Los propietarios de la embarcación de pesca Jabrana II, con puerto en Sidi Ifni (Maruecos), han presentado una querella en Lanzarote contra dos de sus trabajadores, que aprovecharon una salida habitual de trabajo para poner rumbo a esta isla, donde fueron rescatados el pasado 29 de julio por Salvamento Marítimo en la costa del Charco del Palo.

Los pescadores, identificados como Abderrazar A. y Ahmed A., patrón y pescador de la patera, el primero de ellos con una relación profesional de diez años con los armadores, salieron a faenar el pasado 26 de julio desde el puerto de Sidi Ifni, según consta en el texto de la querella, a la que ha tenido acceso EFE.

Para ello, uno de los propietarios les entregó el equivalente a 93 euros, un motor fuera borda y 120 litros de gasolina. Los pescadores dejaron en tierra al tercer ocupante de la barca, según se refleja en la lista de tripulación incluida en la denuncia.

Abdelghani El Asfar y Abdeljabbar Laaouina, propietarios de la barca, denunciaron los hechos en Marruecos, ante la Gendarmería Real de Sidi Ifni manifestando que la única finalidad autorizada era la de realizar una salida ordinaria de pesca y regresar.

Posteriormente, han presentado la querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife a través de la abogada Mouna Sikabi El Asri, del Colegio de abogados de Las Palmas de Gran Canaria.

Los propietarios atribuyen un valor de más de 56.000 euros a la barca y fijan una liquidación por la venta de pescado, entre enero y julio de este año, de casi dos toneladas, con unas ventas de 13.600 euros, “datos que ponen de manifiesto que no se trataba de un objeto abandonado ni inactivo, sino de un instrumento productivo cuya privación genera un daño diario y un lucro cesante”, argumentan.

Al día siguiente de la llegada de los pescadores a Lanzarote, los armadores los identificaron, junto a la barca, en unas fotografías de EFE del momento del rescate, a través de una publicación en Facebook.

Los armadores desconocen dónde se encuentra la embarcación y bajo qué título permanece custodiada y consideran que por su tamaño y “por haber intervenido previsiblemente servicios policiales, portuarios, marítimos o de emergencias, existe un riesgo real de traslado, abandono, deterioro o destrucción”.

Solicitan la identificación, inmovilización y conservación de la embarcación, del motor, los aparejos y demás bienes.

En caso de no poder recuperarla, piden una indemnización a los pescadores por le valor de la misma, 56.000 euros, y un lucro cesante de 55 euros al día.

En la querella se manifiesta que, conforme al criterio de ubicuidad acogido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el delito puede reputarse cometido en cualquiera de los lugares en que se haya realizado.

“La llegada a Lanzarote, la posible aprehensión de los querellados y la localización del efecto principal justifican la presentación en Arrecife”, razona el texto de la querella.

La defensa de los propietarios marroquíes solicita que se curse la asistencia judicial internacional conforme al convenio bilateral “a fin de incorporar el expediente marroquí íntegro y recibir declaración a propietarios y testigos si no se practica por videoconferencia desde España”.

Si se estimase que la persecución penal principal corresponde a Marruecos, solicitan que se mantengan las medidas de conservación y restitución legalmente posibles y se active la cooperación judicial bilateral.

Entre las diligencia solicitadas en Arrecife se encuentra la averiguación del domicilio y paradero actual de los querellados y que se oficie a Cruz Roja que informe si prestó asistencia a esas personas e indique el recurso, entidad o dispositivo al que fueron derivadas posteriormente, así como los datos de localización o contacto que legalmente puedan facilitarse para que se les tome declaración por el delito de apropiación indebida.

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas tres cayucos que navegaban por aguas cercanas a la isla de El Hierro con más de 500 personas a bordo, aunque en un principio la cifra rondaba las 360 personas.

El primero de los cayucos fue localizado la pasada madrugada y de él desembarcaron 268 personas, entre ellas cuatro menores y 17 mujeres. Estas personas llevaban once días en el mar a bordo de dicho cayuco, que partió de Parque Natural Varela (Guinea Bissau).

La tripulación de la Salvamar Diphda fue sido la encargada de socorrer a este primer grupo, que arribó a La Restinga a las 01.14 horas, según han informado los servicios de emergencia de El Hierro.

Entre los ocupantes de este cayuco hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil.

Tres de ellos han recibido asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías y uno ha sido derivado al hospital de la isla con un prolapso hemorroidal con posible trombosis.

Otras dos embarcaciones con casi un centenar de personas están siendo conducidas por Salvamento hacia la isla.

La Guardamar Polimnia rescató a las 06.00 horas a un grupo de 99 personas que iban en otro cayuco localizado a 65 kilómetros de La Restinga.

Por último, la Salvamar Diphda intervino de nuevo a las 5.37 horas al recibirse un aviso del SIVE sobre otro cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro, donde arribó horas después con sus 190 ocupantes.

Empezó puntual la protesta ciudadana por una democracia real y contra los desahucios en Las Palmas de Gran Canaria. Desde el Auditorio Alfredo Kraus y a pesar del fuerte calor atrapado en la panza de burro de Las Canteras, más de 10.000 personas -según datos de la organización, 2.500 según la Policía Nacional- marcharon por la avenida y comentaban entre ellas que “no está todo perdido”.

La convocatoria, respaldada por cerca de más de 12.000 firmas ciudadanas, reunió a personas y colectivos de diferentes ámbitos sociales, sindicales y ciudadanos, unidos en la defensa de “una sociedad en la que la vida y las necesidades de las personas estén por encima de los intereses económicos”.

Una lucha de todas las luchas: banderas de Palestina, el Sáhara, contra el turismo masivo y, sobre todo, un nuevo símbolo: llaves agitándose contra la especulación urbanística y los desahucios y con muchas palabras de cariño a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana en Madrid.

Tita es peona forestal y cuenta a este periódico que lo que la impulsó a salir este sábado a la calle es “todo lo que está pasando”. Le preocupa el genocidio en Palestina y el problema estructural de la vivienda: “Hace mucho que se producen desahucios y tenemos un problema con el precio de los alquileres en relación a lo pobres que son nuestros sueldos. Luego cuando no puedes pagar, te desahucian”, explica.

Para Manuel, que lleva unos tirantes con los colores de la bandera republicana, la lucha no es una cuestión de edad. Ha salido hoy a la calle para defender “los derechos conquistados” y “la democracia” y lo ha hecho junto a su amigo Armando. “Ambos fuimos torturados por el franquismo en la cárcel de Soria”, confiesa mientras pasa a su camarada el brazo por encima. “Nos jugamos volver a tiempos oscuros”.

Madai, de 30 años, no se asfixia pagando el alquiler porque comparte piso. “Conozco gente que paga precios desorbitados”, explica a Canarias Ahora. “Espero que con este se vea realmente un cambio y que se paren realmente los desahucios”.

La marcha transcurre entre consignas como: “el ático de Ayuso para Maricarmen”, “rescatan a banqueros y desahucian al obrero” o “ningún ser humano es ilegal”. Realmente daba la impresión, de que el desubicado era el que no estaba en la protesta, aunque estuviera de vacaciones. Turistas y transeúntes se apartaban al paso de los manifestantes y muchas personas se asomaban desde su privilegiada primera línea de Las Canteras.

Todas las luchas

Con reminiscencias del 15M, con más rabia en el ambiente si cabe, en una protesta que las aunaba todas, recibió a la multitud el Bella Ciao en el Parque de Santa Catalina donde se iban a leer diversos manifiestos.

También se guardó un minuto de silencio por las personas que se han suicidado tras ser desahuciados, por las mujeres víctimas de violencia machista y por las vidas migrantes que se han quedado en el mar.

Abrió el turno de intervenciones la periodista Herminia Fajardo, que quiso rendir un homenaje en el inicio a la lucha de las mujeres y recordando la frase de Simone de Beavoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.

Las movilizaciones también denunciaron el racismo, la xenofobia y la discriminación contra las personas LGTBIQ+, al tiempo que reclamaron servicios públicos “fuertes”, condiciones laborales justas y una sociedad sin exclusión.

Los manifiestos leídos recogieron las demandas de los colectivos participantes, que coincidieron en la necesidad de reforzar la protección de lo común frente a la desigualdad, la pérdida de derechos y la precarización de las condiciones de vida. La activista Koldobi Velasco hizo un llamamiento de “ternura radical frente a la violencia”. Sofía, de Derecho al Techo, recordó que la precariedad mata y que “necesitamos recuperar nuestros barrios y pedir que se ilegalicen los grupos de desocupación, carroñeros”.

