Los centros de menores migrantes empiezan a quedarse vacíos. Los de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura, con 24 y 25 plazas respectivamente, cerrarán sus puertas el próximo uno de julio. La Consejería de Bienestar Social reconoce que se ha reducido la presión por los traslados de menores a La Península y que han bajado las llegadas por lo que ha iniciado una reorganización de estos centros. 

En marzo se cumplía un año de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería por la que se hace una redistribución equitativa de menores entre las comunidades autónomas, haciendo que la solidaridad sea una obligación. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunciaba este miércoles en Lanzarote que se han tramitado 2.000 expedientes de traslado de menores inmigrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península “sin un solo incidente”. 

La Consejería de Bienestar Social asegura que se están cerrando aquellos centros que están más vacíos “para hacer una mejor gestión de los recursos públicos”. Explica que el centro de Ayagaures tiene 9 menores, y tiene capacidad para 24, y el de Ancor, tiene 16 y su capacidad es de 25. “Lo que ocurre es que los contratos firmados con estas entidades en la anterior legislatura contempla que se paga por plaza, ocupada o no”, y califica la actual situación de “insostenible”. Argumenta que una administración pública tiene que velar por el buen destino de los recursos del erario público. “Se trató de negociar con las entidades, que no quisieron acogerse a ninguna alternativa”, aseguran desde la Consejería. 

Se refieren a la empresa gestora de estos centros, la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que para Comisiones Obreras es “una empresa que durante años ha ganado mucho dinero”, y aseguran que ahora que tendría que hacer mejoras salariales a sus trabajadores, “dicen que no les sale rentable”. 

El sindicato exige al Gobierno de Canarias y a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo una solución urgente que garantice tanto la continuidad de la atención a los menores como el mantenimiento del empleo de las 42 personas trabajadoras afectadas. Explican que el contrato se firmó en el año 2019, “en una situación de emergencia” y cuando regía el tercer convenio colectivo. Aseguran que durante estos siete años “los trabajadores han estado en precario”, y ahora “cuando sacan a licitación ordinaria a concurso público” y con el V Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores, “a la empresa no le parece rentable”, afirma Zayda González, coordinadora de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias. 

Desde CCOO explican que cuando se firmó el contrato “por vía de emergencia” se pagaba más por plaza, la nueva cuantía sería algo menor, pero superior a los 100 euros por menor cada día. El sindicato califica de “grave” que una discrepancia económica como esta pueda “terminar disolviéndose con despidos y con el desarraigo” de menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad.

A juicio del sindicato, estos cierres suponen “una decisión de enorme impacto social y laboral” por dejar en la calle a profesionales que sostienen diariamente la vida cotidiana de estos menores y por el traslado de niños y adolescentes que ya cuentan con escuela, amistades, atención sanitaria, rutinas y vínculos comunitarios en su actual entorno.

La organización sindical ha apuntado, además, que el despido colectivo de los trabajadores comunicado el 16 de junio no está justificado si el servicio continúa prestándose por otra vía y piden que en todo caso se recoloquen a los trabajadores o se les subrogue en distintas empresas, ya que “cuesta mucho encontrar trabajadores cualificados en este sector”, además de que se mantiene la continuidad “afectiva y profesional” en la atención a los menores.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que, a mediados de julio, se celebrará una Conferencia Sectorial en la que se repartirán 35 millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen mayor flujo de entrada de menores inmigrantes no acompañados.

Canarias recibirá cuatro millones, “que se suman a los 140 millones de euros ya asignados de los presupuestos para política de acogida para las islas específicamente”, y destacaba que “la mitad de los fondos de los presupuestos del Estado que iban para esta materia han sido consignados a Canarias”, aseguraba en Lanzarote Rego. 

La ministra ha explicado que, en estos momentos, quedan en Canarias aproximadamente una cuarta parte de la cifra de menores que llegó a tutelar antes de que se reformase la Ley de Extranjería y que también se han resuelto 1.000 expedientes de protección internacional.

“La situación de Canarias ha cambiado drásticamente. El sistema de acogida se ha descongestionado sustancialmente, es mucho más garantista de lo que era hace un año y muchos niños y niñas pueden desarrollar su proyecto en lugares en los que tienen los derechos garantizados”, ha señalado.

La Policía Nacional ha confirmado la muerte de un migrante durante la travesía de una embarcación neumática llegada en mayo a Gran Canaria con 62 personas a bordo, unos hechos ocurridos tras discutir con otros dos ocupantes, que han sido detenidos acusados de homicidio y de patronear la barca.

La investigación desarrollada ha permitido identificar al patrón de la embarcación y a otro implicado en los hechos, a quienes se acusa de provocar la caída al mar de la víctima. Por estos hechos, uno de los detenidos está acusado de favorecimiento de la inmigración irregular y homicidio y el otro de homicidio.

Las pesquisas se iniciaron el 9 de mayo, tras la llegada de una embarcación neumática al puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, rescatada por Salvamento Marítimo.

Los investigadores llevaron a cabo gestiones dirigidas a identificar a los integrantes de la organización criminal responsable de la travesía y a determinar si durante el viaje se habían producido hechos delictivos, desapariciones o fallecimientos, precisa la Policía en un comunicado.

Días después, conocieron que uno de los ocupantes de la barca había desaparecido, como denunció un familiar.

Pese a la escasa colaboración inicial de varios testigos, motivada por el temor a posibles represalias, los agentes pudieron reunir testimonios e indicios suficientes para esclarecer lo sucedido.

Así, determinaron que el fallecimiento se produjo tras una discusión ocurrida a bordo entre la víctima y otra pareja de ocupantes. Como consecuencia del altercado, el migrante cayó al mar y la embarcación siguió su trayecto sin que se realizara ninguna maniobra para auxiliarlo.

Por todo ello, el 29 de mayo fueron detenidos dos individuos por su presunta participación en los hechos. Uno de ellos, identificado como el patrón de la embarcación y vinculado a la organización criminal que gestionó la travesía, y otro como presunto autor de un delito de homicidio.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuó con las actuaciones correspondientes.

Con estas detenciones, ascienden a trece los responsables de embarcaciones irregulares detenidos por las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la provincia de Las Palmas durante 2026. 

Desde el inicio de las negociaciones sobre el impulso de sistema estatal de reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas, el Partido Popular y Vox tiraron de un argumento habitual: los traslados generarían un “efecto llamada” que provocaría un aumento de las llegadas irregulares de niños y adolescentes extranjeros no acompañados ante la mejora de sus condiciones de acogida. Los datos del registro oficial de menores, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, confirman un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024, según los últimos datos a los que ha accedido elDiario.es. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

[Gráfico: Raúl Sánchez]

Aplicación de los traslados

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados la semana pasada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, detalló en marzo de este año que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados ya habían sido reubicados en otras comunidades autónomas, mientras que “muchos de ellos” solicitaron quedarse en esas comunidades por razones de arraigo. Otros, afirmó, habían cumplido la mayoría de edad antes de haberse producido el traslado.

Causas del descenso

La reducción del número menores migrantes acogidos en los últimos meses tiene varias causas. Uno de ellos es el ciclo vital de los menores: en el último año, más de mil adolescentes han salido del sistema de tutela pública tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, el descenso generalizado de las llegadas irregulares en 2025, especialmente a través de la ruta canaria, es clave para enter la reducción en el número de niños y adolescentes extranjeros. Mientras unos cumplen los 18 años, no entran al sistema de acogida tantos chavales como lo hacían antes.

No obstante, los flujos migratorios dependen de otros muchos factores, entre los que también se incluye las circunstancias del origen, las políticas migratorias con terceros países; por lo que un hipotético ascenso de las entradas no confirmaría per se el 'efecto llamada' defendido por la derecha. Sin embargo, el descenso sí descarta que el sistema de distribución de niños y adolescentes por comunidades autónomas haya generado el incremento augurado por PP y Vox.

Las llegadas clandestinas a suelo español disminuyeron un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, según apuntan los datos de Frontex. 

La realidad de estos jóvenes desmonta otro de los estigmas habituales que vinculan la migración juvenil con la exclusión social. La reforma del Reglamento de Extranjería que facilitó los permisos de trabajo y residencia para este colectivo facilitó su inclusión y tiene un impacto en el mercado laboral. Según las cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) correspondientes a junio de 2025, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los jóvenes extutelados se situaba en un 62%. Casi dos de cada tres jóvenes que salen del sistema de protección consiguen un empleo formal y cotizan, atendiendo a estos datos.

El goteo a la baja de las cifras desarma los argumentos que PP y Vox sostuvieron durante los meses de la crisis de acogida en Canarias y Ceuta (ambos gobernados total o parcialmente por el PP), los territorios que recibieron la declaración de “contingencia migratoria”, que permite la activación de los traslados a otras comunidades para asegurar condiciones de acogida con garantías. Ambas formaciones llegaron a condicionar pactos de gobierno y presupuestos autonómicos bajo la premisa de que la distribución de estos niños por la península actuaría como un imán para las redes de tráfico de personas.

Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que “se podrá prorrogar” la normativa con la que se regula el sistema de traslados de niños y adolescentes migrantes en caso de que otras comunidades autónomas vuelvan a necesitarlo, aunque su reactivación dependerá de un nuevo respaldo parlamentario.

Un registro cuestionado

Desde mediados de 2024, el Gobierno dejó de facilitar a la prensa los números de sus registros estatales alegando las deficiencias que caracterizan al sistema con el que España contabiliza los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que acoge. Anteriormente, se trataba de unos datos que el Ministerio de Interior solía proporcionar a los medios con cierta frecuencia, cuando la prensa preguntaba directamente por ellos. No obstante, en 2024, durante las negociaciones sobre la reubicación de menores, el Ejecutivo central dejó de proporcionarlos.

El Gobierno reconocía entonces que no era fiable el único sistema utilizado para contabilizar los menores extranjeros no acompañados que acogía. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.

El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.

En el mundo hay 117,5 millones de personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares, un 5% menos respecto al año anterior, según Naciones Unidas. Aunque cada vez hay más guerras, han aumentado la violencia y la crisis climática, por primera vez en una década se han registrado menos desplazados forzosos en el ámbito global. El motivo: cada vez es más difícil pedir protección internacional. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Canarias registró el pasado año casi 7.825 solicitudes de asilo en 2025 pese a las “políticas hostiles” de la UE. 

