Donald Trump ha firmado este jueves una ley acordada entre republicanos y demócratas para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés), pero no sus operaciones de control de la inmigración, tras obtener la aprobación definitiva en la Cámara de Representantes, poniendo así fin al cierre de agencias más largo de la historia.

La Casa Blanca había advertido de que la financiación temporal que Trump había utilizado para pagar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte y de otras agencias “se agotaría pronto”. El DHS ha estado sin fondos corrientes desde el 14 de febrero, lo que ha causado dificultades a los trabajadores, aunque gran parte de la agenda migratoria represora de Trump se está financiando por separado.

El paquete presupuestario había quedado estancado en la Cámara de Representantes, a pesar de haber sido aprobado sin oposición el mes pasado en el Senado.

Los republicanos de la Cámara Baja obligaron a buscar una vía separada para los fondos de inmigración. Una vez que se ha puesto en marcha esta semana ese proceloso proceso, se ha allanado el camino para financiar el resto de Seguridad Nacional, cuyos empleados corrían el riesgo de perder sus salarios en mayo.

“Ya era hora”, dijo la representante Rosa DeLauro, de Connecticut, la principal demócrata del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, quien propuso el proyecto de ley hace más de 70 días.

La Cámara votó a viva voz el jueves por la mañana para aprobar la medida. Esto puso fin al enfrentamiento que comenzó hace meses, después de que la represiva ofensiva de Trump contra la migración en Minneapolis desencadenara un debate en el Capitolio sobre el dinero destinado a financiar la agenda del presidente.

La iniciativa en el Congreso se produce en un momento en que el DHS está bajo un intenso escrutinio después de que Trump destituyera a Kristi Noem como directora del departamento y nombrara al senador de Oklahoma Markwayne Mullin. La agencia cuenta con unos 260.000 empleados, repartidos entre la TSA, la Guardia Costera, la FEMA y otros organismos, informa AP.

Los asesinatos de Good y Pretti

Tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ambos con ciudadanía estadounidense, por parte de agentes federales durante las protestas contra las medidas de inmigración en Minneapolis en enero pasado, los demócratas se negaron a financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) sin reforzar el control sobre esas agencias.

Al mismo tiempo, los republicanos no aceptaron un plan impulsado por los demócratas para financiar la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y otras partes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin destinar fondos a ICE y la Patrulla Fronteriza. Insistieron en que las operaciones de inmigración no debían quedar sin financiación.

Tras la intensificación del cierre, con colas de horas en los controles de seguridad de los aeropuertos, el Senado aprobó por unanimidad el paquete en una votación celebrada por la noche hace un mes. A continuación, el proyecto de ley quedó estancado en la Cámara de Representantes. El propio presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Luisiana, había calificado la legislación de “broma”.

Para evitar ceder ante las exigencias demócratas de un mayor control de los agentes anti migración, los líderes republicanos tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, decidieron abordar por su cuenta la financiación de la ley de migración a través de lo que se denomina “reconciliación presupuestaria”, un proceloso proceso que se prolongará durante semanas.

Así, Johnson logró desbloquear el proyecto de ley para el resto del DHS.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron este miércoles por la noche una resolución presupuestaria centrada en proporcionar 70.000 millones de dólares para la lucha contra la inmigración y las deportaciones hasta el final del mandato de Trump, en enero de 2029.

Johnson ha reconocido este jueves que, aunque antes había rechazado el proyecto de ley de financiación parcial del DHS, el nuevo proceso presupuestario que sortea procesos de control democrático, garantiza que los fondos para migración acabarán llegando “sin reformas demócratas descabelladas”.

La estrategia de actuar por cuenta propia en el marco del proceso de resolución presupuestaria es la misma que se utilizó el año pasado para aprobar el proyecto de ley de recortes fiscales de Trump, al que se opusieron todos los demócratas.

Ahora que la Cámara de Representantes y el Senado han aprobado la resolución presupuestaria, los legisladores redactarán a continuación el proyecto de ley de financiación de 70.000 millones de dólares para el ICE y la Patrulla Fronteriza, cuya votación está prevista para mayo.

Trump ha dicho que quiere tenerlo en su despacho antes del 1 de junio.

Madrid perdió 30.647 habitantes en 2025 respecto al año anterior, según los datos del padrón municipal que ha dado a conocer este jueves la vicelacaldesa Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La ciudad rompe así una tendencia alcista iniciada en los años posteriores a la pandemia y disminuye su población un 0,87%.

A 1 de enero de 2026, en la capital estaban registradas 3.497.277 personas. La ciudad se deja así el umbral simbólico de 3,5 millones de habitantes, que rebasó por primera vez en el padrón de 2024. Pese a ello, se trata de la segunda cifra más elevada de la serie histórica y el incremento desde 2019 es de 230.000 vecinos. Sanz ha apostillado, según recoge Europa Press, que los datos se han visto afectados por un ajuste del padrón “sin el cual la población hubiera crecido en torno a los 70.000 habitantes”.

Lo más reseñable es que este retroceso se ha producido aunque Madrid revierte su tendencia al saldo vegetatitvo negativo. Como ha indicado Sanz, “por primera vez en años” se han producido más nacimientos (27.097, 884 más que en 2024) que defunciones (26.533). En total, el número de alumbramientos supera en 564 al de muertes.

En relación al origen, el 80,6% de la población es de nacionalidad española frente al 19,4% de nacionalidad extranjera. Respecto al lugar de nacimiento, el 69,5% han nacido en España (2.432.079) frente al 30,5 % que lo ha hecho en el extranjero (1.065.198). Comparando las cifras del ejercicio anterior, los habitantes de nacionalidad española disminuyeron en cerca de 2.400 personas, mientras que en el caso de los extranjeros la caída supera los 28.000 habitantes. Por género, hay un 47% de hombres (1.642.288) y un 53% de mujeres (1.855.049).

Sanz ha explicado que, a la reducción del número de entradas desde el extranjero y al incremento de las migraciones interiores a otros municipios (dos circunstancias que han mitigado el saldo migratorio positivo de ejercicios previos), se ha unido un saldo negativo acusado derivado del número de bajas por gestión tramitadas en 2025. Son aquellas a las que obliga la normativa padronal, pero que no están causadas por movimientos efectivos de población.

Son bajas por caducidad y por no confirmación las que causan los habitantes extranjeros que no cumplen con su obligación legal o administrativa de renovar o confirmar su inscripción padronal. Asimismo, son bajas por inscripción indebida las de las personas de las que se tiene conocimiento que ya no residen en el domicilio en el que constan, pero que no se han empadronado en otro. Durante 2025 las altas y bajas tramitadas por gestión arrojan un saldo negativo de casi 100.000 habitantes, derivados de 28.450 altas y en 127.825 bajas.

Menos llegadas desde el extranjero y más mudanzas fuera de la ciudad

En cuanto a las mencionada reducción de llegadas desde el extranjero, en 2025 fueron 117.706 altas, por las 136.000 de 2024. Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, China, Ecuador y México aglutinan más de la mitad de esos movimientos. Los países de destino más habituales para quienes se marcharon de Madrid fueron Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Alemania, Suiza y Venezuel. El saldo migratorio exterior registró 117.706 altas procedentes del extranjero frente a 11.589 bajas, lo que arroja un saldo migratorio exterior positivo de 106.117 personas.

En un contexto de crisis de la vivienda y alza de los precios, son los movimientos migratorios interiores los que ahondan en cifras negativas, con una pérdida neta de 37.957 personas (82.235 altas frente a 120.192 bajas). La mayor parte de estas mudanzas se produjeron a otros municipios de la Comunidad de Madrid (cerca de 57.000), pero también hacia provincias como Toledo, Barcelona, Valencia, Alicante y Guadalajara. Al igual que en los movimientos de salida, los mayores flujos de entrada se produjeron desde los municipios cercanos a Madrid y desde la provincia de Barcelona, a la que se añaden Toledo, Valencia, Málaga y Alicante.

Carabanchel lidera la población y Vicálvaro el crecimiento

Donde no hay cambios es en el distrito más poblado de la ciudad, que vuelve a ser Carabanchel, esta vez con 278.000 vecinos. Le siguen Puente de Vallecas (257.924), Fuencarral-El Pardo (256.037) y Latina (251.139). Son solo cuatro de los 21 que hay en la ciudad, pero concentran casi el 30% de la población municipal. Vicálvaro (97.860), Moratalaz (94.405) y Barajas (50.613) son los que cuentan con menor número de residentes.

Vicálvaro y Barajas son precisamente dos de los únicos tres distritos donde sube la población, 2.627 y 74 habitantes respectivamente. El primer caso está sin duda marcado por el avance de nuevos desarrollos urbanos como El Cañaveral o Los Berrocales. Un proceso similar al de Villa de Vallecas, que gana 1.047 personas. En el extremo opuesto, los mayores descensos de población se han registrado en Centro (-4.549), donde más se acusa la actualización del padrón, seguido de Ciudad Lineal (-3.741) y de Salamanca (-3.540).

Diez distritos presentan un crecimiento vegetativo positivo, por encima de 300 personas, comandados por Vicálvaro (+2.120), Villa de Vallecas (+1.534) y Hortaleza (+1.492). Por contra, Centro pierde más de 2.700 residentes al medir la diferencia entre nacimientos y muertes. En total, se produjeron más de 111.000 cambios de domicilio dentro del municipio con destino a otro distrito de la capital.

Salvamento Marítimo rescató en la noche de este miércoles una lancha neumática que intentaba llegar a Lanzarote con 60 hombres de origen magrebí y subsahariano a bordo, entre ellos 21 posibles menores, según ha informado a EFE un portavoz del 112.

La operación se puso en marcha en torno a las 21.00 horas, cuando los propios ocupantes de la embarcación lograron llamar por teléfono móvil a emergencias para solicitar ayuda.

La neumática fue localizada a unos 20 kilómetros de la costa por la Salvamar Al Nair.

Todas las personas que iban a bordo fueron desembarcadas en el puerto de Arrecife, sin que ninguna precisara asistencia médica.

El proceso extraordinario de regularización de migrantes ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia. Este martes la Federación de Municipios, presidida por el popular Víctor López, y el representante del Ejecutivo estatal en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, han protagonizado un duro cruce de acusaciones. El encontronazo ha tenido lugar tras el grupo de trabajo entre los consistorios locales para abordar y mejorar la respuesta de los Servicios Sociales municipales en la gestión de los trámites de regularización.

El presidente de la Federación de Municipios ha abandonado de forma abrupta el encuentro, calificándolo de “una falta de respeto”: “Nos han puesto un PowerPoint para explicarnos el Real Decreto, cuando llevamos casi dos semanas aplicándolo y solucionando las dudas por nuestra cuenta”, ha lamentado al diario local La Verdad.

También ha afeado la ausencia de Lucas Ayala, aunque fuentes de Delegación han aclarado que debido a la naturaleza técnica de este encuentro asistieron la jefa de Extranjería y la secretaria general de la representación del Ejecutivo estatal en la Comunidad.

Por su parte el delegado del Gobierno ha defendido que las oficinas habilitadas están funcionando “con total normalidad”: “El sistema de citas previas y los refuerzos también están funcionando correctamente”, ha explicado.

Lucas Ayala ha apuntado a que en ayuntamientos socialistas de la Región, como Alhama de Murcia, el proceso de regularización se está llevando “sin ningún tipo de problemas”, mientras que los del Partido Popular “están boicoteando el proceso de regularización”.

“El proceso de regularización es un hito histórico y es un proceso de justicia necesario. Estamos hablando de conceder derechos y obligaciones a personas que ya viven y trabajan en la Región de Murcia”, ha subrayado el delegado.

Por último, ha invitado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a demostrar “el verdadero cristianismo y humanidad”: “Siempre lo vemos cuando llegan las procesiones. Le emplazo a que se deje de confrontar y de utilizar este proceso de regularización y que se ponga a trabajar”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes es “positivo” porque da “derechos y dignidad” a las personas afectadas, aunque ha señalado que el Gobierno central lo podía haber hecho “un poquito mejor” con más coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos y así acabar con lo que él ha denominado las “colas de la vergüenza”.

