El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este martes contra la decisión del juez Peinado de encausar a su mujer, Begoña Gómez, por cuatro delitos. En un encuentro con la prensa durante su viaje a China, Sánchez ha defendido que pide a la Justicia que “haga justicia”. En una breve declaración sobre este asunto, el presidente ha zanjado que “el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”. “No tengo que decir nada más”, ha señalado.

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y este lunes propuso propone llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado archiva la acusación por intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno y da cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación a pesar de que propone una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado. También propone juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

“Está en el interés de España y Europa estrechar lazos con China”

El presidente del Gobierno ha defendido su viaje a China y su relación con el país tras cuatro visitas en los últimos cuatro años. “Está en el interés de España y de Europa estrechar lazos con China”, ha asegurado en una rueda de prensa tras la reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

“Queremos un orden en el que no impere la ley de la selva, la ley del más fuerte”, ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa en la que ha defendido las relaciones entre ambos países para mantener un orden internacional basado en reglas. “Queremos avanzar a un orden multipolar más estable. Siendo pragmático y desde un respeto mutuo”, ha insistido el presidente del Gobierno.

“Vivimos tiempo de cambio, el orden internacional que predominó en el siglo XX está siendo menoscabado por actores no menores”, ha defendido en relación a la situación en Irán, pero también en Gaza o Ucrania. “Hay quienes se dedican a negar la realidad”, ha asegurado. “Preferimos dedicar nuestros esfuerzos a reformar un orden internacional que ha buscado la paz. Un orden internacional renovado”, ha enfatizado.

El presidente del Gobierno ha reconocido que hay un “desequilibrio comercial” entre China, la Unión Europea y España, pero ha abogado por estrechar lazos. “El desequilibrio comercial es excesivo y debemos corregirlo. Debemos crear cadenas de suministro que cren empleo y riqueza en China y en Europa. Queremos que vean Europa y España como un lugar donde invertir y como un socio”, ha defendido.

Xi: Sánchez está “en el lado correcto de la historia”

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que sus dos países defienden el derecho internacional, que dijo que ha sido “gravemente socavado”, y están “en el lado correcto de la historia” frente a la “ley de la selva”.

Xi resaltó la posición coincidente de España, en alusión a conflictos como el de Irán, al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo con motivo de la visita oficial del jefe del Ejecutivo español a China.

Xi expresó su satisfacción por reunirse de nuevo con Sánchez, que recordó que visita por cuarta vez China en cuatro años, y subrayó que en la primera, en 2023, ya le trasladó que ambos debían forjar unas relaciones bilaterales con determinación estratégica y lo han conseguido.

Desde entonces, y pese a la situación internacional, subrayó que las relaciones hispano-chinas han tenido un desarrollo estable y eso ha facilitado también una estabilidad en las relaciones entre su país y Europa.

“Los hechos han demostrado que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos”, aseguró.

Para Xi, en un mundo “cambiante y turbulento” el orden internacional ha sido “gravemente socavado”, y recalcó que el hecho de cómo un país trata el derecho y el orden internacional, refleja su concepción sobre el mundo, el orden, los valores y la responsabilidad.

“Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia”, resaltó.

Xi opinó que los dos países deben reforzar su comunicación, consolidar la confianza mutua, estrechar la cooperación y rechazar el regreso del mundo a “la ley de la selva”, salvaguardar juntos el verdadero multilateralismo y defender la paz y el desarrollo globales“.

En sus palabras de respuesta a Xi, Sánchez recordó también que esta es su cuarta visita a China y consideró que esa cifra da fe de la hospitalidad del Gobierno chino y de la fortaleza y la estabilidad de una relación bilateral que explicó que se eleva ahora con la puesta en marcha de un diálogo estratégico entre los dos países.

Defendió su deseo de renovar el sistema multilateral para que represente de manera mucho más fidedigna y real el actual mundo multipolar y que aporte paz y estabilidad a la humanidad. Una paz y estabilidad que lamentó que ahora estén socavadas por los diversos conflictos que asolan el mundo y que señaló que explican también en parte su presencia en China.

En un juzgado de Madrid habita un togado innombrable y con afición a la caza mayor. De edad avanzada y sin grandes perspectivas de futuro, ve gigantes donde hay molinos y castillos donde hay solo ventas. Pero no tiene nada de ingenioso hidalgo. Su forma de vivir una vida emocionante y convertirse en héroe del antisanchismo es dictar autos tras los que subyacen más motivaciones personales o ideológicas que fundamentos de derecho. 

Lean, lean: “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal”. Así es como este caballero de triste figura endosa el delito de tráfico de influencias a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por usar su domicilio habitual -es decir, La Moncloa- para reuniones profesionales y académicas.

El párrafo, como la inmensa mayoría de sus textos, demuestra un nulo conocimiento de las reglas gramaticales, de la puntuación, de las comas, de la concordancia, de las subordinadas… Y mucho menos de la “apariencia de imparcialidad”, una expresión acuñada por el Constitucional y reforzada por la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que en su caso ni está ni se le espera.

El juez de cuyo nombre no conviene acordarse ha concluido ¿una investigación? de dos años y propone llevar a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular por cuatro delitos. Hasta llegar ahí, su instrucción sufrió varios varapalos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Audiencia Provincial y hasta del Supremo. Primero, para que dejara de investigar la implicación de Gómez en el rescate de Air Europa. Después, para desimputar al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al responsable del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. Y más tarde para anular los registros y el clonado de los dispositivos móviles del empresario Juan Carlos Barrabés por vulnerar su intimidad de manera injustificada y para dar carpetazo a su propósito de imputar al ministro Félix Bolaños.

Un portento de la fuga creativa de la realidad que, de no ser porque hablamos de una determinada forma de impartir justicia, tendría más de parodia que de investigación sólida. Porque si estrambóticos son sus autos, los delitos que imputa o las motivaciones, qué decir de los tiempos. Hay una coincidencia nada casual cada vez que el célebre togado dicta un auto sobre la esposa del presidente del Gobierno. Siempre los ajusta con un viaje internacional de Pedro Sánchez. Por ejemplo, el procesamiento que hizo público este lunes está perfectamente encajado con el viaje oficial de Sánchez y su esposa a China. Pero, hay más ejemplos.

El 29 de octubre de 2024, mientras Sánchez estaba de viaje oficial en India, el juez que todos sabemos amplió la investigación sobre Begoña Gómez con nuevos delitos y la citó a declarar. El presidente respondió desde Bombay, para defender a su esposa, mostrar su confianza en la justicia y restar credibilidad a las acusaciones, en un contexto en el que la agenda internacional quedó eclipsada por el impacto político del caso en España.

El 24 de septiembre de 2025, mientras Pedro Sánchez participaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el mismo togado dio un paso decisivo en la causa al proponer el envío a juicio de Begoña Gómez ante Tribunal del Jurado por un delito de malversación. Otra vez, el presidente tuvo que responder desde allí en rueda de prensa y el impacto político y mediático fue inmediato.

El 24 de junio de 2025, en un contexto de alta presión internacional por el gasto en defensa y con Sánchez en la cumbre de la OTAN en La Haya, el instructor volvía por sus fueros y pedía al Tribunal Supremo la imputación del ministro Félix Bolaños por posible malversación y falso testimonio.

Habrá quien diga que todo es cosa del azar y la eventualidad. Es una opción. Otra es que nada pasa por casualidad y que todo esconde una explicación. Cada cual que construya su propia opinión.

P.D. Lo de innombrable es porque el togado en cuestión hace meses que emprendió una ofensiva judicial contra una docena de medios y periodistas, incluida quien firma estas líneas, con demandas en las que solicita indemnizaciones de entre 25.000 y 60.000 euros y rectificaciones públicas por opiniones que, a su entender, vulneran su honor, aunque solo describen lo obvio. Entre auto y auto, demanda al canto. 

Corto se ha quedado el ministro Bolaños cuando ha dicho que ciudadanos y jueces se sienten avergonzados por esta causa. Si la credibilidad de la justicia está bajo mínimos es por casos como este, pero nadie se puede llevar a engaño después de la sentencia del Supremo contra el ex Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, condenado sin pruebas por un delito de revelación de secretos. Begoña Gómez será la próxima, pero Cospedal y M. Rajoy se irán de rositas en la Kitchen. Algunos ya han hecho lo que podían hacer para cumplir con el mandato de Aznar.

Dos años después de abrir una investigación tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado cierra la causa y propone enviar a Begoña Gómez ante un tribunal formado por ciudadanos. En un extenso auto, el magistrado ahonda en la tesis de que Begoña Gómez utilizó conscientemente su estatus como esposa del presidente del Gobierno para proyectar su carrera profesional, conseguir fondos privados y obtener favores en el ámbito académico y empresarial. Pero va más allá y llega a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. 

El magistrado realiza esta acusación a pesar de que en dos años de investigación no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez se apropiara de ese dinero. El juez Peinado ordenó el rastreo de sus cuentas y la fiscalización de sus ingresos. E incluso puso a la Guardia Civil a investigar un escrito de un abogado difusor de bulos que la vinculaba sin pruebas con una fortuna oculta en cuentas y depósitos situados en bancos de República Dominicana y Turquía. 

En realidad, lo que se ha acreditado es que Begoña Gómez disponía de un saldo total de 21.000 euros distribuidos en siete cuentas del BBVA. Y que sus retribuciones en la Complutense fueron más bien modestas. Al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Es un hecho que, según su defensa, pone en entredicho el mantra de los “negocios privados” al que aluden de forma insistente las acusaciones que han sustentado la causa. 

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

La Fiscalía, que ha reclamado reiteradamente el archivo de la causa, ha defendido que a pesar de la exhaustiva investigación patrimonial puesta en marcha por el juez no se han hallado “pagos sospechosos”. Además, tanto el Ministerio Público como la defensa han defendido que todas las donaciones de empresas patrocinadoras ingresaron íntegramente en las cuentas de la Universidad Complutense y nunca en las de Begoña Gómez. 

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, el software fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El magistrado también cita como indicio que Begoña Gómez crease en 2023 una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. De hecho, es uno de sus principales argumentos para sostener la acusación por apropiación indebida del citado software vinculado a la cátedra. Sin embargo, la Fiscalía ha constatado que la sociedad “no tuvo efectiva actividad”. Nunca llegó a depositar cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo a su nombre. La defensa de Begoña Gómez también ha reiterado que la sociedad “no estuvo operativa nunca”.

Además, tampoco se ha acreditado que Begoña Gómez se apropiase del programa informático. Entre finales de 2022 y principios de 2023, inició contactos con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para registrar el programa informático y la plataforma, pero el procedimiento nunca se materializó. La tesis de Peinado es que la esposa de Sánchez desistió después de que la OTRI enviara un contrato que establecía que la titularidad del desarrollo debía corresponder a la Universidad. 

Las donaciones, una “fachada”

La presunta apropiación para su “patrimonio personal” no es la única inferencia que hace el magistrado en el auto en el que cierra dos años de investigación. El juez considera que existe un delito de corrupción en los negocios en los patrocinios de la cátedra y la financiación de una herramienta informática vinculada a esa cátedra. Ese software gratuito para los usuarios era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que las empresas financiadoras hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración en relación con estos patrocinios.

Tras lanzar esta grave acusación, el juez considera, sin embargo, que la “prueba indiciaria” más evidente de esta “reciprocidad” es la carta de apoyo firmada por Begoña Gómez a favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet al que Peinado también propone sentar en el banquillo.

