Osakidetza busca aumentar los 3.000 actuales donantes de plasma a 5.000 para lograr 20.000 donaciones anuales. En el hospital de Urduliz se han realizado en dos años 99 donaciones de 60 donantes y habrá nuevas colectas el 14 de septiembre y 19 de octubre. Según ha informado Osakidetza, “como resultado del compromiso adquirido entre la OSI Uribe y el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH), un equipo sanitario de este centro se desplaza mensualmente al Hospital de Urduliz para realizar colectas de plasma gracias a la colaboración de donantes altruistas. Desde el inicio de esta colaboración, entre ambas organizaciones de Osakidetza en 2024, se han realizado 99 donaciones procedentes de 60 donantes. El objetivo es facilitar la participación de donantes de la comarca de Uribe, acercar el punto de donación a su entorno y reducir así los desplazamientos.

Esta iniciativa forma parte de un programa en el que participa Osakidetza y que se enmarca en un proyecto europeo de promoción de la donación de plasma, cuyo objetivo es aumentar la autosuficiencia y fomentar tanto el número de donaciones como el de personas donantes. Actualmente, el número de donantes de plasma en Euskadi está situado en torno a las 3.000 personas que realizan donaciones dos veces al año. El objetivo de Osakidetza es alcanzar las 20.000 donaciones anuales. Para ello, se requiere contar con alrededor de 5.000 donantes habituales que realicen una media de cuatro donaciones de plasma al año.

Aplicaciones del plasma

El plasma tiene múltiples aplicaciones terapéuticas. Por un lado, se utiliza para transfusiones directas en pacientes con determinadas patologías, como enfermedades hepáticas, grandes quemaduras o personas sometidas a trasplantes. Bajo estrictas normas de calidad y seguridad, el CVTTH distribuye este plasma a los hospitales para su utilización cuando es necesario.

Por otro lado, el plasma es esencial para la fabricación de medicamentos, como las inmunoglobulinas y la albúmina, empleados en el tratamiento de inmunodeficiencias, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes o hemofilia.

Tras un complejo procesamiento técnico, se obtienen estos medicamentos, que posteriormente son administrados a las personas pacientes a través de las farmacias hospitalarias. El plasma obtenido en Osakidetza se destina exclusivamente a fines asistenciales y sanitarios y no forma parte, en ningún caso, de circuitos comerciales.

El principal requisito para ser donante de plasma es gozar de buena salud general, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos. La donación de plasma en Euskadi se realiza a través de una técnica denominada plasmaféresis, que permite extraer únicamente el plasma durante la donación en un procedimiento especializado que facilita la extracción de entre 600 y 750 ml de este suero sanguíneo.

El proceso se completa en menos de una hora y, a diferencia de donación de sangre convencional, se puede donar plasma una vez al mes y hasta 12 veces al año, ya que la recuperación del plasma es muy rápida.

La próxima colecta de plasma en el Hospital de Urduliz tendrá lugar los días 14 de septiembre y 19 de octubre. Para acudir a donar es necesario solicitar cita previa a través del Portal Móvil de Osakidetza, aplicación desde la que se puede acceder a la gestión de citas, ver el grupo sanguíneo y las alertas de donación. Asimismo, puede obtenerse cita a través de la página web de Osakidetza en la sección específica de la web de Euskadiko Odol Emaileak o bien por teléfono en el 900 30 34 04 en el CVTTH.

En la actualidad, los centros habilitados para la donación de plasma en Osakidetza de Bizkaia son el Hospital Urduliz, el Hospital San Eloy, el Centro Vasco de Trasfusiones y Tejidos Humanos en el Hospital Universitario Galdakao, el Centro de Salud Durango-Landako y el Centro de Salud de Bombero Etxaniz.

En Gipuzkoa, se pueden hacer las donaciones en el Hospital de Eibar, el Centro de Salud de Arrasate y en Donantes de Sangre Gipuzkoa en Donostia. En Álava, se encuentra únicamente el Centro de Salud de Olaguibel en Vitoria.

Trabajadores de limpieza del hospital de Txagorritxu han denunciado la caída de techos en alguna de sus habitaciones con el consiguiente peligro para los operarios o para cualquiera que acceda a estas estancias. El sindicato CUT ha denunciado que el pasado lunes 17 de agosto, una trabajadora de limpieza de ISS estaba realizando la limpieza de una de las habitaciones cuando se produjo un desprendimiento “de una superficie considerable del techo, cayendo al interior de la habitación numerosos fragmentos y quedando al descubierto perfiles, instalaciones, conducciones y cableado”. Un desprendimiento que no afectó a la trabajadora “por cuestión de segundos”, pero que aseguran que “no supone un hecho aislado”, ya que se han producido otros desprendimientos con anterioridad. Por ello reclaman a la OSI Álava “una inspección técnica suficientemente amplia de las zonas susceptibles de presentar problemas, un programa preventivo de revisión y mantenimiento y transparencia sobre las comprobaciones realizadas durante los últimos años”. “Esta vez no ha habido nadie herido, pero no sería responsable esperar a que un próximo desprendimiento sí produzca lesiones graves para abordar el problema de manera integral”.

En concreto, el desprendimiento del techo de la pasada semana se produjo en la habitación 663 de la planta 6D, estancia destinada al médico adjunto de Anestesia para sus guardias, según han señalado fuentes de CUT, cuando la empleada estaba limpiando el baño. “La trabajadora no fue alcanzada por cuestión de segundos. De haber permanecido debajo de la zona desprendida, las consecuencias podrían haber sido muy diferentes. Lo mismo cabe decir respecto de los médicos que utilizan esa habitación durante su actividad y para el descanso asociado a las guardias”, han señalado. Delegados de Prevención del sindicato comunicaron lo sucedido tanto a Garbialdi-ISS como a Osakidetza, solicitando que se impidiera el acceso a la zona hasta descartar técnicamente nuevos desprendimientos, que se inspeccionara no solamente el punto afectado sino el conjunto de la unidad 6D y que se determinaran las causas, ya que de lo contrario “paralizarían la actividad” para prevenir riesgos laborales.

Tras la denuncia la dirección del hospital restringió el acceso, reparó la avería y revisó los restantes techos de la unidad. Fuentes de Osakidetza han señalado que se trató de “un incidente puntual ocurrido cuando se desprendió una parte del falso techo en una habitación de Guardia. La zona fue revisada de inmediato, al igual que el resto de los falsos techos de esa zona que han sido comprobados y se encuentran en buen estado, por lo que no ha sido necesario adoptar actuaciones adicionales”.

D

Sin embargo desde el sindicato reiteran que no se trata de un hecho aislado. “El problema es que no es la primera vez que un techo se desprende repentinamente en Txagorritxu” y aseguran que se han vivido episodios similares en los vestuarios utilizados por personal de Osakidetza, en la zona de Rayos X por la que transitan trabajadores, pacientes y familiares, o en almacenes vinculados al servicio de limpieza en la planta -2.

Además, recuerdan que en los años 2014 y 2017 se produjeron otros desprendimientos, como del derrumbe de parte de un techo en la sexta planta del Hospital de Txagorritxu o la caída del falso techo de una habitación de la planta 1C, lo que llevó a desalojar preventivamente la planta. “Tras aquel incidente, Osakidetza anunció un plan para revisar el resto de habitaciones y dependencias del HUA Txagorritxu. ”Si hace años ya se detectaron problemas de este tipo y se anunciaron revisiones preventivas, ¿por qué continúan produciéndose desprendimientos en diferentes puntos del hospital?“, se preguntan desde el sindicato. ”De hecho, tras el incidente del día 17 se nos ha comunicado también que determinados techos habían sido revisados por el Servicio de Arquitectura en 2019. Creemos que sería importante conocer cuál fue el alcance de aquella revisión, qué deficiencias se detectaron, qué actuaciones se realizaron posteriormente y qué programa periódico de inspección y mantenimiento existe actualmente“, han indicado.

En este sentido, han reclamado a la dirección de la OSI-Álava “una inspección técnica suficientemente amplia de las zonas susceptibles de presentar problemas, un programa preventivo de revisión y mantenimiento y transparencia sobre las comprobaciones realizadas durante los últimos años”, además de que “se expliquen qué actuaciones preventivas se han realizado, cuáles están previstas y qué garantías existen de que un episodio similar no vuelva a sorprender a trabajadores, pacientes o familiares”.

Salud Pública ha intervenido, con la correspondiente inspección, análisis de muestras y las correspondientes medidas preventivas, en el caso de un brote de salmonelosis registrado en un establecimiento hostelero de Eibar (Gipuzkoa), tras el consumo de tortillas el pasado 9 de agosto, según ha informado el Departamento vasco de Salud. La actuación arrancó después del aviso el 11 de agosto por parte de Osakidetza de la sospecha de un brote de salmonelosis, que permitió identificar 29 casos, de los que 21 fueron confirmados mediante pruebas microbiológicas y ocho se consideraron probables. De las personas afectadas, 25 necesitaron atención sanitaria, nueve fueron ingresadas en hospital y todas ellas ya dadas de alta, según ha indicado el Departamento de Salud.

