Dicen que la regularización extraordinaria está dirigida a delincuentes y yo veo a Sandy. La mujer colombiana, solicitante de asilo, espera desde hace dos años la resolución de su petición. Ha cuidado a una decena de ancianos españoles y, aunque le encanta su oficio de enfermera, está agotada. A punto estuvo de volver a su país por la explotación sufrida en varias viviendas donde trabajó como interna. Han abusado de ella tantas veces que se plantea cambiar de profesión o, al menos, sacarla del opaco espacio del trabajo doméstico. Presentó su solicitud el primer día en que entró en vigor la regularización. No quería esperar. Piensa que una tarjeta de residencia más estable le permitirá luchar más por sus derechos. 

Dicen que son delincuentes y yo veo a Jaqueline detrás de un carrito de bebé. Es salvadoreña y vive en España desde hace 16 años, pero no tiene papeles. Los tuvo, durante un año, pero no logró cotizar el mínimo para renovar su tarjeta. “Me quedé embarazada y por tres días no cumplí con lo que pedían”, me cuenta la mujer, madre de tres hijos, a las puertas de Correos, uno de los puntos principales para solicitar presencialmente la regularización. Mientras registraba su petición, Jaqueline pensaba en su madre.

La falta de permiso de residencia le ha impedido verla en 16 años porque no puede salir del país. Ninguno de sus tres hijos conoce a su abuela. Si en unas semanas recibe una respuesta positiva, ahorrará para intentar volver a El Salvador y volver a comer las pupusas de su madre.