No hay necesidad de falsas dicotomías: las empresas pueden ser sostenibles y, al mismo tiempo, mejorar sus perspectivas de negocio. Esta es una de las principales conclusiones que ha arrojado este jueves la primera mesa de debate del Foro ReGenera, una jornada de reflexión en torno a la economía circular organizada por elDiario.es. Esta ha contado con la participación de Ana Puente, subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Renata Bárbara Kubus, profesora del Departamento de Administración Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid y Macarena Ruiz-Quintana, directora de Sostenibilidad de BBVA en España. La charla ha sido moderada por Álvaro Celorio, jefe de Economía de elDiario.es.

“En un momento de aumento de temperaturas, incendios, danas y daños más que notables, no deja de ser el momento de tener la resiliencia climática como una prioridad para el tejido productivo y de lo que consideramos prioridades de financiación”, ha comenzado explicando Puente, quien ha subrayado que esta resiliencia medioambiental resulta imprescindible para una mejora a largo plazo. Dentro de este engranaje, la economía circular es una pieza más. Como muestra, por ejemplo, el Libro Verde de Finanzas Sostenibles en España, aprobado por el Gobierno a finales de 2024, y el Consejo de Finanzas Sostenibles, una herramienta de gobernanza público-privada que trata de impulsar la financiación en economía sostenible. 

Son iniciativas que encuentran apoyo desde la academia, como ha destacado Kubus: “Aunque resulte contraintuitivo, la economía circular es más importante que nunca porque nos permite por ejemplo reducir la dependencia de las materias primas, lo que nos trae más eficiencia”. No obstante, la idea se topa aquí con un problema: ¿qué es exactamente la economía circular? ¿Cuándo se puede considerar que un proyecto mejora de verdad el medioambiente? ¿Que una empresa recicle apenas un pequeño porcentaje de sus residuos le permite afirmar que contribuye a la economía circular? Para Kubus, la clave es poner la sostenibilidad negro sobre blanco: “La información y la transparencia son importantes para aplicar un lenguaje común en torno a qué es lo que se considera sostenible y qué es de verdad economía circular. 

En este camino, ha insistido la docente, no se trata tanto de encontrar proyectos que se definan como circulares y sostenibles, sino de demostrar que de verdad lo son. “Hay que pasar de las declaraciones de buenas intenciones a las evidencias. No se trata de acciones concretas, sino de implantar toda una filosofía. No actuamos en el vacío: tenemos ya una taxonomía medioambiental y unas regulaciones que marcan los umbrales de los proyectos circulares. Las cuestiones más importantes que tienen que ver con la circularidad están definidas. También hay toda una variedad de etiquetas y normas que permiten demostrar que somos circulares”. Estas etiquetas, ha subrayado Kubus, no son un brindis al sol ni una medalla inservible para la cuenta de resultados: “En algunas investigaciones, hemos visto que los certificados influyen de manera positiva en el desempeño económico de las empresas”. 

Ha coincidido Ruiz-Quintana, que ha recordado que BBVA se ha puesto el objetivo de canalización de negocio sostenible de 700.000 millones de euros desde 2025 hasta 2029 y el banco alcanzó un récord histórico al canalizar 134.000 millones de euros en negocio sostenible durante 2025. Solo en 2025, el banco invirtió 134.000 millones de euros en este tipo de iniciativas. “Queremos ayudar a nuestros clientes a hacer operaciones que garanticen sus márgenes y su competitividad a largo plazo. Creemos que la economía circular debería verse como una estrategia eficiente para las empresas, como algo que mejora sus márgenes operativos. Si una empresa reutiliza su energía, en realidad reduce sus gastos. Por eso, un banco debería apoyarles para convertir el gasto recurrente en ahorro o en nuevas fuentes de ingresos”, ha explicado Ruiz-Quintana. Esto, ha ahondado la experta, también protege los flujos de caja ante regulaciones o cambios de mercado. “Financiar la circularidad es una prioridad para BBVA en este contexto: una empresa más eficiente, más circular, en realidad tiene menos riesgos”. 

Logística inversa, ecodiseño e innovación en materiales: los sectores con hambre inversora

Algunos de los sectores que están mostrando más apetito inversor en economía circular, en opinión de Ruiz-Quintana, son la infraestructura de logística inversa, el ecodiseño y la innovación de materiales. Con todo y con eso, la economía circular todavía tiene un camino que recorrer hasta convencer a empresarios e inversores: “Tenemos un tejido de pymes que a veces ni siquiera es consciente de las oportunidades que le puede ofrecer parte de su actividad. Es ahí donde podemos ayudar. Intentamos aflorar esa demanda con educación financiera: trabajamos en materiales para que las empresas tomen sus decisiones sabiendo riesgos y oportunidades en base a información veraz”, ha explicado Puente, quien ha ahondado en la idea de que la financiación no puede caer solo en el sector público ni en las entidades financieras privadas: “Cada uno tiene que encontrar las piezas que hay que mover. La economía circular es difícil porque por un lado podemos identificar sectores muy críticos, pero por otro hay empresas de otros sectores que también llevan a cabo iniciativas. Hay dinero, pero cuesta que esas necesidades de inversión se traduzcan en proyectos que sean fácilmente financiables a través por ejemplo de préstamos. Y ahí estamos, en convertir lo que sabemos que tenemos que hacer en proyectos financiables”.

¿Cómo lo hace, por ejemplo, una entidad financiera como BBVA? Lo ha explicado Ruiz-Quintana: “Nos fijamos en el mercado de tendencias para ver dónde la sostenibilidad genera verdadero valor. Asesoramos de forma personalizada, y ahí es donde capturamos proyectos interesantes para estructurarlos ad hoc. Para ver si un proyecto es circular, más allá del análisis financiero tradicional, analizamos el modelo de negocio, la hoja de ruta y cómo ese proyecto encaja en la estrategia global del cliente. También miramos si el cliente está midiendo sus riesgos ambientales y si está adoptando medidas para mitigarlos. Ya no solo miramos cuestiones tecnológicas y técnicas o retornos y flujos de caja atractivos, sino que también vemos si ese proyecto puede impactar de forma positiva: reducciones de costes y de insumos, por ejemplo. Es una visión mucho más holística”.

Kubus es partidaria también de este enfoque: “Todos deberían pensar en cómo se alinean, con objetivos ambientales y de circularidad. Tanto empresas grandes como pymes, que no dejan de ser muchas veces proveedoras de las empresas grandes. Qué porcentaje emplean de gastos de capital, de gasto operativo… En cuanto a las entidades financieras, también se les pide una proporción de sus inversiones vinculadas a actividades sostenibles. Se trata de construir una arquitectura de confianza”. Para Ruiz-Quintana, se trata de un tren que hay que coger a tiempo: “Es una oportunidad para hacer una economía autónoma y resiliente”. Puente ha resumido la cuestión volviendo a la tesis de inicio, es decir, nada de elegir entre rentabilidad y medioambiente: “Hay que ver la economía circular como una reducción de costes en el medio y en el largo plazo”.

La Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Daimiel ha pedido al alcalde del municipio, Leopoldo Sierra, que las declaraciones de rechazo a las macroplantas de residuos y biometano se traduzcan en “resultados tangibles” ante el proyecto de una instalación de este tipo en la localidad, con una capacidad prevista de 486.000 toneladas al año.

Concretamente, este colectivo social ha registrado un ruego para el pleno municipal de octubre en el que pide al alcalde que acelere la elaboración del informe socioeconómico y ambiental sobre Daimiel, lo presente ante la Corporación local y someta a votación la “no conformidad” del Ayuntamiento con la instalación de la planta, remitiendo posteriormente el acuerdo y el informe a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El objetivo es que el Ayuntamiento emita un rechazo efectivo contra esta instalación, es decir, un veto municipal que impediría la construcción de la macroplanta, en virtud de la última reforma de la Ley de Evaluación Ambiental, al igual que ha sucedido en Carrión de la Calatrava.

Stop Biometano Daimiel reconoce las manifestaciones públicas realizadas por el alcalde contra este tipo de instalaciones y las actuaciones municipales iniciadas en materia urbanística. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de pasar “de los anuncios a los resultados”.

Afirma que, aunque el alcalde ha anunciado que se modificará el Plan de Ordenación Municipal (POM) y se preparará un informe socioeconómico y ambiental para llevarlo posteriormente al pleno, hay actuaciones concretas que el Ayuntamiento debe completar “de forma urgente”.

No pedimos al alcalde que vuelva a decir que está en contra. Le pedimos que termine el informe, lo lleve al pleno, se vote y se comunique el acuerdo a la Junta

La primera de ellas es el mencionado informe, para poder someterlo a la votación del pleno municipal y remitir el acuerdo a la Junta de Castilla-La Mancha. El propio ruego registrado reclama que este trabajo se acelere y se complete durante este año. “No pedimos al alcalde que vuelva a decir que está en contra. Le pedimos que termine el informe, lo lleve al pleno, se vote y se comunique el acuerdo a la Junta.”

La plataforma considera especialmente relevante que en 2023 el Ayuntamiento emitiera un informe de “compatibilidad urbanística favorable” relacionado con el proyecto. Por ello, entiende que si la posición municipal ha cambiado, ese cambio debe quedar reflejado ahora en actuaciones y acuerdos formales, y no únicamente en “declaraciones públicas”.

Pone como ejemplo la actuación desarrollada por otros municipios próximos. Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava ya han llevado sus respectivas posiciones sobre las macroplantas de biometano a sus órganos plenarios. “Si a estos municipios les ha dado tiempo a hacer su trabajo y llevar su posición al pleno, ¿por qué Daimiel todavía no lo ha hecho?”, se pregunta.

Precisamente por la gran dimensión del proyecto de Daimiel, el Ayuntamiento “debería actuar con especial diligencia”: supone un “gran impacto” en el entorno del Parque Nacional de las Tablas, lo que hace necesario que el Ayuntamiento disponga cuanto antes de “un análisis municipal riguroso sobre sus posibles efectos ambientales, territoriales, económicos y sociales”.

