El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM), organización integrada en la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ha confirmado su adhesión a la convocatoria de huelga estatal de médicos, facultativos y residentes que se celebrará los días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo en toda España.

Más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha están llamados a secundar esta movilización. “Nadie desea una huelga, pero la profesión médica y facultativa no puede aceptar seguir siendo ignorada en la negociación de sus condiciones laborales”, afirma.

La convocatoria se mantiene ante “la negativa del Ministerio de Sanidad a abrir un proceso real de negociación con el Comité de Huelga Nacional, único órgano legítimo para representar a la profesión médica en este conflicto”.

A diferencia de lo ocurrido con el Ministerio de Sanidad, añaden que en Castilla-La Mancha “sí se ha abierto una vía de diálogo” entre la Consejería de Sanidad, el Sescam y el Comité de Huelga del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha“.

En las dos reuniones mantenidas hasta el momento, el Sindicato Médico ha trasladado propuestas concretas para mejorar la respuesta del sistema sanitario autonómico, entre ellas el estudio y mejora del modelo asistencial, la adopción de medidas para afrontar el déficit estructural de médicos y facultativos adaptándolo a la realidad asistencial actual, la mejora de las condiciones laborales y la regulación adecuada de las guardias, tanto localizadas como de presencia física.

Asimismo, el Sindicato Médico ha insistido en la principal reivindicación de esta convocatoria de huelga en Castilla-La Mancha: la reactivación de la Carrera Profesional mediante el reconocimiento extraordinario de nuevos grados, paralizada desde 2012 y que convierte a Castilla-La Mancha “en la única comunidad autónoma que aún no la ha reactivado, una medida considerada clave para retener y atraer talento médico y facultativo en el sistema sanitario de nuestra Comunidad Autónoma”.

Recuerdan que en Castilla-La Mancha se mantiene vigente la convocatoria de huelga indefinida autonómica, con nuevas jornadas de paro previstas para los días 15, 17 y 19 de junio. Hasta la fecha ya se han celebrado nueve jornadas de huelga, desarrolladas entre los días 9 al 12 de diciembre y del 16 al 20 de febrero.

“Actitud de bloqueo” del Ministerio

Desde el Sindicato Médico denuncian que la ministra de Sanidad, Mónica García, continúa sin convocar a los representantes de los médicos y facultativos, “manteniendo una actitud de bloqueo que impide abordar las reivindicaciones del colectivo médico”.

La profesión reclama un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa que reconozca la singularidad de la formación, responsabilidad y condiciones de trabajo, con una jornada laboral similar a la de cualquier trabajador y “no las 45 horas semanales que pretende imponer el Ministerio”, así como unas condiciones laborales dignas y un modelo asistencial que permita dedicar a los pacientes el tiempo necesario para garantizar una atención sanitaria de calidad.

El Ministerio de Sanidad, según este sindicato, sin embargo, ha optado por impulsar un anteproyecto de reforma del Estatuto Marco acordado con sindicatos del ámbito general, “a espaldas de la profesión médica y facultativa, ignorando las reivindicaciones de quienes constituyen el eje del sistema sanitario”.

Por ello, la huelga estatal convocada por la profesión médica se mantendrá mientras el Ministerio de Sanidad “continúe negándose a dialogar con la representación legítima de los médicos y facultativos convocantes de esta huelga”.

“Queremos dejar claro que los médicos y facultativos no somos responsables de las consecuencias que esta situación pueda generar en los pacientes o en la asistencia sanitaria. La responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio de Sanidad y en su ministra, Mónica García, cuya negativa a negociar con la profesión médica y facultativa ha conducido a esta situación de conflicto”, concluye.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha anunciado la convocatoria de una huelga general indefinida intermitente de médicos, facultativos y residentes en Castilla-La Mancha, que afectará a todo el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), “omo instrumento legítimo para ”proteger la sanidad pública y las condiciones profesionales de quienes la sostienen“.

La huelga se desarrollará los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero y los días 15, 17 y 19 de junio. Asimismo, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha anuncia su adhesión a la huelga nacional de médicos y facultativos, convocada del 16 al 20 de febrero, en defensa de un Estatuto Propio de la profesión médica que reconozca su singularidad, su responsabilidad y su nivel de formación.

A esta convocatoria de huelga autonómica están llamados la totalidad de más de 7.700 médicos, facultativos y residentes que desarrollan su labor en el conjunto de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.

El CESM indica haber mantenido una actitud “responsable, prudente y constructiva”, tras la intervención pública realizada por la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado 26 de enero, en la que se remitió el abordaje de la situación a las comunidades autónomas y a las Consejerías de Sanidad, “sin aportar soluciones concretas a los problemas estructurales de la sanidad pública ni dar respuesta a las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo”.

Afirma que, después de un periodo de “reflexión profunda y de haber apostado de manera continuada por el diálogo y la negociación”, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, “entiende necesario dar un paso adelante” y anuncia dicha huelga, tras la aprobación de su Comité Ejecutivo.

“No responde a una voluntad de confrontación”

“La huelga no responde a una voluntad de confrontación, sino a la necesidad de proteger el presente y el futuro de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, garantizando una atención sanitaria segura, accesible y de calidad”, señalan. “Los médicos y facultativos vamos a la huelga para reclamar medidas urgentes que permitan reducir las listas de espera, asegurar tiempos de atención razonables y adaptar las plantillas de nuestra profesión a las necesidades reales asistenciales”.

Denuncian que la situación actual “está generando sobrecarga asistencial, agendas saturadas, demoras crecientes y dificultades para acceder a la atención sanitaria, lo que repercute directamente en la seguridad del paciente y en la calidad del servicio público de salud”.

De igual modo, alegan que dicha “sobrecarga asistencial mantenida en el tiempo merma la salud física y emocional de los profesionales, incrementa el desgaste y el agotamiento laboral, y termina afectando también a la calidad asistencial que recibe la ciudadanía”.

“En términos claros y comprensibles para la ciudadanía, los médicos, facultativos y residentes reclaman mejoras que no solo afectan a sus condiciones laborales, sino que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la sanidad pública en Castilla-La Mancha”.

Desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha explican que “esta huelga no va contra los pacientes”. “Se trata de una iniciativa necesaria y proporcionada para defender el presente y el futuro de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, asegurando que los profesionales puedan atender a la ciudadanía con el tiempo, los recursos, la seguridad y la dignidad que merecen, sin poner en riesgo la atención urgente ni los cuidados esenciales”.

El CESM asevera que durante los días de huelga estará garantizada al 100% la atención de urgencias y no demorable, con el objetivo de garantizar en todo momento la asistencia sanitaria de los pacientes.

Reivindicaciones

En su tabla reivindicativa, reclaman la reactivación inmediata de la Carrera Profesional, que en Castilla-La Mancha “permanece paralizada desde 2012, lo que sitúa a la región como la única comunidad autónoma en esta situación y genera un grave agravio comparativo”.

También piden un espacio propio de negociación que permita que las decisiones sobre organización, condiciones laborales y asistencia sanitaria cuenten con la participación directa del colectivo médico, acorde a su nivel de responsabilidad y formación. Actualizar las plantillas, especialmente en Atención Primaria, zonas rurales y servicios hospitalarios con mayor presión y un plan de choque para reducir las listas de espera, son otras de sus exigencias.

De igual modo, demandan la revisión del modelo retributivo, al considerar que las retribuciones actuales no reflejan la formación, ni la responsabilidad, ni la carga real de nuestro trabajo, y el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Atención Primaria, que “requiere agendas con tiempos adecuados por paciente, reducción de la carga burocrática, cobertura real de ausencias y dotación suficiente de recursos humanos y organizativos”.

También piden una regulación clara y justa de la jornada laboral y de las guardias presenciales y localizadas, con descansos adecuados que protejan la salud del profesional y la seguridad del paciente, prevenir riesgos laborales y proteger la salud profesional, así como medidas efectivas que garanticen la conciliación familiar, la igualdad real y la protección de la maternidad sin perjuicio profesional.

La mejora de las condiciones de los residentes, “el futuro del sistema sanitario”, cierra su tabla de peticiones. Demandan “garantizar descanso tras las guardias, supervisión adecuada y una formación de calidad con condiciones dignas de trabajo”.

Pasado el ecuador de los cuatro días de huelga a la que están llamados médicos de Castilla-La Mancha y de España, el Sindicato Médico regional (CESM CLM) ha criticado la actitud que está adoptando tanto la Consejería de Sanidad como su titular, Jesús Fernández Sanz.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Jorge Curiel, presidente de CESM CLM ha asegurado que, después de tres días de huelga, todavía no han recibido “ningún contacto ni ninguna oferta” por parte de la Consejería.

“Solo tuvimos una cita el viernes pasado con el director general de Recursos Humanos del Sescam, y en esa cita no se nos ofreció nada ni se nos dio un calendario para establecer unas negociaciones serias dentro del marco que establece la legislación actual”, señala Curiel.

Para el sindicato, esto supone un incumplimiento por parte de la Consejería de su “obligación legal de reunirse con el Comité de Huelga legítimamente constituido”.

