El municipio conquense de Torrejoncillo del Rey y sus pedanías se enfrenta a la posible instalación de dos macroplantas de biometano en su término municipal. Dos empresas habrían mostrado interés en crear estas instalaciones y una de ellas ya contaría con el informe favorable de compatibilidad urbanística y la otra habría explicado al Ayuntamiento una posible propuesta.

Así lo señalan en un comunicado desde Pueblos Vivos Cuenca, que integra a movimientos vecinales de pequeños municipios de la provincia. Esta noticia ha despertado la preocupación de los habitantes de este municipio, decenas de los cuales se reunieron en una charla informativa en la que plataformas ciudadanas y expertos reclamaron mayor transparencia sobre los proyectos y alertaron del posible impacto ambiental de unas instalaciones que llegarían a una comarca afectada desde hace años por la contaminación por nitratos y la concentración de explotaciones ganaderas.

Desde la plataforma acusan a la alcaldesa de Torrejoncillo del Rey, Piedad Balsalobre Saiz (PSOE), de cambiar de postura, ya que afirman que el pasado 21 de mayo lanzó un comunicado donde definió el proyecto como “una cuestión inexistente administrativamente”. Más tarde, en el último pleno municipal el pasado 19 de junio, la alcaldesa informó sobre la tramitación de una de las macroplantas: “Hace ya más de un año una empresa solicitó un informe de compatibilidad urbanística sobre una posible ubicación. Al no tener este Ayuntamiento planeamiento propio, la consulta la tramitó la Diputación con un informe favorable desde el punto de vista urbanístico”.

Con este informe la empresa promotora puede iniciar el procedimiento de evaluación ambiental con el gobierno regional. En dicho pleno no se dio a conocer los nombres de las dos empresas implicadas a pesar de ser una de las preguntas planteadas en el turno de ruegos y preguntas por la Asociación de Vecinos y Jubilados de Naharros, que exige la debida transparencia y publicidad.

Una comarca con un largo historial de problemas ambientales

Torrejoncillo del Rey y los pueblos de su entorno llevan años conviviendo con los impactos derivados de la concentración de macrogranjas y de la gestión de sus purines, sobre todo del municipio limítrofe de Huerta de la Obispalía. Durante la jornada se recordó que esta realidad ya ha sido objeto de diversos procedimientos judiciales.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló una autorización ambiental de una explotación porcina en Torrejoncillo del Rey al apreciar deficiencias relevantes en la evaluación ambiental. En el voto particular de aquella resolución se hacía referencia a informes sanitarios que acreditaban la contaminación por nitratos del agua destinada al abastecimiento de la población.

Posteriormente, en 2023, el mismo Tribunal volvió a anular la autorización ambiental de una explotación porcina en Huerta de la Obispalía al considerar insuficiente la evaluación de los efectos acumulativos derivados de la concentración de macrogranjas y de los riesgos asociados a la gestión de los purines sobre las aguas subterráneas.

La última analítica reportada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey al SINAC-Ministerio de Sanidad refleja un nivel de nitratos en el agua del grifo de 85 mg por litro, cuando el máximo para que sea potable es de 50 mg/l. Esta situación de contaminación se repite desde 2022.

Persisten las denuncias por vertidos de purines

Durante el coloquio, varios vecinos de la pedanía de Villarejo Sobrehuerta denunciaron que continúan produciéndose vertidos de grandes cantidades de purines sobre parcelas agrícolas próximas al núcleo urbano.

Según explicaron, en algunos episodios los purines llegan a encharcar completamente las parcelas, una práctica que no está permitida y que incrementa el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, además de provocar molestias continuas por olores y abundantes moscas.

Los asistentes manifestaron su preocupación porque estas situaciones continúan produciéndose pese a las denuncias realizadas durante los últimos años y reclamaron una mayor vigilancia por parte de las administraciones competentes.

Transparencia y participación

Uno de los aspectos que más inquietud generó entre los asistentes fue la necesidad de disponer de una información completa y transparente sobre el proyecto. Los vecinos reclamaron conocer el volumen de residuos que trataría la instalación, su procedencia, el número de camiones previsto, el destino del digestato y los mecanismos de control ambiental previstos durante toda la vida útil de la planta, así como el nombre de las empresas interesadas. Los colectivos vecinales del municipio anunciaron que van a seguir informando a la población sobre este tipo de industrias.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué residuos pretende tratar la planta, de dónde procederán, cómo se gestionará el digestato y cuáles serán las garantías ambientales del proyecto antes de que se adopten decisiones que condicionarán el futuro del municipio durante décadas”, señaló la representante de Pueblos Vivos Cuenca.

En este sentido Pueblos Vivos considera importante que los alcaldes transmitan a la población toda la información que hayan recabado de la empresa que pretende instalarse en su término, polígono y parcela, nombre y cualquier otro detalle relevante que se haya obtenido. La propia Asociación Española del Biogás, AEBIG, patronal del sector, lo recomienda en su código de buenas prácticas.

Desde Pueblos Vivos Cuenca afirman: “No cuestionamos el biogás como tecnología. Lo que cuestionamos es el modelo que se está impulsando, basado en macroplantas que necesitan traer purines y otros residuos desde decenas o cientos de kilómetros porque el territorio no genera suficientes recursos para alimentarlas. Ese modelo que nos intentan imponer convierte a nuestros pueblos en una tierra de sacrificio”.

Alertaron de que el digestato que generan estas instalaciones también acaba elevando los niveles de nitratos de las aguas subterráneas, como pasa actualmente con el purín.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey para obtener su versión sobre la posible instalación de estas dos macroplantas de biometano en su término municipal, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha puesto en servicio un nuevo punto limpio que dará cobertura a los concejos de Parres y Cangas de Onís. La instalación, ubicada en el polígono industrial de El Prestín, ha supuesto una inversión de 1.062.603,97 euros, financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y busca facilitar a vecinos y pequeños negocios la entrega gratuita de residuos domésticos especiales para favorecer su reciclaje.

El nuevo equipamiento permitirá depositar electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, colchones, escombros de pequeñas obras, maderas, metales, pilas, baterías, aceites usados, pinturas, disolventes, lámparas o cápsulas de café, entre otros residuos que no pueden eliminarse junto con la basura convencional. Además de prestar servicio a los particulares, la instalación también está habilitada para que pequeños profesionales y autónomos gestionen determinados residuos de su actividad conforme a la normativa vigente.

El punto limpio ocupa una superficie de unos 4.500 metros cuadrados y dispone de control de acceso, báscula, edificio de servicios, contenedores de gran capacidad y espacios específicos para residuos peligrosos y aparatos eléctricos. Permanecerá abierto de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas, además de los sábados de 9.00 a 14.30 horas.

La nueva infraestructura complementa el servicio que Cogersa ya presta en ambos municipios mediante los puntos limpios de proximidad instalados el pasado mes de mayo en Llames y Las Rozas-Villanueva, así como con el punto limpio móvil que visita ambos concejos una vez al mes.

La apertura coincide con una mejora de los indicadores de recogida selectiva en ambos municipios. En 2025, Parres elevó su tasa de recogida separada hasta el 19,36%, frente al 16,35% del año anterior, mientras que Cangas de Onís pasó del 8,55% al 11,15%. Con esta incorporación, Cogersa alcanza los 24 puntos limpios en funcionamiento en Asturias y prevé seguir ampliando la red con nuevas instalaciones en Llanera, Proaza, los Valles del Oso y Cabranes.

El funcionamiento continuo de sistemas digitales obliga a mantener servidores activos día y noche, lo que dispara el uso de electricidad y equipos de alto rendimiento. Usar inteligencia artificial exige esa misma lógica de consumo constante, porque cada modelo necesita procesar grandes volúmenes de datos y realizar cálculos complejos de forma ininterrumpida. Esa exigencia no se limita al momento de uso, ya que el entrenamiento de los modelos multiplica el gasto durante días o semanas.

Todo ello obliga a destinar cada vez más energía, infraestructura y sistemas de refrigeración para mantener estos equipos en funcionamiento. Aunque resulta difícil establecer una cifra media aceptada sobre el consumo de la inteligencia artificial, sí existen estimaciones que permiten hacerse una idea de la dimensión de esta demanda.

Una granja de Nueva York alimenta equipos informáticos con residuos ganaderos

El aumento de esa demanda ya tiene cifras claras cuando se analiza el conjunto de los centros de datos, donde se ejecuta buena parte de la inteligencia artificial. La International Energy Agency (IEA) estima que el consumo eléctrico de estas instalaciones superará los 945 teravatios hora anuales en 2030, una cifra que duplica los niveles actuales y que equivale a todo el consumo eléctrico de Japón.

El organismo identifica el papel de la inteligencia artificial como motor principal de ese crecimiento y lo resume así: “La inteligencia artificial es el principal motor del crecimiento de la demanda de electricidad de los centros de datos”. Ese ritmo obliga a buscar fuentes de energía capaces de sostener un suministro continuo sin interrupciones.

En el estado de Nueva York, una granja lechera puso en marcha un sistema que convierte el estiércol de más de 4.000 vacas en energía capaz de alimentar equipos de computación instalados en el propio terreno. Grist informó de que Lent Hill Dairy Farm trabaja con Ag-Grid Energy para producir biogás a partir de residuos orgánicos y destinarlo directamente a procesos informáticos.

La iniciativa se plantea como un modelo replicable en explotaciones medianas, con la idea de llevar capacidad de cálculo a zonas rurales mediante conexiones de fibra. Rashi Akki, directora ejecutiva de la empresa, defiende esa posibilidad como una forma de acercar infraestructura tecnológica a territorios alejados de los grandes centros urbanos.

El metano pasa a convertirse en gas natural renovable

El proceso que permite esa transformación parte de un fenómeno natural que ocurre cuando el estiércol se descompone y libera metano. Ese gas queda atrapado en digestores anaeróbicos, donde microorganismos lo procesan sin oxígeno hasta generar biogás.

Después se somete a un tratamiento que elimina impurezas hasta alcanzar una concentración superior al 90% de metano, momento en el que pasa a considerarse gas natural renovable. El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sitúa el potencial de calentamiento del metano muy por encima del dióxido de carbono, con una capacidad de atrapar calor 28 veces mayor a 100 años. Capturarlo antes de que llegue a la atmósfera reduce parte de ese efecto.

Ese gas tratado puede integrarse en la red energética sin cambios profundos, lo que facilita su uso en instalaciones ya existentes. La U.S. Environmental Protection Agency (EPA) explica que su composición es prácticamente igual a la del gas convencional, lo que permite transportarlo por tuberías y emplearlo en centrales eléctricas estándar.

Esa continuidad resulta útil para los centros de datos, que necesitan un suministro estable durante las 24 horas y no pueden depender de variaciones climáticas. A diferencia de otras fuentes, el gas permite generar electricidad bajo demanda, lo que encaja con el funcionamiento continuo de los sistemas de inteligencia artificial.

Estados Unidos amplía los proyectos de gas natural renovable

El uso de biogás en Estados Unidos ha crecido en los últimos años a medida que aumenta la presión sobre la red eléctrica. La EPA recoge que el número de proyectos de gas natural renovable pasó de 41 en 2015 a 102 en 2023, con un peso creciente de los residuos ganaderos como materia prima.

