En un enclave natural de Eivissa, junto a una zona protegida y en medio de las quejas vecinales por el ruido, el tráfico y el riesgo de incendios, comienza a sonar música electrónica poco antes del atardecer. La reina Nefertiti, que gobernó el que fuera probablemente uno de los periodos más ricos del Antiguo Egipto, y Cleopatra, han servido durante semanas para alimentar, en redes sociales, una fiesta privada para 350 invitados que la noche del jueves convirtió la cantera de sa Pedrera de Can Coix, en Sant Antoni de Portmany, en un escenario de lujo y secretismo.

Pirámides, esfinges y torres de luces y música electrónica forman parte del montaje de un evento organizado por una de las firmas estadounidenses de referencia mundial en eventos privados de lujo, Van Wyck & Van Wyck, fundada por un “megarrico” –como lo califican desde la oposición en el Ayuntamiento de Sant Antoni–, Bronson van Wyckun. A la fiesta solo se puede acceder mediante una exclusiva guestlist, como han detallado a elDiario.es trabajadores, completamente vestidos de negro, que trajinan cajas y otros enseres necesarios para atender a los invitados. El eclipse solar del miércoles ha contribuido a engordar el oscurantismo.

“No se pueden comprar entradas”, recalca uno de los empleados. Los promotores solo han abonado al Ayuntamiento una tasa de 199 euros en concepto de actividad. La empresa no ha respondido a las preguntas de este diario en el momento de la publicación de este reportaje.

Pirámides, esfinges y torres de luces y música electrónica forman parte del montaje de un evento organizado por una de las firmas estadounidenses de referencia mundial en eventos privados de lujo, Van Wyck & Van Wyck, fundada por un "megarrico" -como lo califican desde la oposición en el Ayuntamiento de Sant Antoni-, Bronson van Wyckun

En declaraciones a elDiario.es, Hazel Morgan, presidenta de la rama pitiusa del grupo ecologista Amics de la Terra, considera “inadmisible” que el Ayuntamiento –gobernado por el PP– “autorice actividades que causen molestias a los vecinos”. En su opinión, es “una incoherencia y una falta de respeto” que el equipo de gobierno “ignore la opinión de los vecinos”. Añade que la celebración supone un riesgo para los valores ambientales de la zona. La ecologista se muestra sorprendida, por otro lado, por el importe tan reducido que ha pagado la empresa promotora para conseguir la autorización municipal.

El dispositivo en torno a la fiesta

Un dispositivo de seguridad formado por alrededor de una docena de vigilantes se despliega en distintos puntos del perímetro que rodea las instalaciones deportivas de Can Coix para controlar el entorno. La celebración, como comprobó elDiario.es, estuvo rodeada de un férreo control y de restricciones para acceder y fotografiar el recinto, lo que ha dificultado documentar gráficamente el montaje.

Un dispositivo de seguridad formado por alrededor de una docena de vigilantes se despliega en distintos puntos del perímetro que rodea las instalaciones deportivas de Can Coix para controlar el entorno. La celebración estuvo rodeada de un férreo control y de restricciones para acceder y fotografiar el recinto, lo que ha dificultado documentar gráficamente el montaje

Previamente, un superior ha dado instrucciones a los vigilantes para garantizar la vigilancia de las inmediaciones de sa Pedrera, un enclave natural rústico que, a pesar de no estar específicamente protegido, sí está muy cerca de es Amunts, un sistema montañoso de unas 15.000 hectáreas, un cuarto de todo el terreno insular –de Sant Antoni a Sant Carles, abarcando el litoral norte– que sí cuenta con varias zonas declaradas como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y como Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP).

La zona de Can Coix está, además, incluida de manera detallada y prioritaria en el Plan Local de Prevención y Emergencias frente a Incendios Forestales de Sant Antoni de Portmany. El plan lo cataloga como una zona de interfaz urbano-forestal (Intermix), es decir, un espacio de transición en el que las viviendas, infraestructuras y edificaciones entran en contacto directo con masas de vegetación forestal de alta combustibilidad.

Sa Pedrera es un enclave natural rústico que, a pesar de no estar específicamente protegido, sí está muy cerca de es Amunts, un sistema montañoso de unas 15.000 hectáreas que sí cuentan con varias zonas declaradas como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y como Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP)

Por la carretera principal suben y bajan furgonetas negras de cristales opacos y otras VTC, así como un coche patrulla de la Guardia Civil y algunos Uber –apenas suman una decena en Eivissa–. Los trabajadores del equipo de seguridad colocan un cartel informativo en el desvío previo al skatepark que indica, en un área más retirada, un punto de recogida de estos vehículos. Mientras parte del equipo hace un descanso para comer en un bar de la zona –en dirección Cala Salada– que se ha reservado exclusivamente para ellos, comienza a notarse levemente el ajetreo.

Pero el secretismo continúa primando en torno al evento, que ha suscitado polémica por el entorno natural en el que se lleva a cabo. Sobre todo, después de percibir cómo empleados contratados por la promotora habían desplazado generadores y varias botellas de butano, según informaciones de Diario de Ibiza, a la ubicación de propiedad municipal. La estética egipcia se ha trasladado al terreno a través de un montaje que incluye pirámides, recreaciones de diosas egipcias, reproducciones de jeroglíficos y todo tipo de reminiscencias al antiguo imperio.

El secretismo continúa primando en torno al evento, que ha suscitado polémica por el entorno natural en el que se lleva a cabo y, sobre todo, después de percibir cómo empleados contratados por la promotora habían desplazado generadores y varias botellas de butano a la ubicación de propiedad municipal

Los vecinos lamentan ruido e inseguridad

“Queremos evitar fiestas para que no se conviertan en algo cotidiano”, enfatiza un vecino de la zona, que prefiere no ser identificado, debido a que la cantera de Can Coix es escenario de al menos tres o cuatro fiestas al año. En sus palabras, el Consistorio argumenta que se trata de eventos puntuales, aunque él defiende que progresivamente se van haciendo más.

Por otro lado, lamenta el impacto de esta fiesta sobre el entorno natural y sobre la fauna, lo cual, a su juicio, debería tenerse en cuenta en el momento en que se autorizan fiestas de este tipo. Como consecuencia, se plantean fundar una asociación de vecinos “para tener un poco más de fuerza”.

Dos semanas antes, en el pleno ordinario del 30 de julio, algunos vecinos trasladaron sus preocupaciones al alcalde del municipio, Marcos Serra. “No vemos que sea una zona segura cuando se realizan macrofiestas”, empieza diciendo uno de ellos. El vecino advierte de que lo que empieza a hacer saltar las alarmas es la posibilidad de que este tipo de celebraciones se conviertan en algo habitual y, sobre todo, que sean “grandes, multitudinarias”. No en vano, en referencia a fiestas anteriores protagonizadas en este espacio, afirma que fueron “un desastre”. Y asevera, como trabajador en el sector de emergencias, que “no se sostienen por ningún lado”.

No vemos que sea una zona segura cuando se realizan macrofiestas

Vecinos de Sant Antoni

Durante su intervención, el residente expresó su preocupación por la falta de policías municipales y de personal de seguridad durante la celebración de estos eventos y advirtió, asimismo, de que el hecho de que se cierren calles para acoger fiestas de este tipo también puede generar problemas si algún vecino o urbanización necesitan una ambulancia. A ello sumó el riesgo de incendio, que considera especialmente elevado porque los asistentes acceden hasta la zona del escenario “fumando en los márgenes de los caminos”.

“Quiero que entendáis que esto no es por llevar la contraria. Sé que vosotros tenéis un discurso muy bien planteado y que seguramente responde a vuestra realidad, pero, de verdad, no hay una sensación de seguridad”, insistió, para añadir a continuación: “Esto ha hecho que todos los vecinos nos hayamos unido y que haya un frente común en este sentido”. Hasta ahora, numerosos vecinos habían asumido que se trataba de algo puntual, pero esa percepción empieza a cambiar.

Lo que preocupa ahora es que estas fiestas acaben convirtiéndose en algo rutinario. “Creo que esto se está yendo un poco de las manos. La fiesta, cada vez más, nos está acorralando, y a mí me da mucha pena, porque personalmente me dan ganas de irme de esta isla, que tanto me gusta y que tanto he querido”, concluyó el interviniente.

Creo que esto se está yendo un poco de las manos. La fiesta, cada vez más, nos está acorralando

Vecinos de Sant Antoni

En el mismo pleno, el alcalde reconoció que en una de las últimas fiestas que se organizó en este entorno, a principios de verano, hubo muchos problemas de movilidad. “Fue la Policía Local a sancionar y retirar muchos vehículos mal estacionados. Estamos pendientes de reunirnos con el organizador de esta fiesta para evitar que haya molestias tanto de movilidad como de limpieza”, afirmaba.

Por todo ello, Serra se comprometía a que hubiera “más control de aforo” en esta última fiesta, así como a solucionar los problemas de movilidad y limpieza, algo que se iba a plantear en la reunión previa a la celebración. Por otro lado, ponía en valor que se han realizado otro tipo de eventos de carácter cultural y político que difieren de otros que acaban durante la madrugada con música a un volumen muy elevado. “Hay que intentar buscar un equilibrio entre la diversión, el descanso y la economía”, señaló. “No es la idea que aumenten el número de fiestas”, añadió el primer edil en relación con el entorno de sa Pedrera de Can Coix.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra se comprometió hace dos semanas a que hubiera “más control de aforo” en la fiesta egipcia, así como a solucionar los problemas de movilidad y limpieza que se presentaran

En cuanto al posible riesgo de incendio forestal, Serra defiende que si se tratara de una zona de alto riesgo de incendios, habría un informe negativo que desautorizaría el evento. “Siempre damos las autorizaciones con los informes técnicos pertinentes”, asevera. En este sentido, aclaró que la zona de la cantera antiguamente había sido boscosa, pero que por la propia naturaleza de la cantera, actualmente la zona de pinos queda en los alrededores. Finalmente, recordó que el Ayuntamiento cuenta con un Pla de Prevención y Emergencias frente a Incendios Forestales, y que el Parque de Bomberos de la isla está a unos 15 minutos del municipio.

Una zona de combustibilidad elevada

Aunque tanto el complejo como la cantera son terrenos antropizados, el área limita inmediatamente con pinares y matorral denso, por lo que las medidas preventivas previstas en el plan, entre ellas las fajas de protección, se plantean precisamente sobre esta masa forestal colindante para reducir el riesgo sobre el núcleo urbanizado.

La fiesta de inspiración egipcia organizada en la Pedrera de Can Coix se celebró además en un entorno considerado de alto riesgo de incendios forestales. La planificación de emergencias de Balears incluye a Sant Antoni de Portmany entre los municipios de Eivissa con superficie forestal declarados como zonas de alto riesgo, por lo que el entorno rústico y boscoso de Can Coix queda bajo esta consideración.

La fiesta de inspiración egipcia organizada en la Pedrera de Can Coix se celebró además en un entorno considerado de alto riesgo de incendios forestales

El propio plan local identifica la zona como un área de interfaz urbano-forestal, donde las edificaciones conviven directamente con una masa de pinar y matorral de elevada combustibilidad, y le asigna una puntuación de riesgo de 63 puntos, lo que la sitúa entre los espacios que requieren una especial atención preventiva.

Dinero recaudado

Desde Cáritas Diocesana aseguran que el dinero recaudado con el evento privado irá destinado a Cáritas Parroquial de Sant Antoni, que recibirá ahora 10.000 euros de parte de la promotora estadounidense mediante transferencia bancaria y, más adelante, otros 30.000. Además, Van Wyck & Van Wyck tiene previsto donar otros 10.000 euros al Motoclub de Eivissa y Formentera.

Fuentes de la organización benéfica explican a elDiario.es que los promotores se pusieron en contacto con ellos, aunque especifican que no suelen recibir donaciones por parte de compañías tan grandes, sino que suelen limitarse a pequeñas empresas del término municipal. “Supone la mitad de nuestro presupuesto anual”, señala un portavoz de la entidad sobre la inyección económica.

Desde Cáritas Diocesana aseguran que el dinero recaudado con el evento privado irá destinado a Cáritas Parroquial de Sant Antoni, que recibirá ahora 10.000 euros de parte de la promotora estadounidense mediante transferencia bancaria y, más adelante, otros 30.000

Desde Obama al polémico Puff Daddy

Van Wyck & Van Wyck se define en su página web como una empresa familiar de “diseño y producción de eventos” con sede en Nueva York que organiza celebraciones personalizadas en distintos lugares del mundo. La fama del fundador de la firma, Bronson van Wyck, a la hora de organizar eventos –algo que hace junto a su madre, Mary Lynn, y su hermana, Mimi– es de alcance internacional.

Con más de dos décadas de experiencia, la familia ha construido su trayectoria combinando sus “raíces sureñas” con una forma de entender la organización de eventos que mezcla “sofisticación, creatividad y la tradicional hospitalidad del sur de Estados Unidos”, continúan en su presentación.

A sus fiestas han asistido personalidades de la industria musical de la talla de Beyoncé, Madonna, Katy Perry o el polémico rapero estadounidense Sean Combs (más conocido como Puff Daddy), condenado el pasado octubre a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos relacionados con prostitución.

Entre los selectos invitados a sus fiestas también figuran la cantante, actriz y empresaria Gwyneth Paltrow, Martha Stewart y los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. También ha trabajado para firmas de lujo como Chanel, Bvlgari, Burberry, Mercedes-Benz, Cartier, Dior o la reconocida joyería Tiffany & Co.

Disfrute privado en lugares públicos

Desde la oposición de Sant Antoni acusan al alcalde Serra de “priorizar” los intereses de los organizadores frente al “bienestar” de los vecinos ante la celebración del evento privado en Sa Pedrera y tan solo un día después de permitir a unos promotores locales celebrar la macrofiesta 'Eclipsi' en la playa urbana de s’Arenal con unos 5.000 asistentes. Todo esto, a pesar de la previsible llegada de visitantes para observar el fenómeno y de que podría generar problemas de tráfico y seguridad.

Desde la oposición de Sant Antoni acusan al alcalde de “priorizar” los intereses de los organizadores frente al “bienestar” de los vecinos ante la celebración del evento privado en Sa Pedrera y tan solo un día después de permitir a unos promotores locales celebrar la macrofiesta 'Eclipsi' en la playa urbana de s’Arenal con unos 5.000 asistentes

Respecto al evento de Can Coix, el Grupo Socialista ha cuestionado las condiciones de aforo y que pudiese prolongarse hasta la madrugada. El grupo socialista ha puesto el foco, sobre todo, en los 199 euros abonados por el organizador en concepto de tasa de actividad y en el despliegue necesario para montar la fiesta, que, según el partido, ha implicado el movimiento de camiones y vehículos pesados por la zona.

El grupo ha solicitado al Ayuntamiento que especifique las contraprestaciones obtenidas por la utilización del espacio municipal y el importe que costarán a las arcas públicas los servicios vinculados a la celebración. La reclamación se produce en una temporada en que asociaciones como Salvem Sa Badia –que luchan por la conservación medioambiental de la bahía de Portmany– han presentado varias quejas mediante registro de entrada por la celebración de festivales a cargo de promotores privados en la playa urbana de s’Arenal.

La entidad ecologista solicitó acceder a los expedientes administrativos tanto del festival Ibiza Feels Like –celebrado este miércoles durante el eclipse– como del que se celebró a principios de julio a cargo de Ibiza Global Radio, con la intención de revisar las autorizaciones concedidas y comprobar si cumplen con la normativa aplicable.

Por su parte, el grupo municipal del PP ha acusado al PSOE de “generar polémica” y “confundir” a los ciudadanos y ha defendido que la actividad se tramita conforme a la normativa. Los populares han destacado especialmente su carácter benéfico y han señalado que se trata de una actividad no permanente “inocua”, con un aforo inferior a 500 personas al aire libre. Además, han pedido al PSOE que deje de “criminalizar” una iniciativa que, según ha defendido, se ajusta a los procedimientos establecidos.

