El lehendakari, Imanol Pradales, ha vuelto a cargar con dureza contra la gestión de Sumar en el Gobierno de España. Cambiando los papeles habituales en las sesiones de control, Pradales ha pasado a ser la oposición de la oposición en la respuesta a una pregunta de la coalición de izquierdas en el Parlamento Vasco sobre los escasos avances que aprecian en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto.

A falta de detalles sobre lo que se le requería, el lehendakari ha señalado a tres de los cinco ministros de Sumar. A la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha afeado que las negociaciones sobre el traspaso del Fogasa estén siendo “decepcionantes”. A la ministra de Sanidad, Mónica García, convertida ya en diana habitual del PNV, le ha vuelto a acusar de “provocar” la huelga médica que está disparando las listas de espera de Osakidetza. Y, si no desea “negociar” con los facultativos, debería ceder a las comunidades autónomas las competencias sobre el estatuto marco, ha recalcado. Y, finalmente, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha reprochado que no acceda al traslado “temporal” del cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso con motivo del nonagésimo aniversario del bombardeo nazi, que se conmemorará el año próximo.

“Den la cara, no se pongan de perfil. [...] Póngase el buzo de trabajo vasco”, le ha dicho el lehendakari al único representante de Sumar en la Cámara vasca, Jon Hernández, que es de IU. El pasado año Pradales ya criticó que la parte de Sumar del Gobierno de España frenara el acuerdo en torno al Sepe y las prestaciones de paro. Incluso estando en La Moncloa le pidió “orden” a Pedro Sánchez en su gabinete para que controlara a los ministros de la coalición de Díaz.

De su lado, Hernández quería concreciones sobre cómo marchan las negociaciones sobre el Estatuto. Es algo prometido en 2012 que ha naufragado varias veces y ahora mismo los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, llevan meses hablando fuera de la Cámara sin que se sepa muy bien cuáles son los avances o los plazos. Pradales, en septiembre, dijo que en junio haría una ronda con los partidos para valorar ese asunto.

El lehendakari, sin dar muchos detalles, ha confiado en que “los partidos sigan avanzando”. Eso sí, ha indicado que él tiene como misión principal completar el Estatuto en vigor, el de 1979. De cara a julio se prevé cerrar un acuerdo en torno a la gestión económica de la Seguridad Social, la más relevante de las transferencias pendientes.

Críticas de EH Bildu por Osakidetza

Al hilo de las críticas del Gobierno vasco al central, el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha asegurado en la Cámara, en declaraciones a los periodistas, que Osakidetza no puede escudarse en la huelga y en la ministra García para explicar las listas de espera porque los indicadores ya estaban empeorando antes de la convocatoria de las movilizaciones.

Otxandiano aprecia “cierta irresponsabilidad” en la gestión sanitaria y emplaza al consejero del ramo, Alberto Martínez, del PNV, ha que mire menos “a terceros” y dé pasos donde puede darlos. Ha subrayado, por ejemplo, que el convenio de Osakidetza lleva sin ser renovado desde 2008.

Las listas de espera quirúrgicas en Osakidetza se están acercando al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19. El último dato semestral, conocido este jueves, sitúa la demora media en 77,4 días, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Traducido, son dos meses, dos semanas y media. El Gobierno vasco culpa de este cambio repentino de tendencia a la huelga de los médicos contra el estatuto marco de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que son de una semana al mes desde comienzos de 2026, aunque los datos de seguimiento nunca superan el 20%, según los datos que reporta la propia Osakidetza.

La alternativa que se está planteando es incrementar las derivaciones a la Sanidad privada. De hecho, aunque por decreto desde 2006 es una posibilidad automática cuando un paciente supera los 180 días, Osakidetza asegura que ya lo está aplicando desde los 150, esto es, cuando pasan cinco meses y no seis.

“El plan de choque puesto en marcha por Osakidetza y la derivación a centros concertados de pacientes para garantizar en la medida de lo posible que la espera no sea de más de seis meses y que se derivan desde los 150 dias, y que hasta la fecha se cifra en 1.721 personas, ha favorecido que la listas no se desborden en exceso. Aun así, el tiempo medio de espera ha aumentado en veinte días desde finales de noviembre pasado, aunque Euskadi sigue siendo una de las comunidades autónomas con mejores datos en tiempos de espera”, ha explicado el Ejecutivo.

Dice Osakidetza que, en el marco de las huelgas, “el número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha pasado de 24.103 a 28.672 personas, con una demora media que aumenta desde los 54,19 días de espera, a los 77,40 días”. “La demora media hace un año, en mayo de 2025, era de 56,61 días”, abunda el Ejecutivo.

Los alrededor de 55 días sin huelgas de finales de 2025, en todo caso, seguían lejos de los registros previos a la pandemia, con 47,9 días de promedio justo antes de los primeros casos de coronavirus, que obligaron a priorizar toda la actividad asistencial y a suspender intervenciones de otras patologías. Justo después del confinamiento el salto fue hasta los 68 días, mejor que ahora también, y siguió empeorando hasta el pico de 85 del verano de 2022. En 2023 cambió la tendencia y bajó ya a 61,9 a finales de ese año.

Las listas de espera son tres. Además de la quirúrgica, está la de consultas especializadas y la de pruebas diagnósticas. Tampoco evolucionan bien. “El tiempo medio de asistencia es de 74,80 días, frente a los 56,54 días de espera media que había a finales de noviembre” en las consultas, expone la información oficial. Se añade que “traumatología y oftalmología son las especialidades que acumulan más tiempo de espera, mientras que hay que destacar que no hay espera en pacientes oncológicos ni de cirugía cardíaca, y que la espera es mínima en servicios como medicina nuclear o radiodiagnóstico”.

Según Osakidetza, “las pruebas complementarias también reflejan el impacto del conflicto laboral” y “la espera media es de 63,74 días frente a los 42,23 de espera media que había a finales de noviembre”. “No todas las pruebas se han visto afectadas de la misma manera ya que, por ejemplo, el acceso a las resonancias magnéticas, equipamiento que se emplea principalmente en el campo de la oncología y de la cardiología, se ha visto reducido en un 19% en los últimos seis meses”, informa el Servicio Vasco de Salud.

Las huelgas, a lo que se suman estrategias de no hacer horas extraordinarias, están generando un conflicto político entre el Gobierno vasco y el español. El PNV lleva meses criticando la postura de la ministra de Sumar y reclamando que si no desea negociar las condiciones laborales en primera persona ceda las competencias a las comunidades autónomas. En Osakidetza, sin embargo, no se ha renovado el convenio desde 2008.

El sindicato Satse, el mayoritario en Osakidetza, ha denunciado este miércoles el “calor insoportable” en los hospitales y centros de salud de Euskadi. “A menudo superan los 30 grados, cuando la temperatura recomendada no debería superar los 26 grados”, han señalado remarcando el riesgo que esto supone para pacientes y profesionales.

En un comunicado, la central ha advertido que “sin una climatización adecuada, se está poniendo en riesgo la salud física y mental del conjunto de profesionales y la seguridad de la ciudadanía”. Además, ha considerado “inaceptable que el personal deba comprar sus propios ventiladores para trabajar en condiciones mínimas o que se recomiende cerrar ventanas como única solución”, informa Europa Press.

Tras recordar que “este problema se repite cada verano por falta de planificación e inversión en los medios adecuados”, Satse ha denunciado que en Álava, en el hospital de Txagorritxu de Vitoria, las plantas de hospitalización carecen de climatización y que en la Rioja Alavesa las reformas estructurales no llegarán hasta 2027. Mientras tanto, ha advertido, en la red de salud mental, las áreas infantojuvenil y el servicio de rehabilitación comunitaria son las más perjudicadas por la falta de medios.

