“No suelo entrar en consideraciones y valoraciones subjetivas. Procuro evitarlo como regla general. En este y otros procedimientos. Entiendo que no me corresponde hacerlas, sino trasladar los hechos al juez y al fiscal en fase de instrucción, salvo algunas conclusiones que se desprendan solas. También procuro tomar textos que dicen los propios investigados. Trato de aportar lo mínimo de cosecha propia”. 

El máximo responsable policial del caso Kitchen, el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, ha respondido así durante el juicio a una pregunta sobre el hecho de que sus informes no contengan un apartado de conclusiones. Fraga, además, acierta al hacer las cuentas, evita exponer inferencias, no necesita un compañero que le asista en sus declaraciones judiciales, tampoco tiene que rectificar afirmaciones de sus atestados y evita recurrir a los adjetivos para magnificar la importancia de los datos que obtiene. 

A cambio no le colocan el calificativo de “prestigiosísimo” en determinados digitales y comparecencias como la suya de este lunes en el juicio de Kitchen no se convierten en acontecimientos mediáticos. Tampoco provoca murmullos y risas en la sala, a diferencia del momento del juicio al anterior fiscal general en que el teniente coronel Antonio Balas, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, negó realizar “investigaciones prospectivas”. Cuando Balas colgó en un informe el adjetivo de “preeminente” al papel del ex fiscal general en la filtración, Álvaro García Ortiz ya empezó a estar condenado. 

En Kitchen, Gonzalo Fraga elaboró informes a petición del juez, previa propuesta de los fiscales. Identificó como ‘El Barbas’ o ‘El Asturiano’ a Mariano Rajoy cuando el juzgado le pidió que aclarara esas numerosas alusiones entre el material incautado al comisario Villarejo. Y de acuerdo con los fiscales Anticorrupción, dejó a ellos la iniciativa de proponer diligencias. En su declaración de este lunes –sin adjetivos, ni inferencias y tampoco aproximaciones– fue enumerando y desarrollando los indicios que acorralan a los diez acusados del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. 

Fraga ha hablado de memoria durante las primeras siete horas de declaración: el martes continuará. Ha citado números de atestados, fechas de anotaciones en la agenda de Villarejo, otras de grabaciones realizadas por el comisario y ha reproducido textuales de ambas. En ocasiones, los abogados comenzaban a formularle una pregunta y se ponían a buscar, entre sus papeles, el documento al que aludían. Antes de que terminaran, el inspector jefe les adelantaba el texto por el que le querían preguntar. 

En un momento dado, la Fiscalía ha abordado la participación en Kitchen de la Unidad de Asuntos Internos en tiempos del Gobierno del Partido Popular. Gonzalo Fraga ha explicado que las vigilancias a la familia Bárcenas fueron realizadas por una unidad dependiente de la Comisaría General de Información y cómo descubrió que no fue la única. Fraga leyó los partes de vigilancias a la familia Bárcenas que fueron desclasificados por el Gobierno y reparó en la matrícula de uno de los vehículos policiales. “Yo conozco ese coche porque lo he utilizado. Y sé que es de la Unidad de Asuntos Internos”, ha asegurado. Y a continuación ha recitado de memoria la matrícula del coche, uno de las decenas del Cuerpo que habrá utilizado durante su carrera.

elDiario.es ha contactado en los últimos días con profesionales de tres ámbitos distintos de la investigación para preguntarles por Gonzalo Fraga. Todos han coincidido en destacar de él cualidades que este medio no va a reproducir por innecesarias: están llenas de adjetivos elogiosos. Pero una de esas personas aportó un dato: Fraga estudió y aprobó el ascenso a inspector jefe al mismo tiempo que ejercía de investigador principal del caso Villarejo y sus decenas de piezas separadas. 

Detrás de Fraga se encontraban este lunes unos perfiles de policías diferentes al suyo. Todos los miembros de la brigada política fueron recompensados con medallas pensionadas y/o destinos de más de 10.000 euros mensuales como pago por sus servicios al Partido Popular. Un caso paradigmático es el de Andrés Gómez Gordo, que ha dejado la Policía dos veces para trabajar para el PP y participó en el saqueo de dinero público de la Ciudad de la Justicia de Madrid, por lo que está condenado en primera instancia. En Kitchen, Gómez Gordo se puede permitir que le defienda el mismo despacho que representa a Julio Iglesias.

El inspector jefe Gonzalo Fraga tiene dos medallas rojas, también pensionadas. Se le concedieron en 2018 y 2021. Esta recompensa fue posible por la costumbre en la Policía de orillar la ley y premiar actuaciones destacadas sin necesidad de que el agente haya puesto en riesgo la vida, que es la condición que pone el texto legal que las regula. A Fraga se las concedieron por investigar a Villarejo y a los miembros del ‘club de los diezmileuristas' que tenían sentados este lunes tras de él, los protagonistas de la última guerra sucia (sin muertos) en España. 

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tuitear este lunes a media tarde. En su mensaje, el polémico dirigente ha vaticinado que el Tribunal Constitucional absolverá al ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Y en la misma frase, ha aprovechado para insultar a los votantes socialistas. “El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

Pocos minutos después, lanzaba más descalificaciones: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Las publicaciones de Rodríguez llegan el mismo día en el que el ex fiscal general del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

Además, el viernes la Fiscalía presentó su propio recurso pidiendo también que anule la sentencia del Supremo y solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. El Ministerio Público defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que declarar como investigado ante el juez por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, incluso a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha confirmado este lunes que su partido se opondrá a la regularización de personas migrantes que previsiblemente aprobará el Gobierno este martes. Ezcurra ha anunciado que el PP usará “todo instrumento político, parlamentario o jurídico” contra la medida. Y eso que, tal y como ha reconocido, no saben los detalles del decretos. “No conocemos el texto”, ha afirmado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido.

“Seguimos sin saber mucho de esta regularización”, ha afirmado Ezcurra, quien pese a ello ha afirmado que la norma es “un despropósito”. “No sabemos cuántos son”, ha dicho, para airear una serie de cifras descontextualizadas que van del “medio millón” que dice el Gobierno a las 700.000 de “la plataforma de la regularización”, e incluso “el CNI” quien, ha asegurado, habla de “1.350.000” personas.

“No sabemos cuántas personas se van a acoger a esta regularización. Seguimos sin saber quiénes son. No sabemos dónde están. No hay un informe de impacto territorial. No sabemos de dónde vienen. No está muy claro qué va a pasar con sus antecedentes penales. Si los tienen. Si no los tienen. ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo medimos? No sabemos si tienen juicios pendientes. Si tienen una hoja policial impoluta. No sabemos absolutamente ni quiénes son ni de dónde vienen”, ha desgranado la dirigente, reincorporada a sus labores de portavoz tras haber finalizado su permiso de maternidad.

“Sí sabemos una cosa”, ha dicho Ezcurra: “Sabemos que es perjudicial para todos”. Y, ha añadido, “al PP le parece que esta medida es perjudicial para todos”. Mala “para quienes han seguido los cauces que establecía la ley, porque ven cómo su esfuerzo queda equiparado a quien incumplió la ley” y “mala también para las personas que están por venir”.

Para el PP, el proceso también “es malo para las personas que se regularizan, porque como es una regularización sin itinerario de empleo y sin requisitos o un plan de integración, lo que va a terminar sucediendo es que muchas de estas personas van a acabar guetificándose”. “Las condena a la precariedad”, ha afirmado.

“Y finalmente”, ha proseguido, “es malo para toda la sociedad española en su conjunto, que ve cómo cada día se depaupera nuestros servicios públicos sin que su gobierno haga absolutamente nada”.

Todo, sin conocer el detalle del decreto. Y después de haber votado a favor de la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular que llevó esta regularización al Congreso.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este lunes a PP y Vox de ir “entregando por fascículos” su “sainete” en esta Comunidad, donde cree que tratan de reproducir el esquema de la novela 'El gatopardo', para que “parezca que todo cambia pero no cambiar absolutamente nada”.

