Con la llegada de la primavera, los campos de Aragón vuelven a llenarse de actividad. La comunidad ha dado inicio a una nueva campaña de recogida de fruta, uno de los motores económicos del medio rural y una actividad clave para comarcas como el Bajo Cinca, Valdejalón o La Litera. Este año está previsto que la temporada, que se prolongará hasta otoño, movilice a entre 20.000 y 25.000 trabajadores, en su mayoría personas migrantes, que sostienen una parte fundamental de la producción agroalimentaria de la comunidad.

Sin embargo, el inicio de la campaña vuelve a evidenciar un problema estructural que se repite año tras año: la falta de vivienda digna para los temporeros. Son manos imprescindibles para recoger la cosecha, sin embargo, mientras la fruta madura en los árboles, el problema de la vivienda sigue enquistado en el suelo.

Entidades como Cáritas o Cruz Roja han alertado en campañas anteriores de situaciones en las que, ante la escasez de alojamientos disponibles en las inmediaciones en las que se encuentran los campos, principalmente zonas rurales, los temporeros se ven obligados a recurrir a soluciones precarias: desde viviendas saturadas hasta asentamientos improvisados o pernoctaciones en vehículos y en la calle. Una realidad que se repite cada temporada.

Un Plan Pirineos, para el campo

La llegada masiva de trabajadores a municipios pequeños tensiona todavía más un mercado de vivienda ya de por sí limitado. En algunas localidades la población llega a incrementarse en pocas semanas hasta en 2.000 personas, como en La Almunia de Doña Godina, lo que hace prácticamente imposible absorber la demanda de alojamiento.

Las organizaciones agrarias advierten de que, aunque muchas explotaciones agrícolas han avanzado en la habilitación de alojamientos para sus empleados, con la instalación por ejemplo de viviendas prefabricadas, un año más, esta campaña recién comenzada, siguen existiendo importantes carencias, especialmente en el caso de trabajadores que llegan sin contrato previo “y sin vivienda”, apuntan.

Ante esta situación enquistada, el sector reclama soluciones estructurales, y ha puesto sobre la mesa la demanda de planes públicos para rehabilitar vivienda vacía en los pueblos y destinarla a alojamiento temporal vinculado al empleo agrícola. 

Si algo hay en los pueblos es “vivienda abandonada o desalojada”, con lo que no cuentan es con “dinero para ponerla en condiciones”, denuncian desde UAGA, que propone diseñar un “Plan Temporeros”, tomando como referencia el Plan Pirineos, una estrategia del Gobierno de Aragón para dinamizar el Pirineo, que contempla la construcción de vivienda asequible, facilitando el alojamiento a empleados locales y temporeros. Sin embargo, estas medidas avanzan lentamente frente a una necesidad que es inmediata.

Derechos laborales y obligaciones de los empleadores

En paralelo, las administraciones han intensificado los llamamientos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante la campaña. La normativa vigente establece que los trabajadores deben contar con contrato de trabajo en regla, estar dados de alta en la Seguridad Social, percibir un salario conforme al convenio agrario y tener unas condiciones adecuadas de prevención de riesgos laborales. 

Además, es un derecho del trabajador disponer de un alojamiento digno, facilitado por el empleador cuando el trabajo implica desplazamiento temporal. En agricultura “somos los únicos que debemos proporcionar vivienda al trabajador”, apunta Asaja, aunque reconocen ser conscientes del volumen de mano de obra que emplean y que “tienen que proporcionarla”.

Desde la Inspección de Trabajo se recuerda que estas obligaciones no son opcionales, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes. En anteriores campañas se han interpuesto denuncias de los casos detectados de personas que, incluso con contrato, no han podido acceder a una vivienda y se ven obligadas a pasar la noche en la calle tras la jornada de trabajo, tal y como han reconocido desde FICA UGT Aragón.

Además, las autoridades alertan de la necesidad de prevenir situaciones de explotación laboral o economía sumergida, que todavía persisten en algunos casos vinculados a la contratación irregular.

Entre la necesidad económica y el reto social

La campaña de la fruta representa cerca del 10% de la economía aragonesa, y resulta esencial para mantener la actividad en zonas rurales, las principales afectadas por el fenómeno silencioso y persistente de la despoblación.

No obstante, este peso económico contrasta con los retos sociales que se le asocian, especialmente en materia de acogida, y que no terminan de encontrar solución. La falta de planificación y recursos sigue provocando situaciones de vulnerabilidad a las que los temporeros se tiene que enfrentar año tras año, como dificultades para acceder a alojamiento o servicios básicos, mientras desempeñan uno de los trabajos más duros y denostados por un alto porcentaje de la población nacional o de clase media.

En este contexto, administraciones públicas, organizaciones agrarias y entidades sociales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo más estructurado que garantice tanto la viabilidad del sector como unas condiciones de vida y trabajo dignas para quienes hacen posible que cada campaña la fruta se recoja de los árboles y siga funcionando la cadena de producción en el sector agrario. 

Porque detrás de cada campaña no solo hay cosechas, también conviven en la sombra las historias de movilidad, esfuerzo e incertidumbre de miles de personas.

El campo aragonés se ha manifestado contra la “abusiva” subida de los hidrocarburos y los precios disparados de los nitrogenados y los abonos a raíz de la guerra de Irán y ha reclamado medidas estructurales que permitan controlar una escalada de costes que atribuyen a “prácticas especulativas” que aprovechan cualquier conflicto exterior para que acaben siempre pagando los agricultores y los ganaderos.

Representantes de las organizaciones agrarias ARAGA, Asaja, UAGA-COAG y UPA Aragón se ha concentrado a las puertas del Centro Logístico de Hidrocarburos, ubicado en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba, para exigir al Gobierno de España que adopte medidas de inmediato, tanto la bajada de la carga impositiva que grava los hidrocarburos, como la aprobación de paquetes de ayudas directas para el sector por el tiempo que se prolongue la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio y “el freno a las prácticas especulativas”.

El campo aragonés afronta por un lado tener que pagar en pocos días el doble por el gasoil, que ha pasado de 85-90 céntimos de euro el litro a 1,50 euros. A ello se suman el encarecimiento de los nitrogenados y los abonos en plena campaña final del cereal de invierno y el inicio del de primavera y el parón que ha sufrido el comercio internacional por el bloqueo del Estrecho de Ormuz y que ya afecta a la alfalfa de las deshidratadoras aragonesas.

El secretario general de la UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha criticado el “abuso generalizado” de las empresas de hidrocarburos: “El día que cayó la primera bomba ya subieron los carburantes un 20-25% y esto ha ido en escalada. ¿Cómo podemos entender que con el gasoil que tenemos actualmente en nuestros depósitos haya esta subida tan importante?”, se ha preguntado, ante lo que ha reclamado que intervengan el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Alcubierre también ha expuesto que la Ley de la Cadena “no está funcionando” porque los productos “tampoco están subiendo con los costes que estamos teniendo en estos momentos”, por lo que ha solicitado ayudas con el fin el efecto no deseado de que suban los precios de los alimentos.

Proteger el modelo de agricultura familiar

Por todo ello, ha reclamado políticas agrarias “a largo plazo” y medidas “estructurales” en favor del modelo de agricultura familiar y profesional que hagan ver que el sector primario se considera verdaderamente estratégico: “En la pandemia nos decían lo necesarios que éramos y ahora estamos viendo cómo nos están dejando a los pies de los caballos, vemos cómo vamos desapareciendo prácticamente un agricultor al día en Aragón”, ha lamentado.

Si no se revierte esta situación, ha advertido, “estos modelos especulativos lo que hacen luego es comprar nuestras mejores tierras, comprar nuestro agua y ponerse a producir lo que antes hacía la explotación familiar agraria, y eso no se puede tolerar”.

Por su parte, el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, ha recibido de buen grado las ayudas que se han avanzado --que ha reclamado se extiendan todo lo que se prolongue la crisis--, pero ha lamentado que no se haya aprendido nada de lo ocurrido con la guerra de Ucrania y los “movimientos especulativos” que intervienen: “No puede ser que en estos momentos se esté vendiendo gasoil que no se ha producido con un solo barril de petróleo que viene de la época de la guerra”.

Y ha reclamado a las diferentes administraciones, las Comunidades Autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea, que se involucren y “se mojen” porque, ha advertido, “no pueden mirar para otro lado”: “No puede ser que haya agricultores que pidieran gasóleo antes de comenzar la guerra y a las dos semanas les digan que no les pueden repartir o se paralice el reparto. Basta ya de especulaciones”, ha exigido.

“No podemos ser los paganos de un conflicto geopolítico ajeno a nuestros intereses. Nos pasa siempre con todo. Son movimientos especulativos que se tienen que frenar ya”, ha insistido.

Un agujero de 9.000 euros por explotación

Desde Asaja Aragón, Ramón Solanilla, ha cifrado en unos 9.000 euros de media el sobrecoste que este conflicto ha supuesto ya para las explotaciones aragonesas por el incremento de precios del gasoil y los fertilizantes.

“Creemos que es una vergüenza. A la ruina de precios del sector del cereal ahora le sumamos este incremento de costes de producción que puede llevar a muchas explotaciones agrícolas de nuestra comunidad autónoma, prácticamente acabar el año con números rojos”, ha avisado.

