Fuentes próximas a los dos únicos imputados que finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados en una fecha indeterminada en el caso de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, una opositora del examen de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal, señalan con rotundidad a este periódico que no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno por el que puedan recibir una pena rebajada a cambio de confesar irregularidades. El próximo lunes, 20 de abril, se celebrará una vista preliminar en la Audiencia de Álava donde, entre otras cuestiones previas, se tocará la posibilidad de una conformidad, una hipótesis lanzada en su momento por la Fiscalía pero que no tiene visos de cristalizar.

Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología. Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen, de cuyo tribunal era integrante, a la opositora, a la que le unía un vínculo familiar. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, los sindicatos personados piden penas más elevadas que la Fiscalía. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El doctor y la opositora, de su lado, han presentado ante el juzgado brevísimos escritos de defensa con una premisa muy clara. Al contrario de lo que ha concluido la investigación, garantizan que no se intercambiaron el material y, por consiguiente, “donde no hay delito no hay autor”. Las fuentes consultadas insisten en esa tesis e incluso aventuran que la vista previa apenas durará “cinco minutos” porque no hay nada que acordar antes del juicio, cuya fecha es desconocida. Sí se deberá de concretar si, como desea LAB, el consejero en el momento de los hechos, Jon Darpón, acude o no como testigo a la vista oral.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha puesto en marcha una nueva red, denominada HaurSare, de atención especializada y coordinada a niños y adolescentes con patologías crónicas complejas y necesidades de cuidados paliativos. Tras la polémica suscitada el pasado año, se pretende garantizar “atención continuada 24 horas al día, 7 días a la semana en toda Euskadi y también en el domicilio”. El nuevo modelo “conecta todo el sistema sanitario”, contará con equipos multidisciplinares hospitalarios, incorporará la figura de la enfermera gestora de casos y tendrá guardias localizadas y, si es preciso, con atención presencial.

HaurSare se ha presentado este miércoles en una comparecencia en Bilbao en la que han participado el consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la responsable de Pediatría, Iratxe Salcedo. En función de los datos de Osakidetza, los niños y adolescentes con patología crónica compleja representan el 6,8% de la población pediátrica y alrededor de 90 de cada 10.000 menores necesitan cuidados paliativos. No obstante, su impacto sobre el sistema sanitario es “mucho mayor”, dado que concentran aproximadamente el 20% de las hospitalizaciones pediátricas, más de la mitad de las estancias en UCI y ocho de cada diez fallecimientos hospitalarios pediátricos, informa Europa Press.

Detrás de estas cifras, ha remarcado Alberto Martínez, están “familias que necesitan acompañamiento continuado, respuestas rápidas y cercanas, y coordinación real”. Además, gracias a los avances de la medicina, cada vez más menores sobreviven con enfermedades graves, crónicas y complejas, que requieren “una atención más prolongada, más integrada y mejor coordinada” entre atención primaria, hospitales, domicilio, servicios sociales y ámbito educativo.

En este marco, se pone en marcha HaurSare, que responde a los compromisos del Pacto Vasco de Salud al “reforzar una forma de trabajar más integrada, más humana y más orientada a las necesidades reales de las personas” y se enmarca en el Plan Estratégico de Cuidados Paliativos. La red, ha apuntado el consejero, “no parte de cero”, sino del trabajo que ya realizan numerosos profesionales de Osakidetza y que “ahora contarán con una estructura clara, organizada y sostenible”. El nuevo modelo organiza la atención como “un continuo asistencial” que se adapta a la fase de la enfermedad y al nivel de complejidad de cada menor, para lo que se utilizarán herramientas de valoración validadas (como PaPas y PedCom).

El proyecto incorpora como “figura fundamental”, para mejorar la coordinación y la continuidad asistencial, la enfermera gestora de casos en cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos. Esta profesional, especialista en pediatría y con alto nivel de conocimiento en paliativos, liderará la gestión de casos complejos, realizará atención domiciliaria avanzada y servirá de enlace entre hospital, atención primaria, familia, escuela y servicios sociales. En total, el despliegue prevé una red de 16 enfermeras distribuidas en las distintas comarcas sanitarias, con el objetivo de reforzar la capacidad de seguimiento, apoyo y acompañamiento a lo largo de todo el proceso de enfermedad.

Por otro lado, también se da un papel específico al acompañamiento emocional, de manera que, para la atención de cuidados paliativos pediátricos y duelo perinatal, se prevé contar con un psicólogo por territorio en Bizkaia y Gipuzkoa y con atención compartida con la unidad de paliativos de adultos en Álava. El objetivo es ofrecer apoyo especializado tanto a los niños y adolescentes como a sus familias, en todas las fases del proceso.

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha subrayado la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables, dado que este factor representa un 50% de la salud de cada persona. Martínez, a través de una vídeo-entrevista remitida por el Departamento de Salud con motivo del Día Mundial de la Salud, ha destacado que un sistema sanitario, “por muy bueno que sea”, genera un efecto en la salud de en torno a un 10%.

El consejero ha añadido que, por su parte, la biología o la genética representa un 20% de la salud, cifra similar a la que implica el nivel socioeconómico. No obstante, el elemento que mayor influencia tiene en la salud de las personas es el de los hábitos de vida, que suponen un 50% de ese impacto, según recoge Europa Press.

De esa forma, Martínez ha destacado la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables, entre los que se incluye cuidar la alimentación, mantenerse activos, hacer ejercicio, relacionarnos con otras personas, “ser capaces de desconectar”, no fumar, tener un consumo moderado de alcohol, y evitar situaciones de riesgo. En este sentido, ha subrayado que la tasa de consumo de candabais entre jóvenes vascos de 15 a 21 años es “la más alta de España”, y que, a su vez, la tasa de España es la más alta de Europa después de Francia.

Un varón de 48 años ha sido detenido este lunes en la localidad vizcaína de Berriz por un presunto intento de homicidio. Según las primeras informaciones, ha apuñalado varias veces a su pareja, que ha resultado herida de gravedad. Sus hijos y un vecino han conseguido frenar la agresión, según ha informado la Ertzaintza y recoge Europa press.

Sobre las 7.20 horas de este lunes, una llamada telefónica ha alertado a la Ertzaintza de un posible apuñalamiento en un piso de Berriz. Los agentes desplazados al lugar han encontrado al agresor en la calle, tras lo que ha sido reducido, y a la víctima, de 38 años, en el interior del piso en estado grave, con varias heridas por arma blanca.