En declaraciones a los periodistas tras presentar en un pleno municipal su renuncia como alcalde de Soria para poder tomar mañana posesión de su escaño y liderar la oposición del PSOE, Martínez se ha referido al acuerdo anunciado por PP y Vox para que el popular Francisco Vázquez se convierta mañana en el nuevo presidente de las Cortes, en sustitución de Carlos Pollán (Vox)

Ha ironizado con la “derecha valiente” de Vox, partido al que ve “muy fuerte con los débiles, pero muy débil con los fuertes”, en referencia a su negociación con el PP.

Para Martínez, estaba claro cuál iba a ser el final de las conversaciones entre PP y Vox, con “escenas para justificar” ese acuerdo y con la sensación de que los carteles de Vox han “envejecido” pronto, en referencia a que hablaban de estafa del PP a los ciudadanos.

El dirigente socialista ha criticado igualmente que estos acuerdos tengan un origen en las direcciones nacionales del PP y Vox, que en su opinión no abordan las cuestiones prioritarias de Castilla y León “de forma vergonzante”.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir hoy explicaciones sobre cómo gestiona Vox el dinero público y ha reprochado al líder regional David Moreno que no se pronuncie cuando otros dirigentes de su partido están reclamando cambios internos, más transparencia y la convocatoria de un congreso extraordinario en la formación ultra.

De igual forma ha pedido a Paco Núñez -presidente del PP de Castilla-La Mancha- que exiga a los alcaldes de su partido que gobiernan con Vox que investiguen cómo usa su socio de gobierno el dinero público.

Los socialistas se pronuncian así después de que la vicealcaldesa de Toledo y líder local de Vox en la capital volviese a pedir a su partido “más transparencia” sobre la gestión interna del dinero porque hay “dudas”, tal y como explicaba en una entrevista publicada este fin de semana el The Objetive. Inés Cañizares volvía a insistir en la necesidad de una reflexión interna apenas unas semanas después de firmar un manifiesto para exigir un congreso extraordinario.

Hoy el PSOE, a raíz de estas declaraciones, se pregunta “cuál ha sido el papel de David Moreno y de la Ejecutiva regional de Vox en Castilla-La Mancha y si van a ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente sobre el destino y utilización de esos recursos” cuando el pasado mes de diciembre se conocía que habían destinado parte del dinero que la formación recibe por su representación en las Cortes de Castilla-La Mancha “para sufragar gastos de personal de la estructura nacional del partido”.

La Intervención del Parlamento autonómico detectó la práctica y eso provocó un cambio en el Reglamento que rige el funcionamiento de las Cortes regionales. Se aprobó una modificación con el fin de que los fondos públicos que reciben los grupos parlamentarios se dediquen exclusivamente actividades vinculadas a la política regional, sin que puedan desvivarse a otros fines, como por ejemplo mejorar las finanzas de los partidos nacionales.

Un dardo a Paco Núñez para investigar a sus socios de gobierno

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha dirigido también al Partido Popular. Ha dejado caer que esta misma práctica “se habría reproducido en distintos ámbitos municipales de Castilla-La Mancha”, donde los 'populares' gobiernan con Vox.

Los socialistas lanzan un dardo a Paco Núñez al que interpelan sobre la cuestión, sobre cómo está usando Vox el dinero en el ámbito local. “No puede seguir guardando silencio ante unos hechos que afectan directamente a instituciones en las que gobierna con Vox o ha sostenido acuerdos con esta formación”, señalan.

Los socialistas preguntan directamente al presidente regional del PP si va a pedir a sus alcaldes y alcaldesas que investiguen el uso del dinero de sus ayuntamientos por parte de Vox, o si, por el contrario, “va a continuar actuando como si no estuviera ocurriendo nada”.

“Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular”, señalan desde el PSOE regional.

Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular

Por otro lado, han apuntado a que una de las primeras comprobaciones “debería realizarse en municipios como Talavera de la Reina”, donde consideran necesario “esclarecer con detalle” cualquier actuación relacionada con el uso de los fondos públicos por parte de Vox. En aquella localidad, el teniente de alcalde es David Moreno, líder regional de la formación ultra.

“El dinero público es de los ciudadanos y ciudadanas, no de los partidos. Y quien haya utilizado recursos institucionales para fines ajenos a su función tendrá que dar todas las explicaciones y asumir todas las responsabilidades”.

Sin embargo, desde el PP, la secretaria general Carolina Agudo se ha limitado a decir que su formación no valora los asuntos internos de otros partidos.

La grieta de Vox sigue agrandándose

Los socialistas consideran que la “crisis abierta de Vox ya no puede ocultarse” y creen que la situación ha ido escalando en los últimos meses.

Sobre la falta de transparencia, el runrún interno en Vox, han recordado varios casos que consideran “de enorme gravedad” como las supuestas irregularidades contables de la asociación juvenil satélite de Vox, Revuelta, relacionadas con fondos destinados a víctimas de la dana y que llegaron a salpicar al diputado por Toledo en el Congreso, Manuel Mariscal.

Que la grieta se agranda en Vox lo ha vuelto a poner hoy en evidencia el portavoz de la extrema derecha en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que ha cargado contra Inés Cañizares, una de las más críticas en su exigencia de cuentas a su partido: “Cuando estuvo en las altas esferas del partido y vio cómo funcionaba, no se quejó absolutamente de nada”.

Dos años después de las autonómicas, el Sociómetro -la encuesta de estimación de voto que realiza el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) de la Presidencia vasca a través de la empresa Ikerfel- mantiene al PNV de Imanol Pradales como principal fuerza política. Mediada la legislatura, incluso le ofrece una mejora de un escaño con respecto al escrutinio de 2024. El PNV tendría 28 representantes por 27 de EH Bildu, los mismos que tiene ahora. Con los 12 del PSE-EE, el Ejecutivo de coalición actual mantendía una cómoda mayoría absoluta de 40 de 75 asientos en el Parlamento Vasco. Sumar desaparecería al quedar por debajo del mínimo del 3% y Podemos seguiría fuera; en la derecha, todos mantendrían sus posiciones, con 7 para el PP y 1 para Vox.

Ikerfel realizó 3.030 encuestas entre el 23 y el 26 de marzo, es decir, justo antes de Semana Santa y de la reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari. El error muestral es del 1,8%. Esta primera oleada de 2026, que coincide prácticamente con el segundo aniversario de la victoria de Pradales en votos pero con igualdad de escaños con respecto a Pello Otxandiano, mantiene al PNV en cabeza con un 35,3% de estimación de apoyos, por un 35,2% logrado en abril de 2024. Eso sí, el anterior Sociómetro, el de diciembre, fue celebrado como un gran éxito por los nacionalistas, ya que les otorgó hasta 29 escaños. Ahora, destacan fuentes 'jeltzales' que se dibuja para el Gobierno un escenario “estable”.

EH Bildu tiene un 32,2% de intención de voto tras la cocina y una estimación de 27 parlamentarios. El PSE-EE marca 14,2% y 12 parlamentarios, los mismos que en 2024, el PP un 8,7% y 7, también igual, y Vox un 2,9% en conjunto y un único parlamentario por Álava, la única circunscripción donde supera el mínimo legal del 3%. Sumar caería en ese territorio al 2,9%, precisamente, y perdería así su único asiento, el del representante de IU Jon Hernández. La media general de la coalición de izquierdas, en su actual composición, es del 2,3%. La encuesta pregunta también por una marca a la que llama “Elkarrekin Podemos”, que fue la que se presentó a las autonómicas de 2016 y nunca más. Le da un 2% de la estimación de voto. La abstención estimada superaría el 40%.

Por territorios, el PNV ganaría en Álava, pero por apenas una décima sobre EH Bildu, 28,8% y 28,7%, respectivamente. En 2024, la coalición abertzale fue la fuerza más votada. Empatarían a 8 escaños. Con la mitad, empatarían también PSE-EE y PP. Vox crecería en intención de voto hasta el 5,6%, casi dos puntos más que el escrutinio de hace dos años. No obstante, no le daría para crecer en escaños y se quedaría en uno, el dato que ha mantenido desde su irrupción en 2020. Eso sí, superar el 5% le permite pensar en poder obtener representación a nivel municipal en Vitoria, por ejemplo. La ley electoral para las locales es más exigente que para autonómicas o forales.