“Las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retorno forzoso” están obligando a millones de personas a permanecer en países donde sus vidas corren peligro. Según CEAR, el descenso de solicitudes de asilo no se debe a que haya menos necesidades de protección internacional, sino a las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas solicitantes de asilo y protección internacional.

Entre esas políticas hostiles, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el pasado 12 de junio y que pone en riesgo los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización llama la atención especialmente sobre la lista de países considerados seguros, ya que incluye algunos con graves déficits en Derechos Humanos, como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que prevé la detención prolongada y la expulsión a centros de deportación de terceros países. 

“España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, sostiene Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

“Más control, más deportaciones y menos protección”

España registró una reducción significativa de solicitudes de asilo (13,7%), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Pese a ello, Canarias experimenta un aumento del 2% para un total de 7.825 solicitudes, frente a las 7.667 del 2024. Según CEAR, este descenso se debe principalmente a “la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo”.  

España sólo ha reconocido el asilo al 11% de las personas que lo solicita. Lo que nos sitúa en la cola de Europa, sólo por delante de Croacia y Chipre, muy alejados de la media europea que está en el 34%, y que también ha registrado un considerable descenso en el último año. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias lo resume en una frase: “Hay más control, más deportaciones y menos protección”. 

Venezuela es el país del que proceden más solicitantes de asilo a España. En Canarias, las principales nacionalidades solicitantes de protección internacional han sido: Venezuela, Mali, Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú; manteniendo la tendencia de los últimos años. 

Menos llegadas a las costas canarias

Las políticas de externalización de fronteras provocaron también una reducción considerable de las llegadas a costas canarias, un 62% menos que el año anterior. En este contexto, CEAR vuelve a reclamar a España que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas humanas en las rutas migratorias.

La organización subraya que el 15% de todas las personas que llegaron a las costas españolas fueron niñas, niños y adolescentes sólos, familiares que les acompañen. La reforma Ley de Extranjería, que facilita la corresponsabilidad entre Comunidades Autónomas, y los autos del Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de quienes solicitan protección internacional han agilizado los traslados a la Península. En total, 581 niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares fueron derivados desde Canarias a otras autonomías en 2025. Estos datos han sido recogidos por CEAR en su informe anual, presentado en el día de hoy en el Cabildo de Gran Canaria.

Más discursos de odio, menos derechos

En su Informe Anual , CEAR ha denunciado que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, o en los países de tránsito u origen, sino que también ocurren en nuestro país. “Persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas”, asegura CEAR.  

Obstáculos especialmente acuciantes en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna o al empadronamiento. Para la organización la escalada del racismo y la xenofobia continúan “constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión”. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que erosiona la cohesión social. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

Nuevo Comité de personas refugiadas en Canarias

La exposición del Informe Anual de CEAR también ha servido para presentar el recién creado Comité de Personas Refugiadas (CPR) que ha impulsado la organización. Un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso, tanto dentro como fuera de la entidad. La presentación del Comité de personas refugiadas la realizaron Nicole Sirikari Pachka, natural del Congo y Edwin Abadía Arboleda, de origen colombiano, ambos miembros del CPR de Canarias. 

700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.

El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según  los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.

La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.  

Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).

La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.

Un derecho convertido en barrera de exclusión

Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.

De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.

Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.

No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.

El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.

‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón

En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.

Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.

Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.

Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).

Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo

A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.

Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.

Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.

Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”

A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.

La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.

La urgencia de una alternativa social

Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).

La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.

Los gobiernos de Canarias y Euskadi han urgido a la convocatoria de la conferencia sectorial de migraciones para analizar las repercusiones de la entrada en vigor del pacto europeo de migración y asilo, que lleva en funcionamiento apenas 48 horas.

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha señalado este sábado que ella y su homóloga vasca, Nerea Melgosa, le han dirigido una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, para que reúna a las comunidades “de inmediato” y allí ver “el día a día de cómo vamos a llevar ese pacto”.

Delgado ha revelado que le informó a la ministra del envío de esta misiva al coincidir con ella en la visita del papa León XIV a Canarias.

Lo ha hecho este sábado en la inauguración de un simposio internacional sobre refugiados y migrantes que se celebra en La Laguna como colofón a la visita del pontífice a Canarias, un encuentro en el que se da voz a “esos temores y dudas” que el pacto europeo de migración y asilo genera, sobre todo en Canarias, siendo como es “la puerta sur de Europa”. 

Durmiendo en el suelo, sin ventanas en las celdas, con suciedad y falta de medios para quejarse de la situación en la que se encuentran, las personas que son detenidas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería llevan 14 años sufriendo las condiciones penosas de las instalaciones que los acogen después de llegar al país en largas travesías donde se exponen a perder sus vidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, ha emitido hasta 13 sugerencias en el último control que se dio en la provincia, pese a que varias de ellas llevan varios años siendo reiteradas ante la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La ficha de seguimiento del CATE fue actualizada por completo el pasado 26 de mayo y se incluye en el informe del año 2025 presentado por Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. La función del MNP consiste en supervisar los lugares de privación de libertad en el país de acuerdo con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT). Las visitas se hacen de manera aleatoria y sin previo aviso, cuyo objetivo es revisar el estado del sistema y garantizar la integridad y dignidad de las personas que desembarcan en el país.

Con respecto al CATE de Almería, los días 25 y 26 de junio del año pasado, el director y una técnica del MNP, junto a un técnico del área de Migraciones e Igualdad de Trato, y otro técnico del área de Seguridad y Justicia del organismo, realizaron el examen en el puerto almeriense y, posteriormente, en Motril. En esta inspección, se mantuvieron entrevistas con agentes de la Policía Nacional y personal de Cruz Roja, entidad contratada por la Secretaría de Estado de Migraciones, pero no se pudo contar con el testimonio de personas detenidas al no haber ese fin de semana.

Entre las observaciones más destacables, el organismo se refiere a los techos del módulo en el que se mantienen a los menores que llegan a la costa andaluza sin compañía. De estas estructuras se pueden fijar colgaduras, por lo que son “susceptibles” de ser “utilizados para conductas autolíticas, lo que puede comprometer su indemnidad”. Una llamada de atención reiterada y que se dio ya en 2014. La solución era sustituir el material, pero no se ha adoptado “ninguna medida”, aunque la Dirección General de la Policía adelanta en el escrito enviado el 11 de junio como respuesta que se estudiarán las medidas para abordarlo “este mismo año”.

“Constituye un trato indigno y degradante”

Lo primero que reseñan desde MNP es que las instalaciones “necesitan mantenimiento y limpieza”, especialmente para combatir el óxido de la valla perimetral que rodea el CATE, al igual que piden que se retire la basura en un pasillo donde se realiza la primera atención humanitaria. Entre las carencias más graves, se constata que no hay ningún tipo de mobiliario en las celdas de los varones adultos y de los menores no acompañados, impidiendo que descansen en buenas condiciones.

Pese a que en las anteriores visitas se dio cuenta de este conflicto, como queda reflejado en los informes de 2022, 2020, 2019, 2017, 2014 y 2011, todavía no hay una solución efectiva. “Desde 2011 se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se instalen literas y se evite que personas que llegan a las costas españolas después de una dura travesía y en condiciones físicas y psicológicas muy deterioradas, deban sentarse y dormir en el suelo”, subraya el escrito, “es una práctica que constituye un trato indigno y degradante, muy especialmente entre personas menores de edad sin cuidadores adultos”.

“En 14 años transcurridos desde la primera visita del MNP a estas instalaciones, la Administración podría haber buscado una solución que armonizara las necesidades de seguridad con el deber de evitar situaciones degradantes para las personas bajo custodia, o que incluso sean contrarias a su bienestar e integridad física y psicológica”, tachando la respuesta otorgada por instancias superiores de “contraria” a los derechos fundamentales. “La argumentación alegada no justifica la negativa a dotar a las instalaciones del mobiliario necesario para una estancia digna”, a lo que añaden que hay un peor trato para estas personas que para las que están detenidas en otros CATE o en el propio módulo para mujeres y niños, donde sí hay mobiliario “para no tener que dormir y acostarse en el suelo”.

En estas mismas celdas para los varones adultos hay otros hándicaps, ya que carecen de ventanas que provocan la falta de ventilación. “Las paredes de las celdas presentan, en el momento de la visita, un aspecto muy sucio y descuidado, y están llenas de pintadas”, describen, “no hay acceso a los baños desde las celdas de los varones adultos y no resulta posible el acceso a espacios al aire libre desde la celda”, al contrario de lo que sucede en otros centros de acogida, para lo que citan a las dependencias habilitadas en Gran Canaria, Tenerife, Málaga o Motril. Además, los cubos de basura están cerca de los cubículos, provocando riesgos para la salud, y, entre los puntos que se recogen, recomiendan instalar toldos u otros elementos que den sombra y “habilitar espacios para que las personas detenidas puedan acceder a zonas al aire libre durante su estancia”.

Sin sistema sonoro de seguridad ni contacto exterior

En cuanto a la seguridad, todas las celdas del CATE carecen de sistema sonoro de llamada. “Este hecho dificulta que el personal de custodia pueda prestar la necesaria asistencia a los internos ante cualquier incidente o vicisitud ocurrido durante la custodia, que ponga en riesgo la seguridad o integridad de las personas detenidas”, especifican. Para paliar esta falta, se hacen rondas durante la noche, sin embargo, los agentes solo escuchan las llamadas de voz una vez están delante de un módulo en concreto. “No cabe concebir una instalación pública en la que la atención precisa haya de ser reclamada mediante llamadas de voz”, advierten, aparte de que el cierre de las puertas de todas las celdas y módulos del CATE es manual, lo que puede “poner en riesgo la vida y la integridad física” de los detenidos.

Con relación a los recursos para los extranjeros, faltan fuentes de agua potable en las instalaciones donde duermen y carecen de libro de quejas y sugerencias en el propio edificio debido a que se encuentran en la comisaría por donde no pasan los individuos, refleja el MNP. Por otra parte, se les retira el móvil una vez dentro del CATE, a diferencia del protocolo en otros centros, como Barranco Seco. “El conjunto de estas medidas imposibilita el contacto con el exterior, generando un sufrimiento innecesario en las personas extranjeras y sus familiares, que no pueden saber que han llegado con vida a tierra firme” y, a su vez, “esta incomunicación puede perjudicar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa o un sufrimiento innecesario porque limita la comunicación con su letrado o personas de confianza”.

