El Consejo de Cuentas de Castilla y León penaliza a Vox por abonar gastos electorales cuatro meses después de los comicios del 15 de marzo, que ganó el Partido Popular y cuyo resultado derivó en un gobierno de coalición PP y Vox. Esta institución de control ha reducido unos 1.595 euros de la subvención que recibirá Vox “debido a los pagos fuera de plazo detectados en la fiscalización”, el 10% de los 15.954,61 euros que Vox pagó en ocho facturas entre finales de junio y mediados de julio.

Antes de las elecciones, el Consejo de Cuentas aprobó una instrucción que seguía las mismas líneas que había marcado el Tribunal de Cuentas para las elecciones de Extremadura y que contemplaba la reducción de la subvención en el 10% de los gastos que se pagaran más de 90 días tras la jornada electoral, que es el plazo legal que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Además, Vox ha sido el partido político al que se le ha rechazado mayor importe porque se ha considerado que los gastos no podían atribuirse al proceso electoral: 11.000 euros no electorales. Dentro de esta cantidad se incluyen 7.449 euros de gastos de restauración, viajes posteriores a la campaña electoral o gastos de cancelaciones.

Además de estos gastos no electorales, el Consejo de Cuentas ha rechazado aceptar como gastos electorales otras facturas del PSOE (5.730 euros de animación en mítines, alquileres de salas previos a la campaña y fianzas devueltas), PP (4.905 euros por alquileres de salas fuera de la campaña electoral), Por Ávila (917 euros de la sonorización del acto de la noche electoral) y Soria ¡YA! (727 euros por consumo en hostelería y eventos relacionados con la noche electoral). El Consejo de Cuentas sí aceptó todos los gastos ordinarios declarados por Unión del Pueblo Leonés.

Los partidos gastaron 3,6 millones de euros en la campaña

Los siete principales partidos que concurrieron a las elecciones del 15 de marzo gastaron al menos 3,6 millones de euros, que se distribuyen: PP (1.175.015 euros), PSOE (1.054.719 euros), Vox (679.488), UPL (110.568), Soria Ya (36.708), Por Ávila (53.349) e Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo (74.230). Apenas son 100.000 euros menos que en la campaña electoral adelantada de 2022, que se saldó con el arco parlamentario más diverso hasta la fecha.

Este organismo de control reconoce el derecho de las formaciones a recibir una subvención para sufragar sus gastos electorales: 810.744 euros para el PSOE, 808.257 euros para el PP, 487.625 para Vox, 108.477 para UPL, 38.239 para Por Ávila y 26.342 para Soria ¡YA!. La coalición liderada por IU ha tenido que devolver el anticipo de 6.700 euros que recibió antes de los comicios, puesto que no ha obtenido representación parlamentaria.

Obligación de entregar información

El Consejo de Cuentas también afea a los tres principales partidos políticos que algunas de las empresas que han facturado más de 10.000 euros han incumplido con la obligación de remitir la información detallada, en concreto a PP (dos de doce empresas, con facturas por valor de 325.000 euros), PSOE (una de quince compañías, 15.000 euros), Vox (una de las cinco, 35.000 euros).

El Consejo de Cuentas ha detectado “diversas incoherencias relevantes” en la contabilidad electoral del PSOE, aunque sí la considera “representativa en términos generales de los ingresos y gastos”. “Se han detectado errores de registro contable que han supuesto reclasificaciones, pero que no afectan a la representatividad de sus cuentas a efectos de la subvencionalidad de los gastos y al cálculo de los límites”, señala el informe de esta institución.

También ha encontrado “incoherencias” en la contabilidad presentada por UPL porque se contabilizaron las subvenciones previstas según el principio contable de devengo establecido en el Plan de Contabilidad, y ha advertido duplicidad de facturas en las cuentas de Por Ávila.

Este organismo de control recomienda también a las Cortes de Castilla y León que refuerce las exigencias de transparencia obligada, que concrete los efectos e infracciones por incumplimientos, por ejemplo, de los proveedores de más de 10.000 euros y de entidades financieras.

Un millón de euros en el envío de papeletas

El 27% del gasto electoral de Castilla y León ha sido para el envío de propaganda electoral a los domicilios, poco más de un millón de euros y cuya eficiencia económica cuestiona el Consejo. Se han aceptado todos los gastos relativos al 'mailing' del PSOE, PP y Soria ¡YA!, pero se descontaron diferentes cantidades al resto de formaciones. El Consejo de Cuentas ha descontado poco más de 4.000 euros a Por Ávila y a IU porque los envíos no eran “directos y personales” y otros 1.478 euros de Vox porque considera que algunos de los envíos carecían de naturaleza electoral.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con Vox, pero al cierre de esta edición no ha recibido respuesta

La pelea entre partidos de la derecha por rentabilizar políticamente la caza hace que una actividad cuya pérdida de interés ha generado una regresión y un “colapso demográfico” constatados esté recibiendo respiración asistida en forma de atención y recursos públicos constantes.

Hace solo unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que creará una Escuela de Caza a la que destinará 80.000 euros. En 2024, en esta región se expidieron 13.000 licencias (para una población de siete millones). Entre sus objetivos declarados: promover la caza entre los jóvenes. Porque matar animales por diversión es cada vez menos atractivo.

Es la última asistencia derivada de la disputa PP-Vox por la apropiación política (la issue ownership) de este sector convertido en catalizador electoral para la derecha. Un empujón que se une a las ventajas económicas para sacarse licencia o la promoción entre los escolares de la caza llevadas a cabo por múltiples gobiernos de comunidades autónomas.

La realidad es que cada vez menos personas quieren disparar a animales para entretenerse. Las partidas de caza no seducen a nuevas generaciones. El resultado es un declive inapelable. Actualmente tienen licencia un 45% menos de personas que hace 50 años. Este hundimiento “está ligado al descenso constante de incorporación de jóvenes que ha caído un 89% en el mismo periodo”, describe esta investigación liderada por el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC (IPE).

Las alternativas recreativas son enormes. Incluso si se busca contacto con la naturaleza y actividades que inyecten adrenalina, a esa emoción de la caza. Y como compite con otras muchas opciones, ahora la prevalencia es pequeña

José D. Anadón — investigador del Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC

Si en 2008 se contaban un millón de permisos cinegéticos, quince cursos después, en 2023 (últimos datos completos) la cifra se situó en 610.000. De hecho, hoy no puede ponerse la última cifra de caída ya que los datos oficiales de licencias están incompletos. Las comunidades autónomas —competentes en materia de caza y pesca— remiten cada curso (con dos años de decalaje) los datos al Ministerio de Transición Ecológica para incluirse en el Anuario de Estadística Forestal. Para este curso, a pesar de que “se han hecho varios recordatorios”, ni Castilla y León ni Euskadi han remitido la información, explican en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así que no puede calibrarse completamente la tendencia. Lo que sí refleja el Anuario recientemente publicado es que la segunda región con más permisos, Andalucía, ha perdido 2.600 licencias (un 2,3%). Todas las comunidades excepto Galicia han bajado. Alguna acusadamente. Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias (16,7%), Cantabria, Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana (9,3%), Extremadura, Baleares, La Rioja, Principado de Asturias y la Región de Murcia (21,7%).

Si se suman las licencias sin Castilla y León y Euskadi, en 2024 cayeron un 3,3% respecto al año anterior.

El responsable de la investigación del IPE, José D. Anadón, explica que el “colapso de la población cazadora” se debe a la falta de entrada de nuevos practicantes. La causa principal es que la caza ya no atrae. “Es una población envejecida. La mayoría por encima de los 60 años”, evidencia el investigador.

“En la década de 1960, la población cazadora era muy grande. En cada casa de un pueblo había una escopeta y un cazador” describe Anadón. “Por un lado, era la manera de aportar proteína a la dieta y, por otro, constituía una de las pocas actividades recreativas para esa población”.

Sin embargo, con el éxodo rural, la situación cambió y se pasó de una “caza de supervivencia a una caza recreativa”. En este sentido, “el padre que llega a una ciudad sí transmitió la caza a la primera generación, pero la segunda ya no lo hace”, detalla el científico. Esas personas ya no adquieren ese hábito “porque las alternativas recreativas son enormes. Incluso si se busca contacto con la naturaleza y actividades que inyecten adrenalina, esa emoción de la caza. Y como compite con otras muchas opciones, ahora la prevalencia es pequeña”. Y, además, remata: “No se trata de un deporte barato. Obliga a una destreza y entrenamiento difíciles en una ciudad”.

Con esos números en la mano, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Joan Escandell, repite que el gran “reto” del sector es “el relevo generacional”. En el mismo sentido, el presidente del lobby cinegético Fundación Artemisán, Luis Fernando Villanueva, pidió —por ejemplo— que parte del dinero que, según sus cálculos, genera el sector, sea invertido en solucionar los problemas de la caza. Entre los primeros, “el relevo generacional”.

Las reclamaciones parecen no caer en saco roto. En Castilla-La Mancha la licencia es gratuita para los empadronados. También es gratis para menores en Galicia desde 2026. En Cantabria, en mayo pasado, el Gobierno decidió que las licencias serían gratis durante cinco años —ya lo eran para menores—. En Madrid se bonifica el 70% del coste para menores. Andalucía les descuenta el 50%. En Catalunya es gratis para jóvenes entre 14 y 25 años y las mujeres. En los presupuestos de 2026, la Junta de Extremadura incluyó la gratuidad de la licencia a partir del pasado 5 de agosto.

La Generalitat Valenciana ha reducido a la mitad el precio público de las licencias anuales de caza individuales y este verano anunció más descuentos para permisos conjuntos con varios años de validez

Y a la hora de buscar cantera cazadora, también proliferan iniciativas sustentadas por los ejecutivos autonómicos. En Andalucía se desarrolla el programa Huellas amparado por la Consejería de Educación, en Extremadura está el Programa de promoción del deporte (Proades) que incluye la actividad Caza y Naturaleza para 1.000 alumnos de Primaria. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat inyecta 250.000 euros para “extraescolares” en las sedes de la federación de caza. En la Región de Murcia, PP y Vox aprobaron un pacto por la caza que incluía impulsar las clases extraescolares para fomentar la práctica entre los menores.

El investigador del IPE tiene “una percepción” sobre cómo cierta ola de “vuelta al imaginario tradicionalista” podría estar incidiendo en la caza: “Intuyo que entre los más jóvenes se ve la actividad de otra manera, más ligado a una moda, y eso podría frenar la caída aunque no haría volver a la situación ni siquiera de hace 30 años”. Y remata: “Algo similar a lo que puede estar pasando con los festejos taurinos, que tampoco da para crear toda una cultura taurina”.

“Es un problema del Gobierno de España”. Así se quitó de encima este lunes un presidente autonómico del PP las preguntas sobre la crisis de la vivienda, un problema constante entre la ciudadanía desde hace casi dos décadas, pero que ha estallado socialmente tras el desahucio (revertido) de Maricarmen, en Madrid. Los de Alberto Núñez Feijóo no quieren que la vivienda ocupe el centro de la conversación política y empujan para mantener a Ceuta como principal asunto mediático. Pero la acampada de Sol ha movido el marco, para enfado de las derechas.

La mayoría de los barones del PP acudieron este lunes a la Junta Directiva Nacional del partido (con la sonora ausencia del valenciano Juan Francisco Pérez Llorca). A la entrada, algunos atendieron a los medios. El murciano Fernando López Miras aseguró que “haría falta un Gobierno que hiciese algo para solucionar algo que él mismo ha creado”. Desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa, apuntó, la vivienda ha pasado “del problema 16 al principal problema”. Miras arremetió contra la ley de vivienda que se aprobó la legislatura pasada. “La presentó Bildu”, desdeñó. En su opinión, la norma “defiende más a los okupas que a los propietarios” con un “modelo intervencionista” que ha provocado una “escasez evidente”.

La ley de vivienda es la primera de ámbito estatal aprobada en democracia, ya que las competencias en materia de vivienda, desde la calificación de los terrenos a la aprobación de los planes de urbanismo o la construcción y gestión del parque público, son autonómicas y municipales. Pese a ello, todos los presidentes del PP que pasaron por los micrófonos de los periodistas señalaron hacia otro lado. “Es un problema del Gobierno de España”, dijo el aragonés Jorge Azcón, que “es incapaz de solucionar” el problema. “El foco está en la negociación del Gobierno”, planteó.