En respuesta a preguntas de PSOE y Vox en la sesión de control del pleno del Parlamento de este martes, Clavijo ha comentado que el Gobierno central tiene que hacer “autocrítica” porque se podían haber reforzado los servicios sociales y preparar dispositivos para no tener gente “en una cola a la intemperie o al solajero”.

Según él, los ayuntamientos “no saben ni qué certificado hacer”, y ha recordado que el proceso “no es patrimonio” de los socialistas, ya que se hizo en el pasado por otros ejecutivos. Además, ha valorado que la medida constata el “fracaso” de la política migratoria y el control de fronteras.

Ha apelado a “no descalificar” e “insultar” ante la “crispación” instalada en el conjunto del país, pero al mismo tiempo ha dicho que parece que la regularización se ha hecho buscando “rédito”. Por otro lado, ha indicado que “hay que darles una oportunidad de vida” a las personas vulnerables, en vez de negarles derechos.

Clavijo ha criticado que a Vox le “mandan el argumentario de Madrid” que “niega la dignidad” a menores y migrantes y ha dicho que no va a contribuir a “generar división ni falsear datos de criminalidad”.

La ambigüedad de Clavijo

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha criticado la ambigüedad de Clavijo por defender el proceso, pero al mismo tiempo ponerse “al lado” del PP, su socio en las islas, cuando tanto los sindicatos como el Consejo Asesor están a favor.

Ha comentado que el proceso beneficia a más de 45.000 personas que viven en Canarias y tiene “legitimidad social” ya que viene apoyada por una ILP de más de 700.000 personas, más de 900 asociaciones, respaldada por la Iglesia y admitida a trámite en el Congreso por 310 diputados.

“Se trata de dar derechos y combatir la economía sumergida”, ha comentado, subrayando que muchas personas migrantes “sostienen” sectores económicos y cuidan de los mayores en el archipiélago.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que el proceso de regularización es la “constatación” de que la “mafia monclovita odia a los españoles” y reprochado al presidente canario que se haya sumado al “consenso progre” en torno a la inmigración, la agenda 2030, el “fanatismo climático” o la “defensa de la vida”.

Ha intentado, sin éxito, que Clavijo fijara posición sobre una supuesta circular de Instituciones Penitenciarias para facilitar la regularización de los inmigrantes ilegales que se encuentren en prisión preventiva, y le ha reprochado que “la gente cada vez le cree menos”, especialmente los jóvenes que “sufren la criminalidad y no tragan con su Canarias idílica”.

El frío de Cantabria no es como el de Lima, la capital de Perú. Es un frío que muerde y que pone la piel de gallina. Maribel lo sabe. Sale de casa temprano todos los días. Camina, cada mañana, hacia la estación de tren de Torrelavega, desde donde viaja hasta las proximidades del barrio de Adarzo, en Santander, donde estudia. A partir de ahí son 20 minutos entre el tren y el aula, un paisaje abierto, húmedo, castigado por el viento. Las ramas de los árboles se agitan con violencia. Uno de ellos llama especialmente la atención de Maribel: lo ve desnudo, golpeado por el aire, pero firme. Se mira a sí misma: una mujer de 54 años, resiliente ante los cambios de ciclo.

Maribel, que prefiere no dar su apellido, es una de las dos personas que han contado, a través de cuatro fotografías, su experiencia como migrante en el sistema educativo español: una papelera que simboliza una jaula mental; un árbol, que representa la resiliencia frente al cambio; sus hijos, que encarnan su amor más grande; y finalmente, un amanecer, que ilustra la esperanza de un nuevo comienzo. La exposición tuvo lugar recientemente durante el IV Encuentro de Agentes Educativos para la Transformación Social en la Universidad de Cantabria.

Maribel migró a los 53 años. Pero migrar a esa edad no es solo mudarse; es apartarse de un camino construido durante una vida entera. Maribel es esposa y madre de tres hijos. En Perú, a casi 9.500 kilómetros de distancia de su hogar actual, su familia es de clase media: una etiqueta ambigua, pero que allá aseguraba cierta estabilidad. En Cantabria, la situación es completamente diferente: hay veces que es ella quien escucha los ánimos de su hija Marilia. “Por momentos me he sentido como la hija de mi hija”, confiesa con su voz gentil. 

Maribel ha tenido a España en su horizonte desde 2018, cuando su hija mayor, la mencionada Marilia, se mudó en busca de un nuevo comienzo. Pero no fue hasta 2021 cuando cruzó por primera vez el Atlántico para celebrar la boda de su hija en Santander. Por esos años, la idea de mudarse no era más que una ilusión lejana. El verdadero impulso llegó tres años después, en un viaje familiar en el que Maribel y Mateo, su hijo menor, entonces a punto de graduarse del Bachillerato, visitaron a Marilia. 

“Ese viaje lo cambió todo –relata Maribel–, ahí fue cuando mi hijo decidió que él también quería vivir en España”. Marilia les mostró su vida a su hermano y a su madre. Les presentó con entusiasmo una alternativa llena de nuevas posibilidades para ambos, que enamoró de lleno a Mateo del potencial futuro en Europa, y que despertó en Maribel la posibilidad de estudiar. Ese camino que ella siempre había querido seguir y al que puso en pausa tantos años antes para dedicarse a sus hijos. 

La sola idea sacudió por completo a la familia de vuelta en Perú, cuya situación económica chocaba en seco con las ilusiones de Mateo. Para una familia de clase media en Lima, financiar unos estudios en Europa se escapa de las manos. No solo se trataba de dinero: Mateo arrastra desde niño un problema neurológico que requiere controles y tratamientos costosos, difíciles de sostener en su país. Por eso, como familia, entendieron que si él venía, alguien tenía que acompañarlo. Maribel lo haría.

El proceso no fue nada fácil. La vía de entrada en España para madre e hijo por igual es a través del estudio, que si bien es algo que ella siempre había querido retomar, es un procedimiento complejo. Maribel confiesa no haberse dado cuenta de la magnitud de su decisión hasta llegar a España. “Una cosa es pensarlo, otra muy diferente es hacerlo realidad”, dice. Hoy, además, su historia se cruza con el proceso extraordinario de regularización que el Gobierno ha puesto en marcha para personas ya residentes en España. Para ella, esa vía es la posibilidad de que el proyecto no quede suspendido en el aire.

Su nuevo comienzo en España tiene un nombre técnico: Grado Superior de Servicio en Restauración. De un día para otro, Maribel pasó de administrar su hogar en Lima a tomar apuntes sobre protocolos de servicio en Santander. En sus primeros días de clase, Maribel sentía un “muro”, entre ella y sus compañeros. Era la mayor de todos, rodeada de gente mucho más joven cuyos hábitos de estudio estaban más frescos. El pasar de los meses no hacía las cosas más sencillas: el frío del invierno arreciaba y los libros de estudio pesaban más. La idea de rendirse crecía cada día como una sombra que oscurecía sus pensamientos.

Fue por esos días de principios de enero cuando Maribel estaba más sumida en la que describe como su experiencia más difícil. Fue una crisis silenciosa. Decidió sobrellevarla sola para no trasladar la angustia a sus hijos, aunque Mateo, que es quien vive con ella, sí alcanzó a notar que algo no estaba del todo bien. Se sentía encerrada y contenida, como dentro de una jaula. Durante su crisis, el apoyo de su familia, y especialmente de su esposo, fue clave para darse cuenta de que tenía que de alguna manera encontrar una salida para escapar de su jaula: “Eso es lo que simboliza la puerta, la decisión de salir adelante”. Fue precisamente esto lo que enmarcó en la primera de sus cuatro fotografías para la exposición:

La Jaula

“Cuando las palabras se convierten en tormentas, solo una decisión lo cambiará”.

En su caminata de todos los días, entre el tren y el aula de clases, Maribel tiene 20 minutos muy suyos. Es un camino que le ayuda a pensar como ningún otro, y fue precisamente ahí donde encontró su segundo símbolo: su árbol. “Era pleno invierno y el árbol no tenía ya hojas”, relata. Con el paso de los días, no solo perdió el follaje, sino que las ramas empezaron a quebrarse y a quedar tiradas en el suelo.

“Me daba nostalgia, me sentía reflejada en él. Yo lo veía resiliente y firme frente al cambio, golpeado y cambiado, pero fuerte”. Ella también se sentía golpeada por el cambio de país, de clima y de rol social. La segunda fotografía de su serie captura ese proceso que vivió en invierno: la resiliencia de mantenerse firme frente a los cambios de ciclo.

Resiliencia

“Aún estoy aquí de pie”.

El viaje de Maribel ha sido uno de subidas y bajadas, pero que no puede entenderse en ningún momento sin la presencia y el apoyo de su familia. Para una mujer que durante décadas fue el eje central de un hogar en Lima, la migración ha supuesto un enorme cambio de rol: aprender a ser sostenida por quienes ella siempre sostuvo. Los esfuerzos conjuntos de su familia permiten las condiciones para que ella, cuando ya ha cumplido 54 años, pueda sentarse en un aula en Santander.

El primero de los factores en esta ecuación compleja es Mateo. Con 21 años y una condición de paciente de neurocirugía, es el compañero más cercano de Maribel, el único miembro de su familia que vive bajo su mismo techo actualmente. Ambos estudiantes: Mateo estudia mientras Maribel estudia.

También en Santander está Marilia, la hija mayor, que con 34 años a sus espaldas es quien ejerce de guía y de soporte para su propia madre. Es ella quien empujó en un principio tanto a Maribel como a Mateo a dar el gran paso, y es ella –junto con su familia en Santander– quien los ayuda a mantenerse a flote. “Ella me dice que yo puedo, que hay muchas personas que empiezan a estudiar mayores: me da la fuerza que a veces se me agota”, reconoce la madre.

Al otro lado del Atlántico, a través de la tecnología, Marcio, su hijo de 30 años, la ayuda con las materias desde Perú. Él le brinda a su madre un apoyo muy grande con sus estudios, explicándole las materias que ella ahora debe dominar.

Y al fondo, sosteniéndolo todo desde Lima, está su esposo. Él también se plantea migrar en un futuro cercano, pero que por ahora es el anclaje que permite que la mitad de su familia esté en otro continente buscando mejorar su futuro. Tras estos meses, Maribel dice estar “profundamente agradecida” con su esposo. “Son estos momentos cuando más se valora el apoyo tan fuerte que nos da”.

Esta red de afectos y esfuerzos coordinados es lo que Maribel quiso capturar en la tercera fotografía de su serie.

Aprendizaje

“Muchas veces me equivoqué, caí y volví a levantarme”.

Cuando el clima —el de fuera y el de dentro— empezó a dar algo de tregua, Maribel encontró en un amanecer de primavera su cuarta y última fotografía. “Para mí el mensaje de la naturaleza fue muy claro: siempre hay un día nuevo, un mañana para volver a empezar y ser mejor que ayer, así sea en lo más mínimo”.

Con esta última fotografía que Maribel decidió titular 'Esperanza', la madre cerró un proyecto en el que había diseñado durante semanas. Sus hijos no sabían del trabajo de su madre, y durante la presentación en la Universidad de Cantabria se llevaron la sorpresa, que los conmovió hasta las lágrimas.

Esperanza

“Alegras mi día de seguir caminando”.

El proceso de Maribel no ha llegado a ninguna meta definitiva. Hoy dice sentirse adaptada en un 70 u 80%, un porcentaje honesto que deja un margen generoso para la duda. A pesar de las risas que ahora comparte en clase, la distancia con su hijo y con su esposo sigue doliendo. A esto se suma el “ruido de fondo”: esas conversaciones que escucha ocasionalmente, donde se habla de la inmigración de manera despectiva. “Es imposible no sentirse aludida”, confiesa.