También, entre otros representantes de colectivos, tomó la palabra Leonora Angono, de Regularización ya, que reivindicó la historia como elemento de lucha. “La historia explica por qué las personas migrantes estamos aquí. Los europeos no llegaron a África pidiendo visados y respetando nuestra soberanía. Llegaron a nuestro territorio, se apropiaron de nuestros recursos y sometieron a millones de personas a la esclavitud, la tortura y la violencia”.

Por último se escuchó una voz en la plaza: “acabamos por hoy, pero la calle es nuestra”. Minutos después, desmontaban los equipos de sonido y la gente volvía a su rutina con la sensación de haber visto florecer una semilla.

La Fiscalía de Canarias ha solicitado a las Cortes Generales una reforma legal que le permita perseguir determinados delitos cometidos en las pateras con destino a España aunque ocurran en aguas internacionales, tras verse obligada a recomendar la libertad de tres presuntos violadores.

Según adelanta la Voz de Lanzarote y han confirmado a EFE fuentes judiciales, un juez de Violencia contra la Mujer de Arrecife (Lanzarote) ha puesto en libertad a los tres inmigrantes a los que una compañera de patera acusaba de haberla violado en alta mar, durante su travesía desde Tan-Tan (Marruecos) a la isla canaria.

La denuncia de la mujer contaba con el apoyo de otro de los pasajeros de la embarcación, que corroboró los hechos como testigo.

Los sospechosos son dos ciudadanos malienses y uno burkinés de 21, 25 y 30 años rescatados por Salvamento Marítimo en la madrugada del 16 de septiembre, en una neumática al nordeste de Lanzarote. Para los tres, el juez de guardia había dictado prisión provisional.

Sin embargo, la propia nota de prensa de la Policía que confirmaba las detenciones precisaba que los hechos habían ocurrido en “aguas internacionales”. Y la posición del rescate facilitada por Salvamento Marítimo situaba su barca a 131 kilómetros de Canarias.

Todo ello ha sido clave para que la propia Fiscalía haya recomendado al Tribunal de Instancia de Lanzarote (plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer) que ponga en libertad a los sospechosos, porque considera que España no es competente para juzgarlos y para perseguir el delito que supuestamente cometieron.

Con carácter general, los tribunales españoles solo tienen competencia para juzgar los delitos cometidos en España, incluidas sus aguas territoriales. Si el ilícito ha ocurrido fuera de sus fronteras, también pueden perseguirlo si el autor o la víctima son españoles o los hechos sucedieron en un barco o avión español.

En los delitos de violencia sexual, el Convenio de Estambul permite extender esa competencia a casos con autor o víctima extranjera, pero que tenga residencia habitual en España. Ninguna de esas circunstancias se daba en este caso denunciado en Lanzarote: ocurrido en aguas internacionales, en una embarcación sin bandera y con víctima y sospechosos extranjeros, sin residencia en España.

Una fiscal directamente implicada en el caso ha confesado a EFE lo “impotentes” que se sienten como representantes del Ministerio Público y como mujeres en supuestos como este, en el que la violación denunciada por una mujer cuenta incluso con testigos que la corroboran, pero no pueden actuar por falta de jurisdicción.

En el recurso que la Fiscalía presentó ante el Tribunal de Instancia de Lanzarote para pedir la liberación de los detenidos, el Ministerio Público advierte a los legisladores de este agujero en la normativa y les aconseja que emprendan una reforma legislativa.

Recuerdan, al respecto, que tras la crisis de los cayucos de 2006, el Congreso reformó la ley a propuesta de la Fiscalía de Las Palmas para poder sentar en el banquillo a los patrones de las embarcaciones que traían inmigrantes irregulares a España, aunque su delito se hubiera cometido en aguas internacionales.

Desde 2007, esa reforma legal atribuye a España competencia sobre esos hechos porque presume que la embarcación se dirige a sus costas, lo que le permite perseguir tanto el mero acto de gobernar o dirigir la patera (delito contra los ciudadanos extranjeros), como los hechos que se deriven directamente de él, como una muerte por naufragio o sed (catalogados como homicidio por imprudencia).

Sin embargo, quedan fuera del alcance de los tribunales españoles otros casos que se han denunciado en algunas ocasiones al llegar las pateras a los puertos canarios, como asesinatos cometidos por personas que no eran los patrones o agresiones sexuales.

Tras este caso de Lanzarote, la Fiscalía recomienda una reforma legal que permita a España juzgar también tipo de delitos cometidos en una patera o en un cayuco si se entiende que se dirige a sus costas, con la misma presunción legal que se adoptó en 2007 para perseguir a los patrones de las embarcaciones.

El Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca ha programado una agenda de octubre centrada en cultura, memoria democrática y solidaridad que culminará el 29 de octubre con la celebración de su primer aniversario junto a las personas, colectivos y entidades que han formado parte de su recorrido.

La programación comenzará el 1 de octubre con una ponencia de Javier Rodríguez dedicada al genocidio de Ruanda, y se proyectará el documental 'Ruanda, 25 años después. Del odio a la reconciliación', realizado por el conferenciante a partir de su experiencia sobre el terreno.

La literatura ocupará un lugar destacado en la agenda del mes, con la presentación de obras como 'Xóchitl Frida: Pinto con dolor y mucho amor' de Iñaki Markez, que propone acercarse a Frida Kahlo más allá de la imagen de icono popular y profundiza en su personalidad, sus experiencias y su trayectoria artística; y el ensayo de Beatriz Gimeno 'Alegato contra la prostitución: Razón y emoción', que aborda la prostitución desde una perspectiva feminista y abolicionista.

La programación también incluye un encuentro entre escritoras y una charla coloquio organizada por la Asociación Consuelo Bergues con motivo del Día de las Escritoras; y la presentación de 'Hazañas Bélicas', de Manuel Blanco Chivite, que reúne una novela corta y 28 relatos en torno a la guerra, la violencia y la supervivencia.

El emprendimiento y la migración tendrán su espacio en la programación, con una charla de UATAE Cantabria sobre recursos de empleo dirigida especialmente a personas inmigrantes, y con las grabaciones en directo de la segunda temporada del podcast 'Caminante: historias resonantes de la migración por Europa', que recoge historias biográficas de personas migrantes que han decidido trasladarse a Europa.

Además, la periodista Norma Saldaña ofrecerá una charla sobre la tradición mexicana del Día de Muertos.

Todos los actos tienen entrada gratuita y se pueden seguir en streaming a través de YouTube.

Durante su primer año de actividad, el Ágora ha acogido presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, actividades relacionadas con el cine y la cultura y encuentros sobre cuestiones como memoria democrática, salud, urbanismo, feminismo, migración y derechos humanos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este viernes “una respuesta estructural” ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha planteado que, ante un nuevo intento de entrada “masiva”, se proceda a la “devolución inmediata y automática” de las personas que accedan irregularmente a Ceuta. “Si usted entra por esta puerta, yo le devuelvo por esta puerta”, ha resumido Vivas durante una entrevista en la Cadena Ser. El presidente ceutí ha defendido esta medida como respuesta a una posible entrada de personas y ha reclamado al Gobierno que otorgue un “horizonte definitivo” porque “la ciudad lleva casi dos meses en una situación insostenible”.

Vivas ha cifrado en 15.000 las personas que continúan en la ciudad y ha advertido de que “es inevitable que esto no derive en una situación de tensión social”. “Los ceutíes han perdido la normalidad”, ha afirmado el presidente, al mismo tiempo que ha señalado que, recuperar esa normalidad, pasa por “conseguir que salgan de Ceuta todas las personas que llegaron de forma masiva e irregular”.

El presidente de la ciudad autónoma también ha defendido que la mayoría de quienes llegaron los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta eran marroquíes y ha señalado que “Marruecos está considerado un país seguro”. “Estas personas, la mayoría de ellos, salvo casos excepcionales, no son sujetos de protección internacional mediante el derecho de asilo”, ha explicado.

En este sentido, el dirigente ceutí ha defendido que existen procedimientos jurídicos para realizar devoluciones y que debería favorecerse que las personas fueran “conducidas” hasta la frontera. “Yo avalo que se acompañe a los migrantes a la frontera”, ha respondido Vivas al ser preguntado sobre si sería ilegal que el Ejército “acompañara” a los migrantes hasta la frontera. 

Vivas ha defendido además que existen procedimientos jurídicos para permitir las devoluciones “colectivas” en determinadas circunstancias. “Está en una sentencia recogida, pero yo no soy jurista”, ha argumentado.