Por ello, ha valorado como “insuficientes” las medidas que a esa hora se barajaba iba a aprobar el Gobierno: “Una reducción del IVA del 10% creemos es insuficiente tanto para los fertilizantes como para los combustibles, ya que la mayor parte del coste de los carburantes son impuestos”

Solanilla ha pedido ayudas directas para las explotaciones, medidas de apoyo al cereal y la alfalfa, a las explotaciones agrias y ganaderas.

Reservas de carburante

Por último, el presidente de Araga, Federico Lorente, ha lamentado que se les esté repercutiendo “injustamente” el coste de una guerra ajena mediante un “movimiento de especulación” por parte de las multinacionales, “que han subido el precio horas después de haber empezado el conflicto”. Un gasoil, ha remarcado, “que estaba ya aquí en sus instalaciones y se están aprovechando de las circunstancias para lucrarse y ganar mucho más dinero”.

Lorente también se ha acordado de quienes sufren el parón en la exportación de sus productos a países en la zona de conflicto y ha alertado de que si el paquete de medidas no está a la altura, “nos veremos abocados a seguir en la calle protestando día tras día hasta que esta situación se revierta y volvamos a una situación en la que los costes del gasoil y de los fertilizantes nos permitan seguir trabajando”.

El presidente de Araga ha considerado que es hora de adoptar cambios estructurales: “No podemos estar siempre como un sector dependiente de movimientos, de guerras, de especulaciones en precios”. Por ello, ha reclamado que España se haga con unas reservas de carburante “lo suficientemente importantes como para poder absorber estas oscilaciones en los precios.

El paisaje agrícola del sur de España está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. En amplias zonas de Andalucía, especialmente en provincias tradicionalmente olivareras como Jaén, Córdoba y Sevilla, grandes fondos de inversión están adquiriendo fincas agrícolas a un ritmo creciente, alterando un modelo agrario basado durante siglos en la explotación familiar.

En amplias zonas de Andalucía, la tierra agrícola está cambiando de manos a una velocidad inédita. Lo que antes pasaba de padres a hijos ahora pasa de agricultores endeudados a sociedades limitadas con sede en Madrid, Luxemburgo o fondos internacionales cuya identidad última apenas trasciende.

La transformación no es solo paisajística. Es estructural. Y tiene nombre: concentración, financiarización y modelo superintensivo.

Agricultores y sindicatos denuncian que los precios de la tierra se han disparado, haciendo casi imposible que jóvenes del medio rural puedan comprar o ampliar explotaciones

La tierra agrícola se ha convertido en un valor refugio para capitales internacionales en un contexto de incertidumbre económica y volatilidad financiera. Olivares, plantaciones de almendro y explotaciones de regadío son ahora vistos no solo como fuentes de alimentos, sino como activos capaces de generar rentabilidades estables a largo plazo.

Las operaciones suelen realizarse mediante sociedades interpuestas, lo que dificulta identificar a los propietarios finales. Agricultores y sindicatos denuncian que los precios de la tierra se han disparado, haciendo casi imposible que jóvenes del medio rural puedan comprar o ampliar explotaciones.

En provincias como Jaén, Córdoba y Sevilla, intermediarios llevan años cerrando operaciones discretas: fincas completas, cooperativas en dificultades, explotaciones familiares asfixiadas por deudas o por la volatilidad de precios.

Las compras rara vez se anuncian como adquisiciones de “fondos buitre”. Se ejecutan a través de vehículos de inversión o empresas agrícolas creadas ad hoc. El resultado: miles de hectáreas bajo control de grandes grupos cuya prioridad es la rentabilidad anual.

En zonas del valle del Guadalquivir y campiñas cordobesas, el paisaje se homogeneiza: líneas geométricas, monocultivo, infraestructuras de riego, maquinaria pesada. Agricultura gestionada como si fuera una planta industrial

El agricultor deja de ser propietario para convertirse, en el mejor de los casos, en asalariado o proveedor.

Tras la adquisición llega la reconversión. El olivar tradicional —marcos amplios, recolección manual o semimecanizada, empleo estacional abundante— se sustituye por plantaciones en seto de alta densidad.

Este sistema:

En términos económicos es eficiente. En términos sociales, implica menos jornales y mayor dependencia de capital.

En zonas del valle del Guadalquivir y campiñas cordobesas, el paisaje se homogeneiza: líneas geométricas, monocultivo, infraestructuras de riego, maquinaria pesada. Agricultura gestionada como si fuera una planta industrial.

El punto más delicado no es la propiedad. Es el agua.

Andalucía atraviesa ciclos de sequía cada vez más frecuentes. Sin embargo, el modelo superintensivo depende del riego constante. La expansión de este sistema aumenta la presión sobre acuíferos y embalses.

El dinero europeo, diseñado para sostener el campo, termina consolidando estructuras empresariales de gran escala

En territorios de agricultura intensiva como partes de Almería o áreas cercanas a espacios protegidos como Doñana, la tensión hídrica se ha convertido en conflicto político y social. Pequeños agricultores denuncian que compiten en desigualdad: quien tiene más capital puede perforar más profundo, modernizar antes y resistir pérdidas durante más tiempo.

El sistema de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) distribuye subvenciones en función de la superficie declarada. A mayor número de hectáreas, mayor volumen de ayuda. En un contexto de concentración, esto produce un efecto multiplicador: las grandes explotaciones captan más fondos públicos, refuerzan su posición y adquieren más tierra. El dinero europeo, diseñado para sostener el campo, termina consolidando estructuras empresariales de gran escala.

No hay invasión visible. No hay tanques ni expropiaciones. Solo escrituras notariales, sociedades patrimoniales y decisiones de inversión

La paradoja es evidente: récord de exportaciones, facturación creciente del aceite y modernización tecnológica…, mientras muchos municipios rurales pierden población. En comarcas olivareras de Jaén, el número de explotaciones activas disminuye aunque la superficie cultivada se mantenga o aumente. Menos propietarios, menos empleo estable, menos tejido social.

Alcaldes y organizaciones agrarias advierten de un riesgo: campos productivos, pero pueblos vacíos.

¿Quién gana?

¿Quién pierde?

Los defensores del modelo sostienen que sin capital externo el campo andaluz perdería competitividad global. Argumentan que la mecanización y la eficiencia son inevitables. Sus críticos responden que no se trata solo de producir más, sino de decidir quién controla la tierra, el agua y las ayudas públicas. La cuestión ya no es únicamente agraria. Es política y territorial.

Andalucía ya fue históricamente tierra de grandes propiedades. Lo novedoso es que ahora los propietarios pueden ser fondos globales sin presencia local, cuya relación con el territorio es puramente financiera. La pregunta clave no es si el campo produce más —lo hace— sino quién decide sobre la tierra, el agua y el futuro rural.

Y, según los datos, esa decisión se está desplazando cada vez más lejos de los propios pueblos. No hay invasión visible. No hay tanques ni expropiaciones. Solo escrituras notariales, sociedades patrimoniales y decisiones de inversión.

Efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han intensificado durante los últimos meses su actividad operativa contra el fraude en el uso de combustible bonificado, lo que ha permitido detectar medio centenar de infracciones como resultado directo de los dispositivos desplegados en toda la provincia.

Las investigaciones realizadas han confirmado que, en los casos detectados, el combustible procedía de depósitos destinados a uso agrícola propiedad de los propios infractores, “evidenciando un uso irregular con la finalidad de obtener un ahorro ilícito en costes fiscales”, señala el instituto armado.

Todas las muestras recogidas son debidamente precintadas y entregadas en la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Albacete, para su análisis y tramitación administrativa.

Esta operatividad responde a una planificación estratégica orientada a reforzar el control sobre Impuestos Especiales en materia de hidrocarburos, “con el objetivo de proteger los intereses económicos del Estado ante posibles fraudes” y, sobre todo, “garantizar la competencia leal entre los distintos sectores autorizados para el uso de carburantes bonificados”, según ha informado la Guardia Civil.

Operativos diseñados para detectar conductas fraudulentas

Los aproximadamente 250 controles específicos realizados por la Guardia Civil tanto en carreteras principales como en las secundarias, mediante dispositivos dinámicos y puntos de verificación selectivos establecidos en enclaves estratégicos, han permitido inspeccionar cerca de 500 vehículos no agrícolas, entre turismos, furgonetas y camiones.

Estos operativos, desarrollados en franjas horarias variables y con movilidad constante, han sido diseñados para la detección de conductas fraudulentas y reforzar el efecto preventivo en el sector del transporte y la automoción.

Durante las inspecciones, los agentes realizan comprobaciones directas mediante la extracción de muestras del depósito de combustible de los vehículos, verificando in situ la posible presencia de gasóleo bonificado tipo B o C en vehículos no autorizados.

Entre otras comprobaciones técnicas, la característica tonalidad rojiza del carburante bonificado permite una primera identificación visual, que posteriormente es respaldada mediante el análisis de las muestras, previamente precintadas, en laboratorios especialmente acreditados al efecto.

Esta actuación técnica, desarrollada con plena garantía de la cadena de custodia, resulta determinante para acreditar la infracción administrativa en materia de Impuestos Especiales.

