El Gobierno vasco ha puesto en marcha ya el mayor contrato de Osakidetza, la externalización del servicio de ambulancias. Se alega que la Sanidad pública no tiene recursos propios. Son 650 millones de presupuesto de partida para cuatro años y el deseo es que esté en marcha el 1 de enero de 2027. Su relevancia va más allá de su valor económico o de su importancia como servicio básico. Con este concurso se regularizará la anomalía que se vive en el sector desde finales de 2024 cuando se rescindió la contrata con la catalana Grup La Pau, adjudicataria en Bizkaia y en Álava, por un cúmulo de irregularidades, desde impago de nóminas hasta problemas con la flota.

Qué sale a concurso

Las ambulancias de Osakidetza, excepto las UVI móviles, están externalizadas. Son de dos tipos, las programadas o no asistenciales, que son de color azul y blanco, y las de emergencias, mayoritariamente amarillas. Eso sí, las de soporte vital básico tienen una franja blanca y las del soporte vital avanzado una verdosa. A tenor de los bocetos recogidos en la documentación oficial, la decoración apenas va a cambiar. Como hay dos tipos de servicios, en realidad los concursos son dos y se resolverán de forma simultánea. Y cada uno de ellos tiene tres lotes, uno por provincia, aunque algunos municipios fronterizos pueden variar, como las localidades del norte de Álava, que dependen de una comarca sanitaria vizcaína.

Los pliegos del contrato ofrecen un análisis estadístico de los movimientos de las ambulancias. Por ejemplo, las ambulancias programadas movieron entre 2023 y 2025 a 239.070 personas en Álava, a 954.179 en Gipuzkoa y a al menos 895.455 en Bizkaia, donde no hay datos de algunas semanas de 2024, precisamente las de la marcha de Grup La Pau. Los servicios que se ofrecen son desplazamientos para rehabilitación, tratamientos oncológicos, hemodiálisis, consultas, ingresos y movimientos interhospitalarios, aunque tuvieron que atender 32.666 urgencias. Son prácticamente 30 al día. En el caso de las ambulancias de emergencias, fueron activadas 57.012 veces en Álava en 2024 y 2025. En el caso de Gipuzkoa, las salidas fueron 112.862. Finalmente, el dato de Bizkaia es de 217.076.

Cuáles son los datos económicos

La licitación del servicio programado asciende a 277,43 millones de euros, 63,47 en 2027, 66,6 en 2028, 72,01 en 2029 y 75,31 en 2030. Del primero al último año la subida es del 18%. En el caso de las ambulancias urgentes, más caras, el total previsto es de 372,41 millones. Se reparten en 82,93 en 2027, 89,03 en 2028, 97,95 en 2029 y 102,48 en 2030. Aquí la oscilación es del 23%. Hay posibilidad de prorrogar la adjudicación hasta un máximo de tres años adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2033.

Es muy complejo comparar estas previsiones con el coste actual del servicio, porque mientras en Gipuzkoa sigue en vigor la adjudicación ordinaria, que recayó en Ambulancias Gipuzkoa, en Bizkaia y Álava se formalizaron adjudicaciones directas con Bizkanb (una UTE de Alsa/Sanir con Baztan-Bidasoa) y con la propia Ambulancias Gipuzkoa tras la ruptura con Grup La Pau. Sin embargo, como orientación, en Bizkaia y Álava se pagaba un canon de 7,85 millones mensuales a finales de 2024, cuando se fue Grup La Pau. Ahora, en esos mismos territorios esa cantidad sería de 9,28 millones de euros de media para el próximo cuatrienio. Sería una subida del 18%.

Sin cobrar los retrasos

El viceconsejero Aritz Uriarte, en la rueda de prensa de presentación del contrato, explicó que la gran novedad es que habrá un “sistema de pago por resultados”. Esto implica que no se abonarán todos los movimientos de ambulancias, sino solamente los que cumplan con las exigencias. Es decir, si llegan tarde, la Administración quedará eximida del pago a las empresas. La referencia general es de 60 minutos, pero será incluso menor para un paciente de diálisis (45 minutos) o trasplantes (30 minutos).

En 2024, este periódico hizo público un informe sobre los retrasos de los servicios programados: el 75% de los movimientos en Álava y en Gipuzkoa tuvo retraso en los seis primeros meses de 2024, más de 126.000 desplazamientos. En el caso de Bizkaia, 4.874 tardaron más de tres horas en recoger a los pacientes. Asimismo, se promete un seguimiento “en tiempo real” de las unidades para hacer un control efectivo.

La gestión de la flota

En los pliegos del servicio urgente, se incuye un anexo con las “unidades a ampliar”. Es ahí donde se plantea la puesta en marcha de cuatro “ambulancias psiquiátricas”. Se trata de vehículos especializados para el traslado de pacientes de este tipo y que, como gran diferencia, tienen una parte trasera acolchada. Las empresas deberán garantizar la “seguridad” de esos movimientos. Inicialmente, habrá una ambulancia de este tipo en cada capital, en Vitoria, Bilbao y Donostia, y una cuarta volante en Bergara, de “soporte operativo” en los tres territorios. Las ambulancias de las capitales deberán estar operativas ya en 2027, mientras que la de Bergara llegaría en 2028.

Por otro lado, se prevén en Álava tres nuevos vehículos con un turno de doce horas de lunes a domingo, todos con base en Vitoria. En Gipuzkoa, se prevén dos vehículos más de 24 horas en Bergara y Beasain, dos ambulancias de doce horas en Donostia y otras del mismo tipo en Irún y Zarautz. Finalmente, en Bizkaia, se prevén tres vehículos más de doce horas en Bilbao e igualmente en Sopela, Ortuella y Durango. Igualmente, habrá dos nuevos coches de “intervención rápida”, que llevan la misma decoración que las ambulancias, uno en Vitoria y otro en Bilbao. En cifras, hay un total de 386 ambulancias externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados.

En la reunión de ese viernes del Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, Euskadi ha rechazado el pago de otros 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 de los fondos FCS (Fondo de Cohesión Sanitaria) y FOGA (Fondo de Garantía Asistencial). El consejero, Alberto Martínez, del PNV, que mantiene varios frentes abiertos con la ministra Mónica García, de Sumar, pidió ya en 2025 una revisión del modelo de este mecanismo para ajustar los gastos derivados de atenciones de pacientes de un servicio autonómico en el resto del Sistema Nacional de Salud al mostrar que Euskadi había puesto 169 millones, el 60% con un 5% de población, “superando incluso la suma de trece comunidades autónomas”.

“No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara. Sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, opina el consejero Martínez. Insiste en que el FCS y el FOGA tienen “importantes deficiencias jurídicas” y “mecanismos poco transparentes” que hacen que las estimaciones no sean homogéneas y que, según temen en privado en Euskadi, las comunidades cumplidoras que declaran todos los casos se vean penalizadas.

¿Qué son estos fondos? El FCS está regulado mediante un decreto de 2006 y cubre gastos de servicios a pacientes de una comunidad comunidad autónoma cuando en su sistema no hay centros de referencia para determinados servicios o patologías y tienen que ser atendidos. El FOGA, de 2012, cubre los desplazamientos temporales, como unas vacaciones.

Martínez recalca que no es una “discrepancia coyuntural”, sino una enmienda estructural al modelo. Lamenta, en ese sentido, que en 2025 el secretario de Estado, Javier Padilla, viera “de vital importancia” repensar el modelo y que, un año después, se mantenga el “extraordinario desequilibrio”. O que se haya hecho caso omiso al Tribunal de Cuentas del Estado. O que no se haya creado el grupo de trabajo anunciado. “No se ha producido ningún avance en este ámbito”, recalca el Gobierno vasco, que incide en que se “perpetúa” un problema “sin ningún tipo de cobertura legal”.

“No cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado Martínez, que asegura haber sumado a “otras comunidades” a su postura, por ejemplo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. “Madrid se suma al no”, se ha felicitado la parte vasca. El consejero vasco ya se erigió en la anterior reunión como líder de la oposición frente a la postura de la ministra García en relación al estatuto marco y las demandas del colectivo médico.

El Gobierno vasco ha reservado 650 millones de euros para costear, entre 2027 y 2031, la mayor contrata privada de la Sanidad pública, la de ambulancias. La licitación busca ordenar el servicio después de años convulsos por la salida abrupta de la anterior adjudicataria en Bizkaia y en Álava, la catalana Grup La Pau, y los contratos temporales firmados para mantener el servicio a finales de 2024 y que siguen vigentes. El Consejo de Gobierno ya había autorizado esta licitación hace unos días.