En cuanto a la situación de los menores que permanecen en la ciudad, el presidente ha asegurado que Ceuta se encuentra “un 8000% por encima de su capacidad de acogida”, en respuesta a las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha reclamado que “se agilice la reubicación de menores en la Península” por una “cuestión de humanidad”. “Nadie está en condiciones de darnos lecciones de lo que significa un comportamiento de humanidad en Ceuta”, ha señalado el dirigente ceutí, y ha recordado al ministro que “hable con sus compañeros de Gobierno”. 

El presidente ceutí ha rechazado que su Gobierno se oponga al traslado de menores a la Península y ha reconocido haber tenido “una postura de colaboración”. Al mismo tiempo, ha reclamado que se tenga en cuenta “ante todo” el interés superior del menor y que se adopten medidas para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse. 

Vivas también se ha referido al campamento habilitado en el Puerto para acoger a parte de las personas llegadas a Ceuta y ha reconocido que, si dependiera de él, cambiaría su ubicación porque ha sido “uno de los errores”. 

Según ha explicado el presidente ceutí, el espacio se planteó para evitar que las personas migrantes permanecieran cerca de “zonas residenciales”, pero posteriormente se desaconsejó su ubicación por tratarse de “una infraestructura crítica y estratégica”. “Si yo pudiera, sustituiría el emplazamiento del puerto a otra zona. Ya lo hemos propuesto al Gobierno”, ha añadido.

Salvamento Marítimo ha interceptado un cayuco con 107 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación fue localizada en la tarde de este jueves al suroeste de El Hierro, siendo trasladados hasta el muelle de La Restinga, donde los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

En concreto, el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, tuvieron que trasladar a dos de ellos a un centro hospitalario.

En las últimas horas han llegado a las islas canarias de El Hierro y Lanzarote otras cinco embarcaciones precarias. En concreto, durante la madrugada de este jueves el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas ha coordinado el rescate de tres embarcaciones con 185 personas a bordo (una con 97 migrantes, otra con 42 y la tercera con 46) cuando se encontraban a unos 98,1 kilómetros (53 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Previamente, la salvamar Acrux rescató, sobre las 19.05 horas, una patera con 77 personas tras ser localizada a unos 111 kilómetros (60 millas) al noreste de la isla de Lanzarote. Asimismo a este rescate se suma otro realizado por Salvamento Marítimo, también durante la tarde de este miércoles, que interceptó el Helimer 204 un cayuco con 167 migrantes próximo a la costa de El Hierro, en concreto, cuando se encontraba a 29,6 kilómetros al sur de La Restinga.

Bilal está ojeando su teléfono móvil sentado sobre una silla de plástico en la playa del Trampolín, en Ceuta. Desliza el dedo sobre su pantalla, una y otra vez, hasta que se cansa y lo guarda en el bolsillo. El joven, de 23 años, nació en Tetuán y cuenta que salió de Marruecos porque está cansado de que en su país nunca cambie nada. Como miles de jóvenes, Bilal se enteró del cruce masivo a la ciudad autónoma del pasado 30 de julio por redes sociales y, ahora, en España, explica por qué se fue: “Los salarios son bajos, las condiciones de vida son cada vez más complicadas. Los jóvenes están cansados, también tristes. Aunque votemos, no va a cambiar nada”, dice en referencia a los comicios celebrados este 23 de septiembre.

La votación del miércoles se vieron marcadas por una elevada abstención: el 62% de los electores inscritos decidió no acudir a las urnas, el porcentaje más alto de los últimos 20 años. En Marruecos hay que registrarse anteriormente para poder votar y, de los 15,8 millones de personas registradas, solamente el 4% tiene entre 18 y 24 años, la franja de edad a la que pertenece Bilal.

Votemos lo que votemos, todo va a ser igual. Mis amigos piensan lo mismo. No conozco a nadie que quiera ir a las urnas

Salah — un joven de Tetuán

Al otro lado de la frontera, en Tetuán, el joven Salah afirmaba que tampoco tenía intención de votar. “Vamos a boicotear las elecciones”, declaró a elDiario.es. “Votemos lo que votemos, todo va a ser igual. Mis amigos piensan lo mismo. No conozco a nadie que quiera ir a las urnas”, añadió. Salah es estudiante universitario especializado en migraciones y derechos humanos. “Yo puedo estudiar porque soy un privilegiado, pero no es la realidad del país”.

“Nos han enseñado a no quejarnos”

El hastío de la juventud marroquí respecto a sus líderes políticos permea los dos lados de la frontera. En las Naves del Tarajal (Ceuta), Ayoub, de 21 años, sueña con convertirse en ingeniero, pero tuvo que renunciar ante las dificultades de los servicios educativos públicos colapsados en Marruecos. “Nos han enseñado a no quejarnos y por eso muchos hemos decidido irnos. No podemos ni manifestarnos”, dijo a este medio.

Yasmina, de 20 años, también cruzó a Ceuta en julio y desde hace más de 50 días está alojada en las Naves del Tarajal, cerca de la frontera con Marruecos. Cuenta que su hermano fue uno de los encarcelados durante las protestas de la Generación Z, el año pasado. “No conozco a nadie que vaya a votar y, aunque lo hicieran, ¿qué más da? Todo va a seguir igual”, dice a este medio.

Esa impotencia y frustración se debe, en parte, a la falta de oportunidades laborales en Marruecos. Según datos oficiales, en el segundo trimestre de 2026 el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años se situó en torno al 27%, frente al 9,5% a nivel nacional. Su tasa de participación en el mercado laboral, además, fue de apenas el 22,9%.

En Casablanca, Youssef, de 25 años, no contempló la idea de cruzar a Ceuta como muchos de su misma generación, pero sí entiende a quienes lo hicieron. “Yo sí que voy a ir a votar, tenemos que seguir intentando cambiar el país desde dentro”, afirmó antes de la cita con las urnas.

De las protestas a la abstención

Durante la jornada electoral del miércoles, en varios colegios electorales de la ciudad marroquí de Tánger, quienes colocaban los sobres dentro de las urnas eran personas mayores, principalmente hombres. La participación se situó en el 38%, frente al 50% registrado en 2021, cuando los comicios legislativos coincidieron con los regionales y municipales.

Los electores registrados menores de 35 años representan sólo el 19% de todos los votantes, mientras que las personas mayores de 60 son más del 29%. Sin embargo, esos porcentajes no reflejan la realidad de una población joven: el grupo de edad de entre 18 y 35 años representa el 25,9% de la ciudadanía, de acuerdo con el Alto Comisionado de Planificación marroquí.

No conozco a nadie que vaya a votar y, aunque lo hicieran, ¿qué más da? Todo va a seguir igual

Yasmina — joven de 20 años que cruzó a Ceuta

Antes de manifestarse en las urnas, la población joven marroquí tomó las calles. En septiembre y octubre de 2025, el movimiento GenZ212 movilizó a jóvenes en varias ciudades del país con demandas centradas en la sanidad, la educación, el empleo y la justicia social. Las protestas surgieron además en un contexto de debate sobre las inversiones destinadas a las infraestructuras vinculadas con el Mundial de Fútbol de 2030, que Marruecos organizará junto con España y Portugal.

Un año después de esa ola de protestas, la desilusión y la distancia con la élite política se manifiesta a través de la abstención.

La misma coalición gobernante

El ganador de los comicios ha sido el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), una de las tres formaciones que integra el Gobierno saliente, fundado en 2008 por Fouad Ali El Himma, actual consejero del rey Mohamed VI. Según datos provisionales del Ministerio del Interior, ha logrado 97 de los 395 diputados de la Cámara de Representantes. Le siguen, en segundo lugar, Rassemblament National des Indépendants (RNI), formación que encabezaba hasta ahora el Ejecutivo de Aziz Ajanuch, con 66 escaños; y, en tercer lugar, Istiqlal, con 65 escaños.

Lo más probable es que los tres partidos mayoritarios tengan, de nuevo, que formar una coalición para gobernar, pero el equilibrio interno ha cambiado, ya que el PAM sustituye al RNI como principal fuerza del bloque que se espera que repita al frente del Ejecutivo.

El islamista moderado Partido Justicia y Desarrollo (PJD), que gobernó Marruecos entre 2011 y 2021, ha vuelto a coger fuerza tras pasar de 13 diputados a 54 en el Parlamento, donde la mayoría absoluta se sitúa en 198 escaños.

