El colectivo de los autónomos afronta una paradoja: los accidentes de trabajo se reducen, pero los que terminan en muerte aumentan. Un total de 36 trabajadores por cuenta propia fallecieron durante los seis primeros meses de 2026 como consecuencia de un accidente laboral, siete personas más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento es de casi el 25% y equivale a la muerte de un autónomo, aproximadamente, cada cinco días, alerta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).

El dato contrasta con la evolución del conjunto de accidentes laborales con baja. Entre enero y junio se registraron 13.358 accidentes entre trabajadores por cuenta propia, frente a los 13.688 del mismo periodo de 2025, un 2,4% menos, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo.

“Que haya menos accidentes es una buena noticia, pero no podemos hablar de una evolución positiva mientras aumentan de esta manera las muertes porque detrás de estas cifras hay personas que salieron a trabajar y no volvieron a casa”, señala la secretaria general de la organización, María José Landaburu.

La construcción concentra casi la mitad de las muertes

La construcción es el sector que presenta una mayor exposición al riesgo entre los autónomos. En el primer semestre acumuló 3.809 accidentes durante la jornada laboral, de los que 75 fueron graves y 14 mortales.

El sector concentra alrededor del 31% de todos los accidentes en jornada registrados entre los trabajadores por cuenta propia, pero reúne 14 de las 32 muertes producidas durante la jornada laboral, casi el 44%.

La diferencia también se aprecia en el índice de incidencia. En el conjunto del trabajo autónomo se sitúa en 60,8 accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias profesionales cubiertas. En la construcción asciende hasta 155,1, más que duplicando el promedio.

El campo y la industria también presentan niveles de siniestralidad superiores al promedio, con índices de 122,8 y 103,8, respectivamente. En los servicios, en cambio, el indicador baja hasta 37 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

“Hay actividades en las que estamos viendo una exposición al riesgo que exige una respuesta mucho más intensa”, sostiene Landaburu. La organización reclama que no se considere inevitable que trabajar en sectores como la construcción, el campo, el transporte o determinados oficios implique una mayor probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal.

32 muertes durante la jornada y cuatro en desplazamientos

De los 13.358 accidentes con baja contabilizados en el primer semestre, 12.389 se produjeron durante la jornada laboral y otros 969 fueron accidentes in itinere.

Los accidentes ocurridos durante la jornada se saldaron con 12.087 casos leves, 270 graves y 32 accidentes mortales. El alza de las muertes durante la jornada laboral es del 28% respecto a los datos del primer trimestre de 2025.

A estos datos se suman 33 accidentes graves y cuatro fallecimientos durante los desplazamientos de ida o vuelta del trabajo ('in itinere').

La estadística refleja así una evolución desigual: disminuyen los accidentes en términos globales, pero aumenta la proporción de los que tienen consecuencias mortales.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de accidentes en jornada entre autónomos, con 2.262 casos, seguida de Cataluña (1.667), Comunitat Valenciana (1.461) y Comunidad de Madrid (1.127).

Más prevención para los autónomos

UATAE considera que los datos evidencian la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales específicamente dirigida a los trabajadores por cuenta propia. Su situación, sostiene, presenta particularidades frente a la de quienes trabajan en empresas con estructuras preventivas más desarrolladas. En el primer semestre, fallecieron en accidentes de trabajo 322 personas asalariadas, un 3,6% menos en en el mismo periodo del año pasado.

“Durante demasiado tiempo se ha dado por hecho que el autónomo tenía que gestionar prácticamente en solitario también los riesgos de su actividad”, afirma Landaburu, que reclama que la prevención, el asesoramiento y las herramientas para trabajar con seguridad sean accesibles con independencia del tamaño del negocio.

Hoy queremos recuperar un episodio que surge a partir de que nos enteramos de algo muy llamativo. Gracias a algunas religiosas jóvenes con cierta actividad en redes sociales, algunos nos hemos enterado de que las monjas cotizan en el régimen de autónomos a diferencia, por ejemplo, de los curas, que son trabajadores por cuenta ajena: la Conferencia Episcopal les paga un sueldo según su posición en el escalafón salarial de la Iglesia.

Si un autónomo es alguien que trabaja por cuenta propia, con sus propios horarios, sus clientes y sus declaraciones de IVA e IRPF, ¿por qué una monja, que vive aislada por y para su congregación, que sigue una rutina estricta y obediente, que no trabaja para nadie más que para Dios, cotiza en el régimen de autónomos? Intentamos responder a todas estas contradicciones con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, medio asociado a elDiario.es en cuestiones relacionadas con la religión y la Iglesia católica.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 27 de marzo de 2026***

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Una entra y aspira profundamente el olor. Hoy hay puchero, albóndigas y macarrones a la carbonara, también, un salmorejo para rebajar los sudores, y mucho fundamento, de ese que no se puede fingir, sino que se aprende frente a los calderos y con la mano removiendo el cucharón sobre el fuego. Esto pide más sal o un poquito de tomillo, prueba, que esto es una ciencia inexacta que aprecia el paladar. Y ese sabor, esa ternura que entra cuando le da un bocado a la comida de casa, es la que aprecian los vecinos que llaman para reservar los menús de La cocina de Águeda porque, estén donde estén, estas recetas sirven para tejer una comunidad que crece paso a paso desde hace una década.

Águeda Peinado le pide a Antonio Almansa, su marido, que se quede un momento al tanto por si entra algún cliente. En el local conviven las dos empresas, por una parte, la insigne Cárnicas Almansa, presente en el barrio desde 1960, mientras que en el piso superior están los fogones del negocio que dirige su mujer. La plaza de la Alfalfa va despertando con los primeros humores de la mañana y saluda a los vecinos que se encuentra mientras señala a los comercios que todavía no han sido presa de la gentrificación. “Antes, a esta hora, te podías tomar un café en cualquiera de las mesas, pero ahora esperan a mediodía o a la noche para abrir”, que es cuando hay más jaleo, sobre todo en el verano sevillano con la llegada de los turistas. La farmacia, el bar Casa Diego, el florista a su lado y Persianas Alfalfa en frente, va nombrándolos como viejos conocidos que resisten al paso del tiempo.

¿Cómo empezó todo? Como las buenas historias, desde la niñez. Águeda todavía recuerda los veranos en casa de sus abuelos en Jaén, que tenían el estanco y tienda de ultramarinos y donde le fue cogiendo el gusto a despachar a los clientes y, también, a la cocina. Ya en Sevilla y, recién casada, entró a trabajar en Cárnicas Almansa hasta que, con la ayuda de su cuñada Magdalena, decidió emprender. La idea surgió cuando varios vecinos, que entraban a la tienda y olían los guisos que preparaba, le sugirieron que lo intentara, que seguro que tendría éxito. Así empezó todo en 2008, en plena crisis económica, con pocos pedidos, a cuentagotas, hasta llegar a los 150 envíos diarios que le llegan a través de siete grupos de WhatsApp durante el estío, cuando baja un poco el ritmo.

“Tengo la gran suerte de hacer un trabajo que me encanta”

A su vera, tiene a un equipo de cinco personas entregadas, asiente. Magdalena, Asunción y María, encargadas de la cocina, y Carlos y Águeda, dedicados exclusivamente al reparto. “Tienen ya tanta confianza con algunos clientes que hasta le piden que le pongan una bombilla o hay quien deja la llave si les cuesta mucho moverse”, comenta, sobre todo cuando se trata de personas mayores que viven solas o han ido perdiendo movilidad.

Ahí es cuando entra ese tejido social, cercano, en el que se apoyan unos a otros: “Hay hijos que me piden la comida diaria de sus padres y, también, hay veces que te llaman, pero tú sabes que es para charlar, porque lo necesitan, y yo los atiendo”. Incluso, la alarma salta cuando el silencio se prolonga varios días sin razón. “Si no me llaman en dos días, yo les llamo: 'Oye, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa?'”, y ya se queda tranquila, y con algunos lleva tantos años que hasta sabe qué ingredientes no le gustan.

Es más, Águeda se ríe, porque hasta irse de vacaciones se ha convertido en un problema: “Me preguntan, ¿y ahora qué hago?”. No se hable más. La dueña del negocio lo tiene todo planificado: con un par de semanas de antelación va preparando unos menús congelados para los vecinos con mayor dependencia y deja a encargo de sus hijos el reparto durante esos días. Un respiro veraniego que, realmente, empezó a tomarse hará unos escasos tres años, reflexiona, “al final me di cuenta de que lo necesitaba”, aunque nunca apaga el móvil, por lo que pudiera pasar.

“Tengo la gran suerte de hacer un trabajo que me encanta. Eso es importantísimo. Se lo digo siempre a mis hijos, que cuando un trabajo te apasiona, la hora de salida ya ni la ves”, mantiene. Una peculiaridad que tiene el negocio es que no cobra por el reparto a domicilio: el precio del menú es fijo, cambia los siete primeros y los siete segundos los siete días a la semana, “para que nadie se canse”, pero no cobra ningún extra. ¿Por qué? “Al principio, estaba dedicado solo a personas mayores y, aunque se ha ido uniendo muchísima gente, es un gasto que asumimos. También nos diferenciamos con ello”, indica, “eso sí, a los jóvenes se los decimos, que tienen preferencia las personas mayores o con algún tipo de tratamiento”. Tanto se ha extendido el círculo que, una vez a la semana, reparten por el Aljarafe.

