El Gobierno ha aplazado de nuevo la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta octubre de 2028, para acompasar su puesta en marcha con la nueva factura electrónica obligatoria para las empresas, que contará con una plataforma pública que desarrollará el fisco.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes una nota informativa en la que indica que, “con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (VERI*FACTU), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación”, de tal manera que no entrarán en vigor hasta dentro de dos años.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora. Esta normativa entraba en vigor el 1 de enero para pymes y el 1 de julio para autónomos.

La factura electrónica obligatoria, si bien relacionada, lo que regula es la relación entre las compañías. “Adaptarse a Verifactu no reemplaza la futura obligación de la factura electrónica. De hecho, son normativas con objetivos diferentes: Verifactu busca seguridad y trazabilidad interna; la factura electrónica obligatoria busca interoperabilidad y control comercial entre empresas. Quienes se adapten pronto a Verifactu estarán mejor preparados, pero no evitará otros cambios futuros”, detallaba Raquel Jurado, responsable del Servicio de Consultas del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, en esta información publicada en noviembre.

Precisamente este lunes el BOE publica la orden ministeral que detalla los requisitos que tendrá que tener la solución pública para la factura electrónica diseñada por la Agencia Tributaria. Este trámite era el paso clave para arrancar el reloj de cara a su adopción por parte de las empresas. A partir de aquí, las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, que será de dos años para el resto.

Según la nota difundida por Hacienda, una vez aprobada la alineación de los calendarios, “se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de ViDA”. El resto de aspectos de Verifactu, más allá de su calendario de implantación, siguen en marcha.

En una nota de prensa, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado que se haya retrasado para “dotar de mayor seguridad jurídica y estabilidad al sistema tributario español” y dicen que esta coordinación “permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo”.

Gijón Impulsa organiza una jornada de sensibilización para emprendedores que tendrá lugar el próximo 14 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas. Bajo el título 'Innovación en acción: ideas, tecnología y oportunidades' está dirigida a emprendedores, autónomos, pymes y startups.

Esta jornada es una oportunidad para descubrir qué posibilidades existen y encontrar el encaje adecuado para cada proyecto. Para ello es preciso realizar una inscripción previa en incyde.org donde encontrarán además toda la información necesaria sobre su contenido.

Oportunidades de financiación

A través de una combinación de exposición, dinámicas participativas y espacios de reflexión, las personas asistentes conocerán la innovación como un proceso accesible, descubrirán el ecosistema de apoyo existente, las oportunidades de financiación y recursos disponibles, y podrán identificar un primer paso para impulsar la innovación en sus iniciativas.

Las oportunidades de financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) no están reservadas únicamente a grandes empresas o proyectos tecnológicos.

Las múltiples formas de innovación

Muchas veces se piensa que para acceder a este tipo de apoyo hay que estar desarrollando una tecnología muy avanzada o tener un proyecto de gran envergadura. Sin embargo, la innovación puede tener muchas formas: desarrollar un nuevo producto o servicio, mejorar un proceso, incorporar nuevas tecnologías, encontrar una forma diferente de hacer las cosas o abrir nuevas oportunidades de negocio.

Desde Gijón Impulsa, a través de Equilibria, su Incubadora de Alta Tecnología, junto con la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio, organiza una jornada pensada para emprendedores, autónomos, pymes y startups que quieran conocer mejor cómo incorporar la innovación a sus proyectos y qué oportunidades de apoyo y financiación pueden tener a su alcance.

Una sesión práctica y dinámica

Esta jornada será una sesión práctica y dinámica en la que se abordará una temática diversa. En ella se hablará de los temas que se relacionan a continuación.

Asesoramiento profesional

Además, habrá asesoramiento profesional para poder orientar a las empresas sobre sus proyectos y necesidades, ayudándolas a identificar posibles vías de apoyo y financiación.

Desde Gijón Impulsa animan a las personas interesadas que tengan una empresa, una idea o un proyecto que quieren hacer crecer que se acerquen para participar en esta jornada, conocer las opciones y descubrir hasta dónde puede llegar su proyecto.

Miguel Ángel Rivero ha sido reelegido por unanimidad presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Castilla-La Mancha para los próximos cinco años durante la Asamblea Electoral que la organización ha celebrado este viernes en el Museo del Quijote de Ciudad Real.

Rivero era el único candidato presentado para continuar al frente de la organización regional, después de un primer mandato de cinco años que ha definido como “muy ilusionante” y en el que, según ha explicado, ha ido conociendo “día a día” las necesidades, problemas y dificultades a las que se enfrentan los trabajadores por cuenta propia.

Tras su reelección, ha asegurado que afronta esta nueva etapa con “ilusiones nuevas y renovadas” y con varios retos sobre la mesa, especialmente la “reducción de la burocracia”, la mejora de la protección social de los autónomos y la adaptación a las nuevas obligaciones fiscales y de facturación.

Entre ellos ha mencionado la necesidad de que VeriFactu y la facturación electrónica avancen de manera coordinada, así como la reivindicación de que los autónomos mayores de 52 años puedan acceder al subsidio correspondiente en determinadas circunstancias.

Rivero ha incidido especialmente en el peso administrativo que soporta el colectivo.

“El autónomo no puede estar con su camión, no puede estar con su brocha pintando una casa y tener que entender de asesoría fiscal, contable y laboral”, ha señalado antes de reclamar que esta carga “hay que reducirla”.

El aumento de costes, uno de los retos

El reelegido presidente regional de ATA también ha situado entre sus principales preocupaciones el “incremento de los costes” que soportan los negocios y, especialmente, la situación de los autónomos que tienen trabajadores contratados.

Rivero ha señalado que uno de los colectivos donde se está produciendo una mayor pérdida de autónomos es precisamente el de quienes tienen empleados a su cargo y ha vinculado esta evolución al fuerte incremento de los costes laborales durante los últimos años.

En este sentido, ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado alrededor de un 60% en los últimos años mientras que muchos negocios “no han podido trasladar en la misma proporción ese incremento a sus ventas o precios”.

Rivero ha reivindicado además el peso económico del colectivo, al que ha definido como “la mayor empresa de España”.

Por ello, ha reclamado que las administraciones presten especial atención a sus reivindicaciones. “Si los autónomos caemos, cae la provincia, cae la región y cae la nación”, ha advertido.

En la Asamblea General de ATA Castilla-La Mancha han estado presentes, entre otros, el presidente nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

El presidente nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha alertado durante el acto de lo que considera la difícil situación económica que atraviesa buena parte de los trabajadores por cuenta propia en España. Ha dicho que el 68% de los autónomos cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional en un contexto marcado por la inflación y el incremento de costes.

También ha advertido de que la mayoría de los autónomos se encuentra en una situación “muy compleja”, al tener que afrontar “más burocracia, más trabas administrativas y mayores costes” para mantener sus negocios, una realidad que, según ha señalado, también reflejan los datos económicos.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el tercer Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, que contará con 47,5 millones de euros y prevé alcanzar a unas 16.000 personas. Entre las principales novedades se encuentra una nueva tarifa cero para los autónomos que incorporen a un familiar desempleado como colaborador y el aumento de las ayudas para quienes se hagan cargo de un negocio mediante relevo generacional.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que el plan pretende impulsar tanto el emprendimiento como el mantenimiento de las actividades por cuenta propia. El programa contempla ayudas para distintos perfiles de autónomos, desde personas desempleadas que comiencen una actividad hasta trabajadores por cuenta ajena que decidan emprender.

Una de las principales novedades es la creación de la 'Tarifa 0 familiar colaborador', dotada con 700.000 euros. Esta línea permitirá sufragar durante dos años las cuotas a la Seguridad Social de un familiar desempleado que sea incorporado como colaborador por un trabajador autónomo. La ayuda será de 1.920 euros al año por beneficiario, según ha detallado la Junta.

El plan también refuerza las ayudas al relevo generacional, una de las vías previstas para evitar el cierre de negocios cuando sus titulares dejan la actividad. La cuantía pasa de 1.500 a 4.000 euros y puede incrementarse en otros 2.000 euros cuando el negocio se encuentre en un municipio de menos de 10.000 habitantes. De esta forma, la ayuda puede alcanzar los 6.000 euros.