En Bizkaia, el sindicato ha criticado que las soluciones de Osakidetza son “insuficientes e incluso ridículas, como el suministro de polos helados en el hospital de Cruces o la colocación de vinilos en las ventanas de la OSI Bilbao-Basurto”. En la comarca sanitaria del hospital de Cruces “las altas temperaturas han llegado a afectar al funcionamiento de aparatos diagnósticos, obligando a postergar citas”, y en en centros como Markonzaga o San Vicente, el área de fisioterapia “alcanza niveles extremos sin medidas de prevención”.

En cuanto a Gipuzkoa, ha explicado que, en el hospital del Bidasoa, las obras en el bloque quirúrgico impiden abrir ventanas, “dejando a profesionales y pacientes dependientes de ventiladores”. “En el centro de salud Larzabal, ya el año pasado se suspendieron tratamientos de fisioterapia por el calor, y este año las mejoras prometidas siguen sin ejecutarse”, ha denunciado.

Satse ha exigido “urgentemente” un plan de actuación con “medidas preventivas concretas previas al período estival, como los planes de contratación de personal, que evite el cierre de camas y la fatiga y la sobrecarga física y mental de los profesionales”. Para la central sindical, es necesaria una inversión en climatización, mantenimiento y renovación de infraestructuras y “que se tengan en cuenta todos los puestos de trabajo de Osakidetza, incluidos aquellos que se llevan a cabo en el exterior”.

Tras recordar que Inspección de trabajo ya ha dado la razón a Satse en diversas denuncias por 'disconfort' térmico en Osakidetza, ha censurado que, “una vez más el Servicio Vasco de Salud obvia las necesidades de sus profesionales y pacientes”“. ”Continuaremos trasladando las denuncias pertinentes a la Unidad Corporativa de Salud o incluso a la Inspección de Trabajo para garantizar la seguridad del personal de Osakidetza y de las personas usuarias“, ha concluido.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Álava Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta han quedado definitivamente apartados del tribunal que iba a juzgar el caso de las presuntas filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Los tres presentaron hace unas semanas su deseo de renunciar, los dos primeros por haber emitido ya resoluciones resolviendo recursos que entraban al fondo del asunto -básicamente la que obligó a reabrir una causa ya cerrada y a celebrar un juicio porque hay indicios de delito- y la tercera por haber sido una de las cuatro instructoras del expediente en la fase de investigación.

En una resolución firmada el pasado 20 de mayo pero conocida ahora y que viene firmada por los jueces Iñigo Madaria, Mercedes Guerrero y Beatriz Eva Román Gobernado, se explica que “examinadas las razones expuestas por los abstenidos para apartarse del conocimiento del asunto” se entiende que “resultan justificadas y necesarias” con el fin de “disipar cualquier recelo sobre la independencia y neutralidad del órgano encargado de la decisión del asunto”.

Se constata que Zulueta “efectivamente intervino en la instrucción”, lo que “impide el enjuiciamiento”. “Se vulneraría el derecho al juez imparcial”, se apunta. Y, sobre Poncela y Cabero, se entiende que la resolución que adoptaron para revocar el cierre prematuro de la causa y elevar a juicio al menos una pequeña parte del sumario, lo relativo al examen de Cirugía Plástica parte de un “estudio detallado y anticipado” de los indicios y un posicionamiento de su “calificación jurídica”.

“En definitiva, el conocimiento previo del proceso, vistas las circunstancias concurrentes, ha determinado un prejuicio susceptible de comprometer su neutralidad que sólo puede remediarse con su abstención”, entienden los colegas de Poncela, Cabero y Zulueta que han revisado el asunto. Sin embargo, ninguna de las acusaciones, ni la Fiscalía ni los sindicatos ESK y LAB, ni tampoco las defensas de las dos personas imputadas, una opositora de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal de ese examen con quien tenía lazos familiares, habían considerado necesaria esta cautela.

La consecuencia evidente es que un proceso que lleva ocho años deambulando por los tribunales y que se iba a reactivar esta primavera con al menos la vista previa para el juicio queda de nuevo bloqueado a la espera de que se designe una nueva terna de magistrados. Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología.

Son dos las personas que se sentarán en el banquillo, la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. LAB y ESK, sindicatos personados como acusación, plantean condenas más elevadas. En un primer momento se barruntó la posibilidad de que los imputados llegaran a un acuerdo para admitir los hechos a cambio de una rebaja sustancial de la condena efectiva pero fuentes de su entorno lo descartan de plano. Su estrategia pasa por defender su inocencia total hasta el final.

El Departamento de Salud ultima los pliegos de la nueva contrata de ambulancias de Osakidetza, según confirman fuentes oficiales. Es el servicio externalizado de mayor volumen, con un coste actualmente de unos 8 millones de euros mensuales sin contar la red de Gipuzkoa. De abrirse ahora la licitación, las nuevas contratas podrían estar asignadas a la vuelta del verano, salvo que medien recursos u otras incidencias. El Gobierno subraya, como novedad, que ha recogido “aportaciones de las asociaciones de pacientes” para mejorar el servicio.

El actual contrato tiene una relevancia singular porque vendría a regularizar el servicio después de la convulsa etapa de la catalana Grup La Pau, la adjudicataria en Bizkaia y Álava que vio rescindido su contrato antes de su finalización por un rosario de incumplimientos laborales, salariales y asistenciales negados en un inicio por la Administración. Aquello se produjo en noviembre de 2024 y, para garantizar la continuidad asistencial, se optó por contrataciones de emergencia con la nueva marca Bizkanb (la UTE de la rama sanitaria de Alsa, Sanir, y la local Baztan-Bidasoa) en Bizkaia y con una extensión de la contratista guipuzcoana, Ambulancias Gipuzkoa, para cubrir también Álava. En un inicio se habló de un parche para catorce meses con un coste de 110 millones totales pero, al llegar enero de 2026, se conoció que la duración de las adjudicaciones directas era en realidad indefinida.

La oposición está urgiendo ya al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que explique por qué no está abierto el nuevo concurso. Rebeka Ubera, de EH Bildu, que realiza un estrecho marcaje de la política sanitaria, señala que las últimas noticias que tenían apuntaban al “primer cuatrimestre” de 2026, un plazo ya superado. Ubera ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento Vasco y, entre otros puntos, pide que se aclaren plazos y las reuniones mantenidas para la confección de los pliegos y si han incluido a los sindicatos.

Denuncias en Álava

De hecho, la renovación de la contrata coincide con nuevas denuncias de irregularidades, en este caso del comité de Ambulancias Gipuzkoa en Álava. Los sindicatos CCOO, LAB, ELA y ESK explican que la compañía ha acumulado 18 requerimientos de la Inspección de Trabajo por “incumplimientos” de variados tipos desde la contratación de emergencia. Apuntan, igualmente, ha que “hay abiertos varios casos de agresión verbales o físicas a personas trabajadoras por parte de pacientes o familiares” sin que Ambulancias Gipuzkoa haya respaldado a sus profesionales.

El comité cuestiona también el estado de la flota. Aluden a “fallos electrónicos de motor”, “sillas de traslado sujetas con bridas” o incluso a “tuberías de oxígeno” con pérdidas. Además, las unidades de reserva “no cumplen con los pliegos” del contrato anteriores. Los sindicatos desconocen si Salud ha realizado “algún tipo de control para verificar el cumplimiento” de las condiciones de la contrata en Álava e ironizan que, en principio, se hablaba de catorce meses de recambio temporal para Grup La Pau.