Desde el Departamento que dirige Alberto Martínez no han dado por válidas las informaciones que atribuían a este brote el fallecimiento de una persona en esta localidad, y han indicado desconocer el motivo de la muerte de esta persona, que está analizando ahora el forense.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Gipuzkoa recibió la notificación del brote el 11 de agosto y aplicó el protocolo propio de estos casos para conocer el alcance del episodio, identificar el alimento implicado y adoptar las medidas necesarias. La intervención se desarrolló en tres ámbitos: Epidemiológico, mediante entrevistas a las personas afectadas y la búsqueda activa de posibles casos; Ambiental y seguridad alimentaria, con inspecciones en el establecimiento y en la cadena de suministro de los huevos; y Microbiológico, mediante el análisis de muestras clínicas, alimentos, huevos y muestras de los manipuladores. Las pruebas realizadas a las personas afectadas detectaron principalmente Salmonella Enteritidis.

Desde el primer momento, entre los días 11 y 12 de agosto, Salud Pública tomó muestras de las tortillas y de los huevos disponibles en el establecimiento. Las tortillas fueron retiradas y destruidas, y los huevos quedaron inmovilizados de forma cautelar mientras se realizaban los análisis correspondientes. Asimismo, se inspeccionaron las condiciones de elaboración, conservación y manipulación de los alimentos. La investigación detectó deficiencias relacionadas con la trazabilidad de los huevos, la limpieza y desinfección de utensilios, la conservación de las tortillas a temperatura ambiente y la prevención de contaminaciones cruzadas.

El establecimiento recibió instrucciones para: mejorar las prácticas de higiene durante la manipulación del huevo; mejorar la limpieza y desinfección de los utensilios entre elaboraciones; garantizar el tratamiento térmico correcto de las tortillas; mantenerlas refrigeradas hasta su consumo; evitar el contacto entre el huevo crudo y los alimentos listos para consumir; mejorar la identificación y el control de los lotes de huevos; aplicar una correcta rotación de las materias primas; y corregir las deficiencias observadas en las instalaciones y en el almacenamiento de alimentos.

Salud Pública también comunicó la situación a las autoridades sanitarias de Aragón, al proceder los huevos de una explotación situada en esa comunidad. En el marco de esta actuación se ordenó la inmovilización y retirada cautelar de los huevos distribuidos a otros establecimientos, a través de la empresa distribuidora.

Como consecuencia de las deficiencias detectadas en la trazabilidad y en la documentación comercial, se prohibió cautelarmente al distribuidor continuar con la actividad de distribución y comercialización de alimentos hasta que acreditase disponer de un sistema completo y eficaz de trazabilidad y de retirada de productos. Salud Pública avanza en el procedimiento de este caso con la valoración del inicio de sendos expedientes sancionadores tanto para la empresa distribuidora como para el establecimiento donde se manipularon los huevos.

A la vista de los datos obtenidos, las tortillas consumidas el 9 de agosto son el alimento con mayor probabilidad de estar relacionado con el brote. Entre los factores que pudieron contribuir al episodio se encuentran el tratamiento térmico insuficiente, la conservación de las tortillas sin refrigeración y posibles contaminaciones cruzadas durante su elaboración. La actuación de Salud Pública ha permitido identificar los casos, analizar el posible origen del brote, retirar productos potencialmente relacionados y establecer medidas para evitar nuevos episodios.

Osakidetza ha adjudicado la redacción del proyecto de rehabilitación y la dirección de obra para la mejora de las unidades destinadas a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas en el Pabellón Ampuero del Hospital Universitario Basurto. Estos trabajos permitirán al entorno contar con espacios más accesibles, modernos y adaptados a estos pacientes. Según ha explicado el Departamento de Seguridad, los trabajos de reforma transformarán por completo las plantas primera y segunda del edificio, donde se concentran las unidades de hospitalización de estos pacientes, que generalmente presentan limitaciones severas de movimiento. La inversión total asciende a 6.025.000 euros.

La superficie total incluida en las obras de reforma alcanza una superficie de 2.300 metros cuadrados, y comprende tanto las zonas de hospitalización como los accesos al pabellón. La ejecución del proyecto tendrá una duración aproximada de 26 meses, y se realizará por fases para garantizar en todo momento el pleno funcionamiento de la actividad asistencial.

El pabellón Ampuero del Hospital Universitario Basurto, acoge actualmente a los servicios de Neurología, Neurocirugía, Rehabilitación y Radiodiagnóstico. La renovación de sus instalaciones, especialmente en las áreas dedicadas a enfermedades neurodegenerativas, mejorarán la movilidad y la experiencia asistencial de pacientes con graves limitaciones motoras, han avanzado. La nueva propuesta de urbanización supone un “cambio en la percepción que el paciente va a tener a su llegada al pabellón Ampuero”, han explicado, ya que se pretende crear un entorno “accesible, ordenado, tranquilo, seguro, protegido de las inclemencias meteorológicas y agradable a la vista en su tránsito hacia el interior del edificio”. Para ello, se construirá una nueva rampa de acceso en dos tramos que vendrá acompañada en toda su longitud por una marquesina de protección con iluminación integrada, para proteger a pacientes de la lluvia.

En la planta primera se planea agrupar los usos hospitalarios en el ala norte, donde se situarán las habitaciones, seis de uso individual y seis dobles para liberar de tránsito a la zona sur, que se reserva a consultas médicas y servicios auxiliares asociados a la hospitalización. Este área contará con seis consultas y podrá habilitar espacios de consulta de mayor dimensión según las necesidades asistenciales.

En la segunda, los usos hospitalarios también se agrupan en el ala norte donde se ubicarán seis habitaciones de uso individual y cuatro dobles, todas ellas dispondrán de baños adaptados y grúa de la cama a la silla; y también se habilitarán dos habitaciones de uso individual para pacientes de ELA, con baño adaptado y acceso con grúa al mismo y situadas próximas al control de enfermería. En la zona sur de la planta, los nuevos usos conviven con la zona de no intervención que va a albergar la Unidad de Ictus y las salas de trabajo de Neurología.

ASGA Arquitectos realizará el proyecto de dirección, una firma que “cuenta con dilatada experiencia en proyectos de reforma integral de edificios y destaca en trabajos en el ámbito sanitario público en Euskadi”, han indicado desde Salud.

Los trabajos de reforma integral del pabellón Ampuero del Hospital Universitario Basurto se enmarcan en el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 del Gobierno vasco, dotado con 1.600 millones de euros y que contempla un total de 74 actuaciones destinadas a fortalecer el sistema sanitario público de Euskadi, han recordado.

La construcción de infraestructuras sanitarias modernas y accesibles se enmarca en los compromisos del Pacto Vasco de Salud, cuya línea estratégica sobre equipamientos establece como prioridad proyectos de diseño, rehabilitación y construcción de nuevos centros que respondan de forma efectiva a las necesidades reales de la ciudadanía, junto al compromiso de garantizar la equidad territorial, incorporar criterios medioambientales y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos de Euskadi.

El Hospital de Tolosa podría sufrir nuevos retrasos en el inicio de las obras tras recurrir una de las empresas el proceso de licitación de la redacción proyecto. El departamento de Salud del Gobierno vasco ha reconocido que la fecha de inicio de la redacción del proyecto de construcción “queda ahora condicionada a la resolución de los trámites de revisión previstos en el procedimiento, lo que podría suponer un ajuste temporal en el calendario inicialmente previsto”, pese a que “Osakidetza ha cumplido con los plazos”, han indicado.

Tras finalizar el pasado mes de junio el proceso de licitación de la redacción del proyecto de la nueva infraestructura sanitaria de Tolosaldea, la Mesa de Contratación de Osakidetza propuso la adjudicación del proyecto a una de las siete empresas participantes en el mismo. En concreto, se adjudicó este proyecto el pasado 23 de junio, por un importe de 4,43 millones de euros, a la empresa Idom Consulting, Engineering, Architecture SA. El procedimiento de licitación ha sido impugnado por una de las empresas que pujaban por hacerse con este contrato, y ahora habrá que esperar a que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) revise el procedimiento de contratación pública “lo que podría suponer un ajuste temporal en el calendario inicialmente previsto”. El inicio de las obras estaba en principio fijado para el año 2028 y su finalización en 2031, una fecha que ahora puede sufrir variaciones dependiendo de lo que tarde en solventarse el recurso.