La Junta prevé además ayudas de hasta 20.420 euros para determinados perfiles que se incorporen al trabajo autónomo y cumplan los requisitos establecidos. Entre los supuestos contemplados están mujeres que se incorporen a la actividad después de haber sido madres y hombres con discapacidad menores de 36 años, así como quienes se establezcan en pequeños municipios o adquieran un negocio mediante relevo generacional. En estos casos, las ayudas están condicionadas, entre otros requisitos, al mantenimiento de la actividad durante un periodo mínimo de tres años.

Seis programas y 47,5 millones de euros

El nuevo plan se estructura en seis programas. El que concentra la mayor dotación es el destinado al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas, con 31,5 millones de euros.

El segundo programa, dirigido a autónomos que incorporen a un familiar colaborador, contará con 2,8 millones de euros.

La Tarifa Cero para nuevos autónomos tendrá una dotación de 4,8 millones de euros para sufragar las cuotas a la Seguridad Social o a una mutualidad alternativa de personas desempleadas que comiencen una actividad por cuenta propia.

El cuarto programa reserva 1,7 millones de euros para personas que ya trabajan por cuenta ajena y que comiencen una actividad empresarial o profesional como autónomas.

El quinto programa, con 6 millones de euros, permitirá prolongar durante otros 12 meses las ayudas al mantenimiento del alta en el RETA o en una mutualidad alternativa para quienes hayan recibido las ayudas de establecimiento. El periodo adicional se suma a los 24 meses de mantenimiento obligatorio.

La nueva tarifa cero para familiares completa así las seis líneas de ayudas del plan.

La Junta ya había anunciado en julio la modificación de las ayudas al autoempleo para incorporar esta nueva tarifa y reforzar el relevo generacional. En la convocatoria anterior, las cinco líneas existentes habían recibido miles de solicitudes, con más de 3.300 en el programa de establecimiento de nuevos autónomos y más de 3.200 en la tarifa cero para nuevos autónomos.

A casi tres meses de final de año, los autónomos siguen sin saber cuánto van a pagar en cuotas a la Seguridad Social en 2027. Tampoco, cuándo llegarán algunas mejoras anunciadas para el colectivo, en prestaciones como el cese de actividad (el paro de los autónomos) o la corrección de la penalización actual en ciertos casos de paternidad, maternidad y bajas médicas. Su reforma se interrumpió el año pasado y sigue paralizada, sin que el Ministerio de la Seguridad Social haya retomado la negociación en la mesa de diálogo con patronales, sindicatos y organizaciones de autónomos.

“La negociación no puede seguir aplazándose”, sostienen en UATAE, organización de autónomos próxima al sindicato CCOO. Como UPTA –el colectivo de trabajadores por cuenta propia vinculado a UGT–, ambas entidades y los sindicatos están reclamando desde hace meses al departamento de Elma Saiz que convoque la mesa de negociación para tratar de retomar el consenso de la reforma de autónomos de 2022.

No solo están en juego las cuotas a la Seguridad Social, advierten los colectivos progresistas, sino también “más protección social de los trabajadores”, apunta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social en CCOO, en un paquete de medidas con dos bloques y que está parado por el momento.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, respondió a principio de mes que el Ministerio aborda este tema dentro de los trabajos de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y pidió “un poco de paciencia” para retomar la negociación a la vuelta de las vacaciones.

Cuotas según las ganancias y más protección social

La reforma, firmada por el entonces ministro José Luis Escrivá, acordó que los autónomos cotizaran a la Seguridad Social según sus ganancias y no lo que quisieran, una libertad que implicaba que casi un 90% cotizara lo mínimo posible y, en consecuencia, recibiera prestaciones (como permisos por maternidad/paternidad, bajas médicas y pensiones de jubilación) también muy escasas.

La brecha en la pensión de jubilación de asalariados y autónomos se acerca al 40% (1.734 euros al mes frente a 1.062 euros), una diferencia de “672 euros al mes y unos 9.400 euros al año en 14 pagas”, subrayan en UPTA, consecuencia “de décadas de cotizaciones insuficientes”. “No se trata únicamente de cuánto cuesta cotizar hoy, sino también de qué pensión y qué protección tendrá ese autónomo mañana”, advierte la organización presidida por Eduardo Abad.

El pacto social de las entidades de autónomos, patronales y sindicatos con el Gobierno fijó las cotizaciones para tres años, hasta 2025, y emplazó al diálogo social para seguir definiendo la senda de cuotas en los siguientes años, hasta culminarla como tarde el 1 de enero de 2032. El Parlamento las respaldó por amplia mayoría, con el apoyo del PP.

Sin embargo, el año pasado, tras una primera propuesta de la Seguridad Social y un volantazo posterior que no contentó a nadie, la asociación conservadora ATA, dentro de la patronal CEOE, rechazó continuar la reforma. La entidad liderada por Lorenzo Amor la ha dado por terminada a pesar de que a día de hoy sigue habiendo una brecha importante entre lo que los autónomos cotizan y sus ingresos reales. Sobre todo, de quienes más ganan: los autónomos que ganan más de 6.000 euros pueden cotizar como un asalariado con un sueldo de 1.500 euros.

“ATA no va a aceptar ninguna subida de cuotas. Lo que exigimos es que se solucione lo que queda pendiente en protección social, que no se está haciendo nada, ya que desde hace un año no hay mesa de diálogo social de autónomos”, responden en ATA.

UPTA reclama subir las cuotas tres puntos por encima del IPC, con algunas excepciones (como autónomos societarios y familiares colaboradores), mientras que UATAE defienden “aliviar el esfuerzo de quienes menos ingresan y hacer que quienes tienen mayores rendimientos contribuyan de manera acorde con su capacidad económica”.

Y ello, insisten ambas entidades, acompañado de una mejora de la protección social de los autónomos en varios ámbitos, desde facilitar el acceso al cese de actividad, a una mejora de las prestaciones por incapacidad, enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad profesional, entre otras. “Si pedimos un esfuerzo contributivo al colectivo, ese esfuerzo tiene que traducirse en una protección social cada vez más próxima a la que tiene cualquier otra persona trabajadora”, dicen en UATAE, liderada por Mª José Landaburu.

El Ministerio de la Seguridad Social además incorporó en esta misma negociación las mejoras en la regularización anual de las cuotas fruto de problemas que se han ido detectando en el proceso, como la penalización a algunos autónomos de baja y permiso de maternidad y paternidad, que se ha producido en las dos regularizaciones existentes hasta la fecha.

Temor a “las prisas” de final de año y al bloqueo patronal

Tras el parón veraniego de agosto, las organizaciones progresistas de autónomos han intensificado sus llamamientos al Gobierno para que convoque la mesa del diálogo social, a la vista de que cada vez queda menos tiempo antes de que finalice el año y con el temor de que, como el año pasado, “las prisas” vuelvan a jugar una mala pasada y se posponga un año más esta negociación clave. La reforma es además un hito del Plan de Recuperación dentro de la reforma de pensiones pactada con Bruselas.

Aunque el bloqueo patronal parece casi seguro, dado que la CEOE que no está cerrando acuerdos con el Gobierno en prácticamente ninguna materia, si la negociación se presenta sin apenas tiempo, estará condenada al fracaso de partida, lamentan desde los sindicatos.

Más allá del diálogo social, la reforma requiere de una ley, por lo que el Gobierno también tiene que lograr los apoyos parlamentarios para sacarla adelante. Otro punto de enorme complejidad en el panorama actual en el Congreso de los Diputados y en un tema en el que formaciones como Junts y el PP se han mostrado muy beligerantes.

En los sindicatos piden ser didácticos con el bloqueo de la reforma: no solo se estará paralizando una subida de las cuotas que pagan los autónomos, sino también de las prestaciones que se reciben y de la mejora de su paro por cese de actividad y otros avances que la Seguridad Social ha condicionado a sacar adelante todo el paquete de medidas. Hay que recordar el déficit que genera en estos momentos el régimen de autónomos, con cotizaciones que solo cubren la mitad de su gasto en pensiones.

Siendo 2027 año electoral, la reforma además puede quedar a expensas del próximo gobierno, que puede cambiar de signo. “No tiene sentido haber iniciado este camino para dejarlo paralizado a mitad del recorrido. Necesitamos sentarnos cuanto antes, evaluar qué ha funcionado, corregir lo que no y acordar la siguiente fase de las cuotas y de implementación de la protección social”, sostienen en UATAE.