Sin embargo, su proceso le ha enseñado a desprenderse de sus ataduras: “Ya no me siento arraigada a ningún lugar”, dice con una seguridad nueva. Maribel ya no solo busca sobrevivir; ahora busca graduarse, trabajar y, si el destino lo pide, volver a mudarse. Con sus hijos encaminados y el apoyo de su esposo —ese pilar que sostiene su ausencia desde Lima y que, quién sabe, quizás en un futuro migre también—, se siente lista para abrazar una segunda etapa marcada por su libertad y crecimiento.

Como síntesis de todo este tránsito, Maribel elige una última imagen que lo engloba todo. “Esta no forma parte del reportaje, pero en ella caben todos los sentimientos que he experimentado”, destaca. Es la imagen que encabeza este reportaje.

En la foto, Emma sonríe. A su lado, Mario levanta la mano y dibuja con los dedos el símbolo de la victoria. La imagen llega por WhatsApp a primera hora de la mañana, después de pasar la noche a la intemperie. Han conseguido entrar en los servicios sociales municipales de Madrid y lo celebran. La desorganización del proceso les ha empujado a hacer horas de cola para solicitar el certificado de vulnerabilidad que necesitan para iniciar el proceso de regularización. Durante unas horas, creen que han resuelto el trámite que está entorpeciendo la medida. No era así, y lo sabrán dos días después.

Cuando el matrimonio acude a otra ventanilla del Ayuntamiento de Madrid para validar el documento se topan con una respuesta inesperada: no pueden emitir su informe de vulnerabilidad. Nos han dicho que no estamos empadronados en el municipio y, sin ese requisito, el informe no puede validarse“, dice Emma. Acaba de percatarse de que la madrugada en la calle no ha servido de nada. Toca empezar de nuevo: ”El Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que ir a una ONG“.

La exigencia del llamado informe de vulnerabilidad —exigido a los migrantes sin papeles que no vivan con hijos a cargo o no prueben una vinculación laboral anterior o futura— ha abierto un frente inesperado en el proceso de regularización. Este requisito es el principal responsable de las largas colas, noches a la intemperie o choques entre el Gobierno central y muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular. Su elaboración corresponde en primer lugar a los servicios sociales municipales pero, a sabiendas de que estos trámites suelen traer problemas, el Gobierno añadió la posibilidad de que estos documentos fuesen validados por las llamadas ONG colaboradoras, incorporadas a un listado oficial. Y, mientras muchas oficinas municipales aún no han empezado a emitir estos documentos o validan solo unas decenas al día, las ONG de pequeño y mediano tamaño, pese a sus escasos recursos, se desloman para entregar el mayor número de informes posible.

Tras el varapalo recibido en el Ayuntamiento de Madrid, tras horas de llamadas, derivaciones y puertas cerradas, Emma y Guillermo escuchan hablar de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Cuentan su caso, cuando la trabajadora de la organización asiente, suspiran. Emma agarra la carpeta que arrastra desde hace una semana por medio Madrid y gesticula su alegría contenida. Llegado su turno, Isabel, con cercanía, pregunta sobre su situación en España. Sin papeles, sin trabajo estable y con dificultades para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde viven, la ONG valida su certificado de vulnerabilidad. Emma y Guillermo clavan su mirada en el sello que la trabajadora estampa en el papel. Se miran cómplices y sonríen.

No es la concesión de la regularización. No es el registro de su petición. Es un simple formulario, un requisito de las decenas de documentos que tienen que presentar para optar al proceso extraordinario. Pero cuánto les ha costado conseguir el último papel que les queda para entregar su expediente a su abogado e iniciar el trámite. Tenían todo preparado desde hace semanas, y esta exigencia de última hora desbarató sus planes y les avivó el miedo de quedar excluidos de la medida.

Con el documento sellado en sus manos, Emma se emociona: “Hemos sufrido mucho, por eso agradecemos tanto tenerlo en nuestras manos por fin”. Mientras escucha a su esposa, Guillermo se rompe: “No entendemos como, hasta para una medida esta, nos hacen pasar por todo esto. Por qué lo ponen tan difícil de repente, por qué nos tienen que hacer pasar por tantas horas de cola, por ir de un lado a otro, casi suplicando, para conseguir este último requisito”, dice el salvadoreño, antes de abandonar la ONG entre decenas de palabras de agradecimiento.

Desde la semana pasada, la sede de la ONG Rumiñahui en Madrid amanece con cientos de personas esperando en su puerta. Tras la publicación de varios post en su Instagram que anuncian la emisión de cientos de certificados de vulnerabilidad cada día, se ha corrido la voz. La organización ha elaborado un sistema ágil para emitir de manera rápida, y obviamente gratuita, el mayor número de informes posibles. “Hemos habilitado varias salas y organizamos grupos de unas 80 personas. En ellas, durante una hora, les damos una charla. En grupo, les explicamos las distintas casuísticas de vulnerabilidad y, así, hablando en común, les vamos indicando la casilla que les corresponde marcar. Una vez comprobado todo, los validamos.

La organización está sacando adelante alrededor de 600 informes al día en cada sede. La oficina de servicios sociales de Puerta de Toledo, permite cada día realizar el trámite a unos 80. La ONG, apoyándose en trabajadores y voluntarios, atiende casos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, aunque no es su horario habitual. Según varios testimonios recabados, las oficinas de servicios sociales municipales que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para poder hacer dicho trámite, atienden estas peticiones hasta las 12 de la mañana aproximadamente, durante unas tres horas.

La misma organización, Rumiñahui, realizó este viernes una misión en Lorca, municipio con un alto porcentaje de población migrante, la mayoría empleada en el campo. “Hay unas mil personas en la cola, ya hemos validado unos 600 informes de vulnerabilidad”, explica por teléfono desde allí Vladimir Paspuel, presidente de la entidad, a elDiario.es. En otros lugares, muchos ayuntamientos aún no han empezado a sellar los informes, por lo que la labor está recayendo en muchas organizaciones que no dan de sí: “En Andalucía, nos estamos encontrando muchos municipios que directamente se niegan a realizar este documento, o dan citas para junio. No puede ser que las ONG, que además suelen ser las pequeñas o medianas, hagan más informes que los servicios sociales. Tienen que habilitar más recursos, sean del estado o municipales, para reforzar esa atención”, sostiene Diego Boza, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El 'Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar' de Sedoac suele abrir sus puertas solo de jueves a domingo para recibir a mujeres empleadas domésticas, a quienes apoyan a través de talleres o distintas actividades. Ahora, el espacio se ha convertido en una suerte de oficina de servicios sociales. En una sala, dan cita. En otra, sellan informes o registran expedientes urgentes. “Con todo esto, hemos ampliado el horario”, dice Edith Espínola, portavoz de Sedoac. Es martes, acaba de salir de una entrevista y mira el reloj apurada. Es su día libre en su trabajo y quiere aprovecharlo para sellar informes de vulnerabilidad y registrar algunas peticiones. “Tengo ya a gente esperando en la puerta”, dice antes de tomar un taxi para empezar cuanto antes. Ella es una de las integrantes más activas del movimiento que lleva seis años de lucha por la regularización, conoce lo que está en juego y el significado de cada papel.

Sentada en la mesa, empieza a atender a quienes esperaban. No son muchos. Aún no se ha corrido la voz de que Sedoac ha empezado a sellar el documento por el que cientos de personas hacen fila en los servicios sociales. Primero empezaron con las mujeres a las que atienden en sus proyectos, pero ya han abierto sus puertas para todo el que lo necesite. Espínola atiende cada caso sin importar el tiempo, conoce de primera mano lo farragoso del proceso y la importancia de comprender cada detalle. Además de sellar el documento, se interesa por el caso específico de quienes se sientan frente a ella.

Ante la falta de un sistema de coordinación estatal, estas organizaciones con escasos recursos van adaptándose en función de la demanda. Ese martes, Sedoac recibió a unas 30 personas. El miércoles fueron 150. El jueves, algo más. El viernes, la organización decidió rediseñar su sistema, exigiendo cita previa. Como saben que aunque el plazo finaliza el 30 de junio, no todos pueden esperar a registrar su petición, la organización permite cierta flexibilidad en determinados casos que requieran urgencia: como la previsible caducidad de otro de los documentos recopilados, como los antecedentes penales; o ante situaciones laborales específicas, como los complejos horarios de las empleadas domésticas internas.

“Tú te lo sabes mucho mejor que mi abogado, y le he pagado 300 euros. Él no responde mis dudas, y tú me lo explicas muy fácil, paso a paso”, se sorprende una mujer que llegó a este punto de casualidad y se fue con su informe validado después de varios días en una suerte de juego de la oca en busca del certificado de vulnerabilidad. Espínola, con cierto sonrojo y humildad, baja la mirada y sonríe: “Bueno, es que yo he pasado por esto, lo he vivido”, responde la paraguaya. La activista vivió durante seis años en España sin papeles y se enfrentó al enjambre de trámites exigidos para lograr un permiso de residencia. Sabe de lo que habla.

Hay cosas que, aunque ocurran lejos, terminan tocándonos muy de cerca.

En nuestras escuelas de Castilla-La Mancha todo parece seguir su ritmo: los niños entran, aprenden, juegan, crecen… Pero, cada vez más, entre ellos hay alumnos que llegan con historias difíciles de imaginar. Niños que han tenido que dejar su casa, su colegio, sus amigos. Niños que no entienden del todo qué ha pasado, pero que sí saben que algo importante se ha roto.

Y entonces surge una pregunta que nos interpela como docentes y como personas: ¿cómo ayudarles a volver a empezar?

La escuela como lugar donde volver a sentirse seguro

Aquí, en nuestra tierra, la escuela sigue siendo un lugar seguro. Y eso, aunque a veces no lo valoremos lo suficiente, es algo muy grande. Para muchos de estos niños que llegan de otros países, el colegio es el primer sitio donde vuelven a sentir cierta normalidad. Donde alguien les llama por su nombre, donde hay una rutina, donde poco a poco vuelven a confiar.

Los planes de acogida, el apoyo con el idioma o la atención a sus necesidades no son solo recursos educativos. Son gestos de humanidad. Son la manera de decirles: “estás a salvo, puedes empezar de nuevo”. Y ahí el papel del profesorado es inmenso. No solo enseñamos contenidos. Escuchamos silencios, respetamos tiempos, acompañamos sin invadir. A veces, simplemente, estamos.

Lo que vemos aquí es solo una parte

Lo que ocurre en nuestras aulas es solo una pequeña ventana a una realidad mucho más dura. En muchos lugares del mundo, la escuela ha dejado de existir como la conocemos. O peor aún, se ha convertido en un lugar peligroso.

Cuando hablamos de una “educación secuestrada”, hablamos de niños a los que no solo se les quita la escuela, sino también la posibilidad de soñar con un futuro.

En Sudán, millones de niños llevan meses sin poder ir a clase. En Ucrania, aprender significa muchas veces hacerlo en refugios, bajo tierra. En Gaza, las escuelas han dejado paso a espacios de supervivencia. En Afganistán, las niñas han sido apartadas de la educación, como si su futuro no importara.

En Irán, la situación de las niñas nos duele especialmente. Durante un tiempo, muchas familias vivieron con miedo por lo que ocurría en las escuelas. Y, con el conflicto reciente, ese miedo se ha hecho aún más real.

Una escuela de niñas fue alcanzada en los primeros momentos de la guerra que iniciaron Trump y Netanyahu. Niñas que estaban donde deberían estar —aprendiendo— se convirtieron en víctimas.

Más allá de la política, hay algo que no admite discusión: ningún niño debería correr peligro por ir al colegio.

Cuando todo se rompe

Para quienes se ven obligados a huir, la educación se rompe en pedazos. Primero, dejan su escuela sin despedirse. Después, pasan tiempo sin aprender, sin rutina, sin estabilidad. Y cuando llegan a otro país, empieza lo más difícil: adaptarse, entender un idioma nuevo, sentirse parte de algo. Y es ahí donde nuestras escuelas, aquí en Castilla-La Mancha, cobran aún más sentido.