Después de particarle la primera patrulla un torniquete, la mujer ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Cruces, en Barakaldo. Al parecer, el hombre ha apuñalado repetidas veces a su pareja, una agresión que han conseguido frenar los cuatro hijos de la pareja y un vecino. Una de las hijas de la víctima, de 15 años, ha resultado herida de pronóstico más leve al interceder para parar la agresión.

El hombre, de 48 años, ha sido detenido acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos acontecidos.

Estos hechos llegan unos días después del asesinato de otra mujer de 44 años en Basauri, presuntamente también a manos de su pareja. En Euskadi, existe el teléfono SATEVI, el 900 840 111, como atención a víctimas de violencia machista. Es un servicio de atención, por vía telefónica o telemática, que ofrece información y orientación y funciona las 24 horas al día y los 365 días al año. Es un servicio confidencial, al que se puede llamar de forma anónima. En caso de emergencias, la referencia es el 112.

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (conocido por las siglas OARC y que analiza recursos contra licitaciones) ha desestimado una denuncia relacionada con el caso del exjefe de seguridad de Osakidetza, un ertzaina que falseó su titulación universitaria y que ha acabado despojado de su cargo y denunciado en un juzgado de Vitoria. Un particular, J.C.V.M., planteó que se revisara la “legalidad” de la adjudicación del servicio de vigilancia de Osakidetza, gestionado por el denunciado, Juan José Quiñones. Sin embargo, el OARC estima que ese tipo de actuaciones no entran dentro de sus competencias.

El puesto de responsable de Seguridad en el Servicio Vasco de Salud fue creado a la luz de hechos como el secuestro de bebé en la maternidad de Basurto, ocurrido en 2022. El nombramiento del ahora destituido se produjo en 2023 tras un proceso de designación en que fue el único candidato y en el que se ajustaron algunos requisitos para adaptarlos a su perfil. Durante dos años, Quiñones ocupó un puesto con un salario superior a los 60.000 euros anuales incumpliendo la premisa de tener una titulación universitaria. Había presentado un título de la EHU que se dio por bueno. Venía compulsado por el Ayuntamiento de Getxo. A finales de 2025, se produjo una revisión de su expediente, se comprobó la falsedad y Quiñones fue despedido y denunciado. Actualmente está abierta una causa penal en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Durante los dos años de Quiñones en el cargo, aparentemente con un salario superior a los 60.000 euros anuales, participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros. Se trata de dos adjudicaciones de 36,7 millones para la vigilancia de los centros sanitarios de Bizkaia, por un lado, y de Gipuzkoa y Álava, por otro, que recayeron en las compañías Prosegur y ALSE, respectivamente. Y también de otro expediente para la seguridad de los centros de la red de salud mental de Bizkaia, de nuevo para ALSE (11,1 millones). Los otros expedientes son contratos menores, por debajo de 15.000 euros, a Riskless y SDS.

La denuncia al OARC demandaba revisar la “legalidad” de las contrataciones. “Que se verifique la habilitación administrativa y profesional de la persona que intervino como director de Seguridad en la elaboración o firma de la documentación técnica del expediente”, se solicitaba, además de reclamar las “medidas necesarias” en el caso de que se constataran las “irregularidades”.

Sin embargo, el 13 de marzo el OARC inadmitió el caso. Expone que su intervención está tasada para revisar licitaciones y sostiene que la comunicación recibida sobre Osakidetza “ni siquiera se identifica como recurso”. “Es una mera denuncia de la que difícilmente puede defenderse el poder adjudicador y sobre la que mal pueden alegar otros interesados. Por ello, si este órgano la tramitara como recurso estaría favoreciendo la indefensión de Osakidetza y de los demás interesados y concediendo una ventaja antijurídica a quien no ha formulado con una mínima concreción su posición”, argumenta la resolución. Se indica, eso sí, que cabe recurso ya ante la Justicia ordinaria, concretamente ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En mayo, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pondrá en marcha los servicios especializados para personas trans en su red de atención primaria. Habrá uno por cada territorio histórico. Estará disponible en el centro de salud del Casco Viejo de Donostia, en Gipuzkoa; en el ambulatorio de Deusto de Bilbao, en Bizkaia; y en el centro de salud Lakua-Arriaga de Vitoria, en Álava. Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi, presentada este jueves.

Este servicio ya había sido anunciado hace un año, el 31 de marzo de 2025, Día Internacional de la Visibilidad Trans. En aquel momento se indicó que se pondría en marcha a lo largo de 2025, sin concretar fechas. Hasta ahora, la atención sanitaria a personas trans se concentra en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del hospital de Cruces, en Barakaldo.

El médico especialista Oskar Ayerdi ha explicado que el servicio permitirá realizar dos consultas iniciales con profesionales de enfermería y psicología. Estas tendrán como objetivo garantizar y planificar “un acompañamiento que respete las diversidades, la autodeterminación y las distintas necesidades que cada persona manifieste”.

Junto a este servicio, se plantea una “descentralización progresiva de determinados procedimientos”, entre los que destacan la terapia hormonal, algunas intervenciones quirúrgicas y la reproducción asistida. La unidad de Cruces se mantendrá como referencia para los casos de mayor complejidad.

La directora general de Osakidetza, Lorea Bilbao, ha señalado este jueves que la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi busca ofrecer un servicio “integral”. Para ello, se ha contado con más de 40 redactores: asociaciones, profesionales sanitarios y personas trans junto a sus familias. El documento tiene como objetivo que la Sanidad pública sea un espacio donde estas personas se sientan “escuchadas, respetadas y seguras”.

Ayerdi ha detallado que la guía incluye un recorrido histórico del tratamiento sanitario a las personas trans en Euskadi, una fotografía actual del servicio y un plan de acción. Ha señalado que el documento responde a las “necesidades de una sociedad cambiante” y que constituye “una forma de consolidar la unidad y la red”, facilitando la distribución de tareas.