“Volver a congelar las cotizaciones no soluciona el problema, sino que lo traslada directamente a la jubilación y a las futuras prestaciones de los trabajadores autónomos”, advierte por su parte UPTA.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado este viernes al secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, por “no defender una financiación justa” para la región durante su encuentro con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, acusándole de actuar como “embajador del sanchismo” y de estar “totalmente rendido” a la dirección de su partido.

Sánchez Juliá ha cuestionado el reparto del modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno , señalando que genera “una España de dos velocidades” que deja a la comunidad en el “vagón de cola”.

Según ha expuesto, de los 21.000 millones de euros extraordinarios articulados en el modelo, Catalunya es la comunidad más beneficiada mientras que Extremadura “recibe cero”. Por ello, ha reprochado a Cotrina que se haya fotografiado con Illa en el marco de la Diada sin reclamar la misma solidaridad para Extremadura con la que los extremeños contribuyeron históricamente al desarrollo catalán.

La comparecencia se ha producido tras una reunión con el responsable nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Peral, y la secretaria general de la entidad en Extremadura, Candelaria Carrera. En este marco, el Grupo Popular ha anunciado el registro de una propuesta de pronunciamiento en la Cámara regional para instar al Gobierno de España a aplicar la Directiva Europea 2020/285 sobre el IVA franquiciado. Esta normativa permitiría que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año puedan decidir no repercutir ni declarar el IVA.

Junto a la exención del impuesto, la iniciativa del PP reclama sustituir las liquidaciones trimestrales por una única declaración anual simplificada con el fin de minorar los trámites burocráticos del sector.

Finalmente, Sánchez Juliá ha evaluado la marcha del Plan de Autónomos 2024-2027, dotado con 316 millones de euros acordados con las organizaciones representativas,, destacando que la región cuenta actualmente con 576 trabajadores autónomos más que el año pasado.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), que agrupa a una veintena de entidades (cooperativas, asociaciones, fundaciones…), está elaborando un estudio diagnóstico sobre sostenibilidad medioambiental con perspectiva de género en la economía social de la región, analizando tanto las actuaciones que ya se están desarrollando como aquellas que las entidades querrían impulsar en el futuro.

El objetivo es identificar necesidades, barreras, oportunidades y tendencias, así como explorar el potencial de la sostenibilidad como ámbito generador de empleo dentro de la economía social.

La sostenibilidad medioambiental constituye hoy uno de los grandes retos transversales para las organizaciones, las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad. La adaptación a nuevos criterios de sostenibilidad, la incorporación de prácticas responsables, la eficiencia en el uso de recursos, la reducción del impacto ambiental y la generación de oportunidades económicas asociadas a la economía verde son cuestiones que afectan de manera creciente a las entidades de la economía social.

En Castilla-La Mancha, las entidades de economía social desarrollan su actividad en contextos diversos, con trayectorias, recursos y capacidades diferentes. Muchas de ellas ya incorporan valores y prácticas alineadas con un modelo más sostenible, aunque no siempre desde una lógica sistematizada o visible. Otras encuentran barreras para avanzar, ya sea por falta de tiempo, estructura técnica, financiación, herramientas o referentes concretos. En ambos casos, existe una necesidad compartida: disponer de información útil y cercana que permita comprender mejor la situación del sector y orientar actuaciones futuras con mayor base y coherencia.

A ello se suma la necesidad de incorporar una perspectiva de género. La sostenibilidad y la igualdad no deben abordarse como ámbitos separados, sino como dimensiones complementarias de un mismo proceso de transformación. Integrar esta mirada permite enriquecer el análisis, mejorar la calidad de las propuestas y reforzar el sentido inclusivo de la economía social.

Además, el enfoque de género tiene una relevancia específica dentro de los criterios de valoración de la convocatoria, que reconocen expresamente la combinación de una acción vinculada a sostenibilidad y diagnóstico relacionado con igualdad de género.

Este estudio se complementa con una campaña de sensibilización y difusión destinada a visibilizar la relación entre economía social, sostenibilidad e igualdad, así como a trasladar al entorno sectorial y social los principales mensajes y resultados obtenidos.

Por último, se prevé la organización de encuentros territoriales de carácter provincial para compartir resultados, favorecer la reflexión conjunta y estimular la transferencia de aprendizajes. El proyecto en su conjunto está financiado desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta a través de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social.

El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) España ha alertado de la “profunda transformación” que puede sufrir el mapa comercial de Cantabria durante la próxima década, puesto que, con los datos disponibles y de mantenerse la evolución registrada en los últimos años, la comunidad podría perder unos 2.100 trabajadores autónomos del comercio en la próxima década, situándose en el entorno de los 6.000 afiliados en 2036.

Según UPTA, Cantabria cerró 2021 con 9.033 trabajadores autónomos en comercio y reparación, mientras que al finalizar 2025 quedaban 8.181, lo que supone una pérdida de 852 en cuatro años, un 9,4%.

La evolución es además más negativa que la registrada en el conjunto del país, pues en, ese mismo periodo, España ha pasado de 772.234 a 716.637 autónomos del comercio, una reducción del 7,2%.

Para UPTA, las cifras anticipan un cambio estructural del modelo comercial cántabro con “importantes consecuencias” económicas, sociales y territoriales.

La estructura territorial de Cantabria hace especialmente preocupante esta evolución para UPTA puesto que crca de la mitad de los autónomos del comercio de la comunidad desarrollan su actividad fuera de los cinco municipios que superan los 25.000 habitantes: Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo y Piélagos.

Estos cinco concentran alrededor de 4.144 autónomos del comercio, frente a un total regional de 8.181. Para UPTA, esta distribución convierte la pérdida de pequeños negocios en un problema que va mucho más allá de las cifras de afiliación puesto que “en numerosos municipios, el comercio de proximidad forma parte de la red básica de servicios de la población y su desaparición afecta directamente a la vida cotidiana de sus habitantes”.

“La continuidad del pequeño comercio se convierte así en una cuestión directamente relacionada con el futuro económico y social de buena parte del territorio cántabro”, ha advertido UPTA.

Además, ha indicado que la situación de Cantabria se produce dentro de una transformación mucho más amplia del modelo comercial español. Mientras España perdió 55.597 autónomos del comercio entre 2021 y 2025, las grandes estructuras comerciales continuaron aumentando su capacidad de venta. Paralelamente, en apenas cuatro años, el canal digital prácticamente ha duplicado su volumen de negocio mientras desaparecían decenas de miles de trabajadores autónomos del comercio, ha apuntado.

El resultado es un mercado con menos pequeños operadores independientes y un peso cada vez mayor de las grandes estructuras comerciales y de los canales digitales.

Cambio de modelo comercial de las ciudades

Durante las últimas décadas también se ha producido una profunda transformación del modelo comercial y urbanístico. La expansión de grandes complejos comerciales en las periferias ha concentrado en un mismo espacio comercio, restauración, ocio, entretenimiento y grandes zonas de aparcamiento, generando una enorme capacidad de atracción de consumidores.

A este proceso se suma ahora el fuerte crecimiento del comercio electrónico y el resultado es “una competencia cada vez más intensa para miles de pequeños negocios independientes, tanto en los entornos urbanos como en los municipios de menor dimensión”.

Para el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, “los datos son demoledores: Cantabria ya ha perdido más del 9% de sus autónomos del comercio en apenas cuatro años. Si no somos capaces de cambiar esta tendencia, podemos encontrarnos dentro de una década con más de 2.000 pequeños comerciantes menos”.

“No podemos hablar de mantener población y actividad en nuestros municipios mientras dejamos desaparecer la economía que los mantiene vivos. Esto sí debe ser una prioridad: salvar el comercio de nuestros barrios, de nuestras calles y de nuestros pueblos. Cantabria no puede resignarse a perder más de 2.000 autónomos del comercio durante la próxima década”, ha concluido.

El nuevo régimen jurídico de la jubilación flexible -que permite compatibilizar trabajo y pensión- entra en vigor este viernes con nuevos complementos para los que se acojan y abriendo esta opción para el trabajo autónomo, entre otros cambios.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de mayo el real decreto con el régimen jurídico de la jubilación flexible y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos días después, el 28, por lo que los cambios entran en vigor este viernes, tres meses después.

