En Castilla-La Mancha existe un Plan de Biometanización planeado hasta 2030. Se diseñó hace dos años pero todavía no está aprobado, pese a que estaba previsto su arranque en 2024. Pero con este proyecto, el Gobierno de Emiliano García-Page ya dejó clara hace tiempo su apuesta por el biogás como energía renovable de gran potencial en la comunidad autónoma. Y aunque numerosos colectivos ciudadanos, ecologistas y sociales, e incluso algunos ayuntamientos, han ido engrosando el rechazo a la instalación de estas plantas en pueblos de la región por sus efectos medioambientales y su “efecto llamada” para macrogranjas, el Ejecutivo autonómico ha decidido redoblar su apuesta incluyendo esta fuente de energía, procedente del tratamiento de residuos agroganaderos, en una nueva ley, todavía en fase de anteproyecto.

Concretamente, ha sacado a información pública el borrador de una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas diseñada para fomentar el crecimiento económico de la región mediante la captación de inversiones.

El proyecto de ley propone un sistema de “tramitación preferente y acompañamiento administrativo” para aquellas iniciativas que generen empleo significativo y riqueza, especialmente en áreas rurales que sufren de despoblación.

Para ser considerados estratégicos, los proyectos deben cumplir con “umbrales mínimos de inversión” y contratación, los cuales se flexibilizan en zonas vulnerables para “promover la cohesión territorial”.

Lo curioso es que Castilla-La Mancha ya cuenta con una normativa similar: la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, que se aprobó en 2020, en plena pandemia de coronavirus, para impulsar igualmente la actividad socioeconómica en la región. Ya hay decenas de proyectos con esta catalogación en la comunidad autónoma.

El objetivo, actualizar la ley anterior de proyectos “prioritarios”

El Gobierno autonómico justifica ahora la nueva normativa en la necesidad de actualizar algunos de los parámetros que se establecieron hace cinco años, conforme a los índices de crecimiento y a las nuevas actividades económicas.

Y es en esos nuevos proyectos donde ubica el biometano. Incluye la generación de biogás, su principal derivada, dentro de las actividades económicas que pueden ser declaradas como “inversiones empresariales estratégicas” en Castilla-La Mancha. Específicamente, se refiere a las instalaciones de gestión de residuos para la generación de biometano.

Pero no lo plantea sin más. En el borrador se incorporan cinco “condiciones” concurrentes para que estas instalaciones reciban esa calificación. La primera de ellas es que la instalación debe localizarse en una zona declarada “vulnerable” a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Esto es así porque, según el propio Gobierno regional, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los principales problemas sanitarios y ambientales a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. El uso incorrecto de los fertilizantes utilizados en la agricultura y la gestión inadecuada de los estiércoles ganaderos, supone un exceso de nitrógeno en el medio, que limita sus potenciales usos, a la vez que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

Las plantas de biometano pueden ser, argumenta, una posibilidad de acabar con esos nitratos. De hecho, el Ejecutivo ya modificó hace dos años la mencionada Ley de Proyectos Prioritarios para incorporar este cambio.

La segunda condición que establece el actual anteproyecto de ley es que al menos la mitad de los residuos tratados en la planta deben ser purines, vinazas o alperujos. Precisamente, este es uno de los argumentos a los que se aferra el Gobierno regional para defender esta fuente de energía. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, preguntó recientemente a quienes rechazan el biometano cuál creen que debería ser la salida a estos residuos, ante la falta de alternativas.

Otro condicionante que impondrá la nueva normativa es que el tratamiento de la fracción sólida no podrá aplicarse directamente a los cultivos: tendrá que someterse a un proceso de reducción de nitrógeno para disminuir la cantidad de este elemento que sale de la planta y ser un “fertilizante registrado”.

Aquí cumple un papel fundamental el residuo procedente de las plantas de biometano que trae de cabeza a sus promotores: el digestato y su tratamiento. Por lo general, se comercializa como compostaje, pero su transporte y gestión tiene unos costes elevados y un fuerte impacto ambiental, según los ecologistas.

Y finalmente, la ley obligará a que las futuras plantas de biometano lleven asociado un “beneficio a la comunidad local” donde se ubiquen. Este es el principal argumento de las empresas promotoras que defienden el biometano. En un encuentro reciente en Toledo, muchas de ellas esgrimieron que estas plantas generan y fijan empleo en los pueblos, contribuyendo a frenar la despoblación.

“Tramitación urgente”, acompañamiento y subvenciones

Si cumplen estas condiciones, al ser considerada una inversión estratégica, estos proyectos de biometano podrían beneficiarse de una “tramitación urgente”, acompañamiento administrativo y medidas de incentivación en subvenciones o financiación.

En esta nueva normativa y para identificar esos proyectos “estratégicos”, la estructura administrativa incluirá una Comisión de Valoración especializada y unidades de apoyo provincial para “garantizar la seguridad jurídica y la eficacia” en el desarrollo de los mismos.

Aunque con esta nueva ley el Gobierno de Page deja claro su interés por el biometano, lo cierto es que, al mismo tiempo, el borrador sitúa el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la economía circular como “pilares centrales” para la calificación de inversiones estratégicas en Castilla-La Mancha.

Por ejemplo, en los propios principios rectores de la ley se encuentra potenciar la transición ecológica mediante la “atracción” de iniciativas “innovadoras y sostenibles”.

Al mismo tiempo, hay otro dato importante: la nueva norma establece que para que una inversión sea declarada estratégica, la promotora debe aportar un “bloque ambiental” y técnico detallado en su memoria justificativa. En ese documento, es obligatorio que la empresa justifique que el proyecto es compatible con el entorno, que es viable desde el punto de vista medioambiental, el tipo de tecnología que se utilizará y la evaluación del proyecto en términos de sostenibilidad.

Precisamente, en el anexo del anteproyecto donde se destallan las actividades económicas, y donde se incluye el biometano, se añaden igualmente actividades específicas que, por su naturaleza ambiental, son candidatas a ser estratégicas, especialmente las destinadas a evitar que los productos “terminen en un vertedero”.

Ese el caso de proyectos de aprovechamiento de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el agua, la conservación del suelo o la captura de carbono; de aquellos que utilicen productos forestales certificados (FSC o PEFC); que realicen la primera transformación de recursos forestales (biomasa, resinas, corcho); o que reutilicen reciclaje textil o químico.

Pero de igual forma también en este listado de ‘futuribles’ incorpora proyectos de extracción de materias primas fundamentales. Este es otro punto polémico en la comunidad autónoma: las tierras raras abundan en el Campo de Montiel pero el rechazo social y la inviabilidad ambiental han evitado hasta ahora su explotación. Y lo mismo ocurre en otras minas que sí cuentan con autorización o están planeadas en la región, como la de fosfatos en el entorno de Cabañeros o las de oro en la provincia de Guadalajara.

Page avanza que la nueva ley se aprobará en septiembre

El propio Emiliano García-Page ya ha vendido las bondades de esta nueva ley. Según ha adelantado, el Consejo de Gobierno la aprobará el próximo mes de septiembre para su posterior remisión a las Cortes regionales. Según ha comentado, la normativa va a “englobar, aumentar y sustituir” a otras leyes vigentes, en referencia implícita a la mencionada ley de 2020 sobre proyectos prioritarios.

Mientras tanto, las plataformas vecinales, sociales y ecologistas mantienen su cruzada contra el biometano y no aceptan los argumentos que esgrime la Consejería de Desarrollo Sostenible para su defensa. Bajo el paraguas de Stop Ganadería Industrial, muchas de ellas han decidido unirse y recientemente se manifestaron todas juntas, esta vez en Toledo, para dejar clara su postura: “Ni en tu pueblo, ni el mío”.

Madrid es una ciudad con una relación difícil con los contenedores de basura. La última gran crisis económica, que tuvo que gestionar Ana Botella desde la alcaldía, arrojó unos servicios de recogida precarios, insuficientes para la ciudad, que ocasionaron numerosas quejas. Como este tipo de adjudicaciones se otorgan por varias legislaturas (normalmente ocho años), Manuela Carmena acabó heredando estos mismos contratos y también las quejas, hasta que llegó Almeida.

En el año 2022, una vez cumplido el servicio anterior, el Ayuntamiento pudo adjudicar un nuevo contrato de recogida de residuos, esta vez con abundancia de recursos. Decidió gastar un 70% más y dotar de muchos más medios a la ciudad para retirar cada noche los contenedores de diferentes colores en los que los madrileños depositan sus residuos caseros. Iba a dedicar a esta partida 1.369 millones del presupuesto municipal (impuestos no incluidos) hasta el año 2028, la cifra más elevada en cualquier contrato municipal. Parece mucho, pero finalmente será más. Por un error de cálculo.

Con el objetivo de conseguir cada vez mejores cifras de reciclaje, el área de Medio Ambiente había previsto en el nuevo contrato ir reduciendo los días de recogida del contenedor dedicado a restos, el de la tapa naranja. La lógica era que si la basura se fraccionaba correctamente (envases al amarillo, papeles al azul, orgánicos al marrón, por ejemplo) habría muy poca basura que echar en este tipo de recipientes. Y empezó a experimentarlo en mayo de 2023.

En esa fecha, la recogida del contenedor naranja pasó de siete días a la semana a seis. No se retiraría ni los domingos ni los festivos. Pero algo falló en la comunicación, porque las comunidades de vecinos del distrito Centro y de otras zonas de Madrid donde se han de sacar los cubos de los portales siguieron llevando a la calle los contenedores naranjas todos los domingos. Pero nadie los recogía. Así que permanecían en la vía pública durante todo el día repletos de desperdicios, hasta que pasaba el camión del lunes.

El área de Medio Ambiente comunicó a las comunidades de vecinos que debían evitar sacar la tapa naranja los domingos y llegó a amenazar con multas a quien lo hiciera. El resultado -ahora conocemos los datos- es que ese día parte de los madrileños depositaban sus desperdicios al contenedor marrón, el de orgánicos, en lugar de esperar a la jornada siguiente.

El departamento dirigido por Borja Carabante decidió echar el freno en la reducción progresiva de días de recogida del contenedor naranja, como estaba previsto. Evitó rebajar a cuatro jornadas en agosto de 2024 y a dos jornadas al año siguiente, en agosto del 2025. Fruto de esta modificación se vio obligado a indemnizar a las empresas concesionarias, que veían cómo se modificaban sustancialmente las condiciones de sus contratos.

Al menos 108 millones más de gasto

El Ayuntamiento de Madrid ha ido aprobando este año varias de estas indemnizaciones a las concesionarias. La última es del pasado 14 de mayo y prevé abonar 18,5 millones de euros más a la concesionaria de la recogida en la zona sur, Urbaser. Antes había aprobado otros 19,5 millones para FCC por el lote norte y 11 millones para la UTE de Valoriza, Acciona y OHL por el lote este. Todas estas modificaciones se suman a otras otorgadas en 2024. En total suman 65,7 millones de euros, según datos recopilados por el PSOE.

Los socialistas fueron los que llevaron este incremento del gasto a la Comisión de Medio Ambiente, celebrada el pasado lunes. En sus explicaciones añadieron otros 32,7 millones que calculan que el consistorio tiene que pagar de más a Valdemingómez porque el cubo marrón presenta otros residuos aparte de los orgánicos. Y también calculan que para los que se depositan incorrectamente en el amarillo habrá que añadir otros 10 millones. 108,4 millones en total.