En la construcción de este hospital, que ocupará una parcela de 8.445 metros cuadrados en la zona de Iurramendi, Osakidetza invertirá 107,6 millones de euros. Este hospital es una antigua reclamación de la comarca porque esta zona de Gipuzkoa es la única de toda la red de Osakidetza sin un hospital público de referencia y se estima que cuando esté operativo dé servicio a más de 66.000 habitantes de 31 municipios de Tolosaldea. En principio, está previsto que cuente repartidas en sus cuatro plantas altas y tres subterráneas un total de 50 consultas externas, tres salas para procedimientos de cirugía menor y múltiples especialidades médicas como cardiología, neurología, ginecología, traumatología o medicina interna, entre otras.

Dispondrá de un área de radiodiagnóstico equipada con resonancia magnética, TAC, ecografía y radiología convencional; una unidad quirúrgica con cuatro quirófanos —uno de ellos especializado en oftalmología— y una unidad de recuperación postanestésica con siete camas y 22 sillones. El centro también incluirá una unidad de endoscopias, hospital de día médico, laboratorio, servicio de farmacia, rehabilitación, hospitalización a domicilio y una base de emergencias.

En cuanto a la hospitalización, el hospital contará con 90 camas distribuidas en tres unidades: pacientes agudos, situaciones especiales (como aislamientos) y media estancia o convalecencia. Además, el servicio de urgencias dispondrá de área de triaje, consultas, zona de observación con 8 boxes y sala de reanimación.

El funcionamiento del hospital requerirá una plantilla de 380 profesionales sanitarios, entre personal médico, de enfermería, auxiliares, celadores y perfiles especializados como fisioterapeutas, optometristas o trabajadores sociales. A ellos se sumarán 98 profesionales de servicios generales.

La construcción de este hospital forma parte del Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 del Gobierno vasco que prevé una inversión de 1.600 millones de euros y contempla un total de 74 actuaciones para modernizar la red asistencial de Osakidetza.

Los Servicios de Atención Primaria y de Urgencias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) han atendido desde el pasado 12 de agosto, día del eclipse solar total, a 211 personas por molestias oculares relacionadas con la observación del fenómeno astronómico.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, en las últimas 24 horas han sido once los casos asistidos por los servicios sanitarios, todos ellos de carácter leve o muy leve. Tres personas acudieron al servicio de Atención Primaria y ocho a las urgencias hospitalarias.

Por territorios, en Bizkaia fueron diez las personas asistidas (dos en Atención Primaria y ocho en Hospitalaria) y una en Gipuzkoa, en Atención Primaria. Ninguna persona ha sido atendida en Álava en las últimas 24 horas.

Osakidetza ya había reforzado el servicio de Oftalmología por las previsibles afecciones en la observación imprudente del eclipse de este pasado miércoles.

El sindicato de limpieza CUT ha denunciado a Osakidetza por reiterados incumplimientos del contrato de la empresa ISS Facility en la OSI Araba, la comarca que aglutina los hospitales y centros de salud de Vitoria y de buena parte de Álava. Se señala la falta de control que se ha realizado por parte de los responsables del Servicio Vasco de Salud sobre la empresa adjudicataria. En concreto, la denuncia penal se personaliza en Carlos Lorenzo, director de Servicios Generales de la OSI Álava, para que sea “el órgano judicial quien determine si su actuación o inacción en el control del contrato tiene alguna relevancia penal”, señalan desde el sindicato. Desde la CUT alertan además de que, pese a los incumplimientos en el pliego de contratación, exista la posibilidad de que esta misma empresa vuelva a ser adjudicataria de una nueva concesión, ya que vuelve a presentarse a las licitaciones valoradas en 77 millones de euros.

El contrato vigente, que data de enero de 2022, está en situación de prórroga forzosa desde el inicio de este año. El sindicato, que tiene una representación del 60% en el sector de la limpieza de la OSI de Álava, denuncia que se han incumplido “obligaciones concretas” contenidas en el contrato, como contar con una maquinaria específica en las instalaciones, sin que se haya realizado ningún tipo de fiscalización por parte de Osakidetza. La adjudicataria del contrato fue la empresa Garbialdi, aunque lo está ejecutando ISS Facility tras comprar la compañía en octubre de 2025.

Según denuncian, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) vigente se establece que “toda la maquinaria mínima debe encontrarse en perfectas condiciones de uso, ser propiedad de la adjudicataria y estar a disposición del contrato en un plazo máximo de un mes desde su firma”. Por ejemplo, para el hospital de Txagorritxu se detallan expresamente decenas de máquinas y equipos, como el tren de lavado, lavadoras y secadora industrial, desinfectacuñas, fregadoras, máquina mopeadora eléctrica, barredora, limpiadores de vapor, hidrolimpiadoras, aspiradores y otros equipos. En la oferta por la que Garbialdi obtuvo el contrato se establecía que toda la maquinaria requerida en el pliego estaría disponible “en el centro” como máximo en el plazo de un mes desde la firma. Si embargo, desde el CUT denuncian que Txagorritxu no dispone de esa maquinaria. “O no está incorporada o no puede ser localizada o acreditada”, afirman.

Los representantes sindicales han planteado la denuncia a través de varios escritos remitidos a la dirección Económica de la OSI Araba, que dirige Fernando Encinar, y a la subdirección de Servicios Generales especificando y enumerando la falta de esa maquinaria y la falta de calidad de los medios y, por lo tanto, el incumplimiento del contrato, y cuantificando las carencias de maquinaria y medios en más de 200.000 euros en los distintos centros de la OSI Álava.

El sindicato recuerda que la subdirección de Servicios Generales, que dirige Carlos Lorenzo, era la que tenía la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los pliegos de contratación y que además existía una Comisión de Seguimiento integrada, entre otros, por Dirección Económica, Medicina Preventiva, Servicios Jurídicos, Subdirección de Servicios Generales, Jefatura de Limpieza y representantes de la contratista que “perdió durante la ejecución del contrato su funcionamiento efectivo y que las reiteradas advertencias sobre maquinaria, materiales y otras deficiencias no dieron lugar a una comprobación integral y documentada de lo realmente aportado”, denuncian. Carlos Lorenzo era la persona encargada del seguimiento del cumplimiento del contrato y de la interlocución con trabajadores y empresa, pero fue sustituido en esta función en el mes de mayo de este año por Alberto Ruiz de Alda, Responsable de Limpieza de la OSI Araba.

Tras los continuos requerimientos por parte del sindicato, el pasado mes de julio la dirección de la OSI trasladó que el PPT no exigía necesariamente que todas las máquinas permanecieran físicamente de manera ininterrumpida en cada centro, sino que “estuvieran efectivamente disponibles para prestar el servicio”, pese a que la CUT insiste en que la oferta adjudicada dice que la maquinaria requerida estaría “disponible en el centro” en el plazo máximo de un mes.

Ante las contradicciones, el CUT ha pedido “una comprobación física y documental para conocer dónde se encuentra cada máquina, su marca y modelo, número de serie, titularidad, factura o documento de adquisición, fecha de adscripción al contrato, estado de funcionamiento y el tiempo necesario para trasladarla al centro cuando se requiera”, así como comprobar que los mismos equipos no estén siendo utilizados de forma incompatible para cumplir simultáneamente otros contratos de ISS“. Sin embargo, ”hasta la fecha no consta que se haya realizado una verificación presencial integral que despeje estas cuestiones“, señalan desde la CUT. ”Ya no es simplemente si una máquina está hoy dentro o fuera del hospital. La pregunta es si existieron realmente durante la ejecución del contrato los medios por los que la adjudicataria se comprometió a prestar el servicio, si estuvieron efectivamente disponibles cuando debían estarlo y qué comprobaciones hizo Osakidetza para asegurarse de ello“.

Ante esta situación, y “tras meses de escritos y requerimientos”, la CUT ha decidido presentar una denuncia penal contra Osakidetza en la persona de Carlos Lorenzo “para que el órgano judicial sea quien determine si su actuación o inacción en el control del contrato tiene alguna relevancia penal. La denuncia plantea investigar su responsabilidad funcional, el conocimiento de los posibles incumplimientos, el funcionamiento de los mecanismos de seguimiento y la documentación relativa a la maquinaria efectivamente incorporada”.

“Nuestra posición no es afirmar que exista un delito ya acreditado. Eso tendrá que determinarlo, en su caso, la Justicia. Lo que afirmamos es que existe documentación suficiente para plantear una pregunta de evidente interés público: cómo puede ejecutarse durante años un contrato de limpieza hospitalaria con obligaciones tan detalladas sobre maquinaria y materiales y que, después de numerosas denuncias, siga sin existir una comprobación física y documental capaz de acreditar dónde están todos esos medios y desde cuándo han estado realmente disponibles”, señalan.

De forma paralela a la denuncia penal, la CUT ya se ha puesto en contacto con representantes parlamentarios para trasladarles toda la documentación, con el objetivo de que, si lo consideran procedente, el Parlamento Vasco o su Comisión de Salud pueda analizar si han existido deficiencias en la supervisión del contrato o algún tipo de responsabilidad en la actuación de Carlos Lorenzo y Fernando Encinar, dentro de sus respectivas funciones de control y gestión.