Las infracciones detectadas se enmarcan en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en su apartado relativo a hidrocarburos, pudiendo oscilar entre el duplo y el cuádruple del valor del combustible defraudado, determinándose su cuantía en función de la capacidad del depósito, la motorización y la cilindrada del vehículo, lo que puede suponer importes económicos relevantes para los infractores.

Desde Jornaleras de Huelva en Lucha, como no podía ser de otra manera, celebramos la medida urgente que permitirá a muchas familias acceder al subsidio tras los temporales. Pero una vez más insistimos en poner el foco en que el sistema actual,  basado en la precariedad y la temporalidad, nos hace vulnerables al cambio climático, a los vaivenes del mecado, y frente a los empresarios quienes tienen en su poder el presente y el futuro de los trabajadores, al depender éstos de ellos para que registren en la Seguridad Social las jornadas reales también llamada peonadas que verdaderamente realizan en los tajos. Una cuestión de la que depende que se cobre el salario correcto a final de mes, pero también que se permita tener acceso a las  prestaciones del régimen agrario en un futuro cuando toque solicitarla, y te requieran  el mínimo de peonadas.

Una prestación que ronda los 500 euros al mes, que se puede cobrar un máximo de 6 meses (los que no hay trabajo en el campo, que son algunos más) y que para poder tener acceso a ella no solo necesitas un número de peonadas, si no también haber pagado durante un año el sello agrario que ronda los 200 euros al mes. Esa especie de falsos autónomos de la que no se habla. Sin embargo, una parte de la patronal y algún que otro famoso cacique suelen hacer bastante hincapié en que la gente no quiere  trabajar en el campo porque vive de esa maravillosa “paguita” llamada PER agrario. De las pagas, millonarias a veces, que ellos adquieren a través de la PAC tampoco interesa que se hable. Pero aquí le podéis echar un vistazo, porque hay periodistas que sí que lo están investigando. Y no estamos hablando de 500 euros al mes durante 6 meses, precisamente. Incluso hablamos de “paguitas” a empresas que tienen sentencias o actas de la Inspección de Trabajo en su contra porque no cumplen con los derechos de sus trabajadores.

Volviendo al PER agrario, y teniendo en cuenta que el trabajo del campo en Huelva ha quedado relegado al sector del fruto rojo, y pocas alternativas laborales existen, evidentemente la noticia de la reducción de 35 a 5 peonadas, como ha ocurrido otras veces, es un balón de oxígeno. Pero se trata de otro parche más y no una solución  definitiva. Cabría también señalar aquí, si hablamos de pocas alternativas laborales, que si trabajas en otro sector cuando no hay nada en el campo, en el sector de la hostelería por ejemplo, esas jornadas no te sirven para el Régimen Agrario, y el tiempo que estemos en ese otro sector tenemos que seguir pagando los casi 200 euros de sello agrícola si queremos seguir estando de alta en el Régimen Agrícola. Porque aquí de puertas giratorias sabemos mucho, pero de las de la pobreza, es decir, pasar de un sector precarizado a otro a ver en cuál te explotan más.

No podemos seguir con un sistema de protección social que depende de que el clima sea benigno, de que la campaña sea buena, y de que tu jefe te apunte las peonadas que realmente has trabajado

Depender de juntar 35 jornales en un año para tener derecho a una prestación precaria es vivir al borde del abismo, y los temporales solo han puesto el foco en una  situaciónque llevamos años denunciando. Y más en un contexto actual de emergencia climática. Sabiendo que lo que ha pasado este año con los trenes de tormentas no va a  ser un caso aislado. El cambio climático ya está aquí, y el campo y sus trabajadores serán los primeros en sufrirlo. Las sequías, las lluvias torrenciales, las heladas y granizadas fuera de temporada… van a ser cada vez más frecuentes. Lo dice, o más bien lo gritan los científicos, no nosotras. Y no podemos seguir con un sistema de protección social que depende de que el clima sea benigno, de que la campaña sea buena, y de que tu jefe te apunte las peonadas que realmente has trabajado. 

No estaría de más recordar también que los agricultores y los empresarios del campo  cuentan con seguros y con la PAC, que en caso de perder cosechas les cubren las  pérdidas. Pero: ¿quién nos cubre a la gente que depende de estos meses de campaña  los jornales que están perdiendo? ¿Con qué dinero se va a pagar el sello agrario para  poder cobrar la prestación cuando toque solicitarla? De ahí que nuestra reivindicación vaya más allá, y hablemos de una reforma profunda y de calado del Régimen Agrario que:

1. Desvincule el derecho a la protección social de la acumulación de peonadas en un contexto de inestabilidad climática y laboral: no podemos estar a merced de lo que el  cielo o los empresarios nos quieran dar. Y sí o sí, hoy más que nunca, abogamos por una Renta Básica Universal que nos devuelva la dignidad garantizando unos ingresos justos y estables. Lo que no hemos tenido nunca. Es un acto de justicia social para un grupo de trabajadores marginados y desprotegidos desde antaño, pero que casualmente durante una pandemia mundial, en 2020, se demostró que eran imprescindibles para que el resto del mundo pudiera comer, una de las principales necesidades que hay que cubrir para mantenerse vivo.  

No podemos hablar de reducción de peonadas, de derechos laborales, de dignidad para las personas jornaleras, sin hablar de mitigación y adaptación, de eliminar los modelos depredadores

2. Recupere el sistema de trabajo y cuidado del monte y nuestros entornos naturales, como alternativa laboral que hoy se hace más necesaria que nunca: enfrentamos un panorama planetario en el que la temperatura media sigue subiendo y eso conlleva más olas de calor y, a su vez, a grandes incendios que arrasan con todo y acaban no solo con la vida, la flora y la fauna, sino también con el equilibrio socio ambiental y  económico de las zonas afectadas, implicando además un gran desembolso a  posteriori de dinero público. Pensemos por un momento lo que han supuesto los graves incendios de Doñana, Almonaster la Real y la Pata del Caballo en nuestra  provincia, o los graves incendios que afectaron al Parque Nacional de Monfragüe y la sierra de la Culebra en el verano de 2022. Necesitamos, como aseguran las expertas en  la materia, combatir el fuego antes de que llegue y qué mejor manera de hacerlo que  generando puestos de trabajo para la gente del mundo rural. Recuperar el trabajo de cuidado de la sierra es un modo de crear empleo con un salario digno que cumpla con  el SMI, favoreciendo una situación en la que todos ganamos: las arcas públicas, las personas, los animales, los bosques y el planeta en  general. No estamos inventando nada. Esto ya se hacía hace unas décadas en nuestra provincia.

3. Fomente la transición hacia la agroecología: ante la emergencia climática actual, y la situación geopolítica que estamos atravesando, los modelos agroecológicos se vuelven una necesidad urgente, y no solo una opción ambiental. Estos enfoques reducen la dependencia de insumos externos, diversifican cultivos, regeneran suelos y mejoran la resiliencia frente al clima, al tiempo que protegen el agua y la  biodiversidad. Transitar hacia ellos significa también apostar por un sistema agrario más justo y estable, capaz de sostener la producción sin agravar la crisis climática que ya está afectando al territorio y a quienes trabajan la tierra.

Para indagar más sobre el Régimen Agrario establecido en Andalucía y Extremadura  podéis descargaros aquí nuestro libro Abramos las Cancelas. La lucha de las Jornaleras  de Huelva por otro modelo de agricultura. En el capítulo 5 intentamos explicar la rueda de precariedad a la que nos somete.

No podemos hablar de reducción de peonadas, de derechos laborales, de dignidad para las personas jornaleras, sin tener en cuenta todo lo anteriormente nombrado, sin hablar de mitigación y adaptación, de eliminar los modelos depredadores. Porque de ello dependen no solo nuestros ingresos y nuestros salarios, y que optemos a una vida  digna económicamente hablando, sino también que podamos seguir llevándola a cabo en los pueblos rurales andaluces que habitamos, en los cuales nos enfrentamos a  grandes desafíos frente al cambio climático. Lo del inicio de esta campaña es solo una muestra más. 

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves una resolución por la que da publicidad al nuevo mapa de zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en la región, que incorpora como novedad el valor productivo de los suelos y la protección de las dehesas.

La resolución tiene un doble objetivo. El primero es ofrecer mayor seguridad jurídica a asociaciones de productores y operadores interesados en promover nuevas instalaciones solares y facilitar la toma de decisiones a las administraciones públicas y al personal evaluador; y el segundo, garantizar que el despliegue de esta energía sea sostenible ambientalmente y respetuoso con los cultivos de mayor potencial socioeconómico y las dehesas.

El documento se enmarca en la aplicación de la Directiva 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo, que fija nuevos objetivos para los estados miembros en materia de energías renovables, entre ellos que la cuota procedente de fuentes renovables alcance al menos el 42,5 % del consumo final bruto de energía de la Unión en 2030, con el propósito de llegar al 45 %, y que se establezca un objetivo indicativo del 5 % para tecnologías innovadoras de nueva capacidad instalada.

La Junta defiende que Extremadura ha experimentado en los últimos años una “rápida y robusta” contribución a la transición energética en España, especialmente en generación solar fotovoltaica, impulsada por el elevado recurso solar de la región. No obstante, advierte de que estas instalaciones requieren amplias superficies de terreno, “lo que hace necesario planificar su implantación para minimizar impactos sobre ecosistemas, biodiversidad y actividades agrícolas tradicionales”.