El pasado lunes, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, no rebatió las cifras del PSOE en la comisión, que sumarán 108,4 millones de euros al presupuesto de recogida de residuos hasta el fin del contrato, en el año 2028 y que gestionará el siguiente equipo de Gobierno en Cibeles. Tampoco dio demasiadas explicaciones sobre los cambios en el contrato y por qué Madrid no siguió avanzando en la retirada progresiva del cubo naranja.

“Nunca lo han explicado bien, falta transparencia”, se quejaba la concejala del PSOE Emilia Martínez durante la citada comisión, “su planificación ha sido un rotundo fracaso”, añadía recordando que este coste tiene impacto en la recién aprobada tasa de basuras, que los madrileños abonan desde el año pasado. Carabante evitó responder a las razones por las que había echado marcha atrás sobre la planificación de su propio equipo, y acabó retando a la edil socialista que acudiera a las elecciones del año que viene con una propuesta para recoger menos días el cubo naranja.

El área de Medio Ambiente, sin embargo, sí que ha aclarado a este periódico por qué se tomó la decisión de cambiar el contrato de basuras y recoger el cubo naranja más días de los previstos. Lo hicieron porque “los contenedores naranjas siguen registrando un volumen de residuos que, hoy en día, desaconseja reducir las frecuencias de recogida”. Lo hacen porque la prioridad del equipo de Carabante es “garantizar la limpieza y la higiene de la ciudad”.

¿Cuántas toneladas de residuos que iban al contenedor naranja se han recogido de más en el cubo marrón, el de orgánicos? El PSOE también lo ha recogido en un informe. Este pasó de contabilizar un 17,4% de residuos impropios en el año 2022 al 27% durante el 2023, ya con la reducción a seis días de contenedor naranja, y se elevó al 36,7% en el 2024, lo que se tradujo en 61.342 toneladas de desperdicios mal depositados de más. En el año 2025, el último para el que existen datos, el porcentaje de residuos impropios en el contenedor marrón se redujo al 29,8%, mejor que en 2024, pero muy por encima del año de entrada en vigor del nuevo contrato de recogida de basuras.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, saca pecho sobre los datos de recogida selectiva en la capital, que ha pasado de representar un 20,6% del total en 2018 al 52,8% en 2025. También indican que la limpieza ha bajado al quinto lugar en la lista de preocupaciones de los madrileños, que ahora copa la vivienda, según la encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos.

Las reclamaciones por limpieza están también cayendo, apuntan las mismas fuentes: “En 2025 cayeron un 31% respecto a 2024”. Lo que sí que han aumentado, según una investigación efectuada por este periódico, son los avisos por suciedad en la vía pública: aumentaron un 46% en el último año.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que presentará un nuevo plan de ajuste económico-financiero, al que está obligado por ley, al incumplir la regla estatal de gasto y de sostenibilidad presupuestaria. Una de las causas principales es que, al no aprobarse, no se está cobrando la obligatoria nueva tasa de basura que llega vía Europa para garantizar el tratamiento y reciclado de los restos, lo que ha provocado un agujero en el presupuesto municipal.

“Tenemos un desajuste, que implica la necesidad de ese plan, pero la salud financiera del Consistorio es buena”, ha defendido el delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno (PP). Existe “músculo financiero” y , si se ha llegado a esta situación es por la no aprobación de la tasa de basura, “un importe que tenemos que abonar sí o sí” y que por tercera vez se va a intentar aprobar, y la de telefonía, “que tampoco se está cobrando porque está recurrida”.

“Hemos sobrepasado la regla de gasto en 95 millones y la de estabilidad, en 25,1 millones de euros”. Ello se debe también, ha añadido el concejal, al hecho de incrementar “de manera notable” el nivel de ejecución de las inversiones, “como ningún gobierno local ha hecho antes”. En este sentido, es un coste que el equipo de gobierno está “dispuesto a asumir”. En 2022, ha abundado al respecto, el Ayuntamiento se gastó 806 millones, y el pasado año, 989 millones.

No se reduce el gasto público

El obligatorio plan de ajuste ya ha sido presentado a los grupos de la oposición, antes de que sea llevado a la Junta de Gobierno Local este viernes. No obstante, Bueno ha remarcado que el plan no contempla “ni reducción del gasto público ni subida de impuestos; es más, se allana el camino para sucesivas bajadas”.

Bueno también ha remarcado la idea de que existe un remanente de tesorería de 62,3 millones de euros y que la deuda viva se sitúa en el 9,3%, “cuando se permite llegar al 70 y Barcelona, por ejemplo, está en el 40”. A esto ha añadido que el periodo medio de pago a proveedores está fijado en 27,3 días, “muy por debajo del límite que permite la ley”.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, continúa ampliando la implantación del quinto contenedor para la recogida selectiva de residuos orgánicos y ha iniciado esta semana su incorporación a una nueva zona del barrio de Guanarteme, en el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, pero ¿para que sirve y que restos se pueden depositar en él?

El también denominado contenedor marrón comenzó a implantarse en diciembre de 2023 en Mercalaspalmas y en las Escuelas Infantiles Municipales. A partir del mes de abril del año pasado se inició el proceso de instalación progresiva en los barrios de Los Tarahales, Ciudad Jardín, la urbanización Montalex (San Lorenzo), La Galera, Las Coloradas, La Minilla, Cuatro Cañones, San Antonio, El Polvorín, la urbanización Santa Margarita (carretera de Los Hoyos), San Francisco de Paula, Lomo Apolinario, San Francisco, El Zardo, Casa Ayala, Nueva Isleta, Guanarteme, Altavista, Monteluz, Zurbarán, Fincas Unidas, San Nicolás, Costa Ayala y Cañada Honda.

Con la incorporación de esta última zona en Guanarteme, ya son 25 los barrios de los cinco distritos que cuentan con este servicio.

Si bien es cierto, este servicio requiere de un registro previo para obtener la llave que da acceso a estos depósitos donde se deben de introducir las bolsas con los residuos orgánicos.

Desde su implantación se ha permitido recoger más de 929.700 kilos de residuos orgánicos, que han sido trasladados al Ecoparque gestionado por el Cabildo de Gran Canaria para su tratamiento y transformación en compost destinado al uso agrícola.

La Corporación local señala que en las próximas semanas se ampliará a nuevas zonas de la ciudad, entre ellas el barrio de Zona de Madera y Corcho.

Uso correcto

Según indica el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el quinto contenedor está destinado a la recogida de restos orgánicos como sobras de comida, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, carne, pescado y marisco (tanto crudos como cocinados), alimentos estropeados o caducados, productos lácteos, cáscaras de huevo y de frutos secos, pan y bollería, granos y cereales, posos de café, filtros y bolsas de infusión, así como papel de cocina y servilletas sucias.

También pueden depositarse pequeñas ramas, restos de poda, hojas y flores, corchos, serrín, virutas de madera e hilos naturales.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria señala que estos residuos son enviados a una planta de compostaje del Cabildo insular que, una vez tratados, produce un compost de gran calidad como fertilizante orgánico.

Este compost es suministrado de forma gratuita a los productores agrícolas que lo solicitan, de forma que retorna a la naturaleza.

El Cabildo de Gran Canaria dispone incluso de una página web en la que los ciudadanos pueden solicitar el suministro de este compost de forma gratuita.

Lo que no puedes depositar

En este caso, el Ayuntamiento indica en su página web que no se deben depositar en el contenedor marrón; objetos de cerámica, pañales y toallitas húmedas, productos de higiene íntima, colillas, chicles, excrementos y arena para mascotas, pelo humano o animal, polvo o cenizas, y corchos de plástico de botellas.

Ademá, el Ayuntamiento recuerda la importancia de separar los residuos orgánicos en bolsas de basura compostables y depositarlos en el contenedor marrón debidamente cerrados.

El Consistorio recomienda seguir las indicaciones proporcionadas para una correcta separación.

Murcia ha vuelto a demostrar que el compromiso con el medio ambiente se traduce en hechos. La quinta edición del ‘Reto Río Limpio', organizada por el Ayuntamiento de Murcia y PreZero con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra este domingo, ha concluido con un dato histórico con más de 2.870 kilos de residuos retirados de las riberas del río Segura, la cifra más baja desde que comenzó esta iniciativa ciudadana.

El balance confirma una evolución muy positiva en la concienciación ambiental de los murcianos. Frente a los 4.300 kilos recogidos en 2024 y los 3.200 de 2025, la reducción alcanzada este año evidencia un cambio de hábitos cada vez más visible entre la ciudadanía y un mayor respeto por el entorno ntural.

Cerca de 1.700 voluntarios entre escolares, familias, grupos scouts y jóvenes han participado en esta gran acción colectiva recorriendo aproximadamente ocho kilómetros de ribera, desde el jardín de las Cuatro Piedras hasta La Fica con el objetivo de cuidar el río y evitar que los residuos terminen contaminando el ecosistema.

A pesar de la mejora general registrada en esta edición, los fragmentos de plástico y las colillas continúan siendo los residuos más localizados durante la limpieza, lo que refuerza la necesidad de seguir impulsando campañas de sensibilización y educación ambiental.

La alcaldesa de Murcia en funciones, Rebeca Pérez, ha destacado el valor de la implicación de los murcianos y el cambio que refleja esta edición ya que “Murcia ha demostrado que cuidar del río Segura ya forma parte de nuestra forma de entender la ciudad. El mejor dato no es solo haber retirado menos residuos, sino comprobar que cada vez llegan menos al cauce gracias a la responsabilidad colectiva”. Asimismo, ha agradecido la participación de los voluntarios.

Los participantes han contado durante toda la jornada con kits de limpieza compuestos por guantes, bolsas de separación, gorra, mochila y botella reutilizable, además del apoyo del Ecopunto móvil de PreZero, que ha facilitado la correcta gestión de residuos domésticos y especiales.

La limpieza se ha desarrollado de forma simultánea en ambos márgenes del río Segura mediante un dispositivo formado por más de 40 grupos organizados. Cada equipo ha estado coordinado por un responsable previamente formado en materia de medio ambiente, reciclaje y organización de equipos, encargado además de registrar y clasificar los residuos recogidos para facilitar posteriormente su tratamiento y reciclaje.

La limpieza también se ha llevado a cabo desde el propio cauce gracias a la colaboración del ‘Tío de la Barca', que ha puesto a disposición del evento 10 embarcaciones para actuar en las zonas de más difícil acceso.

Jornada social y lúdica

“Cuando participas en actividades de voluntariado te conciencias más sobre el cuidado del medio ambiente. Este evento es un ejemplo para todos los ciudadanos, representa el esfuerzo, la colaboración y el compromiso de todos los murcianos para mantener nuestro entorno en perfectas condiciones”, ha concluido la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

A las 13:00 horas han comenzado las actividades infantiles y de concienciación ambiental organizadas en la Plaza de la Cruz Roja y el Jardín Chino, donde cientos de niños y familias han participado en talleres de reutilización, dinámicas educativas y propuestas centradas en la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

La iniciativa ha contado además con la colaboración de Estrella de Levante y Aguas de Murcia, entidades que han participado activamente en el desarrollo de esta edición del ‘Reto Río Limpio'.