La guía responde al artículo 22 de la ley aprobada en 2024 por el Parlamento Vasco. Precisamente esta misma semana se ha anunciado también que, al calor de ese texto, se ha decretado el 20 de noviembre como día de la memoria trans. La ley fijó que Osakidetza debería arbitrar “medidas adecuadas”, en colaboración con asociaciones, profesionales de la salud, personas trans y sus familias, “para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en materia trans”. Y siempre desde el enfoque de la despatologización.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pretende desterrar “de aquí a verano”, es decir, en menos de tres meses, la práctica “de siglos pasados” de que las farmacias tengan que recortar el código de barras de la caja del medicamento y luego pegarlo para poder justificar ante la Administración el abono de la diferencia entre el coste real y el costeado por el paciente. Técnicamente, el nuevo sistema de pagos totalmente digitalizado se llama “implantación del sistema de facturación por código datamatrix”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, el director de Farmacia, Iñaki Betolaza y, entre otros, la responsable de los farmacéuticos alaveses, Milagros López de Ocáriz han realizado el anuncio este lunes delante de la farmacia Puente del centro de Vitoria, que cumple dos siglos este 2026. López de Ocáriz, presidenta del colegio de farmacéuticos de Álava, ha señalado que la receta electrónica llegó a Osakidetza en 2013, pero que luego se ha tenido que extender a las prescripciones de la red privada, a las mutualidades y a la dispensación veterinaria. Ahora se está desarrollando un proyecto piloto con las mutuas laborales (en este caso con la entidad Mutualia) y también “queda el datamatrix”.

El consejero Martínez ha puesto en valor la labor de las farmacias, a las que ha definido como “el primer contacto de la ciudadanía con el sistema sanitario”, particularmente para personas mayores y vulnerables. Ha apostado por un modelo más “comunitario” y “asistencial”. “En los momentos de duda o enfermedad, alguien entra con una inquietud y sale con una respuesta”, ha dicho sobre las boticas. Ha puesto el ejemplo de la pandemia de la COVID-19: “Estuvisteis siempre ahí”. López de Ocáriz ha puntualizado que, en Euskadi, las farmacias atienden diariamente a 150.000 personas.

El responsable de Salud, que se ha visto interrumpido en su acto por una paseante que se ha negado a rodear el lugar donde se estaban ofreciendo los discursos justo en la entrada de la farmacia, ha enumerado los programas de colaboración con las farmacias como 'Mumsad', iniciado en 2009, y que atiende a domicilio a 3.000 personas cada mes, la farmacia rural en zonas de poca población de Álava o los planes para asma, VIH, metadona o jeringuillas. También hay un sistema de “comunicación frente a desabastecimientos” desde 2024, para “gestionar incidencias de suministro”, que fueron 318 en 2025 (135 de las cuales fueron elevadas a la Agencia Española del Medicamento).

Martínez quiere también que las farmacias colabora en la dispensación de medicación hospitalaria y mejoren el seguimiento a diabéticos. Euskadi gasta al año 1.000 millones en medicamentos, una cantidad más alta que, por ejemplo, el presupuesto de toda la Ertzaintza.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha anunciado la convocatoria de una oferta de empleo público (OPE) con 5.425 plazas para este 2026. De esas plazas, 2.160 son de nueva creación. El llamamiento, según ha informado el Departamento de Salud en una nota, es para auxiliar administrativo, administrativo, enfermería, auxiliar de enfermería, operario de servicio, celador, fisioterapeuta, técnico de laboratorio y técnico superior de administración y gestión.

Las pruebas se celebrarán entre el 19 y el 21 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, con un nuevo modelo que incluye un examen único con preguntas de tipo test. “Como novedad, las y los aspirantes podrán conservar la nota obtenida en esta prueba para la convocatoria inmediatamente posterior, y además habrá una única prueba tipo test, que aglutinará tanto la parte teórica como la práctica en el caso de aquellas categorías que la tengan”, se explica.

Estos son los detalles que se conocen de algunas de las categorías:

Enfermería

En el turno libre, son 1.056 plazas de acceso general y 81 para personas con discapacidad. Además, de promoción interna, hay 10 de acceso general y 2 para personas con discapacidad.

La prueba se celebrará el 21 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.

Fisioterapia

En el turno libre, son 56 plazas de acceso general y 4 para personas con discapacidad.

La prueba se celebrará el 19 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.

Plazos

Las solicitudes se pueden presentar entre este lunes, 23 de marzo, y el 22 de abril.

Un total de 144.743 personas han dado ya su consentimiento a Osakidetza para recibir comunicaciones a través de WhatsApp, tras haber recibido un SMS informativo oficial en sus móviles, en el que se les invita a habilitar esta vía de comunicación. A lo largo de esta semana, el Servicio Vasco de Salud seguirá enviando a los móviles un mensaje que facilita el acceso al formulario donde se puede otorgar dicha autorización.

Con esta iniciativa, incluida en el Plan de Gestión y Objetivos de Atención Priomaria 2026, y alineada con el Pacto Vasco de Salud, el Departamento de Salud del Gobierno vasco avanza en el proceso de transformación digital de Osakidetza, ofreciendo “una vía sencilla, cercana y accesible para mantener informada a la ciudadanía, sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones y mediante una herramienta integrada en el día a día de gran parte de la población”.

Así, con la puesta en marcha de WhatsApp, Osakidetza ofrece a la ciudadanía una vía de información “más directa, ágil y conectada” con los canales habituales de mensajería que utiliza habitualmente la población. Sin embargo, sin esta autorización expresa, no será posible recibir comunicaciones por WhatsApp.

El consentimiento puede otorgarse de manera sencilla a través del formulario habilitado en la web oficial de Osakidetza o también mediante una llamada telefónica al 945 00 65 00, en la que un sistema de respuesta interactiva guía a la persona usuaria durante el proceso. Este consentimiento podrá modificarse en cualquier momento utilizando las mismas vías. De forma complementaria, Osakidetza está enviando un SMS informativo para facilitar el acceso directo al formulario de consentimiento. El envío SMS por parte de Osakidetza se está realizando a la población mayor de 18 años, y se desarrollará hasta el próximo viernes, 20 de marzo.

En este sentido, el Servicio Vasco de Salud recuerda que, en caso de recibir mensajes solicitando datos personales o con enlaces no oficiales, no se debe interactuar con ellos. Los mensajes enviados a través de WhatsApp tendrán carácter exclusivamente informativo y estarán relacionados con contenidos generales de interés sanitario, como avisos, campañas, recomendaciones o recordatorios útiles para el cuidado de la salud. En ningún caso se incluirán datos clínicos ni información personal. Más adelante, Osakidetza incorporará el recordatorio de citas, que ahora realiza a través de SMS.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dio por bueno el título universitario falso presentado por quien era el único aspirante al puesto de jefe de seguridad en un proceso abierto en 2023, el ertzaina Juan José Quiñones, porque venía “cotejado” por el Ayuntamiento de Getxo. En una respuesta a nuevas preguntas formuladas por el PP en el Parlamento Vasco sobre la destitución en diciembre de este agente al constatarse el fraude, el consejero Alberto Martínez insiste en que tiene que operar un principio de confianza entre instituciones. “No hubo, por tanto, motivos para dudar de la copia compulsada por funcionario del Ayuntamiento”, agrega.