“Estamos hablando de una instalación de 486.000 toneladas de residuos al año en el entorno de Las Tablas de Daimiel. Ante un proyecto de esta magnitud no basta con decir que se está trabajando: los ciudadanos tienen derecho a conocer qué se ha hecho, qué falta por hacer y cuándo se va a terminar el trabajo. Daimiel necesita hechos, no palabras”, concluye la plataforma.

El pleno municipal lo rechazó por unanimidad y ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha archivado. El proyecto para la construcción de una planta de biometano en Carrión de Calatrava, junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, ya está archivado, en virtud de la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental que permite a los ayuntamientos vetar proyectos que consideren nocivos para sus municipios.

Una vez materializado el 'no' de la Corporación local, el Gobierno de Castilla-La Mancha procederá al archivo definitivo del expediente para la construcción de esta planta, pese a que llegó a ser declarada proyecto “prioritario” por el propio Ejecutivo autonómico.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, precisamente durante su visita a Carrión de Calatrava para la puesta en marcha del nuevo servicio ASTRA, donde ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Sostenible comunicará “en las próximas horas” al Ayuntamiento la finalización del procedimiento.

“No habrá planta de biometano aquí en Carrión de Calatrava”, ha sentenciado Caballero, quien ha recordado el compromiso adquirido meses atrás tanto por el alcalde, Dionisio Moreno, como por el Gobierno regional de que el proyecto no saldría adelante sin consenso social. “Es evidente que no ha reunido el consenso social y es evidente también que hemos cumplido nuestra palabra”, ha señalado.

El anuncio culmina una controversia iniciada a finales de 2024 alrededor del proyecto que planteaba levantar en el término municipal de la localidad una instalación destinada a producir biometano a partir de residuos orgánicos procedentes principalmente de actividades ganaderas y agrícolas, mataderos, almazaras y depuradoras.

La iniciativa provocó desde sus primeros pasos una importante contestación social en Carrión, donde llegó a constituirse una plataforma vecinal contra la planta y se llevaron a cabo varias movilizaciones. De hecho, su representante, Carmelo Donoso, participó en Toledo en la presentación de las alegaciones de la Plataforma Stop Biometano de Castilla-La Mancha, a la cual pertenece, contra el futuro decreto que prepara el Gobierno regional para restringir estas instalaciones.

Mientras este decreto sigue sin aprobarse, el escenario que allanaba este camino cambió este verano con la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes regionales el 16 de julio, que reforzó la participación de los ayuntamientos para decidir sobre los proyectos planteados en sus términos municipales.

Al amparo de esa nueva regulación, el pleno de Carrión, reunido el pasado 17 de septiembre, aprobó por unanimidad su “no conformidad” con la planta y acordó trasladar esa decisión a la Dirección General de Calidad Ambiental para poner fin a la tramitación.

“Carpetazo” al proyecto de Carrión

Según ha explicado el vicepresidente segundo, Carrión se ha convertido así en el primer municipio cuya petición de rechazo dará lugar a una resolución de este tipo tras el cambio legislativo. “Procedemos, por tanto, a dar carpetazo a este asunto”, ha afirmado el vicepresidente segundo, que ha pedido a los vecinos que recuperen “la normalidad y la tranquilidad”.

Caballero ha querido reconocer igualmente las gestiones realizadas por el alcalde, Dionisio Moreno, y ha defendido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han respetado el compromiso que adquirieron ante la oposición existente en el municipio. “Lo que no han querido no lo van a tener”, ha concluido el vicepresidente segundo, poniendo así punto final al proyecto.

Pero se da la circunstancia de que no es el único proyecto que planea en el entorno de Las Tablas de Daimiel. En Torralba de Calatrava hay una instalación planificada, también en el área de influencia del Parque nacional. De hecho, en el propio Daimiel también existe otro expediente abierto para una tercera planta de biometano.

En el mencionado acto de presentación de alegaciones, Alberto Celis, catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua, alertaba del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Sigue la polémica por normativas pendientes

Otra cuestión pendiente (y polémica) es que el Gobierno regional también prepara en paralelo una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”, remarcó Alberto Celis. Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartaron acudir a los tribunales.

De momento, el veto municipal propiciado por los cambios en la Ley de Evaluación Ambiental ha funcionado en el caso de Carrión.

Ahora queda esperar a la entrada en vigor del decreto de restricciones al biometano pendiente de aprobación y que no gusta nada a las plataformas vecinales y sociales, ya que, aunque suspendería los expedientes en curso con una moratoria de dos años, deja la puerta abierta a proyectos de “interés estratégico” que aún no están del todo definidos. Por el momento, no hay fecha para su aprobación.

El teléfono fijo de recogida de voluminosos de Calahorra queda temporalmente fuera de servicio. Así lo han asegurado fuentes del Ayuntamiento de Calahorra que explican que “debido a problemas ajenos al servicio y relacionados con la compañía telefónica, el teléfono fijo de recogida de residuos voluminosos permanecerá temporalmente inoperativo durante unos días”.

Así, y mientras se soluciona la incidencia, el vecindario de Calahorra cuenta con varias alternativas para solicitar la recogida de enseres y residuos voluminosos:

El horario del punto de recogida es:

El Ayuntamiento de Calahorra agradece la colaboración y comprensión de los vecinos mientras se resuelve la incidencia telefónica.

Voluntarios del proyecto nacional Mil Playas, y la Plataforma Salvar Oyambre han llevado a cabo una acción de limpieza a lo largo de la playa y las dunas de la localidad de donde retiraron retirando cerca de 100 kilogramos de residuos.

Al mismo tiempo, la plataforma ha denuncia la vandalización de los carteles y cuerdas entre las estacas que instaló en recientes acciones para impedir que los automóviles invadiesen las dunas en el aparcamiento.

Con esta acción, el colectivo quiere llamar la atención del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados para que prioricen la eliminación de vertidos y residuos en este espacio protegido, y pedir que solucionen “la falta de depuración adecuada en una playa y franja costera tan emblemática y referente para toda Cantabria, como es el Parque Natural de Oyambre”.

Tras un año de campaña, Salvar Oyambre ha recordado que sus prioridades inmediatas como plataforma son continuar trabajando para conseguir la cancelación de la concesión administrativa existente en la duna y su gestión por parte del estado, el desmantelamiento y reubicación del actual aparcamiento en la playa, la “adecuada ubicación” de los aparcamientos de turismos y autocaravanas en todo el parque y una regulación de usos que garantice y compatibilice las actividades turísticas y recreativas con el mantenimiento del alto grado de naturalidad y la calidad de los paisajes y ecosistemas de este singular parque.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido como SDDR, cambiará la manera de gestionar una parte de los envases de plástico en España. El funcionamiento de este sistema parte de una idea sencilla: el comprador pagará una cantidad adicional al adquirir determinados productos y podrá recuperarla después al devolver el recipiente vacío. No será un recargo definitivo sobre la compra, sino una fianza asociada al envase para favorecer que vuelva al circuito previsto para su tratamiento.

La implantación de este modelo responde al calendario establecido en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. El plazo de dos años para ponerlo en marcha en España termina el 22 de noviembre de 2026. Su aplicación llega después de que en 2023 no se alcanzaran los objetivos fijados para la recogida de envases, lo que activó la obligación de introducir un sistema que permitiera mejorar esos resultados. Entre las metas previstas está alcanzar una tasa de recogida del 90% de los envases de plástico antes del 1 de enero de 2029.

El cambio tendrá efectos tanto para consumidores como para comercios. Botellas de plástico, latas y briks de bebidas de hasta tres litros pasarán a formar parte de un circuito en el que cada recipiente tendrá un valor económico asociado. Al comprar agua, refrescos, zumos u otras bebidas, el cliente abonará al menos 10 céntimos adicionales por cada envase. Esa cantidad podrá recuperarse cuando se devuelva en los puntos habilitados, siempre que el recipiente se conserve en condiciones que permitan reconocerlo e identificarlo.

Cómo funcionará el sistema de reciclaje

El sistema, que cadenas como Mercadona ya han puesto en marcha en tiendas de Portugal, parte de un depósito económico vinculado a cada envase. El consumidor paga primero el precio de la bebida más la cantidad correspondiente al recipiente. Ese dinero queda pendiente de devolución hasta que el envase vuelva al circuito. Los modelos de depósito y retorno utilizan este mecanismo para favorecer que los recipientes regresen a los puntos de recogida. La cantidad abonada funciona como garantía y no debe superar el valor de reposición del envase en caso de pérdida.

Una vez consumida la bebida, el usuario podrá entregar el recipiente vacío en los lugares preparados para recibirlo. La devolución podrá hacerse de forma manual en establecimientos adheridos o a través de máquinas automáticas. En numerosos comercios está prevista la instalación de equipos capaces de identificar los envases mediante el código de barras y registrar su entrega. La intención es que el proceso pueda incorporarse a la compra habitual sin obligar a desplazarse hasta instalaciones alejadas o específicas para realizar cada devolución.

El reembolso llegará una vez que el envase haya sido aceptado. El funcionamiento concreto todavía puede variar, por lo que no puede asegurarse que todas las tiendas devuelvan el dinero de la misma forma. Entre las opciones planteadas se encuentran los vales para futuras compras, los descuentos aplicados en caja o el reintegro directo de la cantidad abonada. La fórmula definitiva dependerá de cómo se organice el sistema cuando empiece a funcionar, pero la base será la misma: quien devuelva el recipiente recuperará el dinero que adelantó al comprar la bebida.

Para que pueda ser identificado, será necesario conservar el envase en un estado reconocible. La información recopilada señala que no deberá entregarse aplastado y que el etiquetado tendrá que permanecer visible, ya que ambos elementos facilitan su validación. El consumidor, por tanto, no tendrá únicamente que separar el residuo, sino también guardarlo hasta el momento de devolverlo. Una vez aceptado, el recipiente continuará por el circuito previsto para su recogida y el usuario recuperará la fianza correspondiente a esa unidad.

Qué cambia para consumidores y comercios

La principal diferencia respecto al sistema actual estará tanto en el momento de la compra como después de consumir la bebida. Hasta ahora, muchos de estos envases se depositan directamente en los contenedores correspondientes. Con el SDDR, determinados formatos tendrán que conservarse si se quiere recuperar el dinero adelantado. El cambio introduce así una relación económica directa entre el comprador y el recipiente, ya que tirarlo o no devolverlo supondrá perder la cantidad pagada previamente.