En Bizkaia, el PNV tendría una cómoda victoria de once puntos sobre EH Bildu, con 11 y 8 escaños, respectivamente. Los nacionalistas rozan el 40% de intención de voto. Lejos quedan PSE-EE con 4 y PP con dos. Vox marca un 2,7%, también una notable subida con relación a 2024, aunque dentro de parámetros que le dejarían fuera de la Cámara por esta circunscripción. Sumar marca un 2,5% y “Elkarrekin Podemos” un 1,9%.

En el caso de Gipuzkoa, EH Bildu ganaría. Y lo haría, además, con el mejor dato de cualquiera en los tres territorios, alcanzando la barrera del 40%. Eso se traduce en 11 escaños. El PNV marcaría un 31,9% y 9 representantes. Son datos prácticamente idénticos a los de hace dos años. El PSE-EE tendría cuatro parlamentarios guipuzcoanos y el PP solamente uno, sin espacio para más fuerzas. Vox y Sumar quedarían lejos del listón del 3%. Es más, “Elkarrekin Podemos” estaría delante de ambos, según la cocina del Sociómetro.

El que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde la semana pasada solo es uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España, todos ellos impulsados desde el Gobierno de Mariano Rajoy y que elDiario.es recoge en un documental Las tres guerras sucias del PP. En el caso de Kitchen, que es lo que se está juzgando en el citado tribunal, se investiga cómo distintos mandos policiales utilizaron medios públicos para tratar de tapar casos de corrupción vinculados al PP como el caso Gürtel.

Además de Kitchen, desde el Gobierno de Rajoy se impulsó lo que se llamó la Operación Cataluña. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

Por otro lado, cuando en 2014 irrumpió en el panorama político Podemos, esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

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Las tres 'guerras sucias' del PP es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, cree que “hoy por hoy Vox va a ganar al PP en Castilla-La Mancha”, y se ha mostrado convencido de que Emiliano García-Page ganará las próximas elecciones autonómicas con mejor resultado que en 2023.

En una entrevista, Bellido ha augurado un sorpaso de Vox al PP en los próximos comicios autonómicos, que atribuye a una ausencia de liderazgo entre los populares de Castilla-La Mancha, y ve posible que el PP se convierta en la tercera fuerza política en varias provincias de la región.

Ha argumentado que el Partido Popular “encoge a Vox” allí donde tiene “liderazgo”, y ha puesto como ejemplo regiones como Extremadura, Madrid o Andalucía, mientras que “donde no tienen líderes Vox adelanta al PP, y el caso más paradigmático es Castilla-La Mancha”, aunque no descarta que suceda también en Cataluña.

Bellido ha matizado que, salvo que la “despreciable posición de Vox apoyando a Trump y a Netanyahu” en la guerra de Irán le pase factura, el partido de Santiago Abascal puede superar al PP, y ha aseverado: “Creo que no hay prácticamente nadie con menos de 50 años que vote al PP en Castilla-La Mancha”.

Por el contrario, cree que el PSOE “tiene holgura” para revalidar su victoria en la región y, aunque ha recordado que “no se puede confiar”, sí que ha mostrado su confianza en el “nivel de prestigio y de conexión con la ciudadanía” de Emiliano García-Page, que consigue el voto de “personas conservadoras y de otras posiciones políticas”.

“No puedo comprender cómo no se está juzgando a Cospedal”

Preguntado por las causas judiciales contra el exministro Ábalos o el caso Kitchen, Bellido ha afirmado: “No puedo comprender todavía cómo no se está juzgando a Cospedal”, mientras que sobre el juicio de las mascarillas ha sentenciado que quienes se han enriquecido en medio de la pandemia “tienen que pagarlo caro”.

El presidente de las Cortes regionales ha apuntado que “no hay un caso de corrupción comparable a la Kitchen en la historia de la democracia española”, y ha recordado episodios como el asalto a casa del extesorero del PP Luis Bárcenas para destruir pruebas.

“Ese es el legado de Cospedal”, ha lamentado Bellido, que ha recordado a quienes “no han sido capaces de poner tierra de por medio que deberían hacerlo”, porque se trata de “un bochorno y un escándalo colosal” con la “creación de una policía de partido pagada por el Gobierno para tapar el mayor caso de corrupción de la historia democrática, que era la Gürtel”.

Asimismo, ha calificado de “vergüenza absoluta” lo que ha sucedido con el caso Koldo, tanto el uso de dinero público para la “mercantilización y cosificación de las mujeres” como para haberse “forrado” durante la pandemia, aunque también ha apuntado que “parece que ha habido otros actores políticos próximos a dirigentes de comunidades autónomas que lo han hecho”.

Para Bellido “no hay excusas”, y hay que hacer pagar “carísima” a los corruptos, además de sus delitos, “la factura de desprestigio a la democracia”.

El gasto público en personal eventual suele ser el blanco principal al que golpea la ultraderecha. Y, en el caso valenciano, lejos de recortarlo por coherencia política, ha afianzado el statu quo en las instituciones en las que gobierna. El Parlamento autonómico dirigido por PP y Vox, partidos que hicieron de la eliminación de la “grasa política” un lema, gasta cerca de un millón de euros al año solo en los asesores de la Mesa, una constante en la última década, según los informes anuales de fiscalización del ente. En los últimos diez años el gasto en personal eventual ha oscilado entre los 733.000 euros y el millón.

En concreto, en el año 2024, el primer ejercicio completo de Vox al frente de la Cámara, el gasto se incrementó un 12% respecto al año anterior y ascendió a los 942.779 euros, según el informe sobre la Cuenta General de las Corts que elabora anualmente la Sindicatura de Comptes. El incremento notable se debe en buena medida a que el 2023 fue año electoral, que deja algunos meses con la Cámara disuelta y en fase de creación de Gobierno, circunstancia que hace que los gastos suelan reducirse. En cambio, en el año 2022, último de la izquierda al frente de la Cámara, el gasto en asesores fue de 1,02 millones de euros.

La Mesa de las Corts está presidida por Vox, con Llanos Massó al frente. Cuenta con otros dos vicepresidentes, miembros del Partido Popular, y dos secretarios, uno del PP y una de Compromís. Entre todos suman 18 asesores. Solo Massó tiene 10 asesores en Presidencia, con una vacante, según figura en el organigrama de la Cámara, y como ya informó elDiario.es, dos de ellos no acuden presencialmente a trabajar y centran su actividad en el partido.

En el año 2015, el ejercicio electoral en el que cambió el color político de las Corts, el gasto reconocido de personal eventual fue de 832.000 euros en el año, y descendió a 733.000 euros en el 2016. Ya en 2017 ascendió a los 756.000 euros y se mantuvo en 2018. En 2020 volvió a ascender hasta los 976.000 euros.

Los diputados suponen un tercio del presupuesto de personal

Los informes de fiscalización también analizan el gasto en diputados y funcionarios. En el caso de los parlamentarios, se desprende que su salario se lleva casi un tercio del presupuesto en personal de la Cámara. Las retribuciones de los diputados y diputadas supusieron 5.939.749 euros en 2024, lo que representa el 30,3% de las obligaciones reconocidas del capítulo de personal. El informe afea que los diputados no presenten su certificado de empadronamiento para justificar las dietas por kilometraje.

Este capítulo comprende las retribuciones de tres colectivos: los diputados y diputadas, el personal de plantilla de la institución integrado en la relación de puestos de trabajo (RPT) y un número variable de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en torno a una veintena.

El gasto ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años —el personal se adapta a los incrementos salariales de los funcionarios, que se aprueban en el BOE— y varía en función de si se han abonado retribuciones extraordinarias a los funcionarios o si es un ejercicio electoral, en el que descienden ligeramente. En 2016, según el informe anual de la Sindicatura, el coste de los altos cargos fue de 5,5 millones, mientras que en 2015 —año electoral— fue de 5,1, aumento que se debe a una paga extra, según recoge el informe.

En 1988, un Tribunal de Revisión Histórica de San Francisco dictaminó que el origen de las galletas de la fortuna se encontraba en esa ciudad estadounidense. Aunque las asociamos automáticamente con China, lo cierto es que estas galletas, estadounidenses en su popularización y con raíces japonesas, comenzaron a servirse masivamente en restaurantes chinos estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. De ahí que se haya consolidado la idea errónea de que las frases aparentemente profundas y siempre inofensivas de las galletitas forman parte de la tradición china: Un corazón alegre es el mejor compañero de viaje. Confía en tu buen juicio y verás que este te lleva al triunfo. El mañana empieza hoy. Nada es imposible para un corazón dispuesto. Un suceso fortuito revelará tu destino. Cambia tus horizontes si quieres cambiar tu suerte.