“Esto no va de colores, va de olores”. Es uno de los lemas con los que más de una veintena de asociaciones vecinales de toda Castilla-La Mancha se han unido, convocadas por la plataforma No al Biogás en la Sagra, para protestar en una manifestación contra el impacto de la “biometanización” de la comunidad autónoma. Básicamente, exigen la paralización del plan autonómico que contempla la regulación de las plantas de biogás y el freno a la imposición de estas instalaciones y también de las macrogranjas.

La movilización se ha celebrado este sábado a las 17 horas en la céntrica plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo y no tiene precedentes en cuanto a la unión de tantos colectivos de la comunidad autónoma.

Los organizadores la han calificado de “multitudinaria” a pesar de la lluvia, y en ella han participado cientos de personas llegadas de las cinco provincias de la región.

“Se ha evidenciado el creciente rechazo social al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, han señalado los convocantes que han mostrado “su oposición frontal” a la implantación de macroplantas de biometano y macrogranjas industriales, un modelo que consideran incompatible con la conservación del medio ambiente, la protección del agua, la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo sostenible de los pueblos.

Denuncian que “una vez más el medio rural se pone al servicio de intereses económicos ajenos a sus necesidades. Si estas plantas de biometano o las macrogranjas de cerdos aportasen beneficios a los vecinos, las grandes ciudades se pelearían por ubicarlas en sus inmediaciones, pero la realidad es que ninguna las quiere”, señalan desde las plataformas.

“Se ignoran” las 15.000 alegaciones presentadas

Durante el acto, los portavoces del Grupo Regional de Plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han denunciado que el Gobierno autonómico “sigue ignorando” las más de 15.000 alegaciones presentadas por ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de toda la región. Han recordado que estas alegaciones continúan sin recibir una respuesta individualizada y motivada, lo que, a juicio de los colectivos, supone “una grave vulneración del derecho democrático de participación pública”.

En la concentración han pedido también la revisión individualizada, motivada y legalmente válida de las citadas alegaciones ciudadanas; una evaluación ambiental y técnica “verdaderamente independiente, libre de conflictos de interés”; y un marco legal “previo, garantista y preventivo que proteja el territorio, la salud pública, la economía rural y la autonomía municipal”.

La concentración ha servido también para lanzar un mensaje claro y contundente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de la Junta: “Los pueblos de Castilla-La Mancha no aceptarán imposiciones ni decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía”.

Del mismo modo, advierten al presidente García Page “del elevado coste electoral que le va a suponer seguir apoyando el plan de su consejera que cuenta con un amplio rechazo social en las comarcas afectadas”.

Piden la suspensión cautelar del plan de biometanización

Las plataformas exigen también la suspensión cautelar inmediata del Plan Regional de Biometanización y la paralización de todas las plantas proyectadas, una evaluación verdaderamente independiente y la aprobación de un marco legal garantista que proteja la autonomía municipal y el derecho de los municipios a decidir sobre su futuro.

La jornada ha estado marcada, inciden, por “un ambiente de unidad, determinación y firme compromiso”. Vecinos de todas las comarcas afectadas aseguran que la oposición a este modelo “no es un fenómeno aislado, sino un movimiento regional amplio, transversal, organizado y cada vez más fuerte que aglutina a miles de personas del mundo rural”. Advierten y apelan a la solidaridad de todo el mundo rural ya que “hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural”.

Hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural

Las Plataformas Stop Biometano han valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y han anunciado que continuarán intensificando su coordinación y sus acciones sociales, institucionales y jurídicas hasta lograr la paralización definitiva de un plan que consideran injusto, insostenible y contrario a la voluntad mayoritaria de los pueblos.

“Hoy Toledo ha escuchado la voz de los pueblos de Castilla-La Mancha. Cientos de personas y decenas de plataformas han demostrado que nuestros pueblos están unidos y decididos a defender su tierra, su agua, su salud y su dignidad. No permitiremos que conviertan nuestra región en un vertedero industrial. La movilización no ha hecho más que comenzar”, señalan.

Plataformas adheridas a la protesta

Ahora, la protesta llega a la capital castellanomanchega. Según han informado sus organizadores a este medio, acudirán representantes de plataformas de Campo de Criptana, Socuéllamos, Torralba de Calarava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Madridejos, Membrilla, Campos del Paraíso, Valdepeñas, Pedro Muñoz, Arenales de San Gregorio, Villa de Don Fadrique, Villaluenga de la Sagra, Manzanares, Malagón, Daimiel, Quintanar de la Orden, Tomelloso, Villarrobledo, Huelves, Paredes, Tobarra y Fuentenovilla.

Junto a todas ellas, muchas con un largo historial de movilizaciones en sus municipios, también ha estado presente la Stop Ganadería Industrial, la plataforma estatal que también impulsa y apoya desde hace años el rechazo a las plantas de biogás, principalmente porque consideran que suponen un “efecto llamada” para macrogranjas. Mantiene actualizado un mapa de los proyectos en la región:

Constituidas como Grupo regional de Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha, la manifestación de Toledo quiere visibilizar el “rechazo social masivo” al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y denunciar públicamente “la falta de respuesta democrática, jurídica y ambiental” por parte del Gobierno regional.

Hay posibles impactos sobre acuíferos, contaminación por nitratos, emisiones, olores, bioaerosoles, incremento del tráfico pesado, así como “deterioro de la economía rural tradicional y riesgos para la salud pública

Creen que el Plan Regional de Biometanización carece de una evaluación acumulativa rigurosa sobre el efecto conjunto de decenas de proyectos previstos, omite “análisis clave” sobre disponibilidad de recursos, trazabilidad del digestato y emisiones fugitivas, y presenta “graves dudas sobre su imparcialidad por la vinculación de entidades adjudicatarias con el propio sector del biogás”.

En la misma línea, desde una de las plataformas convocantes, la Asociación de Vecinos por la Sagra Viva sin Biogás, denuncian que una de las plantas que pretenden instalar en su comarca y de la que ya se han iniciado las obras, se ubica a una distancia de las poblaciones que consideran completamente insuficiente.

En concreto, a menos de un kilómetro y medio de los municipios toledanos de Cobeja, Yuncler y Villaluenga, así como a tres kilómetros de Pantoja, por debajo de lo que establece el propio Plan de Biometanización. Piden por ello que se paralicen las obras y se amplíe la distancia a estas poblaciones como mínimo a diez kilómetros “por los riesgos que podrían suponer sobre la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos.

La concentración de Toledo pretende convertirse en una demostración de unidad regional frente a un modelo que consideran “impuesto, contaminante y socialmente rechazado”, así como en “un mensaje inequívoco” al Gobierno autonómico: “La ciudadanía rural está organizada, movilizada y decidida a defender sus derechos”.

“¿Qué piensan hacer con sus alpechines?”, dice el Gobierno regional

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha hecho alusión a esta manifestación esta misma semana. Dice respetar estas protestas pero ha preguntado a los vecinos y vecinas que viven en algún municipio de la región “qué piensan hacer con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora”. Es decir, señala directamente los residuos agroganaderos que tratan y convierten estas plantas de biometano.

Si los residuos no se tratan de forma adecuada, los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región

Ha advertido de que si estos residuos no se tratan de forma adecuada, “tendremos un problema”, ya que “los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región”.

Por lo tanto, la consejera cree que es importante que eso también se tenga en consideración. Y al mismo tiempo defiende que los proyectos empresariales de biometano busquen buenas ubicaciones, que “no molesten absolutamente a nadie” y que resuelvan estos problemas.

Precisamente, el decreto que dará cabida al Plan Regional de Biometanización está ya en el servicio jurídico en sus últimas fases de implementación de mejora desde el punto de vista jurídico del texto.

Confía la titular de Desarrollo Sostenible que antes del verano esté ya disponible y permita a la región contar con una norma reguladora que defina “qué tipo de instalaciones son las que pueden venir a Castilla-La Mancha” y sobre todo, dónde se tienen que instalar y de qué forma, “para que también sea una ayuda a los municipios para su toma de decisiones”.

Mientras esta planificación sigue su trámite, las empresas promotoras también desembarcaron recientemente en Toledo para analizar las variables ambientales del biogás. En unas jornadas organizadas por la Fundación Naturgy, Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) advirtió de que esta polémica renovable ha “venido para quedarse”, pero admitió que “debe explicarse mejor”. Varios expertos apostaron por su desarrollo para la descarbonización, aunque también reconocieron que “hay que saber llegar a la población rural”.

En ese evento también estuvo presente Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien incidió en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, recordó que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

No obstante, las supuestas bondades del biogás no terminan de convencer a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados. Con más de 70 proyectos operando o en planificación en toda la comunidad autónoma, las plataformas ciudadanos han decidido ahora unirse para manifestar su rechazo total, dentro un debate muy polarizado y de difícil solución.

La última gran manifestación en la región antes de la celebrada este sábado fue la llevada a cabo en la localidad conquense de Campos del Paraíso el pasado 28 de marzo. Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se movilizaron en este municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por 40 asociaciones, recorrió las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural. 

La dana que el 29 d’octubre de 2024 va devastar gran part de la província de València també va passar per damunt de part de les infraestructures de sanejament i clavegueram. Aquest fet, tal com denuncia Acció Ecologista-Agró, també va generar una “aguda contaminació persistent” de les aigües que flueixen cap a l’Albufera de València, “un ecosistema d’aigües transparents, amb abundant vegetació submergida i de ribera, i una rica biodiversitat d’organismes aquàtics vertebrats i invertebrats”. Les administracions públiques competents van assegurar poc després, el desembre d’aquell any mateix, que ja s’havia revertit, i s’havia arribat a l’“abocament zero”; no obstant això, “res més lluny de la realitat”.

Actualment, un any i mig després del temporal i de les inundacions que van negar l’Horta Sud, els ecologistes adverteixen que les aigües residuals de Catarroja, “i sospitem que també d’altres poblacions afectades”, “han continuat fluint contínuament cap a l’Albufera, contaminant greument el port i el canal que desguassa en el llac”. Això, tal com recullen les dades publicades per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, indica una “baixa preocupació” per la recuperació de l’aigua que alimenta l’aiguamoll protegit, “la joia de la corona valenciana”.

En aquest sentit, relaten que es poden trobar “concentracions molt altes de substàncies i paràmetres fisicoquímics propis de contaminació fecal i industrial, com ara fòsfor total, compostos nitrogenats, DBO (demanda bioquímica d’oxigen), sòlids en suspensió, etc., amb efectes fins i tot tòxics sobre la fauna aquàtica”. Tot això, alerten, provocarà anòxia i els problemes s’accentuaran a mesura que apugen les temperatures amb vista a l’estiu. De fet, comenten que ja estan produint-se mortaldats que afecten l’activitat pesquera.

Per a Agró, la situació resulta “especialment preocupant”, atés que sembla que la reconstrucció completa de totes les infraestructures “no serà cosa de mesos, sinó més aïna d’anys”. A parer seu, resulta prioritari que totes les administracions competents arbitren i faciliten actuacions encaminades a tallar, “de manera radical i amb caràcter d’urgència”, aquesta entrada massiva d’aigües residuals a l’aiguamoll.

Sobre aquest tema, ressalten com les administracions “es fan propaganda contínuament amb les moltes idees que tenen per a millorar i recuperar l’Albufera, però passen els anys —el 2026 se’n fan 40 de la declaració del parc natural—, i no es veuen accions efectives per a corregir de manera substancial el seu estat ambiental”.