Los establecimientos tendrán un papel importante dentro del nuevo modelo. Supermercados y otros comercios incluidos en el sistema deberán ofrecer puntos de devolución, ya sea mediante atención personal o con máquinas específicas. Esto supondrá incorporar la recepción de recipientes vacíos a la actividad habitual de los establecimientos. En otros países europeos donde ya funciona este sistema, devolver los envases al hacer la compra forma parte de la rutina, y ese es el modelo que se pretende trasladar al mercado español.

La medida también ampliará los tipos de envases incluidos en este circuito. No afectará solamente a las botellas de plástico, sino también a latas y briks de bebidas de hasta tres litros. En todos los casos, el consumidor adelantará una cantidad al comprar el producto y podrá recuperarla posteriormente. El sistema convierte de esta forma la devolución en una parte más del proceso de compra, en lugar de dejar toda la gestión en la separación posterior del residuo.

El SDDR deberá estar operativo antes de que finalice el plazo previsto en noviembre de 2026. A partir de ese momento, la gestión de estos envases incluirá una fianza asociada al recipiente desde su compra hasta que sea devuelto. El objetivo es aumentar las tasas de recogida y acercarlas al 90% fijado para 2029. Para los consumidores, el funcionamiento será sencillo: abonar el depósito, conservar el envase vacío, llevarlo hasta un punto habilitado y recuperar posteriormente la cantidad correspondiente.

Podemos Camargo ha reclamado que el proyecto presentado por Canteras de Santander (CANDESA) para instalar una planta de valorización y tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) en Herrera de Camargo sea sometido al máximo nivel de control ambiental, urbanístico y de participación pública.

El expediente se encuentra en periodo de información pública hasta el 21 de septiembre, por lo que Podemos Camargo anuncia que presentará alegaciones al proyecto y estudiará toda la documentación, que contempla una capacidad inicial de unas 120.000 toneladas anuales y una capacidad máxima de hasta 250.000 toneladas al año.

El proyecto prevé una superficie principal de unos 13.186 metros cuadrados, que junto a las zonas de acopio eleva la superficie utilizada a unos 21.389 metros cuadrados.

La formación reclama que se concrete cuántos vehículos pesados circularán diariamente, tanto con la capacidad inicial como en el escenario máximo, y qué consecuencias tendrá sobre el tráfico, el ruido, el polvo y la seguridad vial.

Además, ha exigido al Ayuntamiento un “pronunciamiento claro” sobre la compatibilidad de la instalación con el planeamiento municipal vigente y las condiciones que deberían cumplirse, antes de que se adopte cualquier decisión.

El proyecto incluye medidas para controlar el polvo, impermeabilización de superficies y sistemas de recogida de aguas, así como la admisión únicamente de RCD no peligrosos e inertes.

Para Podemos Camargo, estas previsiones deben traducirse en controles efectivos, inspecciones periódicas y sistemas de identificación y trazabilidad que garanticen que ningún residuo no autorizado acaba en la instalación.

En este sentido, el portavoz de la formación, Ricardo Amigo, ha reclamado al alcalde, Diego Movellán, que el Ayuntamiento defienda activamente los intereses de los vecinos.

“Estamos hablando de una planta que podría llegar a tratar hasta 250.000 toneladas de residuos al año en La Verde. El Ayuntamiento tiene que explicar qué posición va a mantener y qué garantías va a exigir”, ha defendido.

En cuanto a las alegaciones que presentará Podemos, su portavoz ha avanzado que pedirán que se estudien la compatibilidad urbanística, el tráfico pesado, las emisiones de polvo y ruido, la protección del suelo y las aguas, el impacto ambiental y paisajístico, los sistemas de admisión y trazabilidad de residuos y las garantías ante posibles ampliaciones de capacidad, entre otras cuestiones.

“Una situación incómoda, insalubre y bochornosa”, así describen los pueblos de la Mancomunidad Sierra Pela-Alto Sorbe la situación con la gestión de las basuras en más de una decena de municipios durante el verano.

Desde la localidad de Galve de Sorbe, en representación de la mancomunidad, han trasladado formalmente a la Diputación Provincial de Guadalajara, a través de un escrito de fecha 28 de agosto del presente, su “preocupación por las deficiencias que se vienen produciendo en el servicio de recogida de residuos en los municipios que integran la entidad, con especial incidencia en la recogida selectiva de papel-cartón y plástico-envases ligeros”.

El presidente de la Mancomunidad, Francisco Javier López Lorenzo, ha remitido una comunicación oficial a la Institución Provincial en la que reclama que se adopten medidas inmediatas para garantizar la correcta prestación del servicio y evitar que los contenedores permanezcan saturados durante varios días. La Mancomunidad Sierra Pela Alto Sorbe ha solicitado formalmente a la Diputación Provincial que “dé las instrucciones oportunas a la empresa encargada del servicio para proceder a la retirada inmediata de los residuos acumulados en los municipios afectados”.

Además, requerido que se garantice “el cumplimiento de las frecuencias de recogida de los contenedores de papel-cartón y plástico-envases ligeros y que se adopten las medidas de planificación necesarias para evitar que esta situación vuelva a repetirse”.

Esta entidad considera que garantizar una adecuada recogida de residuos “constituye un servicio público básico, especialmente importante en los pequeños municipios rurales”, y, por ello, ha pedido que las necesidades de estas localidades ·sean tenidas en cuenta en la organización y planificación de los servicios provinciales“.

Las acumulaciones de residuos alrededor de los contenedores destinados a la recogida selectiva afectan a los municipios de Galve de Sorbe, Cantalojas, Campisábalos, Somolinos, La Huerce, Valdepinillos, Condemios de Arriba, Condemios de Abajo, Hijes, Ujados, Albendiego, Miedes de Atienza, Romanillos y Bañuelos.

La Mancomunidad ha recibido de forma reiterada, por parte de los vecinos de los distintos municipios afectados, imágenes que evidencian la presencia de bolsas y residuos depositados en el suelo y en los alrededores de los contenedores amarillos y azules, “una situación que genera molestias tanto a los vecinos como a los visitantes y que perjudica la imagen de los municipios”.

La Diputación señala que la empresa normalizará el servicio “en esta semana”

Fuentes de la Diputación de Guadalajara señalan a elDiario.es Castilla-La Mancha que la empresa encargada de la recogida de los residuos en estos municipios “ha tenido alguna dificultad técnica que ha afectado a la periodicidad de la recogida de residuos, coincidiendo con el verano que es cuando más gente hay en los pueblos”. No obstante, señala que han “exigido que se solvente el problema y la empresa se ha comprometido a normalizar el servicio en esta semana”.

Las plataformas sociales y vecinales contra las instalaciones de biometano en Castilla-La Mancha han arrancado el curso político exhibiendo su rechazo total al decreto que el Gobierno regional prepara para regular estas plantas.

La intención del Ejecutivo con esta norma es implantar una moratoria con la que quedan suspendidos los expedientes en curso hasta que cumplan con los nuevos requisitos. Pero eso no ha bastado para que los colectivos sociales, ayuntamientos y particulares hayan presentado más de 20.000 alegaciones.

Entre todas ellas, casi 6.000 tienen en común varios argumentos, que son los que las plataformas han esgrimido para valorar ir a los tribunales si la Consejería de Desarrollo Sostenible no retira el decreto.

Principalmente, según las alegaciones que ha consultado este periódico, colectivos y particulares consideran que el decreto es una disposición ejecutiva “técnica” y de planificación “muy incompleta” que busca “sustituir” el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que quedó “enterrado”.

De hecho, argumentan que si el Gobierno regional quiere llevar a cabo esta sustitución para “eludir” su correspondiente evaluación ambiental estratégica y las 15.000 alegaciones que se presentaron sobre ese Plan, eso ya sería, por sí solo, “motivo legal de nulidad” del futuro decreto.

Veto de ayuntamientos y proyectos “estratégicos”

Dicho esto, las alegaciones se centran posteriormente en que la nueva norma no cumple con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha por varios motivos. El primero de ellos se basa en que no aclara los recursos a los que deben atenerse los ayuntamientos para ejercer su autoridad en su municipio e impedir la instalación de plantas de biometano. Es decir, no tiene en cuenta que muchos Consistorios no disponen de la capacidad técnica suficiente para realizar informes técnicos motivados.

Otro motivo es que tampoco expresa los criterios “motivados” que el Gobierno podrá aducir para declarar “inversiones estratégicas” las plantas al ser aprobadas. Se refieren a la excepción que contempla el Ejecutivo autonómico en su decreto, mediante la cual si un proyecto fuera “prioritario” podría imponerse sobre la decisión del Ayuntamiento.

Tras señalar que el decreto no desarrolla medidas compensatorias y compensaciones por posibles daños a empresas hoteleras y de todo tipo por la instalación de plantas de biometano, estas alegaciones se centran en la “falta efectiva” de medidas de vigilancia y control y del residuo final de estas instalaciones: el digestato, generalmente comercializado como fertilizante para el campo.

Si finalmente ese puede ser su uso, alertan de que las miles de toneladas de residuos finales de estas instalaciones contienen elementos contaminantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio o el amoniaco, así restos farmacéuticos y de microplásticos y otros “elementos tóxicos muy difíciles de controlar y eliminar”. “Los residuos finales de las plantas contienen altas cantidades de nitrógeno que se añadirían a los suelos y, por filtración, pasarían a las aguas subterráneas, contaminando aún más con nitratos estas aguas”, argumentan.

Las alegaciones sociales y vecinales se centran también en alertar de múltiples riesgos. Argumentan que las plantas de biometano tienen eventualmente fugas y antorchas de este gas que es “80 veces más pernicioso y contaminante” que el CO₂. Alertan igualmente de posibles problemas de “accidentes, explosiones e incendios”.

Básicamente, consideran que el hecho de que el 80% de los residuos sean acarreados “indebidamente” hasta 35 kilómetros de un pueblo, y el resto (20%) desde más lejos, convertiría a los municipios en “pueblos escoba” y “pueblos vertedero”.