También la extremeña María Guardiola apuntó al Gobierno. “La solución está en lo que promete Sánchez”, sostuvo, en referencia a la construcción de “cientos de miles de viviendas”. “¿La realidad cuál es?”, se preguntó, para responder: “Hay muchas Maricarmen”. Guardiola dijo que cada año se cometen en España “25.000 desahucios”, mezclando residencias con otro tipo de inmuebles. “La mayoría en Catalunya”, aseguró. La verdad es que Catalunya es la comunidad con más desahucios, pero en ella no se producen la mayoría.

Ya con los micrófonos apagados, un presidente del PP aseguró a los periodistas que “si no hay Gobierno”, tendrán que “salvar la situación las comunidades”. “¿Para qué vamos a mirar a otros sitios? El fracaso es del Gobierno”, zanjó.

Vivienda vs. Ceuta.

El PP planeó usar la reunión del lunes para incidir en sus ataques al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Pese a que la vivienda es un asunto que desgasta al PSOE y a Sumar, las derechas prefieren tratar lo menos posible el que, según el CIS, es uno de los principales problemas que detectan los españoles. La incomodidad del PP es patente, por ejemplo, en los ataques contra la acampada de la Puerta del Sol de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

El Gobierno de Ayuso acusó al Ministerio del Interior de “permitir” la acampada y de “lavarse las manos” de su gestión. El Ejecutivo autonómico ha pedido el “desalojo en 48 horas” y ha denunciado un “perjuicio económico importante”, una estrategia que el PP ya usó contra el 15M hace ahora tres lustros. Almeida fue más allá y recurrió a una mentira: que en 2011 el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, desalojó la Puerta del Sol. La realidad fue que, tras un mes, la propia acampada aprobó su disolución.

El alcalde, además, se quiso poner la medalla del acuerdo alcanzado entre Maricarmen (representada por el Sindicato de Inquilinas) y sus caseros, la empresa Urbagestión, que ante el estallido social aceptó sentarse a negociar y aceptó las condiciones que había rechazado durante cinco años. Almeida también atacó a la acampada, y deslizó que el Gobierno ha intervenido en su nacimiento o ha optado por no desalojar Sol por puro interés estratégico: “Trata de reventar las calles de Madrid a ver si pueden sacar un resultado decente”.

Lo dicho por los dirigentes territoriales del PP confluyó en las palabras de Feijóo ante ellos mismos un rato después. Flanqueado por Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, el líder de la oposición dijo que “Ceuta sigue viviendo un abandono injustificable” y que “dos meses después, continúa esperando recursos suficientes, apoyo real y el respeto que merece”.

Ni rastro de las “medidas excepcionales” 

“Pretenden encima que dejemos de hablar de ello”, lamentó Feijóo, quien anunció una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión de la crisis migratoria. Desde la dirección del PP, completaron a su líder: “Igual alguien le ha dicho a Sánchez que le conviene hablar más de vivienda que de Ceuta”.

Sobre vivienda, Feijóo ironizó. “Están los ministros estrujándose los sesos buscando culpables, señalándose los unos a los otros, buscando alguna explicación a cómo ha ocurrido esto”, dijo. “Ocho años con miles de promesas que se llevaba el viento. Ocho años cayendo el poder adquisitivo de todos los inquilinos y subiendo. Ocho años ahogando la oferta. Ocho años castigando al propietario. Ocho años protegiendo a los okupas. Ocho años convirtiendo al promotor en una especie de delincuente. Ocho años extendiendo el problema por toda España”, añadió, para zanjar al más puro estilo Ayuso: “El problema es que se ha pasado ocho años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Maricarmen”. 

Ni rastro del Feijóo que, el mismo viernes, pidió “medidas excepcionales” para ayudar a la anciana madrileña desahuciada de su piso. Desde la dirección del PP negaron este lunes ninguna medida concreta y se remitieron a su “plan”. El líder del PP sí recuperó otro desahucio, el de Olga, una mujer en L’Hospitalet la pasada primavera y que este mismo mes de septiembre se suicidó. “Una mujer catalana por quien no quiso acampar nadie. Olga no les convenía”, dijo el lunes, y reiteró este martes en un acto con empresarios catalanes. 

Lo que obvia Feijóo es que Olga pudo ser desahuciada porque decayó la moratoria en diciembre de 2025, después del voto en contra de PP, Vox y Junts a un decreto del Gobierno.

Feijóo pide “una oportunidad”

Tampoco este viernes apoyará el PP los dos decretos aprobados por el Gobierno este martes, tal y como deslizó Feijóo en un encuentro con empresarios catalanes. “Han tenido ocho años y han fracaso; han tenido su oportunidad y ahora pido la mía”, dijo.

La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, remachó la idea poco después. En una rueda de prensa en el Congreso tildó de “cínico” a Pedro Sánchez por no haber negociado los textos con ellos. “Hemos tenido un Gobierno de izquierdas con la izquierda radical que ha destruido el mercado de la vivienda”, añadió.

Pese a desconocer el contenido, Muñoz sostuvo que “las medidas que propone” el Gobierno “van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda”. La portavoz del PP certificó ante las cámaras que su partido no quiere tener un papel en este problema: “Ellos se buscaron este lío en que han metido mintiendo a los españoles y ahora se marcan este vodevil de dos decretos. En este lío se metieron ellos”.

Mientras tanto, sus aliados de Vox aprovechan para exigir la deportación de un número indeterminado de personas migrantes. Después de que la diputada Rocío de Meer dijera hace unos meses que su partido podría plantear la expulsión de hasta siete millones de habitantes, este martes el portavoz de vivienda, Carlos Hernández Quero, dijo en una entrevista en Antena 3: “Se tienen que ir todos los ilegales; todos los que están viviendo de ayudas y no están trabajando; todos los que vienen a imponer costumbres, culturas y hábitos incompatibles con los nuestros; y todos aquellos que están delinquiendo”.

Y añadió: “No sabemos cuántos son, pero sí sabemos que estas personas no están contribuyendo y si dejan de estar aquí se van a destensar los precios de la vivienda, la presión sobre las listas de espera, sobre los centros de salud y va a permitir que los nuestros puedan vivir mejor”.

David Serra, exdiputat autonòmic, exvicesecretari del PP de Francisco Camps i advocat de la família del president Juanfran Pérez Llorca, és un dels objectius principals del dossier encarregat a un professional per a descavalcar el cap del Consell de la candidatura dels conservadors valencians a la presidència de la Generalitat. L'informe, al qual ha tingut accés elDiario.es, furga en les dues empreses que comparteix amb la seua esposa, María Magdalena González la Red, vicepresidenta segona de les Corts Valencianes pel PP.

González la Red és una de les persones de màxima confiança de Pérez Llorca al Parlament autonòmic i una de les primeres diputades de la bancada popular que el va felicitar després de ser investit president. A més, també és vicesecretària del grup parlamentari popular, una figura fonamental en la gestió dels fons del grup polític i en tot el que es cou entre bastidors en el si del poder legislatiu, ja que forma part de la Mesa de les Corts. Els ulls i les orelles del president de la Generalitat a la cambra autonòmica.

Per la seua banda, el bufet del qual Serra és soci va obtindre l'adjudicació de l'Ajuntament de Finestrat per a l'assessoria jurídica del consistori, quan Pérez Llorca era alcalde de la localitat de la comarca de la Marina Baixa.

L'informe repassa detalladament els comptes de les dues empreses vinculades a Serra i a González La Red i insinua que podrien tindre diners “opacs” a l'estranger. Tanmateix, aquest diari ha comprovat que es tracta de fons declarats davant Hisenda mitjançant un instrument financer —accions, fons o similar— que reparteix dividends des d'un país amb conveni i al qual s'aplica a Espanya la deducció per doble imposició internacional.

La dada ressenyada en l'informe prové dels comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil per l'empresa Delamain Tecnología SL, una firma dedicada a la compravenda de béns immobiliaris per compte propi en la qual Serra figura com a administrador únic i González La Red com a apoderada. El balanç anual corresponent a l'exercici 2024 anota un import suportat a l'estranger de només 447,47 euros.

La mercantil, amb uns actius superiors al mig milió d'euros, va disparar els seus beneficis dels 22.144 euros declarats el 2023 als 108.366 euros de l'any següent.

Una empresa del viver de Ramón Cerdá

Delamain Tecnología SL, segons les dades del Registre Mercantil, va ser constituïda el 2007 per Ramón Cerdá Sanjuan, un advocat d'Ontinyent dedicat a proporcionar empreses del seu viver —comptava amb milers de societats limitades— que ha aparegut en nombrosos casos de corrupció i que va ser condemnat per frau fiscal a l'Audiència Nacional.

La firma va ser constituïda per Ramón Cerdá el 30 d'octubre de 2007. No obstant això, l'1 de febrer de 2008, Cerdá va cessar com a administrador i va ser substituït per González La Red, que va traslladar el domicili de l'empresa a València i va modificar, de passada, el seu objecte social per dedicar-lo al disseny, la construcció i l'explotació de parcs productors d'energia.

Poc abans d'aquesta data, el 10 de gener de 2008, Marina Global Proyects SL —firma en la qual Magdalena González La Red figura com a apoderada i Serra com a administrador únic— va ampliar el seu objecte social a la producció, distribució, instal·lació i venda de sistemes per a la captació d'energia solar.

L'empresa va modificar el 2020 el seu objecte social per a incloure la prestació de serveis jurídics i l'assessorament i gestió estratègica de conflictes a través de serveis jurídics, mediació i arbitratge —àrea professional de González La Red—, com també la compravenda i l'arrendament de finques rústiques i urbanes —a més de l'adquisició, urbanització, parcel·lació i construcció—.

Marina Global Proyects SL va declarar el 2024 uns beneficis de 8.109 euros, que contrasten amb les pèrdues de 23.039 euros de l'exercici anterior.

Dividends de 4.965 euros

En la declaració de béns presentada davant les Corts a l'inici d'aquesta legislatura, la vicepresidenta segona de la cambra va anotar una participació del 50% en una societat mercantil —el reglament de la cambra no obliga a identificar l'empresa—, per un import de 3.761 euros.

D'altra banda, en l'última declaració anual de rendes, la diputada popular va anotar uns dividends obtinguts de 4.965 euros.

Ni David Serra ni Magdalena González La Red han contestat les telefonades ni els missatges d'aquest diari.

David Serra, exdiputado autonómico, ex vicesecretario del PP de Francisco Camps y abogado de la familia del president Juanfran Pérez Llorca, es uno de los objetivos principales del dosier encargado a un profesional para descabalgar al jefe del Consell de la candidatura de los conservadores valencianos a la presidencia de la Generalitat. El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, escarba en las dos empresas que comparte con su esposa, María Magdalena González la Red, vicepresidenta segunda de las Corts Valencianes por el PP.

González la Red es una de las personas de máxima confianza de Pérez Llorca en el Parlamento autonómico y una de las primeras diputadas de la bancada popular que le felicitó tras ser investido presidente. Además, también es vicesecretaria del grupo parlamentario popular, una figura fundamental en la gestión de los fondos del grupo político y en todo lo que se cuece entre bambalinas en el seno del poder legislativo al formar parte de la Mesa de les Corts. Los ojos y oídos del president de la Generalitat en la cámara autonómica.

Por su parte, el bufete del que Serra es socio obtuvo la adjudicación del Ayuntamiento de Finestrat para la asesoría jurídica del consistorio, siendo Pérez Llorca alcalde de la localidad de la comarca de la Marina Baixa.

El informe repasa detalladamente las cuentas de las dos empresas vinculadas a Serra y a González La Red e insinúa que podrían tener dinero “opaco” en el extranjero. Sin embargo, este diario ha comprobado que se trata de fondos declarados ante Hacienda mediante un instrumento financiero (acciones, fondo o similar) que reparte dividendos desde un país con convenio y al que en España se le aplica la Deducción por Doble Imposición Internacional.

El dato reseñado en el informe proviene de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil por la empresa Delamain Tecnología SL, una firma dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia en la que Serra figura como administrador único y González La Red como apoderada. El balance anual correspondiente al ejercicio 2024 anota un importe soportado en el extranjero de apenas 447,47 euros.