Ahora, la Constitución marroquí establece que el rey debe nombrar al jefe del nuevo Gobierno entre los miembros del partido que haya quedado primero en las elecciones. Todos los ojos están puestos en Fouzi Lekjaa, titular del Ministerio de Presupuestos y presidente de la Federación marroquí de Fútbol.

Tres escenas, a priori separadas a kilómetros por kilómetros de distancia. El desahucio de Maricarmen. Una sesión del Congreso. Una crisis humanitaria en Ceuta. Tres momentos diferentes… unidos por un elemento común: el gas pimienta. Del uso que hicieron los antidisturbios contra los activistas de la vivienda, al recorrido que tuvo la acción de la diputada del PP Ana Vázquez, a la información de elDiario.es en exclusiva: Militares rocían con gas pimienta a menores migrantes en Ceuta mientras caminan o vuelven de comprar comida. 

Toda esa intoxicación provocada por el gas pimienta nos da un retrato de la España actual. Lo contamos con los tres periodistas de elDiario.es que estuvieron en esos tres momentos: Guillermo Hormigo, Aitor Riveiro y Gabriela Sánchez.

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Detrás de cada persona que se ve obligada a cruzar la frontera hay una historia de huida, de guerra, de miseria... de un modelo económico global que expulsa a millones de personas de sus territorios. Lo que está ocurriendo en Ceuta, por más que insistan los medios de comunicación y buena parte de la clase política española, no es una invasión.

Cuando hablan de “asalto a la soberanía”, no están describiendo la realidad: están construyendo un relato. Un relato del que intencionadamente quedan fuera las consecuencias de la colonización, los derechos humanos y la protección internacional. Y una vez generado ese relato la migración se convierte en amenaza y deja de importar si la persona que llega es una niña sola, un joven que huye de una guerra o alguien que simplemente busca un salario digno: todas ellas quedan mezcladas en una misma masa a expulsar.

La respuesta política a la llegada de personas migrantes no ha sido, en general, una respuesta de derechos. Ha sido, sobre todo, una respuesta de orden público y de rentabilidad electoral. Y ese falso relato se traslada a la calle, y allí se convierte en violencia concreta. Algo que para sorpresa de nadie es aprovechado por el fascismo para generar miedo y capitalizar sus discursos.

El resultado es el que estamos viendo, un Estado que combina la inacción sobre las causas con una gestión fundamentalmente policial, y una parte de la ciudadanía que, azuzada por meses de discurso de “invasión” y de odio, termina dirigiendo su frustración contra las personas más vulnerables de la ecuación: los propios migrantes y quienes les ayudan.

Cuando los derechos se convierten en cifras y los cuerpos, en fronteras

Uno de los síntomas más claros de este desenfoque está en el propio vocabulario que se utiliza. Cuando lo que está ocurriendo en Ceuta se traduce, en la agenda política, en la pregunta de cuántos menores 'le tocan' a cada comunidad autónoma, algo fundamental se ha perdido por el camino.

Hablar de 'repartir' personas —y especialmente niños y niñas— convierte los derechos humanos en una cuestión logística. Por supuesto que tiene que existir corresponsabilidad entre territorios pero si el debate se limita a cuántas personas corresponden a cada lugar, dejamos sin responder las preguntas que realmente importan: qué vivienda, qué educación, qué atención psicológica, qué itinerario formativo y laboral y qué protección frente al racismo se les va a garantizar cuando lleguen.

En este contexto, una vez más las mujeres vuelven a ser utilizadas e instrumentalizadas por discursos racistas, fronterizos o militaristas. La violencia sexual contra las mujeres no empezó con la llegada de personas migrantes a Ceuta, ni termina allí, ni puede explicarse a partir del origen de quienes agreden. Los cuerpos de las mujeres han sido históricamente, y siguen siendo, un territorio de guerra: las violaciones utilizadas como arma en conflictos coloniales y la esclavización sexual son algunos de los ejemplos más brutales de ello.

Lo que sí está ocurriendo es que cientos de mujeres y niñas migrantes han quedado en una situación de extrema vulnerabilidad: sin alojamiento suficiente, fuera durante días de los sistemas de protección, durmiendo en espacios precarios y desplazándose por una ciudad sumida en el caos. Una realidad que debería activar mecanismos de protección y cuidados, no convertirse en combustible para discursos racistas o militaristas.

La responsabilidad de quienes dicen estar del lado correcto

El Gobierno Vasco ha reivindicado durante años mayores competencias en materia migratoria y ha defendido su propio modelo de acogida como referencia; Navarra cuenta con un Plan de Acogida vigente y ha expresado su disposición a asumir menores procedentes de Ceuta. Sin embargo no basta con reclamar competencias si luego, en el terreno, la respuesta a la pobreza visible es la de criminaliza dar de comer como ha sucedido en Donostia.

No basta con la solidaridad discursiva si no se traduce en recursos estables, vivienda, itinerarios de regularización y una política de acogida que no dependa de la buena voluntad de un puñado de voluntarios y voluntarias.

En el caso de Donostia el paralelismo con la frontera sur no podría ser más directo. Allí se militariza la costa y se devuelve en caliente; aquí se identifica a quien reparte un bocadillo. Allí se vincula la llegada de personas con la inseguridad; aquí se vincula una cena solidaria con el “efecto llamada” y la delincuencia. En ambos casos, el problema que se combate no es la pobreza ni la falta de acogida: es la visibilidad de la pobreza y de quienes intentan paliarla.

No se puede hablar de pobreza sin cuestionar el modelo económico capitalista que la sustenta y que sigue manteniendo a una parte de la clase trabajadora en situación de irregularidad crónica. Esto es lo que permite que sectores como la agroindustria intensiva, la hostelería o los cuidados dispongan de mano de obra que no puede negociar condiciones, denunciar abusos ni rechazar salarios de mierda.

El problema es un sistema que expulsa a unas personas de sus territorios, las explota cuando llegan y después pretende enfrentarlas con quienes ya estaban aquí.

Desde ESK reafirmamos nuestro compromiso con una Euskal Herria y con un mundo desmilitarizado, solidario y justo, donde ninguna persona sea tratada como una amenaza por buscar una vida digna. Ningún derecho se puede sortear ni repartir: los derechos humanos se garantizan.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, va camino de cumplir ocho años al frente del Gobierno foral. Y este jueves ha pronunciado el que será el último discurso del debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura, que finalizará en marzo con la disolución del Parlamento. Durante más de una hora ha hecho balance de estos últimos cuatro años al frente del Gobierno navarro, el que ha sido su segundo mandato consecutivo.

Chivite ha presumido de ser, a su juicio, la presidenta “que más ha hecho por ampliar” el autogobierno de Navarra, en referencia a algunas de las transferencias logradas durante su etapa al frente de la presidencia, como es la de tráfico. “En estas dos legislaturas hemos avanzado más que en veinte años”, se ha felicitado.

Durante su discurso, íntegramente en castellano, Chivite ha repasado los principales retos a los que se ha enfrentado cada una de las 13 consejerías de su Ejecutivo y ha apuntado cuáles serán los objetivos a alcanzar en los meses que restan de legislatura. Como principales prioridades ha destacado el acceso a la vivienda, tratar de frenar el incremento de los precios, la mejora de la sanidad pública y la convivencia.

Chivite, que el año pasado situó a Navarra como “baluarte” progresista, ha vuelto a recordar este año el contexto internacional con “el auge de fuerzas antidemocráticas y antieuropeas”. “Allí donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha, avanza la división, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización. Frente a ese retroceso, defendemos una democracia que se demuestra útil en la vida de la gente”, ha solemnizado. 

No obstante, la presidenta navarra se ha centrado en uno de los episodios recientes, la crisis humanitaria en Ceuta. Ha reclamado una migración “ordenada” y “segura” con derechos pero también obligaciones. “Integrar significa aprender las lenguas, acceder a la formación y al empleo, conocer los derechos y cumplir las obligaciones”, ha aseverado.

Pero ha apostillado: “Criminalizar a quien migra alimenta el miedo y debilita la democracia. Nosotros elegimos otro camino: firmeza en las reglas, humanidad en el trato y políticas que hagan posible la convivencia”. Navarra ha sido la única comunidad que ha acogido a niñas migrantes procedentes de Ceuta merced a un acuerdo bilateral con la ciudad autónoma tras el bloqueo de las comunidades gobernadas por el PP para su reparto. “Mientras algunos agitan el odio, nosotros trabajamos para que una persona migrante pueda formarse, trabajar, contribuir y sentirse parte de Navarra”, les ha reprochado.