Hablan igualmente de “probables impactos y daños de difícil o imposible reparación posterior” a la flora, a la fauna, al paisaje, a las aguas superficiales y subterráneas, al tránsito, a las vías pecuarias, a las carreteras y al desarrollo económico. Consideran por ello que es “temerario, antisocial e ilegítimo” que este decreto permita autorizar estas plantas de concentración de residuos y de biometano a apenas a dos kilómetros de las poblaciones donde vive la gente.

En estas alegaciones, colectivos y asociaciones argumentan que estas plantas quieren implantarse “en contra de la voluntad de los pueblos” y de su ciudadanía “sin tener en cuenta debidamente lo que la Constitución y las leyes ambientales establecen al respecto de la información, la participación y la justicia ambiental”.

Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo

Y concluyen: “Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo que sitúa los intereses privados por encima de los intereses públicos, y dado que estas plantas no son de utilidad pública ni de interés social, ni suscitan el necesario consenso social para su implantación, sino que, muy al contrario, existe en numerosos municipios de Castilla-La Mancha una gran oposición ciudadana a su construcción y a su desarrollo”.

En definitiva, estas miles de alegaciones se centran en denunciar la “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana con la aprobación del futuro decreto. Y en ello se centraron las plataformas locales y regionales que comparecieron hace unos días para manifestar su rechazo.

“No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirmaron en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina ha denunciado que la “inacción” del alcalde, José Julián Gregorio (PP), ha permitido que la empresa promotora de la polémica planta de biometano cercana a Cazalegas haya presentado ya su solicitud de licencia en el Ayuntamiento, aprovechando que el acuerdo municipal que suspendía la concesión de estas licencias todavía no ha sido publicado.

A este respecto, el portavoz socialista local, José Gutiérrez, ha recordado que el pasado 19 de agosto el pleno municipal aprobó por unanimidad la propuesta del PSOE para modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) y suspender las licencias de plantas de biometano mientras se llevaba a cabo dicha modificación.

Sin embargo, a 31 de agosto, 12 días después, el acuerdo todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), por lo que no ha entrado en vigor. En este sentido, han recordado que lo habitual es que estas cuestiones se manden el mismo día para ser publicadas al día siguiente.

Para el Grupo Socialista, esto es “especialmente grave” porque ha permitido que la empresa haya registrado su solicitud de licencia. Los socialistas subrayan que el alcalde ha tenido “tiempo de sobra” para publicar tanto el acuerdo plenario como la supuesta resolución del concejal de Urbanismo en la que, según afirmó el portavoz del Gobierno, se había suspendido la concesión de licencias. Sin embargo, 25 días después, esta resolución “tampoco ha sido publicada”.

“El Pleno dijo no”

Desde el Grupo Socialista han exigido al alcalde que inadmita “de inmediato” la licencia presentada por la empresa, ya que existía un “pronunciamiento plenario claro y contundente” contra la instalación de estas plantas y que mande publicar de manera urgente el acuerdo plenario del 19 de agosto.

“El Pleno dijo no al biometano y el alcalde tiene que hacer cumplir ese no”, ha afirmado José Gutiérrez, quien ha lamentado que mientras el Gobierno local asegura públicamente que está “todo paralizado”, la realidad sea que la empresa ha presentado una licencia y el alcalde “la tiene sobre su mesa”.

Igualmente, también ha afirmado que esta “crisis del biometano” está generada “única y exclusivamente” por el actual Gobierno local y por su alcalde, José Julián Gregorio, quien “la sigue alimentando sin dar respuesta ni una solución, dejando pasar plazos y no publicando en el Diario Oficial los acuerdos plenarios que son de obligado cumplimiento para tener efectividad jurídica”.

Las asociaciones vecinales Amigos de Cazoña, Cueto, Defensa de El Sardinero, Pombo-Cañadío-Ensanche y San Joaquín se han unido para lanzar el manifiesto conjunto “Santander está enferma”. Esta iniciativa busca abrir un debate ciudadano sobre el futuro del modelo urbano y proponer ideas que involucren al resto de colectivos y a las instituciones.

Los colectivos firmantes advierten que la ciudad “amable” que definió la identidad de la capital cántabra está dejando paso a un panorama marcado por “la suciedad, los ruidos constantes, las borracheras, los orines, la presencia de cristales rotos y una ocupación descontrolada de las calles”. Lejos de ser hechos aislados o molestias veraniegas temporales, denuncian que se trata de un problema estructural derivado de “un modelo de gestión que ha relegado la calidad de vida y la convivencia de los residentes a un segundo plano”.

Las consecuencias se repiten sistemáticamente. Cada noche, varias calles se convierten en espacios de consumo masivo de alcohol, acumulando basura y ruidos molestos que impiden el descanso vecinal hasta la madrugada, dejando un rastro de suciedad, orines, cristales y mobiliario dañado cada mañana. A esto se añaden la congestión circulatoria y un “uso desproporcionado del espacio público” que, dice, acentúa el desorden.

Ordenanzas que no se aplican

El manifiesto recalca que el origen de esta situación no radica en la falta de regulación. Santander dispone de ordenanzas sobre convivencia ciudadana, contaminación acústica, consumo de alcohol en vía pública y uso del suelo común. El problema principal radica en que estas normativas “no se aplican” de manera efectiva por parte de las autoridades locales. Esta inacción transmite a los ciudadanos un peligroso mensaje de impunidad, sugiriendo que, en determinadas épocas del año, “todo vale”.

Por otra parte, la coalición vecinal recuerda que mantener una ciudad va más allá de limpiarla cada mañana. Exigen planes continuos de mantenimiento urbano, conservación de espacios de tránsito, atención a zonas verdes y arbolado, y el respeto por el patrimonio histórico y las tradiciones locales.

Turismo compatible y diversificación económica

El movimiento vecinal aclara que no se posiciona en contra del sector turístico, reconociendo su papel estratégico en la generación de riqueza local. Sin embargo, sostienen que el turismo nunca puede desarrollarse contra la ciudad que lo acoge ni socavar el derecho fundamental de los vecinos a descansar y disfrutar de su entorno. Para los colectivos, “el éxito de Santander no puede medirse únicamente por indicadores cuantitativos como la cantidad de visitantes, terrazas o eventos organizados”.

Frente al desarrollo turístico, los vecinos reclaman una economía más diversa capaz de retener el talento joven y ofrecer oportunidades profesionales de calidad. Se trata de conservar elementos genuinos como la escala humana, la tranquilidad y el respeto mutuo, diferenciando a Santander de otros destinos masificados.

Renaturalización y mejora del transporte colectivo

La propuesta vecinal mira hacia el futuro sostenible de la capital. Según el manifiesto, una ciudad adaptada al siglo XXI debe priorizar la salud pública y la adaptación activa al cambio climático. Para ello, abogan por una renaturalización decidida mediante el aumento de zonas arboladas y áreas verdes urbanas.

Además, consideran fundamental priorizar el transporte público colectivo y promover una movilidad más respetuosa, reduciendo la dependencia del coche para lograr un entorno más accesible y seguro.

Llamamiento a la acción y colaboración

Los colectivos impulsores reiteran que su propósito no es la confrontación, sino el aprecio por su ciudad y la convicción de que todavía es posible corregir el rumbo. Con este fin, invitan formalmente a más asociaciones, entidades colectivas y ciudadanos independientes a unirse al documento para construir propuestas comunes y trabajar de la mano con las instituciones públicas.

“Queremos avanzar sin perder nuestra identidad. Que Santander cambie, mejore y prospere, pero que siga siendo reconocible para quienes la quieren y la viven”, concluye un manifiesto que reivindica que la ciudad pertenece, por encima de todo, a sus ciudadanos.

La provincia de Albacete, incluida su capital, sigue sumando proyectos de almacenamiento de residuos peligrosos. Mientras que a principios de agosto comenzó el periodo de información pública para la autorización ambiental de un depósito de residuos de amianto en el paraje La Castra de Albacete, ahora también se ha hecho público el proyecto de un nuevo basurero de este nocivo residuo en Chinchilla de Montearagón.

En este segundo caso, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), según ha constatado este periódico, ha publicado que la instalación debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria debido a los “posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente”. Aunque el plan contempla el almacenamiento temporal y reenvasado en una nave industrial, existen preocupaciones por su proximidad a zonas concurridas y áreas residenciales.

La empresa promotora del proyecto de Chinchilla es Integral de Amiantos Albacete S.L. y prevé una capacidad anual de tratamiento de 900 toneladas de amianto en una nave con un mínimo de 225 metros cuadrados.

Eso sí, este proyecto está lejos de recibir luz verde. El informe emitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible destaca que la manipulación de estos materiales peligrosos podría liberar “fibras nocivas”, lo que exige un “análisis técnico más exhaustivo” y la consideración de ubicaciones alternativas.

De hecho, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón ya ha emitido un informe desfavorable sobre el proyecto. Concretamente, advirtió de que la nave proyectada por la empresa se sitúa en un área industrial donde existe una presencia continuada de trabajadores en las distintas empresas del entorno. Y también alertó sobre la cercanía de la actividad al suelo urbano de uso residencial, ubicado a unos 2.500 metros de las piscinas e instalaciones deportivas municipales y a 3.260 metros del casco urbano.

El Consistorio municipal señaló asimismo que las tareas de almacenamiento temporal y reenvasado implican una manipulación añadida del amianto, lo cual podría elevar el riesgo de exposición para la población en caso de que ocurra una liberación accidental de fibras.

El pleno municipal de Albacete rechaza el macrovertedero

Se da la circunstancia que el mismo día en que se ha publicado en el DOCM el proyecto para el almacén de amianto de Chinchilla, el pleno municipal del Ayuntamiento de Albacete ha manifestado su rechazo al macrovertedero anunciado para la capital provincial mediante la aprobación de un acuerdo de no conformidad. El alcalde, Manuel Serrano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha dicho que la capital provincial “no va a ser nunca la sede de la macroplanta de amianto”.

Del mismo modo se ha pronunciado el Grupo Municipal socialista, de quien ha partido la iniciativa plenaria. Su portavoz, José González, ha señalado que rechazar juntos es “el camino”. “No queremos que Albacete sea el vertedero de amianto donde vengan a traernos los residuos de otros lugares. Desde aquí debemos dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.