En realidad, esa carta era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez sostiene que Barrabés participó activamente en este supuesto esquema de “ventajas no justificadas”. Su tesis es que el empresario prestó a Begoña Gómez “asesoramiento”, “apoyo estratégico” y conexiones para que ella pudiera desarrollar su proyecto académico y tecnológico. Y que, a cambio, obtuvo “apoyo, visibilidad y respaldo en expedientes de adjudicación” y acceso a un entorno “institucionalmente privilegiado”. 

El juez Peinado hace alusión a estas cartas a pesar de que los hechos relativos a estas licitaciones concretas de las que resultó beneficiario Barrabés dejaron de ser investigados en su juzgado. Esas cartas firmadas en julio de 2020 por Begoña Gómez a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. 

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía Europea encargó un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario Barrabés. No obstante, Begoña Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa, en la que ha sido llamada a declarar únicamente en calidad de testigo. 

Este último auto del juez es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene pendiente resolver otros recursos presentados por las partes. Entre ellos, los escritos de las defensas contra la decisión del juez de llevar el caso ante un jurado popular tras fracasar un primer intento por falta de motivación. Pero esos recursos no suspenden el procedimiento, que puede seguir adelante. Por lo pronto, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten sus escritos de calificación a pesar de que ha acordado la práctica de una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado.

El juez Juan Carlos Peinado cierra la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y propone llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado archiva la acusación por intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno y da cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación a pesar de que propone una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado. También propone juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

En la resolución, fechada el 11 de abril, el magistrado apunta los indicios recabados durante los dos años que ha durado la investigación y sostiene la tesis de que Begoña Gómez influyó sobre autoridades y funcionarios prevaliéndose de su relación personal como esposa del presidente del Gobierno. Así, afirma que desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid gracias a su “posición relacional”.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En relación con este mismo delito, el magistrado se refiere también a las “cartas de apoyo” en favor de la UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés que suscribió Begoña Gómez. En realidad, era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez concluye que Gómez utilizó esa “ascendencia” para buscar financiación de un proyecto que tenía potencial de explotación económica privada, como era esa cátedra. Las defensas han reiterado que Begoña Gómez no cobraba remuneración alguna por el desarrollo de esa cátedra y que los fondos iban al patrimonio de la Complutense. El juez dice, no obstante, que no puede dar “verosimilitud” a este argumento dado que considera que “el beneficio puede ser indirecto” y a favor de un tercero, el también investigado, Juan Carlos Barrabés.

De hecho, el magistrado llega a acusar incluso a la esposa de Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra, si bien es un extremo en el que nunca ha ahondado la investigación. Según la información recopilada, Begoña Gómez tenía en sus cuentas bancarias algo más de 21.000 euros. El juez señala que la prueba indiciaria más clara de este supuesto intercambio de favores son las citadas cartas de apoyo a favor de la UTE de Barrabés.

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de dos empresas de “gran relevancia nacional” como son Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros.

Además, Begoña Gómez buscó financiación privada para la puesta en marcha de una herramienta informática vinculada a la cátedra que era gratuita para todos los usuarios. El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El juez apunta sin hacer alusión a ningún tipo de indicio que ese patrocinio pudiera ser solo la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las numerosas adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que esas empresas hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración relacionados con estos patrocinios.

La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez siempre han defendido que, dado que la herramienta era gratuita, la esposa de Sánchez nunca pudo hacer negocio con ella. Y que no hubo, por tanto, ningún ánimo de lucro porque era un programa que ni se ofrece en el mercado ni reporta ganancias, tal y como puso de manifiesto el Ministerio Público en un escrito aportado al sumario.

Sin embargo, el juez insiste en que Begoña Gómez pudo cometer un delito de apropiación indebida porque se apropió de ese software, ya que registró la marca y adquirió el dominio web (transformatsc.org) donde lo alojó. También constituyó una sociedad mercantil limitada con el mismo nombre, de la que es administradora y socia única.

Por otro lado, el juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Aunque la mujer de Pedro Sánchez no es una funcionaria que administre fondos públicos directamente, el juez argumenta que participó en este delito como “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío de recursos públicos”.

Su tesis es que “solicitó, aceptó y aprovechó” el trabajo de la asistente Cristina Álvarez para tareas estrictamente privadas, como gestionar la cátedra, buscar patrocinadores y reunirse con tecnológicas. El auto incluso señala que Begoña Gómez pidió expresamente la contratación de esta asesora por su “relación de confianza” con ella.

En este auto, el juez decide archivar la acusación por el delito de intrusismo profesional que le atribuían las acusaciones populares en relación con la firma de los pliegos técnicos para contratar el citado software. El magistrado considera que hay un único indicio “endeble” —un informe de una asociación minoritaria de abogados del Estado— y que, por contra, hay contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego.

Hace varios meses que consta en la causa el correo en el que la gerente de la Escuela de Gobierno de la UCM da instrucciones Begoña Gómez para que firme esos pliegos. Además, la Interventora de la Universidad Complutense declaró como testigo y afirmó que de acuerdo con las normas de ejecución presupuestaria, la firma de los pliegos debía realizarse por la Jefa de la Unidad, que era Begoña Gómez.

Durante la primera intervención de Pedro Sánchez dentro de su agenda en su viaje oficial a China, el presidente del Gobierno ha pedido al país asiático mayor compromiso en relación a la guerra en Oriente Medio, insistiendo en la importancia del respeto al derecho internacional. “Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo como está haciendo que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania”, ha insistido Sánchez. El presidente del Gobierno ha subrayado desde la Universidad de Tsinghua que “el derecho internacional es la base de todo”.

Sánchez también ha pedido a China que “se abra” en términos económicos para que Europa “no tenga que cerrarse”, y cerrar un déficit comercial que “no es equilibrado” y que solo en 2025 aumentó un 18%. Sánchez ha calificado como “insostenible” la diferencia entre importaciones y exportaciones en China, como resultado de unos “movimientos aislacionistas y los agravios y el dolor social que provoca” a medio plazo.

Sánchez aterrizó este fin de semana en China para comenzar este lunes su agenda oficial en su cuarto viaje al país asiático desde 2023. Después de su conferencia en la Universidad Tsinghua, en Pekín, se ha reunido con expertos en relaciones internacionales de la universidad, seguido de su visita la exposición científico-tecnológica entre España y China en la Academia China de las Ciencias, donde ha recibido la Cátedra Honoraria en presencia de su mujer, Begoña Gómez, y de manos del profesor Qi Zhou, viceministro chino. A continuación, el presidente del Gobierno ha visitado la exposición tecnológica del Campus de Xiaomi y se ha reunido con su fundador, Lei Jun.

La presidenta de Navarra, María Chivite, viaja esta semana a China para firmar la llegada de la empresa de fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Chivite encabeza una delegación en la que también está el consejero de Industria, Mikel Irujo, que también visitará otras compañías del país para “vender” a la comunidad foral como “una tierra de oportunidades” de inversión. El viaje coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Será de hecho en esa reunión en la que las autoridades chinas firmarán la autorización para que Hithium pueda invertir del orden de 400 millones de euros en la fábrica de baterías que generará más de 700 empleos, un paso clave para que las compañías chinas puedan exportar su tecnología a países extranjeros. La fábrica de la comunidad foral será la primera que Hithium instale en Europa.

Esta firma supone un paso “fundamental” para la llegada de la inversión china a Navarra, destacan fuentes del Ejecutivo foral consultadas por este periódico, pero no definitivo. Tal y como explicó la presidenta navarra todavía queda “mucho trabajo que realizar”. Chivite mencionó entre los puntos a tratar la necesidad de “constituir una empresa público-privada para el desembarco” de Hithium. También falta por fijar la ubicación de la futura fábrica, que todavía no se ha anunciado aunque las instalaciones de la ya clausurada BSH en Esquíroz se postulan como la principal opción.

La delegación navarra aprovechará el viaje a Pekín para visitar otras compañías en la busca de nuevas inversiones para la comunidad foral. “Queremos seguir vendiendo a Navarra como una comunidad muy atractiva para la inversión”, apuntó la presidenta Navarra el viernes.

“Tenemos fuertes ecosistemas en el ámbito de la automoción, tenemos un fuerte ecosistema en el ámbito de las renovables, y las empresas que vamos a visitar están en esos ámbitos”, añadió.

“La OTAN no estaba allí cuando la necesitábamos y no estará allí si la necesitamos otra vez. Recordad Groenlandia. Ese gran trozo de hielo mal gestionado”. Donald Trump lanzó esta semana uno de sus mensajes demenciales en su red social. Lo escribió en mayúsculas, lo que suele ocurrir cuando está enfurecido, que es casi siempre. Los gobiernos europeos lo leyeron y debieron de pensar: allá vamos de nuevo. Todo porque EEUU ha prendido fuego a Oriente Medio con su ataque a Irán y ahora pretende que sus aliados europeos entren por la fuerza en el estrecho de Ormuz para permitir la navegación libre de los petroleros. Algo que hasta ahora él no se atreve a hacer con sus todopoderosas Fuerzas Armadas.

La segunda parte de la guerra (política) de Trump contra Europa vino con la noticia de The Wall Street Journal que cuenta que la Casa Blanca prepara castigos contra los gobiernos europeos que no han colaborado en la guerra. “La propuesta implica sacar a las tropas de EEUU de los países de la OTAN que no han ayudado en la guerra de Irán y colocarlos en países que han mostrado más apoyo”, decía el artículo. Además, el plan prevé cerrar “una base de EEUU en al menos uno de los países europeos, posiblemente España o Alemania, según dos fuentes del Gobierno”.

Por lo que toca a España, hay que precisar un par de cosas. EEUU no puede cerrar ninguna base en España, porque no tiene ninguna. Son las bases españolas de Rota y Morón de utilización conjunta. Sí cuenta con una presencia muy relevante en Rota, absolutamente esencial para las prioridades de la Armada norteamericana en Europa y Oriente Medio. Es decir, no puede ser sustituida por otra base naval en Polonia por ejemplo o, por hacer un chiste malo, en la República Checa. El presidente de EEUU no puede legalmente sacar a su país de la OTAN sin permiso del Congreso, pero sí puede trasladar a las fuerzas militares desplegadas en el extranjero. No hay que ser un genio de la geoestrategia para saber que las FFAA de su país le implorarán que no tome decisiones que pongan en peligro su presencia en Europa y el Mediterráneo desde hace décadas.

Si a alguien le parece que Trump está siguiendo al pie de la letra el argumentario de Moncloa, no está muy equivocado. Todos estos arrebatos de Trump encajan como un guante en la estrategia adoptada por Pedro Sánchez de situarse como el dirigente europeo más activo en la denuncia de la guerra. Lo ha reiterado esta semana con su ataque a Netanyahu por la masacre del miércoles en Líbano: “Su desprecio por la vida y el Derecho internacional es intolerable”. 357 personas asesinadas en un ataque aéreo que no duró más de diez minutos. Hubo también 1.223 heridos. 110 de los fallecidos eran niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio libanés de Sanidad. Varios de esos bombardeos castigaron a zonas civiles de Beirut que no tienen ninguna relación con Hezbolá.

Los militares israelíes llamaron Operación Oscuridad Eterna al ataque del miércoles. Qué pasará por su cabeza al elegir un nombre tan siniestro y casi apocalíptico.

