Marruecos ya no quiere ser el gendarme de Europa. En realidad, nunca quiso serlo. Y tiene razones para ello. En Ciencia Política explicamos que los componentes del Estado son el territorio, la población y la soberanía. Por tanto, una de las responsabilidades del Estado es la gestión de sus fronteras para garantizar la integridad y la seguridad de su propio territorio. En cambio, la vigilancia de las fronteras para dar respuesta a preocupaciones de seguridad de terceros países no es una las atribuciones clásicas del Estado. Menos aún lo es permitir el ejercicio de funciones soberanas a terceros países dentro de tu territorio.

Ahora bien, ¿qué sucede con las fronteras compartidas con otro Estado? En este caso parece razonable hablar de una responsabilidad compartida en la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo fundamental es bajo qué principios y criterios se producen las negociaciones para abordar esa responsabilidad compartida. Un esquema horizontal de diálogo es la mejor fórmula para evitar conflictos. La realidad dista mucho de esto debido a la externalización del control migratorio, entendida como el proceso por el que la Unión Europea traslada a los países de origen y tránsito el control de fronteras para evitar que la migración llegue a su territorio. Es una forma de desplazar la frontera europea más allá de sus propios límites territoriales. En el caso de la Unión Europea y Marruecos, la externalización nace de una asimetría de poder. Es la agenda de la seguridad europea, que vincula la migración con la inseguridad, la que se impone en todo este proceso. Esta agenda nunca fue ni una iniciativa ni una prioridad marroquí, sino que responde al exclusivo interés de la parte europea.

La externalización del control migratorio es problemática por varias razones. Por un lado, se asienta en relaciones de dependencia. La brecha entre el discurso y la práctica es muy obvia: la Unión Europea habla de socios, diálogo entre iguales y responsabilidad compartida, pero fuerza su propia agenda para convertir a Marruecos en un Estado tapón de la inmigración hacia Europa. Por otro, genera el rechazo de Marruecos porque conciben la externalización como una imposición desde el exterior. Por ello, no cabe esperar un alineamiento genuino y sincero con estas políticas. Además, crea un clima de confrontación, con acontecimientos como los de la semana pasada, en contraste con la retórica de una cooperación hispano-marroquí ejemplar. Además, la externalización no es un modelo eficaz. De hecho, garantiza el fracaso de la política migratoria de la Unión Europea.

En lugar de poner todo el peso explicativo en las estrategias de guerra híbrida o en conspiraciones que apuntan a la mano de Estados Unidos e Israel, convendría mirar la realidad desde abajo. Podría ser un factor más sólido el hecho de que la Generación Z en Marruecos no haya visto cumplidas sus expectativas y hayan dado por roto el contrato social. En un país de grandes infraestructuras y eventos (están construyendo el estadio más grande del mundo), los jóvenes gritan: “No queremos el mundial, queremos sanidad”

Otra consecuencia fundamental de la externalización es que ha otorgado a Rabat una palanca de enorme influencia. Paradójicamente, en nombre del control migratorio, la Unión Europea ha perdido capacidad de control sobre su propia política. Décadas de securitización y externalización han otorgado a Marruecos un extraordinario poder de negociación, permitiéndole utilizar la migración como instrumento de presión política cuando considera lesionados sus intereses. Marruecos ha logrado revertir la relación de poder con la Unión Europea. Aunque solo lo hace parcialmente, ya que a Europa aún le quedan palancas relevantes como el comercio. Probablemente, este reequilibrio de poder explica que, pese a sus reticencias, Marruecos haya acabado desempeñando ese papel de gendarme.

Un aspecto preocupante es la securitización y militarización del debate público en Europa al definir estos episodios como actos de guerra. En particular, como actos de guerra híbrida, en referencia a la confrontación que combina instrumentos militares y no militares. Incluso muchos académicos críticos han asumido la narrativa militarista de la guerra híbrida. Hay que insistir en algo elemental: los seres humanos no son armas de guerra. Por ello, es muy problemático el concepto de guerra híbrida aplicado a la instrumentalización de la migración porque militariza el fenómeno migratorio y desplaza el centro de atención desde las personas hacia las lógicas de la amenaza y la seguridad. Además, niega la agencia de las personas migrantes porque las convierte en meros instrumentos de confrontación interestatal. Es una visión estatocéntrica y con una mirada de arriba a abajo, por lo que es comprensible su uso desde la jerarquía militar, pero no desde la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación. Es más acertado hablar de coerción migratoria o instrumentalización de la migración, porque ni Ceuta es un frente de guerra ni los migrantes son armas.

La crisis de Ceuta muestra la vulnerabilidad de la frontera provocada por la externalización y la dependencia que la Unión Europea tiene respecto de Marruecos. ¿Qué papel jugó Marruecos? Por el momento, no hay pruebas de que Marruecos haya organizado este movimiento de personas. Una de las tesis más extendidas es la de los brazos caídos, es decir, el relajamiento en el control de la frontera. De hecho, Mehdi Alioua, una de las voces más autorizadas en el campo de la migración en Marruecos en una reciente y muy influyente entrevista en Le Grand Continent, señaló lo siguiente: “Cuando varios miles de personas cruzaron a nado y una inmensa multitud se agolpó en la playa, la única alternativa para evitar lo peor —que se amontonaran o que se lanzaran al mar— fue abrir ligeramente la frontera terrestre, en coordinación con los españoles”.

Europa no reconoce la marroquinidad del Sahara Occidental, pero sí se le exige a Marruecos que frene la migración irregular proveniente de ese territorio

Además de reconocer que dejaron a la gente cruzar a Ceuta, Alioua afirma que Marruecos no pudo evitarlo debido a un fallo de seguridad y al desbordamiento de las fuerzas de seguridad por la simultaneidad de varios acontecimientos masivos (Fiesta del Trono, vacaciones de los marroquíes en las playas del norte del país y la Operación Paso del Estrecho). Sin embargo, niega las teorías conspirativas que señalan a Marruecos como el organizador por dos razones. Primero, porque estas crisis dañan la reputación de Marruecos más que la de ningún otro país. Segundo, porque la alianza con Francia, España y la Unión Europea es mucho más importante que la alianza con Estados Unidos e Israel, por el comercio y la diáspora marroquí.

¿Marruecos tenía capacidades operativas para evitar la entrada masiva de personas? En Europa, algunos análisis apuntan a las enormes capacidades de Marruecos en la vigilancia de sus fronteras gracias al apoyo financiero europeo. Años de políticas de externalización se han traducido en la entrega de equipamientos de vigilancia fronteriza y la transferencia de conocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes. Sin embargo, desde Marruecos se ofrecen otros argumentos. Por un lado, Marruecos tiene 3.000 kilómetros de costa, un territorio muy extenso e imposible de controlar en su totalidad las veinticuatro horas del día. En realidad, serían 4.000 kilómetros, ya que se da un hecho paradójico: Europa no reconoce la marroquinidad del Sahara Occidental, pero sí se le exige a Marruecos que frene la migración irregular proveniente de ese territorio. Por otro, Marruecos siempre ha sostenido que el apoyo económico recibido es muy inferior al coste real de frenar la migración irregular hacia Europa.

En definitiva, en lugar de poner todo el peso explicativo en las estrategias de guerra híbrida, en un ensayo de ocupación de Ceuta o en conspiraciones que apuntan a la mano de Estados Unidos e Israel, convendría mirar la realidad desde abajo. Podría ser un factor más sólido el hecho de que la Generación Z en Marruecos no haya visto cumplidas sus expectativas y hayan dado por roto el contrato social. En un país de grandes infraestructuras y eventos (están construyendo el estadio más grande del mundo), los jóvenes gritan: “No queremos el mundial, queremos sanidad”.

La crisis humanitaria y el desborde de los servicios tras la llegada de 72.000 personas a Ceuta desde Marruecos, de las que quedan al menos dos millares en la ciudad autónoma, han sido la tormenta perfecta para que Vox intente plantar de nuevo la semilla de la “prioridad nacional”. La ultraderecha lleva una semana difundiendo que los niños y adolescentes deben “deportarse” y que “los recursos de los españoles” tienen que ir “a los españoles”, un discurso trufado con otros mensajes de dirigentes que defienden “cazar a los inmigrantes” o llaman a los menores “menesterosos jamás integrables”.

El último movimiento de Vox ha sido el de anunciar su plante a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el jueves, en representación de las tres comunidades donde tienen estas competencias: Castilla y León, Extremadura y Aragón. Se trata de un encuentro de carácter técnico —con las direcciones generales de Infancia de las autonomías, no con los consejeros— y preparatorio de la Conferencia Sectorial en la que se tratará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores. Había dudas sobre la postura del PP, pero las han despejado este lunes: ellos sí se sentarán a la mesa a “escuchar” después de que el presidente de Ceuta, de su propio partido, haya reclamado estos días “solidaridad” y más recursos económicos para la ciudad autónoma.

Precisamente es la partida de 25 millones la que ha utilizado Vox para relanzar sus mensajes contra las personas migrantes. En los últimos días, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha dibujado un país en el cual las personas extranjeras parecen ser privilegiadas frente a las españolas. Entre otras cosas, ha asegurado que los ciudadanos de España (“nuestros compatriotas”) están “haciendo cola” en los hospitales porque el Gobierno “da absoluta prioridad a la fuerza invasora de Mohamed” y ha lamentado que los niños y adolescentes que están sin sus familias supuestamente reciban mejor comida que los militares.

“Esta es la demostración de que el Gobierno está con los invasores... y maltrata a los que nos tratan de defender. Han construido todo un negocio para premiar la invasión y castigar la resistencia”, ha argumentado.

El eurodiputado Hermann Tertsch ha ido un paso más allá al decir que en Marruecos “hay hoy probablemente menos peligro de guerra que en España” y allí “no crece la pobreza infantil como en la España de Sánchez” para defender que los menores deben volver con sus familias. En la España de la que habla Vox hay “muchos españoles sufriendo privaciones inauditas” mientras el Gobierno “criminal” promueve “la invasión de más menesterosos y jamás integrables”, en palabras de Tertsch.

Desde Vox también han hecho un cálculo, que no se corresponde a la realidad, en el cual dividen de forma directa el dinero total de la partida extraordinaria de 25 millones de euros que se va a destinar a la atención urgente entre “mil menas” y lo traducen como “25.000 euros por mena”. Después se preguntan “cuántos niños españoles en situación de pobreza”, “huérfanos” o “discapacitados” podrían recibir ese dinero.

No dan los números para investigar a Sánchez por “traición”

Otra de las campañas que ha iniciado la extrema derecha es “promover” la activación del artículo 102 de la Constitución “para investigar a Sánchez y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado”. Ese artículo recoge que la Sala de lo Penal del Supremo es quien tiene la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente cuando la acusación se refiera a los delitos antes mencionados. En realidad, Vox no puede hacer nada solo: el procedimiento exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. En el PP no han respondido, al menos por el momento, a este guante tendido por la extrema derecha.

El número de menores que terminarán en el sistema de acogida todavía no se conoce. El cauce que prioriza el Gobierno es que, en caso de que se pueda confirmar que el menor tiene familia, se habiliten las vías para enviarlo junto a sus parientes. Si eso no ocurre, se busca acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de otra comunidad. Las autonomías no tienen la capacidad de negarse a acoger a los menores que les correspondan por ley, pero sí pueden recurrir cada expediente, que es justo lo que ha anticipado Vox.

Los de Abascal han mandado cartas a la ministra Sira Rego en las que afirman que no pueden aceptar un traslado a sus sistemas de acogida mientras “no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme” y avanzan que impugnarán por la vía judicial “todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos”.

La posible distribución en el sistema de acogida coincide con la nueva ofensiva de los ejecutivos de coalición entre PP y Vox contra los menores y el señalamiento a las ONG, a las que llegaron a apuntar como “colaboradores” de la “invasión”. En las últimas semanas, la Fiscalía ha abierto una investigación por la decisión del Ejecutivo de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores de los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de la Salt, Torrero y Movera, recursos en los que únicamente residen menores extranjeros.

Además, la Fiscalía del Supremo tendrá que dar respuesta a la denuncia de Compromís contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por decir en un programa de televisión que a los inmigrantes “hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho”. El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez entiende que las manifestaciones de Figaredo podrían constituir un delito de odio.

Después de la crisis diplomática con el Gobierno de Pedro Sánchez, la primera ministra Giorgia Meloni intenta evitar que se abra un nuevo frente con el Ejecutivo del canciller Friedrich Merz, considerado un aliado en Europa, que ha anunciado su intención de empezar a devolver a Italia los migrantes que hayan llegado a Alemania después de haber entrado a la Unión Europea a través de las fronteras italianas.

El periódico italiano La Repubblica desveló el domingo que Alemania tiene intención de enviar a Italia y a Grecia los migrantes que hayan llegado primero a sendos países y no tramitar sus solicitudes de asilo, según el portavoz del Ministerio de Interior alemán, quien declaró que esos regresos tienen que empezar a efectuarse de inmediato. El Gobierno alemán se basa en el nuevo pacto migratorio europeo, que entró en vigor el pasado 12 de junio y endureció considerablemente la acogida de migrantes en la Unión Europea, pero que aún no se aplica en su totalidad.

Otros medios italianos han recogido el anuncio de Berlín, así como la negativa del Gobierno de Meloni de aceptar el regreso de los migrantes hasta que se ponga en marcha el mecanismo llamado de “solidaridad” europea, esto es, el pago por cada migrante rechazado y enviado de vuelta a Italia o al país de entrada.

Según un informe de la Comisión Europea del mes de julio, desde la entrada en vigor del pacto migratorio, ocho países han pedido a Italia que reciba de vuelta a 12 migrantes que llegaron a la UE a través de sus fronteras, pero Italia ha rechazado las solicitudes. La Comisión señalaba en ese documento que un Estado miembro no puede rechazarlo, sino que tiene que proponer una fecha alternativa para recibir a los migrantes, de acuerdo con el nuevo pacto migratorio.

Italia considera que sólo tiene que recibir de vuelta a los que han llegado después de la entrada en vigor del pacto, el 12 de junio. Por ello, el Ministerio de Interior de Roma afirmó el domingo que “todavía es prematuro pensar que haya personas que llegaron a Italia después del 12 de junio de 2026 y que actualmente se encuentren en otros países”, incluida Alemania.