Según ha explicado este jueves el viceconsejero Aritz Uriarte, se destinarán 373 millones de euros en cuatro años a la red urgente y otros 277 a la no urgente, los servicios programados. El contrato, como siempre, se repartirá en tres lotes, uno por cada provincia. Se adjudicará inicialmente para cuatro años, pero con posibilidad de una prórroga máxima de otros tres. Es “una planificación a largo plazo”, ha destacado el Ejecutivo, que cree que esta externalización “refleja con claridad” la “forma de entender” la Sanidad pública de los actuales responsables de Osakidetza. Actualmente, Ambulancias Gipuzkoa gestiona ambas redes en su territorio de origen y en Álava, mientras que en Bizkaia opera la marca Bizkanb, una UTE de Alsa/Sanir con Baztan-Bidasoa.

Como novedad, el viceconsejero Uriarte ha indicado que los pagos a las contratistas serán mensuales y dependerán del grado de cumplimiento de los horarios. La redacción de los pliegos ha contado con la participación de asociaciones de pacientes, que han denunciado los continuados retrasos en el servicio y, a partir de ahora, según se ha prometido, si se sobrepasan unos tiempos no se abonará ese servicio. “No se trata de pagar por número de traslados, sino por traslados que den valor al paciente”, ha indicado Uriarte, que ha llamado al modelo “sistema de pago por resultados”. “No hablamos sólo de ambulancias. Hablamos de atención, de dignidad y de acompañamiento”, ha apostillado.

Según Uriarte, la elevada cantidad presupuestada -equivalente al presupuesto de todo el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad o superior al del Departamento de Vivienda, por ejemplo- tiene en cuenta los costes laborales, las “obligaciones de subrogación”, los combustibles y las mejoras precisas en la flota. “Hablamos de un servicio que está presente en alguno de los momentos más difíciles de las personas”, ha argumentado sobre la importancia de esta licitación.

Algunos de los portavoces de las asociaciones de pacientes, presentes en la presentación de esta contrata, se han felicitado por haber podido participar. Una portavoz de Alcer Bizkaia, por ejemplo, ha explicado cómo su tratamiento de diálisis duraba “cuatro horas” y que los desplazamientos “podían durar otras tantas perfectamente”. “He sufrido el tema de las ambulancias”, ha manifestado. El Gobierno confía en tener el concurso resuelto para que las nuevas adjudicatarias empiecen el servicio el 1 de enero de 2027.

Osakidetza trabaja en un acuerdo con Osatek, la sociedad pública que gestiona la mayor parte de las resonancias magnéticas en Euskadi, para que el propio Servicio Vasco de Salud pueda utilizar los dispositivos para hacer estas pruebas en los periodos en los que, por limitaciones operativas y de plantilla de Osatek, como fines de semana, noches y festivos, este servicio no está disponible. La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha comparecido este martes ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco junto al gerente de Osatek, Héctor Hernando, a petición de EH Bildu.

Bilbao ha explicado que esta colaboración se enmarca en el plan de choque puesto en marcha para la mejora de la atención y de la accesibilidad, con el fin de reducir los tiempos de espera para estas pruebas, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado. El Departamento de Salud ha destacado que las listas de Osatek para realizar una prueba de este tipo se han reducido en un 29% en los seis últimos meses, entre otras razones, gracias a la ampliación y modernización de equipos y a la adopción de medidas operativas. Osakidetza considera que todavía hay margen de mejora, por lo que se ha fijado entre sus objetivos seguir bajando los tiempos de espera, según recoge Europa Press.

Actualmente, la prestación de asistencia a la ciudadanía en lo referente al diagnóstico que requiera de procedimientos de alta tecnología a través de resonancias magnéticas se realiza bien a través de Osakidetza, con medios propios, o se encomienda desde Osakidetza a Osatek por medio de convenios reguladores que se renuevan anualmente. Osatek gestiona cerca del 75% de las máquinas de este tipo repartidas en toda la red de salud pública en Euskadi.

Osatek, por limitaciones operativas y de plantilla, no cuenta con todas las resonancias en funcionamiento en periodos concretos como los fines de semana, los horarios nocturnos, festivos o periodos vacacionales, al contrario de lo que ocurre con las máquinas gestionadas directamente por Osakidetza. El acuerdo en el que trabajan ambas organizaciones permitirá la cesión puntual y temporal de estas máquinas para que personal de Osakidetza pueda utilizarlas durante esos periodos mencionados. De esta manera, las resonancias magnéticas estarán operativas durante más tiempo y posibilitarán atender a un mayor número de pacientes, reduciendo así los tiempos de espera.

Tal y como ha explicado la directora general de Osakidetza en el Parlamento Vasco, este acuerdo tiene como objetivo “maximizar el rendimiento y aprovechar las infraestructuras existentes a través de una sinergia que, sin duda, beneficiará a los ciudadanos y ciudadanas vascas, que son nuestra prioridad”. Este acuerdo se alinea con las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud, especialmente en lo relativo al refuerzo de la accesibilidad, la optimización de los recursos disponibles y la apuesta por la innovación tecnológica.

La colaboración entre Osakidetza y Osatek permitirá maximizar el uso de equipamientos de alta tecnología ya instalados, avanzando hacia un modelo “más eficiente y sostenible”, que combina inversión en infraestructuras con nuevas fórmulas organizativas para dar una respuesta más ágil a las necesidades de la ciudadanía.

Nuevos equipos

Entre este año y comienzos de 2027 se incorporarán cuatro nuevos equipamientos de resonancia magnética, de los que dos se han puesto ya en marcha este mes de junio en el hospital de Donostia. En total, se invertirán 5,5 millones de euros, tal y como se recoge en el Programa de Infraestructuras y Equipos Sanitarios 2025-2032 del Departamento de Salud del Gobierno vasco.

Estas inversiones permitirán seguir reduciendo los tiempos de espera que, según los últimos datos de Osatek (junio de 2026), se sitúan en 28.687 pacientes, un 29% menos que hace seis meses. La reducción se ha producido en todos los territorios históricos, siendo especialmente significativa en Gipuzkoa. En junio de 2026, la lista se sitúa en 9.937 pacientes en Gipuzkoa (1.926 por máquina), 13.748 en Bizkaia (1.719 por máquina) y 5.002 en Araba (1.000 por máquina). Seis meses antes, en enero de 2026, los datos eran de 14.361 pacientes en Gipuzkoa (2.394 por máquina), 19.108 en Bizkaia (2.389 por máquina) y 6.692 en Araba (1.338 por máquina).

Sin darle publicidad, el Gobierno vasco ha dado ya el primer paso para poner en marcha la doble licitación de la contrata de ambulancias de Osakidetza, la mayor externalización de la Sanidad pública. El Consejo de Gobierno, fuera del orden del día, aprobó este martes una doble de autorización de gasto por tratarse, en ambos casos, de contratos por un valor superior a los 5 millones de euros. Se espera que los pliegos se conozcan antes del parón vacacional, aunque la resolución definitiva podría tardar todavía meses.

Osakidetza tiene externalizados dos tipos de ambulancias. Por un lado, está el servicio de emergencias (vehículos amarillos) y, por otro, las ambulancias programadas (azules y blancas). Las UVI móviles sí son un servicio con personal propio. Cada licitación va por separado y ambas son millonarias, con un coste que supera holgadamente los 10 millones de euros mensuales.

La importancia especial de esta renovación de la contrata es que vendrá a regularizar la situación de interinidad que vive el sector desde finales de 2024, cuando fueron rescindidos antes de tiempo los acuerdos con la catalana Grup La Pau, que gestionaba las dos redes en Bizkaia y en Álava y era la principal contratista de Osakidetza. La cooperativa, ahora en concurso de acreedores, acumuló decenas de sanciones de la Inspección de Trabajo y otras incidencias que incluyeron el impago de nóminas.

Desde entonces, Ambulancias Gipuzkoa mantiene la adjudicación que ya tenía desde el concurso anterior en ese territorio, ya que no le afectó para nada la crisis con La Pau. Pero se tuvieron que firmar dos contratos de emergencia, es decir, directos y sin concurso, para solventar el hueco en Bizkaia y en Álava. En el caso alavés, se optó por ampliar el radio de acción de Ambulancias Gipuzkoa; en el vizcaíno, por el contrario, se creó 'ad hoc' una UTE llamada Bizkanb y que es la suma de la rama sanitaria de Alsa (conocida como Sanir) y de la navarra Baztan-Bidasoa.

Inicialmente se aludió a un posible plazo de catorce meses con un presupuesto total de 110 millones de euros, pero llegó enero de 2026, el momento del final de ese tiempo estimado, y se mantuvieron los servicios tal cual. Fuentes de Osakidetza aclararon que, pese a la confusión, las adjudicaciones de emergencia a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa eran indefinidas.