Sin aclarar por qué se decidió a finales de 2025 volver a revisar la documentación de un nombramiento de 2023, Osakidetza insiste en que se hizo “dada la trascendencia y relevancia” de ese puesto dentro de la mayor empresa pública vasca, desde el que también se gestionaban adjudicaciones de vigilancia de hospitales y ambulatorios, por ejemplo. La directora general, Lore Bilbao, se “interesó” por ese nombramiento y fue entonces cuando se conoció el fraude. Bilbao fue nombrada ese mismo 2025 después de haber estado un año como viceconsejera, siempre en el equipo de Martínez.

Sostiene el Gobierno que las revisiones son algo “habitual” en este tipo de cargos, “sin olvidar los procesos de auditoría que se desarrollan en Osakidetza”. El Servicio Vasco de Salud recuerda que, tras comprobar de modo fehaciente que el título de la EHU esgrimido no era real, procedió a la salida del responsable de seguridad y a denunciar los hechos en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

“¿Cómo ha sido posible que durante más de dos años — desde el 20 de noviembre de 2023, fecha de su nombramiento, hasta el 11 de diciembre de 2025, fecha de su cese— nadie de la estructura de Osakidetzahaya realizado investigación o comprobación alguna sobre la autenticidad de la titulación aportada en su día por el señor Quiñones?”, se pregunta el PP sobre este caso.

Osakidetza ha aclarado, a través de una nota, que la OSI Araba, la comarca sanitaria en la que se enmarca el hospital de Txagorritxu de Vitoria, mantiene “abiertos” los canales de diálogo para apuntalar el servicio de cocina del centro hospitalario. La plantilla ha anunciado este miércoles una serie de movilizaciones para protestar, puesto que ve como amenaza el posible despido de cinco trabajadores, que consideran que supondría un “deterioro de la calidad y salubridad del servicio”. Desde Osakidetza, por el contrario, se asegura que “la asistencia está plenamente garantizada”, de tal manera que no habrá impacto “en la calidad del servicio, en los tiempos de distribución de las comidas ni en la atención a los pacientes”.

Con la reorganización de los dos principales hospitales de Vitoria, el de Txagorritxu y el de Santiago, se crearon cinco nuevos puestos. La OSI Araba subraya que aquellos “refuerzos” respondieron a “contrataciones temporales vinculadas a una sitaución excepcional derivada de las obras en 2025”, así como a “necesidades organizativas puntuales del servicio”. “Una vez finalizado este periodo y alcanzado el límite legal de contratación, se está llevando a cabo un análisis de las cargas de trabajo y de la organización del servicio con el objetivo de definir la solución más adecuada”, se abunda en la nota.

Los trabajadores lamentan que se pretenda dejar a la plantilla como si todos los días fueran “de huelga”. “Es cuestión de lógica: si durante todo este tiempo ha sido necesario el trabajo de esas cinco operarias y operarios de servicio y el número de dietas diarias no ha disminuido, esas cinco personas van a seguir siendo imprescindibles, y no hay otra solución que no sea la de incluirlas de manera forman en la plantilla”, plantean. Ante las quejas de la junta de personal de la OSI Araba, la dirección ha recalcado que están “abiertos los canales de diálogo” con los sindicatos.

Los consejeros de Salud de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias, de PNV, PSOE y Coalición Canaria, han enviado de forma conjunta a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, una carta en la que proponen una mediación independiente para desbloquear la huelga médica estatal motivada por los desacuerdos sobre el Estatuto Marco, según ha informado el Gobierno vasco este viernes. En el caso vasco, también se había pedido la cesión de competencias a las comunidades autónomas para que puedan regular de manera autónoma las demandas del colectivo de facultativos.

Los firmantes, Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente, plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico y desbloquear la huelga de ámbito estatal motivada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco. En la misiva, los responsables autonómicos de Salud de estas tres comunidades proponen valorar la designación de una figura de mediación independiente que actúe como marco neutral para el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga. Esta figura tendría como objetivo “abrir un espacio de negociación constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los y las pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos”, informa Europa Press.

A título propositivo, la carta señala que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser “una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general”. En cualquier caso, los consejeros subrayan que la elección concreta de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal, insistiendo en “la urgencia de activar cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación”.

Los consejeros de Salud recuerdan que la huelga de profesionales médicos y médicas en toda España está motivada por los desacuerdos entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad en torno al Estatuto Marco. Aunque se trata de un conflicto de alcance estatal, la carta advierte de que las consecuencias “recaen directamente en los pacientes y en los servicios sanitarios autonómicos, que están soportando una tensión creciente”. Según señalan, el impacto asistencial en el conjunto comunidades autónomas “ya es muy relevante, con una presión añadida sobre los sistemas de salud autonómicos”. Por ello, consideran imprescindible “avanzar hacia una solución dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria”.

La carta traslada a la ministra la “gran preocupación” de los Gobiernos autonómicos por la falta de “avances significativos” en el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico e insisten en que la apertura de un canal de mediación independiente puede “contribuir a un escenario de mayor entendimiento”. Finalmente, los responsables autonómicos de Salud se ponen a disposición del Ministerio para “trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía”. En el caso vasco, según los datos oficiales facilitados, el lunes y miércoles tuvo más impacto esta protesta que la huelga general celebrada este martes.

EH Bildu continúa presionando al consejero de Salud, Alberto Martínez, para que aclare qué ha pasado con el Registro del Cáncer de Euskadi en los últimos años. Como adelantó este periódico en diciembre tras consultar documentos internos de Osakidetza, no se dispone de información sobre incidencia desde 2019 y recientes explicaciones ofrecidas en el Parlamento Vasco constatan que las series estadísticas no se actualizan desde ese momento. El cáncer es la principal causa de muerte en varones y menores de 15 años, y la segunda en mujeres.