“Ha transcurrido muy poco tiempo para poder confirmarlo. Además, en el caso de los inmigrantes irregulares que lleguen después de esa fecha, Italia argumentará que debe proporcionarse una compensación que tenga en cuenta a los migrantes que desembarcaron en nuestro territorio nacional en embarcaciones de ONG con bandera de países europeos. Muchas de ellas son alemanas”, aseguró Interior en un comunicado, haciendo referencia al pago de una compensación por parte de los países que rechacen a los migrantes.

Fuentes del Ministerio de Interior dijeron a La Repubblica que Italia no va a tener en cuenta a los migrantes llegados a la UE antes del 12 de junio, algo que aceptaría también el Gobierno alemán que, sin embargo, tiene prisa por reactivar los regresos de los migrantes a Italia lo antes posible –algo que Italia no ha aplicado desde 2022–.

Según la agencia de noticias ANSA, la primera persona que Alemania tiene previsto devolver a Italia, tan pronto como el 19 de agosto, es una joven somalí. Abdirisaq Warsame, de 22 años, llegó a Alemania el pasado marzo y se encuentra en un centro de acogida en la localidad de Niederwerrn, en Baviera. El 25 de junio recibió una carta de las autoridades alemanas, en la que le comunicaron que el 19 de agosto “la policía la recogerá” y “será trasladada a Italia”.

ANSA destacó que la joven huyó de Somalia para que su padre no la obligara a casarse, pero Alemania ha considerado que no reúne los requisitos para solicitar asilo en este país y que su caso es “competencia de Italia”.

Durante meses, obtener una cita para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en Cantabria se ha convertido en una misión casi imposible. Lo que debería ser un trámite administrativo gratuito y fluido derivó en un colapso que ha estado alimentado un lucrativo mercado negro. Sin embargo, tras la presión ejercida por el Colegio de la Abogacía de Cantabria y diversas organizaciones sociales, la Delegación del Gobierno de Cantabria ha implantado un nuevo sistema para tratar de impedir el fraude mediante la automatización de las citas. Es decir, que a partir de ahora la cita llega directamente a cada persona, no tienen que estar pendientes de pedirla y que no haya disponibles en el plazo que se les exige.

La crisis de las citas para “huellas” -el paso final para obtener la tarjeta de la residencia o su renovación- alcanzó su punto álgido a principios de año. Adriana Villegas Rey, miembro de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria (ICA) y responsable de la sección de Extranjería, describe un escenario de desesperación para los usuarios: “Antes te metías y daba igual la hora; no había citas, no había citas, no había citas”. Esta escasez no era fruto de la casualidad, sino que se veía agravada por una red de “conseguidores” que acaparaban los turnos disponibles.

Villegas relata cómo el fraude se hacía evidente a través de plataformas como Mil Anuncios o Wallapop, donde proliferaban ofertas para gestionar citas a cambio de dinero. Los testimonios que llegaban a los despachos de abogados y a las ONG eran alarmantes: clientes que confesaban haber pagado entre 50, 100 y hasta 150 euros o 200 euros por un turno que legalmente es gratuito. “Teníamos mensajes, teníamos números de teléfono... incluso llegamos a aportar grabaciones de cómo un cliente le decía a su abogado que había pagado 60 euros y tenía la cita para dentro de tres días”, ha explicado la letrada.

Según ha podido comprobar elDiario.es, estos anuncios aún persisten pero los pocos que mantienen un contacto telefónico directo responden que lo hacían pero que “ahora ya no” (conseguir citas a cambio de dinero). Otros piden contactar por whatsapp o mensajes a través de las propias plataformas para preservar su identidad: “Si le corre prisa conseguir una cita para poder proseguir con la tramitación de su documentación, contacte ya por mensajería privada y le ayudo a obtener la huella para lo antes posible en toda España. Citas rápidas y baratas”, reza un anuncio.

La red de obtención de citas no se limita exclusivamente a los anuncios en internet, sino que también ha estado presente en el tejido empresarial local. Según ha descrito Adriana Villegas, en una comunidad “pequeña como es Cantabria”, se ha detectado que determinadas empresas, especialmente en el sector de la hostelería -donde existe un gran movimiento de trabajadores-, conseguían turnos de manera irregular para sus empleados. “Teníamos testimonios de usuarios que nos decían que su jefe iba a hablar con alguien y así conseguían la cita”, relata la responsable del ICA, quien ha destacado la “intranquilidad” que esto generaba entre los abogados, al ver cómo quienes no pagaban o no tenían estos contactos se quedaban sin opción de tramitar su huella.

Quejas formales a la Delegación del Gobierno

Ante esta situación, en marzo de este año, el Colegio de la Abogacía se quejó a la Delegación del Gobierno de Cantabria y a la Policía Nacional. Simultáneamente, Arianne Cobo, abogada del Movimiento por la Paz (MPDL) en Cantabria, denunció el asunto ante el Defensor del Pueblo y la propia Delegación debido a la ausencia absoluta de citas en Santander.

“La queja la presentamos en marzo, que fueron los meses más problemáticos”, recuerda Cobo, quien añade que la administración respondió inicialmente prometiendo un incremento de la plantilla para solventar el tapón administrativo. Adriana Villegas destaca que, en una comunidad pequeña como Cantabria, el problema resultaba incomprensible: “Que esto ocurra en Madrid o Barcelona se puede entender por la presión migratoria, pero en Cantabria no había este problema, tampoco en provincias vecinas como Burgos o Asturias”.

Las reuniones mantenidas entre el ICA, el delegado del Gobierno, la Policía Nacional y la Abogacía del Estado fueron clave para trasladar la gravedad de los hechos. Según Villegas, el Colegio proporcionó a la Policía Nacional toda la documentación y datos recopilados sobre los números de teléfono y métodos de pago utilizados por las redes de reventa de citas.

Automatización como en otras provincias

La solución técnica al problema ha llegado de la mano de la automatización. Una solución aplicada ya en otras provincias como Tarragona, Castellón o Alicante, según explica Villegas. Se trata de poner en marcha un sistema donde la propia Oficina de Extranjeros asigna la cita de oficio.

Bajo este nuevo modelo, cuando un ciudadano extranjero recibe la resolución favorable de su autorización de residencia, el sistema le asigna automáticamente un día y hora para acudir a poner las huellas. “Ahora hay resoluciones que ya vienen con la cita asignada o que te indican que te llegará un correo en unos días con el turno”, detalla Villegas. Este cambio elimina la necesidad de que el interesado -o los especuladores- tengan que monitorizar la página web de la administración constantemente.

La abogada Arianne Cobo confirma que el sistema ya está dando sus primeros frutos: “Desde esta semana en la oficina de MPDL Cantabria ya hemos recibido varias concesiones con ese sistema de citas que parece que va a funcionar bien y acabará con la problemática”.

Por su parte, Villegas asegura que, desde junio, la situación ha cambiado radicalmente y que incluso para los trámites donde no hay asignación automática -como peticiones de asilo o cédulas de inscripción-, ya es posible encontrar turnos disponibles de forma ordinaria.

Congelación de cuentas bancarias y despidos

El colapso de las citas no era un mero inconveniente burocrático; tenía consecuencias vitales para los trabajadores extranjeros. Villegas recuerda casos de personas que han tardado hasta tres meses en conseguir una cita tras obtener su permiso de arraigo. Aunque la resolución favorable permite trabajar, la falta de la tarjeta física (TIE) generaba problemas graves con las entidades bancarias. “Los bancos, si no veían el NIE renovado, congelaban las cuentas de muchos ciudadanos”, ha lamentado la responsable de la sección de Extranjería del ICA. Asimismo, algunas empresas amenazaban con dar de baja a trabajadores si no presentaban el documento físico actualizado.

Unión de abogacía y tercer sector

Un factor determinante para resolver esta crisis ha sido la creación de la sección de Extranjería dentro del Colegio de la Abogacía de Cantabria, hace aproximadamente un año y medio. Esta sección no solo agrupa a abogados particulares y del turno de oficio, sino que integra a representantes de organizaciones como Movimiento por la Paz, Cáritas, Cruz Roja, Cantabria Acoge e incluso sindicatos como Comisiones Obreras. “Es muy bueno porque estamos en contacto todos; tenemos un chat de WhatsApp muy activo para contarnos novedades y resoluciones”, explica Adriana Villegas. La abogada incide en que esta red de colaboración permitió detectar el fraude de forma rápida y actuar de manera coordinada ante la administración.

Villegas reconoce igualmente que en este caso la colaboración con la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional ha sido “excepcional” para atajar el problema. Los profesionales de la extranjería en Cantabria celebran que el sistema que antes empujaba a muchos solicitantes a recurrir a locutorios o intermediarios fraudulentos haya sido corregido por la tecnología y la voluntad política.

Problemática “controlada”, según la Policía Nacional

Desde la Policía Nacional, su portavoz Carlos Méndez ha confirmado a elDiario.es que la problemática está actualmente “controlada” gracias a un plan de choque para dar respuesta a la gran demanda de solicitudes. Este refuerzo policial ha permitido incrementar las horas de servicio, incluyendo turnos de tarde de lunes a viernes y aperturas extraordinarias durante varios sábados. Méndez ha admitido que una clave importante para evitar irregularidades reside en que el sistema de citas es ahora estrictamente individualizado para cada gestión y número de documento.

Según ha detallado el portavoz, la confirmación del turno llega de forma personalizada al solicitante mediante SMS y correo electrónico, lo que impide que terceros puedan acaparar citas para otros. Como resultado de estas medidas y del refuerzo de personal, la Policía asegura que actualmente es posible obtener cita para la semana siguiente o incluso, de forma puntual, para el día después.

La Policía Nacional no ha detallado si se han tomado medidas contra los presuntos vendedores de citas de los que el Colegio de la Abogacía ha facilitado pruebas y teléfonos. No obstante, desde el Colegio de la Abogacía aseguran que mantendrán las puertas abiertas y el canal de comunicación con la Policía Nacional para denunciar cualquier nueva incidencia que pueda surgir. “La administración nos ha dicho que la información que pasamos está sirviendo y que nos mantendrán informados”, ha asegurado Villegas.

Tras la crisis por la entrada de migrantes en Ceuta, el Gobierno de Giorgia Meloni se alzó estos días como gran opositor a la regularización migratoria en España. La extrema derecha ha tratado de relacionar ambas realidades y Meloni ha alertado sobre el supuesto efecto llamada que esto supone para los países de la Unión Europea (UE). Sin embargo, y mientras critica la política española, Italia mantiene activo un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028. Para muchos, esto viene a ser una especie de regularización encubierta que contrapone el discurso antimigratorio de Meloni con la realidad de un país envejecido, con una de las tasas de natalidad más bajas de la UE, pérdida de población y necesidad de trabajadores en múltiples sectores.

El programa, sin embargo, tiene numerosas grietas. Grupos de derechos humanos y muchos migrantes que llegaron a Italia a través de este sistema denuncian que el mecanismo es disfuncional y lleno de deficiencias que hacen que parte de sus solicitantes no logren ni alcanzar Italia, o bien se vean abocados a la irregularidad una vez en el país. Muchos se convierten en víctimas de estafas o ven cómo el empresario que se comprometió a emplearlos no hace acto de presencia o ya no les contrata. Según fuentes consultadas por elDiario.es, hay miles de personas que pueden estar ahora en esta situación.

“Es un gran problema. Muchos vinimos a Italia a través de este proceso porque queríamos entrar por una vía legal y no ser irregulares, pero cuando llegamos, vimos que no teníamos ningún empleo y nos quedamos sin nada”, cuenta a elDiario.es Asili Raman, un migrante de 26 años de Bangladesh que asegura haber pagado 10.000 euros a un intermediario con la falsa promesa de llegar a Italia con trabajo y documentos, un sueño que se disipó al pisar el país, donde denuncia también la poca atención de las autoridades ante casos como el suyo.

El Decreto Flussi, la vía para la migración “legal” de Meloni

Estos años, Meloni ha hecho una diferencia entre las personas migrantes que considera “ilegales” frente a la migración “legal”, que pide fomentar de forma ordenada y con canales regulados, según las necesidades del mercado laboral. Este es el mecanismo que en Italia se conoce como Decreto Flussi (Decreto de Flujos), vigente desde 1998 y basado en la contratación de extranjeros en sus países de origen, similar al modelo de gestión colectiva de contrataciones en origen existente en España, aunque en el caso italiano prevé unos números mucho más altos. El proceso se inicia con la petición de empresarios locales en Italia que solicitan mano de obra para la agricultura, el sector inmobiliario, industrial, turístico o de cuidados, entre otros. Asimismo, esto se hace con países con los que Italia tiene acuerdos bilaterales, entre ellos Pakistán, Bangladesh, Egipto, Túnez, Marruecos o Sri Lanka, basado en cuotas para períodos trianuales reservadas para empleo permanente, estacional o por cuenta propia.

De hecho, desde que accedió al poder a fines de 2022, la coalición de Meloni amplió las cuotas de permisos para extracomunitarios en el marco de este sistema para “que responda a las necesidades de las empresas y sea también realista”. En 2025, anunció la emisión de hasta 500.000 visados para el período entre 2026 y 2028, y antes se comprometió a expedir hasta 450.000 permisos entre 2023 y 2025. “Sin decirlo muy alto, el gobierno alzó enormemente las cuotas, alcanzando hasta 950.000 potenciales entradas en seis años. En Italia ya residen 3,5 millones de extracomunitarios, y esto los aumentaría un 30%”, dice a elDiario.es el abogado Alberto Guariso, miembro de la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI). Sin embargo, matiza el experto, la cantidad real de personas que logra llegar y trabajar en Italia con permiso regular acaba siendo muy poca, ya que el mecanismo es “altamente inoperativo”, repleto de trámites complejos y una burocracia “muy lenta”.

Según la campaña Ero Straniero (Yo Era Extranjero), formada por varias entidades defensoras de los derechos de las personas migrantes, sólo una fracción mínima de quien solicita viajar a Italia logra obtener permiso de residencia y empleo regular en el país. En 2024, por un cupo máximo de 146.850 plazas previstas, sólo se acabaron emitiendo algo más de 24.800 permisos. En la práctica, esto supone que sólo 17% del total logró terminar con éxito el proceso. En 2025, por un cupo que aumentó a 181.450 plazas, se expedieron 14.349 permisos, lo que implica que solo “ocho de cada 100 personas completaron el procedimiento”, concreta Ero Straniero en un informe publicado a febrero de este año, donde alerta que el sistema puede llevar a muchos a la irregularidad.

