Alfonso Rueda intensifica la agenda neoliberal de la Xunta de Galicia

La rueda de prensa posterior a la reunión de su gabinete el pasado 23 de marzo resume toda una orientación política. En no más de una hora, el presidente de la Xunta de Galicia anunció que recurrirá el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central, se remitió a los pacientes con cáncer para justificar que las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública gallega acaben en un hospital privado y fue incapaz de aclarar si la participación pública será mayoritaria en la futura empresa mixta de energías renovables. Son apenas las últimas muestras de la intensa agenda neoliberal que Alfonso Rueda ha desplegado en los 11 meses que lleva al frente de la comunidad. No son, ni mucho menos, las únicas.

Rueda heredó de su antecesor –Alberto Núñez Feijóo, que se embarcó en la conjura para descabalgar a Pablo Casado como líder del PP– esa peculiar retórica que opone gestión a política. Según su discurso, la derecha gestiona, los demás “hacen política” y esto último es negativo. Pero las intervenciones del actual presidente gallego, profesional de la cosa pública desde 2006, esconden no solo política, también una característica carga ideológica próxima al neoliberalismo: poner freno al poder del trabajo y defender la privatización y la desregulación, en definición del profesor estadounidense David Harvey. Su desdibujada agenda está poblada de visitas a empresas –mucho más habituales, por ejemplo, que sus encuentros con sindicatos– y de continuas alabanzas a la “colaboración público–privada”. Este lugar común a menudo implica la subordinación de los resortes administrativos a los intereses de compañías privadas, es decir, uno de los núcleos reales del dogma neoliberal.

El gabinete de Alfonso Rueda ha, de hecho, escenificado movimientos significativos en esa dirección. El vicepresidente económico, Francisco Conde, se ausentó en junio de un Consello de la Xunta para comparecer ante los medios acompañado de un directivo de la pastera Ence, en aquellos momentos sometida a la incertidumbre judicial y cuestionada socialmente. El propio Rueda había participado en su consejo de administración unos días antes. Y esta semana, la compañía usó instalaciones del Gobierno gallego para publicitar su “plan social”. Todavía en febrero se reunió con el órgano equivalente de Abanca –la entidad resultante de la fracasada fusión de las cajas de ahorros impulsada por Feijóo– para tratar “iniciativas encaminadas a facilitar la financiación de las empresas gallegas y los servicios bancarios a la ciudadanía”. Es tal vez ese tópico de la colaboración público privada el también que se encuentra detrás de su reacción a la información de elDiario.es sobre la cesión a un centro sanitario privado de máquinas donadas por Amancio Ortega al Servizo Galego de Saúde (Sergas).

El presidente de la Xunta se escudó entonces en que la infraestructura hospitalaria pública no cuenta con espacio adecuado para esa tecnología y “sería imperdonable tenerlas paradas mientras no terminen las obras”. “La gente que se está beneficiando de su funcionamiento agradece mucho que esté funcionando ya”, añadió. Lo que no explicó es que si un paciente del Sergas rechaza ser atendido en uno de los sanatorios privados con los que el Gobierno gallego mantiene conciertos, sale de la lista de espera estructural y pierde la garantía de que el sistema vaya a programar la operación, consulta o prueba que necesitan en un plazo máximo de tiempo. Esta situación, derivada de la ley de garantías sanitarias aprobada por Feijóo en 2013, ha provocado numerosas quejas ante la Valedora do Pobo y algunos reveses judiciales para la Consellería de Sanidade.

Política fiscal para ricos

Rueda se refirió a la privatización parcial de los aparatos donados por el dueño de Inditex en la misma comparecencia en la que anunció que sus letrados impugnarán, al igual que Ayuso en Madrid, el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central. Esta medida contradice la política fiscal de la Xunta del PP, centrada en beneficiar a los grandes patrimonios: en los presupuestos autonómicos vigentes, los de 2023, introdujo una bonificación que beneficia a 7.700 contribuyentes con un patrimonio medio de seis millones de euros y que se ahorrarán 4.400 euros anuales. “Prueben a bajar impuestos, verán lo bien que sienta”, repetía una y otra vez, incluso después de la estrepitosa caída de Liz Truss en el Reino Unido tras aprobar una bajada masiva de impuestos especialmente suculenta para las rentas altas. El dogma neoliberal empieza a resquebrajarse –lo sucedido en el Reino Unido llevó a Feijóo y al PP estatal a abandonar el mantra de las bajadas de impuestos– pero Rueda no parece darse por aludido.

Porque también a la vulgata neoliberal pertenece una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno gallego para mitigar la crisis de la atención primaria. Las listas de espera en los ambulatorios se alargan, las agendas de los médicos están colapsadas, faltan facultativos de familia y pediatras, las partidas presupuestarias para el área son las segundas más bajas del Estado después de Madrid, sindicatos y asociaciones profesionales denuncian que las precarias condiciones laborales del Sergas expulsan a los trabajadores. La Xunta, más allá de reclamar al ejecutivo de Pedro Sánchez sobre una materia en la que tiene las competencias desde los años 90, ha propuesto flexibilizar las compatibilidad para que los doctores puedan trabajar a la vez en la privada y en la pública.