Pero la cuestión en la provincia de Albacete no queda ahí. Además de los dos almacenes de amianto en Albacete y Chinchilla, por otra parte, ha recibido el visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha una nueva planta de gestión de residuos electrónicos en la localidad albaceteña de Almansa, en la misma provincia.

Promovida por la empresa Recuperaciones Cargo, la Administración autonómica, al contrario que con el amianto, considera que este proyecto no requiere un proceso más exhaustivo de evaluación ambiental, ya que se considera “ambientalmente compatible”. El motivo: operará en una nave industrial ya existente.

Según la resolución de evaluación ambiental simplificada que ha publicado la Dirección General de Calidad Ambiental en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la instalación se dedicará a la clasificación y almacenamiento temporal de materiales peligrosos y no peligrosos, incluyendo aparatos eléctricos y electrónicos.

Los dos almacenes de Almansa

Coincide que también en Almansa se proyecta la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios tiene en esta ciudad dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos también peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha. Actualmente, tras dos procesos de consulta, el Ejecutivo regional está pendiente de declararlo o no “prioritario”, la figura autonómica que regula los proyectos de especial interés socioeconómico y que agiliza los trámites administrativos.

Ahora, a este proyecto de Almansa se suma el mencionado de residuos electrónicos en la misma ciudad. Concretamente, gestionará residuos metálicos (diferenciando el acopio de chatarra férrica a granel y paquetes de chatarra prensada) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tanto peligrosos como no peligrosos. En cuanto a los que no tienen la calificación RAEE, se contempla un área de almacenamiento independiente destinada fundamentalmente a baterías usadas.

Adicionalmente, la planta contará con un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos de rechazo generados por el desarrollo de su propia actividad.

La función principal de esta instalación será la recepción, clasificación, almacenamiento temporal y expedición de todos estos residuos hacia gestores autorizados para su posterior valorización o tratamiento. La instalación proyectada en Almansa cuenta con una capacidad máxima de almacenamiento de casi 300 toneladas de residuos, y podrá tratar casi un millar de toneladas anuales.

Toda la actividad se llevará a cabo en una nave industrial que dispone de 300 metros cuadrados de superficie ya construida en el Polígono Industrial El Mugrón, distribuyéndose el espacio en áreas específicas de almacenamiento para cada tipo de residuo y garantizar su “correcta segregación y seguridad”.

Esta ubicación está a poco más de un kilómetro del casco urbano de Almansa, a 130 metros del Monte de Utilidad Pública ‘Pinar de Almansa’, a unos 240 metros de la línea ferroviaria Alicante-Madrid, a menos de 500 metros de la vía pecuaria ‘Cordel de Burgos’ y a casi un kilómetro y medio de la Rambla de Las Hoyuelas.

Consumo de agua y energía

Según el documento, el consumo estimado de agua es de 30 metros cúbicos, que se realizará mediante la red municipal y se destinará exclusivamente a los servicios sanitarios de los trabajadores. Este volumen está calculado para una plantilla de tan solo tres empleados durante 250 jornadas laborales al año. Según indica el documento, la actividad no generará vertidos de proceso “ni requerirá agua para las tareas de gestión de residuos”.

En cuanto al consumo de energía, el suministro será exclusivamente eléctrico, con una potencia instalada prevista de 14,7 kilovatios. Destaca que no se requerirá el uso de ningún tipo de combustible para el funcionamiento ordinario de la planta.

A luz de todo ello, la conclusión principal de la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha es que el proyecto no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, es decir, más exhaustiva. Esta decisión se fundamenta en que se estima que la actividad “no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente”.

El órgano ambiental determina que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales (tales como la población, la salud humana, los recursos naturales, los bienes de dominio público y las áreas protegidas). Esto se debe principalmente a que toda la actividad se desarrollará bajo cubierta en el interior de una nave ya construida, sin ocupar nuevos terrenos ni afectar de forma directa a espacios protegidos o elementos ambientalmente sensibles.

No obstante, este visto bueno está condicionado al cumplimiento de medidas preventivas, correctoras y de seguimiento propuestas por el propio promotor en su documentación.

Así, el programa de seguimiento y vigilancia ambiental de la planta establece una serie de obligaciones y controles específicos sobre residuos, impermeabilización y drenaje, medición de niveles de ruido y revisión periódica tanto de la maquinaria de recogida, clasificación y almacenamiento de residuos, como del estado de conservación de la solera de hormigón impermeabilizada.

De igual forma, para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, el proyecto de la planta de Almansa contempla el almacenamiento exclusivo en el interior para eliminar el riesgo de que el agua de lluvia arrastre contaminantes. Según el estudio de la empresa, toda la nave industrial cuenta con una solera correctamente hormigonada. Las zonas de trabajo, tránsito o almacenamiento susceptibles de causar contaminación estarán pavimentadas e impermeabilizadas de forma adecuada.

En cuanto a la zona de RAEE peligrosos, estará dotada de pavimento impermeable y de un sistema estanco de recogida de posibles derrames, el cual operará de manera independiente a la red de saneamiento municipal. Por su parte, los residuos de baterías usadas se ubicarán en un espacio equipado con los elementos de seguridad y contención necesarios para su tipología.

Otras instalaciones de amianto en la región

Este conglomerado de proyectos para almacenes de residuos peligrosos en la provincia Albacete se suma a otros espacios similares en Castilla-La Mancha. Además del mencionado macrovertedero de amianto en la ciudad de Albacete y del proyectado en Chinchilla, en Novés (Toledo) opera la planta autorizada Recuperaciones Energéticas Novés, S.A. (RENOVÉS), que dispone de una celda específica para “el depósito seguro y eliminación de residuos de amianto”.

Por su parte, en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) existe un depósito, con una celda específica “confinada y aislada” para amianto, en una planta operada por la empresa Ignea Medioambiente, S.L., en la Carretera de Moral de Calatrava, en la finca 'Las Heras'. Su capacidad total supera los más de cuatro millones de toneladas, pero en el lugar también se depositan residuos industriales no peligrosos e inertes.

Finalmente, en El Provencio (Cuenca) el pasado mes de junio se conoció el proyecto para ampliar el basurero de vertidos peligrosos en esta población, incluyendo un depósito de amianto.

La moratoria que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere establecer ante la proliferación de plantas de biometano en la comunidad autónoma, mediante un decreto que restringe su instalación y paraliza los expedientes en curso, no ha servido para calmar los ánimos de las decenas de colectivos sociales y vecinales de toda la región que rechazan de lleno esta polémica renovable. Unidos bajo el paraguas de la Plataforma regional Stop Biometano, han comparecido en Toledo y han alertado de que están dispuestos a acudir a los tribunales si el Ejecutivo de Emiliano García-Page no da marcha atrás y apuesta por otras alternativas.

Considera la asociación autonómica que el mencionado decreto no soluciona el problema de fondo. “Es un grave problema ambiental, social, sanitario, y ahora también político. En nuestros pueblos limpios, sanos y verdes, no nos merecemos que nos impongan estas instalaciones”, afirma en representación de este colectivo Rafael Ruiz, portavoz de Stop Biometano en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), donde se proyecta una de estas instalaciones.

Recuerda en este sentido que el nuevo decreto supone la “prescripción” del anterior Plan de Biometano que promovió el Gobierno regional, sin que la Administración haya dejado claro sin las más de 15.000 alegaciones que se presentaron a ese proyecto también decaen.

De cualquier forma, ahora son más de 20.000 las alegaciones que estos colectivos y miles de particulares han presentado al nuevo decreto, todavía pendiente de aprobación, lo que demuestra que la oposición social al biometano es “creciente”.

Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque genera inseguridad jurídica

“Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque contiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica. Debe ser revisado o directamente anulado, porque solo contempla algunas concesiones para ver si los ayuntamientos y los alcaldes se contentan”, argumenta Rafael Ruiz.

Se refiere al hecho de que esta nueva normativa, junto con la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, permita a los plenos municipales poder “vetar” la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. Para las plataformas, esto es una “trampa”, porque muchos pueblos no disponen de recursos técnicos para emitir informes argumentados de rechazo, como requiere la ley.

A esta cuestión hace mención también Elisa Díaz, coportavoz de Verdes-Equo en Castilla-La Mancha, quien habla de “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana. “Pero los vecinos y vecinas no se van a quedar de brazos cruzados, van a seguir muy vigilantes con su patrimonio”, ha dicho.

En su opinión, hay “imprecisiones” en el decreto que deben pulirse o incluso anularse. “No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirma en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

También incide la falta de recursos de muchos ayuntamientos para emitir informes como los que se solicitan en la nueva normativa para poder tumbar estos proyectos. El caso más paradigmático es el de Campos del Paraíso, en Cuenca, de apenas 700 habitantes. En su término municipal hay dos plantas de biogás proyectadas, y hasta seis en la zona colindante o de influencia. De hecho, este municipio acogió el pasado mes de marzo una de las manifestaciones más numerosas contra esta polémica renovable.

Desde Equo alertan también de que estas plantas tienen eventualmente fugas procedentes de sus antorchas de gas, que son, según estiman, un 80% más contaminantes que el CO2, así como posibles accidentes, explosiones e incendios. “Nada de esto está previsto en el decreto, ni siquiera la incidencia del cambio climático”.

Para Elisa Díaz, estas plantas responden, por tanto, a un modelo de desarrollo agroenergético “insostenible y especulativo”. “No son de utilidad pública ni de interés social, no tienen consenso y la posición ciudadana es cada vez mayor”.

“A un alcalde le pueden proponer un proyecto atractivo, puede aceptarlo, pero no hace una evaluación correcta de los riesgos que asume al abrirle los brazos. Hay un principio de precaución, que es vigilar el territorio. Muchas de estas empresas tienen un capital detrás de 3.000 euros: con eso no se podría hacer frente a contingencias como una fuga o un incendio”, concluye.

Ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados

Otro de los datos más relevantes lo ha aportado Carmelo Donoso, de la Plataforma Stop Biometano de Carrión de Calatrava, en Ciudad Real. Ha recordado que actualmente hay en Castilla-La Mancha más de 70 plantas en tramitación, mientras que “ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados”, procedentes a su vez de la “gran proliferación de macrogranjas” por toda la comunidad autónoma.

Es el motivo por el que miles de alegaciones rechazan que la distancia mínima establecida en el decreto entre las plantas de biogás y los núcleos urbanos sea tan solo de dos kilómetros. Según ha apuntado, deberían estar al menos a 25 kilómetros de los pueblos y de sus aguas potables, y localizadas de forma que no afecten a poblaciones vecinas.

Precisamente, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava son dos de los municipios afectados por la planificación de estas instalaciones que forman parte del área de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Para más inri, en este último municipio también hay otra planta proyectada.

Alberto Celis es catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua. Alerta del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Anuncia así que las plataformas pondrán en marcha una campaña bajo el lema ‘Salvemos las Tablas de Daimiel’ para recordar que actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está trabajando en un marco de actuaciones prioritarias para “salvar” el Parque Nacional. “No tiene sentido que mientras se prepara ese plan, Castilla-La Mancha vaya en la dirección contraria proyectando plantas en estos tres pueblos”.

Alberto Celis ha detallado además que las plataformas están trabajando con técnicos un documento de propuestas alternativas para el tratamiento de residuos sin necesidad del biometano. Se trata, explica por su parte Rafael Ruiz, de una docena de soluciones que no ha detallado, pero que quieren presentar al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Otra cuestión para la polémica es que el Gobierno regional también prepara una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”.

Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en los tribunales

Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartan acudir a los tribunales. “Se están saltando leyes e incluso el Tratado fundacional de la Unión Europea. Faltan evaluaciones ambientales estratégicas en algunas plantas. Eso no puede ser. Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y, si no nos dan la razón, llegaremos al Supremo, al Constitucional o a los tribunales europeos. No nos vamos a quedar callados”, amenaza Rafael Ruiz.

Actualmente, hay en Castilla-La Mancha tres plantas de biometano ya operando. La de Balsa de Ves, en Albacete, inició su actividad tratando 3.000 toneladas de residuos, y actualmente ha llegado a las 40.000 toneladas. La de Noez, en Toledo, afecta principalmente al pueblo vecino de Casasbuenas, donde ya se han presentado varias denuncias por contaminación. Y la más grande de las tres es la de Belinchón, en Cuenca, que trata hasta 400.000 toneladas de residuos.

En paralelo, ya se están construyendo otras tres: en Gálvez (Toledo), Villaluenga de la Sagra (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real). Según el mapeo de estas plataformas y de Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas proyectadas, con expedientes en tramitación en toda Castilla-La Mancha, y el “objetivo”, afirman, es llegar a un centenar.

Estas plataformas sociales y vecinales se reunieron con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a finales del pasado mes de junio. Según afirman, la consejera mostró interés en el mencionado estudio de alternativas pero no les consta que el Gobierno esté trabajando en ello. Ahora quieren otro encuentro, para tener “el mismo número de reuniones que la consejera ha tenido con constructoras y empresas gasísticas”.

De hecho, piden directamente hablar con Emiliano García-Page ante la dimensión de un problema que “no es solo ambiental sino también político”. “Las elecciones están cerca y esto ya es un movimiento ciudadano en toda regla. Somos 46 plataformas de 46 pueblos, y a fin de año seremos cien. Queremos decirle que seguir permitiendo estas instalaciones es antisocial y es imponer los intereses privados por encima de intereses públicos”.

“Las plantas de biometano son malsanas, contaminantes y no aportan apenas empleo. Esto no es ni economía verde, ni circular, ni descarbonificada. Esto no es transición ecológica, es transacción económica. Queremos nuestros pueblos tranquilos, limpios, verdes y sanos, y no convertidos en un vertedero o en tierras de sacrificio”, concluyen.

Ya está redactado el borrador del anunciado decreto por el que se establecen las condiciones para la gestión de los residuos orgánicos mediante su transformación en biometano en Castilla-La Mancha. El texto responde a un mandato de las Cortes regionales que impulsó el Grupo Socialista como respuesta a la enorme proliferación de proyectos de plantas que trabajan con residuos agroganaderos para generar esta polémica renovable. Y es una consecuencia, asimismo, del gran rechazo social y vecinal que han provocado, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El decreto todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, previsiblemente en el próximo curso político y antes de final de año. Además, va acompañado de una reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma que otorga a los plenos municipales de los ayuntamientos el poder de vetar cualquier proyecto de este tipo, aunque sea en teoría porque el Ejecutivo regional se reserva para sí la potestad de poder declarar “prioritarios” los que considere oportunos.

La normativa busca equilibrar los objetivos de “neutralidad climática” y soberanía energética de la Unión Europea con “la protección del bienestar de la ciudadanía local”.

Algunas de estas restricciones ya estaban incorporadas en la resolución del Grupo Socialista que ha dado origen al borrador, que actualmente se encuentra en información pública para la presentación de alegaciones. El hecho de que ahora el Gobierno regional 'eche el freno' en esta cuestión contrasta con su decisión de declarar “prioritarios” algunos proyectos de biometano como la futura planta de Gálvez, o la que ya está en funcionamiento en Noez, ambos en la provincia de Toledo.

Pero el caso es que el decreto es bastante restrictivo: hay decenas de exigencias técnicas, entre ellas las referidas a las distancias entre estas plantas de biometano y los núcleos urbanos. Con carácter general, deben situarse a una distancia mínima de dos kilómetros desde el límite del suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar que sea de uso residencial.

Pero hay algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de instalaciones que traten residuos de cadáveres de animales, la distancia mínima obligatoria aumenta a cuatro kilómetros respecto a los mismos límites de suelo urbano o urbanizable.

Por el contrario, en el caso de actividades de restauración y hoteleras ubicadas en el suelo rústico, la distancia se reduce: puede estar a tan solo 500 metros. Pero si estos establecimientos están integrados en suelos urbanos o urbanizables de uso residencial predominante, se benefician de la mencionada protección general: dos kilómetros como norma general y cuatro si se trata de residuos de cadáveres de animales.

Esto implica una doble protección: por un lado, se impide que una planta se instale cerca de un hotel existente, pero por otro, se restringe la apertura de nuevos hoteles o restaurantes en áreas que no cumplan estas distancias mínimas respecto a plantas ya autorizadas.

De hecho, el decreto exige que las instalaciones de biometano se adapten estéticamente al entorno y prohíbe su ubicación en zonas donde sean visibles desde miradores o puntos de atracción turística. Además, se debe evitar su implantación cerca de áreas de interés cultural o patrimonio natural.

Además, los hoteles y restaurantes también son identificados en la nueva norma como generadores de sustratos. La regulación busca así un equilibrio: por un lado, aleja físicamente la industria de los negocios turísticos para evitar olores y ruidos, y por otro, integra los residuos orgánicos que estos generan en el ciclo de la economía circular.

Pero, ¿cómo se miden las distancias mínimas? Se aplican tomando como referencia el vallado exterior de la propia instalación. En el caso específico de las distancias a explotaciones ganaderas, el decreto especifica que la medición debe realizarse sobre plano (distancia topográfica). Se toma como referencia el lugar donde se alojan los animales que esté más próximo a la instalación de biometano.

Lo más curioso es que estas mediciones tienen un carácter recíproco respecto a los “elementos sensibles del entorno”: la distancia se mide de forma topográfica desde el cierre perimetral de la planta hasta el punto más cercano del elemento protegido.

Digestato, malos olores y transporte

Una de las cuestiones más polémicas que ha generado la proliferación de estas instalaciones ha sido el tratamiento del digestato, el residuo resultante de la valorización de residuos agroganaderos, que suele comercializarse como fertilizante, y principal causante de malos olores. En este caso, el decreto exige a las empresas promotoras un estudio de dispersión de olores que garantice que no se supera el umbral de 1,5 unidades de olor por metro cúbico de aire (ouE/m³) en el límite del suelo urbano o urbanizable de uso residencial.

Además, para evitar molestias adicionales a la población, se prohíbe el paso de camiones con residuos por los núcleos urbanos de los municipios, salvo en los casos en que el residuo se haya generado dentro de ese mismo municipio.

Las empresas deben presentar un estudio de las rutas de transporte que identifique la ubicación de cada sustrato de entrada y el recorrido previsto. Estas rutas deben actualizarse si sufren modificaciones definitivas.

El transporte debe realizarse de forma apta según el tipo de residuo, asegurando siempre transportes cerrados para evitar la pérdida de materiales y la propagación de malos olores. También debe tener en cuenta su huella de carbono para cumplir con los porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por la normativa europea (entre un 65% y un 80% según el uso del biogás).

En cuanto a los olores, el borrador del decreto garantiza establece una combinación de modelización científica, límites técnicos estrictos y medidas de control operativo.

Así, obliga a todas las plantas a presentar un estudio de dispersión de olores que utilice el modelo del sistema avanzado de simulación de calidad del aire en estado no estacionario (CALPUFF). Las naves de pretratamiento y compostaje deben operar en presión negativa respecto al exterior para evitar fugas de aire contaminado. Además, será obligatorio conectar los sistemas de aspiración de aire a equipos de limpieza como lavadores de gases vía húmeda, filtros de carbón activo o biofiltros. Y tanto los sustratos de entrada como el digestato deben estar en tanques herméticos, naves o balsas cerradas.

Hay en el decreto otras regulaciones complementarias para evitar olores en el entorno. Por ejemplo, el transporte de sustratos debe realizarse obligatoriamente en vehículos cerrados y cuando el digerido se aplica como fertilizante, debe incorporarse al suelo mediante arado o equipos equivalentes en un plazo no superior a 24 horas para disminuir la emisión de malos olores.

Recursos hídricos y contaminación de acuíferos

Por otro lado, el borrador establece medidas para proteger los recursos hídricos y prevenir la contaminación de acuíferos y masas de agua superficiales, otra de las principales críticas de los grupos ecologistas, sociales y vecinales. Estas regulaciones abarcan desde la ubicación de las plantas hasta las condiciones técnicas de almacenamiento y la aplicación de los productos resultantes.

