nuevo en la política marroquí en este plano, ni siquiera que haya tres ministros que hablan de marroquinidad cambia nada. Desde la independencia de Marruecos en 1956 y antes, durante el sultanato, nunca nuestros vecinos fronterizos del sur han cejado en su empeño.

Donald Trump y sus propios ya sabemos que aprietan con lo de la soberanía, están realmente escocidos con Pedro Sánchez, pero de pronto, el presidente norteamericano, con tareas electorales pendientes en noviembre, se limita a decir que España no sabe defender su frontera. Un cambio notable, en mi opinión, que tiene más que ver con su política migratoria en EEUU. Reconoce que España debe defender mejor su frontera.

Tal y como han enfocado este asunto tanto el PP y sus gobiernos regionales como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solo caben esperar perjuicios para la defensa y para la vitalidad de la ciudad autónoma. Ese patriotismo callejero, de plató, botellín y flotilla no hace sino empeorar la imagen hasta ahora reconfortante de Ceuta. Si los que creen ayudar a los ceutís piensan que sus problemas se van a arreglar con gritos de “Pedro Sánchez hijo de puta” y “musulmán el que no vote”, no solo se equivocan sino que desconocen dolosamente la realidad caballa (entre el 40 y el 45% de musulmanes, que pueden votar; el 30% en los Regulares de Ceuta y una cantidad sin determinar pero importante en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil).

En una cuestión con el nombre que le quieran dar, la solidaridad y la responsabilidad es lo primero pero resulta que la voracidad de las derechas españolas y sus prisas por el poder no han tenido inconveniente en poner en juego a sus mesnadas mediáticas, judiciales, políticas y policiales. Todo un despropósito.

El martes conoceremos lo que conocen y también lo que desconocen los servicios de inteligencia españoles. Hasta ahora parece que poco de lo primero y mucho de lo segundo, aunque resulta inquietante sospechar una conducta desleal con el Estado, no con el Gobierno, de cualquiera que tuviera una responsabilidad, por poca que fuera, en lo que afecta a la seguridad del Estado. Pedro Sánchez tiene amigos, no crean, y quizá pueda obtener una mejor información a través de otros medios e inteligencias. Por cierto, Abdelmayid Tebune, presidente de Argelia y ministro de Defensa, visitará España en octubre y será una visita de Estado que incluye a Felipe VI. Los marroquíes lo saben.

En Marruecos no es que estén mejor, se comenta entre divanes que a Mohamed se le ha ido todo de las manos; no es nuevo, lleva tiempo en sus saraos parisinos mientras sus miserias huyen en busca de una vida digna. Incluso en los mismos divanes y serrallos se afirma que una crisis con España no le conviene a Marruecos. Y aquí viene lo de Operación Mulhacén.

Me he permitido hispanizarla porque la gran montaña de los andaluces trae su nombre del penúltimo rey nazarí de Granada, Muley Hassán. Coincide con el nombre del actual heredero de la corona alauí, Muley Hassán. Adelanto que no creo en las premoniciones, ni en este caso ni en ninguno, quizá en las rimas de Mark Twain. Su tío, hermano de Mohamed y segundo en la línea sucesoria, también se llama Muley.

La operación contendría una trama truculenta de tipo sucesorio, con un Mohamed listo y un heredero de 23 años muy cuestionado en los pasillos del Majzén. En fin, atentos que quizá la prudencia de Pedro Sánchez se deba a que tiene más información de la que creemos y puede estar jugando una baza importante, una suerte de malmenorismo, con permiso de la bajura e imprudencia de la derecha patriótica española.