El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido como SDDR, cambiará la manera de gestionar una parte de los envases de plástico en España. El funcionamiento de este sistema parte de una idea sencilla: el comprador pagará una cantidad adicional al adquirir determinados productos y podrá recuperarla después al devolver el recipiente vacío. No será un recargo definitivo sobre la compra, sino una fianza asociada al envase para favorecer que vuelva al circuito previsto para su tratamiento.

La implantación de este modelo responde al calendario establecido en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. El plazo de dos años para ponerlo en marcha en España termina el 22 de noviembre de 2026. Su aplicación llega después de que en 2023 no se alcanzaran los objetivos fijados para la recogida de envases, lo que activó la obligación de introducir un sistema que permitiera mejorar esos resultados. Entre las metas previstas está alcanzar una tasa de recogida del 90% de los envases de plástico antes del 1 de enero de 2029.

El cambio tendrá efectos tanto para consumidores como para comercios. Botellas de plástico, latas y briks de bebidas de hasta tres litros pasarán a formar parte de un circuito en el que cada recipiente tendrá un valor económico asociado. Al comprar agua, refrescos, zumos u otras bebidas, el cliente abonará al menos 10 céntimos adicionales por cada envase. Esa cantidad podrá recuperarse cuando se devuelva en los puntos habilitados, siempre que el recipiente se conserve en condiciones que permitan reconocerlo e identificarlo.

Cómo funcionará el sistema de reciclaje

El sistema, que cadenas como Mercadona ya han puesto en marcha en tiendas de Portugal, parte de un depósito económico vinculado a cada envase. El consumidor paga primero el precio de la bebida más la cantidad correspondiente al recipiente. Ese dinero queda pendiente de devolución hasta que el envase vuelva al circuito. Los modelos de depósito y retorno utilizan este mecanismo para favorecer que los recipientes regresen a los puntos de recogida. La cantidad abonada funciona como garantía y no debe superar el valor de reposición del envase en caso de pérdida.

Una vez consumida la bebida, el usuario podrá entregar el recipiente vacío en los lugares preparados para recibirlo. La devolución podrá hacerse de forma manual en establecimientos adheridos o a través de máquinas automáticas. En numerosos comercios está prevista la instalación de equipos capaces de identificar los envases mediante el código de barras y registrar su entrega. La intención es que el proceso pueda incorporarse a la compra habitual sin obligar a desplazarse hasta instalaciones alejadas o específicas para realizar cada devolución.

El reembolso llegará una vez que el envase haya sido aceptado. El funcionamiento concreto todavía puede variar, por lo que no puede asegurarse que todas las tiendas devuelvan el dinero de la misma forma. Entre las opciones planteadas se encuentran los vales para futuras compras, los descuentos aplicados en caja o el reintegro directo de la cantidad abonada. La fórmula definitiva dependerá de cómo se organice el sistema cuando empiece a funcionar, pero la base será la misma: quien devuelva el recipiente recuperará el dinero que adelantó al comprar la bebida.

Para que pueda ser identificado, será necesario conservar el envase en un estado reconocible. La información recopilada señala que no deberá entregarse aplastado y que el etiquetado tendrá que permanecer visible, ya que ambos elementos facilitan su validación. El consumidor, por tanto, no tendrá únicamente que separar el residuo, sino también guardarlo hasta el momento de devolverlo. Una vez aceptado, el recipiente continuará por el circuito previsto para su recogida y el usuario recuperará la fianza correspondiente a esa unidad.

Qué cambia para consumidores y comercios

La principal diferencia respecto al sistema actual estará tanto en el momento de la compra como después de consumir la bebida. Hasta ahora, muchos de estos envases se depositan directamente en los contenedores correspondientes. Con el SDDR, determinados formatos tendrán que conservarse si se quiere recuperar el dinero adelantado. El cambio introduce así una relación económica directa entre el comprador y el recipiente, ya que tirarlo o no devolverlo supondrá perder la cantidad pagada previamente.

Los establecimientos tendrán un papel importante dentro del nuevo modelo. Supermercados y otros comercios incluidos en el sistema deberán ofrecer puntos de devolución, ya sea mediante atención personal o con máquinas específicas. Esto supondrá incorporar la recepción de recipientes vacíos a la actividad habitual de los establecimientos. En otros países europeos donde ya funciona este sistema, devolver los envases al hacer la compra forma parte de la rutina, y ese es el modelo que se pretende trasladar al mercado español.

La medida también ampliará los tipos de envases incluidos en este circuito. No afectará solamente a las botellas de plástico, sino también a latas y briks de bebidas de hasta tres litros. En todos los casos, el consumidor adelantará una cantidad al comprar el producto y podrá recuperarla posteriormente. El sistema convierte de esta forma la devolución en una parte más del proceso de compra, en lugar de dejar toda la gestión en la separación posterior del residuo.

El SDDR deberá estar operativo antes de que finalice el plazo previsto en noviembre de 2026. A partir de ese momento, la gestión de estos envases incluirá una fianza asociada al recipiente desde su compra hasta que sea devuelto. El objetivo es aumentar las tasas de recogida y acercarlas al 90% fijado para 2029. Para los consumidores, el funcionamiento será sencillo: abonar el depósito, conservar el envase vacío, llevarlo hasta un punto habilitado y recuperar posteriormente la cantidad correspondiente.

Ya está redactado el borrador del anunciado decreto por el que se establecen las condiciones para la gestión de los residuos orgánicos mediante su transformación en biometano en Castilla-La Mancha. El texto responde a un mandato de las Cortes regionales que impulsó el Grupo Socialista como respuesta a la enorme proliferación de proyectos de plantas que trabajan con residuos agroganaderos para generar esta polémica renovable. Y es una consecuencia, asimismo, del gran rechazo social y vecinal que han provocado, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El decreto todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, previsiblemente en el próximo curso político y antes de final de año. Además, va acompañado de una reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma que otorga a los plenos municipales de los ayuntamientos el poder de vetar cualquier proyecto de este tipo, aunque sea en teoría porque el Ejecutivo regional se reserva para sí la potestad de poder declarar “prioritarios” los que considere oportunos.

La normativa busca equilibrar los objetivos de “neutralidad climática” y soberanía energética de la Unión Europea con “la protección del bienestar de la ciudadanía local”.

Algunas de estas restricciones ya estaban incorporadas en la resolución del Grupo Socialista que ha dado origen al borrador, que actualmente se encuentra en información pública para la presentación de alegaciones. El hecho de que ahora el Gobierno regional 'eche el freno' en esta cuestión contrasta con su decisión de declarar “prioritarios” algunos proyectos de biometano como la futura planta de Gálvez, o la que ya está en funcionamiento en Noez, ambos en la provincia de Toledo.

Pero el caso es que el decreto es bastante restrictivo: hay decenas de exigencias técnicas, entre ellas las referidas a las distancias entre estas plantas de biometano y los núcleos urbanos. Con carácter general, deben situarse a una distancia mínima de dos kilómetros desde el límite del suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar que sea de uso residencial.

Pero hay algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de instalaciones que traten residuos de cadáveres de animales, la distancia mínima obligatoria aumenta a cuatro kilómetros respecto a los mismos límites de suelo urbano o urbanizable.

Por el contrario, en el caso de actividades de restauración y hoteleras ubicadas en el suelo rústico, la distancia se reduce: puede estar a tan solo 500 metros. Pero si estos establecimientos están integrados en suelos urbanos o urbanizables de uso residencial predominante, se benefician de la mencionada protección general: dos kilómetros como norma general y cuatro si se trata de residuos de cadáveres de animales.

Esto implica una doble protección: por un lado, se impide que una planta se instale cerca de un hotel existente, pero por otro, se restringe la apertura de nuevos hoteles o restaurantes en áreas que no cumplan estas distancias mínimas respecto a plantas ya autorizadas.

De hecho, el decreto exige que las instalaciones de biometano se adapten estéticamente al entorno y prohíbe su ubicación en zonas donde sean visibles desde miradores o puntos de atracción turística. Además, se debe evitar su implantación cerca de áreas de interés cultural o patrimonio natural.

Además, los hoteles y restaurantes también son identificados en la nueva norma como generadores de sustratos. La regulación busca así un equilibrio: por un lado, aleja físicamente la industria de los negocios turísticos para evitar olores y ruidos, y por otro, integra los residuos orgánicos que estos generan en el ciclo de la economía circular.

Pero, ¿cómo se miden las distancias mínimas? Se aplican tomando como referencia el vallado exterior de la propia instalación. En el caso específico de las distancias a explotaciones ganaderas, el decreto especifica que la medición debe realizarse sobre plano (distancia topográfica). Se toma como referencia el lugar donde se alojan los animales que esté más próximo a la instalación de biometano.

Lo más curioso es que estas mediciones tienen un carácter recíproco respecto a los “elementos sensibles del entorno”: la distancia se mide de forma topográfica desde el cierre perimetral de la planta hasta el punto más cercano del elemento protegido.

Digestato, malos olores y transporte

Una de las cuestiones más polémicas que ha generado la proliferación de estas instalaciones ha sido el tratamiento del digestato, el residuo resultante de la valorización de residuos agroganaderos, que suele comercializarse como fertilizante, y principal causante de malos olores. En este caso, el decreto exige a las empresas promotoras un estudio de dispersión de olores que garantice que no se supera el umbral de 1,5 unidades de olor por metro cúbico de aire (ouE/m³) en el límite del suelo urbano o urbanizable de uso residencial.

