El Gobierno de Page no logra calmar el rechazo social al biometano: las plataformas valoran ir a los tribunales

La moratoria que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere establecer ante la proliferación de plantas de biometano en la comunidad autónoma, mediante un decreto que restringe su instalación y paraliza los expedientes en curso, no ha servido para calmar los ánimos de las decenas de colectivos sociales y vecinales de toda la región que rechazan de lleno esta polémica renovable. Unidos bajo el paraguas de la Plataforma regional Stop Biometano, han comparecido en Toledo y han alertado de que están dispuestos a acudir a los tribunales si el Ejecutivo de Emiliano García-Page no da marcha atrás y apuesta por otras alternativas.

Considera la asociación autonómica que el mencionado decreto no soluciona el problema de fondo. “Es un grave problema ambiental, social, sanitario, y ahora también político. En nuestros pueblos limpios, sanos y verdes, no nos merecemos que nos impongan estas instalaciones”, afirma en representación de este colectivo Rafael Ruiz, portavoz de Stop Biometano en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), donde se proyecta una de estas instalaciones.

Recuerda en este sentido que el nuevo decreto supone la “prescripción” del anterior Plan de Biometano que promovió el Gobierno regional, sin que la Administración haya dejado claro sin las más de 15.000 alegaciones que se presentaron a ese proyecto también decaen.

De cualquier forma, ahora son más de 20.000 las alegaciones que estos colectivos y miles de particulares han presentado al nuevo decreto, todavía pendiente de aprobación, lo que demuestra que la oposición social al biometano es “creciente”.

Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque genera inseguridad jurídica

“Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque contiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica. Debe ser revisado o directamente anulado, porque solo contempla algunas concesiones para ver si los ayuntamientos y los alcaldes se contentan”, argumenta, Rafael Ruiz.

Se refiere al hecho de que esta nueva normativa, junto con la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, permita a los plenos municipales poder “vetar” la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. Para las plataformas, esto es una “trampa”, porque muchos pueblos no disponen de recursos técnicos para emitir informes argumentados de rechazo, como requiere la ley.

A esta cuestión hace mención también Elisa Díaz, coportavoz de Verdes-Equo en Castilla-La Mancha, quien habla de “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana. “Pero los vecinos y vecinas no se van a quedar de brazos cruzados, van a seguir muy vigilantes con su patrimonio”, ha dicho.

En su opinión, hay “imprecisiones” en el decreto que deben pulirse o incluso anularse. “No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirma en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

También incide la falta de recursos de muchos ayuntamientos para emitir informes como los que se solicitan en la nueva normativa para poder tumbar estos proyectos. El caso más paradigmático es el de Campos del Paraíso, en Cuenca, de apenas 700 habitantes. En su término municipal hay dos plantas de biogás proyectadas, y hasta seis en la zona colindante o de influencia. De hecho, este municipio acogió el pasado mes de marzo una de las manifestaciones más numerosas contra esta polémica renovable.

Desde Equo alertan también de que estas plantas tienen eventualmente fugas procedentes de sus antorchas de gas, que son, según estiman, un 80% más contaminantes que el CO2, así como posibles accidentes, explosiones e incendios. “Nada de esto está previsto en el decreto, ni siquiera la incidencia del cambio climático”.

Para Elisa Díaz, estas plantas responden, por tanto, a un modelo de desarrollo agroenergético “insostenible y especulativo”. “No son de utilidad pública ni de interés social, no tienen consenso y la posición ciudadana es cada vez mayor”.

“A un alcalde le pueden proponer un proyecto atractivo, puede aceptarlo, pero no hace una evaluación correcta de los riesgos que asume al abrirle los brazos. Hay un principio de precaución, que es vigilar el territorio. Muchas de estas empresas tienen un capital detrás de 3.000 euros: con eso no se podría hacer frente a contingencias como una fuga o un incendio”, concluye.

ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados

Otro de los datos más relevantes lo ha aportado Carmelo Donoso, de la Plataforma Stop Biometano de Carrión de Calatrava, en Ciudad Real. Ha recordado que actualmente hay en Castilla-La Mancha más de 70 plantas en tramitación, mientras que “ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados”, procedentes a su vez de la “gran proliferación de macrogranjas” por toda la comunidad autónoma.

Es el motivo por el que miles de alegaciones rechazan que la distancia mínima establecida en el decreto entre las plantas de biogás y los núcleos urbanos sea tan solo de dos kilómetros. Según ha apuntado, deberían estar al menos a 25 kilómetros de los pueblos y de sus aguas potables, y localizadas de forma que no afecten a poblaciones vecinas.

Precisamente, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava son dos de los municipios afectados por la planificación de estas instalaciones que forman parte del área de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Para más inri, en este último municipio también hay otra planta proyectada.

Alberto Félix, de Stop Biometano en Daimiel, alerta del peligro de estos tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Anuncia así que las plataformas pondrán en marcha una campaña bajo el lema ‘Salvemos las Tablas de Daimiel’ para recordar que actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está trabajando en un marco de actuaciones prioritarias para “salvar” el Parque Nacional. “No tiene sentido que mientras se prepara ese plan, Castilla-La Mancha vaya en la dirección contraria proyectando plantas en estos tres pueblos”.

Alberto Félix ha detallado además que las plataformas están trabajando con técnicos un documento de propuestas alternativas para el tratamiento de residuos sin necesidad del biometano. Se trata, explica por su parte Rafael Ruiz, de una docena de soluciones que no ha detallado, pero que quieren presentar al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Otra cuestión para la polémica es que el Gobierno regional también prepara una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”.

Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en los tribunales

Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartan acudir a los tribunales. “Se están saltando leyes e incluso el Tratado fundacional de la Unión Europea. Faltan evaluaciones ambientales estratégicas en algunas plantas. Eso no puede ser. Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y, si no nos dan la razón, llegaremos al Supremo, al Constitucional o a los tribunales europeos. No nos vamos a quedar callados”, amenaza Rafael Ruiz.

Actualmente, hay en Castilla-La Mancha tres plantas de biometano ya operando. La de Balsa de Ves, en Albacete, inició su actividad tratando 3.000 toneladas de residuos, y actualmente ha llegado a las 40.000 toneladas. La de Noez, en Toledo, afecta principalmente al pueblo vecino de Casasbuenas, donde ya se han presentado varias denuncias por contaminación. Y la más grande de las tres es la de Belinchón, en Cuenca, que trata hasta 400.000 toneladas de residuos.

En paralelo, ya se están construyendo otras tres: en Gálvez (Toledo), Villaluenga de la Sagra (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real). Según el mapeo de estas plataformas y de Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas proyectadas, con expedientes en tramitación en toda Castilla-La Mancha, y el “objetivo”, afirman, es llegar a un centenar.

Estas plataformas sociales y vecinales se reunieron con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a finales del pasado mes de junio. Según afirman, la consejera mostró interés en el mencionado estudio de alternativas pero no les consta que el Gobierno esté trabajando en ello. Ahora quieren otro encuentro, para tener “el mismo número de reuniones que la consejera ha tenido con constructoras y empresas gasísticas”.

De hecho, piden directamente hablar con Emiliano García-Page ante la dimensión de un problema que “no es solo ambiental sino también político”. “Las elecciones están cerca y esto ya es un movimiento ciudadano en toda regla. Somos 46 plataformas de 46 pueblos, y a fin de año seremos cien. Queremos decirle que seguir permitiendo estas instalaciones es antisocial y es imponer los intereses privados por encima de intereses públicos”.

“Las plantas de biometano son malsanas, contaminantes y no aportan apenas empleo. Esto no es ni economía verde, ni circular, ni descarbonificada. Esto no es transición ecológica, es transacción económica. Queremos nuestros pueblos tranquilos, limpios, verdes y sanos, y no convertidos en un vertedero o en tierras de sacrificio”, concluyen.