Així doncs, recorden que el Ministeri va presentar fa uns mesos el Pla d’actuacions per a la recuperació i millora de la resiliència de l‘Albufera, que té una dotació pressupostària de 56,3 milions d’euros: “El mateix Ministeri explicava que, si se sumen altres actuacions seues ja en marxa que també impacten en l’espai, la xifra global arriba a 132,5 milions d’euros”.

Un altre pla “presentat a so de bombo i platerets” per la Generalitat Valenciana, el Pla d’Acció Integral per a la Recuperació Ecològica de l‘Albufera, referia una inversió de 100 milions d’euros ja destinats al seu pla de xoc o d’acció per a recuperar l’ecosistema després de les inundacions, al final del mes d’octubre passat, “i l’endemà passat es van anunciar 15 milions extra per al drenatge selectiu i l’eliminació d’excessos de sediments”, de manera que el paquet autonòmic quedava en 115 milions anunciats.

“Amb tants milions previstos”, els ecologistes esperen i desitgen que les administracions recorden aquest problema “continu i recurrent”, i s’executen finalment actuacions que bloquegen l’arribada d’aigües residuals.

L’entitat ecologista considera necessari que es tinguen en compte les recomanacions recollides en l’“Estratègia de gestió d’aigües residuals i pluvials de l’àrea metropolitana de València i l’Horta Sud”, en què es detallen una sèrie de mesures que poden contribuir a recuperar la qualitat de l’aigua de l’Albufera i a reduir substancialment l’entrada d’aigües residuals des de la zona més poblada de l’entorn del parc.

Per a Acció Ecologista-Agró resulta “intolerable” l’entrada contínua d’aigües residuals en l’aiguamoll, “un problema de primer ordre que s’havia d’haver abordat fa molts anys i que ara, amb la pluja de milions previstos per a l’Albufera, s’ha de corregir i reduir ràpidament, sense més esperes”. “Ha arribat el moment que les administracions es posen a treballar seriosament en un problema que arrossega l’Albufera d’aigües verdes des de fa més de cinquanta anys”, conclouen.

La dana que el 29 de octubre de 2024 arrolló gran parte de la provincia de Valencia también se llevó por delante parte de las infraestructuras de saneamiento y alcantarillado. Este hecho, tal y como denuncia Acció Ecologista-Agró, también generó una “aguda contaminación persistente” de las aguas que fluyen hacia l'Albufera de València, “un ecosistema de aguas transparentes, con abundante vegetación sumergida y de ribera, y una rica biodiversidad de organismos acuáticos vertebrados e invertebrados”. Las administraciones públicas competentes aseguraron poco después, en diciembre de ese mismo año, que ya se había revertido, alcanzando el “vertido cero”; sin embargo, “nada más lejos de la realidad”.

Actualmente, año y medio después del temporal y de las inundaciones que anegaron l'Horta Sud, los ecologistas advierten que las aguas residuales de Catarroja, “y sospechamos que también de otras poblaciones afectadas”, “han seguido fluyendo continuamente hacia l'Albufera, contaminando gravemente el puerto y el canal que desagua en el lago”. Ello, tal y como recogen los datos publicados por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, indica una “baja preocupación” por la recuperación del agua que alimenta al humedal protegido, “la joya de la corona valenciana”.

En este sentido, relatan que se pueden encontrar “concentraciones muy altas de sustancias y parámetros fisicoquímicos propios de contaminación fecal e industrial, como fósforo total, compuestos nitrogenados, DBO (demanda bioquímica de oxígeno), sólidos en suspensión, etc., con efectos incluso tóxicos sobre la fauna acuática”. Todo ello, alertan, provocará anoxia y los problemas se acentuarán a medida que suban las temperaturas de cara al verano. De hecho, comentan que ya se están produciendo mortandades que afectan a la actividad pesquera.

Para Agró, la situación resulta “especialmente preocupante”, dado que parece que la reconstrucción completa de todas las infraestructuras “no será cosa de meses, sino más bien de años”. A su juicio, resulta prioritario que todas las administraciones competentes arbitren y faciliten actuaciones encaminadas a cortar, “de forma radical y con carácter de urgencia”, esta entrada masiva de aguas residuales al humedal.

Al respecto, resaltan cómo las administraciones “se hacen propaganda continuamente con las muchas ideas que tienen para mejorar y recuperar l'Albufera, pero pasan los años —en 2026 se cumplen 40 de la declaración del parque natural—, y no se ven acciones efectivas para corregir de forma sustancial su estado ambiental”.

Así, recuerdan que el Ministerio presentó hace unos meses el Plan de actuaciones para la recuperación y mejora de la resiliencia de l'Albufera, que cuenta con una dotación presupuestaria de 56,3 millones de euros: “El mismo Ministerio explicaba que, si se suman otras actuaciones suyas ya en marcha que también impactan en el espacio, la cifra global llega a los 132,5 millones de euros”.

Otro plan “presentado a bombo y platillo” por la Generalitat Valenciana, el 'Plan de Acción Integral para la Recuperación Ecológica de l'Albufera', refería una inversión de 100 millones de euros ya destinados a su plan de choque o de acción para recuperar el ecosistema tras las inundaciones, a finales del pasado mes de octubre, “y dos días después se anunciaron 15 millones extra para el drenaje selectivo y la eliminación de excesos de sedimentos”, de forma que el paquete autonómico quedaba en 115 millones anunciados.

“Con tantos millones previstos”, los ecologistas esperan y desean que las administraciones recuerden este problema “continuo y recurrente”, y se ejecuten finalmente actuaciones que bloqueen la llegada de aguas residuales.

La entidad ecologista considera necesario que se tengan en cuenta las recomendaciones recogidas en la “Estrategia de gestión de aguas residuales y pluviales del área metropolitana de València y l'Horta Sud”, en la que se detallan una serie de medidas que pueden contribuir a recuperar la calidad del agua de l'Albufera y a reducir sustancialmente la entrada de aguas residuales desde la zona más poblada del entorno del parque.

Para Acció Ecologista-Agró resulta “intolerable” la continua entrada de aguas residuales en el humedal, “un problema de primer orden que se debía haber abordado hace muchos años y que ahora, con la lluvia de millones previstos para l'Albufera, se debe corregir y reducir rápidamente, sin más esperas”. “Ha llegado el momento de que las administraciones se pongan a trabajar seriamente en un problema que arrastra l'Albufera de aguas verdes desde hace más de cincuenta años”, concluyen.

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca llevará al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para paralizar la implantación de plantas de biogás en el término municipal, ante el avance de este tipo de proyectos y “sus posibles consecuencias sobre el territorio, la salud pública y la calidad de vida”.

La iniciativa plantea la suspensión cautelar inmediata de licencias urbanísticas para estas instalaciones hasta la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), así como la incorporación en este documento de “una regulación estricta o incluso su prohibición expresa”.

Desde la formación argumentan que Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca están viviendo una “auténtica avalancha” de proyectos de biogás, muchos de ellos “impulsados sin planificación territorial y con un fuerte rechazo vecinal en los municipios afectados”. Alertan de que este modelo puede convertir el medio rural “en un espacio de concentración de infraestructuras vinculadas al tratamiento de residuos”.

El concejal Pablo García ha criticado la falta de planificación, argumentando que “se están impulsando instalaciones con enormes impactos sin una estrategia clara, sin evaluar los efectos acumulativos y sin escuchar a la ciudadanía”. “Eso es inaceptable”, ha asegurado.

Hablamos de olores, de tráfico constante de camiones, y de presión sobre carreteras y recursos hídricos

Asimismo, ha advertido de las consecuencias directas. “Hablamos de olores, de tráfico constante de camiones, de presión sobre carreteras y recursos hídricos, y de riesgos para suelos y acuíferos. No es desarrollo sostenible, es trasladar problemas al medio rural”, ha declarado en este sentido.

El edil ha insistido en que la transición energética “no puede servir de excusa para justificar cualquier proyecto” y que “defender las renovables también es poner límites y proteger a la población”.

La moción también reclama a la Junta que garantice evaluaciones ambientales rigurosas, acumulativas y coordinadas, teniendo en cuenta el impacto real de estas plantas sobre el territorio. Por último, Pablo García ha llamado a situar el debate en el centro de la agenda pública: “Lo que está en juego es el modelo de ciudad y de provincia. O planificamos nosotros o nos lo imponen desde fuera”.

Hay impulso, hay promotores, hay ganas. Pero también múltiples variables ambientales, alguna carencia de legislación, así como “desinformación” y una amplia “necesidad de explicarnos mejor”. Son algunas de las conclusiones que varios impulsores del biogás han expresado en la jornada organizada en Toledo por la Fundación Naturgy para la presentación a nivel estatal de una guía “pionera” sobre las variables de esta polémica energía renovable, que cuenta con una amplia contestación social en varios puntos del país por su “efecto llamada” para macrogranjas y sus afecciones ambientales.

El biogás es una fuente de energía renovable producida por la descomposición de materia orgánica, principalmente residuos agroganaderos, pero también lodos y basura, en ausencia de oxígeno. Está compuesto por metano y dióxido de carbono y se utiliza para generar electricidad, calor, biocombustible o fertilizantes orgánicos. Es un método de gestión de residuos que se convierte en biometano al ser “purificado” eliminando todas sus impurezas y convirtiéndolo en una fuente de energía similar al gas natural.

La elección de la capital castellanomanchega para este evento no ha sido casual. En esta comunidad autónoma, según el mapeo en tiempo real que realiza Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas operando, en trámite o con solicitud de autorización ambiental. Por eso, las protestas han arreciado en los últimos años. Incluso desde la administraciones locales: ayuntamientos, como el de Albacete, por ejemplo, han aprobado ordenanzas para impedir la instalación de plantas de este tipo.

En la jornada, de hecho, ha estado presente el alcalde de Campos del Paraíso, Francisco Javier del Saz (PP). En este municipio, de apenas 300 habitantes, se produjo recientemente una de las mayores movilizaciones, de más de un millar de personas, contra los proyectos de biogás que planean sobre el municipio y sus pedanías.

“No estoy ni a favor ni en contra. He venido a informarme porque hay preocupación entre los vecinos. Quiero contarles todo lo que se diga aquí, y que puedan tener todos los datos. Yo también soy vecino y también me afecta, pero quiero ser objetivo y contar lo que hay”, ha precisado a este medio.

La primera guía técnica que analiza todas las variables ambientales

Y es que entre los impulsores del biogás hay “sorpresa” por estas movilizaciones. De ahí la jornada de Naturgy, abanderada por María Eugenia Coronado, directora general de Fundación, con el fin de contrarrestar estas críticas, y ‘vender’ el biometano con un informe que se detiene en sus decenas de variables ambientales.  

Este documento lo ha elaborado INERCO, una empresa internacional especializada en brindar soluciones integrales en ingeniería, medio ambiente y seguridad industrial. Su enfoque principal es el desarrollo sostenible para sectores como el gas, la minería o la química. Actualmente, opera en más de 10 países.

En realidad, se trata de una guía técnica que analiza el papel del biometano en la transición energética y la economía circular y detalla cuál es el marco ambiental y regulatorio aplicable, las principales variables técnicas y ambientales de estas instalaciones y las mejores prácticas para su implantación y operación sostenible.

Sus conclusiones las ha presentado Amelia Olid, jefa del Área de Gestión Ambiental de Nuevos Desarrollos de INERCO. Uno de sus contenidos más destacados es el amplio espacio que dedica a los condicionantes técnicos y ambientales en el proceso productivo de las plantas de biometano.

