La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este jueves las políticas del Ejecutivo regional en beneficio de los trabajo autónomo y que, mientras ellos bajan las cuotas, el Gobierno central las sube.

Guardiola, que ha participado en la clausura de la Asamblea de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Extremadura, ha señalado que su modelo de apoyo al trabajo autónomo “se basa en escuchar primero y legislar después”, y ha recordado que el Plan de Empleo Autónomo acordado con esta asociación contempla una inversión de 316 millones de euros hasta 2027.

“Un gobierno serio no puede mirar hacia otro lado ante las dificultades añadidas que sufre” este colectivo, ha indicado la presidenta regional, de ahí que se impulsen muchas iniciativas y piensen ya en el siguiente plan.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha considerado por su parte que “la verdadera prioridad nacional” deben ser “los autónomos”, pues “sin ellos este país no funciona... España no es Alemania, Bélgica o Suiza, aquí la media son pequeñas empresas, lo que se acentúa en Extremadura”. Sin embargo, a su juicio “se vive un infierno fiscal, cada vez con más trámites, trabas, burocracia y obligaciones”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que si se pasara de la elaboración de las actuales cuatro declaraciones trimestrales a una al año los autónomos ahorrarían “600 euros cada ejercicio”.

En la asamblea, Candelaria Carrera ha sido reelegida por unanimidad como presidenta de ATA Extremadura, tras encabezar la única candidatura presentada, con Raquel de Prado al frente de la Secretaría General.

Carrera ha lamentado que los autónomos “sean los primeros en sufrir las dificultades cuando estas llegan” y en este sentido ha comentado que desde marzo de 2020 se produce “una continuidad de crisis y transformaciones”, pues a la pandemia y a la guerra de Ucrania le han seguido otras problemáticas como el conflicto bélico en Irán.

Pese a todo ello, el colectivo no solo resiste, sino que crece, como demuestra el hecho de que en Extremadura haya hoy 640 autónomos más en relación a abril de 2025, al alcanzar los 81.307 profesionales -unos 50.000 en la provincia de Badajoz y el resto en Cáceres-, gracias “a su resiliencia y profesionalización, al crecimiento de la economía española y a las medidas puestas en marcha en Extremadura”, ha señalado Carrera.

Para continuar en este crecimiento “hay que ayudar a que los negocios y empresas sean más resistentes, competitivas y adaptadas a estos cambios”, lo que pasa “por mejores infraestructuras destinadas a la comunidad autónoma, menos burocracia, aumentar la digitalización, invertir en formación, o facilitar el relevo generacional”, ha propuesto la presidenta de ATA Extremadura.

Los trabajadores autónomos de Canarias pueden solicitar desde este jueves las ayudas para conciliar la vida familiar y laboral del programa Concilia, destinado a facilitar la conciliación de los trabajadores por cuenta propia en las islas, ha informado el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez.

El programa, publicado en el Boletín Oficial de Canarias de este miércoles, contempla ayudas para sustituciones por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como para la contratación de apoyo en el cuidado de menores, personas mayores o dependientes, y para sufragar parte del coste de servicios de cuidado, como guarderías o centros de día.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha destacado durante una rueda de prensa que “la conciliación laboral y familiar, la contratación y la segunda oportunidad son pilares fundamentales para consolidar un tejido autónomo más fuerte y con más capacidad para generar empleo en Canarias”.

Esta convocatoria va dirigida a todos los autónomos residentes en Canarias dedicadas a cualquier sector y en cualquier estado, es decir, nuevos, consolidados o en crecimiento.

La ayuda tiene carácter retroactivo a 18 de octubre de 2025 y es posible contratar a familiares del autónomo.

El programa Concilia contempla tres líneas de ayudas: Concilia 1, que financia la contratación de una persona sustituta cuando el trabajador autónomo esté de baja por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia; además, puede apoyar la conversión posterior en contrato indefinido con la misma persona sustituta.

Concilia 2 subvenciona la contratación indefinida de una persona que ayude en el cuidado de hijos menores, personas mayores o personas con dependencia a cargo de la autónoma.

Y Concilia 3 cubre parte de los costes de centros o servicios de cuidado de menores, mayores o personas dependientes, incluidos ciertos servicios en vacaciones escolares o fuera del horario lectivo.

Las ayudas serán de hasta 8.800 euros en los supuestos de sustitución por riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como subvenciones de hasta 7.500 euros o 9.000 euros cuando la contratación indefinida se destine a colectivos prioritarios.

En el caso de Concilia 3, la ayuda cubrirá el 75% del coste de los servicios de cuidado, con un máximo de 3.000 euros.

Todas las líneas se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación y hasta agotar el crédito disponible y las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo autonómico para respaldar al trabajo autónomo, reforzar la estabilidad de los negocios y favorecer la creación de empleo, como el plan +uno52, que persigue la reinserción laboral de personas de 52 años o más.

Domínguez ha anunciado que, en breve, también saldrá la convocatoria del programa de Incapacidad Temporal, que permite el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja.

Además, ha recordado que el Ejecutivo regional ha elevado el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, con el objetivo de “aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica”.

Otra de las medidas incluidas en el Plan Respaldo Autónomos es la bonificación de los intereses de los préstamos para inversiones productivas o la segunda oportunidad, que persigue, a través de créditos, “ayudar a las empresas a reconducirse y que no tengan que cerrar”, ha manifestado Domínguez. 

La adaptación de pymes y autónomos al nuevo reglamento de facturación que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, está obligando a muchos negocios a revisar una parte básica de su gestión diaria. La facturación, que en muchos casos se lleva desde hace años con la misma herramienta, pasará a estar sujeta a nuevos requisitos técnicos dentro del marco conocido como Verifactu. Este cambio no afecta solo al momento de emitir una factura, sino también a la forma en la que los programas registran, conservan y comunican esa información.

Para muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, el programa de facturación no es una simple aplicación más. En él se acumulan operaciones pasadas, datos de clientes, documentos emitidos y registros que forman parte del archivo administrativo del negocio. Por eso, cualquier cambio de sistema puede generar dudas prácticas, sobre todo cuando la herramienta anterior ha sido utilizada durante años y contiene información que puede seguir siendo necesaria.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite tiene que ver con el destino del software antiguo cuando llegue el momento de trabajar con una solución adaptada al nuevo reglamento. La preocupación no está solo en instalar un programa compatible, sino en saber qué ocurre con el que se venía usando hasta ahora, especialmente cuando todavía conserva facturas y datos de ejercicios anteriores.

Qué pasa con el programa antiguo de facturación

Hacienda ha aclarado que pymes y autónomos no tendrán que eliminar necesariamente su antiguo programa de facturación al cambiar a un sistema adaptado a Verifactu. La clave está en el uso que se mantenga de esa herramienta. Si el software anterior queda solo como archivo para consultar facturas ya emitidas o conservar registros antiguos, y deja de tener capacidad para crear nuevos documentos, su mantenimiento no supondría por sí solo un incumplimiento.

El punto principal está en que ese sistema no siga operativo como herramienta de emisión de facturas. Dicho de forma sencilla, el problema no es guardar el historial, sino conservar un programa antiguo que todavía permita seguir facturando cuando ya debería utilizarse una solución adaptada al nuevo marco legal. Por tanto, el cambio a Verifactu no implica perder la información acumulada durante años, pero sí exige separar claramente el archivo de facturas anteriores del sistema que se usará para emitir las nuevas.

Esta diferencia resulta importante para muchos negocios. Un autónomo puede necesitar revisar una factura antigua, comprobar un importe, recuperar los datos de un cliente o consultar una operación cerrada tiempo atrás. Esa necesidad no desaparece por cambiar de sistema. Lo que debe evitarse es que el programa anterior mantenga activa la función de emitir nuevas facturas si no cumple con los requisitos exigidos.