En este contexto, señala que los proyectos fotovoltaicos han competido en cierta medida con el sector agrario por el uso del suelo, especialmente en cultivos leñosos como olivar, vid y frutales, así como en dehesas y tierras arables de gran productividad.

Como antecedente, la resolución recuerda que el Decreto 141/2021 reguló los usos compatibles con el regadío en zonas declaradas de interés general y declaró no compatibles con este, en especial, los aprovechamientos de energías renovables destinados a la producción de electricidad, salvo determinadas instalaciones de autoconsumo vinculadas a comunidades de regantes o regantes individuales para reducir costes energéticos.

Hasta ahora, la comunidad autónoma contaba con mapas de capacidad de acogida estructurados en cinco niveles (muy baja, baja, media, alta y muy alta), elaborados a partir de nueve factores ambientales, entre ellos pendiente, hidrología, espacios protegidos, Red Natura 2000, paisaje, flora protegida, hábitats, especies de fauna amenazada y yacimientos de patrimonio, además de la distancia a subestaciones con capacidad de evacuación.

La nueva resolución actualiza esos criterios e incorpora como factor adicional el valor agronómico del suelo y las áreas de dehesa, con el fin de proteger los cultivos de mayor potencial socioeconómico y compatibilizar el avance de la energía solar con la economía agraria y la fijación de población en el medio rural.

Así, se consideran zonas prioritarias para el desarrollo de nuevos proyectos las incluidas en las categorías de 'Alta' y 'Muy Alta Capacidad de Acogida', identificadas en el plano anexo a la resolución, que parte de los mapas previos y añade los nuevos criterios productivos.

No obstante, la catalogación como zona de alta o muy alta capacidad no exime a los promotores de cumplir el trámite ambiental vigente, hasta que se realice la evaluación ambiental estratégica que determine si puede prescindirse de este requisito en las futuras zonas de aceleración, actualmente en estudio.

Además, deberán atender al resto de autorizaciones o limitaciones sectoriales que procedan, si bien la ubicación en estas áreas preferentes facilitará su tramitación. 

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy, 18 de febrero, la convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente destinada a la realización de campos demostrativos para aplicar nuevas técnicas de producción, seleccionar nuevas variedades y desarrollar técnicas de cultivo o tecnologías que contribuyan a que las explotaciones riojanas sean más competitivas. 

Se trata de la segunda convocatoria de ayudas en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027. El presupuesto para esta línea de apoyo a la experimentación agraria contará con un presupuesto de 450.000 euros.

El objetivo de los campos demostrativos es mostrar a los agricultores cómo aplicar las técnicas y prácticas desarrolladas para lograr que sus producciones sean más competitivas en los mercados, ofreciendo productos más adaptados a la demanda y optimizando los costes de producción.

Los beneficiarios podrán percibir una ayuda máxima de 40.000 euros durante el primer año de ejecución del proyecto y de 15.000 euros en los posteriores, en el caso de que se trate de acciones demostrativas plurianuales. El porcentaje de subvención será del cien por cien de los costes considerados elegibles. 

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda, que se tramitarán por concurrencia competitiva, será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria.

Campos demostrativos puestos en marcha

En este momento, y fruto de las convocatorias del Programa de Desarrollo Rural y del Plan Estratégico de la PAC, la Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con 20 campos demostrativos en torno a diferentes producciones agrícolas y ganaderas que se distribuyen en 17 municipios.

Así, en el cultivo de pera se está llevando a cabo un campo demostrativo para el control del fuego bacteriano en Entrena, así como una experiencia de policultivo de azafrán y judía en una nueva plantación de peral en ecológico en Nalda. Por otro lado, en una explotación de Santurde se ha iniciado un ensayo de variedades autóctonas de manzano para evaluar su adaptación y potencial productivo.

En parcelas experimentales de frutos secos se ha impulsado un cultivo ecológico de avellano en Navarrete, y se están analizando las variedades y la producción de avellano, pero en sistema superintensivo, en Foncea. En otra explotación de Tricio se trabaja con frutales de cáscara (almendro y avellano), también en régimen superintensivo.

En el cultivo de alubia, se ha iniciado una demostración para la recuperación de la variedad ‘cuco fino’ en Torrecilla en Cameros, y en Anguiano se ha establecido un campo demostrativo de cultivo ecológico y sistemas de entutorado de ‘Alubia de Anguiano’.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un proyecto para introducir nuevas variedades de uva de mesa en Alfaro y se trabaja en el desarrollo de la dosificación variable de enmiendas orgánicas en viñedo ecológico en Quel. También en una parcela de Anguiano se ha recuperado el viñedo como cultivo complementario.

En el sector del champiñón se está desarrollando en Autol un proyecto centrado en la mejora de la higiene del cultivo y en el control lumínico de plagas, especialmente esciáridos y fóridos.

Son cinco los campos demostrativos en activo vinculados a la ganadería: sobre el manejo de ganado entre frutales ecológicos de reciente implantación, en Sojuela; un ciclo de producción ecológica ganadera, en Viguera; pastoreo virtual en Matute; un ensayo sobre el uso de acelerómetros y básculas inteligentes para el control sanitario y productivo de animales en cebadero, en Albelda de Iregua; y un sistema de vallado virtual orientado a la gestión sostenible del pastoreo, la optimización del uso de los pastos y la mejora de su regeneración en explotaciones ganaderas, en Castroviejo y Bezares.

En Alfaro se están evaluando nuevas variedades y estrategias de optimización en el cultivo de la alcachofa, y en Calahorra se han puesto en marcha dos campos experimentales de hortícolas, uno para analizar la influencia de distintas densidades de plantación en el rendimiento y la gestión sanitaria del cultivo de borraja en invernadero; y otro para ensayar la viabilidad de diferentes variedades y ciclos de coliflor cultivadas al aire libre.

Más de 2.600 agricultores se han manifestado este jueves en siete provincias andaluzas –exceptuando Sevilla, que canceló su convocatoria a causa de los avisos metereológicos previstos– en rechazo al acuerdo UE-Mercosur. Según han informado a Europa Press Subdelegaciones del Gobierno y las organizaciones convocantes, las manifestaciones se han producido sin incidentes en las siete provincias convocadas. La tractorada prevista en la capital hispalense se celebrará finalmente el próximo 10 de febrero.

Los motivos de esta movilización son el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, además de la oposición a un nuevo acuerdo UE-Marruecos que “concede ventajas arancelarias a productos procedentes del Sáhara Occidental”. A ello se une la incertidumbre sobre el futuro de la PAC a partir de 2027, el incremento de los costes de producción y una “burocracia excesiva” que dificulta el trabajo diario de agricultores y ganaderos, según ha señalado la organización agraria Asaja.

De forma conjunta, las organizaciones han advertido de que estos acuerdos comerciales permiten la entrada en el mercado europeo de productos agrarios procedentes de terceros países “que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales” que se imponen a los productores europeos, “lo que genera competencia desleal y pone en riesgo sectores estratégicos del campo español”.

“No” a cómo se está negociando

En este sentido, en Almería, alrededor de 100 personas según la Policía Nacional se han congregado frente a la sede de la Subdelegación a las 11.30 horas en una convocatoria promovida por Asaja y COAG y secundada por el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias y Coexphal.

De esta manera, el presidente de Coexphal, Juan Antonio González, la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, y el secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, han participado la manifestación almeriense para “decir no a los acuerdos comerciales de la manera que se están negociando”.

Podemos repetir muchísimas veces las cosas, los acuerdos con Mercosur no nos cuadran, los acuerdos con Marruecos llevamos ya, por lo que han dicho los compañeros, 30 años dándole tres huestos y no cuadra de ninguna forma, por lo tanto se ríen de nosotros cada vez que nos damos la vuelta“, han afirmado.

En Cádiz, han acudido más de 600 personas. Desde Asaja Cádiz, la convocatoria se ha considerado “un éxito dadas las circunstancias climatológicas” y la especial dificultad de llegar hasta la capital desde comarcas eminentemente rurales por carretera, muchas de ellas cortadas. De esta manera, en cuanto a los tractores, se han movilizado un vehículo de cada una de las asociaciones convocantes, cuatro en total, para apoyar las protestas de manera simbólica.

“Peligro” para sectores clave

Más de 500 agricultores y ganaderos han participado en la concentración celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba. Allí han señalado que se trata de un acuerdo “desequilibrado, sin reciprocidad” y que genera una clara competencia desleal.

En este sentido, Asaja ha advertido de que el acuerdo pone en peligro a sectores clave como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura, y permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha explicado que “según datos de la propia Comisión Europea, solo se inspecciona físicamente el 0,0082 % de los productos agroalimentarios que entran en la Unión Europea, un nivel de control claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria”.

Asaja ha enmarcado que el propio Gobierno de Brasil ha admitido públicamente que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne, un reconocimiento que, a juicio de la organización, invalida cualquier garantía sanitaria incluida en el acuerdo. “Si el país exportador reconoce que no puede asegurar el cumplimiento de las normas, resulta inaceptable que esos productos entren en el mercado europeo compitiendo con los producidos bajo los estándares más exigentes del mundo”.