Una actitud que contrasta, según el presidente de CESM CLM, con la que ha mostrado el Ministerio de Sanidad, que se ha reunido este jueves con el Sindicato Médico a nivel nacional para informarle de que la próxima semana retomarán las negociaciones para tratar “los puntos esenciales de esta huelga”.

“El Ministerio ha visto la fuerza de los médicos y el apoyo masivo que ha tenido la huelga, mientras que el consejero de Sanidad sigue en otro mundo y no se ha dignado todavía ni a llamarnos ni a tratar de abrir una vía de negociación”, ha afirmado tajante Curiel.

Piden al consejero “que acepte la realidad”

Por tanto, ha señalado que están esperando “a que el consejero acepte la realidad: que los médicos de Castilla-La Mancha no están contentos con su gestión ni con cómo les trata”.

De hecho, el presidente de CESM CLM ha lamentado las declaraciones que el consejero hacía este miércoles, en las que criticaba que el Ministerio de Sanidad negocie con los sindicatos médicos sin llamar a las comunidades y luego “se despachase a gusto sobre cuestiones que nosotros estamos reivindicando”. Unos comentarios que, en opinión de Curiel, “lo único que han hecho ha sido alborotar más al colectivo”.

Preguntado por si contemplan convocar futuras huelgas en caso de que no reciban una respuesta satisfactoria por parte de Sanidad, el presidente de CESM CLM ha asegurado que “por supuesto”.

“Mientras no se atiendan nuestras reivindicaciones y, sobre todo, algunas que son líneas rojas como la carrera profesional, el conflicto seguirá abierto y las huelgas se seguirán produciendo. Si es necesario, hasta las próximas elecciones”, ha avanzado Curiel.

El viernes hará públicos los datos de participación

Por otra parte, CESM CLM ha anunciado que mañana hará públicos sus datos de participación de los cuatro días de huelga, basados en los datos recogidos por los delegados del Sindicato Médico de Castilla-la Mancha.

Desde el sindicato han criticado que, hasta la fecha, el SESCAM no haya “facilitado los datos completos relativos al personal que efectivamente pueden ejercer su derecho a huelga, incluyendo cifras del personal que está secundándola, los mínimos establecidos o la situación de quienes no pueden participar por motivos de vacaciones, incapacidad temporal o libre disposición”.

Transcurridos tres días de paros, el SESCAM solo ha ofrecido un dato provisional de seguimiento de la huelga: del 34 en su primer día. Algo que, a juicio del sindicato, “impide una evaluación ajustada a la realidad del impacto y desarrollo del paro”.

Médicos y facultativos de toda Castilla-La Mancha están llamados desde este 9 de diciembre y durante cuatro días consecutivos a jornadas de huelga contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades.

Han sido convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y cuentan con el apoyo de los colegios oficiales de médicos en la comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha hay una reivindicación 'extra': la recuperación de la carrera profesional.

Según el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en este primer día se han sumado a los paros el 34,4% de quienes habían sido convocados en la comunidad autónoma.

Protestas por “dignidad” en Toledo

La concentración a las puertas del Hospital Universitario de Toledo ha comenzado a media mañana, donde se han reunido medio centenar de profesionales. Raúl Calvo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, afirmaba que el estatuto propio es necesario para poder ejercer la profesión “de la mejor manera posible”.

“Cuando en España se está luchando por la jornada de 37,5 horas, no tiene sentido que nosotros tengamos jornadas de 60 o 70 horas semanales”, afirmaba, criticando además que las horas de guardia no se pagan “como se deben” ni computan para la jubilación: “Somos el único colectivo en el que la hora de guardia se paga peor que la jornada ordinaria”.

Por su parte, Juan José García Cruz, presidente del sindicato de médicos SIMEFYR-CLM, declaraba que sus protestas no son por un “problema de dinero”, sino por “dignidad”: “Nuestras jornadas son leoninas. Hace 18 años que no nos han subido ni un céntimo la hora de guardia”.

Además, García Cruz criticaba que Castilla-La Mancha no haya recuperado aún la carrera profesional sanitaria, algo que se perdió bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que aún no se ha recuperado a pesar de que “en los años 2015, 2019 y 2023”, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page llevaba en su programa electoral la recuperación de esta carrera profesional. “Y en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, Page se descuelga con unas declaraciones en las que afirma que recuperar la carrera en Castilla-La Mancha está supeditada a un nuevo modelo de financiación autonómica porque, si no, habría que despedir a miles de trabajadores”, lamentaba García Cruz.

El líder sindical también mostraba su enfado por los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad, considerados “desproporcionados” por los sindicatos, algo de lo que García Cruz responsabilizaba al propio consejero del ramo: “Yo le ponía una denuncia penal a Jesús Fernández Sanz, que es quien ha firmado los servicios mínimos, porque ha ido en contra de un derecho fundamental como es el derecho a la huelga”, afirmaba, ya que, a su parecer, “se está obligando a compañeros a hacer intervenciones no urgentes, intervenciones demorables, en nombre de su decreto de servicios mínimos”.

Estamos aquí también por nuestros pacientes, por quienes necesitan que estemos bien para que ellos estén bien. Porque un médico agotado desbordado y sin tiempo, no puede ofrecer la atención que quisiera

Carlos Vicario — Vicesecretario del Sindicato Médico en Toledo

Entre los pacientes que acudían este martes al Hospital Universitario de Toledo había cierto nerviosismo y confusión ante el aplazamiento de algunas consultas e intervenciones quirúrgicas planificadas para hoy.

Ante la situación, el SESCAM ha pedido “tranquilidad” a la ciudadanía, mientras que los portavoces sindicales de los médicos concentrados apelaban a la “comprensión” de la ciudadanía: “Estamos aquí también por nuestros pacientes, por quienes necesitan que estemos bien para que ellos estén bien. Porque un médico agotado desbordado y sin tiempo, no puede ofrecer la atención que quisiera. Si no se cuida a quienes cuidan, la sanidad pública se desmorona”, explicaba Carlos Vicario, vicesecretario provincial en Toledo del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM).

En el centro hospitalario toledano, algunas consultas externas están en servicios mínimos y se están realizando, como las especialidades en Cirugía, Neumología, Urología, Traumatología y Ginecología. No obstante, personal administrativo de este centro hospitalario ha indicado a este medio que muchas operaciones, principalmente intervenciones quirúrgicas, se han aplazado porque muchos cirujanos han hecho huelga. Según los datos provisionales facilitados por el Servicio de Salud regional el seguimiento es del 34% en este primer día.

El problema, subrayan estas mismas fuentes, es que estas operaciones se han trasladado a mañana, que también es jornada de huelga, por lo que temen un “efecto de acumulación” de intervenciones. En paralelo, los servicios de urgencias, tal y como decretó el Gobierno regional, funcionan al cien por cien, pese a que esta medida la ha recurrido el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM).

De hecho, este martes el sindicato explicaba en una rueda de prensa en Ciudad Real que a su juicio los servicios mínimos “superan ampliamente los establecidos en las huelgas del 13 de junio y del 3 de octubre, cuando incluso se fijaron mínimos equivalentes a un día festivo” y consideran que “igualan o exceden la actividad ordinaria de muchos centros”.

“Carecen de justificación técnica homogénea, impactan directamente en el contenido esencial del derecho fundamental de huelga, convirtiéndolo en un acto simbólico y prácticamente imposible de ejercer”.

En rueda de prensa, desde el Sindicato Médico han señalado que el recurso “no ha sido una decisión sencilla, pero si necesaria para defender un derecho constitucional que pertenece a todos los trabajadores”.

Califican la huelga como “una movilización de enorme importancia, motivada por el deterioro progresivo de las condiciones laborales de médicos y facultativos y la necesidad urgente de corregir los déficits estructurales que sufre la sanidad pública”.

La huelga nacional surge del rechazo unánime al borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, al considerarse “insuficiente y alejado de la realidad y singularidad del ejercicio médico”.

El Sindicato Médico se dirige a la ciudadanía al afirmar: “La huelga también es por ustedes”. Explica que “la situación es ya insostenible: plantillas insuficientes, agendas saturadas, tiempos insuficientes para atender con calidad, demoras crecientes y desgaste profesional”.

Todo ello repercute directamente en la asistencia que reciben los pacientes. Por eso alertan de que esta huelga no es contra la población, sino en defensa de una sanidad pública “segura, digna y sostenible”.

“Pedimos a la ciudadanía comprensión y apoyo. Hoy paramos porque necesitamos que se nos escuche, pero también paramos para poder seguir cuidándoles mañana con el tiempo, la calidad y la humanidad que merecen”, han asegurado desde este sindicato.

La carrera profesional, reivindicación propia de Castilla-La Mancha

La huelga es nacional, pero el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez ha aprovechado para cargar contra el presidente regional Emiliano García-Page, en cuanto a la gestión sanitaria y dice que es “histórica”, obviando las movilizaciones durante el Gobierno de Cospedal al frente de la Junta de Comunidades. En 2012 suprimió la carrera profesional que todavía no ha sido recuperada.

Y esa es precisamente la reivindicación propia de los médicos de Castilla-La Mancha. A las reivindicaciones nacionales suman la suya centrada en la recuperación de derechos bloqueados desde hace más 13 años: “la reactivación inmediata de la carrera profesional en el SESCAM, suspendida desde 2012”. “Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma de España que no reconoce nuevos grados, lo que supone una discriminación sin precedentes para miles de médicos y facultativos”.