Nuevo contrato en concurso cuestionado

Por otra parte, el CUT ha impugnado el concurso para el nuevo contrato de limpieza de la OSI, valorado en 77 millones de euros cuyo pliego se publicó en febrero de este año para la limpieza para los hospitales de Txagorritxu y Santiago, sus consultas externas, y los centros de salud de buena parte de Álava. Además de varias cuestiones técnicas, el sindicato CUT cuestiona que el nuevo contrato sea alrededor de 14 millones de euros superior al anterior. Aseguran que desde dirección Económico-Financiera se les ha trasladado como uno de los elementos justificativos de esta subida el coste de la carrera profesional de las trabajadoras, pero el sindicato asegura que el coste de la carrera profesional está entre 1,5 y 2 millones de euros, si que se justifique el incremento restante, aseguran.

“No pedimos que se paralice un contrato público porque no nos guste su contenido. Pedimos algo mucho más básico: que antes de comprometer más de 77 millones de euros durante los próximos años pueda explicarse con precisión qué se está contratando, qué medios son necesarios, qué tareas corresponden realmente a la empresa adjudicataria y de dónde sale cada parte del incremento del precio”.

El sindicato denunció primeramente el pliego de contratación ante la OARC, que acordó cautelarmente suspender el procedimiento de adjudicación. Posteriormente, según la resolución definitiva el recurso no llegó a ser examinado materialmente porque el organismo entendió que CUT “carecía de legitimación activa suficiente para impugnar los pliegos”. Por ello, el sindicato optó por la vía la vía judicial y ha trasladado el tema al contencioso-administrativo, “para que sea un tribunal quien examine las cláusulas cuestionadas”, que identifican “25 bloques de posibles contradicciones, indeterminaciones o deficiencias, relacionadas con el objeto del contrato, maquinaria, residuos, delimitación de zonas, funciones profesionales, plantillas y formación del precio”.

Las empresas que han presentado ofertas para hacerse con el contrato son ISS Facility Services, Acciona, Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, Lacera Servicios y Mantenimiento, Serveo Servicios Auxiliares y Zaintzen.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) había reforzado el servicio de Oftalmología por las previsibles afecciones en la observación imprudente del eclipse de este miércoles, que fue total en Álava y en partes de Bizkaia —incluida Bilbao— y de Gipuzkoa. La consecuencia es que, en las primeras horas tras el fenómeno astronómico, desde las 21.00 hasta las 00.00 horas, 58 personas han tenido que ser atendidas por lesiones oculares leves, a la luz del primer balance oficial.

Son 36 atenciones en las urgencias hospitalarias y 22 en los puntos de atención continuada de la red primaria, según los datos facilitados por la jefa de Urgencias del hospital universitario de Donostia, Oihana Ormazabal. Ha expuesto que, en principio, se trata de “patología leve”, sin “ninguna lesión grave”. El eclipse, finalmente, “no ha interferido en nada” en la “actividad habitual” ordinaria de Osakidetza. “Nada importante,” ha despejado.

No obstante, el seguimiento se mantiene aún en los próximos días. Incluso en el mes siguiente a una exposición inadecuada pueden aparecer los síntomas, como manchas, destellos, cambios en la luminosidad u otros problemas de visión, ha indicado. Según Ormazabal, ha habido “mucha información” y lo ha considerado algo positivo para concienciar a la población.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) da ya por asumido que este miércoles se producirá un “aumento de consultas por la inadecuada exposición ocular” con motivo del gran eclipse y ha concretado el “refuerzo” que se hará en el servicio de Oftalmología. Euskadi es una de las zonas donde se producirá el fenómeno en un 100% a última hora de la tarde y las instituciones están insistiendo en la importancia de usar gafas homologadas y que incluso con ellas las exposiciones de más de 45 segundos seguidos son de riesgo. Se puede leer aquí sobre la observación segura.

En comunicado, el Departamento de Salud ha indicado que se ha activado un “dispositivo especial de refuerzo” en toda la red hospitalaria. Se explica que Osakidetza siempre se prepara para “aquellas situaciones que puedan generar un aumento puntual de la demanda asistencial, con el objetivo de garantizar en todo momento una atención adecuada, ágil y segura”.

En detalle, se indica que “Osakidetza garantizará la presencia de especialistas en Oftalmología en las Urgencias de los hospitales de los tres territorios históricos”. “Así, en los hospitales universitarios de Cruces, Txagorritxu y Donostia, la guardia vespertina y nocturna de los días 12 y 13 de agosto contará además de la habitual cobertura con presencia física de especialistas de Oftalmología, con un adjunto localizado adicional por hospital, reforzando así la capacidad de respuesta durante la noche del eclipse y en la jornada posterior”, se indica. Igualmente, “se ha previsto que los servicios de Oftalmología de estos tres hospitales adapten su actividad en horario de mañana los días 13, 14 y 15 de agosto, habilitando las medidas necesarias para atender una posible mayor afluencia de pacientes con consultas urgentes relacionadas con la exposición a la luz solar durante el eclipse”.

En el resto de la red, los hospitales con servicio de Oftalmología sin servicio de Urgencias (Mendaro, Bidasoa, Alto Deba, Basurto, Usansolo, San Eloy y Alfredo Espinosa) “deberán prever también un incremento de actividad en sus servicios de Urgencias los días 13, 14 y 15 de agosto, habilitando los recursos necesarios para atender a los pacientes que puedan presentar síntomas derivados de la observación del fenómeno astronómico”.

¿Qué se hará con los posibles afectados? “En el primer nivel asistencial los profesionales de Urgencias realizarán una valoración inicial y, cuando sea necesario, derivarán de forma ágil a los especialistas en Oftalmología para una atención más específica”, compromete Osakidetza. “Osakidetza monitorizará de manera continua la actividad asistencial durante la jornada del eclipse y en los días posteriores, adaptando los recursos y activando a los especialistas en Oftalmología necesarios para reforzar los equipos de Urgencias si la demanda lo requiere. También se han previsto espacios específicos en las agendas de trabajo y consultas de los especialistas para atender de forma urgente a los pacientes afectados en los días posteriores al evento solar”, se añade. Se puede leer aquí sobre la observación segura.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad ha informado de que a partir de las 15.00 horas y hasta la medianoche estará activada la mesa de crisis conocida como LABI, de gestión de emergencias. Es la misma que se popularizó en la pandemia de la COVID-19 como responsable de poner y quitar restricciones. “Esta medida tiene un carácter preventivo y busca garantizar una respuesta coordinada ante cualquier incidencia que pueda producirse durante una jornada excepcional, en la que se espera una elevada movilidad y la presencia de numerosas personas en zonas abiertas, miradores y otros puntos con buena visibilidad hacia el oeste”, se argumenta. La jornada se prevé muy calurosa y con riesgo de incendios.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco y Osakidetza iniciarán el próximo 31 de agosto las obras del futuro centro de salud de Elgoibar, que será dos veces mayor que el actual. En el proyecto se invertirán 9,1 millones de euros y se espera que el nuevo centro pueda iniciar su actividad en el segundo trimestre de 2029. La obra está recogida en el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de Osakidetza 2025-2032, dotado de 1.600 millones de euros, y se alinea con el Plan Vasco de Salud.

Tal y como han recordado desde Osakidetza, el nuevo centro se ubicará en la plaza Kalebarren, en uno de los principales ejes del municipio guipuzcoano. Concretamente, se trata de una parcela de 400 metros cuadrados ubicados en un punto central del casco histórico, donde confluyen las tres calles más importantes de Elgoibar: la calle de San Francisco, la calle Errosario y la calle de San Bartolomé. El nuevo centro pasará a sustituir al actual, situado en la calle Bernardo Ezenarro, que data del año 1983 y ha quedado pequeño para dar cobertura a los habitantes de la zona, según recoge Europa Press. Este futuro centro permitirá ampliar la cartera de servicios, ofreciendo una atención más cercana a las personas residentes en Elgoibar, Mendaro y Soraluze, una población cercana a las 18.000 personas. Con una superficie construida de 2.200 metros cuadrados, duplicará las dimensiones del actual, que cuenta con 960 metros cuadrados útiles.

El nuevo edificio contará con seis plantas: dos plantas bajo rasante y cuatro plantas sobre rasante, siguiendo el modelo constructivo aplicado en otros municipios. Estará dotado de un área administrativa, la zona de medicina familiar y de pediatría, un área de atención a la mujer, un espacio destinado a la fisioterapia y una zona para el personal de Osakidetza. En total, dispondrá de alrededor de 26 consultas médicas y de enfermería, así como una sala de cura, la sala de ecografía, la sala de extracciones, salas de urgencias, sala de lactancia, sala de preparación al parto y una sala de fisioterapia.