El Gobierno vasco, al menos la parte del PNV, que es la que dirige el área de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha asegurado este jueves que “no aceptará derivaciones impuestas” de menores llegados a Ceuta. El director de Infancia, Adolescencia y Familias, Txema Ezkerra, ha asegurado que los recursos de las diputaciones forales —que son las que tienen la competencia de tutela de menores extranjeros— están por encima de su capacidad y ha añadido que se debería barajar como primera opción la devolución a Marruecos.

Ezkerra, en una comparecencia extraordinaria ante los medios de comunicación tras la reunión de la comisión sectorial interautonómica convocada por la ministra Sira Rego, de IU y de la coalición Sumar, ha dicho que el Estado no tiene que optar como “primera opción” por “repartir” menores. Asegura que el “interés superior del menor” recomendaría explorar otras opciones legales como “adoptar todas las vías para localizar a sus familias” y “valorar una posible reunificación”. “La primera obligación del Estado no es repartir menores, es proteger a los menores”, ha señalado.

Se da la circunstancia de que, el pasado año, el viceconsejero Xabier Legarreta, superior jerárquico de Ezkerra, vio “xenofobia pura” en una propuesta del líder del PP vasco, Javier de Andrés, para priorizar la devolución a Marruecos en vez su distribución en las comunidades autónomas españolas. Consideró “un asco” que el dirigente 'popular' escribiera en X que lo más “conveniente” para los menores extranjeros llegados a Canarias sería enviarlos a su país de origen. El PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo vasco, también atacó al PP por hacer ese planteamiento.

Preguntado por ello, Ezkerra ha asegurado que “probablemente” De Andrés usó otras “connotaciones” para hacer su propuesta, lo que motivó la respuesta de Legarreta. “Proteger antes que repartir”, ha insistido para añadir que Euskadi “es solidaria” y que lo seguirá siendo en el futuro. El Gobierno vasco no ha dado las cifras actualizadas de menores acogidos. Ezkerra se ha escudado en que es una competencia foral. Con todo, en Radio Euskadi, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, también del PNV, sí ha dado las cifras de su territorio. Ha indicado que están tutelados 584 menores migrantes cuando la capacidad ordinaria sería de 200.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha calificado de “caza de brujas” la reforma legal aprobada por la Generalitat Valenciana en la ley de acompañamiento de los presupuestos, publicada el pasado 10 de agosto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La organización sindical considera que la modificación del reglamento convierte a la Inspección en un órgano enfocado a la “persecución y censura del profesorado” bajo el pretexto de evitar el adoctrinamiento del alumnado.

A juicio de STEPV, el nuevo redactado vulnera leyes básicas estatales vinculadas a la libertad de cátedra, los derechos lingüísticos y la protección de la infancia. Desde la organización sindical señalan que la medida “pervierte claramente el espíritu” de la labor inspectora, cuyo cometido primario reside en el asesoramiento a los equipos directivos y al conjunto de la comunidad educativa, lejos de funciones de control ideológico.

El sindicato cuestiona además el uso del término “neutralidad ideológica” en la norma por la ausencia de una definición concreta. La organización advierte de que esa ambigüedad permitirá señalar cualquier contenido que moleste al Ejecutivo autonómico. En este sentido, STEPV remarca la paradoja de apelar a la neutralidad cuando la asignatura de Religión mantiene una elevada carga doctrinaria en su currículo oficial, ámbito donde la sospechan que no se aplicará la nueva regulación. Por el contrario, temen que la supervisión recaiga sobre contenidos relacionados con los derechos humanos, colectivos vulnerables o el cambio climático.

Esta crítica se suma a un escenario de continuo malestar en el sector educativo valenciano, tras un curso escolar marcado por la huelga indefinida desarrollada en los meses de mayo y junio. Desde STEPV censuran que el Gobierno autonómico centre sus prioridades en la implantación de medidas de control en lugar de resolver las carencias del sistema o destinar fondos a la reconstrucción de las infraestructuras afectadas por la dana.

Ante esta situación, la central sindical exige la derogación inmediata del artículo aprobado en la ley de acompañamiento. Asimismo, anima a inspectores, directivos, docentes y familias a obviar este mandato legal para centrar los esfuerzos en las necesidades reales de la enseñanza pública. El sindicato plantea además la inclusión de esta reivindicación dentro de la plataforma de protestas para el inicio del nuevo curso escolar.

El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este jueves por primera vez para abordar la acogida de los menores migrantes no acompañados tras la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta. La ciudad vive una crisis humanitaria por la permanencia en sus calles de un número de personas por ahora desconocido, entre ellos muchos niños y niñas. La cita, de carácter preliminar y técnico, viene marcada por el plante de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

Aragón, Extremadura y Castilla y León no enviarán ningún representante a una reunión cuyo único punto del orden del día es avanzar en el envío urgente y extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para paliar la situación que se vive en la ciudad española localizada en el norte de África. La cita ni siquiera es definitiva. Están convocados directores generales, de perfil técnico y no político. Será a finales de agosto cuando se celebre la conferencia sectorial, ya con presencia de la ministra de Infancia, Sira Rego, y de los respectivos consejeros autonómicos.

Desde el Gobierno rebajan la importancia de la cita, que será telemática, y ponen en duda que se aborde siquiera en el turno de ruegos y preguntas la situación en Ceuta. En realidad, la ciudad autónoma ya sufría un problema de saturación antes de la reciente crisis migratoria, como ocurre también en Canarias, aunque la gravedad ha aumentado, y mucho, con la entrada de cientos de menores hace ahora dos semanas.

PP y Vox pusieron su proa al Ejecutivo desde el primer instante, sin exigir cuentas a Marruecos. “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos”, dijo el líder de la oposición el pasado lunes en una entrevista. Pero la legislación en España es clara y las competencias para la acogida de menores solos, sean migrantes o no, es de las comunidades autónomas.

Lo planteó poco después de la entrada de decenas de miles de personas el propio presidente de Ceuta, Juan José Vivas. El veterano dirigente del PP dijo que esperaba que los recientes pactos de su partido con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley para la acogida de menores migrantes.

El líder ultra, Santiago Abascal, replicó que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como dice despectivamente—, a los “invasores” y a las mafias. En Aragón, el vicepresidente y jefe autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, ha suprimido la ayuda semanal de 17 euros a los menores migrantes no acompañados tutelados por su Gobierno en tres centros. También ha señalado públicamente a niños concretos.

Todo, con el respaldo expreso del presidente autonómico, Jorge Azcón, quien también ha dado vía libre al plante que tanto Aragón como la Extremadura de María Guardiola o la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco protagonizarán este jueves.

Fuentes autonómicas del PP aseguran a este medio que “se respeta la decisión”. “Nuestra posición ya era oponernos por todas las vías legales a los envíos de menores pactados unilateralmente con los independentistas vascos y catalanes”, apuntan las mismas fuentes. El problema para el PP es que una reciente reforma de la ley de extranjería ha sistematizado el cálculo de cuántos menores debe acoger cada comunidad autónoma en función tanto de sus capacidades como del número de chavales que ya tiene bajo su tutela.

El PP dice que Ceuta no puede sola y deja en el aire su ayuda

Feijóo siempre ha presumido de cumplir la ley, y en esta crisis el PP ha vuelto a reiterar que lo harán. Pero sus socios de gobierno en estas regiones, además de en Andalucía, han hecho del racismo, la xenofobia y el señalamiento a los menores uno de sus principales ejes políticos electorales.

Ya en 2024 Vox rompió los primeros gobiernos autonómicos que firmó con el PP con la excusa de la acogida de menores migrantes desde Ceuta y Canarias. Ahora bien podrían volver a hacer lo mismo, por lo que la situación para la derecha es difícil de sostener.

Buena prueba de ello fueron las declaraciones de la vicesecretaria de sectorial del PP, Alma Ezcurra, este miércoles durante una visita a Ceuta. La dirigente, encargada de Feijóo para fijar la doctrina programática del partido, se reunió con Vivas, y después aseguró ante los medios que la ciudad no puede asumir por sí misma la tutela de cientos de menores. Pero, a la vez, negó que el resto de comunidades que gobierna el PP puedan hacerlo. “Es curioso que el debate gire en torno a qué van a hacer las comunidades. No sabemos de dónde son, si tienen familia, de dónde vienen, qué edad tienen. ¿Cómo vamos a saber qué hacer con ellos?”, dijo Ezcurra.

Reagrupación de menores

La primera de las alternativas en la que trabaja el Gobierno para paliar el colapso de Ceuta y la situación de emergencia humanitaria que afrontan miles de menores de edad no acompañados que entraron hace dos semanas en suelo español es la reagrupación familiar. Según fuentes del Ejecutivo, los funcionarios públicos que tratan directamente con esos menores para su censo en el sistema de acogida se están encontrando con todo tipo de casuísticas, a las que las administraciones ahora intentan dar la mejor solución.

Algunos de ellos, por ejemplo, han intentado volver a Marruecos por la frontera ante la falta de expectativas en la ciudad autónoma, tal y como hicieron decenas de miles de adultos durante las 48 horas siguientes al cruce. Sin embargo, la legislación obliga expresamente al país de llegada, en este caso España, a hacerse cargo de la tutela y la acogida de los menores de edad, y en ningún caso a devolverlos a sus países de origen “en caliente”. Ante la imposibilidad legal de dar una respuesta automática y garantista a los menores que manifiesten expresamente su deseo de volver a Marruecos con sus familias, el Ejecutivo español ya trabaja con el Gobierno marroquí un procedimiento extraordinario.

“La prioridad absoluta es que todos los menores puedan volver con sus familias a Marruecos”, dijo esta semana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Un planteamiento que comparte el Partido Popular y que incluso reclama Marruecos, que ha exigido a España estos días en boca de varios portavoces el regreso de sus jóvenes. Para el caso de los menores que manifiestan abiertamente su rechazo a volver a Marruecos, el Gobierno también trabaja en una alternativa a los centros de acogida: la reagrupación familiar con parientes directos que puedan acreditar su vínculo familiar y tengan residencia legal en España o en otro país de la Unión Europea. Se espera que ese trabajo administrativo previo que se realiza ya sobre el terreno tras el estudio de la situación de cada menor no acompañado en Ceuta reduzca ostensiblemente el número final de menores que tendrán ser acogidos por las comunidades autónomas.

La Generalitat Valenciana va oficialitzar dilluns passat, a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una profunda modificació de les competències de la Inspecció Educativa de la Comunitat Valenciana. La llei d’acompanyament als pressupostos autonòmics introdueix canvis en el Decret 80/2017 amb l’objectiu de vetlar per la “neutralitat ideològica” en el conjunt del sistema educatiu i habilitar vies de comunicació externa per a denunciar possibles contravencions. Amb això, la Inspecció esdevé una mena de “policia educativa”.

La mesura, pactada després del procés de negociació pressupostària entre el Govern autonòmic del popular Pérez Llorca i Vox, incorpora un nou apartat a l’articulat que regula la funció inspectora. A partir de l’entrada en vigor del text, els inspectors hauran de supervisar que “les activitats docents, els materials curriculars i els actes escolars es mantinguen aliens a qualsevol mena d’adoctrinament”. El text legal afegeix l’obligació de garantir el respecte al pluralisme, a la llibertat de consciència de les famílies i als drets derivats de la llibertat lingüística.

Canals de denúncia i terminis d’actuació

El text, en l’article 20 bis, encomana a la Conselleria d’Educació l’obertura de canals de comunicació accessibles. Aquesta via permetrà a qualsevol membre de la comunitat educativa posar en coneixement de l’Administració fets que puguen vulnerar la normativa o els drets de l’alumnat.

Després de rebre una comunicació, la Inspecció disposarà d’un termini orientatiu de deu dies hàbils per a fer una valoració inicial del contingut. Amb aquesta anàlisi, el cos inspector determinarà la procedència d’emprendre actuacions específiques o de derivar el cas a l’òrgan competent. La norma descarta l’obertura d’expedients motivats per simples “discrepàncies pedagògiques ordinàries” o reclamacions acadèmiques amb vies ja reglamentades.

Tanmateix, davant la presència d’indicis d’incompliments d’especial rellevància o que afecten drets fonamentals, la regulació faculta els tècnics per a executar actuacions prioritàries. Entre aquestes mesures s’inclouen la realització de visites presencials als centres escolars i la celebració d’entrevistes formals amb les parts implicades.

El text legal estipula que aquest procediment respectarà els principis d’“objectivitat, proporcionalitat, contradicció, confidencialitat, presumpció de correcció en l’actuació dels professionals de l’educació i mínima interferència” en l’activitat escolar. Així mateix, la Inspecció podrà proposar l’adopció de mesures provisionals d’urgència si s’aprecia un perjudici greu i immediat per als estudiants.

Oposició frontal i recursos als tribunals

La publicació de la normativa ha desfermat una resposta política contundent per part del diputat de Compromís a les Corts Valencianes Gerard Fullana, per a qui la reforma permet crear una “policia política” orientada a la persecució del professorat i a la retallada de la llibertat de càtedra.

“Es concreta al Diari Oficial el que ja s’apuntava durant l’aprovació dels pressupostos, perquè el Partit Popular es plega a Vox i crea una policia política en la Inspecció per a perseguir docents de manera absolutament antidemocràtica”, ha manifestat el parlamentari autonòmic. Fullana considera que l’establiment d’expedients activats per denúncies externes busca “instaurar la por” mitjançant un “procés inquisidor sense precedents en la democràcia valenciana”, alhora que ha anunciat l’estudi d’accions jurídiques per a frenar l’aplicació d’aquesta reforma normativa.

A aquest debat s'ha sumat l'exsecretari autonòmic d'Educació, el socialista Miguel Soler, el qual ha carregat amb duresa contra la reforma aprovada per la Generalitat. Soler sosté que la neutralitat ideològica en els centres públics ja consta en la Llei Orgànica del Dret a l'Educació des de 1985 i que la Inspecció ja disposava d'eines per a actuar davant de casos reals de propaganda partidista. A parer seu, la norma no cobreix cap buit legal, sinó que “dona cobertura al discurs de Vox” per a convertir la desconfiança cap als docents en un criteri d'actuació administrativa i articular “un pin parental a lo bèstia” que situa davall sospita àrees clau com la coeducació, el pluralisme lingüístic o els programes LGTBI.

L'exresponsable educatiu adverteix a més del sever “efecte intimidatori” que projecta la mesura sobre el dia a dia de les aules. Segons denúncia, l'ambigüitat en la definició d'adoctrinament acabarà per empènyer el professorat cap a l'autocensura, la cancel·lació de debats i el rebuig a activitats complementàries per por de patir denúncies infundades. “No es pot defendre l'autoritat docent mentre es debilita la confiança de la societat en aquells que ensenyen; l'escola necessita professionals lliures i no comissaris ideològics”, recalca Soler, qui insta a la derogació d'uns articles que, al seu entendre, traïxen els principis democràtics del sistema educatiu.

La Generalitat Valenciana oficializó el pasado lunes, a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una profunda modificación en las competencias de la Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana. La ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos introduce cambios en el Decreto 80/2017 con el objetivo de velar por la “neutralidad ideológica” en el conjunto del sistema educativo y habilitar vías de comunicación externa para denunciar posibles contravenciones. Con ello, la Inspección se convierte en una especie de “policía educativa”.

La medida, pactada tras el proceso de negociación presupuestaria entre el Gobierno autonómico del popular Pérez Llorca y Vox, incorpora un nuevo apartado al articulado que regula la función inspectora. A partir de la entrada en vigor del texto, los inspectores deberán supervisar que “las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento”. El texto legal añade la obligación de garantizar el respeto al pluralismo, a la libertad de conciencia de las familias y a los derechos derivados de la libertad lingüística.