La coalición pidió amparo a la Mesa la pasada semana al ver que no se le habían enviado informes sobre la prevalencia de los diferentes tipos de cáncer en los últimos años, como había requerido. Poco después, el consejero ofreció una respuesta “complementaria” con algunas consideraciones adicionales. En ella, sí se alude a entregas de datos recientes, pero con “los datos procesados más actualizados”, sin aclarar el detalle de las fechas.

Ahora la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ha registrado una nueva iniciativa para que Martínez aclare qué material envió realmente Euskadi al REDECAN, el registro estatal, en octubre del pasado año. Y también desea conocer qué se compartió con el ENCR europeo en 2024. En enero de 2026 estaba prevista también una entrega al IACR internacional.

El consejero Martínez, por el contrario, insiste en que “Euskadi es de las pocas comunidades que han aportado datos durante el año 2025”. En todo caso, defiende la calidad del Registro del Cáncer de Euskadi, el “único” con “información integrada de la incidencia en hospitales y atención primaria”. Según el consejero, es “un referente en la detección, la atención, el seguimiento, el registro y la transparencia en información oncológica”.

Los operarios de servicio de la cocina del hospital de Txagorritxu de Vitoria han dado comienzo este miércoles a una serie de movilizaciones para protestar por la amenaza de despido de cinco trabajadores. La plantilla —tal y como ha transmitido en un comunicado la junta de personal de la comarca sanitaria de Álava, la OSI Araba— exige que se mantengan los puestos que se crearon con la reorganización de los centros de Txagorritxu y Santiago y teme que la pérdida de estos empleos acarree también un “deterioro de la calidad y salubridad del servicio”.

Fuentes de Osakidetza explican que este mismo miércoles se ha celebrado una reunión con los sindicatos para tratar de buscarle una solución a la situación.

En la nota de los trabajadores, se cifran en 300 las dietas de diferentes tipos que se preparaban antes de la reorganización de los dos principales hospitales de la capital alavesa. Explican los manifestantes que aquella reorganización supuso un “incremento de 150 diarias”, lo que conllevó la contratación de cinco trabajadores adicionales. “A día de hoy se realizan 450 dietas diarias en total y en breve se pretende dejar la plantilla para todos los días como si fueran días de huelga”, se quejan.

“Es cuestión de lógica: si durante todo este tiempo ha sido necesario el trabajo de esas cinco operarias y operarios de servicio y el número de dietas diarias no ha disminuido, esas cinco personas van a seguir siendo imprescindibles, y no hay otra solución que no sea la de incluirlas de manera forman en la plantilla”, resumen. Achacan la situación actual a “años de abuso de la temporalidad” en un servicio que catalogan como “esencial para el correcto funcionamiento del hospital y determinante para el bienestar de los y las usuarias”.

Tildan, asimismo, de “inaceptable” que se pretendan “perpetuar los servicios mínimos”. “Esta cuestión no solo incidirá en el funcionamiento de las plantas de hospitalización al retrasar la entrega de dichas dietas, sino que además tendrá repercusiones en la limpieza y desinfección de todo el aparataje, ya sea estrictamente de cocina [o] de utensilios utilizados para el transporte de estas dietas a las diferentes plantas. Cuestión sumamente importante en el ámbito hospitalario, poniendo en riesgo la seguridad del paciente”, avisan.

El pasado febrero, tras un proceso de escucha con la Asociación Nacional de Amputados de España (ANDADE), el Departamento de Salud y Osakidetza se comprometieron a revisar la Instrucción 4/2024, normativa vigente en la actualidad, con el objetivo de hacerse cargo de la gestión y coste del servicio funerario de restos humanos procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones y abortos. Era algo de lo que hasta el momento se hacían cargo los pacientes o sus familias.

Recientemente, el Departamento de Salud y Osakidetza han informado de la aprobación de una nueva normativa, la Instrucción 4/2006, que establece el procedimiento para la gestión de los restos humanos de entidad suficiente (procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos). Con ella, el Servicio Vasco de Salud asume, a partir de ahora, la tramitación y el coste de las obligaciones derivadas de la normativa mortuoria para la incineración de estos restos, siempre que exista autorización expresa por parte de la persona paciente o de sus familiares.

Este lunes el Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Departamento de Salud a acordar con ANDADE los plazos para la entrada en vigor del nuevo servicio por el que Osakidetza se encargará de gestionar y pagar la incineración de los restos procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos. La enmienda ha sido aprobada por la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, que este lunes ha debatido sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya proposición no de ley original ha sido rechazada al recibir los cinco votos a favor de la coalición soberanista, ocho votos en contra (PNV y PSE-EE) y una abstención (PP).

“Ha sido un camino largo, pero por fin se ha aceptado que Osakidetza se haga cargo de la gestión y coste de estos restos humanos. Sin embargo, traemos aquí el tema porque consideramos que se debe cambiar el decreto. Sabemos que hay un cambio de Instrucción, pero pedimos un cambio de decreto que de una mayor seguridad jurídica, ya que se puede cambiar una instrucción, pero después volver atrás, sin embargo, el cambio de un decreto es algo que da mayor fiabilidad”, ha explicado Ayem Oskoz, parlamentario de EH Bildu.  

Entre las razones del cambio del decreto, el parlamentario de EH Bildu, ha señalado que está la posibilidad de que sea el paciente quien decida qué hacer con los restos humanos en caso de amputación, pero sobre todo en caso de aborto, debido a que puede haber familias que quieran realizar una despedida al bebé no nacido. “Queremos que el paciente tenga libertad de decisión, porque hay casos como en el de los abortos, que son cuestiones delicadas y cada familia quiere tratar esos restos humanos de una u otra forma. Entendemos que en el caso de las amputaciones es más común que la gente quiera que Osakidetza se encargue, pero habría que mirar cada caso de forma individual y consideramos que debe ser decisión de la persona que pasa por el proceso”, ha justificado.

Ekain Rico, parlamentario del PSE-EE, ha considerado que la medida del Departamento de Salud y Osakidetza de aprobar una nueva Instrucción que establece el procedimiento para la gestión de los restos humanos supone “un ejemplo de éxito”. “Es una situación que acaba con algo que era abiertamente injusto y tiene que ver con la estrategia de humanización de Osakidetza. Nosotros creemos que este es un ejemplo de éxito de que cuando una asociación reclama algo que es justo y se pone en conocimiento de los grupos políticos y del propio Departamento se puede acabar con una situación que pensábamos que era impensable, pero se estaba dando en Euskadi. Con este cambio normativo va a acabar de darse esta situación injusta”, ha argumentado el socialista.