Además, para evitar molestias adicionales a la población, se prohíbe el paso de camiones con residuos por los núcleos urbanos de los municipios, salvo en los casos en que el residuo se haya generado dentro de ese mismo municipio.

Las empresas deben presentar un estudio de las rutas de transporte que identifique la ubicación de cada sustrato de entrada y el recorrido previsto. Estas rutas deben actualizarse si sufren modificaciones definitivas.

El transporte debe realizarse de forma apta según el tipo de residuo, asegurando siempre transportes cerrados para evitar la pérdida de materiales y la propagación de malos olores. También debe tener en cuenta su huella de carbono para cumplir con los porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por la normativa europea (entre un 65% y un 80% según el uso del biogás).

En cuanto a los olores, el borrador del decreto garantiza establece una combinación de modelización científica, límites técnicos estrictos y medidas de control operativo.

Así, obliga a todas las plantas a presentar un estudio de dispersión de olores que utilice el modelo del sistema avanzado de simulación de calidad del aire en estado no estacionario (CALPUFF). Las naves de pretratamiento y compostaje deben operar en presión negativa respecto al exterior para evitar fugas de aire contaminado. Además, será obligatorio conectar los sistemas de aspiración de aire a equipos de limpieza como lavadores de gases vía húmeda, filtros de carbón activo o biofiltros. Y tanto los sustratos de entrada como el digestato deben estar en tanques herméticos, naves o balsas cerradas.

Hay en el decreto otras regulaciones complementarias para evitar olores en el entorno. Por ejemplo, el transporte de sustratos debe realizarse obligatoriamente en vehículos cerrados y cuando el digerido se aplica como fertilizante, debe incorporarse al suelo mediante arado o equipos equivalentes en un plazo no superior a 24 horas para disminuir la emisión de malos olores.

Recursos hídricos y contaminación de acuíferos

Por otro lado, el borrador establece medidas para proteger los recursos hídricos y prevenir la contaminación de acuíferos y masas de agua superficiales, otra de las principales críticas de los grupos ecologistas, sociales y vecinales. Estas regulaciones abarcan desde la ubicación de las plantas hasta las condiciones técnicas de almacenamiento y la aplicación de los productos resultantes.

Tanto para la instalación de la planta de biometano como para la aplicación del digestato en el suelo, se exigen separaciones mínimas respecto a puntos críticos de agua: por ejemplo, 250 metros en el caso de captaciones de agua subterránea y de embalse destinadas al consumo de poblaciones

Asimismo, para evitar que filtraciones contaminantes alcancen el subsuelo y los acuíferos, las superficies de almacenamiento de las plantas de biometano deben estar impermeabilizadas mediante solera de hormigón y contar con sistemas de drenaje de lixiviados Para el control de fugas y monitoreo en acuíferos, el decreto establece la obligación de instalar, como mínimo, un piezómetro aguas arriba y dos piezómetros aguas abajo de la instalación para monitorear la calidad del agua.

Con carácter general, cada cinco años, un organismo acreditado debe revisar los sistemas de control de fugas y el estado de la estanqueidad; y también se exige un plan específico de monitoreo de aguas residuales y emisiones que debe estar a disposición de las autoridades.

En áreas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, se debe cumplir estrictamente el programa de actuación vigente en Castilla-La Mancha. Esto quiere decir que no se permite la instalación en suelos “inundados o saturados”, ni durante periodos prolongados de lluvias, o si la pendiente del terreno genera riesgo de escorrentía directa hacia masas de agua, independientemente de la distancia.

El decreto prioriza que las fracciones acuosas resultantes de los procesos de tratamiento sean depuradas hasta conseguir un agua apta para vertido, reutilización industrial o riego autorizado.

Una moratoria de dos años

Finalmente, el borrador decreta que hasta el 21 de diciembre de 2029 las plantas de biometano que cuenten ya con autorización ambiental integrada deberán adaptar sus instalaciones a estas medidas.

Mientras, se suspenderá la tramitación de los procedimientos de autorización ambiental de proyectos de biometano, por un plazo máximo de 24 meses, hasta la presentación de la documentación necesaria adaptada a las condiciones establecidas en este decreto.

Transcurrido este plazo sin que se haya presentado la documentación se le tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones.

Esta norma recuerda mucho a la moratoria, ya levantada, que el Gobierno de Emiliano García-Page impulsó para las macrogranjas, una de las fuentes para nutrir a las plantas de biometano. Como ocurre ahora, lo hizo a pocos meses de unas elecciones, allá por 2022.

La taxa de recollida de residus aprovada el 2024 per l'Ajuntament de Bétera ha quedat anul·lada de forma definitiva. El Tribunal Suprem ha emès una providència que inadmet a tràmit el recurs de cassació presentat pel Consistori que encapçala la batllessa popular Elia Verdevío. La resolució converteix en ferma la sentència prèvia de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que va declarar la invalidesa radical de l'Ordenança Fiscal número 22 després d'un recurs impulsat pel grup municipal de Compromís.

El pronunciament de l'alt tribunal confirma que la norma que sustentava el cobrament de la taxa pateix una falta greu de motivació en el seu informe tècnic de valoració. La sentència del TSJCV va acreditar que el càlcul municipal imposava una quota uniforme de 147,54 euros al 92% dels immobles de la localitat —12.117 habitatges d'un total de 13.169—, de manera que ignorava paràmetres clau com la superfície cadastral, el nombre de residents o la generació de restes de poda. A més, el Suprem ha desestimat els arguments de l'Ajuntament i li ha imposat l'obligació d'abonar les costes processals.

Després de la confirmació del cop judicial, Compromís per Bétera ha posat en marxa una campanya ciutadana per canalitzar les sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts. La iniciativa facilita als veïns un model formal de sol·licitud dirigit al departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament. El document exigeix la restitució íntegra dels abonaments corresponents als exercicis 2024, 2025 i, si escau, 2026, juntament amb la liquidació dels interessos de demora que fixa la Llei General Tributària des de la data de cada pagament.

L'edil de la formació valencianista a Bétera, Joano Baudés, ha xifrat en prop de cinc milions d'euros l'import global que el Consistori haurà de reemborsar a les arques familiars després de l'anul·lació de la norma. “L'Ajuntament ni tan sols va intentar recollir principis tan bàsics com els d'equitat, capacitat econòmica o proporcionalitat que se li exigeix a una taxa”, ha manifestat el regidor. Així mateix, Baudés ha retret a l'equip de govern una estratègia judicial dil·latòria que ha suposat una despesa evitable de fons públics: “Injustament, com denunciem des de Compromís i ara ha reconegut el Tribunal Suprem en aquesta sentència, la ciutadania ha pagat doble: per una taxa mal calculada i pel desig del govern de dilatar innecessàriament el procés judicial”.

Des del punt de vista legal, la invalidesa de la disposició de caràcter general implica la nul·litat retroactiva de tots els actes administratius dictats a l'empar. En quedar l'ordenança extingida de forma ferma, els cobraments executats per l'Ajuntament perden el seu títol legítim, circumstància que habilita la ciutadania a instar la rectificació de les seves liquidacions i iniciar la via del reintegrament administratiu davant l'administració municipal.

La tasa de recogida de residuos aprobada en 2024 por el Ayuntamiento de Bétera ha quedado anulada de forma definitiva. El Tribunal Supremo ha emitido una providencia que inadmite a trámite el recurso de casación presentado por el Consistorio que encabeza la alcaldesa popular Elia Verdevío. La resolución convierte en firme la sentencia previa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que declaró la invalidez radical de la Ordenanza Fiscal número 22 tras un recurso impulsado por el grupo municipal de Compromís.

El pronunciamiento del alto tribunal confirma que la norma que sustentaba el cobro de la tasa adolece de una falta grave de motivación en su informe técnico de valoración. La sentencia del TSJCV acreditó que el cálculo municipal imponía una cuota uniforme de 147,54 euros al 92% de los inmuebles de la localidad —12.117 viviendas de un total de 13.169—, de modo que ignoraba parámetros clave como la superficie catastral, el número de residentes o la generación de restos de poda. Además, el Supremo ha desestimado los argumentos del Ayuntamiento y le ha impuesto la obligación de abonar las costas procesales.

Tras la confirmación del varapalo judicial, Compromís per Bétera ha puesto en marcha una campaña ciudadana para canalizar las solicitudes de devolución de ingresos indebidos. La iniciativa facilita a los vecinos un modelo formal de solicitud dirigido al departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento. El documento exige la restitución íntegra de los abonados correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y, si procede, 2026, junto a la liquidación de los intereses de demora que fija la Ley General Tributaria desde la fecha de cada pago.

El edil de la formación valencianista en Bétera, Joano Baudés, ha cifrado en cerca de cinco millones de euros el importe global que el Consistorio deberá reembolsar a las arcas familiares tras la anulación de la norma. “El Ayuntamiento ni siquiera intentó recoger principios tan básicos como los de equidad, capacidad económica o proporcionalidad que se le exige a una tasa”, ha manifestado el concejal. Asimismo, Baudés ha reprochado al equipo de gobierno una estrategia judicial dilatoria que ha supuesto un gasto evitable de fondos públicos: “Injustamente, como denunciamos desde Compromís y ahora ha reconocido el Tribunal Supremo en esta sentencia, la ciudadanía ha pagado doble: por una tasa mal calculada y por el deseo del gobierno de dilatar innecesariamente el proceso judicial”.

Desde el punto de vista legal, la invalidez de la disposición de carácter general implica la nulidad retroactiva de todos los actos administrativos dictados a su amparo. Al quedar la ordenanza extinguida de forma firme, los cobros ejecutados por el Ayuntamiento pierden su título legítimo, circunstancia que habilita a la ciudadanía a instar la rectificación de sus liquidaciones e iniciar la vía del reintegro administrativo ante la administración municipal.