Tanto para la instalación de la planta de biometano como para la aplicación del digestato en el suelo, se exigen separaciones mínimas respecto a puntos críticos de agua: por ejemplo, 250 metros en el caso de captaciones de agua subterránea y de embalse destinadas al consumo de poblaciones

Asimismo, para evitar que filtraciones contaminantes alcancen el subsuelo y los acuíferos, las superficies de almacenamiento de las plantas de biometano deben estar impermeabilizadas mediante solera de hormigón y contar con sistemas de drenaje de lixiviados Para el control de fugas y monitoreo en acuíferos, el decreto establece la obligación de instalar, como mínimo, un piezómetro aguas arriba y dos piezómetros aguas abajo de la instalación para monitorear la calidad del agua.

Con carácter general, cada cinco años, un organismo acreditado debe revisar los sistemas de control de fugas y el estado de la estanqueidad; y también se exige un plan específico de monitoreo de aguas residuales y emisiones que debe estar a disposición de las autoridades.

En áreas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, se debe cumplir estrictamente el programa de actuación vigente en Castilla-La Mancha. Esto quiere decir que no se permite la instalación en suelos “inundados o saturados”, ni durante periodos prolongados de lluvias, o si la pendiente del terreno genera riesgo de escorrentía directa hacia masas de agua, independientemente de la distancia.

El decreto prioriza que las fracciones acuosas resultantes de los procesos de tratamiento sean depuradas hasta conseguir un agua apta para vertido, reutilización industrial o riego autorizado.

Una moratoria de dos años

Finalmente, el borrador decreta que hasta el 21 de diciembre de 2029 las plantas de biometano que cuenten ya con autorización ambiental integrada deberán adaptar sus instalaciones a estas medidas.

Mientras, se suspenderá la tramitación de los procedimientos de autorización ambiental de proyectos de biometano, por un plazo máximo de 24 meses, hasta la presentación de la documentación necesaria adaptada a las condiciones establecidas en este decreto.

Transcurrido este plazo sin que se haya presentado la documentación se le tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones.

Esta norma recuerda mucho a la moratoria, ya levantada, que el Gobierno de Emiliano García-Page impulsó para las macrogranjas, una de las fuentes para nutrir a las plantas de biometano. Como ocurre ahora, lo hizo a pocos meses de unas elecciones, allá por 2022.

La taxa de recollida de residus aprovada el 2024 per l'Ajuntament de Bétera ha quedat anul·lada de forma definitiva. El Tribunal Suprem ha emès una providència que inadmet a tràmit el recurs de cassació presentat pel Consistori que encapçala la batllessa popular Elia Verdevío. La resolució converteix en ferma la sentència prèvia de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que va declarar la invalidesa radical de l'Ordenança Fiscal número 22 després d'un recurs impulsat pel grup municipal de Compromís.

El pronunciament de l'alt tribunal confirma que la norma que sustentava el cobrament de la taxa pateix una falta greu de motivació en el seu informe tècnic de valoració. La sentència del TSJCV va acreditar que el càlcul municipal imposava una quota uniforme de 147,54 euros al 92% dels immobles de la localitat —12.117 habitatges d'un total de 13.169—, de manera que ignorava paràmetres clau com la superfície cadastral, el nombre de residents o la generació de restes de poda. A més, el Suprem ha desestimat els arguments de l'Ajuntament i li ha imposat l'obligació d'abonar les costes processals.

Després de la confirmació del cop judicial, Compromís per Bétera ha posat en marxa una campanya ciutadana per canalitzar les sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts. La iniciativa facilita als veïns un model formal de sol·licitud dirigit al departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament. El document exigeix la restitució íntegra dels abonaments corresponents als exercicis 2024, 2025 i, si escau, 2026, juntament amb la liquidació dels interessos de demora que fixa la Llei General Tributària des de la data de cada pagament.

L'edil de la formació valencianista a Bétera, Joano Baudés, ha xifrat en prop de cinc milions d'euros l'import global que el Consistori haurà de reemborsar a les arques familiars després de l'anul·lació de la norma. “L'Ajuntament ni tan sols va intentar recollir principis tan bàsics com els d'equitat, capacitat econòmica o proporcionalitat que se li exigeix a una taxa”, ha manifestat el regidor. Així mateix, Baudés ha retret a l'equip de govern una estratègia judicial dil·latòria que ha suposat una despesa evitable de fons públics: “Injustament, com denunciem des de Compromís i ara ha reconegut el Tribunal Suprem en aquesta sentència, la ciutadania ha pagat doble: per una taxa mal calculada i pel desig del govern de dilatar innecessàriament el procés judicial”.

Des del punt de vista legal, la invalidesa de la disposició de caràcter general implica la nul·litat retroactiva de tots els actes administratius dictats a l'empar. En quedar l'ordenança extingida de forma ferma, els cobraments executats per l'Ajuntament perden el seu títol legítim, circumstància que habilita la ciutadania a instar la rectificació de les seves liquidacions i iniciar la via del reintegrament administratiu davant l'administració municipal.

La tasa de recogida de residuos aprobada en 2024 por el Ayuntamiento de Bétera ha quedado anulada de forma definitiva. El Tribunal Supremo ha emitido una providencia que inadmite a trámite el recurso de casación presentado por el Consistorio que encabeza la alcaldesa popular Elia Verdevío. La resolución convierte en firme la sentencia previa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que declaró la invalidez radical de la Ordenanza Fiscal número 22 tras un recurso impulsado por el grupo municipal de Compromís.

El pronunciamiento del alto tribunal confirma que la norma que sustentaba el cobro de la tasa adolece de una falta grave de motivación en su informe técnico de valoración. La sentencia del TSJCV acreditó que el cálculo municipal imponía una cuota uniforme de 147,54 euros al 92% de los inmuebles de la localidad —12.117 viviendas de un total de 13.169—, de modo que ignoraba parámetros clave como la superficie catastral, el número de residentes o la generación de restos de poda. Además, el Supremo ha desestimado los argumentos del Ayuntamiento y le ha impuesto la obligación de abonar las costas procesales.

Tras la confirmación del varapalo judicial, Compromís per Bétera ha puesto en marcha una campaña ciudadana para canalizar las solicitudes de devolución de ingresos indebidos. La iniciativa facilita a los vecinos un modelo formal de solicitud dirigido al departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento. El documento exige la restitución íntegra de los abonados correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y, si procede, 2026, junto a la liquidación de los intereses de demora que fija la Ley General Tributaria desde la fecha de cada pago.

El edil de la formación valencianista en Bétera, Joano Baudés, ha cifrado en cerca de cinco millones de euros el importe global que el Consistorio deberá reembolsar a las arcas familiares tras la anulación de la norma. “El Ayuntamiento ni siquiera intentó recoger principios tan básicos como los de equidad, capacidad económica o proporcionalidad que se le exige a una tasa”, ha manifestado el concejal. Asimismo, Baudés ha reprochado al equipo de gobierno una estrategia judicial dilatoria que ha supuesto un gasto evitable de fondos públicos: “Injustamente, como denunciamos desde Compromís y ahora ha reconocido el Tribunal Supremo en esta sentencia, la ciudadanía ha pagado doble: por una tasa mal calculada y por el deseo del gobierno de dilatar innecesariamente el proceso judicial”.

Desde el punto de vista legal, la invalidez de la disposición de carácter general implica la nulidad retroactiva de todos los actos administrativos dictados a su amparo. Al quedar la ordenanza extinguida de forma firme, los cobros ejecutados por el Ayuntamiento pierden su título legítimo, circunstancia que habilita a la ciudadanía a instar la rectificación de sus liquidaciones e iniciar la vía del reintegro administrativo ante la administración municipal.

Comienza la cuenta atrás para acabar con los sobres de salsa, los minibotes de crema, las redes de mandarinas o las bridas de latas, millones de envases de usar y tirar que se convierten, casi de inmediato en basura de plástico. Este miércoles entra en vigor el nuevo reglamento europeo sobre residuos de envase, que marca el camino hasta la restricción de estos formatos en 2030.

La norma fue aprobada a finales de 2024, pero es este 12 de agosto cuando arranca el calendario para los próximos tres años. De hecho, la primera regla que debe aplicarse se refiere al contenido de químicos eternos, los PFAS, en los envases. Desde este miércoles, “no se podrán introducir en el mercado envases que estén destinados a entrar en contacto con alimentos” que presenten ciertas concentraciones de estos compuestos sintéticos.

A partir de ahora, la normativa deberá ir desplegándose. Así, para el 12 de febrero de 2027, los comercios que vendan bebidas frías o calientes para llevar deberán permitir que el consumidor lleve su propio recipiente para esa bebida. Y lo mismo para la comida: se podrá ir al comercio con el envase reutilizable. Si el cliente aporta ese recipiente, los comercios no podrán cobrar un extra, al suponer “un coste no superior y en condiciones no menos favorables que las existentes cuando vendan la unidad de venta consistente en el mismo producto en un envase de un solo uso”, dice el reglamento.

Nuevas reglas para los envases en la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Nuevas reglas para los envases en

la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Un año después, el 12 de febrero de 2028, los propios comercios de bebida y/o comida para llevar tendrán la obligación de ofrecer un recipiente reutilizable en lugar del de usar y tirar. Y no podrán vender esos productos “ni a un precio más alto ni en condiciones menos favorables”. Las microempresas quedarán exentas de estas obligaciones.

Para el 1 de enero de 2030 llegan las restricciones a determinados formatos, algunos extendidísimos:

Aunque existe un consenso internacional sobre el peligro que supone llenar de plásticos el entorno —los países acordaron en marzo de 2022 crear un tratado obligatorio para abordar el problema—, las negociaciones para redactar un texto legal llevan varias rondas de fracaso. Una vez traspasado el plazo que se había acordado, la siguiente cita para las conversaciones está prevista para marzo de 2027. La clave del problema es, precisamente, poner coto a la producción a la que se oponen los petroestados.