La mercantil, con unos activos superiores al medio millón de euros, disparó sus beneficios de los 22.144 euros declarados en 2023 a los 108.366 euros del año siguiente.

Una empresa del vivero de Ramón Cerdá

Delamain Tecnología SL, según los datos del Registro Mercantil, fue constituida en 2007 por Ramón Cerdá Sanjuan, un abogado de Ontinyent dedicado a proporcionar empresas de su vivero —contaba con miles de sociedades limitadas— que ha aflorado en numerosos casos de corrupción y que fue condenado por fraude fiscal en la Audiencia Nacional.

La firma fue constituida por Ramón Cerdá el 30 de octubre de 2007. Sin embargo, el 1 de febrero de 2008, Cerdá cesó como administrador y fue sustituido por González La Red, trasladando su domicilio a València y modificando de paso su objeto social al del diseño, la construcción y la explotación de parques productores de energía.

Poco antes de esa fecha, el 10 de enero de 2008, Marina Global Proyects SL (firma en la que Magdalena González La Red figura como apoderada y Serra como administrador único) amplió su objeto social a la producción, distribución, instalación y venta de sistemas para la captación de energía solar.

La empresa modificó en 2020 su objeto social a la prestación de servicios jurídicos y el asesoramiento y gestión estratégica de conflictos a través de servicios jurídicos, mediación y arbitraje —área profesional de González La Red—, así como a la compraventa y arrendamiento de fincas rústicas y urbanas (además de la adquisición, urbanización, parcelación y construcción).

Marina Global Proyects SL declaró en 2024 unos beneficios de 8.109 euros, que contrastan con las pérdidas de 23.039 euros del ejercicio anterior.

Dividendos de 4.965 euros

En la declaración de bienes presentada ante las Corts al inicio de esta legislatura, la vicepresidenta segunda de la cámara anotó una participación del 50% en una sociedad mercantil (el reglamento de la cámara no obliga a identificar la empresa), por un importe de 3.761 euros.

Por otro lado, en la última declaración anual de rentas, la diputada popular anotó unos dividendos obtenidos de 4.965 euros.

Ni David Serra ni Magdalena González La Red han contestado las llamadas y mensajes de este diario.

Como ya era previsible, Ceuta se ha convertido en el verdadero laboratorio de ideas de una derecha montaraz, que, lejos de servir a la sociedad ceutí, se sirve de ella para sus propios intereses desestabilizadores; como pretexto para acceder al Gobierno por la vía rápida. Es en Ceuta donde se está fortaleciendo el argumentario que PP y Vox están utilizando en este larguísimo período preelectoral en el que ya estamos instalados. Si antes, con la regularización masiva de inmigrantes, ya hablaban de la disolución de España, ahora les ha venido Dios a ver para inflamar y hacer más creíble su patrioterismo.

Dios o sus delegados más directos, como Trump o Netanyahu, a la vista de la claridad con que se han expresado últimamente José María Aznar y la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España. En su versión, parece que bastante fiable, la avalancha de inmigrantes en Ceuta guarda relación estrecha con esa independencia crítica mostrada por Sánchez con respecto a las políticas de guerras, atropellos, imposiciones y ataques a las libertades perpetrados por el inquilino de la Casa Blanca y el genocida del pueblo palestino que gobierna en Israel. “¿Querías ir por libre? Pues ahora, Pedro, te vas a enterar.” Esto es lo que los actuales amos del planeta le han venido a decir al presidente del Gobierno de España.

Y sí, todos, y no sólo Sánchez, nos hemos enterado de las muy serias repercusiones políticas de la crisis de Ceuta. A la ultraderecha le han puesto en las manos una nueva guerra que librar contra los “moros que nos invadieron”. No ha dudado, por tanto, en desempolvar los mitos gloriosos de la mal llamada Reconquista y convertir en invasores que hay que cazar y expulsar (aun en contra de la ley) a los inmigrantes que irrumpieron a finales de julio en la ciudad autónoma.

Unos invasores un tanto extraños, teniendo en cuenta la precariedad con la que han venido a invadirnos, el estado lamentable en que se encuentran entre nosotros, sus problemas de manutención y de alojamiento y las agresiones, cada vez más virulentas, de que son objeto por parte de las fuerzas auxiliares de la reacción hispana, empeñadas en hacer lo que saben: defender a España partiendo el cráneo a la gente.

Seguramente esos patriotas pulserita rojigualda no se han enterado de que los últimos invasores moros que conocimos en este país se los trajo Franco de África para ayudarle a “salvar España”. Una tarea que cumplieron adecuadamente matando a todo español que se pusiera por delante; siempre, claro está, que no fuera un español como Dios manda, sino simplemente un rojo desafecto al “bando nacional”. Y estos invasores se quedaron por largo tiempo en este país, formando las filas de la Guardia Mora, que protegía al Caudillo y los españolitos de entonces veíamos en el No-Do.

Pero esto da igual, a falta de memoria histórica. Los mitos de la España eterna siguen operando preocupantemente en buena parte del país. Y, por eso, los que huyen del hambre son invasores que vuelven aquí a adueñarse de lo que es nuestro. Y, a lo mejor, hasta se nos instalan un día en los palacios de la Alhambra, o recuperan la mezquita de Córdoba y hasta la Giralda, que nos pertenecen desde hace siglos por derecho de conquista. De reconquista mejor, porque, por algo “España es cristiana, y no musulmana”.

Todo lo que estos días se está gestando en Ceuta, o con motivo de Ceuta, salta a las calles y los campos de fútbol de España entera, reconvertidos en altavoces a toda potencia contra el presidente del Gobierno. Y las agresiones a inmigrantes en la ciudad autónoma (¿también por parte de militares?) rebotan con toda su crudeza contra la población de origen inmigrante en territorio peninsular. Por no hablar de las voces que exaltan el militarismo y son partidarios del juicio por traición, y posterior encarcelamiento, del presidente del Gobierno, como se reclamaba en el manifiesto de convocatoria de esa Marcha por la Dignidad que hemos tenido estos días por Madrid, con apoyo de PP y Vox.

Una marcha felizmente contrarrestada por las que ha puesto en circulación el Sindicato de Inquilinas. Movilizaciones masivas de quienes, frente a desahucios vergonzosos, como el de Maricarmen, han hecho oír su voz, reclamando de los poderes públicos medidas contundentes para que la vivienda sea un derecho, y no un instrumento de especulación en manos de fondos buitre; los que elevan desconsideradamente los precios de los pisos e impiden a las grandes mayorías de la población el acceso a la vivienda; o expulsan en masa a inquilinos que, pagando religiosamente sus alquileres, no se ajustan a los planes de negocios (turísticos, por ejemplo) de caseros sin escrúpulos.

No deja de ser un alivio que, de la noche a la mañana, las calles de las poblaciones españolas dejen de estar monopolizadas por los “españoles de bien”, que le parten la cara al primer mal español que se les cruza por el camino. La España social también existe y reclama sus derechos. Y su protagonismo. Por suerte, al menos estos días, la españolidad de los españoles y su extraña democracia carcelaria han perdido protagonismo frente a la irradiación popular que nos llega de la acampada en la Puerta del Sol. Es posible parar la tenebrosa Reconquista española. Basta que toda la izquierda española, empezando por el PSOE, se lo proponga.

L'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ha decidit distingir Alberto Juan Llaneras, un dels policies locals que van vexar una excompanya i posteriorment regidora de Podem, Sonia Vivas, i que van ser condemnats per coaccions amb unes penes confirmades pel Tribunal Suprem. També distingirà Antonio Garcías, un altre agent de la Policia Local condemnat per torturar un detingut en dependències policials. Tots dos rebran la Creu al Mèrit Policial amb distintiu verd, una condecoració que reconeix actuacions meritòries i contribucions al prestigi de la institució.

Les distincions honorífiques van ser aprovades aquest mes pel ple municipal, tal com ha informat Diario de Mallorca i ha confirmat elDiario.es a partir de la documentació incorporada a la seu electrònica municipal. Malgrat les reiterades consultes d'aquest diari, l'Ajuntament no ha facilitat informació sobre l'acord ni sobre els mèrits concrets que justifiquen la concessió de les distincions a tots dos funcionaris.

De manera genèrica, la proposta es fonamenta en l'article 131 del Reglament de condecoracions, que preveu la concessió d'aquest reconeixement a aquells que dirigeixin o executin amb èxit serveis d'especial dificultat o rellevància, demostrin una dedicació i un compliment exemplar de les seves funcions, desenvolupin una tasca prolongada en favor de la dignificació i el prestigi de les policies locals i de la defensa dels drets i les llibertats públiques, o duguin a terme projectes i treballs professionals o científics rellevants que contribueixin al prestigi de la institució.

La distinció als dos policies arriba anys després que la Justícia acredités greus actuacions policials i condemnés tots dos agents en procediments diferents. En el cas de Llaneras, el Tribunal Suprem va confirmar el gener de 2021 la pena que li havia estat imposada en primera instància: un any i tres mesos de presó per un delicte de coaccions. Juntament amb ell, va ser condemnat un altre company, Rafael Puigrós Rosselló, a qui es van imposar tres anys i cinc mesos de presó per coaccions, denúncia falsa i fals testimoni.

La sentència del Suprem va posar fi a una batalla judicial iniciada el 2016 que va treure a la llum alguns dels episodis més durs i espinosos dels que van transcendir en el marc del que es va conèixer com a cas Cursach. L'exagent de policia va decidir portar als tribunals el maltractament continuat que denunciava patir per la seva orientació sexual. La seva denúncia va passar a formar part de les múltiples línies d'investigació en què es va dividir l'anterior macrocausa, que, en essència, va centrar la instrucció en una presumpta trama policial d'extorsions i tractes de favor destinada a salvaguardar els negocis del magnat de l'oci nocturn Bartolomé Cursach. Tant l'empresari com nombrosos policies locals van ser finalment absolts, després d'una instrucció durament qüestionada pel jutge i el fiscal que els van investigar.

Llaneras, no obstant això, va ser un dels agents que sí que van acabar condemnats en una de les línies d'investigació. La sentència del Suprem va considerar provat que tant ell com el seu company van convertir l'actitud homòfoba en una forma habitual de relacionar-se amb Vivas, aleshores agent de la Policia Local, a qui humiliaven i menyspreaven amb insults, burles sobre la seva orientació sexual, gestos obscens i mofes en la seva presència. Ho van fer, segons la resolució, “moguts pel seu odi i menyspreu a la seva condició homosexual”.

La sentència també relata les conseqüències psicològiques que l'assetjament va provocar en Vivas, així com les escenes d'assetjament i escarment que va patir després de denunciar els fets. Segons l'alt tribunal, els agents van intentar, fins i tot, que l'exagent perdés la seva plaça a la Policia Local. Tot i que els tribunals van considerar acreditat el caràcter homòfob de les vexacions, no van poder condemnar els agents pel delicte contra la integritat moral perquè els fets havien prescrit. Sí que van ser condemnats per coaccions.

D'altra banda, la Sala Penal va estimar parcialment els recursos de cassació interposats pels dos policies, fet que va comportar l'anul·lació de la pena accessòria d'inhabilitació per exercir com a policies durant el temps de la condemna. A parer dels magistrats, no existia una relació directa entre l'exercici del càrrec i el delicte comès. Sobre aquesta qüestió, el Suprem va considerar que les coaccions dels acusats, tot i que estaven directament vinculades a uns fets anteriors que havien tingut lloc en l'exercici de les seves funcions com a agents de policia —i malgrat que aquestes funcions fins i tot n'haguessin facilitat la comissió—, no estaven relacionades “amb una estricta actuació professional”.

El policia que va agredir un detingut

Per la seva banda, Garcías, l'altre policia que serà condecorat, rebrà la distinció una dècada després que el Suprem confirmés la seva condemna per una agressió a un detingut als calabossos de la caserna de Sant Ferran, seu de la Policia Local de Palma. Els fets van tenir lloc el maig de 2011 i van quedar enregistrats per les càmeres de seguretat de les dependències policials, tal com va informar Diario de Mallorca.