Comienza la cuenta atrás para acabar con los sobres de salsa, los minibotes de crema, las redes de mandarinas o las bridas de latas, millones de envases de usar y tirar que se convierten, casi de inmediato en basura de plástico. Este miércoles entra en vigor el nuevo reglamento europeo sobre residuos de envase, que marca el camino hasta la restricción de estos formatos en 2030.

La norma fue aprobada a finales de 2024, pero es este 12 de agosto cuando arranca el calendario para los próximos tres años. De hecho, la primera regla que debe aplicarse se refiere al contenido de químicos eternos, los PFAS, en los envases. Desde este miércoles, “no se podrán introducir en el mercado envases que estén destinados a entrar en contacto con alimentos” que presenten ciertas concentraciones de estos compuestos sintéticos.

A partir de ahora, la normativa deberá ir desplegándose. Así, para el 12 de febrero de 2027, los comercios que vendan bebidas frías o calientes para llevar deberán permitir que el consumidor lleve su propio recipiente para esa bebida. Y lo mismo para la comida: se podrá ir al comercio con el envase reutilizable. Si el cliente aporta ese recipiente, los comercios no podrán cobrar un extra, al suponer “un coste no superior y en condiciones no menos favorables que las existentes cuando vendan la unidad de venta consistente en el mismo producto en un envase de un solo uso”, dice el reglamento.

Nuevas reglas para los envases en la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Nuevas reglas para los envases en

la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Un año después, el 12 de febrero de 2028, los propios comercios de bebida y/o comida para llevar tendrán la obligación de ofrecer un recipiente reutilizable en lugar del de usar y tirar. Y no podrán vender esos productos “ni a un precio más alto ni en condiciones menos favorables”. Las microempresas quedarán exentas de estas obligaciones.

Para el 1 de enero de 2030 llegan las restricciones a determinados formatos, algunos extendidísimos:

Aunque existe un consenso internacional sobre el peligro que supone llenar de plásticos el entorno —los países acordaron en marzo de 2022 crear un tratado obligatorio para abordar el problema—, las negociaciones para redactar un texto legal llevan varias rondas de fracaso. Una vez traspasado el plazo que se había acordado, la siguiente cita para las conversaciones está prevista para marzo de 2027. La clave del problema es, precisamente, poner coto a la producción a la que se oponen los petroestados.

“Es un avance, pero se queda corto”, ha analizado el responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, Julio Barea. El ecologista se refiere a que, según su organización, se ha “perdido una oportunidad” para atacar la raíz del problema: la producción de plástico. “Se crean normas de reducción, pero no cierran el grifo de la producción”, reflexiona, mientras “la presión de las empresas del plástico, distribución y gestores de residuos ha conseguido recortar los objetivos de reutilización y eso permite que las multinacionales nos sigan llenando el planeta de basura”.

Mientras la producción de plástico crece (si eran 370 millones de toneladas en 2018, se alcanzaron los 430 millones en 2024), los residuos forman una montaña de basura de unos 300 millones de toneladas anuales de la que una buena parte acabará antes o después en el mar. Y el reciclaje solo no está sirviendo para solucionar el problema: a nivel global está en torno al 9%, según la ONU. En España, el porcentaje de residuos urbanos reciclados está en el 43%, por debajo del nivel obligatorio del 50%, que está en vigor desde 2020.

El reglamento debería colocar, pues, la prevención y la reutilización por delante del puro reciclaje. El texto establece objetivos jurídicamente vinculantes para reducir los residuos por habitante en un 5% para 2030, un 10% para 2035 y un 15% para 2040 respecto a 2018.

La nueva norma también debe ser un impulso para la creación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para botellas y latas, ya que impone la obligación de alcanzar un 90% de recogida selectiva de esos envases para 2029.

El sistema SDDR consiste, básicamente, en que las botellas de plástico deberán poder devolverse en las tiendas. Así, cada botella tiene un valor económico —unos céntimos— que, a modo de fianza, adelanta el consumidor al comprar la bebida. Esa cantidad se le devuelve al cliente cuando retorna la botella al comercio. El envase se recupera así para reciclarse o reutilizarse.

En realidad, en España, ese sistema debería estar implementado en noviembre de 2026. La ley española de residuos ya preveía que se crease un SDDR, después de que el Ministerio de Transición Ecológica calculas que, en 2023, se recuperó tan solo el 40% de esos envases mediante el contenedor amarillo que gestiona Ecoembes, frente al 70% que establece la normativa estatal.

Sillas, bombonas, gran número de bolsas de plástico, vidrios, metales y basura orgánica llevaban décadas ocultos, a unos 35 metros en el interior de una estrecha cavidad de alta montaña, en la zona cántabra del Parque Nacional de los Picos de Europa, que ocupa 14.973 hectáreas, de las 66.030 hectáreas totales de uno de los parques más visitados de España.

Y no es la única ubicación con residuos acumulados durante muchos años en el Parque Nacional, anticipan desde la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME), que tiene constancia de más puntos, por otras personas conocedoras del parque.

Los residuos localizados han permanecido mucho tiempo a menos de cinco kilómetros del teleférico de Fuente Dé, en una cavidad no visible a simple vista, pero en un entorno frecuentado por montañeros y visitantes hasta que a finales de julio de 2026, empezaron a ser recogidos por un grupo de especialistas en montaña y espeleología, apoyados por voluntarios ambientales. En total, retiraron más de mil kilos de basura, en alrededor de ocho sacas, de una sima –o abismo vertical– de complejo acceso. Y falta por sacar solo de esa grieta.

La Federación Cántabra de Montaña cambió de directiva en 2024 y fue entonces cuando el nuevo equipo supo de la cavidad a través de montañeros expertos. Entonces, decidió que sacaría la basura de la grieta que, subrayan, llevaba muchas décadas ahí, no era de los últimos años.

“Enseguida vimos que no era una limpieza convencional, era un lugar de muy difícil acceso”, sintetiza Sara Novoa, vicepresidenta de la Federación, sobre una actuación se realizó a unos 2.350 metros de altitud, en un terreno kárstico, y para llegar hasta los residuos había que acceder por una grieta estrecha.

“Cuando finalmente pudimos acceder y ver lo que había, nos sorprendió. Pensábamos que íbamos a encontrarnos una acumulación puntual y nos encontramos con muchos más residuos de los que esperábamos, además muy antiguos y deteriorados por el paso de las décadas”, explica Novoa. “Encontramos bolsas cerradas, que no abrimos”.

La Federación Cántabra de Deportes de Montaña promovió y planificó la retirada, que realizó un equipo de técnicos de la FCDME, junto con voluntarios expertos en alta montaña y la Federación Cántabra de Espeleología, cuyo apoyo, advierte Novoa, ha sido fundamental, por su conocimiento del medio subterráneo, su experiencia y el personal especializado que puso a disposición de forma altruista.

La FCDME recaudó algo de dinero por su cuenta y luego pidió una subvención al Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en alianza con la empresa privada de gestión de residuos Ecoembes, de 1500 euros. Después, pidió apoyo a Protección Civil para la incursión en la cavidad, además de la empresa pública de gestión de residuos Mare, que ha participado junto con la empresa pública de turismo Cantur y el Parque Nacional. Sobre las otras localizaciones donde hay residuos, Novoa es cauta: “De momento vamos poco a poco, según nuestra limitada financiación nos permita”.

Un plan rector que regula los residuos

La retirada de residuos en la vertiente cántabra del Parque Nacional por parte de las dos federaciones ha precedido, con escasos días de diferencia, a la aprobación del decreto del Gobierno de Cantabria que regula el primer Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa. El PRUG ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 4 de agosto, meses después de que primero Castilla y León y después Asturias, aprobasen sus decretos reguladores. Es decir, ahora Cantabria ya regula la gestión de residuos en Picos.

El primer plan rector en la historia del Parque tiene sus particularidades por cada autonomía, pero sustancialmente funciona de igual forma en las tres comunidades. En lo que respecta a residuos, marca restricciones a los visitantes y pone responsabilidades a las administraciones públicas: prohíbe, en todo el Parque, “el vertido, almacenamiento, depósito, abandono, enterramiento o incineración de basuras, residuos de construcción y demolición, plásticos, materiales de desecho, realizados de manera incontrolada” o fuera de los lugares permitidos. Además, para restaurar los hábitats degradados, el plan también explicita que habrá que “eliminar los vertederos existentes retirando los escombros y las basuras presentes y restaurando el enclave posteriormente”.

“Refuerza los aspectos de conservación y gestión ambiental, incluyendo la eliminación de residuos y la limpieza de terrenos, algo especialmente relevante para los residuos históricos existentes en determinadas zonas de alta montaña”, valora Sara Novoa.

A excepción de las zonas de uso restringido -cuyo tránsito es muy limitado-, y de las de reserva, que implican el máximo grado de protección, cada visitante será responsable de los residuos que genere durante la visita al resto de zonas. Además, los propietarios de terrenos podrán alcanzar un acuerdo con la administración gestora del Parque “para la eliminación de residuos y retirada de infraestructuras obsoletas o con impacto sobre el paisaje”.

El Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria) ha anunciado este martes que suspende temporalmente la recogida de trastos y enseres en los puntos del municipio habilitados para ello, debido al incendio el viernes 7 de agosto, en el vertedero de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, dependiente del Cabildo insular.