Según datos citados por Grist, los centros de datos ya consumen el 4,9% de la electricidad del país y podrían duplicar esa cifra antes de 2030. Ese crecimiento hace que se acelere la búsqueda de soluciones que puedan ponerse en marcha sin esperar a nuevas infraestructuras.

El desarrollo de estos sistemas depende en gran parte de incentivos económicos y del interés de las empresas tecnológicas por asegurar su suministro energético. Programas públicos en varios estados financian la instalación de digestores y facilitan la rentabilidad de los proyectos.

Patrick Serfass, director ejecutivo del American Biogas Council, sitúa ahí el potencial de expansión al señalar que el país solo ha desarrollado entre el 10% y el 15% de su capacidad. Según su previsión, la demanda de los centros de datos absorberá gran parte de la producción disponible: “Los centros de datos van a estar tan hambrientos de energía que podrían absorber prácticamente toda la oferta que la industria pueda crear”.

Ese crecimiento también genera críticas por sus efectos sobre el entorno rural y el modelo ganadero. Sarah D’Onofrio, investigadora centrada en el impacto ambiental, advierte que el gas renovable puede incorporarse al sistema energético sin sustituir por completo a los combustibles fósiles, lo que permite presentar el suministro como sostenible sin cambios demasiado importantes.

Brent Kim, investigador del Johns Hopkins Center for a Liveable Future, añade que el uso de digestores puede reducir el metano en el corto plazo, aunque también aumenta otros contaminantes. Para él, el problema aparece cuando el estiércol pasa a tener más valor económico que la producción agrícola, lo que altera la lógica de estas explotaciones y empuja a ampliar su tamaño.

El Proyecto Nodssum, una expedición científica encabezada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ha captado imágenes de algunos de los 220.000 bidones de material radiactivo arrojados a la Fosa Atlántica hace más de 40 años. Los investigadores, más de 30, navegaron entre el 27 de mayo y el 28 de junio y constataron “el avanzado estado de deterioro de varios” de los barriles. También confirmaron “la presencia de radionucleidos característicos” de estos residuos a “niveles mayores de los esperados en el área” pero que, “en cualquier caso”, esta “permanece baja”.

La misión del CNRS, de la que también forman parte varias universidades francesas, noruegas y alemanas, además de la de Girona y del Centro Nacional de Aceleradores, sucede a la realizada entre junio y julio de 2025 y que realizó un mapeado de los vertidos. Depositados entre los años 40 y los 90 del siglo pasado -la prohibición formal data de 1993- a unas 300 millas náuticas del cabo Fisterra en Galicia, son unos 220.000 bidones con 140.000 toneladas de basura nuclear a más de 4.000 metros de profundidad.

Los científicos navegaron durante el mes de junio a bordo del Pourquoi Pas? El submarino tripulado Nautile (parte de la Flota Oceanográfica Francesa, puede transportar a tres personas a 6.000 metros de profundidad) permitió a varios de los investigadores la “observación directa” de los bidones y su entorno inmediato. De ellos dan testimonio las imágenes reproducidas en esta pieza.

“Las observaciones a través del Nautile y de otros instrumentos”, asegura el CNRS en un comunicado, “proporcionan nueva información sobre los residuos”. En concreto, además del mencionado deterioro de los barriles, detectaron filtraciones e identificaron los materiales con los que la industria nuclear encapsuló sus desperdicios: resinas, asfalto o cemento. Los científicos han recogido también muestras de agua, sedimentos y organismos vivos para estudiar “la dispersión y transferencia de radioactividad al medio ambiente” y han documentado la biodiversidad en los residuos y en su entorno inmediato. “El objetivo” de la misión científica, declara el CNRS, “es alcanzar una mejor comprensión de los mecanismos de transferencia y transporte de los radionucleidos en los fondos oceánicos y su interacción con los ecosistemas abisales”.

El BNG, por su parte, ha reclamado al Gobierno español que se implique “de manera activa en la investigación” y la elaboración de un plan “para, de ser seguro, proceder a la retirada de los bidones radioactivos”. Para su diputado en el Congreso, Néstor Rego, “resulta incomprensible que el Estado español permanezca completamente al margen de una expedición de esta relevancia, cuando los posibles efectos de estos vertidos afectarán directamente al ecosistema marino gallego y a los sectores que dependen de él”.

La travesía del 'Xurelo' y la moratoria de los residuos

Fue precisamente la travesía de un palangrero gallego, el Xurelo, la que ya en 1981 contribuyó a llamar la atención sobre lo que sucedía en la Fosa Atlántica. Tenía 24 metros de eslora y lo había fletado un partido nacionalista de izquierdas -Esquerda Galega- con el apoyo de Greenpeace. En él embarcaron políticos, ecologistas y periodistas -un joven Manuel Rivas entre ellos. El barco con base en Ribeira (O Barbanza, A Coruña) se interpuso entre dos cargueros que arrojaban basura nuclear al océano. La prensa lo fotografió. Era la primera vez que se documentaba esta práctica, que en la zona se realizaba desde finales de los años 40.

Al año siguiente, el Xurelo y otros dos pesqueros gallegos -el Arosa I y el Pleamar- volvieron a la zona. También hubo protestas en Bélgica u Holanda y en 1983, el organismo europeo encargado de controlar los residuos nucleares declaró una moratoria de los vertidos. El Convenio de Londres de la Organización Marítima Internacional vetó, una década más tarde, cualquier vertido radioactivo al mar.

Indemnitzacions per valor de quasi 22 milions d'euros. És la xifra total que, segons calculen fonts de tota solvència consultades per elDiario.es, ha abonat l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), que gestiona els residus de l'àrea metropolitana de València, a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) de la planta de Los Hornillos, a Quart de Poblet. L'Emtre, tal com ha informat aquest diari, va acordar recentment el repartiment del pagament de l'últim paquet d'indemnitzacions (4,9 milions d'euros), la meitat del qual serà assumida per l'Ajuntament de València, governat per María José Catalá. Es tracta de l'UTE de les presumptes mossegades, de fins a 2,4 milions d'euros, al cunyat de la finada alcaldessa Rita Barberà, investigades en el marc del cas Assut.

A més de les suposades comissions acreditades per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, la Intervenció General de l'Estat, en un informe incorporat al sumari de la causa, també va detectar presumptes irregularitats en la mateixa adjudicació de la planta a l'UTE Los Hornillos, formada inicialment per Sufi SA, Cyes i Corporació F. Turia SA, la concessió de la qual finalitza el 2030. Actualment, l'UTE està integrada per les empreses Valoriza Servicios Medioambientales SA i Corporación F. Turia SA.

L'Emtre ha assumit més o manco 22 milions d'euros en indemnitzacions com a conseqüència dels complexos litigis amb l'UTE de Quart de Poblet des de 2013, any en què va entrar en funcionament la planta de Manises. Si bé el contracte de Los Horrillos preveia el tractament de 400.000 tones mètriques anuals de residus, la nova planta de Manises va provocar una disminució de la quantitat d'escombraries que arribava a Quart de Poblet. Això va comportar que la UTE no poguera justificar el llindar pactat i, per tant, el compliment anual del contracte.

Lluny d'inclinar-se a pactar amb l'Emtre un reequilibri del contracte, l'UTE va optar per iniciar una batalla judicial, que ha guanyat sistemàticament.

Danys i perjudicis reconeguts pel TSJ-CV

La Sala del Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha reconegut, en cada exercici entre 2013 i 2022, el dret de l'UTE a percebre, en concepte de danys i perjudicis, una indemnització —a la qual se sumen els corresponents interessos legals— calculada aplicant el cànon d'explotació a la diferència entre les 400.000 tones mètriques anuals previstes i les tones efectivament tractades.

La factura per a l'Emtre s'ha disparat fins a quasi 22 milions d'euros, encara que, paradoxalment, ha comportat un tractament menor de residus a la planta dels Hornillos.

Amb la modificació del contracte de la planta de Manises, a partir del 2022, es va reajustar la quantitat de residus tractada als Hornillos per complir així el límit de les 400.000 tones mètriques anuals, posant fi a un cicle d'alta litigiositat que s'ha perllongat durant quasi una dècada.

Per una altra banda, l'UTE dels Hornillos també es va estalviar 7,4 milions d'euros en haver aconseguit capgirar la revisió de preus.

Indemnizaciones de casi 22 millones de euros. Es la cifra total que, según calculan fuentes de toda solvencia consultadas por elDiario.es, ha pagado la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), que gestiona la basura del área de València, en indemnizaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la planta de Los Hornillos, en Quart de Poblet. La Emtre, tal como ha informado este diario, acordó recientemente el reparto del pago de la última tanda de indemnizaciones (4,9 millones), la mitad asumida por el Ayuntamiento de València, que gobierna María José Catalá. Se trata de la UTE de las supuestas mordidas, de hasta 2,4 millones de euros, al cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, investigadas en el marco del 'caso Azud'.

Además de las supuestas comisiones acreditadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Intervención General del Estado, en un informe incorporado al sumario de la causa, también detectó presuntas irregularidades en la propia adjudicación de la planta a la UTE Los Hornillos, formada inicialmente por Sufi SA, Cyes y Corporación F. Turia SA, cuya concesión finaliza en 2030. Actualmente, forman la UTE las empresas Valoriza Servicios Medioambientales SA y Corporación F. Turia SA.

La Emtre ha asumido los casi 22 millones en indemnizaciones, a consecuencia de los complejos litigios con la UTE de Quart de Poblet, desde 2013, ejercicio en el que abrió la planta de Manises. Si bien el contrato de Los Hornillos preveía el tratamiento de 400.000 toneladas métricas anuales de residuos, la nueva planta de Manises provocó una disminución de la cantidad de basura que llegaba a Quart de Poblet. Con lo cual, la UTE no podía justificar el umbral pactado y, por tanto, el cumplimiento anual del contrato.

Lejos de inclinarse por pactar con la Emtre un reequilibrio del contrato, la UTE optó por iniciar una batalla judicial, que ha ganado sistemáticamente.

Daños y perjuicios reconocidos por el TSJ-CV

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha reconocido cada ejercicio (entre 2013 y 2022) el derecho de la UTE a percibir en concepto de daños y perjuicios, al que se suman los correspondientes intereses legales, una indemnización (calculada al aplicar el canon de explotación a la diferencia de toneladas de residuos existentes entre 400.000 toneladas métricas por año y las toneladas efectivamente tratadas).

La factura para la Emtre se ha disparado a casi 22 millones de euros, aunque paradójicamente ha supuesto un tratamiento menor de residuos en la planta de Los Hornillos.

Con la modificación del contrato de la planta de Manises, a partir de 2022, se reajustó la cantidad de residuos tratada en Los Hornillos para cumplir así el umbral de las 400.000 toneladas métricas anuales, poniendo fin a un ciclo de alta litigiosidad que se ha prolongado durante casi una década.

Por otro lado, la UTE de Los Hornillos también se ahorró 7,4 millones de euros al haber conseguido tumbar la revisión de precios.