Ahora se acerca ya la regularización, aunque por el momento solamente se ha dado el primer paso de muchos. La tramitación durará meses. Lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es autorizar al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que pueda poner en marcha dos concursos por un importe superior a los 5 millones de euros. Un decreto de 2016 obliga a que sea el máximo órgano colegiado de la Administración vasca el que dé inicio a las licitaciones más importantes.

A partir de ahora, se activarán los dos expedientes de contratación, el 16/2026/PS (relativo a las ambulancias urgentes) y el 17/2026-PS (el del servicio programado). Fuentes de Osakidetza indican que antes del verano se harán públicos los pliegos y luego vendrá el período de presentación de ofertas. No es descartable que puedan presentarse recursos que demoren la resolución del concurso. Como referencia, en la anterior ocasión los pliegos se lanzaron en diciembre de 2023 y no fue hasta el verano de 2024 cuando se adjudicaron los nuevos contratos.

El sindicato mayoritario de Osakidetza, SATSE, ha advertido al consejero de Salud, Alberto Martínez, de que puede “provocar un otoño caliente” de movilizaciones, entre las que no descarta la huelga, si “rompe” la negociación colectiva y apuesta por pactar “al margen” de la mesa sectorial “con un solo colectivo”, el de los médicos. Se refieren a las conversaciones en torno al estatuto marco que Martínez mantiene con el SME e incluso con el denominado MUD, que no tiene representación.

En un comunicado, la central sindical ha denunciado que el consejero está manteniendo reuniones bilaterales semanales con el esta central “al margen de la mesa sectorial, el único órgano legítimo de negociación colectiva”. Para Satse, “esta forma de actuar supone un ataque crítico” a la negociación colectiva, además de “un trato de favor hacia un único colectivo profesional en perjuicio del resto de trabajadoras y trabajadores que sostienen diariamente el sistema sanitario vasco”, informa Europa Press.

“El consejero de Salud debe gobernar para todo el personal de Osakidetza y no actuar como interlocutor privilegiado de un único colectivo. La Sanidad pública se sostiene gracias al trabajo de equipos multidisciplinares y no puede construirse otorgando privilegios a unos cuantos como el Sindicato Médico y asociaciones emergentes, que no cuentan con representatividad legítima, mientras se ignoran las reivindicaciones del resto”, ha denunciado la central.

El Sindicato de Enfermería considera preocupante que “estas negociaciones paralelas se produzcan mientras la mesa sectorial lleva cerca de un año esperando abordar cuestiones fundamentales” como las retribuciones del personal. “El propio Departamento de Salud está incumpliendo el calendario de negociación que había fijado para abordar cuestiones fundamentales que afectan al conjunto de la plantilla”, ha censurado SATSE. Osakidetza lleva 18 años sin un convenio actualizado.

Para la central, no es posible “aceptar que se utilicen problemas que afectan a toda la plantilla para construir privilegios de un único colectivo ni para jerarquizar las condiciones laborales dentro de Osakidetza”. “Si el consejero Martínez mantiene esta deriva y continúa debilitando la negociación colectiva, Osakidetza se encontrará con un otoño de creciente conflictividad laboral”, ha señalado SATSE, que no descarta impulsar movilizaciones conjuntas con otras organizaciones sindicales ni la convocatoria de huelgas “si se sigue vulnerando un derecho fundamental como es la negociación colectiva”.

El Departamento de Salud espera cubrir “a la mayor brevedad posible” la posición vacante del responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Vacunas, uno de los puestos clave del área de Salud Pública. El consejero, Alberto Martínez, admite que ha habido varios intentos fallidos. En junio se marchó el que ocupaba interinamente esas funciones, Pello Latasa, una persona de prestigio fichada del Gobierno de La Rioja por cuatro años y al que se le acabó el contrato. Pasado ya un mes, nada se conoce de su sustituto.

Martínez hace estas reflexiones en una respuesta enviada al Parlamento Vasco, donde EH Bildu, a través de Rebeka Ubera, había pedido información sobre esta situación. “En 2022, cuando se jubiló Txema Arteagoitia, su puesto de trabajo no fue ofertado ni cubierto. Y, de forma indirecta, mediante otro contrato, se le asignó a Pello Latasa la responsabilidad del Servicio de Vigilancia y Vacunas de la Dirección de Salud Pública. [...] A Pello Latasa se le ha terminado el contrato. Desde nuestro punto de vista, es muy grave estar sin responsable del Servicio de Vigilancia y Vacunas. El Departamento de Salud debería ser consciente de la importancia de dicha responsabilidad en la Salud Pública”, señalaba Ubera en su iniciativa.

Según Martínez, que nada dice de la salida de Latasa, “la rotación o los cambios de personal en la Administración pública es un fenómeno continuo, que responde a diferentes causas organizativas, laborales y personales”. Sobre Arteagoitia, solamente indica que las jubilaciones “implican la salida natural de trabajadores”.

El consejero señala que en Salud Pública trabajan “aproximadamente 30 personas” y que, entre todos, “facilitan la continuidad, la adaptación y el correcto funcionamiento” del puesto vacante. “La labor de este conjunto de profesionales se basa en la epidemiología, el manejo de datos, la capacidad analítica, los conocimientos sanitarios y de inmunización, el diseño y desarrollo de protocolos y la coordinación con el sistema sanitario (coordinación con atención primaria y hospitales)”, expone Martínez.

No obstante, Salud “intentó cubrir esta plaza, que requiere de unas condiciones especiales” en al menos tres ocasiones y sin éxito. Fueron dos comisiones de servicios y también “en la última OPE”. El consejero insiste en que se siguen haciendo “las actuaciones necesarias” para cubrir la vacante “a la mayor brevedad posible”, pero también teniendo en cuenta que, en Euskadi, pronto se va a poner en marcha Osasungintza, el nuevo Instituto de Salud Pública que asumirá también las competencias relativas a vigilancia epidemiológica y vacunación.

El juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza se celebrará en la Audiencia Provincial de Álava finalmente los días 20 y 21 de octubre. Habrán pasado ocho años y cinco meses desde que se celebraron los exámenes que fueron investigados. En otros proceso de similar duración, las penas han quedado rebajadas por dilaciones indebidas.

La presidenta del tribunal, la magistrada Beatriz Eva Román Gobernado, ha aclarado en la vista preliminar celebrada este martes que no aceptará que sea un juicio “prospectivo”. Solamente se enjuiciará finalmente lo sucedido en la categoría de Cirugía Plástica y no todas las demás pruebas que quedaron archivadas en su día o a la cúpula del Servicio Vasco de Salud en aquella época. Quienes han estado presentes lo han entendido como un mensaje de que habrá que ceñirse a esos sucesos concretos y orillar toda la parte de controversia política que suscitó el caso en su día.

Un ejemplo: se ha desestimado la intención del sindicato LAB, personado como acusación, de que compareciese como testigo el exconsejero Jon Darpón, del PNV, que dimitió en 2019 por este mismo asunto, como también lo hicieron la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y otros cargos. Según recoge Efe, Román Gobernado ha señalado que algunas peticiones de LAB “no guardan relación con este proceso concreto sino con hechos ya sentenciados”, aunque nunca ha habido ninguna sentencia por estos hechos. Sí se han atendido otras peticiones las otras dos acusaciones, la Fiscalía y el sindicato ESK.

Como adelantó este periódico, las dos personas que se sentarán en el banquillo de entre la veintena de imputados que llegó a haber no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, en la vista previa y se celebrará contra ellos el juicio. Se exponen a penas de prisión e inhabilitación, variables en función de los escritos de cada una de las partes.

Los procesados son Thais Salas, opositora del examen de Cirugía Plástica, y Alfredo Martínez-Flórez, miembro del tribunal evaluador. En la parte del examen elaborada por este facultativo, la aspirante, con la que le unía un vínculo familiar, logró una nota altísima que contrastaba, claramente, con el resto de sus calificaciones. Declararán en el juicio todos los integrantes del tribunal. Las anomalías ya se detectaron 'in situ' ya que la opositora llegó a renunciar a sus notas allí mismo.

Un largo camino hasta el juicio

La investigación del presunto fraude en la OPE de Osakidetza arrancó en junio de 2018 con una primera revisión por parte de la Fiscalía de una veintena de exámenes en los que había las mismas sospechas que en Cirugía Plástica: notas anormalmente altas en personas próximas a los autores de las preguntas. Osakidetza no le entregó toda la documentación, pese a lo cual se elevó una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vitoria, donde tiene su sede el Servicio Vasco de Salud. Durante años, cuatro instructoras han liderado la investigación, que ha sufrido todo tipo de avatares y retrasos.