Cuento todo esto porque siempre que escucho recientemente a Alberto Núñez Feijóo recuerdo esta historia. Los discursos de Feijóo en política exterior están siendo estos días un híbrido entre ChatGPT y las frases de las galletas de la suerte: expresiones vacías, deliberadamente ambiguas, de una aquiescencia impactante, sin referencias concretas ni responsables identificables. 

El mismo día en que Donald Trump amenazaba con destruir “una civilización entera” con un lenguaje de una crudeza bien explícita, y mientras Israel continuaba sus bombardeos sobre Líbano con decenas de víctimas diarias, el líder del PP se limitaba a pedir en X “sensatez, no brutalidad”, añadiendo que “Occidente no es esto”. Quien sabe si esta profunda invocación a la sensatez fue fundamental para que Donald Trump deshiciese sus pasos en su proyecto de aniquilación, quien sabe si semejante apelación genérica tendrá algún efecto sobre los acontecimientos venideros. 

Días después, en una nueva muestra de este deshabitado estilo discursivo, Feijóo expresó su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo” y apeló a que “la mesura restituya la barbarie”. Pareciese que el mundo hubiese entrado él solo en una deriva belicista por un movimiento espontáneo de las placas tectónicas. La expresión arroja tal nivel de nadería que Feijóo podría estar hablando de las Guerras Médicas, las Púnicas, las Napoleónicas o incluso algún conflicto del Call of Duty. La deriva belicista hay que detenerla como sea. ¡Que paren la guerra tanto los que las hacen como los que la sufren! Por favor, mesura. 

Sin embargo, sí hay que reconocerle a Feijóo un cambio de rumbo estratégico en cuanto a la equiparación de los derechos humanos con el derecho internacional. Si bien al comienzo de la guerra instaba a derrocar al régimen iraní porque los derechos humanos están por encima del derecho internacional, el pasado viernes durante su intervención en el European Pulse Forum afirmó que “no hay derecho internacional sin derechos humanos”. Algo es algo.

Existe una necesidad casi ansiolítica de creer que el caos desatado por Trump responde a un arrebato puntual, pero lo cierto es que es parte de su estrategia política constante, y también lo cierto es que el caos y la flagrante violación del derecho internacional por parte de Israel lleva años instaurado con una aberrante normalización. Y no ha habido aún ni una sola expresión de condena medianamente contundente por parte del partido que aspira a gobernar España contra la barbarie acometida por Netanyahu.

Una vez más, el principal problema del Partido Popular está en esa lógica de oposición interna que condiciona toda su política, incluso su mirada internacional. La ceguera antisanchista no solo limita su capacidad en política exterior, incluso lo está empujando a frivolizar sobre cuestiones graves como la retención de un soldado español por parte del ejército israelí en el sur del Líbano.

Así que a falta de una línea discursiva clara en política exterior o de un portavoz de Exteriores en el partido, siempre le quedarán a Feijóo los vaporosos mensajes de postre. 

El bróker Luis Felipe Suárez-Olea se enfrenta a una querella por estafa tras la gestión de 250.000 euros que le confió un inversionista para que invirtiera esa cantidad a través del fondo Langur Holding Corporation SL. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el financiero debía colocar ese dinero en participaciones de Enerside Energy SA, una empresa especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de energía renovable, con presencia en España y Sudamérica. En la junta directiva de Langur consta un nombre vinculado al PP, Germán Alcayde, quien fuera jefe de gabinete del expresidente José María Aznar, y, además, compañero de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño. Alcayde entró en diciembre de 2025 a formar parte de la gestora del PP valenciano después de la salida de Carlos Mazón.

Un portavoz de José María Aznar asegura a elDiario.es que el expresidente “no colabora con Suárez-Olea desde hace años”. Juntos se les ha podido ver en actos como el celebrado el pasado enero en el Colegio Mayor Guadaira (Sevilla), donde ambos fueron protagonistas de una tertulia sobre geopolítica y energía patrocinada por el propio fondo de inversión y por otra de las empresas vinculadas al bróker: HVR Energy.

HVR Energy es una energética que pende de Langur y que está especializada en el desarrollo y operación de estaciones de repostaje de hidrógeno. Además de contar en su equipo directivo con Alcayde y con Suárez-Olea (CEO), también incluye en su consejo asesor a Isabel Tocino, quien fuera ministra de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar.

Precisamente, hace escasos días el Instituto de Crédito Oficial (ICO) informó de que concedía una financiación de casi 13 millones de euros a esa compañía española para su proyecto 'ACTIVA' que contemplaba el despliegue de 30 hidrolineras de hidrógeno en España. En una nota que publicaba la entidad pública, explicaba que HVR es impulsora de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa, con el objetivo de alcanzar 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030. Y añadía que hasta la fecha, ha movilizado más de 33 millones de euros en financiación pública y privada, que permitirán poner en marcha al menos 55 estaciones hasta 2028.

Además de ese crédito del ICO, esa empresa celebraba en sus redes sociales hace cuatro semanas que había firmado un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE) que les convierte en el patrocinador oficial de la entidad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y anunciaba que ponía a disposición del organismo presidido por Alejandro Blanco cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar “la movilidad más sostenible dentro del ecosistema deportivo español”.

“El artífice del engaño”

La querella acusa a Suárez-Olea de ser “el artífice del engaño urdido” al hacer uso del patrimonio del estafado “en beneficio propio y de sus empresas”. “Y, para dar mayor apariencia de garantía y solvencia (...), se erigió en garante personal de la operación”, indica, para luego recordar que esa inversión 'verde' se materializó pero no llegó a ponerse a nombre del propietario real de esas participaciones. Por eso, el inversor acudió a la Justicia para ir contra el bróker por la vía civil primero —tal y como adelantó El Confidencial— y, de forma complementaria, por la vía penal.

Según el relato de hechos, una vez se hizo con el dinero, el financiero adquirió participaciones de Enerside Energy con Langur y, cuando debía devolver el préstamo al inversor en 2021, movió ese paquete a otra empresa denominada Demonte. Pasaron los meses y el inversor sólo recibió evasivas de parte de Suárez-Olea que siempre le prometía, según la querella, una pronta devolución de las cantidades prestadas. Finalmente, y ante notario, se le exigió el abono de ese préstamo y se hizo un recálculo de los adeudos porque las acciones de la energética se habían revalorizado. El montante ascendió a 1,2 millones de euros.

Una vez que el inversor se percató de que el bróker podía haber seguido idéntico proceder con otros clientes, y puesto que estaba “en paradero desconocido”, decidió interponer la querella, que fue admitida por los juzgados madrileños, y solicitó su declaración como investigado. Esa comparecencia se produjo en marzo de 2025 y en la misma se acogió a su derecho como imputado a no declarar argumentando que no había tenido posibilidad de instruirse sobre la causa que le afectaba.

Pocos días después, el bróker indicó en respuesta a la querella que la misma se basaba en “generalidades, suposiciones, menciones imprecisas y vagas” que no acreditaban ni indiciariamente engaño alguno y que en realidad se interponía “de modo instrumental para forzar una solución a una simple disputa civil”. Y puntualizaba que nunca ha estado en paradero desconocido y siempre ha respondido a las distintas peticiones de información del cliente por lo que solicitó el archivo de la causa.

Más allá de este procedimiento, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que el último movimiento del financiero ha sido el de consignar los 1,2 millones de euros que le reclamaba el inversor para poner fin a la causa civil, que se había ventilado con una sentencia condenatoria. Así, la vía que continúa latente es la penal.

Mientras esto ocurre, el perfil de LinkedIn de HVR describe a Suárez-Olea como un experimentado profesional del mundo de la banca de inversión y las finanzas, que aporta al proyecto “una sólida trayectoria de 24 años dedicados a la estructuración financiera y la colocación de activos en diversos e importantes sectores industriales, principalmente en energía e infraestructuras”.