El rechazo vecinal desde las cinco provincias de Castilla-La Mancha y las numerosas protestas han dado sus frutos. Las plataformas contra el biometano de la comunidad autónoma han conseguido, tras varias solicitudes, mantener un encuentro con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y su equipo. Han conocido de primera mano el decreto que el Ejecutivo de Page prepara para restringir su implantación y que también supone una moratoria de un año en la que los expedientes en curso quedarán en suspenso para que puedan adaptarse a la nueva norma.

Lo más destacado: los colectivos reunidos con el Gobierno regional dan por “enterrado” el Plan de Biometano que la Administración autonómica llevaba dos años preparando con horizonte 2030. Según afirman, la propia consejera afirmó en el encuentro que ese proyecto “ya es pasado”.

No es la primera vez que el Ejecutivo regional plantea una moratoria para proyectos industriales que tienen que ver, directa o indirectamente, con los residuos. En 2022 se frenó la implantación de las macrogranjas porcinas - una de las fuentes de suministro para producir biometano- durante dos años, aunque en enero de 2025 los permisos volvieron a reactivarse.

A esta reunión acudieron los colectivos vecinales que representan a la asociación Stop Ganadería Industrial y a las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava y La Villa de Don Fadrique, agrupados en 'Stop Biometano Castilla-La Mancha', además de Pueblos Vivos Cuenca.  

Por parte del Gobierno, además de la consejera, estuvieron presentes los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, respectivamente; y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.

Un Plan destinado a desaperecer

No es de extrañar que el Plan regional de Biometano se considere ya “enterrado”. El nuevo decreto de restricciones al biometano que prepara el Gobierno, que procede del mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha y que adelantó elDiarioclm.es, era incompatible con una planificación que venía a promover el uso de esta renovable en la región.

Desde su conocimiento público, recibió más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares. Nunca se llegó a poner en marcha y ni la consejera ni los miembros del Gobierno lo mencionaban en sus últimas referencias a las plantas de biometano.

El motivo: las manifestaciones contra el biometano han arreciado en los últimos seis meses. Pueblos y ciudades que no quieren albergar instalaciones de gestión de residuos agroganaderos, debido a su impacto ambiental, a posible contaminación de las aguas y a los malos olores.

Y pese a que el Ejecutivo había rechazado todas las aportaciones recibidas para frenar ese Plan de Biometano, básicamente para no “interferir” en las decisiones de las empresas promotoras, ahora ha decido dar marcha atrás y reconocer el poder de decisión de los ayuntamientos sobre si quieren o no estas plantas en sus términos municipales. Varios alcaldes han dejado claro en los últimos meses su negativa a tramitar este tipo de proyectos.

Según miembros de las plataformas presentes en la reunión, el Plan regional de Biometano “es pasado y ya no se va a hablar de él”. El Gobierno no lo ha dicho como tal en la comunicación pública que hizo del encuentro, pero los colectivos que acudieron coinciden en que así será.

Como avanzó este periódico, la consejera les explicó que el nuevo decreto dará “poder absoluto de decisión” a los ayuntamientos sobre la decisión de aceptar la instalación de este tipo de plantas. “Su negativa supondría el archivo inmediato”.

También incorporará una limitación de la distancia de procedencia de los sustratos a 35 kilómetros; la obligación de incluir las instalaciones de tratamiento de las fases del digestato (el principal residuo que producen las plantas, generalmente comercializado como fertilizante); el cubrimiento de balsas de este último; el establecimiento de sistemas de monitorización y control de olores; y una fijación de distancia mínima de dos kilómetros, sin excepciones, a las poblaciones.

Pero los colectivos vecinales mantienen sus reservas. Detallan que a pesar de la paralización anunciada por la consejera, se ha iniciado la tramitación de dos macroplantas de biometano en Villarrobledo, otra en Los Yébenes, se ha aprobado en Gálvez y Talavera de la Reina, y se está elaborando la resolución de la macroplanta de Consuegra, según se puede consultar en la web de la Junta de expedientes bajo evaluación ambiental.

La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales

Además, según las organizaciones presentes, es “contradictorio” que mientras se tramita un decreto más restrictivo con el biometano también se prepara una ley de inversiones estratégicas donde se impulsan las plantas de biometano.

Afirman que la consejera expresó que es necesaria la reducción de los residuos orgánicos, pero que “no tiene intención” de limitar el crecimiento de la ganadería industrial. Eso “a pesar de que sus propias cifras hablan de que este sector es el generador del 70% de los residuos orgánicos totales”.

“La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales, como la que acreditó la contaminación del agua de Torrejoncillo del Rey”, argumentan.

Por eso rechazan que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantee la existencia de otro modelo posible de plantas de biometano “más orientadas a su uso en el lugar de producción de residuos”, como autoconsumo, y “sigue apostando por macroplantas conectadas a la red de gas”.

Los colectivos asistentes a la reunión consideran que el nuevo decreto “contiene avances respecto al extinto Plan de Biometano”, aunque todavía es “manifiestamente mejorable”. Durante el encuentro, ambas partes manifestaron su compromiso de mantener el diálogo sobre el biometano que las organizaciones esperan que “no quede en papel mojado”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión, se ha limitado a celebrar el “dialogo abierto” con estos colectivos, a los que invitó a “alegar las consideraciones que crean oportunas” cuando esta nueva normativa salga a participación pública“.

El periodo de consulta pública se abrió el pasado 22 de junio y se cierre el próximo 3 de julio. A continuación, le seguirá la fase de información pública, “en la que tanto las plataformas, como los promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y público en general, van a disponer de 45 días naturales para presentar sus aportaciones”.

“Este decreto será normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”

“Este decreto va a recoger la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha con la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”, la consejera. Esto incluye medidas como las ya mencionadas y también que el 80 por ciento de los residuos que traten las plantas de biometano procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros.

En definitiva, destaca que se trata de una serie de normas regulatorias que van a “garantizar” mediante medidas de obligado cumplimiento “cero olores y tratamiento hermético de los residuos”

Finalmente, ha confirmado la obligatoriedad que todos los proyectos se tengan que adaptar al cien por cien a la normativa recogida en el Decreto, para lo que contarán con un plazo de entre 12 y 14 meses para acometer las transformaciones que pudieran ser necesarias.

Posteriormente, algunos de los colectivos presentes han informado de que también detallaron a la consejera que un grupo especializado de técnicos y profesionales de máximo nivel está elaborando un “informe exhaustivo” sobre el tratamiento de los residuos en Castilla-La Mancha “sin necesidad de recurrir a macroplantas de biometano”.

Concretamente, afirman, estos expertos van a incidir en el impacto acumulado de los residuos procedentes de macrogranjas y ganadería industrial.

Las 46 plataformas piden la “paralización total”

En definitiva, afirman que las las 46 plataformas ciudadanas de los 46 pueblos de Castilla-La Mancha que se han movilizado reiteran su exigencia de “paralización total” de todas las macroplantas de biometano y de las macrogranjas de ganadería industrial.

“Reivindicamos al Gobierno regional que escuche a sus pueblos, actúe con rigor y cambie de rumbo hacia un modelo verdaderamente sostenible, coherente y respetuoso con el territorio. Castilla-La Mancha necesita una política de residuos que reduzca el problema en origen y no un modelo que pueda terminar justificando su crecimiento”, concluyen.

Ni las plataformas ni el Gobierno castellanomanchego han hablado de los plazos para la aprobación del nuevo decreto de restricciones, cuya entrada en vigor marcaría a su vez el inicio de la moratoria para los expedientes en curso, al igual que sucedió con las macrogranjas.

Ecologistas en Acción, a través de una nota difundida este viernes, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) la decisión de la administración autonómica de ampliar la capacidad del Centro de Tratamiento de Residuos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

La organización naturalista considera que la modificación de la autorización ambiental del vertedero por parte de la Junta de Castilla y León, contraviene la normativa que considera preceptivo un informe urbanístico favorable por parte del municipio afectado, en este caso el Ayuntamiento de Santovenia, que ha sido negativo.

Ecologistas en Acción recuerda que el consistorio ya emitió en junio de 2024 un informe urbanístico desfavorable (“La ampliación proyectada y al modificación sustancial derivada no son autorizables”), con arreglo al artículo 145 del PGOU que prohíbe expresamente la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos.

Esta planta comenzó a funcionar en junio de 1993, y en la actualidad almacena más de un millón de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en una superficie de un millón de metros cúbicos que la empresa propietaria, Cetransa, quiere ampliar en 125.000 más.

Esta ampliación, según Ecologistas en Acción, no está amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014, tampoco por la autorización ambiental vigente de la planta y, por tanto, tampoco por la declaración de Proyecto Regional que la Junta de Castilla y León firmó en 2015.

Por todo ello, la organización naturalista ha pedido a los dos nuevos consejeros con competencias en la materia: Joaquín Antonio Pino (Política Ambiental) y María González (Medio Ambiente y Energía) que no firmen la orden que autoriza la ampliación solicitada.

En caso contrario, han anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para solicitar la suspensión cautelar, y en su caso, exigir responsabilidades penales “por obviar el informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga”, lo que a su juicio constituiría en un presunto delito de prevaricación. 

Ya dispone de autorización ambiental definitiva el proyecto para construir la planta de biometano que se ubicará en el término municipal de Gálvez, en la comarca de los Montes de Toledo. La instalación está diseñada para procesar anualmente casi 200.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y subproductos animales.

Esta instalación fue declarada como “prioritaria” por el Gobierno de Castilla-La Mancha y obtuvo la declaración de impacto ambiental positiva hace más de un año, pero en los últimos meses se introdujeron una serie de cambios que requieron una autorización ambiental integrada (AAI) definitiva para poder operar. Esta es la luz verde de la que ya dispone.

La empresa promotora de esta planta es Nortiben Green Energy y su objetivo es convertir los residuos agroganaderos en biometano para su inyección en la red gasista, además de la producción de fertilizantes certificados a partir del material digerido, el denominado y polémico digestato. En esta misma comarca de los Montes de Toledo, se encuentra ya operando otra planta similar, en la localidad de Noez, cuya promotora es Biomethane Initiatives.

El 15 de mayo de 2025, hace más de un año, el Gobierno regional solicitó a promotora de la futura planta de Gálvez que subsanara algunos aspectos de informe de impacto ambiental para adaptarlo a los nuevos criterios adoptados en el Plan regional de Biometanización de la comunidad autónoma.

La resolución explica que, con ello, el proyecto requería dos procesos paralelos: la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la AAI aprobada hoy. La primera, que es el visto bueno técnico sobre la viabilidad ambiental se publicó el 6 de mayo de 2025. Y una vez obtenido, ahora el Ejecutivo le otorga la autorización definitiva. 

Los condicionantes ambientales

Con ello, en principio culmina todo el proceso administrativo, tras haber adaptado el proyecto a las nuevas normativas regionales y haber “superado las fases de información pública y evaluación de impacto”. Esta nueva resolución es el documento legal que permite finalmente la construcción y explotación de la planta, aunque bajo condiciones ambientales estrictas.

Se da la circunstancia de que la luz verde que la Dirección General de Calidad Ambiental da a esta futura instalación en Gálvez se produce mientras el Gobierno regional prepara un nuevo decreto con restricciones para las nuevas instalaciones de este tipo, tras el fuerte rechazo social y de algunos ayuntamientos. En principio, se trata de una moratoria a la que tendrían que acogerse también los expedientes en curso, pero aún no hay fecha prevista para su aprobación.