Estar fuera de la escuela no es solo perder clases. Es perder seguridad, confianza, hábitos, ilusión. Son heridas silenciosas que tardan mucho en curar.

En medio de tanta dificultad, hay personas que no se rinden. Maestros que enseñan en tiendas de campaña, voluntarios que llevan materiales, organizaciones que intentan que ningún niño se quede sin aprender. Pero no es suficiente.

Lo que todavía falta

A la educación se le dedica muy poca ayuda en comparación con otras necesidades urgentes. Y, sin embargo, es lo que puede cambiarlo todo a largo plazo. Porque educar no es solo enseñar. Es proteger, es prevenir, es construir futuro.

Puede parecer que todo esto nos queda lejos, pero no es así. Cada vez que en una clase de Castilla-La Mancha un niño se siente acogido, comprendido y acompañado, estamos haciendo algo importante. Estamos enseñando algo que no viene en los libros: humanidad. Quienes hemos sido maestros sabemos que la educación no es solo una profesión. Es una forma de estar en el mundo.

Por eso, duele ver cómo se pierde en tantos lugares.

Pero también reconforta pensar que, mientras haya una escuela abierta, mientras haya alguien dispuesto a enseñar y a cuidar, siempre habrá un poco de esperanza. Porque, al final, cada niño que vuelve a aprender es una historia que vuelve a empezar.

Dicen que la regularización extraordinaria está dirigida a delincuentes y yo veo a Sandy. La mujer colombiana, solicitante de asilo, espera desde hace dos años la resolución de su petición. Ha cuidado a una decena de ancianos españoles y, aunque le encanta su oficio de enfermera, está agotada. A punto estuvo de volver a su país por la explotación sufrida en varias viviendas donde trabajó como interna. Han abusado de ella tantas veces que se plantea cambiar de profesión o, al menos, sacarla del opaco espacio del trabajo doméstico. Presentó su solicitud el primer día en que entró en vigor la regularización. No quería esperar. Piensa que una tarjeta de residencia más estable le permitirá luchar más por sus derechos. 

Dicen que son delincuentes y yo veo a Jaqueline detrás de un carrito de bebé. Es salvadoreña y vive en España desde hace 16 años, pero no tiene papeles. Los tuvo, durante un año, pero no logró cotizar el mínimo para renovar su tarjeta. “Me quedé embarazada y por tres días no cumplí con lo que pedían”, me cuenta la mujer, madre de tres hijos, a las puertas de Correos, uno de los puntos principales para solicitar presencialmente la regularización. Mientras registraba su petición, Jaqueline pensaba en su madre.

La falta de permiso de residencia le ha impedido verla en 16 años porque no puede salir del país. Ninguno de sus tres hijos conoce a su abuela. Si en unas semanas recibe una respuesta positiva, ahorrará para intentar volver a El Salvador y volver a comer las pupusas de su madre.

Dicen que son criminales y conozco a Mohamed sentado a las 2 de la mañana sentado frente a una oficina de servicios sociales de Madrid. El marroquí ha recorrido ya varios puntos de la ciudad para conseguir el certificado de vulnerabilidad, un documento exigido a los migrantes sin papeles para pedir la regularización, el que está generando largas colas en distintos puntos de España. El joven, de Tánger, llegó a Madrid hace un año y ya habla perfecto español. Con papeles, trabajó a través de una empresa de empleo temporal, sin contrato pero dado de alta, en restaurantes lujosos, como el del Hotel Riu. Aunque no fuese estable, dice, le encantaba su empleo, los distintos lugares y personas que conocía. Desde que perdió su permiso de residencia no ha podido trabajar. Lo echa de menos. 

En algún lugar estarán diciendo que se regularizará a delincuentes, cuando Mara me pregunta si puede contarme algo personal. Está temblando y nos vamos a un lugar tranquilo. Se rompe al describir el susto que tuvo hace unos días. Creía ir a una entrevista de trabajo, pero algo raro le hizo sospechar y acabó escapándose a la carrera ante el miedo de que se tratase de una red de explotación. Vio varias señales que no le gustaron y corrió en busca de un lugar seguro. Ahora no se siente tranquila ni en su casa. La oferta de trabajo la encontró en una iglesia. Necesita sentirse más protegida en su ambiente laboral. Cree que puede lograrlo con la regularización. 

Dicen que son delincuentes y paso varias horas de la madrugada con un grupo de migrantes que hacen noche para conseguir el trámite que atasca el proceso de muchos. Entre ellos organizan lo que no organiza el ayuntamiento de turno, en este caso el de Madrid. También se ayudan. Uno ha llevado una garrafa llena de café que va repartiendo entre la fila de personas compuestas por distintas nacionalidades, la gran mayoría procedentes de Latinoamérica. Otra joven ha comprado dulces y los distribuye. Muchos se aconsejan unos a otros sobre los trámites que les quedan y comparan los precios de sus abogados. Después de no dormir en toda la noche, después de ser maltratados por un sistema que les obliga a esperar por un trámite en condiciones indignas hasta en un proceso que trata de otorgarles derechos, me envía una fotografía. Están ojerosos, pero sonríen. “Lo hemos conseguido”, dice Brayan. 

Las redes de apoyo, más fuertes

Dicen que este proceso promueve la criminalidad, pero, desde la entrada en vigor de la regularización, en la calle se vive un impulso de la solidaridad que emociona. También están quienes abusan y se aprovechan para enriquecerse de la desesperación ajena, pero son más quienes suman. Esas redes de apoyo entre vecinos españoles y extranjeros, esos voluntarios que buscan la manera de ayudar, quienes prestan el certificado digital del que carecen las personas sin papeles para registrar sus solicitudes; esa gente que reparte comida y café en las colas frente a los servicios sociales. 

Prefiero mirar a Hassan, un bangladesí que viene desde Valencia para ayudar a sus compatriotas con los trámites y, sentado en una terraza de un restaurante de kebab, empieza a acumular decenas de carpetas con expedientes a regularizar. O a Gabriela, una mujer peruana que después de conseguir zanjar un trámite con la ayuda de la ONG Sedoac, se queda toda la mañana rellenando papeles para ayudar a la organización que acaba de apoyarla. O a Mohammad quien, una vez sellado el certificado que buscaba desesperado desde hace días, en vez de irse a casa a descansar, se ofrece voluntario para aportar lo que puede: hacer de intérprete del bengalí al inglés y, así, echar una mano al resto de la comunidad de Bangladesh.

Está pasando en nuestros barrios. Si no lo veis, abrid los ojos; os lo estáis perdiendo. Si ni aun así encontráis estas escenas, podéis ser vosotros quienes extendéis la mano a vuestras vecinas o las organizaciones colaboradoras que, desbordadas, tratan de que nadie se quede fuera de la regularización que tantos años ha costado sacar adelante. Tienen hasta el 30 de junio para superar una yincana burocrática. Cualquier apoyo lo agradecerán.

Dicen que entre ellos se regularizará criminales y mienten: todos deben presentar un certificado que prueba que carecen de antecedentes penales en sus países y sortear dos filtros más sobre su situación jurídica y policial en España. Alberto Núñez Feijóo también dice que el proceso de regularización es “inhumano, injusto e insostenible”, pero somos más quienes pensamos que reconocer los derechos de quienes ya viven con nosotros supone todo lo contrario. 

El vídeo de la semana

Sus historias y particularidades chocan con la masa única en la que a veces intentan transformarlos. Estas son algunas de las más de 100.000 personas que ya han registrado su solicitud de regularización. Solo escuchándolas, los bulos de la derecha caen por su propio peso.

Muchas gracias por saber que esto es importante. Hasta el próximo boletín de Desalambre, dentro de 15 días.

Un abrazo,

Gabriela.

L'Ajuntament de Palma ha reconegut que van existir indicacions polítiques en la decisió de no reforçar el personal de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) en ple procés de regularització de persones migrants, un fet que diversos funcionaris de l'àrea de Serveis Socials van denunciar la setmana passada en un comunicat. Des del Consistori, governat per PP i Vox, justifica el seu plantejament en la intenció que la resta de serveis que ofereix la corporació municipal no veiessin minvada la seva capacitat d'acció i funcionessin amb normalitat.

Durant la Comissió de Serveis a la Ciutadania celebrada aquest dijous al Consistori, la coordinadora de Serveis Socials de Cort, Patricia Pizà, que va comparèixer a petició d'Unides Podem, va assenyalar que es van donar instruccions des de la direcció política per no reforçar les OAC malgrat l'increment de la càrrega de treball, encara que no va aclarir qui les va donar, tal com informa Diario de Mallorca. En declaracions a elDiario.es, fonts de l'Ajuntament precisen, sense desmentir aquesta informació, que el servei compta amb cinc treballadors i que s'han ajustat els horaris per atendre la demanda, si bé s'ha descartat reforçar-lo en considerar que implicaria desatendre altres àrees.

La decisió hauria respost així, segons la corporació municipal, a un criteri d'organització interna per evitar descompensar altres serveis considerats igualment prioritaris i equilibrar les diferents necessitats del conjunt de la ciutadania.

Segons va explicar a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, qui va ser present a la comissió, Pizà no va respondre a “pràcticament res” durant la seva primera intervenció. Després que els grups municipals de l'esquerra li reformulessin les preguntes, la coordinadora de Serveis Socials va admetre que es van donar -en paraules de l'ecosobiranista-, “instruccions o directrius polítiques” per no reforçar les OAC malgrat l'increment de la càrrega de treball, encara que no va precisar qui les va donar.

En aquest sentit, l'Ajuntament insisteix que continua prestant el servei i tramitant les sol·licituds dins les seves capacitats actuals, alhora que assenyala que el procés de regularització depèn en gran mesura de la planificació estatal.

Des de l'oposició d'esquerres, tanmateix, qüestionen la decisió de no reforçar el servei en aquest context i dóna per acreditades les ordres polítiques de no reforçar les oficines davant l'augment de la demanda derivat de l'expedició d'informes de vulnerabilitat per a la regularització extraordinària de persones migrants.

El dimarts passat, el Govern central va acusar a més el PP de “boicotegar” els tràmits que necessiten els migrants per accedir a la regularització extraordinària impulsada des de la Moncloa impedint que els ajuntaments governats pel partit d'Alberto Núñez Feijóo realitzin les gestions oportunes. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de migracions i portaveu de l'Executiu va assegurar que hi ha “ajuntaments que seguint directrius polítiques del PP estan boicotejant les esperances i els drets” dels migrants.

Els veïns de Palma que esperen el seu torn davant les oficines de l'OAC busquen, en la majoria dels casos, un certificat de vulnerabilitat social. És un dels documents essencials per a qualsevol migrant que vulgui iniciar la seva regularització. El procés va començar el dimecres de la setmana passada després que el Govern aprovés per Reial Decret en l'últim Consell de Ministres concedir permís de residència als extracomunitaris que puguin demostrar arrelament a Espanya i no tinguin antecedents penals.

La nota dels funcionaris assegurava que, davant les cues que començaven a formar-se, “l'equip directiu” de l'OAC va activar “mesures de reforç de personal amb l'objectiu de garantir una atenció adequada i el compliment dels terminis establerts”. Segons continuava el text, aquell mateix matí hi va haver ordres de “no reforçar el servei, deixant tota la gestió d'aquest volum extraordinari en mans únicament de les professionals habituals de l'OAC Social”. 

Poc després que els mitjans rebessin l'escrit dels funcionaris, el batle de Palma, Jaime Martínez, sense fer esment a la nota, va asseverar que “no es pot entrar en aquesta ciutat per la porta del darrere”. Segons les dades aportades en la comissió, i que recull Última Hora, les oficines municipals han rebut ja prop de 4.000 sol·licituds per a l'emissió de certificats de vulnerabilitat, un requisit essencial en alguns casos del procés de regularització. Tanmateix, moltes d'elles encara no han començat a tramitar-se a causa de la manca de recursos humans.