Para la realización de este proyecto, antes es necesario llevar a cabo el derribo de la edificación existente en la parcela, unos trabajos que arrancan este viernes y que finalizarán a comienzos del año 2027. El próximo mes de septiembre se iniciará la licitación de las obra del nuevo edificio de manera que, una vez finalizado el derribo, puedan arrancar de manera inmediata los trabajos de construcción, que tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Una vez equipado el centro, se espera que pueda arrancar la actividad en el segundo semestre de 2029.

El sindicato LSB-USO ha solicitado a la Inspección de Trabajo que investigue si el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) utilizó personal de una contrata para cubrir servicios de UVI móvil, las únicas ambulancias que no están externalizadas y cuyo personal es plantilla de la Administración. La central, en su escrito, señala que esto se produjo este miércoles, pero añade que “empieza a ser un hecho recurrente en los últimos meses”, pero Osakidetza lo niega de plano.

La denuncia de LSB-USO expone que el técnico y el enfermero de la UVI móvil fueron “destinados a otro servicio distinto del habitual” y que, por orden del centro coordinador de Emergencias, se requirió que fueran sustituidos por personal de la contrata Bizkanb, que es la que gestiona las ambulancias de Osakidetza que sí están externalizadas en Bizkaia, el servicio urgente y el servicio programado. Según el sindicato, conductor y técnico estuvieron acompañados por un médico de Osakidetza y se les asignó una unidad rotulada de Osakidetza y no de Bizkanb.

A LSB-USO, estos hechos le suscitan “importante dudas desde el punto de vista de la normativa laboral”. De hecho, enumera una batería de artículos y reglamentos que habrían podido ser vulnerados por esta decisión. Para empezar, porque son trabajadores “de una empresa privada”, a todos los efectos, en un servicio de prestación pública directa. Es un cambio de medios materiales y de centro de trabajo, y la central pide que se investigue si Osakidetza les formó debidamente en un servicio que es “distinto” a una ambulancia urgente ordinaria de la contrata. Se preguntan, asimismo, quién impartía las órdenes o qué tipo de seguros se aplicarían en caso de haber algún problema.

Desde Osakidetza rechazan que se hayan producido anomalías. Indican, a preguntas de este periódico, que el enfermero de la UVI móvil fue asignado a un “traslado especial” de tipo ECMO (reanimación extracorpórea) y que la UVI se reconvirtió en VIR, otro tipo de servicio de ambulancia diferente. Ese VIR hizo “dos actuaciones conjuntas” con servicios de la contrata, aunque “en ningún caso personal de Bizkanb va en vehículos de Osakidetza”, garantiza el Departamento de Salud. Añaden estas fuentes que “esto se ajusta a la práctica habitual”. “No se produjo la sustitución del personal público de la UVI móvil por trabajadores de la empresa contratista. Tampoco consta que trabajadores de la contratista se integraran en la dotación del vehículo público ni que prestaran servicios en él bajo una organización funcional distinta de la correspondiente a su empresa”, recalcan desde el Servicio Vasco de Salud.

Esta controversia llega en plena tramitación de los nuevos contratos de las ambulancias externalizadas. Osakidetza tiene que regularizar la situación de temporalidad creada a finales de 2024 con la abrupta rescisión de las adjudicaciones a la contratista de Bizkaia y de Álava, la catalana Grup La Pau. Ahora se ha conocido que adeuda 13,6 millones de euros. Fue entonces cuando se creó Bizkanb para Bizkaia, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y de la local Baztan-Bidasoa. En Álava fue la prestataria del servicio en Gipuzkoa, llamada precisamente Ambulancias Gipuzkoa, la que extendió su radio de acción. Osakidetza confía en tener las nuevas empresas en marcha el 1 de enero de 2027, pero hay una lluvia de recursos administrativos presentados contra los pliegos.

Un estudio de Osakidetza ha demostrado que el cribado mediante una prueba de heces ha reducido en 20 años un 50,1% la mortalidad por cáncer de colon entre las personas de 50 a 69 años, según ha informado este jueves el Gobierno vasco en un comunicado. El estudio, publicado por la revista científica internacional JAMA Network Open este pasado miércoles, ha confirmado que, desde la implantación del programa de cribados en 2009, ha evitado más de 6.000 muertes por cáncer de colon.

La investigación ha sido liderada por el doctor Luis Bujanda, clínico del hospital universitario Donostia, junto a un equipo de investigadores de Osakidetza, y de los institutos de investigación sanitaria Biobizkaia y Biogipuzkoa. Tras analizar más de 438.000 fallecimientos entre 2004 hasta 2024 registrados en Euskadi, los datos han registrado un descenso del 50% en la mortalidad por este tipo de cáncer desde 2012, tres años después del inicio del proyecto.

De esta manera, el estudio ha asociado esta bajada al programa de cribado bienal que consiste en una prueba inmunoquímica fecal (FIT), una prueba de heces para detectar esta enfermedad. La participación media en la iniciativa ha alcanzado el 70% y la adherencia al programa ha llegado al 77%, frente al 43% de la media estatal. Más del 70% de los cánceres detectados mediante este sistema han sido diagnosticados en los primeros estadios, “lo que mejora de forma notable las posibilidades de tratamiento curativo”. Asimismo, País Vasco ha sido la primera comunidad autónoma del Estado en ampliar el cribado de cáncer colorrectal a la población de 70 a 74 años.

El Gobierno vasco enmarca “este logro en su compromiso con la prevención”, una de las líneas prioritarias del Pacto Vasco de Salud, y ha destacado que la publicación en JAMA Network Open “reconoce, no solo el impacto clínico del programa, sino también la calidad de la planificación, la continuidad de la inversión pública y la capacidad de coordinación del sistema sanitario vasco”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha señalado que “este estudio confirma que el cribado de cáncer colorrectal es una política pública eficaz, equitativa y de enorme impacto en la salud de la población”. “Euskadi fue pionera en su implantación y hoy vemos que la apuesta ha sido acertada. Estamos salvando vidas”, ha asegurado. Por su parte, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha destacado que “la calidad del proceso, la accesibilidad y la confianza de la ciudadanía son fundamentales”. “Este estudio demuestra que el esfuerzo de nuestros profesionales tiene resultados reales y medibles para la salud de la población vasca”, ha añadido.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha felicitado por los resultados. “Los datos hablan por sí solos: el programa de cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza reduce la mortalidad un 50% entre la población de 50 a 69 años. Detrás de ese dato hay miles de vidas salvadas, diagnósticos precoces, menos cirugías, menos tratamientos agresivos y un sistema sanitario más eficaz y sostenible”, ha escrito en la red social X. “Cuando se combinan investigación, prevención, políticas de largo plazo, participación basada en la responsabilidad ciudadana y la confianza institucional junto con un sistema público fuerte, los resultados llegan. Euskadi sigue consolidándose como un referente internacional en la prevención y detección precoz del cáncer colorrectal”, ha añadido.

Ya es definitivo. Este jueves, finalmente, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado los términos concretos del acuerdo entre Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) para mejorar exclusivamente las condiciones laborales del personal facultativo. Osakidetza lleva sin convenio actualizado desde 2018 y ahora esta modificación deja fuera al resto de categorías profesionales, que son la inmensa mayoría en la Sanidad pública.

Se trata de un pacto que responde a las dinámicas de movilizaciones corporativas en toda España a lo largo de 2026 y que, a la vez, ha soliviantado al resto de sindicatos, que tienen también mayoría en la mesa sectorial del Servicio Vasco de Salud y que anuncian un otoño caliente en forma de protestas y huelgas. El consejero Alberto Martínez ha argumentado que la profesión médica, que es la suya, tiene una “singularidad” especial por sus funciones, responsabilidades y formación. He aquí las claves del nuevo marco laboral.

Los argumentos

El Gobierno, en el decreto que recoge el acuerdo, expone que “en los últimos años se ha destacado la especial dificultad de captación y fidelización del personal médico y facultativo especialista, tanto por factores demográficos como por la creciente competencia por atraer y retener profesionales altamente cualificados entre los servicios sanitarios”. Por eso, “se considera necesario impulsar medidas específicas para mejorar las condiciones de la actividad profesional del personal médico y facultativo especialista, favoreciendo al mismo tiempo la estabilidad de las plantillas, la continuidad asistencial y la calidad de la atención a la ciudadanía”. Se indica que había una “necesidad objetiva” de mejorar la posición de los médicos para “garantizar” esa “continuidad asistencial” que se repite en seis ocasiones en el texto publicado.

Las guardias

Como gran medida, desaparecen las guardias de 24 horas. Se trata de “facilitar una transición progresiva hacia modelos alternativos a las guardias prolongadas de 24 horas, promoviendo fórmulas organizativas más modernas, sostenibles”, dice el decreto. ¿Cómo? “Con el objetivo de avanzar hacia modelos menos prolongados de atención continuada, se permitirá que las y los profesionales puedan acordar voluntariamente fórmulas de distribución de las guardias de fin de semana en turnos diferenciados de 12 horas, siempre que dicha organización resulte compatible con las necesidades asistenciales y cuente con validación organizativa del servicio correspondiente”, se indica.