La presidenta tampoco ha “obviado” a Belate, la obra que ha generado varias crisis de gobierno con sus socios de Geroa Bai y Contigo/Zurekin. Tras haber sido adjudicada por 76 millones a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe al 15% el exdirigente socialista Santos Cerdán, el Ejecutivo de Chivite ha decidido romper el contrato y volver a sacarlo a licitación. El detonante, un sobrecoste de 8,3 millones de euros que, tras haber sido autorizado por el director general de Obras Públicas, fue tumbado por la Intervención General.

Chivite ha remarcado la “importancia” de desdoblar el túnel situado en la N-121-A, la carretera que une Pamplona con Francia a través de Irún, pero también la de hacerlo “desde la legalidad y la transparencia”. Ha asegurado que el túnel “se va a terminar” y ha acusado a los gobiernos que la precedieron de “inacción” con una obra bajo la lupa de Europa, que amenazó a Navarra “con una multa millonaria” por no acometerla en plazo.

Con todo, la presidenta no ha interpelado a sus socios de gobierno y únicamente se ha referido de pasada a otros temas que han generado tensión en el seno del Ejecutivo, como es el caso de los conciertos educativos, cuando apenas restan unos meses para la celebración de unos nuevos comicios forales y municipales. Pero sí les ha reclamado acuerdos “con convicciones y con hechos” para volver a “merecer la confianza de la ciudadanía”.

Chivite también ha reservado un espacio para anuncios, como una propuesta fiscal “ambiciosa” o un plan de inversiones, al margen de los presupuestos, de 600 millones de euros “que se materializarán en infraestructuras y actuaciones concretas”. 

El pleno, como es costumbre, ha levantado cierta expectación. Hasta cuatro emisoras de radio han montado 'sets' especiales para retransmitir la sesión en directo y, desde primera hora, los palcos y pasillos se han llenado de invitados. En la Cámara han coincidido desde la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, hasta su homólogo en el PNV, Aitor Esteban. También ha acudido la recientemente nombrada candidata a la presidencia navarra por Geroa Bai, Uxue Barkos, actualmente senadora autonómica, o el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de UPN, entre otros.

En las últimas horas han llegado a las islas canarias de El Hierro y Lanzarote cinco pateras, desde la tarde de este miércoles y hasta las 05.30 horas de este jueves, 24 de septiembre, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, durante la madrugada de este jueves el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas ha coordinado el rescate de tres embarcaciones con 185 personas a bordo (una con 97 migrantes, otra con 42 y la tercera con 46) cuando se encontraban a unos 98,1 kilómetros (53 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Tras ser rescatados los inmigrantes por la guardamar Urania, fueron trasladados hasta el puerto de Arrecife, donde llegaron pasadas las 05.30 horas.

Previamente, la salvamar Acrux rescató, sobre las 19.05 horas, una patera con 77 personas tras ser localizada a unos 111 kilómetros (60 millas) al noreste de la isla de Lanzarote.

Asimismo a este rescate se suma otro realizado por Salvamento Marítimo, también durante la tarde de este miércoles, que interceptó el Helimer 204 un cayuco con 167 migrantes próximo a la costa de El Hierro, en concreto, cuando se encontraba a 29,6 kilómetros al sur de La Restinga.

En este caso, la salvamar Navia lo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, donde el personal del dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes, precisando uno de ellos traslado a un centro hospitalaria.

El dipòsit de pasteres de Ses Salines es va convertir aquest dimarts en l'escenari triat pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, per reclamar al Govern central que freni l'arribada de persones migrants a les illes. El PSIB-PSOE li ha recriminat que “posés” davant diverses de les embarcacions, acusant-lo de “deshumanitzar-les” i de convertir els menors migrants en “munició política”. “Els menors no són una fotografia per alimentar el conflicte entre partits”, asseveren els socialistes.

Galmés va aprofitar la seva presència al costat de les pasteres per anunciar una carta a Pedro Sánchez en la qual reclama que la pròxima reunió d'alt nivell entre Espanya i Algèria, prevista per a l'octubre, es tradueixi en “mesures urgents i concretes” per frenar les arribades a Balears. Entre les seves peticions inclou reforçar la cooperació amb Algèria, impulsar polítiques en origen i facilitar els procediments de retorn de menors migrants quan existeixin familiars que puguin fer-se càrrec d'ells.

La portaveu socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha qüestionat aquest dimecres les imatges difoses i ha reclamat al mateix temps a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que concreti el nombre de menors migrants que es troben sota tutela de la institució. “No és acceptable que el PP de Mallorca converteixi els menors migrants en material de confrontació política”, ha assenyalat Cladera, que ha acusat el Consell de presentar a aquestes persones fonamentalment com a “xifres” dins de les seves reivindicacions a l'Executiu central.

El PSIB sosté que les reclamacions de Galmés es produeixen en un context en el qual Vox, soci del PP al Consell Insular, manté una posició més restrictiva respecte a l'acollida de menors migrants. Els socialistes recorden que la formació de Santiago Abascal ha defensat que la capacitat ordinària d'acollida de menors estrangers sigui zero.

“Almenys, en la foto de davant de les pasteres, Galmés no apareix rient com va fer mesos enrere”, ha afirmat Cladera, en referència a unes imatges anteriors del president del Consell que els socialistes ja havien criticat.

La portaveu socialista considera que el PP ha d'aclarir si pretén desenvolupar una política pròpia en matèria migratòria o si, per contra, està adoptant posicions cada vegada més pròximes al discurs de Vox. Cladera ha reclamat que la resposta institucional combini el control de les fronteres i la lluita contra les xarxes de tràfic de persones amb la protecció dels drets dels migrants i, especialment, dels menors.

Crítiques a la gestió dels menors

El PSIB també ha retret al Consell la seva posició respecte a l'acollida de menors migrants i ha qüestionat la seva participació en els mecanismes de coordinació entre administracions. Cladera ha criticat que el PP reclami recursos a l'Estat mentre, segons els socialistes, “boicoteja” determinades reunions de coordinació i rebutja assumir nous menors procedents d'altres comunitats autònomes. També ha qüestionat que el Consell prioritzi les directrius polítiques del PP estatal davant els recursos econòmics disponibles per reforçar l'atenció a les persones migrants.

Els socialistes reclamen que la gestió migratòria s'abordi de manera coordinada entre les administracions autonòmica, insular i estatal, així com amb les institucions europees. “Una societat democràtica, europea i solidària ha de ser capaç de controlar les fronteres, combatre les màfies i ordenar els fluxos migratoris sense perdre mai la humanitat”, ha afirmat Cladera.

Així mateix, considera que el debat s'hauria de centrar en la capacitat de les administracions per respondre a les arribades, garantir l'atenció dels menors i disposar de recursos suficients, en lloc de convertir les pasteres en un nou escenari d'enfrontament polític. “El PP ha de decidir si vol governar des de la responsabilitat o si prefereix competir amb Vox en el terreny del discurs més dur contra les persones migrants”, ha conclòs Cladera.

El depósito de pateras de Ses Salines se convirtió este martes en el escenario elegido por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para reclamar al Gobierno que frene la llegada de personas migrantes a las islas. El PSIB-PSOE le ha recriminado que “posara” ante varias de las embarcaciones, acusándolo de “deshumanizarlas” y de convertir a los menores migrantes en “munición política”. “Los menores no son una fotografía para alimentar el conflicto entre partidos”, aseveran los socialistas.

Galmés aprovechó su presencia junto a las pateras para anunciar una carta a Pedro Sánchez en la que reclama que la próxima reunión de alto nivel entre España y Argelia, prevista para octubre, se traduzca en “medidas urgentes y concretas” para frenar las llegadas a Balears. Entre sus peticiones incluye reforzar la cooperación con Argelia, impulsar políticas en origen y facilitar los procedimientos de retorno de menores migrantes cuando existan familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha cuestionado este miércoles las imágenes difundidas y ha reclamado al mismo tiempo al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que concrete el número de menores migrantes que se encuentran bajo tutela de la institución. “No es aceptable que el PP de Mallorca convierta los menores migrantes en material de confrontación política”, ha señalado Cladera, que ha acusado al Consell de presentar a estas personas fundamentalmente como “cifras” dentro de sus reivindicaciones al Ejecutivo central.

El PSIB sostiene que las reclamaciones de Galmés se producen en un contexto en el que Vox, socio del PP en el Consell Insular, mantiene una posición más restrictiva respecto a la acogida de menores migrantes. Los socialistas recuerdan que la formación de Santiago Abascal ha defendido que la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros sea cero.

“Al menos, en la foto de delante de las pateras, Galmés no aparece riendo como hizo meses atrás”, ha afirmado Cladera, en referencia a unas imágenes anteriores del presidente del Consell que los socialistas ya habían criticado.