Así, el Consistorio ha señalado que la medida afecta, por el momento, a esta semana, si bien ha indicado que tan pronto como la corporación insular comunique la vuelta a la normalidad de la planta de residuos, el Ayuntamiento de Arucas restablecerá el servicio de recogida de muebles y enseres, en el horario y fechas habituales.

La corporación local pide la colaboración ciudadana para evitar, en la medida de lo posible, la saturación de las calles de Arucas con los enseres y objetos voluminosos, que, en estos momentos y debido a la situación ajena al municipio, “no se van a poder retirar”, ha subrayado.

El Cabildo prevé retrasos en la recogida de residuos

El Cabildo de Gran Canaria ya anunció este pasado lunes que, en lo que duran los trabajos para recuperar el Ecoparque Sur tras el incendio, ha reorganizado de forma temporal y extraordinaria la recogida de residuos hacia el vertedero del norte de la isla, por lo que prevé mayores tiempos de espera, retrasos y posibles incidencias en servicios municipales.

La corporación insular informó que ya se están llevando a cabo los trabajos en el Ecoparque Sur, con el vaciado progresivo de los fosos afectados por el fuego, parte de los de la planta de clasificación de la fracción resto de los residuos municipales, una operación que, señaló, tiene que realizarse con especial cautela.

El Cabildo de Gran Canaria, en lo que duran los trabajos para recuperar el Ecoparque Sur tras el incendio que le afectó la pasada semana, ha reorganizado de forma temporal y extraordinaria la recogida de residuos hacia el vertedero del norte de la isla, por lo que prevé mayores tiempos de espera, retrasos y posibles incidencias en servicios municipales.

En un comunicado, la corporación insular ha explicado este lunes que los trabajos en el Ecoparque Sur ya se han iniciado con el vaciado progresivo de los fosos afectados por el fuego, parte de los de la planta de clasificación de la fracción resto de los residuos municipales, una operación que ha de realizarse con especial cautela.

Ello porque, de entrar oxígeno a estos restos, podría provocarse la reactivación de focos que todavía permanecen calientes, por lo que se mantienen a día de hoy las labores de refresco, control y vigilancia.

El fuego se inició en la zona de trituración de restos de poda y se propagó a otras áreas de la instalación, ha recordado la corporación insular, quien ha insistido en que se intentarán llevar a cabo estos trabajos de recuperación de la normalidad lo antes posible, con la seguridad de las personas y las instalaciones como prioridad.

Mientras se recupera la operatividad del Ecoparque Sur, el Cabildo ha establecido una reorganización extraordinaria y temporal de los flujos de residuos hacia el Ecoparque Norte y las plantas de transferencia de la isla para garantizar la continuidad del servicio público de gestión de residuos.

Eso sí, ha advertido que este cambio “puede provocar mayores tiempos de espera, retrasos en la gestión y posibles incidencias puntuales en los servicios municipales de recogida”, por lo que ha pedido a la ciudadanía “colaboración y comprensión”, evitando depositar los residuos si ven los contenedores llenos, esperando a que se haya efectuado su vaciado.

Asimismo, se aconseja reducir o aplazar temporalmente la entrega de residuos voluminosos y restos de poda, al tratarse de fracciones que requieren una mayor capacidad de espacio y tratamiento.

Es importante, además, atender a las indicaciones que puedan trasladar los ayuntamientos ante posibles adaptaciones temporales de los servicios municipales de recogida.

Los apoyos políticos, sociales y legales al macrovertedero de Zarra van cayendo según pasan las semanas y hacen cada vez más inviable su construcción. Además, la contestación ciudadana es cada vez mayor, como quedó patente en la última concentración de la plataforma opositora al proyecto, que reunió a cientos de personas en el municipio del Valle de Ayora.

El exalcalde Juan José Rubio —del partido local AEPZ— impulsó la obra junto a la empresa privada Treco Gestión de Residuos en 2017, pero la actual corporación, liderada por el socialista Raúl Martínez, rechaza su construcción y deja el proyecto herido de muerte. Juan José Rubio argumentó en su día, según el acta del Ayuntamiento a la que ha tenido acceso elDiario.es, que los terrenos sobre los que se construiría la planta de residuos estaban “echados a perder” y que podría “reportar beneficios importantes al municipio”. “Se prevé la creación de unos treinta puestos de trabajo. Salvo el personal técnico, se va a procurar que se contrate a personal de Zarra. Se prevé la revisión del Convenio cada cinco años”, refleja el acta del pleno que aprobó el convenio.

El actual alcalde explica que, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 9 de julio de 2026, el equipo de gobierno fijó claramente su posición respecto al proyecto: “Zarra rechaza la implantación del vertedero en los términos planteados, un posicionamiento que ya ha sido trasladado por los cauces institucionales correspondientes”, en referencia a la Conselleria de Medio Ambiente, que es la que está elaborando el informe de impacto ambiental. Fuentes de la conselleria explicaron a este periódico que, con la oposición del consistorio, era muy difícil que prosperara el proyecto. De hecho, el PP de la Comunitat Valenciana, que sostiene al Gobierno de Pérez Llorca, se pronunció esta misma semana contra el macrovertedero.

Raúl Martínez recuerda que el actual concejal Juan Carlos Escudero formaba parte de aquel ejecutivo local en 2017, como representante de AEPZ (Agrupación de Electores por Zarra), formación que actualmente corresponde a JPZ (Juntos por Zarra), de la que hoy es portavoz en la oposición. “Cabe destacar que en 2017 ninguno de los miembros del equipo de gobierno que hoy gestiona el municipio formaba parte de aquella corporación municipal que rubricó la aprobación de dicho convenio. Por tanto, mientras el gobierno municipal se ha encontrado con un procedimiento iniciado años atrás, quien hoy ejerce la oposición sí estuvo presente en la decisión que dio origen al expediente”, denuncia el alcalde.

Para el socialista Raúl Martínez, resulta “llamativo” que quien en 2017 participó en la aprobación de un convenio favorable a la instalación de este vertedero “pretenda ahora trasladar la responsabilidad al gobierno municipal, cuando los hechos demuestran que esta corporación ha tenido que afrontar un procedimiento iniciado con anterioridad y ha actuado defendiendo los intereses de Zarra, rechazando el proyecto en los términos planteados”. “El equipo de gobierno ha asumido la responsabilidad de gestionar esta situación heredada, actuando desde el primer momento con transparencia y trasladando su oposición al proyecto al considerar que no responde al modelo de municipio que se quiere construir para Zarra”, añade.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes conocedoras del procedimiento, si el Ayuntamiento de Zarra no concede una nueva licencia de obras, porque la actual no estaría en vigor, la empresa no podría impulsar el macrovertedero. Esa licencia estaría desactualizada, según las mismas fuentes, y necesitaría ser refrendada una vez más por el pleno del Ayuntamiento de Zarra, que ahora está en contra del proyecto. Esto dejaría a la promotora sin una de las autorizaciones necesarias incluso en el improbable caso de que la Conselleria de Medio Ambiente aprobara la declaración de impacto ambiental.

Els suports polítics, socials i legals al macroabocador de Zarra van caient a mesura que passen les setmanes i fan cada vegada més inviable la seua construcció. A més, la contestació ciutadana és cada vegada més gran, com va quedar patent en l’última concentració de la plataforma opositora al projecte, que va reunir centenars de persones al municipi de la Vall d’Ayora.

L’exalcalde Juan José Rubio —del partit local AEPZ— va impulsar l’obra juntament amb l’empresa privada Treco Gestión de Residuos el 2017, però l’actual corporació, liderada pel socialista Raúl Martínez, rebutja la seua construcció i deixa el projecte ferit de mort. Juan José Rubio va argumentar en el seu dia, segons l’acta de l’Ajuntament a la qual ha tingut accés elDiario.es, que els terrenys sobre els quals es construiria la planta de residus estaven “llançats a perdre” i que podria reportar beneficis importants al municipi. “Es preveu la creació d’uns trenta llocs de treball. Tret del personal tècnic, es procurarà que es contracte personal de Zarra. Es preveu la revisió del conveni cada cinc anys”, reflecteix l’acta del ple que va aprovar el conveni.

L’actual alcalde explica que, en el ple extraordinari celebrat el passat 9 de juliol del 2026, l’equip de govern va fixar clarament la seua posició respecte del projecte: “Zarra rebutja la implantació de l’abocador en els termes plantejats, un posicionament que ja ha sigut traslladat pels canals institucionals corresponents”, en referència a la Conselleria de Medi Ambient, que és la que està elaborant l’informe d’impacte ambiental. Fonts de la Conselleria van explicar a aquest diari que, amb l’oposició del consistori, era molt difícil que prosperara el projecte. De fet, el PP de la Comunitat Valenciana, que sosté el Govern de Pérez Llorca, es va pronunciar aquesta mateixa setmana contra el macroabocador.

Raúl Martínez recorda que l’actual regidor Juan Carlos Escudero formava part d’aquell executiu local el 2017, com a representant d’AEPZ (Agrupació d’Electors per Zarra), formació que actualment correspon a JPZ (Junts per Zarra), de la qual hui és portaveu en l’oposició. “Cal destacar que el 2017 cap dels membres de l’equip de govern que hui gestiona el municipi formava part d’aquella corporació municipal que va rubricar l’aprovació d’aquest conveni. Per tant, mentre el govern municipal s’ha trobat amb un procediment iniciat anys arrere, qui hui exerceix l’oposició sí que va estar present en la decisió que va donar origen a l’expedient”, denuncia l’alcalde.