Finalmente, se decretó el cierre total de las actuaciones, pero la Audiencia Provincial entendió que los indicios de Cirugía Plástica eran muy sólidos y pidió reabrir al menos esa especialidad y que hubiese juicio. Sin embargo, este paso se ha demorado igualmente por el relevo de todo el tribunal -sin que ninguna de las partes lo estimara oportuno- y por la elección de una terna completamente nueva. Ahora, entre la vista previa y el juicio transcurrirán de nuevo cuatro meses.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tiene once pacientes con epidermólisis bullosa, la enfermedad genética rara e incurable que se conoce comúnmente como piel de mariposa. En tres casos, uno en el hospital de Basurto de Bilbao y dos de Donostia, ha habido solicitudes para acceder a Vyjuvek, un tratamiento génico pionero. Estas solicitudes, se indica desde Osakidetza, no se han podido estimar porque el medicamento no está financiado por el Ministerio de Sanidad.

Los datos se desprenden de la respuesta del consejero de Salud, Alberto Martínez, a una solicitud de información documentada presentada en el Parlamento Vasco por Laura Garrido, del PP. “Según normativa farmacéutica estatal para la financiación pública de los medicamentos será necesaria su inclusión en la prestación farmacéutica del [Sistema Nacional de Salud] mediante la correspondiente resolución expresa de la unidad responsable del Ministerio de Sanidad”, explica el consejero.

Vyjuvek es una terapia génica que trabaja con un principio activo conocido como beremagene geperpavec, un virus modificado genéticamente. Los pacientes de piel de mariposa tienen un gen defectuoso que provoca que falte una proteína y las capas de la piel no se unan correctamente entre sí, lo que hace que la piel se vuelva muy frágil y propensa a sufrir ampollas. “Vyjuvek se ha modificado para que el virus contenga copias funcionales del gen defectuoso detectado en pacientes con [piel de mariposa]. El medicamento introduce estas copias funcionales del gen en las células de la herida para ayudar a la piel a cicatrizar. El virus modificado y el material genético de este medicamento no modifican su propio ADN”, explica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El laboratorio que desarrolla el tratamiento, que puede administrarse desde el nacimiento, es neerlandés, el Krystal Biotech. El Ministerio de Sanidad, en su nomenclátor más reciente, el de junio, recoge que aún se encuentra o en estudio o sin petición de financiación. El consejero Martínez subraya que esta información ya se ha trasladado a los dos hospitales, el de Basurto y el Donostia, para que el profesional responsable se encargue de trasladarle la información a los pacientes.

Salvo una nueva sorpresa, este martes, por fin, la Audiencia Provincial de Álava celebrará la vista previa del juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018. Se trata de un mero trámite, más teniendo en cuenta que los dos únicos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, del examen de Cirugía Plástica, no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno de asunción de culpabilidad con la Fiscalía, según fuentes de su entorno. Así, la principal virtualidad de esa vista será la fijación de la fecha para el juicio, aunque previsiblemente se pospondrá ya hasta otoño.

El caso se inició en la primavera de 2018 y tuvo cuatro instructoras en la fase de investigación, que acumuló controversias. Se llegaron a revisar una docena de categorías en las que se repetía el patrón de que las notas más altas -en pruebas de elevada dificultad- correspondían a aspirantes próximos a los vocales del tribunal. Finalmente, todo quedó archivado. Se estimó que no había pruebas. Sin embargo, los recursos de los sindicatos LAB y ESK, que han ejercido como acusación, forzaron que la Audiencia Provincial reabriera la causa al entender que los indicios en Cirugía Plástica eran tan contundentes que necesariamente tenían que ser revisados en un juicio.

La examinanda, Salas, logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas el doctor Martínez Flórez y bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora terminó renunciando. En aquel momento, ambos guardaban una relación de parentesco.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero en los últimos meses las defensas de los imputados han descartado de plano esa opción cada vez que han sido cuestionadas por este periódico. LAB y ESK formulan acusaciones más duras.

La vista previa iba a ser ya hace meses, pero quedó suspenda. Renunciaron los tres jueces del tribunal que iba a analizar este caso, Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta. Los dos primeros fueron parte de la sala que ordenó celebrar el juicio sobre Cirugía Plástica y se sentían contaminados; la tercera fue una de las instructoras. Recientemente, han sido designada otra terna: Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. Este movimiento se produjo sin que ninguna de las partes entendiese que fuera necesario.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha asegurado este viernes que un 62% de los centros de salud y consultorios de atención primaria mantendrán su actividad habitual durante el periodo estival. La otra cara de la moneda es que “solo” -en palabras del Gobierno- el 30% reducirá su horario en tres y un 8% llegará a tener cierres totales durante algunos días.

Según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado, se adecuarán los horarios para hacer compatible el mantenimiento de una asistencia sanitaria de calidad con el descanso de sus profesionales y con la supuesta menor demanda de servicios que se da en estos meses, aunque ha explicado que no se contemplan “grandes cambios ya que la mayor parte de los centros mantendrá su horario habitual”, de modo que “la atención sanitaria a la población sanitaria durante los meses de verano está garantizada”.

Como resumen de la previsión actual de horarios de los centros de salud, Osakidetza ha detallado que son 210 de un total de 337 (el 62%) los que no prevén ningún cambio, mientras que 100 (el 29,67%) realizará algún ajuste horario en algún momento del verano, básicamente el cambio de 20.00 a 17.00 horas, mientras que 27 consultorios (el 8%) pueden cerrar al menos un día dentro del periodo vacacional. Son diez consultorios menos que en el verano de 2025, ha defendido Osakidetza.

“Y para poder responder a las necesidades de cobertura habituales en estas fechas de verano, se han activado distintas medidas adicionales como el programa de rejuvenecimiento y fidelización”, como poder contratar a personal MIR que finaliza la residencia a comienzos de verano o la OPE de plazas de dificíl cobertura de atención primaria “que ha permitido afrontar estos meses con una mayor estabilización en las plazas que resulta más difícil de cubrir, como pueden ser los de las zonas rurales o los turnos de tarde”, ha explicado.

Crisis de las vacunas

Por otro lado, el consejero, Alberto Martínez, ha defendido en el Parlamento Vasco la gestión de su equipo para corregir los “problemas” detectados en la gestión de vacunas y ha reprochado a EH Bildu que utilice este tema para “generar inseguridad y tratar de alarmar”. Martínez ha respondido este viernes, en el pleno de control, a una pregunta de Rebeka Ubera sobre los casos de administración de vacunas caducadas y sobre los fallos detectados en las neveras de dos centros de salud en las que se guardaban dosis de diversas vacunas.

“Cuando no se reconoce la gravedad de un problema es difícil solucionarlo, sobre todo si los problemas son estructurales”, se ha quejado Ubera, que informó de ambos casos desde la oposición antes de que lo hiciera Osakidetza. “La diferencia es clara: ustedes generan ruido, nosotros introducimos soluciones; y en Sanidad lo importante no es el titular, sino que cada paciente reciba una atención segura, fiable y de calidad”, ha replicado Martínez, informa Europa Press.

Una mujer de origen extranjero ha fallecido por ahogamiento en la noche de este miércoles en la playa de Ondarreta, Donostia, durante un episodio de alerta roja por calor extremo. El suceso se ha producido sobre las 23.30 horas, cuando la víctima se encontraba bañándose en la playa. Sus acompañantes han sido quienes, al verla flotando en el agua, han dado el aviso a los servicios de emergencia. Tras confirmarse el fallecimiento, la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles del incidente, según confirman fuentes municipales y policiales.

Esta muerte coincide con un periodo de valores térmicos sin precedentes. Euskadi ha registrado avisos rojos durante tres días consecutivos, con máximas que han superado los 40 grados en diversos puntos de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia. Enric Armengol, delegado territorial de la AEMET en Euskadi, ha subrayado lo “superinfrecuente” que ha sido la reciente ola de calor. Según las previsiones de la agencia, 2026 va camino de ser el año más cálido de la estadística, superando los registros extremos de 2023 y 2024. No es infrecuente que haya bañistas fuera de los horarios vigilados en playas y otras zonas de esparcimiento.

Además, durante este miércoles, Osakidetza atendió hasta las 19:00 horas a un total de 50 personas debido a las altas temperaturas. Por territorios, se registraron 16 casos en Gipuzkoa, 30 en Bizkaia y 4 en Álava, afectando a ciudadanos con edades comprendidas entre los 16 y los 98 años. Del total de atendidos, 35 pacientes fueron trasladados a centros hospitalarios o de salud para su seguimiento, aunque ninguno revistió gravedad.

El enfermero Juan de Diego y sus compañeros y compañeras del centro de salud de Miribilla, en Bilbao, no han podido dejar pasar la ocasión de aprovechar la llegada de los medios de comunicación, que han acudido este miércoles para la presentación de un nuevo sistema de registro digital de vacunas, para denunciar las altas temperaturas que están sufriendo dentro del edificio, que tan solo tiene diez años. Son comentarios similares a los que hizo el sindicato Satse, el principal de Osakidetza, en la anterior ola de calor.