La portavoz socialista considera que el PP debe aclarar si pretende desarrollar una política propia en materia migratoria o si, por el contrario, está adoptando posiciones cada vez más próximas al discurso de Vox. Cladera ha reclamado que la respuesta institucional combine el control de las fronteras y la lucha contra las redes de tráfico de personas con la protección de los derechos de los migrantes y, especialmente, de los menores.

Críticas a la gestión de los menores

El PSIB también ha reprochado al Consell su posición respecto a la acogida de menores migrantes y ha cuestionado su participación en los mecanismos de coordinación entre administraciones. Cladera ha criticado que el PP reclame recursos al Estado mientras, según los socialistas, “boicotea” determinadas reuniones de coordinación y rechaza asumir nuevos menores procedentes de otras comunidades autónomas. También ha cuestionado que el Consell priorice las directrices políticas del PP estatal frente a los recursos económicos disponibles para reforzar la atención a las personas migrantes.

Los socialistas reclaman que la gestión migratoria se aborde de manera coordinada entre las administraciones autonómica, insular y estatal, así como con las instituciones europeas. “Una sociedad democrática, europea y solidaria ha de ser capaz de controlar las fronteras, combatir las mafias y ordenar los flujos migratorios sin perder nunca la humanidad”, ha afirmado Cladera.

Asimismo, considera que el debate debería centrarse en la capacidad de las administraciones para responder a las llegadas, garantizar la atención de los menores y disponer de recursos suficientes, en lugar de convertir las pateras en un nuevo escenario de enfrentamiento político. “PP debe decidir si quiere gobernar desde la responsabilidad o si prefiere competir con Vox en el terreno del discurso más duro contra las personas migrantes”, ha concluido Cladera.

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado, con la abstención del PP, una propuesta de Vox en la que se defendía la soberanía española sobre Canarias, Ceuta y Melilla, lo que ningún grupo puso en duda, pero que además pedía la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos y revisar los acuerdos de cooperación, así como, llegado el caso, de persistir el “ataque a la soberanía nacional”, expulsar a su embajador.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, rechazó una enmienda de sustitución de Coalición Canaria y AHI en defensa de la integridad del territorio terrestre y marítimo del archipiélago canario y la delimitación de la mediana, así como de una solución justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes para el Sáhara Occidental.

La decisión de CC de enmendar la propuesta no gustó al diputado del PSOE Gustavo Matos, quien advirtió a los nacionalistas de que “comprar, aceptar y legitimar el marco de debate de la ultraderecha” no hace sino aumentar su apoyo popular, como ha ocurrido en Alemania y podría ocurrir en España en las próximas elecciones.

En su defensa de la PNL, Nicasio Galván atribuyó a miembros del Gobierno marroquí las reivindicaciones territoriales sobre Ceuta, Melilla y Canarias, país que ha promovido “una invasión” en Ceuta con “la complicidad” del PSOE, dijo.

Gustavo Matos replicó que a la ultraderecha no le interesa lo más mínimo Ceuta y pidió a Galván que se “lo haga mirar” por decir que “un niño desamaparado” es un invasor.

Ana Oramas, de CC, señaló que la gestión de la crisis migratoria de Ceuta “ha sido desastrosa”, pero acusó a Vox de pretender que tanto la ciudad autónoma como el archipiélago canario se conviertan en “centros de retención”, así como de promover el odio y la xenofobia hacia otros seres humanos.

Por el PP, el diputado Jacob Qadri consideró que lo de Ceuta “es un aviso” que no se puede ignorar en Canarias, aunque responsabilizó a Vox de pretender bloquear la salida de inmigrantes desde Canarias en caso de “avalancha migratoria”, como están haciendo en Ceuta, obviando que el PP es quien gobierna con Vox en las regiones que se niegan a acoger a los menores derivados.

Para Luis Campos, de Nueva Canarias, la propuesta de Vox no trata de defender Ceuta, sino de difundir odio y criminalización de las personas migrantes.

El diputado de ASG Jesús Ramos dijo que nadie pone en cuestión que Ceuta, Melilla y Canarias forman parte de España, “pero una cosa es compartir el objetivo y otra muy diferente la escalada diplomática que propone Vox”, que en su opinión no es la respuesta más adecuada.

Raúl Acosta, de AHI, rechazó que la respuesta a Marruecos sea suspender el Tratado de Amistad, revisar las relaciones bilaterales o expulsar a su embajador, puesto que “los intereses de Canarias se defienden mejor desde la firmeza, el diálogo y el Derecho internacional”. 

Centrar las políticas migratorias en reducir las llegadas puede “producir resultados inmediatos”, pero no elimina las causas que empujan a las personas a desplazarse. El informe Ruta atlántica, Sahel y Canarias, elaborado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en colaboración con el Gobierno de Canarias y presentado este martes, confirma lo que diferentes organizaciones especializadas en derechos humanos llevan meses advirtiendo. Aunque las llegadas al Archipiélago hayan caído en un 55,1%, las muertes no han desaparecido, ni tampoco los peligros ni las vulnerabilidades de quienes cruzan el Atlántico.

Cuando las políticas públicas se enfocan exclusivamente en los flujos visibles, se transforman las rutas, aumentan los peligros y se invisibilizan las vulnerabilidades. El texto, al que ha tenido acceso esta redacción, propone una serie de ejes para vertebrar una estrategia “duradera” cambiando “de escala y de objetivo”. No se trata solo de reducir los flujos, sino de reducir también las muertes, la rentabilidad de las “economías criminales”, reforzar las alternativas locales y hacer “creíble” la movilidad regular, apunta el informe. 

El documento ha sido elaborado a raíz de un taller organizado en Gran Canaria que reunió a representantes institucionales, fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales, actores humanitarios, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, representantes europeos y africanos y a expertos en rutas migratorias, protección, criminalidad organizada y cooperación al desarrollo.

Superar la lectura eurocéntrica de las movilidades africanas

El primer paso para diseñar políticas públicas efectivas es, según el IEAM, “superar la lectura eurocéntrica de las movilidades africanas. ”Los desplazamientos desde África Occidental y el Sahel no se orientan principalmente hacia Europa. La mayoría de las movilidades son intraafricanas“, indican. Si Europa solo presta atención a lo que llega a sus fronteras, añaden, corre el riesgo de ”comprender mal“ las dinámicas profundas que estructuran la movilidad en la región.

El segundo, comprender que contener la ruta atlántica no es sinónimo de resolverla. El informe mantiene que las cifras de llegadas es un indicador utilizado a menudo de forma “excesivamente simplista” como medida del movimiento migratorio. Estos números no siempre permiten captar las salidas frustradas, las movilidades que se recomponen o las trayectorias que quedan fuera de los mecanismos de observación. 

Las personas que regresan pueden hacerlo endeudadas, traumatizadas, avergonzadas o percibidas como personas que han fracasado

En esta línea, la disminución de las llegadas puede reflejar un refuerzo de las interceptaciones, una espera prolongada en determinados territorios, el desplazamiento hacia otros puntos de salida o una invisibilización “creciente” de los trayectos.

El Instituto justifica esta conclusión en diferentes hechos: los precios del paso no han bajado de manera significativa; algunas redes siguen activas, pero han modificado sus puntos de operación; hay personas que esperan en zonas mineras, agrícolas, urbanas o fronterizas; la presión migratoria sigue siendo perceptible a través de las interceptaciones; las rutas se desplazan hacia zonas menos vigiladas; algunas nacionalidades asociadas a la ruta atlántica están aumentando en otras, como la del Mediterráneo occidental; y el número de fallecidos ha aumentado.

El ejemplo de Níger

El IEAM pone como ejemplo la experiencia de Níger. En 2015, la criminalización de ciertas formas de movilidad hizo que las rutas antes conocidas, visibles y organizadas se desplazaran hacia itinerarios clandestinos, más alejados de los pueblos, menos accesibles para el socorro y más expuestos a grupos armados, bandidos y abusos. 

“La consecuencia no fue la desaparición de la movilidad, sino su clandestinización. Las personas siguieron desplazándose, pero en condiciones más peligrosas. Las redes informales y criminales ganaron importancia, precisamente porque las rutas regulares o toleradas resultaban cada vez más difíciles de utilizar”, detalla el informe. 