Qué es Verifactu

Verifactu forma parte del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para adaptar los programas de facturación a unas reglas comunes. Su funcionamiento permite que los registros de facturación se remitan a Hacienda de forma inmediata y directa, lo que obliga a que las herramientas utilizadas por empresas y profesionales se ajusten a esos requisitos cuando llegue el momento de aplicarlos.

La Ley General Tributaria contempla una multa fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas o programas informáticos no debidamente certificados. Sin embargo, el riesgo no estaría en conservar una base de datos histórica, sino en mantener en funcionamiento una herramienta no adaptada que todavía pueda generar facturas.

Por eso, una pyme o un autónomo que conserve el programa antiguo solo para acceder a documentos ya emitidos no estaría en la misma situación que quien lo mantiene activo para facturar. En el primer caso, la aplicación funcionaría como un espacio de consulta. En el segundo, seguiría actuando como sistema de facturación, y ahí es donde podría aparecer el problema si no está ajustado al reglamento.

En la práctica, los negocios tendrán que revisar qué funciones conserva su antiguo software. Lo recomendable será asegurarse de que esa posibilidad queda bloqueada o desactivada, de manera que el programa quede limitado al archivo y no pueda utilizarse para crear nuevas facturas. La conclusión es que el paso a Verifactu no obliga a borrar el pasado administrativo del negocio. Pymes y autónomos podrán conservar sus registros anteriores si los necesitan, siempre que el programa antiguo ya no sirva para facturar.

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Eduardo Abad, han presentado hoy, día 19, unas acciones dirigidas a fomentar el relevo generacional y el emprendimiento de las personas inmigrantes en esta Comunidad Autónoma, en el marco de un convenio suscrito entre ambas entidades.

Este acuerdo “establece una colaboración para favorecer su incorporación al mercado laboral de La Rioja a través de un asesoramiento personalizado de apoyo al autoempleo, y también para analizar dicho mercado y poner en marcha un programa de acciones que favorezca el relevo generacional en el territorio”, ha explicado Pérez Echeguren. 

Las actuaciones contempladas están orientadas “al autoempleo de las personas inmigrantes y a potenciar su participación en los procesos de autoempleo y emprendimiento”. 

Del mismo modo, ADER y UPTA se alinean en el cumplimiento de otros objetivos, como el fomento del emprendimiento joven en sectores emergentes, la capacitación de la formación básica, el análisis de la situación actual de los autónomos y del tejido empresarial de La Rioja en fase de relevo generacional, o el establecimiento de medidas para apoyar, orientar y asesorar a autónomos que se encuentren cercanos a la jubilación, deseen traspasar su negocio o buscar un relevo. 

En el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines, “uno de los grandes propósitos de la ADER radica en crear más y, sobre todo, mejores iniciativas empresariales que alcancen un mayor grado de éxito y consolidación”. Pérez Echeguren ha recordado que el Gobierno de La Rioja ha impulsado durante estos últimos años el Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, articulado en cinco convocatorias, del que se han beneficiado más de 20.000 autónomos riojanos, y el Plan de Fomento del Emprendimiento.

Por su parte, Abad ha incidido en que esta iniciativa encaja con los objetivos de UPTA, que “persigue promover la integración social y laboral, y prestar especial atención a aquellos colectivos y sectores socio-laborales más desfavorecidos”. Asimismo, ha felicitado al Gobierno de La Rioja porque “tiene muy claro qué es lo que hay que hacer para promover el autoempleo”. “La Rioja es una comunidad autónoma pionera, de las pocas en todo el territorio nacional que no ha apostado por algo que no ha funcionado, como es la tarifa plana, que el Gobierno español ha establecido desde hace unos años”, ha apuntado. Así, según los datos que maneja su organización, cinco de cada diez trabajadores autónomos que se han acogido a dicha tarifa cierran su negocio antes del segundo año de vida. 

Abad ha advertido que de los 24.325 autónomos actualmente registrados en La Rioja, unos 4.500 -18 %- van a jubilarse en los próximos tres años, por lo que el relevo generacional es fundamental para mantener la pujanza del colectivo. También ha valorado el compromiso del Ejecutivo regional con el emprendimiento en zonas rurales y ha destacado que un 12 % del total de autónomos en esta región son extranjeros (1.858) y que se han producido 835 altas en La Rioja en este año 2026, “un dato muy por encima del nacional”. 

Asesoramiento y análisis

En el marco del convenio, las acciones previstas se desarrollarán en torno a dos áreas. Por un lado, el asesoramiento personalizado de apoyo al autoempleo y emprendimiento de las personas trabajadoras inmigrantes de La Rioja.

Y, por otra parte, el análisis de la situación del mercado laboral respecto al relevo generacional de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en La Rioja supondrá un análisis del contexto socioeconómico, de las diferentes alternativas sobre líneas de actuación de relevo generacional, de indicadores, de previsiones de demanda o de personas destinatarias de las medidas propuestas. 

Todas las actuaciones se desarrollarán durante el año 2026.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

Ni supone un ahorro automático para los autónomos que cobren menos de 85.000 euros ni España está obligada por Bruselas a implantarlo. El IVA franquiciado ha entrado esta semana, por la puerta grande, en el barro político, después de que Junts lo situara como de sus condiciones para votar a favor del Real Decreto-Ley de congelación de alquileres, que finalmente decayó con sus ‘noes’ y los de PP y Vox.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que los neoconvergentes han jugado la carta del IVA franquiciado para torcer la mano del Gobierno. Primero, para aprobar las rebajas fiscales en respuesta a la guerra en Oriente Medio. Y, después, para las medidas de urgencia sobre vivienda. En el primer caso, el Gobierno transigió y apoyó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para darle impulso a este régimen específico. En el segundo, no hubo acuerdo, ya que en el ala socialista del Ejecutivo ya daban la norma por perdida.

Pero, ¿qué es el IVA franquiciado? Lo que promete ser el próximo dolor de cabeza del Ministerio de Hacienda es un régimen que existe en el resto de países de la Unión Europea, siendo España la excepción. Hay una directiva europea que el Estado está obligado a transponer al derecho nacional. Sin embargo, solo se exige al Gobierno reconocer a los autónomos españoles la capacidad de acogerse a este régimen en sus negocios con otros países, pero no en su actividad doméstica.

La directiva recoge que los Estados miembro “podrán” conceder una franquicia en el IVA hasta un máximo de 85.000 euros. En la práctica, esto evita que los autónomos que facturen menos tengan que repercutir el impuesto o hacer una declaración trimestral del mismo, reduciendo las cargas burocráticas para aquellos negocios más pequeños.

Fernando Matesanz, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), explica que, en la práctica, el objetivo es “quitar el engorro administrativo” vinculado al IVA, como repercutirlo o declararlo trimestralmente, lo que para muchos pequeños empresarios supone la contratación –y el gasto extra– de un asesor. “En realidad será beneficioso solo para muy poquitas empresas con muy poco gasto, muy dirigidas a consumidores finales, como un kiosco, por ejemplo”, dice en conversación telefónica. “Pero para aquellos que tengan mucho gasto no será positivo porque no se podrán deducir el IVA”, detalla.

La difícil coexistencia con el sistema de módulos

España ya cuenta con un sistema muy beneficioso para la carga fiscal de los pequeños autónomos: el de módulos, o estimación objetiva, que calcula la tributación en el IRPF en función de una serie de características físicas del negocio y hasta un tope de 250.000 euros de facturación.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso, sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explicó en este artículo Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Matesanz apunta que este sistema es una “anomalía” en el entorno europeo, mientras que el IVA franquiciado está presente en todos los países del conglomerado comunitario. Pero, al mismo tiempo, el sistema de módulos es mucho más beneficioso y tiene mayor alcance, afectando a colectivos tan relevantes (y con poder negociador) como el de los transportistas. “Los dos sistemas tienen difícil convivencia. Habrá que hacer una labor de coordinación”, dice el experto de AEDAF.