En el año 2016, el por aquel entonces lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado del que fuera consejero de Salud, Jon Darpón, y del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto inauguraron el “moderno y amplio” centro de salud de Miribilla, que da servicio a más de 11.000 vecinos. Se invirtieron, según informaron en aquella época, 3.100.000 euros en un edificio de varias plantas con una superficie de 2.000 metros cuadrados. Sin embargo, no cuenta con aire acondicionado ni climatizador, más allá de ventiladores en algunas de las salas en las que atienden a los pacientes.

Es por ello, que a las 10.00 horas de este miércoles el termómetro del ambulatorio marca los 31,7 grados. Según denuncian, llega a ascender a los 35 con el paso de las horas. “Estamos trabajando en unas condiciones pésimas, a más de 35 grados. Son momentos difíciles. Llevamos una semana de mucha temperatura y lo que queremos es que se tomen medidas en condiciones y no parches”, lamenta De Diego.

Este martes Osakidetza ha atendido a 44 personas -el doble que este lunes- a consecuencia de las altas temperaturas registradas en Euskadi, en alerta roja por el calor, además ha informado de que una persona de 90 años ha fallecido por golpe de calor en una residencia de mayores en Bizkaia. Algunas de estas personas han sido trasladadas al centro de salud de Miribilla, donde aseguran que no se les puede ofrecer una atención de calidad debido a las altas temperaturas del edificio. “Han venido pacientes por problemas provocados por el calor, lipotimias o personas trasladadas en ambulancias porque se han caído en la calle y les hemos tenido que atender con temperaturas altísimas. Así lo único que conseguimos es acrecentar el problema en lugar de resolverlo”, sostiene el enfermero.

Dentro del mismo ambulatorio, el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo y el director de Estrategia Económica y Transformación de Osakidetza, Xabier Ibarzabal, que han acudido para presentar el nuevo sistema de vacunación, han informado tras las preguntas de los periodistas de que se está trabajando en la climatización de ambulatorios y hospitales de Euskadi. “El año pasado ya estuvimos con los mismos problemas. Hemos hecho un análisis de una foto de cómo es la situación de Osakidetza desde el punto de vista de infraestructuras. Tenemos 400 edificios y estamos tomando medidas en cada uno de ellos con una inversión muy potente. Tenemos edificios de 60 o 70 años que no estaban preparados para la climatización y para las olas de calor que tenemos a día de hoy en Euskadi. Entonces, hacer esa reforma nos cuesta, además de la inversión, mucho esfuerzo de tiempo y ahí estamos”, han detallado.

Sin embargo, son soluciones que no llegarán a corto plazo. “En el corto plazo hemos puesto pingüinos -aire acondicionado portátil- y ventiladores. El cambio climático tiene estas consecuencias y desde luego estamos tomando todas las medidas, tanto desde un punto de vista de estructura como la asistencia para minimizar el impacto de estas olas de calor”, han asegurado.

A pesar de estas palabras, esas soluciones a corto plazo no contentan a los trabajadores. “Estamos cansados y deshidratados. Hemos tenido que atendernos entre nosotros por golpes de calor. No solo trabajamos dentro del centro de salud, salimos a dar atención domiciliaria. Aquí no tenemos aires acondicionados, tenemos pequeños ventiladores que lo único que hacen es mover el aire caliente que está. Entonces no nos solucionan nada. Si trajesen pingüinos podría ser una solución que aporte cierto beneficio, y todas esas medidas bienvenidas sean, pero este centro tiene diez años, se podría haber invertido un dinero para poner un aire acondicionado o un sistema de climatización. No nos soluciona nada Los pingüinos. Pues bueno, sí, es una solución que nos puede aportar cierto beneficio. Bienvenido sea todo lo que sean soluciones, bienvenidas sean. Este centro tiene diez años. Se podría haber invertido un dinero para poner un aire acondicionado o el sistema de climatización que corresponda, pero no se ha hecho”, asevera De Diego, antes de enfrentarse a otra jornada en la que el termómetro del centro superará los 30 grados. Y solo es el comienzo del verano.

Osakidetza ha presentado este miércoles un nuevo sistema que digitaliza el registro de vacunas para evitar así que los profesionales de la salud administren dosis caducadas, como sucedió a finales de 2025 y comienzos de 2026. Se trata de un plan que han llamado eTXERTOA, una herramienta de escaneo que permite registrar de forma automática el lote y la fecha de caducidad de cada dosis.

Cuando se registra una vacuna que está caducada, la pantalla del ordenador se vuelve roja en modo de alerta, para que no se administre a ningún paciente. En el caso de estar en vigor, la pantalla se pone verde y significa que se puede inyectar al paciente libremente. Si la pantalla del ordenador se vuelve de color amarillo, significa que el código de la vacuna es de lectura compleja, por lo que sistema pide al profesional que verifique manualmente la fecha y el lote directamente en el vial.

“Con eTXERTOA, cuando la verificación es correcta, la herramienta permite copiar esos datos en el registro correspondiente de la historia clínica, lo que evita anotaciones manuales y disminuye el riesgo de error. Además, el lote y la caducidad quedan reflejados en la cartilla de vacunación del paciente, accesible desde la Carpeta de Salud digital. Estamos convencidos de que esta nueva herramienta además de otras medidas adoptadas nos ayudarán a seguir corrigiendo y reforzando el sistema de vacunación de Osakidetza”, han aclarado el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo y el director de Estrategia Económica y Transformación de Osakidetza, Xabier Ibarzabal, durante la presentación del nuevo sistema en el centro de salud Miribilla de Bilbao.

La crisis de las vacunas caducadas en Osakidetza se hizo pública el pasado enero. Desde entonces, un comité de investigación y trazabilidad de vacunas creado 'ad hoc' concluyó que “desde mayo a octubre de 2025 se distribuyeron 15.655 [unidades] de la vacuna Vaxelis, de las cuales 6.535 corresponden al lote X019675 (con una caducidad inferior a seis meses)”. Según los datos oficiales, fueron 151 las vacunas caducadas administradas en 2025 y los primeros días de 2026, ya que se hizo una revisión de todos los actos vacunales salvo las campañas estacionales de gripe y COVID-19, 168.841.

Pero este periódico ha conocido casos que se remontan a 2023 y hasta 2017. En concreto, hay 17 casos de una vacuna pentavalente administrada fuera de fecha en 2017 la comarca sanitaria del Alto Deba (OSI Debagoiena) y, sobre todo, 89 casos de una triple vírica caducada en la zona de la OSI Uribe tanto en 2023 como en 2024, alguno de cuyos ejemplos adelantó este periódico. Los hechos no se limitan a la Vaxelis, sino que también afectan a una vacuna tetravalente y a la de la triple vírica. Los más afectados son bebés o niños de muy corta edad.

Recientemente, el Departamento de Salud ha confirmado también un fallo en la cadena de frío de vacunas suministradas, tal y como había denunciado previamente EH Bildu, y volverá a vacunar a los 17 afectados: cinco en Lasarte-Oria y doce en Arangoiti (Bilbao). Preguntados sobre esta cuestión los directores de Osakidetza Berganzo e Ibarzabal han insistido en que este tipo de roturas de frío son “casuísticas lógicas” que “se pueden dar cuando hace calor”. “Estas medidas que se están adoptando nos permiten detección precoz y corregir aquellas situaciones como puede ser la rotura de una cadena de frío. Se identificó, se actuó rápidamente, no existe daño ni riesgo de revacunación, pero comités expertos decidieron volver a vacunar finalmente a 12 niños en Arangoiti y 5 en Lasarte. Hubo 66 vacunas con rotura de frío pero se analizaron”, ha detallado Berganzo.

“Tenemos alarmas en la nevera, tenemos termómetros de máximos y mínimos, de medición continua. Lo que se mide es si el proceso baja del rango de temperaturas que está estipulado, que es entre dos y ocho grados. Si baja se detecta y en ese momento se analiza y es lo que ha pasado en Lasarte y en Arangoiti”, ha recalcado Ibarzabal.