Gobierno y agentes sociales se comprometieron en la reforma de 2021 a revisar las condiciones de esta opción, minoritaria en España, que permite volver al mercado laboral tras haberse jubilado, compaginando el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial.

El objetivo es hacer más atractiva esta opción que apenas se usa en España, ya que aquellos que voluntariamente quieren alargar la vida laboral prefieren otras modalidades como la jubilación demorada o la activa.

Entre las novedades, la norma establece que podrán acogerse a la jubilación flexible todas aquellas personas que quieran desarrollar una actividad por cuenta propia como autónomos.

Hasta ahora, esta modalidad de jubilación solo permitía el trabajo por cuenta ajena como asalariado a tiempo parcial, mientras que ahora también se podrá ser autónomo, siempre que no se haya estado dado de alta en este régimen en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.

Otro de los cambios que entran en vigor es que no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible, con lo que se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

Nueva horquilla y complementos

Además, los pensionistas que compatibilicen la jubilación con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial tendrán una horquilla para trabajar de entre el 33 y el 80% de la jornada, cuando hasta ahora era de entre el 25 y el 75%.

La cuantía de la pensión se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

También como novedad, y para incentivar el retorno al mercado de trabajo cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

De esta forma, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80% incrementarán el importe de la pensión en un 25% adicional, mientras que las que estén entre el 33 y el 55 % sumarán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta el 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

La nueva regulación se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que el objetivo de estos cambios es que los trabajadores “tengan más y mejores opciones a la hora de jubilarse o compatibilizar empleo y pensión”.

La norma no tiene efectos retroactivos, es decir, que las jubilaciones flexibles iniciadas antes del 28 de agosto seguirán rigiéndose por la normativa anterior.

Levantar la persiana de un pequeño negocio en Extremadura cada mañana exige afrontar un desembolso medio de 96 euros en costes fijos antes de generar el primer euro de ingreso o beneficio para el propio trabajador. Mantener la actividad de un local comercial alquilado sin ningún asalariado contratado asciende a 2.280 euros mensuales, lo que supone una factura anual de 27.360 euros, según un análisis elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España).

El estudio toma como referencia el perfil de un autónomo persona física sin empleados a su cargo, con un alquiler mensual de 800 euros para el local y un promedio de apertura de 5,5 días a la semana (unos 286 días al año). Sobre esta estructura de partida, UPTA subraya que los 27.360 euros anuales representan exclusivamente el coste básico de funcionamiento: “No es salario ni beneficio, sino el coste de poder abrir y trabajar”.

El arrendamiento del espacio comercial constituye la principal carga financiera del pequeño comercio. Supone 9.600 euros al año y representa algo más del 35% de toda la estructura de costes analizada. Si a esta cifra se le añaden la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la factura de la electricidad, la suma alcanza los 16.200 euros anuales, concentrando el 59% de los gastos fijos del negocio.

A esta partida principal se agregan otros desembolsos corrientes que, acumulados, incrementan la presión económica sobre la actividad: servicios de gestoría, seguros, telecomunicaciones, mantenimiento, comisiones bancarias, servicios de limpieza y seguridad, herramientas digitales, tasas municipales y reposición de equipos.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, enfatiza que la realidad económica del sector no puede analizarse únicamente por la facturación, sino a partir de esta presión económica de partida. “Cada mañana que un pequeño negocio extremeño levanta la persiana empieza con cerca de 100 euros de gastos. Antes de generar renta para sí mismo tiene que pagar el local, la Seguridad Social, la energía, los seguros, la gestoría y toda la estructura necesaria para poder trabajar”, recalca.

Els afiliats vinculats a activitats turístiques com l'hostaleria, les agències de viatges i els operadors turístics a les Balears han crescut al juliol un 2,6%.

Així, segons dades publicades aquest dilluns per Turespaña, el sector anota a les Balears en el segon trimestre de l'any 194.176 afiliats, dels quals 179.704 són assalariats (+2,7%) i 14.472 autònoms (-1,2%).

En el conjunt del país, els afiliats vinculats a activitats turístiques van augmentar al mes de juliol en 110.712 persones (+3,7%) assolint una xifra total que frega els 3,1 milions de treballadors.

En relació amb el mercat laboral del conjunt del país, que en dit mes va créixer un 2,8% interanual, l'ocupació turística suposa el 13,9% del total d'afiliats.

La variació dels afiliats va ser positiva en hostaleria on es registra un augment de 70.409 afiliats (21.246 en els serveis d'allotjament i 49.163 en els serveis de menjars i begudes). Per altra banda, en agències de viatges va ser negativa i ha registrat un descens de 1.587 treballadors.

El Ministeri d'Indústria i Turisme aclareix que la xifra de les agències de viatges no reflecteix una caiguda real, ja que està influïda per les modificacions realitzades en els CNAE, que han reclassificat en altres categories algunes activitats que anteriorment es classificaven sota l'epígraf 'd'agències de viatge'

Els assalariats creixen un 4,1%

Al juliol, la xifra d'assalariats en el sector turístic (que representen el 85%) va augmentar un 4,1% respecte al mateix mes de l'any anterior.

Per branques d'activitat, l'ocupació assalariada va descendir en agències de viatges i operadors turístics (va caure un 1,5%) i va augmentar en hoteleria (4%), i dins d'aquesta, es va incrementar un 3,6% en els serveis d'allotjament i un 4,1% en els serveis de menjars i begudes.

Per la seva banda, l'ocupació autònoma en turisme, que representa el 15% del total de treballadors afiliats, es va incrementar en un 1,8%. En l'activitat d'hoteleria s'aprecia un increment d'1,3% a causa de l'augment en els serveis d'allotjament (17%) i de menjars i begudes (0,1%).

A les agències de viatges s'observa un descens interanual del 4,1% en el nombre d'autònoms, caiguda influïda també pel canvi en els CNAE.

Comunitat Valenciana, on més creix l'ocupació

El juliol de 2026, l'ocupació en el conjunt d'hostaleria, agències de viatges i operadors turístics va augmentar en totes les Comunitats Autònomes, llevat de Ceuta i Melilla.

En xifres absolutes, l'augment més gran es va donar a Andalusia (un creixement de 12.320 afiliats). En termes relatius, l'augment més gran va tenir lloc a la Comunitat Valenciana (5%), com ja va succeir al juny.

Los afiliados vinculados a actividades turísticas como la hostelería, las agencias de viajes y los operadores turísticos en Balears han crecido en julio un 2,6%.

Así, según datos publicados este lunes por Turespaña, el sector anota en Balears en el segundo trimestre del año 194.176 afiliados, de los cuales 179.704 son asalariados (+2,7%) y 14.472 autónomos (-1,2%).

En el conjunto del país, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en el mes de julio en 110.712 personas (+3,7%) alcanzando una cifra total que roza los 3,1 millones de trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,8% interanual, el empleo turístico supone el 13,9% del total de afiliados.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 70.409 afiliados (21.246 en los servicios de alojamiento y 49.163 en los servicios de comidas y bebidas). Por otro lado, en agencias de viajes fue negativa y ha registrado un descenso de 1.587 trabajadores.

El Ministerio de Industria y Turismo aclara que la cifra de las agencias de viajes no refleja una caída real, ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'

Los asalariados crecen un 4,1%

En julio, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 85%) aumentó un 4,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (cayó un 1,5%) y aumentó en hostelería (4%), y dentro de ésta, se incrementó un 3,6% en los servicios de alojamiento y un 4,1% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 15% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,8%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,3% debido al aumento en los servicios de alojamiento (17%) y de comidas y bebidas (0,1%).

En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 4,1% en el número de autónomos, caída influida también por el cambio en los CNAEs.

Comunidad valenciana, donde más crece el empleo

En julio de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas, salvo en Ceuta y Melilla.

En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía (un crecimiento de 12.320 afiliados). En términos relativos, el mayor aumento tuvo lugar en Comunidad Valenciana (5%), como ya sucedió en junio.