Netanyahu también ha cumplido el guion elegido por Sánchez. El viernes, ordenó que España sea excluida de la junta internacional de coordinación que supervisa el alto el fuego en Gaza y de la que forma parte una veintena de países. Es un organismo inútil, porque no ha hecho nada efectivo después de que el Gobierno israelí haya reducido el número de camiones que entran cada día en Gaza para entregar ayuda humanitaria. Sobre su capacidad para iniciar la reconstrucción, se puede decir lo mismo. Todo ese proyecto ha quedado de momento congelado. 

Netanyahu acusa a España de estar embarcada en una “guerra diplomática” contra Israel. A lo que Sánchez podría responder: sí, desde luego. Por eso, ha pedido a la UE que suspenda su acuerdo de asociación con Israel, que concede al Estado judío innumerables ventajas económicas.

¿Quién quiere ponerse en España del lado de Trump y Netanyahu? No hay muchos candidatos, excepto en la extrema derecha. Con la velocidad máxima de un caracol, el PP está modulando su posición sobre la guerra. Como es de esperar con Alberto Núñez Feijóo, con frases genéricas y de sintaxis dudosa. Ya no se atreve a mantener el eslogan del primer día de la guerra (“con la libertad, contra los tiranos”) y lanza frases con las que dice estar en contra de la guerra, pero sin atreverse a mencionar a Trump o EEUU, no sea que se enfaden con él. 

En un acto en Barcelona, Feijóo mostró el viernes su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo”. Sólo le faltó posicionarse a favor de todas las cosas bonitas de la vida, como los amaneceres y el amor a los seres humanos. ¿Se refería a Trump, a la guerra contra Irán, a la destrucción de Líbano? Quién sabe. “La barbarie se vence con sensatez”, dijo. Seguro que la crisis más grave en Oriente Medio en décadas se va a resolver con los consejos de un manual de autoayuda y sin señalar a los auténticos responsables. ¿Alguien necesita una mediación diplomática entre los combatientes? Ahí está Feijóo y sus generalidades que no le comprometen a nada, porque en realidad no está diciendo más que obviedades. 

Luego, están los exabruptos, como el de Ester Muñoz. Le preguntaron a la portavoz parlamentaria del PP en una rueda de prensa qué le parecía la agresión y detención durante una hora de un casco azul español en Líbano por militares israelíes. “Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, respondió. Espero que no fuera por un control de alcoholemia. Quizá se refería a atascos de tráfico en la carretera. 

Seiscientos militares españoles cumplen su labor en las fuerzas de la ONU en el sur de Líbano en una misión que dura varios años. En 2015, el cabo Francisco Javier Soria murió durante un enfrentamiento entre el Ejército israelí y Hezbolá. Sufren la hostilidad de los israelíes, que no los quieren allí. Afrontan un riesgo evidente en las últimas semanas, como prueban dos ataques sufridos por el contingente indonesio hace dos semanas en los que murieron tres cascos azules de esa nacionalidad. La frivolidad del comentario de Muñoz y la ignorancia que demuestra resultan ofensivas para los militares españoles. No ha pedido disculpas ni ha tenido tiempo para explicarse en su cuenta de Twitter. Son estas cosas que definen el estilo de un político.  

En el caso de que Trump retire sus fuerzas militares de Rota porque España no apoya una guerra ilegal que busca destruir Irán y Líbano sin conseguir derrocar al régimen de Teherán, Sánchez tendrá la oportunidad de responder: vale, no se olviden de cerrar la puerta al salir que hay mucha corriente en Cádiz. 

Segunda etapa del Rufián Tour

Gabriel Rufián continúa su gira por España en lo que podríamos llamar el Left Chaos Tour. Esta vez, su pareja de escenario fue Irene Montero en Barcelona. Aspira a que la próxima sea Mónica Oltra. Otra charla en la que el portavoz de Esquerra en el Congreso explicó todas las cosas que hace mal la izquierda. También lo que él piensa que debería hacer. Una de sus frases define su mentalidad: “Yo estoy harto de tener la razón” (lo dijo muy serio). Bueno, también comentó que no tiene “fórmulas mágicas”. Rufián no se corta a la hora de hacer el diagnóstico. Con lo de las soluciones, lo tiene más complicado. Como todo el mundo.

No opinan igual en su partido y se lo han hecho saber. Después del acto del jueves, uno de los portavoces de Esquerra creyó necesario recordarlo por escrito, en términos tan claros que admiten pocas interpretaciones. Una frase clave: “Queremos liderar todo el espacio de la izquierda en Catalunya. Sin migajas”. Esto último tiene que ver con algunos comentarios o rumores de los que se ha hablado, según los cuales Rufián estaría dispuesto a incluir a miembros de Podemos, que tiene una presencia mínima en Catalunya, en la candidatura de ERC en las elecciones generales a cambio de apoyar la campaña nacional de Podemos. Lo cierto es que eso no es lo que dijo Rufián en Barcelona. No sabría decir si es especulación o hay algo que se esté cocinando. En esos términos, no tiene mucho que ver con la unidad de toda la izquierda de la que tanto habla Rufián. Desde luego, a Esquerra no le interesa nada. 

No cabe duda de que Rufián se arriesga. Lanza ideas, metáforas, ejemplos... Algunas funcionan, otras no. No cesa de criticar lo que llama las formas tradicionales de comunicación en la izquierda, en lo que no le falta razón, porque no llegan a la gente y menos a los jóvenes. Algunos de los ejemplos que da chirrían o causan estupor. Es el caso de esta frase: “Yo prefiero llenar tiktoks que bibliotecas. Porque mi hijo mira TikTok. Sin renunciar a lo que soy”.

Nadie ha dicho que sean alternativas excluyentes. Y desde luego si acabamos en un mundo sin bibliotecas y con todos relacionándonos en TikTok, la estampa es terrorífica. Lo que busca Rufián es provocar y empujar a la izquierda a que adapte su discurso a distintos públicos y formatos. En realidad, los partidos utilizan casi todas las plataformas posibles para hacer llegar sus mensajes. Lo que es difícil es que funcionen igual de bien en todas. 

Si hay una federación del PSOE que conoce bien las consecuencias del 'canibalismo' entre familias es la andaluza. Lo de la antropofagia –en sentido figurado, se entiende– viene a cuento de la elaboración de las candidaturas para las elecciones del próximo 17 de mayo que María Jesús Montero ha cerrado esta misma semana. Pero también al hilo de la reflexión de un veterano dirigente que sabe cómo se libran los procesos internos en su partido cuando la nave nodriza atraviesa turbulencias: “En sus pantallas, una nueva adaptación de ¡Viven!”. 

Quien así habla se refiere a la historia del avión uruguayo que en 1972 se estrelló en los Andes, entre Argentina y Chile, con 45 personas a bordo y que, tras agotar provisiones, 16 de ellas sobrevivieron en condiciones extremas ingiriendo los cuerpos de los fallecidos. “Un avión averiado, poco espacio para moverse en la nave y decenas de cargos que tratan de subsistir a la tormenta mientras unos se devoran a otros para ocupar un cargo que garantice el sustento los próximos cuatro años”.

La crudeza con la que los socialistas andaluces libran sus batallas orgánicas ha sido una constante desde que Susana Díaz heredó los cargos de secretaria general y presidenta de la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán y se propuso sin éxito disputar el liderato nacional a Pedro Sánchez. De aquellos polvos, muchos de los lodos por los que han naufragado los socialistas desde que perdieron en 2018 el gobierno regional que presidieron durante más de 40 años.

Metáforas y evocaciones aparte, tras la confección de las planchas, la federación se divide hoy entre quienes hablan de obligado cierre de filas y quienes describen una federación abierta en canal, salvo en algunas provincias donde la componenda ha acallado la crítica. Al menos hasta después del 17 de mayo. Los reproches a María Jesús Montero, que se ha propuesto movilizar a 500.000 votantes que votaron PSOE en las generales de 2023 y se quedaron en casa en las autonómicas de junio de 2022, no tienen que ver ni con su potencial político ni con su entrega. Su dirigencia le imputa “no haberse dejado ayudar por quienes conocen el territorio y la organización” y haber actuado en el PSOE de Andalucía “demasiado tarde y como si esto fuera un ministerio en lugar de un partido”, asegura un dirigente gaditano.

Una consultora para los mensajes políticos

Montero, que nunca participó de batallas orgánicas, ha elegido como director de campaña al que fuera su jefe de gabinete en Hacienda, Carlos Moreno, quien se reunió con el empresario Víctor Aldama, para gestionar presuntamente el aplazamiento de una deuda tributaria del empresario corrupto vinculado al caso Ábalos/Koldo que hoy juzga el Supremo. “Una persona trabajadora, de confianza de la candidata, pero que poco o nada sabe de política y menos de la vida orgánica”, lamenta un miembro de la dirección regional. 

Al frente de la Secretaría de Organización, la aspirante a la Junta tiene al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, un veterano al que se le afea desde diferentes provincias “no haber hecho el trabajo previo a la confección de las listas en los territorios”, según entienden desde diferentes provincias. Y para fijar los mensajes políticos de su campaña ha contratado al periodista Antonio Hernández Rodicio, de la empresa de Comunicación estratégica, consultoría política y asuntos públicos Thinking Heads.

Sin embargo, una de las quejas que más se escucha entre los cuadros medios de la federación es “la visibilidad que la dirección regional ha dado a los acuerdos” tejidos con quien fuera presidenta de la Junta, Susana Díaz, para incluir a varios de sus fieles en las listas. Díaz fue la mayor crítica de Sánchez después de que el hoy presidente del Gobierno le ganará las primarias de 2017 por goleada y fue también una de las pocas voces del PSOE que pidió elecciones anticipadas tras la detención de Santos Cerdán en el verano de 2025. 

Desde Almería no dudan de que “el daño que la exdirigente ha hecho al partido, el papel que juega hoy en su papel de tertuliana televisiva y su más que probada deslealtad es algo que la militancia no puede ni quiere olvidar”. Pero la dirección regional prefiere hablar de “tregua” para que Díaz “se sienta cómoda y no dé problemas”. La opinión mayoritaria, tomado el pulso de las ocho provincias, es que en las filas del partido habrá una paz orgánica simulada que llegará hasta el 17 de mayo, sea cual sea el resultado y que, a tenor de los sondeos, no parece que vaya a suponer un vuelco en favor del PSOE. 

Cinco escaños que dependen de 15.000 votos

De entrada, la marca que lidera María Jesús Montero, que parte de 30 de 109 escaños –el peor resultado de su historia– reconoce que no sale a conquistar la primera posición, sino a aumentar el número de parlamentarios –sin concretar cuántos– y a que el PP de Juan Manuel Moreno pierda la mayoría absoluta. “Si Moreno gobernó la Junta con el peor resultado de la historia del PP en Andalucía, nada dice que Montero no pueda hacerlo”, se escucha en el equipo de la candidata, desde donde defienden que la movilización de toda la izquierda será decisiva, al igual que el reparto de los restos donde los últimos escaños se juegan en un puñado de votos en hasta cinco provincias. Este análisis coincide con el que maneja también el actual presidente autonómico. “Cinco escaños dependen de 15.000 votos”, ha afirmado Moreno, a quien beneficia en todo caso el estancamiento que las encuestas pronostican para Vox en la región, como ya ocurrió en Castilla y León.