A esta falta de comunicación habría que añadir que en el CATE de Almería el responsable del turno saliente durante los relevos no deja constancia de las incidencias habidas en el turno por escrito. Se comunica “solo de forma verbal” las incidencias y las circunstancias relevantes de la custodia, como la presencia de personas detenidas con necesidades especiales. Una cuestión que va contra lo establecido en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, recuerda el ente, para lo que recomienda una vez más que haya registro de lo sucedido durante las guardias.

Respuesta del Ministerio del Interior

En la ficha actualizada de mayo no constan las respuestas por parte de la administración a las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo, aunque en anteriores ocasiones se ha aludido a la falta de presupuesto o a las medidas de seguridad vigentes para justificar alguna de las actuaciones, como que no haya camas. A tenor de la falta de literas, ya en el año 2011 se hacía constar en el informe de la MNP que la carencia de este mobiliario “afectaba” al descanso de los recién llegados. “Se ha solicitado que se subsane esta deficiencia”, ya que, observa el escrito, “no deberían dormir en colchonetas extendidas en el suelo”. Una década más tarde, permanecen.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio del Interior confirman que la Dirección General de la Policía remitió el 11 de junio por escrito las respuestas al Defensor. En el documento, trasladan, se aclaran las peticiones de información y se atienden la mayor parte de las sugerencias formuladas por la institución. En este sentido, adelantan que está prevista “para este mismo año” la instalación de los elementos de sombra y, también, la colocación de los carteles para indicar cuáles son las zonas con videovigilancia. Además, indican que “se están estudiando ya” la forma de intervenir en el techo del módulo de menores.

No obstante, la Dirección General plantea que hay sugerencias “que ya se aplicaban en el momento de la visita realizada a las instalaciones”, como la existencia de colchones ignífugos, así como la presencia de un sistema de mantenimiento permanente y del abastecimiento de agua potable “que atiende en todo momento las necesidades de las personas del centro”. También, confirma la existencia de un libro de quejas y sugerencias y de un libro de relevos.

Las calles del pueblo estaban ya casi guardadas en su memoria corporal. Su discapacidad visual le obligaba a memorizar el camino habitual de vuelta a casa, pero Jenny llevaba solo unos meses en Dosbarrios, el pueblo toledano donde vivía sin papeles, y una tarde se desorientó. Agobiada y nerviosa, la peruana trató de preguntar a su alrededor. Cuando supo dónde se encontraba, se calmó y sonrió: su cuerpo la había guiado y, sin saber cómo, había aparecido en la puerta de la señora Carmen.

No estaba cerca de su vivienda, pero había llegado a la que se ha convertido en su segunda casa en España. Ese nuevo hogar es una persona y se llama Carmen, una mujer española de 76 años que mira a Jenny con ternura y admiración. Una señora que extrañaba desde hacía demasiado tiempo ese tipo de amistad que acompaña cada día y se convierte en familia. Hasta que conoció a Jenny, que dejó su Perú natal para encontrar las oportunidades laborales que no tenía en su país debido a su discapacidad visual.

“Es como si nos conociéramos de siempre. Incluso una vez que me perdí, llegué exactamente a la puerta de su casa, pero yo no lo sabía, no identificaba dónde estaba. Había un coche afuera, pregunté al señor para que me orientase. Y, antes de hacerlo, él me había reconocido porque me había visto una vez y me preguntó: '¿Buscas a mi mamá?'”, detalla la joven sorprendida. Carmen interviene con una sonrisa: “¿Tú no crees que ahí hay algo mágico? De repente me la encontré tan apurada en la puerta de la calle hablando con mi hijo”.

Jenny llegó a España en agosto del año pasado. Un familiar suyo vivía en el municipio toledano de Dosbarrios. Con un techo garantizado, decidió migrar para conseguir la vida independiente que anhelaba a sus 30 años. No era fácil; sabía que tras llegar a Madrid como turista y expirar su visado, debía pasar un tiempo sin papeles hasta conseguir un permiso de trabajo, la fórmula utilizada por la mayoría de migrantes latinoamericanos.“Yo tengo discapacidad visual, tengo la visión muy baja y allá la inclusión más que todo es nombre, no se ve tanto en la práctica. Me decían que en España hay más políticas de inclusión, y podría encontrar mejores oportunidades laborales de las que tenía en Perú”, explica la treintañera, mientras Carmen escucha sus palabras.

Aún no ha conseguido su objetivo final, pero sí pasos importantes. El último, un permiso provisional de residencia que permite trabajar mientras se estudia su solicitud de regularización extraordinaria. La de Jenny es una de las 549.596 solicitudes registradas desde el inicio del procedimiento de la regularización, según los últimos datos del Ministerio de Migraciones. De ellas, al menos 91.905 personas han obtenido la autorización temporal con la que cuenta la peruana. En el proceso de regularización siempre ha estado una mujer mayor, bajita y risueña, que agarraba su brazo: la jubilada española, empeñada en acompañarla y animarla en cada una de sus gestiones administrativas.

"Ella me da el calor que yo necesitaba desde que vine, porque extraño mucho a mi mamá, y lo he encontrado en ella. Cuando estoy con Carmen me hace sentir protegida, mimada. Puede sonar infantil, pero todos necesitamos alguien que se interese por nosotros y nos cuide"

“Yo me sentía sola, y también la veía sola a ella. Ahora nos acompañamos”, dice la septuagenaria. “Ella me da el calor que yo necesitaba desde que vine, porque extraño mucho a mi mamá, y lo he encontrado en ella. Cuando estoy con Carmen me hace sentir protegida, me mima a veces... Puede sonar tal vez infantil, pero tengamos la edad que tengamos siempre es bonito sentir cariño, sentir que le interesas a alguien, sobre todo estando tan lejos de tu madre”, explica la peruana.

Su amistad surgió gracias a la costura, el oficio al que se dedicó Carmen y por el que aún hace algunos arreglos en el pueblo. “Necesitaba que me arreglasen una prenda de ropa. Me hablaron de ella y fui. Después, un día me vi en un aprieto en la calle y la persona a la que se me ocurrió llamar, no sé por qué, fue a ella. Ni corta ni perezosa vino, me dio la mano y nos pusimos a conversar”, describe Jenny. “Desde ahí se ha fortalecido nuestro vínculo”.

Carmen encontró en Jenny la compañía que anhelaba para paliar el aislamiento habitual de tantas personas mayores en la España vaciada. “En el pueblo me preguntan si es mi hija”, dice Carmen entre risas. “Yo digo que no me importaría, pero no; para mí es una amiga, aunque va más allá. Yo tengo a mis hijos, me quieren y los quiero. Pero ella ha venido en una etapa de mi vida en que me da lo que necesito: mucho cariño, conversación, me anima”. Mientras habla, rompe en lágrimas al recordar la falta que le hacía ese apoyo. Jenny, aunque no ve sus lágrimas, percibe el quiebro en su voz y le agarra la mano con fuerza.

“Mi marido me dice: 'Es que chica, te vas con esta muchacha y no te duele nada'”, sonríe la jubilada. La presencia de Jenny ha roto una rutina estanca. “En mi casa a veces no hablo más que con los gatos”, confiesa Carmen. Ahora, la treinteañera pasa horas en su casa y la ayuda en las tareas domésticas en las que pueden acompañarse, desde fregar hasta empaquetar la ropa de invierno en cajas. “Ver que tengo a alguien activo en casa me da un empuje. Es como si me hubieran metido una inyección de 'venga, Carmen, espabila'”.

El laberinto administrativo de la discapacidad

Sin embargo, el permiso provisional que Jenny lleva en el bolsillo es solo la primera llave de un laberinto complejo. Para una persona con discapacidad visual severa, los muros burocráticos no caen fácilmente. “Para los cursos de movilidad me pedían el permiso de residencia”, relata la joven. Ahora que tiene el NIE, el obstáculo ha cambiado de forma: al contactar con la ONCE, la respuesta fue que requería la nacionalidad española o, en su defecto, una acreditación oficial de discapacidad que aún no posee en España. Su único respaldo actual es un informe oftalmológico emitido hace apenas unas semanas en Toledo, cuenta la peruana.

Las trabas con las que se ha chocado Jenny reflejan una situación estructural. Las organizaciones especializadas llevan años señalando el limbo en el que se encuentran las personas sin papeles con discapacidad, ya que la normativa exige la tarjeta de residencia como requisito previo obligatorio para evaluar y reconocer oficialmente el grado de discapacidad. Al carecer de este documento, estas personas quedan desprotegidos ante el sistema e imposibilitados para acceder a los circuitos oficiales de empleo protegido o muchos programas de autonomía personal.

A Carmen le duele la desprotección que sufre su amiga por el hecho de ser extranjera. Su hijo fue el primero en sugerir que llamaran a la ONCE para buscar apoyo. “¿No estáis viendo lo difícil que es salir adelante?”, se pregunta Carmen, aludiendo a las grandes organizaciones. “¿Porque sea de otro país y estar en situación irregular no se le puede echar una mano? Una persona que tiene todas sus capacidades se mueve más fácil, pero con estas discapacidades tendría que haber un organismo que acelerara las cosas, porque ya bastante mal lo pasan”.

Una amistad que desmonta el odio

Carmen frunce el ceño cuando habla de quienes azuzan los discursos que criminalizan la migración. En Canarias, donde vivió una época junto a su familia, conoció de cerca a algunos jóvenes marroquíes que tardaban años en conseguir papeles. “Los españoles también hemos emigrado cuando acabó la guerra, a Argentina, a Rusia... ¿Qué hubiera sido de ellos si los hubieran puesto en alta mar?”, cuestiona. “Si tú eres una persona honrada y tus hijos tienen hambre, buscas el pan donde esté. Yo también lo haría”.

En las calles de Dosbarrios, cuentan, no sienten el odio que vomitan algunos políticos en televisión. El pueblo observa sus paseos como una estampa cotidiana. Cuando Jenny no acompaña a Carmen, las vecinas la buscan con la mirada. “Me preguntan: '¿Y la niña dónde está hoy?'”, relata Carmen con una sonrisa cómplice. Encontrarse cada día en la esquina, con una broma, se ha convertido en una motivación para ambas. No verlas juntas despierta extrañeza.