El colectivo de los autónomos afronta una paradoja: los accidentes de trabajo se reducen, pero los que terminan en muerte aumentan. Un total de 36 trabajadores por cuenta propia fallecieron durante los seis primeros meses de 2026 como consecuencia de un accidente laboral, siete personas más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento es de casi el 25% y equivale a la muerte de un autónomo, aproximadamente, cada cinco días, alerta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).

El dato contrasta con la evolución del conjunto de accidentes laborales con baja. Entre enero y junio se registraron 13.358 accidentes entre trabajadores por cuenta propia, frente a los 13.688 del mismo periodo de 2025, un 2,4% menos, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo.

“Que haya menos accidentes es una buena noticia, pero no podemos hablar de una evolución positiva mientras aumentan de esta manera las muertes porque detrás de estas cifras hay personas que salieron a trabajar y no volvieron a casa”, señala la secretaria general de la organización, María José Landaburu.

La construcción concentra casi la mitad de las muertes

La construcción es el sector que presenta una mayor exposición al riesgo entre los autónomos. En el primer semestre acumuló 3.809 accidentes durante la jornada laboral, de los que 75 fueron graves y 14 mortales.

El sector concentra alrededor del 31% de todos los accidentes en jornada registrados entre los trabajadores por cuenta propia, pero reúne 14 de las 32 muertes producidas durante la jornada laboral, casi el 44%.

La diferencia también se aprecia en el índice de incidencia. En el conjunto del trabajo autónomo se sitúa en 60,8 accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias profesionales cubiertas. En la construcción asciende hasta 155,1, más que duplicando el promedio.

El campo y la industria también presentan niveles de siniestralidad superiores al promedio, con índices de 122,8 y 103,8, respectivamente. En los servicios, en cambio, el indicador baja hasta 37 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

“Hay actividades en las que estamos viendo una exposición al riesgo que exige una respuesta mucho más intensa”, sostiene Landaburu. La organización reclama que no se considere inevitable que trabajar en sectores como la construcción, el campo, el transporte o determinados oficios implique una mayor probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal.

32 muertes durante la jornada y cuatro en desplazamientos

De los 13.358 accidentes con baja contabilizados en el primer semestre, 12.389 se produjeron durante la jornada laboral y otros 969 fueron accidentes in itinere.

Los accidentes ocurridos durante la jornada se saldaron con 12.087 casos leves, 270 graves y 32 accidentes mortales. El alza de las muertes durante la jornada laboral es del 28% respecto a los datos del primer trimestre de 2025.

A estos datos se suman 33 accidentes graves y cuatro fallecimientos durante los desplazamientos de ida o vuelta del trabajo ('in itinere').

La estadística refleja así una evolución desigual: disminuyen los accidentes en términos globales, pero aumenta la proporción de los que tienen consecuencias mortales.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de accidentes en jornada entre autónomos, con 2.262 casos, seguida de Cataluña (1.667), Comunitat Valenciana (1.461) y Comunidad de Madrid (1.127).

Más prevención para los autónomos

UATAE considera que los datos evidencian la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales específicamente dirigida a los trabajadores por cuenta propia. Su situación, sostiene, presenta particularidades frente a la de quienes trabajan en empresas con estructuras preventivas más desarrolladas. En el primer semestre, fallecieron en accidentes de trabajo 322 personas asalariadas, un 3,6% menos en en el mismo periodo del año pasado.

“Durante demasiado tiempo se ha dado por hecho que el autónomo tenía que gestionar prácticamente en solitario también los riesgos de su actividad”, afirma Landaburu, que reclama que la prevención, el asesoramiento y las herramientas para trabajar con seguridad sean accesibles con independencia del tamaño del negocio.

Hoy queremos recuperar un episodio que surge a partir de que nos enteramos de algo muy llamativo. Gracias a algunas religiosas jóvenes con cierta actividad en redes sociales, algunos nos hemos enterado de que las monjas cotizan en el régimen de autónomos a diferencia, por ejemplo, de los curas, que son trabajadores por cuenta ajena: la Conferencia Episcopal les paga un sueldo según su posición en el escalafón salarial de la Iglesia.

Si un autónomo es alguien que trabaja por cuenta propia, con sus propios horarios, sus clientes y sus declaraciones de IVA e IRPF, ¿por qué una monja, que vive aislada por y para su congregación, que sigue una rutina estricta y obediente, que no trabaja para nadie más que para Dios, cotiza en el régimen de autónomos? Intentamos responder a todas estas contradicciones con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, medio asociado a elDiario.es en cuestiones relacionadas con la religión y la Iglesia católica.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 27 de marzo de 2026***

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Una entra y aspira profundamente el olor. Hoy hay puchero, albóndigas y macarrones a la carbonara, también, un salmorejo para rebajar los sudores, y mucho fundamento, de ese que no se puede fingir, sino que se aprende frente a los calderos y con la mano removiendo el cucharón sobre el fuego. Esto pide más sal o un poquito de tomillo, prueba, que esto es una ciencia inexacta que aprecia el paladar. Y ese sabor, esa ternura que entra cuando le da un bocado a la comida de casa, es la que aprecian los vecinos que llaman para reservar los menús de La cocina de Águeda porque, estén donde estén, estas recetas sirven para tejer una comunidad que crece paso a paso desde hace una década.

Águeda Peinado le pide a Antonio Almansa, su marido, que se quede un momento al tanto por si entra algún cliente. En el local conviven las dos empresas, por una parte, la insigne Cárnicas Almansa, presente en el barrio desde 1960, mientras que en el piso superior están los fogones del negocio que dirige su mujer. La plaza de la Alfalfa va despertando con los primeros humores de la mañana y saluda a los vecinos que se encuentra mientras señala a los comercios que todavía no han sido presa de la gentrificación. “Antes, a esta hora, te podías tomar un café en cualquiera de las mesas, pero ahora esperan a mediodía o a la noche para abrir”, que es cuando hay más jaleo, sobre todo en el verano sevillano con la llegada de los turistas. La farmacia, el bar Casa Diego, el florista a su lado y Persianas Alfalfa en frente, va nombrándolos como viejos conocidos que resisten al paso del tiempo.

¿Cómo empezó todo? Como las buenas historias, desde la niñez. Águeda todavía recuerda los veranos en casa de sus abuelos en Jaén, que tenían el estanco y tienda de ultramarinos y donde le fue cogiendo el gusto a despachar a los clientes y, también, a la cocina. Ya en Sevilla y, recién casada, entró a trabajar en Cárnicas Almansa hasta que, con la ayuda de su cuñada Magdalena, decidió emprender. La idea surgió cuando varios vecinos, que entraban a la tienda y olían los guisos que preparaba, le sugirieron que lo intentara, que seguro que tendría éxito. Así empezó todo en 2008, en plena crisis económica, con pocos pedidos, a cuentagotas, hasta llegar a los 150 envíos diarios que le llegan a través de siete grupos de WhatsApp durante el estío, cuando baja un poco el ritmo.

“Tengo la gran suerte de hacer un trabajo que me encanta”

A su vera, tiene a un equipo de cinco personas entregadas, asiente. Magdalena, Asunción y María, encargadas de la cocina, y Carlos y Águeda, dedicados exclusivamente al reparto. “Tienen ya tanta confianza con algunos clientes que hasta le piden que le pongan una bombilla o hay quien deja la llave si les cuesta mucho moverse”, comenta, sobre todo cuando se trata de personas mayores que viven solas o han ido perdiendo movilidad.

Ahí es cuando entra ese tejido social, cercano, en el que se apoyan unos a otros: “Hay hijos que me piden la comida diaria de sus padres y, también, hay veces que te llaman, pero tú sabes que es para charlar, porque lo necesitan, y yo los atiendo”. Incluso, la alarma salta cuando el silencio se prolonga varios días sin razón. “Si no me llaman en dos días, yo les llamo: 'Oye, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa?'”, y ya se queda tranquila, y con algunos lleva tantos años que hasta sabe qué ingredientes no le gustan.

Es más, Águeda se ríe, porque hasta irse de vacaciones se ha convertido en un problema: “Me preguntan, ¿y ahora qué hago?”. No se hable más. La dueña del negocio lo tiene todo planificado: con un par de semanas de antelación va preparando unos menús congelados para los vecinos con mayor dependencia y deja a encargo de sus hijos el reparto durante esos días. Un respiro veraniego que, realmente, empezó a tomarse hará unos escasos tres años, reflexiona, “al final me di cuenta de que lo necesitaba”, aunque nunca apaga el móvil, por lo que pudiera pasar.