Relevo generacional y revitalizar el centro

Hablando de los jóvenes o de la incursión de los supermercados en las comidas preparadas, comparte las preocupaciones que tuvo al principio: “Cuando me fui de vacaciones la primera vez tenía miedo porque pensaba... La gente se me irá a otro lado. Pero cuando volvía, me decían: 'Oye, chapó, porque os echo de menos'”. Huyendo de los congelados de la producción en masa, La cocina de Águeda ha encontrado su propio sello, y se nota. “Porque me dicen, tu comida hay días que está salada, un día está a lo mejor más pegadita, pero tú sabes siempre que es comida casera”, resalta. Las espinacas con garbanzo, las papas con carne, las lentejas, un sabor distintivo.

Hasta tienen una aplicación: Too Good To Go. Una plataforma digital cuya misión es evitar el desperdicio de alimentos y mediante la cual ha dado con los más jóvenes. “Hacen un pedido, en el que priman más la calidad que la cantidad, he de decir, y cuando llegan, me preguntan qué piezas de carne les he dejado y les explico qué recetas pueden hacer”, da pasos sencillos, pero esenciales, “esto es muy fácil, echas la carne, hay que espumarlo y una vez que espume, lo dejas un rato y, les digo, el puchero tiene que llorar”, alguno ha llamado a su madre en Zaragoza para decirle que le ha salido igual al que hacen en sus casas.

¿Ve relevo generacional? Cavila dos segundos y lanza: “Yo creo que sí”. Dos de sus tres hijos ya trabajan en el negocio familiar en la parte de Cárnicas Almansa, aunque, a todo aquel que empieza siempre le dice: “No hay que cansarse al principio ni tirar la toalla, porque cuesta muchísimo trabajo dar los primeros pasos”. Poco a poco, “vas recogiendo los frutos, y aunque muchas veces me desanimaba, yo seguía ahí”. Incluso, hace autocrítica en el sector y subraya que para distinguirse de las grandes superficies comerciales deben hacer un esfuerzo extra en la atención al cliente, “mi horario del mediodía es hasta las cuatro, pero si yo estoy y alguien lo necesita, estaré hasta las cinco disponible”.

Pero también tiene algunas exigencias para con la administración: pide un mayor apoyo para los autónomos que aguantan el tejido del barrio, así como planes que revitalicen el centro y que unan a los comerciantes, al igual que servicios públicos básicos para incrementar la interconectividad con los demás barrios, como que repongan las paradas de la guagua que había al costado de la plaza de la Alfalfa. “Tengo clientes que han dejado de venir por lo costoso que resulta llegar”, explica.

Hay ilusión, ganas, incluso, nuevos proyectos. En un par de semanas renovarán la vitrina de la carnicería mientras Águeda sueña con poner una freiduría. Sería cosa de brujería o malabarismo, porque le faltan manos, pero hay tantas cosas por hacer que no pierde el ánimo. Eso sí, ¿cuál es el plato estrella de La cocina de Águeda? “Una olla de 25 pucheros. Me sale en el día, en el día, te digo, aunque sea verano”.

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA Asturias) ha denunciado el tiempo y el dinero que los 70.559 profesionales que hay en la comunidad autónoma pierden cada día en realizar los trámites burocráticos.

Una pérdida que la asociación tiene contabilizada y se resume en estas cifras: cada trabajador destina una media de 226 horas al año exclusivamente al papeleo, lo que representa un coste de 3.390 euros anuales por autónomo calculado sobre una media de 15 euros por hora, que traducido a términos globales supone 239 millones de euros y 16 millones de horas en el Principado.

Hay un dicho popular que refeja que “el tiempo es oro” y es una expresión que podría aplicarse perfectamente a un sector que se ve abocado cada vez más a perder su tiempo, su dinero y su energía en rellenar algún trámite burocrático.

La nueva normativa

La presidenta de ATA Asturias, Patricia Oreña, asegura que la nueva normativa no ha reducido la carga burocrática sino que, por el contrario, la ha disparado, y ha impedido “conciliar la vida laboral y personal y descansar con tranquilidad”.

El Barómetro de ATA refleja que, con jornadas de 47 horas semanales, el autónomo dedica al menos cuatro horas a la administración, y que un 40,7 % pide como prioridad reducir la burocracia existente.

Una carga burocrática “disparada”

Patricia Oreña reclama un cambio para que la administración “deje de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador de quienes cada día generan riqueza y empleo en Asturias”.

El nuevo reglamento europeo de IA, los cambios en veri*factu y el registro horario han disparado la carga burocrática en los últimos meses, sin que ninguna medida haya venido a aliviar el tiempo que los autónomos dedican al papeleo.

Un sector que genera riqueza

Asturias cerró el mes de julio con 70.559 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la cifra más alta del año, tras sumar 920 desde enero, según los datos aportados por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, el pasado 7 de agosto, con motivo del Día del Autónomo que se celebró en la Feria Internacional de Muestras (Fidma) en Gijón/Xixón.

En ese acto, Borja Sánchez trasladó el reconocimiento del Gobierno del Principado a los profesionales de este sector que, según sus palabras “generan actividad económica, empleo y oportunidades en toda la comunidad” y resaltó su contribución al mantenimiento de negocios y servicios esenciales, tanto en las ciudades como en el medio rural.

“Detrás de cada autónomo hay una historia de esfuerzo y detrás de muchas de las fortalezas de Asturias hay un autónomo que decidió apostar por su tierra”, valoró.

Aportación del tejido empresarial

El titular de Ciencia señaló que el crecimiento del trabajo autónomo se produce en un contexto favorable para el mercado laboral asturiano, que alcanzó las 406.262 personas ocupadas en julio, cerca de 4.000 más que en junio y más de 8.000 por encima de hace un año.

A su juicio, estos resultados reflejan la aportación del tejido empresarial al desarrollo de la comunidad: “Si la economía funciona, crece y avanza es en buena medida por la labor de nuestras empresas, tanto las grandes como las pequeñas y las lideradas por profesionales autónomos”, afirmó.

Los retos

No obstante, Sánchez advirtió de que la evolución positiva de los indicadores no debe ocultar retos como el relevo generacional, la captación de talento, la digitalización, el aumento de la productividad o la creación de oportunidades para que más jóvenes puedan emprender y desarrollar su carrera profesional en Asturias.

Durante su intervención, el consejero repasó algunas características del trabajo autónomo en Asturias. Así, según los datos facilitados en el acto, el 28 % de las personas afiliadas acumula entre diez y veinte años de actividad y el 67 % tiene más de 45 años. Unos datos que refuerzan, en su opinión, la necesidad de impulsar el emprendimiento joven y favorecer el relevo generacional.

El perfil

Por otra parte, el colectivo presenta una composición cada vez más diversa: cerca de 30.000 afiliadas son mujeres y más de 5.500 profesionales proceden de otros países.

Sánchez también destacó el crecimiento de las actividades ligadas al conocimiento y la innovación, con cerca de 8.000 autónomos que desarrollan su labor en ámbitos técnicos, científicos o vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. Para el consejero, esta evolución refleja “una Asturias emprendedora, dinámica y diversa, innovadora y capaz de adaptarse a los cambios”.

Manifestaciones

Los trabajadores autónomos han protagonizado diversas manifestaciones de protesta en las principales ciudades asturianas. El pasado mes de mayo, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convocó una protesta por las calles de Gijón/Xixón y, entre sus principales reivindicaciones, figuraba la necesidad de que se lleve a cabo una reforma del régimen de la actividad que incluya beneficios sociales y laborales equivalentes a los de los empleados por cuenta ajena.

Tras una pancarta bajo el lema ‘Autónomos Asfixiados. Basta Ya’, los manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad en una protesta que se celebró de manera simultánea en más de veinte ciudades de España.

Reivindicaciones

Durante el recorrido se entonaron consignas como las siguientes: “Sin autónomos no hay futuro” y “España escucha, esta es nuestra lucha” que los manifestantes acompañaron con la exhibición de pancartas que incluían las frases “Si me enfermo me arruino”, “No es una cuota es un atraco” y “No pedimos privilegios, pedimos justicia”.

El colectivo reclamó medidas fiscales como el IVA franquiciado para los que facturen menos de 85.000 euros anuales, la simplificación de las declaraciones y la equiparación de las prestaciones sociales a las del régimen general de la Seguridad Social.

La “asfixia” del sector

El sector de los trabajadores por cuenta propia reclama que no se les cobren las cotizaciones durante los primeros 60 días de baja, prestaciones por maternidad y lactancia y el pago de cotizaciones adecuadas a los ingresos reales.

Unas reivindicaciones a las que ahora se suma también la reducción de la excesiva carga burocrática que, según explican desde ATA Asturias, cada vez es más “asfixiante”.

La reforma modifica el Decreto 39/2024, que regula las subvenciones para el fomento y la consolidación del empleo autónomo en Extremadura, e incorpora un sexto programa de ayudas denominado 'Tarifa Cero Familiar Colaborador'.

Esta nueva línea contempla una subvención de 1.920 euros por beneficiario para financiar el coste de las cuotas a la Seguridad Social de las personas desempleadas que se incorporen como familiares colaboradores de trabajadores autónomos. Para acceder a la ayuda deberán permanecer dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante un periodo de 24 meses.

La modificación también refuerza los incentivos dirigidos al relevo generacional de negocios. Las personas que adquieran una actividad económica en funcionamiento podrán recibir una ayuda adicional de 4.000 euros, cantidad que se incrementará en 2.000 euros más cuando el negocio se ubique en municipios de menos de 10.000 habitantes, hasta alcanzar un máximo de 6.000 euros.

Según la Junta de Extremadura, esta medida busca favorecer la continuidad de actividades económicas viables, facilitar la transmisión de negocios y contribuir al mantenimiento del empleo y del tejido empresarial, especialmente en el medio rural.

El decreto introduce además cambios en el acceso a estas subvenciones para quienes ya hayan sido beneficiarios de determinadas ayudas al autoempleo. En concreto, el plazo mínimo para volver a solicitarlas pasa de cinco a siete años.