Muchos menores llamados “no acompañados” cuentan en realidad con referentes familiares: padres, tíos, hermanos, miembros de la comunidad. La separación física no implica necesariamente abandono

Esta lógica, advierten, puede reproducirse en la ruta canaria. El aumento de los controles en Mauritania y Senegal puede desplazar las salidas hacia Gambia, Guinea o Guinea-Bisáu, surgiendo trayectos más largos, arriesgados y con una mayor dependencia de los intermediarios.

Acompañamiento en los retornos 

A pesar de los riesgos, las salidas persisten. Esto se debe, entre otras razones, a que en varios contextos de África Occidental la migración no es una decisión estrictamente individual, sino familiar y comunitaria. “Una familia puede vender bienes, movilizar recursos, contraer deudas u organizar colectivamente la salida de un joven. Este se convierte entonces en portador de esperanza, apoyo financiero potencial y símbolo de un éxito esperado”, detalla el informe.

“Decir a los jóvenes que la ruta es peligrosa no basta. Muchos ya lo saben. Para que el riesgo vuelva a ser disuasorio es necesario que exista una alternativa creíble: empleo, formación, movilidad legal, seguridad local, acceso a los servicios, reconocimiento social y posibilidad de construir un futuro sin partir”, propone el texto del IEAM.

De este modo, el joven que se marcha no solo lleva a cuestas su propio proyecto, sino las expectativas de una comunidad. Las redes sociales, así como la diáspora, amplifican esta dinámica, difundiendo imágenes de éxito y relatos de oportunidades. Sin embargo, “a menudo invisibilizan la precariedad administrativa, la deuda, las discriminaciones, las condiciones de trabajo, la soledad o las expulsiones”.

Por ello, el IEAM sostiene que el retorno no debe concebirse como una operación “logística” o “administrativa”, sino que se trata de un momento humano, familiar y social “extremadamente sensible”. “Las personas que regresan pueden hacerlo endeudadas, traumatizadas, avergonzadas o percibidas como personas que han fracasado”, indica el texto. 

Las operaciones de retorno, plantean los expertos, deben combinar acompañamiento económico, psicosocial, mediación familiar, inserción comunitaria, seguimiento en el tiempo e implicación de las colectividades locales y de la diáspora.

Un enfoque de género e infancia ''más robusto''

El informe también hace mención a las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres y las niñas. Los riesgos a los que quedan expuestas durante el trayecto y tras la llegada van más allá de la explotación sexual, y entre ellos están los matrimonios forzados, la dependencia de un hombre que ya haya llegado al país de destino, la explotación doméstica, la violencia de género, la trata y las situaciones de coacción familiar. 

También alertan de que determinar la edad de las mujeres jóvenes también puede ser más complejo que en el caso de los hombres, planteando importantes desafíos en materia de protección de los menores. “Los mecanismos de acogida, evaluación, orientación y seguimiento deben integrar, por tanto, un enfoque de género más robusto”, insisten. 

Respecto a la infancia migrante, los expertos proponen revisar el vocabulario. “Muchos menores llamados ”no acompañados“ cuentan en realidad con referentes familiares: padres, tíos, hermanos, miembros de la comunidad. La separación física no implica necesariamente abandono”, destacan. En contextos de conflicto o pobreza extrema, la salida del menor puede ser considerada como una medida de protección. Aun así, recuerdan, esta realidad “no reduce las responsabilidades de protección de los Estados de acogida”, sino que exige integrar a las familias en el acompañamiento y en las soluciones. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado ante el canal de televisión estadounidense CNN que “el control fronterizo de Marruecos falló”, por lo que han pedido “explicaciones”. Sánchez ha hablado con la cadena aprovechando su presencia en Nueva York para acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“¿Qué se hizo mal?”, ha sido una de las preguntas realizadas por la entrevistadora, Christiane Amanpour, a lo que Sánchez recordaba que era una zona “difícil” y que se trataba de la frontera de Europa con África. Por ello, pedía “solidaridad” de la Unión Europea. “Por desgracia, sufrimos la falta de solidaridad por parte de muchos de sus gobiernos durante la crisis”.

“Mostramos esa solidaridad, por ejemplo, en Lampedusa, en Italia, cuando sufrieron la crisis de migrantes. Mostramos solidaridad en Groenlandia cuando otros gobiernos cuestionaron la integridad territorial de Groenlandia y Dinamarca. Así que pedimos esa solidaridad cuando se trata de Ceuta”.

Además de esa solidaridad europea, el presidente señalaba la importancia de la relación de España con Marruecos. “Durante los últimos ocho años hemos desarrollado una positiva relación bilateral con Marruecos y les hemos pedido acciones y respuestas” para saber si “el mecanismo de control de la frontera falló”.

Acerca de la gestión de esta crisis migratoria, Sánchez aseguró que debían garantizar “el orden y la seguridad”, pero manteniendo “la dignidad humana”. De acuerdo al líder del Ejecutivo, la ciudad de Ceuta está “recobrando la normalidad” y, a la vez, se está atendiendo a esos migrantes de acuerdo a lo que dice el marco legal de protección internacional.

Ante las preguntas de la periodista sobre si habían sido alertados de que esta crisis podía producirse, de acuerdo a los documentos que el propio Gobierno había desclasificado, Sánchez ha afirmado que “no había una evidencia clara de que algo así iba a suceder. Estamos investigando qué ocurrió en julio y a la vez hemos pedido a Marruecos tanto acciones como respuestas, porque está claro que los controles en su frontera fallaron”.

El presidente añadía que tenían que “tener buenas relaciones con Marruecos, quien es un socio estratégico y a la vez tenemos que devolver a muchos de esos migrantes a su país de origen, que es Marruecos. Y lo haremos con dignidad”, recalcó, porque “los migrantes no son ganado, sino seres humanos”.

Gibbi Jallow sobrevivió a cinco días de travesía en cayuco desde Senegal hasta Canarias cuando tenía 14 años. El mar le perdonó la vida en la Ruta Atlántica, pero semanas después una ola en una playa de Fuerteventura le rompió el cuello contra la arena y lo dejó tetrapléjico.

Su historia, marcada por el dolor crónico, la adaptación a una nueva vida y la distancia con su familia en Gambia, centra el libro Olas como montañas, de la periodista Loreto Gutiérrez Prats, presentado este lunes en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria.

La autora ha explicado a los periodistas que comenzó a documentarse para escribir sobre los 30 años de la ruta migratoria canaria, pero el proyecto cambió cuando conoció a Jallow a través de Calixto Herrera, psicopedagogo de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.

“Tuve claro que era una historia que merecía ser contada y que había que contarla”, ha explicado Gutiérrez, quien ha definido la obra como “un periodismo reposado”, alejado de la urgencia informativa.

El libro entrelaza episodios de la vida de Jallow –su infancia en Gambia, sus sueños, su familia, el viaje en cayuco y su recuperación médica– con algunos de los principales hitos de la migración irregular hacia Canarias desde la llegada de la primera patera a Fuerteventura en 1994 hasta la última crisis migratoria en 2024, cuando llegaron más de 43.000 personas al archipiélago.

“Su historia no es solo la de un drama personal. Es también la expresión de muchas otras: la de quienes emprenden el viaje, la de quienes sobreviven y la de quienes, aun alcanzando la orilla, continúan enfrentándose a enormes dificultades”, narra la autora de 'Olas como montañas' en la introducción de la obra.

Jallow llegó en cayuco a El Hierro y luego fue trasladado a Fuerteventura, donde sufrió el accidente que cambió su vida mientras jugaba en la playa con otros menores del centro de acogida.

Ha pasado dos años hospitalizado en el Hospital Insular de Gran Canaria y actualmente reside en el centro de atención integral a las personas con necesidades especiales Ciudad San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran Canaria.

Calixto Herrera, que lo conoció durante un programa de acompañamiento emocional en el hospital, ha asegurado que el joven ya forma parte de su familia. Jallow lo considera a él como su padre.

Preguntado por la realidad de Jallow, Herrera cuenta que “es difícil”: “Como él mismo dice: 'Mi vida no es fácil', porque tiene que llevar un dolor neuropático que es crónico y hay veces que el dolor gana, gana la partida y viene la desesperanza, viene la tristeza, pero ahí estamos. Y hay momentos en los que la valentía, la generosidad y la fuerza de Gibbi van ganando el partido”.

Bajo una de las fotografías que recopila el libro, Jallow, que por su dificultad para hablar no se ha dirigido hoy a la prensa, dice: “Sé que nunca volverá a caminar, pero a veces tengo que esforzarme para no pensar en ello”.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente de Canarias, Octavio Caraballo, quien también fue una de las piezas del puzzle para que Loreto Gutiérrez conociera la historia del adolescente, ha declarado que historias como la de Gibbi ayudan a mostrar las realidades que enfrentan los migrantes.