Su objetivo inmediato es conseguir un empleo en el que sienta que aporta todo lo que puede dar de sí misma. “Quizá necesito un poco más de tiempo para aprender y conocer el espacio, pero después puedo hacer muchos empleos como cualquier persona”, defiende la peruana, que actualmente subsiste dando clases online particulares de inglés, un idioma que domina.

Jenny presentó su regularización hace algo más de un mes con el apoyo de la ONG Servicio Doméstico Activo. Ese día, Carmen agarraba del brazo a Jenny, que portaba un bastón guía entre sus manos. Aunque vive en un pueblo de Toledo de la 'España vaciada', esperaban la apertura de una de las organizaciones que apoyan a los migrantes en el procedimiento extraordinario en Madrid. Era mediodía, pero se habían levantado a las seis de la mañana para tomar la combinación de transporte necesaria para llegar hasta aquí. Cuando Jenny le dijo a Carmen que conocía un lugar en la capital donde podrían ayudarla, no le importó la distancia ni la posible reacción de extrañeza de su marido, que la acabaría esperando en casa hasta el anochecer debido a las escasas conexiones de transporte público con Dosbarrios. “Yo voy contigo”, le dijo la septuagenaria a la peruana.

Ya en el interior del espacio de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), caminaban despacio y con precaución. La anciana, por su edad. La treinteañera, por su discapacidad visual. Ambas se acompañaban y ayudaban en el camino. Se hablaban con la dulzura y complicidad de dos amigas. La diferencia de edad es evidente pero de sus palabras no se percibía una relación asistencialista ni laboral: transmitía un apoyo mutuo. Una hora más tarde, ambas se sientan frente a Edith Espínola, que revisó su caso con detenimiento. “Expediente subido”, anunció la portavoz del colectivo. Otros migrantes de la sala, que entonces aún estaban recopilando trámites previos, aplaudieron y animaron a Jenny. Carmen la miraba con ilusión. No soltaba su mano.

El horizonte administrativo aún no está resuelto, pero la cocina de Carmen guarda un festejo pendiente. “Yo vivo cada paso suyo intensamente. Tengo una botella de champán en el frigorífico para el día en que consiga su primer contrato de trabajo”, lanza Carmen con desparpajo, despertando las carcajadas de Jenny. Saben que ese día, mientras su marido duerme, las amigas brindarán por el día en que Dosbarrios se convirtió en el lugar donde perderse significó la creación de un nuevo hogar.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha fallado que no se puede condenar como autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal a la persona que coge el timón de su patera o cayuco para intentar llevarlo a tierra cuando los verdaderos patrones de la embarcación abandonan esa tarea.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal absuelve por falta de pruebas a cuatro ciudadanos senegaleses que ya habían pasado un año de reclusión preventiva, acusados de ser los patrones de un cayuco con otros 68 migrantes a bordo que fue rescatado el 4 de abril del año pasado al sur de Tenerife.

Desde su detención, los cuatro habían negado que formaran parte de la organización que fletó la embarcación desde Gambia y Senegal hacia Canarias y también que hubieran desempeñado función alguna a bordo de la embarcación, como pilotarla o distribuir el agua y la comida.

Según su versión, solo eran cuatro migrantes más que intentaban llegar a España y habían pagado entre 400.000 y 450.00 francos CFA (entre 610 y 690 euros) por tener un hueco a bordo del cayuco.

En su contra se presentaban una serie de testimonios recabados por la Policía entre algunos de sus compañeros de travesía, que los señalaban como las personas que llevaban el timón y el GPS.

Uno de los procesados sí reconoció que pilotó temporalmente la embarcación, pero siempre precisando que lo hizo cuando ya estaban cerca de Tenerife y los verdaderos patrones abandonaron esa función para mezclarse ente el resto del pasaje y evitar que los arrestaran.

La sentencia deja constancia, de hecho, de que un menor testificó que eso es lo que verdaderamente ocurrió: que algunas personas tomaron el timón cuando los patrones dejaron la barca sin gobierno y trataron de convencer a varios menores de que fueran ellos los que guiaran el cayuco, argumentando que no les iba a pasar nada.

La defensa, ejercida por los letrados Sara Rodríguez, Mila Hristov y Elías Yanes, alegó que los testimonios aportados por la Policía y el Ministerio Fiscal incurrían en varias contradicciones sobre qué es lo que realmente hizo cada uno de los procesados.

El tribunal les da la razón: “Concurren serias dudas sobre la concreta participación de cada uno de los acusados, sin poder afirmar, con la contundencia necesaria para posibilitar una condena en el ámbito penal, que alguno de ellos sea responsable penal de los delitos por los que han venido siendo acusados”, apunta la magistrada ponente, María Jesús García, de la sección sexta de la Audiencia.

En cuanto al procesado que sí ha admitido que cogió el timón cuando los patrones lo soltaron, los magistrados entienden que esa conducta no puede considerarse como constitutiva de delito.

De hecho, dan verosimilitud al testigo menor de edad que corroboran que así ocurrió y estiman que la reacción del procesado al ponerse al timón fue “movida por una situación de necesidad”.

A otros de los acusados, los testigos de cargo los describían como “amigos” de la persona que había fletado el cayuco. Sin embargo, el tribunal contesta que de esa amistad, por sí sola y sin más pruebas, “no puede inferirse la ejecución de labores directivas o u organizativas” como las que castiga en estos casos el Código Penal. 

Después de conocer el campamento de acogida de Las Raíces, en Tenerife, el papa León XIV ha podido conocer otras historias de personas migrantes llegadas a Canarias en la plaza del Cristo de La Laguna. Entre ellas, la de Mbacke Ndiaye, un senegalés de 20 años que ha tenido ''la oportunidad de empezar de nuevo''. Con el continente africano colgando en su cuello, ha contado al pontífice cómo la fundación Buen Samaritano le ha dado ''más que un techo y comida''. ''Me ha dado respeto, paciencia, y gente que me dijo: ''tú vales, tú puedes''.

''Ahí vivo yo desde hace un año, esperando que salgan mis papeles. Yo he tenido mucha suerte, porque otros jóvenes cuando cumplen 18 años se quedan en la calle'', ha contado en su discurso. Mbacke ha explicado que él y sus compañeros han aprendido de diferentes actividades formativas como español, cocina, agricultura, carpintería, reparación o costura. “En mi caso particular, tengo la formación básica de español'', ha relatado.

''Todo eso me hace sentir que tengo un lugar y una familia. Tenerife me ha enseñado que la hermandad existe más allá de la sangre. Cuando una persona te tiende la mano sin pedir nada a cambio, el miedo se va y viene la esperanza'', ha dicho el senegalés en su discurso.

''Mi compromiso es simple'', ha continuado. ''Quiero devolver lo que he recibido. Quiero trabajar con honestidad, estudiar con esfuerzo y ayudar a mi familia. Santo Padre, le pido que siga recordando al mundo que detrás de cada migrante hay un sueño, una madre que reza y una persona que merece una oportunidad'', ha pedido Mbacke Ndiaye.

El joven ha querido terminar su intervención recitando un poema elaborado por los miembros del grupo de teatro de la Fundación Buen Samaritano para compartirlo con otros jóvenes en su misma situación y ''vencer al miedo''.

Cruzamos mares,

dejamos el hogar

Buscamos sueños,

un nuevo lugar.

Inmigrantes somos,

con fuerza y pasión,

luchamos por la vida

por un nuevo rincón.

El camino es duro,

pero hay esperanza.

La fe nos levanta,

nunca se cansa.

Cargamos historias,

cargamos dolor,

los muros se alzan,

pero hay decisión.

La tierra es de todos,

no hay división.

Y aunque nos miren como extraños,

sabemos que el mundo es para compartir.

Traemos cultura,

tramemos dolor.

Somos semillas

de un mundo mejor.

La migración irregular hacia la UE registró en los primeros cinco meses del año un descenso del 40% respecto al mismo periodo del año anterior, con un desplome en la ruta de África occidental, que afecta a Canarias, donde las detecciones han caído un 71%, con un total de 3.200 casos.

Este descenso en Canarias se ha producido gracias a las medidas de vigilancia de países como Mauritania, Senegal y Gambia, ha informado la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) este viernes, día en que comenzó a aplicar los protocolos del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.

Este nuevo marco legal, que incluye un sistema de control unificado en todas las fronteras exteriores, se estrena en un contexto de descenso generalizado de la presión migratoria, con un total de 39.000 cruces irregulares detectados entre enero y mayo.

Según el informe difundido por Frontex, esta tendencia a la baja se materializó en menos infiltraciones en prácticamente todas las rutas, con la única excepción del Mediterráneo occidental.

En esa ruta, donde se ubican el estrecho de Gibraltar y las islas Baleares, se detectó un notable aumento de casos -del 46 %-, con 7.100 llegadas registradas.

Este incremento está impulsado, según Frontex, por las salidas desde las costas de Argelia, lo que refleja un desplazamiento de las redes de tráfico de personas ante los controles más estrictos en Marruecos y otras rutas tradicionales.

Como contrapartida, el desplome más drástico de toda la Unión Europea se ha producido en la ruta de África occidental, que afecta a Canarias.

En cuanto al resto de zonas, el Mediterráneo central se mantiene como la ruta con mayor volumen de migración irregular con 11.600 casos, a pesar de haber experimentado un descenso del 46%.

Frontex advierte en su informe de que la volátil situación en Oriente Medio genera una creciente incertidumbre, aunque de momento no ha provocado desplazamientos masivos hacia las fronteras europeas.

A pesar de la reducción estadística, el coste humano sigue siendo trágico, con casi 1.300 personas muertas en el Mediterráneo en lo que va de año.

El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, declaró respecto a la entrada en vigor del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE que “a partir de este momento, cualquier persona que llegue a las fronteras será identificada, registrada y examinada bajo un estándar común, transformando las 27 normativas nacionales previas en un procedimiento único y coordinado con agentes desplegados sobre el terreno desde el primer día”.

Con una carpa de fondo y en francés, el papa León XIV se ha dirigido este viernes a los migrantes acogidos en Canarias. Lo ha hecho desde el mayor campamento del Archipiélago, Las Raíces (Tenerife), por donde han pasado desde que abrió sus puertas en 2021 cerca de 70.000 personas. Sin embargo, sus palabras se han dirigido a todos los supervivientes de la mortífera ruta del Atlántico. “Todos de algún modo somos migrantes. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno”, ha dicho el pontífice ante trabajadores de las ONG Accem y Cruz Roja, autoridades y migrantes.