Aunque no se puede cuantificar con claridad, el informe advierte de que un 7% de las 26.700 personas que llegaron al país a través del Decreto Flussi durante 2024 “están en riesgo real de caer en la inmigración irregular”. Esta cifra creció aún más para 2025, cuando hasta 11.686 personas habrían podido quedar en la misma situación.

Un sistema que “no funciona”

“La realidad es que este sistema no funciona”, señala Guariso. Según agrega, sí hay muchos casos de personas que consiguen acabar los trámites con éxito y viajar a Italia, “pero una vez aquí, su empleador desaparece o ya no les quiere contratar, lo que hace que se queden en situación irregular”, a la merced de una administración burocrática compleja y unas autoridades que en muchos casos no contemplan la opción de dar permiso de residencia a quien quedó en estado de irregularidad, pese haber hecho el proceso correctamente y según la ley.

Según el abogado, muchas jefaturas de policía provinciales –donde los extranjeros deben tramitar su permiso de residencia en Italia– rechazan solicitudes de migrantes que se quedaron sin su empleador inicial, pero que encontraron un nuevo trabajo y podrían regularizar su situación con él. “Es un sinsentido”, lamenta Guariso, que destaca también las estafas que han sufrido muchos migrantes en el marco del Decreto de Flujos, tras ser víctimas de grupos criminales que les hicieron pagar mucho dinero por un contrato que en realidad no existía.

Muchas personas “son víctimas de estafas flagrantes o prácticas ilegítimas, tras haber pagado miles de euros a supuestos intermediarios, empleadores o empresas ficticias a cambio de empleo, para luego llegar a Italia y no volver a saber nada de ellos”, relata Ero Straniero en su informe. La desprotección lleva a muchos migrantes a acabar en la calle o en asentamientos informales precarios, pero también a quedar sometidos a un modelo de explotación conocido como caporalato, considerado una forma de esclavitud moderna aún existente en Italia.

Un mecanismo “fraudulento”

En el caso del bengalí Asili Raman, cuando llegó a Italia en octubre de 2023 pudo evitar caer en estas redes. Vio cómo sus perspectivas de empleo se desvanecían, pero tuvo el apoyo de un primo en Milán que le dio alojamiento. En su caso, cuenta, mantuvo un permiso temporal de residencia que le dio en torno a un año para buscar empleo, aunque sólo pudo regularizar definitivamente su situación con el apoyo legal de ASGI y presentando un recurso ante la Justicia italiana para obtener un permiso de residencia permanente. “Hay miles de personas en esta situación y muchos otros no lograron conseguir el permiso como yo”, cuenta Raman, quién ha trabajado estos últimos años como recepcionista en un hotel de Milán, dónde tiene una situación más estable de cara al futuro.

Sin embargo, denuncia que muchas otras personas que se vieron estafadas como él se quedaron atrás en el marco de un mecanismo que no ve funcional. “Fue una situación muy mala. Tuvimos que luchar muchísimo. Muchos de nosotros teníamos deudas tras haber pedido préstamos para viajar a Italia. Yo mismo me endeudé con 5.000 euros, y durante un tiempo me ayudó mi familia desde Bangladesh para poder sobrevivir”, relata.

Según añade, unos mil migrantes que se hallaron sin trabajo al llegar a Italia se organizaron para denunciar su situación bajo el lema “Todos somos víctimas”, y crearon una página de Facebook para ello. “Los trabajadores que llegamos con visados a través del Decreto Flussi no entramos ilegalmente a Italia. Somos víctimas de un sistema de fraude por parte de empleadores y agentes fraudulentos”, alegan en la página, donde piden mayor responsabilidad tanto de las autoridades de su país de origen como del Ejecutivo italiano para enfrentar el problema.

Para Guariso, la ineficacia del Decreto Flujos muestra “lo absurdo” de las posturas del Gobierno de Meloni. Por un lado, tiene en la lucha contra la migración irregular su caballo de batalla, pero el sistema de recepción con el que pretende que los migrantes lleguen al país por vía legal lleva a muchos a la irregularidad. A su vez, el número de personas que finalmente entran a Italia es mucho menor del previsto en relación con el cupo inicial. Según el letrado, esto denota una “omisión de responsabilidades” del Gobierno, que “no cumple lo que marcó sobre el papel”, seguramente porque “no es una medida popular que les dé votos”, pero ante ello tampoco responde a lo solicitado por empresas y agricultores que llevan años pidiendo el acceso de más mano de obra.

“Este sistema se tiene que acabar”, dice Guariso, que no ve sentido en contratar a personas en el extranjero cuando Italia está repleta de migrantes irregulares con voluntad de trabajar. Ante ello, pide una regularización extraordinaria como en España, igual que ya se hizo en Italia varias veces en el pasado, aunque la coalición dominada por la ultraderecha de Meloni se niega en rotundo a ello. “Lo más lógico sería que las personas que ya están aquí puedan regularizarse para trabajar e integrarse”, dice el letrado, que no ve otra solución posible.

Amanece en Ceuta y en la pista polideportiva de la barriada de Sidi Embarek, antes usada por los niños de la zona para jugar al fútbol, despiertan centenares de mujeres y niñas migrantes, que van rápidamente a asearse en un biombo improvisado con mantas fuera de la instalación. Hacen sus necesidades en la zona de monte que hay al lado, observando la ladera de enfrente, donde se ubica en una gran pendiente el cementerio musulmán. Allí acabarán varios de los más de 80 cadáveres que ha dejado la tragedia de Ceuta del pasado 30 de julio en las costas españolas —en total son al menos 141 fallecidos—. Algunos, los que no logren ser identificados, solo tendrán un número sobre la lápida.

Entre las que sobrevivieron, no sin dificultades, está Fatna, de 21 años, natural de la localidad de Larache, al inicio de la costa atlántica marroquí. Cuando dan las once de la mañana levanta a su hijo de tres años. El pequeño padece parálisis cerebral y no puede andar, ni siquiera sostenerse. Tampoco habla. “He venido con él y por él. Está enfermo y necesito que le den tratamiento”, dice la madre, embarazada de seis meses.

Cruzó desde Castillejos —localidad fronteriza con el Reino alauita— “por el mar, no a pie bordeando el espigón”. Vino acompañada de su marido, también alojado en el campamento, y del pequeño, al que “la Guardia Civil tuvo que sacar del mar, salvándole la vida”.

Esto se organizó prácticamente desde el día más fuerte de la entrada. Empezaron a venir chicas buscando refugio, casa, incluso alquiler. Con los días se incrementó el número. Algunas cuentan que fueron amedrentadas, otras que las intentaron violar y, en algunos casos, que lo consiguieron

Abdeselam Mohahamed

Fatna pasó una semana en el Hospital Universitario de Ceuta y, cuando el pasado miércoles le dieron el alta, pasó “el día entero por la calle” hasta que alguien le informó de un campamento, montado por los propios vecinos, que daba cobijo a mujeres y niñas en la barriada de Sidi Embarek. Tras pasar varios días en el campamento improvisado, la joven ha sido acogida este domingo por la Asociación Cardijn, a través de Cáritas

Abdeselam Mohamed, presidente de la barriada, dice que hay “alrededor de doscientas personas” en el campamento entre mujeres, sus hijos y niñas menores de edad que duermen al raso de la pista de fútbol habilitada por los ceutíes de la zona. “Esto se organizó prácticamente desde el día más fuerte de la entrada. Empezaron a venir chicas buscando refugio, casa, incluso alquiler. Con los días se incrementó el número. Algunas cuentan que fueron amedrentadas, otras que las intentaron violar y, en algunos casos, que lo consiguieron”, lamenta el líder vecinal, uno de los activistas más conocidos de la localidad. La policía está investigando algunos casos de violaciones, según han informado varios medios citando a la delegación del Gobierno y fuentes sanitarias.

Además, Abdeselam denuncia que la situación es insostenible en lo sanitario: “Es un foco de insalubridad, al no tener baño, ni un lugar donde realmente las mujeres puedan asearse en condiciones, bajan al monte a hacer sus necesidades y están pillando infecciones”.

Como también sucede en la cercana barriada del Príncipe Alfonso, donde la asociación de vecinos ha organizado otro campamento para mujeres, son los propios ciudadanos los que atienden las necesidades de los migrantes y se encargan de hacer turnos para garantizar la seguridad. “Unos pueden dos horas, otros diez, hacemos lo que podemos”, detalla el activista, que se ha puesto en contacto con la delegación del Gobierno y con la ciudad autónoma de Ceuta para que aporten soluciones lo antes posible.

“Hay que decir que la Consejería de Servicios Sociales ha hecho lo que ha podido poniéndonos unos grifos, pero es del todo insuficiente. De la Delegación no hemos obtenido respuesta. Nosotros pedimos reubicar a estas mujeres en un sitio donde puedan tener duchas y estar seguras”, abunda el líder vecinal, que agradece a su vez que la ONG Luna Blanca haya aportado comida “desde el minuto uno”.

Cuando aún falta un buen rato para la hora del almuerzo, cuatro jóvenes se entretienen con un estuche de maquillaje. Lo hacen sentadas sobre las alfombras usadas habitualmente para el rezo que cubren buena parte del suelo de la pista polideportiva. Hace mucho calor. Una de ellas es Nayima, de 20 años y natural de la localidad de Oued Lau, al sur de Tetuán, en la franja mediterránea del norte del país.

Allí vivía con sus padres, “pero son muy mayores y no trabajan, por lo que no podían mantener la casa”, relata. Entró a Ceuta en el momento de más trasiego y vivió escondida por los montes “sin comida” durante varios días y “huyendo de los militares” por miedo a que la devolvieran a Marruecos.

La Consejería de Servicios Sociales ha hecho lo que ha podido poniéndonos unos grifos, pero es del todo insuficiente. De la Delegación no hemos obtenido respuesta. Nosotros pedimos reubicar a estas mujeres en un sitio donde puedan tener duchas y estar seguras

Abdeselam Mohamed

Aún más se explaya una de sus acompañantes en la pista de Sidi Embarek. Una chica de pelo castaño rizado también se entretiene con los productos cosméticos que han podido conseguir. Se llama Aicha, tiene 22 años y es de Tetuán. “La gente no nos molestó tanto, pero los militares y la policía, sí. Además, no nos aceptaban los dirham en las pocas tiendas que había abiertas y durante varios días no conseguimos comer”, lamenta.

Sin embargo, no se arrepiente de haber dejado Marruecos. “Estaba trabajando en un restaurante como cajera y cuando escuché lo de la entrada me fui de allí dejando el empleo en el momento”, afirma, indicando que con el sueldo no le daba para vivir en condiciones.

Mientras hablan y hacen tiempo, los voluntarios baldean la zona de aseo improvisada, tratando de empujar los restos biológicos a un sumidero ubicado bajo los desbordados contenedores de basura. Enfrente de ellos hay una montaña de ropa donada por un vecino y en la zona que da al monte, varias mujeres cuelgan toallas en una cuerda para que sequen.

Imágenes que casan con la denuncia de este viernes de varias ONG, entre ellas la asociación Elin que, en una rueda de prensa celebrada en ese mismo punto, el campamento de Sidi Embarek, afeaba el “silencio institucional” y pedía que se pudieran habilitar instalaciones locales, como polideportivos, para sacar a las miles de personas que, estiman, aún duermen en la calle pasada más de una semana tras la “mayor crisis humanitaria de la historia contemporánea de la Ciudad”. El Gobierno ha habilitado esta semana un colegio para acoger a decenas de menores, pero aún quedan muchas personas en la calle.

En Ceuta, hay ahora mismo centenares de niños, niñas y adolescentes sin el cuidado y la protección de sus familias. Están solos. Esta llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes a nuestro país ha vuelto a situar la cuestión migratoria en el centro del debate político. Pero la pregunta que tenemos delante es mucho más sencilla: ¿seremos capaces de garantizar sus derechos y su protección? Hablamos de niños y niñas –algunos muy pequeños– con miedo, asustados y cuyos derechos deben ser protegidos por encima de cualquier otra consideración. Es una cuestión de humanidad y no podemos mirar hacia otro lado.

La buena noticia es que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, España cuenta hoy con un marco legal más sólido que no solo refuerza la protección de la infancia, sino que también establece mecanismos concretos para asegurar que esa protección sea adecuada, digna y de calidad. No podemos olvidar que se trata de seres humanos en pleno proceso de desarrollo, una circunstancia que los convierte en un grupo especialmente vulnerable y que exige que toda actuación pública esté guiada por el interés superior del niño o la niña.

La legislación vigente prohíbe las devoluciones colectivas de menores de edad. Toda potencial repatriación debe ser individual, con garantías suficientes sobre el caso, que incluyan la reunificación familiar en un entorno protector del niño o de la niña. Esto afecta también a potenciales traslados a otras comunidades autónomas que se deben realizar por corresponsabilidad con el Sistema de Protección de la ciudad de Ceuta, pero que también están sujetos a valoraciones caso a caso de la situación de cada niño o niña.

No se trata únicamente de una exigencia legal, sino de una garantía fundamental para evitar que decisiones administrativas o políticas vulneren derechos básicos de niños y niñas que ya han atravesado experiencias de enorme dificultad: pobreza extrema, explotación, guerras, trata… Lo estamos viendo y viviendo en Ceuta: demasiados niños y niñas siguen, más de una semana después de haber llegado a España, durmiendo al raso, llorando a sus padres sin acceso a un teléfono móvil y desprotegidos ante nuevas, pero igual de peligrosas amenazas.

La reciente reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería reconoce esta realidad y establece de forma expresa la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la protección de los niños y niñas migrantes que llegan solos a nuestro país. Esta reforma parte de una realidad evidente: proteger a la infancia no es tarea de una sola comunidad o ciudad, y no puede recaer exclusivamente sobre los territorios de llegada. La solidaridad institucional y la cooperación entre administraciones son condiciones imprescindibles para garantizar una atención adecuada.