La decisió de l'Ajuntament es produeix en un context d'homenatges i distincions institucionals a policies i funcionaris que van ser investigats en el marc del cas Cursach. El passat 17 de setembre, el Consistori va celebrar a la caserna de Sant Ferran un acte d'homenatge i desgreuge als agents i treballadors municipals que van ser investigats i, en alguns casos, processats i finalment exonerats en la causa. La cerimònia, presidida per l'alcalde, Jaime Martínez, va incloure el lliurament de medalles i diplomes en reconeixement a la seva “dignitat professional”.

Aquests homenatges arriben després d'anys de reivindicacions dels agents i funcionaris perquè el Consistori assumís institucionalment el perjudici que, segons sostenen, van patir durant les investigacions.

El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha decidido condecorar a Alberto Juan, uno de los policías locales que vejaron a una excompañera y posteriormente concejal de Podemos, Sonia Vivas, y que fueron condenados -con penas confirmadas por el Tribunal Supremo- por coacciones. También distinguirá a Antonio Garcías, otro agente de la Policía Local condenado por torturar a un detenido en dependencias policiales. Ambos recibirán la Cruz al Mérito Policial con distintivo verde, una condecoración que reconoce actuaciones meritorias y contribuciones al prestigio de la institución.

Las distinciones honoríficas fueron aprobadas este mes por el pleno municipal, tal como ha informado Diario de Mallorca y ha confirmado elDiario.es a través de la documentación incorporada en la sede electrónica municipal. Pese a las reiteradas consultas de elDiario.es, el Ayuntamiento no ha facilitado información al respecto ni los méritos concretos que justifican la concesión de los reconocimientos a ambos funcionarios.

De forma genérica, la propuesta se fundamenta en el artículo 131 del Reglamento de condecoraciones: la concesión de este reconocimiento se contempla para quienes dirijan o ejecuten con éxito servicios de especial dificultad o relevancia, demuestren una dedicación y un cumplimiento ejemplar de sus funciones, desarrollen una labor prolongada en favor de la dignificación y el prestigio de las policías locales y la defensa de los derechos y libertades públicas, o realicen proyectos y trabajos profesionales o científicos relevantes que contribuyan al prestigio de la institución.

La distinción a los dos policías llega años después de que la Justicia acreditara graves actuaciones policiales y condenara a ambos agentes en distintos procedimientos. En el caso de Llaneras, el Tribunal Supremo confirmó en enero de 2021 la pena que le fue impuesta en primera instancia: un año y tres meses por un delito de coacciones. Junto a él fue condenado otro compañero, quien fue castigado con tres años y cinco meses de cárcel por coacciones, denuncia falsa y falso testimonio. 

La sentencia del Supremo fue el desenlace de una batalla judicial que se inició en 2016 y sacó a relucir los episodios más arduos y espinosos de cuantos trascendieron en el marco del que se conoció como caso Cursach. La exagente de policía decidió llevar a los tribunales el continuo maltrato al que denunciaba estar sometida por su orientación sexual. Su denuncia pasó a formar parte de las múltiples líneas de investigación en las que se desgajó la anterior macrocausa, que, en esencia, centró su instrucción en una presunta trama policial de extorsiones y tratos de favor dirigida a salvaguardar los negocios del magnate de la noche Bartolomé Cursach. Tanto el empresario como numerosos policías locales fueron finalmente absueltos tras una instrucción duramente cuestionada por parte del juez y del fiscal que los investigaron.

Llaneras, sin embargo, fue uno de los agentes que sí acabó condenado en una de aquellas líneas de investigación. La sentencia del Supremo consideró probado que tanto su compañero como él convirtieron su actitud homófoba en una forma habitual de relacionarse con la entonces agente, a la que humillaban y menospreciaban con insultos, burlas sobre su orientación sexual, gestos obscenos y las mofas en su presencia. Lo hicieron, según la sentencia del Supremo, “movidos por su odio y desprecio a su condición homosexual”. La resolución del Supremo relata la afectación psicológica que provocó en Vivas el hostigamiento sufrido y las escenas de acoso y escarmiento que vivió una vez denunciados los hechos. Según el Alto Tribunal, los agentes intentaron, incluso, que la ex agente perdiera su plaza en la Policía Local.

Aunque los tribunales dieron por acreditado el carácter homófobo de las vejaciones, no pudieron condenar a los agentes por delito contra la integridad moral porque los hechos habían prescrito. Sí fueron condenados por coacciones.

Por otro lado, la Sala de lo Penal estimó de forma parcial los recursos de casación interpuestos por los dos policías en lo que suponía la anulación de la pena accesoria de inhabilitación que se les impuso para el empleo de policía durante el tiempo de la condena. A juicio de los magistrados, no existía una relación directa entre el ejercicio de su cargo y el delito cometido. Al respecto, el Supremo consideró que las coacciones de los acusados, aunque estaban vinculadas directamente con unos acontecimientos anteriores que habían tenido lugar en el ejercicio de sus funciones como agentes de policía -y aun cuando facilitaron la comisión de los hechos por los que han sido condenados-, no se relacionaban “con una estricta actuación profesional”.

El policía que agredió a un detenido

Por su parte, Garcías, el otro policía que será condecorado, será reconocido una década después de que el Supremo confirmara su condena por una agresión a un detenido en los calabozos del cuartel de Sant Ferran, sede de la Policía Local de Palma. Los hechos ocurrieron en mayo de 2011 y quedaron grabados por las cámaras de seguridad de las dependencias policiales, tal como informó en su momento Diario de Mallorca.

La decisión del Ayuntamiento se produce en un contexto de reconocimientos institucionales a policías y funcionarios que fueron investigados en el marco del caso Cursach. El pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento celebró en el cuartel de Sant Ferran un acto de homenaje y desagravio a los agentes y trabajadores municipales que fueron investigados y, en algunos casos, procesados y finalmente exonerados en la causa. La ceremonia, presidida por el alcalde, Jaime Martínez, incluyó la entrega de medallas y diplomas en reconocimiento a su “dignidad profesional”. Los homenajes llegan después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios para que el Consistorio asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante las investigaciones.

El protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler del Ayuntamiento de Valladolid para colectivos vulnerables contraviene la legislación sobre violencia de género y debe modificarse para incluir a las víctimas de violencia machista. Esa es la principal conclusión del informe jurídico encargado por Alcaldía el pasado 14 de septiembre, después de que el PSOE desvelase que en mayo se había efectuado un cambio en el protocolo que pasó desapercibido en un primer momento, al sustituir a las víctimas de violencia de género por las víctimas de violencia doméstica.

Para el equipo de gobierno, formado por la coalición PP-Vox, la violencia doméstica incluye la violencia machista, algo que descarta tajantemente el informe. El patinazo jurídico y político del equipo de gobierno se advirtió también por colectivos feministas que habían convocado una manifestación para el próximo domingo para exigir una rectificación. También se planteaba intervenir con un recurso el Ministerio de Igualdad.

“La cuestión planteada debe responderse, desde el punto de vista jurídico, de manera negativa entendiendo, en consecuencia, que el protocolo aprobado por VIVA (la empresa municipal que gestional la vivienda), no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género”, se apunta en el informe.

Además, incide en que la legislación aplicable “obliga a referenciar de manera singular y expresa” a las mujeres víctimas de violencia de género y que esta violencia de género a las mujeres puede manifestarse en el ámbito doméstico y/o familiar pero también en otros diferentes a lo que hay que añadir que la violencia de género según la legislación que se aplica está directamente relacionada con el género interviniendo en ella unos sujetos, tanto desde el punto de vista activo (hombre) como pasivo (mujer o hijos / familiares menores de edad con los que tenga relación) que no son coincidentes con la violencia en el ámbito doméstico y / o familiar. “Dicho de otra manera: en el ámbito doméstico y/ o familiar puede haber violencia de género pero no toda violencia en el ámbito dicho, es de género, a lo que hay que añadir que ésta, la de violencia de género, puede producirse fuera de ese ámbito”.

Entrando en el terreno normativo, señala que en el ámbito de la vivienda se aplica el árticulo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 y el artículo 35 de la Ley 13/2010, donde se establecen medidas orientadas a proteger singularmente a mujeres víctimas de violencia de género. La normativa se complementa con la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 5 considera colectivo de especial vulnerabilidad en el acceso a la vivienda de protección pública y entre otros, a las mujeres víctimas de violencia de género, y hay que tener en cuenta la finalidad de esa ley en los planes de vivienda. Pero es que además, la valoración de “situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar” no da prioridad al colectivo de víctimas de violencia de género por que la puntación que se obtiene en ese apartado es la misma cuando hay violencia doméstica que no se puede calificar como de género. Por todo ello el informe insta a completar el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler aprobado por VIVA incluyendo a las víctimas de violencia machista.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero ha considerado que se trata de una victoria sobre todo de las mujeres, y de los colectivos y grupos políticos, además de una derrota “política y jurídica” del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “por abrazarse a la extrema derecha”.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que su grupo parlamentario defenderá 58 enmiendas a la ley urgente de medidas sobre urbanismo y vivienda que se tramita en las Cortes regionales, centradas en la normativa de suelo y en materias fiscales.

Núñez ha destacado que la proposición de ley presentada por el PSOE cuenta con seis artículos y se enfrenta a 58 enmiendas del PP en dos direcciones. “Por un lado, están mal planteadas las modificaciones que tienen que ir en torno a la Ley del Suelo, porque es necesario que haya un crecimiento sostenido, coherente y ordenado para que la construcción de nuevas viviendas y la creación de nuevos servicios vayan a la par”, ha explicado el presidente del PP de Castilla-La Mancha. Para el Partido Popular, el proyecto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista “no se adecua al crecimiento poblacional y urbano que tiene que darse necesariamente en Castilla-La Mancha al crecimiento de los servicios”.

Por otra parte, Núñez ha explicado que el segundo bloque de enmiendas que defenderán “va en la dirección de bajar impuestos”.

Al margen de las enmiendas, Paco Núñez ha subrayado que la proposición “no trae memoria económica”, cuestionando que realmente sea operativa para la construcción de nuevas viviendas y nuevos espacios urbanísticos si no cuenta con “financiación para desarrollar la Ley”.

Esa ausencia de memoria económica “demuestra de qué forma está haciendo esto el Gobierno de Page”, criticando que “el resumen de la política de vivienda de Emiliano García-Page es en que en 11 años han construido cero viviendas”.

“No ha habido ninguna negociación”

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reiterado que, a pesar del mensaje publicado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en redes sociales, “no ha habido ninguna negociación en la Ley de Vivienda”.

“Tan solo hubo una reunión informativa del consejero a la que convocó a los grupos para informarnos de que iba a traer una ley y leernos la ley”, ha afirmado.

Paco Núñez ha afirmado que el mensaje del consejero de Fomento es “una más” de la estrategia de comunicación del Ejecutivo regional, afirmando que “en los medios se vende un gobierno idílico y luego cuando uno rasca se da cuenta que no hay nada”.

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado que la investigación judicial abierta por un presunto acoso laboral a una funcionaria del área de Urbanismo no condicionará su intención de presentarse como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. Ha señalado que asiste “con total tranquilidad y serenidad” a las diligencias del juzgado y ha defendido que su forma de actuar con los empleados municipales responde a un nivel de “exigencia” y “rigor” que, ha dicho, aplica a todos los funcionarios públicos.

Así lo ha manifestado este martes en una rueda de prensa en la que ha respondido a las preguntas de los medios sobre la citación judicial del próximo 25 de noviembre y sobre la polémica por el vehículo del concejal de Deportes, Javier Trujillo, aparcado en dependencias municipales.

“Estoy muy tranquilo y también el partido”

Preguntado por si el recorrido judicial del asunto puede afectar a su decisión de cara a la precampaña o generar recelos en su partido, Ruiz ha dicho desconocer “los derroteros” que tomará el procedimiento, pero se ha mostrado convencido de que ni él ni el Partido Popular están preocupados. “Estoy muy tranquilo, el partido está tranquilo”, ha afirmado.

Sobre las diligencias judiciales, el regidor ha subrayado que se trata de “una denuncia que pone un particular, una funcionaria, a una persona que ejerce un cargo político”, y que surge, a su juicio, “de la forma de actuar, del rigor o de la forma que tiene de actuar un político”. Ha defendido que el asunto debe “aparcarse” y que “cuando haya una sentencia judicial, si es que llega a haberla, y el juez decida lo que decida, entonces será el momento de hablar y de tomar decisiones”.