“En su caso muy dramática, porque se queda tetrapléjico en Fuerteventura, solo, sin su familia, aunque con un hermano que vive aquí, y creíamos que era conveniente que esa historia se conociese”, ha agregado.

Caraballo ha señalado que el libro, además de intercalar la historia de Jallow con la historia de los 30 años de la llegada de la primera patera a las islas, también hace alusión a las migraciones canarias hacia América.

“Nos sentimos orgullosos de la épica del viaje de nuestros abuelos y, en cambio, cuando nos referimos a las migraciones actuales, utilizamos otro tipo de perspectiva, y nosotros creemos que esa perspectiva no se puede perder”, ha señalado.

Cuenta Gutiérrez en la introducción que el título procede de una frase pronunciada por el propio Jallow una tarde desde la cama del Instituto Guttmann de Neurorrehabilitación, en Barcelona, “mientras describía el viaje entre muros de mar que a sus ojos parecían montañas”.

La autora asegura que el libro se podría seguir escribiendo indefinidamente “porque la vida de Gibbi, como el devenir de la ruta migratoria atlántica, se escribe en presente continuo”.

Y es que, concluye, “la historia que aquí se cuenta no acaba en la última página, solo se detiene en un recodo del camino”.

Mérida albergará el próximo 15 de octubre la IX edición del Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones, un encuentro que este año centrará sus análisis en la juventud y la infancia migrante. La organización ha determinado esta temática al considerar que los menores constituyen los colectivos más instrumentalizados y más invisibilizados dentro del debate público actual.

El evento, organizado por la Fundación porCausa en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, congregará en la capital extremeña a profesionales de la comunicación procedentes de España, Senegal, Marruecos, Grecia, Estados Unidos, El Salvador y Sri Lanka.

La directora de la cita, Patricia Macías, ha destacado la necesidad de combatir las narrativas simplistas con un periodismo de calidad que aporte contexto y datos para permitir comprender el fenómeno migratorio desde su condición natural. En el marco de esta jornada, Macías ha avanzado que se realizará una entrevista a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El programa contempla un total de diez mesas de trabajo y diálogo. Dos de estos bloques abordarán de manera específica la cobertura mediática de la situación en Ceuta, contando para ello con la visión de periodistas locales y de corresponsales desplazados. Del mismo modo, la agenda incluye espacios diseñados para examinar los procesos de polarización y el grado de responsabilidad que asumen los medios de comunicación.

A lo largo de la sesión, los propios jóvenes migrantes expondrán de primera mano sus experiencias vitales. Entre los testimonios previstos figura el del periodista salvadoreño Javier Zamora, autor de la obra literaria “Solito”.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha afirmado que acoger esta iniciativa permite reivindicar la vocación histórica de la ciudad como espacio de encuentro, argumentando que una localidad originada en un cruce de caminos comprende que ningún trayecto humano termina en una frontera. Rodríguez Osuna ha sostenido que frente a la instrumentalización política y el miedo, el periodismo debe aportar verdad y rigor para evitar que las personas queden reducidas a meras estadísticas o titulares.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha valorado la trascendencia de la convocatoria al señalar que el desarrollo de proyectos de esta naturaleza constituye la mayor vacuna contra la xenofobia y la exclusión.

Decenas de personas atacaron su coche en Ceuta en la tarde de este domingo tras ser “confundidos” con una ONG navarra que acudía a la ciudad para el reparto de ayuda entre migrantes. El activista de la Flotilla Rafael Borrego y la diputada autonómica Julia Ferreras relatan a elDiario.es el tenso momento que vivieron. “Se agolparon sobre nosotros. Nos han tirado huevos, nos han tirado piedras, han reventado el cristal por alante, por atrás, nos han abierto la puerta para meterse dentro”, ha descrito Borrego.

“A nosotros nos ha pillado de paso allí, hemos sido el objetivo, el enemigo a abatir”, asegura Ferreras. Pese a la confusión con la ONG navarra, la diputada hace un alegato contra la violencia en la ciudad autónoma. “Nadie en ningún momento podemos justificar ningún acto de violencia, sea contra quien sea, ni contra la población migrante, ni contra los activistas, ni contra los ceutíes”, añade tras presentar una denuncia ante la Policía por los hechos. “No está justificada en ningún momento, ni hacia mí, que no tenía nada que ver con el asunto, pero ni siquiera hacia los activistas que venían de fuera”, señala. A la denuncia de Ferreras, Borrego y la abogada Sofía Cánovas, que viajaba con ellos, se han sumado tres agentes de policía que participaron en el operativo y que alegan haber sufrido lesiones, según han indicado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

Tanto Borrego como Ferreras explican que quienes acudían a esperar a la ONG navarra golpearon el coche, llegaron a abrir las puertas y destrozaron tanto la luna delantera como la trasera. Quienes estaban dentro tuvieron que desplegar un paraguas para parar el lanzamiento de objetos que seguía llegando hacia ellos.

Ambos apuntan que recibieron el ataque que estaba preparado para la llegada de la ONG navarra, a la que tildaba de “proetarra”. “Un señor se ha confundido. No sé a qué se refería pero ha dicho 'este es uno de ellos, es uno de ellos, es un proetarra', toda la gente se ha echado encima de mí. Yo me he ido del tumulto como he podido, pero el coche al que me subía estaba al lado del tumulto”, explica Borrego.

El activista de la Flotilla a Gaza, que había llegado a la ciudad unos días antes a documentar lo que allí ocurre, explica que recibieron la ayuda de un policía para poder salir del lugar de la agresión. “Entró en el vehículo y tomó el volante para poder sacarlo de la zona”, explicó. Borrego explica que otra pasajera del vehículo sufrió cortes.

Según la denuncia que ha presentado Borrego ante la Policía y a la que ha tenido acceso este medio, todo comenzó cuando comenzó a grabar a un tumulto que se acercaba a un coche y un hombre “de unos 60 o 65 años” le dijo: “No me grabes”. Fue el mismo individuo quien se dirigió a la muchedumbre y avisó: “Este es uno, este es uno de ellos”. Entonces, gran parte de las personas empezaron a increparlo y a intimidarlo con insultos. El activista declaró que se subió al vehículo de Julia Ferreras, que intentaba avanzar por el único carril abierto al tráfico, pero la conductora tuvo que detenerse porque la multitud estaba cortando el paso.

“En ese momento, un gran número de personas rodeó el vehículo, golpeándolo con patadas e increpando a los ocupantes, lanzando también huevos y piedras”, tal y como consta en la denuncia. Uno de los atacantes “golpeó la luna delantera del vehículo por la parte derecha”, la cual se rompió. Unos minutos después, “algunas de las personas de la multitud lanzaron algún objeto contra la luna trasera del vehículo, fracturándola”, al igual que la delantera.

Borrego declaró que la conductora, “en todo momento, manifestó que se estaban equivocando de personas y que ella era una diputada de Ceuta Ya, haciendo caso omiso” los asaltantes. Varios minutos después, un agente de la Policía Nacional le indicó a la conductora que pasara de su asiento a la parte trasera del vehículo y él se subió en el asiento del piloto. “Finalmente, dicho agente, consiguió maniobrar con el vehículo, marcha atrás, consiguiendo salir del lugar en dirección contraria al tráfico” y condujo hasta el garaje privado de la diputada.

Julia Ferreras también ha presentado una denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que aseguró que durante el incidente, “se identificó en reiteradas ocasiones como diputada de la Asamblea y como ciudadana de Ceuta, informando que estaban cometiendo un error” a los atacantes, que no se detuvieron. También, aseguró que los asaltantes “proferían todo tipo de amenazas”, por lo que “llegó a sentir miedo por su integridad física, pensando incluso que no pudieran salir de esa situación”.

Tras presentar la denuncia, la diputada reiteró a este periódico que pensaba que no iban a salir con vida del ataque contra su vehículo. “Han destrozado mi coche por completo. Han caído [encima del vehículo] piedras, bloques, la luna trasera ha estallado. Han abierto el coche”, detalló. Ferreras consideró que, en un primer momento, “todo fue producto de una confusión”. “Cuando la turba ha venido hacia nosotros, yo me he identificado como diputada de Ceuta. Lo he gritado varias veces, que soy diputada de la Asamblea y que soy ceutí. Ha habido varias personas de esta ciudad que me han reconocido y han aprovechado para hacer lo que llevaban deseando desde hace mucho tiempo”, afirmó, agregando que no es la primera vez que recibía amenazas y que fue agredida.