El Gobierno votó a favor de uno de los puntos de la PNL de Junts sobre la “fatiga tributaria” que sufren los autónomos y las clases medias para asegurar el apoyo del partido catalán al Real Decreto-Ley de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio. En concreto, al séptimo, por el que el Congreso instaba al Ejecutivo a “aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales”. 

Pero estas iniciativas funcionan como declaraciones políticas, sin ser legalmente vinculantes. Por lo que esta vez Junts fue más allá y exigió su aplicación, junto con otras medidas fiscales, para dar luz verde a la prórroga de los alquileres. Un extremo que reiteró su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, una vez derogada la norma. “Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos”, aseguró.

Sumar, a favor de su aprobación

Esta semana, mientras corrían los minutos hacia la votación decisiva, desde Sumar se mostraban abiertos a aceptar las condiciones de Junts, mientras desde el ala socialista se mostraban escépticos y, sotto voce, daban por perdida la medida.

Preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que su posición era “conocida” y “de justicia social”. “Hay que transponer el IVA franquiciado. La directiva la debes cumplir, al 100%, o un poco menos, pero debes cumplir”, dijo, abriendo la puerta a rebajar esa exención.

A su lado, y en su estreno ante los medios tras la reunión semanal del gabinete, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que ya estaban trabajando en ello. “El Gobierno está trabajando en esta transposición y en otras transposiciones de directivas atendiendo a las directrices de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. Esta, sabe usted que está en tramitación parlamentaria”, zanjó.

En concreto, el ministro se refirió a una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso a un proyecto de ley para transponer otra directiva –esta, sobre criptoactivos– que permitiría trasladar al derecho nacional la del IVA franquiciado. Esta debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025, por lo que acumula un notable retraso. De hecho, la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haberla incorporado en tiempo y forma.

Pero la enmienda solo permitirá que los autónomos españoles se acojan al régimen de franquicia de otros estados miembros y no lo instaura para su actividad nacional. La norma todavía está a la espera de que se apruebe la ponencia, para luego remitirla a votación al pleno del Congreso. Es decir, que las negociaciones siguen abiertas... y aún queda recorrido para que salga adelante.

El Gobierno de La Rioja ha lanzado hoy, día 16, la quinta convocatoria del Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, ayudas directas dirigidas a la consolidación del trabajo autónomo en la región por un importe de 3,5 millones. Esta nueva línea de subvención permanecerá abierta hasta el próximo 14 de mayo (14:00 horas).

Las ayudas, que oscilarán entre 2.100 y 2.700 euros por solicitante dependiendo de la edad, actualiza el apoyo del Ejecutivo de Gonzalo Capellán a los profesionales autónomos que se habían dado de alta durante el ejercicio 2024 y 2025, y que no se pudieron beneficiar de las cuatro convocatorias anteriores. 

Por tanto, la convocatoria está destinada a autónomos riojanos individuales, familiares colaboradores, mutualistas y societarios, con una base liquidable en su IRPF que no supere los 60.000 euros, que no hayan cumplido previamente los requisitos de temporalidad acreditada. 

En el marco de una política que apuesta por la simplificación y agilización de trámites administrativos, los potenciales beneficiarios de esta convocatoria podrán solicitar estas ayudas directas a través de un formulario electrónico incluido en la página web de la ADER (www.ader.es), sin necesidad de aportar el DNI.

En las anteriores cuatro convocatorias, se vieron beneficiados un total de 19.083 autónomos, incluyendo por primera vez a agricultores y ganaderos, y se movilizaron 42.976.100 euros para apoyar a una figura clave del tejido productivo de La Rioja. 

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado una ampliación de 3,5 millones de euros en las ayudas a autónomos para llegar a todos aquellos que se quedaron fuera de la última convocatoria.

Capellán ha respondido a una pregunta de la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, que ha querido conocer la valoración del presidente riojano de la política de apoyo a los autónomos.

El presidente riojano ha anunciado que la semana que viene se publicará una nueva convocatoria, de 3,5 millones de euros destinada “todos los autónomos de La Rioja que no cumplían los requisitos, dado que se requería un año ejerciendo la actividad de autónomo”.

Capellán ha entendido que “todo autónomo que en La Rioja decide emprender una actividad tiene que tener la confianza y la seguridad de que el Gobierno de La Rioja le va a apoyar”.

La ayuda equivaldrá, para menores de treinta años, “a un año entero de tarifa”. “Cero euros para animar y favorecer el inicio de la actividad”, ha dicho señalando que, por lo tanto, son “2.700 euros en una convocatoria única”.

Una convocatoria, ha insistido, que “va a incluir a todos los autónomos, a los societarios, a los colaboradores, a los mutualistas; ahora ya todos recogidos en una sola orden”.

Se destinará a todos los autónomos y será de 2.700 si es menor de treinta años, o mayor de sesenta; y de y 2.100 para el resto. “Los autónomos tendrán siempre en esta comunidad el apoyo del Gobierno del Partido Popular”, ha afirmado.

La patronal de autónomos ATA ha denunciado este miércoles un supuesto nuevo “sablazo” del Gobierno a los trabajadores por cuenta propia, por la subida de la base mínima de cotización –y, en consecuencia, de la cuota– de los autónomos societarios y los familiares colaboradores. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta queja, como un nuevo “atraco” por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la medida se pactó expresamente en la reforma de autónomos de 2022, con el apoyo tanto de ATA como del PP.

La polémica se centra en la base mínima por la que cotizan a la Seguridad Social los autónomos societarios (empresarios que desarrollan su actividad a través de una sociedad mercantil), los familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos. En la reforma de 2022, para que los autónomos pasaran a cotizar en función de sus ganancias, se previó que este grupo de trabajadores aumentara su base mínima a la del sistema para los asalariados (del Régimen General).

No obstante, se pactó un periodo transitorio para ello. La base de cotización –cuantía de referencia para después calcular la pensión o la baja por enfermedad, por ejemplo– se fijó en 1.000 euros al mes para 2023. Para los años 2024 y 2025, se dejó la decisión a los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente se prorrogaron. Y, finalmente, la ley especificaba que a partir del año 2026 se aplicaría la cotización mínima del Régimen General.

Un 42% de aumento, a pagar hasta 2028

En la práctica, la base de cotización sube un 42% de 1.000 euros a 1.424 euros al mes desde enero de 2026 “a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000 euros al mes”, ha cifrado ATA.

Esta cantidad elevará la cuantía por la que se calculan sus prestaciones, sus pensiones, bajas por enfermedad y permiso por nacimiento de hijo (por ejemplo), pero también la cuota mensual a pagar cada mes. Esta aumentará en 135 euros, hasta una cuota mensual de 435 euros, ha destacado ATA.

En el Ministerio de la Seguridad Social precisan que este aumento de la cuota puede aplicarse este año, pero también pagarse a posteriori, dentro de dos años, en 2028 cuando se realice la regularización de las cuotas del ejercicio de 2026.

ATA pide que se revierta la subida

La patronal de autónomos ATA, dirigida por Lorenzo Amor, ha calificado este miércoles de “sablazo” el aumento de la cuota y ha acusado al Gobierno de “mentir”, por no congelar las cuotas de este colectivo como las del resto de los trabajadores autónomos, con las cuantías de 2025.

Hay una diferencia sustancial entre ambas situaciones. En este caso, el pacto de 2022 ya contemplaba expresamente esta cuota para los autónomos societarios y familiares colaboradores este año, cuyo texto respaldaron tanto en ATA como en el PP.