Los profesionales castellanomanchegos exigen al Gobierno regional que incluya en los presupuestos de 2026 la dotación económica necesaria para desbloquear este derecho, reconocido en todo el país. Además, demanda el CESM un “ajuste real de las plantillas de médicos y facultativos a las necesidades asistenciales”, la “reducción de la sobrecarga asistencial que compromete la salud laboral de los profesionales y la calidad de la atención”.

Demandan la actualización urgente de la normativa de guardias físicas y localizadas, mejoras en las condiciones del personal residente, garantizando descanso, supervisión adecuada y retribuciones justas y el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Atención Primaria, autogestión de agendas, además de reforzar la seguridad y prevención de agresiones.

En Albacete se ha celebrado una manifestación durante la mañana desde el hospital y hasta llegar a la sede de la Subdelegación del Gobierno de España.

Mientras, la Consejería de Sanidad ha anunciado hoy la constitución de un Comité de Seguimiento destinado a “monitorizar” el desarrollo de esta la huelga, además de garantizar tanto los servicios mínimos como el derecho de los y las profesionales a los paros.

La huelga se prolongará hasta el día 12 de diciembre con nuevas movilizaciones en próximos días.

La huelga nacional convocada este viernes por el sindicato médico CESM ha tenido un seguimiento del 90% de media en Castilla y León, excluidos los médicos de servicios mínimos y con permisos, según el sindicato, que ha calificado de “éxito” la medida; mientras que la Consejería de Sanidad ha cifrado en el 36,25 por ciento los que han secundado la medida.

La Consejería ha detallado en un comunicado que en el conjunto de centros de la sanidad regional el paro ha alcanzado una media del 43 % en Atención Hospitalaria (2.250 profesionales en huelga), del 21 % en Atención Primaria (501 en huelga) y del 4 % en la Gerencia de Salud de Área (2 facultativos en huelga). En concreto, han secundado la huelga 2.753 facultativos de los 7.594 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 18,34 %, 86 médicos en huelga; Burgos 40,62 %, 381 en huelga; León 40,4 %, 509; Palencia 34,79 %, 175 médicos; Salamanca 28,39 %, 444 facultativos; Segovia 54,57 %, 215; Soria 47,49 %, 85; Valladolid 38,85 %, 732 médicos; y Zamora 31,27 %, 126 médicos en huelga.

Desde CESM han valorado el alto seguimiento de la huelga que debe llevar al Ministerio a retirar su borrador de Estatuto Marco y negociar uno nuevo o endurecerán posturas sin descartar una huelga indefinida.

Así lo ha trasladado a EFE el secretario autonómico de ese sindicato, Chema Soto, quien ha explicado que en algunas áreas de la comunidad el seguimiento ha podido ser más alto que en otras, con ese 90% de media, que la Junta ha dejado en 36,25%, “con unas cuentas que incluyen los servicios mínimos”, ha explicado.

Ese 90% es de los médicos que tenían que ir hoy a trabajar, y no estaban de servicios mínimos, y que no lo han hecho, ha analizado Soto, quien ha valorado ese mayor seguimiento respecto a de la anterior jornada de huelga del 13 de junio. También ha destacado que los médicos han seguido la huelga en todas las autonomías, con mayor seguimiento en casos como el de Madrid, que el pasado 13 de junio.

En Castilla y León, según Soto, se ha paralizado la actividad quirúrgica programada en los hospitales públicos de Castilla y León, salvo las urgencias, intervenciones oncológicas o que no cabía ser pospuestas.

Se trata de la segunda jornada de huelga de los médicos de toda España, tras la del pasado 13 de junio, para rechazar el borrador propuesto por el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, y ya negociación ha encallado.

Los convocantes reclaman un estatuto y un ámbito de negociación propios para los médicos, distinto al del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, así como una clasificación profesional adecuada, una regulación de la jornada laboral que garantice su descanso y su conciliación laboral, y que las guardias computen para las jubilaciones, entre otras cuestiones.

Soto ha incidido en que el último borrador del Ministerio no incluye los mínimos avances negociados, y ha pedido a la ministra, Mónica García, que negocie “de cero” un Estatuto Marco sólo para los médicos.

El secretario autonómico del CESM ha defendido esa imagen de unidad de los médicos que sale de la jornada de huelga de este viernes en toda España, y ha explicado que si no hay avances “endurecerán las posiciones”, como les piden los propios afectados, que “no seamos tibios”, y que pueden incluir una huelga indefinida.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en su sección de Castilla-La Mancha ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Gerencia de Atención Primaria (GAP) de Toledo. La razón ha venido dada por la “desprotección” de los profesionales sanitarios y la ausencia de medidas preventivas frente a las agresiones que han sufrido. Dos de estos episodios violentos ocurrieron a principios de marzo en el centro sanitario de Añover de Tajo en menos de una semana.

A comienzos de este mes, recuerda el sindicato, dos profesionales de guardia fueron víctimas de agresiones en ese centro de salud del municipio toledano. Sin embargo, transcurridas más de dos semanas, el foco mediático ha cambiado, pero la situación sigue siendo la misma. “La falta de medidas eficaces deja en situación de vulnerabilidad a los trabajadores, quienes continúan expuestos a nuevos episodios de violencia”, critican.

Desde CESM Castilla-La Mancha se recuerda que, conforme a la normativa vigente, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) es el responsable de garantizar la seguridad de sus profesionales.

No obstante, matizan, su actuación en esta materia “es insuficiente y no cumple con las exigencias establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. En numerosas ocasiones “la única respuesta institucional ha sido instar a los profesionales agredidos a denunciar a sus agresores, sin implementar medidas efectivas para prevenir estos actos de violencia”.

Ante esta situación, CESM insta a los profesionales sanitarios a declarar cualquier agresión sufrida en el ejercicio de su labor como accidente de trabajo y a iniciar acciones legales contra el Sescam por la desprotección a la que se ven sometidos.

La reciente denuncia ante Inspección de Trabajo se enmarca en esta línea de acción, con el objetivo de “exigir responsabilidades a quienes tienen la obligación de proteger a los profesionales sanitarios y no lo hacen”.

“Desde la sección sindical de CESM Castilla-La Mancha en Toledo consideramos que repetir las mismas estrategias ineficaces del pasado solo conducirá a los mismos resultados. Es el momento de actuar de manera diferente y establecer una clara distinción entre el culpable de la agresión y los responsables de evitarla”, han concluido.

Este mismo jueves, el presidente del Consejo General de Médicos Tomás Cobo Castro ha pedido durante su intervención en un acto en las Cortes de Castilla-La Mancha “consenso” político en España sobre varias cuestiones relacionadas con el sector sanitario. Entre ellas la propuesta de ley para proteger a los sanitarios de las agresiones en todo el país.

El Ministerio de Sanidad ha empezado a negociar con los médicos sus nuevas condiciones laborales con mal pie. El primer texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco que el departamento dirigido por Mónica García presentó a los representantes de los sindicatos médicos ha desencadenado una amenaza de “movilizaciones y medidas de confrontación” por parte de los profesionales, que han enviado este jueves un comunicado conjunto firmado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que engloba a organizaciones de 14 comunidades y otros sindicatos autonómicos de Andalucía (SMA), Madrid (Amyts), Catalunya (MC), Euskadi (SME) o Galicia, entre otros.

Los médicos se han levantado contra un borrador del Ministerio, pese a que está todavía en negociaciones iniciales, que consideran un “ataque a la profesión porque deja completamente desasistido al médico con las propuestas que se hacen respecto a jornada laboral, reclasificación profesional y el régimen de incompatibilidad”, aseguran.

En el comunicado se quejan de que, en el caso de los dos primeros asuntos, se han dejado de lado sus peticiones en reuniones de trabajo previas para recoger aportaciones y reclaman, como “única solución”, que sus condiciones se regulen aparte en un Estatuto de la Profesión Médica. La reforma del Estatuto Marco que se está negociando engloba a todos los profesionales sanitarios y no solo a los facultativos. “El Sistema Nacional de Salud es de los pacientes y les atienden profesionales de todas las categorías”, afirmó la ministra Mónica García en una rueda de prensa posterior a la primera reunión para debatir el borrador, celebrada este miércoles.

Según estos sindicatos, el texto elaborado por el equipo de Mónica García –adelantado por Redacción Médica días antes y que ha enfadado más a los sindicatos– “empeora la norma actual sobre tiempo de trabajo” pese a que recoge la reducción de las guardias de 24 a 17 horas. “No elimina la obligatoriedad de hacerlas, no cuentan como tiempo trabajado para la jubilación o la retribución sigue siendo inferior a la hora ordinaria”, plasman en el comunicado, que también recoge que las horas de la jornada post-guardia deben recuperarse, como hasta ahora, pese a que la ministra ha negado este extremo y anunciado que se volverá a redactar este punto. También protestan porque se englobe, en la reclasificación profesional , a los facultativos (A1) con “otras categorías a las que se exige una formación de menos créditos, sin ningún aumento retributivo”.