No oculta que entre ellos se encuentran efectos como las emisiones atmosféricas y de olores, ruidos, efluentes derivados por el almacenamiento, y otras afecciones como la contaminación de aguas subterráneas y suelos, y el impacto paisajístico.

Es en la gestión del digestato y en la elaboración del compost, es decir, en los residuos de estas plantas, donde se producen los principales impactos, y para ello propone medidas correctoras que abarcan todo el proceso, desde el diseño de la planta hasta su funcionamiento final. En todo ello, concluye, la legislación estatal y las normativas autonómicas, a la hora de otorgar autorización ambiental, son “garantistas” y permiten su instalación sin apenas consecuencias.  

Pero ha sido en el coloquio posterior a la presentación del informe, moderado por Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, donde se han puesto sobre la mesa las reflexiones más interesantes y donde ha quedado de manifiesto que el biogás es una solución “compleja”, pero que ofrece una “salida necesaria” a la gestión de residuos orgánicos.

Sobre la necesidad y la urgencia de potenciar esta renovable, Francisco Javier Hidalgo, director de Consultoría en España de INERCO, ha querido advertir primero de que siempre que surge una actividad relativamente nueva, las administraciones y el entorno social necesitan conocer sus ventajas e inconvenientes.

Y el argumento principal, ha señalado, es que se trata de una “gran necesidad”. “Tener plantas de biometano ayuda a la descarbonización y además permite la gestión de residuos. Es una pieza clave que nos permite movernos hacia una generación más sostenible y va a permitir hacerlo desde el uso de recursos del territorio, no necesitamos traer nada de fuera”, ha añadido.  

Del “régimen plano” al digestato

Por su parte, Lourdes Gómez de la Vega, responsable de Ingeniería y Medio Ambiente en Gases Renovables de Naturgy, ha remarcado que en el actual contexto de transición energética, especialmente en Castilla-La Mancha, ha habido ha habido un importante desarrollo de energías renovables, pero la diferencia del biometano es que se produce en un “régimen plano”, es decir, de manera continua, al contrario que la fotovoltaica y la eólica, que dependen de elementos externos como el viento o el sol.

“El biometano se puede almacenar de forma muy fácil y con precios más competitivos y además permite abastecer al sector doméstico”. Se refiere con ello a la molécula CH4 (metano) que permite la misma inyección a la red que el gas natural, pero como una solución “mucho más potente”.  

A este respecto, Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha incidido en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, ha recordado que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

Sobre el desarrollo del biometano en España, la responsable de Renovables de Naturgy ha querido hacer hincapié en que no se trata de una tecnología nueva, ya que ha habido proliferación de plantas en Europa durante 20 años. “Ahora hay que diseñar plantas para la variabilidad de residuos de manera mucho más amplia, que ayuden al territorio para un sistema de gestión eficiente, y que sirvan para inyectar en las redes domésticas, no solo para la industria”.

Es en este punto cuando se ha referido al digestato y a su valorización para una “aplicación directa”. “Tenemos la obligación de generar un producto que sirva como fertilizante para comercializar y certificar en toda la Unión Europea, y contribuir así a disminuir los fertilizantes químicos”.

Para el representante de INERCO, biogás y biometano no suponen solo una energía renovable sino una solución a la problemática de la circularidad de los residuos. Y coincide con Naturty en que es un modelo “ampliamente probado” en Europa. “Ahora mismo ya hay técnicas de mitigación de los impactos y se utilizan a escala productiva global”.

Además, ha explicado que gran parte de los promotores que desarrollan estas plantas son empresas que tienen mucha experiencia a nivel energético, y eso “no siempre pasa con todos los proyectos”, por lo que es “una garantía de que los estándares de diseño son altos”.

Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse

Una de las más taxativas en la defensa del biometano y su tecnología ha sido Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc): “Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse”.

Pero ha sido también la que ha hecho mayor autocrítica. Preguntada sobre las protestas vecinales y sociales en el medio rural ha reconocido: “Igual podemos explicarlo mejor”.

“No subestimamos para nada a las poblaciones rurales. La gente en los pueblos sabe mucho más que en las ciudades y tenemos una oportunidad de explicarlo todo mejor. Debemos construir todos juntos esta transición. Instalamos industrias que hay que alimentar diariamente con base orgánica. Son como ‘minirrefinería’ de petróleo, que sirven para inyectar gas. pero también para otros usos. Pero ante todo, tenemos que explicar mejor las cosas y saber llegar a la población rural”.

En su opinión, será la propia realidad la que a medio plazo demostrará que las plantas de biogás van a ser “prescriptoras” para “luchar contra la desinformación” y demostrarán que no van a tener efectos negativos. “Las empresas son las primeras interesadas en garantizar todo el proceso sin afecciones y necesitamos que nos den ese voto de confianza”.

Precisamente, el director general de Transición Energética de Castilla-La Mancha, ha ensalzado la función de la Administración para dar “seguridad” en ese proceso y “vigilar” para que estos proyectos se ajusten a la ley. “Igual que existe una normativa de residuos, ahora de ser garantistas en el tratamiento de estos residuos y explicarlo a la ciudadanía para que tengan la confianza de que se va a desarrollar correctamente. Es más, si no se cumple, habrá sanciones y cierres, sin duda”. De hecho, aunque no lo ha mencionado explícitamente, es lo que contempla el Plan de Biometanización que tramita esta comunidad autónoma.

Para Margarita de Gregorio, el digestato es “clave” en el proceso. “En ningún caso, en ninguna instalación, lo que sale es igual a lo que entra. El producto final siempre es mejor porque la materia orgánica se ha higienizado. Por lo tanto, ese producto es otro valor, es una oportunidad para aplicar al terreno, para valorizar un elemento estructural de la biocircularidad que va más allá del propio concepto energético”.

“Es una sorpresa que algo que es en todas sus fases tan positivo pueda estar tan cuestionado, cuando es una oportunidad para cerrar procesos productivos. Y donde además, en todo el proceso interviene mano de obra y genera empleo local”, ha destacado. A la fijación de empleo local también se ha referido el responsable de INERCO, poniendo el foco en áreas más desfavorecidas.

Finalmente, todos los intervinientes han hecho sus presagios a medio plazo. Para la representante de Biocirc, en cinco años habrá más un centenar de plantas de biogás operando en España “en condiciones perfectas” y además, con Castilla-La Mancha como “protagonista”.

Por su parte, el director general de Transición Energética ha augurado que estas instalaciones se construirán de manera proporcionada al tamaño de las comarcas y permitirán que “no haya tanta dependencia” de gasoductos y una descarbonización “necesaria”. “La tecnología va a avanzar mucho y eso nos permitirá también un mayor aprovechamiento en el tratamiento de los residuos”.

Desde la Fundación Naturgy vaticinan que los actores y promotores “van a proliferar” pero solo tendrán éxito aquellos que “generen sinergias” con el producto final, y “que tengan interés en la descarbonización y en la producción de fertilizantes sostenibles y orgánicos”.

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha dado a conocer este martes, en un acto celebrado en Oviedo, los proyectos que representarán a la comunidad autónoma en la final de los Premios Europeos de Prevención, que tendrá lugar en Bruselas a comienzos de junio.

Se trata de cinco iniciativas para favorecer el consumo responsable, la reutilización y la reparación de electrodomésticos, desarrolladas por el Ayuntamiento de Ribadesella, el grupo empresarial Talento Corporativo, la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, los centros educativos Escuela Revillagigedo y CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón; además de por una familia gijonesa, los Criado Lameiro.

Unos 200 representantes

La directora general de Medio Ambiente y vicepresidenta de Cogersa, Susana Madera, ha abierto el acto en el que ha estado acompañada por la gerente, Paz Orviz, y diversas autoridades municipales. Entre el público, unos 200 representantes de las organizaciones y entidades reconocidas.

El jurado escogió estas cinco propuestas del total de 169 desarrolladas en Asturias durante la última Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR), que se celebró entre el 22 y el 30 de noviembre en localidades de 33 países.

Bajo el lema “Conecta el valor, desconecta el residuo”, la campaña puso el foco en la problemática de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), un flujo cada vez mayor y, a menudo, insuficientemente identificado por la ciudadanía.

Según los últimos datos disponibles de Eurostat, la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en la UE evolucionó de 7,6 millones de toneladas en 2012 a 14,4 millones de toneladas en 2022.

La reutilización

A consecuencia de ello, los residuos generados alcanzaron la cantidad de 11,2 millones de toneladas/año, de los cuales solo se recuperaron 4,5 millones de toneladas y se prepararon para su reutilización unos 4 millones.

En el marco de la SEPR, Cogersa animó a la ciudadanía y las empresas a reducir el consumo de estos productos y a avanzar en la reparación, la reutilización y todo lo que supone prolongar la vida útil de los mismos. Finalmente, se hizo hincapié que los residuos deben depositarse en los contenedores de recogida separada que hacen posible su reciclaje, como los que hay en los puntos limpios del consorcio y en el punto limpio móvil.

Cinco proyectos ejemplares

Los proyectos escogidos por Cogersa para representar a Asturias ante el jurado europeo han destacado por su originalidad y replicabilidad, además de por contribuir a la prevención de residuos electrónicos y la promoción de la economía circular:

En la categoría Entidad Pública, la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Ribadesella por su proyecto “Reciclar tecnología es sembrar futuro”, consistente en esencia en una jornada de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la vía pública, que se organizó en colaboración con dos centros educativos (el Colegio Público Manuel Fernández Juncos y el colegio Nuestra señora del Rosario), llegándose a captar más de 180 dispositivos para su correcto reciclaje a través del punto limpio de Cogersa.

En la categoría Empresa, el grupo Talento Corporativo organizó con sus empleados el proyecto “Talento Circular: recicla, reutiliza, reconstruye”, una iniciativa de reutilización de equipos informáticos en desuso, que se pusieron a disposición de la plantilla a cambio del pago de un precio simbólico.

Fines sociales

La recaudación se destinó a fines sociales, en concreto al Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Gijón.

En el marco de Asociaciones y ONG, la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico de Gijón ha sido distinguida por “Conecta, repara, crea”, una propuesta de reciclaje creativo desarrollada en el marco del mercado celebrado en noviembre. De la mano del taller artesano Gusidrín, los participantes pudieron dar una segunda vida a componentes electrónicos en desuso —como tornillos, cables, resistencias o circuitos— transformándolos en originales robots decorativos.

En Ciudadanía, la familia gijonesa Criado Lameiro organizó en su hogar la actividad “¡Quién te viera y quien te ve!”, que, entre otras ideas, supuso la edición de un vídeo sobre el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos, la reparación y el reciclaje, destacando el impacto que tiene la obsolescencia programada.

Dentro de la categoría Centro Educativo, dos centros referentes de Formación Profesional de Gijón, la Escuela Revillagigedo y el CIFP de Hostelería y Turismo unieron sus fuerzas bajo el lema “Desconectando el residuo, conectando jóvenes con la economía circular”, un proyecto conjunto que sigue en marcha e integra recogida separada de RAEE, reparación por parte del alumnado y reutilización con uso didáctico, además de fomentar la formación en valores de sostenibilidad y economía circular.

Datos y palmarés de Asturias

Cogersa impulsa y coordina desde 2010 en Asturias la Semana Europea de Prevención de Residuos. Desde entonces hasta la actualidad, se ha logrado la implicación de 1.776 entidades y organizaciones, que han desarrollado unas 2.341 acciones en el territorio.