“En los últimos diez años, han pasado tres empresas distintas por la provincia de Álava, dejando todas ellas deudas con las personas trabajadoras [y] acumulando todas ellas innumerables sanciones e incumplimientos en Inspección de Trabajo [y] sentencias en contra, vulnerando derechos de las personas trabajadoras. Y todo con el beneplácito del Gobierno vasco, que [...] ha permitido la desprotección de la ciudadanía con estas empresas piratas”, añaden CCOO, LAB, ELA y ESK. Contactada por este periódico, Ambulancias Gipuzkoa no ha atendido a la petición de aclaraciones.

El servicio de transporte sanitario de Osakidetza tiene tres modalidades diferencias. Las UVI móvil, con la excepción de Donostia, están gestionadas directamente con recursos públicos. Por el contrario, la red urgente (vehículos amarillos) y la red de traslados programados o no asistenciales (azules y blancos) están externalizadas. El nombre de la empresa adjudicataria aparece siempre en la puerta.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado finalmente al Parlamento Vasco que Euskadi, en 2025, únicamente envió al registro oncológico estatal, llamado REDECAN, información con diagnósticos hasta 2019, sin ofrecer datos actualizados de casos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ó 2025. Como adelantó este periódico en diciembre, el registro autonómico no tiene estadísticas más recientes.

Martínez, en respuesta a varias solicitudes de información de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera y a preguntas de los medios de comunicación, había insistido desde que trascendió esta situación en que, en octubre, Euskadi había sido de las pocas comunidades autónomas en aportar datos al REDECAN. Sin embargo, el contenido de esa entrega facilitado ahora a la Cámara, de nuevo a instancias de la formación abertzale, detalla que el último caso diagnosticado registrado es del 26 de diciembre de 2019, un paciente de Gipuzkoa.

El REDECAN pidió a Euskadi el 3 de octubre de 2025 datos para su séptima oleada. Este registro persigue “obtener y proporcionar de forma periódica a las autoridades sanitarias y a la comunidad científica los resultados sobre incidencia, supervivencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en España”. También “promover, facilitar, realizar y publicar investigaciones sobre cáncer con datos de los registros poblacionales de cáncer”.

El propio escrito de petición demandaba que la entrega se haga con un nombre de fichero muy concreto. Así, al analizar lo enviado ya se da la pista de que no hay diagnósticos más recientes que los de 2019, aunque el cáncer es una de las patologías con mayor prevalencia en Euskadi y una de las principales causas de fallecimientos en ambos sexos. Sí constan algunos registros actualizados en 2020, 2021 ó 2022, pero no casos nuevos.

Se da la circunstancia de que, en 2024, Euskadi recibió un requerimiento similar del equivalente europeo al REDECAN, llamado ENCR. Los nombres de los tres ficheros entregados muestran, igualmente, que la estadística se corta en 2019. Existe también un registro internacional, llamado IACR.

En su momento, fuentes internas hacían constar que el motivo de la no actualización del Registro del Cáncer, creado en 1986, se debía a falta de personal y a problemas con el aplicativo informático. En enero, el consejero Martínez comprometió una inversión de 421.000 euros para un nuevo 'software' que permitiera actualizar el registro. Textualmente, se indicaba que “a partir del primer trimestre de 2026” se emplearía “exclusivamente” un nuevo sistema informático llamado “AC59”.

Ahora, en mayo, Martínez dice que, “en la actualidad, el Registro del Cáncer sigue utilizando la aplicación antigua K43 para la recogida de datos, ya que la aplicación AC59 ”todavía no está operativa“. Explica que está ”en fase de desarrollo“. Martínez insiste en que el K43 ”se sustituye por cuestiones técnicas“ y que la nueva permitirá una recogida ”automatizada“ de información, así como ”cruces“ con otras bases de datos como la de mortalidad, ”actualización del seguimiento de los casos“ y una opción para ”extraer datos conforme a los formatos solicitados para los distintos envíos oficiales, incluido el Ministerio de Sanidad del Estado español“. No se dan fechas.

En febrero, este periódico también informó de que el Registro de Anomalías Congénitas de Euskadi (conocido por las siglas RACAV) está abandonado desde hace años y no hay información actualizada de posibles casos de cardiopatías, incidencias cromosómicas como el síndrome de Down o problemas de visión, entre muchos otros, en “nacidos vivos, mortinatos e interrupciones voluntarias del embarazo”. La última memoria, con estadísticas de 2010 a 2015, fue publicada en 2019, con Jon Darpón de consejero.

A este respecto, Martínez dijo que no había planes para actualizarlo porque no es una base de datos “obligatoria”. Sin embargo, en el nuevo organismo que se va a crear, llamado Osasungintza y que ejercerá como agencia vasca de salud pública, se pretenden centralizar todos los registros, incluido el oncológico y el de anomalías congénitas. La inexistencia de estadísticas actualizadas no implica cambios en la parte asistencial de estas patologías.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado de que 800 pacientes han sido derivados a la Sanidad privada en las últimas semanas en aplicación de un decreto de 2006 que garantiza una espera quirúrgica general de menos de 180 días en Osakidetza, que se reduce a 90 días en casos de patologías cardíacas y 30 para pacientes oncológicos. “Vamos a continuar en esta línea”, ha asegurado en el Parlamento durante la sesión de control al Gobierno.

Martínez, que presentó esta posibilidad vigente desde hace dos décadas como novedad en abril, ha defendido que las derivaciones han logrado “frenar la tendencia creciente” en las listas de espera en Euskadi, motivadas por la huelga corporativa de médicos en toda España que implica paros de una semana cada mes. El consejero ha vuelto a lamentar que, por esa movilización, los buenos datos alcanzados en noviembre de 2025, los mejores desde la llegada de la COVID-19, se hayan ido al traste. Ha insistido en que 1.800 personas se han visto obligadas a esperar más de seis meses.

El PNV repite que la responsabilidad es de la ministra de Sanidad. El lehendakari, Imanol Pradales, ha lanzado también en la Cámara una dura crítica a Mónica García, de Sumar. El consejero de Salud ha vuelto a plantear una “transferencia” de las competencias en torno al estatuto marco médico para resolver desde Euskadi el conflicto. Según Martínez, el problema no es que no haya “avances” en la negociación, sino que “ni siquiera ha habido reuniones” para intentarlo. Lo ha contrapuesto con los acuerdos que él alcanza con los sindicatos. Ha citado uno reciente con SME, Satse y CCOO. Sin embargo, Osakidetza no renueva su convenio desde 2008.

Martínez ha intervenido en el pleno de control en respuesta a una pregunta del PP. Laura Garrido ha argumentado que el problema de la Sanidad vasca es muy previo a la huelga y ha añadido que las esperas van mucho más allá de las operaciones. Ha insistido con ejemplos en que se está demorando igualmente las citas en los ambulatorios. El consejero ha negado la mayor, señalando que la media es de “1,7 días” desde que se solicita.

Osakidetza ha nombrado al doctor Javier Almeida Velasco como nuevo subdirector de Salud Mental y Coordinación Sociosanitaria, un nombramiento con el que espera reforzar la atención a la salud mental. En un comunicado, el Departamento de Salud ha indicado que la designación del neurólogo Javier Almeida Velasco responde directamente a los compromisos adquiridos en el Pacto de Salud para dar “una atención de calidad y equitativa” y situar a la salud mental “entre las principales prioridades, profundizando en la prevención y en un modelo de atención proactivo, integral y comunitario”.