El Govern balear del PP ha evitat alinear-se explícitament amb la proposta de “prioritat nacional” plantejada aquesta setmana per Vox al Parlament i ha optat per defensar les mesures ja pactades amb la formació d'extrema dreta a les illes, basades en criteris de residència per accedir a prestacions socials, habitatge públic o ajudes. L'Executiu de Marga Prohens s'empara en un model que, en lloc d'introduir diferències explícites entre ciutadans espanyols i estrangers, vincula l'accés als recursos públics a l'arrelament i al compliment de requisits administratius.

“Nosaltres no contribuirem a aquest debat. Nosaltres direm el que farem i hem fet a Balears”, ha asseverat el portaveu i vicepresident primer de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, qui ha precisat que el concepte que el Govern té a les illes “és molt clar”: “Exigirem tres anys de residència legal a Balears per poder tenir dret a la renda social garantida i seguirem per aquesta via”, ha recalcat, marcant distàncies amb l'enfocament de Vox basat en la nacionalitat.

Si bé ha evitat pronunciar-se de forma directa sobre la Proposició No de Llei (PNL) registrada el passat dimecres per la formació d'extrema dreta, en què els de Santiago Abascal plantegen que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques, el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha defensat que la intenció del Govern és una cosa de “sentit comú”, que és “prioritzar la gent d'aquí”. “I prioritzar la gent aquí significa facilitar el seu habitatge amb criteris de residència”, ha incidit.

Com a conseqüència d'això, ha avançat que si la iniciativa de Vox -dels quals detalls ha assegurat no haver llegit- està plantejada en aquests termes, el Govern “no tindrà inconvenient a votar a favor”. “En canvi, si està plantejada en altres termes, no puc donar una resposta perquè sincerament no he llegit la proposta”, ha afirmat.

Per la seva banda, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, també ha eludit el debat conceptual plantejat per Vox, insistint que l'Executiu autonòmic se centra en mesures “efectives” ja en marxa o que preveu impulsar.

“Un dels acords que nosaltres sí que tenim amb Vox, que és un acord signat i que segurament es materialitzarà en unes setmanes, és exigir tres anys de residència legal, tant per accedir a la renda social garantida com per accedir a la renda d'emancipació”, ha abundat, precisant que el requisit de la residència també s'exigeix per percebre altres rendes com l'ingrés mínim vital -per al qual es demanen tres anys de residència- o per poder accedir a un habitatge de caràcter social -cinc anys-.

“El que tenim clar és que hem de posar ordre en les prestacions que hem d'exigir i, evidentment, amb uns requisits mínims per poder accedir. Això és el que hem fet i ens quedem amb la practicitat i amb les mesures que hem impulsat des del Govern”, ha afegit Fernández.

A més d'exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder obtenir la renda social garantida (Resoga), l'acord al qual ha al·ludit la consellera contempla que els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de feina, amb risc de perdre la prestació en cas contrari. També s'enduriran els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques, una modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar l'“efecte crida”.

Per la seva banda, l'objectiu de la proposta que Vox va presentar el passat dimecres passa, segons el text, per “garantir la sostenibilitat de l'Estat de benestar” i prioritzar els qui “sustenten i conformen la comunitat nacional”. En roda de premsa per anunciar la iniciativa, la portaveu parlamentària del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas, va defensar que es tracta d'una mesura “elemental”: “Els espanyols tenen preferència en l'accés als serveis públics. Una cosa tan bàsica fa vergonya haver de demanar-la”, va etzibar.

La iniciativa replica el plantejament que Vox defensa a nivell estatal. De fet, la formació ha posat com a exemple el recent acord assolit a Extremadura, on el PP ha acceptat incorporar aquest principi en l'accés a determinades ajudes. “El PP a Extremadura ja ho ha acceptat. El que es pot fer allà es pot aconseguir a les Balears i a la resta d'Espanya”, va subratllar Cañadas.

El text registrat va més enllà d'una declaració política i recull mesures concretes com la repatriació d'immigrants en situació irregular, la limitació de l'accés al sistema sanitari públic -llevat en casos d'urgència- o la reserva d'ajudes socials i habitatge per a ciutadans espanyols. Així mateix, la PNL insta el Govern central a derogar recents reformes en matèria d'estrangeria i sanitat, en considerar que afavoreixen la regularització d'immigrants i augmenten la pressió sobre els serveis públics.

El Ayuntamiento de Palma ha reconocido que existieron indicaciones políticas en la decisión de no reforzar el personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) en pleno proceso de regularización de personas migrantes, un hecho que varios funcionarios del área de Servicios Sociales denunciaron la semana pasada en un comunicado. Desde el Consistorio, gobernado por PP y Vox, justifica su planteamieno en la intención de que el resto de servicios que ofrece la corporación municipal no vieran mermada su capacidad de acción y funcionaran con normalidad.

Durante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada este jueves en el Consistorio, la coordinadora de Servicios Sociales de Cort, Patricia Pizà, quien compareció a petición de Unidas Podemos, señaló que se dieron instrucciones desde la dirección política para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no aclaró quién las dio, tal como informa Diario de Mallorca. En declaraciones a elDiario.es, fuentes del Ayuntamiento precisan, sin desmentir esta información, que el servicio cuenta con cinco trabajadores y que se han ajustado los horarios para atender la demanda, si bien se ha descartado reforzarlo al considerar que implicaría desatender otras áreas.

La decisión habría respondido así, según la corporación municipal, a un criterio de organización interna para evitar descompensar otros servicios considerados igualmente prioritarios y equilibrar las distintas necesidades del conjunto de la ciudadanía.

Según explicó a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, quien estuvo presente en la comisión, Pizà no respondió a “prácticamente nada” durante su primera intervención. Después de que los grupos municipales de la izquierda le reformularan las preguntas, la coordinadora de Servicios Sociales admitió que se dieron -en palabras del ecosoberanista-, “instrucciones o directrices políticas” para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no precisó quién las dio.

En este sentido, el Ayuntamiento insiste en que continúa prestando el servicio y tramitando las solicitudes dentro de sus capacidades actuales, al tiempo que señala que el proceso de regularización depende en gran medida de la planificación estatal.

Desde la oposición de izquierdas, sin embargo, cuestionan la decisión de no reforzar el servicio en este contexto y da por acreditadas las órdenes políticas de no reforzar las oficinas ante el aumento de la demanda derivado de la expedición de informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de personas migrantes.

El pasado martes, el Gobierno central acusó además al PP de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo realicen las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo aseguró que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó el miércoles de la pasada semana después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales.

La nota de los funcionarios aseguraba que, ante las colas que comenzaban a formarse, “el equipo directivo” de la OAC activó “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continuaba el texto, esa misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”. 

Poco después de que los medios recibieran el escrito de los funcionarios, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, sin hacer mención a la nota, aseveró que “no se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”. Según los datos aportados en la comisión, y que recoge Última Hora, las oficinas municipales han recibido ya cerca de 4.000 solicitudes para la emisión de certificados de vulnerabilidad, un requisito esencial en algunos casos del proceso de regularización. Sin embargo, muchas de ellas aún no han comenzado a tramitarse debido a la falta de recursos humanos .

El Govern balear del PP ha evitado alinearse explícitamente con la propuesta de “prioridad nacional” planteada esta semana por Vox en el Parlament y ha optado por defender las medidas ya pactadas con la formación de extrema derecha en las islas, basadas en criterios de residencia para acceder a prestaciones sociales, vivienda pública o ayudas. El Ejecutivo de Marga Prohens se ampara en un modelo que, en lugar de introducir diferencias explícitas entre ciudadanos españoles y extranjeros, vincula el acceso a los recursos públicos al arraigo y al cumplimiento de requisitos administrativos.

“Nosotros no vamos a contribuir a este debate. Nosotros vamos a decir lo que vamos a hacer y hemos hecho en Balears”, ha aseverado el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha precisado que el concepto que el Govern maneja en las islas “es muy claro”: “Vamos a exigir tres años de residencia legal en Balears para poder tener derecho a la renta social garantizada y vamos a seguir por esta vía”, ha recalcado, marcando distancias con el enfoque de Vox basado en la nacionalidad.

Si bien ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la Proposición No de Ley (PNL) registrada el pasado miércoles por la formación de extrema derecha, en la que los de Santiago Abascal plantean que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido que la intención del Govern es algo de “sentido común”, que es “priorizar a la gente de aquí”. “Y priorizar la gente aquí significa facilitar su vivienda con criterios de residencia”, ha incidido.

Como consecuencia de ello, ha avanzado que si la iniciativa de Vox -cuyos detalles ha asegurado no haber leído- está planteada en estos términos, el Govern “no tendrá inconveniente en votar a favor”. “En cambio, si está planteada en otros términos, no puedo dar una respuesta porque sinceramente no he leído la propuesta”, ha afirmado.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, también ha eludido el debate conceptual planteado por Vox, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico se centra en medidas “efectivas” ya en marcha o que prevén impulsarse.

“Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox, que es un acuerdo firmado y que seguramente se materializará en unas semanas, es exigir tres años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación”, ha abundado, precisando que el requisito de la residencia también se exige para percibir otras rentas como el ingreso mínimo vital -para el que se piden tres años de residencia- o para poder acceder a una vivienda de carácter social -cinco años-.

“Lo que tenemos claro es que debemos poner orden en las prestaciones que debemos exigir y, evidentemente, con unos requisitos mínimos para poder acceder. Eso es lo que hemos hecho y nos quedamos con la practicidad y con las medidas que hemos impulsado desde el Govern”, ha añadido Fernández.

Además de exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), el acuerdo al que ha aludido la consellera contempla que los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Por su parte, el objetivo de la propuesta que Vox presentó el pasado miércoles pasa, según el texto, por “garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar” y priorizar a quienes “sostienen y conforman la comunidad nacional”. En rueda de prensa para anunciar la iniciativa, la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, defendió que se trata de una medida “elemental”: “Los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos. Algo tan básico da vergüenza tener que pedirlo”, espetó.

La iniciativa replica el planteamiento que Vox defiende a nivel estatal. De hecho, la formación ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura, donde el PP ha aceptado incorporar este principio en el acceso a determinadas ayudas. “El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer allí se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, subrayó Cañadas.

El texto registrado va más allá de una declaración política y recoge medidas concretas como la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la limitación del acceso al sistema sanitario público -salvo en casos de urgencia- o la reserva de ayudas sociales y vivienda para ciudadanos españoles. Asimismo, la PNL insta al Gobierno central a derogar recientes reformas en materia de extranjería y sanidad, al considerar que favorecen la regularización de inmigrantes y aumentan la presión sobre los servicios públicos.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, han mantenido el 'cara a cara' de mayor voltaje político en una sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco ahora que se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. ¿El tema? La política migratoria, que va ganando espacio en la agenda pública vasca. Otxandiano ha acusado a Pradales de haber dinamitado la “unidad” detrás del pacto vasco migratorio al haber impulsado dar la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza incluso con su socio el PSE-EE en contra y algunos alcaldes del PNV, como el de Bilbao. Y Pradales ha replicado comparando el comportamiento de EH Bildu con el de la “extrema derecha”, que luego se ha valido de esos mismos datos para atacar a las personas que se están “importando” últimamente.

Otxandiano ha ofrecido en el pleno un estilo diferente al de otras de sus intervenciones. En primer lugar, ha empleado casi exclusivamente el castellano en todo momento, con apenas algunas frases en euskera. En segundo lugar, se ha guardado tiempo para la réplica, a diferencia de lo sucedido en sesiones de control anteriores, para seguir lanzando dardos contra Pradales.