“Es un avance, pero se queda corto”, ha analizado el responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, Julio Barea. El ecologista se refiere a que, según su organización, se ha “perdido una oportunidad” para atacar la raíz del problema: la producción de plástico. “Se crean normas de reducción, pero no cierran el grifo de la producción”, reflexiona, mientras “la presión de las empresas del plástico, distribución y gestores de residuos ha conseguido recortar los objetivos de reutilización y eso permite que las multinacionales nos sigan llenando el planeta de basura”.

Mientras la producción de plástico crece (si eran 370 millones de toneladas en 2018, se alcanzaron los 430 millones en 2024), los residuos forman una montaña de basura de unos 300 millones de toneladas anuales de la que una buena parte acabará antes o después en el mar. Y el reciclaje solo no está sirviendo para solucionar el problema: a nivel global está en torno al 9%, según la ONU. En España, el porcentaje de residuos urbanos reciclados está en el 43%, por debajo del nivel obligatorio del 50%, que está en vigor desde 2020.

El reglamento debería colocar, pues, la prevención y la reutilización por delante del puro reciclaje. El texto establece objetivos jurídicamente vinculantes para reducir los residuos por habitante en un 5% para 2030, un 10% para 2035 y un 15% para 2040 respecto a 2018.

La nueva norma también debe ser un impulso para la creación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para botellas y latas, ya que impone la obligación de alcanzar un 90% de recogida selectiva de esos envases para 2029.

El sistema SDDR consiste, básicamente, en que las botellas de plástico deberán poder devolverse en las tiendas. Así, cada botella tiene un valor económico —unos céntimos— que, a modo de fianza, adelanta el consumidor al comprar la bebida. Esa cantidad se le devuelve al cliente cuando retorna la botella al comercio. El envase se recupera así para reciclarse o reutilizarse.

En realidad, en España, ese sistema debería estar implementado en noviembre de 2026. La ley española de residuos ya preveía que se crease un SDDR, después de que el Ministerio de Transición Ecológica calculas que, en 2023, se recuperó tan solo el 40% de esos envases mediante el contenedor amarillo que gestiona Ecoembes, frente al 70% que establece la normativa estatal.

Sillas, bombonas, gran número de bolsas de plástico, vidrios, metales y basura orgánica llevaban décadas ocultos, a unos 35 metros en el interior de una estrecha cavidad de alta montaña, en la zona cántabra del Parque Nacional de los Picos de Europa, que ocupa 14.973 hectáreas, de las 66.030 hectáreas totales de uno de los parques más visitados de España.

Y no es la única ubicación con residuos acumulados durante muchos años en el Parque Nacional, anticipan desde la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME), que tiene constancia de más puntos, por otras personas conocedoras del parque.

Los residuos localizados han permanecido mucho tiempo a menos de cinco kilómetros del teleférico de Fuente Dé, en una cavidad no visible a simple vista, pero en un entorno frecuentado por montañeros y visitantes hasta que a finales de julio de 2026, empezaron a ser recogidos por un grupo de especialistas en montaña y espeleología, apoyados por voluntarios ambientales. En total, retiraron más de mil kilos de basura, en alrededor de ocho sacas, de una sima –o abismo vertical– de complejo acceso. Y falta por sacar solo de esa grieta.

La Federación Cántabra de Montaña cambió de directiva en 2024 y fue entonces cuando el nuevo equipo supo de la cavidad a través de montañeros expertos. Entonces, decidió que sacaría la basura de la grieta que, subrayan, llevaba muchas décadas ahí, no era de los últimos años.

“Enseguida vimos que no era una limpieza convencional, era un lugar de muy difícil acceso”, sintetiza Sara Novoa, vicepresidenta de la Federación, sobre una actuación se realizó a unos 2.350 metros de altitud, en un terreno kárstico, y para llegar hasta los residuos había que acceder por una grieta estrecha.

“Cuando finalmente pudimos acceder y ver lo que había, nos sorprendió. Pensábamos que íbamos a encontrarnos una acumulación puntual y nos encontramos con muchos más residuos de los que esperábamos, además muy antiguos y deteriorados por el paso de las décadas”, explica Novoa. “Encontramos bolsas cerradas, que no abrimos”.

La Federación Cántabra de Deportes de Montaña promovió y planificó la retirada, que realizó un equipo de técnicos de la FCDME, junto con voluntarios expertos en alta montaña y la Federación Cántabra de Espeleología, cuyo apoyo, advierte Novoa, ha sido fundamental, por su conocimiento del medio subterráneo, su experiencia y el personal especializado que puso a disposición de forma altruista.

La FCDME recaudó algo de dinero por su cuenta y luego pidió una subvención al Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en alianza con la empresa privada de gestión de residuos Ecoembes, de 1500 euros. Después, pidió apoyo a Protección Civil para la incursión en la cavidad, además de la empresa pública de gestión de residuos Mare, que ha participado junto con la empresa pública de turismo Cantur y el Parque Nacional. Sobre las otras localizaciones donde hay residuos, Novoa es cauta: “De momento vamos poco a poco, según nuestra limitada financiación nos permita”.

Un plan rector que regula los residuos

La retirada de residuos en la vertiente cántabra del Parque Nacional por parte de las dos federaciones ha precedido, con escasos días de diferencia, a la aprobación del decreto del Gobierno de Cantabria que regula el primer Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa. El PRUG ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 4 de agosto, meses después de que primero Castilla y León y después Asturias, aprobasen sus decretos reguladores. Es decir, ahora Cantabria ya regula la gestión de residuos en Picos.

El primer plan rector en la historia del Parque tiene sus particularidades por cada autonomía, pero sustancialmente funciona de igual forma en las tres comunidades. En lo que respecta a residuos, marca restricciones a los visitantes y pone responsabilidades a las administraciones públicas: prohíbe, en todo el Parque, “el vertido, almacenamiento, depósito, abandono, enterramiento o incineración de basuras, residuos de construcción y demolición, plásticos, materiales de desecho, realizados de manera incontrolada” o fuera de los lugares permitidos. Además, para restaurar los hábitats degradados, el plan también explicita que habrá que “eliminar los vertederos existentes retirando los escombros y las basuras presentes y restaurando el enclave posteriormente”.

“Refuerza los aspectos de conservación y gestión ambiental, incluyendo la eliminación de residuos y la limpieza de terrenos, algo especialmente relevante para los residuos históricos existentes en determinadas zonas de alta montaña”, valora Sara Novoa.

A excepción de las zonas de uso restringido -cuyo tránsito es muy limitado-, y de las de reserva, que implican el máximo grado de protección, cada visitante será responsable de los residuos que genere durante la visita al resto de zonas. Además, los propietarios de terrenos podrán alcanzar un acuerdo con la administración gestora del Parque “para la eliminación de residuos y retirada de infraestructuras obsoletas o con impacto sobre el paisaje”.

El Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria) ha anunciado este martes que suspende temporalmente la recogida de trastos y enseres en los puntos del municipio habilitados para ello, debido al incendio el viernes 7 de agosto, en el vertedero de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, dependiente del Cabildo insular.

Así, el Consistorio ha señalado que la medida afecta, por el momento, a esta semana, si bien ha indicado que tan pronto como la corporación insular comunique la vuelta a la normalidad de la planta de residuos, el Ayuntamiento de Arucas restablecerá el servicio de recogida de muebles y enseres, en el horario y fechas habituales.

La corporación local pide la colaboración ciudadana para evitar, en la medida de lo posible, la saturación de las calles de Arucas con los enseres y objetos voluminosos, que, en estos momentos y debido a la situación ajena al municipio, “no se van a poder retirar”, ha subrayado.

El Cabildo prevé retrasos en la recogida de residuos

El Cabildo de Gran Canaria ya anunció este pasado lunes que, en lo que duran los trabajos para recuperar el Ecoparque Sur tras el incendio, ha reorganizado de forma temporal y extraordinaria la recogida de residuos hacia el vertedero del norte de la isla, por lo que prevé mayores tiempos de espera, retrasos y posibles incidencias en servicios municipales.

La corporación insular informó que ya se están llevando a cabo los trabajos en el Ecoparque Sur, con el vaciado progresivo de los fosos afectados por el fuego, parte de los de la planta de clasificación de la fracción resto de los residuos municipales, una operación que, señaló, tiene que realizarse con especial cautela.

El Cabildo de Gran Canaria, en lo que duran los trabajos para recuperar el Ecoparque Sur tras el incendio que le afectó la pasada semana, ha reorganizado de forma temporal y extraordinaria la recogida de residuos hacia el vertedero del norte de la isla, por lo que prevé mayores tiempos de espera, retrasos y posibles incidencias en servicios municipales.

En un comunicado, la corporación insular ha explicado este lunes que los trabajos en el Ecoparque Sur ya se han iniciado con el vaciado progresivo de los fosos afectados por el fuego, parte de los de la planta de clasificación de la fracción resto de los residuos municipales, una operación que ha de realizarse con especial cautela.

Ello porque, de entrar oxígeno a estos restos, podría provocarse la reactivación de focos que todavía permanecen calientes, por lo que se mantienen a día de hoy las labores de refresco, control y vigilancia.

El fuego se inició en la zona de trituración de restos de poda y se propagó a otras áreas de la instalación, ha recordado la corporación insular, quien ha insistido en que se intentarán llevar a cabo estos trabajos de recuperación de la normalidad lo antes posible, con la seguridad de las personas y las instalaciones como prioridad.

Mientras se recupera la operatividad del Ecoparque Sur, el Cabildo ha establecido una reorganización extraordinaria y temporal de los flujos de residuos hacia el Ecoparque Norte y las plantas de transferencia de la isla para garantizar la continuidad del servicio público de gestión de residuos.

Eso sí, ha advertido que este cambio “puede provocar mayores tiempos de espera, retrasos en la gestión y posibles incidencias puntuales en los servicios municipales de recogida”, por lo que ha pedido a la ciudadanía “colaboración y comprensión”, evitando depositar los residuos si ven los contenedores llenos, esperando a que se haya efectuado su vaciado.

Asimismo, se aconseja reducir o aplazar temporalmente la entrega de residuos voluminosos y restos de poda, al tratarse de fracciones que requieren una mayor capacidad de espacio y tratamiento.

Es importante, además, atender a las indicaciones que puedan trasladar los ayuntamientos ante posibles adaptaciones temporales de los servicios municipales de recogida.