Canales de denuncia y plazos de actuación

El texto, en su artículo 20 bis, encomienda a la Conselleria de Educación la apertura de canales de comunicación accesibles. Esta vía permitirá a cualquier miembro de la comunidad educativa poner en conocimiento de la Administración hechos que puedan vulnerar la normativa o los derechos del alumnado.

Tras la recepción de una comunicación, la Inspección dispondrá de un plazo orientativo de diez días hábiles para realizar una valoración inicial del contenido. Con este análisis, el cuerpo inspector determinará la procedencia de emprender actuaciones específicas o derivar el caso al órgano competente. La norma descarta la apertura de expedientes motivados por meras “discrepancias pedagógicas ordinarias” o reclamaciones académicas con cauces ya reglamentados.

Sin embargo, ante la presencia de indicios de incumplimientos de especial relevancia o que afecten a derechos fundamentales, la regulación faculta a los técnicos para ejecutar actuaciones prioritarias. Entre estas medidas se incluyen la realización de visitas presenciales a los centros escolares y la celebración de entrevistas formales con las partes implicadas.

El texto legal estipula que este procedimiento respetará los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción, confidencialidad, presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación y mínima interferencia” en la actividad escolar. Asimismo, la Inspección podrá proponer la adopción de medidas provisionales de urgencia si se aprecia un perjuicio grave e inmediato para los estudiantes.

Oposición frontal y recursos en los tribunales

La publicación de la normativa ha desatado una contundente respuesta política por parte del diputado de Compromís en las Corts Valencianes, Gerard Fullana, para quien la reforma permite la creación de una “policía política” orientada a la persecución del profesorado y al recorte de la libertad de cátedra.

“Se concreta en el Diario Oficial lo que ya se apuntaba durante la aprobación de los presupuestos, y es que el Partido Popular se pliega a Vox y crea una policía política en la inspección para perseguir a docentes de forma absolutamente antidemocrática”, ha manifestado el parlamentario autonómico. Fullana considera que el establecimiento de expedientes activados por denuncias externas busca “instaurar el miedo” mediante un “proceso inquisidor sin precedentes en la democracia valenciana”, al tiempo que ha anunciado el estudio de acciones jurídicas para frenar la aplicación de esta reforma normativa.

A este debate se ha sumado también el exsecretario autonómico de Educación, el socialista Miguel Soler, quien ha cargado con dureza contra la reforma aprobada por la Generalitat. Soler sostiene que la neutralidad ideológica en los centros públicos ya consta en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación desde 1985 y que la Inspección ya disponía de herramientas para actuar ante casos reales de propaganda partidista. A su juicio, la norma no cubre ningún vacío legal, sino que “da cobertura al discurso de Vox” para convertir la desconfianza hacia los docentes en un criterio de actuación administrativa y articular “un pin parental a lo bestia” que sitúa bajo sospecha áreas clave como la coeducación, el pluralismo lingüístico o los programas LGTBI.

El exresponsable educativo advierte además del severo “efecto intimidatorio” que proyecta la medida sobre el día a día de las aulas. Según denuncia, la ambigüedad en la definición de adoctrinamiento terminará por empujar al profesorado hacia la autocensura, la cancelación de debates y el rechazo a actividades complementarias por temor a sufrir denuncias infundadas. “No se puede defender la autoridad docente mientras se debilita la confianza de la sociedad en quienes enseñan; la escuela necesita profesionales libres y no comisarios ideológicos”, recalca Soler, quien insta a la derogación de unos artículos que, a su parecer, traicionan los principios democráticos del sistema educativo.

“Constatar que el ministro del Interior no está”. Así ha arrancado este miércoles la comisión de Interior del Senado, que celebraba una sesión extraordinaria a cuenta de la situación en Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha cumplido el guion y ha plantado a la Cámara Alta, que lo había convocado este miércoles de forma urgente para cuestionarlo por la crisis humanitaria provocada por la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. El Gobierno no asistirá a las varias citaciones del PP, que controla la Cámara Alta, con la excusa de que acudirá al Congreso a finales de mes. PP y Vox han señalado la culpabilidad del Ejecutivo por la “invasión”, en sus palabras, y han abierto la puerta a emprender acciones legales contra sus miembros.

La sesión extraordinaria de la Comisión de Interior convocada este 12 de agosto ha contado solo con la presencia de los representantes de PP, Vox y Junts, quienes han arremetido contra el Gobierno durante cerca de una hora ante la vacía silla del compareciente. El presidente de la comisión, Fernando Martínez-Maíllo, ha tildado la ausencia de “inexcusable” y ha anticipado que el Senado tomará “decisiones políticas y legales” contra los ministros.

Marlaska no es el único miembro del Gobierno convocado de urgencia ante el Senado. También lo han sido el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles. Los tres excusaron su presencia a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y lo justificaron en la comparecencia en el Congreso prevista para las próximas semanas.

No es suficiente para el PP y Vox, quienes han lamentado la ausencia de los ministros. El presidente de la comisión ha tildado la ausencia de “inexcusable desobediencia al Senado” y ha asegurado que “la mesa del Senado tomará las decisiones políticas y legales para que este acto injustificado no quede sin las medidas oportunas” de respuesta.

La decisión de qué hacer ante el plante del Gobierno queda así en manos del máximo órgano de gobierno de la Cámara, controlado por el PP con su mayoría absoluta. No es la primera vez que un miembro del Ejecutivo desoye una petición de comparecencia del Senado, que ha iniciado los trámites para plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

El desmarque de Robles

La solución a esa disputa legal no llegará pronto. Pero el conflicto político está servido, con la colaboración de la ministra de Defensa. Robles envió una misiva al presidente del Senado, Pedro Rollán, para disculpar su ausencia y mostrarse dispuesta a comparecer en otro momento, sin concretar fecha alguna.

El gabinete de Rollán se puso en contacto con el de Robles. Según explicó el presidente del Senado este martes en una entrevista en 13TV, en una conversación telefónica informal se le ofrecieron tres posibles fechas la semana que viene: el 18, el 19 o el 20. Los dos últimos son imposibles porque la ministra está de viaje oficial en Líbano.

Pero el 18 no. Desde la Presidencia del Senado se informó a los medios de comunicación de que Robles había aceptado asistir ese día, algo que no ha confirmado Defensa. De hecho, Rollán asumió en la misma entrevista que no tiene una comunicación formal aceptando dicha fecha y, como ha reconocido este mismo miércoles un representante del PP en la Comisión de Interior, los ministros “no deciden si vienen o no”, pero sí “deciden el cuándo”.

Tanto la Constitución como el Reglamento del Senado establecen la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante las Cortes Generales, pero ninguno de estos textos legales fija criterios ni procedimientos concretos. La costumbre seguida en las últimas décadas es que las fechas de las comparecencias se pactan entre las cámaras y los citados.

El PP se pone de perfil

Antes de la comisión ha comparecido ante los medios desde Ceuta la vicesecretaria del PP Alma Ezcurra, quien ha criticado al Gobierno por no resolver la situación generada por la permanencia en la ciudad autónoma de un número indeterminado de personas migrantes.

La dirigente del PP ha sostenido que el Ejecutivo español es “responsable” de lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio, además de cuestionar a Pedro Sánchez si va a “ceder” a Rabat el control de las fronteras españolas. Ezcurra ha hablado de “invasión”, de que fue Marruecos quien propició la entrada “ilegal y violenta” de miles de personas “a toque de silbato”.

Ezcurra ha endurecido el discurso del PP sobre Marruecos, después de que ayer mismo su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera que él “honradamente” no tiene que “pedir explicaciones a Marruecos”.

“Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta”, ha afirmado Ezcurra. “Nos hemos dado cuenta los españoles, se han dado cuenta los europeos y se ha dado cuenta el mundo entero”, ha concluido.

También ha asegurado que Ceuta “no puede” gestionar por sí misma la crisis migratoria desatada, y ha reclamado que se ayude a la ciudad. Pero la dirigente del PP ha negado que dicha asistencia le corresponda a las comunidades autónomas que gobierna su partido, especialmente en el caso de los menores que han entrado solos, y cuyo acogimiento corresponde legalmente a los gobiernos regionales.

“Esos niños han entrado por vulneración de las fronteras” por lo que es responsabilidad de la “administración general del Estado”. “No saben cuántos son”, ha lamentado. “Es curioso que el debate sea qué van a hacer las comunidades, no sabemos qué hacer con ellos”, ha zanjado.

Junts: “Allá ustedes con Ceuta y Melilla”

En la comisión, la senadora del PP Cristina Díaz ha lamentado que “el Gobierno de España ha decidido esconderse y no dar la cara”, y le ha acusado de actuar con “cobardía e incompetencia”.

Díaz ha alentado el miedo a un nuevo intento de entrada masiva este mismo fin de semana. “Cada vez que este país afronta una crisis se repite el mismo patrón: hay un Gobierno que llega tarde, reacciona tarde y después explica lo que se pudo evitar. El 15 de agosto hay una nueva entrada, una nueva convocatoria masiva. El Gobierno reconoce que le consta. Esperemos a ver cuáles son sus órdenes, porque a fecha de hoy no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer”.

“Pedimos la dimisión del ministro Marlaska y que venga alguien capaz de sentarse en esa silla”, ha zanjado. Desde Vox, Ángel Gordillo ha anunciado que su grupo pedirá “la reprobación de Marlaska”, lo que supondría el quinto repudio por parte de las Cortes Generales al ministro del Interior.

También ha pedido que el Senado vuelva a reclamar su comparecencia, y que le aperciba de acciones legales si vuelve a ausentarse.

No solo el PP y Vox han acudido este miércoles a la comisión. Del resto de grupos, solo Junts ha asistido para exigir la transferencia a Catalunya de las competencias en materia de inmigración.

En una clara referencia a Aliança Catalana, el partido ultra e independentista que se ha disparado en las encuestas, el senador Eduard Puyol ha sostenido que “la puerta está abierta y sin control”, en referencia a las fronteras. “La irresponsabilidad da votos a la extrema derecha” porque “la sensación de intranquilidad alimenta a los populismos”.

Pujol ha sostenido que la sentencia del TJUE que autoriza a aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017, es el motivo de que el Gobierno no haya impedido la entrada de miles de personas en Ceuta: “Ahora que Europa ya le ha dicho a la España más oscura que el president Puigdemont debería ya estar en Catalunya, los sótanos de Interior vuelven a estar nerviosos y no pueden prestar atención a la frontera de Europa con África”.

Pese a sus críticas a las “lenguas afiladas que confunden el Parlament con un pub a las cuatro de la madrugada”, el senador de Junts ha dicho que a su partido no le interesa “defender las fronteras de España”. “Allá ustedes con Ceuta y Melilla”, ha añadido, para concluir: “Lo miramos con las manos en la cabeza porque sus líos ponen en riesgo nuestra cohesión social”. Pujol ha exigido “orden, seguridad y control” y ha arremetido contra los “papanatas del buenismo”.

Adrián Gallegos, alcalde de Trevélez (PP), un pequeño municipio granadino situado a la mayor altitud de la península ibérica, ha sido denunciado ante la Fiscalía Provincial de Granada por adjudicarse una vivienda municipal que su propio ayuntamiento sacó a concurso en régimen de alquiler con opción a compra. Así consta en la denuncia contra él que ha efectuado el PSOE, único partido de la oposición, y que sostiene que el regidor del PP presuntamente manipuló el procedimiento administrativo para terminar convirtiéndose en adjudicatario de uno de los inmuebles. Unos hechos por los que los socialistas creen que ha podido incurrir en varios delitos.

En concreto, entienden que hay indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación, fraude a la administración y actividades prohibidas a autoridades, punto en el que se basan sobre todo para querellarse contra el regidor. Además, la documentación presentada ante la Fiscalía de Granada, adelantada por Ideal y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, pone en duda la tramitación del expediente de principio a fin. Pone el foco en la preparación del concurso, en el sistema de adjudicación y en la valoración económica de las viviendas. Extremos que rechaza el primer edil, defendiendo incluso que se abstuvo de intervenir en el procedimiento desde que presentó su solicitud, además de sostener que todo el proceso contó con el aval de la secretaría municipal y de los servicios técnicos.

Un procedimiento en duda

Pero el origen del caso se remonta a octubre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Trevélez formalizó la compra de un edificio situado en la calle Cárcel que alberga dos viviendas en su segunda planta. Apenas unos meses después, el Consistorio aprobó las bases para adjudicarlas en régimen de alquiler con opción a compra con el objetivo declarado de combatir la despoblación y favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda. Entre los requisitos figuraban tener entre 25 y 35 años -el alcalde no llega a los 35 años-, llevar al menos cinco años empadronado en el municipio, no disponer de otra vivienda en propiedad en la provincia y estar dado de alta en la Seguridad Social.

En plena crisis de acceso a la vivienda para la mayoría de ciudadanos, este procedimiento terminó con dos únicos aspirantes. Uno de ellos fue el propio alcalde, Adrián Gallegos, que resultó adjudicatario de la vivienda de mayor superficie, de 105 metros cuadrados, con un alquiler mensual de 260 euros y una opción de compra fijada en 38.000 euros. La segunda vivienda, de unos 72 metros cuadrados, fue adjudicada a otra vecina del municipio por 240 euros mensuales y una futura compra valorada en 35.000 euros.

Es precisamente esa tramitación la que cuestiona el PSOE. La denuncia sostiene que el alcalde no solo concurrió al procedimiento como cualquier otro aspirante, sino que intervino en su fase preparatoria. Entre los documentos aportados a la Fiscalía figura una resolución por la que delegó específicamente la gestión de este expediente en la primera teniente de alcalde, firmada dos días antes de la memoria justificativa del concurso, así como el propio informe técnico que impulsa la iniciativa y que aparece firmado electrónicamente tanto por la técnico municipal como por el regidor.

Los socialistas también ponen el foco en el desarrollo de la adjudicación. Según el acta de la mesa de contratación incorporado a la denuncia, Gallegos obtuvo cuatro puntos en la baremación frente a los tres de la otra solicitante. Pese a que el pliego establecía el rechazo de las ofertas que no alcanzaran esa puntuación mínima, la mesa optó por adjudicar las dos viviendas al considerar que únicamente se habían presentado dos solicitudes y permitió al alcalde elegir primero el inmueble de su preferencia.

Otro de los argumentos del PSOE se centra en el precio fijado para una futura compra de las viviendas. La denuncia sostiene que la tasación municipal se elaboró sin utilizar comparables de compraventa y sitúa el valor de los inmuebles por debajo de distintas referencias públicas de mercado, por lo que solicita a la Fiscalía que practique una pericial independiente para determinar si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal.

El PSOE sostiene que el precio fijado para la futura compra -38.000 euros para el apartamento adjudicado al alcalde y 35.000 para el segundo inmueble- se sitúa muy por debajo de su valor real. La denuncia compara esas cifras con distintos indicadores públicos, como los que hace públicos el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, los precios de la vivienda protegida en Andalucía y referencias del mercado inmobiliario, además de reprochar que la valoración municipal se elaborara utilizando únicamente comparables de alquiler y no de compraventa. Por ello, el PSOE solicita a la Fiscalía que acuerde una tasación pericial independiente que determine si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Los socialistas, según sus cálculos, tasan el precio final en aproximadamente el doble del valor fijado en el expediente.

El alcalde se defiende

El alcalde rechaza todas las acusaciones realizadas por el PSOE en la denuncia. En declaraciones a este periódico, sostiene que decidió presentarse únicamente después de comprobar que una vecina interesada en una de las viviendas había descartado finalmente concurrir al procedimiento. “Si finalmente decidía presentar su solicitud, yo no concurriría para no perjudicar sus posibilidades”, asegura.