“Tengo la gran suerte de hacer un trabajo que me encanta. Eso es importantísimo. Se lo digo siempre a mis hijos, que cuando un trabajo te apasiona, la hora de salida ya ni la ves”, mantiene. Una peculiaridad que tiene el negocio es que no cobra por el reparto a domicilio: el precio del menú es fijo, cambia los siete primeros y los siete segundos los siete días a la semana, “para que nadie se canse”, pero no cobra ningún extra. ¿Por qué? “Al principio, estaba dedicado solo a personas mayores y, aunque se ha ido uniendo muchísima gente, es un gasto que asumimos. También nos diferenciamos con ello”, indica, “eso sí, a los jóvenes se los decimos, que tienen preferencia las personas mayores o con algún tipo de tratamiento”. Tanto se ha extendido el círculo que, una vez a la semana, reparten por el Aljarafe.

Relevo generacional y revitalizar el centro

Hablando de los jóvenes o de la incursión de los supermercados en las comidas preparadas, comparte las preocupaciones que tuvo al principio: “Cuando me fui de vacaciones la primera vez tenía miedo porque pensaba... La gente se me irá a otro lado. Pero cuando volvía, me decían: 'Oye, chapó, porque os echo de menos'”. Huyendo de los congelados de la producción en masa, La cocina de Águeda ha encontrado su propio sello, y se nota. “Porque me dicen, tu comida hay días que está salada, un día está a lo mejor más pegadita, pero tú sabes siempre que es comida casera”, resalta. Las espinacas con garbanzo, las papas con carne, las lentejas, un sabor distintivo.

Hasta tienen una aplicación: Too Good To Go. Una plataforma digital cuya misión es evitar el desperdicio de alimentos y mediante la cual ha dado con los más jóvenes. “Hacen un pedido, en el que priman más la calidad que la cantidad, he de decir, y cuando llegan, me preguntan qué piezas de carne les he dejado y les explico qué recetas pueden hacer”, da pasos sencillos, pero esenciales, “esto es muy fácil, echas la carne, hay que espumarlo y una vez que espume, lo dejas un rato y, les digo, el puchero tiene que llorar”, alguno ha llamado a su madre en Zaragoza para decirle que le ha salido igual al que hacen en sus casas.

¿Ve relevo generacional? Cavila dos segundos y lanza: “Yo creo que sí”. Dos de sus tres hijos ya trabajan en el negocio familiar en la parte de Cárnicas Almansa, aunque, a todo aquel que empieza siempre le dice: “No hay que cansarse al principio ni tirar la toalla, porque cuesta muchísimo trabajo dar los primeros pasos”. Poco a poco, “vas recogiendo los frutos, y aunque muchas veces me desanimaba, yo seguía ahí”. Incluso, hace autocrítica en el sector y subraya que para distinguirse de las grandes superficies comerciales deben hacer un esfuerzo extra en la atención al cliente, “mi horario del mediodía es hasta las cuatro, pero si yo estoy y alguien lo necesita, estaré hasta las cinco disponible”.

Pero también tiene algunas exigencias para con la administración: pide un mayor apoyo para los autónomos que aguantan el tejido del barrio, así como planes que revitalicen el centro y que unan a los comerciantes, al igual que servicios públicos básicos para incrementar la interconectividad con los demás barrios, como que repongan las paradas de la guagua que había al costado de la plaza de la Alfalfa. “Tengo clientes que han dejado de venir por lo costoso que resulta llegar”, explica.

Hay ilusión, ganas, incluso, nuevos proyectos. En un par de semanas renovarán la vitrina de la carnicería mientras Águeda sueña con poner una freiduría. Sería cosa de brujería o malabarismo, porque le faltan manos, pero hay tantas cosas por hacer que no pierde el ánimo. Eso sí, ¿cuál es el plato estrella de La cocina de Águeda? “Una olla de 25 pucheros. Me sale en el día, en el día, te digo, aunque sea verano”.

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA Asturias) ha denunciado el tiempo y el dinero que los 70.559 profesionales que hay en la comunidad autónoma pierden cada día en realizar los trámites burocráticos.

Una pérdida que la asociación tiene contabilizada y se resume en estas cifras: cada trabajador destina una media de 226 horas al año exclusivamente al papeleo, lo que representa un coste de 3.390 euros anuales por autónomo calculado sobre una media de 15 euros por hora, que traducido a términos globales supone 239 millones de euros y 16 millones de horas en el Principado.

Hay un dicho popular que refeja que “el tiempo es oro” y es una expresión que podría aplicarse perfectamente a un sector que se ve abocado cada vez más a perder su tiempo, su dinero y su energía en rellenar algún trámite burocrático.

La nueva normativa

La presidenta de ATA Asturias, Patricia Oreña, asegura que la nueva normativa no ha reducido la carga burocrática sino que, por el contrario, la ha disparado, y ha impedido “conciliar la vida laboral y personal y descansar con tranquilidad”.

El Barómetro de ATA refleja que, con jornadas de 47 horas semanales, el autónomo dedica al menos cuatro horas a la administración, y que un 40,7 % pide como prioridad reducir la burocracia existente.

Una carga burocrática “disparada”

Patricia Oreña reclama un cambio para que la administración “deje de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador de quienes cada día generan riqueza y empleo en Asturias”.

El nuevo reglamento europeo de IA, los cambios en veri*factu y el registro horario han disparado la carga burocrática en los últimos meses, sin que ninguna medida haya venido a aliviar el tiempo que los autónomos dedican al papeleo.

Un sector que genera riqueza

Asturias cerró el mes de julio con 70.559 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la cifra más alta del año, tras sumar 920 desde enero, según los datos aportados por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, el pasado 7 de agosto, con motivo del Día del Autónomo que se celebró en la Feria Internacional de Muestras (Fidma) en Gijón/Xixón.

En ese acto, Borja Sánchez trasladó el reconocimiento del Gobierno del Principado a los profesionales de este sector que, según sus palabras “generan actividad económica, empleo y oportunidades en toda la comunidad” y resaltó su contribución al mantenimiento de negocios y servicios esenciales, tanto en las ciudades como en el medio rural.

“Detrás de cada autónomo hay una historia de esfuerzo y detrás de muchas de las fortalezas de Asturias hay un autónomo que decidió apostar por su tierra”, valoró.

Aportación del tejido empresarial

El titular de Ciencia señaló que el crecimiento del trabajo autónomo se produce en un contexto favorable para el mercado laboral asturiano, que alcanzó las 406.262 personas ocupadas en julio, cerca de 4.000 más que en junio y más de 8.000 por encima de hace un año.

A su juicio, estos resultados reflejan la aportación del tejido empresarial al desarrollo de la comunidad: “Si la economía funciona, crece y avanza es en buena medida por la labor de nuestras empresas, tanto las grandes como las pequeñas y las lideradas por profesionales autónomos”, afirmó.

Los retos

No obstante, Sánchez advirtió de que la evolución positiva de los indicadores no debe ocultar retos como el relevo generacional, la captación de talento, la digitalización, el aumento de la productividad o la creación de oportunidades para que más jóvenes puedan emprender y desarrollar su carrera profesional en Asturias.

Durante su intervención, el consejero repasó algunas características del trabajo autónomo en Asturias. Así, según los datos facilitados en el acto, el 28 % de las personas afiliadas acumula entre diez y veinte años de actividad y el 67 % tiene más de 45 años. Unos datos que refuerzan, en su opinión, la necesidad de impulsar el emprendimiento joven y favorecer el relevo generacional.

El perfil

Por otra parte, el colectivo presenta una composición cada vez más diversa: cerca de 30.000 afiliadas son mujeres y más de 5.500 profesionales proceden de otros países.

Sánchez también destacó el crecimiento de las actividades ligadas al conocimiento y la innovación, con cerca de 8.000 autónomos que desarrollan su labor en ámbitos técnicos, científicos o vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. Para el consejero, esta evolución refleja “una Asturias emprendedora, dinámica y diversa, innovadora y capaz de adaptarse a los cambios”.

