Castilla-La Mancha prohibirá anunciar pisos turísticos en plataformas digitales si no constan en el registro regional

Las viviendas de uso turístico (VUT) en Castilla-La Mancha no podrán anunciarse en las plataformas digitales como Airbnb o Booking si sus propietarios u operadores no han presentado una declaración responsable o no las han inscrito en el Registro de Turismo de la comunidad autónoma. Además, se prohibirán los alquileres turísticos de habitaciones, por lo que los pisos deberán alquilarse por completo para estas estancias.

Así lo establece el borrador del anteproyecto de Ley de Turismo de Castilla-La Mancha, la norma con la que el Gobierno regional quiere sustituir a la vigente Ley 8/1999, aprobada hace más de un cuarto de siglo, cuando ni las viviendas de uso turístico ni las plataformas digitales que hoy las comercializan formaban parte del paisaje. El texto, de 92 artículos, continúa su elaboración tras concluir el 13 de agosto el trámite de información pública y participación ciudadana, y llega en un momento en el que la presión del alquiler turístico sobre el mercado de la vivienda se ha instalado en el debate político dentro y fuera de la región.

El foco más sensible del anteproyecto está, precisamente, en las viviendas de uso turístico, que hasta ahora estaban reguladas únicamente por un decreto de 2018. Según establece este borrador, para poder anunciarse en plataformas digitales, que actúan como intermediarias para la reserva de este tipo de alojamientos, sus propietarios u operadores deberán haber presentado una declaración responsable o haberlas inscrito en el Registro de Turismo de la Junta.

Además, estos pisos deberán cederse siempre completos y queda expresamente prohibido el alquiler por habitaciones. Es decir, se cierra la puerta al modelo de ‘habitación en piso compartido’ bajo esta figura.

No obstante, el borrador de la nueva ley poco más concreta sobre este tipo de alojamientos. El anteproyecto remite a “los límites y las características que se determinen reglamentariamente” —una regulación normativa específica posterior— por lo que las cuestiones más delicadas, como un máximo de días de comercialización al año o criterios de saturación en cascos históricos como los de Toledo o Cuenca y municipios tensionados, quedan sin regular hasta un posible desarrollo posterior.

En cambio, el texto sí introduce como novedad que los propietarios de una VUT responderán de forma subsidiaria en los casos de intrusismo cuando, requeridos por la Administración, no identifiquen a quien realmente explota la vivienda.

El anteproyecto tipifica también como infracción muy grave anunciar o explotar una actividad turística sin haber presentado la preceptiva declaración responsable, y crea infracciones específicas para las plataformas en línea de alquiler de corta duración que incumplan sus obligaciones de información, registro, recogida, conservación, suministro o intercambio de datos previstas en la normativa aplicable.

Autocaravanas, estrellas verdes y nuevas profesiones

Más allá de las VUT, el anteproyecto eleva a rango de ley figuras que ya existían por vía reglamentaria. Es lo que ocurre con las áreas para autocaravanas, reguladas en la región desde 2018 mediante el Decreto 94/2018, que ya fijaba el estacionamiento máximo en estas zonas en un máximo de 48 horas, —tiempo que la norma mantiene—, o con la clasificación del turismo rural mediante “estrellas verdes” de una a cinco, en vigor también desde 2018 en sustitución de las antiguas “espigas” y que se aplica a casas rurales, apartamentos turísticos rurales y alojamientos rurales singulares.

El texto regula, asimismo, de forma diferenciada el turismo activo y el ecoturismo, este último vinculado a la Red de Áreas Protegidas, y refuerza la figura de las Hospederías de Castilla-La Mancha, la red de establecimientos singulares ubicados en inmuebles de interés patrimonial, a los que se exige una categoría mínima de tres estrellas.

Donde sí crea figuras nuevas es en lo relativo a las profesiones turísticas: junto a la tradicional actividad de guía de turismo, el anteproyecto suma a los informadores turísticos de ámbito local, pensados para municipios de menos de 10.000 habitantes —ampliables hasta 20.000—, y los dinamizadores turísticos, orientados a impulsar el desarrollo del medio rural.

También apuesta de forma decidida por la digitalización: inteligencia turística, análisis de datos y “destinos inteligentes” aparecen como ejes transversales, junto a la consolidación de la marca única “Castilla-La Mancha” como paraguas de la promoción regional.

El anteproyecto regula además la figura de los “municipios turísticos”, que podrán obtener esa consideración —y un trato preferente en la planificación, las ayudas y la promoción— cuando cumplan varios requisitos: entre ellos, que la población turística asistida anual supere el 25% de la población residente y que el número anual de visitantes equivalga, al menos, a ese mismo porcentaje, además de contar con recursos turísticos con capacidad de atracción y un plan municipal de calidad. El texto llega incluso a modificar otras dos leyes regionales para crear los “municipios de interés turístico artesano” y regular los “comercios turísticos”.

En materia sancionadora, el anteproyecto actualiza los tipos de infracción para adaptarlos al entorno digital, pero mantiene los topes de las multas heredados de la ley vigente: hasta 600 euros las leves, de 601 a 6.010 euros las graves y de 6.011 a 60.010 euros las muy graves. Se conserva, asimismo, la posibilidad de excluir a los infractores muy graves del acceso a las ayudas de la consejería.

Este primer borrador, publicado el 8 de julio, continúa su proceso de elaboración tras concluir el pasado 13 de agosto la fase de participación pública. Actualmente, se encuentra en la fase de retorno, en la que la Consejería de Empresas, Economía y Empleo valorará las alegaciones recibidas. Está previsto que esta parte se prolongue hasta el 14 de septiembre.