“El campo no puede más”

En Huelva, una multitud de agricultores y ganaderos de la provincia han protagonizado la concentración de manera unitaria y “absolutamente pacífica” para mostrar su rechazo ante “la situación insostenible que atraviesan el campo y la ganadería”, y para reclamar medidas urgentes que garanticen la viabilidad de las explotaciones y el futuro del medio rural.

La movilización ha reunido a un gran número de profesionales del sector que han alzado la voz “en defensa de nuestro trabajo, de nuestras explotaciones y del futuro del campo y la ganadería”.

En nombre de las organizaciones convocantes, el consejero de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Picón, ha leído el Manifiesto del Campo Onubense, advirtiendo de que “el campo no puede más” y rechazando que el sector sea “moneda de cambio” en acuerdos y decisiones que comprometen su supervivencia.

Las organizaciones han reiterado su oposición frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como a la entrada de producciones de terceros países sin las mismas exigencias que se imponen a los productores europeos.

Un sector que es moneda de cambio

En Granada, según datos de la Guardia Civil, han participado 96 tractores y unas 100 personas a pie que han partido a las 10 horas del polígono El Florío y recorrido las principales arterias de la ciudad, como Gran Vía y Reyes Católicos, con paradas a las puertas de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Granada, para finalizar en la glorieta de Neptuno, en torno a las 13.30 horas.

El recorrido de la protesta ha obligado a cortes del tráfico y desvío de líneas de autobús. Tanto en la Subdelegación del Gobierno como en el Ayuntamiento se ha hecho entrega de las reivindicaciones del colectivo.

La protesta se ha convocado bajo el lema Moneda de cambio hoy, inseguridad alimentaria mañana con el objetivo de criticar que el sector agrario está siendo utilizado como moneda de cambio en acuerdos comerciales y decisiones políticas, con consecuencias directas no solo para agricultores y ganaderos, sino también para el conjunto de la ciudadanía.

De esta manera, han mantenido que estas políticas ponen en riesgo la seguridad, la calidad y la garantía alimentaria, al permitir la entrada de productos de terceros países que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos en la Unión Europea.

Sevilla se manifestará el 10 de febrero

En Jaén, las organizaciones convocantes –Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias– han cifrado la participación en un centenar de vehículos agrícolas y medio millar de agricultores y ganaderos. Desde la Subdelegación del Gobierno se ha apuntado a 13 tractores, 40 todoterrenos y unas 300 personas.

Los tractores y todoterrenos atravesaron Jaén desde dos puntos de concentración: el campo de fútbol de La Victoria y el aparcamiento del tranvía, para quedar aparcados en el Paseo de la Estación, a la altura de la Subdelegación del Gobierno. Por su parte, en Málaga se han movilizado en torno a mil personas, según ha señalado Asaja.

Sevilla ha sido la única provincia que no ha salido a las calles después de que la Subdelegación del Gobierno trasladase a las entidades organizadoras los avisos meteorológicos previstos para este jueves en la provincia. Los organizadores ya han elegido nueva fecha para esta protesta en la capital hispalense, que será el próximo 10 de febrero.

Estos días, los tractores vuelven a las calles. Lo hacen para protestar por el recorte de fondos para la Política Agraria Común (PAC), que ha propuesto la Comisión Europea para el período 2028-2034, y los posibles efectos negativos para los agricultores y ganaderos europeos, a consecuencia de la firma del tratado comercial con Mercosur.

En cuanto a la reducción de fondos de la PAC, la primera propuesta de la Comisión Europea la dejaba en un 22% respecto a los del período 2021-2027. Recientemente, la presidenta von der Layen, ante las manifestaciones de las organizaciones agrarias en Bruselas de inicios de año, ha incorporado algunas mejoras que podrían aumentar el presupuesto para la PAC, de los iniciales 300.000 millones de euros a hasta unos 408.700 millones de euros, en toda la UE, lo que supondría algo más de lo que representa la PAC en este período (unos 386.600 millones de euros).

Para España, la propuesta inicial suponía unos 37.000 millones de euros, un 22% menos que ahora, y que, con el nuevo planteamiento de la Comisión, podrían ser al menos 41.200 millones de euros.

Tanto a nivel de la UE, como en España, las organizaciones agrarias consideran estas mejoras, insuficientes y reclaman un presupuesto más alto, y diferenciado, para la PAC.

En cuanto a Mercosur, la clave está en las cuestiones relativas a la preferencia arancelaria y la activación de las cláusulas de salvaguardia en caso de que las importaciones causen graves perjuicios para el sector europeo; y en el cumplimiento efectivo de las cláusulas espejo en materia de normativa de sanidad animal y vegetal -que se puedan controlar de forma efectiva, con total garantía-.

Reivindicaciones de los agricultores y ganaderos que no son nuevas, pero que nos ponen, como sociedad europea -y española- ante la tesitura, de escuchar la voz del campo, apostar por una PAC fuerte y por la mayor de las garantías en los acuerdos comerciales para nuestros productores -partiendo de la base de que el acuerdo con Mercosur, y otros, suponen una interesante apertura de mercados para un sector agroalimentario, con vocación claramente exportadora-.

Conviene prestar atención a lo que nos dicen.

Mañana, muchos de ellos estarán con sus tractores en numerosos puntos de nuestro país, recordándonos que existen y que debemos apoyarles. Las reivindicaciones y manifestaciones del sector agrario suelen ser sinónimo de que nuestra agricultura y ganadería están vivas. Y que quieren seguir estándolo.

Una resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha desestimado la condición de organización profesional agraria más representativa en Castilla-La Mancha a Unión de Uniones. Se ha basado en la Ley 3/2025, de 6 de junio que establece las reglas y requisitos a cumplir tanto para concurrir al procedimiento y definir su representatividad en la comunidad autónoma.

La resolución la recoge el Diario Oficial de Castilla-La Mancha este jueves y, según el documento, la denegación se basa en que este colectivo ni ha acreditado presencia activa en alguna de las provincias de la comunidad autónoma ni ha aportado documentación que demuestre la existencia de una sede permanente, con implantación y actividad efectiva.

Tampoco cuenta, tal y como marca la ley, con una plantilla mínima de 10 personas trabajadoras a tiempo completo contratadas por la organización Unión de Uniones de Castilla-La Mancha o que se hayan tramitado al menos 1.000 solicitudes de ayudas agrarias por parte de esta organización.

La vigencia de esta resolución será de cinco años y una vez transcurrido dicho plazo, se mantendrá transitoriamente su vigencia en tanto no se publique una nueva resolución de reconocimiento.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicará mañana miércoles la Resolución 2114/2025 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la ejecución de proyectos innovadores en materia de productividad y sostenibilidad por parte de Grupos Operativos (GO) de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), por importe de 2 millones de euros.

El Gobierno de La Rioja mantiene su apuesta para impulsar la capacidad innovadora y tecnológica del sector agrario, marcándose como objetivo la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, y también la capacitación de técnicos y profesionales.

Estas ayudas están dirigidas a cualquier persona con naturaleza física o jurídica, incluidas las Administraciones Públicas, que se unan para constituir un Grupo Operativo y ejecuten uno o más proyectos innovadores con foco en las necesidades del sector agroalimentario, y/o en sus interacciones con la cadena de valor agroalimentaria y con aspectos medioambientales, y/o del medio rural.

Los Grupos de Cooperación para la innovación deben ser agrupaciones de entre dos y diez entidades del sector agrario y/o agroalimentario que actúen con carácter autonómico que se constituye como tal para resolver un problema y aprovechar una oportunidad concreta con el objetivo de crear valor añadido al vincular la investigación con las prácticas agrarias, potenciando el empleo de medidas innovadoras, conectar agentes de innovación y proyectos, y también realizar la transferencia de esa investigación. 

En relación con los proyectos, éstos deben tener carácter autonómico y pueden centrarse en el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos o tecnologías del sector agroalimentario, pudiéndose contemplar también aquellos enfocados a la organización de procesos de trabajo en común, o buscando poder compartir instalaciones o recursos. 

El importe máximo de la ayuda por cada proyecto se establece en 250.000 euros con un porcentaje de cofinanciación que alcanza el 80% del total y del 100% de los costes relativos al agente de innovación y los gastos propios de transferencia y divulgación de resultados. Las ayudas se conceden en la modalidad de concurrencia competitiva y la duración de estos proyectos será como máximo de tres años, hasta el año 2029.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOR.

Las cuatro principales organizaciones profesionales agrarias -OPAS- ASAJA, ARAGA, UAGA-COAG y UPA en Aragón llaman a sus afiliados a secundar masivamente las protestas para lograr mejorar la complicada situación que atraviesa el sector a nivel nacional. En Aragón, la movilización se adelanta una semana para no coincidir con la campaña electoral en la comunidad. En una reunión mantenida el viernes, día 16 de enero, las organizaciones agrarias han decidido convocar a los profesionales del sector primario el miércoles, día 21 de enero, en la ciudad de Zaragoza.