Sin embargo, para el resto de autónomos no había una cuantía ya cerrada, sino que las partes se comprometieron a seguir negociando la senda de aumentos para 2026 y los años sucesivos, con la intención de continuar el camino a una cotización por ingresos reales en 2032.

En ATA han pedido al Gobierno que revierta el aumento por ley, para lo que han afirmado que se están reuniendo con otras formaciones políticas. En UPTA, la asociación de autónomos vinculada a UGT, su presidente Eduardo Abad también ha apostado por una “fácil solución”: “Hacer un real decreto ley para volver a recuperar esa base mínimas de cotización de 1.000 euros”.

En UATAE, colectivo de autónomos afín a CCOO, responden que este aumento es “algo que se pactó por las tres asociaciones, agentes sociales y Gobierno, para los societarios y se debería quedar así”. “Pero sí que consideramos que es necesario retomar las negociaciones que quedaron suspendidas, para abordar el problema de las personas colaboradoras y otros, como bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos y mejorar la protección social”, indican en el colectivo liderado por María José Landaburu.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social sostienen que “el Gobierno sigue tendiendo la mano a las asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos para concretar los términos del despliegue del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, las mejoras del proceso anual de regularización de lo cotizado y la extensión de la acción protectora de los autónomos”.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

La campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 comienza oficialmente en 2026 y se desarrollará de manera escalonada para facilitar su presentación. Los contribuyentes podrán cumplimentarla por internet desde el 8 de abril, mientras que la opción de hacerlo por teléfono estará disponible a partir del 9 de mayo. La presentación presencial en oficinas de Hacienda se podrá realizar desde el 1 de junio. En cualquiera de los tres casos, el plazo máximo para presentar la declaración será el 30 de junio, lo que permite a los ciudadanos organizar sus trámites con suficiente margen y ajustarse a sus preferencias de presentación.

Además de las fechas, esta campaña incorpora cambios relevantes tanto para familias como para autónomos y otros colectivos. Entre ellos se incluyen mejoras en la forma de incluir a descendientes y ascendientes en la declaración, así como la prórroga de deducciones vinculadas a la sostenibilidad y la eficiencia energética. También se incorpora una nueva deducción dirigida a trabajadores con ingresos más bajos. Estas novedades reflejan un esfuerzo por hacer la declaración más precisa y accesible para todos los contribuyentes.

Deducciones familiares

La declaración de 2025 mantiene y aclara diversas deducciones vinculadas a los hijos y otros familiares a cargo. La deducción por maternidad sigue disponible para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, pudiendo alcanzar hasta 1.200 euros anuales, con la opción de recibir pagos anticipados de 100 euros al mes. La deducción por familia numerosa varía según la categoría: 1.200 euros para familias de categoría general y 2.400 euros para familias especiales, con incrementos adicionales por cada hijo extra.

También se mantiene la deducción por ascendientes con dos hijos, destinada a progenitores que no conviven con la otra parte y que no reciben pensión alimenticia, siempre que cumplan los requisitos de actividad laboral. La aplicación Renta Web, la propia plataforma detecta si los ascendientes o descendientes tienen rentas entre 1.800 y 8.000 euros y si están marcados como no obligados a declarar. Esto permite que los datos se incluyan automáticamente en la declaración cuando proceda, evitando la duplicidad de información y garantizando que las deducciones se apliquen correctamente.

Deducciones para autónomos

El modelo 100 para la declaración de la Renta incorpora novedades para los trabajadores autónomos. Entre ellas se incluyen nuevas casillas que permiten reflejar de manera más precisa las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa, así como un desglose más detallado en las declaraciones de módulos. También se contemplan campos para ajustar la devolución de subvenciones, garantizando que los datos reflejen correctamente la situación económica de cada contribuyente.

La deducción por el uso de un vehículo habitual es posible, pero únicamente si se demuestra que el coche está afecto a la actividad profesional y que su uso tiene un fin laboral justificable. Esto significa que los desplazamientos deben estar vinculados de manera clara a la actividad del autónomo y no a fines personales, asegurando que la deducción se aplique de forma legítima y transparente.

Subvenciones, premios y fondos

Por otra parte, la declaración incorpora herramientas para consignar ganancias patrimoniales derivadas de premios, fondos cotizados (ETFs) y sociedades de inversión de capital variable (SICAV). La aplicación Renta Web facilita el registro de estas operaciones y permite trasladar automáticamente los datos a las casillas correspondientes, simplificando el proceso y reduciendo posibles errores.

Asimismo, se han actualizado los tramos de la base liquidable del ahorro dentro del IRPF. Los rendimientos del capital mobiliario, como intereses, dividendos y ganancias patrimoniales por la venta de acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles, se ven afectados por el incremento del tipo marginal máximo estatal del 14 % al 15 % para la parte de la base que supere los 300.000 euros. Para quienes residen en el extranjero, este tipo máximo sube al 30 %, frente al 28 % anterior, adaptando la tributación a los cambios normativos y ofreciendo mayor claridad sobre los límites fiscales aplicables.

Otras novedades de la declaración de Renta 2025

Una de las principales novedades para los trabajadores con ingresos más bajos es la deducción recientemente incorporada. Quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicarla de forma automática. La reducción fiscal alcanza un máximo de 340 euros para quienes reciben el salario mínimo y disminuye progresivamente hasta desaparecer cuando se llega al límite superior de ingresos. Esta medida tiene como objetivo compensar parcialmente el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la renta disponible de los trabajadores.

En paralelo, los contribuyentes que realicen mejoras energéticas en sus viviendas seguirán pudiendo aplicar deducciones fiscales. Esto incluye la instalación de sistemas de eficiencia energética, rehabilitación de edificios o puntos de recarga para vehículos eléctricos. La continuidad de estos beneficios permite a los contribuyentes invertir en soluciones sostenibles y reducir su carga fiscal al mismo tiempo, alineando la política fiscal con objetivos medioambientales.

Gracias a algunas religiosas jóvenes con cierta actividad en redes sociales, algunos nos hemos enterado de que las monjas cotizan en el régimen de autónomos a diferencia, por ejemplo, de los curas, que son trabajadores por cuenta ajena: la Conferencia Episcopal les paga un sueldo según su posición en el escalafón salarial de la Iglesia.   

Si un autónomo es alguien que trabaja por cuenta propia, con sus propios horarios, sus clientes y sus declaraciones de IVA e IRPF, ¿por qué una monja, que vive aislada por y para su congregación, que sigue una rutina estricta y obediente, que no trabaja para nadie más que para Dios, cotiza en el régimen de autónomos? Intentamos responder a todas estas contradicciones con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, medio asociado a elDiario.es en cuestiones relacionadas con la religión y la Iglesia católica.

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La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto en marcha un proceso fundamental dentro del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que afecta a miles de trabajadores autónomos de toda España. Durante las últimas fechas, estos profesionales han comenzado a recibir notificaciones oficiales que informan sobre la regularización de sus cuotas correspondientes a los ejercicios pasados, basándose en lo ganado. Esta comunicación no debe interpretarse como una sanción o multa, sino como un ajuste necesario para equilibrar lo aportado mensualmente. Es el resultado directo de la transición hacia un modelo más equitativo donde cada autónomo contribuye según su capacidad económica real.

El procedimiento se basa en un cruce automatizado de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para verificar los rendimientos netos. La administración compara las previsiones de ingresos que el trabajador hizo al elegir su tramo de cotización con la información fiscal real del IRPF. Este análisis permite detectar desajustes entre la base elegida inicialmente y la que realmente correspondía según el nivel de beneficios obtenidos. Se trata de una fase sensible del sistema que busca eliminar las diferencias prolongadas entre lo que se declara y lo que finalmente se ingresa. Al ser un proceso automático, no requiere de una inspección individual. Este mecanismo garantiza que la base definitiva se ajuste a la realidad.