Per al socialista Raúl Martínez, resulta “cridaner” que qui el 2017 va participar en l’aprovació d’un conveni favorable a la instal·lació d’aquest abocador “pretenga ara traslladar la responsabilitat al govern municipal, quan els fets demostren que aquesta corporació ha hagut d’afrontar un procediment iniciat amb anterioritat i ha actuat defensant els interessos de Zarra, rebutjant el projecte en els termes plantejats”. “L’equip de govern ha assumit la responsabilitat de gestionar aquesta situació heretada, actuant des del primer moment amb transparència i traslladant la seua oposició al projecte en considerar que no respon al model de municipi que es vol construir per a Zarra”, afig.

Segons ha pogut saber elDiario.es de fonts coneixedores del procediment, si l’Ajuntament de Zarra no concedeix una nova llicència d’obres, perquè l’actual no estaria en vigor, l’empresa no podria impulsar el macroabocador. Aquesta llicència estaria desactualitzada, segons les mateixes fonts, i necessitaria ser referendada una vegada més pel ple de l’Ajuntament de Zarra, que ara està en contra del projecte. Això deixaria la promotora sense una de les autoritzacions necessàries fins i tot en l’improbable cas que la Conselleria de Medi Ambient aprove la declaració d’impacte ambiental.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.

El portavoz de Medio Ambiente del PP en Les Corts Valencianes, Jesús Lecha, ha instado a la empresa promotora del macrovertedero de Zarra (Valencia) que retire el proyecto porque supondría “un atentado medioambiental contra la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes de muy graves consecuencias”, “un riesgo medioambiental que no podemos permitir”, ha afirmado.

Según un comunicado del grupo popular de Les Corts, Lecha “ha mostrado su firme oposición al proyecto que pretende instalar un Complejo Medioambiental de Gestión de Residuos” (macrovertedero) en el término municipal de Zarra, promovido por la mercantil Treco Gestión de Residuos, S.L e iniciado en el 2022 durante el gobierno del Botànic“.

Este proyecto ha generado una “profunda y justificada preocupación, así como un rechazo frontal tanto en la ciudadanía como en las instituciones locales de la comarca”, según el PP.

Los alcaldes y ayuntamientos de los municipios que se verían directamente afectados por el impacto medioambiental y por el denso tráfico de vehículos pesados en sus cascos urbanos han manifestado “su oposición unánime a la instalación y el Partido Popular no puede inhibirse de unas reivindicaciones exigidas por la totalidad de los ayuntamientos de la comarca, como detallaron los representantes de la Plataforma contra el Macrovertedero de Zarra”, en una reunión que mantuvieron el propio Lecha y el diputado del PP Joserra González de Zárate con miembros de la plataforma.

Según Lecha, “es necesario apoyar a una población que defiende la protección de su entorno natural, la calidad de vida de sus municipios y el futuro de un territorio que ya vivió una movilización similar hace más de dos décadas”.

“Resulta especialmente grave que la tramitación de un proyecto de esta envergadura y con tal capacidad de afección territorial, social, económica y medioambiental se iniciara en la pasada legislatura sin garantizar cauces adecuados de información, participación y coordinación con las entidades locales afectadas, motivo por el que solicitamos a la empresa privada que lo promueve, que atienda al rechazo unánime de toda la población afectada y retire el proyecto desistiendo de su tramitación ante cualquier administración pública”, ha añadido.

A su juicio, “los miles de toneladas de residuos que llegarían a la instalación obligarían a un constante tránsito de camiones por medio de las poblaciones de Ayora y Jarafuel y otros espacios incluidos en el Plan de Emergencia Nuclear de la central de Cofrentes, siendo además un auténtico disparate colocar un vertedero encima del acuífero que alimenta a Ayora y Zarra, poniendo en riesgo los recursos naturales de toda la zona, el impulso de la actividad agrícola y ganadera y la promoción de iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza”.

El proyecto se ubicaría en terrenos de cultivo rodeados de masa forestal adulta, en el polígono 11 del término municipal de Zarra, en el paraje de Las Hoyas de Caballero sobre el acuífero de la Mancha Oriental, “una de las mayores masas de agua subterránea de Europa y la planta sería más del doble del vertedero de Dos Aguas cuya capacidad alcanza los 5,62 millones de metros cúbicos”, detalla el PP en la nota.

Con el objetivo de evitar el abandono residuos voluminosos (muebles, colchones, electrodomésticos y otros enseres) en la vía pública y favorecer su correcta gestión, el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, con el apoyo del Gobierno de La Rioja y la participación de los ayuntamientos de Calahorra, Alfaro, Pradejón, Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto y Alcanadre han puesto en marcha una campaña para informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de utilizar los servicios municipales habilitados para la recogida gratuita de este tipo de residuos.

La directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, Isabel Vitoria, y el concejal de Limpieza de Calahorra, David Antoñanzas, han presentado este martes 4 de agosto, en el Paseo del Mercadal, la campaña ‘El museo de los residuos abandonados’ que, en colaboración con la empresa FCC, servirá para visibilizar el problema, poner en valor el trabajo diario de los servicios municipales de limpieza y explicar cuáles son las alternativas para depositar correctamente los voluminosos, bajo el lema ‘La recogida es gratuita, el abandono no’.

Calahorra

Los vecinos pueden elegir entre tres alternativas:

Sea cual sea la alternativa elegida, solo pueden dejarse residuos voluminosos en la calle entre las 22:00 y las 7:00 horas, sin impedir el paso de peatones, sin bloquear vados o portales y evitando molestar a bares o comercios.

Alafaro

Está disponible el teléfono de los Almacenes Municipales (941 18 02 89), en el que se darán indicaciones de cómo proceder.

Pradejón

Se pueden llevar los voluminosos al Punto Limpio municipal, ubicado en el Polígono El Salegón (C/ Industria, 3) con el horario: martes y viernes de 11:00 a 14:30 horas. Para más información, está disponible el teléfono del Ayuntamiento: 941 150 001.

Aldeanueva de Ebro

Los voluminosos se pueden depositar en el Punto Limpio municipal (Barrioverde nuevo) con el horario: de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas. (junio a septiembre) y de 8:00 a 15:00 horas. (el resto del año). Está prohibido depositar residuos fuera de este horario (recinto vigilado con cámaras de seguridad). Para más información, se puede consultar en el teléfono 630 433 711.

Rincón de Soto

Se pueden llevar los voluminosos al Punto Limpio municipal (C/ Miguel Servet s/n, junto a gasolinera) con el horario: de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas. Está prohibido depositar residuos fuera de este horario (recinto vigilado con cámaras de seguridad). Más información en el teléfono del Ayuntamiento: 941 160 013.

Alcanadre

Los voluminosos se pueden depositar en el Punto Limpio municipal (Ctra. Lodosa, 52, junto a las piscinas) con el horario: martes y jueves de 12:00 a 13:00 horas. Contactar previamente en los teléfonos: 677 468 319 (Miguel Ángel), 628 098 906 (Josu) o 941 165 004 (Ayuntamiento).

La importancia de la colaboración ciudadana

“Se trata de residuos que por su tamaño y composición no pueden introducirse en los contenedores y requieren una recogida y un tratamiento específico. Dejarlos de forma incontrolada no solo deteriora la imagen de nuestros municipios, sino que dificulta la movilidad y puede ocasionar problemas ambientales (malos olores, plagas…) y también de salud pública”, ha explicado Isabel Vitoria, quien ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana “para mantener un entorno más limpio, seguro y sostenible”.

Por otro lado, la presencia de estos residuos voluminosos fuera de los espacios habilitados para su recogida supone un gasto extraordinario para los ayuntamientos, que se ven obligados a reforzar servicios, movilizando personal y maquinaria no previsto.

Isabel Vitoria ha reiterado que la recogida de estos residuos es gratuita, pero debe realizarse conforme a las indicaciones de cada servicio municipal. “La comunicación previa permite organizar rutas, medios y horarios, evitar desplazamientos innecesarios y retirar este tipo de residuos con mayor rapidez y seguridad”. Durante el pasado 2025, se trataron en el Ecoparque 3.967 toneladas de residuos voluminosos procedentes de toda La Rioja, una cifra que supone un incremento del 12 % respecto a la cantidad recogida el año anterior.

‘El museo de los residuos abandonados’ contempla la instalación temporal de varios módulos escultóricos en distintos puntos de las seis localidades que visitarán la campaña y que muestran residuos voluminosos reales como piezas de museo, poniendo la atención en cómo el abandono de residuos voluminosos transforma el entorno urbano en una exposición permanente de muebles, colchones y electrodomésticos.

Durante la campaña, que recorrerá los seis municipios durante los meses de agosto y septiembre, se realizarán acciones informativas en calle en el entorno de estas instalaciones para explicar el funcionamiento del servicio de recogida de cada municipio, además de que se podrá participar en juegos y obtener regalos. También se visitarán los comercios recordando la importancia de no dejar residuos fuera de los contenedores y entregando cúteres para facilitar el plegado de las cajas de cartón.

En el caso concreto de Calahorra, estas acciones se complementarán con una campaña en redes sociales, para la cual se han grabado varios videos informativos sobre el funcionamiento de los servicios y diferentes acciones publicitarias en medios de comunicación locales.

Para facilitar a los ciu la recogida gratuita de residuos voluminosos, en cada uno de los municipios que participan en la campaña se han establecido unas indicaciones para solicitar la retirada y llevarla a cabo de forma coordinada.

El Gobierno de Navarra ha afirmado este lunes que la decisión de archivar la autorización ambiental de la modificación de las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tudela se debe a “la existencia de informes de compatibilidad urbanística (ICU) contradictorios en el Ayuntamiento de la capital ribera”.