Gallegos defiende además que se abstuvo “completamente” de intervenir en el expediente desde el momento en que presentó su solicitud y que toda la tramitación quedó en manos de la primera teniente de alcalde. “Una cuestión es el debate político sobre si un alcalde debe o no concurrir a una convocatoria pública promovida por su ayuntamiento y otra muy distinta afirmar la existencia de una actuación ilegal”, sostiene. El regidor insiste en que el procedimiento contó con informes favorables de la secretaría municipal y de los servicios técnicos y recuerda que, por el momento, “lo único que existe es una denuncia presentada por un grupo político”.

Además, tras la publicación de la información adelantada por Ideal, el propio alcalde emitió un comunicado negando el resto de acusaciones de la oposición. El Consistorio sostiene que el proyecto para adquirir el edificio no nació durante el actual mandato, sino que sus primeros trámites fueron aprobados en 2016. Entonces gobernaba IU, el PSOE ocupaba la oposición y el PP ni siquiera tenía representación municipal. También rechaza que el precio de las viviendas estuviera por debajo de su valor real y asegura que, tras la compra del inmueble por 95.000 euros y una nueva valoración posterior, la planta donde se ubican ambos apartamentos quedó tasada en 73.000 euros, cifra que coincide con la suma del precio de venta fijado para ambas viviendas.

Feijóo, visiblemente desasosegado en la espera de aposentarse en La Moncloa, ha hecho unas declaraciones a un medio de la bulosfera que son todo un reto: si PNV y Junts tienen “algún arrebato de dignidad” y rompen con Sánchez, él presentará una moción de censura en 48 horas. Como prueba de su dignidad, usa de plataforma mediática al más genuino de sus panfletos. Lo cierto es que van a por todas y, a poco que puedan, lo harán. Les carcome a las derechas de tal modo la impaciencia que no respetan ni la sagrada tradición que deja a la segunda semana de agosto como tiempo muerto para algunas actividades. Disponibles micrófonos y redes sociales, cuesta poco caldear el ambiente político a niveles del meteorológico, sacudido por sucesivas olas de calor.

En pleno agosto los medios se lanzan a publicar encuestas de intención de voto. Gana en todas, saliéndose por los bordes, la derecha-extrema-derecha, y en desbordante euforia se ve reformando la Constitución a su gusto y cambiando los sistemas para elegir el Tribunal Constitucional –del Tribunal Supremo la derecha no tiene la menor queja– o la RTVE de sus tormentos para volverla viernes negro todos los días de la semana. Como ya fue cuando gobernaba Rajoy. Lo van a hacer, eso y más si pueden.

Con ser grave –que lo es y mucho– a lo que se lanzan a saco y sin pudor alguno es a por los derechos consolidados. A Marcos de Quinto –el del ERE salvaje de Coca Cola fichado por Ciudadanos como el ministro que nunca fue– se le ha ocurrido que solo puedan votar los ricos. Entendámonos, él lo dice de una forma algo más suave, pero es así. “Está aceptado (y se ve lógico) que en una comunidad de vecinos no pueda votar el que no esté al corriente del pago de sus cuotas. Puede tener voz en la Junta de Vecinos, pero no voto (…) por la misma razón, tampoco tendrían que tener voto quienes coyunturalmente estén recibiendo un subsidio por desempleo o una renta mínima vital, al estar mantenidos por el resto de contribuyentes”, dice.

Ha recibido adhesiones incluso de voceros de la bulosfera que vive de nuestros impuestos en buena parte gracias a la llamada “publicidad institucional”, tan precisamente repartida. Incluso se han ido animando a quitar el voto a más colectivos. A funcionarios y pensionistas los tienen en el punto de mira y desde hace tiempo. El hijo de José Ignacio Wert, el bullicioso ministro al que el PP terminó poniéndole un pisazo y un cargo en París, cree que esos dos colectivos –funcionarios y pensionistas– son la Nueva aristocracia que vive como dios, o como él y su familia toda su vida gracias al erario público.

En Cope, la Cadena de los Obispos, la periodista especializada en información económica Pilar García de la Granja se apunta también a este ideario y argumenta que “la pensión se concibió para financiar entre 8 y 10 años de vida tras dejar de trabajar, pero ahora financia entre 25 y 28”. Y claro, eso es insostenible. ¿Soluciones? Supongo que nos muramos antes, o dejemos de cobrar para acelerar el proceso de extinción de vida y cobros. Una buena pandemia en Madrid nos hace falta, que se lo pregunten a Ayuso. Aunque García de la Granja no explica quiénes y dónde concibieron ese período de vida para las pensiones. La esperanza de vida en España ha sido siempre una de las más altas del mundo.

Feijóo, desde la oposición expectante, ya les ha prometido a los empresarios –en un foro celebrado en Bilbao– que revisará las bajas por enfermedad cuando sea presidente. Propuso reducir los sueldos y prestaciones de los trabajadores en baja médica, con o sin acuerdo social. Y calificó de cáncer –precisamente– ese que llamó “absentismo laboral”.

Así que vayan anotando el programa que preparan. Falta saber si, siguiendo la ola reaccionaria estadounidense, PP/Vox implantarán el “voto por familia” para desposeer de ese derecho a las mujeres.

Las vacaciones pagadas tampoco las ven muy bien. Aún menos para el presidente del gobierno si no es de derechas. Las portadas de la cloaca mediática están enfurecidas por ver a Pedro Sánchez en Lanzarote. Como si la hermosa isla canaria fuera una burbuja que aísla del mundo, al margen del intento de represión y castigo. Este derecho laboral se reconoció por primera vez en noviembre de 1931 durante la Segunda República española. Es un derecho, ¿lo entienden?

El racismo también se está implantando con una virulencia estremecedora. En la UE, desde luego. Y conlleva su cuota de supresión de derechos humanos. La italiana Giorgia Meloni y la danesa Mette Frederiksen aparecen unidas para lanzar un comunicado en el que afirman que los inmigrantes sin papeles cometen “delitos violentos”, “narcotráfico” y “violencia sexual” y piden centros de deportación. Un feroz brote de racismo. Una ignorancia aterradora cargada de prejuicios. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se suma a la crítica. Pertenece al llamado Partido Moderado, liberal conservador. Suecia fue el gran país de acogida de los expulsados por las dictaduras latinoamericanas en el último tercio del siglo XX. Y ahora ya vemos el viraje. Meloni, como fascista de manual, es una pionera en el racismo cruel de Europa, pero la danesa, presunta socialdemócrata, piensa lo mismo. Los nórdicos ya no son tampoco lo que eran. Hay que ver a la pareja como representantes de esa raza superior que preconizan y de calidad moral que niegan a otros.

Se vota que una simple presidenta de comunidad autónoma española, paradigma de la impunidad, se proclame de acuerdo con Meloni y Frederiksen y Trump contra su país, dada su obsesiva rivalidad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa impunidad y desfachatez de ella “y su entorno” también se elige en las urnas. Lo de los negocios del novio de la susodicha es verdaderamente impactante.

De la política informativa da idea cómo están metiendo con calzador a activistas ultras a quienes no dudan en llamar reiteradamente periodistas. Lo último, el cirio que le están montando al ministro Óscar Puente por calificar de ignominia la foto del rey con Javier Negre en la toma de posesión del presidente ultra colombiano. Según la “oposición” completa, Puente y el Gobierno “van a por el rey”, mientras Negre se atreve a presumir de las confidencias que (dice) le hace Felipe VI y de cuya evolución tratan cuando se encuentran. Es grave este patinazo del rey que no cede a fotos improvisadas. Y, desde luego, el sesgo que se le está dando de culpar al ministro y de paso a “Moncloa” para no variar. Suelen “equivocar” el sujeto de las acciones.

Con todo lo que se venía viendo, los votantes no se cortan y dan el triunfo electoral, por ejemplo justo en Colombia, a un presidente histriónico, extremadamente ultra, que se ríe en la primera comparecencia tras el terremoto que ya ha dejado en el país más de dos centenares de muertos, casi 600 heridos y tres mil desaparecidos, entre los que hay al menos 164 españoles. Si esta tragedia nos sobrecoge en la distancia es incomprensible la actitud del recién elegido presidente.

O a Donald Trump, que nombra fiscal general del Estado a su abogado para que le libere de cargos delictivos y persiga a sus enemigos (o rivales.) El destrozo absoluto del concepto justicia también viene en el programa de las derechas neofascistas globales. Las españolas apuntan en esa dirección, sin duda.

Un magnífico artículo de Javier Aroca en elDiario.es analizaba en profundidad, hace un par de días, el papel de la justicia en el nazismo. Destacaba que “la justicia es un pilar esencial para mantener o para destruir la democracia”. Pasó con Hitler. Y que, “para garantizar la no injerencia política de los jueces, se creó la Corte Constitucional, garantía y control de todos los poderes, incluido el judicial”. Buscaron que “la judicatura no pudiera acabar con el sistema democrático en el futuro”. Y no encontraron “utilidad alguna en la creación de algo parecido a un Consejo General del Poder Judicial”. No lo tienen, en consecuencia.

Tanto por hacer, ¿verdad? Y sabiendo qué sería lo necesario.

Lo que era menos de esperar es a lo que se ha atrevido Feijóo, harto de no encontrar eco a su desesperación por echar a Sánchez. Y así se vuelve a emitir un vídeo de unas pocas fechas atrás, que pasó bastante desapercibido, diciendo que si se niegan a todo, habrá que “desplazar” a este gobierno. No ha dicho si con pistola y un “quieto todo el mundo” o en qué otro método ha pensado para ese desplazamiento.

Se entiende menos que, hasta anunciando sus propósitos y viendo también ejemplos en otros países de lo que hacen, tanta gente no se entere o no le importe elegir trampas, mentiras, estupidez, desigualdad, crueldad, áticos, timos, corrupción económica y moral. Va ya en muchas papeletas. Esta noche de miércoles toca mirar a la luna cuando tape al sol, pero no quedarse allí.

A pesar del verano que estamos sufriendo, en el que los registros de calor nos indican que el cambio de clima ya es una realidad, las dos derechas municipales (por acción o por omisión) se empeñan en convencernos que estas cosas ya pasaban en el Pleistoceno y por eso deciden no tomar ninguna medida. Y se quedan tan anchos.

Eso sí, olvidan decir que aquellos cambios climáticos tardaban siglos en producirse y había capacidad de adaptación de la flora y la fauna (y los homínidos cuando los hubo) y ahora, año tras año, rompemos las estadísticas que no quieren escuchar. Esta tendencia de aumento de la temperatura tiene una primera consecuencia directa: un mayor consumo de agua.

Este elemento, desde 2010 considerado por la ONU como un derecho humano esencial para la vida, tenemos que decidir si lo gestionamos como un instrumento mercantil más con el que las empresas privadas aumenten sus beneficiarios, o lo sacamos de la cadena de los beneficios empresariales para garantizar su acceso universal y asequible.

Toledo decidió allá por 1996, y no ha querido nunca cambiar su modelo, que es el de considerar el agua como un negocio privado. Las distintas corporaciones han considerado el agua como una oportunidad de negocio.

Desde esta perspectiva, no es de extrañar que hoy pensemos en el agua solo desde la perspectiva de la gestión de la satisfacción de la demanda. La empresa que lo gestiona y hace negocio, obtiene así más beneficios cuanto más consumimos y las decisiones que se toman en el Ayuntamiento no quieren buscar un modelo de gestión que reduzca necesariamente el consumo. Todo lo contrario.

Si pensamos en satisfacer la demanda, el agua solo será el instrumento útil que garantice, por ejemplo, que el modelo de turismo cuantitativo esté garantizado. Garantizará, porque así lo ha permitido el Gobierno regional, que el parque temático de las afueras de Toledo pueda gastar más de 180 millones de litros de agua al año en las nuevas instalaciones hosteleras en su parcela de negocio que las administraciones vamos a seguir alentando regalando entradas con cualquier burda excusa.

Mientras tanto, a pesar de la obligación que tienen los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Toledo no tiene aprobado su plan de sequía. Tampoco ningún programa de eficiencia de consumo, pero esto no lo hará mientras la empresa privada se lucre con un mayor consumo de agua.

Eso sí, algunos aprueban sin despeinarse Planes de Ordenación Municipal, como en el año 2006, para incrementar la población hasta los 200.000 habitantes; seguimos aprobando planes parciales que amplían la nómina de construcciones; y seguimos sin poner coto a un exceso de turismo que es ya insostenible (por eso hablamos tanto de buscar un turismo sostenible).

Necesitamos planes para consumir menos y para consumir mejor.

Necesitamos que el Tajo sea la vía azul que garantice una biodiversidad diversa, aunque para ello tengamos que terminar con un Trasvase que solo tiene como objetivo hacer de regadío (y más rentable) una zona del país que es de secano a costa de esquilmar los recursos a la región y de la ciudad.

Necesitamos que el agua deje de ser pensada como elemento empresarial y se convierta en esencial para la vida.

Toledo necesita políticas audaces y valientes que cambien el modelo de desarrollo económico basado solo en un turismo depredador, y cambiar a un modelo productivo que deje de ser extractivo de recursos para caminar a otro modelo de consumo que reduzca la huella humana.

No querer cambiarlo sí que nos acercará más al Pleistoceno que al momento histórico que necesitamos.

Quantes víctimes del feixisme varen acabar ocultades per ordre dels seus propis botxins a les fosses comunes del Cementeri Vell de ses Figueretes, a Eivissa? La resposta balla entre dos xifres. El Govern balear sosté que varen ser 64 els morts que ningú no va poder —o no es va preocupar de— cercar durant noranta anys. El Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera afirma, en canvi, que varen ser 97 els executats per consells de guerra o judicis sumaríssims. O —directament— desapareguts després de rebre un tret al clatell. La majoria varen ser assassinats durant la tardor de 1936 i l’hivern de 1937. Ull per ull, dent per dent: aquelles vides varen ser la moneda amb què les quadrilles de falangistes que varen pentinar l’illa es varen venjar d’una matança perpetrada per milicians just abans de fugir de l’illa amb vaixell.

Va succeir el 13 de setembre de l’any en què va començar la Guerra Civil. Gairebé dos mesos després que el cop d’estat ordit per oficials africanistes —i finançat pel contrabandista mallorquí Joan March Ordinas— encengués la metxa del conflicte. En plena retirada balear de les tropes republicanes al comandament del capità Alberto Bayo. Les metralladores varen ressonar a les cel·les de l’antiga casa del governador. 95 persones —magnats monopolistes, comerciants pròspers, petita burgesia, minifundistes amb carnet del Sindicat Agrícola, simpatitzants de partits de dretes, religiosos que el pròxim 17 d’octubre seran beatificats per Lleó XIV— varen caure exànimes. Unes palades de terra els varen enterrar molt a prop del lloc on, setmana rere setmana, altres botxins anirien llançant els rojos.

Avui, l’edifici on va ocórrer la tragèdia va reobrir fa uns mesos —i després d’una eternitat tancat a pany i forrellat— amb una nova pell, la d’un Parador Nacional de Turisme. Avui, aquells assassinats encara són coneguts per un eufemisme molt vague —els fets del Castell—, però els assassinats varen ser exhumats, se’ls va donar sepultura cristiana i una placa els recorda a la Catedral pitiüsa: la dictadura franquista no va tardar a homenatjar-los. Avui, homenatjar els morts que varen venir després —pagesos, pescadors, fusters i picapedrers: més d’un, sense filiació esquerrana o sindical coneguda; també funcionaris municipals, el fundador del primer sindicat que va lluitar a l’illa, un militar i, també, un sacerdot catòlic— continua sent objecte de polèmica. L’exemple més recent data de fa poc més de dues setmanes.