Como consecuencia de esta revisión, el autónomo puede encontrarse ante dos escenarios posibles. Si el trabajador cotizó por una base inferior a sus ingresos reales, tendrá que abonar la diferencia económica correspondiente a la administración. Por el contrario, si las cuotas pagadas superan lo que correspondía según los beneficios finales, la Seguridad Social procederá a una devolución. Este ajuste afecta especialmente a quienes no modificaron sus tramos durante el año ante cambios en su volumen de negocio o incrementos de ingresos. El objetivo final es garantizar que la aportación sea proporcional al ingreso. La regularización actúa así como un balance de equidad para el colectivo de trabajadores autónomos.

Las cartas detallan minuciosamente el periodo que se está regularizando, los rendimientos computados y la diferencia exacta resultante del cálculo. Dichas notificaciones se envían por correo certificado o a través del sistema de notificaciones telemáticas de la Seguridad Social y el portal DEHú. Los interesados pueden consultar todos los detalles de su expediente mediante el portal Import@ss, dentro del apartado específico de pagos y deudas. Se recomienda encarecidamente revisar que los datos de la carta coincidan con lo presentado previamente en la declaración de la renta para evitar errores. En caso de discrepancia, el autónomo puede presentar sus alegaciones. 

Una vez recibida la notificación, el trabajador dispone de una serie de plazos para actuar, comenzando por los diez días naturales para leer el aviso. Si el resultado es a ingresar, el pago debe realizarse antes del último día del mes siguiente al de la notificación para evitar consecuencias: En caso de no cumplir con el periodo voluntario, la deuda conllevará recargos automáticos de entre el 10% y el 20%. Incluso se podrían iniciar procedimientos de apremio que deriven en futuros embargos o retenciones sobre devoluciones de otros impuestos estatales. No obstante, la Seguridad Social permite solicitar ciertos fraccionamientos. El cumplimiento de estos tiempos es vital para evitar sobrecostes por mora.

El sistema también contempla supuestos de flexibilidad para los autónomos que deseen mantener una base superior a la mínima que les correspondería. Si alguien ha cotizado por encima de sus rendimientos desde diciembre de 2022, puede optar por conservar esa base superior ejerciendo la opción online. Para realizar esta gestión, se dispone de un plazo que termina el último día del mes siguiente a la notificación de la Tesorería General del Estado. Es fundamental que los datos bancarios y el correo electrónico estén siempre actualizados en la plataforma para recibir avisos y cobros correctamente. Estas herramientas permiten un mayor control sobre la protección social.

Los perfiles más afectados por estas reclamaciones de cuotas suelen ser los autónomos que eligieron bases mínimas a pesar de tener ingresos altos. También se encuentran en esta situación aquellos autónomos con ingresos muy irregulares que superaron los umbrales previstos en momentos puntuales. La reforma ha supuesto un cambio estructural profundo, pasando de un modelo de libre elección a uno vinculado estrictamente a la realidad económica. Son miles los trabajadores autónomos que ya han adaptado su base al menos una vez, demostrando la importancia de realizar ajustes periódicos durante el año. Anticiparse a estos cambios permite evitar desembolsos elevados imprevistos. El ajuste constante es la mejor defensa frente a deudas por regularización.

30 de noviembre, fecha límite

El calendario de regularización ya está definido, comenzando en febrero con las notificaciones relativas a los ingresos percibidos durante el año 2023. Se estima que entre marzo y abril se completen la mayoría de los pagos y las devoluciones automáticas en las cuentas de los beneficiarios. Posteriormente, el próximo mes de julio se iniciará el proceso para el ejercicio de 2024, una vez que Hacienda comunique los datos definitivos de la Renta. Todo este ciclo de ajustes y comunicaciones de ambos años deberá quedar cerrado antes del 30 de noviembre. Este cronograma permite gestionar las obligaciones de forma planificada. 

Este nuevo modelo contribuirá a mejorar las prestaciones futuras de los autónomos, como las pensiones o la incapacidad. Al cotizar por ingresos reales, la base reguladora será más alta para muchos, lo que se traduce en una mayor red de seguridad ante contingencias vitales. La recomendación de algunos expertos es revisar periódicamente el portal de Import@ss y ajustar el tramo varias veces al año si es necesario. Estar atentos a la evolución de los rendimientos evita sorpresas finales. La información constante será el pilar del nuevo régimen de los trabajadores autónomos.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su departamento inicia los trámites para formar por fin el Consejo de Trabajo Autónomo, un órgano consultivo que lleva atascado casi dos décadas, ha adelantado en su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es que se está celebrando desde el miércoles hasta este viernes.

Atascado “casi dos décadas, 20 años, por fin vamos a constituir el Consejo de Trabajo Autónomo”, ha anunciado Díaz, que ha advertido que “parece fácil, pero no lo es, por eso no se hizo en 20 años”, ya que “se juega la representatividad” de los colectivos de autónomos que se sientan en el diálogo social con el Gobierno para negociar las medidas que afectan a este colectivo de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras.

En efecto, el principal obstáculo para la constitución de este órgano consultivo ha sido el sistema de medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos, con muchos intereses enfrentados entre los hasta ahora considerados principales colectivos: ATA, UPTA y UATAE.

La vicepresidenta segunda ha anunciado que su equipo inicia “los trámites para constituir el Consejo del Trabajo Autónomo”, previsto en la Ley de Trabajo Autónomo de 2007. Tras un intento fallido para formarse en 2011, por el entonces ministro socialista Valeriano Gómez, este órgano no se ha constituido nunca.

El Consejo es una fórmula de participación de las asociaciones de autónomos en la creación de las políticas públicas destinadas a este tipo de empleo, y un mecanismo de diálogo social institucionalizado para sus colectivos más representativos.

Díaz además se ha mostrado “absolutamente a favor de la transposición del IVA franquiciado”, una medida que no había tomado todavía el Gobierno de coalición –con acciones incluso en los tribunales de la Comisión Europea– y que ahora saldrá adelante para conseguir el voto favorable de Junts al decreto con la mayoría de medidas anticrisis por el conflicto en Irán.

“Irresponsabilidad” del PP ante la guerra de Irán

Yolanda Díaz también se ha referido al contexto actual de crisis por la guerra de Irán, que ha lamentado que no parece tener “una salida próxima” por la falta de “un plan de salida” por parte de quien la inició, el presidente de EEUU, Donald Trump.

Díaz ha defendido los decretos del Gobierno de coalición con las primeras medidas para hacer frente a los daños económicos y sociales de este conflicto en Oriente Medio. Tanto el decreto más amplio, con el conjunto de ayudas y medidas por valor de 5.000 millones de euros, como el decreto para congelar los alquileres.

Yolanda Díaz ha instado a los inquilinos a que pidan la prórroga de sus contratos, ya que el decreto está ahora en vigor, aunque todo apunta a que decaerá dentro de un mes por la negativa de las derechas en el Parlamento.

La responsable de Trabajo ha denunciado la “irresponsabilidad” de la oposición, y en especial del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, que se prevé que votará en contra de los dos decretos.

Yolanda Díaz ha sostenido que el PP se sitúa así en contra de la “gente de su país”, tanto de los empresarios como de la gente trabajadora y las personas más vulnerables, en un conflicto que está empobreciendo económicamente a España y al resto del mundo, y que solo beneficia “a unos muy pocos”, como los “magnates del petróleo”, del fracking y los oligarcas tecnológicos “amigos de Trump”, ha denunciado la vicepresidenta.