El sistema de protección en Ceuta ya está saturado y, cuando un sistema de acogida soporta una presión excesiva, la calidad de la atención puede verse comprometida. Los traslados permiten compartir la responsabilidad, reducir la sobrecarga de determinados territorios y asegurar que cada niño o niña pueda acceder a recursos, atención especializada, a servicios básicos y acompañamiento en condiciones adecuadas. Pero es muy importante que cada caso sea analizado de forma individual para garantizar sus derechos y bienestar.

Cumplir la legislación es una obligación para todas las administraciones públicas. Pero, más allá del cumplimiento normativo, existe un imperativo ético y humano que no debería perderse de vista. Los niños y niñas migrantes no son cifras: son vidas que tienen derechos como cualquier ser humano. Reconocerlos como tales implica garantizarles protección, escucha y oportunidades para desarrollarse plenamente, independientemente de su origen o de las circunstancias que les hayan llevado hasta nuestro país. No lo olvidemos jamás: son, ante todo, niños y niñas.

Sorprendidos, moderadamente inquietos y, en algunos casos, algo indignados, aunque también risueños ante la perspectiva de pasar unos días de vacaciones en España, algo en lo que ayudó que fuera 8 de agosto. Así han llegado este sábado al aeropuerto de Barajas los viajeros procedentes de Italia. El motivo de su zozobra han sido los controles que el Gobierno español ha impuesto como respuesta a la suspensión del espacio Schengen decretada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Esta se traduce en controles adicionales en un intento por parte de Meloni de tratar de impedir una supuesta llegada descontrolada de algunas de las personas migrantes llegadas a España en la última crisis con Marruecos, que se saldó con al menos 141 jóvenes fallecidos en las playas de Ceuta. El Ejecutivo español ha negado rotundamente que esto pueda suceder, ha acusado a sus homólogos italianos de hacer populismo con algo tan sensible como la migración y ha aplicado la ley del talión versión aeropuerto: control de frontera por control de frontera. En total, y según ha informado el Ministerio del Interior, desde las 00.01 y hasta las 21.00 horas de este sábado se han practicado controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos.

Aunque es verdad que los controles españoles, según han relatado durante la jornada los propios viajeros, han sido laxos y muy aleatorios, lo que se traduce en que no se han llevado a cabo en todos los aviones aterrizados desde Italia y en que, en muchos casos, ha bastado, como mucho, con mostrar rápidamente que se estaba en posesión del pasaporte para poder pasar. Ni los portavoces del aeropuerto ni la Policía Nacional, cuerpo encargado de estas revisiones, han referido incidencias, ni siquiera en forma de colas de espera. Los agentes policiales, además, subrayan que ellos se han limitado a seguir las órdenes del Ministerio de Interior, que ha dado instrucciones de que el operativo se prolongue hasta el 7 de septiembre “salvo un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo”. Es decir, hasta que quiera Meloni.

Decir que los italianos se encuentran en España un poco en casa y viceversa es algo más que un tópico. En 2025, 5,7 millones de viajeros italianos llegaron a España, según el INE. La cifra representa un crecimiento del 3,7% en el último año. Y 2026 va también camino de cifras récord, con 2,8 millones de viajeros italianos acumulados hasta junio, un 8,7% más que el año pasado a estas alturas.

En cuanto a los viajeros que llegan a Italia procedentes de España, una estadística experimental del INE que se basa en la posición de los teléfonos móviles arroja unos tres millones de turistas durante 2024 y 3,4 millones en 2025, un aumento del 13%. En lo que va de 2026 hasta junio, se han desplazado 1,6 millones desde España a Italia, un aumento del 26% con respecto a los 1,3 millones de 2025 a estas alturas. En total, entre los que van y los que vienen, 9,1 millones de viajeros andan pendientes de las tiranteces entre España e Italia. Y subiendo, porque hay uniones que no entienden de tácticas ni de diplomacia.

Forma parte de esta creciente comunidad de viajeros Elisa Fabbri, una formadora corporativa de 41 años que en la mañana del sábado salía del aeropuerto madrileño con una sola palabra en la boca: “Ridículo. Es ridículo que estemos en esta situación. Es un problema esencialmente político, porque entre la gente no hay ningún problema”. Ella ha llegado a la T4 desde Bolonia en uno de los pocos vuelos que han tenido que pasar el control de pasaporte adicional una vez aterrizaron. Lo primero, relata, fue un aviso: “La tripulación dijo que tendríamos que mostrar los pasaportes al salir y que, sin ellos, no podríamos pisar suelo español. Ahí, me preocupé un poco”. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la revisión no iba a ser precisamente exhaustiva: “Solo revisaban que teníamos los pasaportes. Y ya”.

En ese mismo vuelo iba Luca Sciroli, que piensa que, más que un control adicional al uso, se trataba más de una escenificación, un control solo para dejar claro que existen controles. Sciroli tiene 40 años, trabaja en el aeropuerto de Bolonia y, por tanto, tiene también la versión del otro lado: “A nosotros tampoco nos avisaron con mucho tiempo de que iban a poner controles a los españoles”. En la noche del viernes, cuenta, Iberia le advirtió vía email de que era posible que hubiera controles adicionales una vez llegaran a España. Tiene una opinión clara: “No creo que el Gobierno italiano esté en una buena posición para hablar de migración. Han intentado sacar una ventaja política”.

“He venido solo tres días y he venido sin ningún problema”, ha comentado casi a la carrera Giuseppe Simpatia, de 52 años. Daniele Mele, un ingeniero de Software de 21, ha llegado en un vuelo de Nápoles y solo ha tenido que presentar la documentación antes de abordar, como es preceptivo. “Todo esto son cosas de los políticos. Yo digo que hay que tener paz y amor”, ha comentado mostrando los dedos índice y el corazón y esbozando una sonrisa. Marco Brumat, de 59 años, se ha deslizado algo más: “No me gusta meterme en política. Sí diré que creo que estas cuestiones de las fronteras no son un problema”.

Enrico Sabini, de 55, se ha mostrado más extrañado: “No entiendo muy bien estos controles extra entre países tan cercanos. Leí algo antes de venir y creo que para nosotros no habrá mucho problema. Puede que tengan más problemas los que vengan de terceros países”.

“Hemos entrado en una espiral absurda”

A uno de esos terceros países pertenecen Leonardo Sarra, fiscal argentino de 60 años, y sus hijos, Felipe, un técnico de selección de recursos humanos de 35, y Santiago, de 13. “Aquí no tengo jurisdicción”, ha empezado bromeando el fiscal, antes de comentar que sí que les llegó el viernes un email avisando de que podían encontrarse controles extra. No fue el caso: una vez llegaron, ha relatado la familia, se toparon las preguntas de rigor en aduanas. “Si había controles adicionales, fueron flojos”, ha ahondado Sarra.

Los controles adicionales a Italia han sorprendido incluso a viajeros que no tenían nada que ver con el país. Guillermo Mazorra, un técnico de 52 años, esperaba a que su hija se fuera de viaje cuando ha comentado: “Creo que hemos entrado en una espiral absurda. Al final, si nos vamos poniendo controles unos a otros, perdemos todos”. Israel Pérez, un cubano nacionalizado español de 59 años que es encargado de mecánicos y esperaba a que su madre llegara de EEUU, se ha sumado también a la conversación estrella de la T4 este sábado: “Esto no debería ocurrir entre dos países europeos”.

Lejos ya de la algarabía del aeropuerto, Claudio y Daniela, que prefieren no dar sus apellidos, toman juntos el cercanías. En el camino, van comentando en voz alta el nombre de las estaciones mientras hablan de lo que van a hacer. Son dos auténticos expertos: es su décima vez en España. Por eso, recién llegados de Milán, lejos de caer en las trampas turísticas habituales, su plan es bajarse en Chamartín para alojarse en Getafe. Van a pasar una semana viajando por el centro peninsular.

Claudio, que tiene 41 años, es autónomo y está especializado en el mercado español, tiene también una opinión nítida que expresa una vez ha llegado su tren a Chamartín y se ha bajado para tomar la conexión: “No tiene sentido lo que ha hecho el Gobierno italiano. Es una estupidez, en mi opinión. En Italia no entendemos muy bien cómo podría ser ese proceso en el que los migrantes de Ceuta llegan al país por el aeropuerto, aunque tampoco estamos en general muy puestos en el problema, solo los que viajamos. Creo que se puede entender la respuesta de España”. Con sus maletas a cuestas, los dos se pierden por la estación dispuestos a conocer España una vez más, diga lo que diga la política internacional.

En la crisis de Ceuta solo ha actuado de manera impecable el pueblo ceutí. El Gobierno español solventó este nuevo episodio de un viejo problema con Marruecos sin hacer uso de la fuerza y priorizando la solución humanitaria pero evitando señalar al gobierno de Rabat para no agravar una situación que ha dejado más de cien muertos a uno y otro lado de la frontera. No es una solución definitiva, sino un aplazamiento diplomático que debilita su posición con el país vecino. La oposición, como es habitual en política exterior desde que gobierna Pedro Sánchez, eligió el bando contrario a los intereses de España con tal de desgastar al Ejecutivo y la UE no aprobó el test de resistencia, unidad y solidaridad entre aliados. Y después está el teatro ofrecido por Giorgia Meloni.

Cuando fue elegida, Meloni se arrogó la defensa de las fronteras ribereñas del Mediterráneo “desde Baleares hasta los estrechos turcos” pero ha sido incapaz de contener la inmigración ilegal que llega a sus costas procedentes de África y Oriente Medio. Los inmigrantes que llegan a la UE por mar lo hacen a través de Grecia (desde Siria), desembarcando en Lampedusa, Italia (desde Egipto, Libia, Túnez, Argelia) y llegando a Ceuta, Melilla y las islas Canarias. De estas tres vías, según Frontex, es Italia la que a día de hoy recibe más llegadas ilegales por vía marítima. A pesar de esta realidad, era previsible que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que ha hecho bandera de su rechazo a la inmigración, y el Gobierno español de la regularización extraordinaria e integradora chocaran en su estrategia y gestión de la política migratoria, pero no lo era tanto el espectáculo hipócrita de la italiana ante la crisis de Ceuta.

La sobreactuación de la primera ministra italiana se explica no solo por su ideología populista, también por su actual debilidad interna. La derrota en el referéndum sobre la reforma de la justicia y el ascenso y creciente popularidad (entre sus propios votantes) del general Vannacci, que se sitúa aún más a su derecha, han influido en su decisión de escenificar un numerito innecesario y absurdo contra España, país hermano y aliado. Meloni activó la excepción a Schengen, estableciendo controles en su frontera a los españoles y viajeros procedentes de España, cuando la mayoría de los inmigrantes llegados a Ceuta habían regresado a Marruecos, y sin que hubiera constancia de que ninguno hubiera llegado hasta la península, mucho menos a territorio Schengen ni a Italia. Ceuta, por si hay que recordarlo, no es parte del espacio Schengen y es poco menos que delirante pensar que desde la ciudad autónoma van a llegar en vuelo regular o atravesando Francia hasta Italia. Mientras la UE recogía cable de su reacción insolidaria y desmedida con España, Meloni se ha negado a levantar los controles a los viajeros procedentes de España, creando una situación a la que el Gobierno español estaba obligado a responder. Desde este sábado, la Policía Nacional se encarga de los controles fronterizos establecidos para los viajeros procedentes de Italia. La medida entró en vigor a las 00.00 de este sábado y se mantendrá, inicialmente, hasta la misma hora del próximo 7 de septiembre, a la espera de que la UE medie entre los dos países o Meloni decida que su sobreactuación ya ha cumplido sus objetivos internos. Como era de esperar, el PP se ha vuelto a situar al lado de Meloni y contra los intereses de España y de la UE, que necesita unión y solidaridad más que nunca en su historia.

En España viven más de 300.000 italianos, aunque una parte de ellos son argentinos y otros latinoamericanos con pasaporte italiano. En Italia hay 30.000 españoles. La metafórica puñalada trapera de Meloni no solo es contra el Gobierno de Sánchez, también contra los ciudadanos de ambos países que mantienen una relación excepcional de amistad y cooperación. El Gobierno español se ha visto obligado a responder con una medida más cosmética que agresiva. Sin embargo, la situación dista mucho de ser la ideal entre dos países miembros de la UE que comparten necesidades y lugar en el mundo. La incapacidad de Europa de actuar con una sola voz y al margen de populismos y estrategias internas como la de Meloni es una mala noticia para el futuro común. Y un aviso para navegantes: se equivocan, y mucho, los que creen que todo esto (los ataques híbridos de Marruecos, la desunión y debilidad europeas, las estrategias populistas de chivos expiatorios) se solucionará mágicamente para España cuando Pedro Sánchez no gobierne. El teatro de falsedades y oportunismos como el que ha protagonizado Giorgia Meloni continuarán y nunca se señalará a los que están obteniendo rédito de la desunión europea. Lo más triste de todo: el olvido de las personas que se han dejado la vida en este juego de intereses perversos.

En el tren de Casablanca a Tánger, en la misma tarde del cruce de decenas de miles de personas hacia Ceuta el pasado jueves 30 de julio, dos jóvenes sujetan el móvil en la mano. No llevan nada más, solamente una pequeña bolsa verde repleta de botellas de agua, pan y galletas de chocolate. Un móvil, comida de aprovisionamiento y una misión que queda clara al escuchar los sonidos que emiten sus dispositivos: sirenas de ambulancias y coches policiales, jóvenes al grito de “¡Haraga!” unido a un scrolling infinito en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok.

En la noche del jueves al viernes, todos los móviles apuntan hacia la columna de fuego que se ha formado cerca del paso fronterizo hacia Ceuta. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad marroquíes y los jóvenes han terminado con la quema de vehículos, entre ellos varios taxis, coches privados y un autobús. Las redes no tardan en prenderse también con esas imágenes. Todas ellas acompañadas de eslóganes, que ya son más que habituales en estos días, como ‘Haraga Fnideq’, que se traduce del árabe como “quemar Castillejos”, en alusión a la ciudad marroquí más cercana a la frontera ceutí y principal punto de concentración de los jóvenes. Al día siguiente, los que pueden, y se atreven, se suben al autobús incendiado, mientras otros solo posan delante de él. Selfie, Facebook, publicar.