Sobre su candidatura, ha sido claro: “Tengo muy claro que en mayo de 2027, en principio si no hay ningún cambio, yo seré el candidato a la Alcaldía por parte del Partido Popular”. Ha matizado que sería así “salvo que el partido decida traer otro candidato que considere que está más preparado que el actual alcalde”, algo que, ha precisado, “a día de hoy no se plantea en el Partido Popular”.

Tengo muy claro que en mayo de 2027, en principio si no hay ningún cambio, yo seré el candidato a la Alcaldía por parte del Partido Popular

“Una cosa es acoso y otra, exigencia”

Ruiz ha rechazado de plano las acusaciones de acoso laboral y ha vinculado su comportamiento con la funcionaria al nivel de exigencia que, según ha explicado, aplica a toda la plantilla municipal. “Una cosa es la palabra o el término acoso y otra es exigencia, rigor a la hora de ser profesionales cada uno en su trabajo; son términos totalmente diferentes”, ha afirmado.

“Por mi parte no ha habido acoso laboral a ningún trabajador de esta casa, se puede demostrar y así lo haremos cuando nos llame a declarar el juez”, ha añadido.

El alcalde ha asegurado que su forma de actuar va a ser siempre la que “viene realizando” desde que tomó el cargo de la Alcaldía: “Con responsabilidad, actuando con el rigor que tienen que ostentar los cargos públicos”.

Ha explicado que exige a cualquier funcionario que proteja los intereses de los ciudadanos y los intereses municipales“, algo que, ha dicho, ”se llama proteger el dinero público, proteger la atención al ciudadano“.

En ese sentido, ha afirmado que será “igual de exigente” con el resto de empleados públicos, “que al final son funcionarios que pagamos todos los ciudadanos y que se deben un respeto a los ciudadanos y sobre todo a la defensa de los intereses municipales”.

Cita para declarar el 25 de noviembre

Respecto a la citación para declarar el 25 de noviembre, Ruiz ha asegurado que el equipo de gobierno está “totalmente tranquilo, sereno” y que “lo único que ha cambiado de hace unos meses a la fecha es que nos ha llegado una citación para que vayamos al juzgado a declarar”.

No obstante, ha calificado de “sorprendente” que los afectados se enteraran “por la prensa” días antes de que llegue la citación. Según ha relatado, la notificación les llegó el lunes “en torno a las once de la mañana, cuando ya estaba en todos los medios nacionales”. “Evidentemente, alguien tiene mucho interés en que se haga un debate político y público de esta citación”, ha sostenido.

“Si otros quieren usar esto para hacer política, allá ellos; no es la forma que tenemos nosotros de hacer política y lo nuestro es trabajar, es gestión, es quitar la deuda y, con ese dinero, seguir invirtiendo en nuestra ciudad trayendo oportunidades para nuestros jóvenes, empresas, trabajo, dinamismo..., en definitiva, la ciudad del futuro que queremos para nuestros vecinos”, ha declarado.

Da por “zanjado” el caso del coche de un concejal

En la misma comparecencia, y a preguntas de los periodistas, el alcalde ha dado por “zanjada” la polémica por el coche de un concejal de Deportes, Javier Trujillo, aparcado en dependencias municipales, a pesar de que “sigan saliendo fotografías”. A su juicio, el asunto quedó cerrado en el Pleno y, posteriormente, el viernes con las disculpas del edil.

Ruiz ha reiterado lo que dijo en el Pleno. “Este alcalde no había dado autorización a ningún concejal para usar como parking privado ninguna instalación pública, y lo vuelvo a reiterar: nadie tiene autorización”, ha repetido.

También ha recordado que el propio concejal admitió públicamente que hizo “un uso indebido de esa instalación”, y ha considerado que “ha quedado así demostrado”. “El que quiera seguir sacando fotografías, seguir utilizándolas en las redes para intentar políticamente cambiar algo de esta ciudad, que siga adelante, pero nosotros tenemos que estar centrados en trabajar”, ha añadido.

Preguntado por la petición de responsabilidades y por las informaciones que apuntan a que el vehículo habría sido utilizado también por una persona con relación familiar directa con el concejal, Ruiz ha admitido que “hay que exigir responsabilidades”, pero ha rechazado que el caso justifique una dimisión. “De ahí a que tenga que dimitir por el uso indebido de una instalación, considero que no es una actitud para dimitir, ni un caso para dimitir, y lo digo abiertamente”, ha afirmado. Ha precisado que, si hubiera habido “otras negligencias” en su labor como concejal, será “el primero que hubiera obligado a que dimitiera”.

Considero que no es una actitud para dimitir, ni un caso para dimitir, y lo digo abiertamente

Ruiz también ha replicado al secretario general del PSOE, que había hablado de una “escalada en la gravedad” del asunto. El alcalde ha pedido a los socialistas que “cada vez que den una rueda de prensa no mientan a los ciudadanos con falsas verdades”, y les ha acusado de “coger noticias o frases aisladas y crear su propio discurso”.

Ha negado haber admitido en el Pleno que el concejal usara la instalación para uso particular, y ha sostenido que sus declaraciones acreditan “quién dice la verdad cuando coge un micrófono y quién falta a la verdad”. “No voy a perder más tiempo en el secretario general del PSOE, que está utilizando la misma política que vemos a nivel nacional”, ha concluido.

El PSOE pregunta a Paco Núñez si pedirá su dimisión

Sobre este tema ha hablado hoy en Toledo el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, quien se ha dirigido al presidente regional del PP, Paco Núñez, para saber “si va a pedir explicaciones y a exigir la dimisión del alcalde de Puertollano” o bien, decía, “va a callar por temor a que Génova convoque finalmente el congreso del PP y le muevan el sillón”.

El también diputado ha reclamado al líder del PP castellanomanchego que se pronuncie y le ha recordado otros casos en su partido sobre los que le ha afeado que no hable. Quiere saber “si le parecen bien las expresiones machistas y vejatorias de otros alcaldes de su partido, la apología del franquismo que han hecho algunos de sus concejales o que, por ejemplo, un concejal de Villarrobledo convocara una oposición y se presentara él mismo”, ha expuesto.

García-Navas ha asegurado que la “cobardía política” de Núñez en realidad esconde también “una doble moral”, porque los ‘populares’, ha lamentado, “no ven la viga en su ojo y ven la paja en el ojo ajeno”.

Paco Núñez reafirma al alcalde como candidato

Paco Núñez ha evitado pronunciarse sobre la imputación del alcalde de Puertollano, apuntando que “siempre he mantenido por costumbre y de manera coherente no pronunciarme sobre procedimientos judiciales en curso”, según recoge Europa Press.

Por el contrario, ha trasladado su confianza en Ruiz, y su apoyo a que sea nuevamente candidato a la alcaldía, asegurando que “va a gobernar Puertollano con mayoría absoluta en la siguiente legislatura”.

La Diputación de Ávila –dirigida por el Partido Popular– ha colocado en su fachada (el Torreón de los Guzmanes) una bandera de Ceuta de 24 metros cuadrados como “gesto simbólico” de “apoyo a los caballas”, según el presidente de la institución, Carlos García.

Esa enseña de 24 metros cuadrados permanecerá instalada en el exterior del palacio que alberga las dependencias principales de la corporación provincial, en cuyo Salón de Plenos también ha sido instada una bandera ceutí, custodiada por las de la Unión Europea, España, Castilla y León y la provincia de Ávila.

De esta manera, la institución provincial ha enviado un mensaje de solidaridad, dos meses después de la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos, que según ha comentado García al inicio del pleno ordinario del mes de septiembre, está “condicionando” desde entonces “la vida diaria” de los ceutíes.

El presidente de la Diputación ha trasladado el “apoyo de los 162.000 abulenses” a los ceutíes al inicio de un pleno que ha arrancado con el debate de dos mociones en torno a la situación de Ceuta, presentadas por el Partido Popular y Vox, que han contado con 19 votos a favor -PP, Por Ávila, Vox y no adscrito- y 6 en contra -PSOE.

L'adjudicació de 34 habitatges públics ha desfermat la polèmica política a Marratxí, un municipi que en les últimes dècades ha experimentat una profunda transformació urbanística i demogràfica fins a convertir-se, amb més de 40.000 habitants, en un dels més poblats de Mallorca. La controvèrsia afecta una promoció d'habitatge protegit en règim de lloguer les obres del qual van arrancar sota mandat socialista, però els criteris d'adjudicació del qual va modificar el PP per prioritzar els residents amb més de cinc anys d'antiguitat a la localitat. Des de l'oposició denuncien, però, que entre els beneficiaris figura el fill d'un regidor del PP i qüestionen tant els criteris aplicats com la falta de transparència del procediment.

La promoció es troba a sa Cabana, un dels nuclis residencials de Marratxí. Tradicionalment vinculats a la vida de poble, aquests nuclis conviuen avui amb noves urbanitzacions i una creixent pressió immobiliària, que ha encarit l'accés a l'habitatge i tensat el mercat del lloguer. A l'agost de 2026, el preu d'oferta de l'habitatge va assolir els 4.040 euros per metre quadrat en el conjunt del municipi, segons Idealista, en un context d'emergència habitacional que converteix cada promoció pública en un recurs especialment escàs.

Les obres de la nova promoció van arrancar el 24 de gener de 2022, durant el mandat del socialista Miquel Cabot. El 2 de desembre de 2023, ja amb el popular Jaume Llompart al capdavant del Consistori, el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) recollia els llistats provisionals de participants i les seves puntuacions inicials. L'anunci oficial, consultat per aquest diari, dividia els interessats en tres contingents diferenciats: un de preferent per a persones amb més de cinc anys de residència a Marratxí; un altre d'específic per a residents amb aquesta mateixa antiguitat i mobilitat reduïda, i un contingent general que agrupava els qui duien menys de cinc anys al municipi i la resta de sol·licitants de Balears.

Deu dies després, el 12 de desembre, l'Ajuntament va anunciar un acord amb l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) per donar prioritat en l'adjudicació als residents a Marratxí amb més de cinc anys d'antiguitat i reservar cinc habitatges per a persones amb necessitats especials. Els primers 22 habitatges es van lliurar el 31 de juliol de 2024 i els altres 12, el 21 d'octubre d'aquell any.

El criteri dels cinc anys, sota la lupa

La portaveu de Més per Marratxí, Aina Amengual, assegura que fa vuit mesos que reclama de manera infructuosa documentació sobre el procés i que únicament ha pogut accedir a part de la informació a través de les gestions del diputat Ferran Rosa al Parlament, recriminant que les traves a l'accés a les dades han dificultat la fiscalització d'una adjudicació en la qual cada habitatge resulta especialment rellevant per la situació del mercat residencial.

La formació qüestiona els criteris aplicats en la promoció i la prioritat concedida als residents de Marratxí. Segons les dades difoses llavors pel Consistori -i comprovades per aquest diari en la documentació de l'expedient-, hi havia 80 sol·licitants amb més de cinc anys de residència, a més d'una persona amb mobilitat reduïda i aquesta antiguitat, davant de 910 sol·licitants amb menys de cinc anys de residència a Marratxí o procedents de la resta de Balears. “Ser de Marratxí o portar més de cinc anys empadronat acredita residència i arrelament, però no és el mateix que acreditar una major necessitat d'habitatge”, assenyala Amengual, qui qüestiona l'efecte que va tenir aquest canvi de prioritats i si van poder quedar fora famílies amb majors dificultats habitacionals.

Els ecosobiranistes emmarquen la denúncia en la crisi d'accés a l'habitatge i reclamen transparència sobre un procediment que afecta un nombre reduït d'immobles davant d'una demanda creixent: l'Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears estima en unes 17.000 el dèficit acumulat d'habitatges durant els últims 25 anys en un context en el qual la població balear va créixer un 46,3% entre 2000 i 2025, davant del 31,5% d'augment del parc residencial. “Parlem de només 34 habitatges davant d'una necessitat enorme. Cada habitatge compta i cada criteri d'adjudicació compta”, afirma Amengual, qui anuncia que continuarà fiscalitzant la documentació per determinar l'efecte dels criteris de residència i les prioritats aplicades, mentre insisteix que la ciutadania ha de conèixer els vincles familiars detectats entre adjudicataris i membres del govern municipal del PP.