Desde el inicio, Otxandiano ha insistido en que el PNV “ha roto el pacto vasco de migración” que heredó de la pasada legislatura. Se refería a la decisión de la Ertzaintza de ofrecer en sus notas informativas datos de origen de los arrestados. Es algo que han copiado otros cuerpos como la Policía de Donostia, pero no ha ocurrido así con las de Bilbao y Barakaldo, ambas controladas por el PNV, o la de Vitoria, con alcaldesa del PSE-EE. Los socialistas han criticado desde el Gobierno vasco esta decisión de sus socios en el Ejecutivo. Las voces críticas han llegado incluso de mandos de la Policía Nacional, que lo ven completamente innecesario para luchar contra la criminalidad. El Ararteko analiza este cambio de criterio porque, en su momento, consideró que era algo que alimentaba la estigmatización de determinados colectivos.

El portavoz de EH Bildu ha recordado a Pradales que “allá donde las encuestas muestran más sensación de inseguridad”, en referencia a Bilbao y Barakaldo, los alcaldes nacionalistas “no comparten” la visión del Gobierno vasco. “Han roto la unidad”, ha insistido Otxandiano, leyendo un fragmento del apartado segundo del pacto migratorio. “Usted es lehendakari de todos los vascos y vascas. No puede desdeñar la opinión mayoritaria de este Parlamento. Mezclar la inmigración con la seguridad tiene riesgos. Hay una estratega de la derecha extrema que se quiere valer de esto. Esto se puede escapar de las manos. Volvamos al espacio de consenso”, ha dicho en castellano Otxandiano.

En el primer turno, Pradales ha dicho estar “de acuerdo” con el “criterio” de informar del origen de los detenidos. “El mundo no se ha puesto patas arriba desde que se da esta información”, ha justificado. En el segundo, se ha extendido un poco más: “Este Gobierno no rehúye ningún debate que esté en la calle, por muy incómodo que sea. Vamos a afrontar la realidad”. Ha considerado que la sociedad es “adulta” y que “exige disponer de información objetiva”, “sin controles ni paternalismos”. “Ustedes disponen de toda la información de las personas detenidas, ¿por qué quieren ocultársela a la sociedad? Ha mezclado los conceptos. Me ha recordado usted a lo que hace la extrema derecha en la Cámara. Ha querido enredar y polarizar”, ha apostillado.

Después, ha contado que en Semana Santa leyó un libro de Cas Mudde, politólogo neerlandés,. Era sobre la extrema derecha. Y se explicaba que “el populismo es simplista” y que buscar diferenciar entre un pueblo “puro” y una “elite corrupta” ('ustela', en euskera). Y ha preguntado a EH Bildu si se considera el único representante “puro” de la ciudadanía vasca y considera al Gobierno de PNV y PSE-EE como esa “elite corrupta”. El lehendakari ha sugerido que EH Bildu busca meter cuña entre los socios, también en el debate sobre la reforma de la ley del euskera.

La “prioridad nacional”

El debate migratorio ha seguido marcando la sesión de control. Desde la bancada del PP, Javier de Andrés ha manifestado que los miles de hispanoamericanos que están llegando no disponen de modelos educativos en castellano y se ven forzados a hacerlo en euskera. Pero, sobre todo, Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox, se ha valido precisamente de los datos facilitados por la Ertzaintza para sentenciar que en Euskadi se están “importando” personas, como si fueran objetos, de países que “distan mucho” de los valores vascos. “Existe una correlación directa” entre algunos países que ella ha mencionado con el incremento de delitos, ha sentenciado Martínez Grisaleña.

En su caso, el debate ha sido con el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. El consejero del PNV ha iniciado su contestatación a Vox exponiendo que la “prioridad nacional” vasca es la “acogida humanitaria a quien ha venido a Euskadi y quiere vivir en paz” y “dureza y máxima exigencia con quien delinque, tenga origen extranjero o sea de aquí”. “Me ha gustado su entrada. Prioridad nacional. Me suena [...] No es racismo. Es realismo [...]. Sin complejo a alguno a llamar las cosas por su nombre”, se ha congratulado la representante de la ultraderecha. Después, ha escuchado de Zupiria que “Euskadi es una de las comunidades más seguras del Estado español”. Pradales también ha dicho que en Euskadi no se le tiene “miedo” a Vox.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamat aquest dijous l'activació d'una contingència migratòria preventiva per frenar l'arribada de menors migrants procedents de Canàries, Ceuta i Melilla, alhora que ha demanat accelerar les repatriacions d'aquells que mantenen contacte amb les seves famílies.

La petició s'ha produït després de la reunió mantinguda al Consolat amb la ministra d'Infància i Joventut, Sira Rego, en una trobada en què també han participat els consells insulars. La líder balear ha traslladat a la ministra la “situació límit” que travessa el sistema de protecció de menors a Balears, tensionat per l'increment d'arribades en els últims anys.

Davant les reclamacions de Prohens, la ministra ha asseverat que “no hi ha contingència a la carta”, defensant que el model de repartiment de menors migrants no acompanyats entre comunitats autònomes és una “història d'èxit”. Tal com ha subratllat, el reial decret ha permès tramitar sense incidències uns 1.500 expedients, asseverant que el sistema prioritza la coordinació entre territoris i l'adaptació a la seva capacitat d'acollida.

La contingència migratòria és una figura amb la qual el decret per a la derivació dels menors habilita les comunitats autònomes que es declarin saturades a reubicar-los en altres regions. Per cursar aquest mecanisme, les autonomies han de triplicar la seva capacitat ordinària d'acollida, cosa que no succeeix en el cas de Balears: per obtenir-la hauria de superar els 1.218 nens i adolescents migrants acollits, un 45% més dels que atén en l'actualitat.

Durant la reunió, la presidenta autonòmica ha explicat que les illes tutelen 733 menors migrants no acompanyats, la qual cosa suposa prop de dos terços del total de menors sota protecció. Encara que aquesta xifra excedeix en 327 places la capacitat ordinària, la qual cosa suposa una sobreocupació superior al 80%, no arriba a triplicar-la, requisit exigit pel decret per activar el mecanisme.

Amb tot, l'Executiu autonòmic i els Consells Insulars han reclamat no solament frenar els trasllats des d'altres territoris, sinó també més finançament estatal per sostenir el sistema. Segons Prohens, els 7,8 milions transferits pel Govern resulten “clarament insuficients” davant l'increment de la pressió assistencial. En paral·lel, han sol·licitat poder recórrer a romanents per afrontar despeses extraordinàries i la retirada de l'últim decret estatal que eleva la capacitat teòrica d'acollida a Balears fins a les 434 places, cosa que, al seu parer, dificulta l'activació de mecanismes de contingència.

La resposta de Rego ha estat contundent. “No hi ha una contingència a la carta”. La ministra ha defensat el reial decret aprovat pel Govern -concebut per distribuir els menors entre comunitats en funció d'indicadors objectius- com “una història d'èxit” i ha apuntat que el text té en compte la situació de cada territori per evitar una major sobrecàrrega.

En aquesta línia, ha considerat “curiós” que Balears critiqui el decret i, al mateix temps, vulgui acollir-s'hi per frenar el repartiment. La ministra ha insistit que no és raonable que cada comunitat determini unilateralment si està saturada, incidint que el model ja preveu no derivar menors a aquells territoris amb els serveis més tensionats.

En relació amb la petició d'accelerar repatriacions, la ministra ha recordat que qualsevol actuació ha de regir-se pel dret internacional i l'interès superior del menor, i ha deixat entendre que aquest tipus de propostes s'emmarquen en acords amb l'extrema dreta.

El passat mes de setembre, el Govern central ja va denegar la petició de Balears d'acollir-se a la contingència migratòria, tal com va anunciar la pròpia Prohens durant una de les seves intervencions en el ple del Parlament balear, en la qual va assegurar que el seu gabinet recorreria “a totes vies” al seu abast per frenar la derivació de menors migrants no acompanyats a les illes.

Un mes després, el Tribunal Suprem va desestimar la primera sol·licitud de mesura cautelaríssima per suspendre els trasllats presentada pel Govern. Segons informava l'alt tribunal, no s'aprecia la concurrència de circumstàncies d'especial urgència que requereixi una suspensió cautelarísima i ordenava la tramitació de l'incident pel procediment ordinari.

Prohens ha aprofitat la trobada per traslladar a la ministra la necessitat de reformar la Llei de protecció de la infància amb l'objectiu d'ampliar els delictes que recull l'article 57 i incloure el delicte d'assetjament quan es comet sobre menors per excloure les persones condemnades per aquests fets de l'accés a professions que impliquen contacte amb menors .

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamado este jueves la activación de una contingencia migratoria preventiva para frenar la llegada de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, al tiempo que ha pedido acelerar las repatriaciones de aquellos que mantienen contacto con sus familias.

La petición se ha producido tras la reunión mantenida en el Consolat con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en un encuentro en el que también han participado los consells insulares. La líder balear ha trasladado a la ministra la “situación límite” que atraviesa el sistema de protección de menores en Balears, tensionado por el incremento de llegadas en los últimos años.

Frente a las reclamaciones de Prohens, la ministra ha aseverado que “no hay contingencia a la carta”, defendiendo que el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas es una “historia de éxito”. Tal como ha subrayado, el real decreto ha permitido tramitar sin incidencias unos 1.500 expedientes, aseverando que el sistema prioriza la coordinación entre territorios y la adaptación a su capacidad de acogida.

La contigencia migratoria es una figura con la que el decreto para la derivación de los menores habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicarlos en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad.

Durante la reunión, la presidenta autonómica ha explicado que las islas tutelan a 733 menores migrantes no acompañados, lo que supone cerca de dos tercios del total de menores bajo protección. Aunque esta cifra excede en 327 plazas la capacidad ordinaria, lo que supone una sobreocupación superior al 80%, no llega a triplicarla, requisito exigido por el decreto para activar el mecanismo.

Con todo, el Ejecutivo autonómico y los Consells Insulars han reclamado no solo frenar los traslados desde otros territorios, sino también más financiación estatal para sostener el sistema. Según Prohens, los 7,8 millones transferidos por el Gobierno resultan “claramente insuficientes” ante el incremento de la presión asistencial. En paralelo, han solicitado poder recurrir a remanentes para afrontar gastos extraordinarios y la retirada del último decreto estatal que eleva la capacidad teórica de acogida en Balears hasta las 434 plazas, lo que, a su juicio, dificulta la activación de mecanismos de contingencia.

La respuesta de Rego ha sido tajante. “No hay una contingencia a la carta”. La ministra ha defendido el real decreto aprobado por el Gobierno -concebido para distribuir a los menores entre comunidades en función de indicadores objetivos- como “una historia de éxito” y ha apuntado que el texto tiene en cuenta la situación de cada territorio para evitar una mayor sobrecarga.

En esta línea, ha considerado “curioso” que Balears critique el decreto y, al mismo tiempo, quiera acogerse a él para frenar el reparto. La ministra ha insistido en que no es razonable que cada comunidad determine unilateralmente si está saturada, incidiendo en que el modelo ya contempla no derivar menores a aquellos territorios con los servicios más tensionados.

En relación con la petición de acelerar repatriaciones, la ministra ha recordado que cualquier actuación debe regirse por el derecho internacional y el interés superior del menor, y ha deslizado que este tipo de propuestas se enmarcan en acuerdos con la extrema derecha.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno central ya denegó la petición de Balears de acogerse a la contingencia migratoria, tal como anunció la propia Prohens durante una de sus intervenciones en el pleno del Parlament balear, en la que aseguró que su gabinete recurriría “a todas vías” a su alcance para frenar la derivación de menores migrantes no acompañados a las islas.

Un mes después, el Tribunal Supremo desestimó la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender los traslados presentada por el Govern. Según informaba el alto tribunal, no se aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiera una suspensión cautelarísima y ordenaba la tramitación del incidente por el procedimiento ordinario.