León XIV ha respondido en francés y con algunas frases en inglés a los discursos en español que leyeron un hombre y una mujer supervivientes de la ruta canaria. Ella ha lanzado un mensaje claro y contundente: “No pedimos privilegios ni compasión, sino respeto y la oportunidad de vivir con dignidad”. La mujer, que ha sido la última en intervenir antes del Papa, no habló solo en su nombre, sino en el de todas las personas que han dejado atrás su hogar, su familia y su vida buscando seguridad, paz y dignidad.

“Venimos de países donde la pobreza, la violencia, la guerra, la persecución y la falta de oportunidades nos obligaron a partir. Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por voluntad propia cuando puede vivir en paz”, subrayó. El camino, ha detallado, tampoco es fácil. “El trayecto estuvo lleno de miedo, dolor e incertidumbre. Significa enfrentarse al hambre, al frío, a la desesperación y, muchas veces, a la muerte”, dijo, recordando a muchos “hermanos y hermanas” que perdieron la vida en el mar. 

“Hoy, desde esta tierra de acogida, Canarias, queremos elevar una petición sencilla, pero profundamente humana: que las fronteras no se conviertan en muros de indiferencia, que no se nos mire solo como migrantes, números o documentos, sino como personas con historia, con sueños, con familias y con esperanza. Nuestra humanidad debe estar siempre por encima de cualquier condición legal”, concluyó.

Un joven de origen nigeriano también pudo leer algunas palabras al pontífice. En su discurso, le agradeció que mirara a las personas migrantes “con respeto y con cariño”. “Gracias por recordar al mundo que somos personas y necesitamos paz, amor y oportunidades”, dijo, así como también subrayó que los periplos migratorios que atraviesan muchas personas están llenos de “miedo, tristeza y también soledad”.

Durante su intervención, León XIV recordó a su antecesor, el papa Francisco, y sus ganas de haber podido visitar Canarias. “A él le gustaba usar la imagen de las raíces para no olvidar los orígenes y permanecer unidos”, dijo, haciendo referencia también al nombre del recurso. 

La ministra de Migraciones del Gobierno de España, departamento del que dependen los centros de acogida de Canarias, reivindicó en su discurso los tres ejes de la política migratoria del Ejecutivo central: “humanidad, regularidad y convivencia”. Asimismo, recalcó el compromiso de España con una “visión humana de la movilidad”, inspirada en la “dignidad inviolable de cada persona”. 

“Todos somos nuevos en algún lugar a lo largo de la vida [...] Todos hemos necesitado que alguien nos tendiera la mano para convertir lo desconocido en hogar”, dijo. Asimismo, finalizó haciendo referencia a la necesidad de ofrecer respuestas basadas en valores y cooperación internacional frente a los discursos de odio. 

Ernesto Mayoral, empleado público en el Ministerio de Migraciones, eñaló que desde su apertura el recurso ha acogido a más de 70.000 personas, tratando de ofrecer una acogida “digna, humana y especializada”. El trabajador de Accem también aprovechó para resaltar la “profesionalidad y el compromiso” de las cerca de 600 personas que trabajan en el campamento.

El Papa entra a una carpa

La visita del Papa ha permitido a los medios entrar por primera vez a las instalaciones del campamento. Tras los discursos, León XIV pudo hacer un breve recorrido por parte de las instalaciones y entrar a una carpa con decenas de literas. Allí, el pontífice saludó a algunos usuarios del centro y pudieron observarse las camas con una sábana azul y una toalla blanca en cada una de ellas. Al salir de ella, el religioso saludó a algunos otros usuarios en la puerta de algunas tiendas de campaña, pero sin entrar en ellas.

Este jueves, algunos usuarios denunciaron a esta redacción que se había acondicionado una carpa nueva específicamente para la llegada. También aseguraron que no todos los hombres acogidos en Las Raíces en la actualidad (685 según cifras de la organización) podrían participar en el acto, sino solo algunos seleccionados por la entidad. Un migrante acogido en el centro, con el que pudo hablar este periódico, criticó que no pudieran leer su propio discurso.

Santiago Abascal se acostumbró a llamar ‘ciudadano Bergoglio’ al Papa Francisco cuando denunciaba, desde Lampedusa o Lesbos, las políticas antiinmigración que convirtieron el Mediterráneo en el “mayor cementerio de Europa”. Y es que las relaciones de la ultraderecha con el Vaticano durante el pontificado de Francisco estuvieron a punto de romperse en varias ocasiones, dada la bendita costumbre del Papa argentino de denunciar la “cultura del descarte”, recordar que “todos fuimos refugiados” y llamar “genocidio” a la masacre israelí en Gaza.

Una brecha que se agudizó a cuenta del papel protagónico de instituciones de la Iglesia católica en la regularización extraordinaria de migrantes, o las críticas episcopales a la ‘caza al moro’ de Torre Pacheco. El líder de Vox, enardecido, llegó a acusar a los obispos de callar ante la “invasión musulmana” para no perder los privilegios económicos (incluso llegó a sugerir un trato de favor en los casos de pederastia) de los que disfruta la Iglesia.

Los obispos también se mostraron críticos con la “prioridad nacional” impuesta por Vox al PP en aquellas regiones donde los populares no lograron alcanzar mayoría absoluta, y necesitaban a la ultraderecha para formar gobiernos. El portavoz de la CEE, César García Magán, confrontaba la “prioridad del Evangelio” frente. La réplica de Abascal fue contundente: “Nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria”.

 “A muchas personas habría que meterlas en una lancha, pasar cinco días en el Atlántico, día y noche, sin comer, y ver cómo llegan. Entonces, cuando lleguen, ¿qué haremos? Tendremos que recibirlas y cuidarlas, por supuesto”, declaraba el obispo de Canarias, José Mazuelos, un par de meses antes de recibir, esta mañana, al Papa León XIV en el muelle de Arguineguín, tristemente famoso por las crisis de los cayucos de 2020. De inmediato, el líder de Vox contestaba: “Algunas personas que se benefician de la inmigración ilegal deberían abandonar el palacio y bajar a ver las consecuencias que esto tiene para los españoles: para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”.

La elección de Prevost, un candidato que los pseudomedios cercanos a la ultraderecha habían tratado de impedir con un falso dosier en el que se le acusaba de inacción ante un caso de abusos, supuso no obstante un conato de esperanza: León XIV era un Papa más ‘conservador’ en lo moral, amante de la liturgia y garante de una unidad que, en tiempos de Francisco, había estado en discusión, con amenazas de cisma por parte de los grupos más tradicionalistas.

Así, Prevost se ha significado a favor de las misas en latín, no ha acelerado las propuestas renovadoras de Francisco sobre la presencia de laicos o mujeres (aunque ha nombrado una prefecta de Comunicación laica, se trata de la directora de EWTN, la cadena ultracatólica estadounidense) y, pese a sus enfrentamientos con Donald Trump, todo parecía indicar que habría un ‘pacto de no agresión’ con los sectores católicos más conservadores.

De hecho, Abascal rompió su norma no escrita de no acudir a acto alguno en el que estuviera Pedro Sánchez, y acompañó al Papa León tanto en su primer discurso, en el Palacio Real, como en su histórica alocución ante el Congreso de los Diputados. En ambas ocasiones, salió trasquilado. Porque el Papa no sólo no amonestó al presidente del Gobierno (omnipresente, por cierto, en todas las etapas de este viaje), sino que agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo” e invitó a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo”. Además, puso como ejemplo la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos en Córdoba y Toledo, tan denostada por la ultraderecha.

En la Cámara Baja, por su parte, Prevost reclamó “una respuesta” al “drama migratorio” que “vaya más allá de la mera gestión de flujos” de personas y que les ofrezca “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”. En su discurso ante los parlamentarios y los senadores, el Papa también hizo hincapié en “la obligación de los Estados de resolver sus controversias por caminos pacíficos”, y se mostró muy crítico con el rearme puesto en marcha por los países de Europa porque “la verdadera seguridad”, dijo, “nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Si en su primer discurso no se dio por aludido, tras las palabras del Papa en el hemiciclo Abascal no tuvo más remedio que elaborar una interpretación muy particular del discurso de León XIV. En opinión del líder de Vox, la necesidad de acogida al débil y al inmigrante es “perfectamente compatible” con las leyes de los Estados, apuntó, indicando que, de hecho, a él le gustaría la misma política migratoria que, supuestamente, tiene el estado vaticano: “Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada”. Olvida Abascal que, pese a no formar parte de la UE, la Santa Sede sí comparte espacio Schengen con Italia, su única frontera. Y que Francisco acogió a centenares de refugiados de Afganistán, Irak o Palestina en el Vaticano.

Prevost también habló de la dignidad de “todos” y de la necesidad de acogida tanto en el Estadi Olímpic de Barcelona, como en su encuentro con realidades sociales en el Raval. Todo ello sin que se produjera la que, a priori, era la etapa canaria del viaje, donde se esperaba que Prevost hablar expresamente de la inmigración.

No defraudó el Papa en Arguineguín, frente a cuyo muelle declaró que “no podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte”. Para León XIV, los migrantes “no son números ni expedientes. Son personas con una familia y una casa dejada atrás”, antes de depositar un ramo de flores frente al mismo mar que, desde hace años, devuelve cadáveres de personas que buscan un futuro mejor lejos de sus costas. “Nos inclinamos ante el altar (...), no podemos luego pasar de largo ante los cayucos y las pateras”, dijo el Papa, que reformuló las palabras del Papa Francisco para subrayar que “Europa no puede acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas”. ¿Habrá respuesta, o silencio, del líder de la ultraderecha católica al ‘ciudadano Prevost’?

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Era 5 de febrero de 2021 y Tenerife estaba en alerta por nieve. El termómetro marcaba 8 grados y no dejaba de llover. Ese día, y pese a las reticencias de algunos usuarios que no querían bajarse de la guagua por el frío y la lluvia, comenzó a funcionar el campamento de acogida de migrantes más grande de Canarias. Situado en La Laguna, entre un bosque de eucaliptos y a unos siete kilómetros del aeropuerto, el acuartelamiento militar de Las Raíces se convirtió en un centro con capacidad para 2.000 personas. Sus condiciones han provocado en estos años diferentes protestas, e incluso huelgas de hambre. Por sus carpas blancas han pasado miles de personas e historias, y este viernes 12 de junio también lo hará el papa León XIV.