La movilización en el caso del PSOE pasa por sacar de la apatía a los casi 400 alcaldes de la región, que además de no sentirse interpelados por esta convocatoria tampoco han visto con buenos ojos la confección de las listas electorales, especialmente en la provincia de Cádiz. Montero tuvo este viernes que modificar lo dispuesto por el comité provincial gaditano, que había reservado el primer puesto para Juan Cornejo, hijo del que fuera secretario de Organización de Susana Díaz, con Rocío Arrabal como número dos y Fernando López Gil en el tres. El Comité de Listas invirtió el orden para que López Gil encabezara la candidatura con escaño garantizado por la mañana y, por la tarde, los gaditanos doblaron el pulso al regional y se volvió a aceptar su propuesta inicial. Lo nunca visto en la historia del socialismo y que, según fuentes de la federación andaluza, es “un claro síntoma de debilidad de la dirección regional de Montero”.

El 17M tendrá también una indiscutible lectura nacional sobre la fortaleza o debilidad del PSOE, conceptos que históricamente fueron indisociables del latido electoral del sur. No en vano, Pedro Sánchez ha ordenado ya un desembarco de ministros, especialmente los de mayor perfil político, en la campaña de la que fue su vicepresidenta primera y hoy sigue al frente de la vicesecretaría general del PSOE. Tendrán así una presencia notable por el territorio Félix Bolaños, Óscar Puente, Óscar López, pero también acudirán a arropar a Montero Elma Sáiz, Diana Morant, Isabel Rodríguez, Luis Planas y Ana Redondo. 

Presencia de Borrell, Almunia, Solana y Zapatero

Hasta siete ministros está previsto que participen de la agenda de campaña, además del presidente del Gobierno, que se prevé tenga presencia en las ocho provincias, si bien de momento están cerrados solo seis actos. Por otra parte, el equipo de campaña no piensa desaprovechar el “no a la guerra” que secunda una aplastante mayoría social y con esa intención trabaja en el diseño de un acto conjunto de la candidata y algunos referentes socialistas de la esfera internacional como Josep Borrell, Joaquín Almunia o Javier Solana, al que se sumará también José Luis Rodríguez Zapatero. En el diseño se ha incluido también un acto con todos los expresidentes de la Junta de Andalucía, desde Rafael Escuredo a Susana Díaz, si bien tanto el primer presidente autonómico que tuvo Andalucía como José Antonio Griñán atraviesan problemas de salud que, a día de hoy, les impiden confirmar su asistencia.

Todo con intención, explica el secretario de Organización del PSOE andaluz, Francisco Rodríguez, de “reivindicar el orgullo de una historia socialista que hizo posible los mayores niveles de progreso de esta comunidad y que el gobierno del PP está destruyendo de forma subliminal”. El avance de la ultraderecha en el mundo y sus consecuencias será uno de los ejes de la campaña, pero los socialistas andaluces quieren situar el foco, sobre todo, en el debilitamiento de la sanidad pública y la desviación de fondos públicos a la privada. 

Moreno presume, por su parte, de no haber tenido en siete años de mandato una protesta de sanitarios como la que afectó a la izquierda en tiempos de los gobiernos socialistas con las mareas blancas. Aun así, la contratación de seguros médicos privados en la región ha crecido un 130% en los últimos seis años y un 23,7% de los andaluces cuenta con una póliza privada. Y estos son datos incontestablemente ligados a la percepción negativa de la sanidad y a las listas de espera. 

Aunque el presidente de la Junta se sobrepuso de la crisis de los cribados del cáncer de mama, con una gestión acertada del accidente de Adamuz, ha visto esta semana cómo las asociaciones de víctimas le han reclamado que se investiguen las deficiencias en las emergencias el día de la tragedia. El asunto podría colarse en esta campaña, después de que los familiares de los fallecidos hayan desvelado un “caos técnico” que obligó a los gestores a usar sus teléfonos particulares y que la información sobre los heridos del Alvia no se incorpora al sistema hasta 43 minutos después del accidente. 

Con todo, no hay señales que inviten a pensar en un cambio de signo político en la Junta y sí en que si el PSOE sale muy mal parado de las urnas el 17M, la derecha de Feijóo retomará su recurrente discurso sobre un anticipo electoral en España. Algo que, en La Moncloa, no contemplan. Lo lógico, coinciden varios ministros, es que si hubiera un sonoro batacazo, Sánchez intentase alejar lo más posible esa fecha de las generales. En la cabeza del presidente, de momento, no hay otra fecha que la de 2027. “Por encima de cualquier otra circunstancia [explican desde su círculo de confianza], Sánchez está convencido de que será el Gobierno de coalición quien reciba la última entrega de los Fondos Europeos, en diciembre de 2026”. 

Y a partir de ahí, con el nuevo año, se verá. Eso sí, la presión de los alcaldes socialistas de toda España para que las generales se celebren antes que las municipales y autonómicas de 2027 no es algo baladí en el PSOE. De hecho, a tenor de lo que se escucha en los despachos ministeriales, empieza a ser una opción a tener en cuenta, y, en absoluto descartable para que Sánchez asuma –o no– antes que nadie el resultado y no ocurra lo que en 2023, cuando presidentes autonómicos y alcaldes recibieron el castigo por el desgaste del Gobierno de coalición con Podemos.

Si se abriera paso esa hipótesis y la convocatoria fuera en marzo, el anticipo sería mínimo y el presidente podría decir que llegó a 2027. Claro que eso sería en el caso de que el Gobierno tampoco encontrase apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del próximo año. Hasta entonces, advierten en Moncloa, Montero sale a competir con el mismo espíritu que Sánchez en 2023: con todos los pronósticos en contra y su militancia desganada, pero dispuesta a darle la vuelta al marcador con “una campaña rompedora” y arropada por todo el Gobierno. Algo que en el territorio no terminan de ver y demandan “una estrategia de cirugía quirúrgica” donde se pelee por hasta el último votante de cada provincia que históricamente en elecciones autonómicas se queda en casa, pero en generales sí acude a las urnas.

El mundo asiste a unas conversaciones de paz sobre Oriente Próximo tan frágiles como determinantes para la seguridad global. La guerra en Irán emprendida el 28 de febrero de manera unilateral por Estados Unidos e Israel ha vuelto a poner al planeta patas arriba. Miles de muertos, cientos de miles de desplazados y consecuencias económicas planetarias por la deriva belicista de las administraciones israelí y norteamericana. Un contexto en el que España abandera el 'no a la guerra' como línea maestra de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acompaña estos días al presidente de viaje oficial a China, país al que asegura que hay que acercarse como socio comercial y como actor global ante los posicionamientos de Donald Trump. Frente a los cuales también demanda “la independencia” militar europea para actuar “sin coerciones”, mientras el secretario general de la OTAN toma parte por Estados Unidos.

Albares concedió esta entrevista a elDiario.es este pasado jueves, a las puertas de las conversaciones de paz y tras la masacre de Israel en Líbano en pleno alto el fuego. Horas después, Benjamín Netanyahu amenazó a España con pagar “un precio inmediato” por lo que considera una “guerra diplomática” del Ejecutivo de Sánchez. Y el ministerio de Exteriores israelí convocó a la representante española en el país para recibir una reprimenda por la elección de Netanyahu en la localidad malagueña de El Burgo para su 'Quema de Judas' de este año, una fiesta popular con un siglo de historia que ha valido a Israel para acusar a España de antisemitismo. Cuestionados tras la entrevista, en Exteriores se limitan, por el momento, a calificar de “acusación infundada” la respuesta de Israel, pero evitan más comentarios sobre el Gobierno de Netanyahu. A última hora de este sábado, los representantes de Irán y Estados Unidos aseguraron concluir con “optimismo” la primera ronda de negociaciones en Islamabad. Por la mañana, Israel mató a otras diez personas tras un nuevo ataque en Líbano.

¿Se puede considerar real un alto el fuego durante el cual se masacra un país como Líbano?

No, no es la mejor forma de empezar una tregua. Exigimos que en este alto el fuego se incluya al Líbano. No tiene sentido lo que vimos el miércoles. El día que se anunciaba el alto el fuego Israel lanzó el mayor ataque contra un estado soberano de manera indiscriminada. Cientos de bombas, más de 300 muertos, mil heridos. No puede ser. Esta no es una guerra del Líbano ni del pueblo libanés. El Gobierno de Líbano llevaba ya muchos meses trabajando activamente para poder desarmar a Hezbolá y para garantizar también la seguridad del pueblo de Israel evitando esos lanzamientos de cohetes que nosotros condenamos. Israel tiene derecho a su existencia en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo libanés a un Estado en paz y seguridad.

Tras el genocidio en Gaza y la masacre en Líbano, Israel parece llevar al mundo al borde del precipicio. ¿Qué tiene que pasar para que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel?

Estamos ante la crisis mundial más importante de este siglo. La Unión Europea e Israel tienen un consejo de asociación que establece el respeto de los derechos humanos. Ni en Gaza, ni en estos momentos en Líbano, las acciones de Israel respetan los derechos humanos. Son violaciones flagrantes del derecho internacional. Por eso España planteó que ese consejo de asociación se suspendiera íntegramente. Y por eso lo volvemos a reclamar en estos momentos.

¿Le defrauda la connivencia o la condescendencia de las instituciones europeas con respecto a Israel?

En Europa siempre tiene que haber uno que enarbole la bandera, que avance más rápido, que lidere a los demás. En este caso está siendo claramente España. Como me dicen mis homólogos del mundo árabe y de Oriente Medio, España está salvando la dignidad de Europa con el reconocimiento del Estado palestino, con la situación en Gaza y, ahora, con Líbano o con la postura en la guerra en Irán. España fue el primero, pero rápidamente se han ido sumando todos. Lo que esperan de Europa es que defendamos el derecho internacional. La disyuntiva es: el orden mundial de paz, o el caos y el desorden. Europa tiene que estar del lado del orden de paz.

Israel tiene derecho a su existencia en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo libanés a un Estado en paz y seguridad

En menos de 24 horas Trump pasó de amenazar con aniquilar a toda una civilización a decir que ahora estamos a las puertas de una oportunidad histórica para la paz. ¿Usted cree que estamos realmente más cerca que hace unos días de una paz mínimamente estable y duradera, o que todo sigue siendo muy frágil y peligroso?

Hemos evitado una escalada de consecuencias inasumibles para toda la humanidad, pero todavía estamos muy lejos de la paz. Hay que decir las cosas muy claras a los españoles y españolas: este es un alto el fuego muy frágil, abiertamente amenazado. Lo estamos viendo con los ataques de Israel al Líbano. He estado en muchas negociaciones diplomáticas de todo tipo. Dos semanas es muy poco tiempo, pero hay que apostarlo todo a la paz. Es la mejor oportunidad que tenemos, pero estamos todavía muy lejos de esa paz.

Dijo en su comparecencia en el Congreso que hay muchos actores interesados en que esa paz ni siquiera se empiece a negociar.

Por supuesto. Hay muchas personas interesadas, no ya en que esas negociaciones en Islamabad no lleguen a ningún puerto, sino que ni siquiera llegaran a sentarse.

Se refiere a Israel.

Cuando toda la humanidad respiraba aliviada por el alto el fuego, claramente el Gobierno de Israel seguía empecinado en una guerra que no es buena para nadie. Tampoco para las legítimas demandas de seguridad de Israel. Yo condeno todas las acciones de Hezbolá cuando se producen, pero la fuerza militar por sí sola no garantiza la seguridad de nadie. Por eso reabrimos nuestra embajada en Teherán y regresa nuestro embajador a Teherán, para que desde todos los sitios, desde todas las capitales, la política exterior de España apoye esa mediación y esa esperanza.