Por su parte, Irina Rabalo, del PNV ha considerado que hay un cambio del modelo del sistema comprometido con la humanización de la atención sanitaria situando al paciente en el centro dándole voz. Un sistema sanitario público empático, cercano, cálido, humano y accesible“, ha destacado.

Así, con la aprobación de la nueva Instrucción 4/2026, se deja sin efecto la Instrucción 4/2024 de la Dirección General de Osakidetza que establecía que los restos humanos tienen el mismo tratamiento que un cadáver y lo que se entendía por restos humanos eran “partes del cuerpo humano de entidad suficiente procedentes de abortos a partir de la semana 14, amputaciones o mutilaciones que afecten a extremidades o miembros a partir del nivel metacarpiano o metatarsiano”. Por lo que se establecía que el paciente debía reclamar su miembro amputado mediante el uso de una funeraria, que se encargaba de su recogida en una caja de restos para que, posteriormente, fuera inhumado o incinerado. En el punto cuarto de dicha normativa, se señalaba expresamente que los gastos de inhumación o cremación de estos restos debían ser abonados por el paciente o sus familiares.

“Esta nueva Instrucción reafirma el compromiso con la humanización del sistema, garantizando un trato digno y respetuoso y consolidando un sistema de salud pública comprometido con los valores de cercanía, sensibilidad y apoyo a la ciudadanía. A partir de ahora el sistema sanitario público vasco asumirá directamente los costes y la tramitación de la incineración de los restos cuando haya consentimiento de las y los pacientes o familiares. Pero en los casos en los que las personas quieran disponer de los restos para su posterior cremación o inhumación particular, serán ellas o sus familiares quienes se encarguen de la gestión y los gastos asociados”, ha explicado la parlamentaria del PNV.

Finalmente, tras el rechazo de la proposición no de ley de EH Bildu, la enmienda del PNV y el PSE-EE ha sido aprobada por nueve votos a favor (los de los grupos proponentes y el PP) y las cinco abstenciones de la coalición abertzale. A través de este texto, se insta al Departamento de Salud y a Osakidetza a revisar la normativa vigente y redactar una alternativa con el fin de que el Servicio Público de Salud-Osakidetza “pueda asumir tanto la gestión como el coste del servicio funerario de los restos humanos de entidad suficiente procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos”. Además, a través de esta enmienda, el Parlamento Vasco insta a Osakidetza a que, una vez que se defina la nueva normativa, “trabaje en colaboración con la asociación de pacientes ANDADE los plazos para la entrada en vigor de este servicio”.

El sindicato de enfermería Satse, que es el mayoritario en Osakidetza, ha denunciado que las agresiones a profesionales sanitarios aumentaron cerca de un 26% en 2025 en relación al año anterior en Euskadi. Exigen al Servicio Vasco de Salud medidas reales para garantizar entornos laborales seguros, al tiempo que ha advertido que “las agresiones no pueden justificarse por la presión asistencial y las carencias estructurales”.

El 12 de marzo ha sido el día mundial contra las agresiones a profesionales sanitarios. Y Satse en Euskadi ha explicado que quiere visibilizar “una realidad que sigue creciendo”. “Las agresiones no pueden normalizarse ni justificarse por la presión asistencial, las demoras o las carencias estructurales. Es responsabilidad de la organización establecer medidas efectivas y garantizar entornos laborales seguros”, ha advertido Satse, según informa Europa Press.

El sindicato ha señalado que los datos recogidos de las diferentes comarcas sanitarias reflejan “cifras preocupantes en ámbito hospitalario, que impactan especialmente en Atención Primaria y sobre todo en el colectivo de enfermería, mayoritariamente femenino”. Según ha indicado, la mayoría de los episodios siguen siendo agresiones verbales (84%), aunque continúan produciéndose agresiones físicas, incluyendo agresiones de índole sexual. “Detrás de cada cifra hay una profesional que sufre miedo, ansiedad, desgaste emocional y, en muchos casos, una pérdida de confianza en su entorno laboral. Aunque no siempre causen baja, el impacto psicológico es evidente y con una clara repercusión en la vida laboral y personal”, han explicado desde la central sindical.

Por ello, Satse ha solicitado a la Unidad Corporativa de Salud de Osakidetza que retome el observatorio de agresiones y cree comisiones análogas en cada OSI, para tratar los casos que se detecten y “tomar medidas adaptadas a las particularidades de cada caso”. En opinión de Satse, debe ser la gerencia del centro donde se ha producido la agresión quien debe interponer la denuncia ante la autoridad policial, para “proteger a su trabajador”. En cualquier caso, ha dicho que “es primordial que la dirección del centro designe a alguien que realice labores de acompañamiento físico o psicológico a la persona agredida”.

Asimismo, han solicitado que se registre en la historia clínica una “alerta violencia” y ha exigido, entre otras medidas, refuerzo de plantillas, formación en prevención, medidas de seguridad o la evaluación periódica de puestos de trabajo de especial riesgo, incluyendo los riesgos psicosociales. “Proteger a quienes cuidan no es opcional, es una obligación legal y ética. Este 12 de marzo el mensaje es claro: ni una agresión más”, ha concluido.

Osakidetza, de su lado, ha señalado que un total de 1.047 profesionales de Osakidetza notificaron el pasado año una agresión verbal o física en el ejercicio de su actividad laboral, lo que supone un 11% menos que en 2024, siendo, la mayor parte de las notificaciones, un 91%, correspondientes a agresiones sin lesión, es decir, insultos y amenazas.

EH Bildu ha solicitado amparo a la Mesa del Parlamento Vasco después de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, no haya enviado datos sobre la incidencia del cáncer en Euskadi más actuales que los de 2019. La parlamentaria Rebeka Ubera había requerido información sobre tres tipos de cáncer en menores de 50 años entre 2020 y 2024, pero el informe entregado hace referencia solamente al período comprendido entre 2001 y 2019.

En el fondo de este debate está que el denominado Registro del Cáncer de Euskadi, como publicó este periódico en diciembre, no dispone de información más reciente. La oficina fue creada en 1986 y cuelga del Departamento de Salud, pero no tiene información actualizada sobre la prevalencia real de la patología que es la principal causa de muerte en varones y menores de 15 años y la segunda en mujeres. Los últimos datos consolidados de toda la comunidad autónoma son precisamente de 2019. En aquel momento, a finales de 2025, la comunidad autónoma no pudo entregar los requeridos por el sistema REDECAN, la red española de registros autonómicos, y estaban en el aire las solicitudes tanto europea (ENCR) como mundial (IACR).