Un homenatge agredolç

Dijous, 23 de juliol. Dos quarts d’onze del matí. Una placa ocre sobre una paret blanca amb un missatge en català: Aquí reposen les víctimes de la repressió franquista durant la guerra civil i la dictadura. Eivissa 2026. Al costat de la placa, una porta metàl·lica i de vidre. A l’altra banda, sobre un mosaic hidràulic, set caixes de fusta per a set nínxols a la vista. Aquesta capella del Cementeri Vell —restaurada expressament— guarda les restes trobades —a partir de 2020— en les exhumacions que s’han fet a Eivissa gràcies a la Llei de Fosses, impulsada durant la primera legislatura de la coalició de centreesquerra que va presidir Francina Armengol. En un d’aquests petits sarcòfags hi ha Bartolomé Costa Serra, conegut com a Bartomeu Miquel. L’única víctima amb nom i llinatges que es va dipositar a la capella, a prop d’altres que no s’han pogut identificar.

Un violí interpreta una partitura de Robert Schumann. És una carícia enmig d’un acte que transpira tensió. Per la calor de justícia —els ventalls tracten d'espolsar l’alerta groga—, per les dimensions de la carpa habilitada per aixoplugar trenta seients —hi ha el doble de gent, l’espai escasseja i els operadors han de desmuntar la càmera i abandonar el trípode per acostar-se a la notícia— i, també, pel ball de xifres. Un còctel que, segons els responsables del Fòrum per sa Memòria, descriu «les formes» de la Conselleria de Presidència de l’executiu de Marga Prohens, la presidenta popular que ha pactat amb Vox la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Va ser el peatge per aprovar el pressupost de la comunitat autònoma. Ara, la pilota és a la teulada del Tribunal Constitucional, després del recurs presentat pel Govern que formen PSOE i Sumar.

«Són diverses les qüestions que no entenem de l’homenatge que es va fer a Eivissa», escriu Luis Ruiz Val, el president del Fòrum per sa Memòria. El missatge que envia per WhatsApp aquest historiador, un dels investigadors que varen començar a cosir, allà pels anys noranta, la memòria rompuda dels represaliats pel franquisme en una illa on l’exili i el silenci —forçós— dels seus familiars els havien condemnat a l’oblit, és llarg. «Pel que fa a la data, en una conversa telefònica el dia 1 de juliol, la mateixa directora general em va dir que l’acte seria al setembre. Posteriorment, el Govern o l’Ajuntament d’Eivissa varen fixar unilateralment la data del 23 de juliol. El dia 10 de juliol, la Direcció General [de Memòria Democràtica] ho va comunicar per correu electrònic i jo vaig demanar en què consistiria l’acte, a més d’oferir la nostra col·laboració. No hi va haver cap resposta».

Uns segons més tard, Ruiz envia una captura de pantalla del correu que, segons afirma, mai no va rebre resposta. No va ser, però, la darrera conversa per preparar l’enterrament dels represaliats. «El dia 16 de juliol, entre les 20.00 i les 20.30 hores, es va celebrar una reunió telemàtica amb familiars, l’equip de psicòlegs i jo mateix —continua escrivint Ruiz— per tractar el desenvolupament de l’acte. No hi va assistir cap representant del Govern. En aquella reunió vàrem acordar un guió que, finalment, la Direcció General va decidir no tenir en compte, sense informar-ne ningú. La directora general [Xesca Ramis, líder també del PP al municipi mallorquí de Lloseta] va manifestar que es tractava d’un acte institucional i res més».

El president del Fòrum per sa Memòria, Luis Ruiz, denuncia la manca de coordinació i transparència en l’organització de l’homenatge. Segons relata, el Govern va canviar unilateralment la data, no va respondre a la seva proposta de col·laboració i no va participar en la reunió preparatòria amb familiars i psicòlegs

El Govern ho nega tot

«L’acte, de fet, estava previst per a una data anterior», repliquen, també per escrit, des de la Conselleria de Presidència, «però l’empresa encarregada de les plaques ens va avisar que no les tindria a punt a temps. Per aquest motiu, es va informar l’Ajuntament i els familiars i es va ajornar l’acte, fixant una nova data que s’ajustàs a la disponibilitat de les famílies. Tot això es va comunicar al Fòrum en temps i forma. En concret, el correu electrònic amb la invitació es va enviar el 10 de juliol de 2026 a les 10.01 del matí».

I continuen argumentant des del Consolat de Mar: «En l’escaleta definitiva de l’acte no hi havia prevista cap intervenció del Fòrum. Es tractava d’un acte organitzat pel Govern i l’Ajuntament d’Eivissa en què els protagonistes eren els familiars, i per això se’ls va donar la paraula a ells. Passa el mateix quan assistim a la col·locació de pedres de la memòria als municipis: el Govern les encarrega, les finança i les lliura a l’ajuntament, que és qui organitza els actes. El Govern hi assisteix com a convidat, sense intervenir, perquè consideram que el protagonisme ha de recaure en les famílies».

En l’escaleta definitiva de l’acte no hi havia prevista cap intervenció del Fòrum. Es tractava d’un acte organitzat pel Govern i ’Ajuntament d’Eivissa en què els protagonistes eren els familiars, i per això se’ls va donar la paraula a ells

Conselleria de Presidència

A ses Figueretes sí que varen parlar els polítics. Tanmateix, Luis Ruiz lamenta que el guió que havien acordat en la reunió prèvia «no es va tenir en compte en absolut». En aquest sentit, retreu que «el protagonisme va recaure en la directora general, el regidor de l’Ajuntament d’Eivissa [Manuel Jiménez] i una intervenció de la consellera de Patrimoni del Consell d’Eivissa [Sara Ramón], que va introduir un ram de flors a la capella. Tots tres pertanyen al mateix partit [el PP] que fa pocs mesos va derogar la Llei de Memòria Democràtica». No obstant això, continua, «tant en el discurs de la directora general com en el del regidor es va insistir en la importància de la memòria per guarir les ferides i construir una convivència estable».

Durant l’acte, la directora Ramis va proclamar que «la democràcia es construeix reconeixent el passat i honorant les víctimes» i va considerar el cas de Bartomeu Miquel com «una llum d’esperança per als descendents que encara esperen una resposta [...]. Ja tenen un lloc on dur-los una flor». Els seus ossos són un dels tres únics identificats a Eivissa gràcies a les proves d’ADN realitzades a familiars directes. Rafel Serra Costa, un dels descendents d’aquest home de seixanta-tres anys que, un 18 de novembre de 1936, varen anar a buscar a Sant Rafel de sa Creu, el poble del centre d’Eivissa on vivia amb la seua dona i els seus nou fills, el varen pujar a un camió i del qual no se’n va tornar a saber mai més res, tenia preparat «un petit discurs» per honorar la memòria del seu regüelo.

Segons explica, poc abans que començàs l’enterrament, un membre de la delegació del Govern li va allargar un altre paper, amb l’ordre que el llegís. «Estava tan nerviós, per la calor i per les circumstàncies, que vaig llegir el que em varen donar. Era una petita biografia del meu regüelo. Després em va fer ràbia no llegir el que duia preparat», diu Serra. Luis Ruiz corrobora el seu testimoni i, des de la Conselleria de Presidència, tornen a defensar la seua gestió: «En cap cas es va prohibir que cap familiar llegís el text que tengués previst. L’únic text facilitat pel Govern va ser el corresponent al llistat de noms (que figura en l’estudi aprovat per la Comissió) i la biografia de la víctima identificada que va ser inhumada al columbari (que també figura en l’estudi). El llistat amb què comptam al Govern és el que el Fòrum va proposar a la Comissió i que aquesta va aprovar. Per tant, és el llistat oficial i el que, per responsabilitat, hem de donar per vàlid. La resta de noms que ells tenen no han estat presentats a la Comissió ni han estat aprovats. De fet, l’estudi està publicat a la nostra pàgina web i es pot consultar».

En cap cas es va prohibir que cap familiar llegís el text que tengués previst. L’únic text facilitat pel Govern va ser el corresponent al llistat de noms (que figura en l’estudi aprovat per la Comissió) i la biografia de la víctima identificada que va ser inhumada al columbari (que també figura en l’estudi)

Govern balear

Discussió per el llistat oficial

En el «llistat oficial» que es pot descarregar des del portal de Memòria Democràtica del Govern hi figuren els 64 desapareguts que es varen llegir en l’homenatge eivissenc. Cementeri de ses Figueretes, Cementeri d’Eivissa, Cementiri Vell d’Eivissa són les tres fórmules que s’utilitzen per referir-se al cementeri on es va trobar la fossa comuna. El 2018, abans de remoure la terra per primera vegada a la recerca dels morts oblidats, el Fòrum per sa Memòria estimava que podia amagar les restes de «75 persones», basant-se en els estudis que els seus historiadors fa dècades que elaboren. La diferència sembla explicar-se amb altres deu víctimes fantasma que apareixen en el cens autonòmic.

Tot i que estan identificades, no s’hi indica el lloc on es varen desfer dels cadàvers. Per aquesta raó, els seus noms i llinatges no es varen pronunciar en veu alta el passat 23 de juliol. Una discrepància que va dur Luis Ruiz a intentar convèncer Xesca Ramis perquè ampliassin la llista. Va ser debades. La discussió va retardar mitja hora l’inici de l’enterrament. «Tot el que va passar», argumenta el president del Fòrum per sa Memòria, «s’hauria pogut evitar si la mateixa directora general hagués estat present en la reunió preparatòria amb els familiars, els psicòlegs i el nostre col·lectiu. Però ni ella ni ningú del Govern no hi varen ser presents». I Ruiz insisteix: «Nañtrps hem documentat un total de 209 víctimes eivissenques [de la repressió franquista], de les quals 97 es trobarien al cementeri de ses Figueretes».

Nou desajust en les xifres. El cens autonòmic —publicat el 2024, ja amb els populars al capdavant del Consolat de Mar— redueix els desapareguts a 93. Inclou fins i tot els eivissencs que varen morir fora de l’illa. Hi ha tretze morts a Palma; la majoria, assassinats, amb judici sumaríssim o sense, però també algun mort en captivitat. Altres tres víctimes en altres punts de Mallorca: Esporles, Manacor, Portocristo. Una, a Formentera. I dues més, a l’Alta Àustria: Joan Bonet Ribas i Antoni Roselló Roig, deportats pels nazis al camp d’extermini de Mauthausen-Gusen i rescatats de l’oblit per les investigacions dels periodistes Xicu Lluy Torres i Elena González Escudero. El cens tampoc no exclou dos eivissencs que varen perdre la vida a Maó. Un, Josep Marí Cardona, sotmès a un consell de guerra. L’altre, Marià Roig Marí, víctima de les bombes setmanals amb què l’aviació del comte Rossi va accelerar la rendició de Menorca durant la primavera de 1939, el desenllaç de la Guerra Civil.

Tot el que va passar s’hauria pogut evitar si la mateixa directora general hagués estat present en la reunió preparatòria amb els familiars, els psicòlegs i el nostre col·lectiu. Però ni ella [la directora general de Relacions Institucionals, Xisca Ramis] ni ningú del Govern no hi varen ser presents

Luis Ruiz Val — President del Fòrum per sa Memòria

Les diferències amb la passada legislatura

Quan se li comuniquen aquestes dades, Luis Ruiz respon fent una telefonada per deixar anar, de cop:

—El tema de la llista encara em té intrigat. Falten gairebé totes les víctimes dels bombardejos italians sobre Eivissa [l’estiu del 36, el més mortífer, el del 13 de setembre, va deixar una quarantena de morts a la Marina, el port de la capital de l’illa, i va servir d’excusa per a la matança dels presoners que els republicans tenien al castell de Dalt Vila; en el cens només hi apareixen tres noms], però, és clar, aquest Govern està homenatjant els morts que va causar l’aviació republicana, no les persones que varen matar els feixistes. Com que va ser foc amic, no convé, encara que hi morissin, fins i tot, persones conservadores que mai no haurien votat el Front Popular. Per això, vàrem incorporar els divuit que vàrem poder identificar al memorial que fa uns anys vàrem instal·lar al Cementiri Vell. Ningú no pot dir que fos sectari. És una llàstima que tots aquests noms els retirassin d’aquest homenatge. Vist com estan les coses, potser sigui el primer i el darrer, de caràcter institucional, que es faci a Eivissa.

Aquest Govern està homenatjant els morts que va causar l’aviació republicana, no les persones que varen matar els feixistes. Com que va ser foc amic, no convé, encara que hi morissin, fins i tot, persones conservadores que mai no haurien votat el Front Popular

Luis Ruiz Val — President del Fòrum per sa Memòria

—Com eren els actes que s’organitzaven a Mallorca durant la legislatura passada i als quals va acudir el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera?

—Me’n record molt bé del primer a què vaig anar, a Porreres. Hi havia una vintena de restes identificades i es tornaven als familiars. En un acte públic. Hi havia la consellera de Cultura, que s’encarregava de les matèries de memòria democràtica, que en aquella època era l’eivissenca Fanny Tur. Varen permetre parlar a Maria Antònia Oliver [presidenta de Memòria de Mallorca, entitat homòloga del Fòrum per sa Memòria a l’illa veïna]. Mira, un detall que crec que és molt significatiu: a Porreres, la gent deixava un passadís pel qual entraven els fèretres, portats pels descendents o persones més o menys vinculades a Memòria de Mallorca, i la gent aplaudia fins que els varen dipositar davant el públic. Hi va haver discursos i es varen lliurar a les famílies: és una manera de donar protagonisme a les víctimes.

—No va ser igual a Eivissa?

—Tot el contrari. Les restes no identificades ja eren dins els nínxols: per veure-les, t’havies d’abocar a la capella. La de Bartomeu Miquel era damunt una taula just al costat de la porta de la capella. Qui la va introduir varen ser els funcionaris de l’Ajuntament d’Eivissa. No es fan les coses així… Tot el que va passar s’hauria pogut evitar si la mateixa directora general hagués estat present en la reunió preparatòria amb els familiars, els psicòlegs —que ens demanaven coses i ens feien propostes sobre l’escaleta de l’acte— i el nostre col·lectiu. Però ni Xesca Ramis ni ningú del Govern no hi varen ser presents. Aleshores, per a què han contractat els psicòlegs? Per a què feim reunions online? Potser és que estam malacostumats a la legislatura passada: allò que es decidia a la Comissió de Memòria Democràtica es decidia després. I tots hi participàvem. Ara, simplement, no hi ha interès.

El 24 de juliol, un dia després de l’acte, el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera va enviar una carta als diaris locals titulada Allò que no ens van deixar dir. Eren les paraules que l’associació memorialista tenia preparades, les que ningú no va pronunciar durant l’homenatge. Després de citar el galleguista Castelao —non enterraban cadáveres, enterraban semente; aquells cossos llançats dins un clot eren llavor—, la carta demana perdó, «per tantes dècades de silenci, solitud i oblit», «a Bárbara, a Eulària, a Xicu, a Toni, a Vicent». Són els noms de fonts d’alguns dels morts.

El PSPV ha denunciat que les dades sobre la composició del Servei de Bombers Forestals a la província de Castelló confirmen la falta de personal que el grup parlamentari denuncia des de fa mesos. Segons la formació socialista, les xifres evidencien “el fracàs de la gestió del Consell en matèria d’emergències i en la lluita contra els incendis”.

Segons adverteixen els socialistes, sis de les 17 unitats terrestres de la província de Castelló es troben actualment inoperatives perquè no assoleixen el mínim d’efectius necessari per a prestar servei. D’aquestes 17 brigades, sis disposen únicament d’un o dos dels cinc integrants requerits per a la seua operativitat, mentre que la resta no supera els tres efectius, el mínim fixat per a poder intervindre en els conats.

La portaveu d’Emergències del PSPV a les Corts, Alicia Andújar, ha assegurat que aquestes xifres suposen la constatació que el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, es troba “amortitzat” en el càrrec. “És incapaç de gestionar els pressupostos i de dotar del personal necessari el Servei d’Emergències de la Comunitat Valenciana, i aquesta incapacitat de gestió ens situa en una posició de debilitat i risc tant per als mateixos bombers com per al nostre territori”, ha manifestat.