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

En ajedrez se llama zugzwang (del alemán zug, jugada, y zwang, obligación) a una posición del juego en la que uno de los jugadores ha de mover pieza, pero cualquier movimiento solo empeora su situación, acercándole a un inexorable jaque. Esto es lo que le ocurre al PP en el actual tablero de la política internacional, y sus explicaciones de cómo concibe las relaciones de España con Israel y EEUU. Quizá por esa impotencia táctica, los dirigentes del principal partido de la oposición han decidido comportarse como la paloma del dicho y revolotear sobre el tablero para acabar haciendo lo que hizo una representante de esta especie sobre la cabeza de Almeida. Un ejemplo claro es el movimiento que ha perpetrado esta semana Ester Muñoz al hablar del soldado español retenido por el ejército israelí en Líbano: para no criticar a Israel ha acabado confesando sus encontronazos con la Guardia Civil. 

Es difícil de entender que entre España y EEUU e Israel, el PP elija posicionarse del lado de la administraciones de Trump y de Netanyahu. Lo es desde un punto de vista moral pero también estratégico: una gran mayoría de ciudadanos españoles (81%) ven en Donald Trump la mayor amenaza para la paz mundial, ligeramente por encima de Vladímir Putin (79,3%) y ambos seguidos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (71,2%), según una reciente encuesta de 40dB. Feijóo no sale del sanchismo y esa miopía inoperable ha conseguido que calibre mal su posición con la guerra de Irán desde el principio, contagiado por el entusiasmo tramposo de la intervención en Venezuela y su ansiedad por no perder más votos ante los de Abascal. El paso del tiempo, la constatación de que EEUU no tenía una estrategia clara que culminara su agresión y las amenazas de Trump de borrar una civilización entera han situado definitivamente a Feijóo en territorio enemigo. 

En estos momentos, al líder de la oposición ya no le queda movimiento bueno, así que nos lanza crípticos tuits gallegos en los que no nombra ni critica a nadie, pero nos advierte de que Occidente no esto. ¿Y qué es Occidente para usted?, le podríamos preguntar si quisiéramos meterle en un brete, pero a estas alturas nos da pereza escuchar su respuesta. Trump ha conseguido que los europeos pensemos que es el líder más peligroso, codicioso y narcisista del planeta, pero aún conservamos cierta querencia por el vínculo atlantista que va más allá de los mezquinos intereses de su actual presidente. Feijóo ni siquiera ha sabido jugar esa baza porque ya no distingue a Pedro Sánchez de España ni a España de sus ambiciones de llegar a la Moncloa. 

El cambio en la percepción de Israel es todavía más profundo, porque es el estado que nos dice que no hay soluciones que no sean violentas y que la existencia de algunos países (no gobiernos, no grupos terroristas) y sus ciudadanos es incompatible con la suya, y por extensión, la nuestra. Eso es tanto como decirnos que las soluciones no existen y la paz es imposible. Henryk Erlich, socialista judío líder del Bund, lo explicó en el periódico yiddish Di Tsukunft en octubre de 1938: “A lo largo de los años, el sionismo se ha convertido en un aliado abierto de nuestro enemigo mortal: el antisemitismo. De hecho, el sionismo siempre ha obtenido su alimento espiritual de las persecuciones sufridas por la población judía y, sobre todo, de la reacción política. En el transcurso de su existencia, la regla que el sionismo realmente ha aplicado hasta el final es: cuanto más oscuras son las cosas en el mundo, más brillantes son para el sionismo; cuanto peores son las cosas para los judíos, mejores son para el sionismo”. 

Feijóo no ha sabido medir el distanciamiento de los españoles de Trump y Netanyahu: hay amores y desamores que nos siguen uniendo, a pesar de la supuesta polarización: somos europeístas, pacifistas, defensores de los derechos humanos y del derecho internacional. Estamos en contra del exterminio masivo de otros seres humanos, a pesar de los esfuerzos de Abascal en su búsqueda de chivos expiatorios. La ceguera de Feijóo es aún más grave porque ha asumido en primera persona la gestión de la política internacional, olvidando que su partido ha contado tradicionalmente con excelentes diplomáticos que le podrían ayudar a salir de los charcos en los que se mete. La guerra de Irán ya ha sido y será una catástrofe para el mundo, y para ese Occidente al que alude Feijóo que parece que ya no respeta al ejército, no escucha al Papa y no sabe qué es la patria. 

Recordando al Cesar, la justicia, para serlo, no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Sin embargo, lo que hoy emana de las altas instancias judiciales en España, especialmente tras las últimas decisiones sobre el caso Kitchen, no es precisamente un aroma de equidad, sino el hedor de la descomposición institucional. La noticia de que María Dolores de Cospedal y por extensión la cúpula política de Mariano Rajoy volverá a evitar el banquillo de los acusados no ha sorprendido a nadie. Y esa falta de sorpresa es, precisamente, el síntoma más alarmante de una democracia enferma.

El argumento de que “no hay indicios suficientes” para juzgar a la exsecretaria general del PP choca frontalmente con la lógica ciudadana y con la fonoteca nacional. Los audios con el comisario Villarejo, donde se hablaba de “laminarse” pruebas y de “la libretita” de Bárcenas, parecen haberse disuelto en uno de esos agujeros negros que existen en nuestro sistema jurídico.

El sentimiento de la calle es claro, decepción, convencidos de que estamos asistiendo a una instrucción “quirúrgica”. El papel del juez García-Castellón es señalado es el de un orfebre que, durante años, habría moldeado los tiempos y los plazos para que, al llegar al juicio oral, los peces gordos ya hubieran escapado de la red. Es el triunfo de la verdad procesal (aquella que se construye en los despachos) sobre la verdad real (aquella que toda la sociedad conoce).

Lo que más indigna a la opinión pública no es solo la impunidad de unos, sino la hiperactividad judicial contra otros. La comparación es inevitable y sangrante: mientras la instrucción de la 'Kitchen' bosteza durante 13 años hasta languidecer por prescripción o falta de impulso, otras causas contra figuras de la izquierda o del entorno del actual Gobierno se instruyen a velocidad de crucero, rastreando hasta “la imprenta de las estampitas de su primera comunión”; esta doble vara de medir proyecta la imagen de una justicia que actúa como muchos un búnker corporativo que protege a los suyos bajo el mantra del “atado y bien atado”.

Pero no hago este comentario por enfado con el hecho de que esta señora y sus acólitos se vayan de rositas. Eso es lo de menos frente al daño incalculable que este blindaje judicial hace a España. Cuando el ciudadano percibe que el Código Penal es un instrumento elástico que se estira para el débil y se encoge para el poderoso, la institución se está suicidando. No puede extrañarnos viendo estas actuaciones que se diga a menudo que la justicia española es la mayor fábrica de independentistas y de descreídos del sistema; decisiones como la de salvar a Cospedal en contra del sentido común no hacen más que darles la razón.

Estamos ante una justicia tuerta, que ve con nitidez absoluta los errores de la izquierda, pero sufre de una ceguera selectiva cuando los audios y los papeles apuntan a la calle Génova. Si la instrucción de un caso de corrupción masiva que utilizó fondos reservados para destruir pruebas acaba con un par de mandos policiales en el banquillo y los responsables políticos de rositas, el mensaje que se lanza a los ciudadanos es devastador: delinquir desde el poder sale gratis si tienes a los jueces adecuados de tu parte.

La 'Kitchen' pasará a la historia no como el caso que limpió las cloacas del Estado, sino como el caso que demostró que, en España, las cloacas tienen quien les escriba las sentencias. Cospedal se libra, sí, pero lo que se hunde un poco más es la dignidad de un país que merece jueces que sirvan a la ley y no a las siglas de un partido.

La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza ha acabado convirtiéndose en un recorrido plagado de tropiezos políticos, dudas técnicas y ahora, desavenencias entre los socios. Desde las primeras reuniones discretas en restaurantes pagadas con dinero público hasta el bloqueo actual de la concesión. Este proyecto empezó a fraguarse en 2024 y actualmente, en abril de 2026, el parque solo abrirá para eventos ya comprometidos —siempre y cuando las atracciones obtengan el certificado de seguridad y se valide la situación económica de la empresa— y 81 trabajadores sin saber si van a conservar sus empleos.