En este sentido, ha señalado que la prevención, la atención de trastornos en el entorno comunitario y la creación de rutas asistenciales por patologías serán algunos de sus principales ejes de actuación, según recoge Europa Press. Dentro de las políticas destinadas a modernizar y fortalecer el sistema público de salud frente a los retos actuales, dicha Subdirección deberá responder a varios retos, entre ellos, el de mejorar la calidad y la equidad en la atención mental, señala Osakidetza.

En este sentido, el titular de la Subdirección de Salud Mental y Coordinación Sociosanitaria asumirá la responsabilidad de coordinar la red de salud mental de Euskadi, bajo un modelo de gestión “más ágil y cercano al paciente”, en línea de la Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023-2028.

Entre sus funciones inmediatas destacan la atención a los trastorno común y grave desde los recursos más cercanos al domicilio de los pacientes, lo que se conoce como entorno comunitario, o el refuerzo de las plantillas con nuevos perfiles profesionales, como los profesionales de Psicología que recientemente se han incorporado a las consultas de Atención Primaria. También deberá poner en marcha programas específicos para el abordaje de patologías emergentes.

Desde la Dirección General de Osakidetza se ha subrayado que este nombramiento no es solo un cambio organizativo, sino “el cumplimiento de una palabra dada a la ciudadanía en el marco del Pacto de Salud, garantizando que nadie quede atrás en el acceso a una atención mental de calidad”.

Rutas asistenciales

Además, otra de las prioridades de esta nueva Subdirección será el desarrollo de rutas asistenciales integradas por patologías, especialmente en adicciones, patología dual e infantojuvenil. Estas rutas asistenciales son itinerarios ya definidos para cada paciente, de modo que él y su familia sepan cuál será su recorrido, qué pasos seguirán y en qué lugares será atendido a lo largo de su enfermedad, lo que aporta seguridad, continuidad y una atención más ordenada tanto al paciente como a su familia.

De esta manera, según ha indicado el Departamento de Salud, el Pacto Vasco de Salud da “un nuevo paso” en su aplicación en Osakidetza, con avances en planificación, gobernanza y despliegue de iniciativas estratégicas que “transforman ya con cambios reales la atención sanitaria desde una mirada más integrada, más medible y más centrada en los y las pacientes”.

Licenciado en Medicina y Cirugía General por la EHU, Javier Almeida Velasco es especialista en Neurología y actualmente ejerce su actividad asistencial como neurólogo general en el Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa, donde es responsable de la consulta Monográfica de Enfermedades Neuromusculares y del Sistema Nervioso Periférico. Además, es colaborador adscrito a proyectos de investigación del grupo de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Biobizkaia y profesor del Grado de Medicina de la Universidad de Deusto. También tiene experiencia en acción social y cooperación.

Osakidetza garantiza que no comparte datos clínicos privados en los mensajes de WhatsApp que envía a los pacientes. Este nuevo sistema complementario de contacto con la ciudadanía, estrenado este 2026, “únicamente” informa de cuestiones “de carácter administrativo”, como las citas, y solamente después de haber “obtenido el consentimiento explícito de los interesados”, insiste el Servicio Vasco de Salud.

El consejero Alberto Martínez ha enviado al Parlamento Vasco un primer balance del nuevo sistema en respuesta a una solicitud de información realizada por la representante de EH Bildu Lore Martínez Axpe, que hace seguimiento de los asuntos tecnológicos. Fue a finales de 2025 cuando Osakidetza informó del lanzamiento de la nueva plataforma de comunicación y en marzo ya se activó oficialmente. En ese momento se indicó que “un total de 144.743 personas” habían dado ya su consentimiento “tras haber recibido un SMS informativo oficial en sus móviles”.

Según promocionó entonces el Gobierno, esta medida forma parte del proceso de “transformación digital” de Osakidetza y sería especialmente interesante porque utiliza la aplicación de mensajería para teléfonos móviles más popular y envía alertas “sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones”. “Ahora, más cerca de ti” es el lema de la campaña de promoción de este servicio.

Martínez responde a EH Bildu que Osakidetza “no fomenta ninguna nueva dependencia tecnológica”. Insiste, en primer lugar, en que las comunicaciones por WhatsApp son “estrictamente opcionales” y que, en segundo lugar, son “complementarias” a otros sistemas. Cita la carpeta de salud -el repositorio digital de la información clínica-, los SMS que llevan tiempo empleándose para una función similar a la actual del WhatsApp, las cartas en papel que se siguen enviando por correo postal, los trámites presenciales y, desde luego, los teléfonos 112, 900 20 30 50 (el denominado Consejo Sanitario) o los de los diferentes hospitales y ambulatorios.

“WhatsApp se incorpora únicamente como un canal adicional para quienes libremente y a través de su consentimiento deseen utilizarlo, sin generar obligación alguna para la ciudadanía ni condicionar el acceso a los servicios sanitarios. Osakidetza ha asumido la aplicación de comunicación de uso mayoritario en la sociedad vasca [y] por eso no se han considerado aplicaciones minoritarias”, expone Salud. No obstante, sí existen canales de Telegram, una alternativa a WhatsApp, para otros usos como la comunicación institucional oficial.

Se subraya, en todo caso, que esos nuevos mensajes que se están enviando “no incorporan datos de salud”. “Su contenido se limita estrictamente a avisos generales, tales como recordatorio de cita u otras notificaciones de naturaleza administrativa”, insiste Martínez en la respuesta parlamentaria. La información clínica “de carácter sensible” se gestiona “exclusivamente” en recursos “propios y seguros”. Esos datos están “sometidos a las correspondientes medidas de seguridad, confidencialidad y protección de datos”.

Osakidetza, en todo caso, dice estar empleando la versión “empresarial” de la aplicación del icono verde, propiedad del gigante Meta (Facebook o Instagram son algunas de sus otras plataformas). Supuestamente, esa versión ofrece más “medidas concretas y específicas” de seguridad de las comunicaciones que la ordinaria, así como “gestión” de “incidentes” y “vulnerabilidades”. Meta, además, tiene prohibido “estrictamente” por contrato comercializar los datos que pueda conocer de sus clientes, en este caso de Osakidetza.

Además, hay un proveedor adicional llamado Salesforce, que “proporciona un entorno seguro a nivel empresarial” para canalizar y automatizar los mensajes. Los intercambios están “cifrados”. “En ningún momento se produce cesión de datos de salud a Meta, ni se habilita acceso a información clínica por parte de dicha empresa”, insiste Martínez.

Euskadi ha activado este viernes el denominado Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes, un órgano consultivo integrado por “los máximos expertos” en salud pública, emergencias, microbiología, enfermedades infecciosas, epidemiología y asistencia hospitalaria y que hará seguimiento “de cerca” de la crisis del hantavirus. El Gobierno vasco, que ha puesto al frente al viceconsejero Gontzal Tamayo, mano derecha del consejero Alberto Martínez, insiste en dos ideas, que Osakidetza estaría “preparada para responder” pero también que, a la luz del primer dictamen de esta mesa, el riesgo de un brote es “muy bajo”.