Sobre este asunto, a comienzos de 2026 el consejero Martínez, precisamente a preguntas de EH Bildu, indicó en la Cámara que “a partir del primer trimestre” se empleará “exclusivamente” un nuevo sistema informático llamado “AC59” para poder transmitir en tiempo y forma los datos de la incidencia del cáncer tanto al registro estatal REDECAN como a los sistemas europeo y mundial. El presupuesto para la actualización tecnológica ha sido de 421.000 euros. Públicamente, Martínez ha defendido que Euskadi dispone de uno de los mejores sistemas estadísticos sobre cáncer de España. Esto se suma a que Euskadi no actualiza desde 2015 otro registro, el de las anomalías congénitas.

Desde la oposición, EH Bildu quiere ahora que el Parlamento pida expresamente al Gobierno que atienda la solicitud de datos. Recuerda que el reglamento de la Cámara faculta a los parlamentarios a recibir información del Ejecutivo en los términos que se deseen. “No es de la información por la que había preguntado”, protesta Ubera en su escrito a la Mesa. En el órgano de dirección del Parlamento, eso sí, tienen mayoría PNV y PSE-EE, los partidos del Ejecutivo. No obstante, hay un precedente muy reciente en el que se le dio la razón a EH Bildu al serle denegada información solicitada a la Diputación de Bizkaia.

Osakidetza ha licitado la redacción del proyecto de construcción del nuevo hospital de Tolosa, en el que se invertirán 107,6 millones de euros y cuyas obras se espera iniciar a mediados de 2028 y terminar en 2031. Tolosaldea es la única comarca sin un centro de referencia público. El servicio lo presta la clínica privada concertada La Asunción.

Una vez aprobado el plan funcional del nuevo hospital de Tolosa, se ha puesto en marcha la licitación de la redacción del proyecto de construcción del centro, que se ubicará en una parcela de 8.445 metros cuadrados en la zona sureste de la colina de Iurramendi en un edificio de siete plantas. El nuevo hospital se diseñará con el objetivo de “dar respuesta a la creciente demanda de servicios de salud en la zona, elevando la calidad asistencial, optimizando recursos y garantizando una atención cercana y de calidad” en la comarca guipuzcoana de Tolosaldea, informa Osakidetza y recoge Europa Press.

Actualmente, han explicado, el modelo asistencial en Tolosaldea se caracteriza por su “alta fragmentación” y presenta “un escenario particular y complejo que condiciona el desempeño cotidiano de los profesionales implicados en la gestión asistencial”, lo que representa “un desafío estructural para avanzar hacia el modelo de atención integrada y sostenible que se promueve, basado en una gestión cohesionada, eficiente y centrada en las personas”. Por ello, la construcción de esta nueva infraestructura hospitalaria en Tolosa busca “avanzar hacia esa solución integral que garantice una atención cercana y de calidad” para los pacientes de la comarca, teniendo en cuenta “las necesidades que plantea una población cada vez más mayor y con necesidades de salud complejas”.

Está previsto que el hospital público, que dependerá de la OSI Donostialdea, además de realizar procedimientos de cirugía, sea “un referente para el territorio de Gipuzkoa para procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias, reforzando así la capacidad de respuesta del sistema público vasco”. De este modo, el nuevo hospital albergará un servicio de consultas externas, con 50 salas destinadas a consultas de diversas especialidades y pruebas funcionales y tres salas de procedimientos para cirugía menor y otras prácticas intervencionistas que requieran sedación.

El servicio de radiodiagnóstico contará con un ortopantomógrafo, dos salas de ecografía, una sala de radiología convencional (RX), una sala de radiología especializada (telemando), una sala de tomografía computerizada (TC) y una resonancia magnética. La Unidad de Cirugía tendrá cuatro quirófanos polivalentes, salvo uno de ellos que se destinará exclusivamente a oftalmología, y una unidad de recuperación postanestésica con siete camas y 22 sillones. También habrá una Unidad de Endoscopias con dos salas.

El nuevo centro contará con un Hospital de Día Médico destinado a los pacientes hospitalizados con capacidad para cuatro boxes y tres Unidades de Hospitalización, una de agudos, otra de agudos en situaciones especiales (gripe, aislamientos, etc.) y una tercera de estancia media y convalecencia, con 90 camas. Asimismo, dispondrá de un servicio de rehabilitación que atenderá las necesidades de los pacientes hospitalizados en la unidad de estancia media/convalecencia.

El Servicio de Urgencias tendrá sala de reanimación, triaje, área ambulatoria con cuatro consultas y una zona de observación con capacidad para ocho boxes. Además, el centro albergará un laboratorio para las necesidades que se deriven de la urgencia y de las unidades de hospitalización, un servicio de farmacia, hospitalización a domicilio, base de emergencias con área de aparcamiento para ambulancias y área de personal, y los servicios generales.

Las especialidades previstas en el nuevo hospital público son Aparato Digestivo, Dermatología, Endocrinología, Ginecología y Obstetricia, Neurología, Rehabilitación, Neumología, Alergología, Cardiología, Hematología, Medicina Interna, Reumatología, Anestesiología, Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Urología.

Además, el plan uncional establece también la previsión de dotación de recursos humanos necesarios para dar un servicio adecuado a las necesidades planteadas. En concreto, para la actividad asistencial se prevé una plantilla de 380 profesionales, entre personal facultativo, de enfermería, auxiliares, celadores, y perfiles más concretos como optometristas, fisioterapeutas o trabajadores y trabajadoras sociales. Por su parte, para servicios generales la previsión es de una plantilla de 98 trabajadores.

La portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha elevado el listón y ha pedido ya “responsabilidades” en la cúpula del Departamento de Salud por la crisis de las vacunas caducadas. Esta semana ha trascendido que ha habido casos desde 2017. En la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, Ubera ha remarcado que mes y medio después de que desde un ambulatorio de Errenteria se diera la primera alerta no se ha abierto un solo expediente. “¿Quién va a asumir las responsabilidades? ¿La directora de Osakidetza? ¿Usted? ¿Quién es el responsable de este caos? ¿Aquí nadie ha sentido la necesidad de abrir un expediente?”, ha lanzado desde la tribuna. Se da la circunstancia de que otra fuerza de la oposición, el PP, ya había manifestado también esta semana la necesidad de que se depuren “responsabilidades” en el Servicio Vasco de Salud.