El Ejecutivo autonómico justifica esta modificación por la necesidad de adaptar el sistema de ayudas al nuevo modelo de apoyo al empleo autónomo, que incorpora programas de impulso y consolidación con una duración más prolongada. Con ello pretende armonizar las distintas líneas de subvenciones y adecuarlas a las nuevas medidas orientadas a favorecer la estabilidad de los proyectos empresariales.

Tras la reforma, el sistema de ayudas al empleo autónomo en Extremadura queda organizado en seis programas: ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas; incorporación de familiares colaboradores; tarifa cero para nuevos autónomos; ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena que inicien una actividad como autónomas; ayudas para el mantenimiento de la actividad una vez superado el periodo obligatorio inicial; y el nuevo programa de Tarifa Cero Familiar Colaborador.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha pegado un gran bocado a la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes en la capital aragonesa, al reducirla de un millón de euros con que contaba la partida el año pasado hasta 400.000 euros en 2026, lo que supone un recorte del 60%. Esta subvención fue caótica en la pasada edición, al ser devuelta hasta dos veces por Intervención por fallos en la tramitación municipal. El PSOE ha acusado a los populares de “hacer pagar” a los pequeños empresarios los “errores de gestión” del equipo de gobierno, mientras que Economía ha respondido que a las mencionadas ayudas se sumarán otros 700.000 euros específicos para jóvenes.

La línea de subvenciones recién aprobada, la cuarta edición, aspira a impulsar la competitividad de autónomos y pequeñas empresas, y permitirá impulsar actuaciones como la creación de contenidos digitales, acciones de marketing, digitalización o reformas orientadas a mejorar la accesibilidad.

En su presentación el martes participaron el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. El primero de ellos cifró en 1.727 autónomos y pymes los beneficiados desde 2023, con un total de 3.592.800 euros invertidos, incluyendo la convocatoria de este 2026.

El consejero de Economía manifestó que el objetivo de esta iniciativa es que “ningún pequeño negocio renuncie a modernizarse por falta de recursos” porque “impulsar el tejido empresarial es una prioridad, como demuestra el presupuesto de los últimos cuatro años”. Y recalcó que el compromiso del Ayuntamiento es “acompañar a quienes generan empleo y actividad económica para que puedan crecer, innovar y ganar competitividad, porque el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial es también el fortalecimiento de Zaragoza”.

Dos líneas

Por su parte, la concejal de Vox recordó que esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo municipal de Vox para respaldar a los que “cada día levantan la persiana, arriesgan su patrimonio, pagan impuestos, generan actividad y crean empleo”. “Detrás de cada pequeño negocio, hay muchas horas de trabajo, sacrificio, incertidumbre y responsabilidad. Hay autónomos que no saben si al final del mes podrán pagarse un sueldo; pequeñas empresas que deben hacer frente al incremento de los costes, a nuevas obligaciones administrativas y fiscales y a una burocracia que no deja de crecer”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que seguirán trabajando para “reducir impuestos, agilizar los trámites y eliminar burocracia”.

Hay dos líneas en esta ayuda. La primera de ellas, para la que se destinan 325.000 euros, busca impulsar el desarrollo de acciones para la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. La segunda, dotada con 75.000 euros, busca subvencionar los gastos derivados de implantar, tal y como exige la normativa, cajas registradoras homologadas y sistemas de facturación electrónica (Verifactu).

La reducción afecta a ambas líneas. Así, la destinada a la competitividad pasa de 750.000 euros a 325.000 euros, mientras que la segunda desde los 250.000 euros del año pasado.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la web municipal en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, algo que se hará la semana del 20 de agosto para que las solicitudes puedan presentarse a la vuelta de las vacaciones.

Recorte “salvaje”

Este miércoles, el concejal socialista Guillermo Ortiz ha criticado el recorte, que después de que la convocatoria de 2025, que todavía no se ha pagado, ya sufriera otra reducción de un millón de euros. “Lejos de corregir los errores de gestión del área de Economía, el Gobierno de Chueca vuelve a hacer pagar las consecuencias a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios”, ha lamentado.

El socialista ha recordado que en la última Comisión de Economía el propio Gobierno municipal reconoció que la convocatoria de 2025 se paralizó hasta en dos ocasiones por parte de Intervención al detectar propuestas de concesión de ayudas a solicitantes que no cumplían los requisitos establecidos. “Nos dijeron que existía un exceso de carga de trabajo para gestionar las ayudas. Y su solución ha sido recortarlas de forma salvaje en lugar de mejorar la gestión. Una vez más, quienes pagan la incompetencia del Gobierno municipal son los pequeños empresarios y comerciantes de Zaragoza”.

“El pequeño comercio y los autónomos son quienes mantienen vivos nuestros barrios y generan empleo de proximidad. Sin embargo, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a darles la espalda”, ha insistido Ortiz.

Subvenciones para jóvenes

En su respuesta a los socialistas, fuentes del equipo de gobierno han explicado que la caída en estas subvenciones en un 60% se debe a que se ha creado “otra nueva línea de ayudas para la contratación de jóvenes dotada con 700.000 euros”. De manera que entre las dos convocatorias, argumentan desde el Ayuntamiento, alcanzarían los 1,1 millones.

Además, el consejero de Economía Carlos Gimeno ha lamentado que el PSOE “cree alarmismo” en el tejido empresarial de la ciudad al asegurar en rueda de prensa que las ayudas del 2025 “no se han pagado, cuando se está efectuando el pago, como no podía ser de otra manera”, ha recalcado.

Cuando Carmen Olmedo decidió dejar un empleo estable en la industria farmacéutica para crear Menoara tenía 51 años. No estaba en paro ni buscaba una salida desesperada. Había detectado un vacío: la escasez de soluciones específicas para la menopausia. “Si iba a dar el paso, mejor hacerlo desde una posición de fortaleza que esperar a que las circunstancias decidieran por mí”, recuerda.

Su caso rompe con el perfil más habitual del emprendimiento sénior en España. Porque, aunque el imaginario colectivo asocia al emprendedor con alguien joven, dispuesto a asumir riesgos y a crecer deprisa, la realidad es bastante distinta cuando se superan los 55 años. Ahí, emprender suele ser menos una aventura que una estrategia para seguir trabajando.

Así lo refleja el informe 'El emprendimiento sénior en España', elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre junto al Observatorio del Emprendimiento de España. El estudio concluye que el 9,9% de los españoles mayores de 55 años desarrolla alguna actividad emprendedora. Son menos que en otros grupos de edad, pero cuando crean una empresa la mantienen con más éxito: su tasa de abandono es del 1,2%, frente al 4,5% de quienes tienen entre 50 y 54 años y el 4,1% de los menores de 50.

La explicación, según Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, está en algo menos llamativo que la innovación tecnológica pero igual de determinante: la experiencia. “Cuando un sénior se decide a emprender tiene mucho más claro el camino a seguir. La experiencia profesional, el conocimiento acumulado y una red de contactos consolidada ayudan a reducir errores”, explica.

El emprendimiento como alternativa al edadismo

Los datos del informe dibujan una paradoja. España envejece y el colectivo sénior representa ya más de un tercio de la población, pero el mercado laboral sigue expulsando a quienes superan cierta edad. Desde 2008 el paro entre mayores de 55 años prácticamente se ha duplicado y ya supera las 500.000 personas. Además, seis de cada diez desempleados sénior llevan más de un año buscando trabajo tal y como señala el documento.

Ese contexto explica por qué el 57% de los emprendedores entre 55 y 64 años reconoce que montó su negocio simplemente para “ganarse la vida”. Entre quienes ya han consolidado su empresa, el porcentaje alcanza el 65%.

“Lo que dicen estos datos es que las empresas no están contratando, en muchos casos por una mera cuestión de edad, a personas que todavía quieren seguir activas”, resume Fernández Palacios. Aunque matiza que no todo el emprendimiento sénior nace de la necesidad. “También hay un porcentaje importante que emprende para aprovechar oportunidades de negocio o continuar una tradición familiar. No todo el emprendimiento sénior es forzado”.

Olmedo pertenece precisamente a ese segundo grupo. “La chispa llegó cuando empecé a vivir en primera persona la perimenopausia y me di cuenta de lo poco atendida que estaba esta etapa. Vi que podía aportar desde mi conocimiento y experiencia”, explica.

El miedo no desaparece, pero cambia

Emprender a los 25 y hacerlo a los 55 implica riesgos diferentes. Mientras los más jóvenes suelen preocuparse por encontrar financiación o validar una idea, quienes se acercan a la jubilación añaden otra pregunta: ¿y si sale mal?

El informe revela que solo un tercio de los emprendedores sénior considera fácil poner en marcha un negocio y que el miedo al fracaso sigue presente, especialmente por el posible impacto económico sobre la jubilación.

“Claro que sentí miedo”, admite Olmedo. “Dejaba atrás una situación estable y no sabes si el mercado responderá. Pero contar con programas de acompañamiento, mentores y una red de apoyo ayuda muchísimo. Y cuando lo piensas con calma, todavía te quedan más de quince años de vida activa. Son demasiados para vivirlos desde el miedo”.

Paradójicamente, esa prudencia parece convertirse después en una ventaja. El estudio muestra que el 82% de los emprendedores sénior cree disponer de los conocimientos y habilidades necesarias para sacar adelante su proyecto, un porcentaje muy superior al de otros grupos.

La experiencia también enseña a crecer más despacio

Sergi Rosés tenía ya más de cuarenta años cuando, junto a dos amigos de toda la vida, decidió convertir en empresa lo que había empezado casi como un pasatiempo: electrificar embarcaciones tradicionales. Hoy Electric Inside Boats desarrolla barcos eléctricos alimentados por energía solar y participa en la transformación de la náutica sostenible.