Los representantes de ASAJA, ARAGA, UAGA-COAG y UPA aseguran que “sobran los motivos” para la movilización y apuntan a los acuerdos comerciales –especialmente a Mercosur–, a las propuestas de presupuesto europeo y Política Agrícola Común (PAC), a la falta de rentabilidad por los elevados costes de producción y al exceso de burocracia como los principales motivos de las protestas que ya se están dando en otros puntos del país.

Protestas a nivel nacional

A nivel nacional, las tractoradas, concentraciones y manifestaciones se aglutinarán en la semana del 26 al 30 de enero, con el foco en el día 29: que se convertirá en “un súper-jueves de movilización del campo en toda España”, tal y como lo ha definido el propio sector. Los representantes de las tres organizaciones convocantes, a las que en Aragón se ha sumado ARAGA, reivindican la necesidad de reformas de calado en materia de presupuesto europeo, Política Agraria Común -PAC-, acuerdos comerciales, costes de producción y burocracia que consideran que penaliza cada vez más a los profesionales del campo.

Estas movilizaciones, que de hecho han comenzado esta semana con una protesta de las organizaciones vascas y navarras en la frontera entre España y Francia en Irún, ha continuado con una movilización en Extremadura y se concentrarán en la última semana de enero con protestas que se irán conociendo en los próximos días.

Las OPAS han dado flexibilidad a sus delegaciones regionales para que convoquen acciones dentro de sus territorios y no cierran la puerta abierta a que el calendario de protestas pueda culminar en una manifestación estatal más adelante.

El tratado con Mercosur, en el ojo del huracán

Los agricultores siguen denunciando que los precios que reciben por sus productos no cubren los costes reales de producción, provocando una rentabilidad insuficiente para mantener las explotaciones, lo que afecta de manera más dura a las explotaciones de origen familiar, todas ellas vertebradoras de muchos pueblos y zonas rurales en Aragón.

A esta denuncia se suma otra, la carga administrativa que deben asumir: multitudes de trámites, requisitos y controles dificultan la gestión diaria de las explotaciones, tal y como explican las OPAS. Pero el ojo del huracán nace en las “promesas incumplidas de la PAC” y el avance de acuerdos de libre comercio como el UE-Mercosur, que el sector considera injusto y que les coloca en una situación de desigualdad, ya que “permiten la entrada de productos agrícolas con costes más bajos y bajo normativas distintas” de países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los sectores más afectados son la ganadería de vacuno, la avicultura, el azúcar y la producción de cereales, que temen perder cuota de mercado frente a importaciones masivas con menores costes, lo que, además, podría hacer caer los precios en origen, que son ya insuficientes para cubrir costes de producción en muchas explotaciones en Aragón, España y el resto de Europa.

Los agricultores y ganaderos reclaman el principio de “cláusulas espejo”, es decir, que los productos importados cumplan las mismas normas que se exigen dentro de la Unión Europea. Y es que los productos agrícolas de Mercosur se producen, en muchos casos, con normas medioambientales, laborales y sanitarias menos exigentes que las que se aplican en la UE. El sector alerta, por ejemplo, sobre el uso de fitosanitarios prohibidos en Europa o los menores controles en trazabilidad y bienestar animal, que podrían conllevar riesgos sanitarios y medioambientales.

La protesta se mantiene desde las movilizaciones de 2024

Los profesionales del sector primario creen que la agricultura ha sido utilizada como moneda de negociación para beneficiar a otros sectores europeos como la industria, la automoción o los servicios. Un sentimiento que no es nuevo, sino que lleva instalado en el campo mucho tiempo y que en los últimos años se ha acrecentado, saltando a la agenda pública a través de los medios de comunicación con imágenes como las que dejaron las tractoradas hace dos años.

En 2024, el sector agrario de Aragón vivió uno de los períodos de movilización más intensos de la última década. Agricultores y ganaderos salieron a las carreteras, plazas y puntos clave de la Comunidad para exigir soluciones a problemas estructurales que, aseguran, “amenazan la viabilidad de su actividad y el futuro del medio rural”.

Durante semanas, tractores recorrieron lentamente vías principales, provocando retenciones y cortes intermitentes. Se registraron concentraciones en Zaragoza, Huesca y Teruel, con la presencia de agricultores de numerosas comarcas y vehículos agrícolas frente a centros administrativos, como el Palacio de la Aljafería o sedes de instituciones agrarias, y en espacios relevantes como la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) en Zaragoza.

Ante la presión social, el Gobierno central, a través del ministro de Agricultura, mantuvo varias reuniones con representantes del sector tras las que anunciaron compromisos para flexibilizar algunos aspectos de la PAC y asegurar el cumplimiento de las normativas para los productos importados; sin embargo, estas promesas no fueron suficientes para detener las protestas.

Las movilizaciones de 2024 pusieron de manifiesto una profunda insatisfacción en el sector agrario aragonés y nacional, con temas estructurales que siguen sin resolverse de manera definitiva. Fruto de ese descontento y de los “acuerdos incumplidos”, este mes de enero, la agricultura y la ganadería de todo Aragón saldrán de las tierras de labor y de las explotaciones agrarias para hacerse visibles a la sociedad y los poderes políticos, concentrándose en el corazón de la capital aragonesa el miércoles, día 21 de enero.

Josep Maria Clària es apicultor y propietario de La Nostra Mel, explotación apícola en Talavera (Lleida). Hace cuatro años que las primeras avispas asiáticas (o vespa velutina) empezaron a convertirse en un serio problema para él y otros apicultores de Lleida y Tarragona (aunque en las provincias de Girona y Barcelona el calvario empezó aún antes). Y el fenómeno no ha dejado de agravarse, hasta provocar pérdidas cada vez mayores en la producción de miel. 

Esta especie invasora se alimenta principalmente de abejas, aunque también depreda otros polinizadores. Pero Clària señala que el problema no es tanto la cantidad de abejas que se come la velutina, “sino el miedo y el estrés que les genera, que le impide salir de la caja a buscar polen, néctar o agua”. 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre, las abejas deben acumular reservas para sobrevivir al invierno. Y si no pueden coger reservas, no tienen comida y acaban muriéndose. Además, si la reina ve que no entra comida, deja de poner huevos. Esta situación ha derivado en una menor producción de miel. Además, ha obligado a los apicultores a sobrealimentar a los enjambres para mantener vivas a sus abejas, lo que supone un mayor coste económico.

Los apicultores reclaman más apoyo

Los expertos aseguran que no es posible frenar completamente la expansión de esta especie invasora. Pero Clària, que también coordina el ámbito de apicultura en Unió de Pagesos –principal sindicato agrario en Catalunya–, recalca que es posible “minimizar los daños” y “reducir el estrés que las avispas generan a las abejas” mediante el uso de trampas. “Se trata de reducir el número de velutinas para que las abejas puedan salir. Si hay diez, no tienen miedo; si hay cien, sí”, señala.

La instalación de trampas, sin embargo, implica un alto coste económico y una importante inversión de tiempo. Aunque el Departament de Territori suministra el líquido atrayente, apicultores como Clària —con varios colmenares repartidos por toda Catalunya— deben asumir gastos extra de gasolina para desplazarse y renovar cada quince días las trampas en todas sus explotaciones, algunas de ellas a más de 100km de distancia. 

Por otro lado, los sectores ecologistas advierten que este método también afecta a otros insectos. Joan Pino, catedrático de ecología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), considera que es preferible apostar por sistemas de protección de las colmenas en lugar de recurrir a capturas indiscriminadas, como el uso de arpas eléctricas.

El catedrático defiende la implementación de trampas “más selectivas” y la destrucción de nidos de velutinas cuando es posible. No obstante, señala que, en la actualidad, no existen herramientas “realmente eficaces” para combatir a esta especie invasora.

El sector apícola catalán se reunió el pasado 24 de noviembre con los departamentos de Territorio y de Agricultura para pedir más medidas. Reclamaron la instalación de más trampas y que sean los Agentes Rurales quienes las instalen y supervisen cada quince días, para evitar los elevados costes en desplazamientos y la inversión de tiempo que asumen los apicultores. Fuentes de la Generalitat explicaron a elDiario.es que en enero se celebrará un nuevo encuentro para acabar de valorar las propuestas y decidir si finalmente se implementan nuevas actuaciones. 

Aumentan las colmenas afectadas

La vespa velutina está cada vez más extendida en Catalunya y otras zonas del norte peninsular, como Galicia, País Vasco o Navarra. Según Pino, la humedad de las zonas atlánticas favorece su proliferación. Aunque el clima mediterráneo es más seco, en Barcelona y Girona ya se encuentra igualmente establecida y más del 90% de las explotaciones apícolas de estas provincias se han visto afectadas en mayor o menor medida, según los datos que proporcionó Unió de Pagesos a la Generalitat en la última reunión, a los cuales ha tenido acceso elDiario.es.

En Tarragona y Lleida la especie se encuentra en fase de expansión. En los últimos dos años, el número de colmenas afectadas se ha duplicado en Tarragona —del 30% al 60%— y ha aumentado en más de la mitad en Lleida —del 20% en 2023 al 50% en 2025. 

Desde 2022, el sindicato calcula que se han dejado de producir, aproximadamente, unos 311.000 kg de miel en toda Catalunya, lo que, sumando el gasto en alimentación adicional para las abejas, representa pérdidas de más de 2,5 millones de euros para el sector en 2025, sin contabilizar otros gastos derivados del mantenimiento de trampas (como el combustible de los desplazamientos o las arpas eléctricas).