El informe inicial subraya que “el hantavirus se transmite por contacto directo con fluidos del reservorio animal, especialmente roedores, y que de forma esporádica puede transmitirse de persona a persona en circunstancias muy concretas, mediante contacto estrecho y sostenido en lugares cerrados y mal ventilados” y que “no se transmite por vía aérea”. Añade que, con los datos oficiales existentes, “no constan personas viajeras [en el crucero MV Hondius que navega a Canarias] residentes en Euskadi entre los pasajeros identificados, ni se han detectado casos, contactos o colectivos de especial vulnerabilidad, como embarazadas o menores”. “Y tampoco existe en Euskadi el reservorio animal que permitiría adquirir la infección por esta vía, por lo que el riesgo de infección en nuestro entorno es muy bajo”, se abunda.

“No hay personas infectadas en Euskadi ni posibles contactos de personas infectadas, y la situación se mantiene en fase de investigación y monitorización. Por eso, no hacen falta medidas adicionales más allá del seguimiento y la vigilancia, tanto dentro del propio consejo como en coordinación con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”, agrega el Departamento de Salud.

La Sanidad vasca, en todo caso, está “preparada”. “Osakidetza cuenta con la UATAN (Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel) del hospital universitario Donostia, disponible para su activación”, expone el Ejecutivo. Estas instalaciones “cumplen los tres requisitos fundamentales para atender a pacientes que precisen aislamiento de alto nivel, espacio suficiente para incorporar equipos de diagnóstico y apoyo al tratamiento, un circuito seguro para personas, equipos y residuos, y equipamientos para realizar con frecuencia determinaciones biológicas”. Es una de las siete unidades de este tipo de España, se congratula Osakidetza.

¿Cómo funciona? “La UATAN está preparada para atender a un paciente y dispone de una esclusa de acceso con puertas de cristal, que permite la observación desde el exterior; una habitación con cabezal suspendido en el techo, tomas de oxígeno y vacío, aparatos de radiología; equipos de laboratorio POCT; una zona de descontaminación y retirada de EPI; y otra zona específica para tratamiento y retirada de residuos, entre otros servicios”, indica Osakidetza, que asegura tener “entrenado” a un equipo de médicos, enfemeros y auxiliares para responder en caso de crisis, además de contar con UCI de respaldo. Igualmente, se dispone de dos ambulancias especiales para traslados de infecciosos y laboratorios para analizar muestras.

“Nuestra prioridad es ser proactivos, vigilar la situación, disponer de toda la información y responder con rapidez si apareciera algún cambio relevante”, ha manifestado el viceconsejero Tamayo. Insiste en que es “muy bajo” el riesgo en Euskadi.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) busca con urgencia, exactamente para dentro de una semana, médicos interinos que puedan trabajar como mínimo seis meses y que cubran las numerosas vacantes en tres especialidades, pediatría, psiaquiatría y anestesiología. Según el Sindicato Médico de Euskadi (SME), próximamente se harán también llamamientos para captar médicos de familia, radiólogos, psicólogos clínicos y facultativos para Urgencias.

El personal que está en listas de contratación de las tres primeras categorías está recibiendo ya en las últimas horas la oferta por correo electrónico y se les da un plazo de apenas siete días, hasta el 15 de mayo, para que puedan optar a los destinos ofertados. La dirección de Osakidetza les indica que son “nombramientos de larga duración”, de como poco seis meses. Y se añade que no vale echarse atrás: “El nombramiento adjudicado es irrenunciable, lo que implica que, si se te adjudica un nombramiento y posteriormente lo rechazas, se te excluirá de las listas largas de contratación durante los periodos establecidos”.

En principio, la oferta se ha remitido “a un número mayor de personas que las plazas ofertadas”, a “todas las personas que se consideren en situación de disponibles”. Sin embargo, si hubiese vacantes, “las ofertas de nombramientos que no hayan sido seleccionadas por ninguna de las personas aspirantes o que no hayan sido adjudicadas a nadie, se asignarán de oficio”. También “la renuncia a la asignación de oficio supondrá la penalización correspondiente”, avisa el Servicio Vasco de Salud.

El consejero Alberto Martínez lleva desde que accedió al cargo alertando de la escasez de facultativos y de las dificultades para cubrir las vacantes. Es algo más acentuado en los hospitales comarcales, por ser zonas menos atractivas para quienes vienen de fuera. Esta convocatoria, además, se produce en el contexto de las huelgas de médicos, convocadas una semana de cada mes, a lo que se suman las negativas a hacer 'peonadas', las horas extraordinarias para aliviar listas de espera bajo autoconcertación. La demora quirúrgica y otros indicadores están empeorando en los últimos meses por este motivo.

Se da la circunstancia de que, en plena discusión política por las exigencias de euskera en la Administración, en una de las ofertas, la correspondiente a la búsqueda de anestesistas, en 21 de las 34 vacantes ofertadas no se solicita ningún conocimiento de la lengua vasca. Es el 61,76%. Más en detalle, las dos plazas en el Alto Deba, en Gipuzkoa, no tienen fecha de preceptividad, pero sí se requiere euskera en las dos que salen en la la comarca de Donostialdea, por ejemplo.

En la madrugada de este domingo a este lunes, en Donostia, se ha registrado un incendio en los pabellones de Jolastokieta, donde se ubicaba la antigua fábrica Zardoya Otis, según ha confirmado la Guardia Municipal. El suceso se originó alrededor de las 23.55 horas. Los Bomberos rescataron a una persona herida, cuyo pronóstico se mantiene reservado, y atendieron a otras tres afectadas por inhalación de humo. Se estima que el fuego fue “provocado”.

El concejal de Seguridad, Martín Ibabe, ha explicado este lunes que el fuego se originó en “las antiguas dependencias de la fábrica”. En estas instalaciones de Zardoya Otis pernoctan habitualmente 30 personas, lo que provocó numerosas llamadas a emergencias y la activación de un amplio dispositivo. En la intervención participaron la Guardia Municipal, los Bomberos, la Ertzaintza y ambulancias de Osakidetza.

Se han contabilizado cuatro personas afectadas, de las cuales una está herida y tres únicamente intoxicadas por humo. Según ha detallado Ibabe, unas “quince personas se encontraban en el exterior” cuando llegaron los servicios de emergencia. Una vez extinguido el incendio, se inspeccionó el interior de las instalaciones para descartar más víctimas, sin encontrar nuevos afectados.

El concejal ha señalado que “los testimonios apuntan” a que el incendio ha sido provocado de forma intencionada. La Guardia Municipal ha detenido a dos personas, aunque la investigación continúa abierta y “podría haber algún otro detenido más”, ha añadido. En estos momentos, se están recopilando declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

La zona afectada permanece acordonada. Antes de restringir el acceso, se permitió a las personas que se encontraban en el interior recoger sus pertenencias. En los pabellones de Jolastokieta, que son más que el afectado, suelen pernoctar alrededor de 200 personas en situación de calle. A comienzos de este año ya se produjo un desalojo en uno de los pabellones de la antigua fábrica, pero, pese a ello, el espacio continúa siendo utilizado por personas vulnerables.

El sindicato de enfermería Satse, el de mayor implantación en Osakidetza, ha reclamado un “refuerzo urgente” de las plantillas de matronas en el Servicio Vasco de Salud para garantizar una “atención sanitaria de calidad” a las mujeres en todas las etapas de su vida porque, en la actualidad, hay “una matrona para más de 2.500 mujeres”. Es una “ratio totalmente insuficiente”, que “compromete la salud de las mujeres”, sostiene la central.

En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Matrona, el sindicato ha advertido de que la situación actual en Euskadi es “especialmente preocupante”, por lo que ha exigido al Gobierno vasco y a Osakidetza que “refuercen las plantillas y apuesten por el descanso y conciliación de estas especialistas”. “En estos momentos hay una matrona para más de 2.500 mujeres en Euskadi, una ratio totalmente insuficiente que compromete la calidad asistencial y limita el desarrollo de todas sus competencias”, ha denunciado la secretaria general de Satse en Euskadi, Amaia Mayor, según informa Europa Press.