Además, “se creará un grupo de trabajo donde Osakidetza analizará la situación de los diferentes centros, unidades y servicios de cada OSI [comarca sanitaria] con representantes de personal facultativo hospitalario, con el objetivo de establecer un calendario de acciones que permitan revisar y modificar las estructuras organizativas existentes para establecer medidas de transición progresiva hacia modelos alternativos a las guardias de 24 horas, garantizando en todo caso la asistencia sanitaria de la población y siempre y cuando sea organizativamente viable y sostenible”. Ese estudio “se realizará en el plazo máximo de seis meses tras el cual se planteará un cronograma de un máximo de cinco años de aplicación de los modelos que se acuerden”. Se buscan “fórmulas organizativas que permitan avanzar hacia esquemas más sostenibles y compatibles con el bienestar profesional y la seguridad asistencial”.

Las libranzas

Se ha buscado también una mejora en los tiempos de descanso. Algunos artículos acordados aluden a que “cada guardia presencial (o localizada con actividad presencial nocturna a partir de las 22:00 horas) dará lugar a su libranza, que computará como jornada efectiva de trabajo, no siendo recuperable en ningún caso” o a que “las libranzas de los viernes, sábados y vísperas de festivos podrán disfrutarse en los 25 días posteriores a la realización de la citada guardia”.

Se añade que, “a efectos de libranza, se considerará activación presencial nocturna de guardia localizada aquella situación en la que la o el profesional deba desplazarse físicamente al centro sanitario para la realización de actividad asistencial urgente o no demorable a partir de las 22:00 horas o bien aquella en la que la actividad que venía haciendo se prolongue más allá de esa hora”. “Se posibilitará, de forma voluntaria y con la aprobación de la jefatura o mando intermedio, que las y los profesionales que realicen actividad asistencial de guardia puedan incorporarse a dicha actividad en horario de tarde, a partir de las 15:00 horas, compensando la actividad ordinaria no realizada durante la mañana mediante su recuperación en módulos de actividad vespertina”, se indica.

Igualmente, el decreto prevé que “teniendo en cuenta la penosidad que supone la acumulación de las guardias”, se active “la puesta en marcha de un sistema de hasta dos días de libranza adicionales por acumulación de guardias siempre y cuando se garantice cobertura asistencial. Así, con ”más de 48 guardias“ al año habrá ”un día de libranza adicional“ y, si se pasa de 60, serán dos.

La autoconcertación

Las 'peonadas' o autoconcertación no son guardias, pero sí son turnos extraordinarios para aligerar listas de espera. Las movilizaciones médicas los habían dejado fuera de la ecuación y la demora quirúrgica se ha disparado esta primavera. Ahora se confía en que el acuerdo devuelva a los médicos a esta práctica.

“En lo que a autoconcertación se refiere, mientras se lleva a cabo el estudio y la modificación organizativa que permita reducirla progresivamente, se evaluarán los plazos máximos para procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes y plazos máximos de acceso a consultas de cardiología, oncología y pruebas complementarias no urgentes para garantizar una atención de calidad respetando dichos indicadores”, se indica. Sobre las retribuciones de este servicio, “se acuerda la implantación de módulos de autoconcertación de cuatro horas, con una retribución de 328 euros por módulo”.

Más dinero y límite de edad

Además, se mejora el abono de las guardias. El incremento respecto del valor actualmente retribuido se repartirá en tres períodos, 2026, 2027 y 2028, con un variable ahora e incrementos de 150 euros en el complemento de productividad en los dos ejercicios siguientes“, se expone. Hay mejoras en otros puntos del convenio igualmente. Se puede consultar aquí el documento completo. El consejero Martínez cifró en 75 millones de euros el coste total del nuevo plan de mejoras laborales.

Asimismo, se reducirá hasta los 50 la edad para hacer guardias. “Se realizará un informe sobre el impacto en la actividad asistencial de la reducción de la edad de exención de guardias con el objetivo de iniciar el 2027 una reducción progresiva anual de la edad para dicha exención hasta los 50 años”, apunta textualmente el decreto. En 2027 bajará ya de 55 a 54 años, en 2028 a 53, en 2029 a 52 y en 2030 se quedará ya en los 50.

Para los ambulatorios

El SME y Osakidetza han acordado medidas para atención primaria también. Por ejemplo, se quiere disminuir la burocracia con un sistema “inminente” de “transcripción de voz” de las consultas en los ambulatorios así como que el personal de enfermería haga “triaje” de pacientes para no saturar a los facultativos. Y se añade un “pilotaje de actividad asistencial limitada a cinco horas con autogestión de las agendas y un máximo de 30 actos médicos al día (150/semana)”.

También se prevé la autoconcertación para reducir esperas en las citas. Se habla de “módulos de cuatro horas, con una actividad de seis pacientes por hora (24 pacientes por módulo)”. En los PAC, ambulancias y Urgencias, se podrán hacer “módulos de cuatro horas, con una actividad asistencial adaptada a las características de cada dispositivo y a la franja horaria correspondiente”.

En los últimos tres días, las playas de Donostia han izado la bandera amarilla junto a la de medusas ante la presencia de carabelas portuguesas. Por temor a las picaduras, muchos bañistas han restringido sus baños en el mar, aunque otros se muestran tranquilos ante esta posibilidad. Si bien los ejemplares avistados en la costa vasca no suelen ser de gran tamaño, el servicio de Emergencias de Osakidetza ya atendió este lunes a siete personas afectadas, por ejemplo.

La carabela portuguesa ('Physalia physalis') no es en realidad una medusa, sino un organismo colonial, conocido como sifonóforo, compuesto por organismos polipoides y medusoides modificados que se dividen funciones para actuar como un solo organismo. Posee una vela gelatinosa de entre 15 y 30 cm, el ejemplar adulto, que le permite desplazarse con los vientos y las corrientes. Mientras, de su cuerpo cuelgan tentáculos que pueden alcanzar los 10 metros de longitud. Estos tentáculos contienen toxinas con efectos neurotóxicos y cardiotóxicos que provocan un dolor muy intenso en el ser humano.

Según el Departamento de Salud, las siete asistencias del lunes 3 de agosto se distribuyeron por diversos puntos de la comunidad y no solo en Donostia. En Ereaga (Getxo) se trasladó a una mujer de 58 años al hospital Alfredo Espinosa; en Barinatxe (Sopela) hubo dos asistencias con el traslado de una mujer de 32 años; y en Plentzia se atendieron a dos personas, incluyendo a un niño de nueve años evacuado al hospital de Cruces. Asimismo, en Zarautz se registró un traslado a un centro de salud y en Ondarreta (Donostia) se realizó una asistencia sin necesidad de traslado.

Las recomendaciones para tratar la picadura de una carabela portuguesa son similares a las de las medusas comunes. Además de buscar ayuda de los socorristas, las autoridades aconsejan no rascar ni frotar la zona afectada, limpiar la herida exclusivamente con agua de mar –nunca con agua dulce, ya que puede agravar la lesión–, retirar los restos de tentáculos con pinzas o guantes y aplicar frío o hielo en una bolsa durante cinco minutos.

Durante la tarde de este martes, la playa de la Zurriola mantenía las banderas de precaución izadas. El servicio de socorrismo ha confirmado a este medio un descenso en la afluencia de bañistas y ha señalado que se había alertado a las escuelas de surf, muchas de las cuales han optado por cancelar sus cursos. En contraste, el alquiler de toldos no parece verse afectado. “Veo la misma cantidad de gente”, señala un trabajador de la zona.

Por su parte, desde el sector del surf describen una baja leve en los alquileres pese a los incidentes. En Bera Bera Surf explican que, de un centenar de personas en el agua, solo dos resultaron picadas. No obstante, un monitor de la empresa le cuenta a este periódico que desea una mayor regulación y protección ante el riesgo de picaduras, mencionando que en zonas como Tenerife, más habituadas a esta especie, las escuelas cuentan con pomadas específicas.

Entre los usuarios existe división de opiniones. Una residente sueca afirma no temer al sifonóforo al no haber visto ninguno y conocer casos de picaduras sin mayores consecuencias. Por el contrario, una turista inglesa expresa su temor a entrar al agua y considera que no se facilita suficiente información a los extranjeros. A su juicio, el incremento de esta presencia de esta especie es una evidencia del cambio climático.

Finalmente, un donostiarra recuerda que la presencia de este organismo no es nueva, aunque ahora es más frecuente. El residente relata a este medio cómo los tentáculos le dejaron marcas en el pecho y el pie que tardaron semanas en desaparecer hace 12 años. Pese a que destaca la excelente atención de Cruz Roja, advierte que la presencia de carabelas ha aumentado en los últimos tres años. “Antes no era común, pero ahora parece que ha venido para quedarse”, concluye.