Otro frente abierto tiene que ver con la intención de Sanidad de incluir un régimen de incompatibilidad más “rígido” que el actual para cargos intermedios y los adjuntos en los primeros cinco años tras el MIR. “Pese a que los sindicatos presentes en el ámbito señalamos que no toleraríamos un aumento de las situaciones de incompatibilidad y pedimos, de hecho, que en aquellas comunidades autónomas que mantenían el complemento específico se eliminara, el borrador recoge esa incompatibilidad para jefes de servicio y sección respecto a la sanidad privada, y también para adjuntos en los primeros cinco años de trabajo en el sistema público respecto a la actividad privada. ¿Acaso no resulta evidente la pérdida inevitable de talento y experiencia que esto supondrá para el sistema público?”, apuntan.

El tono es muy distinto al que empleó este miércoles la ministra de Sanidad, una vez concluida la primera reunión con los sindicatos. “La única receta es el diálogo y estoy muy satisfecha por el tono en el que se ha llevado la conversación”, dijo García en una rueda de prensa posterior al encuentro, aunque advirtió que el Ministerio “no ha venido a mantener el statu quo”.

La ministra defendió que el nuevo texto da “estabilidad en el trabajo” y “reconoce por primera vez la figura del investigador”. Sobre las guardias, hay un punto de fricción al permitir el borrador “si hay necesidades asistenciales” que las guardias se prolonguen más horas. “Es verdad que hay que dar un margen a las 17 horas, pero trabajarán para que quede claro que esas necesidades asistenciales no sean una vía de escape”, aseguró García.

Es un “tema gordo”, un “asunto lógico”, un “debate manido y antiguo”, opinan varias fuentes. La discusión ha regresado a los titulares en los últimos días, pero esta vez a raíz de la propuesta del Ministerio de Sanidad: ¿el personal médico que ocupa las jefaturas de servicio de los hospitales públicos debería tener cortapisas para ejercer en la sanidad privada?

El departamento que dirige Mónica García considera que sí, que debe estar prohibido; una medida que, sin haber tomado aún forma legal, ya ha soliviantado a los médicos. A García se le han echado encima la mayoría de agrupaciones en cuestión de días: sindicatos de clase, médicos y colegios de profesionales que no aprueban incluir esta cláusula–no para todos sino solo para estos cargos de mando intermedios– en la reforma de la ley de Estatuto Marco, la 'carta magna' de las condiciones laborales del personal sanitario. Este miércoles se celebra la primera reunión formal del Ministerio con el sector para abordar el nuevo anteproyecto de ley. El texto no se ha tocado desde el año 2003. Las limitaciones a los jefes de servicio es una de las medidas más polémicas pero no la única sobre las que hay quejas.

La exclusividad resulta incómoda en un ecosistema en el que es frecuente que los profesionales compaginen su trabajo en el Sistema Nacional de Salud y en clínicas fuera de él al margen de su jornada laboral. Está permitido en todas las comunidades, pero ya existen algunas que lo impiden. Es decir, la medida propuesta por Sanidad no es nueva del todo: Navarra o Extremadura blindan la exclusividad para sus jefes y jefas de servicio desde la primera década de los 2000, confirman sendas consejerías de Sanidad. Hacerlo a nivel nacional es un paso más.

No hay datos de cuántos facultativos ejercen en la sanidad pública y también en la privada. “Solo algunos colegios provinciales tienen muy bien actualizado el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, donde se recoge la situación de cada uno, dónde trabaja y cuántas horas”, explica Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud. El proceso de recopilación de datos se inició hace una década por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pero está siendo lento y costoso.

Las estimaciones que hace la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) sitúa en un 40% el porcentaje de profesionales que combinan su actividad, con muchas diferencias en función de la especialidad y la región. Por ejemplo, el 56% de los facultativos del Colegio de Médicos de Barcelona trabajan más de 40 horas a la semana por tener un segundo trabajo, recoge el informe Sespas de 2024, que asegura que hay “casos de médicos que, habiendo firmado la exclusividad, realizan labores asistenciales privadas ante la falta de control de la Administración”.

La ley que regula las incompatibilidades del personal de las administraciones públicas es antigua, de 1984, y respeta el ejercicio de las actividades privadas siempre que no impidan ni menoscaben el cumplimiento de las públicas. “Al amparo de esta ley, y basándose en un déficit de facultativos en España, las administraciones públicas han permitido que los médicos dediquen horas adicionales a trabajar en centros privados. Para contrarrestar el atractivo sobresueldo que la sanidad privada ofrecía, las comunidades autónomas optaron por compensar a aquellos empleados públicos que trabajaran estrictamente su jornada con un complemento de exclusividad”, apuntan desde Sespas para explicar cómo se ha llegado hasta aquí.

Las comunidades se pueden dividir en dos grupos: las que mantienen este complemento y las que no (algunas como Madrid lo tuvieron pero lo retiraron). Existe una gran diversidad en función del territorio. Algunas consejerías, como la gallega, han rediseñado el complemento de 900 euros brutos mensuales de manera que quien trabaja en la sanidad privada también lo cobra casi completo, salvo una pequeña parte que se retira. La propuesta inicial del Ministerio acompaña la incompatibilidad con la recuperación para toda España de este complemento.

Obligar a los jefes de servicio a elegir en un contexto de infradotación de recursos en el SNS que conduce a la precariedad y el agotamiento provocará que no pocos facultativos se planteen el ejercicio en el ámbito privado

Amyts, MC y SME

Tres sindicatos médicos mayoritarios de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges de Catalunya) y Euskadi (Sindicato Médico de Euskadi) acusaron al Ministerio en un comunicado conjunto hecho público el martes de no escuchar las demandas que se trasladaron antes de verano y piden que todo lo que concierne a los facultativos se acuerde al margen de la negociación global del estatuto. “En lugar de ofrecer una mejora inequívoca de las condiciones de trabajo para que la sanidad pública sea el ámbito profesional de referencia y polo de atracción de talento, el Ministerio opta por la imposición, la prohibición y las restricciones con el objetivo de tener maniatados a los profesionales”. La queja abarca a varias medidas que el Ministerio pretende incluir en el estatuto marco relacionadas con las guardias, la clasificación profesional y los MIR, conocidas tras adelantar Redacción Médica un primer borrador.

Las organizaciones sindicales creen que obligar a los jefes y jefas de servicio a elegir en un contexto de “infradotación de recursos en el SNS que conduce a la precariedad, la presión asistencial y el agotamiento” provocará que “no pocos facultativos se planteen el ejercicio en el ámbito privado cuya necesidad de plantilla es creciente” por el aumento de los seguros privados. También muestran su oposición a otro punto del borrador del anteproyecto que retendría a los MIR en los cinco años posteriores al final de su formación en la sanidad pública y lamentan que las medidas limitadoras solo atañen a los médicos, y no a otros profesionales. “El estatuto marco supone un atropello inadmisible contra los médicos y la profesión médica, que merece nuestro rechazo más absoluto y nuestra oposición frontal”, resume en un artículo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

La retribución, en el centro

Uno de los argumentos es que si ya resulta poco atractivo ponerse a la cabeza de un servicio porque está mal retribuido y tiene responsabilidad, sostiene Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya, con este impledimento “lo será aún más”. El complemento, calculan los sindicatos, no suele superar los 400 euros mensuales. “Si los salarios fueran mejores, todo el mundo preferiría tener más tiempo libre o para conciliar”, apoya Ángela Hernández, al frente de Amyts, que asegura que “hay ciertas defensas de la sanidad pública que van a acabar con ella”. “Lo de la compatibilidad es un cebo pero el Sistema Nacional de Salud tiene un problema de gobernanza, de gestión y de profesionales. Y como no se aborden reformas más complejas y profundas esto no se va a sostener”, agrega.

Hay margen para la negociación, en opinión de González López-Valcácel. “Si finalmente se hace incompatible ser jefe de servicio y trabajar en la privada se podría exceptuar aquellos casos en los que no sea posible cubrir estos puestos. Una norma general que admita excepciones cuando no es posible cubrir las plazas”. La catedrática comparte que el despliegue de la carrera profesional es pobre en el Sistema Nacional de Salud en términos, al menos, económicos. “Desde que empiezan con 30 años hasta que se jubilan con 65, la retribución solo sube un 36%”.

La Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de médicos de España, manifiesta una postura más sosegada. Al menos por el momento. Su presidente, Tomás Cobo, coincide en que lo primordial es que la sanidad pública sea un espacio “atractivo” de trabajo pero subraya que el texto está “en una fase aún muy preliminar”. “Parece lógico que quien tenga una responsabilidad superior tengan también que dedicar más tiempo; lo importante es que esté retribuida adecuadamente en tiempo de dedicación, en formación médica continuada y para desarrollar proyectos de investigación”, explica Cobo, que añade a renglón seguido que “lo restrictivo no es particularmente bueno”.