Desde el Departamento de Salud y Osakidetza han comprometido medidas a corto plazo para evitar este tipo de situaciones. Repetidamente, los han llamado “los siete correctos”. Son un mejor control de vacunas con caducidad próxima, con una señalización diferenciada de los envíos de vacunas con menos de seis meses de caducidad, para facilitar identificación y priorizar su uso en plazo; una mejora del circuito de recepción, almacenamiento y distribución, con el refuerzo del registro de lotes y caducidades en farmacia y en las OSI, y el impulso de un protocolo corporativo para la petición y recepción de vacunas; la estandarización de los albaranes y de la información logística, con la inclusión obligatoria del lote y la fecha de caducidad en los albaranes de entrega, además de dimensionar mejor las necesidades de cada centro y su periodicidad de envío; la organización más homogénea del stock y de los frigoríficos, con la revisión del estocaje de los centros y una sistemática común para la gestión operativa de los equipos de frío, con periodicidad de revisiones, sistema de registro y verificación; el refuerzo de la figura de referencia en vacunación, es decir, una persona responsable de las vacunaciones designada en cada centro y la mejora del registro, la formación y la comunicación, con el impulso de registros informatizados para incidencias y dosis desechadas, así como acciones formativas y materiales de apoyo para reforzar los “siete correctos” y las buenas prácticas en vacunación.

En cuanto al medio plazo, después de verano, se espera la implantación de la nueva herramienta eTXERTOA en los centros de salud para que el registro de cada vacuna sea automatizado y así se agilice el trabajo de los profesionales. Además, se formará a los trabajadores y se contempla “la mejora de los procedimientos corporativos y la estandarización de los circuitos de petición, recepción, almacenamiento y administración”. “El objetivo es consolidar una trazabilidad completa desde la farmacia hasta la aplicación de la dosis. Este avance supone una mejora clara para la ciudadanía porque incrementa la seguridad, reduce la posibilidad de errores y ofrece una información más fiable y accesible sobre cada vacuna administrada. También refuerza la confianza en el sistema público de salud al añadir más control y más trazabilidad en un proceso especialmente sensible. La experiencia de los últimos meses han llevado al Departamento de Salud y Osakidetza a acelerar nuevas medidas de control y revisión en materia de vacunación, dentro de una estrategia más amplia de seguridad del paciente. En esa línea, la incorporación de herramientas digitales como eTXERTOA facilita un sistema más robusto, más claro y más transparente”, han concluido.

Es la OPE “más grande de la historia” de Osakidetza. Tiene 101.693 aspirantes para 3.764 plazas y se ha iniciado este viernes en el BEC de Barakaldo. El Servicio Vasco de Salud asegura haber adoptado las medidas oportunas para realizar los exámenes en condiciones optimas en plena ola de calor, como el acondicionamiento de los pabellones en los que se desarrollarán las pruebas o la instalación de dispositivos de agua en el recinto.

Según ha explicado el consejero, Alberto Martínez, que ha acudido al BEC junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora de Recursos Humanos, Josune Retegi, este año Osakidetza celebrará las OPE correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, con una oferta total de 5.425 plazas. En la primera fase, que se inicia este viernes y concluirá el domingo, se celebrarán los exámenes de las nueves categorías más numerosas: Enfermero, Tecae (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), auxiliares administrativos, celador, operario de servicios, fisioterapeuta y técnico superior de administración y gestión.

“Vamos a vivir un fin de semana histórico con récord de participación, un acontecimiento realmente importante tanto para nuestro mercado laboral como para el sistema sanitario de Euskadi”, ha dicho. En total, se han presentado 101.693 aspirantes, una cifra muy similar a la de población total de la propia Barakaldo, para 3.764 plazas en esta primera fase, “una muestra de que Osakidetza es atractiva”. Según los datos aportados por Martínez, Osakidetza protagoniza este fin de semana “la cita profesional más destacada del año en lo que a congregación de personas se refiere”, ya que el equivalente un 10% de la población activa de Euskadi aspira a ser parte de la plantilla del Servicio Vasco de Salud.

El consejero ha recordado que la OPE está “inspirada en principios del consenso” y responde “en cierta medida, a los compromisos adquiridos con los agentes en el Pacto Vasco de Salud”. Según ha explicado, se trata de un sistema de selección y provisión “para estabilizar la plantilla y fidelizar el talento”. Además, ha añadido, “mantiene el espíritu del consenso de la mesa sectorial” ya que se funcionamiento ha sido acordado entre Osakidetza y los agentes sociales.

Del total de aspirantes, 55.959 proceden de Bizkaia, 20.926 de Gipuzkoa y 20.584 de Álava. El 4,1% restante proceden de otras comunidades autónomas y de otros países, entre los que destacan 3.777 personas de Cantabria, 2.161 de Burgos, 1.422 de León, 1.357 de Navarra y 1.310 de Salamanca. También concurren 78 ciudadanos franceses, 11 de Estonia o 10 de Alemania. “Insisto, Okidetza es atractiva”, ha apuntado.

El 75% de las personas aspirantes son mujeres y el grupo más numeroso está entre los 40 y 50 años. Además, se van a realizar cerca de 700 adaptaciones para atender distintas necesidades durante la realización de los exámenes, con el objetivo de “garantizar la igualdad real de oportunidades”. Por ello, habrá salas específicas para personas con dificultades auditivas, visuales o de movilidad. intérpretes de lengua de signos, cabinas individuales y acondicionadas para madres lactantes y 70 hospitalizados.

Un total de 900 profesionales serán movilizados para garantizar “el correcto desarrollo” de la OPE“, lo que supone ”un dispositivo organizativo sin precedentes, un dispositivo especial de accesos, seguridad, información y atención a aspirantes“. Por otra parte, se ha referido a los dos años de ”enorme esfuerzo en la gestión de la estabilización de la plantilla“, con cerca de 11.000 plazas estabilizadas y una ampliación con 2.160 nuevas plazas. Además, ha citado las 34.000 plazas estructurales y 46.000 contrataciones anuales y una nueva OPE con más de 5.425 plazas. ”Las cifras hablan por sí solas“, ha defendido.

Ante la ola de calor prevista en Euskadi, que alcanzará sus valores más altos el domingo, Osakidetza ha garantizado la “condiciones adecuadas” de los pabellones, con aire acondicionado, para realizar los exámenes. Además, ante la jornada del domingo, “en el que se esperan unas temperaturas más elevadas”, se colocarán en el recinto dispositivos de agua. También se han redoblado los servicios de emergencias “por si acaso, debido a esa ola de calor, hay algún incidente”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha administrado vacunas después de romperse la cadena del frío que garantiza su seguridad clínica en dos ambulatorios, el de Lasarte-Oria, cerca de Donostia, y el de Arangoiti, en Bilbao. Según ha confirmado en el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Alberto Martínez, los afectados son cinco pacientes de Lasarte-Oria y doce en Bilbao, pero ha insistido en que en “ningún” caso están en riesgo y que, de hecho, algunas revacunaciones se programarán “dentro de un mes”.

El asunto llega después de la crisis de las dosis caducadas de comienzos de año y, nuevamente, el primer aviso púbico ha sido a través de una denuncia de EH Bildu desde la oposición antes de que el Departamento de Salud haya hecho ninguna comunicación pública. Eso sí, fuentes internas indican que internamente se lleva tiempo trabajando en el asunto. El protocolo se activó desde los propios centros, que distan en decenas de kilómetros entre sí y que no pertenecen a la misma comarca sanitaria, y después Vigilancia Epidemiológica emitió una circular interna para gestionar la posible revacunación de los 17 afectados potenciales.

Según ha indicado Martínez a los medios de comunicación, en un caso la nevera de las vacunas estaba más fría que lo recomendado y, en el otro, sucedió a la inversa. “Hemos actuado con celeridad. De forma inmediata”, ha manifestado el consejero. Según ha indicado, conoció las incidencias estando “en Madrid”, “a mediados de la pasada semana”. Ha indicado que ya ha analizado el asunto con laboratorios, con el CAVE (el órgano asesor autonómico de vacunas) y también con la Agencia Española del Medicamento.

Con insistencia, Martínez ha recalcado que no hay “ningún riesgo” para la salud de los afectados, que son adultos y menores porque el problema no era un lote de un producto concreto sino en las neveras donde se guardan viales de varios tipos. No se han detallado las marcas. El consejero ha indicado que se está trabajando en “diferentes medidas de seguridad” en los sistemas de “medición de temperatura” de los aparatos donde se conservan las vacunas.

La denuncia de EH Bildu

EH Bildu ha registrado preguntas para que el consejero Martínez dé más explicaciones en el Parlamento Vasco. “Es sabido que la gestión de la cadena del frío es uno de los principales indicadores que influyen en la seguridad de las vacunas”, insiste la portavoz sanitaria de la formación abertzale, Rebeka Ubera. Añaden que, durante el anterior episodio, se emitió un dictamen que destacaba la relevancia de los “siete correctos”, es decir, de garantizar siete pasos para preservar la seguridad clínica. Uno de ellos era garantizar precisamente la conservación de los preparados. “Son productos biológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, tiempo y fundamentalmente de temperatura”, señalaba aquel informe.