Rosés también identifica una diferencia clara entre emprender joven y hacerlo después de décadas de trayectoria. “Cuando eres joven quieres crecer muy deprisa. Con el tiempo aprendes a validar antes el producto, a no crear estructuras innecesarias y a equivocarte menos”, explica. “Ahora priorizamos hacer solo los proyectos que realmente tienen sentido. Eso también forma parte de la experiencia”.

Su empresa nació sin la presión de tener que generar ingresos inmediatos. Los tres socios mantuvieron sus trabajos mientras el mercado maduraba. “Si hubiéramos necesitado vivir de esto desde el primer día, la empresa ya no existiría”.

Esa ausencia de urgencia económica permite otra característica que el informe también detecta: los emprendedores sénior priorizan más el impacto social y ambiental que el crecimiento acelerado. Siete de cada diez empresas consolidadas lideradas por mayores de 55 años sitúan ese propósito entre sus prioridades.

Las mujeres siguen partiendo desde más atrás

La edad no afecta igual a hombres y mujeres. El estudio muestra que el 9,1% de los hombres mayores de 55 años dirige empresas consolidadas, frente al 5% de las mujeres.

Para Olmedo, la explicación empieza mucho antes de los cincuenta. “Muchas mujeres de mi generación seguimos gestionando casa, hijos y cuidados familiares. A eso se suma que socialmente no se percibe igual a un hombre maduro que a una mujer madura. A ellos la edad les aporta autoridad; a nosotras muchas veces nos resta credibilidad”, sostiene.

Fernández Palacios coincide en el diagnóstico. La brecha responde, dice, a décadas de menor participación femenina en el mercado laboral y a una distribución desigual de los cuidados, que sigue limitando las posibilidades de muchas mujeres para desarrollar una carrera profesional o emprender.

Las ideas también se jubilan

No todos los proyectos llegan a convertirse en empresa. Antonio García, piloto jubilado, lleva años imaginando soluciones para facilitar la movilidad de las personas mayores en los campos de golf. Diseñó un carrito eléctrico capaz de transportar al jugador en las cuestas y circular después como carro convencional.

Llegó a invertir dinero en prototipos y buscó fabricantes interesados. Nunca encontró el apoyo necesario. “No soy empresario; soy prescriptor. Yo quería crear algo útil, no montar un negocio”, resume. Reconoce que el desánimo de su entorno familiar también influyó. “Si hubiera encontrado un socio que supiera de marketing, de finanzas y hubiera tenido apoyo familiar, quizá habría sido distinto”.

Su historia ilustra otra realidad menos visible del emprendimiento sénior: muchas buenas ideas nunca llegan al mercado, no tanto por falta de creatividad como por ausencia de redes, acompañamiento o perfiles complementarios.

Un talento desaprovechado

El informe también detecta asignaturas pendientes. La innovación tecnológica disminuye con la edad y solo uno de cada diez proyectos recientes presenta un grado medio-alto de innovación. Sin embargo, la mayoría de emprendedores sénior reconoce el potencial de herramientas como la inteligencia artificial para mejorar la productividad, aunque reclama más formación.

Fernández Palacios cree que las administraciones todavía tienen margen para actuar. Entre las medidas prioritarias propone facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo mediante fórmulas como la jubilación activa, además de reforzar incentivos específicos para quienes emprenden en la última etapa de su vida laboral.

Porque, sostiene, el problema ya no es demográfico sino económico. “El talento sénior es un activo estratégico. Si vivimos más años, con mejor salud y capacidad para seguir trabajando, desaprovechar toda esa experiencia es una pérdida para toda la sociedad”.

Mientras tanto, Olmedo lanza un mensaje a quienes siguen dudando si ya es demasiado tarde. “Lo peor que puede pasar es descubrir que tu idea no funciona. Lo mejor es darte cuenta de que todo lo aprendido durante años tiene mucho más valor del que pensabas”.

La Agencia Tributaria ha efectuado un cambio en el sistema de corrección de errores fiscales que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas. Con la entrada en vigor de la nueva autoliquidación rectificativa, Hacienda busca simplificar un trámite que históricamente resultaba lento y farragoso para los contribuyentes. Este cambio normativo se introdujo inicialmente mediante la Ley 13/2023 y ha culminado con la aprobación de los nuevos modelos de declaración. A partir de ahora, cualquier fallo detectado en la presentación del Impuesto sobre Sociedades deberá gestionarse bajo este mecanismo único y estandarizado.

Se trata de una medida que pretende reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el tejido empresarial. De esta forma, se inicia una etapa de modernización administrativa que obliga a los negocios a modificar sus rutinas de gestión. Los obligados tributarios deben estar atentos a estas novedades para evitar errores en las próximas liquidaciones fiscales. Durante décadas, el procedimiento para subsanar un error dependía de si el fallo perjudicaba a la empresa o a las arcas públicas. Si el negocio dejaba de ingresar dinero, debía presentar una complementaria, mientras que si pagaba de más, solicitaba una rectificación.

Esta dualidad administrativa obligaba a realizar una evaluación previa antes de poder comunicar cualquier tipo de modificación. Sin embargo, la nueva autoliquidación rectificativa unifica ambos trámites en un solo paso, eliminando la estrategia previa condicionada por el resultado. Hacienda ha decidido que todos los escenarios se solucionen exactamente igual, independientemente de quién resulte finalmente perjudicado por el error. Ya sea por olvidar un gasto deducible o por omitir un ingreso, la vía de actuación será ahora siempre la misma. Este cambio elimina una distinción con la que el tejido empresarial llevaba conviviendo prácticamente toda su vida laboral.

El despliegue de esta figura tributaria no se limita únicamente al Impuesto sobre Sociedades, sino que se ha extendido gradualmente a otras figuras impositivas. El proceso comenzó con el IVA a finales de 2024 y continuó con su implementación en la reciente campaña del IRPF de 2024. En el ámbito societario, la Orden HAC/657/2025 aprobó los modelos 200 y 220, adaptando el primero específicamente para este fin. Es fundamental destacar que esta herramienta se aplica a los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio fiscal del año 2024. Las entidades que tributan en el régimen de consolidación fiscal también deben tener en cuenta estas importantes modificaciones normativas.

Aunque el modelo 220 mantiene ciertas casillas tradicionales, las entidades dependientes deben usar el modelo 200 para sus rectificaciones. La normativa propia de cada tributo es la que marca el momento exacto en el que esta vía resulta obligatoria. El Real Decreto 117/2024 fue el encargado de desarrollar reglamentariamente la aplicación de este sistema en cinco impuestos diferentes.

Para utilizar de manera efectiva este nuevo sistema, el contribuyente debe realizar una anotación expresa en el modelo de declaración. Concretamente, en la primera página del modelo 200 se han habilitado casillas específicas para dejar constancia de la rectificación. Resulta imprescindible consignar el número de justificante de la autoliquidación anterior que se pretende corregir o completar en ese momento. Además, el declarante tiene la obligación de indicar de forma clara cuál es el motivo que justifica la presentación de la nueva. Se distinguen principalmente dos causas: las rectificaciones generales y las derivadas de una discrepancia de criterio administrativo.

En el caso de discrepancia, se ha habilitado una casilla especial para detallar el importe de la corrección correspondiente. Es importante notar que el formulario actual no permite adjuntar documentación adicional o alegaciones extensas de forma directa. La autoliquidación rectificativa debe contener tanto los datos que se mantienen como los que son objeto de nueva inclusión.

La principal ventaja que defiende la Agencia Tributaria con este cambio es la agilidad en la tramitación de las posibles devoluciones. Antes, la solicitud de rectificación se gestionaba como un recurso, lo que implicaba plazos de resolución mucho más dilatados. Ahora, al ser el propio contribuyente quien realiza la corrección, el proceso se vuelve mucho más directo para ambas partes. Esta inmediatez beneficia especialmente a las pymes que necesitan recuperar saldos a su favor de forma rápida y sencilla. Hacienda argumenta que este mecanismo evita procedimientos farragosos y reduce la burocracia innecesaria en la gestión de los impuestos. La simplificación técnica permite que un descuido contable no se convierta en un problema administrativo de larga duración. Al unificar los criterios, se dota de una mayor seguridad jurídica al obligado tributario en su relación con la administración.

En definitiva, el objetivo es que la corrección de errores sea un trámite ordinario y no un proceso excepcional. A pesar de la generalidad del nuevo sistema, la normativa contempla una excepción muy específica para ciertos supuestos de rectificación. Las empresas podrán seguir utilizando el método tradicional de solicitud de rectificación en casos de discrepancia jurídica de rango superior. Esto ocurre cuando se alega una vulneración de la Constitución, del Derecho de la Unión Europea o de tratados internacionales. En estos escenarios de batalla legal, la pyme tiene la libertad de elegir entre el sistema nuevo o el antiguo.

Menos tiempos de espera

No obstante, esta flexibilidad desaparece si el motivo de la rectificación se mezcla con un error contable o material. Si existen fallos comunes junto a la discrepancia jurídica, Hacienda obliga a tramitar todo mediante la autoliquidación rectificativa. Por tanto, sigue siendo vital identificar correctamente el origen del error antes de iniciar cualquier tipo de trámite. Esta salvedad protege el derecho del contribuyente a discutir la interpretación de la norma en instancias superiores de justicia.

El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad de los negocios para adoptar las nuevas rutinas. Hacienda confía en que la reducción de los tiempos de espera mejore la satisfacción general de los obligados tributarios. Aunque el cambio puede generar dudas iniciales, la simplificación del procedimiento es una noticia positiva para la mayoría de autónomos. El sistema tributario avanza hacia una mayor transparencia y agilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico. En conclusión, la rectificativa llega para quedarse como la vía preferente de comunicación de fallos ante la Agencia Tributaria.