La petició d'informació per part d'Amengual, presentada en l'exercici de les seves funcions de fiscalització com a regidora, pretenia conèixer la situació d'ocupació i residència dels immobles vinculats a procediments de desnonament i reallotjament en els nous pisos. Per a això, el passat mes d'abril va reclamar la relació de persones empadronades, la data d'alta en el padró i la composició de les unitats de convivència dels habitatges de la nova promoció. L'Ajuntament, no obstant això, va rebutjar facilitar aquesta informació nominativa al·legant motius relacionats amb la protecció de dades personals.

Al respecte, Amengual defensa que no reclamava la publicació indiscriminada de dades personals, sinó comprovar qui complia efectivament el criteri de residència i des de quan. La formació recorda que el Reglament Orgànic Municipal i la legislació balear de règim local reconeixen aquest dret, subjecte al deure de reserva i confidencialitat.

En la seva resposta, el Consistori al·legava que, en relació amb els habitatges gestionats directament per l'Ibavi, la corporació municipal no és la responsable del tractament de les dades dels seus adjudicataris i que, per tant, Amengual s'havia de dirigir al propi institut, malgrat que el propi criteri d'adjudicació atorgava un paper determinant a la residència a Marratxí: les bases establien un contingent preferent per als qui acredités almenys cinc anys de residència continuada i efectiva en el municipi, al qual només es recorreria abans que al contingent general. Una circumstància que, d'acord amb les bases, s'havia d'acreditar mitjançant certificats municipals d'empadronament. A això se suma el fet que en aquests mateixos edificis hi ha cinc habitatges gestionats per l'Ajuntament de Marratxí en virtut d'un conveni signat amb el Govern el 4 de novembre de 2025.

L'Ajuntament nega haver intervingut

elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Marratxí per aprofundir sobre el tema, des d'on remeten al comunicat que van difondre dissabte passat després de la denúncia pública efectuada per Amengual. En ell, la corporació municipal rebutja les acusacions de la portaveu municipal de Més i assegura que en cap moment va intervenir en l'adjudicació al fill d'un dels seus regidors, el qual, segons la informació recaptada, estava inscrit al Registre de Demandants de l'Ibavi des del març del 2023. Així mateix, nega que existeixi relació de parentiu entre qualsevol altre adjudicatari i els regidors de l'equip de govern.

En la mateixa nota, el Consistori al·lega que és l'Ibavi, i no el Consistori, el que resol el procediment conforme a les bases, requisits i criteris objectius establerts i, sobre l'exigència d'un mínim de cinc anys de residència, sosté que respon a la normativa autonòmica en matèria d'habitatge i busca prioritzar l'accés dels residents del municipi. Finalment, considera “inacceptable llançar acusacions o insinuacions públiques sense aportar proves” i qüestionar l'actuació dels càrrecs i empleats públics que participen en els procediments administratius.

El Govern defensa els seus criteris d'accés

Per la seva part, consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat, de la qual depèn l'Ibavi, asseveren que les adjudicacions per part d'aquest organisme les realitzen els tècnics en base a baremacions i criteris “objectius i transparents”, alhora que consideren que “aquestes insinuacions només cerquen desmerèixer l'esforç mai realitzat en matèria d'habitatge públic per part d'aquest Govern, amb més de 1.800 habitatges públics en tramitació a les Illes Balears”.

Les mateixes fonts incideixen en què els cinc anys de residència a l'arxipèlag és un criteri establert per la llei autonòmica que ajuntaments de diferent signe polític estan aplicant en els seus respectius municipis, entre ells governats pel PSIB i Més.

La adjudicación de 34 viviendas públicas ha desatado la polémica política en Marratxí, un municipio que en las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación urbanística y demográfica hasta convertirse, con más de 40.000 habitantes, en uno de los más poblados de Mallorca. La controversia afecta a una promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler cuyas obras arrancaron bajo mandato socialista, pero cuyos criterios de adjudicación modificó el PP para priorizar a los residentes con más de cinco años de antigüedad en la localidad. Desde la oposición denuncian, sin embargo, que entre los beneficiarios figura el hijo de un concejal del PP y cuestionan tanto los criterios aplicados como la falta de transparencia del procedimiento.

La promoción se encuentra en sa Cabana, uno de los núcleos residenciales de Marratxí. Tradicionalmente vinculados a la vida de pueblo, estos núcleos conviven hoy con nuevas urbanizaciones y una creciente presión inmobiliaria, que ha encarecido el acceso a la vivienda y tensionado el mercado del alquiler. En agosto de 2026, el precio de oferta de la vivienda alcanzó los 4.040 euros por metro cuadrado en el conjunto del municipio, según Idealista, en un contexto de emergencia habitacional que convierte cada promoción pública en un recurso especialmente escaso.

Las obras de la nueva promoción arrancaron el 24 de enero de 2022, durante el mandato del socialista Miquel Cabot. El 2 de diciembre de 2023, ya con el popular Jaume Llompart al frente del Consistorio, el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) recogía los listados provisionales de participantes y sus puntuaciones iniciales. El anuncio oficial, consultado por este periódico, dividía a los interesados en tres contingentes diferenciados: uno preferente para personas con más de cinco años de residencia en Marratxí; otro específico para residentes con esa misma antigüedad y movilidad reducida, y un contingente general que agrupaba a quienes llevaban menos de cinco años en el municipio y al resto de solicitantes de Balears.

Apenas diez días después, el 12 de diciembre, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para dar prioridad en la adjudicación a los residentes en Marratxí con más de cinco años de antigüedad y reservar cinco viviendas para personas con necesidades especiales. Las primeras 22 viviendas se entregaron el 31 de julio de 2024 y las otras 12, el 21 de octubre de ese año.

El criterio de los cinco años, bajo lupa

La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, asegura que lleva ocho meses reclamando de forma infructuosa documentación sobre el proceso y que únicamente ha podido acceder a parte de la información a través de las gestiones del diputado Ferran Rosa en el Parlament, recriminando que las trabas al acceso a los datos han dificultado la fiscalización de una adjudicación en la que cada vivienda resulta especialmente relevante por la situación del mercado residencial.

La formación cuestiona los criterios aplicados en la promoción y la prioridad concedida a los residentes de Marratxí. Según los datos difundidos entonces por el Consistorio -y comprobados por este periódico en la documentación del expediente-, había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia, además de una persona con movilidad reducida y esa antigüedad, frente a 910 solicitantes con menos de cinco años de residencia en Marratxí o procedentes del resto de Balears. “Ser de Marratxí o llevar más de cinco años empadronado acredita residencia y arraigo, pero no es lo mismo que acreditar una mayor necesidad de vivienda”, señala Amengual, quien cuestiona el efecto que tuvo ese cambio de prioridades y si pudieron quedar fuera familias con mayores dificultades habitacionales.

Los ecosoberanistas enmarcan la denuncia en la crisis de acceso a la vivienda y reclaman transparencia sobre un procedimiento que afecta a un número reducido de inmuebles frente a una demanda creciente: el Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears estima en unas 17.000 el déficit acumulado de viviendas durante los últimos 25 años en un contexto en el que la población balear creció un 46,3% entre 2000 y 2025, frente al 31,5% de aumento del parque residencial. “Hablamos de solo 34 viviendas frente a una necesidad enorme. Cada vivienda cuenta y cada criterio de adjudicación cuenta”, afirma Amengual, quien anuncia que continuará fiscalizando la documentación para determinar el efecto de los criterios de residencia y las prioridades aplicadas, mientras insiste en que la ciudadanía debe conocer los vínculos familiares detectados entre adjudicatarios y miembros del gobierno municipal del PP.

La petición de información por parte de Amengual, presentada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización como concejala, pretendía conocer la situación de ocupación y residencia de los inmuebles vinculados a procedimientos de desahucio y realojo en los nuevos pisos. Para ello, el pasado mes de abril reclamó la relación de personas empadronadas, la fecha de alta en el padrón y la composición de las unidades de convivencia de las viviendas de la nueva promoción. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó facilitar esa información nominativa alegando motivos relacionados con la protección de datos personales.

Al respecto, Amengual defiende que no reclamaba la publicación indiscriminada de datos personales, sino comprobar quién cumplía efectivamente el criterio de residencia y desde cuándo. La formación recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal y la legislación balear de régimen local reconocen ese derecho, sujeto al deber de reserva y confidencialidad.

En su respuesta, el Consistorio alegaba que, en relación con las viviendas gestionadas directamente por el Ibavi, la corporación municipal no es la responsable del tratamiento de los datos de sus adjudicatarios y que, por tanto, Amengual debía dirigirse al propio instituto, a pesar de que el propio criterio de adjudicación otorgaba un papel determinante a la residencia en Marratxí: las bases establecían un contingente preferente para quienes acreditasen al menos cinco años de residencia continuada y efectiva en el municipio, al que solo se recurriría antes que al contingente general. Una circunstancia que, de acuerdo a las bases, debía acreditarse mediante certificados municipales de empadronamiento. A ello se suma el hecho de que en esos mismos edificios hay cinco viviendas gestionadas por el Ayuntamiento de Marratxí en virtud de un convenio firmado con el Govern el 4 de noviembre de 2025.

El Ayuntamiento niega haber intervenido

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marratxí para profundizar al respecto, desde donde remiten al comunicado que difundieron el sábado pasado tras la denuncia pública efectuada por Amengual. En él, la corporación municipal rechaza las acusaciones de la portavoz municipal de Més y asegura que en ningún momento intervino en la adjudicación al hijo de uno de sus concejales, quien, según la información recabada, estaba inscrito en el Registro de Demandantes del Ibavi desde marzo de 2023. Asimismo, niega que exista relación de parentesco entre cualquier otro adjudicatario y los concejales del equipo de gobierno.

En la misma nota, el Consistorio alega que es el Ibavi, y no el Consistorio, el que resuelve el procedimiento conforme a las bases, requisitos y criterios objetivos establecidos y, sobre la exigencia de un mínimo de cinco años de residencia, sostiene que responde a la normativa autonómica en materia de vivienda y busca priorizar el acceso de los residentes del municipio. Finalmente, considera “inaceptable lanzar acusaciones o insinuaciones públicas sin aportar pruebas” y cuestionar la actuación de los cargos y empleados públicos que participan en los procedimientos administrativos.

El Govern defiende sus criterios de acceso

Por su parte, consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, de la que depende el Ibavi, aseveran que las adjudicaciones por parte de este organismo las realizan los técnicos en base a baremaciones y criterios “objetivos y transparentes”, al tiempo que consideran que “estas insinuaciones solo buscan desmerecer el esfuerzo nunca realizado en materia de vivienda pública por parte de este Govern, con más de 1.800 viviendas públicas en tramitación en las Illes Balears”.

Las mismas fuentes inciden en que los cinco años de residencia en el archipiélago es un criterio establecido por la ley autonómica que ayuntamientos de distinto signo político están aplicando en sus respectivos municipios, entre ellos gobernados por PSIB y Més.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes el apoyo de su partido al decreto de vivienda que el Gobierno plantea aprobar este mismo martes y ha criticado que no han hablado “ni un minuto” con ellos. “No va a tener resultados”, ha anticipado. “Nadie resuelve un problema que ha creado durante ocho años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril”, ha dicho en un acto con empresarios catalanes.

Feijóo ha participado esta mañana en un acto organizado por la patronal Cecot en Terrassa, desde donde ha arremetido contra el contenido del decreto, pese a que todavía no se ha aprobado definitivamente. “La intervención” del mercado, ha dicho, “lo único que produce es incremento de precio, disminución de la oferta y, por tanto, un problema en la demanda enorme”.

“Yo no me creo que el Gobierno sea capaz de arreglar un problema que ha creado durante ocho años”, ha planteado. “Nadie que ha creado un problema va a ser capaz de solucionarlo en cinco minutos. No es posible”, ha añadido.