“La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, después de solicitar un informe a sus propios servicios jurídicos consultando el proceder, ha resuelto archivar la autorización ambiental de la modificación de las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tudela por la existencia de informes de compatibilidad urbanística (ICU) contradictorios en el Ayuntamiento de la capital ribera”, han indicado fuentes del departamento, según ha informado Europa Press.

Concretamente, “después de que la autorización ambiental hubiera sido concedida en noviembre de 2025 con dos informes urbanísticos favorables del Ayuntamiento de Tudela, apenas tres meses después, el pasado mes de febrero, este mismo Consistorio envió un ICU desfavorable, aun cuando no había habido ninguna modificación sobre el proyecto ni en la normativa urbanística municipal”.

Ante esta “situación contradictoria”, Medio Ambiente “requirió aclaraciones al Ayuntamiento tudelano, que se ratificó en su veto, posteriormente pidió en informe a sus propios servicios jurídicos, que han considerado que, ante esta situación, procede el archivo del expediente, tal y como se acaba de resolver”. La autorización de modificación de las instalaciones de la EDAR de Tudela había sido concedida el 5 de noviembre de 2025 por resolución de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

La tramitación se había llevado finalmente bajo el procedimiento de una Autorización Ambiental Integrada (AAI), “que es el régimen más exigente de tramitación desde el punto de vista ambiental”. Este procedimiento, sin embargo, fue objeto de requerimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para volver a una Autorización Ambiental Unificada (AAU), “una tramitación menos exigente desde el punto de vista administrativo”. Medio Ambiente estimó esta petición el pasado mes de abril.

En ese momento, “contando con todas las verificaciones técnicas de la Dirección General de Medio Ambiente y los informes sectoriales favorables, incluido dos informes urbanísticos favorables del Ayuntamiento de Tudela”, este expediente se encontraba en situación de poder ser nuevamente autorizado, ahora bajo el régimen de modificación sustancial de una AAU. Sin embargo, en el proceso de requerimiento previo presentado por el Ayuntamiento de Tudela a la autorización de noviembre de 2025, “se aporta el 24 de febrero de 2026 un informe urbanístico desfavorable que, habiéndose firmado de forma previa, todavía no se había presentado ante el Gobierno de Navarra”.

A partir de ese momento, y “ante la contradicción de este informe municipal con otros anteriores sobre el mismo objeto, se le requiere al Ayuntamiento de Tudela que aclare esta discrepancia y se ratifique el cuál debe ser tenido en cuenta, al obrar en Medio Ambiente informes urbanísticos contradictorios sobre un mismo proyecto, que responden a un mismo planeamiento urbanístico y firmado por el mismo técnico”.

El Ayuntamiento de Tudela “se ratifica finalmente en el informe urbanístico desfavorable, que contradice a los dos informes favorables previos”. En este contexto, la Dirección General de Medio Ambiente se solicita informe jurídico sobre “el proceder en relación a la existencia de informes urbanísticos contradictorios, más allá del hecho de que el informe desfavorable había sido aportado al Gobierno de Navarra fuera de los plazos de la tramitación”.

En este informe jurídico de Medio Ambiente se concluye que “ante la existencia de un informe desfavorable por parte del Ayuntamiento, aun existiendo informes favorables anteriores, procede archivar el expediente”. El informe “no entra a valorar el contenido urbanístico ni el contenido técnico del expediente y se circunscribe únicamente a la tramitación”. “Este informe es compartido tanto con el promotor del proyecto como con el Ayuntamiento, de forma previa a proceder a la firma de la Resolución por la que se archiva el expediente”, han añadido desde el Ejecutivo.

Desde la mañana de este lunes, Gipuzkoa abrió la llave para que un gas renovable entre a unos pocos miles sus hogares merced a la gestión de sus residuos orgánicos. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha puesto en marcha la planta de 'Upgrading' en el denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. La maquinaria, la segunda de su tipo en España, es considerada por el presidente de GHK y diputado foral, el socialista José Ignacio Asensio, como una “vanguardia de la innovación ambiental”, consolidando al territorio como referente en “economía circular y transición energética”.

El proceso comienza en cada hogar con la separación de residuos en el contenedor marrón. Tras ser recogidos, se procesan anualmente cerca de 55.000 toneladas de materia orgánica. De este total, 15.000 toneladas se transforman en compost para uso agrícola; las 40.000 restantes se someten a un proceso de “digestión anaeróbica” donde millones de microorganismos transforman la materia en biogás. Anteriormente, se destinaba únicamente a generar electricidad mediante motores de cogeneración.

Ahora, con la nueva instalación, el complejo guipuzcoano puede decidir el destino más eficiente del recurso según las necesidades del sistema. A través del 'Upgrading', el biogás se purifica gracias a su paso por membranas que separan el dióxido de carbono del biometano, un gas renovable y de calidad. Finalmente, este se inyecta directamente a la red, aportando el equivalente al consumo medio anual de 9.000 hogares.

Juan Villar, consejero delegado de Nortegás, ha destacado durante el acto que “la tecnología se compra” pero “el compromiso ciudadano no”, agradeciendo la implicación de la sociedad guipuzcoana. Por su parte, Asensio ha señalado que este compromiso ha logrado duplicar la recogida selectiva de materia orgánica en una década, pasando del 29% al 60%. En este sentido, ha subrayado cómo “un gesto tan cotidiano” como separar la basura se traduce en “energía limpia, empleo y riqueza para el territorio”.

Se ha publicitado que la nueva infraestructura sitúa a Gipuzkoa entre las regiones europeas más avanzadas en gestión de residuos, un tema que ha suscitado controversias en el territorio durante años. Javier Rivas, directivo de FCC Medio Ambiente, una de las adjudicatarias del Complejo, ha calificado de “honor” formar parte de este avance, realizado “medianamente en plazo” gracias a la colaboración entre entidades. Aunque en 2022 se instaló la primera planta de este tipo en Valdemingómez, en Madrid, los responsables destacan que el 'Upgrading' de Gipuzkoa incorpora mejoras tecnológicas más punteras.

En la presentación se ha insistido en que el proyecto se alinea con las estrategias de la Unión Europea y el Gobierno de España para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el Ejecutivo trabaja en una regulación para establecer una cuota obligatoria de biometano en el sistema gasista del 6% para 2035. Para superar este reto, Villar ha estimado que Euskadi necesita entre 25 y 35 plantas similares. En Europa, cerca de 2.000 plantas de biometano ya están en funcionamiento, consolidando este gas renovable como una herramienta clave para la descarbonización.

Las famosas minas de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, comenzaron a explotarse hace más de dos milenios. Su origen exacto, según la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se remonta al siglo III a.C. El mineral extraído era el cinabrio, del cual se obtenía el mercurio, el único metal líquido que existe. Llegó a ser el mayor yacimiento en todo el mundo. Ha producido más del 35% de todo el mercurio usado en la historia de la humanidad.

En la naturaleza no se encuentra puro como mineral, sino atrapado dentro de rocas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.

Utilizado históricamente para tratar algunas infecciones como la sífilis y en vacunas antiguas, y más recientemente para la industria, el mercurio ha marcado siempre la historia de esta comarca minera, colindante con la provincia de Córdoba y actualmente en riesgo extremo de despoblación desde el cierre de las minas.

De la entrada de Mayasa a la prohibición de exportar mercurio

La empresa pública Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asumió la gestión de la explotación minera de Almadén desde su creación en 1982. Heredó la gestión del Consejo de Administración que controlaba las minas desde 1916.

La compañía gestionó la extracción de mercurio hasta el cierre definitivo de la mina en julio de 2001. A partir de ese momento, orientó su gestión al almacenamiento y tratamiento ambiental de los excedentes mundiales de mercurio, una labor que se hizo efectiva tras el fin de la comercialización internacional de este metal decretada por la Unión Europea en 2011.

En ese año, a través del denominado 'Convenio de Minamata', se prohibió, mediante un tratado internacional, su exportación para reducir la oferta global de este metal y limitar sus emisiones. Pese a sus múltiples usos, es un metal pesado y muy tóxico. Contamina el medio ambiente y daña gravemente la salud humana, especialmente el sistema nervioso. La normativa resultante prohibió las ventas al exterior para evitar que grandes cantidades de mercurio sobrante llegasen a países en desarrollo. Porque el 99% se vendía fuera de la UE.

Esto obligó a almacenar los residuos de mercurio de forma segura en lugar de liberarlos. Y ahí la gestión de Mayasa cumplió un papel de gran relevancia. Hasta entonces la actividad de la empresa pública consistía en recoger mercurio, limpiarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. Pero ante la prohibición de las exportaciones, cambió su objetivo a la obtención de fondos para tratar de solucionar problemas y nuevas actividades de desarrollo sostenible sin añadir más contaminación de mercurio al medio.

Pero hubo más trabas. En 2018 entró en vigor la prohibición de uso de mercurio en la industria cloro-caústica, por lo que se debía retirar y almacenar el mercurio en condiciones seguras. Para ello Mayasa debía encargarse de la retirada y tratamiento con las empresas productoras.

Un año después, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó, con evaluación ambiental favorable, la planta de solidificación de mercurio en Almadén. Se ubicó en el paraje de Las Cuevas, a 10 kilómetros del núcleo urbano. Para ese tratamiento, Mayasa había adjudicado ya en 2017 este proyecto de tratamiento a una empresa externa que nunca llegó a realizar su labor. Según la Plataforma de Contratación Pública, era Sartech Engineering, actualmente en litigio judicial con la empresa pública por incumplimiento del contrato.