Las Raíces forma parte de uno de los siete campamentos de acogida que el Ministerio de Migraciones instaló en Canarias durante la emergencia humanitaria de 2021. El propósito era contar con recursos estables donde atender a los supervivientes de la ruta del Atlántico después de que miles de ellos hubieran dormido al raso durante semanas en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y de que se hubieran habilitado algunos alojamientos turísticos como centros de acogida.

Más de 10.000 personas han pasado por este recurso desde que abrió sus puertas hasta hoy. En la actualidad, el recurso acoge a 685 personas, según ha afirmado a este periódico Accem, la ONG que lo gestiona. En sus carpas han convivido nacionales de diferentes países como Senegal, Mauritania, Mali, Gambia, Marruecos o Bangladesh. Como consecuencia de los errores en la identificación de los migrantes a pie de muelle, también han coincidido en las instalaciones adultos y menores de edad. 

Durante las primeras semanas de funcionamiento, la falta de agua suficiente en las duchas o la inundación de las carpas donde convivían hasta doce personas dieron lugar a numerosas protestas y provocaron conflictos dentro del establecimiento. En julio de 2022, las “condiciones indignas” del campamento llevaron a un grupo de personas a organizar una huelga de hambre. Entonces, un joven maliense que llegó en cayuco a Arguineguín contó a esta redacción que las filas para comer empezaban a las seis de la mañana y a las nueve todavía no llegaba su turno. 

Para exigir una mejora en las condiciones de la acogida, algunos migrantes instalaron un campamento alternativo en el exterior del cuartel militar con tiendas de campaña. En señal de protesta, pasaron varias noches al raso. Las carencias del recurso coincidieron en ese momento con la orden del Ministerio del Interior de bloquear en el Archipiélago a los migrantes que llegaban desde el continente africano. Aprovechando los controles sanitarios que tenían lugar en los aeropuertos por la crisis del coronavirus, las autoridades detuvieron a decenas de migrantes que intentaban llegar a la Península. 

El bloqueo de cientos de personas en Canarias hizo que las islas fueran bautizadas como “cárceles” en aquellos meses. La frustración de los supervivientes por la incertidumbre sobre su futuro y la imposibilidad de continuar con sus proyectos migratorios generaron en algunos de ellos un fuerte impacto en su salud mental. “Hemos observado cómo muchos de ellos se autolesionan con el fin de relajarse y no exteriorizar su frustración con otras personas”, contaron en ese momento algunos trabajadores del campamento.

Las Raíces también se convirtió en símbolo de la solidaridad del pueblo canario durante los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus y también de la crisis humanitaria de 2020. Hasta el exterior del centro se trasladaron decenas de personas de Tenerife para llevar comida caliente, ropa, mantas y otros enseres a las personas allí acogidas. Todavía hoy muchas personas se acercan al acuartelamiento militar para ofrecer acompañamiento o clases de español a los supervivientes de la ruta canaria.

La visita del Papa 

Sobre la visita del Papa, aunque no han podido ofrecer demasiados detalles, han adelantado que el León XIV dará un discurso frente a los usuarios y los trabajadores del centro (tanto de Accem como del Ministerio de Migraciones, del que depende el campamento). En el encuentro, que comienza a las 9.30 horas, también habrá trabajadores de Cruz Roja, los usuarios ofrecerán un discurso y el Papa hará un recorrido por las instalaciones. 

Mientras tanto, algunos usuarios han denunciado que el encuentro con el Papa estará limitado a un grupo reducido de personas y que se ha acondicionado una carpa especialmente para la visita. Un usuario ha contado en una conversación telefónica con esta redacción que propuso crear con compañeros de diferentes pateras un discurso propio en el que contar sus historias y compartir su situación, pero la entidad rechazó su propuesta por “protocolo”. 

Por el contrario, ha asegurado que la organización ha seleccionado a cuatro personas cristianas para leer un texto preparado. Fuentes próximas a los migrantes han señalado a este periódico que los usuarios quisieron mostrar su descontento con una protesta, pero cambiaron de opinión tras recibir “advertencias sobre posibles repercusiones legales o administrativas derivadas de su participación”.

Las campanas de la Catedral, en Las Palmas de Gran Canaria, repicaron para marcar las once en punto en una, todavía, desierta plaza de Santa Ana. A esa hora, el Papa estaba en Arguineguín, rindiendo homenaje a las personas migrantes que han perdido la vida en la ruta migratoria más mortífera del planeta. Y en la capital aguardaban, dispuestas ante el rosetón -que ha visto pasar casi 200 años de historia-, las más de 500 sillas donde poco después se sentarían fieles y miembros de diferentes parroquias o cofradías de la Isla. Como María Dolores, de la Cofradía de la Esperanza del Santo Padre, de las primeras en sentarse, acompañada de su hija, que declaró sentirse emocionada y que le gustaría que “el Papa estuviera más días en las Islas”, porque “el Archipiélago tiene muchos problemas”.

Mientras tanto, en el interior de la Catedral, todo estaba listo para el encuentro del Papa con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de la Diócesis de Canarias. “Pudiendo ir a otro sitio, eligió venir aquí”, cuenta Andrea, de once años, que, ataviada con el traje de Néstor Martín-Fernández de la Torre, fue la encargada, junto a Valeria y Sofía, de entregar flores y un rosario al Pontífice.

Fuera, poco a poco, se iba llenando la plaza, donde lució el sol por primera vez después de semanas de panza de burro, y lo más cotizado comenzó a ser una visera, una gorra o, incluso, un paraguas. Al tiempo, resonaban algunos ecos de lo que sucedía en el interior de la Catedral: pruebas de sonido, la reproducción de un vídeo… todo gracias a la fibra óptica que, desde las 08.00 horas, los trabajadores estaban probando: “Si falla algo, verá usted cómo nos buscan”, decían entre risas.

Un regalo de calado

León XIV también se lleva un poquito de patrimonio canario: un calado de Ingenio elaborado por Candela Martín y Adela Hernández, que hablan orgullosas de los casi tres meses de bordado en un mantel, un alba y una estola. “Muy trabajoso, pero contentas de que se vea en el mundo el calado de Ingenio”, confiesan.

Para Carlos, el regalo es ver al Papa, y podrá hacerlo con su familia a una distancia de diez metros. Viene de Marzagán y confía en que continúe dando “un mensaje que cale en la sociedad”. Por su parte, Juan, que vino de la isla majorera para vivir este momento histórico, considera que “algo se está moviendo dentro de las personas” porque, tras ver los actos del Pontífice en Madrid y Barcelona, “la gente pidió entradas para verlo en el Estadio de Gran Canaria”. Para sor Remedios, que vino de Málaga para acompañar en este día a las hermanas canarias de su congregación, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Prevost es “un hombre de paz”, que trae el mensaje de unidad de la humanidad.

Por su parte, Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta a Canarias Ahora lo que representa este viaje de León XIV: “El muelle de Arguineguín representa el drama que vive la sociedad mundial con las migraciones, que son, de alguna forma, efecto directo de una globalización que se ha vuelto despiadada”. Para él, la visita de León XIV pone hoy “el foco de atención mundial” en Gran Canaria y supone “la coronación de varios siglos de historia de relaciones entre Canarias y el Vaticano”.

Y llegó el Papa

Las pantallas anunciaban el momento en que el papamóvil cogió la curva en la calle Obispo Codina, momento en que se precipitaron los vítores, los cánticos y las campanas sonaron como solo suenan en una ocasión de estas características. En los altavoces, a todo volumen -que para eso se hizo prueba de sonido-, sonaba Alzad la mirada, que es también el lema de esta visita papal.

“Te queremos muchísimo”

El obispo José Mazuelos abrió el acto destacando el carácter del archipiélago como “encrucijada en medio del Atlántico entre África y América”, lo que ha configurado una sociedad “acogedora y acostumbrada a recibir”. Señaló que las parroquias están llamadas a ser espacios donde se pueda “descubrir la belleza de una fe viva, celebrada y compartida con alegría”. 

A continuación, el sacerdote y religioso claretiano Santiago Cerrato, destacó la riqueza de carismas presentes en la Diócesis y su labor en ámbitos sociales y misioneros, especialmente en “las obras sociales, el trabajo en las fronteras y la presencia en los márgenes y zonas de pobreza”. Reclamó al Santo Padre un impulso renovado para “revivir el ímpetu misionero” y afrontar nuevas tareas evangelizadoras inspiradas en el Espíritu Santo y le confesó, en nombre de la comunidad eclesiástica: “Te queremos muchísimo”.

En el más esperado turno de palabra, León XIV animó a los fieles a fortalecer su vida espiritual y se refirió al papel que los canarios pueden jugar en ese cruce mundial de fronteras. “En los ojos de un isleño siempre se ve el mar abierto que se extiende en el horizonte sin límites ni fronteras, dispuestos a despedir a los que se van y recibir a los que llegan”, expresó el Pontífice.

“Que no se olvide el motivo”

A la salida de la Catedral, Nadezhda recibió del Papa un rosario y palabras de aliento para atravesar un momento complicado de su vida: “Mucha fuerza, todo va a salir bien”, cuenta que le dijo, visiblemente emocionada. Para Carmen, del colegio jesuita San Ignacio de Loyola, es importante “que no se olvide el motivo por el que el Papa está aquí, ni lo que él ha transmitido”.

Fuera, en la plaza, las cosas vuelven a la normalidad. Las palomas, que se habían refugiado en los dinteles de colorines, con más historia que todos los presentes, regresan a sus quehaceres, y los perros de Santa Ana no pronunciaron palabra, como en el cuento de Víctor Doreste, aunque, si hubieran podido, habrían movido el rabo, contagiados, aunque no crean en nada.

El papa León XIV termina este viernes en Tenerife su gira por España. Entre los actos previstos está la visita al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, el más grande de toda Canarias. Según ha adelantado Accem, la ONG que gestiona el centro, el pontífice dará un discurso frente a los usuarios y trabajadores del centro, tanto de la entidad como del Ministerio de Migraciones. También habrá trabajadores de Cruz Roja y los usuarios leerán un discurso. Sin embargo, algunos de los migrantes acogidos allí han denunciado a este periódico que han sido excluidos del encuentro.