En el terreno más político, la líder de Sumar en el Gobierno –que ya no será la líder de la izquierda confederal en las próximas elecciones– ha llecho un llamamiento a dar “esperanza” y “tranquilidad” a la ciudadanía. “Sé que el contexto político es muy malo, pero la extrema derecha y las políticas del odio y la destrucción no son una ola imparable”, ha sostenido. “Se puede ganar a la extrema derecha, que España no es una excepción, somos la inspiración y vamos a volver a serlo”, ha afirmado Yolanda Díaz.

Insiste en que reforzará el registro horario

La vicepresidenta segunda ha insistido este jueves en que sacará adelante el refuerzo del registro de jornada, que ha recibido la oposición interna del Ministerio de Economía y dos varapalos de los órganos consultivos que tenían que evaluar el real decreto, el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos.

“Lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, créanme, es que este registro sea eficaz, que valga para algo, como nos ha dicho el TJUE (la justicia europea)”, ha sostenido Díaz, en referencia a las sentencias que reclaman que el registro sea fiable, objetivo y accesible.

El Ministerio de Trabajo se ha abierto a hacer “pequeños cambios” en su actual texto, aunque ha situado como líneas rojas que el control horario sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, Díaz insistió en que sacaría adelante el refuerzo del registro horario “aunque fuera lo último” que hiciera, lo que avecina una nueva pugna dentro del Gobierno. El ministerio de Economía de Carlos Cuerpo consideró esta semana que había que asegurar “una implementación equilibrada” del registro para las empresas.

La Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía regional han firmado un nuevo convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad y la salud laboral en la región.

De este forma, se ha presentado el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura', que cuenta con una dotación económica de 2,63 millones de euros, con el objetivo de continuar “apoyando la inversión, innovación, certificación y el trabajo de pymes y autónomos en la mejor de la salud en el trabajo”, según exponen desde el Gobierno regional.

Durante el acto, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, se ha referido a la Fiscalía de Castilla-La Mancha como un “aliado estratégico” en un ámbito, el de la seguridad y salud en el trabajo, “que forma parte de nuestras prioridades, porque de nada serviría que consolidemos la población activa más alta de nuestra historia, el dato de ocupación más alto de toda la serie histórica en nuestra región, si no trabajamos de manera intensa y conjunta para lograr que nuestros trabajos sean seguros”.

Novedades del convenio

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años renovable por otros cuatro a continuación, incluye novedades y refuerzos en ámbitos como ampliar la cobertura de las actuaciones, establecer cauces de comunicación “más ágiles, fluidos y recíprocos”; junto con una mejora en la trazabilidad y una apuesta por la formación, el asesoramiento y la coordinación en seguridad y salud laboral. “Se establece un técnico de seguridad y salud de enlace en cada una de las provincias con la Fiscalía, para reforzar esa labor recíproca de comunicación”, ha señalado Patricia Franco, enmarcando la firma del convenio en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, “que tiene vigencia hasta final de este año y que cuenta con el 85% de sus medidas iniciadas y en desarrollo, 94 de las 111 programadas”, al tiempo que ha expresado que el Ejecutivo regional y los agentes sociales, tanto en el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral como en el Instituto Regional, van a trabajar en paralelo para diseñar y definir el nuevo acuerdo estratégico que entrará en vigor el año que viene.

“Tenemos la tarea entre todos de conseguir puestos de trabajo más seguros en nuestra región”, ha indicado la consejera, señalando que ese compromiso “requiere la responsabilidad del conjunto de la sociedad”, y que tiene reflejo, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de la región. “Hoy hemos publicado la nueva convocatoria del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, que crece en su dotación un 35%, hasta los 2,63 millones de euros, 675.000 euros más, para seguir apoyando a las pymes y autónomos de la región en la inversión en entornos de trabajo más seguros, así como en investigación, innovación o certificaciones en seguridad y salud laboral”, ha señalado, exponiendo que, desde el año 2015 y sumando líneas y partidas que antes no existían, “más de 3.000 pymes y autónomos se han beneficiado de estas ayudas, con una inversión del Gobierno regional de más de 13 millones de euros”.

Red de Inspectores fortalecida

Junto a este programa, Patricia Franco ha valorado el trabajo conjunto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, una labor que se ha “intensificado” en los últimos años al tiempo que ha crecido la red en torno a la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo. “Este año hemos programado más de 32.000 acciones conjuntas, y de ellas, una de cada tres va destinada a la seguridad laboral”, ha indicado la consejera, detallando que las órdenes de servicio en este ámbito, más de 10.000, son las más numerosas dentro de una programación que destina el 25% de sus acciones al área de Seguridad Social, un 24% a la economía regular o un 17% a las relaciones laborales y empleo.

“Esa cifra, las más de 10.000 órdenes de servicio previstas para este año supone triplicar las que se llevaron a cabo por ejemplo en el año 2020, que fueron 3.371, al tiempo que hemos fortalecido también la red de inspectores y subinspectores que trabajan en nuestra región, que han pasado de 84 a 129 en los últimos cinco años”. Ese compromiso, ha dicho la consejera, tiene reflejo en las cifras, como la reducción en el índice de incidencia del 6% el pasado año, o un descenso en el inicio del año del 12,8% en el número de accidentes con baja, “pero debemos seguir reforzando la vigilancia y la prevención para que se reduzcan también los accidentes mortales y los accidentes graves, y seguiremos trabajando con la DGT para reducir también los accidentes in itínere en Castilla-La Mancha”.

Por último, Patricia Franco ha apelado al conjunto de la sociedad para avanzar en este ámbito. “Toda la sociedad debe ser responsable y copartícipe para que consigamos reducir las cifras de accidentabilidad laboral”, ha indicado, señalando también la importancia de introducir la prevención en las etapas tempranas de formación.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

El Gobierno se ha comprometido a dar una solución urgente a la prórroga del sistema de módulos por el que tributan miles de autónomos a pocos días del cierre del primer trimestre, una fecha clave para estos trabajadores por cuenta propia –y sus asesores fiscales–, ya que comienzan a presentar las declaraciones del IVA de arranque del año.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por elDiario.es aseguran que la idea del Ejecutivo es buscar una solución “en tiempo y forma”, después de que los dos reales decretos-ley ómnibus en los que se incluyó la medida –el de finales del año pasado, con la revalorización de las pensiones; y el de principios, con el resto del escudo social– fueran rechazados en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox y Junts.

La semana arrancó con la reclamación de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), una de las mayores asociaciones del sector, que exigió al Ejecutivo “seguridad jurídica” en relación con los límites de la facturación anual del sistema de módulos. “A solo 15 días de que finalice el trimestre y se inicie el plazo para la presentación del IVA, decenas de miles de transportistas autónomos se encuentran en una situación de absoluta inseguridad jurídica. A día de hoy siguen sin saber si podrán continuar tributando por módulos o si, por el contrario, se verán obligados a pasar a estimación directa”, lamentaban en un comunicado.

Un sistema simple, pero con críticas

La tributación por módulos, oficialmente conocida por Hacienda como de estimación objetiva, no funciona únicamente en base a la facturación de las actividades adheridas a este sistema, sino que lo hacen en relación con una serie de características del negocio. Y siempre con un tope de ingresos y compras por un valor inferior a 250.000 euros.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso. Sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explica Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

De acuerdo con los últimos datos de la Agencia Tributaria, hay unos 350.000 autónomos que tributan por módulos, a los que hay que sumar 700.000 trabajadores agrícolas que disfrutan de un sistema similar. El atractivo de este régimen, detalla Gimeno, reside no solo en el ahorro fiscal para sus beneficiarios, sino también en su simplicidad. “Cuando nació este sistema, no todo el mundo llevaba la contabilidad. Hoy en día todo el mundo lo hace porque hay programas y softwares gratuitos”, subraya.