¿No es un poco precipitada la reapertura de la Embajada de Teherán teniendo en cuenta la inestabilidad o la fragilidad de la paz?

No, al contrario. El tiempo es muy poco, por eso lo hemos hecho. Hemos tomado la decisión sabiendo que hay dos semanas de alto el fuego y que, por lo tanto, podemos volver allí con garantías de seguridad para el embajador y el personal, que era una de las cosas que nos hizo tener que cerrar la embajada.

España está salvando la dignidad de Europa con el reconocimiento del Estado palestino, con la situación en Gaza y, ahora, con el Líbano

Se va a negociar una paz en la que no terminamos de tener claro qué es a lo que aspira una de las partes. ¿Podría explicarle a la ciudadanía a qué ha ido Donald Trump, a qué han ido los Estados Unidos de América, a Irán?

No ha habido una explicación al respecto, solo el presidente de los Estados Unidos podría responder a esa pregunta. Lo que sí es evidente es que esta guerra, igual que lo fue la guerra de Irak, son guerras en violación del derecho internacional, completamente ilegales. Si trazamos ese paralelismo entre la guerra de Irak y esta guerra, todos los españoles son muy conscientes. ¿Dónde se habría situado España si en estos momentos hubiera un gobierno distinto al de Pedro Sánchez al frente de nuestro país? Ahí están las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo diciendo sí a la guerra de Irán, o las declaraciones del primer día del señor Feijóo diciendo que España tenía que estar con sus aliados en esta guerra. Hubiéramos estado en el rincón de la historia y de la legalidad internacional en vez de estar donde estamos, que es en el de la paz. Todo está en estos momentos conectado, absolutamente todo. Irán, Gaza, Líbano, Ucrania, Groenlandia, Cuba. Todo responde a lo mismo, a intentar imponer la ley del más fuerte frente al orden internacional de paz.

¿Comparte el diagnóstico de que Estados Unidos está perdiendo la guerra?

Las guerras las pierden todos. Las pierden los ciudadanos. Lo estamos viendo con los ciudadanos iraníes. No es con bombas como va a llegar la igualdad de las mujeres iraníes, la democracia, los anhelos de libertad que nosotros respaldamos. Y sus consecuencias son mundiales.

¿El régimen iraní es ahora más fuerte que cuando empezó la guerra?

En cualquier caso, el régimen sigue ahí y nosotros hemos condenado todas las violaciones de derechos humanos del régimen. Yo voté a favor de la inclusión de la Guardia Revolucionaria dentro de los grupos terroristas de la Unión Europea y he condenado cada una de las ejecuciones de opositores y de ciudadanos en Irán. Insisto, no es con bombas desde el cielo como van a llegar la igualdad y la democracia. Con las guerras llega la espiral de violencia y llega el caos.

¿Este presidente de los Estados Unidos de América es un peligro para la paz mundial?

La paz mundial la construimos entre todos, pero Estados Unidos es un país especialmente importante. Estamos hablando de la primera potencia militar del mundo, la primera economía del planeta y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene como misión fundamental velar por la paz y la seguridad mundiales. Por supuesto que necesitamos a Estados Unidos para garantizar la paz y la seguridad mundiales. Es un actor fundamental.

Asistimos día tras día a declaraciones del secretario general de la OTAN en las que prácticamente se pone al servicio de los intereses de solo uno de sus socios, Estados Unidos. En las últimas horas ha asegurado que la guerra es una buena idea y que hay que seguir adelante con ella. ¿Puede explicar a la ciudadanía española qué utilidad sigue teniendo una institución como la OTAN en este contexto?

La relación transatlántica ha sido mutuamente beneficiosa para europeos y norteamericanos a lo largo de todas estas décadas, tanto en materia comercial como de seguridad. Pero es evidente que, para que eso siga siendo así, necesitamos a ambas partes. Europa y la nueva administración norteamericana tienen postulados distintos. Este es un momento en el que Europa tiene que avanzar hacia su soberanía y su independencia en materia económica y también tener la disuasión en nuestras manos con un ejército europeo y con una integración de nuestras industrias de defensa. Porque Europa tiene que ser libre para poder decidir libremente sin coerción, sea arancelaria o sea militar.

¿Al margen de la OTAN?

No es lo que nosotros queremos. Pero si uno de los socios fundamentales tiene otros postulados y nos anima a ello, desde luego que nosotros tenemos que seguir garantizando la seguridad, que no se garantiza solo con tanques. Nunca ha habido una contradicción entre un pilar europeo sólido de la OTAN con una seguridad común europea. Al contrario, lo que hace es reforzarla.

Ha publicado en las últimas horas el Wall Street Journal que Estados Unidos amenaza con retirar tropas de suelo español y dejar vacías las bases de Rota y Morón. No parece, según lo que estamos hablando, que Estados Unidos sea en estos momentos el aliado más fiable para Europa y para España. ¿Tiene sentido, aun en este contexto, mantener las bases americanas?

Las bases se rigen por un convenio hispano-norteamericano y hay unos canales de comunicación que están plenamente operativos. No ha habido ninguna indicación.

¿No le han comunicado que se vayan a retirar?

En absoluto. Y la comunicación es totalmente fluida y natural.

Las amenazas del presidente de los Estados Unidos a España durante varias semanas, que sepamos, también han quedado en nada.

Hace comentarios sobre distintos países, distintos presidentes, distintos líderes. Pero no hay nada ni hay ninguna comunicación en ningún sentido. La relación es fluida.

El presidente y usted mismo viajan ahora a China, con quien se han intensificado las relaciones diplomáticas y comerciales en los últimos tiempos. ¿China es un aliado fiable para España?

Lo que nosotros buscamos es hablar con esa otra gran potencia militar y económica, porque nuestra política exterior es global. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por lo tanto, fundamental para la estabilidad, la paz y el desarrollo económico mundiales. En segundo lugar, buscamos equilibrar un déficit comercial muy pronunciado para España con un gran mercado como es el chino y mantener relaciones diplomáticas y políticas de primer nivel como mantenemos con todos los grandes países del planeta.

¿Es un socio más fiable que Estados Unidos en estos momentos?

Son socios distintos, Estados Unidos es un aliado. Lo que sí es cierto es que las posiciones de la Administración norteamericana llevan a que los europeos tengamos que buscar nuevos socios comerciales. Lo hemos hecho con Mercosur, por cierto, liderados por España. Lo hemos hecho con India, con Australia. Y también hay que mirar hacia China.

No sé si sabe cuál es la situación del soldado español, miembro de las misiones de las Naciones Unidas en Líbano, que estuvo retenido por Israel.

Sé que se encuentra bien. Lo que sí le confirmo es que, al tener conocimiento de esta situación inaceptable que rechazo y condeno con rotundidad, convocamos inmediatamente a la encargada de negocios de la Embajada de Israel al Ministerio de Asuntos Exteriores y le entregamos una nota verbal de protesta. Es inadmisible que un soldado de una fuerza de Naciones Unidas, que es inviolable en todo momento, sea retenido de esta manera.

Las posiciones de la administración norteamericana llevan a que los europeos tengamos que buscar nuevos socios comerciales

La portavoz del Partido Popular hizo un chiste con esa retención del soldado español.

Me parece una auténtica vergüenza. Como ministro de Asuntos Exteriores me avergüenzo de que haya representantes políticos que hagan esas declaraciones. En primer lugar, por un mínimo patriotismo. Estamos hablando de un soldado español. En segundo lugar, por una defensa del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Es un soldado español con casco azul bajo bandera de las Naciones Unidas, que tiene un estatuto de especial protección. Y en tercer lugar, porque la misión que están realizando es una misión de paz. Sinceramente, esas declaraciones demuestran una vez más que el Partido Popular está absolutamente incapacitado para gobernar España.

¿Qué le parece el intento de viraje del PP respecto a Irán? Estuvieron semanas ridiculizando el ‘no a la guerra’ del Gobierno y ahora lo hacen suyo.

El 'no a la guerra' del Partido Popular sí que es para ellos un eslogan. Siguen sin comprender que es un sentimiento abrumadoramente mayoritario entre los españoles. Pero cuando hubo que tomar la decisión de cómo se iba a posicionar España en su política exterior y qué se iba a hacer con las bases de Estados Unidos de soberanía española, el presidente del Gobierno y el Gobierno de España no tuvimos al Partido Popular de nuestro lado. Ese era el momento de haber dicho 'no a la guerra'. Y en ese momento, no lo olvidemos, el señor Feijóo dijo que teníamos que estar al lado de Estados Unidos.

¿Cree realmente que el riesgo que afronta el mundo es tan elevado como para que estén en juego la paz y la seguridad de una época y que, en ese caso, la opinión pública es plenamente consciente de ello?

Sí, es totalmente consciente. Lo constato cuando los ciudadanos se me acercan en la calle y me preguntan por la guerra. Son conscientes de la gravedad, de que esta es una crisis mundial, de que no es una crisis como cualquier otra y que aquí las cosas se pueden realmente ir de las manos para toda la humanidad. Son conscientes del impacto que tiene para su vida cotidiana y para su economía familiar y personal. Y son conscientes de que aquí nos estamos jugando cosas absolutamente básicas, impensables hasta hace muy poco.

¿La propia seguridad de nuestro país?

La seguridad no es solamente una seguridad militar, también lo es de flujos energéticos. España los tiene garantizados con países como Argelia, un gran socio. O la soberanía energética que tenemos con las energías renovables. Pero la ciudadanía es consciente de que el incremento de precios de la gasolina o de los alimentos es también su bienestar y, por lo tanto, su seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha destacado como uno de los principales líderes europeos en rechazar la guerra contra Irán, así como el asesinato de decenas de miles de palestinos en Gaza y Cisjordania por parte de Israel o el aumento del gasto militar de cada socio de la OTAN.

Por ello, Sánchez, que esta semana también ha pedido que el alto el fuego en Irán incluyera al Líbano y que Europa suspendiera el acuerdo de asociación con Israel para frenar a Netanyahu, ha sido criticado por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Todo esto no ha pasado desapercibido en Estados Unidos y este viernes el popular presentador de televisión, Jimmy Kimmel, mencionaba en su 'late show' al líder español.

Kimmel, asimismo muy crítico con el presidente estadounidense, señalaba que Trump acababa de reunirse con el líder de la OTAN, Mark Rutte, y que esa reunión de dos horas no había salido “bien”, según los allí presentes: “Dijeron que no era más que una diatriba de insultos”.

El presentador continuó con su explicación: “El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya está harto. Después del acuerdo del alto el fuego dijo que el Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendien el mundo solo porque se presenten allí con un cubo”. El público que estaba en el plató aplaudió la frase mientras Kimmel bromeaba en 'spanglish': “Not too 'bueno'”.

“Es difícil que Trump pueda vengarse de España porque el único aceite que puede quitarles es el de esas latitas de anchoas”, siguió bromeando Kimmel acerca de la curiosa costumbre de Trump de atacar solo a países con petróleo.

HazteOir se n’ix de la causa de la dana. Així ho sol·licita l’associació ultraconservadora en un escrit remés a la jutgessa instructora, a què ha tingut accés elDiario.es. Els advocats Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna i Nouna Lozano Manchado anuncien el desistiment de l’acusació popular i la renúncia a l’acció “amb els efectes legals oportuns” i “sense perjudici de la continuació del procediment respecte de les altres parts personades”. 