Los proyectos asturianos suelen destacar por su calidad y originalidad en una convocatoria a escala europea en la que solo en 2025 se han registrado nada menos que 13.100 acciones, según los organizadores. Hasta en 16 ocasiones los nominados por Cogersa fueron reconocidos, bien como finalistas, bien como ganadores dentro de su categoría —en cuatro ocasiones—.

Evitar el desperdicio alimentario

El éxito se repitió por última vez el año pasado en Países Bajos cuando Marlén Alonso Castaño, profesora de la Universidad de Oviedo, obtuvo el primer premio dentro de categoría Ciudadanía por su propuesta para evitar el desperdicio alimentario elaborando recetas de aprovechamiento a partir de los consejos de una aplicación de Inteligencia Artificial.

También fueron vencedores los proyectos de la Asociación de Centros de Estudios de Idiomas de Asturias y Corporación Alimentaria Peñasanta, S.L. en 2019. Capsa repitió pódium al año siguiente.

En 2022, el proyecto “Mar de peces”, del Colegio Público Jovellanos de Gijón, ganó la votación del público para llegar a la final. En 2012 la “Orquesta de papel” del Conservatorio Profesional de Música de Oviedo recibió la mención especial del jurado. Y en 2025 los estudiantes de IES Juan de Villanueva de Siero llegaron a la cima por su trabajo sobre las opciones de recuperación del residuo de la sidra, 'Magaya circular'.

La ciudad de Puertollano, en Ciudad Real, sigue sumando proyectos como núcleo destacado en el tratamiento de residuos plásticos. A las plantas de gestión ya existentes, se sumará otra nueva de la empresa Valogreene en el polígono La Nava.

La Consejería de Desarrollo Sostenible acaba de darle luz verde ambiental, según ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), lo que le da la autorización para llevar a cabo el proyecto, una vez finalizado el período de información pública del estudio de impacto ambiental de la empresa.

En esta planta de producción, declarada además como “proyecto prioritario” (es decir, con agilización de trámites administrativos) por la Administración regional, los residuos, como plásticos no reciclables, rechazos de gestores, residuos de papeleras y de la industria de la automoción, se someterán a un tratamiento de pirólisis.

Como resultado, se obtendrá aceite pirolítico y biochar, los cuales se destinarán a su venta, mientras que la fracción del gas no condensable se valorizará en la propia instalación para cubrir sus necesidades térmicas y eléctricas.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real condicionó la propuesta de declaración de este proyecto como prioritario a su ejecución según la memoria aportada, por un importe total en activos fijos de casi 30.000 euros y a la creación de 22 puestos de trabajo directos fijos a jornada completa y contratación indefinida.

Un plazo de dos años para inversiones y condiciones

Asimismo, la empresa se compromete a finalizar las inversiones y cumplir todas las condiciones establecidas en un plazo máximo de dos años, a contar desde la obtención de todos los permisos y licencias preceptivos, y a mantener en el municipio de Puertollano los activos declarados en la memoria del proyecto, tales como la inversión, la actividad declarada y el empleo comprometido durante un periodo mínimo de dos años, que se computará desde la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto.

El proyecto, impulsado por el grupo Greene Enterprise, se ubicará en una parcela de 23.457 metros cuadrados en el Polígono Industrial La Nava II. Con una inversión de 35 millones de euros, financiada íntegramente por Greene, la planta se dedicará a la valorización de 40.000 toneladas anuales de residuos industriales, evitando que estos terminen en vertederos o incinerados.

La tecnología desarrollada la empresa para valorizar la fracción rechazo de los residuos será la base de este proyecto. Según indica, su proceso termoquímico permite descomponer los residuos a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno, obteniendo materiales de alto valor añadido como aceite pirolítico y biochar, según ha explicado la empresa.

El aceite pirolítico, con una producción estimada de entre 8.500 y 10.500 toneladas anuales, será utilizado para la síntesis de plásticos sostenibles, como las poliolefinas circulares. Por su parte, el biochar, con una producción de entre 4.000 y 5.000 toneladas al año, encontrará aplicación como combustible en cementeras, acerías e industrias cerámicas.

“Este enfoque no solo maximiza el aprovechamiento de residuos, sino que también contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, evitando 8.000 toneladas anuales de CO* si los residuos fueran a vertedero, y hasta 30.000 toneladas en comparación con la incineración”, concluye la empresa.

La fundación ecologista Sustrai Erakuntza ha presentado recurso de alzada a la autorización de apertura de la planta de biogás de Arróniz por “el cúmulo de irregularidades que presenta”. Este recurso se suma al interpuesto por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según han indicado desde la fundación en un comunicado, “motivos no faltan para rechazar esta iniciativa empresarial con origen en Sevilla tan perjudicial para el territorio”.

Se trata de un proyecto “que prácticamente se mantuvo oculto durante toda la tramitación del expediente”. “A pesar de que el Ayuntamiento de Arróniz tenía conocimiento del mismo de manos de la empresa, en ningún momento informó de ello a la población, ni siquiera cuando muchos meses después fue puesto a exposición pública por parte del Gobierno de Navarra”, han criticado. De este modo, “la población no pudo tomar conciencia de la magnitud del problema que esta planta podría traer para su entorno hasta casi el instante en que el proyecto ya estaba aprobado por el gobierno”.

“Cuando el proyecto se presentó a exposición pública, no lo fue al completo. Partes importantes del mismo se omitieron y no han sido conocidas hasta que fue aprobado. Y hay otras que aún se desconocen. Y ello ocurre porque el proyecto se ha presentado indebidamente, fraccionado en varios proyectos separados, de los cuales a día de hoy solo conocemos el de la propia planta de biometanización”, han reivindicado.

Según han remarcado, “todavía se desconoce cómo se realizará la unión de esta a la red de gas natural, así como a la línea eléctrica de abastecimiento”. “Existen documentos de suma importancia que no han podido ser analizados en la exposición pública, como el plan de gestión de los digestatos que se producen en la planta”, han manifestado. Desde la fundación han añadido que “la gran mayoría de los residuos que se introducen en la planta como materia prima para producir el biogás salen de ella casi en las mismas condiciones y es necesario deshacerse de ellos”.

“Esto se realiza utilizándolos para fertilizar tierras agrícolas. Pero esta es una actividad potencialmente contaminante, por la posibilidad de que se sobrefertilice el terreno, lo que crea problemas de contaminación por nitratos. A lo que habría que añadir la posible presencia en el digestato de contaminantes como metales pesados u otros”, han subrayado. Por lo tanto, “conocer el plan que la planta tiene para realizar esta actividad es completamente necesario para poder analizar su compatibilidad medioambiental”. Y este documento “no estaba disponible en la exposición pública”.

“Cuando lo hemos conocido en la aprobación del proyecto, hemos podido comprobar la gran cantidad de errores que contiene: parcelas cercanas a núcleos urbanos o próximas a cursos de agua donde está prohibida esta práctica, parcelas no dedicadas a cultivos, con pendientes excesivas, parcelas duplicadas, parcelas inaccesibles...”, han apuntado.

A su juicio, “un cúmulo de errores que deberían suficientes para invalidar el plan, dado que, si se eliminan las parcelas erróneas, este pasa de tener inicialmente 2.600 hectáreas de terreno a tener poco más de 1.600”. Una superficie “totalmente insuficiente para la actividad prevista”. Además, “durante los pocos meses en los que la población ha podido conocer el proyecto se han generado dudas sobre la bondad de utilizar los digestatos en los campos de labor”. “Tanto es así que un total de 647 hectáreas de propiedad particular y 1.316 hectáreas de comunales han sido retiradas del plan de la empresa. Las personas que las gestionan, sean propietarias, arrendatarias o ediles a cargo de los comunales, han reconsiderado su aprobación inicial, conseguida sin información veraz por parte la empresa, y las han retirado”, han subrayado.

Por lo tanto, el plan de digestatos actual “no es viable”. “Nos encontramos ante un proyecto que no tiene nada de convencional. Se trata de una actividad con muchos riesgos para el suelo agrícola, la biodiversidad y las personas que la sufrirían en su cercanía. Una planta que necesitaría un total de 140.000 toneladas al año de residuos orgánicos, pero que el proyecto es incapaz de indicar de dónde acarreará”, han reivindicado.

De este modo, “vista la escasa disponibilidad de residuos en la zona, junto con la probable competencia por estos residuos entre las 4 plantas del mismo tipo que se quieren instalar a pocos kilómetros de distancia, obligaría a tener que transportarlos desde largas distancias”. “Lo mismo ocurriría posteriormente con los digestatos residuales que se produzcan. Este proyecto provoca un incremento considerable en el transporte, usando combustibles fósiles, que no ha sido analizado en el proyecto. De esta forma se desconoce si el balance energético de la planta es positivo”, han afirmado.

Sin embargo, “lo más extraño que ha sucedido con este proyecto ha sido el modo en que fue aprobado por parte del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural”. Porque “todo ello se ha producido mientras se debatía y aprobaba una moratoria a las plantas de biometanización en el Parlamento navarro en octubre de 2025”. La moratoria “que finalmente descafeinó y aprobó el Parlamento tan solo ha paralizado algunos de los proyectos y por un tiempo ínfimo, que no está sirviendo para analizarlos y realizar un verdadero debate social”.

“La planta de biometanización de Arróniz se aprobó el 12 noviembre de 2025, y tan solo el Ayuntamiento de Arróniz tuvo conocimiento de ello días después, pero no así la población afectada. No fue hasta el 6 de marzo de 2026 cuando dicha autorización fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra”, han subrayado, tras añadir que la moratoria “fue aprobada por el Gobierno de Navarra el día 7 de noviembre de 2025 y entró en vigor con su publicación en el BON el 13 de noviembre, justo el día posterior a aprobar la autorización de la planta”.

“Esto ya nos indica que posiblemente la planta se autorizó con premura para conseguir que estuviera aprobada antes de empezar la moratoria. Pero resulta que, además, cuando la autorización de la planta es publicada en el boletín, el mismo día se publica una supuesta 'corrección de errores' de la autorización, que oficialmente vendría a subsanar supuestas erratas en la misma”, han añadido. Sin embargo, “analizadas las modificaciones, se puede apreciar cómo estas son de calado y modifican sustancialmente la planta y su funcionamiento”.

“No se trata de meras erratas en el texto. Por lo tanto, nos encontramos ante una tramitación bajo sospecha, con una autorización inicial que se aprobó deprisa y corriendo para no verse afectada por la moratoria. Que ha tenido su continuación con una modificación de oficio para solventar los problemas que se incurrieron en dicha aprobación apresurada”, han remarcado. A su juicio, “se ha producido un fraude de ley que ha intentado impedir que la sociedad analizara adecuadamente este proyecto, lo pudiera debatir y establecer la posibilidad de su implantación”.

Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

A finales de mayo del año pasado, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la apertura de un plazo de exposición pública de la Declaración de Proyecto Prioritario para la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios, S.L. tiene en Almansa (Albacete), dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha.

Ese periodo culminó y no se volvió a saber nada sobre su declaración como proyecto prioritario, que no se llevó a cabo. Declarar una iniciativa como “prioritaria” es una fórmula del Gobierno regional que implica agilización de trámites para proyectos de especial importancia para el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma.