“¿Y cómo te has enterado de este cruce?”. Preguntados por elDiario.es, todo el mundo menciona las redes. “Lo vi en Instagram”; “lo anunciaron en un grupo de Facebook”; “me lo pasó una amiga por TikTok”. Una y otra vez. Los datos ayudan a medir la dimensión de esta movilización digital. Algunas fuentes han contabilizado hasta cinco grupos de Facebook, que más tarde se eliminaron, que reunían a un total de 250.000 usuarios, y a través de etiquetas como #fnideq, #ceuta, #hrafa o #hjima se difundieron mapas, rutas marítimas, consejos para el trayecto y hasta anuncios de venta de trajes de neopreno.

Maldita.es, por su parte, analizó más de 1.100 publicaciones en árabe difundidas en Facebook ente el 8 y el 31 de julio que relacionaban Ceuta con una sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones de quienes llegaran a nado al enclave ceutí. Esas publicaciones acumularon más de 150.000 reacciones, 14.000 comentarios y 7.000 republicaciones. Sobre el terreno, elDiario.es no ha constatado que ninguno de los jóvenes entrevistados tuviera información sobre la decisión del Tribunal Supremo.

Para muchos, el cruce terminó en tragedia. Al menos 141 personas han fallecido a ambos lados de la frontera, según el recuento de la ONG Caminando Fronteras, que está haciendo un seguimiento de la situación.

De indicar el camino a buscar desaparecidos

Las redes no han desempeñado una única función, cada una ha ocupado un rol diferente en el llamado a cruzar la frontera. Facebook, por ejemplo, ha funcionado como el gran escaparate de la movilización, donde se intercambiaron testimonios de quienes aseguraban ya haber cruzado y enlaces para acceder a grupos privados en WhatsApp. Una vez en la plataforma de mensajería instantánea, las conversaciones hablaban de horarios, transporte, puntos de salida, vigilancia policial y aprovisionamientos.

Por su parte, Instagram y TikTok han aportado la dimensión visual y de la experiencia migratoria. Un joven publicó en su perfil tres vídeos con tres partes de su ruta hasta Ceuta, donde contaba cómo sortear los controles policiales y recomendaciones de comida y material para sobrevivir la noche. Como este joven, otros tantos utilizan la red para validar su experiencia y, en el mejor de los casos, mostrar un resultado exitoso con vídeos y fotografías desde el otro lado del confín.

Esas mismas redes que en su momento orientaron el camino hacia Ceuta, han adquirido ahora la función opuesta. En algunas plataformas como Tetuan Tube las familias de los desaparecidos aprovechan para difundir fotografías de sus familiares desaparecidos: hijos, hijas, hermanos, sobrinos o amigas, las imágenes de decenas de personas han tomado las pantallas acompañadas de sus nombres, apellidos, edad y lugar de nacimiento.

El 15 de agosto, otra fecha en el calendario digital

El final del cruce no ha supuesto el final de las convocatorias. Antes incluso de que se conozca el balance definitivo de fallecidos y desaparecidos, una nueva fecha ha comenzado a circular en redes sociales: el 15 de agosto de 2026.

“El 15 todo el mundo entra”, anuncian algunos de los mensajes, mientras que otros proponen adelantarse para evitar el refuerzo de la presencia policial a las puertas de Ceuta. En Instagram, decenas de jóvenes colocan la fecha sobre sus propias fotografías, donde algunos difuminan sus rostros, y acompañan las publicaciones con alusiones a Fnideq.

Haraga es el plural de harrag, una palabra originaria del árabe magrebí vinculada al verbo “quemar”. Tradicionalmente, ha hecho referencia a quienes “queman” sus documentos o las fronteras administrativas y emprenden el viaje hacia Europa irregularmente, sin visado ni autorización. Hoy, el término transciende a una identidad colectiva, un hashtag y una consigna.

El fenómeno vivido estos días en la frontera con Ceuta tiene un precedente cercano. En septiembre de 2024 las redes sociales del país se llenaron durante semanas de publicaciones que convocaban a jóvenes a desplazarse masivamente hasta Fnideq para intentar cruzar hacia Ceuta. La fecha circuló como una llamada colectiva. Entonces, elDiario.es documentó sobre el terreno como muchos de los jóvenes habían llegado desde otras ciudades de Marruecos después de conocer la convocatoria a través de internet. Dos años después, la historia se repite.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Valencia, 1973), atiende a elDiario.es en plena visita oficial a Ceuta, a donde ha viajado ocho días después de la entrada de 72.000 personas por la frontera marroquí. Una crisis fronteriza sin precedentes convertida ya en crisis humanitaria, no solo por el número de víctimas mortales, más de un centenar, sino también por la situación en la que malviven los niños y niñas que permanecen en la ciudad autónoma.

Muchos de ellos han estado días sin comida ni agua y siguen hoy sin un lugar donde poder dormir o ducharse. Y solo la solidaridad de algunos vecinos de Ceuta ha sido capaz de tapar una respuesta humanitaria a la que las administraciones públicas han llegado tarde. “Ahora mismo hay registrados 1.342 niños no acompañados, pero la cifra va a ser mayor. Se están poniendo en marcha los recursos. Se acaba de abrir el tercer centro escolar para dar acogida de emergencia a estos niños”, explica Rego durante una entrevista telefónica con elDiario.es.

¿Qué se ha encontrado en Ceuta?

Una ciudad que ha tenido un evento extraordinario y que ahora mismo está iniciando los procedimientos para tratar de dar una acogida digna a los niños y niñas que han llegado a la ciudad. Ahora mismo hay registrados 1.342 niños no acompañados, pero la cifra va a ser mayor. Se están poniendo en marcha los recursos. Se acaba de abrir el tercer centro escolar para dar acogida de emergencia a estos niños.

¿Se está cumpliendo estrictamente la ley? ¿Se ha devuelto a menores no acompañados a Marruecos contra su voluntad? Hay algunas imágenes muy preocupantes al respecto.

A mí no me consta que se hayan devuelto a menores contra su voluntad. Es verdad que todos hemos visto escenas dolorosas que no podemos permitirnos. Aunque el niño de esas imágenes que menciona me consta que se encuentra registrado en el sistema de acogida. Entendemos que la situación es desbordante, pero tenemos que garantizar que se cumplen los derechos de todos los niños y todas las niñas. Trabajamos para dar prioridad en el registro a los niños menores de 13 años y también a las niñas como segmentos más vulnerables. Estamos volcados en acelerar ese proceso y en sacar a los niños de la calle.

Tenemos que asumir que esto ha sido un fracaso de la política migratoria europea. Toca hablar de vías legales y seguras y de una migración diferente para evitar episodios como este

¿Cómo se explica que en un país como España, que forma parte de uno de los lugares más ricos del mundo como es la Unión Europea, niños y niñas pasen días en la calle sin comida, ni agua, ni lugar para ducharse o dormir?

Ya hay un procedimiento por el cual se está repartiendo comida y agua y se ha sacado de la calle a las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad más extrema. El trabajo con Ceuta es constante. Desgraciadamente, el nivel de entradas ha desbordado la capacidad de absorción con la rapidez que hubiese sido necesaria. Tenemos la obligación de hacernos cargo de la situación y hacer la autocrítica necesaria para intentar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. Y hace falta un análisis en profundidad de por qué se producen este tipo de fenómenos como se han producido.

¿Tiene alguna conclusión de lo ocurrido?

Hay multiplicidad de causas y hay que ver fundamentalmente el uso instrumental que se puede hacer en algunos casos de la desesperación y de la necesidad de muchas personas vulnerables. Y hay que mirar de frente también cuál es la política migratoria que está haciendo la Unión Europea: fronteras externalizadas, militarizadas, controladas por terceros países que no siempre tienen los intereses de nuestro país. Hay que ver también cómo esas fronteras son impermeables para los seres humanos, pero son muy permeables precisamente para la transferencia de recursos que vienen directamente de países africanos, por ejemplo. Lo que tenemos ahora mismo que asumir es que esto ha sido un fracaso de la política migratoria europea. Toca hablar de vías legales y seguras y de una migración diferente precisamente para evitar episodios como este.

¿El Gobierno ha llegado tarde? ¿Por qué la ministra de Infancia ha tardado ocho días en ir a Ceuta en estas circunstancias?

Me he puesto a disposición desde el primer momento y hemos querido ser respetuosos con los propios tiempos de las autoridades locales, con las que hemos estado en constante contacto y coordinación. En el momento en el que me han dicho que era oportuno venir, he venido. Era una cuestión de respeto y de deferencia. Esto no significa que no hayamos seguido trabajando durante todos estos días previos.

Veo mucho oportunismo y mucha propaganda de la derecha y de la extrema derecha. Pero más allá de los exabruptos y de los mensajes de odio, la realidad es que se tienen que plegar porque tienen que cumplir con la ley

¿Hay alguna comunidad autónoma que ya haya puesto problemas o se haya negado a acoger a los menores y alguna que se haya ofrecido a echar una mano?

Hemos convocado una comisión sectorial el día 13 de agosto para empezar a trabajar la cuestión de la partida presupuestaria.

¿Teme que alguna, al calor de los pactos entre el PP y Vox, se declare en rebeldía y se niegue a cumplir la ley?

Veo mucho oportunismo y mucha propaganda de la derecha y de la extrema derecha, que francamente ya hay veces que me cuesta diferenciarlas. Pero más allá de los exabruptos y de los mensajes de odio, la realidad es que se tienen que plegar porque tienen que cumplir con la ley. Criminalizar a los niños y niñas que llegan solos a nuestro país es un ejercicio meramente propagandístico.

¿Ha podido estar con algunos de los menores que han llegado a Ceuta?

Hemos estado con un grupo de niños y niñas muy pequeños recién llegados. El perfil ha cambiado mucho. Hay bebés, hay niños de siete, ocho, nueve años. No deja de conmover hablar con ellos y pensar en las dificultades que tienen niños que son exactamente iguales a los que vemos en cualquier centro educativo y que solo quieren jugar y ser felices.

Hay mucha gente que no entiende el tono excesivamente amable del Gobierno con Marruecos, al que no le hace el más mínimo reproche por lo ocurrido. ¿Usted lo entiende o tiene algún reproche que hacerle a Marruecos?

Me parece incomprensible que 70.000 personas se muevan sin que Marruecos supiera algo. Insisto en que hay una multiplicidad de causas y habrá que evaluarlas todas y analizarlas correctamente. Pero hay cosas que ya sabemos, como que esto no es algo que surja la semana pasada. Esto es algo que tiene mucho que ver con el tipo de política migratoria que ha puesto en marcha la Unión Europea. Hay que defender un modelo migratorio diferente.

¿Cuántos días faltan para que el Gobierno pueda garantizar que ningún niño o niña va a estar durmiendo en la calle o no va a tener para comer o beber?

Yo estoy trabajando con muchísima determinación para que sea lo antes posible. Ya estamos en condiciones de decir que comida y agua tienen todos, pero estamos trabajando para que lo más rápidamente posible todos tengan la atención de acogida integral a la que tienen derecho.

Omar Bourras, un joven de 17 años de Beni Melal –cerca de Marrakech– fue uno de los miles de migrantes y refugiados que trataron de cruzar la frontera con Ceuta a finales de julio. Cruzó con cuatro compañeros de trabajo de Tetuán y ahora su hermano lo busca desesperado desde hace una semana. A Mohamed Bouzalmet, de 24 años y procedente de Tánger, intentó encontrarle su padre en Ceuta al día siguiente de la llegada de decenas de miles de personas a la localidad. Un intento infructuoso, según relata la familia a elDiario.es.

Desde este jueves opera en la ciudad autónoma una oficina encargada de atender a las familias de los desaparecidos que ya ha recibido 32 denuncias con información suficiente para trabajar y que mantiene 29 posibles correspondencias entre familiares y cadáveres recuperados del mar, explica a elDiario.es la Guardia Civil. En las últimas horas, además, los investigadores han logrado un primer resultado positivo mediante ADN, aunque todavía debe completarse el informe y ser validado oficialmente.

Al menos 141 personas han muerto en el intento de entrar a Ceuta entre Marruecos y España, según la ONG Caminando Fronteras, mientras que el Gobierno español ha cifrado en 75 las personas muertas en la costa ceutí. Caminando Fronteras explica a elDiario.es que las personas fallecidas no solo son de nacionalidad marroquí, sino que también las hay procedentes de Sudán, Eritrea, Guinea y Costa de Marfil. La ONG también está trabajando en la localización e identificación de fallecidos. “Estamos colaborando con las familias en las identificaciones”, señala a elDiario.es Helena Maleno, directora de la organización.

El funcionamiento de la oficina de la Guardia Civil, ubicada en la parte alta del área española de la frontera del Tarajal, cuenta con tres salas: una para las denuncias, otra para trabajadores del Instituto de Medicina Legal y una tercera con una amplia mesa donde agentes de la Guardia Civil, científicos y técnicos van avanzando con el trabajo de cotejo. Según detalla el comandante Mungía del Instituto Armado durante una visita al espacio, se trata de un dispositivo abierto a familiares, amigos o cualquier persona que pueda aportar información sobre alguien cuyo paradero se desconoce y que pueda haber cruzado a Ceuta el pasado jueves.

Sin embargo, el proceso se complica para los familiares al otro lado de la frontera, ya que, si no tienen visado, las autoridades no les permiten el acceso a Ceuta y, por tanto, a la oficina. En este caso, denuncian en Marruecos la desaparición y hacen llegar las fotos por correo o el ADN, huellas y otras informaciones relevantes a la gendarmería marroquí, que a su vez se la facilita a la Guardia Civil.

“Han activado el protocolo de sucesos con víctimas múltiples y es la primera vez que se hace en frontera. Este protocolo obliga a crear la oficina”, explica Maleno. “El tema es si hay víctimas de otros países o si hay personas marroquíes que no se pueden acercar hasta la oficina. Nosotros compartimos con las familias el mail habilitado por la oficina de la Guardia Civil, pero también enviamos dosieres completos en los que recogemos la documentación, datos e imágenes”, añade.