Este viernes, el Parque de Atracciones ha recibido del Ayuntamiento de Zaragoza la autorización de apertura tras entregar el plan detallado de los eventos comprometidos con sus fechas cerradas y la primera será este sábado, día 11 de abril. El plan que la nueva concesionaria ha entregado al Consistorio señala que quieren cumplir con los compromisos de los banquetes ya concertados. A partir del 6 de junio, tras finalizar los compromisos de los banquetes existentes, el Parque de Atracciones prevé la “reapertura progresiva de su instalaciones al público en general”, pero siempre y cuando se cumplan dos condiciones: la obtención de certificado de seguridad del 80% de las atracciones, por lo que técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza analizan la seguridad de las atracciones, y la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal asignado. Las dudas, pues, continúan.

Sin embargo, los trabajadores del Parque de Atracciones de Zaragoza han reclamado abrir “con la calidad que los zaragozanos se merecen, no de tapadillo y solamente para 70 comensales”, según ha calificado el presidente del comité de empresa, Raúl Jiménez, en el día de entrada en vigor del Expediente de Regulación Temporal de Empleo —ERTE— para sus 81 empleados, víspera de la apertura reducida de las instalaciones para atender dos comuniones.

El origen: comidas pagadas con dinero público

El punto de partida es septiembre de 2024. El día 9, el coordinador general del área de Presidencia, Felipe Castán, junto a otros altos cargos municipales, mantuvo una comida con consultores del sector en el restaurante El Real para analizar el futuro del parque. El 13 de noviembre se repitió la escena: una segunda comida, también en el mismo establecimiento, en la que se reunió el director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, con funcionarios, asesores y consultores externos para avanzar en el diseño de la ampliación. El 19 de febrero se reveló que dichas comidas fueron pagadas con dinero público: 530 euros en total. El Ayuntamiento las justificó como reuniones de trabajo ligadas a un proyecto estratégico. El 20 de febrero, Ruiz de Temiño compareció en la Comisión de Presidencia y se negó a revelar con quién comió y qué trató en esas reuniones. El edil de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez criticó en ese momento que se recurriera a comidas en un reservado, con dinero público, en lugar de a la consulta preliminar de mercado prevista por ley.

Antes de conocerse que estos encuentros se habían financiado con dinero público, el 18 de noviembre la Comisión de Urbanismo aprobó inicialmente la modificación del PGOU. El 28 de ese mismo mes, el pleno dio luz verde definitiva con los votos de PP y Vox a una ampliación de 40.000 metros cuadrados —hasta alcanzar las 15,21 hectáreas— que incluye un parque acuático y cuya gestión recaería en una empresa privada. El proyecto se apoyaba en suelos ya previstos en el planeamiento desde 2005, aunque nunca desarrollados, en una zona que actualmente combina espacios sin uso con masa forestal similar a la de los Pinares de Venecia.

El debate se centró desde el inicio en el impacto ambiental. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, negó que la actuación implicara la tala de árboles y defendió que buena parte del ámbito corresponde a aparcamientos que no se modificarán, limitándose la intervención a cambios de calificación y nuevos accesos. Frente a ello, asociaciones vecinales de Torrero y colectivos ecologistas denunciaron la “privatización” de suelo público y alertaron de la posible eliminación de más de 2.000 pinos, además de cuestionar el diagnóstico municipal sobre el estado del pinar.

La oposición elevó el tono en el pleno. El PSOE acusó al Gobierno de actuar con opacidad y de anticipar decisiones antes de completar los procedimientos, mientras Zaragoza en Común habló de “modificaciones a la carta” y políticas ambientales “de pura literatura”. Vox, por su parte, respaldó la operación al considerar que no había “contraindicaciones” y que la ampliación era necesaria para garantizar la viabilidad de la futura concesión.

Sin embargo, la posición de Vox cambió unos meses después. El 14 de abril de 2025, la segunda fuerza política del Ayuntamiento —que el PP necesita para sacar adelante las propuestas y presupuestos— votó a favor de retirar el expediente en la Comisión de Urbanismo, alegando que el aparcamiento de pago previsto podría reducir las visitas al Monumento a la Legión. La decisión pilló por sorpresa al PP: la alcaldesa, Natalia Chueca, admitió que desconocía la posición de su socio hasta la víspera. Apenas once días después, el 25 de abril, Vox rectificó tras lograr el compromiso de garantizar aparcamiento gratuito en el entorno.

Impacto ambiental de la ampliación

En paralelo, crecieron las dudas sobre el encaje legal y ambiental del proyecto. El 29 de abril, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, instó a evaluar el impacto de la ampliación tras recibir las advertencias de la plataforma vecinal en defensa de los Pinares de Venecia. En su respuesta, subrayó el valor de este espacio como “sistema forestal consolidado” con funciones ecológicas y sociales clave para Zaragoza, y advirtió de la necesidad de analizar las consecuencias de la modificación urbanística en relación a la cobertura arbórea y la calidad del ecosistema.

El PSOE recogió ese planteamiento y exigió retirar el expediente ante un “más que posible vicio de legalidad”. Los concejales socialistas Horacio Royo y Ros Cihuelo defendieron que la actuación debería contar con una evaluación ambiental previa o, al menos, con un informe jurídico que justificara su ausencia, apoyándose en la legislación estatal. Alertaron además de que continuar con la tramitación podría desembocar en una judicialización del proyecto que acabase bloqueando la futura concesión, al tiempo que criticaron la “falta de rigor y de diálogo” del Gobierno municipal.

El Ayuntamiento rechazó estas acusaciones y sostuvo que la evaluación ambiental no es obligatoria en esta fase. Según el equipo de gobierno, la modificación del PGOU se limita a reajustar los límites de la parcela y sería más adelante, cuando se concretase el plan especial y los usos exactos del espacio, cuando pueda valorarse la necesidad de ese análisis. Los populares defendieron el trabajo técnico realizado y acusaron al PSOE de cuestionarlo “de manera infundada”. En junio de 2025, el Consistorio da un paso más y publica los pliegos de la licitación: la concesión fijó una inversión mínima de 15 millones de euros, un canon anual de al menos 70.000 euros y una aportación adicional para el mantenimiento de los Pinares de Venecia.

Aprobado justo del proyecto

El 29 de octubre se hizo pública el acta de la Comisión de Selección y solo se había presentado una candidatura, integrada por la familia Morte y la multinacional argentina Fénix Entertainment bajo la marca Noriland. La propuesta, que plantea una inversión de 17 millones de euros y la reapertura del parque en 2027, obtuvo 36,5 puntos sobre 65 en la evaluación técnica, un aprobado ajustado para una concesión de 50 años.

Los informes técnicos fueron especialmente críticos con varios aspectos clave del proyecto. Detectaron “deficiencias” en el diseño —calificado como “poco homogéneo y continuista”—, en el cronograma de ejecución —considerado “poco realista”— y en la estrategia medioambiental, donde se señala “una falta de concreción y de medidas verificables”. También se apuntaron “carencias” en la planificación de accesos, aparcamientos y fases de obra, así como dudas sobre la viabilidad de algunas infraestructuras propuestas y la “escasa innovación” en la oferta de atracciones y restauración. En materia medioambiental la propuesta obtuvo un 3,5 sobre 7 al presentar compromisos genéricos sin información técnica verificable sobre cómo se protegerá el entorno de los Pinares de Venecia.

Pese a que el Gobierno del PP prometió inicialmente que introduciría mejoras para ajustar el proyecto a las expectativas municipales, la realidad administrativa ha sido otra: el contrato se ha cerrado sin avances respecto a los mínimos exigidos. Para el concejal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, el proceso es un “verdadero fiasco” que deja al Ayuntamiento sin margen de maniobra, ya que los pliegos no permiten exigir inversiones ni cánones superiores a los ya establecidos.

Frente a estas deficiencias, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, explicó el pasado 18 de marzo que la escasa concurrencia se debe a la “alta exigencia” del pliego. “El nivel de exigencia que se ha hecho en esta concesión no se ha hecho probablemente en ninguna”, afirmó Lorén, que justificaba así que las mejoras ya estaban integradas en las condiciones de salida, como la inversión mínima de 15 millones de euros o el canon para mantenimiento forestal.