Por el momento, en el caso de esta futura planta, la autorización ambiental, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece protocolos de vigilancia ambiental, límites estrictos de emisiones a la atmósfera y medidas para la protección del suelo.

Entre ellos se encuentra el control de la contaminación atmosférica y de los olores, con límites de emisión para las calderas y para el proceso de proceso de upgrading (amoniaco y metano).

Asimismo, para evitar olores, una de las mayores críticas que reciben este tipo de instalaciones y que más rechazo social ha causado, la planta debe funcionar bajo un modelo de “instalación cerrada”. Esto incluye naves en depresión mecánica, filtros de carbón activo y el transporte de residuos en vehículos cerrados. También se deben realizar inspecciones periódicas por organismos de control acreditados

Para la protección del suelo y del agua, la planta no podrá realizar vertidos de aguas industriales o lixiviados al cauce público; y estas aguas deben ser recirculadas al proceso de digestión. Debe mantener igualmente redes independientes para aguas de proceso, pluviales limpias (tejados), pluviales de contacto (viales) y aguas sanitarias.

A este respecto, todas las superficies de almacenamiento y proceso deben estar hormigonadas o asfaltadas y contar con sistemas de recogida de lixiviados. A ello se suma la obligación de mantener una red de seis piezómetros para monitorizar constantemente la calidad de las aguas subterráneas y detectar posibles fugas.

En cuanto la gestión del digestato (el principal residuo saliente de estas plantas), la autorización publicada hoy obliga a registrarlo como producto fertilizante con certificado de la Unión Europea o estatal para dejar de ser considerado residuo.

Ruidos y protección de fauna

En lo referido a los ruidos y el mantenimiento, establece que no se pueden superar los 70 deciblios (dB) durante el día y la tarde, y los 60 dB durante la noche en los límites de la parcela. Obliga a la promotora a instalar una “pantalla vegetal”, una barrera de plantas autóctonas de al menos cinco metros de ancho alrededor del perímetro, para insonorización.

Finalmente, la resolución para la planta de biometano de Nortiben en Gálvez contempla diversas medidas de protección de la fauna. Menciona así el caso del águila imperial, presente en la zona y en peligro de extinción: se contempla la cancelación de los trabajos de obra civil durante su periodo de nidificación del águila imperial, que abarca los meses de febrero a mayo. También se soterrará la línea de alta tensión (de 20 kV) que contempla en su estudio, para evitar colisiones o electrocuciones de la avifauna del entorno.

Y en general, para evitar accidentes con la fauna silvestre o doméstica, la planta debe contar con vallado perimetral en sus balsas de digerido líquido, con sistemas de rescate en caso de caídas accidentales, y también la mencionada “pantalla vegetal” para favorecer la integración y reducir el impacto visual y acústico sobre el hábitat circundante.

Desde que en 2015 comenzó a operar el vertedero de El Provencio, en la provincia de Cuenca, “siempre ha cumplido la normativa vigente” y no ha provocado “ningún problema”. Tampoco su reciente ampliación supone ninguna “afección ambiental añadida”, por lo que no ha sido necesario que la Administración autonómica realizara una nueva evaluación.

Así lo han precisado a este periódico fuentes de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional, con motivo de la reciente reunión de vecinos y vecinas de la localidad, convocados por Ecologistas en Acción, en la que mostraron su “creciente preocupación” por la ampliación de estas instalaciones.

El departamento explica que el grado de cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con la que cuenta este basurero ha sido “alto” y que las inspecciones se han llevado a cabo de manera periódica desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.  

En estos 11 años, añade, “no ha dado ningún problema” y en las inspecciones que se han ido realizando, el grado de cumplimiento de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) ha sido alto.

“No es contaminante” porque las celdas están “impermeabilizadas”

“Se trata de un vertedero que cumple con la normativa en este tipo de residuos (amianto) y no es contaminante: no obstante, y para añadir más seguridad, las celdas están impermeabilizadas”, señalan las citadas fuentes, que recuerdan que es la única instalación de Castilla-La Mancha que puede acoger restos residuos.

Aunque el amianto es considerado residuo peligroso cuando se manipula y para quien lo manipula, una ver “inertizado” (volver inerte un residuo) ya no es considerado como tal. Por eso, en la Dirección General ponen el acento en el hecho de que precisamente esa es la labor que realizan en la instalación: hacer que el amianto no tenga ningún tipo de reacción química.

En cuanto a la ampliación de sus instalaciones en cuatro celdas más, que denuncia Ecologistas en Acción, la Dirección General de Calidad Ambiental afirma que “no va a tener una afección medioambiental añadida” a la que ya existe, y está “dentro de la normativa permitida”. Es el motivo por el que no ha sido necesario un nuevo expediente de evaluación como demanda el colectivo.

Por último, sobre la posible contaminación del acuífero, el departamento precisa que las celdas están “altamente impermeabilizadas” para evitar cualquier tipo de estas afecciones. “Sí hubiese algo a nivel de acuífero, la competente es la Confederación Hidrográfica, y hasta el momento no tenemos constancia de que haya problemas”.

Medio centenar de vecinos de El Provencio y Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca, se han reunido convocados por Ecologistas en Acción para mostrar su “preocupación” por la ampliación de la capacidad del basurero de residuos peligrosos ubicado en la primera localidad.

Este vertedero está ubicado sobre el Acuífero de la Mancha Occidental y a escasos 200 metros de la Tubería Manchega que abastece de agua potable a numerosas poblaciones. Propiedad de la empresa Gestión de Residuos El Provencio SL, es el único almacén de residuos peligrosos en activo de toda Castilla-La Mancha.

Carlos Villeta, representante de la organización ecologista, informó a los vecinos y vecinas de que, desde que esta instalación se abrió hace más de diez años, ha pasado de gestionar dos a 41 tipos de residuos peligrosos, y de tener cinco a nueve celdas de vertido, sin que la Junta de Castilla-La Mancha, afirma, haya sometido esta ampliación a una nueva evaluación ambiental por considerarse cambios “no sustanciales”.

“A pesar de que la instalación para la gestión y vertido de residuos industriales peligrosos lleva operando más de 11 años, la mayoría de los vecinos desconocía sus características y funcionamiento”, explica Villeta.

Una superficie de 12 hectáreas

Según precisa, con una superficie cercana a las 12 hectáreas, el vertedero puede admitir hasta 18.650 toneladas al año de residuos peligrosos (en torno a 1.200 camiones), de los que puede verter en sus celdas hasta 11.050 toneladas.

Asimismo, explica que en una visita al vertedero el 13 de junio, se pudo identificar desde el exterior, grandes volúmenes de residuos con amianto, así como postes y traviesas de ferrocarril tratados con creosota que estaban siendo astillados. “También se reciben (entre otros residuos peligrosos) lodos y tierra contaminada con hidrocarburos pero no se pudieron identificar”, añade.

En el acto informativo, alertó de que, España en general y Castilla-La Mancha en particular, con una “fiscalidad mínima”, está impulsando “la importación de residuos de otras zonas y países, promoviendo un peligroso negocio”.

Petición a la Consejería de Desarrollo Sostenible

También intervino en el acto público Ariosto de Haro, Geólogo, experto en control calidad de recubrimientos de vertederos, alertando sobre el riesgo de avenidas, desbordamientos y contaminación de acuífero.

Ecologistas en Acción ya ha dado los primeros pasos en el conocimiento pormenorizado del vertedero de El Provencio y ha solicitado por escrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible información ambiental de sus actividades en los dos últimos años.

Según Villeta, el grupo de asistentes acordó constituirse en Plataforma y conformar un grupo de trabajo. También se animó a los vecinos y vecinas a “trabajar unidos para luchar contra un proyecto que hipoteca el futuro su tierra, evitando conflictos de siglas y electoralistas”.

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con la empresa gestora del basurero como con la Consejería de Desarrollo Sostenible para recoger su valoración sobre esta denuncia y sobre la petición del colectivo ecologista, sin que por el momento haya habido respuesta.

Las organizaciones agrarias Asaja y Cooperativas Agroalimentarias, el Gobierno de Castilla-La Mancha y empresas como Aevae (Asociación Española para la Valorización de Envases) han mostrado este jueves su disposición a ir de la mano para llevar a cabo una correcta gestión de los residuos en el sector primario.

Así lo han puesto de manifiesto la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; el secretario regional de Asaja, Florencio Rodríguez; el responsable regional de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria de Cooperativas Agroalimentarias, Jacinto Tello; y el director general de Aevae, José Vicente Ronda, durante el encuentro informativo organizado por Europa Press 'Cosechando sostenibilidad' celebrado en la sede de Fedeto.

En este sentido, el director general de Aevae ha indicado que para la empresa es “importante” que su mensaje llegue al sector primario porque para el sistema es “muy importante” que el agricultor sepa que hay alguien que ha pagado por la correcta gestión de los residuos, que es el fabricante del producto envasado, y que Aevae pone a su disposición una red de puntos para que se recoja correctamente.

“Si este mensaje no llega al agricultor, para nosotros es muy complicado poder alcanzar las tasas de recogida separada por materiales que nos va a obligar la normativa actual de envases”, ha manifestado.

Informar de las obligaciones

De su lado, la directora general de Economía Circular y Agenda 2030 ha destacado que el Gobierno regional no solo tiene la obligación de informar al ciudadano de todas sus obligaciones sino también, en este caso, de informar de las obligaciones que existen en materia de gestión de residuos a todo el sector primario.

“Hay muchos envases derivados de su actividad diaria, su actividad profesional y es de obligado cumplimiento, tanto por la normativa europea como la nacional y la autonómica, que esos envases se gestionen de la mejor manera posible”, ha subrayado.

La directora general ha indicado que Castilla-La Mancha tiene que cumplir objetivos a nivel autonómico y estatal “muy ambiciosos”. “Si no lo hacemos de la mano de todos, es decir, no solo desde el ciudadano sino también en este caso de los productores y del sector primario en general difícilmente llegaremos a cumplir ese objetivo”.

Además, ha señalado que la Administración regional no solo cumple con la obligación de ese control y vigilancia del cumplimiento de los objetivos y de esa mejor gestión, sino que también es su obligación hacer una mejor comunicación y educación ambiental, también para el sector primario con el fin de que sepan cómo deben de gestionar de una manera más eficiente y eficaz para todos estos envases“.

Con todo, partiendo del entendimiento y de que el agricultor y el ganadero no son gestores de residuos, ha apuntado que en Castilla-La Mancha hay “posibilidades” para llegar a cumplir la normativa que lleve a la gestión de residuos, destacando las diferentes herramientas que pone la Administración para ayudarles. “Sois vosotros, somos nosotros”, ha dicho.

Las herramientas adecuadas

El responsable regional de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria de Cooperativas Agroalimentarias ha dicho que a la organización que representa el control no le “preocupa” y ha abogado por cumplir la normativa, pero ha pedido que el sector primario tenga las herramientas adecuadas para poder hacerlo.

También ha querido destacar que si no fuera por las cooperativas, que facilitan el punto de recogida “fácil, sencillo y accesible” a los agricultores, éstos “tendrían un problema”; para añadir que también llevan colaborando con la Consejería de Desarrollo Sostenible “continuamente” desde hace años.