Prohens ha aprovechado el encuentro para trasladar a la ministra la necesidad de reformar la Ley de protección de la infancia con el objetivo de ampliar los delitos que recoge el artículo 57 e incluir el delito de acoso cuando se comete sobre menores para excluir a las personas condenadas por estos hechos del acceso a profesiones que implican contacto con menores .

El presidente de Canarias, Fernando Clavjo (Coalición Canaria), ha asegurado acuerdos como los firmados entre PP y Vox en Extremadura y Aragón contra el reparto de los menores migrantes no acompañados, la política migratoria del Gobierno y la llegada de más inmigrantes “califican a quienes lo firman”.

“Siento mucha preocupación, decepción y enfado porque realmente no solo se está siendo irrespetuoso con los derechos de la infancia o los tratados internacionales, sino que se está poniendo en un papel que se incumpla la ley”, dijo este jueves en declaraciones al programa Mas de Uno en Onda Cero.

Aquí, recordó que la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería recoge una distribución de los menores migrantes llegados de manera irregular entre las comunidades autónomas para garantizar el interés superior del menor acorde a unos criterios establecido, una modificiación que fue rechazada en el Congreso de los Diputados por el PP, con quien precisamente gobierna Clavijo en Canarias (Vox también votó en contra) .

“Y, desde luego, verlo por escrito -los acuerdos en Extremadura y Aragón-, califica a quienes lo han firmado como personas irrespetuosas con la ley e irrespetuosas con los derechos de la infancia”, ha dicho Clavijo.

El presidente canario recordó que ni el archipiélago ni Ceuta o Melilla son estados independientes y que cuando un inmigrante llega a estos territorios lo está haciendo a España, indicando que la propia Constitución dice en su Artículo 2 que es deber del Estado facilitar esa cooperación y esa solidaridad entre todos los territorios.

“Pero con estos pactos la declaración está clara. Parece que Aragón y Extremadura no forman parte ni de España ni de Europa, se declaran como estados independientes y, a partir de ahí, pues van a poner fronteras. Es el colmo del absurdo”, ironizó para concluir.

Regularización de migrantes

Sobre la regularización de migrantes abierta por el Estado, Clavijo ha dicho que iniciativas como esta tendrían que haber salido de un acuerdo de país para no dar espacio a discursos “de ultraderecha, fascistas y xenófobos” como el de Vox. Cabe recordar que, pese a sus descalificativos hacia Vox, Coalición Canaria, partido del que Clavijo es el máximo dirigente, gobierna con el partido de Santiago Abascal en varios municipios de Canarias, y eso pese a haberle llamado “auténtico fascista” y a decir en precampaña que nunca gobernaría con Vox.

En la entrevista radiofónica, el presidente canario ha echado de menos que el Estado haya dado más información sobre la regularización. “Se producen colas, desconcierto y el tratamiento al inmigrante, no es digno pero también se tensionan muchísimo los servicios públicos generando malestar”, observó.

Al respecto, Clavijo lamentó que la política actual a nivel nacional sea la política “de los efectos, del anuncio y de la polarización”.

Por su parte, comentó siempre ha sido partidario de la regularización porque se trata de personas que “ya están aquí” y que no hay que abocar a la economía sumergida y pueden contribuir al desarrollo del país.

“Pero esa regulación obedece a un absoluto fracaso de la política migratoria de la Unión Europea y del Gobierno de España, y al fracaso del control de nuestras fronteras”, aseveró.

Además, el presidente recordó que los flujos migratorios están destinados a continuar, ya sean por Canarias o por el Mediterráneo debido, entre otras cosas, a la supresión de la cooperación internacional tanto de Estados Unidos como la de la Unión Europea.

Clavijo reiteró que ante esta situación se necesita de una regularización que salga de un acuerdo de país y de una coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Estado para afrontarla con “seguridad y dignidad”.

“Y cuando no se produce este diálogo, que además yo creo que es imprescindible y necesario para poder coordinarnos, ocurre que algo que 'a priori' puede ser positivo se convierte en un lío monumental generando mucho más malestar y propiciando que Vox tenga espacio en ese discurso de ultraderecha, fascista y xenófobo”, concluyó.

Este martes pasado, al leer en este, nuestro periódico, los magníficos reportajes de Carla Rivero y Juan Velasco acerca de la regularización de migrantes en Sevilla y Córdoba, me he puesto a llorar como una magdalena. O mejor, como un donut, porque ese dulce tan castizo no se encuentra fácilmente por estas tierras californianas donde ahora vivo.

Como Edwin, Jonathan, Andreína y Roberto, yo también soy migrante. Solo que, en mi caso, emigré desde Andalucía, el lugar que ellos han elegido para echar raíces.

Ellos intentan construir una vida en una tierra que muchos andaluces hemos dejado atrás. Y en este aparente bucle migratorio hay una pregunta que merece la pena hacerse: ¿cómo es posible que Andalucía reciba a tantas personas que quieren quedarse mientras tantos de los nuestros se ven obligados a marcharse?

Andalucía atrae a miles de personas migrantes porque, para mucha gente que llega de contextos más duros, ofrece cosas muy importantes: una vida más segura, la posibilidad de empezar de nuevo, redes familiares o comunidades migrantes ya asentadas y, sobre todo, trabajo. A menudo trabajo precario, duro, mal pagado, pero trabajo al fin y al cabo. 

Esto forma parte de muchas historias de vida migrantes. En mi caso, cuando viví en Londres trabajé como camarera; en Chile acepté un puesto de marketing vendiendo antivirus para ordenador por teléfono; y mi primer trabajo en Estados Unidos fue escribir artículos para un periódico comunitario por 45 dólares la pieza, una miseria.

La población inmigrante no llega al azar: se instala donde hay oportunidades, donde ya existe comunidad y donde determinados sectores económicos dependen de mano de obra vulnerable, desde la agricultura a la hostelería, pasando por la construcción y los cuidados

La investigación académica sobre asentamiento inmigrante en Andalucía lleva tiempo señalando que la población inmigrante no llega al azar: se instala donde hay oportunidades, donde ya existe comunidad y donde determinados sectores económicos dependen de mano de obra vulnerable, desde la agricultura a la hostelería, pasando por la construcción y los cuidados.

Pero al mismo tiempo, Andalucía sigue perdiendo población propia, especialmente joven y formada, hacia regiones con mercados laborales más dinámicos. Un estudio sobre migración interregional en España confirma que siguen saliendo personas en regiones con tradición emigrante, entre ellas Andalucía. Los autores señalan que la fuga de cerebros tiene una dirección concreta: en Madrid es donde se amontona el capital humano cualificado. 

Muchos que, como yo, no quisimos irnos a Madrid, acabamos yéndonos todavía más lejos. Esta tendencia que se recrudeció con la crisis de 2008 tiene consecuencias. Como dice otro trabajo reciente sobre Extremadura y Andalucía, la emigración hacia áreas económicamente más dinámicas está vinculada con los bajos ingresos, desigualdades territoriales y el envejecimiento de la población.

Dicho de forma menos técnica: Andalucía está en un bucle migratorio que recibe a quien necesita sobrevivir y está dispuesto a aceptar trabajo precario, y pierde a quien quiere dejar atrás esa incertidumbre.

Cuando la derecha andaluza habla de “España para los españoles”, orden o identidad, rara vez está hablando de garantizar vidas dignas. Lo que protege, en la práctica, es un modelo económico que se beneficia de una población trabajadora vulnerable, ya sea nacida aquí o llegada de fuera

Andalucía es el primer paso de muchos en búsqueda de un futuro mejor, que ofrece buen clima, una cierta calidad de vida y, al mismo tiempo, un mensaje implícito que conocemos demasiado bien: apáñatelas como puedas. Y eso no es casualidad. Es el resultado de un modelo productivo que descansa sobre la precariedad, que necesita mano de obra barata y que tolera desigualdades sociales cada vez más profundas. Un modelo que, no nos engañemos, es por el que están apostando Vox y el Partido Popular.

Cuando la derecha andaluza habla de “España para los españoles”, orden o identidad, rara vez está hablando de garantizar vidas dignas. Lo que protege, en la práctica, es un modelo económico que se beneficia de una población trabajadora vulnerable, ya sea nacida aquí o llegada de fuera.

De hecho, un artículo reciente publicado en el Journal of Rural Studies, a partir del caso de Los Marines (Huelva), advierte de que la llegada de nuevos residentes puede aliviar el problema demográfico del envejecimiento sin resolver la crisis de fondo, que es social, económica y territorial.

Por tanto, la regularización de migrantes es una cuestión de justicia elemental. Pero si de verdad queremos hablar de arraigo, la conversación no puede terminar ahí. Regularizar sin cambiar las condiciones materiales que convierten a Andalucía en una tierra de paso es quedarse a medio camino y perpetuar el bucle migratorio en el que llevamos demasiados años.

Me cojo otro donut de la caja de Krispy Kreme que alguien ha dejado en el pasillo de la universidad donde estudio y trabajo. Lo mojo en el café. Pienso en quienes hoy están en la construcción, en el turismo, en el campo o en los cuidados. Mañana, cuando busquen empleo en su profesión, estabilidad para criar a sus hijos o simplemente una vida menos precaria, quizá descubran que también ellos tienen que irse.

Y entonces habremos fracasado dos veces: como tierra de acogida y como tierra de futuro.

Una manta de borrego las abriga a las dos, tumbadas de espaldas, muy juntas y cómplices, frente a la verja cerrada de una oficina de los servicios sociales municipales de Madrid. Sobrepasa la medianoche y la escena parece extraída de cualquier momento de intimidad hogareño entre madre e hija, pero sucede sobre una colcha extendida en el suelo, a la intemperie, donde pasarán toda la noche para intentar conseguir un informe de vulnerabilidad, uno de los documentos exigidos a los migrantes sin papeles para optar a la regularización extraordinaria.

Son las segundas de una fila que, ocho horas antes de la apertura de puertas de la oficina municipal, supera las 80 personas. Pero la mayoría ni siquiera acaba de llegar. Para conseguir ese puesto, Hilary, de 18 años, y su madre guardan su turno desde las seis de la mañana de este martes, por lo que pasarán en total más de 24 horas hasta conseguir el papel. “Esta mañana llegamos a las 6 de la mañana, fue entrando la gente y, cuando dejaron de dar más informes, nos quedamos aquí, justo en la puerta”, explica delante de la verja.

“Esta oficina abrió sobre las 8:30 horas y a las 11 ya no han dejado entrar a más personas. En un caso así deberían tener más tiempo para que no se acumule tanta gente”, considera Hilary. Con 18 años recién cumplidos, señala una de las posibles causas que explican que cientos de personas se vean empujadas cada noche para conseguir un trámite necesario para la regularización: la falta de recursos suficientes para responder al aumento de la demanda durante los dos meses que durará la tramitación de la medida.

El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. Se trata de un requisito exigible solo a los migrantes sin papeles que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Además de Madrid, se han registrado filas similares en las oficinas municipales de distintos puntos del país, como Zaragoza, Valencia, Murcia u Hospitalet de Llobregat, entre otros. Además de los servicios sociales municipales, más de 400 organizaciones pueden validar estos documentos. Mientras los primeros días muchas aún no estaban organizadas, cada vez son más las que emiten cientos de certificados cada día.

Mientras el Gobierno acusa al Ayuntamiento de Madrid de boicotear la medida, el Consistorio madrileño critica que el Ejecutivo central no se coordinó con los ayuntamientos antes de introducir este requisito que en parte depende de ellos. “Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras la entrada en vigor de la regularización extraordinaria. Días después, el Consistorio empezó a atender a los migrantes que requerían dicho trámite sin cita previa en una decena de oficinas de la ciudad. Las colas no tardaron en formarse.