Un usuario, que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias, asegura que junto a otros compañeros expresó su voluntad de participar en el encuentro y de elaborar un discurso propio para leerlo frente al Papa. Sin embargo, desde la entidad rechazaron su propuesta por “protocolo” y porque ya habían sido seleccionados otros usuarios para la lectura del texto. ''Mi idea era elaborar un discurso junto a compañeros de otras pateras distintas a la mía y poder expresarnos'', cuenta a esta redacción en una conversación telefónica. El joven afirma que tampoco podrá saludar a León XIV, ya que solo podrá participar en el acto un grupo reducido.

El sociólogo e investigador del CSIC en Tenerife, Lorenzo Caglioni, que está realizando una investigación sobre migraciones desde África Occidental, cuenta que otros usuarios con los que tiene contacto le han trasladado su preocupación por no poder encontrarse con León XIV. Según el investigador, los jóvenes le han expresado una gran frustración porque muchos deseaban poder encontrarse personalmente con el Papa y transmitirle sus experiencias. “Nos informaron de que ya han sido seleccionadas cuatro personas cristianas para leer discursos preparados con motivo de la visita”, añade. “Al mismo tiempo, muchos residentes consideran que las personas elegidas no representan necesariamente a quienes más desean expresar sus experiencias y preocupaciones”, subraya. 

Caglioni trabaja en un proyecto Marie Curie financiado por la Unión Europea que se desarrolla en Tenerife y también en los principales lugares de origen de las personas que llegan a Canarias a través de la ruta atlántica, especialmente Senegal y Gambia. La investigación, que le ha permitido estar en contacto con diferentes usuarios de Las Raíces, ''busca dar voz tanto a quienes han llegado a las islas como a quienes desean migrar, pero finalmente no lo hacen, ya sea por miedo, porque fueron retornados a sus países de origen o porque distintas circunstancias les llevaron a abandonar el proyecto migratorio''.

Una carpa nueva para la visita

Los testimonios a los que ha tenido acceso este periódico señalan que se ha colocado una carpa nueva para la visita que cuenta con ''camas nuevas, mejores materiales y unas condiciones notablemente superiores a las del resto de las instalaciones''. ''La percepción general es que será esta carpa la que se mostrará al Papa, mientras que no se le permitirá acceder a las zonas donde reside la mayoría de las personas migrantes'', explica Caglioni. Este periódico ha preguntado a Accem por estas afirmaciones, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Por otra parte, algunos de estos usuarios han expresado su temor a protestar por la situación tras recibir “advertencias sobre posibles repercusiones legales o administrativas”. ''Nos informaron de que, cuando algunos jóvenes comenzaron a organizarse para expresar su desacuerdo con esta situación, fueron inmediatamente intimidados por miembros del personal. Según un testimonio, se les dijo explícitamente que eran “personas ilegales” y que, si intentaban protestar o generar problemas durante la visita, “les destruirían los papeles”.

El joven con el que ha podido conversar Canarias Ahora manifiesta su tristeza y su decepción: ''Yo aquí no tengo a mi familia, y me siento solo en esta lucha''. Otros usuarios han subrayado que esta reivindicación ''no es únicamente para ellos'', sino también para las personas migrantes que llegarán en el futuro y que la visita del Papa representa una oportunidad importante para dar visibilidad a los problemas que afectan a los migrantes: ''No nos dejan expresar nuestros problemas, nuestras emociones, todo lo que hemos vivido en el mar. Solo nosotros podemos contar lo que pasó''.

Ousseynou Fall es senegalés, pero partió de Mauritania hace seis años rumbo a Canarias en busca de un “sueño”, dice. En el mismo muelle donde ahora aguarda para la visita del papa Leon XIV con “esperanza ” dice y felicidad por sus compañeros. Explica que él estuvo seis días durmiendo a ras del suelo cuando él llegó en noviembre de 2020, pero cree que ocurrió porque había “muchas personas”. Después lo trasladaron a un hotel en Puerto Rico temporalmente, luego a un centro en Arucas y, por último, intentaron trasladarlo a la Península, pero él se plantó y dijo que quería quedarse en Canarias con su familia. Poco a poco aprendió español y ahora trabaja de cocinero. 

“Esperanza” es también la palabra que emplea Juana Isabel una vecina del pueblo de Mogán que asegura que vivía con angustia que a pocos metros de su casa las personas migrantes vivieran hacinadas. “Que venga el Papá es una alegría para los moganeros y que venga además a dar apoyo a estas personas que lo han pasado mal”. La vecina asegura que vive con mucha “pena” el ir al cementerio municipal y ver que hay tantas personas migrantes enterradas. 

Para ella ver al papa y que hable de “solidaridad” es un “sueño” . “A lo mejor al Papa no lo voy a ver más”, dice.

En el muelle, abarrotado de periodistas locales, nacionales e internacionales, políticos, voluntarios… Hay además muchas personas que esperan con ansias ese discurso humanista que ya ha dado en otros puntos de España y marcado por la importancia de ser solidario con las personas migrantes y respetar sus derechos. 

Uno de los testimonios esperados es el de una víctima de trata. Y por ello en el muelle hay varias mujeres víctimas de explotación que acuden al centro Lugo de Cáritas ( que presta atención a víctimas de trata). Este periódico ha hablado con varias de ellas de origen colombiano que han explicado que en ese país “dios” cobra una importancia pero “sin fanatismos” y que es clave para sentir que hay esperanza y tener esa seguridad de que “todo va a estar bien” 

Dos de esas mujeres explican a este pperiódico que se sienten privilegiadas por estar cerca de León XIV este jueves. Una de ellas señala que la vida del migrante es muy dura que te tratan de “explotar”. Ana (nombre ficticio) subraya que “nadie sabe la cruz que carga la otra persona” y que ella misma se ha visto obligada a dormir en la calle, razón por la que acabó siendo explotada sexualmente. 

Explica además que sufrió acoso en una sede las viviendas en las que trabajaba como empleada de hogar, pero nunca pudo denunciar por miedo a que la deportaran. Otra de las mujeres también explica que en una vivienda en la que trabajó su jefa le pegó y no pudo denunciar por miedo.

Es por ello que estas personas creen que es clave que el Papá que ya ha aterrizado en Gran Canaria, escuche las realidades migrantes

A ras del suelo que pisará este jueves el papa León XIV durmieron miles de personas migrantes en 2020. El muelle de Arguineguín (Gran Canaria) llegó a hacinar a hasta 2.600 personas en un fin de semana. Entonces, un repunte de llegadas sorprendió a Canarias sin recursos de acogida suficientes, a pesar de que las islas llevaban más de 20 años recibiendo pateras y cayucos. Una garrafa de agua para ocho o diez personas, gente durmiendo sobre un cartón, personas bajo custodia policial más tiempo del que permite la ley, menores identificados como adultos o ratas correteando por el campamento son algunas de las estampas que hicieron que este lugar fuera bautizado como “el muelle de la vergüenza”. 

Entre las miles de personas que pasaron por Arguineguín estaba Mohammed Syla, nacional de Mali. Seis años más tarde, Syla reivindica la labor de los ''trabajadores en el mar''. ''Si no estuvieran allí, todos los inmigrantes que llegan por mar morirían'', subraya. Aunque recuerda la falta de agua suficiente para lavarse y las carencias en la comida, afirma que estará siempre agradecido con el pueblo español y canario ''por los esfuerzos realizados para salvar a todas estas personas''. ''Porque si nos salvamos, tendremos esperanza de un futuro mejor, especialmente porque queremos trabajar en España'', concluye.

Este 11 de junio, en el marco de su viaje a Canarias, el papa León XIV tendrá un encuentro con migrantes, trabajadores y voluntarios en el puerto de Arguineguín, acompañado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por diferentes ministros y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Con esta visita, el pontífice pretende visibilizar el fenómeno migratorio, así como las tragedias que no cesan en las costas canarias, que durante años han sido las más mortales de todo el mundo. Ya durante su paso por Madrid, el Papa ha defendido una “acogida respetuosa” a las personas migrantes y una respuesta que vaya “más allá de la mera gestión de flujos” y que ofrezca “vías seguras y legales” y posibilidades reales de integración. 

La “vergüenza” de Arguineguín empezó el 3 de agosto de 2020, cuando 71 migrantes recién llegados a Gran Canaria desde el Sáhara Occidental pasaron la noche en el suelo bajo una carpa de la Cruz Roja. El grupo quedó a la espera de que se habilitara un lugar donde se procediera a su identificación y se le practicara la prueba PCR. Sin embargo, la imagen comenzó a repetirse a diario y de una carpa pasó a haber doce, y aunque la capacidad del muelle era de 400 personas, llegaron a estar hacinadas 2.600. 

“Fueron momentos muy duros”, cuenta a Canarias Ahora José Antonio Rodríguez Verona, responsable de los equipos de Cruz Roja que ofrecen la primera atención a los migrantes en Canarias. “Era difícil atender a las personas en el propio muelle en unas condiciones en las que lo que teníamos eran unas pocas carpas y otras que nos había dejado el Ejército para que estuvieran lo más cobijadas y a la sombra posible. Quienes han estado en el muelle saben la inclemencia que se sufre allí con las olas de calor”, subraya.

Rodríguez Verona recuerda especialmente cómo tuvieron que ofrecer asistencia en un contexto de pandemia. “Tuvimos que hablar con muchos comercios y restaurantes para que abrieran y poder ofrecer desayuno, almuerzo y cena a esas miles de personas que llegaron a estar allí”, detalla. 

Aunque para él todas las llegadas fueron igual de importantes, sí recuerda los momentos en los que las embarcaciones precarias llegaban al muelle por sus propios medios. El trabajador de Cruz Roja no se olvida tampoco de los compañeros de Salvamento Marítimo, que “salían al rescate de una embarcación y de buenas a primeras te llamaban para desembarcar a cinco grupos e irse a rescatar a otra”. “Todos convivimos en esa situación e intentamos hacerlo lo mejor posible”, sostiene. 