La representació jurídica de l’entitat a penes ha proposat diligències en el marc del procediment que instrueix la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra, més enllà dels seus intents fallits d’implicar el Govern de Pedro Sánchez en la instrucció. 

L’associació, que es va querellar inicialment contra la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i contra el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, va ser expulsada de la causa en un primer moment per part de la magistrada instructora. No obstant això, la secció segona de l’Audiència de València va admetre la seua personació com a acusació popular. 

HazteOir es va limitar a demanar la citació de Pedro Sánchez com a testimoni, aprofitant la testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada va argumentar, en una interlocutòria del 15 de desembre passat, que no constava que Sánchez, “a diferència” de Núñez Feijóo, “estiguera informat en temps real” per part de Carlos Mazón sobre la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. 

L’entitat ultraconservadora va recórrer en apel·lació contra la resolució. No obstant això, el fiscal es va oposar a la possibilitat de citar Pedro Sánchez com a testimoni pel fet de considerar que la seua testifical no aportaria res a l’esclariment dels fets. La secció segona de l’Audiència Provincial de València va tombar el recurs per unanimitat i va adduir, en una interlocutòria del 6 de març passat, que la diligència proposada per HazteOir incorria en “clars tints prospectius”. 

L’eixida de Liberum per l’“excessiva dispersió” de les parts

Un mes després del revés, l’acusació popular tira la tovallola. I ho fa poc després que una altra acusació popular abandonara el procediment. Es tracta de l’associació Liberum, que el 30 de març passat també es va apartar de la causa

“Una vegada personats, i amb posterioritat a això, en aquest procediment concorren múltiples acusacions populars ja personades, la qual cosa genera una excessiva dispersió de parts amb interessos coincidents i una evident duplicitat d’escrits i actuacions”, afirma l’escrit de Liberum, a què ha tingut accés aquest diari. 

L’entitat argüeix que, “per raons d’economia processal i de sanejament del procés”, resulta “més adequat” apartar-se del procediment, “evitant reiteracions innecessàries i contribuint a la simplificació i l’agilitació del procediment, almenys per part nostra”.

L’escrit, d’altra banda, sol·licita la devolució de la fiança de 6.000 euros depositada per l’acusació popular en personar-se en la causa.

HazteOir se sale de la causa de la dana. Así lo solicita la asociación ultraconservadora en un escrito remitido a la jueza instructora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna y Nouna Lozano Manchado anuncian el desistimiento de la acusación popular y la renuncia a la acción “con los efectos legales oportunos” y “sin perjuicio de la continuación del procedimiento respecto de las demás partes personadas”.

La representación jurídica de la entidad apenas ha propuesto diligencias en el marco del procedimiento que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, más allá de sus intentos fallidos de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez en la instrucción. 

La asociación, que se querelló inicialmente contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, fue expulsada de la causa en un primer momento por parte de la magistrada instructora. Sin embargo, la sección segunda de la Audiencia de Valencia admitió su personación como acusación popular.

HazteOir se limitó a pedir la citación de Pedro Sánchez como testigo, aprovechando la testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada argumentó, en un auto del pasado 15 de diciembre, que no constaba que Sánchez, “a diferencia” de Núñez Feijóo, “estuviera informado en tiempo real” por parte de Carlos Mazón sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

La entidad ultraconservadora recurrió en apelación la resolución. Sin embargo, el fiscal se opuso a la posibilidad de citar a Pedro Sánchez como testigo al considerar que su testifical no aportaría nada al esclarecimiento de los hechos. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia tumbó el recurso por unanimidad y adujo, en un auto del pasado 6 de marzo, que la diligencia propuesta por HazteOir incurría en “claros tintes prospectivos”.

La salida de Liberum por la “excesiva dispersión” de las partes

Un mes después del revés, la acusación popular tira la toalla. Y lo hace poco después de que otra acusación popular abandonara el procedimiento. Se trata de la asociación Liberum, que el pasado 30 de marzo también se apartó de la causa

“Una vez personados, y con posterioridad a la misma, en dicho procedimiento concurren múltiples acusaciones populares ya personadas, lo que genera una excesiva dispersión de partes con intereses coincidentes y una evidente duplicidad de escritos y actuaciones”, afirma el escrito de Liberum, al que ha tenido acceso este diario.

La entidad arguye que “por razones de economía procesal y de saneamiento del proceso” resulta “más adecuado” apartarse del procedimiento, “evitando reiteraciones innecesarias y contribuyendo a la simplificación y agilización del procedimiento, al menos por nuestra parte”.

El escrito, por otro lado, solicita la devolución de la fianza de 6.000 euros depositada por la acusación popular al personarse en la causa.

La misma semana en la que se juzga el Caso Kitchen la casualidad ha querido que entremos de lleno también… en otro juicio, que afecta al PSOE, al Gobierno, y que es más reciente: el caso Koldo, que es también el caso Ábalos y es, a su vez, el caso mascarillas. Desde febrero de 2024 las investigaciones han desvelado que el virus de la corrupción llevaba años en el Ministerio de Transportes y dibujan un triángulo de corrupción formado por el ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Juntamos todas las piezas de este caso con la narración de los periodistas de elDiario.es Elena Herrera y Javier Lillo. Podemos escuchar audios procedentes de las declaraciones en sede judicial, escuchas que se han encontrado en los teléfonos y declaraciones públicas de los protagonistas. Vamos a contar también con material de archivo de este podcast. Te dejamos también un documental en vídeo para ampliar la información que contamos en este episodio.

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'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas

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Los que tengan buena memoria recordarán que Donald Trump inició la guerra contra Irán con la intención de acabar con el régimen de Teherán para que sus ciudadanos recuperaran la libertad (una idea que Feijóo apoyó de forma efusiva). Luego prefirió justificarla con el argumento (falso) de que Irán estaba a punto de conseguir fabricar armas nucleares. Más tarde, habló de poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz causado por la guerra que él había comenzado. Esta semana, se dejó de infundios y exigió la rendición completa de Irán bajo la amenaza de la destrucción total: “Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra a la que pertenecen”. No suele ocurrir que alguien dispuesto a cometer crímenes de guerra lo anuncie sin ningún rubor.

Si Trump pretendía confirmar la denuncia de Pedro Sánchez contra una guerra que viola el Derecho internacional, no podría haberlo hecho mejor. Lo mismo se puede decir con sus ataques a los aliados europeos por no querer enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para asegurar por la fuerza la libre navegación de los petroleros, lo que supone implicarlos directamente en una guerra que rechazan. Trump no quiere aliados, sino súbditos que cumplan sus órdenes.

El impacto económico de la guerra ya es global. No se limita al precio del petróleo y de los combustibles. La interrupción del paso de los buques gasísticos y de los que transportan urea por Ormuz puede afectar a la producción de los fertilizantes imprescindibles en la agricultura, comprometer las cosechas en verano y provocar una escalada de precios de los alimentos. Los precios globales de los fertilizantes podrían subir entre un 15% y un 20% en la primera mitad de 2026 si continúa la guerra, según la FAO. En este punto, hay que recordar que las crisis alimentarias han estado detrás de muchas oleadas migratorias desde África y Asia. 

La guerra es un mal negocio para todos, excepto para las empresas de defensa. Europa necesita casi desesperadamente que los ataques a Irán terminen cuanto antes o que al menos no afecten a la navegación por el Golfo Pérsico. Esto último es imposible, porque se trata de la estrategia de defensa más eficaz con la que cuenta Irán. Su objetivo es hacer ver a todo el mundo que también saldrá dañado por la continuación de la guerra. 

Trump ha intentado subcontratar a sus aliados europeos y asiáticos la labor de abrir Ormuz a la navegación. No han sido tan estúpidos como para aceptar, pero sí han comenzado a moverse. El Gobierno británico promovió la celebración de una reunión por videoconferencia de 35 países el jueves con el fin de examinar las opciones. España no participó, no está claro si porque no fue invitada o porque no quiso asistir. Lo segundo es lo más probable. No cuesta mucho que te inviten a este tipo de citas que sirven para deliberar más que para tomar decisiones y también para reflejar el punto de vista del mayor número posible de países.

Las conclusiones de la reunión no fueron espectaculares. No es un problema que se arregle con comunicados. “Incrementar la presión diplomática” para que Irán permita la navegación libre por Ormuz. “Explorar” la aprobación de sanciones contra Irán si no accede. Trabajar con la Organización Marítima Internacional con el objetivo de liberar a los barcos atrapados con sus tripulaciones a ambos lados del estrecho. Y poco más. Macron ya ha dejado claro que la opción militar es inviable. Mientras prosiga la guerra, la navegación por el estrecho estará condicionada por los intereses de los países enfrentados. 

Eso no impide que Irán sea consciente del peligro que supone enfrentarse a todo el mundo. Ese mismo jueves, dos superpetroleros y un buque gasístico sin carga pudieron atravesar Ormuz. Esos petroleros transportaban en torno a cuatro millones de barriles de petróleo saudí y emiratí. Antes de la guerra, veinte millones de barriles pasaban cada día por el estrecho. También pasó un buque portacontenedores propiedad de una naviera francesa. 

El primer día en que Sánchez se posicionó contra la guerra, el PP respondió con el argumento de que el Gobierno español se había quedado solo en Europa. Será que el partido no tiene a nadie que sepa de relaciones internacionales o que reacciona cada día en función de los acontecimientos, pero pronto se vio que no era cierto. Macron, Starmer, Merz y Meloni acabaron ofreciendo un mensaje similar al de Sánchez. Feijóo había optado por el discurso de ficción por el que había que colocarse en el lado de la libertad y contra los tiranos. Los gobiernos europeos se dejaron de demagogias y admitieron que la guerra era ilegal e iba contra los intereses de Europa por muy detestable que sea el régimen iraní.

La videoconferencia de Londres permitió al PP reincidir en lo mismo y denunciar que los aliados ven a Sánchez como alguien “desleal, imprevisible y con el que no se puede contar”. Esa es precisamente la opinión de Trump sobre todos los aliados europeos, no sólo Sánchez, a los que ha llamado “cobardes” por no enviar buques de guerra a Ormuz para solucionar el problema creado por EEUU. De hecho, en el plano personal, Trump ha sido más despectivo con Emmanuel Macron y Keir Starmer (“lamentablemente, Keir no es Winston Churchill”) que con Sánchez. 

Sobre las relaciones de España con Washington, esta semana hemos visto varias noticias a cuenta de una supuesta investigación de EEUU sobre la eutanasia de Noelia Castillo. Si los titulares parecían absurdos es porque lo eran. El Departamento de Estado puede pedir a su embajada en Madrid que le informe sobre cualquier hecho ocurrido en España. Forma parte de su trabajo. Pero no puede investigar nada ni es cierto el titular de ABC que decía que “la Casa Blanca exige explicaciones a España por la eutanasia de Noelia Castillo”. Un alto cargo del Departamento de Estado dijo en Twitter que “es imprescindible” que se investigue el caso. No hay nada que investigar ni explicaciones que dar porque la aplicación de la eutanasia ya pasó por todos los controles médicos y recursos judiciales necesarios.