El líder del PP ha planteado que “una legislatura sin presupuestos no se borra presentando unas cuentas ficticias a sabiendas de que no van a ser aprobadas” y que “ocho años de rumbo equivocado en vivienda no se solucionan con el decreto que en este momento están discutiendo los socios que conforman el Consejo de Ministros”.

Feijóo ha zanjado: “El daño que ha hecho este Gobierno no lo van a reparar los culpables. Es decir, este Gobierno”.

El desahucio de Olga

El líder del PP ha pasado de puntillas por el desahucio de Maricarmen, que ha motivado una movilización en diferentes ciudades de España y ha provocado que el Gobierno acelere para intentar aprobar un decreto este martes.

Pero sí ha mencionado otro desahucio, el de una mujer de L'Hospitalet que fue expulsada de su piso después de ser adquirido por el fondo de inversión Promontoria Coliseum Real Estate. Olga y sus dos hijas terminaron fuera de su casa, y la mujer se suicidó unos meses después, este mismo mes de septiembre.

“Lo importante es escuchar lo que ha ocurrido con un desahucio en Madrid, que desde luego es una desgracia personal”, ha dicho Feijóo sobre el lanzamiento de Maricarmen, que volverá a su casa después de que las movilizaciones sociales hayan obligado a la empresa propietaria a aceptar las condiciones que el Sindicato de Inquilinas exigía y se negaban a cumplir.

“Pero yo, si no recuerdo mal”, ha proseguido, “leí también otros desahucios que ocurren en Catalunya, y leí el caso de una señora, creo recordar que se llamaba Olga, que tenía dos hijos, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó”.

“Nadie acampó por ella. Nadie preguntó por ella”, ha zanjado Feijóo.

La realidad es que el movimiento de vivienda en Catalunya se movilizó por el caso de Olga, cuyo desahucio fue posible porque el PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso a finales de 2025 y principios de este 2026 la moratoria antidesahucios que ahora el Gobierno quiere recuperar.

“Votar este viernes no cambia nada”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado poco después que el Gobierno haya solicitado un pleno extraordinario para someter el decreto a votación este mismo viernes. “¿Por qué si los decretos entran en vigor automáticamente cuando son publicados en el BOE, y hay 30 días para convalidarlo, el Gobierno ha tenido tanta prisa?”, se ha preguntado en una rueda de prensa.

“ ¿O es que se contradicen entre ambos?”, ha deslizado, aunque luego ha reconocido que no conoce el detalle de los decretos y que el Gobierno no ha informado al PP sobre su contenido en ningún momento.

“¿O es que tienen miedo que algunas de las medidas que han adoptado sean tan caóticas que generen un problema mayor si siguen en vigor varios días?”, ha dicho.

La Mesa del Congreso ha decidido abrir expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez, después de que en el último Pleno exhibiera un bote de gas pimienta en el hemiciclo y fuera obligada a desalojar el Salón de Plenos.

El órgano de gobierno de la cámara baja ha tomado esta decisión tras estudiar el informe jurídico de los servicios de la Cámara, que concluía que el spray, aunque se trate de un producto de autodefensa, se considera legalmente un arma y que su tenencia está prohibida por el reglamento. Los servicios jurídicos han apuntado además que no existen precedentes en la historia parlamentaria de la Constitución de un caso similar relacionado con la presencia de un arma en el hemiciclo.

Vázquez tendrá derecho a presentar alegaciones durante el procedimiento. En concreto, la Mesa ha decidido darle diez días. Los servicios jurídicos han señalado que, en caso de que la Mesa termine proponiendo una suspensión de la diputada, deberá tener en cuenta “la proporcionalidad y la necesidad de motivación” de la medida. La eventual propuesta de sanción deberá ser votada posteriormente por el Pleno del Congreso en una sesión a puerta cerrada. En ese caso, la propia diputada afectada no podrá participar en la votación.

Un año después, la versión oficial la Junta de Andalucía sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama es que hubo un error en el protocolo que afectó a 2.317 mujeres, incidiendo en que no se contemplaba la obligatoriedad de informar a las mujeres con resultados no concluyentes. Una respuesta a la que se unió la puesta en marcha de un plan de choque, cambios en ese protocolo y el cese de varios cargos. Entre ellos, el del exjefe de Radiodiagnóstico que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío. Las explicaciones son insuficientes para la oposición para el Parlamento andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer: piden saber qué recursos había disponibles, cuál era la carga asistencial y dónde están las listas de espera para analizar el error estructural.

En un segundo intento, el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se unieron el pasado día 23 y presentaron una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama. A esta propuesta, Vox manifestó su rechazo aunque antes de las elecciones y de formar parte del Gobierno andaluz había mostrado su apoyo y, por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tachó de “ridículo” el comportamiento de las izquierdas, refiriéndose en comisión parlamentaria al “fracaso que han tenido en los tribunales con las denuncias”. Sin embargo, el responsable del PP obviaba dos cuestiones: la vía penal interpuesta por los partidos ha sido archivada mientras más de 200 reclamaciones patrimoniales de las pacientes afectadas proseguirán su camino hacia lo contencioso-administrativo ante el silencio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras quedan dudas sin resolver.

“Hemos pedido que se amplíe la información: número de mujeres por provincias, cómo están funcionando las unidades de mamografía, cuáles son los tiempos de espera”, exige Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, en declaraciones a este medio. También, añade, han pedido saber “si se ha detectado cáncer de mama en algunas de las mujeres, qué protocolos de urgencia aplicarían en ese caso para atender con la máxima celeridad a esas mujeres, y qué profesionales van a contratar en cada una de las 32 unidades de mama andaluzas”. Lo que más preocupa, resalta, es “solucionar rápidamente el problema y dar certidumbre a las personas afectadas”.

“No han respondido a todas” las demandas

Sin embargo, “no han respondido a todas” estas demandas. La asociación forma parte del Plan Asistencial del Cribado de Cáncer de Mama y estuvo presente en las tres reuniones que se han celebrado hasta la fecha de la comisión de seguimiento de la crisis que activó la Consejería de Sanidad, con quien califican el diálogo como “fluido”. Aun así, Cantero subraya: “Siempre hemos pedido transparencia, responsabilidad y generar confianza en las mujeres andaluzas sobre los cribados y la importancia de la detección precoz del cáncer”. En esta línea, demandan que Andalucía se integre en los programas internacionales de evaluación de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en su totalidad, como ya ha empezado a hacer con el cáncer colorrectal.

Por ello, las reclamaciones las concentra Cantero en que la Asociación participe como agente externo en la Ponencia de Cribados de la Comisión interterritorial, así como poner a disposición de las autoridades administrativas la herramienta Más datos Cáncer “para volcar los datos de los programas de cribado”, ya que, frente a las negligencias del sistema, han detectado desconfianza en muchas mujeres a la hora de participar en los cribados considerando que “podría ser ineficaz”, aunque trabajan mano a mano con las pacientes, las familias y la sociedad civil para “ofrecer una atención más humana e integral que cubra sus necesidades”.

En la cara opuesta, Amama resolvió levantarse de la segunda reunión organizada en el comité de seguimiento después de que se les pidiera firmar una orden de confidencialidad. En un continuo tira y afloja, las relaciones con la Junta se han terminado por empantanar, ya que observan que hay un rechazo continuo a sus peticiones para aclarar qué sucedió para que 2.317 mujeres fueran afectadas y se produjera, según han constatado, la muerte de siete mujeres a causa del desarrollo del tumor por el fallo sanitario.

La resolución del Defensor ante la “parquedad de información”

Quien también reclamaba más explicaciones ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. Jesús Maeztu abrió una investigación de oficio tras el estallido social, haciendo un primer requerimiento al Ejecutivo autonómico en octubre. No obstante, el informe remitido por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue tachado como “claramente insuficiente”, motivo por el que el Defensor salió ante los medios de comunicación para criticar el silencio del Gobierno de Juanma Moreno. En marzo de este año declaraba que “no se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Siete meses después, el equipo de Maeztu publicó una resolución que pasó de puntillas en mitad de las elecciones autonómicas. Este documento refleja que las actualizaciones pedidas nunca llegaron y se insiste en que la respuesta no satisface los requerimientos solicitados para analizar el alcance y las consecuencias de la crisis del cribado.

¿Qué evitó responder la Junta? La resolución señala que la Consejería de Sanidad y el SAS no informaron sobre cómo funcionaba el protocolo que estaba vigente. Tampoco en lo relativo a si el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se ajustaba a este protocolo o no y qué razones llevaban a aplicar una resolución u otra. Además, se rechaza dar los datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera y no aclaraba el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado antes de que en octubre se pusiera en marcha la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz a raíz de la alerta sanitaria.

“La parquedad de la información recibida no impide a esta institución formar un recto juicio, ni renunciar a la salvaguarda del derecho a la protección de la salud de las mujeres, que hacemos valer tanto reflejando las deficiencias constatadas como el mismo hecho de no haber llegado a poder desvelar su causa”, asesta la resolución de mayo.

La Unidad de Radiología trabajó al 170% de su capacidad

Entre las conclusiones, se da cuenta de la plantilla que había en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, única entidad que remitió información en abril de 2026. “En octubre de 2025, se disponía de 6,3 facultativos en la Unidad de Radiología de Mama y la plantilla ha pasado de 5,3 puestos efectivos a 8,3 puestos efectivos en la actualidad, además de haber sido contratado personal técnico en número de 4 y 1 administrativo de apoyo a la Unidad”.

A renglón seguido, el Defensor subraya que “la suficiencia o insuficiencia de estos recursos de personal solo puede ser evaluada en función de la demanda, obviamente”. Ahora bien, a la luz de los datos facilitados, da la siguiente relación.

“Los facultativos disponibles en octubre de 2025 trabajaron durante dos meses al 170% de la actividad normal para resolver todos los retrasos; en diciembre de 2025 un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa de cribado tuvieron que ser derivadas al concierto externo; incluso tras el actual refuerzo de personal, la Unidad ha tenido que ser dotada de más continuidades asistenciales por semana para el equipo que la integra”. Pese a que hay quejas registradas a causa de la crisis del cribado desde las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Málaga, solo este centro hospitalario contestó al requerimiento del Defensor.

“Un fracaso”

“Lo acaecido ha supuesto un cuestionamiento del funcionamiento del Programa de Detección Precoz y la desconfianza en su eficacia”, señala, “un fracaso en una importante línea de trabajo dentro de las estrategias de salud pública, que puede llegar a producir efectos colaterales o secundarios si desincentiva la participación, con nefastas consecuencias personales, sanitarias y sociales”. A ello, se apunta que “con estos signos de advertencia” resulta “difícil comprender la tendencia a ampliar cada vez más el arco etario [el aumento de la franja de edad] del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama sin contar con la garantía de su correcto cumplimiento”.

Asimismo, la resolución ahonda en que lo que se cuestiona en la crisis de cribado no es la pericia o negligencia de los profesionales encargados del estudio, sino “la suficiencia de los medios dedicados a posibilitar el correcto funcionamiento del Programa, y si el infradiagnóstico vinculado a la insuficiencia de recursos sanitarios ha supuesto una pérdida de oportunidad en la protección del derecho a la salud”. Es decir, ante el plan millonario que anunció la Junta, ¿qué garantías hay de que se reviertan los errores ocurridos si no se dan cuenta de ellos?

Lo deseable: “Afrontar una crisis con decisiones humanas”

Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en el tratamiento humano hacia las pacientes y la vía judicial en la que ahora están embarcadas a causa de la estrategia que ha emprendido la Junta: “En el escenario más doloroso de las mujeres que han determinado depurar responsabilidades, hubiera sido deseable una Administración sanitaria cuyos responsables hubieran sido capaces de afrontar una crisis como la acaecida con decisiones compasivas y humanas, acordando de oficio la iniciación de los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial”.

Así, el Defensor concluye con cuatro recomendaciones, entre las que destaca la implantación de un programa con “un sistema uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática”. Asimismo, pide dotar dotar “de medidas de refuerzo” para atender adecuadamente a las pacientes y cumplir con los plazos. Una resolución, en todo caso, parcial ante respuestas incompletas.