Bajo el lema “Más matronas, mejor futuro”, el sindicato ha insistido en que la falta de estas profesionales no sólo impacta en la atención al embarazo y parto, sino en todo el ciclo vital de la mujer, ya que “las matronas desempeñan ”un papel clave en la educación sanitaria, la prevención, la salud sexual y reproductiva, el acompañamiento en la adolescencia, la maternidad y el climaterio“. En este sentido, Mayor cree que reducir su labor a la atención al parto es ”invisibilizar su pleno valor“ y ha añadido que el actual ”déficit de matronas“ en Osakidetza impide que ”estas profesionales puedan desarrollar plenamente sus funciones, viéndose obligadas a priorizar la atención más urgente en detrimento de la prevención y la promoción de la salud“.

“Menos matronas significa menos tiempo para cada mujer, menos seguimiento, menos prevención de patologías y menos apoyo en momentos clave como el embarazo, el posparto o la lactancia, lo que repercute directamente en la calidad del sistema sanitario y en la seguridad de la atención”, ha alertado la secretaria general de Satse en Euskadi. Asimismo, ha subrayado que esta falta de personal también tiene un impacto directo en las propias profesionales, ya que la “escasez” de matronas está obligando “a limitar descansos, dificultar la conciliación y asumir una sobrecarga constante que se intensifica en periodos críticos como el verano o la Navidad”.

“Muchas matronas afrontan estas épocas con incertidumbre y ansiedad ante la falta de cobertura y planificación, lo que agrava aún más el desgaste físico y emocional de un colectivo ya tensionado”, ha apuntado la responsable de Satse. Ante esta situación, el sindicato ha reclamado, tanto un aumento de plazas de formación especializada como la creación de más puestos específicos en Osakidetza, para poder garantizar “una atención integral y unas condiciones laborales dignas”. Satse ha pedido al Departamento de Salud que incluya a las matronas en las OPE de difícil cobertura.

El consejero Alberto Martínez prepara una reorganización de la estructura del Departamento de Salud que implicará, entre otras medidas, un cambio de nombre en la actual viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias (a partir de ahora de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria) y la desaparición de las históricas delegaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y de la figura de los delegados, tres altos cargos. En este segundo caso, el objetivo principal es centralizar los contratos de concertación de servicios sanitarios para evitar que se produzcan condiciones diferentes en función de los territorios.

En paralelo al decreto de creación del nuevo Instituto Vasco de Salud Pública, que se llamará Osasungintza, adelantado por este periódico, el consejero tiene ya un borrador de otro decreto para modificar la estructura del Salud. El viceconsejero Aritz Uriarte, ahora de Administración y Financiación Sanitarias pero próximamente de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria, explica a este periódico que se busca acomodar el organigrama a los compromisos adquiridos en el denominado pacto vasco de salud, alumbrado en el verano de 2025.

En el caso de las delegaciones territoriales, se van a reconvertir en “sedes” de Salud en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Estará destinado en ellas el “mismo personal”, pero ya no habrá un delegado del que dependan jerárquicamente. Actualmente hay 607 funcionarios destinados en estos servicios, 259 en la delegación vizcaína, 231 en la guipuzcoana y 117 en la alavesa. La importancia del cambio, más allá de lo simbólico, es que permitirá la “homogeneización” de contrataciones de servicios concertados.

Ahora, en lugar de hacerse adjudicaciones en cada provincia para cada servicio, habrá un único expediente de licitación con varios lotes, lo que permitirá evitar “inequidades”, ahorrar costes en derivaciones y “controlar más de cerca” los servicios externalizados, según expone el viceconsejero. Actualmente, los delegados son José Antonio Beltrán de Salazar en Álava, José Ramón Aranbarri en Gipuzkoa y Andoni Gamboa en Bizkaia, según el directorio del Departamento de Salud.

Las delegaciones colgaban hasta ahora de la viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias, que a la aprobación del decreto pasará a ser de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria. El cambio de denominación, según Uriarte, tiene que ver con la nueva fiolosofía política que se le quiere imprimir mirando a “sostenibilidad, cultura participativa o resultados en salud”.

Además del cambio de los delegados, se creará una nueva subdirección de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades, coordinada con la nueva institución Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Igualmente, se articulará la participación de los pacientes en el sistema con un “plan director” y un “registro vasco de organizaciones de pacientes”, según indica el viceconsejero. Igualmente, se adscribirá a la nueva estructura de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria todo lo relativo al área sociosanitaria, de coordinación entre el sistema de salud y las residencias de mayores, de gestión foral.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha presentado como novedad para combatir los efectos en las listas de espera quirúrgicas de la huelga corporativa de médicos, que está ya en 78 días de media por 54 de finales de 2025, la derivación a centros privados concertados por Osakidetza de aquellos pacientes que superen los seis meses de demora, que son ahora prácticamente diez veces más que antes de las protestas, 1.794 frente a 89. “Ofreceremos a las personas que lleven más de 180 días la opción voluntaria de ser operados en centros concertados. Daremos la opción a los más vulnerables. Pueden elegirlo si así lo consideran”, ha explicado a los periodistas en el Parlamento Vasco el titular de Salud.

Sin embargo, se da la circunstancia de que un decreto aprobado en 2006 por el entonces consejero Gabriel Inclán ya prevé que quienes estén más de 180 días en espera puedan ser derivados a la privada con cargo a los presupuestos públicos. Baja incluso a 90 días para pacientes con problemas cardíacos y a 30 en el caso de los oncológicos. Este periódico informó en 2023 de que en 2021 y 2022, dos años de incremento de las esperas a causa de los efectos de la pandemia, de que Osakidetza había destinado del orden de 8,3 millones de euros en 21.960 actos médicos derivados a centros privados.

El consejero Martínez ha dado a entender que la novedad será la actitud proactiva de Osakidetza para informar de ese derecho existente desde hace veinte años. “Vamos a llamar a esas personas”, ha asegurado. El titular de Salud, del PNV, insiste en hacer ver que los problemas en los sistemas autonómicos causados por la huelga son consecuencia directa de la inacción de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. “La llave no está en nuestra mano”, ha repetido a los medios de comunicación.

Martínez, que lleva enfrentado a García prácticamente desde que accedió al cargo en 2024, se ha preguntado: “¿Hay alguien en el Ministerio de Sanidad?”. El consejero nacionalista ha repetido que Euskadi se ofrece a asumir todas las competencias para negociar el estatuto marco de los facultativos. “¿Para qué necesitamos un Ministerio de Sanidad?”, ha lanzado ironizando que García parece estar pensando exclusivamente en su carrera como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, confirmada ya por ella misma.

El consejero, según ha explicado, está manteniendo reuniones con profesionales de diferentes hospitales, especialidades y “generaciones” para conocer directamente su opinión. Teme que las protestas -que duran una semana y que se repiten cada mes- se sucedan en mayo “e incluso en junio” por la falta de capacidad de diálogo de la ministra. Como contraste, ha enumerado “catorce” acuerdos profesionales alcanzados en los últimos tiempos y ha anunciado todavía más, aunque siendo consciente que la huelga es de ámbito superior al autonómico. Osakidetza, eso sí, aprobó su último convenio en 2008, hace 18 años.