Nuevo periodo de información pública

Ahora, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete ha vuelto iniciar un nuevo periodo de información pública para el mencionado proyecto, tal y como publica, de nuevo, el DOCM. Pero la Consejería no explica los motivos por los que el proceso vuelve a repetirse.

En la resolución, se indica que este proyecto, que prevé la construcción de nuevas instalaciones para obtener materias primas para la fabricación de plásticos y aceites de pirolisis, se desarrollará en el Camino a Casas del Campillo, polígono 519, en el Paraje el Saladar de la localidad albaceteña.

La empresa destaca en su web que Acteco tiene una amplia experiencia en el almacenamiento y acondicionamiento de residuos, consolidándonos como “una gestora de residuos y reciclaje referente en España”. Tiene plantas de transferencia y reciclaje de gran capacidad en Ibi y Sax (Alicante), Náquera y Massalfassar (Valencia), PI. Malpica y PI. Plaza (Zaragoza), San Martin de la Vega (Madrid), Arteixo (A Coruña), Almansa (Albacete), Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Algeciras (Cádiz), así como presencia logística en toda la península e islas.

Como gestor de residuos en Almansa, explica que ofrece “soluciones integrales” que incluyen la recogida, el tratamiento y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos, y servicios especializados para empresas. “Nuestra planta en Almansa está equipada para garantizar procesos seguros y eficientes, fomentando la economía circular”, concluye.

El Ayuntamiento de Calahorra ha instalado un total de 35 'sanecanes', papeleras específicas para residuos caninos “con el objetivo de mejorar la limpieza en espacios públicos y conseguir una ciudad más limpia”. Estas nuevas papeleras de color verde, explican desde el Consistorio, tienen dispensador de bolsas para que los dueños puedan guardar los excrementos de sus perros y depositarlos correctamente en el interior. Se han colocado en diferentes puntos de la ciudad, “priorizando zonas con alta concentración de mascotas y tránsito peatonal”. Con estas papeleras, se pretende dar “un paso más hacia una ciudad más limpia, cuidada y más respetuosa además de contribuir a mejorar la salubridad de la ciuidad”, ha asegurado el concejal de Limpieza, David Antoñanzas.

Así, el Ayuntamiento de Calahorra tiene previsto ampliar progresivamente el número de Sanecanes en función de las necesidades detectadas y es “una de las novedades del nuevo contrato de gestión de la limpieza de la ciudad adjudicado a FCC Ambiente SAU por un presupuesto de 14,6 millones de euros y una duración de 10 años” ha recordado además de apuntar que también se prevé contratar más personal, aumentar la maquinaria y la ampliación de la prestación.

La creciente preocupación por la proliferación de macroplantas de biogás en la comarca en torno a la autovía A-40 ha activado la movilización vecinal en Huelves. Tras la asamblea informativa celebrada en Carrascosa del Campo, vecinos de Huelves han creado la Plataforma vecinal Huelves Limpio y Vivo, que además se ha sumado a Pueblos Vivos Cuenca.

Según el proyecto presentado, esta macroplanta recibirá 233.000 toneladas anuales de purines, cadáveres de animales y otros residuos orgánicos lo que la convierte, según los datos que maneja el colectivo, “en la mayor macroplanta de la comarca”, al tratar un volumen muy superior a los otros proyectos que se tramitan en Tarancón y Campos del Paraíso, y a la macroplanta de biogás de Belinchón ya en funcionamiento. En total se trata de siete macroplantas de biogás en la comarca.

Sesión informativa en Huelves y en Tarancón

Esta nueva plataforma ha convocado un encuentro informativo para analizar el proyecto de macroplanta que se tramita en el municipio y sus posibles afecciones al territorio y a la calidad de vida. Se celebrará el próximo sábado 28 de febrero a las 17:30 en el Silo de Huelves.

Huelves Limpio y Vivo hace un llamamiento para que los vecinos de todos los municipios afectados directamente o por ser limítrofes “se unan en contra de estos macroproyectos que amenazan la calidad de vida y el bienestar en la comarca”.

Se ha realizado una difusión de la convocatoria a través del buzoneo de octavillas informativas y carteles en las poblaciones afectadas, así como en redes sociales. Están convocados todos los vecinos de Huelves así como las poblaciones limítrofes y en general toda la comarca: Barajas de Melo, Tarancón, Paredes, Uclés, Tribaldos, Alcazar del Rey, Carrascosa del Campo, Huete, Vellisca, Rozalén del Monte y Villarubio.

En Tarancón también se ha convocado otra asamblea informativa el mismo día 28 de febrero a las 12:00 en la Casa de Piedra.

Un colectivo de vecinos y usuarios del entorno de Punta Parayas y Camargo ha denunciado la existencia de parcelas de aparcamiento que se han convertido en “vertederos ilegales” en el polígono industrial de Riamar de Maliaño (Camargo), “tolerados por la administración y la propiedad (bancos, sociedades en liquidación)”.

En un comunicado, en el que adjunta material fotográfico, el colectivo documenta el “grave estado de abandono” del polígono, que se ubica “a escasos metros” del nuevo carril bici en el que el Ayuntamiento “tanto invierte”.

“El principal problema es el riesgo real para la salud pública y el medioambiente: están proliferando los depósitos de aparatos eléctricos (neveras que emiten gases tóxicos) y neumáticos (riesgo extremo de incendio y humos tóxicos hacia el entorno de Maliaño)”, advierte.

Según señala el colectivo, “aunque el Ayuntamiento debería ejecutar la limpieza de forma subsidiaria y pasar la factura a los dueños, la inacción impera por el miedo al coste burocrático, permitiendo este daño ecológico”.

Así, exige una limpieza subsidiaria urgente por parte del Ayuntamiento de Camargo, la inspección del SEPRONA para sancionar el vertido de neveras (RAEE) y neumáticos en un área conectada al Sendero de los Porqués, y “transparencia respecto qué entidades financieras o propietarios están evadiendo sus obligaciones legales”.

El Gobierno vasco ha dado la autorización ambiental a la nueva planta de Agaleus -grupo propietario de Sader y Profersa- en el puerto de Bilbao. La construcción de esta nueva planta es un paso esencial para el cierre de estas dos empresas en su actual ubicación el barrio de Zorroza, en Bilbao, ya que la actividad que ahora realiza Sader, descontaminación y eliminación de residuos, peligrosos y no peligrosos, se asumirá por la nueva planta. Respecto a Profersa, dedicada a fabricar fertilizantes a través de residuos, la idea del grupo es cerrar la empresa, aunque esta función no se realizará en las nuevas instalaciones del puerto.

Los vecinos de Zorroza y de otros barrios cercanos de Bilbao llevan años esperando este traslado con quejas continuas por las molestias que suponen estas plantas, en olores y humos. Son unas quejas que se han trasladado de modo preventivo a los municipios que van a tener próxima la nueva planta, como Getxo o Santurtzi, cuyos ayuntamientos -ambos gobernados por el PNV- y partidos políticos como PP o Elkarrekin en estas localidades presentaron alegaciones al proyecto, pero el Gobierno vasco ha rechazado todas ellas. En total, han sido cinco escritos de alegaciones que no han sido tomadas en consideración por el órgano medioambiental.

Por ejemplo, algunas de las alegaciones se centraban en la cercanía que la planta Agaleus Circular Thinking SL, que tendrá capacidad para gestionar 144.500 toneladas al año de residuos peligrosos y no peligrosos en una superficie de 17.000 metros cuadrados en el término municipal de Zierbena, en terrenos del puerto de Bilbao, tendría respecto al núcleo urbano de Getxo. De hecho, habrá casas a menos de dos kilómetros, al otro lado de la ría. La alegación se aferra a que el artículo 4 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, establece que las instalaciones que puedan ser consideradas como peligrosas, insalubres o nocivas, sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2.000 metros.

Sin embargo, el Gobierno rechaza la alegación, no porque no haya esta distancia al núcleo urbano, sino porque ese artículo que se cita en la alegación está derogado en el ámbito de la CAPV desde la aprobación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco que establece el régimen jurídico de las actividades clasificadas, y “en consecuencia, no resulta de aplicación”.

De igual forma, rechaza la afectación por olores que pueda tener en la población de Getxo, señalado en primer lugar que “no existe normativa de aplicación en relación con los olores que permita al órgano ambiental incorporar obligaciones en esta materia”. En todo caso, asegura que “la planta se ha diseñado de tal forma que las actividades de gestión de residuos susceptibles de generar molestias por olor se desarrollan en el interior de edificios cerrados, al objeto de minimizar la propagación de olores hacia el exterior”.

En cuanto al uso de “sustancias peligrosas como metanol y ácido clorhídrico, sin un análisis adecuado de los riesgos asociados”, se puntualiza que no compete al órgano ambiental comprobar el cumplimiento de la normativa de almacenamiento de productos químicos, pero que, en el proyecto, la empresa señala que “a pesar de que solo una pequeña parte de los residuos que se reciben en la planta son inflamables o combustibles, se ha diseñado su almacenamiento cumpliendo siempre las medidas exigidas en la legislación vigente para las instalaciones de almacenamiento de productos químicos”. Además, señala que el proyecto ha sido remitido a la dirección de Salud Pública, así como por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de Gobierno vasco, para su conocimiento y efectos oportunos “sin que se haya recibido oposicionamiento alguno”.

También rechaza las alegaciones que hacen referencia a las afecciones sobre el terreno o el medio ambiente de la zona al señalar que se trata de un muelle en el puerto de Bilbao, “un entorno plenamente antropizado, caracterizado por superficies portuarias artificiales y carente de vegetación natural. De acuerdo con la clasificación de hábitats marinos EUNIS, el área se incluye dentro de la categoría de ”construcciones y hábitats artificiales“, no identificándose en este emplazamiento ”hábitats naturales de interés“.

Por otra parte, tampoco se acepta “especificar los residuos no confidenciales y aclarar la versatilidad y gestión futura”, como se solicitaba en alguna de las alegaciones por considerar que “posibles residuos no incluidos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) vigente pueden hacer variar las emisiones o ruidos en la planta”. El Gobierno señala que “la información relativa a los residuos gestionados se presenta como confidencial por motivos de competencia empresarial”, ya que “la tipología y volumen de residuos pueden revelar detalles sensibles sobre procesos productivos, tecnologías empleadas o estrategias operativas, lo que podría comprometer la posición competitiva de la empresa si se divulga públicamente”. Considera, no obstante, que esa confidencialidad “no implica que los residuos sean peligrosos o que se esté ocultando un riesgo ambiental”.

Pese al rechazo de las alegaciones, la autoridad ambiental da el visto bueno a la nueva planta con ciertos condicionantes como controles de la emisión de residuos, aguas residuales y olores y señala que “en caso de que las emisiones produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes o guías de mejora que correspondan”. Además, el transporte de los residuos “evitará, en la medida de lo posible, el paso por núcleos de población” y los vehículos que transporten residuos a la planta “deberán mantener la carga cubierta en todo momento, tanto en la entrada como en la salida de la planta y durante la totalidad del trayecto”.

El pasado mes de diciembre, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibildad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregi, defendía en el Parlamento Vasco que la actividad de Sader, a la que se ha ampliado en un 38% su capacidad para tratar residuos, no supone ningún riesgo para la población pese a que está ubicada en el entorno urbano de Bilbao. Pese a minimizar este impacto y asegurar incluso que no es foco de malos olores, algo que es una queja reiterada de los vecinos de Zorroza, reconocía que la nueva empresa del grupo en el puerto de Bilbao, será “más moderna y eficiente”y “minimizará el impacto ambiental”.