Liderar recursos humanos implica un compromiso de implicación con la red pública y con el equipo de profesionales y en mi opinión lo deseable sería que no trabajaran con la competencia

Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud

Pese a todos los argumentos, hay pocos profesionales que niegan que estas situaciones a veces generan conflictos de interés. “Lo hemos visto con el ejemplo del Ramón y Cajal: en la pública ven pacientes estratégicos y se preparan para lo que van a ver por la tarde, donde ganan un dinero más importante. O que haya pacientes que se hacen las pruebas diagnósticas en la privada y en la pública les ven los médicos”, pone como ejemplos más extremos Vicente Ortún, expresidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, en un posicionamiento publicado este miércoles, cree que la posibilidad de compaginar “es un salvavidas para la expansión de la privada” y que, además, “potencia las bajas retribuciones, tanto en el sector público como en el privado, porque unas y otras se hacen complementarias”.

“¿Tiene sentido trabajar para Movistar y para Orange?”

“¿Tiene sentido que quien trabaja para Movistar por la mañana lo haga por la tarde en Orange? Liderar recursos humanos implica un compromiso de implicación con la red pública y con el equipo de profesionales y en mi opinión lo deseable sería que no trabajaran con la competencia. Pero nos parece que lo lógico es el statu quo, cuando el jefe de servicio tiene una clínica privada y además se lleva allí a todo su equipo”, argumenta González López-Valcárcel.

Otra duda jurídica que manifiestan algunas de las voces consultadas es si la ley del estatuto marco puede fijar estas limitaciones. El Tribunal Constitucional falló en 2017 contra una medida similar impulsada por la exministra Carmen Montón cuando era consellera de Sanidad en la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana creó esta restricción al personal sanitario en la ley de acompañamiento de sus cuentas anuales de aquel y la aprobó con el apoyo de las formaciones que respaldaban al primer gobierno de Ximo Puig.

Mucho antes en Asturias, a principios de los 2000, se dispuso que el personal médico de la pública debía trabajar en régimen exclusivo. La medida estuvo en vigor diez años hasta que el Constitucional obligó a su derogación con el argumento de que era abusivo que el Gobierno regional decidiera el régimen de trabajo por el que la profesión debe regirse de manera obligatoria, recogió iSanidad.

Ante la reunión de este miércoles, la ministra de Sanidad ha advertido, en un vídeo publicado en X, que “cargar toda la artillería sobre propuestas y debates que están todavía por tener es la manera más rápida para dinamitar el proceso y demostrar las pocas ganas de demostrar en el Estatuto Marco y las muchas ganas de generar miedo entre los profesionales”.

Artículo elaborado con información de las ediciones de Galicia, Extremadura, Asturias y Navarra.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anuncia que va a abrir Medicina en León y Burgos el año que viene. En la Comunitat Valenciana la intención de la Universidad de Alicante (UA) de instaurar el grado ha abierto una guerra con la Miguel Hernández de Elche, ambas públicas. La Universidad de Huelva inauguró estos estudios el pasado curso por el agravio que le suponía, adujo, ser “la única provincia andaluza que no lo tenía”. En esa misma comunidad autónoma los diez rectorados públicos intentaron por todos los medios –sin éxito– que la recientemente creada (y privada) Universidad de Loyola no pusiera en marcha la carrera de medicina a mitad de curso el año pasado. En un lustro se han creado estos grados en varias universidades privadas, de manera que en comunidades como Madrid ya hay más estudiantes en estos campus que en los públicos

La pulsión por abrir facultad de Medicina se extiende por España. En la universidad pública y en la privada. Las comunidades autónomas se han lanzado a montar estos estudios en sus universidades a la vez que aprueban nuevas carreras en los centros privados. La proliferación de estos centros –con gran demanda por parte de los estudiantes– surge como respuesta a la publicitada falta de médicos que sufre el país. En 2008 había 28 centros, en 2019 eran 42 y para el curso que viene serán 56, según las previsiones. Pero se abren contra el criterio del Ministerio de Sanidad, de los decanos de los que ya existen y de los estudiantes. Todos ellos creen, llevan años diciéndolo, que será contraproducente.

“Supone un problema educativo, asistencial, económico, social y laboral”, plasmaron la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas (CNDFME) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) en un documento aún hoy vigente. “El problema es complejo pero la solución no pasa por incrementar el número de facultades de medicina. Debemos tener en cuenta al completar este análisis factores como la localidad de la oferta de empleo, el tipo de hospital o centro, el tipo de modelo asistencial que vayamos a adoptar, el comportamiento de la medicina privada, el rol de enfermería, etc”.

El problema, explica Pilar López, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, es que el diagnóstico está hecho regular (faltan médicos, sí, pero no de todo tipo, solo de algunas especialidades) y por tanto la solución es errónea. “En las últimas décadas se ha aumentado el número de egresados, pero eso no soluciona la falta de profesionales. Por mucho que se aumente la oferta, si no se están cubriendo ciertas plazas estamos abocados a que en algunos años aumente el paro en el ámbito y se siga sin dar solución”, advierte.

La paradoja española de la falta de (algunos) médicos y la sobra de estudiantes tiene una explicación relativamente sencilla, según los decanos: son las condiciones de trabajo en esas plazas que ahora no se pueden cubrir, bien sea porque son especialidades poco atractivas, bien por las circunstancias propias de las plazas (rurales, aisladas, saturadas de carga de trabajo, relativamente poco pagadas). “Las demandas de los médicos son muy claras: estabilidad, mejoras salariales y eliminación de la burocracia”, sostienen los decanos.

Los números dicen que España tiene ya estudiantes más que de sobra, que abrir más centros deteriorará la calidad de lo que ya existe (por ejemplo, restando plazas para prácticas) o que agravará la falta de profesores, un problema silencioso que ya afecta a los centros

No es solo que permitir más estudiantes no vaya a resolver el problema, es que puede agravarlo, advierten decanos y estudiantes. Entre sus argumentos, que abrir más centros deteriorará la calidad de lo que ya existe (por ejemplo, restando plazas para prácticas) o por la falta de profesores, un problema silencioso pero grave que preocupa a los centros. Sanidad sostiene que sí es necesario ampliar las plazas que se ofertan, pero no las facultades que imparten el grado, y menos si son privadas, según ha explicado a este diario el secretario de Estado, Javier Padilla.

“Lo importante es que la planificación sea coherente”, sostiene. “En los últimos años se ha empezado a planificar a largo plazo. Se utilizan los informes de oferta-necesidad, que han detectan que es necesario un pequeño incremento del 15% y una mayor oferta en las plazas de formación sanitaria especializada [el MIR], pero no en todas. Se intenta incrementar más las que más falta hacen. Creemos que no hace falta crear más facultades, sí reforzar las existentes. Sí hace falta aumentar el número clausus en las facultades existentes, incluso con convenios con otros hospitales.”, explica Padilla.

El segundo país con más facultades del mundo

La estadística dice que España en el curso 2023-24, el último con datos detallados, había 44.666 estudiantes de Medicina. Son 1.313 más (un 3%) que los de 2015 y apenas un 3% más que los del curso anterior, pese a que teóricamente las plazas deberían haber aumentado un 15%. Aún así, la letra pequeña de esta estadística muestra que las facultades públicas han perdido 928 alumnos en este periodo, mientras las privadas han ganado 2.241, que en términos absolutos parecen pocos, pero en porcentaje es un 33% más. Con los egresados hay una evolución similar: los de la pública están básicamente estancados en los últimos ocho años (113 menos), los de la privada se han casi duplicado (en cifras pequeñas, pasan de 700 a 1.200 el pasado curso).

La oferta hoy incluye 53 facultades, 15 de ellas privadas. Es una tasa de más de una facultad por millón de habitantes, lo que sitúa al país ya como el segundo que más tiene del mundo, según los decanos. Lo idóneo, sostienen citando a la OMS, es un centro por cada dos millones de ciudadanos.

Esas cifras globales esconden matices. Hay estudiantes de más, pero faltan médicos en algunas especialidades y además los egresados siguen siendo menos que las plazas que salen del MIR cada año, convocatorias que pese a eso se llenan con personas que vienen de otros países o los llamados recirculantes, que vuelven al MIR a hacer otra especialidad por razones diversas. “Ante la insuficiencia del número de estudiantes egresados de las facultades de Medicina en relación con la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR) y con las necesidades de especialistas de algunas especialidades, como es el caso de la Medicina Familiar y Comunitaria, lo que se pretende es impulsar un incremento en la oferta del grado en Medicina”, explicaba el departamento en una nota de prensa tras reunirse con los decanos para abordar la cuestión.

Efectos indeseados

Este exceso de facultades produce disfunciones varias, alertan los expertos. Una de ellas, que no ocupa lugar en la conversación pública pero “preocupa mucho” a los decanos es la falta de profesores para estas formaciones sanitarias. “El déficit de profesorado existente es gravísimo y venimos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo sin que se haya tomado ninguna medida al respecto”, lamentan los rectores, que inciden en una “disminución del profesorado médico en áreas básicas y una disminución del profesorado permanente en general y, en especial, del vinculado”.

Aunque no ocupa un lugar preferente en la conversación pública, a los decanos les preocupa mucho la falta de profesorado para estos grados: actualmente hay un déficit de casi 4.000 docentes, y solo va a ir a peor

En la década comprendida entre 2017 y 2026 se habrá jubilado el 43% del profesorado permanente: un 55% del profesorado vinculado de áreas clínicas, un 34% del profesorado no vinculado de áreas clínicas y un 32% del profesorado de áreas básicas. “En pocos años la situación será insostenible”, advierten. Ya hoy hay un déficit de 3.800 profesores.