Manifestaciones

Los trabajadores autónomos han protagonizado diversas manifestaciones de protesta en las principales ciudades asturianas. El pasado mes de mayo, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convocó una protesta por las calles de Gijón/Xixón y, entre sus principales reivindicaciones, figuraba la necesidad de que se lleve a cabo una reforma del régimen de la actividad que incluya beneficios sociales y laborales equivalentes a los de los empleados por cuenta ajena.

Tras una pancarta bajo el lema ‘Autónomos Asfixiados. Basta Ya’, los manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad en una protesta que se celebró de manera simultánea en más de veinte ciudades de España.

Reivindicaciones

Durante el recorrido se entonaron consignas como las siguientes: “Sin autónomos no hay futuro” y “España escucha, esta es nuestra lucha” que los manifestantes acompañaron con la exhibición de pancartas que incluían las frases “Si me enfermo me arruino”, “No es una cuota es un atraco” y “No pedimos privilegios, pedimos justicia”.

El colectivo reclamó medidas fiscales como el IVA franquiciado para los que facturen menos de 85.000 euros anuales, la simplificación de las declaraciones y la equiparación de las prestaciones sociales a las del régimen general de la Seguridad Social.

La “asfixia” del sector

El sector de los trabajadores por cuenta propia reclama que no se les cobren las cotizaciones durante los primeros 60 días de baja, prestaciones por maternidad y lactancia y el pago de cotizaciones adecuadas a los ingresos reales.

Unas reivindicaciones a las que ahora se suma también la reducción de la excesiva carga burocrática que, según explican desde ATA Asturias, cada vez es más “asfixiante”.

La reforma modifica el Decreto 39/2024, que regula las subvenciones para el fomento y la consolidación del empleo autónomo en Extremadura, e incorpora un sexto programa de ayudas denominado 'Tarifa Cero Familiar Colaborador'.

Esta nueva línea contempla una subvención de 1.920 euros por beneficiario para financiar el coste de las cuotas a la Seguridad Social de las personas desempleadas que se incorporen como familiares colaboradores de trabajadores autónomos. Para acceder a la ayuda deberán permanecer dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante un periodo de 24 meses.

La modificación también refuerza los incentivos dirigidos al relevo generacional de negocios. Las personas que adquieran una actividad económica en funcionamiento podrán recibir una ayuda adicional de 4.000 euros, cantidad que se incrementará en 2.000 euros más cuando el negocio se ubique en municipios de menos de 10.000 habitantes, hasta alcanzar un máximo de 6.000 euros.

Según la Junta de Extremadura, esta medida busca favorecer la continuidad de actividades económicas viables, facilitar la transmisión de negocios y contribuir al mantenimiento del empleo y del tejido empresarial, especialmente en el medio rural.

El decreto introduce además cambios en el acceso a estas subvenciones para quienes ya hayan sido beneficiarios de determinadas ayudas al autoempleo. En concreto, el plazo mínimo para volver a solicitarlas pasa de cinco a siete años.

El Ejecutivo autonómico justifica esta modificación por la necesidad de adaptar el sistema de ayudas al nuevo modelo de apoyo al empleo autónomo, que incorpora programas de impulso y consolidación con una duración más prolongada. Con ello pretende armonizar las distintas líneas de subvenciones y adecuarlas a las nuevas medidas orientadas a favorecer la estabilidad de los proyectos empresariales.

Tras la reforma, el sistema de ayudas al empleo autónomo en Extremadura queda organizado en seis programas: ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas; incorporación de familiares colaboradores; tarifa cero para nuevos autónomos; ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena que inicien una actividad como autónomas; ayudas para el mantenimiento de la actividad una vez superado el periodo obligatorio inicial; y el nuevo programa de Tarifa Cero Familiar Colaborador.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha pegado un gran bocado a la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes en la capital aragonesa, al reducirla de un millón de euros con que contaba la partida el año pasado hasta 400.000 euros en 2026, lo que supone un recorte del 60%. Esta subvención fue caótica en la pasada edición, al ser devuelta hasta dos veces por Intervención por fallos en la tramitación municipal. El PSOE ha acusado a los populares de “hacer pagar” a los pequeños empresarios los “errores de gestión” del equipo de gobierno, mientras que Economía ha respondido que a las mencionadas ayudas se sumarán otros 700.000 euros específicos para jóvenes.

La línea de subvenciones recién aprobada, la cuarta edición, aspira a impulsar la competitividad de autónomos y pequeñas empresas, y permitirá impulsar actuaciones como la creación de contenidos digitales, acciones de marketing, digitalización o reformas orientadas a mejorar la accesibilidad.

En su presentación el martes participaron el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. El primero de ellos cifró en 1.727 autónomos y pymes los beneficiados desde 2023, con un total de 3.592.800 euros invertidos, incluyendo la convocatoria de este 2026.

El consejero de Economía manifestó que el objetivo de esta iniciativa es que “ningún pequeño negocio renuncie a modernizarse por falta de recursos” porque “impulsar el tejido empresarial es una prioridad, como demuestra el presupuesto de los últimos cuatro años”. Y recalcó que el compromiso del Ayuntamiento es “acompañar a quienes generan empleo y actividad económica para que puedan crecer, innovar y ganar competitividad, porque el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial es también el fortalecimiento de Zaragoza”.

Dos líneas

Por su parte, la concejal de Vox recordó que esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo municipal de Vox para respaldar a los que “cada día levantan la persiana, arriesgan su patrimonio, pagan impuestos, generan actividad y crean empleo”. “Detrás de cada pequeño negocio, hay muchas horas de trabajo, sacrificio, incertidumbre y responsabilidad. Hay autónomos que no saben si al final del mes podrán pagarse un sueldo; pequeñas empresas que deben hacer frente al incremento de los costes, a nuevas obligaciones administrativas y fiscales y a una burocracia que no deja de crecer”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que seguirán trabajando para “reducir impuestos, agilizar los trámites y eliminar burocracia”.

Hay dos líneas en esta ayuda. La primera de ellas, para la que se destinan 325.000 euros, busca impulsar el desarrollo de acciones para la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. La segunda, dotada con 75.000 euros, busca subvencionar los gastos derivados de implantar, tal y como exige la normativa, cajas registradoras homologadas y sistemas de facturación electrónica (Verifactu).

La reducción afecta a ambas líneas. Así, la destinada a la competitividad pasa de 750.000 euros a 325.000 euros, mientras que la segunda desde los 250.000 euros del año pasado.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la web municipal en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, algo que se hará la semana del 20 de agosto para que las solicitudes puedan presentarse a la vuelta de las vacaciones.

Recorte “salvaje”

Este miércoles, el concejal socialista Guillermo Ortiz ha criticado el recorte, que después de que la convocatoria de 2025, que todavía no se ha pagado, ya sufriera otra reducción de un millón de euros. “Lejos de corregir los errores de gestión del área de Economía, el Gobierno de Chueca vuelve a hacer pagar las consecuencias a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios”, ha lamentado.

El socialista ha recordado que en la última Comisión de Economía el propio Gobierno municipal reconoció que la convocatoria de 2025 se paralizó hasta en dos ocasiones por parte de Intervención al detectar propuestas de concesión de ayudas a solicitantes que no cumplían los requisitos establecidos. “Nos dijeron que existía un exceso de carga de trabajo para gestionar las ayudas. Y su solución ha sido recortarlas de forma salvaje en lugar de mejorar la gestión. Una vez más, quienes pagan la incompetencia del Gobierno municipal son los pequeños empresarios y comerciantes de Zaragoza”.

“El pequeño comercio y los autónomos son quienes mantienen vivos nuestros barrios y generan empleo de proximidad. Sin embargo, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a darles la espalda”, ha insistido Ortiz.

Subvenciones para jóvenes

En su respuesta a los socialistas, fuentes del equipo de gobierno han explicado que la caída en estas subvenciones en un 60% se debe a que se ha creado “otra nueva línea de ayudas para la contratación de jóvenes dotada con 700.000 euros”. De manera que entre las dos convocatorias, argumentan desde el Ayuntamiento, alcanzarían los 1,1 millones.

Además, el consejero de Economía Carlos Gimeno ha lamentado que el PSOE “cree alarmismo” en el tejido empresarial de la ciudad al asegurar en rueda de prensa que las ayudas del 2025 “no se han pagado, cuando se está efectuando el pago, como no podía ser de otra manera”, ha recalcado.