Historias de una cola

La espera por el trámite ha empujado a Hilary a saltarse las clases de la Formación Profesional (FP) de Estética. Cada día, la joven acude a las aulas de su FP sin la seguridad de recibir el título: “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, dice, mientras sus compañeros de fila, unos chicos bangladesíes, preparan la bicicleta para que uno de ellos vaya un momento a casa para traer algo para cenar. Sobre su espalda, Delowar se coloca la típica mochila cuadrada naranja de una de las principales cadenas de delivery, donde suele trabajar de forma puntual a través de la cuenta de un amigo con papeles, un empleo habitual para muchas personas en situación irregular. 

Delowar, vestido con un moderno y colorido jersey de cuadros, sonríe entusiasmado al describir lo mucho que le gusta España en comparación con el país europeo en el que ha vivido el último año. Antes de llegar a Madrid, vivía con permiso de residencia en Finlandia y trabajaba en una empresa de electrónica, el ámbito donde ahora le gustaría, si logra la tarjeta de residencia, encontrar un empleo.

“Me fui de Finlandia por razones médicas relacionadas con el tiempo allí. Tengo algunos problemas de salud y el médico me recomendó que me venía muy mal vivir en un lugar tan frío”, explica en perfecto inglés el bangladesí, de 33 años. “Tenía dos opciones: volver a mi país o probar suerte en otro. Un compañero en la empresa finlandesa era español, era el que mejor me caía allí y me contaba cosas de su país… Decidí intentarlo aquí”, detalla el chico. Durante los primeros cuatro meses pudo vivir sin trabajar gracias a sus ahorros pero después empezó a trabajar de manera irregular en empleos puntuales, principalmente en el reparto de comida a domicilio. 

“Llegué a las 6 de la madrugada y los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”.

Según la Consejería de Servicios Sociales de Madrid, el Ayuntamiento ha pasado de 1.500 peticiones diarias en los centros de servicios sociales a 5.500. “Llegamos de madrugada pero los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”, explica Jaqueline, resignada y casi sin quejarse. El colapso del sistema de citas y el hecho de que las personas sin papeles carecen de la clave pin que exige el trámite electrónico, complica que puedan hacer el trámite con cita previa. “Es imposible, no hay citas hasta mediados de mayo”, dice una señora.

El Gobierno pide “paciencia” y asegura que habrá tiempo para poder registrar las solicitudes, recordando que el plazo finaliza el 30 de junio. Pero hay más fichas en el tablero. Otros de los documentos exigidos, que algunos tienen preparados desde hace semanas, tienen fecha de caducidad. “Mi certificado de antecedentes penales expira en mayo, no puedo esperar a mayo”, continúa la mujer.

Confusión

Unos metros más allá Nora, también peruana, bebe café sentada sobre un sofá rosa infantil apoyado en la barandilla que separa la acera de la carretera. En uno de sus paseos para estirar las piernas, lo encontró junto a los contenedores y se lo llevó para pasar la noche de espera algo más cómoda. Lleva horas en la fila para conseguir un documento que, sin embargo, en su caso no necesita para pedir la regularización.

La mujer, trabajadora doméstica por horas en una casa de las afueras de Madrid, vive con su hija en una pequeña habitación. Tiene menores a su cargo y puede demostrar que vive con ellos, lo que le exime de presentar el certificado de vulnerabilidad, pero su abogada le ha asegurado que necesita ese documento por el que va a pasar la noche a la intemperie. Cuando este medio le enseña la información oficial que confirma que no tiene que presentarlo, muestra incomprensión: “¿Y por qué ella no sabe eso si le hemos pagado 300 euros por cada miembro de la familia?”. 

No decide irse a casa. “Ya que estoy aquí, ya me quedo. Me da miedo que me falte algo y si la abogada lo dice… ”, justifica la peruana. “He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”, defiende la mujer. La dificultad para obtener trabajo en situación irregular le ha empujado a vivir durante meses en albergues para personas sin hogar y en las salas en hospitales, cuenta.

“En servicios sociales me dijeron que si no conseguía un lugar donde vivir me iban a quitar a mi hija. Y yo decía: Pero si he venido a España para conseguir una mejor vida para ella, ¿cómo me la van a quitar?”, reflexiona Nora. La señora, hasta estabilizar su situación, dejó a su hija en un recurso temporal para menores de los servicios sociales, asegura, hasta que encontró un empleo estable a jornada parcial. “Ahora ya puedo pagarme una habitación para las dos y, por la tarde, estoy con mi niña”, añade, antes de recostarse en el pequeño sofá para descansar unas horas, cuando el frío de la madrugada empieza a meterse en el cuerpo.

“He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”

Autoorganización de las filas

En la pequeña comunidad surgida después de horas de espera, un rato en la fila es suficiente para identificar alguno de los roles tomados por quienes la integran. A Idaquele la llaman “la jefa”. Todo aquel que quiere añadirse en la cola, se acerca a esta señora peruana proclamada líder de la jornada. La mujer, después de confirmar que efectivamente “los nuevos” vienen para quedarse, anota un número en sus mano

“Alguien tenía que hacerlo. Si no se organiza un poco esto es un desastre”, dice Idaquele, junto a dos mujeres paraguayas con las que ya comparte bromas tras horas de espera. Todas comentan la picaresca de alguno de los compañeros de fila, a los que ya tienen fichados, que ya ha intentado colar a algunas personas en varios momentos del día.

La mujer peruana, que aparenta ser más seria de lo que es, camina con el ceño fruncido por la fila cuando alguien parece intentar colocarse en un lugar que no le corresponde. Todos cuentan indignados el intento de una mujer de introducir a 15 personas a las que decía estar guardando el sitio. “No es justo que se vayan a dormir y luego aparezcan diciendo que tienen un número apuntado en la mano. Porque los que estamos aquí pasando sueño nos podemos quedar fuera por una única persona”, dice Emma, salvadoreña, mientras come una ensalada sentada en una silla. Junto a su marido se ríen con Brayan, colombiano, y German, hondureño, con quienes han acabado juntándose durante la espera. Cada vez que hay un conato de tensión en la fila, o que alguien intenta colarse, se lo toman con humor pese a su preocupación.

El marido de Emma no ha dejado de trabajar en la construcción en el año y medio que lleva en España. “Trabajo... pero sin papeles”, dice en susurros, como si se avergonzase, cuando todas las personas de esa fila no tienen más remedio que trabajar en b para sobrevivir. “Por eso estamos aquí, para obtener los papeles, trabajar con contrato y cotizar”.

No entiende la exigencia de última hora del informe de vulnerabilidad. “¿Por qué el Gobierno decidió meter ese certificado? Teníamos todos los documentos preparados, lo fuimos haciendo con tiempo. Y, ahora, esta sorpesa nos tiene aquí en la calle esperando”, se queja el salvadoreño. El requisito, incluido a última hora por el Gobierno, es la fórmula que recoge la norma para justificar la vulnerabilidad que conlleva no tener papeles. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, pero el Consejo de Estado recomendó una mayor concreción para probar ese supuesto.

Pasa un coche de policía por la calle colindante a la larga fila de personas sin papeles. Cuando sucede, una voz se escucha en algún lugar determinado de la fila: “Ahora vienen y nos llevan a todos a extranjería”. El comentario genera algunas risas, pero cada vez que un vehículo policial se acerca, la mayoría se mantiene pendiente hasta que desaparece.

Pasadas las 8 de la mañana, la tensión aumenta. “Se han vuelto a intentar saltar la fila varias personas, pero se ha puesto orden”, cuenta Emma, que no deja de tomarse con humor la situación con sus compañeros. Temían no lograr conseguir el documento pese a la noche en vela, pero lo consiguieron. A las 12 horas, Germán envía una foto desde el interior de los Servicios Sociales. Ojerosos pero sonrientes, posan ante la cámara para retratar un paso más hacia la regularización. “Uno se encuentra grandes personas en el camino”, reflexiona el hondureño.

La Junta de Castilla y León, con un gobierno en funciones del Partido Popular, ha optado por el silencio para evitar valorar el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura con la “prioridad nacional” en el acceso a servicios públicos como eje de las políticas. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado posicionarse sobre esta cuestión y ha insistido en que cualquier valoración llegará “cuando haya un acuerdo” en la comunidad.

Carriedo ha apelado a la “prudencia” para abstenerse a hacer una valoración: “La prudencia es una gran virtud”. Con ese argumento, el también consejero de Economía y Hacienda ha rechazado entrar a valorar tanto el contenido del pacto extremeño como las exigencias que Vox ha situado sobre la mesa en otros territorios como Castilla y León

“No estoy aquí para valorar a otros partidos políticos, y además la campaña electoral ya terminó”, ha intentado zanjar al ser preguntado directamente por conceptos como “los españoles primero” o la prioridad en el acceso a prestaciones sociales.

La sombra del pacto con Vox en Extremadura se extiende a Castilla y León

La “prudencia” de la Junta llega apenas horas después de que Vox reivindicara esa “prioridad nacional” durante el debate de investidura en Extremadura, donde María Guardiola ha sido elegida presidenta con el apoyo de la formación de extrema derecha.

Desde la tribuna, el portavoz de Vox ha defendido que las ayudas públicas, la vivienda protegida o los servicios deben priorizar a quienes tengan arraigo en el territorio. “Con el esfuerzo de los españoles no da para todo el mundo”, ha afirmado el futuro vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

“Valoraremos el acuerdo cuando se produzca”

Carriedo ha insistido en varias ocasiones en que cualquier posicionamiento dependerá del contenido final del pacto en Castilla y León, que aún no se ha cerrado. “Valoraremos el acuerdo cuando se haga público y daremos información detallada del mismo”, ha reiterado.

El portavoz en funciones, que forma parte del equipo negociador del PP, ha evitado también anticipar plazos para las negociaciones y la formación de gobierno. “Depende de todas las partes y no solo de una. Es difícil hacer un pronóstico”, admitió.

Lo que sí quiso dejar claro es que el acuerdo, cuando llegue, será transparente: “No habrá pactos ocultos”. Una afirmación repetida en varias ocasiones y que busca contrarrestar las críticas sobre posibles concesiones en materias sensibles como inmigración o servicios sociales.

Castilla y León como “realidad propia”

Uno de los argumentos centrales de la Junta para esquivar el debate ha sido apelar a las diferencias entre territorios. “Cada comunidad tiene sus propias circunstancias”, ha apuntado Carriedo, señalando las diferencias en factores sociodemográficos como en la gestión política de los últimos años.

El portavoz en funciones ha apuntado que algunos objetivos que pueden ser prioritarios en otras comunidades ya están cumplidos en Castilla y León. Como por ejemplo, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el nivel de calidad de los servicios públicos.

“Aquí ya los hemos alcanzado y no tiene sentido plantearlos como retos de futuro”, ha explicado, en una intervención en la que también ha destacado la política fiscal de la comunidad, con uno de los tipos medios más bajos en el IRPF dentro del régimen común.

Sin líneas rojas públicas

La Junta tampoco ha querido fijar límites explícitos en la negociación. Carriedo, que compone el grupo de negociadores del PP del futuro pacto con Vox, al ser preguntado por si marcaría una línea roja ante propuestas similares a las pactadas en Extremadura, el portavoz ha vuelto a repetir el mantra de la prudencia.

“Lo lógico es no valorar el contenido de algo que todavía no hemos alcanzado”, ha indicado. Tampoco ha matizado si principios los defendidos en anteriores etapas —como considerar Castilla y León una “tierra de acogida”— formarán parte del futuro acuerdo.

Al ser cuestionado sobre si el acceso a los servicios sociales podría vincularse al arraigo en el territorio, otra de las propuestas que se barajan en el debate político, Carriedo ha evitado de nuevo pronunciarse.

El “Humanismo solidario” de Mañueco sin concreción en el futuro de pacto

El portavoz sí se detuvo brevemente en un concepto lanzado por el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso de este martes en la entrega de los Premios Castilla y León: el “humanismo solidario”. “Es un término que me gusta”, ha afirmado, sin entrar a detallar cómo se traduciría en políticas públicas concretas, especialmente en materia migratoria.