Denuncia EH Bildu que “no ha pasado tanto tiempo” desde la crisis de las vacunas caducadas como para que ahora se repita un nuevo “incidente grave”. Por ello, demandan “aclaraciones” al consejero Martínez. Entre las explicaciones que se solicitan, además del detalle de los casos, se inciden en cómo se ha gestionado la incidencia y en cómo se ha comunicado a los posibles afectados. “Han sido inoculadas tanto a menores como a adultos”, apuntaba Ubera en su pregunta parlamentaria.

El asunto de las vacunas caducadas llegó a ser investigado en la vía penal por la Fiscalía. La fiscal Carmen Adán lo archivó por falta de indicios de delito, pero sí recogió en su resolución que el alto cargo Guillermo Herrero, responsable de Salud Pública, manifestó sus críticas sobre cómo se gestionó internamente esa crisis. Apuntó que hubo momentos de tensión porque la dirección política retrasó las explicaciones públicas para contener el asunto mientras desde su equipo recomendaban actuar con celeridad.

Las matronas que trabajan el servicio en la OSI Barrualde-Usansolo, que abarca a buena parte del interior de Bizkaia y del norte de Álava, y en el hospital de Cruces, en Barakaldo, representadas por el sindicato Satse, han suspendido los nueves días de huelga convocada entre el 17 de junio y el 2 de julio. La decisión llega tras “largas e intensas conversaciones” con la dirección de Osakidetza en las que han acordado, entre otras cuestiones, el aumento del número de profesionales en las plantillas para poder realizar sustituciones en verano y de la duración de las contrataciones, además de una reunión el próximo 5 de octubre para abordar “de manera real” las reivindicaciones históricas del colectivo y buscar soluciones “al grave problema de falta de matronas que afecta a la sanidad pública vasca”.

La huelga estaba convocada para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. “Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, critican desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

El sindicato reconoce que la suspensión de la huelga responde a una “decisión de responsabilidad” y a la voluntad de dar “margen a la negociación abierta con Osakidetza”. No obstante, el colectivo de matronas mantiene un “profundo escepticismo” ante la posibilidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan finalmente en “medidas concretas y efectivas”. “Las matronas llevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a conformarnos con anuncios o buenas palabras. Necesitamos hechos, compromisos firmes y soluciones estructurales que permitan garantizar una atención segura y de calidad para las mujeres”, defienden desde Satse.

“Las compañeras de Cruces han conseguido que las 10 matronas de día que iba a haber en el hospital sean 11. Y en la OSI Barrualde-Usansolo hemos conseguido que los contratos de seis meses revisables pasen directamente a ser de nueve meses, como en un primer momento nos prometieron. También hemos pedido un nuevo contrato para hacer el 50% de nuestra supervisora con un contrato del 50% para que ya sea un 100% y así cubrir contingencias y cosas que surjan. Además, Osakidetza ha aceptado celebrar una reunión el 5 de octubre para trabajar en la base del problema y conseguir los ratios matrona-mujer que nos corresponden. Se ha acordado también el precio real de las horas extra para todas las OSI para que no tengamos nosotras que ir negociando en cada OSI. Si vemos que después de la reunión de octubre Osakidetza pasa de nuestras reivindicaciones iremos a huelga”, explican las trabajadoras a este periódico.

Así, el próximo 5 de octubre se celebrará una reunión específica entre representantes de las matronas y la dirección general de Osakidetza, en la que se revisarán “una por una todas las reivindicaciones planteadas por el colectivo y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos”. “Será una cita determinante para valorar si existe una voluntad rea” de resolver el problema estructural de falta de matronas en Osakidetza o si, por el contrario, la situación continuará cronificándose“, alertan desde el sindicato.

“El conflicto no desaparece. Lo que hacemos es dar una oportunidad a la negociación y esperar a comprobar si realmente se producen avances efectivos con las medidas comprometidas. Las profesionales están cansadas de promesas incumplidas y de seguir sosteniendo un sistema sin los recursos necesarios. Las reivindicaciones del colectivo siguen plenamente vigentes y son una contratación estable y planificada, cobertura real de bajas, vacaciones y permisos, el reconocimiento de la categoría como puesto de difícil cobertura y una planificación ajustada a las necesidades reales de la población”, explican desde el Satse.

El sindicato subraya que las consecuencias de esta falta de profesionales “repercute directamente” en la salud de las mujeres, ya que las matronas desarrollan “funciones esenciales” relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, la menopausia o la detección de situaciones de violencia machista. Por todo ello, la central sindical concreta que, si el próximo otoño no se producen “avances reales y verificables”, no descartará “ningún tipo de acción sindical”. “Si Osakidetza no pone fin a los problemas estructurales que venimos denunciando, retomaremos las movilizaciones necesarias, incluida la posibilidad de convocar una huelga indefinida”, concluye.

Las calles de Irún volvieron a ser escenario de una concurrida protesta en defensa de la Sanidad pública este fin de semana. Bajo el lema 'Aski da' ('Basta ya'), la plataforma Osasun Bidasoa movilizó a más de 3.000 personas para denunciar lo que considera un deterioro progresivo de la atención sanitaria en la comarca, que engloba a Hondarribia e incluso a zonas de Navarra. Entre sus principales demandas figuran la reapertura de las urgencias pediátricas del hospital del Bidasoa y el refuerzo de la atención primaria.

La plataforma denuncia que lo que vive la comarca no son problemas aislados, sino un “efecto dominó” devastador. El cierre de las urgencias pediátricas del hospital del Bidasoa es la medida más reciente, aunque supera ya el año de vigencia. Manel Ferran, portavoz de Osasun Bidasoa y médico jubilado, explica a este medio que la consecuencia ha sido el aumento de la saturación laboral en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Ahora, los trabajadores afrontan esta realidad con una “angustia constante”, debido a que se está obligando a “profesionales no especializados en pediatría a asumir parte de la atención”.

Anteriormente, el hospital contaba con un pediatra, pero Osakidetza decidió desistir del puesto. Ferran explica que la justificación se centra en que “no hay partos en la zona”. Sin embargo, el portavoz ve “falta de lógica” debido a que siempre ha habido un pediatra durante los últimos 36 años. Además, Mariaje Alfonso, igualmente portavoz de la plataforma y enfermera jubilada, recuerda una obra en 2020 para mejorar las Urgencias pediátricas. N o comprende cómo la administración gastó “ese dineral” y luego “desmontó” el servicio alegando una falta de partos que ya existía desde hace décadas.

La demanda de emergencias pediátricas no solo se ha trasladado al PAC de Irún. Entendiendo que solo pueden atender casos de leve y media urgencia, el hospital de Donostia es el nuevo de referencia. Alfonso ve saturación del servicio en la captial. Sin embargo, no es el único problema. Menciona la falta de aparcamiento o de conexiones de transporte público. Llevar al menor en coche es inviable para muchas familias.

Aún así, las críticas se extienden también a otras especialidades como urología y radiología. La plataforma denunció el pasado sábado la falta de profesionales y considera que esta situación repercute directamente en las listas de espera y en la calidad asistencial. Ferran habla incluso de un “maltrato” hacia algunos especialistas que habría favorecido su marcha a otras comarcas. Como consecuencia, denuncia, “dos médicos tienen que hacer el trabajo de cuatro”. A ello se suma las dificultades que, según el colectivo, atraviesa la atención a la salud mental por la insuficiencia de recursos humanos y materiales.

Osasun Bidasoa alerta igualmente sobre el aumento de las derivaciones a centros privados. Sus portavoces consideran que cada vez más intervenciones y consultas son asumidas por la Sanidad concertada. Ferran pone como ejemplo determinadas prótesis y consultas de traumatología que, según reclama, se están derivando fuera del sistema público. A su juicio, esta dinámica genera problemas posteriores de “seguimiento del paciente”. Para la plataforma, existe una estrategia encaminada a “desmantelar” progresivamente los hospitales comarcales y favorecer la actividad del sector privado.

Alfonso considera que las necesidades asistenciales de la comarca no están siendo atendidas de la misma manera que en otros puntos del territorio. “Mi dinero vale lo mismo que el de los demás, ¿por qué se me discrimina?”, cuestiona. Además, recuerda que el hospital del Bidasoa no solo presta servicio a la población de la comarca, sino también a vecinos de Bortziriak y a una población flotante vinculada a la cercanía de la frontera francesa. Se calcula que el hospital atiende a aproximadamente 100.000 personas que se “están dejando desatendidas”, incluyendo a los vecinos fronterizos.