Andújar ha remarcat que no es tracta d’un problema conjuntural, sinó d’una deficiència estructural sobre la qual el grup socialista alerta de manera reiterada. La parlamentària ha recordat les protestes recents dels professionals i ha criticat les condicions del dispositiu durant la jornada de divendres passat, en ple avís groc de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per tempestes seques i llamps.

“En una jornada amb risc d’incendis i amb tempestes previstes, no hi havia cap unitat terrestre completa en tota la província de Castelló i huit unitats estaven inoperatives”, ha criticat Andújar. En aquest sentit, ha assenyalat que la falta d’efectius incrementa el perill per als treballadors sobre el terreny: “Un bomber forestal no pot enfrontar-se a un incendi en les mateixes condicions si té a la seua disposició cinc companys que si només compta amb un o dos. No podem acceptar que es normalitze que hi haja unitats que isquen a treballar amb una part de la plantilla que haurien de tindre o que directament no puguen estar operatives”.

El grup parlamentari socialista ha reiterat el seu suport al col·lectiu de bombers forestals i al conjunt del personal d’emergències que combat els focs a la Comunitat Valenciana, alhora que ha exigit a la Generalitat que cobrisca les places vacants i dote el servei de la plantilla indispensable per a garantir la seua seguretat i l’efectivitat en l’extinció.

“Cinisme polític sense límits”

La Conselleria d’Emergències ha respost a les crítiques del PSPV i ha acusat els socialistes d’exercir un “cinisme polític sense límits” en recordar que durant els huit anys de govern del Botànic es va consolidar un model “purament estacional” en què “s’acomiadava més de 300 bombers forestals en finalitzar cada campanya”. Des del Consell sostenen que la gestió anterior va derivar en “temporalitat, inseguretat jurídica i 226 sentències judicials per contractacions en frau de llei”, a més d’una incapacitat manifesta per a implantar un tercer torn o dotar l’operatiu d’estabilitat al llarg de tot l’any.

Davant les acusacions del grup socialista, la Conselleria contraposa les xifres de la present legislatura i defensa que l’actual Govern autonòmic ha impulsat “la transformació més gran de la història del servei” després d’assolir 56 unitats operatives de manera permanent. Segons Emergències, el dispositiu compta actualment amb uns 250 efectius més que en l’etapa del Botànic i disposa del pressupost més elevat registrat fins ara —79,14 milions d’euros, un 11,45% més que en l’exercici anterior—, una partida orientada a l’adquisició de noves autobombes, vehicles i a l’execució d’un pla de modernització d’infraestructures.

El PSPV denuncia la decisió del Consell de suprimir els Punts de Trobada Familiar Judicials (PTFJ) en deu municipis de la Comunitat Valenciana. La mesura, recollida en la resolució de la Conselleria de Serveis Socials publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el passat 29 de juliol, estableix la convocatòria del servei mitjançant concert i dibuixa una nova redistribució territorial que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre.

La portaveu socialista d’Infància i Adolescència a les Corts, Romina del Rey, ha qualificat la decisió d’“inhumana” i ha alertat que la mesura “redueix la xarxa de protecció als menors, genera patiment a les famílies i incrementa els riscos en situacions de vulnerabilitat”.

El nou mapa autonòmic que ha dissenyat el departament dirigit per la consellera Elena Albalat suprimeix els Punts de Trobada Familiar en deu localitats: Mislata, Manises, Paterna, Alfafar i Requena, a València; Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa i Villena, a Alacant; i Vila-real, a Castelló. Encara que la planificació preveu la creació de tres nous centres a Benidorm, Montcada i Onda, els socialistes asseguren que el balanç global reflecteix una reducció neta de set instal·lacions en tot el territori valencià.

Aquests espais, neutrals i regulats per resolució judicial, permeten que xiquets i adolescents mantinguen el contacte amb els seus progenitors o familiars en contextos d’elevada conflictivitat o en casos vinculats a la violència de gènere, davall la supervisió d’un equip multidisciplinari.

Increment de les llistes d’espera i menys personal tècnic

La diputada del PSPV ha advertit de les conseqüències operatives que comportarà el tancament d’aquests recursos. Entre aquestes, ha assenyalat l’obligació de fer desplaçaments més llargs per a les famílies, l’augment de l’estrés i l’agreujament d’unes llistes d’espera amb xifres crítiques.

Segons les dades de la mateixa Conselleria de Serveis Socials, els expedients judicials de famílies a l’espera d’assignació d’aquests recursos van passar de 1.200 l’any 2023 a 2.100 al tancament de l’exercici 2024, la qual cosa representa un increment superior al 80%.

A més de la reducció de seus, Del Rey ha censurat la modificació del perfil dels treballadors destinats a aquests centres. El nou plec incrementa la presència de personal auxiliar administratiu en detriment de professionals de la psicologia, la integració social i la igualtat de gènere. Per a la portaveu socialista, aquesta disminució de personal tècnic resulta “molt greu” en entorns on conviuen famílies amb sentències per violència masclista.

La representant socialista ha criticat que la Conselleria haja aprovat la reestructuració sense informació prèvia als ajuntaments afectats ni a les fundacions gestores dels serveis. Així mateix, ha recordat que molts consistoris van fer inversions municipals per a cedir i adequar els immobles que alberguen aquestes instal·lacions.

Davant d’aquesta situació, el grup socialista ha exigit la rectificació immediata de la resolució, la sol·licitud de l’expedient complet amb els informes tècnics que la sustenten i la compareixença urgent de la consellera Elena Albalat a les Corts. Per als socialistes, aquestes retallades poden constituir “el pas previ cap a la privatització de la xarxa pública de serveis socials”.

El nou disseny “corregeix la inseguretat jurídica i financera”

La Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància ha defensat la consolidació de la xarxa pública de Punts de Trobada Familiar Judicial després de la convocatòria del procediment d’acció concertada, “un nou model integral que garanteix la prestació continuada del servei fins a octubre del 2028, dotat amb una inversió global superior als 21,6 milions d’euros procedents de fons propis de la Generalitat”, han explicat des del departament que dirigeix Elena Albalat.

Davant de les crítiques dels socialistes, la Conselleria ha defensat que el nou disseny “corregeix la inseguretat jurídica i financera que arrossegava el sistema heretat, que obligava les entitats locals a assumir competències autonòmiques i depenia de decisions municipals unilaterals”. “Decisions com les adoptades en el seu moment pels consistoris de Paterna —que va suprimir el recurs el 2021 i va derivar els usuaris a Manises— o Manises —que va fixar el seu tancament el 2026 i va traslladar l’atenció a Alfafar— demostren la insostenibilitat del marc previ”, han insistit.

D’aquesta manera, han subratllat que la nova estructura s’articula d’acord amb el Mapa dels Serveis Socials Inclusius (Decret 34/2021), “garantint la cobertura en els 21 departaments assistencials davall criteris de població, volum d’expedients i rigor tècnic”.

Així mateix, la Conselleria ha matisat que, com que el procediment es troba en fase de convocatòria i selecció d’entitats, la mateixa normativa del concert social preveu que, una vegada adjudicat el servei, s’avaluen les necessitats reals de cada zona per a concertar recursos addicionals o ampliar plantilla allí on la demanda ho requerisca, “prioritzant sempre l’interés superior del menor”.

El PSPV ha denunciado que los datos sobre la composición del Servicio de Bomberos Forestales en la provincia de Castellón confirman la falta de personal que el grupo parlamentario denuncia desde hace meses. Según la formación socialista, las cifras evidencian “el fracaso de la gestión del Consell en materia de emergencias y en la lucha contra los incendios”.

Según advierten los socialistas, seis de las 17 unidades terrestres de la provincia de Castellón se encuentran actualmente inoperativas al no alcanzar el mínimo de efectivos necesario para prestar servicio. De estas 17 brigadas, seis disponen únicamente de uno o dos de los cinco integrantes requeridos para su operatividad, mientras que el resto no supera los tres efectivos, el límite mínimo fijado para poder intervenir en los conatos.

La portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, ha asegurado que estas cifras suponen la constatación de que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, se encuentra “amortizado” en el cargo. “Es incapaz de gestionar los presupuestos y de dotar del personal necesario al Servicio de Emergencias de la Comunitat Valenciana, y esa incapacidad de gestión nos sitúa en una posición de debilidad y riesgo tanto para los propios bomberos como para nuestro territorio”, ha manifestado.

Andújar ha remarcado que no se trata de un problema coyuntural, sino de una deficiencia estructural sobre la que el grupo socialista alerta de forma reiterada. La parlamentaria ha recordado las protestas recientes de los profesionales y ha criticado las condiciones del dispositivo durante la jornada del pasado viernes, en pleno aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por tormentas secas y rayos.

“En una jornada con riesgo de incendios y con tormentas previstas, no había ninguna unidad terrestre completa en toda la provincia de Castellón y ocho unidades estaban inoperativas”, ha criticado Andújar. En este sentido, ha señalado que la carencia de efectivos incrementa el peligro para los trabajadores sobre el terreno: “Un bombero forestal no puede enfrentarse a un incendio en las mismas condiciones si tiene a su disposición cinco compañeros que si solo cuenta con uno o dos. No podemos aceptar que se normalice que haya unidades que salgan a trabajar con una parte de la plantilla que deberían tener o que directamente no puedan estar operativas”.

El grupo parlamentario socialista ha reiterado su respaldo al colectivo de bomberos forestales y al conjunto del personal de emergencias que combate los fuegos en la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha exigido a la Generalitat que cubra las plazas vacantes y dote al servicio de la plantilla indispensable para garantizar su seguridad y la efectividad en la extinción.

“Cinismo político sin límites”

La Conselleria de Emergencias ha respondido a las críticas del PSPV y ha acusado a los socialistas de ejercer un “cinismo político sin límites” al recordar que durante los ocho años de gobierno del Botànic se consolidó un modelo “puramente estacional” en el que “se despedía a más de 300 bomberos forestales al finalizar cada campaña”. Desde el Consell sostienen que la gestión anterior derivó en “temporalidad, inseguridad jurídica y 226 sentencias judiciales por contrataciones en fraude de ley”, además de una incapacidad manifiesta para implantar un tercer turno o dotar al operativo de estabilidad a lo largo de todo el año.

Frente a las acusaciones del grupo socialista, la conselleria contrapone las cifras de la presente legislatura y defiende que el actual Gobierno autonómico ha impulsado “la mayor transformación de la historia del servicio” tras alcanzar 56 unidades operativas de forma permanente. Según Emergencias, el dispositivo cuenta actualmente con unos 250 efectivos más que en la etapa del Botànic y dispone del presupuesto más elevado registrado hasta la fecha —79,14 millones de euros, un 11,45 % más que en el ejercicio anterior—, una partida orientada a la adquisición de nuevas autobombas, vehículos y a la ejecución de un plan de modernización de infraestructuras.

El PSPV denuncia la decisión del Consell de suprimir los Puntos de Encuentro Familiar Judiciales (PEFJ) en diez municipios de la Comunitat Valenciana. La medida, recogida en la resolución de la Conselleria de Servicios Sociales publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 29 de julio, establece la convocatoria del servicio mediante concierto y dibuja una nueva redistribución territorial que entrará en vigor el próximo mes de noviembre.

La portavoz socialista de Infancia y Adolescencia en las Corts, Romina del Rey, ha calificado la decisión de “inhumana” y ha alertado de que la medida “reduce la red de protección a los menores, genera sufrimiento a las familias e incrementa los riesgos en situaciones de vulnerabilidad”.

El nuevo mapa autonómico que ha diseñado el departamento dirigido por la consellera Elena Albalat suprime los Puntos de Encuentro Familiar en diez localidades: Mislata, Manises, Paterna, Alfafar y Requena en Valencia; Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena en Alicante; y Vila-real en Castellón. Aunque la planificación prevé la creación de tres nuevos centros en Benidorm, Moncada y Onda, los socialistas aseguran que el balance global refleja una reducción neta de siete instalaciones en todo el territorio valenciano.

Estos espacios, neutrales y regulados por resolución judicial, permiten que niños y adolescentes mantengan el contacto con sus progenitores o familiares en contextos de elevada conflictividad o en casos vinculados a la violencia de género, bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar.

Incremento de las listas de espera y menor personal técnico

La diputada del PSPV ha advertido de las consecuencias operativas que conllevará el cierre de estos recursos. Entre ellas, ha señalado la obligación de realizar desplazamientos más largos para las familias, el aumento del estrés y el agravamiento de unas listas de espera con cifras críticas.

Según los datos de la propia Conselleria de Servicios Sociales, los expedientes judiciales de familias a la espera de asignación de estos recursos pasaron de 1.200 en el año 2023 a 2.100 al cierre del ejercicio 2024, lo que representa un incremento superior al 80%.

Además de la reducción de sedes, Del Rey ha censurado la modificación del perfil de los trabajadores destinados a estos centros. El nuevo pliego incrementa la presencia de personal auxiliar administrativo en detrimento de profesionales de la psicología, la integración social y la igualdad de género. Para la portavoz socialista, esta disminución de personal técnico resulta “muy grave” en entornos donde conviven familias con sentencias por violencia machista.

La representante socialista ha criticado que la conselleria haya aprobado la reestructuración sin información previa a los ayuntamientos afectados ni a las fundaciones gestoras de los servicios. Asimismo, ha recordado que muchos consistorios realizaron inversiones municipales para ceder y adecuar los inmuebles que albergan estas instalaciones.

Ante esta situación, el grupo socialista ha exigido la rectificación inmediata de la resolución, la solicitud del expediente completo con los informes técnicos que la sustentan y la comparecencia urgente de la consellera Elena Albalat en las Corts. Para los socialistas, estos recortes pueden constituir “el paso previo hacia la privatización de la red pública de servicios sociales”.

El nuevo diseño “corrige la inseguridad jurídica y financiera”

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha defendido la consolidación de la red pública de Puntos de Encuentro Familiar Judicial tras la convocatoria del procedimiento de acción concertada, “un nuevo modelo integral que garantiza la prestación continuada del servicio hasta octubre de 2028, dotado con una inversión global superior a los 21,6 millones de euros procedentes de fondos propios de la Generalitat”, han explicado desde el departamento que dirige Elena Albalat. 

Frente a las críticas de los socialistas, la conselleria ha defendido que el nuevo diseño “corrige la inseguridad jurídica y financiera que arrastraba el sistema heredado, que obligaba a las entidades locales a asumir competencias autonómicas y dependía de decisiones municipales unilaterales”. “Decisiones como las adoptadas en su momento por los consistorios de Paterna —que suprimió el recurso en 2021 derivando usuarios a Manises— o Manises —que fijó su cierre en 2026 trasladando la atención a Alfafar— demuestran la insostenibilidad del marco previo”, han insistido. 

De este modo, han subrayado que la nueva estructura se articula conforme al Mapa de los Servicios Sociales Inclusivos (Decreto 34/2021), “garantizando la cobertura en los 21 departamentos asistenciales bajo criterios de población, volumen de expedientes y rigor técnico”. 

Asimismo, la Conselleria ha matizado que, al encontrarse el procedimiento en fase de convocatoria y selección de entidades, la propia normativa del concierto social prevé que, una vez adjudicado el servicio, se evalúen las necesidades reales de cada zona para concertar recursos adicionales o ampliar plantilla donde la demanda lo requiera, “primando siempre el interés superior del menor”.

¿Cuántas víctimas del fascismo terminaron ocultadas por orden de sus propios verdugos en las fosas comunes del Cementeri Vell de ses Figueretes, en Eivissa? La respuesta baila entre dos cifras. El Govern balear sostiene que fueron 64 los muertos a los que nadie pudo –o se preocupó de– buscar durante noventa años. El Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera afirma, en cambio, que fueron 97 los ejecutados por consejos de guerra o juicios sumarísimos. O –directamente– desaparecidos tras recibir un tiro en la nuca. A la mayoría los mataron durante el otoño de 1936 y el invierno de 1937. Ojo por ojo, diente por diente: aquellas vidas fueron la moneda con la que las cuadrillas de falangistas que peinaron la isla se vengaron de una matanza perpetrada por milicianos justo antes de huir de la isla en barco.