Ubera ha lamentado que el Gobierno siga llamando “incidencia” a un problema que es “estructural” y que se repite desde hace años. Ha indicado, asimismo, que el comité de investigación creado 'ad hoc' solamente ha revisado los problemas con un tipo de inyección, la hexavalente, cuando los ha habido también con la triple vírica, una tetravalente y una pentavalente. La mayoría de receptores de esas dosis son bebés y niños de muy corta edad. “Incidencia, incidencia, incidencia. Minimizan un problema sistemático. Lo esconden con medias verdades”, ha insistido la parlamentaria de EH Bildu, que fue quien informó públicamente del asunto antes de que lo hiciera la propia Osakidetza.

El consejero, Alberto Martínez, no se ha salido del guion y ha insistido en que “el 99,85%” de las vacunas administradas en 2025 fueron correctas. “No resto importancia a lo sucedido, pero simplemente lo sitúo en su dimensión. No ha habido daño [para la salud de los afectados] y no consta dolo”, ha agregado en la Cámara.

Martínez ha indicado que la cifra más desfavorable de casos estaría “por debajo” de la horquilla más baja de afectados por vacunas caducadas en el único país que ha hecho un estudio similar, el Reino Unido. Además, ha defendido que se irán adoptando “medidas correctoras” para intentar hacer desaparecer los fallos. Ha apelado a que los profesionales tengan en cuenta los “siete correctos” -siete pasos que hay que cumplir- a la hora de inocular una vacuna,ha recordado que en mayo habrá una cartilla totalmente digital con alertas frente a los procedimientos manuales que se puedan mantener y ha asegurado que logísticamente se trabajará para ofrecer antes las dosis que tengan una fecha más corta.

Según Martínez, el Gobierno ha sido “proactivo” en la resolución de la “incidencia”. Ha insistido en que tras la alerta en Errenteria se pasó a mirar si el problema se había podido dar en los cerca de 400 ambulatorios de Osakidetza y que, en vez de quedarse con los “dos meses” en que estuvo circulando la hexavalente pasada de fecha, se miraron 170.000 actos vacunales de 2025 y, sin que haya aclarado el cómo, también de años anteriores. “En ningún país del mundo se ha hecho”, ha recalcado.

La clínica privada de Vitoria Vithas San José, cuyo titular es la empresa Iquimesa, ha prescindido en los últimos días de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, del PNV, como directora médica. Sagardui fue fichada a bombo y platillo en enero de 2025, medio año después de salir del Gobierno en medio de la polémica por su gestión, y ya no ocupa un puesto en el que tenía una retribución bruta anual de 95.000 euros, según adelantó 'Norte Exprés' y no desmienten fuentes de Vithas, que eluden hacer comentario alguno sobre las causas de la salida.

Sagardui, procedente del Ayuntamiento de Bilbao pero con experiencia política previa en Lanbide o en el Parlamento Vasco, fue incorporada por Iñigo Urkullu a su tercer gabinete, constituido en medio de la pandemia, en el verano de 2020. Licenciada en Medicina y bilingüe, se buscaba dar un impulso a una cartera crítica, la de Salud, muy expuesta en la primera ola con la cardióloga Nekane Murga al frente, que había sido nombrada en 2019 tras la dimisión de Jon Darpón por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018.

Durante el cuatrienio, la preocupación ciudadana sobre la gestión sanitaria fue en aumento. Una de las pocas certezas con el cambio de Urkullu por Imanol Pradales era que Sagardui no iba a tener ninguna opción de continuar. Sus relaciones con el PNV no eran tampoco las mejores.

El nuevo lehendakari buscó en Osakidetza a un anestesista sin experiencia política, Alberto Martínez. En año y medio largo ha enmendado algunas medidas anteriores -como las polémicas en Vitoria por el cierre de las Urgencias del centro o del PAC de San Martín- y montó una mesa para busca un pacto de Salud que mejorara la Sanidad vasca.

Terminado su periplo en el Gobierno, Sagardui regresó a su plaza de alta funcionaria en el área administrativa de la EHU, la Universidad pública vasca. Sin embargo, en noviembre de 2024, apenas unos meses después, recibió una oferta laboral de Iquimesa para ser directora médica de uno de los hospitales privados más relevantes de Vitoria, la antigua Policlínica San José.

Este periódico adelantó su incorporación, que fue el 7 de enero de 2025. En Euskadi los excargos, por ley, tienen que recibir una autorización del Gobierno vasco para saltar a la privada en los dos años siguientes al cese. Es un proceso en el que se revisan posibles conflictos de intereses. Sagardui cumplió su parte, pero el Ejecutivo de Pradales no respondió en tiempo y forma a la petición. La normativa hace que el silencio administrativo pasado un plazo permita a los interesados iniciar su nueva actividad profesional. Y así se hizo.

La oposición interpretó el salto de Sagardui de la pública a la privada en apenas unos meses como una “puerta giratoria”. 'A posteriori', llegaron los informes del Gobierno y fueron favorables al entenderse que no constaba una relación de tipo económico o similar entre las decisiones adoptadas por Sagardui en el Ejecutivo y la empresa que ahora la contrataba.

Vithas anunció con una fotografía de la exconsejera con bata blanca en el propio hospital su incorporación. Se decía entonces que ganaban con “Gotzone” -como la llamaban- “excelencia médica” por su “destacada trayectoria profesional”. “Su experiencia en gestión de equipos, presupuestos, liderazgo organizacional y gestión sanitaria la posiciona como una figura clave para reforzar la calidad asistencial y experiencia de paciente del hospital Vithas Vitoria”, se publicitaba.

Ahora, cuando ni siquiera se han cumplido catorce meses, Vithas se limita a no negar las informaciones sobre la salida de Sagardui. Los portavoces consultados no ofrecen ningún tipo de información adicional. Este periódico tampoco ha podido recabar la opinión de la exconsejera, que sigue manteniendo su plaza en la EHU. Si quisiera regresar a ella, no sería necesaria una autorización, ya que es un organismo público. No obstante, si de aquí a junio quisiera trabajar en otra empresa privada tendría que volver a hacer el mismo papeleo.

Se da la circunstancia de que, en los últimos meses, el centro privado ha perdido a uno de sus referentes médicos, el traumatólogo Mikel Sánchez. Recientemente ha quedado inaugurada su propia clínica privada, llamada Miks.