Este lunes, primer día de la nueva tanda de huelgas, los paros fueron seguidos por un 16% en el turno de mañana y por un 4% en el vespertino. Osakidetza ha subido los servicios mínimos y garantiza que no hay demoras para casos de cáncer o patologías “tiempodependientes”. Como detalle, Martínez ha señalado que el interlocutor legítimo es el SME, cuarta fuerza sindical tras elecciones internas de 2024, y no el movimiento MUD, que algunas voces asemejan a 'Ertzainas en lucha', el movimiento asindical de la Ertzaintza de 2023.

Los médicos están llamados a la huelga en Euskadi esta semana, la tercera en lo que va de año. Reclaman un estatuto marco propio para regular sus condiciones. El seguimiento de este lunes en el turno de mañana en Osakidetza ha sido del 16,02%, según los datos provisionales aportados por el Gobierno vasco. Oscila entre el 17,67% de Bizkaia y el 11,15% de Álava. Las protestas, además, se están extendiendo a no hacer 'peonadas' o autoconcertaciones, es decir, a rebajar las listas de espera por las tardes. De momento, de 54 días de demora para una operación se ha subido ya por lo menos a 74 en lo que va de año.

Los huelguistas han indicado que la política del Ministerio de Sanidad, de quien es la competencia del estatuto marco, “parece ser la de echar balones fuera y responsabilizar a otros de su propio inmovilismo” y ha incidido en que “esta falta de rigor dificulta seriamente la posibilidad de avanzar hacia una solución a un conflicto”, por lo que ha pedido que se establezca una “verdadera negociación a nivel estatal” con el fin de alcanzar un pacto que “dé salida” a sus “justas reivindicaciones”. Convocados por el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y por la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), personal médico y facultativo se ha concentrado este lunes tanto en el hospital Donostia como en Cruces, en Barakaldo, informa Europa Press.

Según ha detallado, el acuerdo debe contemplar, entre otras cuestiones, “un ámbito de negociación propio con un sistema de representación y negociación específico para el personal médico y facultativo” y una nueva clasificación profesional “basada en los créditos universitarios (sistema MECES), la especialización y el nivel de responsabilidad”. El personal médico y facultativo también reclama una jornada ordinaria de 35 horas semanales en las que “las horas que superen esta jornada ordinaria sean voluntarias, se consideren exceso de jornada, se retribuyan por encima de la hora ordinaria máxima y computen para jubilación, tanto en atención primaria como en hospitalaria”.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha mostrado “muy preocupado” con la huelga y ha pedido al Ministerio de Sanidad y a su titular, Mónica García, que “sigan en la mesa” hasta que se solucione el conflicto. En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha lamentado que, tras casi dos años “trabajando para dar la vuelta y mejorar muchos de los indicadores” en Osakidetza, “llega este conflicto desde que ha surgido porque el Ministerio no ha gestionado bien las cosas”.

“Estoy muy preocupado con este asunto, y a Madrid hay que pedirle que, por favor, siga en la mesa hasta que esto se solucione. Lo que no podemos admitir es escuchar a la ministra decir que 'yo me levanto de la mesa y allá vosotros'. No, aquí hay una huelga, y para nosotros es muy preocupante”, ha asegurado. “Madrid encendió la huelga y Madrid debe solucionarla. Madrid tiene la llave, y por eso el debe del Ministerio y de la ministra es permanecer en esa mesa hasta que esto se solucione”, ha insistido.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha informado este viernes de la detección de un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao, tras lo que, como medida preventiva, estudiará sus contactos escolares para descartar la infección e indicar, en su caso, tratamiento preventivo.

Según ha explicado en un comunicado Salud, a través de su Dirección de Salud Pública y Adicciones, se ha detectado un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao. Este caso ha sido evaluado y “manejado conforme a los protocolos vigentes de vigilancia y control”.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que, ha remarcado Salud, “en la actualidad dispone de tratamiento eficaz y curativo”. Su transmisión se produce por vía aérea -al toser o hablar- y, en términos generales, requiere “una exposición prolongada y estrecha” para que se produzca el contagio.

Como “medida preventiva estándar”, Salud va a proceder a la identificación y al estudio de los contactos escolares “con el fin de descartar la infección y, en su caso, indicar tratamiento preventivo”. Las familias del alumnado potencialmente expuesto serán contactadas directamente por Osakidetza. Desde la Consejería han precisado que estas actuaciones forman parte de los procedimientos de vigilancia epidemiológica y se desarrollan con el objetivo de garantizar la detección precoz y la protección de la salud de la población.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, tiene ya listo el borrador de un decreto por el que se creará en Euskadi un organismo llamado Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Se trata una nueva agencia con, entre otros objetivos, la coordinación de la respuesta a epidemias o pandemias, la realización de seguimiento estadístico de enfermedades, la vigilancia alimentaria y ambiental (aire, agua de consumo o zonas de baño), la prevención de adicciones o la realización de análisis de laboratorio.

El Instituto Vasco de Salud Pública fue regulado por ley en 2023. Se hablaba entonces de un plazo de año y medio para su configuración por decreto. En 2025, la oposición denunció en el Parlamento los retrasos en la puesta en marcha de la iniciativa. La portavoz de EH Bildu, Rebeka Ubera, llegó a manifestar también en ese debate en la Cámara que el Gobierno de Imanol Pradales había contratado a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) la elaboración del borrador de los estatutos (66.308,00 euros) y a LKS un plan de acción.

Medio año después de aquella sesión y casi tres años después la aprobación de la ley, el consejero Martínez ha firmado ya la orden con la aprobación con “carácter previo” del decreto de creación de Osasungintza. Lo hizo este martes a las 12.23 horas, según la documentación consultada. El decreto consiste en una exposición de motivos, en unos pocos artículos que regulan la subrogación de los medios y personal de la actual dirección de Salud Pública por parte del nuevo ente llamado Osasungintza y en los estatutos, de más de 30 páginas.

Osasungintza quiere ofrecer “de forma integral” una respuesta a todas las necesidades de salud pública de la comunidad autónoma. Tendrá un alto cargo al frente, no se especifica dónde estará su sede y plantea operar en euskera y castellano, pero también en otras lenguas “cuando así lo requiera la mejor atención a las personas residentes en Euskadi”. Los estatutos aluden a la importancia de la “universalidad” en las prestaciones sanitarias y cuelan también una idea que lleva tiempo repitiendo el consejero Martínez, el concepto “one health” o 'una sola salud', en castellano, que implica también prestar atención a la salud de animales y ecosistemas porque ello incide en la de los seres humanos.

El nuevo organismo tendrá un consejo de administración en el que se situará al frente el propio consejero. Habrá también un vicepresidente, que será el viceconsejero, y siete vocales, uno de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), uno de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo), uno de Educación, uno de Seguridad, uno de Medio Ambiente, uno de Agricultura y otro de Patrimonio. Asimismo, habrá una dirección, un alto cargo de “reconocida experiencia” en la materia designado por el consejero de Salud y equivalente al puesto que ahora ocupa Guillermo Herrero, director de Salud Pública dentro del equipo de Martínez.

Osasungintza tendrá cinco áreas o subdirecciones. Son “Vigilancia, prevención y control de enfermedades” (todo lo tocante a virus, infecciones de transmisión sexual y alertas), “Protección de la salud” (seguridad alimentaria, zoonosis, aguas, legionela, sanidad mortuoria, calidad del aire y químicos o playas), “Promoción de la salud y prevención de adicciones” (información y educación desde “el enfoque de salud en todas las políticas”), “Laboratorio” (analíticas e informes) y “Administración y Servicios Generales” (informes, sanciones y recursos). También habrá una delegación por territorio, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El decreto prevé que Osasungintza asuma los “derechos y obligaciones” de la actual dirección de Salud Pública. “El personal funcionario, de carrera o interino, y el laboral que, en la fecha de entrada en funcionamiento de Osasungintza ejerza en el Departamento Salud [sic] funciones técnicas o administrativas coincidentes o vinculadas con las que tiene asignadas Osasungintza, se integrará en [él] manteniendo su condición originaria y las condiciones que ostenta”, se indica.