Euskadi ha tramitado un total de 105 solicitudes de prestación de ayuda para morir desde enero de 2026, fecha en la que se puso en marcha el nuevo aplicativo informático para el ejercicio del derecho a la eutanasia. Es un número de solicitudes que, en medio año, se aproximan ya prácticamente a las 120 de todo el año 2025, lo que apunta a “un incremento en la demanda a lo largo del presente ejercicio”.

En un comunicado, el Departamento de Salud ha señalado que el nuevo sistema, accesible desde Osakidetza y también desde centros sociosanitarios y privados, permite gestionar las solicitudes de forma “más ágil y estructurada”. Además, refuerza la confidencialidad y garantiza la trazabilidad de todo el proceso, informa Europa Press.

La herramienta actúa también como guía para los profesionales sanitarios, orientando cada paso de la tramitación e integrando la comunicación con la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Euskadi. Para facilitar su uso, se han desarrollado acciones formativas dirigidas tanto a profesionales de Osakidetza como del ámbito sociosanitario y privado. En paralelo, el Departamento de Salud ha impulsado la actualización del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), con el objetivo de hacerlo “más claro, comprensible y útil para la ciudadanía”. Este nuevo modelo, consensuado por un grupo de trabajo multidisciplinar, unifica criterios y se integrará en Osabide Global.

Entre los principales cambios, el documento presenta una estructura más ordenada, separando claramente valores personales, situaciones clínicas e instrucciones sanitarias. También incorpora mejoras relevantes, como un desarrollo más detallado de situaciones como la demencia avanzada, un nuevo apartado específico sobre alimentación en estos casos y una reformulación del apartado de eutanasia, con referencias explícitas a la Ley Orgánica 3/2021 y la posibilidad de dejar constancia expresa de la voluntad de recibir o no esta prestación.

Asimismo, el nuevo DVA concreta aspectos relacionados con la limitación de tratamientos, pruebas diagnósticas o ingresos, e introduce un enfoque más amplio sobre el lugar de atención al final de la vida, teniendo en cuenta también a las personas cuidadoras. En cuanto al registro, el número de voluntades anticipadas formalizadas en 2025, más de 15.000, confirma una “tendencia creciente” en la planificación anticipada de decisiones sanitarias por parte de la ciudadanía vasca.

Agentes de la Ertzaintza adscritos a la unidad denominada SADAE (Servicio de Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias, los que atienden el teléfono 112) están empezando a recoger en sus partes de las incidencias que tramitan que, por la escasez de personal, no están pudiendo prestar el mejor de los servicios. “Rogamos disculpas dado que la vida de una persona está en juego. Ésta no es la forma en la que nos gustaría gestionar las actuaciones”, se puede leer en uno de los informes emitidos en los últimos días.

El SADAE es un grupo de alrededor de medio centenar de efectivos téoricos que opera a turnos continuados de forma centralizada en el centro de coordinación de Txurdinaga, en Bilbao. Allí está también el personal de una subcontrata —los primeros que atienden las llamadas al 112— y enlaces de emergencias de Osakidetza. Los policías son los encargados de coordinar y movilizar recursos.

Fuentes internas indican que la dotación estándar debería ser de ocho personas por turno para toda la comunidad autónoma pero que, en algunos de los últimos días, se han quedado en “cuatro o cinco”. “Antes éramos una referencia, un modelo a seguir. Traían visitas y nos copiaban el modelo. Ahora se está dejando morir. Se quieren tapar cinco sillas con un culo”, exponen estas fuentes, que admiten que se hacen “triajes” para “dar prioridad a lo más grave”. “Te vas a casa mosqueado, con impotencia”, añaden desde el SADAE.

La gota que ha colmado el vaso son dos actuaciones, una en Bizkaia y otra Gipuzkoa, ocurridas a finales de julio. En la primera, que implicaba a una mujer de 56 años “en parada”, se tardó cuatro minutos en localizar un recurso. Ese recurso, una patrulla con desfibrilador, llegó diez minutos después y la ambulancia medicalizada veinte minutos después. En la segunda, quien entró en parada fue una mujer más mayor, de 76 años, que estaba acompañada de una menor. En el acta consta igualmente que “debido a la carga de trabajo” se produjeron algunos retrasos.

Por otro lado, fuentes de Osakidetza alertan de que muchas veces se están haciendo las recepciones de avisos en el 112 sin personal médico. El Servicio Vasco de Salud, en todo caso, mantiene una estructura de tres centros coordinadores, uno por capital, con lo que se pueden derivar evaluaciones médicas a los otros territorios.

Fuentes oficiales del Departamento de Seguridad, por el contrario, indican que las emergencias se atienden correctamente en Euskadi. “No hay incidencia que no se haya atendido, ni siquiera en los momentos con más llamadas”, precisan. El actual lehendakari, Imanol Pradales, visitó en noviembre de 2024 el centro coordinador de Txurdinaga. Eran justamente los días posteriores a la dana que arrasó Valencia. Allí, Pradales anunció inversiones “relevantes” en materia de emergencias y destacó la eficacia del modelo vasco del 112. “Invertiremos lo que necesitemos para reforzar las instituciones y que la sociedad pueda estar protegida y autoprotegerse”, manifestó.

El camino hacia la regularización de la mayor contrata de Osakidetza, la de las ambulancias, se le puede complicar al Gobierno vasco. Los sindicatos LAB, ESK y ELA han formalizado ya recursos administrativos contra los pliegos de la licitación y fuentes de UGT y de LSB-USO indican que están estudiando hacer lo propio. Este periódico ha conocido también que un grupo de trabajadores se está organizando con los mismos fines. Igualmente, son posibles los recursos de empresas del sector y, de hecho, en la vecina Cantabria la asociación AE Trans Sanit ya logró una paralización cautelar del correspondiente concurso.

El plazo se termina este viernes. Después, la pelota quedará en el tejado del denominado OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales). Es un organismo dependiente del Ejecutivo vasco que tiene capacidad para paralizar la licitación si ve base en las alegaciones recibidas. El objetivo de Salud, según expuso el viceconsejero Aritz Uriarte, era que los nuevos contratos entrasen en vigor el 1 de enero de 2027.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se busca regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

En una rueda de prensa en Vitoria este jueves, el sindicato ESK ha explicado el motivo de sus recursos. Consideran que la experiencia pasada con Grup La Pau —el Gobierno vasco acaba de personarse en el juzgado de Barcelona que gestiona su concurso de acreedores porque debe 13,6 millones de su etapa en Euskadi— hace más evidente la necesidad de no externalizar estos servicios públicos. “La gestión directa es mucho más eficiente”, ha dicho Patxi Nicolau. ESK denuncia también que las adjudicaciones temporales para tapar la salida de La Pau a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa “se han prolongado mucho más de lo debido, casi dos años”, y ha lamentado que el modelo, en esencia, no ha sufrido grandes cambios porque las nuevas empresas “siguen acumulando denuncias y sanciones”.

En un comunicado, el sindicato LAB también ha criticado esta licitación y alude a que el PNV mantiene un “modelo neoliberal” gracias a “colaboración” del PSE-EE, su socio en el Gobierno vasco. “Convierten un derecho fundamental en un nicho de negocio y actuación empresarial”, entienden. “Estos contratos suman más de 1.000 millones de euros. Esa cantidad de recursos representa una oportunidad perdida de dimensiones históricas. Con esa inmensa cantidad de recursos públicos no sólo se podría prestar el servicio de ambulancias de forma directa, pública y eficiente, sino que aún quedarían recursos para implementar mejoras estructurales urgentes en el conjunto de la Sanidad pública vasca y reforzarla en beneficio de toda la sociedad”, añade LAB.

En el caso de ELA, ya presentó un primer recurso y el OARC ha comunicado el cierre de ese expediente porque el sindicato desistió. Ahora interpondrán otro porque, según indican, les faltaban algunas cuestiones que han querido incoporar. Las secciones sindicales de ELA en Ambulancias Gipuzkoa y Bizkanb entienden que la licitación “vulnera los derechos laborales” del personal. “No vamos a admitir más empresas piratas”, claman también desde la central, que recuerda que cada trabajador tiene una deuda media de 2.000 arrastrada desde los tiempos de Grup La Pau. “Lo tenemos claro: la publificación es la única solución”, estima ELA.

En UGT, que presentó en 2024 el recurso que supuso el primer hito en el largo proceso que acabó con la rescisión de La Pau unos meses después, explican que se hallan “estudiando” la posibilidad de ir al OARC. Lo mismo trasladan desde LSB-USO, donde ven en los pliegos algunos puntos contrarios a los derechos laborales de la plantilla e incluso a la prevención de riesgos. “Somos trabajadores 'low cost' de Osakidetza: más horas, menos precio y las mismas exigencias”, ironizan desde esta central.