Cabe la posibilidad de que EEUU utilice ese caso contra España en su propaganda. Eso es lo que menos debe preocupar al Gobierno español. En una entrevista en The Wall Street Journal, Sánchez aparece descrito como el gran baluarte de la oposición a Trump en el mundo occidental. Seguro que es una distinción que no le desagrada. 

El misterio de los turistas desaparecidos

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, dijo hace quince días el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal. Se refería al impacto de las obras del AVE por los derrumbes ocasionados por las lluvias y que iban a impedir el enlace directo de Madrid a Málaga. “Málaga está completamente incomunicada”, avisó con un descaro increíble la consejera de Hacienda, Carolina España, presentando un escenario dantesco en el que la ciudad andaluza se arriesgaba a sufrir pérdidas millonarias en las vacaciones. ¿Habían cerrado el aeropuerto? ¿Las carreteras estaban cortadas? Se decía que los comerciantes debían demandar a Adif por el dinero que iban a dejar de ganar. El diario Sur, el medio más importante de Málaga, le dedicó una cobertura catastrofista que incluyó una noticia falsa abriendo la portada del periódico. 

Se habló en los titulares de pérdidas de 1.300 millones de euros sin que nadie tuviera claro cómo se había calculado esa cifra. Era un número varias veces superior a los ingresos (478 millones en un año con lluvia) que la Junta calculó para toda la comunidad en 2024. Pero la cosa no quedaba ahí. Un titular de El Mundo elevó las pérdidas a 2.000 millones.

Todo era una farsa que confirma el estilo del Partido Popular de hacer oposición. Las elecciones autonómicas de mayo hicieron que el PP se lanzara a tumba abierta para denunciar una crisis inexistente. En primer lugar, porque el enlace ferroviario no había desaparecido. Los pasajeros del AVE debían bajarse del tren en Antequera y coger un autobús con el que cubrir los últimos 50 kilómetros. Un inconveniente sin duda, pero que no iba a hacer que renunciaran a sus planes si querían viajar a Málaga. 

Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Al final, como era de prever, los turistas han inundado Málaga gracias al factor más relevante con las vacaciones de Semana Santa. Ha hecho buen tiempo y eso es lo que más influye en la llegada de turistas. Algunos dicen que ha sido por el peso del turismo internacional, otros señalan que la causa está en el turismo nacional. Ya el lunes el alcalde de Málaga dijo que el tema del AVE iba a tener una incidencia “mínima”. Y se ha confirmado. Pero por el camino el PP ya ha hecho caja de cara a las elecciones de mayo con el drama que no era tal. Y así es la política en España, para qué vamos a engañarnos.

Hasta el próximo domingo.

El abogado Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, ha endurecido este miércoles su exposición ante el juez Juan Carlos Peinado, durante la comparecencia sobre la transformación de la causa a través de la Ley del Jurado. En un punto de su intervención, Camacho ha expuesto la ausencia de un solo indicio para la acusación por uno de los delitos, el de intrusismo, y ha expuesto los “olvidos” de Peinado en su último auto, tales como las declaraciones y documentos que exculpan a su cliente.

“Este letrado a veces piensa que está en presencia de una pesadilla, porque esto es radicalmente claro y nos encontramos con una acusación que sigue manteniendo que se ha cometido el delito de intrusismo. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es en lo que se pretende avanzar? ¿En la justicia? No. Esto lo tenemos absolutamente claro. Aquí se está haciendo y permitiendo hacer otra cosa”, ha dicho Camacho, según fuentes presentes en la declaración, respecto a la actuación de las acusaciones populares y del juez Peinado.

La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado este miércoles al juez que archive la investigación abierta hace casi dos años tras una querella presentada por Manos Limpias y que ha ido ampliando apoyándose en las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha. Así se han pronunciado durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación a través de la Ley del Tribunal del Jurado del procedimiento por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. 

Es la tercera vez que el juez les cita para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables tras las correctivas de la Audiencia Provincial. La instancia superior le obligó primero a acumular la causa en un único procedimiento y, después, a motivar su resolución y relatar los indicios que atribuye a los tres investigados. Peinado lo hizo a través de un auto del pasado 20 de marzo, en el que acusaba a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados. “Esta defensa tiene la sensación de estar viviendo un 'deja vu'”, ha dicho Camacho este miércoles.

El magistrado ha citado este miércoles a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asistente y de Barrabés para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no han acudido personalmente al juzgado.

Un software, herramienta informática vinculada a la cátedra, motiva las acusaciones por delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida. El juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el primero de esos delitos por firmar un pliego en una licitación de la Complutense; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.

Respecto al delito de intrusismo, Camacho ha reiterado cómo la instrucción ha demostrado que Gómez firmó unos pliegos para los que estaba capacitada y que lo hizo a instancias de la propia Universidad Complutense. “Tras dos años de investigación no ha aparecido ni un solo elemento que sustente la comisión de ese delito. Y sorprendentemente, hay muchos elementos, no indicios, que acreditan que el mismo no fue cometido”. “Lo que más sorprende del auto no es lo que recoge, sino aquello de lo que se olvida. Creemos que con esto se está produciendo una grave, gravísima infracción de la imparcialidad judicial”, ha apostillado Camacho.

En relación con los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, las acusaciones sostienen que Begoña Gómez logró un trato de favor de la Administración para Barrabés, quien daba tres clases en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense y por las que cobraba 150 euros brutos cada una. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

El abogado de Gómez ha dicho: “Estamos asistiendo a la primera vez que se pretende que un jurado juzgue dos delitos que sí están dentro del ámbito objetivo de la ley del jurado y otros tres que no lo están”. “No solo es necesario que consten los indicios, sino que estos sean verosímiles y finalmente es necesario que exista persona o personas que puedan ser presuntos autores de los delitos que recoge el procedimiento del jurado”, ha añadido.

Respecto a la asesora, el juez cree que Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Como indicios, el juez apunta los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria (...), sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software”.

El abogado Camacho se ha preguntado qué ha cambiado desde que el juez dijera en mayo de 2025 que no había delito de malversación y ahora avance hacia un juicio con tribunal del jurado también por este delito. “Estamos expectantes para entender la explicación del magistrado instructor de por qué razón en el mes de mayo del año pasado era imposible que mi representada pudiera cometer el delito de malversación de caudales públicos y unos meses después es perfectamente posible que pueda cometerlo”, ha expuesto Camacho, quien ha añadido que el mismo cambio de postura afecta a la asistente, Cristina Álvarez.

Vox: “las defensas nos lanzan ataques furibundos”

Por su parte, las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente. A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado que representa a Hazte Oír --que también ejerce la acusación popular--, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, y ha señalado que desde la asociación vienen “con los deberes hechos, con todo bien atado”, informa Europa Press.

Por su parte, Vox ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación”, después de la sesión, que ha durado casi tres horas.

Sonriamos. La mayoría de grandes ciudades francesas serán gobernadas por la izquierda. Meloni ha sido derrotada en su plebiscito. Millones de estadounidenses acaban de llenar las calles contra Trump. Orban puede estar viviendo sus últimos momentos en el poder. Puñales en Vox. Sudores fríos en Génova.

Se puede vencer a la ola reaccionaria. Se debe y se puede.

No significa que sea fácil. El neoliberalismo desató su ofensiva contra el carácter social del Estado, imponiendo un dogma económico ambiental y socialmente destructivo. La ola reaccionaria actual, promovida por los ultrarricos, pretende deshacerse también de toda formalidad democrática, para consumar una toma total del poder.

Pese a años de tejer estrategias, pese a la coordinación y apoyo entre los miembros de la internacional reaccionaria y pese a la colonización mental del algoritmo, aún no han logrado todos sus objetivos.

Precisamente, en lo descarnado, virulento y acelerado de su proyecto se halla la clave para derrotarlo. Vemos a lo que nos lleva. Un mundo en llamas. Genocidio televisado. Guerra. Imperialismo voraz.

Miles y miles de vidas segadas mientras los responsables sueltan frivolidades en redes y en televisión. Millones de personas desplazadas. Luego las criminalizarán si llegan aquí huyendo de las bombas.

Consecuencias económicas nefastas, poniendo el mundo al borde de la coincidencia de varias crisis simultáneas. Luego acusarán de ellas a quienes despliegan un escudo social para proteger a la ciudadanía, mientras son incapaces de criticar a quienes causan estos males.

Su receta la conocemos. Apuntan sus cañones contra los derechos y conquistas sociales. Ya lo hicieron en la Gran Recesión. Véase hoy la reforma laboral de Milei, alumno aventajado de esta combinación grotesca de servilismo, estulticia y maldad que se ha puesto de moda entre los émulos de Trump —también entre los geográficamente más cercanos.

Azuzan el odio. Contra los progres y contra los sindicatos. Contra el feminismo —léase contra las mujeres— y contra la ciencia. Contra las personas LGTBI y contra las personas migrantes. Para dividirnos. Para poder laminar derechos más fácilmente. Para distraernos del carácter vertical del conflicto.

Han hablado como si lo hicieran en nombre del ciudadano común y corriente. Sin embargo, su proyecto es tratar de realizar el deseo del gran capital. Opresión, dominación y explotación es todo lo que ofrecen, aunque lo disfracen.

Pero nos hemos dado cuenta. Su apariencia ya no es invencible. Su victoria ya no parece inexorable. Nos estamos movilizando por doquier. Hay que pasar de la actitud de resistencia a la moral de victoria. De defender las conquistas a lograr otras nuevas para las mayorías sociales, que es mucho lo que hay que avanzar todavía.

Cada espacio tiene que hacer sus deberes. Los próximos 17 y 18 de abril se darán cita en Barcelona centenares de organizaciones políticas, sociales y sindicales progresistas de todo el mundo, en la Global Progressive Mobilization auspiciada por Pedro Sánchez. Unidos y organizados, sin miedo. Es un paso. No paremos. Demos más.

Más allá del celofán político o de las malas interpretaciones, el acuerdo de este viernes entre los Gobiernos central y vasco en materia aeroportuaria no supone cambios jurídicos radicales en el modelo actual. Aena seguirá siendo el titular y el gestor de Loiu, Foronda y Hondarribia, solo que ahora un “órgano bilateral” de nuevo cuño coparticipará en la toma de decisiones en algunas materias, por ejemplo en lo relativo a inversiones, como los cerca de 470 millones contemplados en el DORA, la gran guía de actuaciones para el período 2027-2031, en los planes directores y en las servidumbres.

El lehendakari, Imanol Pradales, tras salir de su reunión bilateral con Pedro Sánchez, dijo a los periodistas en La Moncloa que habían acordado siete transferencias y que una de ellas eran los aeropuertos. “Euskadi podrá participar en la gestión de los tres aeropuertos [...]. Hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”, expuso. Horas después, Aena lanzó un comunicado anunciando que estudiaría las consecuencias políticas pactadas por su propio Gobierno, ya que en ningún caso es posible ceder la “gestión” aeroportuaria a Euskadi, cosa que no se ha producido.