¿Cómo llegó la velutina a Europa?

La vespa velutina es originaria del sureste asiático. A diferencia de las avispas autóctonas europeas, las asiáticas son más grandes y tienen mayor capacidad para capturar abejas, además de construir nidos más grandes y numerosos, explica Pino. La especie llegó a Europa en 2004 en un contenedor que desembarcó en Marsella y, seis años después, alcanzó España, donde en 2010 se registró el primer ejemplar en Navarra. Desde entonces, se ha propagado por todo el norte peninsular.

El área de distribución de la especie se ha duplicado desde 2018 hasta finales de 2024, pasando de 41.700 kilómetros cuadrados a 88.900, según indicó El País a partir de los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, Barcelona es la provincia donde más se ha expandido –de 266 kilómetros cuadrados en 2012 a 7.333 en 2024–. En Catalunya, el insecto ya se encuentra establecido en las provincias de Girona y Barcelona. En Lleida y Tarragona, se encuentra en fase de expansión.

La velutina llegó a 13 nuevos municipios catalanes en 2024, según las últimas cifras de EXOCAT, base de datos coordinada por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) y por la Generalitat. Josep Maria Clària encontró los primeros nidos hace cuatro años en Argençola, cerca de la frontera entre Barcelona, Lleida y Tarragona. 

Para Ramón Bonet, apicultor de Mel Bonet, las primeras velutinas aparecieron en 2020 en sus colmenares del Priorat y el Pallars Sobirà. La situación ha provocado que el hombre haya tenido que trasladar todos los enjambres hacia el norte de la Ribera d’Ebre, donde la presencia de velutinas es menor.

Más allá del impacto en la apicultura y la biodiversidad, la velutina también representa un riesgo para la salud humana. Tres personas murieron en Galicia en octubre a causa de picaduras, y Clària señala que su aguijón puede atravesar los trajes de los apicultores, poniendo en riesgo a quienes manipulan colmenas. Por ello, insiste en que no les “corresponde” combatirla a ellos.

El abejaruco, depredador natural

Además de las trampas, existen depredadores naturales, como el abejaruco y el halcón abejero. En Doñana se ha lanzado un proyecto para aumentar la población de abejarucos y frenar la expansión de la velutina. Luis Manuel Bejarano, presidente de la Asociación Burrito Feliz, que ha articulado la iniciativa, explica que una pareja de abejarucos puede consumir entre 50 y 100 velutinas al día y que ya se han adaptado a incluirlas en su dieta.

Estos pájaros llegan a finales de primavera y migran a finales de verano, coincidiendo con una de las épocas de mayor actividad de la velutina. Sin embargo, Josep Maria Clària destaca que, después de verano, sigue habiendo muchas avispas asiáticas. Por ello, aún está por ver la efectividad del proyecto.

En Andalucía, la velutina aún no está tan asentada como en el norte peninsular, aunque ya se han detectado ejemplares en Málaga. Esto ha generado preocupación entre los apicultores y las autoridades ambientales, que buscan implementar medidas preventivas antes de que la especie se establezca de manera definitiva. Por ello, la iniciativa busca reducir su expansión antes de que se asiente del todo. 

Según Pino, con el tiempo, la velutina podría integrarse en el ecosistema si los depredadores naturales la incorporan a su dieta. Además, el clima mediterráneo limita su proliferación hacia el sur debido a temperaturas más altas y menor humedad que el clima atlántico. Sin embargo, insiste en que el insecto no desaparecerá de las zonas donde ya está asentado.

La consejera Noemí Manzanos ha informado de que se está ultimando otro convenio extraordinario que permitirá a FECOAR contratar una consultora que realice un diagnóstico de la situación actual en que se encuentra el sector cooperativo vitivinícola y su actual modelo de negocio, con el objetivo de definir una propuesta de transformación del modelo cooperativo en La Rioja. Con este objetivo, el Ejecutivo riojano ha establecido para el próximo ejercicio 2026 una aportación de 140.000 euros para ello. 

“Ese diagnóstico invitará a reflexionar y poner sobre la mesa una serie de medidas para que sean los propios cooperativistas los que puedan realizar propuestas concretas, tanto individuales como colectivas, ante las dificultades que está atravesando el sector vitivinícola, en definitiva, para hacer más fuerte el sector cooperativista”, ha señalado Noemí Manzanos. 

Asimismo, ese convenio extraordinario contemplará actuaciones destinadas a favorecer la sensibilización y apertura de visión de los consejos rectores mediante la difusión de experiencias de éxito en otras zonas productoras, además de fomentar la cooperación, la integración y la creación de sinergias entre cooperativas. 

Por su parte, el presidente de la FECOAR, Alfredo Sáenz, ha subrayado que “el estudio facilitará el estudio y análisis de cada una de las cooperativas, algo que es necesario para afianzar dónde estamos y proyectarnos hacia el futuro”. Las cooperativas, ha afirmado, “aportamos calidad económica y de vida a las personas que viven en el medio rural”.

Por último, estas líneas de trabajo buscarán fortalecer la estructura cooperativa, mejorar su capacidad de adaptación a los retos del sector y consolidar su papel como agente clave en el desarrollo del medio rural. El Gobierno de La Rioja y la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR) continuarán trabajando de forma coordinada el próximo 2026 para impulsar un modelo cooperativo agrario con capacidad de adaptación y liderazgo a los nuevos retos del sector agroalimentario. Este esfuerzo se concreta a través de dos convenios de colaboración que buscan fortalecer un sector estratégico para el desarrollo económico y social de la región. 

Así se ha presentado durante la renovación del convenio anual del Gobierno de La Rioja con FECOAR. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el presidente de FECOAR, Alfredo Sáenz, han firmado este convenio de colaboración anual, dotado con 48.000 euros, que permitirá mantener y reforzar actuaciones clave como la representación institucional, el asesoramiento técnico a las cooperativas, la divulgación de información sectorial, la organización de jornadas formativas, así como el apoyo a la modernización organizativa y de gestión. 

Noemí Manzanos ha destacado que FECOAR “representa un proyecto integrador que durante más de 25 años lleva prestando servicios, dando respuesta y representando al sector cooperativista riojano”. Un sector, ha recordado, que agrupa a 28 cooperativas, no solo vitivinícolas sino de otros sectores agroalimentarios que también se están integrando como la seta y el champiñón, que emplean a 330 personas y suman cerca de 6.000 socios.

Manzanares y Puertollano contarán con sendas plantas para el reciclaje de residuos plásticos, según publica hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo a dos resoluciones de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno regional, que recogen el correspondiente informe de impacto ambiental de estas futuras instalaciones.

Una de estas plantas se ubicará en el polígono municipal de Manzanares, en una parcela urbana, a unos 320 metros de las viviendas más cercanas. La empresa promotora es Agru Residuos, SL. y realizará labores de clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de residuos plásticos procedentes del sector agrario, para su posterior venta a gestores autorizados.

Según los cálculos de la empresa se van a gestionar unas 7.090 toneladas de residuos cada año. En el proceso se utilizará agua potable de la red del municipio. Además, en la resolución se especifica que “las aguas pluviales con posibilidad de contener hidrocarburos [componente fundamental del plástico], se conducirán mediante la pendiente del solado hasta el separado de hidrocarburos” y que esas aguas serán después vertidas a la red de saneamiento municipal.

Según la Consejería de Desarrollo Sostenible el proyecto no debe someterse a evaluación ordinaria, sino que bastará con una simplificada porque, dice, el proyecto “no parece contemplar afecciones negativas sobre el medio ambiente”.

En Puertollano, otra para reciclar plástico agrario y de la refinería

El segundo proyecto al que se da luz verde, y al que se otorga una autorización ambiental integrada, es el que pondrá en marcha Piroplast Energy.

Será una planta de valorización mecánica y química de residuos plásticos procedentes tanto del sector agrario como de la industria - de la refinería de petróleo de Puertollano- y que estará destinada a la producción de materias primas circulares. Se instalará en el polígono industrial la Nava III, de Puertollano. En 2024 fue declarado “proyecto prioritario” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

Esta planta tratará los residuos plásticos mediante pirólisis. Es decir, los transformará en hidrocarburos simples (como el metano, el propano o de otros tipos), con una producción anual estimada de 16.200 toneladas.

Al conocer esta noticia, el alcalde de Puertollano Miguel Ángel Ruiz se ha mostrado satisfecho. Cree que es “un hito que supone un avance decisivo en la consolidación del modelo industrial sostenible de nuestra ciudad” y que “refuerza la estrategia de Puertollano alineada con los principios de la economía circular, la transición energética y la modernización del tejido productivo”.

El edil ha detallado que la inversión prevista supera los 18 millones de euros y creará 63 empleos directos.

UPA-UCE Extremadura celebrará el próximo 19 de noviembre en Mérida su VIII congreso regional bajo el lema ‘Futuro. Agricultura y Ganadería Familiar. Cada día más’, en el que Ignacio Huertas no optará a la reelección como secretario general después de 22 años al frente de esta organización agraria.