Este jueves comenzará un ciclo de talleres online para informar y asesorar en empleo autónomo y emprendimiento que ha puesto en marcha el Departamento de Empleo de UGT Castilla-La Mancha. Estará compuesto por un total de cuatro sesiones que se prolongarán hasta el 2 de julio y se podrán visualizar de forma gratuita.

El primer webinar tendrá lugar el jueves 11 de junio y contará con la participación de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social de Castilla-La Mancha.

En él se dará información de la Red Acompaña, una red constituida por un conjunto de entidades público-privadas (Oficinas Emplea, Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía Empresas y Empleo, Centros de la mujer con área laboral, Espacios Adelante Autoempleo y Entidades homologadas) cuya principal función es dar servicios a las personas trabajadoras autónomas de la región, asesorando y tutorizando sus proyectos de forma totalmente gratuita.

El 17 de junio, de la mano de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), se abordará la digitalización en el mundo rural; mientras que el 25 de junio será el turno de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que ofrecerá un asesoramiento especializado sobre autoempleo. El último webinar será el 2 de julio con un circuito de emprendimiento a cargo de técnicos de Empleo de UGT Castilla-La Mancha.

Todos los webinars se ofrecerán a través del canal de YouTube de UGT Castilla-La Mancha a partir de las 10:00 horas. Además, las personas que estén interesadas en inscribirse y en poder participar de manera activa se pueden apuntar en este enlace.

Verifactu ya tiene fecha y va a obligar a muchas empresas y autónomos a cambiar la forma en la que trabajan con sus facturas. No es un ajuste menor, porque afecta a algo que forma parte del día a día de cualquier negocio: el programa con el que se registran las ventas y se generan los documentos fiscales.

La medida se enmarca en el plan de Hacienda para tener un mayor control sobre la facturación y avanzar en la digitalización del sistema tributario. La idea es que cada factura deje un rastro claro, que no pueda modificarse después de emitirla sin dejar constancia y que la Agencia Tributaria tenga más margen para detectar irregularidades.

El cambio no llegará al mismo tiempo para todos, pero sí va a tocar a una parte muy amplia del tejido empresarial. Las empresas y los autónomos tendrán plazos distintos para adaptarse, así que la clave está en no dejarlo para el final y revisar con tiempo si el software que se usa cumple o no con lo que pide la norma.

Los plazos de entrada en vigor de Verifactu

Verifactu es el reglamento que define las condiciones que deben cumplir los programas de facturación de empresas y profesionales. Su alcance no se limita a las facturas completas, sino que también incluye las facturas simplificadas y los tickets que emiten muchos pequeños negocios. Lo que quiere la norma es que cada operación quede registrada de forma segura, con trazabilidad y sin posibilidad de que los datos se alteren después sin que quede constancia.

El calendario ya está cerrado tras el aplazamiento aprobado con el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre. La primera fecha clave es el 1 de enero de 2027, cuando la obligación entra para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, incluidas las sociedades patrimoniales. A partir de ahí, esas compañías deberán hacer sus facturas con programas adaptados a los requisitos del sistema.

La segunda fecha es el 1 de julio de 2027. En ese momento, la obligación se extiende al resto de obligados: autónomos en IRPF, comunidades de bienes y otros profesionales que emiten facturas habitualmente. Ese margen extra busca dar más tiempo a los pequeños negocios y a los trabajadores por cuenta propia para que puedan revisar sus sistemas sin ir a la última.

A lo largo de 2026, tanto empresas como autónomos pueden ir adelantando la transición. No hace falta esperar al último momento para cambiar el programa o para actualizar el que ya se tiene. Lo más sensato es mirar con tiempo si el software actual puede adaptarse o si es mejor buscar una solución nueva que ya esté preparada para cumplir con la norma.

Cómo saber si empresas y autónomos deben usar el nuevo sistema

Uno de los puntos claves es que el programa de facturación no puede estar limitado a hacer facturas y nada más. El sistema debe generar un registro por cada factura que se emita y conservarlo con garantías técnicas. Ese registro puede enviarse a Hacienda o dejarlo preparado para su envío cuando la Agencia Tributaria lo pida. En cualquier caso, la factura debe ir vinculada a un sistema que asegure que los datos no se pueden alterar después.

Para eso, el software tiene que tener controles que impidan borrar o modificar datos sin dejar rastro. También debe generar una huella digital única por cada factura y, en muchos casos, un código QR que permita verificar la información. Con estas medidas, Hacienda quiere que cada factura quede bien identificada y que no sea posible alterar la contabilidad de forma opaca.

Verifactu afecta, en la práctica, a cualquier negocio que usa un programa informático para facturar, salvo las excepciones concretas que prevé la normativa. Esto incluye a pymes, autónomos, sociedades y comunidades de bienes que facturan con sistemas electrónicos. No es algo pensado solo para grandes empresas, sino para buena parte de quienes emiten facturas en el día a día.

Para los autónomos, el cambio implica revisar si el programa actual cumple con los nuevos requisitos o si tendrá que ser sustituido. Para las empresas, la adaptación también lleva revisar procesos internos, proveedores tecnológicos y la forma en la que se generan y se conservan los registros. En ambos casos, el objetivo es que la facturación esté alineada con el sistema de control de la Agencia Tributaria.

Qué ocurre si no se utiliza Verifactu

El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes. La normativa prevé sanciones para quienes usan software que no está adaptado, para quienes manipulan los registros o para quienes impiden que los datos se generen y se conserven correctamente. En los casos más graves, las multas pueden pasar de los 50.000 euros.

Y el riesgo no se queda en una sola infracción. Si la obligación no se cumple cuando llega la fecha, las sanciones pueden aplicarse por ejercicio o por periodo incumplido. Por eso, la adaptación no debería dejarse para el final, porque el problema no es solo técnico: también es fiscal y económico.

En paralelo, Hacienda quiere que este nuevo sistema sirva para mejorar el control automatizado de la facturación y reducir las opciones de fraude. Por eso la norma insiste tanto en la inalterabilidad de los datos, en la trazabilidad de cada operación y en la conservación segura de los registros. No es solo cambiar de software, sino trabajar con una forma distinta de registrar la actividad económica.

La recomendación, en este escenario, es anticiparse. Revisar el programa de facturación, consultar al proveedor si será compatible con Verifactu y resolver cambios con tiempo puede evitar problemas cuando la obligación sea definitiva. A partir de ahí, cada negocio tendrá que ajustar su operativa a un sistema que busca más control, más trazabilidad y menos margen para la alteración de facturas.

Cientos de personas se han manifestado este domingo, 31 de mayo, en Cuenca, donde se celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page. Convocados por las asociaciones Pueblos Vivos, Stop Ganadería Industrial y Stop Biometano, han querido así mostrar su oposición al “despliegue industrial” de macrogranjas y plantas de biogás en esta comunidad autónoma. El lema de la movilización: “No somos territorio de sacrificio”.

Ante la decisión del Gobierno castellanomanchego de que Cuenca sea este año la sede del acto, la movilización la han protagonizado plataformas ciudadanas y vecinales de la comarca y de la Mancha Alta conquense. Protestaban contra los proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano. La manifestación, convocada por 46 colectivos vecinales, ha partido del barrio del Castillo y ha finalizado en la Pplaza Mayor, donde se han escuchado cánticos pidiendo la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

 La Subdelegación de Gobierno “no ha permitido que la manifestación se acerque a las proximidades del Auditorio, donde la Junta de Castilla-La Mancha celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha”, explicaban los convocantes.

Tras la finalización de la manifestación, “la Policía Nacional no ha permitido a las personas que vestían camisetas reivindicativas visitar la zona de las Casas Colgadas y el puente de San Pablo, a diferencia de los turistas, a los que sí se les permitía acceder”, denunciaban

Han expresado durante la protesta su “profunda alarma” ante la “nueva ofensiva legislativa” del Gobierno de Castilla-La Mancha, por la publicación del borrador de la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas. En este anteproyecto, tal y como adelantó este medio, el biometano está incluido como “estratégico”.

Aseguran que con ello, el Ejecutivo de Page defiende un “despliegue masivo” de biometano bajo premisas que los colectivos consideran “técnicamente cuestionables”. Señalan que a través del borrador de dicha ley, la Junta pretende “acelerar y blindar” la implantación de macroplantas de biometano, una “maniobra” que los colectivos vecinales califican unánimemente de “huida hacia adelante”, “imposición” y “desprecio a la ciudadanía”.

Y es que apuntan que la gravedad de la situación en este territorio es “extrema”. Según datos técnicos recabados por las plataformas locales, se proyectan hasta seis macroplantas de biometano más la ya implantada en Belinchón, sumando un total de siete instalaciones en un radio de menos de 30 kilómetros: dos proyectos en Tarancón, un macroproyecto en Huelves , que apenas tiene 75 habitantes, y tres proyectos en Campos del Paraíso, también con escasa población.

Esta “brutal concentración industrial” pretende, afirman, asentarse sobre una comarca que ya ha sido declarada Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos en el registro de la Junta de Castilla-La Mancha.

Argumentan asimismo que una de las afecciones de este tipo de instalaciones son posibles filtraciones de lixiviados y de residuos con alto contenido en metales pesados provocando “contaminación irreversible” de las aguas subterráneas.

Refieren que el digestato o digerido resultante del proceso de biometanización se pretende utilizar como fertilizante para las tierras, “siendo más contaminante incluso que los purines” pues el proceso de biometanización transforma parte del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal “más soluble y fácilmente filtrable hacia acuíferos y aguas subterráneas si no se controla rigurosamente su aplicación agrícola”.