Cuando Carmen Olmedo decidió dejar un empleo estable en la industria farmacéutica para crear Menoara tenía 51 años. No estaba en paro ni buscaba una salida desesperada. Había detectado un vacío: la escasez de soluciones específicas para la menopausia. “Si iba a dar el paso, mejor hacerlo desde una posición de fortaleza que esperar a que las circunstancias decidieran por mí”, recuerda.

Su caso rompe con el perfil más habitual del emprendimiento sénior en España. Porque, aunque el imaginario colectivo asocia al emprendedor con alguien joven, dispuesto a asumir riesgos y a crecer deprisa, la realidad es bastante distinta cuando se superan los 55 años. Ahí, emprender suele ser menos una aventura que una estrategia para seguir trabajando.

Así lo refleja el informe 'El emprendimiento sénior en España', elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre junto al Observatorio del Emprendimiento de España. El estudio concluye que el 9,9% de los españoles mayores de 55 años desarrolla alguna actividad emprendedora. Son menos que en otros grupos de edad, pero cuando crean una empresa la mantienen con más éxito: su tasa de abandono es del 1,2%, frente al 4,5% de quienes tienen entre 50 y 54 años y el 4,1% de los menores de 50.

La explicación, según Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, está en algo menos llamativo que la innovación tecnológica pero igual de determinante: la experiencia. “Cuando un sénior se decide a emprender tiene mucho más claro el camino a seguir. La experiencia profesional, el conocimiento acumulado y una red de contactos consolidada ayudan a reducir errores”, explica.

El emprendimiento como alternativa al edadismo

Los datos del informe dibujan una paradoja. España envejece y el colectivo sénior representa ya más de un tercio de la población, pero el mercado laboral sigue expulsando a quienes superan cierta edad. Desde 2008 el paro entre mayores de 55 años prácticamente se ha duplicado y ya supera las 500.000 personas. Además, seis de cada diez desempleados sénior llevan más de un año buscando trabajo tal y como señala el documento.

Ese contexto explica por qué el 57% de los emprendedores entre 55 y 64 años reconoce que montó su negocio simplemente para “ganarse la vida”. Entre quienes ya han consolidado su empresa, el porcentaje alcanza el 65%.

“Lo que dicen estos datos es que las empresas no están contratando, en muchos casos por una mera cuestión de edad, a personas que todavía quieren seguir activas”, resume Fernández Palacios. Aunque matiza que no todo el emprendimiento sénior nace de la necesidad. “También hay un porcentaje importante que emprende para aprovechar oportunidades de negocio o continuar una tradición familiar. No todo el emprendimiento sénior es forzado”.

Olmedo pertenece precisamente a ese segundo grupo. “La chispa llegó cuando empecé a vivir en primera persona la perimenopausia y me di cuenta de lo poco atendida que estaba esta etapa. Vi que podía aportar desde mi conocimiento y experiencia”, explica.

El miedo no desaparece, pero cambia

Emprender a los 25 y hacerlo a los 55 implica riesgos diferentes. Mientras los más jóvenes suelen preocuparse por encontrar financiación o validar una idea, quienes se acercan a la jubilación añaden otra pregunta: ¿y si sale mal?

El informe revela que solo un tercio de los emprendedores sénior considera fácil poner en marcha un negocio y que el miedo al fracaso sigue presente, especialmente por el posible impacto económico sobre la jubilación.

“Claro que sentí miedo”, admite Olmedo. “Dejaba atrás una situación estable y no sabes si el mercado responderá. Pero contar con programas de acompañamiento, mentores y una red de apoyo ayuda muchísimo. Y cuando lo piensas con calma, todavía te quedan más de quince años de vida activa. Son demasiados para vivirlos desde el miedo”.

Paradójicamente, esa prudencia parece convertirse después en una ventaja. El estudio muestra que el 82% de los emprendedores sénior cree disponer de los conocimientos y habilidades necesarias para sacar adelante su proyecto, un porcentaje muy superior al de otros grupos.

La experiencia también enseña a crecer más despacio

Sergi Rosés tenía ya más de cuarenta años cuando, junto a dos amigos de toda la vida, decidió convertir en empresa lo que había empezado casi como un pasatiempo: electrificar embarcaciones tradicionales. Hoy Electric Inside Boats desarrolla barcos eléctricos alimentados por energía solar y participa en la transformación de la náutica sostenible.

Rosés también identifica una diferencia clara entre emprender joven y hacerlo después de décadas de trayectoria. “Cuando eres joven quieres crecer muy deprisa. Con el tiempo aprendes a validar antes el producto, a no crear estructuras innecesarias y a equivocarte menos”, explica. “Ahora priorizamos hacer solo los proyectos que realmente tienen sentido. Eso también forma parte de la experiencia”.

Su empresa nació sin la presión de tener que generar ingresos inmediatos. Los tres socios mantuvieron sus trabajos mientras el mercado maduraba. “Si hubiéramos necesitado vivir de esto desde el primer día, la empresa ya no existiría”.

Esa ausencia de urgencia económica permite otra característica que el informe también detecta: los emprendedores sénior priorizan más el impacto social y ambiental que el crecimiento acelerado. Siete de cada diez empresas consolidadas lideradas por mayores de 55 años sitúan ese propósito entre sus prioridades.

Las mujeres siguen partiendo desde más atrás

La edad no afecta igual a hombres y mujeres. El estudio muestra que el 9,1% de los hombres mayores de 55 años dirige empresas consolidadas, frente al 5% de las mujeres.

Para Olmedo, la explicación empieza mucho antes de los cincuenta. “Muchas mujeres de mi generación seguimos gestionando casa, hijos y cuidados familiares. A eso se suma que socialmente no se percibe igual a un hombre maduro que a una mujer madura. A ellos la edad les aporta autoridad; a nosotras muchas veces nos resta credibilidad”, sostiene.

Fernández Palacios coincide en el diagnóstico. La brecha responde, dice, a décadas de menor participación femenina en el mercado laboral y a una distribución desigual de los cuidados, que sigue limitando las posibilidades de muchas mujeres para desarrollar una carrera profesional o emprender.

Las ideas también se jubilan

No todos los proyectos llegan a convertirse en empresa. Antonio García, piloto jubilado, lleva años imaginando soluciones para facilitar la movilidad de las personas mayores en los campos de golf. Diseñó un carrito eléctrico capaz de transportar al jugador en las cuestas y circular después como carro convencional.

Llegó a invertir dinero en prototipos y buscó fabricantes interesados. Nunca encontró el apoyo necesario. “No soy empresario; soy prescriptor. Yo quería crear algo útil, no montar un negocio”, resume. Reconoce que el desánimo de su entorno familiar también influyó. “Si hubiera encontrado un socio que supiera de marketing, de finanzas y hubiera tenido apoyo familiar, quizá habría sido distinto”.

Su historia ilustra otra realidad menos visible del emprendimiento sénior: muchas buenas ideas nunca llegan al mercado, no tanto por falta de creatividad como por ausencia de redes, acompañamiento o perfiles complementarios.

Un talento desaprovechado

El informe también detecta asignaturas pendientes. La innovación tecnológica disminuye con la edad y solo uno de cada diez proyectos recientes presenta un grado medio-alto de innovación. Sin embargo, la mayoría de emprendedores sénior reconoce el potencial de herramientas como la inteligencia artificial para mejorar la productividad, aunque reclama más formación.

Fernández Palacios cree que las administraciones todavía tienen margen para actuar. Entre las medidas prioritarias propone facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo mediante fórmulas como la jubilación activa, además de reforzar incentivos específicos para quienes emprenden en la última etapa de su vida laboral.

Porque, sostiene, el problema ya no es demográfico sino económico. “El talento sénior es un activo estratégico. Si vivimos más años, con mejor salud y capacidad para seguir trabajando, desaprovechar toda esa experiencia es una pérdida para toda la sociedad”.

Mientras tanto, Olmedo lanza un mensaje a quienes siguen dudando si ya es demasiado tarde. “Lo peor que puede pasar es descubrir que tu idea no funciona. Lo mejor es darte cuenta de que todo lo aprendido durante años tiene mucho más valor del que pensabas”.