Sobre la visita del Papa, reconoce que se trata de un encuentro importante, pero subraya que para Cruz Roja lo fundamental es seguir atendiendo dignamente a todas las personas que lleguen a las costas de las islas. Rodríguez celebra que las condiciones de la primera atención a pie de muelle han mejorado respecto a 2020. “En todos los muelles de Canarias en este momento tenemos instalaciones fijas y adecuadas para atender a las personas. En aquella época teníamos carpas de montar y desmontar”, ejemplifica.

Condiciones “lamentables”

El Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la organización Human Rights Watch son solo algunas de las voces que exigieron el cierre del campamento porque no reunía las condiciones mínimas ni aseguraba la dignidad ni la salud de los supervivientes de la ruta canaria. No fue hasta cuatro meses después de su apertura cuando el Ministerio del Interior anunció el desmantelamiento definitivo.

Las condiciones en las que los migrantes fueron acogidos en el muelle de Arguineguín llegaron también a la Justicia. Sin embargo, en enero de 2022, la Audiencia de Las Palmas archivó definitivamente la denuncia contra el hacinamiento de personas en este puerto del municipio de Mogán. El abogado especializado en Extranjería Daniel Arencibia matiza que la resolución de la Audiencia sí reconoció que hubo actos antijurídicos, ya que en el auto puede leerse que ''resulta posible estimar la comisión de los referidos delitos por más que no se denuncie a nadie en concreto''.

El Tribunal reconoció que las condiciones del campamento eran “lamentables”, pero justificó que la “penuria” no respondía a la actuación voluntaria y arbitraria de las autoridades, sino que obedecía a una “situación de carencia de recursos ante el número de inmigrantes que afrontaron la travesía”. 

Sobre el posible delito contra la integridad moral, el fallo concluyó que “se intentó ofrecer amparo, protección y asistencia, si se quiere insuficiente, pero no había otra alternativa, no era posible prever tan masiva llegada”. En febrero de 2019, un informe de la agencia europea de fronteras, Frontex, ya había advertido sobre un previsible aumento de las llegadas de pateras y cayucos a Canarias desde África Occidental. Asimismo, durante el último trimestre de 2019, diversas ONG explicaron que el aumento de rescates ese año solo eran la “antesala” de lo que sucedería en 2020.

Sobre mantener bajo custodia policial a decenas de personas durante más de dos semanas, sobrepasando el máximo legal de 72 horas, el auto concluyó que no se puede “perder de vista” el número de personas ni el ámbito en el que se desarrollan los hechos, “en un núcleo poblacional de pequeñas dimensiones”. “Sobre todo no podemos perder de vista que no existía en ese momento alternativa alojativa y asistencial alguna. Entendemos que la medida adoptada fue adecuada, por más indeseable que parezca, a la situación a la que se enfrentaron las autoridades administrativas”, estableció el documento.

Se da la circunstancia de que el fiscal de Delitos de Odio de la provincia de Las Palmas, José Antonio Díez, fue sustituido por la fiscal de Extranjería, Teseida García. Díez recurrió el primer archivo y exigió un informe policial sobre las detenciones ilegales en el puerto. García, por su parte, pidió el sobreseimiento libre al considerar que los hechos “no son constitutivos de delito alguno”.

En 2020, el Colegio de Abogados de Las Palmas también elevó una queja sobre la falta de garantías en la asistencia jurídica de las personas migrantes. Las personas que entraban al muelle de Arguineguín salían con una orden de devolución sin haber visto antes a un abogado. Esto se produjo “de manera sistemática” y fuentes de la Abogacía señalaron entonces a este medio que algunos letrados se justificaban apelando a la insalubridad del muelle. Por ello, se limitaban a firmar el papel que les daba la policía sin entrevistarse siquiera con los migrantes afectados, aunque estuviera en juego su deportación.

Arcadio Díaz Tejera era juez del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y responsable de control de CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Recuerda que se plantó “en un lugar donde estaban hacinando a seres humanos sin agua potable, sin cama y sin techo, con baño químico y comiendo bocadillo”. Explica que cuando visitó por primera vez el muelle de Arguineguín, la policía se sorprendió, porque además todavía tenía la acreditación de magistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, les explicó que parte de esos chicos podían estar en el CIE y otra parte en libertad. Lo que estaba claro era que “no podían estar hacinados”. 

Díaz Tejera explica que algunos de los jóvenes allí hacinados le llegaron a mostrar el papel con su fecha de llegada y que algunos pasaron “semanas varias diversas y plurales”.“¿Qué ocurre? La conclusión general que adoptó la Audiencia Provincial es que la situación no era una situación antijurídica”, añade.

Esa situación física en que tú no puedes deambular, es de detención

Recuerda que había 2.500 personas en un lugar “sin ningún órgano jurisdiccional que lo autorizase, porque, entre otras cosas, no podía autorizarlo, porque no hay cobertura para tener detenidas a estas personas, porque aunque ellos decían que no estaban detenidas, no era verdad, porque no se les dejaba deambular. No podían salir del recinto para ducharse por agua caliente, ni para comerse un plato caliente, ni para cambiarse de ropa. Luego, esa situación física en que tú no puedes deambular, es de detención”, subraya. 

Otro de los argumentos que apunta que se ha dado es que nadie les impedía irse, a lo que agrega que había unas vallas y una cohorte de policías que impedía salir de ahí.  A juicio de Díaz Tejera fue una situación “antijurídica e inhumana” que se prolongó mucho tiempo. También cree que se podía haber evitado habilitando otros espacios como institutos, hoteles… como se hizo luego durante la pandemia. 

También incide en que las personas que pasaron por el muelle de Arguineguín pasaron semanas “sin asistencia jurídica” y que “tuvimos que pelear con las autoridades” para que se pusiera esa asistencia y se explicara a los migrantes sus derechos. 

El abogado Daniel Arencibia, que llevó la denuncia del Ayuntamiento de Mogán, ha recordado en sus redes sociales que “el Defensor del Pueblo sí sintió la vergüenza con sus propios sentidos. Y lo dejó escrito”. Arencibia también valora que Arcadio Díaz Tejera pusiera “nombre” a lo que allí ocurrió y lamenta que en el muelle los migrantes “dormían en el suelo, entre ratas, sin duchas, detenidos sin control judicial más de 72 horas, sin distancia de seguridad…”

La visita de León XIV

Sobre la visita del papa León XIV, Arcadio Díaz Tejera subraya “el detalle de estar con los migrantes bien Arguineguín o en el lugar que crean oportunos”. “Lo que sí es importante es recordar que incluso los que desprecian a los seres humanos también son seres humanos y hay que intentar convencerlo para que nadie se convierta en un odiador profesional, bien sea grupos vulnerables como migrantes o bien sean mujeres maltratadas. Se trata de reconocer la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano y acoger al ser humano. Entonces a mí el que el Papa se reúna con los migrantes que vivieron la experiencia a Arguineguín, es honrar el mérito y el esfuerzo de haberse jugado la vida y que la inmensa mayoría lo que quiere es tener una vida digna”

“A mí me parece que honra a este Papa y honra a la Iglesia Católica el ser solidario y abrazar a los migrantes, pidiendo que todos recordemos que habíamos podido ser inmigrantes también si hubiésemos vivido las condiciones que ellos han estado viviendo”.

Está previsto que León XIV llegue al muelle de Arguineguín sobre las 11.40 (hora canaria). Lo hace solo un día después del informe de Caminando Fronteras que evidencia que en lo que va de año más de 600 personas han muerto tratando de llegar a Canarias.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desvelado este miércoles que la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno generó en mayo entre 20.000 y 25.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

En la sesión de control al Gobierno, la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra ha dirigido una interpelación urgente al vicepresidente para mostrar su preocupación por diferentes asuntos relacionados con la actualidad política y económica, a lo que el ministro ha replicado ensalzando algunos hitos logrados durante la legislatura, según informa Europa Press.

En concreto, se ha referido al “récord de afiliaciones” que registra el país y al hilo de ello se ha pronunciado sobre el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes impulsado vía real decreto en abril de este año.

Cuerpo ha destacado que cada vez se están ocupando empleos de mayor valor añadido y con una mayor estabilidad de la que tenían hace seis años, al mismo tiempo que se está reduciendo la tasa de abandono escolar.

A renglón seguido, el 'número dos' del Gobierno ha ensalzado las “nuevas noticias” procedentes del proceso de regularización y más precisamente que este movimiento ya está reflejando un impacto “positivo” en las afiliaciones de mayo.

“En los datos del mes de mayo hay un incremento de en torno a 60.000 afiliaciones en términos desestacionalizados y tiene en torno a unas 20.000-25.000 afiliaciones que procederían del impacto positivo de este proceso de regularización”, ha especificado Carlos Cuerpo. En este sentido, el ministro ha incidido en que el proceso de regularización está demostrando ser un “elemento esencial” para el Estado del bienestar y el crecimiento económico.

El PP, centrado en pedir elecciones

En línea con este discurso, Carlos Cuerpo ha lanzado desde la tribuna del Congreso un mensaje de “confianza, de aliento y de esperanza a la ciudadanía”, remarcando que el país es “próspero”, “abierto” y con una economía “líder” y con un tejido social que avanza protegiendo a la mayoría.

En el turno de réplica, Cuca Gamarra ha compartido que desde el mundo económico hay confianza en el país, pero porque según ella “ya queda poco” para que haya elecciones y el PP llegue al Gobierno. “Esta es la explicación y esto es lo que está generando confianza en la economía”, ha soltado.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Lutasanol, ha desarticulado una red criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos a cambio del cobro de entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso. Se habrían tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.

La operación se ha saldado con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados, uno de ellos en Canarias: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la trama. La organización extendía su actividad en la provincia de Almería, pero también captaba ciudadanos en Murcia y diversos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.

Asimismo, se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama donde se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros realizados a las víctimas.

Fraude superior a los 100.000 euros

Según la investigación que comenzó el pasado año, de la que ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España.

Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración, pidiendo a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.

Los agentes han podido constatar que la organización realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y con el que se les podía incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.

Investigación en Tenerife y Madrid

Según la Guardia Civil, la estructura contaba con funciones “perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa”.

“Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España”, ha precisado el Instituto Armado.

Por tal motivo se procedió a la detención de una persona que ejercía las funciones de captador, así como a la investigación de los administradores de la mercantil localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor laboral/contable con despacho profesional en Almería.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido y dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).