Los colectivos denuncian la “absoluta desproporción” de un modelo que convierte a los pequeños pueblos en “polos de tratamiento masivo de residuos a gran escala”. Y frente al “rodillo industrial” que pretenden las empresas energéticas, los habitantes de la comarca defienden el “modelo de desarrollo sostenible y arraigo”.

“El verdadero desarrollo rural no se importa en camiones de residuos, sino que se cultiva potenciando los recursos endógenos y el patrimonio que ya pertenecen a la comarca”, destacan. Frente a ello, proponen la creación de riqueza a través de la rehabilitación, la atracción de un turismo de calidad y la edificación de viviendas atractivas para un arraigo residencial estable.

Por eso argumentan que las afirmaciones oficiales que pretenden “hacer compatibles” las macroplantas con este entorno “carecen de base empírica realizable”: “La presencia de una industria pesada de tratamiento de desechos externos, caracterizada por olores crónicos y un tránsito incesante de camiones de gran tonelaje, introduce un impacto paisajístico y ambiental que neutraliza por completo cualquier incentivo para el turismo, la hostelería y el bienestar residencial”.

En los últimos meses se han multiplicado las coordinadoras locales, las manifestaciones, las alegaciones colectivas y las acciones informativas en defensa del medio rural, la salud pública y los recursos hídricos.

Y en el caso de Castilla-La Mancha, las distintas plataformas mantienen ya una estrecha coordinación territorial y trabajan conjuntamente en iniciativas sociales, técnicas y jurídicas para responder “de forma unitaria” al avance de estos proyectos industriales impulsados “bajo la etiqueta de transición ecológica”.

Protestas de los trabajadores autónomos en Ciudad Real

De igual modo, en Ciudad Real la Plataforma por la Dignididad de los Autónomos 30N ha convocado una movilización en la plaza de la Constitución de Ciudad Real. Esta concentración se convocó de forma simultánea a otras marchas en 22 provincias españolas con el objetivo conjunto de visibilizar la “situación límite” en la que se encuentran los profesionales y pequeño negocios ante el “escenario de asfixia fiscal”, además de un “incremento burocrático e incertidumbre económica actual”.

Desde la plataforma destacan que esta nueva movilización representa la cuarta ocasión en la que el colectivo sale de forma organizada a las calles desde el primer 30 de noviembre. “Lograr mantener la movilización activa de manera continuada es el reflejo de un descontento estructural muy profundo. Ninguna otra plataforma del sector ha desarrollado una estrategia de persistencia sostenida de este alcance hasta la fecha”, señalan desde la dirección nacional, recalcando que la organización mantiene su identidad civil “intacta, libre de siglas partidistas y centrada exclusivamente en los problemas reales del tejido productivo”.

La adaptación al nuevo reglamento de programas de facturación será uno de los cambios que muchos autónomos tendrán que tener en el radar durante los próximos meses. Aunque la entrada en vigor de Verifactu se ha aplazado de 2026 a 2027, la norma no afecta por igual a todos. De hecho, la clave no está tanto en la actividad en sí, sino en cómo se emiten las facturas y en si se utiliza algún sistema informático para gestionarlas.

En otras palabras, no todos los autónomos tendrán que hacer cambios, pero sí aquellos que usen herramientas capaces de crear, modificar, almacenar o procesar registros de facturación. Esto hace que dos profesionales con actividades similares puedan tener obligaciones distintas: uno podría quedar fuera si factura a mano, mientras que otro, usando un programa o un TPV, sí tendría que adaptarse. Entre los casos que más dudas generan están el alquiler de inmuebles, el uso de datáfonos, los negocios que trabajan con tiques y ciertos recibos del ámbito agrario.

Arrendamiento de inmuebles

El alquiler de viviendas o locales es uno de los supuestos donde no hay una respuesta automática. En el caso de una persona física, todo depende de si ese alquiler se considera actividad económica en el IRPF. Para que lo sea, normalmente se exige contar con al menos un trabajador contratado a jornada completa.

Si no se cumple ese requisito, el arrendamiento no se considera actividad económica a estos efectos. Esto significa que un propietario que alquila inmuebles sin tener empleados no tendría que adaptarse al reglamento por esta actividad. Es decir, el simple hecho de tener propiedades en alquiler no implica entrar en Verifactu.

La situación cambia si el arrendamiento se realiza a través de una sociedad. Al tributar por el Impuesto sobre Sociedades, la empresa puede quedar dentro del ámbito del reglamento. Aun así, todo vuelve a depender de cómo facture: si utiliza un programa informático, deberá adaptarlo; si emite facturas manualmente, no tendría esa obligación por este motivo.

Uso de TPV o datáfono

Cobrar con tarjeta no implica automáticamente tener que adaptarse a Verifactu. Muchos autónomos utilizan datáfonos en su día a día, pero estos dispositivos no siempre intervienen en la facturación.

Si el terminal se limita únicamente a gestionar el cobro y no crea ni almacena facturas, no se considera un sistema informático de facturación. En ese caso, actúa solo como medio de pago, registrando la transacción pero sin participar en la emisión de documentos fiscales. Por tanto, no habría que adaptarlo si no está conectado a un software de facturación.

El escenario es distinto cuando el TPV forma parte de un sistema más completo. Si está integrado en un programa que genera facturas o tiques con validez fiscal, o que guarda y gestiona datos de facturación, entonces sí podría estar sujeto al reglamento. La diferencia está en si el dispositivo solo cobra o si también interviene en la gestión documental.

Tintorerías y otros negocios que solo expiden tiques

Otro caso frecuente es el de pequeños comercios que funcionan principalmente con tiques. Por ejemplo, una tintorería que tributa en estimación objetiva y recargo de equivalencia, que solo emite facturas completas cuando el cliente las pide y las hace a mano, mientras que el resto de operaciones se documentan con tiques de caja.

En cuanto a las facturas completas, el criterio es claro: si se hacen manualmente y sin software, no obligan a cumplir con el reglamento. La duda surge con los tiques, ya que en algunos casos pueden tener la consideración de factura.

Por eso, no basta con verlos como simples justificantes. Hay que analizar qué tipo de documento se está emitiendo y con qué herramienta. Si los tiques salen de una caja registradora o de un programa que puede generar, almacenar o tratar registros de facturación, ese sistema podría tener que adaptarse. Esto afecta especialmente a negocios que casi nunca emiten facturas tradicionales, pero sí entregan tiques de forma habitual.

Recibos de una cooperativa agroalimentaria

Los recibos de compensación agraria tienen un tratamiento diferente. Aunque están vinculados a operaciones económicas, cuentan con su propia regulación y no se consideran facturas dentro del reglamento de programas de facturación. Por ese motivo, quedan fuera del ámbito de Verifactu. Esta distinción es importante, ya que no todos los documentos relacionados con una actividad profesional tienen el mismo impacto en la normativa. En este caso, la obligación no se activa simplemente por existir una operación económica, sino por la naturaleza del documento y la forma en que se emite.

En definitiva, la obligación de adaptarse al reglamento de programas de facturación no depende tanto del tipo de actividad como de la forma en que se gestionan y emiten las facturas. La clave está en identificar si se utiliza o no un sistema informático que intervenga en ese proceso, ya que esto marcará la diferencia entre estar dentro o fuera de Verifactu. Por ello, más que fijarse solo en el sector o el tamaño del negocio, los autónomos deberán revisar con detalle sus herramientas de facturación para saber si realmente tienen que dar el paso hacia la adaptación.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

Los cambios, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha adelantado El Periódico y confirman a elDiario.es fuentes conocedoras, se incluyen en un real decreto que el Gobierno aprueba este martes –y que por tanto no tiene que pasar por el Parlamento– y que estaba comprometido con los agentes sociales en la última reforma de pensiones para incentivar fórmulas voluntarias de trabajo y pensión.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medida “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

“Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, ha argumentado Saiz, que ha destacado la “escucha” al diálogo social en su diseño.

La jubilación flexible ofrece la posibilidad, a los jubilados que voluntariamente lo deseen, de reincorporarse a la actividad y compatibilizar el cobro de parte de su pensión con las ganancias de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, ahora como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia. Eso sí, hay una condición: siempre que la persona no haya estado dada de alta como autónoma en los tres años anteriores a la fecha de jubilación, precisan fuentes conocedoras del real decreto.

Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión, añaden estas fuentes.

Aumenta el porcentaje de pensión que se puede cobrar

Otra de las novedades relevantes es que se modifican, tanto las jornadas de trabajo que se pueden realizar en jubilación flexible (aumentándolas), así como también se incrementa el porcentaje de pensión que se puede percibir en determinados casos.

Así, los trabajos a tiempo parcial por cuenta ajena podrán situar las jornadas en la horquilla del 33% al 80%. Hasta ahora, el jubilado podía realizar una jornada entre el 25% y el 75%.

La pensión que se puede cobrar, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo. Por tanto, si la jornada es de un 80%, la cuantía de la pensión a percibir es de un 20%.

Pero, como novedad, aumentarán los porcentajes de pensión que se pueden cobrar cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación. En este caso, el beneficiario de jubilación flexible percibirá un porcentaje adicional de pensión:

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir “hasta 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible”, indican estas fuentes conocedoras del decreto.

Recálculo de la pensión solo para jubilados forzosos

Los aumentos en la cuantía de la pensión a percibir durante la jubilación flexible van acompañados de otro cambio: el nuevo periodo trabajado ya no se tendrá en cuenta para recalcular la pensión de jubilación, salvo en el caso de las personas que accedieran a la jubilación de manera involuntaria.

Aunque en un inicio el Gobierno pretendió que la pensión no se recalculara en ningún caso con los nuevos periodos trabajados, los sindicatos insistieron en exceptuar a los llamados jubilados forzosos, quienes se hayan tenido que jubilar de manera forzosa a través de la jubilación anticipada involuntaria, principalmente fruto de despidos y ERE.