Solo quedaba una salida: si no se podía exportar ni tratar, todo el mercurio debía salir del almacén. Se envió a una planta suiza de la empresa Batrec, filial de Veolia (líder mundial en servicios medioambientales especializado en la gestión integral de agua, residuos y energía), por medio de un gestor de residuos representante en España, en este caso Adiego Hermanos, que hizo el transporte y gestión completa de residuos.

En total, se enviaron 378 toneladas de mercurio. Actualmente, se encuentran en unas antiguas minas de sal de Alemania, que poseen las propiedades de impermeabilización adecuadas para este tipo de residuo.

Ahora, ese almacén de residuos está cerrado. Pero el expediente de su cierre definitivo, iniciado hace año y medio, aún está abierto, porque todavía no ha recibido luz verde por parte de la autoridad ambiental, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes de este departamento. La Dirección General de Calidad Ambiental está analizando la documentación presentada por la empresa pública para analizar si solicita más información complementaria o procece con la fase final de clausura.

El encuentro entre Mayasa y Ecologistas en Acción

Con ello, se ha cerrado a su vez una etapa en la comarca. Y de todo ello han hablado recientemente representantes de Ecologistas en Acción y miembros de Mayasa, en un encuentro solicitado por los primeros para conocer en qué estado se encuentra el proceso.

Javier Carrasco, director técnico de Actividades Industriales de Mayasa, asistente a esta reunión junto al presidente de la empresa pública, José Tejero, cuenta a este periódico que ahora mismo están pendientes de que de la Administración castellanomanchega autorice el cierre definitivo, ya que su puesta en marcha requirió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahora exige que se cumplan una serie de requisitos de inspección ambiental para su clausura.

Pese a que la planta nunca llegó a funcionar en cuanto al tratamiento del mercurio, es decir, su estabilización química antes de llevarlo a un depósito definitivo, la inspección debe determinar, dentro del programa de vigilancia ambiental, que el almacén está completamente descontaminado.

La autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha para la planta de almacenamiento que se aprobó en 2019 incluía un presupuesto de tres millones de euros. Y esta circunstancia coincidió con la mencionada prohibición del uso de cloro para las empresas clorocáusticas, donde el mercurio se utilizaba como parte del proceso químico. Muchas empresas españolas se vieron entonces con excedentes de mercurio que no utilizaban que tenían que gestionar.

Mayasa se ofreció para almacenar y gestionar el mercurio de esas industrias. Pero la empresa contratada fue “incapaz” de cumplir el contrato y la planta nunca llegó a realizar el “tratamiento” de metal, pero sí su almacenamiento: las mencionadas 378 toneladas de mercurio, acumuladas durante varios años, hasta 2023.

Ese año, una vez rescindido el contrato con la empresa ‘incumplidora’, Mayasa decidió realizar un nuevo contrato con otra compañía gestora que tenía permiso para exportar mercurio como residuo, la mencionada Abiego Hermanos. “Todo esto se precipitó porque la normativa europea permitía el almacenamiento de mercurio hasta el 31 de diciembre del 2022 y había que darle salida a toda esa cantidad almacenada”, cuenta el director técnico.

Ahora mismo, detalla que ya no hay nada en el almacén. La gestora de residuos llegó a un acuerdo transfronterizo con la suiza Batrec, quien sí trató el mercurio para su estabilización química en este país y después lo envió, para su depósito final en las minas de sal alemanas, habilitadas para ello.

En el aire, los niveles de mercurio muy bajos, y en el agua son inapreciables

Javier Carrasco — Director técnico de Mayasa

Según Javier Carrasco, el plan de cierre de la planta en Almadén se ha cumplido “al milímetro”. “Se han limpiado todas las instalaciones, todo lo que ha estado en contacto con el metal, se ha desmontado toda la instalación, principalmente lo que eran equipos de filtros, y todos los residuos que hemos generado durante estas labores de limpieza se han enviado fuera con un gestor autorizado”.

Pero en un proceso tan delicado, el plan de vigilancia ambiental ha sido fundamental. A la espera del cierre definitivo, en Mayasa, desde que se autorizó el almacenamiento, han realizado medidas en aire y agua para ver los niveles de contaminación. Son muestreos que se han remitido periódicamente a la autoridad ambiental. De ellos se desprende que hay “niveles apreciables” de mercurio que “históricamente siempre han existido”

“En el aire, son niveles muy bajos a los que hacemos un seguimiento continuo. De hecho, los que hay ahora son idénticos a los que había antes de iniciar el almacenamiento hace siete años, y en el agua son inapreciables, no hay ninguna afección”, precisa Javier Carrasco.

La última limpieza de la planta se realizó a finales de 2025. Se recogieron en torno a un centenar de kilos de mercurio, que también ha recogido una empresa autorizada para gestión de residuos.

No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

Desde Ecologistas en Acción de Ciudad Real, acudieron al encuentro Isabel Arauzo, Julio Ruiz y Francisco J. Sarrión. Han explicado a este periódico que celebran el cierre del almacén “por la disminución del riesgo de contaminación que suponían estas instalaciones”.

Pero al mismo tiempo denuncian el “oscurantismo” y la “falta de información pública”, algo que tildan de “tradición histórica de la casa” en referencia a la empresa pública, a la que atribuye “actividades peligrosas” que la empresa siempre ha negado, también en esta ocasión.

“No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre. Solo nos remiten a los contratos ya expuestos en el perfil del contratante de Mayasa. Hay también un celo excesivo en proteger la identidad de los responsables políticos y técnicos, lo que interpretamos que es para evitar sanciones y críticas personales a su gestión”, argumentan.

Ecologistas en Acción añade que el hecho de que no sea obligatorio medir con exactitud el mercurio que salió de la planta de Almadén, aunque se ajuste a la normativa, supone “un riesgo de pérdida o descontrol” en el camino o en la planta receptora.

También resalta que hay “discrepancias” en las fechas y orden de las declaraciones de impacto ambiental que “aún quedan sin explicación”. “Demuestra la falta de rigor en el control del mercurio, y siendo la sustancia más peligrosa después de las radiactivas, deberían haber extremado las precauciones y no dejar en manos del gestor de residuos la medida real del mercurio trasladado”.

La organización ecologista también pone el acento en los costes. Afirma que el presupuesto para el tratamiento y traslado del mercurio de Almadén al depósito de Suiza fue de 1,5 millones de euros, la mitad de los tres millones que se presupuestaron para la planta. “Un despilfarro de dinero público que debería haberse valorado inicialmente”.

“Los planes de descontaminación parecen proyectos piloto más que acciones de efectividad probada, aunque digan que son técnicas innovadoras. El ámbito espacial es muy reducido”, añaden. Avalan que actualmente se estudie la movilidad del mercurio en el medio ambiente, pero denuncian que no se están analizando “las repercusiones ni los niveles de contaminantes en la población civil”, que sería “uno de los objetivos a conocer de cara a la salud pública”.

Actualmente, el vínculo de Mayasa con este polémico metal todavía permanece. Desde 2009, gestiona el Centro Tecnológico del Mercurio con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Allí se monitorea el entorno medioambiental, la flora y la fauna.

En paralelo, también está vigente desde el año pasado el Proyecto Life Hermes, que tiene como objetivo la recuperación ambiental del Cerco de Buitrones de Almadenejos. Se trata de un recinto del siglo XVIII que conserva restos de antiguos hornos de mercurio y partes de su muralla. El área está declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP).

El próximo mes de septiembre, la empresa pública iniciará labores de tratamiento de estabilización química in situ de restos de mercurio con óxido de magnesio. El objetivo es demostrar la eficacia de una solución innovadora que ofrece “varias ventajas significativas” con respecto a los métodos de remediación tradicionales.

Para Ecologistas en Acción, estos nuevos proyectos van a continuar siendo un gasto de dinero público “sin que se tenga constancia nunca de la repercusión real sobre la salud de las personas”. “En definitiva, nos alegramos de que la gestión del mercurio ya no esté en manos de Mayasa y esperamos que los planes de descontaminación futuros se enfoquen en evaluar el mercurio en la población y en su salud”, concluyen.

El anuncio del cierre de la planta de almacenamiento, sin embargo, no ha gustado en el ámbito local. El Ayuntamiento de Almadén ya mostró hace un año su “indignación” por la clausura de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. Su alcaldesa, Raquel María Jurado, preguntó si lo que se pretendía la empresa pública era ofrecer beneficios a la localidad o “más bien, minimizar las pérdidas económicas” de la SEPI, achacables a la “pésima gestión”.

Tras lamentar que en el municipio llevan años oyendo hablar de un plan estratégico de la empresa pública que nunca ha sido compartido con la ciudadanía, condenó que este nuevo “fracaso” se sume a otros intentos de inversión que “no han dado resultados”.

El Ayuntamiento hizo referencia también al acuerdo firmado hace casi 25 años entre CCOO, UGT, la SEPI y Mayasa: un Plan de Empresa que, entre otras cosas, incluía un futuro convenio con el Consistorio local para el desarrollo de la comarca una vez que se completara el cierre minero. Desde este municipio siempre han denunciado el incumplimiento de este convenio y la “enorme factura social” que la comarca ha pagado por ello.

En todo este proceso también ha jugado un papel fundamental la plataforma ciudadana ‘Forzados de Almadén’, quien ha apelado en varias ocasiones a ese convenio de principios de siglo. Todavía se recuerda el encierro que protagonizaron en agosto de 2019, cuando siete hombres y cuatro mujeres de diferentes profesiones, edades y originarios de los pueblos de la comarca se encerraron en la primera planta de la histórica mina de mercurio de la ciudad.