81 empleos en el aire

El último capítulo —por el momento— de este proyecto ha llegado estas últimas semanas, cuando el traspaso de poderes entre las dos empresas ha saltado por los aires. El acuerdo entre los socios de Moncayo Leisure —la alianza formada por la multinacional argentina Fénix Entertainment (80%) y la familia Morte (20%)— se ha roto por discrepancias económicas sobre el precio de las atracciones existentes y el recelo de los inversores argentinos ante la situación preconcursal de sus socios locales. Ante la imposibilidad de formalizar el acta de entrega, el Ayuntamiento se ha visto obligado a activar la “orden de continuidad” prevista en el pliego, forzando a los Morte a seguir operando el recinto hasta el 3 de noviembre de 2026 para evitar el cierre total de la temporada.

Esta parálisis administrativa ha dejado a 81 trabajadores con incertidumbre respecto a su futuro. Mientras 29 empleados fijos acuden a diario a un parque desierto y sin actividad, otros 50 fijos discontinuos ni siquiera han sido llamados para iniciar la campaña. El comité de empresa, liderado por CCOO, ha explicado que en marzo debería haberse producido el llamamiento de los empleados para el inicio de la actividad laboral, pero no se produjo debido a que el nuevo adjudicatario no ha formalizado el contrato. Mapi, trabajadora del parque de atracciones, ha trasladado a los medios de comunicación la inseguridad laboral en la que se encuentra la plantilla, “en este momento de incertidumbre, los trabajadores fijos han seguido trabajando con la esperanza de que esto se solucionara, pero con un futuro incierto porque no sabían qué iba a pasar. Por otra parte, los fijos discontinuos hemos estado esperando una firma o una respuesta que nunca ha llegado, desde febrero o marzo.” 

La plantilla del parque de atracciones la conforman trabajadores y trabajadoras de diferentes edades. “Los que somos jóvenes podemos estar más tranquilos porque podemos buscar otras opciones, pero hay trabajadores en una situación mucho más complicada, después de casi 30 años trabajando, sin saber qué va a pasar”, ha asegurado la trabajadora del parque de atracciones. Ante este escenario, el sindicato atribuye la situación a una responsabilidad compartida entre las empresas que han optado a la licitación y el Ayuntamiento de Zaragoza, por su falta de previsión al establecer condiciones difíciles de cumplir en el pliego, así como por la supervisión sobre la solvencia de las empresas licitadoras. La solución propuesta por la empresa pasa por la aplicación de un ERTE hasta noviembre sin compensación para los trabajadores, una medida que CCOO califica de “inaceptable”. El sindicato denuncia que se pretende activar la actividad basándose únicamente en la “esperanza” de la plantilla, pero con un coste real para los trabajadores: quienes cuentan con prestación por desempleo la consumirán (la mayoría solo hasta julio) y quienes no dispongan de cobertura quedan en una situación de total desamparo.

Por su parte, el consejero Ángel Lorén ha evitado asumir responsabilidades, limitándose a señalar que la gestión de la plantilla es “responsabilidad exclusiva de la empresa”.

La oposición ha elevado el tono ante lo que consideran una dejación de funciones del Gobierno de Natalia Chueca. El portavoz socialista, Horacio Royo, ha censurado que el Ayuntamiento actúe como “mediador” en un conflicto privado en lugar de forzar el cumplimiento de lo firmado en enero. Para el PSOE, la falta de transparencia en las prórrogas y la incertidumbre sobre la apertura real del parque esta temporada confirman que el proyecto “estrella” del PP se ha estrellado antes de empezar. “Es un asunto interno de dos empresas que el Ayuntamiento usa como excusa para no hacer cumplir el pliego”, expresó Royo. Este jueves, Ranera exigió a Chueca que se “garantice” la subrogación de los empleados del parque, que “no amenace con sanciones a la empresa, lo importante y lo prioritario en estos momentos es que funcione de nuevo el Parque de Atracciones para la ciudad y los 81 trabajadores vuelvan a ocupar su puesto de trabajo”. Desde el PSOE se ha solicitado ya la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, el jueves que viene en Comisión, “es el responsable político principal y debe asumir la responsabilidad de este fracaso que ya es real, han fracasado y cuando uno fracasa en política debe asumir también las responsabilidades”.

Por parte de Zaragoza en Común, Elena Tomás ha acusado al Gobierno del PP de incurrir en una “falta de responsabilidad con la plantilla y la ciudadanía”. Ha recordado que el parque puede seguir abierto hasta noviembre de 2026 “siempre que las atracciones estén en condiciones óptimas de manteamiento” y que esto posibilitaría pagar a la plantilla: “Creemos que es un claro ejemplo de la pésima gestión del gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.

Vox y PP 'borran' la intervención de la consellera que dijo en las Corts Valencianes que el Gobierno está “lleno de prostitutas”. La Mesa de las Corts, presidida por la ultraderecha, impide que se debata la reprobación a la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad, Susana Camarero, planteada por el PSPV en el órgano de la Cámara, suspendiendo el proceso de tramitación.

La alianza de la derecha y la ultraderecha protegen a la titular de Igualdad, que emitió una corrección de inmediato y apuntó que se debía a un “lapsus”, de tener que volver a debatir sobre el contenido de una intervención que generó un gran malestar, una batería de críticas y una oleada de peticiones de dimisión.

Según el acuerdo de la Mesa, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la presidencia considera que como se acordó retirar las palabras del diario de sesiones, a petición de la vicepresidenta, no tiene sentido hacer una reprobación sobre las mismas. “Dado que la frase literal en la cual se fundamenta la proposición no de ley ha sido retirada del Diario de Sesiones, la Mesa entiende que la iniciativa ha perdido su objeto”, apunta el Parlamento autonómico. No suele ser habitual que el órgano de gobierno entre a valorar el contenido de las iniciativas que se debaten y que vete su tramitación, salvo que sean “evidentemente” inconstitucionales, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional. Además, la retirada del diario de sesiones no implica un borrado de la intervención, sino añadir una aclaración en la que se explica la solicitud, y se incorporan unos corchetes a la frase.

La dirigente popular tuvo un “lapsus” en un pleno de las Corts, en el que dijo: “Métanse con lo que hace el presidente, no con la pareja del presidente. Son unos machistas de libro. Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”, unas palabras que enseguida le afearon desde el hemiciclo y sobre las que se disculpó.

En la misma mañana, Camarero lo enmarcó como un error el fervor del debate y remitió un comunicado en el que aclaraba lo que realmente quería decir: “Venía a explicar lo que es obvio, que ha existido corrupción, abusos en el seno del PSOE y que el Gobierno del Partido Socialista ha pagado prostitución con dinero público, algo que sabe toda España y que, además, está judicializado”, en referencia al 'caso Ábalos', y denunció que la intervención se había descontextualizado. Precisamente la actual vicepresidenta fue impulsora del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2016 desde el Gobierno central, y recalcó en el comunicado: “Yo nunca insultaré a ninguna ministra ni a ninguna mujer por el hecho de ser mujer, sea del partido que sea. Yo defiendo la igualdad con todas sus consecuencias, yo defiendo a las mujeres y defiendo esa igualdad de oportunidades por encima de todo”.

110 días después de las elecciones anticipadas en Extremadura, el PP y Vox volvieron a sentarse este viernes alrededor de una mesa para intentar negociar un acuerdo para la investidura de María Guardiola. Tras seis horas de reunión, volvieron a comunicar un fracaso. El miércoles la cita fue en Zaragoza. Se produjo dos meses después de los comicios, también anticipados. Y el resultado fue el mismo: casi sin avances para la investidura de Jorge Azcón. Rebasado, por mucho, el ultimátum dado por Alberto Núñez Feijóo, el reloj avanza hacia la repetición electoral. Y en la dirección del PP se impacientan: “Debería haber sido en febrero”.

El líder del PP planteó el pasado mes de marzo un límite claro para evitar que las negociaciones se eternizaran ante las evidentes reticencias de Vox a alcanzar un acuerdo y la utilización que Santiago Abascal y los suyos están haciendo del bloqueo político. En el horizonte, las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

“No deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo”, dijo en una entrevista. “No es complejo”, aseguró, para afirmar que una negativa de Vox sería un comportamiento “antidemocrático”. Cuando se cumple casi la mitad del mes de abril, el pacto no parece estar siquiera cerca, aunque desde el PP aseguran que “están avanzando” para sellar una alianza.