“La normativa es la que es, y tiene la complejidad que tiene, ahí no podemos luchar pero es importante poner herramientas y desde nuestra organización, a través de nuestros técnicos, y de las propias cooperativas es una herramienta fundamental para trasladar todo esto, además de toda la formación”, ha subrayado.

Sin rentabilidad no habrá sostenibilidad

El secretario regional de Asaja ha comenzado destacando la importancia de la sostenibilidad para el medioambiente pero ha afirmado que para el sector agrario sin rentabilidad y compensación “no va a haber la sostenibilidad que todos queremos” porque “esos residuos se pueden reciclar y pueden ser también un coste, pero también pueden ser una incorporación”.

A ello ha unido que si no hay la formación adecuada y esta llega a los agricultores de forma correcta, al sector le va “a costar mucho”. “Todavía, dentro de lo que es el esfuerzo que se ha hecho por parte de las Administraciones, queda mucho por desarrollar”, ha añadido.

No obstante, ha coincidido con Cooperativas Agroalimentaria en el compromiso adquirido por Asaja de que va a asesorar, informar y divulgar todo lo relativo a la normativa para reciclar los residuos con el fin de llegar a concienciar al sector agrario.

“La capacidad actual del vertedero está a punto de llenarse”. Esta frase es una de las justificaciones con las que se plantea el proyecto de ampliación del vertedero de Las Dehesas, el lugar al que Madrid arroja la mayor parte de su basura, ubicado en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Lo hará con dos nuevas zonas para acumular residuos no peligrosos, debido a que su volumen está cerca de colmatar las siete celdas diseñadas en el año 1997, cuando se puso en marcha este espacio. Los espacios propuestos por la concesionaria del Ayuntamiento de Madrid son unas nuevas celdas numeradas como 8 y 9, que estarán situadas al sur de las actuales instalaciones, en el entorno del Parque Regional del Sureste.

“El emplazamiento seleccionado es la última reserva disponible de suelo libre en el interior de la parcela que se encuentra en contacto con las celdas existentes”, apunta el proyecto, que ya tiene luz verde de la Comunidad de Madrid en su parte ambiental, documentación a la que ha tenido acceso este periódico y que acaba de salir a información pública.

La concesionaria de estas instalaciones municipales elige la ampliación del vertedero como la opción “más sostenible”, ya que de esta forma “se retrasa la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento, que implicaría impactos ambientales y económicos mayores”. Con los dos nuevos vertederos, la vida útil de esta parte de Valdemingómez aumentaría en 7,4 años, según los cálculos del informe.

Las dos nuevas celdas sumarán 127.120 metros cuadrados si se unen las superficies de la 8, más grande (78.920 metros cuadrados, contando los taludes exteriores y viales de acceso), y la 9 (48.200 metros cuadrados). Su capacidad máxima será de 2.495.547,14 metros cúbicos y 1.476.038,83, respectivamente.

En cuanto a la afección de estas nuevas instalaciones, el informe asegura que no existen riesgos significativos sobre la salud de las poblaciones del entorno, debido a su distancia con respecto a las zonas residenciales más próximas de Madrid, Getafe y Rivas (entre cuatro y ocho kilómetros) y la aplicación de algunas medidas preventivas. “La distancia que existe entre las futuras celdas y las zonas urbanas indican que sus efectos serán muy bajos o inexistentes”, declara la documentación consultada.

“A pesar de que la población residente en unos 6-8 kilómetros alrededor del proyecto es de 500.000 habitantes, las zonas más sensibles habitadas suman unas 9.000 personas en Perales del Río y unas 80.000 en Rivas Vaciamadrid. Los olores, principal afección de las instalaciones, afectarían a unas 5.000 personas en el entorno de influencia, situado entre cuatro y cinco kilómetros.

Un estudio específico sobre los niveles de olor en el entorno indican que la ampliación del vertedero incrementará en un 2% la extensión de las isodoras, cantidad que considera “poco significativa”. Aunque el mismo estudio admite que “el problema de los olores generados en el Complejo de Las Dehesas es un impacto sobre el que se está actuando de forma intensa desde hace años, sin haber conseguido todavía un control de las emisiones hasta niveles aceptables que eviten la afección a los núcleos urbanos del entorno”.

También pone el acento en “el efecto acumulativo”, a la vez que reclama “la necesidad de desarrollar actuaciones integrales no solamente sobre el conjunto de las instalaciones municipales (Parque de Valdemingómez y EDAR Sur), sino también en las instalaciones del DCR de Pinto, por lo que se requiere el desarrollo de un plan de actuación supramunicipal”.

Reforestación de al menos 68.000 metros cuadrados

El estudio ambiental viene acompañado de un informe de la División de Parques Regionales, que depende de la Consejería de Medio Ambiente y que alerta de los efectos que tendrá la construcción de las nuevas celdas de vertidos en el Hábitat de Interés Comunitario, compuesto por matorrales y pastizales que alojan diferentes especies animales del entorno del Parque Regional del Sureste.

El informe pide por ello “compensar, en la medida de lo posible, toda afección apreciable sobre los hábitats y taxones de interés comunitario albergados en el espacio, derivada de la ejecución del plan”. Como el cálculo de zonas de especial valor natural que desaparecerán bajo el vertedero es de 34.000 metros cuadrados, la reforestación deberá ser de 68.000, el doble de la superficie afectada, para compensar los daños a la biodiversidad.

Por último, la valoración de riesgos ambientales avisa de la presencia de arsénico en los terrenos por encima del nivel de referencia de la legislación autonómica. Pero la conclusión es que la presencia de componentes de carácter peligroso “comportan un riesgo aceptable para la salud humana para un uso industrial del suelo y para las vías de exposición consideradas”.

El Parque Tecnológico de Valdemingómez cuenta entre otras instalaciones con el vertedero de Las Dehesas y la estación de tratamiento de Las Lomas, en el límite municipal entre Madrid y Rivas. Desde su creación a finales de los setenta, la instalación lleva años rodeada de debate y episodios controvertidos a causa de su impacto ambiental, intensificados cuando a partir de 2006 los desarrollos urbanos de Valdecarros empezaron a atraer residentes que sufrían sus olores y molestias. Parte de los desarrollos del sureste, donde el Ayuntamiento apuesta por construir la gran bolsa de vivienda de la ciudad, se encuentran afectados por su área de influencia.

La historia se repite. Hace más de cinco años que el Gobierno de Castilla-La Mancha se vio obligado ha aprobar una moratoria que paralizó la construcción de macrogranjas en esta comunidad autónoma, entonces disparada y con amplio rechazo social. Las nuevas licencias se suspendieron durante dos años y posteriormente el Ejecutivo regional aprobó un nuevo decreto para regularlas. El propio presidente autonómico Emiliano García-Page lo anunció. Ahora, ha vuelto a suceder, pero con las polémicas plantas de biometano, muy ligadas precisamente a la ganadería intensiva, puesto que principalmente realizan la valorización y tratamiento de residuos agroganaderos.

En esta ocasión no ha sido Page quien lo ha anunciado. Y tampoco su gobierno habla de moratoria como tal, pero una resolución del Grupo Parlamentario Socialista aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha así lo establece.

Concretamente, esta propuesta, que los socialistas han aprobado en solitario tras abstenerse el PP y Vox, insta al Gobierno a aprobar un “marco regulador claro, restrictivo y garantista” que permita ordenar el desarrollo de las plantas de biometano desde el “respeto al territorio, la protección ambiental y la seguridad de los vecinos y vecinas”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ya ha confirmado que de esta resolución del Parlamento regional emanará un nuevo decreto, pero no avanza los plazos para su tramitación y aprobación. Lo más curioso es que el Gobierno regional mantiene un Plan de Biometanización que todavía no ha visto la luz pese a que, en su origen, se planteó para el periodo 2024-2030, y al que se ha sometido ya a dos procesos públicos de consultas.

También es significativo que, según adelantó este periódico, el Ejecutivo esté preparando una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas en las que ha incluido el biometano. Está en fase de consultas, pero la incorporación de esta energía renovable en el borrador exacerbó los ánimos de las plataformas contra el biogás, cuyas movilizaciones han arreciado en los últimos meses y que han criticado duramente que el Gobierno autonómico no solo no adoptara medidas para controlar su expansión, sino que además quisiera dar mayor agilidad a algunos proyectos mediante esa etiqueta de “estratégicos”.

La cuestión es que el Ejecutivo de Page ha decidido echar el freno. Y lo va a hacer entrando de lleno en muchas de las cuestiones más polémicas, aquellas en las que han puesto el foco las plataformas: la falta de control, de transparencia, y los problemas con el transporte, los olores, los vertidos y la proliferación de expedientes.

En la resolución aprobada, se establece que el nuevo decreto debe respetar el “poder de decisión” de los ayuntamientos. La nueva normativa obligará a que únicamente con el visto bueno de los plenos municipales se pueda elevar la tramitación de plantas de biometano al órgano ambiental autonómico, “garantizando así cercanía y transparencia en las tomas de decisiones respecto a los vecinos de un municipio”.

Esta circunstancia puede afectar a muchos de los proyectos actualmente en trámite. Algunos han recibido el visto bueno de los ayuntamientos, pero en otros casos, han sido precisamente sus alcaldes y alcaldesas las que han frenado la implantación de proyectos. El más significativo ha sido el caso de la ciudad de Albacete, donde hace dos años el pleno aprobó una ordenanza municipal para impedir su implantación en la ciudad.

El Gobierno castellanomanchego también va a establecer restricciones a las aportaciones de materia prima de fuera del municipio y su entorno. Concretamente, el tamaño de una instalación deberá estar vinculada directamente a la capacidad de generar materias primas para las plantas de biogás en el propio municipio y en su comarca.

Distancias, balsas, olores y transporte

La futura norma obligará a que, al menos el 80% de la materia prima que se use en una planta se obtenga en el municipio en el que se instale y, como mucho, en un radio de 35 kilómetros de distancia. Con ello busca evitar instalaciones “alimentadas de residuos de lugares lejanos” a la ubicación, “vinculando la autorización de los proyectos al cálculo de la huella de carbono”.

Otra cuestión polémica. El futuro decreto prohibirá las balsas abiertas para garantizar que no haya olores ni contaminación del aire ni de los acuíferos. Todos los proyectos deberán tener “balsas herméticas y cerradas” que impidan las filtraciones de la materia prima.

Precisamente, sobre los olores, la nueva normativa obligará a las empresas a instalar medidores de calidad de aire y de control que puedan ser consultados, a través de internet, por el público en general. También tendrán que “modelizar” las “emisiones fugitivas” no solo en chimeneas o antorchas sino también en “fugas de válvulas, sellos de digestores y superficies de las balsas con programas de detección de fugas”.

En cuanto al transporte de los residuos agroganaderos con los que principalmente se alimentan estas instalaciones, tendrá que ser “hermético y en cubas cerradas”. Se prohibirá asimismo que vehículos con esa carga atraviesen los núcleos urbanos: los proyectos deberán diseñar “rutas alternativas y directas” desde las carreteras principales a las plantas de biogás o biometano.