Finalmente, el decreto reconoce que el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, “verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado”, explican estas fuentes.

La nueva regulación, que mejora las condiciones para las jubilaciones demoradas, se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este jueves las políticas del Ejecutivo regional en beneficio de los trabajo autónomo y que, mientras ellos bajan las cuotas, el Gobierno central las sube.

Guardiola, que ha participado en la clausura de la Asamblea de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Extremadura, ha señalado que su modelo de apoyo al trabajo autónomo “se basa en escuchar primero y legislar después”, y ha recordado que el Plan de Empleo Autónomo acordado con esta asociación contempla una inversión de 316 millones de euros hasta 2027.

“Un gobierno serio no puede mirar hacia otro lado ante las dificultades añadidas que sufre” este colectivo, ha indicado la presidenta regional, de ahí que se impulsen muchas iniciativas y piensen ya en el siguiente plan.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha considerado por su parte que “la verdadera prioridad nacional” deben ser “los autónomos”, pues “sin ellos este país no funciona... España no es Alemania, Bélgica o Suiza, aquí la media son pequeñas empresas, lo que se acentúa en Extremadura”. Sin embargo, a su juicio “se vive un infierno fiscal, cada vez con más trámites, trabas, burocracia y obligaciones”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que si se pasara de la elaboración de las actuales cuatro declaraciones trimestrales a una al año los autónomos ahorrarían “600 euros cada ejercicio”.

En la asamblea, Candelaria Carrera ha sido reelegida por unanimidad como presidenta de ATA Extremadura, tras encabezar la única candidatura presentada, con Raquel de Prado al frente de la Secretaría General.

Carrera ha lamentado que los autónomos “sean los primeros en sufrir las dificultades cuando estas llegan” y en este sentido ha comentado que desde marzo de 2020 se produce “una continuidad de crisis y transformaciones”, pues a la pandemia y a la guerra de Ucrania le han seguido otras problemáticas como el conflicto bélico en Irán.

Pese a todo ello, el colectivo no solo resiste, sino que crece, como demuestra el hecho de que en Extremadura haya hoy 640 autónomos más en relación a abril de 2025, al alcanzar los 81.307 profesionales -unos 50.000 en la provincia de Badajoz y el resto en Cáceres-, gracias “a su resiliencia y profesionalización, al crecimiento de la economía española y a las medidas puestas en marcha en Extremadura”, ha señalado Carrera.

Para continuar en este crecimiento “hay que ayudar a que los negocios y empresas sean más resistentes, competitivas y adaptadas a estos cambios”, lo que pasa “por mejores infraestructuras destinadas a la comunidad autónoma, menos burocracia, aumentar la digitalización, invertir en formación, o facilitar el relevo generacional”, ha propuesto la presidenta de ATA Extremadura.

Los trabajadores autónomos de Canarias pueden solicitar desde este jueves las ayudas para conciliar la vida familiar y laboral del programa Concilia, destinado a facilitar la conciliación de los trabajadores por cuenta propia en las islas, ha informado el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez.

El programa, publicado en el Boletín Oficial de Canarias de este miércoles, contempla ayudas para sustituciones por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como para la contratación de apoyo en el cuidado de menores, personas mayores o dependientes, y para sufragar parte del coste de servicios de cuidado, como guarderías o centros de día.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha destacado durante una rueda de prensa que “la conciliación laboral y familiar, la contratación y la segunda oportunidad son pilares fundamentales para consolidar un tejido autónomo más fuerte y con más capacidad para generar empleo en Canarias”.

Esta convocatoria va dirigida a todos los autónomos residentes en Canarias dedicadas a cualquier sector y en cualquier estado, es decir, nuevos, consolidados o en crecimiento.

La ayuda tiene carácter retroactivo a 18 de octubre de 2025 y es posible contratar a familiares del autónomo.

El programa Concilia contempla tres líneas de ayudas: Concilia 1, que financia la contratación de una persona sustituta cuando el trabajador autónomo esté de baja por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia; además, puede apoyar la conversión posterior en contrato indefinido con la misma persona sustituta.

Concilia 2 subvenciona la contratación indefinida de una persona que ayude en el cuidado de hijos menores, personas mayores o personas con dependencia a cargo de la autónoma.

Y Concilia 3 cubre parte de los costes de centros o servicios de cuidado de menores, mayores o personas dependientes, incluidos ciertos servicios en vacaciones escolares o fuera del horario lectivo.

Las ayudas serán de hasta 8.800 euros en los supuestos de sustitución por riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como subvenciones de hasta 7.500 euros o 9.000 euros cuando la contratación indefinida se destine a colectivos prioritarios.

En el caso de Concilia 3, la ayuda cubrirá el 75% del coste de los servicios de cuidado, con un máximo de 3.000 euros.

Todas las líneas se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación y hasta agotar el crédito disponible y las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo autonómico para respaldar al trabajo autónomo, reforzar la estabilidad de los negocios y favorecer la creación de empleo, como el plan +uno52, que persigue la reinserción laboral de personas de 52 años o más.

Domínguez ha anunciado que, en breve, también saldrá la convocatoria del programa de Incapacidad Temporal, que permite el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja.

Además, ha recordado que el Ejecutivo regional ha elevado el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, con el objetivo de “aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica”.

Otra de las medidas incluidas en el Plan Respaldo Autónomos es la bonificación de los intereses de los préstamos para inversiones productivas o la segunda oportunidad, que persigue, a través de créditos, “ayudar a las empresas a reconducirse y que no tengan que cerrar”, ha manifestado Domínguez. 

La adaptación de pymes y autónomos al nuevo reglamento de facturación que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, está obligando a muchos negocios a revisar una parte básica de su gestión diaria. La facturación, que en muchos casos se lleva desde hace años con la misma herramienta, pasará a estar sujeta a nuevos requisitos técnicos dentro del marco conocido como Verifactu. Este cambio no afecta solo al momento de emitir una factura, sino también a la forma en la que los programas registran, conservan y comunican esa información.

Para muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, el programa de facturación no es una simple aplicación más. En él se acumulan operaciones pasadas, datos de clientes, documentos emitidos y registros que forman parte del archivo administrativo del negocio. Por eso, cualquier cambio de sistema puede generar dudas prácticas, sobre todo cuando la herramienta anterior ha sido utilizada durante años y contiene información que puede seguir siendo necesaria.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite tiene que ver con el destino del software antiguo cuando llegue el momento de trabajar con una solución adaptada al nuevo reglamento. La preocupación no está solo en instalar un programa compatible, sino en saber qué ocurre con el que se venía usando hasta ahora, especialmente cuando todavía conserva facturas y datos de ejercicios anteriores.

Qué pasa con el programa antiguo de facturación

Hacienda ha aclarado que pymes y autónomos no tendrán que eliminar necesariamente su antiguo programa de facturación al cambiar a un sistema adaptado a Verifactu. La clave está en el uso que se mantenga de esa herramienta. Si el software anterior queda solo como archivo para consultar facturas ya emitidas o conservar registros antiguos, y deja de tener capacidad para crear nuevos documentos, su mantenimiento no supondría por sí solo un incumplimiento.

El punto principal está en que ese sistema no siga operativo como herramienta de emisión de facturas. Dicho de forma sencilla, el problema no es guardar el historial, sino conservar un programa antiguo que todavía permita seguir facturando cuando ya debería utilizarse una solución adaptada al nuevo marco legal. Por tanto, el cambio a Verifactu no implica perder la información acumulada durante años, pero sí exige separar claramente el archivo de facturas anteriores del sistema que se usará para emitir las nuevas.

Esta diferencia resulta importante para muchos negocios. Un autónomo puede necesitar revisar una factura antigua, comprobar un importe, recuperar los datos de un cliente o consultar una operación cerrada tiempo atrás. Esa necesidad no desaparece por cambiar de sistema. Lo que debe evitarse es que el programa anterior mantenga activa la función de emitir nuevas facturas si no cumple con los requisitos exigidos.

Qué es Verifactu

Verifactu forma parte del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para adaptar los programas de facturación a unas reglas comunes. Su funcionamiento permite que los registros de facturación se remitan a Hacienda de forma inmediata y directa, lo que obliga a que las herramientas utilizadas por empresas y profesionales se ajusten a esos requisitos cuando llegue el momento de aplicarlos.

La Ley General Tributaria contempla una multa fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas o programas informáticos no debidamente certificados. Sin embargo, el riesgo no estaría en conservar una base de datos histórica, sino en mantener en funcionamiento una herramienta no adaptada que todavía pueda generar facturas.

Por eso, una pyme o un autónomo que conserve el programa antiguo solo para acceder a documentos ya emitidos no estaría en la misma situación que quien lo mantiene activo para facturar. En el primer caso, la aplicación funcionaría como un espacio de consulta. En el segundo, seguiría actuando como sistema de facturación, y ahí es donde podría aparecer el problema si no está ajustado al reglamento.

En la práctica, los negocios tendrán que revisar qué funciones conserva su antiguo software. Lo recomendable será asegurarse de que esa posibilidad queda bloqueada o desactivada, de manera que el programa quede limitado al archivo y no pueda utilizarse para crear nuevas facturas. La conclusión es que el paso a Verifactu no obliga a borrar el pasado administrativo del negocio. Pymes y autónomos podrán conservar sus registros anteriores si los necesitan, siempre que el programa antiguo ya no sirva para facturar.

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Eduardo Abad, han presentado hoy, día 19, unas acciones dirigidas a fomentar el relevo generacional y el emprendimiento de las personas inmigrantes en esta Comunidad Autónoma, en el marco de un convenio suscrito entre ambas entidades.