Sucedió el 13 de septiembre del año en que empezó la Guerra Civil. Casi dos meses después de que el golpe de Estado urdido por oficiales africanistas –y financiado por el contrabandista mallorquín Joan March Ordinas– prendiera la mecha del conflicto. En plena retirada balear de las tropas republicanas al mando del capitán Alberto Bayo. Las ametralladoras sonaron en las celdas de la antigua casa del gobernador. 95 personas –magnates monopolistas, prósperos comerciantes, pequeñoburgueses, minifundistas con carné del Sindicato Agrícola, simpatizantes de partidos de derechas, religiosos que el próximo 17 de octubre serán beatificados por León XIV– cayeron exánimes. Unas paladas de tierra los enterraron muy cerca del lugar donde, semana a semana, otros verdugos irían arrojando a los rojos.

Hoy, el edificio en el que ocurrió la tragedia reabrió hace unos meses –y tras una eternidad cerrado a cal y canto– con una nueva piel, la de un Parador Nacional de Turismo. Hoy, aquellos asesinatos, se les sigue conociendo por un eufemismo muy vago –els fets del Castell–, pero a los asesinados se les desenterró, se les dio cristiana sepultura y una placa los recuerda en la Catedral pitiusa: la dictadura franquista no tardó en homenajearlos. Hoy, homenajear a los muertos que vinieron después –payeses, pescadores, carpinteros y albañiles: más de uno, sin filiación izquierdista o sindical conocida; también funcionarios municipales, el fundador del primer sindicato que peleó en la isla, un militar y, también, un sacerdote católico– sigue siendo objeto de polémica. El ejemplo más reciente data de hace poco más de dos semanas.

Un homenaje agridulce

Jueves, 23 de julio. Diez y media de la mañana. Una placa ocre sobre una pared blanca con un mensaje en catalán: Aquí reposen les víctimes de la repressió franquista durant la guerra civil i la dictadura. Eivissa 2026. Junto a la placa, una puerta de metal y acristalada. Al otro lado, sobre un mosaico hidráulico, siete cajas de madera para siete nichos a vista. Esta capilla del Cementeri Vell –restaurada a propósito– guarda los restos hallados –a partir de 2020– en las exhumaciones que se han realizado en Eivissa gracias a la Llei de Fosses, impulsada durante la primera legislatura de la coalición de centroizquierda que presidió Francina Armengol. En uno de esos pequeños sarcófagos está Bartolomé Costa Serra, conocido como Bartomeu Miquel. La única víctima con nombre y apellidos que se depositó en la capilla, cerca de otras que no se han podido identificar.

Un violín interpreta una partitura de Robert Schumann. Es una caricia en medio de un acto que transpira tensión. Por el calor de justicia –el aleteo de los abanicos contra la alerta amarilla–, por las dimensiones de la carpa habilitada para cobijar treinta asientos –hay el doble de gente, escasea el espacio y los operadores tienen que destrincar la cámara y abandonar el trípode para acercarse a la noticia– y, también, por el baile de cifras. Un cóctel que, según los responsables del Fòrum per sa Memòria, describe “las formas” de la Conselleria de Presidència del ejecutivo de Marga Prohens, la presidenta popular que ha pactado con Vox la derogación de la Llei de Memòria Democràtica. Fue el peaje para aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma. Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, después del recurso presentado por el Gobierno que conforman PSOE y Sumar.

“Son varias cuestiones las que no entendemos del homenaje que se hizo en Eivissa”, escribe Luis Ruiz Val, el presidente del Fòrum per sa Memòria. El mensaje que manda por WhatsApp este historiador, uno de los investigadores que empezaron a coser, allá por los noventa, la memoria rota de los represaliados por el franquismo en una isla donde el exilio y el silencio –forzoso– de sus familiares los había olvidado, es largo. “En cuanto a la fecha, en una conversación telefónica el día 1 de julio, la propia directora general me dijo que el acto sería en septiembre. Posteriormente, el Govern o el Ajuntament d’Eivissa fijaron de manera unilateral la fecha del 23 de julio. El día 10 de julio, la Direcció General [de Memòria Democràtica] lo comunicó por correo electrónico y yo pregunté en qué consistiría el acto, además de ofrecer nuestra colaboración. No hubo ninguna respuesta”.

Unos segundos más tarde, Ruiz manda la captura de pantalla del correo que, según dice, nunca se respondió. No fue, sin embargo, la última charla para preparar el entierro de los represaliados. “El día 16 de julio, entre las 20:00 y las 20:30 horas, se celebró una reunión telemática con familiares, el equipo de psicólogos y yo mismo –sigue escribiendo Ruiz– para tratar el desarrollo del acto. No asistió ningún representante del Govern. En esa reunión acordamos un guion que, finalmente, la Direcció General decidió no tener en cuenta, sin informar a nadie. La directora general [Xesca Ramis, líder también del PP en el municipio mallorquín de Lloseta] manifestó que se trataba de un acto institucional y nada más”.

El presidente del Fòrum per sa Memòria, Luis Ruiz, denuncia la falta de coordinación y transparencia en la organización del homenaje. Según relata, el Govern cambió unilateralmente la fecha, no respondió a su propuesta de colaboración y no participó en la reunión preparatoria con familiares y psicólogos

El Govern lo niega todo

“El acto, de hecho, estaba previsto para una fecha anterior”, replican, también por escrito, desde la Conselleria de Presidència, “pero la empresa encargada de las placas nos avisó de que no las tendría listas a tiempo. Por ese motivo, se informó al Ayuntamiento y a los familiares y se aplazó el acto, fijando una nueva fecha que se ajustara a la disponibilidad de las familias. Todo ello fue comunicado al Fòrum en tiempo y forma. En concreto, el correo electrónico con la invitación se envió el 10 de julio de 2026 a las 10:01 de la mañana”.

Y continúan argumentando desde el Consolat de Mar: “En la escaleta definitiva del acto no estaba prevista ninguna intervención del Fòrum. Se trataba de un acto organizado por el Govern y el Ajuntament d’Eivissa en el que los protagonistas eran los familiares, y por eso se les dio la palabra a ellos. Ocurre lo mismo cuando acudimos a la colocación de piedras de la memoria en los municipios: el Govern las encarga, las financia y las entrega al ayuntamiento, que es quien organiza los actos. El Govern asiste como invitado, sin intervenir, porque consideramos que el protagonismo debe recaer en las familias”.

En la escaleta definitiva del acto no estaba prevista ninguna intervención del Fòrum. Se trataba de un acto organizado por el Govern y el Ajuntament d’Eivissa en el que los protagonistas eran los familiares, y por eso se les dio la palabra a ellos

Conselleria de Presidencia

En ses Figueretes sí hablaron los políticos. Sin embargo, Luis Ruiz lamenta que el guion que acordaron en la reunión previa “no se tuvo en cuenta en absoluto”. En este sentido, recrimina que “el protagonismo recayó en la directora general, el concejal del Ajuntament d’Eivissa [Manuel Jiménez] y una intervención de la consellera de Patrimoni del Consell d’Eivissa [Sara Ramón], que introdujo un ramo de flores en la capilla. Los tres pertenecen al mismo partido [el PP] que hace pocos meses derogó la Llei de Memòria Democràtica”. No obstante, prosigue, “tanto en el discurso de la directora general como en el del concejal se insistió en la importancia de la memoria para restañar las heridas y asentar una convivencia estable”.

Durante el acto, la directora Ramis proclamó que “la democracia se construye reconociendo el pasado y honrando a las víctimas” y consideró el caso de Bartomeu Miquel como “una luz de esperanza para los descendientes que esperan aún una respuesta [...]. Ya tienen un lugar donde llevarles una flor”. Sus huesos son uno de los tres únicos identificados en Eivissa gracias a las pruebas de ADN realizadas a familiares directos. Rafel Serra Costa, uno de los descendientes de este hombre de sesenta y tres años al que un 18 de noviembre de 1936 fueron a buscar a Sant Rafel de sa Creu, el pueblo del centro de Eivissa donde vivía con su mujer y sus nueve hijos, lo subieron a un camión y del que nunca más se supo, tenía preparado “un pequeño discurso” para honrar la memoria de su bisabuelo.

Según cuenta, poco antes de que empezara el entierro, un miembro de la delegación del Govern le extendió otro papel, conminándolo a que lo leyera. “Estaba tan nervioso, por el calor y por las circunstancias, que leí lo que me dieron. Era una pequeña biografía de mi bisabuelo. Luego me dio rabia no leer lo que llevaba preparado”, dice Serra. Luis Ruiz corrobora su testimonio y, desde la Conselleria de Presidència, vuelven a defender su gestión:

“En ningún caso se prohibió que ningún familiar leyera el texto que tuviera previsto. El único texto facilitado por el Govern fue el correspondiente al listado de nombres (que figura en el estudio aprobado por la Comisión) y la biografía de la víctima identificada que fue inhumada en el columbario (que también figura en el estudio). El listado con el que contamos en el Govern es el que el Fòrum propuso a la Comisión y que fue aprobado por ésta. Por tanto, es el listado oficial y el que, por responsabilidad, debemos dar por válido. El resto de nombres que ellos tienen no han sido presentados a la Comisión ni han sido aprobados. De hecho, el estudio está publicado en nuestra página web y puede consultarse”, defiende el Govern.

En ningún caso se prohibió que ningún familiar leyera el texto que tuviera previsto. El único texto facilitado por el Govern fue el correspondiente al listado de nombres (que figura en el estudio aprobado por la Comisión) y la biografía de la víctima identificada que fue inhumada en el columbario (que también figura en el estudio).

Govern balear

Discusión por el listado oficial

En el “listado oficial” que puede descargarse desde el portal de Memòria Democràtica del Govern figuran los 64 desaparecidos que se leyeron en el homenaje ibicenco. Cementeri de ses Figueretes, Cementeri d’Eivissa, Cementiri Vell d’Eivissa son las tres fórmulas que se utilizan para mencionar al camposanto donde se halló la fosa común. En 2018, antes de remover la tierra por primera vez en busca de los muertos olvidados, el Fòrum per sa Memòria estimaba que podía esconder restos de “75 personas”, basándose en los estudios que sus historiadores llevan décadas elaborando. La diferencia parece explicarse con otras diez víctimas fantasma que aparecen en el censo autonómico.

Aunque estén identificadas, no se indica el lugar donde se deshicieron de los cadáveres. Por esa razón, sus nombres y apellidos no se pronunciaron en voz alta el pasado 23 de julio. Una discrepancia que llevó a Luis Ruiz a tratar de convencer a Xesca Ramis para que ampliaran la lista. Fue en vano. La discusión retrasó media hora el comienzo del entierro.

“Todo lo que ocurrió”, argumenta el presidente del Fòrum per sa Memòria, “se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos y nuestro colectivo. Pero ni ella ni nadie del Govern estuvieron presentes”. E insiste Ruiz: “Nosotros hemos documentado un total de 209 víctimas ibicencas [de la represión franquista], de las cuales 97 se encontrarían en el cementerio de Ses Figueretes”. Nuevo desajuste en los números.

Todo lo que ocurrió se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos y nuestro colectivo. Pero ni ella [la directora general de Relaciones Institucionales, Xisca Ramis] ni nadie del Govern estuvieron presentes

Luis Ruiz Val — Presidente del Fòrum per sa Memòria

El censo autonómico –publicado en 2024, ya con los populares al frente del Consolat de Mar– reduce los desaparecidos a 93. Incluyendo incluso a los ibicencos que murieron fuera de la isla. Hay trece muertos en Palma; la mayoría, asesinados, con o sin juicio sumarísimo, pero también algún fallecido en cautividad. Otras tres víctimas en otros puntos de Mallorca: Esporles, Manacor, Portocristo. Una, en Formentera. Y dos más, en la Alta Austria: Joan Bonet Ribas y Antoni Roselló Roig, deportados por los nazis al campo de exterminio de Mauthausen-Gusen y rescatados del olvido por las investigaciones de los periodistas Xicu Lluy Torres y Elena González Escudero. Tampoco excluye el censo a dos ibicencos que pierden la vida en Maó. Uno, Josep Marí Cardona, sometido a un consejo de guerra. El otro, Marià Roig Marí, víctima de las bombas semanales con las que la aviación del Conde Rossi aceleró la rendición de Menorca en la primavera de 1939, el desenlace de la Guerra Civil.

Las diferencias con la pasada legislatura

Cuando se le comunican estos datos, Luis Ruiz responde llamando por teléfono para soltar en tromba:

–El tema de la lista me tiene todavía intrigado. Faltan casi todas las víctimas de los bombardeos italianos sobre Eivissa [en el verano del 36, el más dañino, el 13 de septiembre, dejó unos cuarenta muertos en la Marina, el puerto de la capital de la isla, y sirvió como excusa para la matanza de los prisioneros que los republicanos tenían en el castillo de Dalt Vila; en el censo sólo aparecen tres nombres], pero, claro, este Govern está homenajeando a los muertos que causó la aviación republicana, no a las personas que mataron los fascistas. Como era fuego amigo, no conviene, aunque murieran, incluso, personas conservadoras que nunca habrían votado al Frente Popular. Por eso, incorporamos a los dieciocho que pudimos identificar en el memorial que hace unos años pusimos en el Cementiri Vell. Nadie puede decir que fuera sectario. Es una lástima que todos esos nombres los retiraran de este homenaje. Viendo cómo están las cosas, quizás sea el primero y el último, de carácter institucional, que se haga en Eivissa.

Este Govern está homenajeando a los muertos que causó la aviación republicana, no a las personas que mataron los fascistas. Como era fuego amigo no conviene, aunque murieran, incluso, personas conservadoras que nunca habrían votado al Frente Popular

Luis Ruiz Val — Presidente del Fòrum per sa Memòria

–¿Cómo eran los actos que se organizaban en Mallorca durante la pasada legislatura y a los que acudió el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera?

–Me acuerdo muy bien al primero que fui, en Porreres. Había una veintena de restos identificados y se les devolvía a los familiares. En un acto público. Estaba la consellera de Cultura, que se encargaba de las materias de memoria democrática, que en aquella época era la ibicenca Fanny Tur. Permitieron hablar a Maria Antònia Oliver [presidenta de Memòria de Mallorca, entidad homóloga del Fòrum per sa Memòria en la isla vecina]. Mira, un detalle, que creo que es muy significativo: en Porreres, la gente dejaba un pasillo por el que entraron los féretros, portados por los descendientes o personas más o menos ligadas a Memòria de Mallorca, y la gente aplaudía hasta que las depositaron frente al público, hubo discursos y se les entregaron a las familias: es una manera de dar protagonismo a las víctimas.

–¿No fue igual en Eivissa?

–Todo lo contrario. Los restos no identificados ya estaban dentro de los nichos: para verlas, tenías que asomarte a la capilla. La de Bartomeu Miquel estaba en una mesa justo al lado de la puerta de la capilla. Quien la introdujo fueron los funcionarios del Ajuntament d’Eivissa. No se hacen las cosas así… Todo lo que ocurrió se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos –que nos preguntaban y nos hacían propuestas sobre la escaleta del acto– y nuestro colectivo. Pero ni Xesca Ramis ni nadie del Govern estuvieron presentes. Entonces, ¿para qué han contratado a los psicólogos? ¿Para qué hacemos reuniones online? Quizás es que estemos malacostumbrados a la pasada legislatura: lo que se decidía en la Comissió de Memòria Democràtica se decidía después. Y todos participábamos. Ahora, simplemente, no hay interés.