La polémica cuestión del digestato (el principal residuo que genera la producción de biometano, generalmente comercializado como fertilizante) también ha hecho reaccionar al Gobierno de Page. El nuevo decreto obligará a contar obligatoriamente con un programa de tratamiento de digestatos y otro de tratamiento y aprovechamiento de agua para su reutilización para regadío en línea con los principios de la Agenda 2030 y de la economía circular.

Pero lo más relevante es que este producto solo se considerará un fertilizante “agronómicamente válido” cuando su tratamiento garantice su “estabilidad, seguridad sanitaria y eficacia nutritiva”, previa analítica en consonancia con las directivas de la UE.

Con carácter más general, el objetivo es aumentar los sistemas de control, bien a través del cuerpo de inspectores, bien de “entidades colaboradoras” de la Administración. El objetivo, según indica la resolución, es asegurar el principio de “quien contamina paga” como “elemento disuasorio” ante posibles incumplimientos de normativa.

Otra de las polémicas generadas por la proliferación de plantas de biometano ha sido su cercanía a los núcleos urbanos. La misma controversia que hay con las macrogranjas. El nuevo decreto ampliará las distancias en las que una planta de biogás o biometano se puede construir: a un mínimo de dos kilómetros desde el fin del núcleo urbano de un municipio.

Se derogarán las excepciones anteriores en materia de distancias

Con ello quedará derogadas las excepciones que permitían reducir las mismas a un kilómetro o 1,5 kilómetros de distancia, “garantizando previamente con un estudio de dispersión de olores para determinar la extensión del impacto por olor que pudiera generar la planta y garantizar que los 2.000 metros es distancia suficiente para garantizar la calidad de vida de los habitantes de las localidades cercanas”.

Y tras estas medidas, es cuando el texto aprobado establece de manera implícita una moratoria. Porque incorpora “la obligación de adaptación de todos los proyectos a la normativa y, mientras tanto, suspensión de la tramitación”.

“La nueva normativa debe obligar a todos los proyectos que estén al inicio de su tramitación a la adaptación íntegra de los mismos a las restricciones, garantías y exigencias de la nueva normativa en un tiempo máximo de entre 12 y 24 meses”, precisa.

Durante este tiempo y hasta que no se adapten, “no se debe continuar con la tramitación administrativa”. En definitiva, el decreto establece que la no adaptación del proyecto a las exigencias derivará en el “archivo del expediente y a la exclusión del proyecto de continuar con la tramitación”.

Finalmente, la normativa tendrá como objetivo último “garantizar el principio de economía circular”, reducción de la huella de carbono, así como contribuir “con alternativas agronómicamente válidas a la reducción del uso de nitratos y fertilizantes químicos en el suelo y subsuelo”.

Durante la tramitación en las Cortes regionales de la resolución que dará lugar a este nuevo decreto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzó que el Gobierno de Page será el “más estricto y garantista” de España, y que se “limitarán” las instalaciones o los proyectos empresariales que “hoy están encima de la mesa”.

“Tenemos que ordenar el despliegue de estas instalaciones y de tenemos que recoger las mejores técnicas disponibles y seguir realizando el ejercicio de transparencia y de participación que siempre hemos hecho”, afirmó. Añadió que con ello además se va a dar a los agricultores y ganaderos una oportunidad de someter sus residuos y sus subproductos a una “valorización energética”, al tiempo que también se ofrecen “soluciones” al sector industrial.

Evitar que la región sea “un estercolero”

En paralelo, las plataformas regionales y locales contra estas plantas y Stop Ganadería Industrial mantienen la lupa puesta sobre los proyectos ya aprobados y los que actualmente están en trámite:

Básicamente, estos colectivos optan por un modelo energético “descentralizado”, usando el biogás para el autoconsumo y autoabastecimiento de núcleos pequeños de población. Al mismo tiempo, piden establecer limitaciones al modelo de plantas de biogás: distancia a núcleos de población, distancia del origen de los materiales usados, limitar el tamaño para evitar los daños ambientales y molestias a la población.

Debido a su correlación o a un posible “efecto llamada” para macrogranjas, han pedido un plan para la reducción paulatina del número de cabezas de ganadería industrial hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles. El objetivo: evitar que Castilla-La Mancha sea “una región estercolero”.

Los efectivos de emergencias han dado por extinguido el incendio declarado este miércoles en una nave perteneciente a una empresa de reciclaje en Marchamalo (Guadalajara). Concretamente, se produjo en las instalaciones de la empresa Regusa, con importantes daños materiales pero sin heridos.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), el fuego ha sido controlado e inmediatamente extinguido sobre las 7.26 horas de este viernes tras un operativo prolongado durante toda la jornada del jueves.

El fuego se había iniciado en palets ubicados en la campa de la empresa de reciclaje Regus, en torno a las 22.02 horas del pasado miércoles, según informaba el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Las labores de extinción han contado con la participación de bomberos de Azuqueca de Henares.

Despliegue de efectivos

Más tarde, para tratar de que no se propagara a naves colindantes, se desplazaron bomberos de Sacedón y Sigüenza, medios de la Diputación de Guadalajara y de la Comunidad de Madrid, con la participación de dos medios terrestres y siete efectivos. Además se desplegaron equipos de la Policía Local y Guardia Civil, una UVI en preventivo, y Policía Nacional.

Una vez extinguido, continúa abierta la investigación por parte de Policía Local y Guardia Civil para conocer las causas del fuego.

Para explicar su descubrimiento científico, Jorge Blanco, investigador de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, pide imaginar un océano libre de plásticos que empieza a recibir cientos de miles de polímeros introducidos por el ser humano. Primero, por tierra. A través, por ejemplo, de la basura en las playas. Luego, desde dentro del agua, mediante sustancias procedentes de la pesca, el transporte de mercancías o los cruceros turísticos. En ese escenario –el actual–, el plástico viaja, se hunde y tarda solo cinco años en alcanzar todas las montañas submarinas de la península ibérica, oasis de biodiversidad que, hasta hace poco se pensaban a salvo de esta contaminación.  

Los montes submarinos fueron en algún momento volcanes. Se formaron tras una actividad volcánica y se quedaron sumergidos bajo el océano. Aunque en su día eran vistos como una molestia para la navegación, la comunidad científica ha descubierto que son puntos de alta biodiversidad. Las empinadas laderas de las montañas submarinas transportan nutrientes desde las profundidades del fondo marino hacia la superficie iluminada por el sol, proporcionando a la vida marina alimentos muy nutritivos.

Se calcula que en aguas españolas hay alrededor de 150 montañas submarinas que superan los 100 metros de altura. Blanco, integrante de Oceana, la mayor organización internacional dedicada a la conservación de los océanos, explica que su lejanía de la costa y profundidad ha hecho que hasta hace muy poco fuesen unas completas desconocidas. Empezaron a estudiarse a fondo a principios de este siglo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha incorporado en los últimos años a estos ecosistemas a las Áreas Marinas Protegidas (AMPs). Por ejemplo, entre 2022 y 2025, el Gobierno sumó a esta protección a montes submarinos ubicados al norte de Lanzarote, en Mallorca y en Alicante. Ahora, gracias al trabajo de Blanco y su equipo, otros científicos de la Universidad de Cádiz y de Newcastle (Reino Unido), se sabe que estas montañas, incluso las más alejadas de las costas, están recibiendo un flujo incesante de plásticos.

“Nuestro análisis es el más completo que existe sobre la dispersión del plástico en aguas de España y Portugal, ya que modela plástico flotante y no flotante, procedente tanto de tierra como de actividades marinas. Por ello, es muy preocupante comprobar la rapidez con la que el plástico llega a las montañas submarinas, que son oasis de biodiversidad en el océano”, resume sobre la importancia de esta investigación.

Un nuevo modelo computacional

Blanco y sus colegas pudieron modelizar la contaminación plástica de las montañas submarinas gracias a un trabajo previo: la creación de un modelo computacional para predecir los recorridos de distintos tipos de plástico que se hunden en los océanos. El invento, patentado por Oceana, está permitiendo completar una radiografía parcial, que hasta ahora solo rastreaba el viaje de los plásticos flotantes.

La mayoría del plástico que llega a los océanos, explica el investigador, se termina hundiendo. Sin embargo, por limitaciones tecnológicas, se tiene poca constancia de dónde se quedaba. “Las islas de plásticos que tanto conmocionan, como las del Pacífico, imágenes que dan la vuelta al mundo, representan un porcentaje mínimo de la contaminación plástica en los océanos. Para la mayoría de la gente el gran problema es el plástico flotante porque es lo que vemos, pero en realidad la mayor parte del plástico está en los fondos. Y hasta ahora el rastreo que podíamos hacer vía modelos computacionales era de los que estaban flotando”, revela.

Con esta nueva herramienta, Blanco hizo una primera prueba en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo para determinar el recorrido de los plásticos más comunes: tereftalato de polietileno (PET), polietileno de baja densidad (PEBD), nylon y materiales empleados en botellas, bolsas, envases y redes de pesca.

“Más allá de la cantidad, que es mucha, como ya se sabía, lo que más nos ha sorprendido son las zonas de concentración y cómo los plásticos llegan a áreas de alta importancia biológica. Las montañas submarinas actúan como reservorios de biología. Hay muchísimas especies endémicas de montañas submarinas que al final están interactuando con todo este plástico que estamos lanzando a los mares”, resalta. Ahora, Blanco y su equipo están trabajando en un sistema que permita rastrear todos los plásticos flotantes del mundo.

La lupa en 77 montañas submarinas de la península ibérica

En esta primera simulación, analizaron 77 montañas submarinas en torno a España y Portugal. Descubrieron que, partiendo de unas condiciones libres de plástico, los polímeros de origen terrestre, que llegan al mar desde las costas, alcanzan en menos de cinco años las bases de 43 de estas cumbres, como el banco de Galicia y el Banco de Gorringe, situados a 200 y 300 kilómetros de la costa.

Al simular únicamente los plásticos de origen terrestre, las otras cimas parecían estar libres de plásticos, tal como señalaban anteriores estudios. Sin embargo, cuando se añaden los plásticos de origen marino, como el nylon de redes de pesca, el impacto es aún mayor: todas las montañas submarinas en aguas ibéricas presentan contaminación.

“Nuestro estudio muestra que las elevaciones marinas, al igual que cañones y escarpes, son áreas de gran biodiversidad al tiempo que trampas de plástico, por lo que numerosas especies resultan dañadas”, advierte Blanco. Y agrega: “Todavía no sabemos muy bien las consecuencias de que estas especies estén viviendo con plástico. Sí sabemos que muchas de las especies que interactúan con el plástico son especies comerciales que terminamos comiéndonos”.

La investigación también demuestra que las aguas ibéricas no son simples receptoras de basura marina de terceros países, sino que España y Portugal son parte tanto del problema como de la solución. El trabajo estima que los plásticos importados que llegan al fondo del mar son apenas el 1,13% del total.

“Estudios como este demuestran que la contaminación por plástico es capaz de alcanzar prácticamente cualquier parte de los océanos, haciendo por lo tanto necesaria una reducción en el consumo y una mejor gestión de los residuos”, concluye Blanco.