Ahora bien, estas mayores facilidades son también una ventana abierta al fraude, según sus críticos. Ya en 2014 se intentó cambiar este sistema a través de una reforma de la Ley del IRPF del Gobierno de Mariano Rajoy, y se rebajaron los umbrales de 450.000 a 150.000 euros de ingresos y de 300.000 a 150.000 euros de gastos.

Pero, de facto, esta rebaja no llegó a entrar plenamente en vigor, sino que todos los años se ha ampliado el umbral hasta los 250.000 euros. Hasta 2025.

Una solución “kafkiana”

El año pasado, como ha sucedido este, el Congreso rechazó el Real Decreto-Ley ómnibus en el que se incluían las pensiones, el escudo social y otra serie de medidas económicas y tributarias. Algunas se incluyeron en un texto posterior, pero otras quedaron en el tintero. Entre ellas, la prórroga de estos umbrales.

La solución que halló el Gobierno no pasó por incluir la medida en otra norma, sino que fue a través de una resolución de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. La interpretación que hizo es que, a pesar de que haberse derogado texto, las tres semanas que estuvo en vigor fueron suficientes, dado que los contribuyentes iniciaron el año “con la certeza de poder determinar su rendimiento con arreglo al método de estimación objetiva”. El anuncio lo hizo la Agencia Tributaria a partir de una nota informativa en su página web, fechada el pasado 21 de marzo. 

Para Gimeno, esa solución fue una “interpretación kafkiana” de la norma. “No es nada ortodoxo regularlo así, por una interpretación de la Agencia Tributaria en una página web y no por una norma técnica. Pero como al final se arregló y es bueno para todo el mundo, también para la gente que cotiza por módulos, pues nadie se queja de la técnica legislativa. Mucho me temo que va a ser lo mismo”, considera.

Consultadas las tres organizaciones de autónomos más representativas –ATA, UPTA y Uatae–, las tres transmiten tranquilidad en que la situación se solucionará a pesar de la inseguridad jurídica, ya que lo sucedido este año es idéntico a lo que pasó en 2025.

Preguntados en Hacienda, el Ministerio no da pistas sobre si este año el arreglo –que insisten en que llegará “en tiempo y forma”– vendrá a través de una nueva interpretación que siga este precedente o se incluirá en el Real Decreto-Ley que el Gobierno prepara en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Irán. En este último caso, se enfrentaría al reto de pasar el filtro del Congreso… y podría ser derogado por tercera vez en lo que va de año.

Un 20% de las personas ocupadas en Castilla-La Mancha están vinculadas al trabajo autónomo. No es un porcentaje desdeñable. Se sabe que la mayoría de quienes se decantan por el autoempleo tienen edades que oscilan entre los 46 y los 65 años. O que los menores de 25 años representan, tan solo, el 3,21% de este colectivo. “Eso nos dice que necesitamos relevo generacional”, reconoce la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona.

La buena noticia es que las personas más jóvenes que salen de la universidad o de la FP ahora apuestan más por crear su propio negocio como opción laboral. “Hay una clara tendencia en los jóvenes por el empleo autónomo. Se está rompiendo el estándar. No todos quieren ser funcionarios, como se ha dicho tantas veces. Hay cada vez más jóvenes y más mujeres que se acercan al mundo del autónomo. Y muchos dejan las ciudades para irse al medio rural”.

Emprender ya no es lo mismo y la motivación también ha cambiado. “Está surgiendo una cultura emprendedora en jóvenes y en mujeres muy significativa”, señala. La mentalidad es diferente. “Ahora se ve más como posibilidad, no tanto como necesidad”. Una transformación que, dice, “quizá” tenga que ver con el cambio en la estructura laboral: más teletrabajo, mayores cotas de flexibilización, reducciones de jornada, avance de la conciliación personal y profesional…

Este cambio ha condicionado la forma de hacer políticas de empleo. Hace apenas unos días se oficializó la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha (2026-2030), que da relevo a la anterior “hoja de ruta” iniciada en 2022. Han pasado apenas cuatro años, “con buenos resultados porque se han ejecutado más del 98% de las medidas”, presume Ana Carmona, pero lo cierto es que el panorama es ahora muy distinto.

Con los aranceles y la guerra de Irán estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar

De entrada, se han puesto sobre la mesa 100 millones de euros contando con el “consenso y la colaboración” de los agentes sociales y de las asociaciones que representan al colectivo. “Es un documento flexible al que se pueden ir sumando medidas”. Incluso las que puedan llegar derivadas de los conflictos internacionales, ya sean económicos o bélicos, como la guerra en Irán o la imposición de aranceles por parte de EEUU.

¿Habrá medidas paliativas para los autónomos, por ejemplo los transportistas o el sector agrario para amortiguar posibles impactos?, preguntamos. En este aspecto Ana Carmona se remite a las palabras del presidente regional, Emiliano García Page, que puso en manos del análisis que pueda hacer el recién creado Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por un lado, y por otro a las posibles medidas que este mismo viernes pueda anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar. Evidentemente va mucho más allá de la propia estrategia de la que estamos hablando”.

De momento, esa estrategia incorpora seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas que incluyen la creación de un Observatorio del Emprendimiento y un nuevo Portal de Emprendimiento. Al reto de seguir fomentando la cultura de emprender se suma asesorar a este tipo de profesionales. “Queremos seguir reforzando la ‘Red Acompaña’, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso a los instrumentos financieros”.

Crece el número de autónomos en el ámbito técnico y científico

El colectivo de los autónomos tiene un notable peso en el tejido económico castellanomanchego, copando sectores como el relacionado con los Servicios. Hay un 21,84% de trabajadores autónomos en el sector comercio. En la agricultura y ganadería el porcentaje llega al 22,15%. Mientras, en la construcción el 13,47% de personas empleadas son autónomas y en hostelería lo son un 8,47%.

“El mayoritario es el conjunto del sector Servicios, con más de un 61% de autónomos, pero también sube la cifra en el ámbito de las profesiones técnicas o científicas”, comenta Ana Carmona. En este último campo ya hay más de un 6% de autónomos. “Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados”.

Si hablamos de provincias, Toledo se lleva la palma al aglutinar casi un 34% del total regional.

Otro dato relevante es la elevada consolidación de los negocios relacionados con el autoempleo. En buena medida, las iniciativas resisten con el paso del tiempo. “Dos de cada tres autónomos acumulan más de cinco años de antigüedad y un 46% de ellos supera los diez años en activo”.

El año 2025 cerró con un total de 150.459 autónomos y autónomas en Castilla-La Mancha. Es una cifra que ha variado poco en una década: en 2015 había 148.806. Ha crecido incluso con la crisis de la COVID-19 de por medio que amenazó con que muchos negocios se viesen obligados a echar el cierre.

“Hay más autónomos, pero son más pobres”. Toda una paradoja que UPTA ponía de manifiesto a principios del pasado mes de febrero y que la directora general rechaza. “No tenemos esa percepción en la comunidad autónoma”.  Sobre otro dato de esa misma asociación, que apunta que el 90% del nuevo empleo autónomo corresponde a personas migrantes, Ana Carmona dice que en Castilla-La Mancha el 91,4% de quienes optan por el autoempleo tienen nacionalidad española, pero reconoce que se está detectando que “cada vez más estos negocios los están impulsando personas migrantes”.

Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados

Con cifras del año pasado solo un 33,23% de las mujeres optan por el autoempleo, aunque lo cierto es que ellas son las que más están emprendiendo en los últimos años. “Son datos objetivos”, señala Ana Carmona, aludiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) que ha crecido de manera notable en las mujeres, cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, según el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

En la estrategia hay hasta siete medidas que tienen que ver con la igualdad para, entre otras cosas facilitar el liderazgo femenino, favorecer la conciliación con ayudas directas o poner en marcha un Plan de Emprendimiento Femenino.