Ya lo adelantó el concejal de Urbanismo de Toledo, Florentino Delgado, de Vox. Toledo es muy “pétreo”, es decir, que hay mucha piedra. Lo que quizás no tuvo en cuenta es que es una 'piedra' Patrimonio de la Humanidad y por eso algunos de los proyectos que el partido de ultraderecha, que gobierna con el PP en la capital castellanomanchega, está ideando, no están contando con una respuesta vecinal de gran apoyo. Ahora se ha conocido una nueva idea para incorporar al catálogo de cambios en el skyline de la ciudad

A la idea de una gran noria panorámica en Vega Baja, en una zona donde todavía queda por desentrañar, valorizar y asentar vestigios visigodos y romanos de gran valor; o a sumar una nueva tirolina (ya hay una sobre el río Tajo en el Puente de San Martín), PP y Vox proponen ahora un nuevo megaproyecto en la zona conocida por los toledanos como 'el Valle'. Una suerte de 'Montmartre' por sus vistas a la ciudad y su plaza central. O también un 'Montjuic' en altura por sus fuentes de chorros.

La zona del Valle es muy apreciada entre la ciudadanía toledana que también frecuentan los turistas. Es un entorno natural, con un mirador panorámico de todo el conjunto monumental de Toledo, ubicado en las alturas de la ciudad, al sur del Casco Histórico y sobre el río Tajo. Allí, el Ayuntamiento quiere ejecutar una zona de esparcimiento para la conexión de la movilidad entre las dos riberas. Es mayoritariamente suelo de titularidad municipal.

La ejecución está actualmente en licitación y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de marzo. La inversión total es de más de 500.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución previsto de cinco meses. Abarca una superficie de 6.000 metros cuadrados.

La actuación pretende “mejorar” de forma integral la conexión entre la ribera y zonas de alto valor turístico, como el Mirador del Valle. Por ello, el equipo de Gobierno local de PP y Vox la ha incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de Toledo, que cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La actuación se enmarca en el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo.

El estudio de arquitectura que ha elaborado el diseño del proyecto, Cachivache Atelier S.L., lo ha denominado ‘Conexión Valle-Polvorines' por las dos áreas que conecta. En su documento de presentación, al que ha tenido acceso este medio, se detalla que el ámbito de actuación se localiza en la margen opuesta del río Tajo, en el sector comprendido entre el Hospital del Valle, el Parador Nacional y la carretera TO-3100.

En el proyecto se detalla que este espacio natural tiene caminos peatonales “espontáneos y discontinuos”, zonas de matorral y laderas, y habla de “itinerarios inseguros y sin tratamiento urbano”, con “accesibilidad limitada, sin señalización ni alumbrado, y con elementos intrusivos como biondas metálicas”. Existen, precisa, una serie de caminos sin “domesticar” entre el Mirador y un área de ensanchamiento próxima.

Así, el futuro proyecto parte de la “característica intrínseca” del Valle como zona natural que dice respetar “en todo momento”. Para ello se proponen actuaciones en diferentes planos. En un primer estrato, la recuperación de los caminos existentes naturales, realizando una limpieza de los mismos y solucionando “los problemas que se encuentran en ellos con las escorrentías”.

Balizas solares, accesibilidad o aseo autolimpiable

Por ejemplo, contempla mejorar la accesibilidad adecuando puntos muy concretos por sistemas de escaleras. Incluye asimismo balizas solares en todo su recorrido y mobiliario urbano acorde a su uso, como papeleras y fuentes de agua potable.

Por otro lado, pretende mejorar la accesibilidad del aparcamiento superior, situado frente al Hospital del Valle, agrandando su tamaño y mejorando su acceso, actualmente “en pésimas condiciones”. Con ello, busca fomentar el aparcamiento “disuasorio” y la circulación peatonal por el recorrido del proyecto. Y además, dota a este camino de llegada al Parador de iluminación mediante balizas solares y papeleras en el aparcamiento, actualmente inexistentes.

Otra zona de actuación que detalla la empresa son los merenderos del Mirador del Valle, donde se proyecta un aseo público “autolimpiable”, además de una fuente de agua potable, y un nuevo acceso a los recorridos peatonales naturales. En la ronda del valle, así como en los tramos de asfalto que cruza el proyecto se proponen actuaciones de pinturas en el asfalto, invadiendo estos espacios por el peatón e “invirtiendo la jerarquización de usos de las carreteras”.

Además, se proponen diferentes “hitos” diseñados en las zonas naturales de los caminos peatonales. Se trataría de zonas de estancia para disfrutar de un entorno natural, como ocio sostenible y saludable, pero el proyecto principal es una plaza, situada a mitad de proyecto, con “unas magníficas vistas a la ciudad”.

En el documento, la empresa aduce que se ha trabajado como punto de partida con asociaciones como la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) y sus cartografías de flora, para respetar la vegetación existente. Pone como ejemplo que en la zona de Polvorines - donde irá por cierto la futura Ciudad del Cine- se adecúa la entrada al parque.

Más adelante, el texto detalla las directrices para el uso, conservación y mantenimiento de los itinerarios peatonales y ciclistas, zonas de estancia, mobiliario urbano y alumbrado exterior del proyecto ‘Conexión Valle-Polvorines’. El objetivo, indica, es garantizar la “durabilidad, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura” durante su vida útil.

Aquí precisa que habrá itinerarios peatonales y ciclistas, donde se prohibirá la circulación de vehículos motorizados y se evitarán prácticas que puedan deteriorar pavimentos o generar erosión, y que las zonas de “contemplación” deben utilizarse para esparcimiento, evitando daño a pavimentos o vegetación.

La empresa diseñadora no prevé afección al medio ambiente

Y, ¿cómo se gestionarán los residuos? La empresa encargada del diseño explica que la separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

No obstante, no prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido “a la escasa cantidad de residuos generados”. En general, los que se generarán “de forma esporádica y espaciada en el tiempo”, salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual.

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que “en ningún caso puedan enviarse a vertederos”, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del constructor. Tampoco está previsto que se generen residuos peligrosos “por lo que no es necesario” disponer de un contenedor específico.

En definitiva, la entidad no prevé efectos directos del proyecto sobre el medio ambiente, ni “efectos indirectos primarios”, entendiendo como tales aquellos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.

Dos centenares de personas se concentran contra el proyecto

Los parabienes del proyecto, sin embargo, no convencen a todos. La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) convocó una protesta el pasado sábado 21 de febrero en la plaza del Ayuntamiento, a la que acudieron alrededor de 200 personas.

La concentración comenzó a las 10.30 horas, donde ARBA Toledo dio a conocer el proyecto ante los vecinos, “exponiendo el valor del patrimonio natural que tenemos a escasos metros de la zona urbana y la importancia del mismo de cara al desafío ambiental que tenemos por delante frente al cambio climático”, explican desde la asociación. Los diferentes colectivos y vecinos que acudieron, “aportaron sus opiniones y proclamas” con respecto a las actuaciones que plantea el gobierno local, “así como en las de vía Tarpeya, impactos ambientales del POM, actuaciones en el parque de Polvorines o el planteamiento del hotel de la Cava”.

Pese a que el estudio de arquitectura que ha diseñado el proyecto dice haber contado con la colaboración de colectivos como ARBA, la idea no gusta. Su coordinadora en Toledo, Syra Díaz Rojas, explica que en cuanto tuvieron conocimiento de que estaba todo previsto para realizarse, se pusieron en contacto con el ayuntamiento para intentar acordar una reunión y poder trabajarlo, “porque son actuaciones muy agresivas y dañinas para el medio ambiente en el Valle”.

El Ayuntamiento está buscando atraer al turismo sin pensar en lo que los ciudadanos quieren, porque ni siquiera este proyecto ha salido para que la ciudadanía lo conozca

Syra Díaz Rojas — ARBA Toledo

Entre las actuaciones que más preocupan a ARBA Toledo están “la colocación e instalación de balizas solares por todo el tramo, y también de pasarelas o gradas”, así como “el hormigonado o cementado en algunos tramos, o como ellos lo quieran llamar”. Por otro lado, la apertura o ensanchamiento de los caminos “de 1,8 hasta 3 metros”.

Díaz Rojas apunta que, en la ciudad de Toledo, el ayuntamiento “está buscando atraer al turismo sin pensar en lo que los ciudadanos quieren, porque ni siquiera este proyecto ha salido para que la ciudadanía lo conozca”. Asegura que otro proyecto como Renace Tajo se creó “sin que los ciudadanos tuviesen conocimientos”, así como la Ciudad del Cine se implantó “por obligación, de la misma manera que están haciendo con un montón de actuaciones”.

Desde ARBA Toledo explican que la vegetación del Valle “por suerte para nosotros está protegida por la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha”. Syra Díaz asegura que “todo el tramo que quieren abrir hay vegetación rupícola no nitrófila y predesértica. Los espartales están protegidos por la Unión Europea” y reivindica que “aunque no seamos conscientes de ello, la vegetación es más importante de lo que creemos, y tiene su nombre y un grado de protección”.

Cuando una persona va al monte o al campo espera encontrar un sitio natural, con animales que se crucen y llevar su mochila con su agua y su comida para pararse en una roca a ver las vistas, no que haya un banco, una papelera y una baliza solar para que te indique que por la noche también puedes hacerlo

Syra Díaz — Coordinadora de ARBA

En el entorno del Valle existen también especies de fauna como los corzos “o el búho real, el búho chico, los cárabos, los autillos” que tienen hábitos nocturnos “de manera que si tú balizas todo con luz vas a perjudicar a los mamíferos y aves nocturnas que necesitan esa oscuridad para poder llevar a cabo su caza”, expone la coordinadora del colectivo.

Syra Díaz reivindica que “cuando una persona va al monte o al campo espera encontrar un sitio natural, con animales que se crucen y llevar su mochila con su agua y su comida para pararse en una roca a ver las vistas, no que haya un banco, una papelera y una baliza solar para que te indique que por la noche también puedes hacerlo”.

Recuerda que Toledo y el Mirador del Valle fue galardonado en 2022 como ‘Panorámica nocturna más bonita del mundo’, pero que “no la aprovechan” como hacen los ciudadanos: “Nos vamos a desconectar al Valle, nos sentamos a respirar la paz del entorno y pensamos lo bonita que es nuestra ciudad, que es una maravilla”.

Del mismo modo, desde el colectivo anuncian han planteado realizar varias mesas informativas y de debate, y que el próximo 28 de febrero se realizará una ruta por el Valle para dar a conocer in situ “la afección del proyecto”.

Al Ayuntamiento le “sorprende” la protesta

El Gobierno local de PP y Vox ha trasladado su “sorpresa” por este rechazo de ARBA al proyecto y ha defendido, en palabras del concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano, que no se va a utilizar “ni un metro cúbico de hormigón”, sino que va a “recuperar y restaurar zonas que están muy degradadas, logrando nuevos espacios de ocio en un escaparate que es mundial y que no ha tenido ninguna actuación durante décadas”.

“Me sorprende también porque a lo largo de estos casi tres años de legislatura hemos realizado numerosas campañas de 'basuraleza' en las que hemos extraído de esos taludes y esos rodaderos del Valle toneladas de residuos... No entiendo esta reacción”, concluye el concejal.