¿La mayor importancia de esta investigación? Poder ayudar a las administraciones en la toma de decisiones, responde Blanco. Explica que una vez que el plástico llega a los fondos es “muy difícil” de recuperar. “Es muy caro bajar un robot para recuperar plástico. Es inviable económicamente. Lo que se pretende con esta modelización de zonas de concentración es evitar que el plástico llegue al mar. Eso no es caro ni imposible. Pero necesitamos un golpe de timón”, sintetiza.

Era uno de los puntos más importantes del pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves, pero el propio gobierno local del PP ha decidido retirarlo sobre la marcha ante la perspectiva de que no iba a salir adelante, básicamente porque Vox (su aliado presupuestario) iba a votar en contra y ya contaba de antemano con el 'no' de PSOE y Podemos-IU. Hablamos del plan de ajuste económico que, por ley, debe acometer para los próximos dos años al incumplir la regla de gasto y de sostenibilidad presupuestaria por una razón sencilla: está gastando más de lo que ingresa.

El equipo del alcalde José Luis Sanz (PP) ha elaborado un documento que cifra en 25,1 millones de euros el incumplimiento del principio de estabilidad, lo que obliga a una financiación extraordinaria, mientras que el exceso de gasto (incumplimiento de la regla de gasto) se cifra en 85,6 millones de euros. Estas desviaciones, a juicio del PP, no son de naturaleza estructural, sino coyuntural, aunque se ha encontrado con un muro más allá de la previsible falta de apoyo político de otros grupos: la propia Intervención municipal lo considera inviable.

El delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno (PP), ha anunciado que retiraba del pleno el plan de ajuste en el momento en que tocaba abordarlo, y el argumento ha sido que se va a buscar “un mayor consenso político”. Pero a la falta de acuerdo hay que unir también el demoledor y preceptivo informe de la Intervención municipal, que llega a afirmar que el plan económico-financiero diseñado “presenta un perfil de riesgo significativo” al plantear ajustes que no ve viables.

Falta de “firmeza jurídica”

De hecho, apunta que el retorno a la senda de la regla del gasto está condicionado “a la obtención de ingresos futuros que carecen de firmeza jurídica, que están judicializados o que sufren deficiencias de gestión interna”. El informe (que rubrica el viceinterventor, Guillermo González) concluye que “la observancia del principio de prudencia financiera” aconseja “confiar el reequilibrio” a medidas complementarias de limitación del gasto corriente no obligatorio y de optimización del gasto a medio plazo. En definitiva, que presente “un escenario alternativo basado en la minoración de los costes de los servicios públicos”.

El plan insiste en que el problema no es estructural, y lo achaca básicamente a “la no aprobación de medidas normativas que ampliaban el límite de gasto” del Ayuntamiento. Uno de los pilares de la falta de ingresos es que no se ha aprobado una nueva ordenanza de basuras a la que obliga la ley, con la que esperaba recaudar 19,6 millones de euros. Desde el punto de vista político, esto no es ninguna sorpresa porque todos los grupos de la oposición (incluido Vox) ya le han tumbado al gobierno local varias veces la propuesta, lo que le obliga a sacar de sus cuentas un dinero que es obligatorio recaudar. Y la perspectiva es que las cosas no van a cambiar a corto plazo.

Otro bocado a las cuentas municipales –de casi 11 millones de euros– se lo ha dado el que tampoco se está cobrando la tasa por ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil, un tributo que se inicia después de un primer trámite que tienen que hacer las compañías afectadas. Y no sólo no lo han hecho, sino que se han ido a los tribunales para batallar contra esta nueva tasa.

A esto se une que el propio Ayuntamiento no ha tramitado a tiempo la justificación del servicio de ayuda a domicilio, para que la Junta le haga llegar los fondos correspondientes, y que no se cumplieron las previsiones (40 millones) de ingresos por enajenación de suelo municipal debido a “dificultades técnicas y administrativas”. El cuadro se completa con una inversión adicional de ocho millones para maquinaria de Lipasam, además de más gastos de los previstos de Urbanismo y del propio Ayuntamiento.

Da por hecho que se acabarán los problemas

En definitiva, que el gobierno local concluye que no está en peligro la situación económica-financiera del Consistorio, ya que atribuye esta desviación a problemas coyunturales. En este sentido, apunta de manera eufemística a “cuestiones con un condicionante político” (la no aprobación de la tasa de basuras) y a “dificultades puntuales en materia de ingresos”, como con lo que deben pagar las empresas de telefonía móvil.

Ninguno de estos dos problemas tiene visos de solucionarse a corto plazo, pese a lo cual en su plan de ajuste da por hecho que para 2026 se recaudarán 26 millones por la tasa de telefonía móvil, algo irreal porque la cuestión está judicializada. Cuenta también con actualizar las liquidaciones de ayuda a domicilio (un problema que viene arrastrando desde 2024), con recaudar 12 millones más por el IBI –ya que en 2025 “se produjo un excepcional volumen de devolución de ingresos”– y con enajenar suelo municipal por importe de 60 millones.

En cuanto a la nueva tasa de basuras, el gobierno municipal cambia de estrategia y opta por una modificación de la actual, una fórmula “más coherente” y que evita el principal reproche a la norma, que es una doble tributación por un mismo hecho. De hecho, se atreve a calcular que la nueva ordenanza entrará en vigor el próximo 1 de octubre, por lo que prevé recaudar 10 millones este año y 30 ya en 2027.

En definitiva, que el PP considera que su plan es “prudente” y “realista”, por lo que “no se estima necesario implementar medidas de reducción de gastos”. “No sólo eso”, subraya, sino que “se estima incluso posible abordar una reducción de carga fiscal”, en concreto un 1% menos en el IBI para 2027, año de elecciones municipales.

Los interventores no se lo creen

Con estos mimbres, la Intervención municipal ve problemas por todos lados. Con la tasa de basura, recuerda que todavía no está aprobada “y ello reduce la robustez” del plan de ajuste, porque además de que la solución está “sujeta a la coyuntura política del momento”, su implantación “está presentando no pocas dificultades en su aspecto jurídico”. Con la tasa de telefonía móvil, tres cuartos de lo mismo: está recurrida por las empresas, por lo que contar con su cobro “es meramente nominal”.

Y aunque el plan no ha llegado a debatirse, los grupos de la oposición han aprovechado otros momentos del pleno para lanzar algún que otro pildorazo. El portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha ironizado con que lo siguiente será que la búsqueda de soluciones financieras pase por “ponerle dos velitas a la Virgen”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha reclamado “un plan más serio y riguroso”, porque con el que ahora se frena “se encomiendan al milagro de los panes y los peces”, así que “medidas más rigurosas y no con la bolita de cristal”.

En Castilla-La Mancha existe un Plan de Biometanización planeado hasta 2030. Se diseñó hace dos años pero todavía no está aprobado, pese a que estaba previsto su arranque en 2024. Pero con este proyecto, el Gobierno de Emiliano García-Page ya dejó clara hace tiempo su apuesta por el biogás como energía renovable de gran potencial en la comunidad autónoma. Y aunque numerosos colectivos ciudadanos, ecologistas y sociales, e incluso algunos ayuntamientos, han ido engrosando el rechazo a la instalación de estas plantas en pueblos de la región por sus efectos medioambientales y su “efecto llamada” para macrogranjas, el Ejecutivo autonómico ha decidido redoblar su apuesta incluyendo esta fuente de energía, procedente del tratamiento de residuos agroganaderos, en una nueva ley, todavía en fase de anteproyecto.

Concretamente, ha sacado a información pública el borrador de una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas diseñada para fomentar el crecimiento económico de la región mediante la captación de inversiones.

El proyecto de ley propone un sistema de “tramitación preferente y acompañamiento administrativo” para aquellas iniciativas que generen empleo significativo y riqueza, especialmente en áreas rurales que sufren de despoblación.

Para ser considerados estratégicos, los proyectos deben cumplir con “umbrales mínimos de inversión” y contratación, los cuales se flexibilizan en zonas vulnerables para “promover la cohesión territorial”.

Lo curioso es que Castilla-La Mancha ya cuenta con una normativa similar: la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, que se aprobó en 2020, en plena pandemia de coronavirus, para impulsar igualmente la actividad socioeconómica en la región. Ya hay decenas de proyectos con esta catalogación en la comunidad autónoma.

El objetivo, actualizar la ley anterior de proyectos “prioritarios”

El Gobierno autonómico justifica ahora la nueva normativa en la necesidad de actualizar algunos de los parámetros que se establecieron hace cinco años, conforme a los índices de crecimiento y a las nuevas actividades económicas.

Y es en esos nuevos proyectos donde ubica el biometano. Incluye la generación de biogás, su principal derivada, dentro de las actividades económicas que pueden ser declaradas como “inversiones empresariales estratégicas” en Castilla-La Mancha. Específicamente, se refiere a las instalaciones de gestión de residuos para la generación de biometano.

Pero no lo plantea sin más. En el borrador se incorporan cinco “condiciones” concurrentes para que estas instalaciones reciban esa calificación. La primera de ellas es que la instalación debe localizarse en una zona declarada “vulnerable” a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Esto es así porque, según el propio Gobierno regional, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los principales problemas sanitarios y ambientales a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. El uso incorrecto de los fertilizantes utilizados en la agricultura y la gestión inadecuada de los estiércoles ganaderos, supone un exceso de nitrógeno en el medio, que limita sus potenciales usos, a la vez que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

Las plantas de biometano pueden ser, argumenta, una posibilidad de acabar con esos nitratos. De hecho, el Ejecutivo ya modificó hace dos años la mencionada Ley de Proyectos Prioritarios para incorporar este cambio.

La segunda condición que establece el actual anteproyecto de ley es que al menos la mitad de los residuos tratados en la planta deben ser purines, vinazas o alperujos. Precisamente, este es uno de los argumentos a los que se aferra el Gobierno regional para defender esta fuente de energía. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, preguntó recientemente a quienes rechazan el biometano cuál creen que debería ser la salida a estos residuos, ante la falta de alternativas.

Otro condicionante que impondrá la nueva normativa es que el tratamiento de la fracción sólida no podrá aplicarse directamente a los cultivos: tendrá que someterse a un proceso de reducción de nitrógeno para disminuir la cantidad de este elemento que sale de la planta y ser un “fertilizante registrado”.

Aquí cumple un papel fundamental el residuo procedente de las plantas de biometano que trae de cabeza a sus promotores: el digestato y su tratamiento. Por lo general, se comercializa como compostaje, pero su transporte y gestión tiene unos costes elevados y un fuerte impacto ambiental, según los ecologistas.

Y finalmente, la ley obligará a que las futuras plantas de biometano lleven asociado un “beneficio a la comunidad local” donde se ubiquen. Este es el principal argumento de las empresas promotoras que defienden el biometano. En un encuentro reciente en Toledo, muchas de ellas esgrimieron que estas plantas generan y fijan empleo en los pueblos, contribuyendo a frenar la despoblación.

“Tramitación urgente”, acompañamiento y subvenciones

Si cumplen estas condiciones, al ser considerada una inversión estratégica, estos proyectos de biometano podrían beneficiarse de una “tramitación urgente”, acompañamiento administrativo y medidas de incentivación en subvenciones o financiación.

En esta nueva normativa y para identificar esos proyectos “estratégicos”, la estructura administrativa incluirá una Comisión de Valoración especializada y unidades de apoyo provincial para “garantizar la seguridad jurídica y la eficacia” en el desarrollo de los mismos.