“Para las personas que no se pueden acercar a la oficina para hacer denuncia o que necesitan entregar pruebas de ADN, se deberían habilitar los consulados, los cuales pueden guardar perfectamente la cadena de custodia”, sostiene Maleno. “En el caso de [fallecidos o desaparcidos] del lado marroquí, las familias tienen más fácil podr ir a las morgues, pero también se está produciendo una criminalización de lo ocurrido y de las familias. Por otro lado, del lado marroquí también hay nacionales de países terceros y será muy complicado para las familias de Sudán, Eritrea y otros países con las que estamos en contacto”, explica.

En la oficina, los agentes españoles solicitan todos aquellos detalles que puedan ayudar a reconocer a una persona entre los cuerpos recuperados: fotografías, características físicas, tatuajes, operaciones, ropa, anillos o cualquier otro elemento distintivo. También intervienen profesionales del Instituto de Medicina Legal, así como psicólogos y trabajadores sociales, de modo que las personas que acuden puedan recibir apoyo además de aportar información para la identificación.

El agente de la Guardia Civil explica que, hasta el momento de la visita de este medio, se han recibido 32 denuncias que cuentan con una base suficiente para iniciar las comprobaciones. No todos los familiares o allegados que se han acercado disponen de datos que permitan avanzar de inmediato, por lo que el trabajo consiste también en reconstruir los vínculos y localizar a personas próximas a los desaparecidos que puedan aportar información adicional.

De esas denuncias han surgido 29 casos en los que existe una posibilidad de relacionar a un familiar con alguno de los cadáveres recuperados. No significa que haya 29 identificaciones confirmadas. Se trata, según precisa Mungía, de casos en los que existe una hipótesis de correspondencia que debe comprobarse mediante pruebas biológicas. Para ello, los familiares pueden donar muestras de ADN que posteriormente se cotejan con las obtenidas de los cuerpos.

Ese procedimiento ya ha dado su primer resultado positivo: durante la visita, el comandante recibe la información de que se ha producido la primera identificación mediante ADN, correspondiente a un familiar que había aportado una muestra. El resultado todavía no es oficial, ya que antes debe elaborarse el informe correspondiente y contar con la validación judicial, pero supone el primer avance de este tipo desde la puesta en marcha de la oficina.

El dato se suma a las identificaciones realizadas mediante huellas dactilares. El Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha informado que dos de los cuerpos recuperados se han identificado por esta vía porque las personas fallecidas figuraban previamente registradas en España. En paralelo, las huellas del resto se están enviando a Marruecos para intentar obtener coincidencias.

Familias que siguen buscando al otro lado de la frontera

Entre quienes llevan días esperando noticias está el hermano de Omar Bourras. El joven había viajado hasta Tetuán por motivos laborales y acudió a Castillejos junto a cuatro compañeros. Dos de ellos, según cuenta su familia, fueron interceptados por las autoridades marroquíes y devueltos, mientras que del resto no han tenido noticias desde que se lanzaron al mar.

La familia llegó incluso hasta Ceuta en busca de información, pero se encontró con el caos de las primeras horas y con la ausencia de un registro capaz de cruzar los datos de quienes buscaban a sus familiares con los cuerpos que iban apareciendo. El hermano de Bourras cuenta entre lágrimas que han acudido a la Policía y han tratado de encontrar noticias en la ciudad autónoma sin conseguirlo.

Una situación similar vivió la familia de Mohamed Bouzalmet, aún desaparecido. Un amigo de la familia explica que Mohamed había acudido a Castillejos para intentar llegar a la ciudad autónoma y que, después de separarse de su acompañante en el mar, no habían vuelto a saber de él. Su padre cruzó a Ceuta el viernes para intentar localizarlo sin éxito.

Una mesa de trabajo para reconstruir quiénes son

En una de las salas de la oficina se concentra buena parte de ese trabajo. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, personal especializado y técnicos van cruzando fotografías, características físicas y otros datos con la información disponible sobre los fallecidos. La tarea se completa con las muestras biológicas recogidas a los cuerpos y las que pueden proporcionar sus familiares.

Mungía subraya que todos los datos son útiles para iniciar una búsqueda, incluso aquellos que a primera vista puedan parecer menores y podrían pasar por alto. Una fotografía reciente, una prenda que llevaba la persona antes de desaparecer, un tatuaje o una intervención quirúrgica pueden convertirse en elementos para establecer una primera correspondencia y decidir si es necesario avanzar hacia una identificación genética.

La Guardia Civil mantiene abierto un correo electrónico para recibir información de familiares que no pueden desplazarse hasta Ceuta. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, explica a elDiario.es que esta vía permite tramitar los datos de una manera “ágil y confidencial” y que el objetivo es poder facilitar información a quienes acrediten vínculos familiares con las personas buscadas. Si no tienen visado, las autoridades no pemiten la entrada a la oficina de los familiares que están al otro lado de la frontera.

La dificultad aumenta cuando los familiares se encuentran en Marruecos. Algunos allegados no pueden acceder a la oficina del Tarajal y otros casos llegan a través de amigos o conocidos que intentan poner en contacto a los investigadores con personas que permanecen al otro lado de la frontera. “Es un trabajo de ir rebuscando a ver si algún familiar casa”, explica el comandante, que señala que la Guardia Civil trata de localizar por teléfono a los parientes que puedan aportar muestras o información.

La identificación se ha convertido en una de las tareas más complejas después de que decenas de miles de personas intentaran llegar a Ceuta desde Marruecos. Muchos de quienes cruzaron lo hicieron sin documentación y algunos tampoco portaban consigo un teléfono móvil, lo que ha dificultado que las familias puedan saber si sus allegados lograron acceder a la ciudad, regresaron a Marruecos o permanecen desaparecidos.

La situación se ha agravado por el número de cuerpos recuperados en el mar. El Instituto de Medicina Legal informó el miércoles de que ya había recibido 80 cadáveres, de los cuales se habían practicado 79 autopsias. Dos personas fueron identificadas mediante huellas dactilares y otras seis se encontraban pendientes de confirmación mediante métodos biológicos, lo que eleva a ocho las posibles identificaciones en las que trabajaba el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, siempre pendientes de la validación del juzgado.

En la noche del 30 al 31 de julio, miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos a Ceuta, algunos lo hicieron a través del espigón del Tarajal; otros, abriendo la valla que separa la ciudad autónoma con Castillejos (Fnideq). Días después, en grupos de WhatsApp, Facebook y en publicaciones en Instagram hablan de un nuevo cruce a España para el 15 de agosto, tanto por el Tarajal, como desde otros puntos de la frontera sur con Ceuta, y se abre la posibilidad de que pueda ser algunos días antes.

En Maldita.es hemos entrado en cuatro grupos de WhatsApp, diez grupos de Facebook, e identificado más de 50 cuentas en Instagram en los que se habla de que van a cruzar desde Marruecos a Ceuta el 15 de agosto.

En Facebook se convoca, en Instagram lo anuncian y en WhatsApp se organizan: así se coordina el cruce del 15 de agosto

“¿La puerta sigue abierta o no?” Este es el mensaje de un usuario en Facebook que preguntaba, antes de la entrada a Ceuta del pasado 30 de julio de 2026, por la situación en la frontera entre Marruecos y Ceuta. En este grupo, algunos usuarios publican de forma anónima y la conversación se centra principalmente en la coordinación de “saltos” y convocatorias, testimonios de personas que ya cruzaron e informan de la situación que encontraron, logística de transporte y rutas. También hay algunas publicaciones que difunden desinformación como el falso asilo de la Comisión Europea, los rumores de que “no devolverán a los que tengan oficios”, el “la puerta está abierta” o las supuestas ayudas que da España.

En WhatsApp, la conversación cambia de tono. Si Facebook funciona como un escaparate que convoca y moviliza, donde los usuarios comparten su teléfono con todos los participantes para que les añadan a estos grupos o envían links de invitación para que se unan, WhatsApp funciona más como un ‘centro de operaciones’. Aquí centran la conversación en la coordinación técnica e información para el cruce del 15 de agosto.

Junto a las referencias para efectuar el salto el 15 de agosto hay algunos mensajes que proponen adelantarlo a “antes del 15, porque ese día habrá demasiada gente”. Además de la logística del cruce, otros usuarios preguntan por detalles de quienes ya están en Ceuta: si están escondidos, detenidos o han sido trasladados a centros de acogida. Incluso se habla de personas que supuestamente han pasado varios días ocultas. Algunos mensajes también muestran que entre estas personas hay preocupación sobre la comida y el agua y se hace énfasis en que quienes planeen cruzar el 15 de agosto lleven suficientes provisiones.

Tras la entrada del 30 de julio, también hay mensajes que animan a seguir las conversaciones en privado por el temor a infiltraciones en los grupos. Además, a la logística se le suman mensajes de ánimo entre los miembros del grupo y otros mensajes de desánimo de quienes llevan días esperando para cruzar.

En Instagram, las publicaciones entremezclan perfiles personales con otros dedicados específicamente a contar cómo cruzar la frontera, pero con un tono personal: la mayoría comparten sus fotos con la fecha del 15 de agosto de 2026 por encima. Incluyen etiquetas como “Fenideq”, “Fnidaq”, o “FENIDG CEUTA” para indicar el punto de salida, Castillejos (Marruecos), y la frase “todo se verá/aparecerá ese día” se repite. Muchos de los perfiles identificados nunca habían publicado sobre migración y publicaron por primera vez sobre el tema entre el 31 de julio y el 3 de agosto. Los comentarios se centran en darles ánimos y pedir cuidado y precaución, también muchos usuarios comparten sus números de teléfono y piden ser añadidos en los grupos de WhatsApp.

En la misma plataforma, hay también otro tipo de cuentas con imágenes de perfil de la bandera de España o de la Unión Europea que se dedican a publicar contenido relacionado con la migración a estos lugares. Algunos incluyen en su biografía un descargo de responsabilidades diciendo “no se permite la incitación a la migración” mientras que otros han difundido la movilización el 15 de agosto.

“Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”: los mensajes donde usuarios anuncian que cruzarán a Ceuta el 15 de agosto

“Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”. Este es el mensaje que un usuario escribió el 3 de agosto en un grupo en Facebook llamado ‘Alhucemas 🙋 puerta de Ceuta’. Ya desde las horas posteriores a la entrada de miles de personas en Ceuta, otros usuarios preguntaban por ello: “¿Qué sucederá el día 15/8/2026?”, escribió un usuario anónimo el 31 de julio de 2026 a las 8:52 de la mañana (hora peninsular española). “¿Cuál es el plan del 15/8?”, escribe otro, a lo que otro integrante del grupo responde pidiendo precaución: “tened cuidado, esto no es un ataque al azar. Esto no es lo mismo que la destrucción de ayer”.

Pero este no es el único mensaje ni la única plataforma, en Telegram identificamos un grupo que redirige a otro en WhatsApp bajo el mensaje “Todos entren aquí. Pongámonos de acuerdo en un plan para una salida”. En este grupo, creado el 13 de febrero de 2025 se habla de temas logísticos, como que esta vez es más importante llevar agua y comida para subsistir en Ceuta, o del miedo a que haya una mayor presencia policial en la frontera. Precisamente por ese refuerzo fronterizo, otros usuarios sugieren adelantar la entrada.

“El que quiera, que lo haga antes del 15, unos dos días antes… el 15 estará demasiado lleno”

Esto lo refleja un usuario que pide redirigir la conversación a chats privados: “Hermanos, hay un golpe antes del 15; el día 15 estará demasiado lleno. Quien quiera ir, que envíe un mensaje privado”. A continuación, otros integrantes del grupo envían mensajes de voz en los que se mencionan “cortes” entre Marruecos y España, en lo que podrían ser referencias a cierres en las fronteras, avisos de una mayor presencia policial y advertencias de que no encontrarán ayuda para cruzar.

Es ahí cuando otro usuario pregunta en un audio por la barrera flotante que ha instalado el Gobierno español en el espigón del Tarajal: “Hermanos, ¿cuánto mide la red de abajo donde pusieron una barrera entre Ceuta y Fnideq [Castillejos] para el que quiera sumergirse?” Pero esta duda se queda sin respuesta.

A las 16:28 del 3 de agosto, una persona con prefijo de Dinamarca escribe en Dariya (dialecto del árabe en Marruecos): “Todo está listo para el nuevo salto nocturno de esta noche a las 22:00” (en referencia al 3 de agosto de 2026). A esto, inmediatamente después, otra persona, esta sí con un número marroquí, le pregunta: “¿Dónde será el salto?” Pocos minutos después, el mensaje había sido eliminado.

En WhatsApp también se ofrecen consejos y recomendaciones sobre cómo cruzar hacia Ceuta sin pasar por la frontera del Tarajal. El 2 de agosto, un usuario compartió un vídeo en el que se veía un trazado hasta el Embalse del Infierno, al sur de Ceuta, en Google Maps. Este vídeo va acompañado del texto: “salieron por ahí”. El recorrido que se realiza se inicia en la carretera P-4701, en la localidad de Beliones (Belyounech), que hace frontera con Ceuta pero en el punto contrario al espigón del Tarajal. El cruce hacia Ceuta se realizaría en una zona boscosa bordeando la N-632 para llegar a la Torre de Anyera y posteriormente sortear el Acuartelamiento García Aldave, base de la Legión en la ciudad autónoma. El vídeo finaliza en una zona boscosa, lo que encaja con otros comentarios en estos grupos donde se habla de esconderse de la Policía en estos puntos.

La logística para cruzar: de pagos por servicios a recordatorios para llevar comida y agua

Las estrategias para atraer a quienes desean cruzar hasta España son variadas y en muchas ocasiones tratan de pasar desapercibidas, sin publicar textos, lo que dificulta el rastreo o ser detectados por la propia red social. En Facebook diferentes grupos y perfiles promocionan la emigración a Ceuta y a otras partes de Europa con fotos de motores de lancha o de lanchas u otro tipo de embarcaciones. Una de estas páginas, creada en julio de 2025, publica con frecuencia imágenes de un motor, de Kayaks hinchables o de los metros que separan la frontera en el mar de Marruecos con la valla de la playa del Tarajal, en Ceuta, como reclamo a quienes quieren emigrar a la ciudad autónoma.