Este acuerdo “establece una colaboración para favorecer su incorporación al mercado laboral de La Rioja a través de un asesoramiento personalizado de apoyo al autoempleo, y también para analizar dicho mercado y poner en marcha un programa de acciones que favorezca el relevo generacional en el territorio”, ha explicado Pérez Echeguren. 

Las actuaciones contempladas están orientadas “al autoempleo de las personas inmigrantes y a potenciar su participación en los procesos de autoempleo y emprendimiento”. 

Del mismo modo, ADER y UPTA se alinean en el cumplimiento de otros objetivos, como el fomento del emprendimiento joven en sectores emergentes, la capacitación de la formación básica, el análisis de la situación actual de los autónomos y del tejido empresarial de La Rioja en fase de relevo generacional, o el establecimiento de medidas para apoyar, orientar y asesorar a autónomos que se encuentren cercanos a la jubilación, deseen traspasar su negocio o buscar un relevo. 

En el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines, “uno de los grandes propósitos de la ADER radica en crear más y, sobre todo, mejores iniciativas empresariales que alcancen un mayor grado de éxito y consolidación”. Pérez Echeguren ha recordado que el Gobierno de La Rioja ha impulsado durante estos últimos años el Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, articulado en cinco convocatorias, del que se han beneficiado más de 20.000 autónomos riojanos, y el Plan de Fomento del Emprendimiento.

Por su parte, Abad ha incidido en que esta iniciativa encaja con los objetivos de UPTA, que “persigue promover la integración social y laboral, y prestar especial atención a aquellos colectivos y sectores socio-laborales más desfavorecidos”. Asimismo, ha felicitado al Gobierno de La Rioja porque “tiene muy claro qué es lo que hay que hacer para promover el autoempleo”. “La Rioja es una comunidad autónoma pionera, de las pocas en todo el territorio nacional que no ha apostado por algo que no ha funcionado, como es la tarifa plana, que el Gobierno español ha establecido desde hace unos años”, ha apuntado. Así, según los datos que maneja su organización, cinco de cada diez trabajadores autónomos que se han acogido a dicha tarifa cierran su negocio antes del segundo año de vida. 

Abad ha advertido que de los 24.325 autónomos actualmente registrados en La Rioja, unos 4.500 -18 %- van a jubilarse en los próximos tres años, por lo que el relevo generacional es fundamental para mantener la pujanza del colectivo. También ha valorado el compromiso del Ejecutivo regional con el emprendimiento en zonas rurales y ha destacado que un 12 % del total de autónomos en esta región son extranjeros (1.858) y que se han producido 835 altas en La Rioja en este año 2026, “un dato muy por encima del nacional”. 

Asesoramiento y análisis

En el marco del convenio, las acciones previstas se desarrollarán en torno a dos áreas. Por un lado, el asesoramiento personalizado de apoyo al autoempleo y emprendimiento de las personas trabajadoras inmigrantes de La Rioja.

Y, por otra parte, el análisis de la situación del mercado laboral respecto al relevo generacional de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en La Rioja supondrá un análisis del contexto socioeconómico, de las diferentes alternativas sobre líneas de actuación de relevo generacional, de indicadores, de previsiones de demanda o de personas destinatarias de las medidas propuestas. 

Todas las actuaciones se desarrollarán durante el año 2026.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

Ni supone un ahorro automático para los autónomos que cobren menos de 85.000 euros ni España está obligada por Bruselas a implantarlo. El IVA franquiciado ha entrado esta semana, por la puerta grande, en el barro político, después de que Junts lo situara como de sus condiciones para votar a favor del Real Decreto-Ley de congelación de alquileres, que finalmente decayó con sus ‘noes’ y los de PP y Vox.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que los neoconvergentes han jugado la carta del IVA franquiciado para torcer la mano del Gobierno. Primero, para aprobar las rebajas fiscales en respuesta a la guerra en Oriente Medio. Y, después, para las medidas de urgencia sobre vivienda. En el primer caso, el Gobierno transigió y apoyó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para darle impulso a este régimen específico. En el segundo, no hubo acuerdo, ya que en el ala socialista del Ejecutivo ya daban la norma por perdida.

Pero, ¿qué es el IVA franquiciado? Lo que promete ser el próximo dolor de cabeza del Ministerio de Hacienda es un régimen que existe en el resto de países de la Unión Europea, siendo España la excepción. Hay una directiva europea que el Estado está obligado a transponer al derecho nacional. Sin embargo, solo se exige al Gobierno reconocer a los autónomos españoles la capacidad de acogerse a este régimen en sus negocios con otros países, pero no en su actividad doméstica.

La directiva recoge que los Estados miembro “podrán” conceder una franquicia en el IVA hasta un máximo de 85.000 euros. En la práctica, esto evita que los autónomos que facturen menos tengan que repercutir el impuesto o hacer una declaración trimestral del mismo, reduciendo las cargas burocráticas para aquellos negocios más pequeños.

Fernando Matesanz, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), explica que, en la práctica, el objetivo es “quitar el engorro administrativo” vinculado al IVA, como repercutirlo o declararlo trimestralmente, lo que para muchos pequeños empresarios supone la contratación –y el gasto extra– de un asesor. “En realidad será beneficioso solo para muy poquitas empresas con muy poco gasto, muy dirigidas a consumidores finales, como un kiosco, por ejemplo”, dice en conversación telefónica. “Pero para aquellos que tengan mucho gasto no será positivo porque no se podrán deducir el IVA”, detalla.

La difícil coexistencia con el sistema de módulos

España ya cuenta con un sistema muy beneficioso para la carga fiscal de los pequeños autónomos: el de módulos, o estimación objetiva, que calcula la tributación en el IRPF en función de una serie de características físicas del negocio y hasta un tope de 250.000 euros de facturación.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso, sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explicó en este artículo Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Matesanz apunta que este sistema es una “anomalía” en el entorno europeo, mientras que el IVA franquiciado está presente en todos los países del conglomerado comunitario. Pero, al mismo tiempo, el sistema de módulos es mucho más beneficioso y tiene mayor alcance, afectando a colectivos tan relevantes (y con poder negociador) como el de los transportistas. “Los dos sistemas tienen difícil convivencia. Habrá que hacer una labor de coordinación”, dice el experto de AEDAF.

El Gobierno votó a favor de uno de los puntos de la PNL de Junts sobre la “fatiga tributaria” que sufren los autónomos y las clases medias para asegurar el apoyo del partido catalán al Real Decreto-Ley de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio. En concreto, al séptimo, por el que el Congreso instaba al Ejecutivo a “aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales”. 

Pero estas iniciativas funcionan como declaraciones políticas, sin ser legalmente vinculantes. Por lo que esta vez Junts fue más allá y exigió su aplicación, junto con otras medidas fiscales, para dar luz verde a la prórroga de los alquileres. Un extremo que reiteró su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, una vez derogada la norma. “Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos”, aseguró.

Sumar, a favor de su aprobación

Esta semana, mientras corrían los minutos hacia la votación decisiva, desde Sumar se mostraban abiertos a aceptar las condiciones de Junts, mientras desde el ala socialista se mostraban escépticos y, sotto voce, daban por perdida la medida.

Preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que su posición era “conocida” y “de justicia social”. “Hay que transponer el IVA franquiciado. La directiva la debes cumplir, al 100%, o un poco menos, pero debes cumplir”, dijo, abriendo la puerta a rebajar esa exención.

A su lado, y en su estreno ante los medios tras la reunión semanal del gabinete, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que ya estaban trabajando en ello. “El Gobierno está trabajando en esta transposición y en otras transposiciones de directivas atendiendo a las directrices de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. Esta, sabe usted que está en tramitación parlamentaria”, zanjó.

En concreto, el ministro se refirió a una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso a un proyecto de ley para transponer otra directiva –esta, sobre criptoactivos– que permitiría trasladar al derecho nacional la del IVA franquiciado. Esta debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025, por lo que acumula un notable retraso. De hecho, la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haberla incorporado en tiempo y forma.

Pero la enmienda solo permitirá que los autónomos españoles se acojan al régimen de franquicia de otros estados miembros y no lo instaura para su actividad nacional. La norma todavía está a la espera de que se apruebe la ponencia, para luego remitirla a votación al pleno del Congreso. Es decir, que las negociaciones siguen abiertas... y aún queda recorrido para que salga adelante.

El Gobierno de La Rioja ha lanzado hoy, día 16, la quinta convocatoria del Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, ayudas directas dirigidas a la consolidación del trabajo autónomo en la región por un importe de 3,5 millones. Esta nueva línea de subvención permanecerá abierta hasta el próximo 14 de mayo (14:00 horas).

Las ayudas, que oscilarán entre 2.100 y 2.700 euros por solicitante dependiendo de la edad, actualiza el apoyo del Ejecutivo de Gonzalo Capellán a los profesionales autónomos que se habían dado de alta durante el ejercicio 2024 y 2025, y que no se pudieron beneficiar de las cuatro convocatorias anteriores. 

Por tanto, la convocatoria está destinada a autónomos riojanos individuales, familiares colaboradores, mutualistas y societarios, con una base liquidable en su IRPF que no supere los 60.000 euros, que no hayan cumplido previamente los requisitos de temporalidad acreditada. 

En el marco de una política que apuesta por la simplificación y agilización de trámites administrativos, los potenciales beneficiarios de esta convocatoria podrán solicitar estas ayudas directas a través de un formulario electrónico incluido en la página web de la ADER (www.ader.es), sin necesidad de aportar el DNI.

En las anteriores cuatro convocatorias, se vieron beneficiados un total de 19.083 autónomos, incluyendo por primera vez a agricultores y ganaderos, y se movilizaron 42.976.100 euros para apoyar a una figura clave del tejido productivo de La Rioja.