Otro efecto de subir la oferta es que se resiente el sistema de prácticas entero. “Por un lado, aumentar el número de facultades de Medicina en cada provincia, especialmente en aquellas que ya cuentan con alguna, supone tener que compartir infraestructuras entre varias facultades como son los Hospitales Universitarios y los Centros de Salud, necesarios para la realización de prácticas clínicas. Esto conlleva más estudiantes por médico-tutor de prácticas, saturación de consultas y más trabajo para el profesional, en detrimento tanto de la formación de los estudiantes como de la calidad asistencial”, dicen los decanos.

De la FP a la Universidad

Esta circunstancia de la que advierten los decanos ya es una realidad en los estudios sanitarios de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, donde la eclosión de centros privados ha acaparado las plazas para las prácticas, provocando que parte del alumnado de la pública no pudiera concluir sus estudios en tiempo y forma.

Los decanos madrileños tienen ahora el temor de que la FP solo fuera un ensayo general para trasladar el modelo a la universidad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene intención –está plasmado en un borrador oficial con las primeras ideas para la nueva ley de universidades regional– de establecer “un distrito único” en el que todas las universidades (públicas y privadas) compitan por las mismas plazas para las prácticas. “Esto preocupa en la pública porque las privadas pueden ofrecer un incentivo económico para los centros que ofertan las prácticas. No estaríamos en igualdad de condiciones y si esto irrumpe de esa manera nuestro sistema se va a ver perjudicado. Es una seria amenaza para las universidades y el alumnado. No se accede igual a una carrera pública, para lo que hace falta una nota de corte altísima, que a una privada, que se hace solo pagando. No pueden ser las mismas reglas de juego para todos porque no juegan a lo mismo”, reflexiona López, decana de la UAM.

Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas y experta en planificación sanitaria, tiene claras las motivaciones de unos y otros. Y, según su explicación, no parece que ninguna de las partes esté pensando en lo mejor para el sistema: “La apertura de universidades publicas responde a motivaciones de los partidos políticos, más que el sistema de universidades y es una decisión política”, explica. “En el caso de Castilla y León, como tienen dificultades para cubrir plazas en las provincias menos pobladas, teniendo hospitales donde los estudiantes hagan prácticas podrían tender a quedarse luego en lugar de ir a grandes capitales. Por eso los políticos pueden pensar que es una buena idea. Pero con las privadas es distinto: es un negocio muy rentable. El coste de dar el grado y el precio de la matrícula [unos 20.000 euros anuales, según el centro] es favorable. Tienen beneficios, es una motivación que no tiene nada que ver”, sostiene.

El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigados a dos excargos del Gobierno por las mascarillas “defectuosas” que habría repartido el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Salvador Illa en la primera etapa de la pandemia del coronavirus.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez Carlos Valle fija para el próximo 23 de abril, a las 9.30 horas, la comparecencia de siete imputados. La noticia ha sido adelantada por okdiario.

En concreto, el juez escuchará a una exdirectora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; a quien fuera subdirectora general de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación en 2020; y a otras cinco personas.

El titular del juzgado ha adoptado esta decisión después de que en diciembre de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara reabrir la investigación que archivó contra el exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, por “haber facilitado al personal sanitario --durante la primera etapa de la pandemia-- mascarillas defectuosas sin respetar el procedimiento administrativo establecido y sin verificar su idoneidad previamente”.

La investigación

La Audiencia de Madrid corrigió al juez tras dar la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y estimar su recurso. Los magistrados revocaron la resolución del instructor para que éste diera comienzo a la investigación penal.

En aquel auto, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, ordenaron al juzgado que dirigiese oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) “a fin de que se expida certificación de resultados de los análisis de las mascarillas Garry Galaxi FFP2 N95” que fueron “adquiridas por el Ministerio de Sanidad”.

Asimismo, ordenaron al juzgado que dirigiera oficio al Ministerio de Sanidad para que aportase los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de dichas mascarillas; una copia de las comunicaciones recibidas por parte de Aragón y Cataluña el día 10 de abril de 2020; y la documentación recibida de todas las comunidades autónomas sobre la ejecución de la orden de retirada.

El juzgado así lo hizo y ahora celebrará una batería de interrogatorios para continuar con la investigación que surge a partir de la querella que presentó la CESM el 27 de abril de 2020 en el Tribunal Supremo contra Illa, que entonces era ministro de Sanidad.

En la querella, se le atribuía al exministro un delito contra los derechos de los trabajadores “por haber facilitado al personal sanitario una serie de mascarillas FFP2 N95 que no cumplían con las normas de seguridad (...) sin adoptar medidas de control y verificación de su idoneidad previas a su distribución”.

En diciembre de 2020, el Supremo inadmitió esta y otras querellas contra cargos aforados por la gestión de la pandemia y envió varias querellas y denuncias a los juzgados de instrucción de Madrid.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia acusa al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de “blanquear” y “manipular” las listas de espera quirúrgica al no publicar las no estructurales, que son las de pacientes que rechazan ser intervenidos por razones no atribuibles al sistema, es decir, que no quieren ser derivados a otros centros ni a otras áreas por diferentes motivos.

En un comunicado recogido por Europa Press, CESM lamenta la “propaganda” de la Xunta “jactándose” de ser la segunda comunidad con menor demora --66 días de media, solo por detrás de Madrid-- en el informe publicado la semana pasada por el Ministerio de Sanidade.

El sindicato médico ve estos datos unas “verdades a medias” porque “solo busca réditos políticos” y “en ningún caso” la mejora de la asistencia ni del trabajo de los profesionales. Así, la organización exige que se publiquen las listas de espera no estructurales, a las que habría que sumar las más de 47.000 personas de las estructurales.

“CESM considera que no es justo, ni ético, ni moral que se haga esta burda manipulación publicitando solo las listas de espera estructurales, y manteniendo ocultas las inmensas listas de espera de pacientes que la propia administración sanitaria ha intentado derivar a operarse a otros hospitales y que estos pacientes, por su confianza en los médicos que los han atendido y en el merecido prestigio de nuestros recursos público y en sus circunstancias personales, no hayan aceptado”, denuncia la central.

El sindicato sospecha también que todos esos “pacientes desaparecidos para maquillar las estadísticas” correspondientes a 2023, que serán “las últimas que se conocerán” antes de las elecciones autonómicas en Galicia, reaparecerán “muy probablemente” a partir del 1 de enero de 2024.

Precisamente, hace unos días trascendía que la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago) había presentado un recurso ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para que el Sergas publique toda la información sobre las listas de espera, estructurales y no estructurales, después de solicitarla por la Comisión de Transparencia de Galicia.

El Sindicato Médico de Castilla La Mancha (CESM-CLM) ha convocado una concentración de 10 minutos de duración para el próximo lunes 26 de junio a las 10.00 horas en la puerta del Centro de Salud de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), tras la agresión a dos sanitarias al ir a realizar un aviso domiciliario.

“Desgraciadamente, en los últimos años se viene observando un llamativo incremento de las agresiones, así como una progresiva falta de respeto hacia el personal sanitario”, lamenta este sindicato profesional.

Por todo ello, desde el Sindicato Médico de Castilla La Mancha se convoca a todo el personal sanitario y usuarios del centro de salud a esta concentración para “protestar por la reciente agresión sufrida a una enfermera y médica de familia del Centro de Salud de Bolaños de Calatrava, exigir al Sescam que se persone como acusación en la demanda tras la agresión y que adopte de una vez por todas medidas efectivas para prevenir, proteger y combatir la violencia hacia sus trabajadores en cualquiera de sus formas”.

La Xunta de Galicia detuvo la huelga de médicos que, durante nueve días este mes de abril, obligó a suspender más de 1.600 operaciones. Lo hizo con el anuncio de un acuerdo con el sindicato convocante del paro, el minoritario CESM, y según el que aumentarán las retribuciones por guardia y se flexibilizará la compatibilidad para que los facultativos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ejerzan también en la privada. Pero las centrales con más representación en la sanidad pública lo critican con dureza. La primera parte la han mejorado en la mesa sectorial de este jueves. Y a la segunda se oponen: “Hay que valorar la dedicación exclusiva a la pública”.

“Fue una huelga muy sectaria, dirigida a 700 médicos que compatibilizan con la sanidad privada”, explica a elDiario.es. Javier González Castro, de Comisións Obreiras, “pero en el Sergas trabajamos 44.000 personas”. El pacto del Gobierno gallego con el CESM solo incumbía a los médicos. Ayer, los sindicatos de clase, reunidos con la administración en la mesa sectorial, han conquistado mejoras retributivas para todas las categorías en aspectos como atención continuada, nocturnidad, festividad y guardias. En dicho foro, cuya reunión estaba fijada desde antes de la huelga, solo se sientan las centrales con más de un 10% de representación en el sector. No es el caso del CESM.