El dossier sobre l'entorn del president Juan Francisco Pérez Llorca que ha circulat en el si del PP acredita les reunions d'empresaris amb Miguel Ángel Ivorra, director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Generalitat, i l'advocat David Serra, l'exdiputat autonòmic del PP condemnat en el 'cas Gürtel' que exerceix com una mena de conseller en l'ombra del cap del Consell, encara que ell ho nega rotundament. El bufet del qual va obtindre l'adjudicació de l'assessoria jurídica de l'Ajuntament de Finestrat, tal com va informar aquest diari.

“Es té constància, a partir de seguiments realitzats per l'operatiu de camp, de la presència documentada de D. David Francisco Serra Cervera i de D. Miguel Ángel Ivorra Devesa al bar La Raspa de València, reunits en dates diferents amb diferents empresaris”, afirma l'informe.

A preguntes d'elDiario.es, David Serra ha reduït els dinars a trobades amb persones amb les quals manté amistat. La raó és que tant Serra com Ivorra són vells coneguts de la política a les comarques de la Marina Alta i la Marina Baixa i tots dos formen part del grup d'amistats del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Miguel Ángel Ivorra és també regidor de l'Ajuntament de la Nucia, l'alcalde del qual és Bernabé Cano, totpoderós primer edil i pare d'Ángela Cano, directora general d'Anàlisi i Estudis de la Conselleria de Presidència. Bernabé Cano i Pérez Llorca van coincidir en la final del Mundial de Futbol, tots dos convidats per motius diferents per la Federació Espanyola de Futbol.

El dossier al·ludeix a un suposat “seguiment” per part de l'investigador privat autor de l'informe a Serra, qui reconeix les trobades amb Ivorra en l'establiment esmentat, situat a tocar del Mercat de Colón. Encara que també explica que és un lloc que freqüenta habitualment i que no és estrany que l'hagen vist allí. Sobre la seua relació amb Ivorra, també defensa que tampoc és estrany que els hagen vist junts. Sobre la identitat dels empresaris als quals al·ludeix l'informe no va voler fer comentaris.

Sobre una trobada al Roig Arena amb un important empresari valencià al qual al·ludeix l'informe, Serra explica que va ser fortuïta, ja que tots dos van anar al concert de Los 40 Principales. L'advocat, que assegura estar “fora de la política”, critica les males arts dels qui han elaborat l'informe contra Pérez Llorca i del qual és un dels protagonistes.

Miguel Ángel Ivorra és regidor d'Urbanisme de la Nucia, sota el paraigua de l'alcalde Bernabé Cano, en una etapa en la qual també va exercir de conseller delegat de l'actuació urbanitzadora assumida per gestió directa per l'Ajuntament de la Nucia relativa al Programa d'Actuació Integrada (PAI) de la Unitat d'Execució 1 del Sector Serreta —corresponent a la Ciutat Esportiva Camilo Cano—. En el seu currículum oficial, també indica que va ser cap d'explotació del servei de gestió integral de l'aigua a Aqualia. Ivorra no ha contestat a l'oferiment d'aquest diari per a comentar les trobades amb Serra a La Raspa.

En el seu càrrec com a director general, Miguel Ángel Ivorra és una peça clau de l'engranatge econòmic de la Generalitat. És el responsable de les avaluacions d'impacte ambiental, que obrin o tanquen la porta als projectes industrials i d'energia solar, però també té la clau dels planejaments urbanístics, en concret de l'elaboració, aprovació i gestió de plans d'ordenació del territori i dels instruments de planejament supramunicipals. És una de les persones amb més informació sobre el que està passant en l'economia valenciana en la qual influeix la regulació de la Generalitat.

En aquest sentit, com ha anat contant elDiario.es, el maig de 2025 Ivorra va apartar del seu càrrec Rafael Soriano, cap del servei d'Avaluació Ambiental Estratègica, a penes cinc mesos després d'accedir a aquest lloc de confiança. La destitució li la va comunicar verbalment.

El detonant de la decisió va ser la negativa del cap de servei a prorrogar la vigència de la memòria ambiental —ja caducada— del Pla General de la Vall d'Alba i d'altres instruments urbanístics, tal com s'exigia en la instrucció de 25 de febrer de 2025, dictada pel mateix director general. “No havia acatat la instrucció i havia actuat deslleialment en les funcions del seu càrrec com a cap de servei”, va esgrimir Miguel Ángel Ivorra.

El dossier també té un capítol important dedicat a Ivorra. Presidència de la Generalitat ha declinat fer comentaris sobre l'informe.

El dossier “confidencial” i d'“ús intern i reservat” sobre el president Juan Francisco Pérez Llorca ha circulat en el si del PP. Aquest dossier qüestiona la conveniència de la seua eventual candidatura a les pròximes eleccions autonòmiques, a més, posa en el punt de mira l'ordenació de Finestrat, el municipi del qual va ser regidor d'Urbanisme i alcalde abans de convertir-se en cap del Consell.

L'informe, al qual ha tingut accés elDiario.es, xifra el patrimoni familiar de Pérez Llorca en 20.319 metres quadrats en finques a nom de societats o de familiars directes.

També detalla que tres finques a nom de la societat familiar Rancallosa I SL serien “confrontants o immediates al perímetre” d'unes obres de reurbanització a l'avinguda de Benidorm de Finestrat, l'adjudicació de les quals va firmar Pérez Llorca com a alcalde, segons la documentació que consta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

L'informe adjudica un suposat risc “molt alt” al patrimoni familiar —en el marc d'una avaluació de la idoneïtat de l'eventual candidat— davant de filtracions a la premsa o possibles denúncies.

El dossier vincula les parcel·les familiars amb el decret de consulta pública del document consultiu del Pla General Estructural (PGE) de Finestrat, firmat el 5 de novembre de 2025 per Juan Francisco Pérez Llorca com a alcalde de la localitat de la comarca de la Marina Baixa, dos dies després que Carlos Mazón dimitira com a president de la Generalitat i quan ja apuntava que seria el seu successor.

L'esborrany del PGE va ser adjudicat a EA Estudio de Arquitectura SL i, després de l'informe favorable de l'arquitecte cap del servei d'Urbanisme del consistori, sotmés a consulta pública.

Un pla urbanístic bloquejat

El mateix document reconeix que Finestrat alberga “actuacions irregulars en sòl no urbanitzable i sol·licituds puntuals que dificulten una organització racional del terme municipal”, amb un “patró d'ocupació discontínua del territori, amb buits intersticials entre sectors, urbanitzacions perifèriques mancades de dotacions i creixements dispersos entorn del nucli urbà i la franja litoral”.

La raó és que el caòtic urbanisme de Finestrat —el mateix Pérez Llorca es va fer una piscina il·legal al seu habitatge— s'ha ordenat en funció de les normes subsidiàries de 1989 —una figura creada el 1956 per a municipis menuts que complementa un pla general—.

L'esborrany del PGE exposat per l'alcalde popular just abans d'abandonar el càrrec de primer edil per a convertir-se en el principal inquilí del Palau de la Generalitat continua bloquejat en un calaix, segons indiquen fonts municipals a aquest diari.

L'Ajuntament de Finestrat, on el PP governa amb una àmplia majoria absoluta, no ha contestat les preguntes d'aquesta redacció i un portaveu oficial de Presidència de la Generalitat declina comentar el dossier.

El conseller en l'ombra

L'informe també destaca el paper en l'entorn de confiança de Pérez Llorca de l'advocat David Serra, l'exdiputat autonòmic del PP condemnat en el 'cas Gürtel' que exerceix com una mena de conseller en l'ombra del president i el bufet del qual va obtindre l'adjudicació de l'assessoria jurídica de l'Ajuntament de Finestrat, tal com va informar aquest diari.

Serra, casat amb la vicepresidenta segona de les Corts Valencianes, Magdalena González La Red, també ha representat la família de Pérez Llorca en la batalla empresarial per l'hotel Allon Mediterrània de la Vila Joiosa, del qual el clan del president posseeix la meitat de la propietat.

El lletrat, segons es desprén del dossier, va ser sotmés a seguiments en el marc d'un suposat “operatiu de camp” realitzat per l'investigador o detectiu privat autor de l'informe. David Serra va ser espiat en una trobada amb el director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Generalitat, Miguel Ángel Ivorra.

El dosier sobre el entorno del president Juan Francisco Pérez Llorca que ha circulado en el seno del PP acredita las reuniones de empresarios con Miguel Ángel Ivorra, director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, y el abogado David Serra, el exdiputado autonómico del PP condenado en el 'caso Gürtel' que ejerce como una suerte de consejero en la sombra del jefe del Consell, aunque él lo niega tajantemente, y cuyo bufete obtuvo la adjudicación de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Finestrat, tal como informó este diario.

“Se tiene constancia, a partir de seguimientos realizados por el operativo de campo, de la presencia documentada de D. David Francisco Serra Cervera y de D. Miguel Ángel Ivorra Devesa en el bar La Raspa de Valencia, reunidos en distintas fechas con diferentes empresarios”, afirma el informe.

A preguntas de elDiario.es, David Serra ha reducido las comidas a encuentros con personas con las que mantiene amistad. Y es que, tanto Serra como Ivorra, son viejos conocidos de la política en las comarcas de la Marina Alta y Baixa y ambos forman parte del grupo de amistades del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Miguel Ángel Ivorra es también concejal del Ayuntamiento de La Nucia, cuyo alcalde es Bernabé Cano, todopoderoso primer edil y padre de Ángela Cano, directora general de Análisis y Estudios de la Conselleria de Presidencia. Bernabé Cano y Pérez Llorca coincidieron en la final del Mundial de Fútbol, ambos invitados por distintos motivos por la Federación Española de Fútbol.

El dosier alude a un supuesto “seguimiento” por parte del investigador privado autor del informe a Serra, quien reconoce los encuentros con Ivorra en el mencionado establecimiento, situado a tiro de piedra del Mercado de Colón. Aunque también explica que es un lugar que frecuenta habitualmente y que no es extraño que lo hayan visto allí. Sobre su relación con Ivorra, también defiende que tampoco es extraño que hayan sido vistos juntos. Sobre la identidad de los empresarios a los que alude el informe no quiso hacer comentarios.

Sobre un encuentro en el Roig Arena con un importante empresario valenciano al que alude el informe, Serra explica que fue fortuito, ya que ambos fueron al concierto de los 40 Principales. El abogado, que asegura estar “fuera de la política”, critica las malas artes de quienes han elaborado el informe contra Pérez Llorca y del que es uno de los protagonistas.

Miguel Ángel Ivorra es concejal de Urbanismo de La Nucia, bajo el paraguas del alcalde Bernabé Cano, en una etapa en la que también ejerció de consejero delegado de la actuación urbanizadora asumida por gestión directa por el Ayuntamiento de La Nucia relativa al Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución 1 del Sector Serreta (correspondiente a la Ciudad Deportiva Camilo Cano).

En su currículum oficial, también indica que fue jefe de explotación del servicio de gestión integral del agua en Aqualia. Ivorra no ha contestado al ofrecimiento de este diario para comentar los encuentros con Serra en La Raspa.

En su puesto como director general, Miguel Ángel Ivorra es una pieza clave del engranaje económico de la Generalitat. Es el responsable de las evaluaciones de impacto ambiental, que abren o cierran la puerta a los proyectos industriales y de energía solar, pero también tiene la llave de los planeamientos urbanísticos, en concreto de la elaboración, aprobación y gestión de planes de ordenación del territorio, y de los instrumentos de planeamiento supramunicipales. Una de las personas con mayor información de lo que está pasando en la economía valenciana en la que influye la regulación de la Generalitat.

En ese sentido, como ha venido contado elDiario.es, en mayo de 2025, Ivorra apartó de su puesto a Rafael Soriano, jefe de servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, apenas cinco meses después de acceder a este cargo de confianza. La defenestración se la comunicó verbalmente.

El detonante de la decisión fue la negativa del jefe de servicio a prorrogar la vigencia de la memoria ambiental (ya caducada) del Plan General de la Vall d'Alba y de otros instrumentos urbanísticos, tal como se exigía en la instrucción de 25 de febrero de 2025, dictada por el propio director general. “No había acatado la instrucción y había actuado deslealmente en las funciones de su cargo como jefe de servicio”, esgrimió Miguel Ángel Ivorra.

El dosier también tiene un capítulo importante dedicado a Ivorra. Presidencia de la Generalitat ha declinado hacer comentarios sobre el informe.