El acuerdo está medido al milímetro para que no exceda el marco constitucional y estatutario por decisión expresa del equipo negociador, en el que han tomado parte tanto el secretario de Estado de Óscar Puente, el socialista irunés José Antonio Santano, como el ahora ministro y hasta hace días secretario de Estado de Ángel Víctor Torres, Arcadi España. Se alude a que el nuevo órgano coparticipará la “gestión”, pero siempre “en los términos” tasados del acuerdo. elDiario.es/Euskadi recoge las claves de un proceso en el que, en un momento u otro, han llegado a intervenir desde el presidente del Gobierno hasta la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El marco legal

El artículo 149.1 de la Constitución, promulgada en 1978, marca que “el Estado tiene competencia exclusiva” sobre una batería de materias que incluyen “marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves”. El Estatuto de 1979 otorga la competencia portuaria y aeroportuaria a la comunidad autónoma “sin perjuicio” de lo marcado por la norma de rango superior. Esto implica que Euskadi puede asumir “puertos y aeropuertos con calificación de interés general” pero solamente “cuando el Estado no se reserve su gestión directa” y también los que no tengan la etiqueta de “interés general”. Hasta ahí.

La transferencia de puertos se hizo en 1982, aunque aún en algunos foros se incluye en el listado de competencias estatutarias “pendientes”, como la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. La de aeropuertos no se ha hecho porque Loiu, Foronda y Hondarribia son instalaciones de “interés general” y parte de la red del operador estatal Aena. Podría haberse optado por el modelo catalán, con dos redes, una dentro de Aena con las principales terminales, encabezadas por el Josep Tarradellas en El Prat, Barcelona, y otra autonómica, Aeroports de Catalunya, consistente en los aeródromos más pequeños y helipuertos. Acumularon unos 75.000 viajeros en 2025. Solamente el de Barcelona tiene el doble en un solo día.

Pero ese modelo ni se ha planteado. En el caso vasco, Loiu es una referencia de viajeros en el norte peninsular, sobre todo para vuelos de corta y media distancia, aunque en 2025 estrenó su primera conexión intercontinental, con destino en Newark, en Nueva Jersey pero al lado de Manhattan. Foronda, en Vitoria, está acumulando vuelos de operadores 'low cost' pero destaca, sobre todo, por ser el cuarto en España en tráfico de mercancías. Hondarribia es la instalación más pequeña, está pegada al mar y necesita hacer uso de espacio aéreo francés para las maniobras, pero plantear su degradación para un traspaso abriría la misma caja de Pandora que ha ocurrido con el puerto de Pasaia, la del agravio territorial.

La negociación

El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de varios acuerdos. Uno de ellos era completar en 2025 la lista de transferencias “pendientes” del Estatuto de 1979. El Gobierno vasco ha arañado en este tiempo avances como la gestión de Cercanías o de los permisos de trabajo, pero ha aprovechado para demandar otros acuerdos políticos extraestatutarios para ganar en capacidad de gestión. Y uno de ellos han sido los aeropuertos.

Así, de un encuentro en La Moncloa entre Sánchez y Pradales de julio de 2025 salió el acuerdo de hallar una fórmula “negocial” para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la “gestión” de Loiu, Foronda y Hondarribia. Para ello, se configuró una subcomisión paralela a las mesas que han ido negociando más transferencias. Nunca se habló de una “transferencia”, porque no era posible. Aunque el PNV inició el proceso demandando una “filial” de Aena, en febrero, como adelantó este periódico, ya se acordó constituir un “órgano bilateral” con representación paritaria, cuatro personas del Gobierno central y cuatro del vasco, para canalizar esa coparticipación en la gestión. Es lo que se ha terminado aprobando más allá de algunos dimes y diretes en los días previos a la bilateral.

La “gestión” vasca

El acuerdo no es una transferencia de la gestión, ni una alteración del marco constitucional y estatutario. Los aeropuertos vascos seguirán en manos de Aena, que además es dueño de las instalaciones, y no se cede su “gestión” al Gobierno vasco. El órgano nuevo tampoco es una filial de una entidad con un 49% de capital privado. Y eso que Aena tiene otras filiales para negocios en el extranjero e incluso para el particular caso del aeropuerto de Murcia, rescatado por el operador estatal. Durante todo el proceso, Aena ha operado de manera autónoma al Gobierno y ha realizado un marcaje estrecho de los avances para preservar sus intereses, sobre todo mirando a los accionistas extranjeros.

En realidad, el “órgano bilateral” actualiza el vigente marco configurado por un Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy. En 2014, por ley, el Estado se reservó la gestión aeroportuaria, pero contempló un punto que no levantó ninguna polvareda: “Las comunidades autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos de interés general en la forma que establezca la legislación del Estado y, en particular a través de los Comités de Coordinación Aeroportuaria”. El comité vasco se creó en 2014, sin que nunca haya proporcionado titulares ni generado controversias.

Es más, las instituciones locales ya participan de manera muy directa en la vida de sus aeropuertos. El caso más paradigmático es el de Vitoria. Todos los vuelos de pasajeros, sin excepción, van subvencionados con dinero público, y no precisamente de Aena. Existe una sociedad de “promoción” llamada VIA que sienta a la Cámara de Comercio, al Ayuntamiento, a la Diputación de Álava y al Gobierno vasco. Estos últimos días los cargos locales, y no precisamente Aena, han venido anunciado sus nuevas apuestas de rutas a Canarias y Baleares. Y existen gemelas a VIA para Hondarribia, Ortzibia, y para Loiu, Bilbao Air. Aena se limitará a gestionar las solicitudes de las aerolíneas previamente decididas por otros organismos.

El acuerdo

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el acuerdo consiste en la “creación del órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de concurrencia, participación y cooperación entre ambas administraciones”. Se trata de la “articulación de un espacio estable que permite a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria” y el “establecimiento de un marco de cogestión sobre las infraestructuras aeroportuarias ubicadas en Euskadi”.

Esta “participación” del Gobierno vasco se traduce en “propuestas”, “informes”, definición de la estrategia“ o ”planificación económica“. Por ejemplo, trabajando el DORA, es decir, las inversiones, y haciendo ”seguimiento de tarifas aeroportuarias“. Euskadi quiere debatir sobre ”conectividad“, ”promoción de nuevas rutas“ e ”impulso“ tanto de los pasajeros como de la carga. Le da mucha relevancia a la movilidad aérea siendo un territorio sin AVE y sin fecha realista para su puesta en marcha después de veinte años de obras.

El acuerdo alude también a “coordinación” para políticas que sí son de competencia autonómica, como el desarrollo económico o de redes de transporte asociadas a los aeropuertos o incluso entre los aeropuertos, para facilitar conexiones. Igualmente, se quiere que Foronda sea un “sandbox”, un banco de pruebas de un nuevo modelo que pueda impulsar una infraestructura de grandes capacidades por la dimensión de su pista y su emplazamiento pero que ha vivido grandes momentos de crisis.

En puridad, el acuerdo permitirá a Euskadi emitir informes sobre tres materias, las inversiones, los planes directores y las servidumbres aeroportuarias. El nuevo órgano tendrá una presidencia rotatoria. Cada año, la dirigirá un miembro de cada parte. Se ha tasado que habrá un mínimo de tres reuniones anuales de coordinación, aunque las puede haber extraordinarias.

Las dudas de Aena

Aena, tras la cumbre entre Sánchez y Pradales, envió una nota. En ella, admitía que se había subrayado que los acuerdos aeroportuarios “se encuadran en el marco de la Constitución Española y el Estatuto de Gernika, y el respeto a la ley y la normativa estatal y autonómica aplicables”, pero insistía en que las interpretaciones que habían rodeado al asunto “suscitaban dudas”. “Sin perjuicio de un examen pormenorizado de los acuerdos anunciados y de su desarrollo ulterior, cuando sean conocidos, [el pacto] no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena. La nota oficial publicada por el Gobierno vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas”, abundaban.

Fuentes del Estado, en privado, han trasladado en los últimos meses su preocupación por el relato articulado por parte del PNV en su deseo de sumar un nuevo hito en el desarrollo del autogobierno cuando se trata de un acuerdo perfectamente asumible. Esto es lo que ha molestado a Aena, que asegura que “continuará vigilando las actuaciones y novedades que se produzcan en esta materia y, en su caso, si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)”.

El exministro de Asuntos Exteriores y exembajador de España en EEUU Carlos Westendorp ha fallecido este lunes tras acumular una larga trayectoria de servicio público. El veterano diplomático y jurista ha muerto a los 89 años. En 1991 fue designado secretario de Estado para las Comunidades Europeas por el Gobierno de Felipe González, antes de ser ascendido a ministro de Asuntos Exteriores, cargo que mantuvo hasta el final del gobierno socialista. Después, en 1997, la ONU lo designó Alto Representante para Bosnia Herzegovina, donde tuvo como uno de sus principales asesores al hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Precisamente, el jefe del Ejecutivo ha publicado un obituario en el diario El País en el que destaca que “con su trayectoria vital” Westendorp demostró que “siempre hay espacio para el entendimiento, por más difícil que sea el empeño y profundas las diferencias a las que hacer frente”. El jefe del Ejecutivo destaca especialmente el trabajo del exministro socialista en Bosnia Herzegovina “cuando las heridas de los Balcanes aún estaban lejos de cicatrizar”.

“Tuve el privilegio de trabajar con él en esa etapa, en una experiencia vital única. Fue para mí un mentor y un maestro. Pero, por encima de todo, un amigo y una fuente de inspiración constante”, señala el jefe del Ejecutivo. “A lo largo de toda su vida, Carlos fue un embajador de la mejor España. Tanto al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, como de las embajadas en Washington o ante las Naciones Unidas, representó con orgullo a la España de paz y progreso que hemos sabido forjar entre todos desde la fortaleza de nuestra democracia”, ha añadido.

“Perdemos a la persona. Al profesional lúcido y comprometido, precisamente en el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. Pero permanece su legado. El de un auténtico humanista. Un hombre comprometido con la paz y el diálogo, que se alzó contra la injusticia y rechazó la violencia y la arbitrariedad en las relaciones internacionales. Hoy, en un mundo marcado por el resurgir de la violencia y la guerra, somos millones los que reivindicamos los valores a los que Carlos dedicó su vida: proteger y promover la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el progreso de todos los pueblos de la humanidad. Te echaremos de menos, querido amigo”, concluye Sánchez.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que ha cumplido su frase sobre el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, “No he venido a insultar, he venido a ganarle”. Feijóo se refiere con esto en una entrevista en La Vanguardia a que “en estas doce elecciones [de los últimos cuatro años] Sánchez no ganó ninguna. Ganaron el PNV y el PSC, no el PSOE”.

Además, afirma que no está “especialmente satisfecho de entrar a la provocación de Sánchez y contestar de forma desabrida muchas veces” y añade: “Muchas veces tengo que utilizar determinadas expresiones, a veces en legítima defensa, porque es que, si no, parece que estamos ante un complejo de inferioridad”. Pese a ello, asegura que “el 80% de la gente que me para [por la calle] me dice que soy demasiado blando”.

Feijóo considera que “el nivel de provocación del presidente Sánchez no tiene precedentes en la presidencia de los gobiernos de España”. Asimismo, califica al presidente del Gobierno de “personaje muy conflictivo”.

El líder 'popular' relata en la entrevista que tiene “dos objetivos: primero, que se produzca un cambio político en España, y segundo, dar estabilidad política a las comunidades autónomas donde ha habido elecciones”.

También reconoce que necesitan el apoyo de Vox para gobernar en las comunidades donde han ganado recientemente las elecciones, como Aragón, Extremadura y Castilla y León: “El supuesto de que haya que repetir elecciones en Extremadura y en Aragón sería una enorme decepción. Pero yo creo que los votantes de Vox quieren el pacto con el PP”. De cara a unas generales, sostiene que mantiene su ofrecimiento a Sánchez de que gobierne la lista más votada.