Implantación progresiva de la jornada de 35 horas

No fue el único avance arrancado a la Xunta. “Hace tiempo que queremos mejoras en la calidad de vida de los empleados”, relata Manuel Moreira, de la CIG, “como la reducción de la jornada laboral. En otras comunidades la jornada laboral es de 35 horas. Aquí seguía en 37,5, lo que provocaba movilidad”. A partir de este año comenzará una reducción progresiva que culminará en 2025 con la implantación de las 35 horas. “Es lo que demanda el personal: no más dinero, sino conciliar mejor”, coincide González Castro. Ambos sindicalistas muestran su oposición frontal a la segunda pata de lo pactado entre la consellería y CESM, ampliar el complemento de exclusividad a aquellos facultativos de la pública que trabajan también en la privada.

“Nosotros estamos a favor de potenciar la dedicación exclusiva, es un valor para el sistema y para el paciente”, señala Castro. Coincide Moreira, para quien “hay que poner en valor” que los profesionales se dediquen a la sanidad pública en exclusiva. La claridad de su posición contrasta con la del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Preguntado por cómo la medida acordada con CESM iba a mejorar la situación sanitaria, respondió con un ambiguo “si mejoran las condiciones de los profesionales, mejora la sanidad pública en general”. De qué manera facilitar el paso a la privada de los médicos de la pública va a contribuir a paliar la saturación, las jornadas extenuantes o las listas de espera incluso en los centros de salud no lo explicó. Con lo que sí encaja lo anunciado es con la agenda neoliberal de su gabinete.

“Declaración de intenciones”

González Castro, de Comisións Obreiras, habla, con todo, de “mera declaración de intenciones” mediada por la tensión electoral que “a ver si un día se concreta”. Él lo entiende complicado: “No estamos de acuerdo”. El Gobierno gallego deberá llevarlo a la mesa sectorial -este jueves no lo hizo, dado que estaba programada de antes- y los sindicatos con más apoyo no están por la labor. Eso sí, en última instancia la Xunta podrá imponerlo sin el acuerdo de los trabajadores.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha firmado un acuerdo con la Junta de Comunidades, para mejorar la gestión de la Atención Primaria en la región. La organización ha querido destacar especialmente la posibilidad de autogestión que se ofrecerá al personal, lo que implica que podrán decidir cuántos pacientes se atenderán al día. Pero, además, el documento firmado entre el CESM y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) incluye medidas para revisar la itinerancia, reducir la burocracia y compromete una dotación “suficiente” de plazas y profesionales.

El acuerdo destaca que la Atención Primaria es un eje “clave” el sistema sanitario, “gracias al desempeño del colectivo de los profesionales”. Es por eso que se quiere “actualizar” las condiciones de estas personas trabajadoras a través de esta serie de propuestas. Eso sí, “sin perjuicio de la necesaria participación del resto de organizaciones sindicales” en la Mesa Sectorial.

Estándares “mínimos”

Para el Sindicato Médico la autogestión es el punto “más importante” del documento, que se pondrá en marcha en dos meses. Así lo ha señalado el vocal de Atención Primaria en Ciudad Real, Jesús Vázquez, añadiendo que “así el profesional tendrá el derecho de organizar su agenda para prestar servicios de mayor calidad”. Ha recordado que la provincia cuenta con 204 centros de salud y que “no es lo mismo la agenda de un médico en Horcajo de los Montes que la del profesional que está en Ciudad Real”.

Tras las negociaciones se ha fijado un cupo máximo de 1.759 tarjetas por médico de familia y 1.250 para pediatras de Atención Primaria. Para ello, se crearán plazas de plantilla necesarias, y también se ampliarán los horarios de los puntos de atención continuada donde haya presión asistencial.

“Urgente y necesaria reforma”

“Los médicos y pediatras de Atención Primaria de toda Castilla-La Mancha nos exigieron la urgente y necesaria reforma de las prestaciones actuales”, explica la organización. Esto se debe a que la demanda asistencial “desborda” la capacidad real para prestar unos “mínimos” estándares de calidad. 

El CESM también destaca que se hará una oferta “mínima” de tres años para los residentes que acaben su formación en la comunidad y que quieran quedarse. Con esto, se pretende garantizar un número suficiente de profesionales. En cuanto a la cobertura de ausencias, el SESCAM se ha comprometido a aumentar los complementos retributivos que compensen las sustituciones en un 75%.

CSIF critica la “falta de respeto”

Por ahora, sólo la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha salido a criticar el acuerdo, que han tachado de “falta de respeto” a los profesionales el acuerdo y también “lleno de demagogia electoralista”. Aunque consideran que es positiva cualquier iniciativa que suponga mejoras laborales para los profesionales, han señalado que el acuerdo es un “auténtico insulto” para una Atención Primaria que necesita de medidas “contundentes” para salir del “colapso” actual que padece.

CSIF lamenta que la cercanía con las elecciones, tanto a la Junta de Comunidades como en el ámbito sindical en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), “sea lo más importante para el presidente regional y para CESM”. Se trata, a su entender, de un acuerdo que “no soluciona absolutamente nada”; en definitiva, “un brindis al sol, un anuncio de demagogia electoralista que además ya realizó García-Page hace tiempo y que no ha llevado a cabo, y ahora vuelve a presentar lo mismo”, en referencia a distintos anuncios del presidente castellanomanchego.

Ana Figueras Juárez, médico de familia del centro de salud de Malagón (Ciudad Real), fallecía este miércoles víctima del coronavirus según ha informado el Sindicato Médico en la región, CESM Castilla-La Mancha, que ha convocado para el viernes un minuto de silencio en su memoria “cada uno en su puesto de trabajo”.

Se trata, explican, de homenajear “Desde el Sindicato Médico de Castilla La Mancha CESM CLM, queremos hacer público nuestro deseo de ”homenajear a nuestra querida compañera, gran profesional, que dedicó su vida tanto en el ámbito asistencial en las localidades ciudadrealeñas de Villarubia de los Ojos y en la actualidad en Malagón“. Anteriormente había sido subdirectora médica del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

El Sindicato pide a los gestores y gobernantes “una mayor protección para los profesionales sanitarios y la realización periódica de pruebas PCR que faciliten un diagnostico precoz de los sanitarios contagiados por SARS-CoV- 2, su aislamiento y tratamiento. A los ciudadanos y población en general mucha prudencia y responsabilidad cada día”.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha reclamado hoy en diversas concentraciones a las puertas de los centros hospitalarios y centros de salud de la región la retirada del Real Decreto Ley 29/2020 que, en su opinión, “atenta contra la salud pública, al permitir ejercer como especialista a los profesionales que no tienen la especialidad, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, obligando a ejercer una especialidad que no es la nuestra, comprometer la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes y lo que es más grave aún, permitir a la Enfermería realizar funciones propias del personal médico de Atención Primaria”.

Para hoy estaba prevista una huelga que finalmente ha sido aplazada por cuestiones de “responsabilidad, ante la situación que sufren, tanto los pacientes como los profesionales sanitarios, en nuestra Comunidad Autónoma debido a la pandemia por COVID 19 y ante la gran sobrecarga asistencial de nuestros compañeros en Atención Hospitalaria y especialmente en Atención Primaria”, señala el sindicato que, no obstante, insiste en que el conflicto continuará adelante “mientras las autoridades sanitarias, no dialoguen con el colectivo médico”.

“La huelga se pospone hasta que mejore la situación derivada de la pandemia”, pero añade el sindicato, “la sociedad debe conocer, la gravedad de la repercusión que el Real Decreto Ley 29/2020 puede ocasionar en el Sistema Nacional de Salud Pública, al disminuir gravemente la calidad de la asistencia a los usuarios, y así mismo los profesionales, debemos ser conscientes de la degradación de la profesión médica que derivaría de esa normativa”. 

Reivindicaciones para los facultativos de Castilla-La Mancha

Durante las concentraciones de este martes, los facultativos han aprovechado para leer un manifiesto en el que también hay reivindicaciones para Castilla-La Mancha.

De un lado, piden “presupuesto suficiente” con aumento progresivo de la financiación, para adecuarla a la media europea y adecuar las plantillas a las necesidades actuales, pudiendo gestionar los médicos sus propias agendas.

También reclaman mejorar las condiciones formativas y laborales del colectivo MIR con contratos al menos de dos años de duración. 

Otra de las demandas pasa por que se reactive la carrera profesional como el mejor reconocimiento a los compañeros, que están luchando en primera línea contra la pandemia derivada por la COVID-19 además de dotar de suficientes equipos de protección individual, EPI, “en cantidad y calidad, con PCR o test para todos, para poder garantizar la seguridad de los pacientes y los profesionales”.

De otro lado, exigen que se reconozca el contagio del virus SARS CoV- 2 como enfermedad profesional y retribuciones acordes con nuestra formación y responsabilidad exigida, recuperando los recortes que se aplicaron en 2010, como la paga extra completa.

Finalmente reclaman mejorar la dotación material y tecnológica especialmente en primaria, con acceso a todas las pruebas tecnológicas.

El Sindicato Médico de Castilla La Mancha CESM CLM ha anunciado que, ante la situación que sufren, tanto los pacientes como los profesionales sanitarios, en esta Comunidad Autónoma debido a la pandemia por COVID 19 y ante “la gran sobrecarga asistencial de nuestros compañeros” en Atención Hospitalaria y especialmente en Atención Primaria, ha decidido posponer en la región la huelga convocada a nivel estatal para el próximo 24 de noviembre. 