Querían recrear la protesta de 11 mineros ocurrida 35 años atrás, en 1984. Si entonces los mineros protestaban por sus pésimas condiciones laborales, en 2019 quisieron mostrar a una comarca “castigada por el paro, la desindustrialización y la poca calidad de los servicios públicos”.

Porque Almadén sigue bebiendo de su historia. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película. A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

Mientras, Mayasa sigue a la espera de la autorización oficial de clausura de su almacén. Con ello, se cerrará un capítulo más de una comarca que ha perdido cerca de un 26% de su población en lo que va de siglo.

El Ayuntamiento de Calahorra ha vuelto a trasladar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja su preocupación por las reiteradas deficiencias que se están produciendo en el servicio de recogida de residuos, después de que la pasada noche no se realizara nuevamente la recogida de basura en la ciudad. Al parecer y según la información remitida al Consistorio, “el vehículo de recogida estaba averiado”. Aun así, para los responsables municipales, “este episodio es uno más de una sucesión de incidencias que se vienen repitiendo desde hace tiempo y que están afectando de manera directa a la calidad del servicio”

Como consecuencia de estas interrupciones en el servicio de recogida de residuos en Calahorra, “numerosas islas de contenedores permanecen desbordadas. Una situación especialmente preocupante durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas favorecen la aparición de malos olores y generan un evidente malestar entre los vecinos y una mala imagen del municipio”.

El Ayuntamiento de Calahorra recibe de forma constante las quejas de los ciudadanos, que demandan un servicio acorde con las necesidades de la ciudad y por esta razón, ha solicitado al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja que adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad y la calidad de la recogida de residuos en la ciudad, evitando que este tipo de incidencias se conviertan en habituales.“

El Ayuntamiento de Calahorra considera imprescindible que los ciudadanos reciban un servicio de recogida de residuos eficaz, continuo y acorde con el gran esfuerzo económico que realizan las administraciones públicas y todos los ciudadanos para su financiación, especialmente en una época del año en la que este servicio resulta fundamental para preservar la limpieza, la salubridad y la calidad de vida en la ciudad.

El municipio conquense de Torrejoncillo del Rey y sus pedanías se enfrenta a la posible instalación de dos macroplantas de biometano en su término municipal. Dos empresas habrían mostrado interés en crear estas instalaciones y una de ellas ya contaría con el informe favorable de compatibilidad urbanística y la otra habría explicado al Ayuntamiento una posible propuesta.

Así lo señalan en un comunicado desde Pueblos Vivos Cuenca, que integra a movimientos vecinales de pequeños municipios de la provincia. Esta noticia ha despertado la preocupación de los habitantes de este municipio, decenas de los cuales se reunieron en una charla informativa en la que plataformas ciudadanas y expertos reclamaron mayor transparencia sobre los proyectos y alertaron del posible impacto ambiental de unas instalaciones que llegarían a una comarca afectada desde hace años por la contaminación por nitratos y la concentración de explotaciones ganaderas.

Desde la plataforma acusan a la alcaldesa de Torrejoncillo del Rey, Piedad Balsalobre Saiz (PSOE), de cambiar de postura, ya que afirman que el pasado 21 de mayo lanzó un comunicado donde definió el proyecto como “una cuestión inexistente administrativamente”. Más tarde, en el último pleno municipal el pasado 19 de junio, la alcaldesa informó sobre la tramitación de una de las macroplantas: “Hace ya más de un año una empresa solicitó un informe de compatibilidad urbanística sobre una posible ubicación. Al no tener este Ayuntamiento planeamiento propio, la consulta la tramitó la Diputación con un informe favorable desde el punto de vista urbanístico”.

Con este informe la empresa promotora puede iniciar el procedimiento de evaluación ambiental con el gobierno regional. En dicho pleno no se dio a conocer los nombres de las dos empresas implicadas a pesar de ser una de las preguntas planteadas en el turno de ruegos y preguntas por la Asociación de Vecinos y Jubilados de Naharros, que exige la debida transparencia y publicidad.

Una comarca con un largo historial de problemas ambientales

Torrejoncillo del Rey y los pueblos de su entorno llevan años conviviendo con los impactos derivados de la concentración de macrogranjas y de la gestión de sus purines, sobre todo del municipio limítrofe de Huerta de la Obispalía. Durante la jornada se recordó que esta realidad ya ha sido objeto de diversos procedimientos judiciales.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló una autorización ambiental de una explotación porcina en Torrejoncillo del Rey al apreciar deficiencias relevantes en la evaluación ambiental. En el voto particular de aquella resolución se hacía referencia a informes sanitarios que acreditaban la contaminación por nitratos del agua destinada al abastecimiento de la población.

Posteriormente, en 2023, el mismo Tribunal volvió a anular la autorización ambiental de una explotación porcina en Huerta de la Obispalía al considerar insuficiente la evaluación de los efectos acumulativos derivados de la concentración de macrogranjas y de los riesgos asociados a la gestión de los purines sobre las aguas subterráneas.

La última analítica reportada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey al SINAC-Ministerio de Sanidad refleja un nivel de nitratos en el agua del grifo de 85 mg por litro, cuando el máximo para que sea potable es de 50 mg/l. Esta situación de contaminación se repite desde 2022.

Persisten las denuncias por vertidos de purines

Durante el coloquio, varios vecinos de la pedanía de Villarejo Sobrehuerta denunciaron que continúan produciéndose vertidos de grandes cantidades de purines sobre parcelas agrícolas próximas al núcleo urbano.

Según explicaron, en algunos episodios los purines llegan a encharcar completamente las parcelas, una práctica que no está permitida y que incrementa el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, además de provocar molestias continuas por olores y abundantes moscas.

Los asistentes manifestaron su preocupación porque estas situaciones continúan produciéndose pese a las denuncias realizadas durante los últimos años y reclamaron una mayor vigilancia por parte de las administraciones competentes.

Transparencia y participación

Uno de los aspectos que más inquietud generó entre los asistentes fue la necesidad de disponer de una información completa y transparente sobre el proyecto. Los vecinos reclamaron conocer el volumen de residuos que trataría la instalación, su procedencia, el número de camiones previsto, el destino del digestato y los mecanismos de control ambiental previstos durante toda la vida útil de la planta, así como el nombre de las empresas interesadas. Los colectivos vecinales del municipio anunciaron que van a seguir informando a la población sobre este tipo de industrias.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué residuos pretende tratar la planta, de dónde procederán, cómo se gestionará el digestato y cuáles serán las garantías ambientales del proyecto antes de que se adopten decisiones que condicionarán el futuro del municipio durante décadas”, señaló la representante de Pueblos Vivos Cuenca.

En este sentido Pueblos Vivos considera importante que los alcaldes transmitan a la población toda la información que hayan recabado de la empresa que pretende instalarse en su término, polígono y parcela, nombre y cualquier otro detalle relevante que se haya obtenido. La propia Asociación Española del Biogás, AEBIG, patronal del sector, lo recomienda en su código de buenas prácticas.

Desde Pueblos Vivos Cuenca afirman: “No cuestionamos el biogás como tecnología. Lo que cuestionamos es el modelo que se está impulsando, basado en macroplantas que necesitan traer purines y otros residuos desde decenas o cientos de kilómetros porque el territorio no genera suficientes recursos para alimentarlas. Ese modelo que nos intentan imponer convierte a nuestros pueblos en una tierra de sacrificio”.

Alertaron de que el digestato que generan estas instalaciones también acaba elevando los niveles de nitratos de las aguas subterráneas, como pasa actualmente con el purín.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey para obtener su versión sobre la posible instalación de estas dos macroplantas de biometano en su término municipal, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha puesto en servicio un nuevo punto limpio que dará cobertura a los concejos de Parres y Cangas de Onís. La instalación, ubicada en el polígono industrial de El Prestín, ha supuesto una inversión de 1.062.603,97 euros, financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y busca facilitar a vecinos y pequeños negocios la entrega gratuita de residuos domésticos especiales para favorecer su reciclaje.

El nuevo equipamiento permitirá depositar electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, colchones, escombros de pequeñas obras, maderas, metales, pilas, baterías, aceites usados, pinturas, disolventes, lámparas o cápsulas de café, entre otros residuos que no pueden eliminarse junto con la basura convencional. Además de prestar servicio a los particulares, la instalación también está habilitada para que pequeños profesionales y autónomos gestionen determinados residuos de su actividad conforme a la normativa vigente.

El punto limpio ocupa una superficie de unos 4.500 metros cuadrados y dispone de control de acceso, báscula, edificio de servicios, contenedores de gran capacidad y espacios específicos para residuos peligrosos y aparatos eléctricos. Permanecerá abierto de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas, además de los sábados de 9.00 a 14.30 horas.

La nueva infraestructura complementa el servicio que Cogersa ya presta en ambos municipios mediante los puntos limpios de proximidad instalados el pasado mes de mayo en Llames y Las Rozas-Villanueva, así como con el punto limpio móvil que visita ambos concejos una vez al mes.

La apertura coincide con una mejora de los indicadores de recogida selectiva en ambos municipios. En 2025, Parres elevó su tasa de recogida separada hasta el 19,36%, frente al 16,35% del año anterior, mientras que Cangas de Onís pasó del 8,55% al 11,15%. Con esta incorporación, Cogersa alcanza los 24 puntos limpios en funcionamiento en Asturias y prevé seguir ampliando la red con nuevas instalaciones en Llanera, Proaza, los Valles del Oso y Cabranes.