Asimismo, este periódico ha accedido a un escrito de un grupo de trabajadores que también está considerando presentar un recurso. Este colectivo afirma que el consejero Alberto Martínez se comprometió a no ampliar el perímetro de externalizaciones en el marco de su pacto de sal y, al contrario, a ir publificando contratos en la medida de lo posible y entienden que en los pliegos, cuando se crean nuevos servicios y se presentan como mejoras, se está incumpliendo esta premisa.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados. Asimismo, en un documento oficial enviado al Parlamento Vasco, el consejero Martínez indicó que los pliegos han incorporado propuestas de asociaciones de pacientes pero también de los sindicatos LAB y UGT.

Los responsables médicos de Osakidetza están informando a su personal de que está en vigor el acuerdo alcanzado entre la dirección política y el Sindicado Médico de Euskadi (SME) para mejorar las condiciones laborales de los facultativos exclusivamente (y no del resto de los sanitarios), dotado con 75 millones de euros. Por ello, están ya pidiendo nombres de voluntarios para que se retome la denominada “autoconcertación”, que son las horas extraordinarias de quirófanos que se hacen para reducir las listas de espera y que habían desaparecido por las huelgas médicas que se han sucedido desde comienzos de 2026.

El conflicto con los médicos tiene dos escenarios, Madrid y Vitoria. En la capital de España, la ministra de Sanidad, Mónica García, acordó un estatuto marco para regular las condiciones de todo el personal y lo pactó con la mayoría sindical del Sistema Nacional de Salud (SNS), conformada por Satse, CCOO, UGT y CSIF. Los sindicatos médicos y otros movimientos sin representación (como el MUD) lo rechazaron y demandaron una regulación propia y diferenciada para los facultativos e iniciaron huelgas de una semana al mes y, además, decidieron no hacer servicios de “autoconcertación”, también conocido como “peonadas”.

La consecuencia, en Euskadi, es que las listas de espera se han disparado, al igual que las derivaciones a la privada. A finales de mayo, cuando se dieron los últimos datos, la demora para pasar a quirófano se situaba en 77,4 días, muy por encima de los 54,2 de finales de 2025.

El consejero vasco de Salud, el doctor Alberto Martínez, se ha opuesto desde el inicio a las propuestas de García —hasta el punto de liderar a comunidades autónomas de todos los partidos políticos contra la ministra de Sumar— y, además, ha negociado con el SME, que no tiene mayoría en la mesa sectorial, una mejora de las condiciones laborales solamente para los médicos por su “singularidad”. El movimiento puede desactivar huelgas médicas o al menos el plante con la “autoconcertación”, pero aboca a un otoño caliente de movializaciones de la mayoría sindical.

En todo caso, la cadena de mando interna de Osakidetza ya se ha puesto a trabajar y se han enviado correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a los facultativos, según constatan fuentes internas, para ir organizando de inmediato turnos de “autoconcertación” a partir de septiembre, a la vuelta de las vacaciones. El SME manifestó que el final de las huelgas depende más de las decisiones en relación al Ministerio de Sanidad, pero sí concedió que el acuerdo en Osakidetza serviría, al menos, para retomar esas “peonadas”.

“Leed el acuerdo. Es necesario que os pronunciéis individualmente cada uno de vosotros si vais a hacer AC [autoconcertación] a partir del 7 de septiembre en el grupo de 'watsap' de AC antes del viernes 31 de julio a las 8 horas”, se puede leer en una de esas comunicaciones internas que han empezado a ser enviadas a las 24 horas de que el consejero Martínez hiciera oficiales las mejoras.

Según las fuentes consultadas, el nuevo modelo está ya en vigor con carácter retroactivo a 28 de julio, el momento de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Sin embargo, no se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) hasta el 4 de agosto. Entre sus mejoras está la desaparición de las guardias de 24 horas, mejoras en el pago de las horas fuera de los turnos y nuevos sistemas de libranzas.

La mayoría sindical en Osakidetza, conformada por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT —y apoyada por ESK desde fuera—, ha respondido este miércoles al acuerdo de mejora de condiciones laborales exclusivamente para el colectivo médico, aprobado ya definitivamente este martes, con el anuncio de una “dinámica de huelgas y movilizaciones” en otoño. El calendario, eso sí, no ha sido definido y se hará “después del verano”.

El consejero Alberto Martínez confirmó ya la entrada en vigor del pacto alcanzado con el SME y que tendrá una dotación total de 75 millones de euros. Para el resto de organizaciones con representación en Osakidetza, en cambio, “no da respuesta a las reivindicaciones del colectivo ni afronta los retos estructurales del sistema sanitario público vasco” y consolida un modelo de “autoconcertación”, es decir, de abono de horas extraordinarias para reducir listas de espera sin ampliar la plantilla estructural.

Asimismo, critican que Osakidetza ha operado “fuera de los cauces ordinarios de negociación colectiva, debilitando el papel de la mesa sectorial”, tras unas conversaciones bilaterales con el SME, “que no puede ser considerado como único interlocutor válido del colectivo médico”. “El futuro de Osakidetza no puede construirse mediante respuestas parciales ni acuerdos que afecten únicamente a una parte de la plantilla. Cualquier reforma del sistema sanitario debe abordarse de manera global, contando con la representación de todos los colectivos profesionales y garantizando la cohesión de los equipos asistenciales”, han dicho.

La plataforma de la unidad sindical incluye la exigencia de un convenio para toda Osakidetza —el anterior es de 2008—, políticas para “mejorar” el sistema sanitario público y “respeto” para las mayorías representativas. Satse y los cuatro sindicatos de clase, en una rueda de prensa en Bilbao, han querido recalcar también que sus reclamaciones “no se dirigen contra ningún colectivo” aunque el consejero Martínez haya buscado, a su juicio, “enfrentar” a los diferentes grupos.

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco han dirigido un escrito al juez Raúl Nicolás García Orejudo, titular de la plaza 7 de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, para poder estar personados en el concurso de acreedores de la empresa de ambulancias Grup La Pau, que fue contratista de Osakidetza hasta finales de 2024. Según la documentación oficial presentada, la cooperativa de Badalona adeuda a la Administración vasca 13,6 millones de euros.

Grup La Pau era la adjudicataria del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia y Álava, tanto las urgentes como las programadas. A finales de 2024 el Ejecutivo rescindió antes de tiempo los vínculos contractuales con la compañía por la acumulación de deudas, sanciones y otras irregularidades, aunque solamente unos meses antes insistía en poner en valor su solvencia. El Gobierno vasco tuvo que formalizar dos contratos de urgencia, uno para Álava y otro para Bizkaia, para garantizar la continuidad de un servicio esencial. Se eligió a Ambulancias Gipuzkoa, la contratista en ese territorio, para que expandiera su rango a territorio alavés y, para Bizkaia, se optó por una nueva marca, Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa. Es precisamente ahora cuando se ha abierto una licitación ordinaria para regularizar la situación.

En paralelo, los antecedentes de Grup La Pau no impidieron que accediera a una adjudicación en Catalunya, aunque en junio entró ya en concurso de acreedores, un escenario que se venía barruntando ya desde sus últimos meses en Euskadi. El administrador concursal es Jordi Albiol y el juzgado responsable es el 7 de la sección mercantil de Barcelona, ya que la compañía siempre ha estado domiciliada en Badalona.

En el marco de este proceso y según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, el 15 de julio una letrada de los servicios jurídicos del Gobierno vasco dirigió un escrito al juzgado y, en él, insistía en que la cooperativa “figura como deudora” de la Administración autonómica. La “cuantía total” supera los 13,6 millones de euros, que se desglosan en 9 millones en impagos al personal, 0,9 en “penalidades”, 1,6 en reclamaciones judiciales pendientes y más dinero en otro montón de conceptos que abarcan desde multas de los vehículos hasta 71.063 euros en alquileres pendientes por el uso de una base de los Bomberos de Álava.

Los informes adjuntos al escrito de personación recuerdan que uno de los puntos críticos llegó en el verano de 2024 cuando Grup La Pau no abonó la paga extraordinaria de julio a la plantilla. También hubo impagos de complementos de antigüedad o en períodos de bajas laborales. Ahora, hay un goteo de reclamaciones judiciales contra la empresa de sus antiguos trabajadores. Según los datos de los servicios jurídicos vascos, las peticiones ascienden ya a 1,7 millones y, sin excepción, los juzgados de lo social están condenando al Ejecutivo a pagar como responsable solidario. De momento, las arcas públicas han adelantado ya 141.559,54 euros sólo por estos procedimientos y el resto se tendrá que abonar igualmente.

Sumados todos los conceptos, Salud ha tenido que poner más de 10 millones de euros para ir tapando los agujeros que dejó Grup La Pau. En su momento, se habló de unos 12 millones en avales y garantías constituidos a la firma de las diferentes adjudicaciones para hacer frente a posibles eventualidades, pero ahora se rebaja esa cifra a 8,9 millones. Ahora, el Gobierno vasco se siente con “legitimación activa” para “personarse en el procedimiento concursal” en “defensa” del “crédito” de 13,6 millones.