Según explica este sindicato, la huelga se pospone hasta que mejore la situación derivada de la pandemia y hasta que se pueda “concienciar a la sociedad de la gravedad de la repercusión” que el Real Decreto 29/2020 puede ocasionar en el Sistema Nacional de Salud Pública, “al disminuir gravemente la calidad de la asistencia a los usuarios, y así mismo los profesionales conozcan la degradación de la profesión médica que derivaría de esa normativa”.  

Por este motivo realizarán concentraciones en las puertas de los centros hospitalarios y centros de salud, ese mismo martes, día 24 de noviembre, para exigir que se retire ese decreto. Considera que “atenta contra la salud pública” al permitir ejercer como especialista a los profesionales que no tienen la especialidad; modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, “obligando a ejercer una especialidad que no es la nuestra”; comprometer la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes; y “lo que es más grave aún”, permitir a la enfermería realizar funciones propias del personal médico de atención primaria. 

Plantillas, condiciones laborales y protección

“Además, seguimos exigiendo a nuestra Consejería adecuar las plantillas a las necesidades actuales, pudiendo gestionar los médicos de familia sus propias agendas. Mejorar las condiciones formativas y laborales del colectivo MIR con contratos al menos dos años de duración”, subrayan. 

Concluye el CESM pidiendo que se reactive la carrera profesional “como el mejor reconocimiento a los compañeros que están luchando en primera línea” contra la pandemia derivada por la COVID, y sobre todo dotar de suficientes EPI en cantidad y calidad, con PCR o test para todos para de esta forma garantizar la seguridad de los pacientes y los profesionales. Y exigen igualmente que se reconozca igualmente el contagio del virus SARS COV-2 como enfermedad profesional.

Desde el sindicato médico de Castilla-La Mancha (CESM) han querido transmitir el “profundo malestar” de todos los facultativos tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria, por la “sobrecarga laboral que se está produciendo” este verano con la nueva reorganización asistencial “impuesta” por el SESCAM.

La formación considera “necesario” que la Atención Primaria vea aumentado su personal durante la pandemia, y especialmente durante este periodo estival e inicio del otoño, “en el que se anuncia una segunda oleada que ya ha comenzado a colapsar los centros de salud”.

“Nuestros compañeros siguen al pie del cañón, en primera línea, con crisis de agotamiento y ansiedad, siendo los mismos que durante los meses de marzo y abril sufrieron escasez de recursos tanto humanos como materiales, con falta de EPIs, falta de test, falta de instrucciones claras de organización y falta de comunicación con los distintos niveles organizativos”.

Carga asistencial

Alertan de que en Atención Hospitalaria “se han aumentado también las consultas por vía telefónica, pero los pacientes desean ser valorados en consulta, acudiendo sin tener cita presencial, con la consiguiente carga asistencial”.

Por tanto, consideran que el Servicio de Salud “debe atender de manera inmediata las demandas que puedan surgir de sustitutos en cada uno de los Equipos de Atención Primaria y aplicar, sin restricciones, las instrucciones para jornadas de tarde pactadas con CESM”.

“La situación es lo suficientemente grave como para que no se escatimen recursos en el primer nivel asistencial, cuya importancia para afrontar la pandemia se ha puesto de manifiesto durante el periodo inicial de la misma”, apuntan, recordando “los más de 60 sanitarios fallecidos en el desempeño de su labor asistencial”, concluyen.

Se muestra a favor de "completar la valoración de los hechos" antes de que el Alto Tribunal decida pese a no apreciar "causa-efecto" entre la situación de los centros médicos las primeras semanas de pandemia y la actuación de la Administración

La Fiscalía del Tribunal Supremo no encuentra argumentos suficientes en la demanda presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que sustenten la acusación de “inactividad de la Administración” a la hora de dotar de EPI frente a la Covid-19 en los hospitales. No obstante, el Ministerio Público no pide el archivo total del caso y se muestra favorable a la continuación del procedimiento para obtener una resolución de fondo, informa Ep. 

En su escrito, que se extiende a lo largo de 35 páginas, el fiscal del Sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo señala que no ve acreditado que la situación en los centros médicos durante las primeras semanas de pandemia por coronavirus se debiera “de manera objetiva, primordial y determinante, en acreditada relación de causa-efecto, a un concreto e identificable incumplimiento por la Administración de su obligación de adoptar medidas dirigidas a garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales”.

Entiende, sin embargo, que la eficaz tutela de los derechos fundamentales invocados en la demanda, entre ellos el derecho a la integridad física del personal sanitario (artículo 15 de la Constitución), “exige completar la valoración de los hechos enjuiciados mediante el conocimiento pleno de la información que, antes de la terminación del proceso, pueda aportarse a la Sala.”

Entre las pruebas a practicar, la Fiscalía solicita el examen de la documentación que aporte la Administración requerida en virtud de lo dispuesto por el propio tribunal el pasado 20 de abril, cuando aceptó parcialmente las medidas cautelares solicitadas por los médicos y requirió al Ministerio de Sanidad la adopción “de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios”.

El Supremo exigió en esa misma resolución ser informado quincenalmente de las medidas adoptadas para el efectivo cumplimiento de esta orden, una documentación que la Fiscalía pide que sea analizada antes de efectuar sus conclusiones sobre este asunto.

El descenso de nuevos contagios y de fallecidos con COVID-19, así como el inicio de la desescalada por parte del Gobierno, son datos que los médicos del país ven con optimismo. Consideran que la fase más grave de la pandemia de coronavirus ha pasado, pero recuerdan que lo ha hecho con una “importante factura para el colectivo médico”. Por eso, desde el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), a iniciativa de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quieren recordar a los cerca de 50 médicos que hasta ahora “se han dejado la vida por estar en primera línea de esta batalla”.

Estos colectivos recuerdan que se trata de compañeros y compañeras de todas las especialidades, sobre todo de Atención Primaria y Urgencias, que “en una muestra más de su responsabilidad y vocación, han puesto la seguridad y salud de los pacientes por encima de la propia, sacrificando sus relaciones familiares e incluso su propia vida”. A fecha de 11 de mayo, son 48.320 los sanitarios infectados, una tasa del 21,24 % que se ha convertido en la más alta de Europa.

Precisamente para que sus nombres no queden en el olvido, consideran que ha llegado el momento de rendirles un homenaje con una campaña que comenzará este jueves, día 14 de mayo, en la que se guardarán dos minutos de silencio en sus puestos de trabajo a las 12.00 horas, “expresando de esta forma el recuerdo y el reconocimiento para los fallecidos y sus familiares”.

#HomenajeSanitario

El CESM se suma a este gesto, junto con el Foro de la Profesión Médica, desde las redes sociales y bajo los hashtags #UnSilencioYUnaPalabra, #HomenajeSanitario y #NiUnFacultativoMenos, con los que todos aquellos que lo deseen podrán sumarse a este homenaje con imágenes, vídeos o mensajes que recuerden a quienes “no dudaron en ponerse manos a la obra a pesar de las incertidumbres que había respecto al virus y los medios insuficientes”.

Por otra parte, la federación castellanomanchega de este sindicato, para evitar en la medida de lo posible que aumenten los casos de fallecimiento de los sanitarios, ha aprovechado para exigir a Administración regional un “seguimiento exhaustivo de los compañeros contagiados y enfermos por coronavirus, con la vigilancia de la salud necesaria”, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Para ello, recuerda, deben tomar contacto con los afectados “el número de veces que sea necesario” y se deben realizar las pruebas analíticas, radiológicas y otras, que sean pertinentes. “No se puede dejar sin control la evolución de los sanitarios  en sus domicilios o en otros alojamientos, muchas veces en absoluta soledad y comunicándose con ellos los servicios de prevención, como sucede en ocasiones, solamente para comunicarles que su test ha sido negativo y conminarles a que se incorporen a su puesto de trabajo, sin ni siquiera haberles estudiado un facultativo”.

Una serología “de calidad”

Reclaman así una serología “de calidad”, insistiendo en que se realicen de forma preferente a los sanitarios afectados los estudios serológicos para conocer su estado inmunitario,  y guardándose el tiempo necesario de convalecencia asintomática antes de incorporarse a sus puestos.

Miguel Méndez, presidente del CESM-CLM incide también en la necesidad de que los médicos que luchan contra la COVID-19 reciban la baja por enfermedad profesional y no por enfermedad común, ya que del contagio de esta enfermedad pueden derivarse otras patologías o incapacidades que están mejor cubiertas en el primer caso, tanto en asistencia como en prestaciones.

El próximo viernes se celebrará una mesa sectorial en Castilla-La Mancha para que el Gobierno castellanomanchego explique la duración de las contrataciones de profesionales sanitarios que se han realizado durante la fase más aguda de la crisis. Quieren que estos contratos duren como mínimo dos años y en todas las especialidades; y también que las sustituciones de verano no se realicen bajo las mismas premisas de 2019 puesto que la situación actual es muy diferente. “Estos profesionales lo han dado todo y ahora hay que tratarlos de la mejor forma posible”.