El 24 de julio, un día después del acto, el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera envió una carta a los periódicos locales titulada Allò que no ens van deixar dir. Eran las palabras que la asociación memorialista tenía preparadas, las que nadie pronunció durante el homenaje. Después de citar al galleguista Castelao –non enterraban cadáveres, enterraban semente; aquellos cuerpos arrojados a un hoyo eran semilla– la carta le pide perdón, “por tantas décadas de silencio, soledad y olvido”, “a Bárbara, a Eulària, a Xicu, a Toni, a Vicent”. Son los nombres de pila de algunos de los muertos.

La crisis humanitaria y el desborde de los servicios tras la llegada de 72.000 personas a Ceuta desde Marruecos, de las que quedan al menos dos millares en la ciudad autónoma, han sido la tormenta perfecta para que Vox intente plantar de nuevo la semilla de la “prioridad nacional”. La ultraderecha lleva una semana difundiendo que los niños y adolescentes deben “deportarse” y que “los recursos de los españoles” tienen que ir “a los españoles”, un discurso trufado con otros mensajes de dirigentes que defienden “cazar a los inmigrantes” o llaman a los menores “menesterosos jamás integrables”.

El último movimiento de Vox ha sido el de anunciar su plante a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el jueves, en representación de las tres comunidades donde tienen estas competencias: Castilla y León, Extremadura y Aragón. Se trata de un encuentro de carácter técnico —con las direcciones generales de Infancia de las autonomías, no con los consejeros— y preparatorio de la Conferencia Sectorial en la que se tratará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores. Había dudas sobre la postura del PP, pero las han despejado este lunes: ellos sí se sentarán a la mesa a “escuchar” después de que el presidente de Ceuta, de su propio partido, haya reclamado estos días “solidaridad” y más recursos económicos para la ciudad autónoma.

Precisamente es la partida de 25 millones la que ha utilizado Vox para relanzar sus mensajes contra las personas migrantes. En los últimos días, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha dibujado un país en el cual las personas extranjeras parecen ser privilegiadas frente a las españolas. Entre otras cosas, ha asegurado que los ciudadanos de España (“nuestros compatriotas”) están “haciendo cola” en los hospitales porque el Gobierno “da absoluta prioridad a la fuerza invasora de Mohamed” y ha lamentado que los niños y adolescentes que están sin sus familias supuestamente reciban mejor comida que los militares.

“Esta es la demostración de que el Gobierno está con los invasores... y maltrata a los que nos tratan de defender. Han construido todo un negocio para premiar la invasión y castigar la resistencia”, ha argumentado.

El eurodiputado Hermann Tertsch ha ido un paso más allá al decir que en Marruecos “hay hoy probablemente menos peligro de guerra que en España” y allí “no crece la pobreza infantil como en la España de Sánchez” para defender que los menores deben volver con sus familias. En la España de la que habla Vox hay “muchos españoles sufriendo privaciones inauditas” mientras el Gobierno “criminal” promueve “la invasión de más menesterosos y jamás integrables”, en palabras de Tertsch.

Desde Vox también han hecho un cálculo, que no se corresponde a la realidad, en el cual dividen de forma directa el dinero total de la partida extraordinaria de 25 millones de euros que se va a destinar a la atención urgente entre “mil menas” y lo traducen como “25.000 euros por mena”. Después se preguntan “cuántos niños españoles en situación de pobreza”, “huérfanos” o “discapacitados” podrían recibir ese dinero.

No dan los números para investigar a Sánchez por “traición”

Otra de las campañas que ha iniciado la extrema derecha es “promover” la activación del artículo 102 de la Constitución “para investigar a Sánchez y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado”. Ese artículo recoge que la Sala de lo Penal del Supremo es quien tiene la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente cuando la acusación se refiera a los delitos antes mencionados. En realidad, Vox no puede hacer nada solo: el procedimiento exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. En el PP no han respondido, al menos por el momento, a este guante tendido por la extrema derecha.

El número de menores que terminarán en el sistema de acogida todavía no se conoce. El cauce que prioriza el Gobierno es que, en caso de que se pueda confirmar que el menor tiene familia, se habiliten las vías para enviarlo junto a sus parientes. Si eso no ocurre, se busca acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de otra comunidad. Las autonomías no tienen la capacidad de negarse a acoger a los menores que les correspondan por ley, pero sí pueden recurrir cada expediente, que es justo lo que ha anticipado Vox.

Los de Abascal han mandado cartas a la ministra Sira Rego en las que afirman que no pueden aceptar un traslado a sus sistemas de acogida mientras “no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme” y avanzan que impugnarán por la vía judicial “todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos”.

La posible distribución en el sistema de acogida coincide con la nueva ofensiva de los ejecutivos de coalición entre PP y Vox contra los menores y el señalamiento a las ONG, a las que llegaron a apuntar como “colaboradores” de la “invasión”. En las últimas semanas, la Fiscalía ha abierto una investigación por la decisión del Ejecutivo de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores de los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de la Salt, Torrero y Movera, recursos en los que únicamente residen menores extranjeros.

Además, la Fiscalía del Supremo tendrá que dar respuesta a la denuncia de Compromís contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por decir en un programa de televisión que a los inmigrantes “hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho”. El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez entiende que las manifestaciones de Figaredo podrían constituir un delito de odio.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha Sergio Gutiérrez ha criticado este lunes las distintas 'varas de medir' de PP y Vox en relación a los incendios, según quién gobierne.

El dirigente socialista se ha referido a los fuegos activos en las provincias de Niebla (Huelva) y de Navas de San Antonio (Segovia) este lunes. “Si esto mismo que pasa en Andalucía o en Segovia, estuviera pasando en Castilla-La Mancha (como ya ocurrió) estarían los dirigentes del PP y VOX pidiendo más medios, nivel 3, la UME y los cascos azules…”

Gutiérrez aludía así a la petición que realizaba, de forma insistente, el PP castellanomanchego el pasado mes de julio para que el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitase la activación del nivel 3 (emergencia nacional) en el incendio que se declaró en La Mierla.

Reclamaron la posible activación del nivel 3 “para conseguir todos los medios posibles”, aunque en aquel momento el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, aclaró que estar en ese nivel de emergencia “no supone más medios”, sino un cambio en la dirección del operativo de extinción. Ocurrió con el incendio en la Sierra Oeste de Madrid, cuando la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pidió al Gobierno de España que se hiciera cargo la gestión de aquel incendio, y extendió la emergencia nacional a los incendios de Burgohondo (Ávila) y Almorox (Toledo).

Hoy el vicepresidente primero, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, del PP, ha dicho que el fuego declarado en Niebla (Huelva) está “fuera de capacidad de extinción” y sostiene que “no es por falta de medios, sino por su propio comportamiento”.

Desde Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez cree que “es muy doloroso comprobar como tenemos, en Castilla-La Mancha, a la peor derecha en los peores momentos, cuando en vez del hombro arriman el ascua a su interés”.

El dirigente socialista ha deseado “mucho ánimo a todos los que luchan contra el fuego sean del partido y del lugar que sean”.

El PP se desmarca de Vox y asistirá este jueves a la reunión convocada por el Gobierno con las comunidades autónomas para abordar el acogimiento de menores migrantes no acompañados tras la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta, entre ellas muchos niños y chavales que han desbordado los servicios de la ciudad española en el norte de África. Así lo ha confirmado el vicesecretario autonómico del partido, Elías Bendodo, quien ha asegurado tras el plante de sus socios de gobierno que “siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar”.

“Nosotros estamos dispuestos a asistir. Es bueno escuchar, aunque estemos en contra”, ha afirmado el dirigente del PP en declaraciones a los medios en Barcelona. “No tienes por qué aprobar sus políticas, pero sí escuchar”, ha asegurado Bendodo.

La decisión del PP, anunciada por la dirección nacional y no por los gobiernos autonómicos, sitúa al partido frente a su principal y casi único aliado, Vox, que ya ha informado de que no tienen ninguna intención de ir siquiera a la reunión preparatoria de este jueves, a la que han sido convocados los directores generales antes de la cita prevista para la semana que viene a la que sí estarán invitados los consejeros.

“Cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo”, ha dicho Bendodo, quien no ha aclarado qué harán con esas tres comunidades donde las competencias de infancia están en manos de Vox. Preguntado expresamente al respecto, el dirigente del PP se ha limitado a sostener que su partido está “dispuesto a asistir”.

El enfrentamiento entre el PP y Vox no es descartable. En 2024, apenas un año después de entrar en cuatro gobiernos autonómicos, los ultras de Santiago Abascal abandonaron en bloque sus cargos precisamente por la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades.

Dos años después, y poco después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declarase que esperaba que los pactos autonómicos con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley para la acogida solidaria de menores migrantes entre comunidades, Santiago Abascal replicaba que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como dice Vox despectivamente—, a los “invasores” y a las mafias.

El PP y Vox gobierno juntos en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Vox ocupa las vicepresidencias de las cuatro, y en las tres últimas tiene asignadas las competencias en materia de menores. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, afirmó la semana pasada que todos los ejecutivos en los que esté Vox se opondrán “a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez” porque “lo ocurrido en Ceuta es una invasión”.

Desde el Gobierno recuerdan que, en cualquier caso, las comunidades no pueden negarse y lo único que sí podrían hacer es recurrir cada expediente, algo que podría retrasar los traslados unos pocos días.

El PP gallego ha respaldado desde 2016 los intentos de que de la autopista do Atlántico, la AP-9, se transfiera a Galicia. Lo hace, al menos, en el Parlamento autonómico. Y, desde entonces, son innumerables las ocasiones en las que la formación política ha reclamado la infraestructura que recorre el territorio desde Ferrol hasta Tui, en la frontera con Portugal, y vertebra el área económicamente más pujante de la comunidad. Pese a las insistentes reivindicaciones, cuando el pasado 23 de julio salió adelante definitivamente en el Congreso la ley para transferir la vía a Galicia, lo hizo con los votos en contra del PP (y de Vox).

El rechazo no se concreta solo en el 'no' en la Cámara Baja. La Xunta ha emprendido también una maniobra que los grupos de la oposición en el Parlamento gallego leen como un intento de dilatar el proceso y enredarlo. El anuncio lo hizo el presidente autonómico, Alfonso Rueda, el 3 de agosto, en el último Consello –la reunión semanal de su gabinete– antes del parón estival: pide una comisión bilateral con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”, que está ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y que remite, para concretar el traspaso de la titularidad y las competencias sobre la autopista, a un acuerdo al que Estado y Comunidad Autónoma deben llegar en la comisión mixta de transferencias. La Xunta no quiere afrontar aún esa comisión y ha optado por pedir una reunión sobre un texto ya aprobado, en lugar de arrancar la negociación para concretar la transferencia.

Esas “diferencias con la ley orgánica” de las que habla Rueda se centran en los 4.000 millones de euros que la Xunta sostiene que podría tener que asumir para el rescate de la concesión de la AP-9, en el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirme que la prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar –sin concurso público– fue ilegal. El Gobierno y el PP gallegos repiten una y otra vez que esta posibilidad queda abierta con la redacción de la ley aprobada y que esta se aparta del acuerdo unánime del Parlamento gallego, que recoge una mención explícita a que deben darse garantías financieras y jurídicas para que la Xunta no tenga que hacer desembolsos si se da ese escenario.

Enfrente, PSOE, BNG y Sumar –las formaciones que pactaron el texto que luego recibió luz verde con mayoría absoluta en el pleno del Congreso– los acusan de estar mintiendo y se remiten a la propia ley aprobada, que consideran que deja claro que la Xunta no tendrá que asumir compromisos que no se deriven de su propia gestión. Lo que dice exactamente la ley es que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”.

Lo recoge así el punto tercero del artículo 1, en el que la ley indica que la Administración General del Estado “conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor” que se deriven de modificaciones hechas en los largos años en los que ha tenido la competencia.

El siguiente punto abunda en cómo se reparten las responsabilidades económicas entre cada administración: “La Comunidad Autónoma asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico-financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

En cualquier caso, la ley indica que tiene que ser la comisión mixta de transferencias la que entre en el detalle de “las condiciones y límites para la transmisión de competencias”. Ese es el órgano previsto para que Gobierno central y Xunta negocien y lleguen a un acuerdo sobre los términos del traspaso, que luego deben quedar plasmados en un real decreto.

Con esta redacción, Rueda se ha enrocado en asegurar que han desaparecido las garantías económicas y financieras que sí se incluyen en el acuerdo unánime del Parlamento gallego y en calificar de “estafa” la ley aprobada. Tanto el BNG como el PSdeG atribuyen la postura no a la literalidad del texto, sino a la obediencia del presidente gallego a las directrices del PP estatal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón, en un debate en julio en la Cámara autonómica. El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, añadió que el presidente de la Xunta no gobierna pensando en Galicia “sino en lo que le dictan en Madrid” y en el “nuevo susurrador en el oído de Rueda”, que es la extrema derecha. Vox fue el único partido que se unió al PP en el voto en contra de la ley de transferencia.

Tras la negativa, la petición de la comisión bilateral

Entre los intentos del PP gallego de justificar su rechazo a una ley que permite una transferencia que llevan una década reclamando, Rueda lanzó su petición de que se reúna la comisión bilateral como paso previo a la comisión mixta de transferencias. La diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero lo calificó de maniobra dilatoria que pretende retrasar la comisión mixta: “La Xunta debe dejarse de excusas y ponerse a negociar porque las condiciones están claras en la ley”.

El BNG también lo interpreta como un intento de “enredar” que se traduce en un “boicot a la transferencia”. Luís Bará, viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento de Galicia, acusa a Rueda de hacer “un ejercicio de filibusterismo” y le reclama que negocie el traspaso de la autopista, que es una demanda histórica a la que el propio PP gallego dio su respaldo en los últimos años. La ley orgánica, insiste, deja claro que es en la comisión mixta en la que hay que negociar. “Rueda tiene que decidir si va a colaborar para hacer efectiva la transferencia o si va a seguir poniendo palos en las ruedas, como ha hecho el PP en los últimos 10 años”, añade.

Las contradicciones en el PP

El telón de fondo de esta batalla en torno a la transferencia de la AP-9 es una contradicción entre lo que el PP ha votado en Galicia y las decisiones que ha tomado desde Madrid. En diciembre de 2024, la número dos del partido en la comunidad, Paula Prado, se lamentaba en el Parlamento, en uno de los debates para pedir el traspaso de la autopista, de que el asunto se iba a llevar por cuarta vez al Congreso porque “el PSOE y sus socios llevan años bloqueando su tramitación en Madrid”. No mencionó que, en realidad, fue su propio partido en que impidió que prosperase la iniciativa en tres ocasiones, vetando incluso que llegase a debatirse.

En 2017, el entonces ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, dijo en una visita a Galicia que los problemas para el traspaso de la AP-9 eran de carácter técnico y económico. En julio de 2017, solo un par de meses antes del referéndum del 1 de octubre en Catalunya, se remitió a “las tensiones territoriales” para rechazar la posibilidad y dio como argumento que emprender ese proceso “conllevaría muchos otros, hasta llegar a un desmantelamiento de las infraestructuras del Estado”.

Tras varios intentos –dos de ellos, con Pedro Sánchez en el Gobierno, que tampoco prosperaron: en una ocasión decayó al convocar elecciones y, en la otra, se quedó estancada tras varias peticiones de prórroga–, la ley actual es lo más lejos que ha llegado la reivindicación de que la AP-9 pase a ser una competencia gallega.

Por delante queda todavía todo el proceso negociador entre Xunta y Gobierno central y las consecuencias del expediente abierto por Bruselas a España por la prórroga de la concesión que otorgó Aznar y que la dejó en manos de Audasa hasta 2048. En julio de 2025 se conoció el dictamen que consideraba que se incumplieron las normas. Entonces, la Comisión Europea reclamó que se tomasen “las medidas necesarias” para corregir las irregularidades y avisó de que, de no solucionarse, el asunto acabaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.