Otro perfil de un particular, que se unió a Facebook en febrero de este año, lleva desde el 3 de junio publicando fotos de todo tipo de transporte marítimo: embarcaciones neumáticas, motos acuáticas o lanchas. Otras veces publica una imagen de la bandera de España con un número de teléfono y señalando que se encuentra en el norte de Marruecos. La misma persona aprovecha para promocionar su número de teléfono en otros grupos de la misma red social donde se comparten fotos de la llegada de miles de personas a Ceuta a finales del mes de julio. Estos grupos también promocionan el “Haraga”, que significa “los que queman” y que describe tanto a los migrantes clandestinos como a un fenómeno viral en redes sociales que incita a jóvenes a cruzar de forma irregular a España. En algunos post podemos ver hashtags como #fastmoney (dinero rápido). Algunos de estos grupos funcionan en formato multiplataforma, esto es, los mismos perfiles con las mismas publicaciones las encontramos en diversas plataformas como Instagram, Facebook y Threads.

En grupos de WhatsApp se recomienda la provisión de enseres y agua a los usuarios que planean venir el 15 de agosto. “El agua lo es todo y es obligatoria” dice un usuario. En los audios también se advierte de que el hambre y la sed son los mayores riesgos para quienes intentan mantenerse ocultos antes del salto.

En un grupo de Facebook otra persona publica una foto de ganchos artesanales con el texto: “Quien tenga ganchos para vender, que me escriba”. Otro usuario, esta vez de Instagram también publica un vídeo donde se le ve con una mochila y unos ganchos en la mano dando consejos para la “harraga”, como llevar las herramientas en una bolsa en lugar de en una mochila o que los que vayan en grupo lo hagan por separado para no ser detectados.

También hay quienes preguntan si unas aletas de buceo son buenas o un cinturón de espuma de natación: “chicos, ¿qué os parece esto? Junto con unas aletas o un traje de neopreno…Podríamos entrar/cruzar con ello, yo y otra persona, de noche, poco a poco, hasta llegar”, consulta otro usuario.

Unos quieren irse, otros están preocupados por los que cruzaron y de los que no tienen noticias

“Chicos, que Dios os proteja. ¿Alguien ha visto a este chico? Hace 10 días que no se sabe nada de él”, comenta en uno de estos grupos de Facebook Yassine, el tío de Zakaria, un joven de 26 años a quien vieron por última vez en la ciudad de Villa Cisneros, en el Sáhara Occidental. “Se fue con un grupo de aproximadamente 40 jóvenes, entre ellos también había chicas”, explica a Maldita.es su tío que añade que “salieron para emigrar el día 14 de julio y hasta ahora no hay ninguna noticia de ellos”.

También encontramos fotos de Aymen, que desapareció el 14 de julio y fue visto por última vez entre Alcazarseguer y Tarfaya en dirección a España; o Abdelghani, de 17 años, que salió desde Argelia en una embarcación de motor. Es la otra realidad, la de los que intentan emigrar y nunca llegan al destino y la de sus familiares buscándolos en grupos donde se comparten historias de quienes sí llegan e incluso animan al resto. La mayoría, jóvenes, menores de 30 años.

En los grupos de WhatsApp también se percibe preocupación: “¿Qué pasó con las pocas personas que permanecieron en Ceuta, escondidas o que no regresaron?”, dice un usuario. Otros piden precaución o desean tener la misma suerte cuando lo intenten: “Dios mío, ojalá me lo facilites. Mi intención no es solo huir de la miseria; mi intención es construir un futuro en este país”, dice una usuaria en Facebook.

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, espera que el Ejecutivo autonómico (PP) colabore con el de España (PSOE-Sumar) en la acogida de menores tras la crisis en Ceuta y, aunque no ha dado una cifra concreta de cuántos podrían llegar a la comunidad, ha asegurado que la región “puede asumirla”.

“Reclamo y defiendo que Cantabria sea una tierra de acogida”, ha reivindicado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha afirmado que la región puede acoger a estos menores porque, según ha justificado, durante estos meses “han sido muy pocos los niños que han llegado” a Cantabria, a lo que ha unido que el Gobierno de España ha dado financiación para pagar íntegramente los gastos que puedan conllevar.

En concreto, el delegado del Gobierno se ha referido en este punto a la financiación de los trasladados desde Ceuta, Melilla y Canarias, que “hacen su vida” en la comunidad y que “incluso algunos han conseguido integrarse plenamente y ya están trabajando”.

Así, ha instado a hacer “un esfuerzo de solidaridad” en el conjunto del país y ha apelado específicamente a que Cantabria “defienda los derechos humanos y los derechos de los niños”.

Cantabria “sobrepasada”, según inclusión social

Sin embargo, en un comunicado remitido este miércoles a Europa Press, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, aseguró que la capacidad de acogida de la región “se encuentra sobrepasada desde hace tiempo” y advirtió que el sistema actual “no puede asumir una mayor presión”. A pesar de ello, afirmó que el Ejecutivo autonómico “seguirá cumpliendo la ley”.

Al hilo, Casares ha pedido “desterrar” del debate público discursos de odio y el “enfrentamiento de unos contra otros”, y ha pedido trabajar por “la integración plena de estos niños” en la comunidad.

“Espero que así sea y que el Gobierno de Cantabria no se sume una vez más a la estrategia del Partido Popular de confrontación contra el Gobierno de España”, ha dicho al respecto, porque esto “no va de confrontar”, sino que “va de garantizar los derechos de los niños y de las niñas como exige y pide las Naciones Unidas”.

Información sobre plazas disponibles

Por otra parte, en un comunicado, el PSOE de Cantabria ha exigido al Gobierno regional que informe “ahora” de cuántas plazas va a poner a disposición de los menores de Ceuta, y no lo haga dentro de unos días porque “no puede seguir mirando para otro lado mientras cientos de niños duermen en una nave industrial habilitada de urgencia en El Tarajal”, ha sentenciado su secretario de Política Migratoria, Mor Talla.

Así todo, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará una iniciativa en el Parlamento regional para que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga informe “con datos actualizados” de las plazas, los recursos técnicos y el personal disponible en la red cántabra de protección de menores.

“No pedimos generosidad, pedimos que se cumpla la ley y que se cumpla con estos niños. Cantabria tiene recursos, tiene profesionales capacitados y tiene, sobre todo, la obligación moral de no dar la espalda a quien más lo necesita”, ha sostenido Talla.

En los últimos años, quizá desde que la crisis de 2008 dio al traste con el mundo que conocíamos, ha ido calando en la sociedad española la percepción de que todo va cada vez peor. Que las últimas décadas del siglo XX fueron las mejores de la historia y ahora vivimos alguna especie de regresión.

Si tú eres de los que piensan que es así, déjame darte algunos datos que te convencerán de lo contrario. En los últimos 25 años, la esperanza de vida al nacer ha crecido en 9 años en todo el mundo, 4 años en España, la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad y sigue marcando mínimos históricos, la pobreza extrema es un tercio de lo que era en el año 2000, la alfabetización ha pasado del 80% de la población mundial al 88%, el porcentaje de la población mundial que tiene acceso a la electricidad ha pasado del 78% al 92% y si en 2000 el 20% de los niños del mundo no estaban en insertos en el sistema educativo, hoy son la mitad.

Incluso si atendemos a la desigualdad, que es una de las cosas que más preocupan, según los datos del World Inequality Lab que lidera Thomas Piketty resulta que en muchos países también ha disminuido. Por ejemplo, en España, el porcentaje de riqueza que acumula el 10% se mantiene estable (en el 57,3%) y el del 1% más rico de la población se ha reducido mínimamente (del 24,6% al 24,1%).

¿Entonces por qué tenemos esta permanente sensación de crisis y de peligro?

En mi opinión, lo que le ocurre al mundo contemporáneo no es que sea peor, sino que es más difícil. Vivimos en una realidad cada vez más compleja y más exigente, donde los acontecimientos extraordinarios se han vuelto ordinarios y hace falta mucha más inteligencia —y mucha más cooperación— para estar a la altura. Basta echar la vista atrás para verlo: en los mismos 25 años en que las condiciones materiales de vida han mejorado sin lugar a dudas, hemos vivido el ataque a las Torres Gemelas y la oleada de atentados que vino a continuación, las guerras de Afganistán e Irak, la mayor crisis financiera desde 1929, la primavera árabe y la guerra de Siria, el Brexit, la aparición de los populismos, una pandemia global, la invasión de Ucrania, el genocidio en Palestina y una serie de desastres naturales que pronto tendremos que dejar de llamar excepcionales. Por el camino, las instituciones que debían servir de amortiguador frente a la incertidumbre muestran evidentes síntomas de agotamiento y el resultado es un mundo donde cada vez hay más gente asustada.

En esta tesitura, el eje de la política está virando. Mientras las ideologías clásicas que habían ordenado la sociedad en el siglo XX se desvanecen, vemos emerger los dos grandes bandos de nuestro tiempo. En uno están quienes creen —creemos-– que los seres humanos somos una especie con una creatividad y una capacidad de adaptación extraordinarias y que podemos enfrentarnos a los acontecimientos que están por venir como hemos demostrado en incontables ocasiones; y del otro están quienes insisten en que el mundo es hoy un juego de suma cero, donde los recursos son cada vez más limitados –por más que esto sea falso, como hemos visto– y la única opción que nos queda es la de sacarnos los ojos los unos a los otros por lo que quede.

Todas las refriegas políticas del momento —la vivienda, la inmigración, la igualdad de género, las pensiones— son la misma pelea entre los mismos dos bandos: uno que propone que, si nos lo proponemos, existe una solución mejor para todos y otro que propone que esto es una guerra y lo que toca es defender lo que tenemos con uñas y dientes.

En Ceuta, estos días, vemos otra vez el mismo debate. De una parte, un montón de aprovechados a los que se les debería caer la cara de vergüenza. Hombres de traje y corbata que después de hablar de “invasión” y de hacernos creer a todos que estamos en peligro, ahora se niegan a acoger a un millar de niños solos.

Hagamos las cuentas también de esto. Mil niños en un país de 49 millones de habitantes son el 0,002% de la población: un niño por cada 49.000 personas, uno por cada ocho municipios de España. Repartidos por el sistema educativo, que escolariza a más de ocho millones de alumnos, serían un pupitre más por cada ocho mil. El año pasado, más de 140.000 españoles hicieron las maletas y se marcharon del país — es decir, cada dos días y medio se va de España la misma cantidad de gente que ahora mismo “no cabe”. No hay ningún problema de capacidad. Hay una escenificación: la farsa de la escasez, representada con niños de atrezo.

Al otro lado de esta farsa, afortunadamente, están los españoles que buscan soluciones a los problemas que se encuentran: guardias civiles rescatando bebés del mar, militares abrazando a niños aterrados en la playa, grupos de gente echando a los agitadores populistas de Ceuta, voluntarios dando de comer a las personas que habían cruzado la frontera engañadas, personas comprando comida por encargo en el Mercadona más cercano porque a quienes habían cruzado la frontera no les dejaban entrar. Detrás, toda una estructura social que nos ha permitido, una vez más, superar una crisis sobrevenida en un tiempo récord y con una actitud de país ejemplar. Y además, darle una lección a Europa.

No es la primera vez. Hoy podemos decir que es una constante. Todas y cada una de las veces que este país se ha encontrado con una emergencia —como en el COVID, en el apagón, en la dana de Valencia, en los incendios de las pasadas semanas y ahora, en Ceuta— ha demostrado ser una sociedad extraordinaria: valiente, acogedora, resolutiva, preparada y capaz.

Viva España, carajo. Y vivan los españoles.

Lo sucedido en Ceuta estos días no es solo una crisis migratoria o humanitaria, sino también una crisis política entre países vecinos. Las relaciones entre España y Marruecos están formadas por una densa red de intereses mutuos en ámbitos como la seguridad, la migración o el comercio, pero también por una serie de conflictos estructurales, irresolubles a corto o medio plazo, como el Sáhara Occidental o los enclaves africanos de Ceuta y Melilla.

Durante las últimas décadas la política española hacia Marruecos se basó en el llamado colchón de intereses, que sintetizaba una ecuación sencilla: a mayor interdependencia, más costosa y menos probable es la crisis bilateral. Durante mucho tiempo el colchón de intereses redujo significativamente las crisis, aunque sin llegar a eliminarlas. Este equilibrio siempre fue inestable, pero ahora se ha roto. El papel de Marruecos ha cambiado considerablemente: ahora tiene aspiraciones de potencia regional, una política exterior más asertiva y una amplia experiencia negociadora con España y la Unión Europea en el campo de la migración, combinando de manera inteligente diplomacia y coerción. Esto ha hecho que la interdependencia sea cada vez más asimétrica en favor de Marruecos, lo que incentiva el fomento de crisis bilaterales.

Ahora bien, entender estas crisis como una mera negociación transaccional o un simple chantaje de Marruecos a España y a la Unión Europea es una simplificación de la realidad. Para comprender su naturaleza y características, y prevenirlas, es necesario ver que no son episodios aislados, sino consecuencias del régimen migratorio euromarroquí. Este régimen migratorio se ha construido sobre estructuras y relaciones de poder heredadas del colonialismo, en las que Europa continúa determinando quién puede moverse y quién no a partir de jerarquías raciales. El sistema de visados y las etiquetas que ponemos a las personas que viajan son buenos ejemplos. Si un europeo viaja a la gran mayoría de los países de África puede hacerlo libremente y sin visado. Sin embargo, si un africano viaja a Europa, tendrá restricciones y necesitará un visado muy difícil de obtener. Al europeo nos gusta llamarlo turista o expatriado. Al africano preferimos llamarlo inmigrante, ilegal, clandestino o MENA, categorías de uso común utilizadas para deshumanizar, criminalizar y polarizar.

Además, esta jerarquía racial de la movilidad genera una violencia estructural que provoca miles de muertes cada año y convierte la frontera en un espacio de excepción para las democracias europeas. Según el proyecto Missing Migrants, de la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 se han contabilizado más de 33.000 personas muertas o desaparecidas en las diferentes rutas migratorias y fronteras europeas. Son de media 2.350 muertes al año. Por tanto, no es exagerado hablar de necropolítica, tal y como lo hace el intelectual camerunés Achille Mbembe cuando afirma que los europeos nos hemos acostumbrado a la muerte de migrantes porque sus vidas no merecen protección ni tienen el mismo valor. Son muertes que no merecen luto. Buena prueba de ello es que, con 141 muertos en nuestra frontera, España no ha decretado ni un solo día de luto nacional ¿Alguien se imagina una actitud así con los fallecidos en un accidente ferroviario o en un incendio? Invito a encontrar la diferencia: solo hay una.