Los impuestos, la Tarifa Plana y la Tarifa Plana Plus

Entre las medidas de la nueva estrategia, que todavía habrá que ‘aterrizar’ y desarrollar, están las diferentes modalidades de la llamada ‘Tarifa Plana’, con cuatro líneas distintas. “Se busca en particular dinamizar las zonas rurales y el autoempleo en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años”.

Son ayudas directas que se convocaron por primera vez el año pasado. “Han funcionado muy bien y son compatibles con las distintas líneas de financiación. Están además abiertas a los autónomos que trabajan dentro de empresas”, explica. Se recibieron cerca de 10.500 solicitudes. Ahora acaba de salir la convocatoria de 2026, abierta hasta el 15 de julio, y ya hay 3.547 peticiones.

¿Y los impuestos que pagan los autónomos? UPTA ha denunciado de forma reciente que pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que los grandes grupos empresariales. Es una cuestión que no aborda la estrategia, por ejemplo en lo que tiene que ver con el tramo autonómico de la Renta. Además, la Comisión Europea acaba de multar a España por no trasponer la directiva que les exime de pagar IVA si su facturación no supera los 85.000 euros anuales. Las comunidades autónomas reciben una parte de esta cuota que les deriva el Estado, aunque lo cierto es que no tienen competencias sobre este impuesto.

Eso sí, una de las novedades es la reciente colaboración abierta con asesorías y gestorías, colegios de abogados o expertos en relaciones laborales. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con quienes actúan como intermediarios con el autónomo. Estamos programando todos los meses con ellos diversos webinars con temas que puedes interesarles, con la propia estrategia. El siguiente es ese viernes 20 de marzo y tenemos 360 personas apuntadas”.

La estrategia de trabajo autónomo trata también de captar o de recuperar “talento”, con dos medidas que llevan un tiempo funcionando: el Bono Talento Rural o el programa de Retorno del Talento. “Queremos también acelerar la innovación de proyectos incipientes”, dice Carmona, sin olvidar que hay que afrontar el relevo generacional. “Hay un envejecimiento claro del colectivo”, remarca, para avanzar que esta cuestión será objeto de análisis en colaboración con la universidad. Existe una desconocida página web sobre esta cuestión que no se publicita lo suficiente, según reconoce la propia estrategia como necesidad.

Además, la seguridad y salud laboral del colectivo está muy presente en esta hoja de ruta. “Vamos a trabajar de forma directa con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para adaptar la cultura preventiva a la realidad del trabajador por cuenta propia”.

Sofía ha tardado dos años, pero finalmente ha conseguido que la Seguridad Social le reconozca una ayuda para madres autónomas. El organismo se la negaba porque la catalogó automáticamente como “padre” en su sistema al tener su hijo con otra mujer, Nuria. Un “error informático”, como reconocía la propia Seguridad Social, pero que no solventó pese a los innumerables intentos de las afectadas. Hasta que así lo ha exigido un juez. Su empeño no solo le beneficiará a ella, sino que debería alcanzar a otras madres lesbianas. “Esa es la mayor victoria”, sostiene la autónoma.  

Sofía y Nuria no se llaman así, pero pidieron guardar su anonimato para contar su historia a elDiario.es. Como explicaron a este medio días antes del juicio, las madres decidieron denunciar a la Seguridad Social después de reclamar sin éxito en numerosas ocasiones que el organismo público corrigiera su error –en la propia Seguridad Social y a través del Defensor del Pueblo– y le reconociera la ayuda para madres autónomas. 

Se trata de una bonificación del 80% de la cuota de autónomos durante dos años, que está destinada a las mujeres que se incorporan a la actividad en los dos años posteriores al cese por nacimiento, adopción o acogimiento de sus hijos. 

Es el caso de Sofía, pero la Seguridad Social no le aplicó la bonificación. Al reclamarla, la trabajadora fue consciente de la existencia de sesgos internos en el sistema informático de la Seguridad Social, que sigue asignando el código “PA” –del anterior permiso de paternidad– a los progenitores distintos de la madre biológica, aunque sean mujeres. Por este código, la Tesorería del organismo catalogó a Sofía como padre y no le abonó la ayuda en cuestión. 

Y, aunque Sofía les advirtió de la equivocación en múltiples intentos a través de la vía administrativa, ni la Tesorería ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) corrigieron la situación, señalándose mutuamente como los responsables del error. Esto obligó a Sofía a acudir a los tribunales para reclamar la ayuda. 

“Falta de diligencia”: dos años para solucionar un error

Finalmente, hace unos días la justicia ha dado la razón a Sofía. En el juicio, la Tesorería responsabilizó de nuevo al INSS del error, por mantener el código “PA” en el sistema, y alegó que la adjudicación de la ayuda es “automática”, por lo que no podía concederla partiendo de este código. Argumentos que ha rechazado el magistrado del juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha estudiado el caso. 

El juez se hace eco de un escrito del INSS a Sofía de principios de febrero en el que el organismo sostiene que la Tesorería “realizará los desarrollos necesarios en su programa para aplicar las bonificaciones” en los casos en los que el código sea PA, “pero el sexo del beneficiario sea mujer”. Y para el caso concreto de Sofía, indicó que “manualmente” podría aplicar la ayuda.  

Pero, en cualquier caso y más allá de esta respuesta, el magistrado reprende a la Seguridad Social por su actuación. Sostiene que “evidentemente no puede hacerse recaer sobre la actora la falta de diligencia de la Administración Pública a la hora de corregir y adaptar sus sistemas informáticos”, con independencia de que ello implique “a uno o varios organismos integrantes de dicha Administración”, subraya. 

La sentencia estima así el recurso de Sofía, obliga a la Seguridad Social a aplicarle la ayuda, con intereses, y le condena al pago de costas, que están limitadas a mil euros.

Apenas unos días después, Sofía recibió los escritos de la Seguridad Social reconociéndole la bonificación de este comienzo de año y de 2025, mientras que la de 2024 está pendiente de la regularización de cuotas que está realizando el organismo. En total, y a falta de las cifras oficiales, la trabajadora estima que la ayuda alcanzará “unos 4.000 euros”. 

Nuria reconoce que el resultado le ha provocado alegría, pero también “enfado”. “No puede ser que dos instituciones que dependen del mismo Ministerio estén echándose las culpas y no resolviendo un problema que se ha visto que en tres días se podría haber solucionado”, critica la pareja de Sofía.

“Tener que estar casi dos años pleiteando es bastante descorazonador. Al final la gente se cansa”, lamenta el abogado de las madres, José Luis Calderón, del bufete Sifer Legal, que celebra por fin el resultado favorable de la sentencia.

Una victoria para ellas y la igualdad de madres lesbianas

Aunque el dinero de la ayuda sea bienvenido para estas madres, ambas destacan que su pelea iba más allá de su caso concreto. A raíz de sus denuncias, la Seguridad Social ha afirmado que cambiará su sistema para que la ayuda llegue automáticamente a madres lesbianas como Sofía, que tienen sus hijos con otras mujeres. 

“Es la mayor victoria de esta historia”, dice la autónoma con una sonrisa. “No le deseo a nadie la frustración de todo este proceso, de tener que pelear sin saber muy bien con quién... Ha sido agotador. Así que, quien se pueda beneficiar de esto, ha merecido la pena”, celebra Sofía.

Nuria considera, no obstante, que la Seguridad Social internamente debería cambiar la nomenclatura de “PA” para el otro progenitor, por una cuestión de igualdad, pero también de derechos efectivos. “No puede ser que en 2026 el INSS siga asignando PA a madres. Hay madres lesbianas, ya no es una cosa anecdótica en la sociedad y que sigan internamente llamando esas bajas como paternidad es lo que nos ha llevado a esta situación”, considera esta madre.