Como detalle, Salud trasfiere a la nueva agencia todas las atribuciones de “planificación, gestión, evaluación y optimización” de los registros estadísticos. Este periódico ha publicado que el del cáncer, la patología con mayor incidencia en Euskadi, lleva sin datos nuevos desde 2019 y que el de anomalías congénitas está parado desde 2015. Ambos serán ahora gestionados por Osasungintza, incluido el segundo aunque Martínez dijera en el Parlamento, cuando preguntó por ello EH Bildu, que no iban a retomarlo porque no era “obligatorio”. Los estatutos de Osasungintza, en concreto, prevén también registros de enfermedades de declaración obligatoria, vigilancia microbiológica, mortalidad, altas hospitalarias, abortos, adicciones y enfermedades raras.

La ley que regula Osasungintza es de la pasada legislatura, con Gotzone Sagardui al frente de Salud. Salió adelante merced a la mayoría de PNV y PSE-EE en la Cámara, pero sin la oposición. La propuesta original del Gobierno no contemplaba la creación de un Instituto de Salud Pública pero se acordó en el trámite de enmiendas. La consejera consideró esta norma “todo un hito”, aunque lo que se destacó de ella es la cláusula que permitía la contratación de médicos extracomunitarios.

Un informe de la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, enviado al Parlamento Vasco apunta a que, entre 2023 y 2025, 17 profesionales sanitarios, catorce mujeres y tres hombres, denunciaron “acoso sexual o acoso por razón de sexo” en la asesoría “confidencial” habilitada en el Servicio Vasco de Salud. De todos los casos, solamente uno ha acabado en una denuncia en la Fiscalía.

Los datos, solicitados en la Cámara por la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, muestran que hubo cuatro denunciantes en 2023, dos mujeres y dos hombres, seis en 2024, cinco y uno, y siete en 2025, todas ellas mujeres. A partir de ahí, el documento explica algunas de las consecuencias de estas denuncias. Por ejemplo, las comunicaciones han motivado la apertura de doce expedientes “informativos”, tres, cuatro y cinco en los tres ejercicios analizados, respectivamente. Sin embargo, los expedientes “disciplinarios” han sido la mitad, seis, cinco de ellos el pasado año.

En dos supuestos, según expone Osakidetza, el caso ha acabado en “sanción”, aunque no precisa más detalles. Son dos casos de 2024, a los que se suman otro de ese mismo año “pendiente de resolución judicial”, otro de 2025 “pendiente de finalización del expediente disciplinario” y otro “pendiente de apertura de expediente disciplinario”. En tres años, solamente una de las denuncias ha sido remitida a la Fiscalía por parte del Servicio Vasco de Salud, siempre según estos datos. Por lo demás, once casos han sido “archivados” y hay uno más que se ha dado por prescrito. En este en concreto, Osakidetza ha “instado” a la persona denunciada “a que realice un curso de sensibilización”.

Según explica Osakidetza, toda la plantilla -incluido “personal en formación, estudiantes en prácticas” o trabajadores de “empresas externas” contratadas- tienen derecho a contactar con la asesoría. Hay un formulario en la web y también un teléfono, el 945 20 79 79. Se indica que sirve de “cauce” para “solucionar casos de acoso sexual y por razón de sexo”. Ofrece “asesoramiento e investigación ante presuntas situaciones de discriminación por conductas sexistas que se produzcan en el entorno laboral de Osakidetza”, emite “recomendaciones para erradicar las conductas sexistas” y traslada informes de conclusiones a la dirección de Recursos Humanos. “La investigación que realice frente a la denuncia tendrá la consideración de expediente informativo a efectos disciplinarios”, se apunta.

La web de este organismo detalla algunas de las conductas denunciables. Por ejemplo, considera que hay “conducta sexista” en “cualquier comportamiento de corte machista, generalmente molestos o desagradables para las personas que los sufren”. “Aunque no revistan la gravedad suficiente como para calificarse de acoso sexual o acoso por razón de sexo y a veces sean tolerados en los usos sociales, son contrarios a los valores de Osakidetza, y por lo mismo, rechazables”, se indica. Después está el “acoso sexual”, que “es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. Finalmente, el “acoso por razón de sexo” es “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

Los magistrados Ana Jesús Zulueta, Elena Cabero y Jesús Poncela han solicitado su abstención como miembros del tribunal del juicio de las presuntas filtaciones en los exámenes de la OPE médica de Osakidetza de 2018. Sin que las partes, los dos imputados o las dos centrales sindicales que ejercen la acusación, hayan pedido la recusación en ningún momento, según exponen fuentes judiciales, la Audiencia Provincial de Álava deberá determinar ahora si la terna está 'contaminada' y si, en su caso, es necesario buscar nuevos jueces. La consecuencia es que la vista preliminar que iba a ser esta semana ha quedado ya cancelada y, desde luego, el juicio como tal queda pospuesto 'sine die'.

En el caso de Zulueta, ha expuesto en un informe que fue instructora del caso durante unos años, de 2019 a 2021. Durante la procelosa investigación ha habido hasta cuatro magistradas al frente de la causa y una de ellas fue la actual integrante de la Audiencia Provincial. En el caso de Poncela y Cabero, indican que en 2025 emitieron un auto como órgano de segunda instancia en el que entraron al fondo del asunto hasta el punto de revocar el archivo de la causa y ver indicios de delito como para enviar a juicio a los dos imputados que, en efecto, irán al banquillo. Es “un supuesto claro de afectación de la imparcialidad objetiva”, explican fuentes oficiales conocedoras del escrito de los dos veteranos jueces de Vitoria, presentes en casi todos los asuntos de relevancia de la ciudad en los últimos lustros.

“El juzgado instructor deberá dictar auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, determinando como hechos punibles, con las modulaciones que estime pertinentes, aquellos que en el marco de las diligencias de investigación practicadas y de lo expuesto en la presente resolución y en relación al proceso selectivo para facultativos médicos en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, sirvan de sustente a una calificación conforme a los delitos tipificados en los artículos 417.1 y 418 del Código Penal”, ordenaron el pasado año Cabero y Poncela en una resolución cofirmada con el juez Francisco García Romo.

Esa resolución es la que dio pie al juicio. Se confirmó el cierre de las actuaciones contra los otros 17 investigados y que dos se sentarían el banquillo por los indicios de irregularidades en un examen muy concreto de la OPE de 2018, la de Cirugía Plástica. Son la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

Los informes de abstención “han sido trasladados al presidente de la Audiencia alavesa para que se lleve a cabo el procedimiento que permita, siguiendo un orden establecido por ley, completar la composición de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava con otros magistrados que son los que tendrán ahora que decidir si las razones de abstención de sus compañeros están justificadas o no”, indican desde el Palacio de Justicia. Cuando la pasada semana trascendió la suspensión de la vista preliminar, ya se adelantaba por parte de Poncela que era por un posible cambio en el tribunal, pero no dio más detalles. Nunca ha habido fecha concreta para el inicio del juicio y ahora, de nuevo, el calendario está en el aire.