Para revertir esta situación, la plataforma reclama cambios en la gestión sanitaria de la comarca. Tras catorce años con la misma dirección asistencial, consideran necesario un cambio de rumbo. Además de exigir la reapertura de las Urgencias pediátricas y asegurar mayor atención pública, Xabier Vázquez, integrante de Osasun Bidasoa y actual médico de emergencias, sostiene que parte de la solución es ofrecer “contratos más atractivos” a los profesionales. A su juicio, la temporalidad y la precariedad de algunos contratos dificultan la captación y permanencia de especialistas, puesto a que no se trata de una falta de profesionales para que cubran los puestos. Si se opta por la “fidelización” y la proporción de material adecuado, más especialistas mostrarán interés en trabajar en Bidasoa.

Osasun Bidasoa nació en septiembre de 2021 como respuesta al proyecto de Osakidetza de cerrar durante tres años los quirófanos del hospital del Bidasoa por unas obras de remodelación. Lo que comenzó siendo un recorrido por las asociaciones vecinales para explicar las consecuencias del traslado de la actividad quirúrgica a Donostia, terminó convirtiéndose en un movimiento que aglutinó a más de 40 entidades de la comarca. Tras lograr en abril de 2022 el descarte del cierre de los quirófanos, Osasun Bidasoa se ha consolidado como una entidad en defensa de una sanidad pública. La plataforma advierte de que retomará las movilizaciones en septiembre si no hay avances: “No pedimos la luna, reclamamos lo que ya teníamos y que nunca debimos perder”.

Hace un año, alrededor de 4.000 personas procedentes de más de 80 países nos desplazamos hasta Egipto con un objetivo claro: llegar a Rafah, romper el bloqueo que sufre el pueblo palestino y situar en el centro de la agenda internacional la denuncia del genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. La respuesta de las autoridades fue la represión. Cientos de personas fueron deportadas, otras detenidas y retenidas arbitrariamente. Sufrimos agresiones, amenazas, intimidaciones y vulneraciones de derechos fundamentales por el simple hecho de intentar ejercer la solidaridad internacionalista.

Sin embargo, no haber conseguido llegar a Rafah supuso frustración, pero no una derrota. La rabia que nos dejó aquella experiencia se transformó en organización, en compromiso y en movimiento. De aquella determinación nació la primera Global Sumud Flotilla, una acción de desobediencia civil internacional frente al genocidio y el bloqueo.

Durante este último año la solidaridad con Palestina ha seguido creciendo en todos los rincones del mundo. Millones de personas han salido a las calles para denunciar la masacre, exigir el fin de la ocupación y reclamar justicia para el pueblo palestino. Pero paralelamente también hemos asistido a un preocupante aumento de la represión contra quienes se organizan y denuncian. Los tentáculos del sionismo y de los intereses que sostienen la ocupación llegan mucho más lejos de las fronteras de Palestina. La criminalización de la solidaridad, las detenciones arbitrarias, la violencia policial, las agresiones físicas, las torturas y las agresiones sexuales contra activistas evidencian que quienes sostienen este sistema pretenden silenciar cualquier voz crítica.

Por eso afirmamos que Palestina es la causa de la humanidad. Lo que ocurre allí no es un conflicto lejano ni una tragedia ajena. Nos interpela directamente. Nos obliga a pensar globalmente y actuar localmente. Nos obliga a señalar a las instituciones cómplices que se lucran, miran hacia otro lado o incluso blanquean el genocidio. Debemos señalar a las empresas que obtienen beneficios de la ocupación y de la industria de la guerra, como CAF, ITP Aero, Sener, SAPA, Aernnova... Denunciar también las colaboraciones y relaciones mantenidas por centros tecnológicos y universidades como por ejemplo la EHU. Y exigir responsabilidades a instituciones públicas como el Gobierno vasco, Osakidetza o la Ertzaintza, reclamando el fin de toda colaboración con el sionismo y que ni un solo euro de dinero público sea destinado a sostener la industria de la guerra ni a quienes se benefician de la ocupación, el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino.

Asimismo, es fundamental reforzar una herramienta de lucha cotidiana que está al alcance de todas: el boicot. Tenemos en nuestro bolsillo un arma muy poderosa, el boicot económico, cultural y político. Cada decisión de consumo, cada vínculo que se rompe con empresas, instituciones o productos implicados en la ocupación, es una forma concreta de presión. El boicot no es simbólico: es una estrategia histórica de resistencia civil que busca aislar a los responsables del apartheid y del genocidio y debilitar sus estructuras de poder.

Los hechos que hemos presenciado durante estos meses demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar el ente sionista para acallar las denuncias. En Palestina estamos asistiendo a una escalada extrema de violencia contra la población civil, con bombardeos indiscriminados, ataques a infraestructuras sanitarias y civiles, y escenas insoportables de personas quemadas vivas, lo que evidencia la magnitud del castigo colectivo que se está ejerciendo sobre el pueblo palestino. Si son capaces de detener, golpear, torturar y encarcelar a activistas internacionales cuyo único “delito” es denunciar los crímenes que se están cometiendo, debemos imaginar qué sucede cada día con miles de palestinos y palestinas sometidos a un régimen de ocupación y encarcelamiento.

El boicot no es simbólico: es una estrategia histórica de resistencia civil que busca aislar a los responsables del apartheid y del genocidio y debilitar sus estructuras de poder

Por ello exigimos la liberación inmediata de todos los presos y presas palestinas, muchas de ellas encarceladas sin cargos ni juicio bajo el régimen de detención administrativa. Estos días hemos visto imágenes devastadoras del doctor Hussam Abu Safiya, detenido desde 2024 por el simple hecho de haber ejercido su profesión bajo asedio, intentando salvar vidas en medio de los bombardeos. Las imágenes muestran un evidente deterioro físico y graves signos de maltrato, generando una enorme preocupación por su estado de salud y por las condiciones en las que permanece encarcelado.

Asimismo, denunciamos la detención ilegal de compañeras de la Global Sumud Flotilla en Túnez y de compañeras del convoy terrestre en Libia. La persecución contra quienes defienden los derechos del pueblo palestino no cesa, pero tampoco cesará nuestra solidaridad.

Frente al genocidio, la ocupación y el apartheid, nuestra respuesta debe ser más organización, más presión política y más solidaridad internacionalista. Porque mientras Palestina resiste, nuestra responsabilidad es seguir denunciando, seguir movilizándonos y seguir construyendo un movimiento capaz de acabar con la impunidad de quienes sostienen esta barbarie.

La solidaridad no es un delito. El silencio, ante un genocidio, es COMPLICIDAD.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV, ha indicado este viernes en el Parlamento Vasco que será en “octubre” cuando arranque un programa “piloto” por el cual Osakidetza empezará a asumir, como estaba prometido, el grueso de los abortos, ahora derivados en un 95% a clínicas privadas concertadas. Después de que EH Bildu denunciara el retraso en el compromiso de publificación del servicio lanzado en 2025, otra formación de la oposición, Sumar, ha preguntado este viernes en la sesión de control -de la que se ha ausentado el lehendakari, Imanol Pradales- por la misma cuestión al titular de Salud, que ha insistido en que el Gobierno “cumplirá” con su palabra, aunque a partir de otoño.

El consejero Martínez ha iniciado sus explicaciones recalcando que, ora en la pública ora en la privada, “Osakidetza cumple de forma estricta con la ley orgánica” que regula el derecho a la interrupción del embarazado porque “es una línea roja”. Ha indicado que la Sanidad pública asume ya las intervenciones “por causa médica”, por suponer un “grave riesgo para la vida” de la madre o porque son embarazos “con enfermedades fetales graves e incurables”. Y ha añadido que, en el resto, hay una “derivación” precedida de “financiación pública” y “acompañamiento”. Ha mencionado, por ejemplo, el papel de las matronas, un colectivo que ha anunciado una huelga de

Históricamente, según recogen tozudamente las memorias anuales, el 95% de los abortos no han sido asumidos por Osakidetza. Fue en 2025 cuando, dentro de los planes para reducir la externalización de servicios exigidos en la mesa del pacto de salud, se incluyó el compromiso de publificar los abortos. Sin embargo, los datos de 2026 indican que nada ha cambiado por el momento. En los cuatro primeros meses del año, el Servicio Vasco de Salud ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 mujeres. Es un ritmo muy similar al de otros años, con unos 4.200 abortos totales.

Si EH Bildu, al ver estas estadísticas, lamentó que esto era uno más de los “muchos anuncios” de Martínez “que luego no acaban materializándose”, Sumar ha insistido en el “gran retraso” del Gobierno. Según Jon Hernández, “Osakidetza está de sobra preparada” para revetir con todas las garantías la “alta privatización” de esta prestación.

El consejero, en dos turnos, ha dicho que Osakidetza iniciará un “pilotaje” en octubre. La “progresiva” publificación del servicio arrancará con la asunción de las interrupciones “farmacológicas tempranas”, es decir, las que se han en las primeras diez semanas de gestación. Son el 88% de los abortos totales.

Actualmente, los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones en 2026, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.