Feijóo dijo esa frase un día después de que desde la dirección del PP reconocieran a los periodistas que es Vox quien “maneja los tiempos”. Y lo sigue haciendo, lo que está impacientando a Génova. “Debería haber sido en febrero”, apuntan a elDiario.es fuentes de la dirección sobre un acuerdo en Extremadura.

Pero en Vox vieron la oportunidad de usar el bloqueo político como palanca electoral: de Extremadura a Aragón y después a Castilla y León. Fue en esta última campaña donde Abascal viró su estrategia: pasó de culpar a María Guardiola del fiasco negociador para señalar directamente a la dirección del PP, y en especial al secretario general, Miguel Tellado, diana de los dardos de los portavoces ultras en las últimas semanas.

El control de tiempos por parte de Vox no es nuevo. Lo ha tenido siempre. En 2023 Génova quería retrasar al máximo los pactos posteriores a las autonómicas para que un entendimiento generalizado con Vox no enturbiara la campaña de las generales, como finalmente ocurrió. Los de Abascal buscaban justo lo contrario, y aceleraron allí donde más débil parecía el rival. En tiempo récord ataron un pacto con Carlos Mazón para hacerle presidente de la Generalitat valenciana.

El resto de acuerdos llegó en cascada. Un año después, en julio de 2024, Vox salió de todos los gobiernos autonómicos a la vez, y dejó al PP con cinco regiones ingobernables y una doble oposición: por la izquierda y por la derecha. Vox no ha aprobado los presupuestos y ha forzado los adelantos electorales que se le han atragantado a los de Feijóo y han dejado a la ultraderecha al borde del 20% en todas las regiones.

“Continúan acercando posturas”

En la dirección del PP daban por hecha la imposibilidad de un acuerdo el miércoles en Aragón y este viernes en Extremadura. “No creo que sea la definitiva, pero están avanzando”, aseguraron a este medio antes de finalizar la reunión.

A la cita no acudió en persona Miguel Tellado, quien sí se desplazó de urgencia hace un par de semanas al anterior encuentro. Tanto a la del viernes como a la del miércoles se “conectó por videollamada”, según informaron desde la dirección del PP. En ambas le tocó viajar a la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela.

Tellado fue el señalado por Feijóo para corregir el rumbo de las negociaciones en Extremadura cuando Vox había diseñado una estrategia que pasaba por golpear a María Guardiola y dejar en paz a Jorge Azcón. Los de Abascal llevaron la presión al máximo, y el 'número dos' cogió el mando. “No negociéis con ella”, le dijo Tellado al que realmente decide las cosas en Vox, Kiko Méndez-Monasterio, según publicó hace unas semanas 'Artículo 14'.

Pero Tellado es ahora el principal enemigo de Vox, desde donde señalan al secretario general del PP como el responsable directo de una “campaña” de hostigamiento y de la atención mediática que está recibiendo la alternativa al partido ultra liderada por los dirigentes purgados por Abascal. Desde Iván Espinosa de los Monteros a Javier Ortega Smith, pasando por José Ángel Antelo o Juan García Gallardo.

Vencido el plazo dado por Feijóo, Vox respondió con una carta a todos sus militantes donde señalan directamente al líder del PP de dirigir “un ataque brutal” de “insidias” contra el partido.

La realidad es que los acuerdos no llegan. El miércoles hubo pocos avances en Aragón, donde la negociación se limita a “cuestiones conceptuales”. Este viernes en Extremadura, los partidos “acercaron posturas” sobre “la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato, así como los plazos y la financiación que las hacen viables”.

Uno de los principales escollos es la pretensión del PP de que Vox garantice estabilidad a los nuevos gobiernos. Los de Feijóo quieren garantías de que habrá apoyo presupuestario durante toda la legislatura. Los de Abascal no quieren ni oír hablar de tal cosa.

Guiños a la ultraderecha

En Vox dudan sobre si les conviene políticamente entrar o no a los gobiernos. Abascal ha pasado por varias fases en las últimas semanas, y ha hecho declaraciones públicas en los dos sentidos. También ha jugado a decir primero que no le importaría repetir elecciones para luego comprometerse a alcanzar acuerdos con el PP.

El plan de Méndez Monasterio no es nuevo. Ya lo aplicó en la Comunitat Valenciana cuando Mazón, primero, y Juan Francisco Pérez Llorca, después, les imploraron su apoyo ante la crisis provocada por la gestión de la Generalitat de la dana de 2024 que mató a más de 230 personas.

Tanto Mazón como Pérez hicieron sendas declaraciones públicas en las que asumieron buena parte del ideario político e ideológico ultra.

El conocido en Vox como “modelo Mazón” ha empezado a ser replicado. Y el PP ya ha asumido los marcos ultras. Por ejemplo en una reciente votación en el Congreso en la que los de Feijóo se abstuvieron en una moción (una declaración sin trascendencia legal) que pedía que una sanidad pública “prioritaria” para los españoles.

No es la única petición de Vox. Los de Abascal, reconocidos antieuropeístas, han reclamado al PP la ruptura de los acuerdos con socialistas y liberales en Bruselas. Esto supondría la ruptura de la Comisión Europea o de acuerdos comerciales como el de Mercosur.

Este mismo viernes, en un acto organizado por el medio 'Politico' y la consultora BeBartlet, Feijóo arremetía contra los “partidos antieuropeos”. “Me comprometo sin ningún género de dudas a contribuir desde el Gobierno a los nuevos retos preservando la unidad de Europa”, dijo. “La UE no es solo una moneda. No es solo un mercado. No es solo un pasaporte. Es un compromiso que se respeta a las duras y a las maduras”, zanjó.

Pero Feijóo asumió, en parte, uno de los paradigmas de Vox: la teoría conspirativa del gran reemplazo, la sustitución de la población europea por extranjeros. “Europa debe ocuparse de su realidad demográfica porque no hay Europa sin europeos”, afirmó.

Silencio ante el riesgo de repetición electoral

¿Y cuándo creen en el PP que se podrán cerrar los acuerdos? La realidad es que no lo saben, y se hace el silencio cuando se pregunta a los dirigentes nacionales y autonómicos, que pasan de la incredulidad al enfado cuando tienen que responder sobre lo que está ocurriendo.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho en varias ocasiones en las últimas semanas que las negociaciones deben ser “a fuego lento”. “Todo lo bien hecho necesita tiempo”, apuntan las fuentes consultadas por elDiario.es.

El problema es que el calendario avanza y ya asoma el límite legal para cerrar un acuerdo. Se cumple en ambas regiones el 3 de mayo, coincidiendo con el inicio de la campaña andaluza.

Preguntados en Génova sobre si descartan la repetición electoral, responden que “lo hizo Abascal” cuando “dijo que habría acuerdos”. Repreguntados si se fían, dejan una pregunta en forma de respuesta irónica: “¿Qué político diría una cosa y haría la contraria?”.

El tribunal del caso Kitchen ha rechazado ordenar el ingreso en prisión de dos de los acusados, Francisco Martínez (exsecretario de Estado de Seguridad) y Andrés Gómez Gordo (el policía de cabecera de Cospedal), como había solicitado la acusación popular del PSOE. Los magistrados de la Sección Cuarta alegan que los dos acusados “han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial” que se les ha cursado desde que son investigados, hace más de seis años.

Los socialistas argumentaron una semana antes del arranque del juicio que en Martínez y Gómez Gordo concurren cuatro circunstancias que elevarían el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen era inminente, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas. El tribunal responde que “no consta que hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.

La acusación popular del PSOE solicitaba igualmente tener acceso a la pieza de responsabilidad civil -destinada a satisfacer el pago de multas por condena e indemnizaciones- y el tribunal asegura que debía haberse dirigido al Juzgado de Instrucción que investigó el caso Kitchen, donde hubiera tenido posibilidad de comprobar los datos que deseara.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizado pagos con fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingresar en la Policía y monitorizar al chófer.