Si un europeo viaja a África puede hacerlo libremente y sin visado. Sin embargo, si un africano viaja a Europa, tendrá restricciones y necesitará un visado muy difícil de obtener. Al europeo nos gusta llamarlo turista o expatriado. Al africano preferimos llamarlo inmigrante, ilegal, clandestino o MENA

La matriz colonial del régimen migratorio y su jerarquía racial explican la agenda europea de convertir a Marruecos en un espacio de contención de la migración hacia Europa mediante políticas de externalización. Como en la etapa de los imperios, Europa sigue recurriendo a fórmulas de soberanía extraterritorial, hoy incompatibles con el principio de igualdad soberana de los Estados. La creciente resistencia marroquí a desempeñar el papel de policía de fronteras para Europa puede interpretarse también como un cuestionamiento de esa matriz de poder colonial. ¿Por qué los españoles podemos viajar sin visado a Marruecos y los marroquíes necesitan un visado para viajar a España? ¿No debería operar el principio de reciprocidad? Es legítimo cuestionar esta asimetría desde la diplomacia, pero no desde la coerción.

La instrumentalización de la migración por parte de Marruecos puede entenderse como una forma de desestabilizar las jerarquías históricas que han estructurado el régimen migratorio entre Europa y Marruecos. Pero evidentemente también es una forma de presión política. Cuando Marruecos percibe que sus intereses estratégicos se ven amenazados (como podría haber ocurrido por la futura aprobación de la ley que otorgará la nacionalidad española a los saharauis nacidos en tiempos de la colonia española) dispone de capacidad para instrumentalizar los flujos migratorios, en la lógica que Kelly Greenhill define como ingeniería estratégica de las migraciones. En la visión marroquí, una buena forma de defender sus intereses es activar una de sus palancas más valiosas (o su renta política, como algunos la llaman), instrumentalizando esos flujos migratorios.

Las migraciones internacionales son parte de las estructuras y relaciones de poder que generan desigualdades entre países. Además, las decisiones migratorias son una combinación de factores de empuje y factores de atracción. Esta crisis combina todos los elementos indicados: la matriz colonial del régimen migratorio, la jerarquía racial de la movilidad, los factores de empuje (situación interna en Marruecos, donde el lema de la Generación Z fue “dos mares y fosfato y vivimos bajo la bota” —en relación a las condiciones de vida pese a las riquezas naturales del país—) y los factores de atracción (como mejores condiciones económicas en Europa o políticas migratorias más liberales, entre otros).

La instrumentalización de la migración por parte de Marruecos puede entenderse como una forma de desestabilizar las jerarquías históricas del régimen migratorio entre Europa y Marruecos. Pero evidentemente también es una forma de presión política

Por su parte, la derecha radical global aprovecha cada crisis migratoria para reforzar una cada vez más extendida visión hobbesiana de la sociedad, presentada como una permanente lucha por recursos limitados entre grupos culturalmente incompatibles. Desde esta perspectiva, la inmigración se construye como una amenaza para la seguridad, el bienestar y la identidad, legitimando políticas cada vez más restrictivas, excluyentes y securitarias. Resulta alarmante la fragmentación europea en esta crisis. Como señaló Josep Borrell, “la solidaridad europea ha muerto en Ceuta”. Quizá nunca estuvo viva.

Necesitamos descolonizar el régimen migratorio europeo, superando las lógicas de securitización, externalización y jerarquización racial de la movilidad que reproducen la matriz colonial del poder. También una política migratoria común europea basada en la solidaridad entre los países. Esto permitiría reducir la dependencia estratégica de terceros Estados para la gestión migratoria y avanzar hacia una movilidad global más justa y segura.

El Gobierno de Castilla-La Mancha permanece “a la espera” de conocer cuál será su participación o colaboración en el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta.

Lo ha comentado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Valdepeñas, en Ciudad Real. En todo caso, cree que la acogida ha de ser “por igual que el resto de las comunidades autónomas de España”, y ha indicado que, hasta la fecha, el Gobierno de España no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico ni se ha convocado ningún consejo territorial para abordar este asunto.

“Los partidos demócratas deberían bajar el diapasón”

Desde la localidad ciudadrealeña, Caballero ha pedido “prudencia” ante la actual crisis humanitaria y ha considerado que los partidos políticos que se consideran demócratas y respetan la Constitución “deberían bajar el diapasón y dejar las soflamas para las campañas electorales”.

Dicho esto, ha reiterado que el Gobierno regional está dispuesto a “trabajar, arrimar el codo y, sin duda, apostar por la solidaridad”, siempre dentro de la coordinación que corresponde al Gobierno de España.

Esta semana el verano nos dio una tregua climática. En varios puntos de la península bajaron las temperaturas y ya se puede respirar. Tiempo de calma, o no.

La semana pasada fui a ver en Toledo el último gran estreno de Chistopher Nolan. “Marta, la sala llena para ver La Odisea. Hay esperanza en la Humanidad”, me dijo la amiga con la que iba.

Creo que las estrellas que en ella participan, director incluido, ayudaba a esta realidad, pero oye no deja de ser un éxito tanta gente interesada en el mito épico occidental por excelencia. La adaptación me pareció maravillosa. Mucho cambio respecto al texto original, pero en mi opinión muy coherente con la esencia de la historia.

Lo que Nolan, sin duda, ha enfatizado en la obra, que Homero quizás dejó entrever, es el antibelicismo. Siendo una peli de guerra, Troya está en su origen, su esencia es puramente antibélica, como las de todas las grandes pelis de guerra por otro lado. Olé por Nolan; objetivo conseguido.

Una sale de la sala pensando: vaya gran mierda que son los conflictos armados. Como si no tuviéramos bastante con lidiar con los conflictos personales, se mete un arma por medio y ya está destruido el plan de vida de toda una sociedad.

A Elon Musk parece que no le ha gustado la película, supongo que hubiera preferido otro leit motiv, algo así como un 'sálvese quien pueda' o 'el hombre es un lobo para el hombre' que tantas matanzas y egoísmos justifica. Un espíritu deshumanizado demasiado presente en nuestros días, y que tanto se fomenta desde variadas instancias de poder. Malditos cabrones. Lo siento, no se me ocurren palabras más certeras.

Igual que no se me ocurre un epíteto más certero para aquellos que hayan podido promover el movimiento migratorio masivo que hemos vivido estos días entre Marruecos y Ceuta. Que setenta y dos mil personas fueran impulsadas, aún no se sabe exactamente por quién -pero se intuye la mano- a jugarse la vida atravesando a nado la frontera con Ceuta.

Que ante el hecho, la reacción de la derecha haya sido llevarse las manos a la cabeza por la falta de seguridad, hablar de invasión, llamar al miedo, que veintidós gobiernos de derechas de la Unión Europea se lanzaran a firmar un manifiesto acusatorio por la mala gestión de la política migratoria, más seguridad y menos regularización, venían a decir, me parece inaudito y nos deja claro el marco en el que nos desenvolvemos.

Han muerto cien personas por el camino, hay unos quinientos menores que han llegado y no tienen dónde dormir ni qué comer, la enorme mayoría de las personas que llegaron lo hicieron engañados, de hecho ya son setenta mil los que han regresado. La política migratoria falla, sí, pero de base. Falla la política migratoria europea, que delega en los países dictatoriales y violentos el cuidado de sus fronteras.

Falla el reparto estratégico del presupuesto; invertir más en el origen del problema, la miseria y guerras de los países de origen, o en la gestión de la acogida de migrantes en los países de destino, en lugar de invertir miles de millones de euros en una seguridad violenta y punitiva que trata como criminales a quienes no lo son.

Falla el espíritu de acogida, que ve con recelo al que llega, es diferente, habla raro y encima es pobre; en España de esto sabemos mucho, hace no tanto éramos un país emigrante y en Francia y Alemania recibimos el mismo trato que ahora damos nosotros. Ironías de la vida, no sucedió así en América Latina, donde se nos recibió con los brazos abiertos, cosa de la que no podemos presumir nosotros en la actualidad.

Han muerto cien personas y se ha manipulado a otras miles, como si su vida no contara, son marionetas en un juego donde las reglas las ponen otros, sin el menor disimulo. Tanto el hecho como la reacción creo que debería dar lugar a un amplio y profundo debate de los tan cacareados “valores europeos” . Cuáles son y si están presentes en los discursos y políticas migratorias.

Porque por favor no lo olvidemos, aunque a día de hoy suene exageradamente cándido, la base de nuestra convivencia es que cada vida es un tesoro y hay que cuidarla como tal, con la dignidad que merece. Cada vida de cada persona, con independencia de su origen, raza, sexo, patrimonio o religión. Así se lo traslado a mis hijos, así se lo traslado a mis alumnos, y así me encantaría que se aplicara en las políticas públicas y discursos de una Europa cada vez más desdibujada en todos los sentidos, salvo el fronterizo.

Tranquilos, ya hemos sido invadidos, pero no por los pobres, sino por los muy ricos y muy psicópatas, que nos van quitando escala de valores, prioridades, viviendas, calidad de vida, nuestra humanidad sin que nos demos cuenta. No la entreguemos tan fácilmente

Uno de los aspectos que más llamó la atención a Hannah Arendt en los juicios de Nuremberg y que describió en La banalización del mal fue la deshumanización de la víctima, su cosificación, su conversión en un dato burocrático. Atención, el discurso de la derecha y nuestra política migratoria nada de lleno en estos conceptos. ¿Queremos seguir en estas aguas? ¿Es este nuestro referente? Entre tanto el Mediterráneo sigue siendo un profundo agujero negro que traga vidas, mientras nosotros seguimos mirando hacia otro lado, con las armas listas no sea que nos invadan.

Tranquilos, ya hemos sido invadidos, pero no por los pobres, sino por los muy ricos y muy psicópatas, que nos van quitando escala de valores, prioridades, viviendas, calidad de vida, nuestra humanidad sin que nos demos cuenta. No la entreguemos tan fácilmente. Conmoverse por lo que ha pasado, por esas cien personas muertas, por las setenta y dos mil personas manipuladas, invisibles para un sistema global que las engulle. Por nosotros, que formamos parte del juego.

El llanto de Odiseo fue por tantos de sus hombres caídos en la locura de una guerra y el regreso a Ítaca. Y ahora, en pleno siglo XXI, ¿por quién derramamos nuestras lágrimas?, ¿dónde está nuestra Ítaca? El Mediterráneo nos lo pregunta con urgencia. Quizás las vacaciones, el tranquilo oleaje mientras miramos el horizonte infinito del mar en el espacio seguro de la playa, puedan servir de inspiración para encontrar respuesta. Suerte. La necesitamos.

Al menos 141 personas han muerto en Ceuta y Marruecos entre el 30 de julio y el 4 de agosto en el intento de entrar a España, según el recuento de la ONG Caminando Fronteras, que está haciendo un seguimiento de los casos y tratando de contactar con las familias. El Gobierno español ha cifrado en 75 las personas muertas en la costa ceutí.

Desde la organización apuntan a elDiario.es que las personas fallecidas no solo son de nacionalidad marroquí, sino que también procedentes de Sudán, Eritrea, Guinea y Costa de Marfil. “Estamos colaborando con las familias en las identificaciones”, señala a elDiario.es la organización, que prevé que la cifra de personas muertas “irá subiendo”.

Más de medio millar de migrantes, sobre todo subsaharianos, permanecen aún en el exterior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para poder ocupar una plaza en este recinto, que está colapsado al haber cubierto sus 512 plazas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha indicado que la ciudad autónoma está atendiendo en estos momentos a unos 1.100 menores migrantes y ha asegurado que se están realizando traslados de niños y niñas no acompañados a la Península, por lo que ha defendido que están “cumpliendo la ley”.

La Unión Europea dio por superada este martes la emergencia en Ceuta después de que 72.000 personas migrantes ingresaran en la ciudad autónoma de Ceuta y más de 70.000 fueran retornados a Marruecos, según cifras oficiales, en una situación que parte de la derecha y la extrema derecha aprovecharon para criticar las políticas del Gobierno español.

“Por el momento, creo que Europa ha superado definitivamente esta prueba”, aseguró el comisario europeo de Interior, el austríaco Magnus Brunner, tras la reunión extraordinaria de ministros de Interior de los Veintisiete por videoconferencia, en la que, a diferencia de la primera reacción, hubo muestras unánimes de solidaridad hacia España.

Brunner, del conservador Partido Popular Austríaco, también negó que exista una relación entre la regularización de migrantes y la situación en Ceuta.

Por su parte, parlamentarios del Consejo de Europa instaron a los Estados a respetar plenamente el principio de no devolución, “incluso cuando la migración se instrumentaliza” y advirtieron que “las preocupaciones de seguridad nacional no deben utilizarse para justificar expulsiones colectivas ni excepciones a los derechos humanos. obligaciones”.

“Es fundamental una respuesta firme pero humana: luchar contra las redes criminales de traficantes, defender el principio de no devolución, apoyar a las regiones fronterizas y situar la solidaridad, los derechos humanos y el Estado de derecho en el centro de la gestión migratoria europea”, señalaron en una declaración comjunta la presidenta de la Comisión de Migración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Sandra Zampa, y Christiana Erotokritou, ponente del Consejo.

Las autoridades han habilitado el correo Ce-cmd-ceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org y el número de Whatsapp +212 694 86 99 82 para identificar a personas fallecidas.

Isabel Díaz Ayuso ha insistido este miércoles en que el ático comprado por la Comunidad de Madrid y puesto en venta un día después de conocerse no era para uso personal: “Sería muy poco inteligente”, ha asegurado. En relación con la polémica, Más Madrid ha solicitado la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda para explicar la compra del ático.

Después de haber defendido la expulsión de todos los migrantes llegados de Ceuta, incluso los niños y adolescentes menores de 18 años, y cerrar la puerta a acogerlos en las comunidades autónomas en las que gobiernan, el PP se enreda y dice ahora que “cumplirán la ley” mientras varios gobiernos autonómicos que comparten con Vox se oponen a ello. Además, persisten las dudas sobre si las autoridades españolas podría haber previsto la situación y la Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si recibió alguna alerta previa al respecto.