Aunque con esta nueva ley el Gobierno de Page deja claro su interés por el biometano, lo cierto es que, al mismo tiempo, el borrador sitúa el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la economía circular como “pilares centrales” para la calificación de inversiones estratégicas en Castilla-La Mancha.

Por ejemplo, en los propios principios rectores de la ley se encuentra potenciar la transición ecológica mediante la “atracción” de iniciativas “innovadoras y sostenibles”.

Al mismo tiempo, hay otro dato importante: la nueva norma establece que para que una inversión sea declarada estratégica, la promotora debe aportar un “bloque ambiental” y técnico detallado en su memoria justificativa. En ese documento, es obligatorio que la empresa justifique que el proyecto es compatible con el entorno, que es viable desde el punto de vista medioambiental, el tipo de tecnología que se utilizará y la evaluación del proyecto en términos de sostenibilidad.

Precisamente, en el anexo del anteproyecto donde se destallan las actividades económicas, y donde se incluye el biometano, se añaden igualmente actividades específicas que, por su naturaleza ambiental, son candidatas a ser estratégicas, especialmente las destinadas a evitar que los productos “terminen en un vertedero”.

Ese el caso de proyectos de aprovechamiento de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el agua, la conservación del suelo o la captura de carbono; de aquellos que utilicen productos forestales certificados (FSC o PEFC); que realicen la primera transformación de recursos forestales (biomasa, resinas, corcho); o que reutilicen reciclaje textil o químico.

Pero de igual forma también en este listado de ‘futuribles’ incorpora proyectos de extracción de materias primas fundamentales. Este es otro punto polémico en la comunidad autónoma: las tierras raras abundan en el Campo de Montiel pero el rechazo social y la inviabilidad ambiental han evitado hasta ahora su explotación. Y lo mismo ocurre en otras minas que sí cuentan con autorización o están planeadas en la región, como la de fosfatos en el entorno de Cabañeros o las de oro en la provincia de Guadalajara.

Page avanza que la nueva ley se aprobará en septiembre

El propio Emiliano García-Page ya ha vendido las bondades de esta nueva ley. Según ha adelantado, el Consejo de Gobierno la aprobará el próximo mes de septiembre para su posterior remisión a las Cortes regionales. Según ha comentado, la normativa va a “englobar, aumentar y sustituir” a otras leyes vigentes, en referencia implícita a la mencionada ley de 2020 sobre proyectos prioritarios.

Mientras tanto, las plataformas vecinales, sociales y ecologistas mantienen su cruzada contra el biometano y no aceptan los argumentos que esgrime la Consejería de Desarrollo Sostenible para su defensa. Bajo el paraguas de Stop Ganadería Industrial, muchas de ellas han decidido unirse y recientemente se manifestaron todas juntas, esta vez en Toledo, para dejar clara su postura: “Ni en tu pueblo, ni el mío”.

Madrid es una ciudad con una relación difícil con los contenedores de basura. La última gran crisis económica, que tuvo que gestionar Ana Botella desde la alcaldía, arrojó unos servicios de recogida precarios, insuficientes para la ciudad, que ocasionaron numerosas quejas. Como este tipo de adjudicaciones se otorgan por varias legislaturas (normalmente ocho años), Manuela Carmena acabó heredando estos mismos contratos y también las quejas, hasta que llegó Almeida.

En el año 2022, una vez cumplido el servicio anterior, el Ayuntamiento pudo adjudicar un nuevo contrato de recogida de residuos, esta vez con abundancia de recursos. Decidió gastar un 70% más y dotar de muchos más medios a la ciudad para retirar cada noche los contenedores de diferentes colores en los que los madrileños depositan sus residuos caseros. Iba a dedicar a esta partida 1.369 millones del presupuesto municipal (impuestos no incluidos) hasta el año 2028, la cifra más elevada en cualquier contrato municipal. Parece mucho, pero finalmente será más. Por un error de cálculo.

Con el objetivo de conseguir cada vez mejores cifras de reciclaje, el área de Medio Ambiente había previsto en el nuevo contrato ir reduciendo los días de recogida del contenedor dedicado a restos, el de la tapa naranja. La lógica era que si la basura se fraccionaba correctamente (envases al amarillo, papeles al azul, orgánicos al marrón, por ejemplo) habría muy poca basura que echar en este tipo de recipientes. Y empezó a experimentarlo en mayo de 2023.

En esa fecha, la recogida del contenedor naranja pasó de siete días a la semana a seis. No se retiraría ni los domingos ni los festivos. Pero algo falló en la comunicación, porque las comunidades de vecinos del distrito Centro y de otras zonas de Madrid donde se han de sacar los cubos de los portales siguieron llevando a la calle los contenedores naranjas todos los domingos. Pero nadie los recogía. Así que permanecían en la vía pública durante todo el día repletos de desperdicios, hasta que pasaba el camión del lunes.

El área de Medio Ambiente comunicó a las comunidades de vecinos que debían evitar sacar la tapa naranja los domingos y llegó a amenazar con multas a quien lo hiciera. El resultado -ahora conocemos los datos- es que ese día parte de los madrileños depositaban sus desperdicios al contenedor marrón, el de orgánicos, en lugar de esperar a la jornada siguiente.

El departamento dirigido por Borja Carabante decidió echar el freno en la reducción progresiva de días de recogida del contenedor naranja, como estaba previsto. Evitó rebajar a cuatro jornadas en agosto de 2024 y a dos jornadas al año siguiente, en agosto del 2025. Fruto de esta modificación se vio obligado a indemnizar a las empresas concesionarias, que veían cómo se modificaban sustancialmente las condiciones de sus contratos.

Al menos 108 millones más de gasto

El Ayuntamiento de Madrid ha ido aprobando este año varias de estas indemnizaciones a las concesionarias. La última es del pasado 14 de mayo y prevé abonar 18,5 millones de euros más a la concesionaria de la recogida en la zona sur, Urbaser. Antes había aprobado otros 19,5 millones para FCC por el lote norte y 11 millones para la UTE de Valoriza, Acciona y OHL por el lote este. Todas estas modificaciones se suman a otras otorgadas en 2024. En total suman 65,7 millones de euros, según datos recopilados por el PSOE.

Los socialistas fueron los que llevaron este incremento del gasto a la Comisión de Medio Ambiente, celebrada el pasado lunes. En sus explicaciones añadieron otros 32,7 millones que calculan que el consistorio tiene que pagar de más a Valdemingómez porque el cubo marrón presenta otros residuos aparte de los orgánicos. Y también calculan que para los que se depositan incorrectamente en el amarillo habrá que añadir otros 10 millones. 108,4 millones en total.

El pasado lunes, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, no rebatió las cifras del PSOE en la comisión, que sumarán 108,4 millones de euros al presupuesto de recogida de residuos hasta el fin del contrato, en el año 2028 y que gestionará el siguiente equipo de Gobierno en Cibeles. Tampoco dio demasiadas explicaciones sobre los cambios en el contrato y por qué Madrid no siguió avanzando en la retirada progresiva del cubo naranja.

“Nunca lo han explicado bien, falta transparencia”, se quejaba la concejala del PSOE Emilia Martínez durante la citada comisión, “su planificación ha sido un rotundo fracaso”, añadía recordando que este coste tiene impacto en la recién aprobada tasa de basuras, que los madrileños abonan desde el año pasado. Carabante evitó responder a las razones por las que había echado marcha atrás sobre la planificación de su propio equipo, y acabó retando a la edil socialista que acudiera a las elecciones del año que viene con una propuesta para recoger menos días el cubo naranja.

El área de Medio Ambiente, sin embargo, sí que ha aclarado a este periódico por qué se tomó la decisión de cambiar el contrato de basuras y recoger el cubo naranja más días de los previstos. Lo hicieron porque “los contenedores naranjas siguen registrando un volumen de residuos que, hoy en día, desaconseja reducir las frecuencias de recogida”. Lo hacen porque la prioridad del equipo de Carabante es “garantizar la limpieza y la higiene de la ciudad”.

¿Cuántas toneladas de residuos que iban al contenedor naranja se han recogido de más en el cubo marrón, el de orgánicos? El PSOE también lo ha recogido en un informe. Este pasó de contabilizar un 17,4% de residuos impropios en el año 2022 al 27% durante el 2023, ya con la reducción a seis días de contenedor naranja, y se elevó al 36,7% en el 2024, lo que se tradujo en 61.342 toneladas de desperdicios mal depositados de más. En el año 2025, el último para el que existen datos, el porcentaje de residuos impropios en el contenedor marrón se redujo al 29,8%, mejor que en 2024, pero muy por encima del año de entrada en vigor del nuevo contrato de recogida de basuras.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, saca pecho sobre los datos de recogida selectiva en la capital, que ha pasado de representar un 20,6% del total en 2018 al 52,8% en 2025. También indican que la limpieza ha bajado al quinto lugar en la lista de preocupaciones de los madrileños, que ahora copa la vivienda, según la encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos.

Las reclamaciones por limpieza están también cayendo, apuntan las mismas fuentes: “En 2025 cayeron un 31% respecto a 2024”. Lo que sí que han aumentado, según una investigación efectuada por este periódico, son los avisos por suciedad en la vía pública: aumentaron un 46% en el último año.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que presentará un nuevo plan de ajuste económico-financiero, al que está obligado por ley, al incumplir la regla estatal de gasto y de sostenibilidad presupuestaria. Una de las causas principales es que, al no aprobarse, no se está cobrando la obligatoria nueva tasa de basura que llega vía Europa para garantizar el tratamiento y reciclado de los restos, lo que ha provocado un agujero en el presupuesto municipal.

“Tenemos un desajuste, que implica la necesidad de ese plan, pero la salud financiera del Consistorio es buena”, ha defendido el delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno (PP). Existe “músculo financiero” y , si se ha llegado a esta situación es por la no aprobación de la tasa de basura, “un importe que tenemos que abonar sí o sí” y que por tercera vez se va a intentar aprobar, y la de telefonía, “que tampoco se está cobrando porque está recurrida”.

“Hemos sobrepasado la regla de gasto en 95 millones y la de estabilidad, en 25,1 millones de euros”. Ello se debe también, ha añadido el concejal, al hecho de incrementar “de manera notable” el nivel de ejecución de las inversiones, “como ningún gobierno local ha hecho antes”. En este sentido, es un coste que el equipo de gobierno está “dispuesto a asumir”. En 2022, ha abundado al respecto, el Ayuntamiento se gastó 806 millones, y el pasado año, 989 millones.

No se reduce el gasto público

El obligatorio plan de ajuste ya ha sido presentado a los grupos de la oposición, antes de que sea llevado a la Junta de Gobierno Local este viernes. No obstante, Bueno ha remarcado que el plan no contempla “ni reducción del gasto público ni subida de impuestos; es más, se allana el camino para sucesivas bajadas”.

Bueno también ha remarcado la idea de que existe un remanente de tesorería de 62,3 millones de euros y que la deuda viva se sitúa en el 9,3%, “cuando se permite llegar al 70 y Barcelona, por ejemplo, está en el 40”. A esto ha añadido que el periodo medio de pago a proveedores está fijado en 27,3 días, “muy por debajo del límite que permite la ley”.