Huerta ha anunciado este miércoles que no optará a la reelección de su cargo porque la dirección de la Secretaría de Agricultura que actualmente ocupa en la Ejecutiva de UPA Federal requiere de “una dedicación plena”. Ha agradecido el apoyo y cariño recibido por parte de los trabajadores, compañeros y afiliados durante los 22 años que ha estado al frente de UPA-UCE Extremadura.

Esta organización agraria afronta su octavo congreso con ilusión para afrontar el futuro y apostando por el relevo generacional en todos sus órganos de dirección, ha informado en un comunicado. En el congreso se votan y se renuevan las estrategias, el plan de acción y los representantes.

“El lema del congreso refleja lo que nosotros representamos, que es la defensa de las explotaciones familiares por los beneficios que aportamos a la sociedad y la necesidad de que sigamos existiendo”, ha destacado el aún secretario general de la organización agraria.

UPA-UE ha señalado que este congreso viene precedido de la celebración de 14 congresos comarcales que se han realizado en las últimas semanas y que finalizan este miércoles en Plasencia. “Un ejercicio de democracia muy importante con el que los agricultores y ganaderos han podido decidir a sus representantes, con un importante relevo generacional dentro de todas las ejecutivas comarcales que UPA tiene repartidas por toda la región”, ha apuntado Huertas.

Durante la celebración del congreso, harán entrega de los premios Orgullo Rural de Extremadura, unos reconocimientos que irán destinados a compañeros históricos. 

La Comisión de Flujos Migratorios ha informado esta mañana que, por primera vez, desde hace aproximadamente dos décadas en el sector agrícola, se ha tramitado un expediente de contratación en origen. En concreto, en una empresa ubicada en Alfaro para la campaña de fruta.

Tras incluir la empresa una oferta de trabajo para 50 personas en la Oficina de Empleo y diez personas aceptar el mismo, procedió a los trámites necesarios para la contratación en origen en Senegal de los 40 restantes. La incorporación se produjo a mediados de junio y estarán trabajando hasta el 30 septiembre.

Se trata de un contingente estable y no circular, es decir, solo tienen permitido trabajar en esta empresa, quien se encarga de asumir los gastos de viaje y el alojamiento. De esta forma, tras llevarse a cabo los trámites necesarios para hacer posible este primer procedimiento inicial para realizar el llamamiento de estas personas para su contratación en origen, en próximas campañas se facilita que estos mismos trabajadores puedan retornar a trabajar con la misma empresa, que ha manifestado su interés de que puedan ser contratados durante cuatro campañas.

Los miembros de la Comisión han agradecido la información recibida sobre la contratación de contingentes porque la contratación de mano de obra en campañas agrícolas, según han referido, es “cada vez más complicada”.

Durante la reunión de la Comisión de Flujos Migratorios, se ha manifestado que se continuará con la experiencia piloto que se implantó en la anterior campaña para controlar las suplantaciones de identidad. En 2024, por primera vez acudieron en un mismo operativo Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, Policía Nacional y Guardia Civil con sistemas informáticos que permitieron comprobar in situ tanto las identidades como las altas en Seguridad Social, facilitando que se procediera de inmediato a actuar en los casos detectados como no regulares.

Miembros asistentes de la Comisión

La Comisión de Flujos Migratorios celebrada esta mañana ha estado presidida por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda. A la misma han asistido, por parte del Ejecutivo central, representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), SEPE, Trabajo e Inmigración, Seguridad Social y Agricultura. También ha participado el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, sindicatos agrarios, FER, Asociación de Bodegas Familiares, Federación Riojana de Municipios y entidades sociales.

El Fiscal pide tres años de cárcel a L.C.G, al que acusa de un delito de apropiación indebida por, presuntamente, transferirse dinero de una sociedad agraria, y quedarse con lo ganado por las cosechas, a espaldas del otro socio.

Según relata el escrito de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado y el denunciante acordaron en el año 2012, de manera verbal, constituir una comunidad de bienes para la explotación agrícola.

Para ello, cada uno aportó una serie de bienes y derechos, compraron maquinaria y decidieron repartirse a partes iguales beneficios y gastos. El acusado se encargaba de la parte financiera y administrativa y el denunciante de las tareas agrícolas.

En el año 2014, el acusado le dijo al denunciante que no tenía liquidez, por lo que éste pidió un préstamo de 50.000 euros que ingresó en la cuenta que ambos tenían en común en dos abonos de 25.000 euros.

En un momento determinado, el demandante observó, en esta cuenta corriente común, “numerosas” transferencias, por parte del acusado, a la mercantil Castillo Gonzalo 2008 S.L., de la que era socio y administrador único, “sin justificación alguna”. También, transferencias a nivel particular, todas ellas sin justificar, superiores a los ingresos en concepto de aportación que había realizado.

Según el informe pericial, el denunciante ingresó en la cuenta bancaria conjunta 142.630,76 euros, y se le devolvieron 20.137,75, lo que deja un saldo a favor de la cuenta de 122.493,01 euros.

En cuanto al acusado, entre los ingresos y reintegros efectuados por él a nivel particular, su saldo a favor fue de 27.941, 36 euros; y en las relaciones con la mercantil CASTILLO GONZALO 2008 S.L., el saldo a favor fue de 51.090,65 euros, todo ello sin contar las ingresos y reintegros por conceptos indeterminados efectuados por ambas partes.

El Ministerio Fiscal también apunta que el acusado, a pesar de las aportaciones comunes de efectivo, maquinaria e instalaciones con el denunciante y del pacto existente, ingresó en su cuenta personal los importes de las cosechas de remolacha de 2015 y 2016.

El perjudicado reclama por los conceptos de maquinaria y material no devuelto, así como por las cosechas y las transferencias no consentidas realizadas por el acusado de la cuenta común 130.235,21 euros.

La vista oral está prevista para el lunes 15 de septiembre en la Audiencia Provincial.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha reclamado al Gobierno foral “la anulación inmediata de la Orden foral que prohíbe las labores de cosecha y empacado” por el alto riesgo de incendios, al considerar que la medida es “injusta, desproporcionada y carente de justificación”. La consejera de Interior, Amparo López, descartó el pasado lunes que el incendio de Carcastillo estuviese provocado por labores agrícolas y apuntó a un origen “por la acción humana”.

En una nota de prensa, desde la patronal agraria se insta al Gobierno de Navarra a “retomar el sistema de meteoalertas, que permite tomar decisiones basadas en previsiones meteorológicas reales y no en prohibiciones generalizadas”.

“Desde UAGN queremos denunciar la actuación del Gobierno de Navarra, porque hoy miércoles ya se sabía que las temperaturas no iban a ser altas y, aun así, no se ha levantado la prohibición de cosechar y empacar. Están jugando con la viabilidad de las empresas agrarias. Es absolutamente inconcebible y no tiene justificación alguna. Vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para anular esta medida absurda e injusta”, ha reivindicado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Según Bariáin, la situación “afecta especialmente a la zona norte de Navarra, donde las temperaturas previstas, especialmente por la mañana, apenas superarán los 30 grados”. “El trabajo en la agricultura y la ganadería es un derecho. No puede ser que no se nos permita trabajar porque ayer por la tarde el Gobierno no se reunió para evaluar la situación. No vamos a tolerar que un día como hoy se impida trabajar en el campo”, ha añadido.

Desde UAGN se insiste en “volver a la gestión mediante meteoalertas, un sistema que los profesionales agrarios de Navarra tienen perfectamente interiorizado y que les permite saber exactamente qué tareas realizar y con qué medios en función del color del mapa, por zonas y tipo de trabajo agrícola”.

UAGN ha reivindicado que el sector agrario “necesita flexibilidad y criterios técnicos ajustados a la realidad de cada zona”, y que “cualquier restricción debe basarse en datos meteorológicos actualizados para evitar daños económicos irreversibles”.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado ha puesto en marcha una línea de subvenciones dirigidas a entidades locales y organismos sin ánimo de lucro para organizar los Mercados del Paraíso Natural, una iniciativa que busca reforzar el sector agroalimentario, promover el consumo de proximidad y dinamizar el medio rural.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este lunes las bases reguladoras de estos certámenes, que se centrarán en la venta directa de productos agroalimentarios asturianos, especialmente aquellos amparados por la marca Alimentos del Paraíso Natural.

Fortalecer el vínculo

Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores, impulsar la economía local, preservar el paisaje rural y favorecer circuitos cortos de distribución, según Medio Rural.

Podrán acogerse los mercados celebrados en Asturias entre el pasado 1 de noviembre y el próximo 31 de octubre, siempre y cuando cuenten con al menos 20 puestos de venta y duren como mínimo seis horas.

Productos autóctonos

El evento podrá despachar productos bajo la marca Alimentos del Paraíso Natural, otros productos primarios, alimentos locales, Artesanía de Asturias y cantinas o 'gastronetas' cuya oferta gastronómica se base, al menos en parte, en productos autóctonos.

La ayuda estará financiada al cien por cien por el Principado y se concederá en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria pública anual.

La cuantía se asignará en función de criterios como el tamaño de la localidad donde se celebra el mercado, su duración y número de puestos, la presencia de actividades complementarias (especialmente para público infantil) y de productos amparados por marcas de calidad o aptos para personas con intolerancias, entre otros factores.