Este jueves comenzará un ciclo de talleres online para informar y asesorar en empleo autónomo y emprendimiento que ha puesto en marcha el Departamento de Empleo de UGT Castilla-La Mancha. Estará compuesto por un total de cuatro sesiones que se prolongarán hasta el 2 de julio y se podrán visualizar de forma gratuita.

El primer webinar tendrá lugar el jueves 11 de junio y contará con la participación de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social de Castilla-La Mancha.

En él se dará información de la Red Acompaña, una red constituida por un conjunto de entidades público-privadas (Oficinas Emplea, Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía Empresas y Empleo, Centros de la mujer con área laboral, Espacios Adelante Autoempleo y Entidades homologadas) cuya principal función es dar servicios a las personas trabajadoras autónomas de la región, asesorando y tutorizando sus proyectos de forma totalmente gratuita.

El 17 de junio, de la mano de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), se abordará la digitalización en el mundo rural; mientras que el 25 de junio será el turno de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que ofrecerá un asesoramiento especializado sobre autoempleo. El último webinar será el 2 de julio con un circuito de emprendimiento a cargo de técnicos de Empleo de UGT Castilla-La Mancha.

Todos los webinars se ofrecerán a través del canal de YouTube de UGT Castilla-La Mancha a partir de las 10:00 horas. Además, las personas que estén interesadas en inscribirse y en poder participar de manera activa se pueden apuntar en este enlace.

Verifactu ya tiene fecha y va a obligar a muchas empresas y autónomos a cambiar la forma en la que trabajan con sus facturas. No es un ajuste menor, porque afecta a algo que forma parte del día a día de cualquier negocio: el programa con el que se registran las ventas y se generan los documentos fiscales.

La medida se enmarca en el plan de Hacienda para tener un mayor control sobre la facturación y avanzar en la digitalización del sistema tributario. La idea es que cada factura deje un rastro claro, que no pueda modificarse después de emitirla sin dejar constancia y que la Agencia Tributaria tenga más margen para detectar irregularidades.

El cambio no llegará al mismo tiempo para todos, pero sí va a tocar a una parte muy amplia del tejido empresarial. Las empresas y los autónomos tendrán plazos distintos para adaptarse, así que la clave está en no dejarlo para el final y revisar con tiempo si el software que se usa cumple o no con lo que pide la norma.

Los plazos de entrada en vigor de Verifactu

Verifactu es el reglamento que define las condiciones que deben cumplir los programas de facturación de empresas y profesionales. Su alcance no se limita a las facturas completas, sino que también incluye las facturas simplificadas y los tickets que emiten muchos pequeños negocios. Lo que quiere la norma es que cada operación quede registrada de forma segura, con trazabilidad y sin posibilidad de que los datos se alteren después sin que quede constancia.

El calendario ya está cerrado tras el aplazamiento aprobado con el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre. La primera fecha clave es el 1 de enero de 2027, cuando la obligación entra para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, incluidas las sociedades patrimoniales. A partir de ahí, esas compañías deberán hacer sus facturas con programas adaptados a los requisitos del sistema.

La segunda fecha es el 1 de julio de 2027. En ese momento, la obligación se extiende al resto de obligados: autónomos en IRPF, comunidades de bienes y otros profesionales que emiten facturas habitualmente. Ese margen extra busca dar más tiempo a los pequeños negocios y a los trabajadores por cuenta propia para que puedan revisar sus sistemas sin ir a la última.

A lo largo de 2026, tanto empresas como autónomos pueden ir adelantando la transición. No hace falta esperar al último momento para cambiar el programa o para actualizar el que ya se tiene. Lo más sensato es mirar con tiempo si el software actual puede adaptarse o si es mejor buscar una solución nueva que ya esté preparada para cumplir con la norma.

Cómo saber si empresas y autónomos deben usar el nuevo sistema

Uno de los puntos claves es que el programa de facturación no puede estar limitado a hacer facturas y nada más. El sistema debe generar un registro por cada factura que se emita y conservarlo con garantías técnicas. Ese registro puede enviarse a Hacienda o dejarlo preparado para su envío cuando la Agencia Tributaria lo pida. En cualquier caso, la factura debe ir vinculada a un sistema que asegure que los datos no se pueden alterar después.

Para eso, el software tiene que tener controles que impidan borrar o modificar datos sin dejar rastro. También debe generar una huella digital única por cada factura y, en muchos casos, un código QR que permita verificar la información. Con estas medidas, Hacienda quiere que cada factura quede bien identificada y que no sea posible alterar la contabilidad de forma opaca.

Verifactu afecta, en la práctica, a cualquier negocio que usa un programa informático para facturar, salvo las excepciones concretas que prevé la normativa. Esto incluye a pymes, autónomos, sociedades y comunidades de bienes que facturan con sistemas electrónicos. No es algo pensado solo para grandes empresas, sino para buena parte de quienes emiten facturas en el día a día.

Para los autónomos, el cambio implica revisar si el programa actual cumple con los nuevos requisitos o si tendrá que ser sustituido. Para las empresas, la adaptación también lleva revisar procesos internos, proveedores tecnológicos y la forma en la que se generan y se conservan los registros. En ambos casos, el objetivo es que la facturación esté alineada con el sistema de control de la Agencia Tributaria.

Qué ocurre si no se utiliza Verifactu

El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes. La normativa prevé sanciones para quienes usan software que no está adaptado, para quienes manipulan los registros o para quienes impiden que los datos se generen y se conserven correctamente. En los casos más graves, las multas pueden pasar de los 50.000 euros.

Y el riesgo no se queda en una sola infracción. Si la obligación no se cumple cuando llega la fecha, las sanciones pueden aplicarse por ejercicio o por periodo incumplido. Por eso, la adaptación no debería dejarse para el final, porque el problema no es solo técnico: también es fiscal y económico.

En paralelo, Hacienda quiere que este nuevo sistema sirva para mejorar el control automatizado de la facturación y reducir las opciones de fraude. Por eso la norma insiste tanto en la inalterabilidad de los datos, en la trazabilidad de cada operación y en la conservación segura de los registros. No es solo cambiar de software, sino trabajar con una forma distinta de registrar la actividad económica.

La recomendación, en este escenario, es anticiparse. Revisar el programa de facturación, consultar al proveedor si será compatible con Verifactu y resolver cambios con tiempo puede evitar problemas cuando la obligación sea definitiva. A partir de ahí, cada negocio tendrá que ajustar su operativa a un sistema que busca más control, más trazabilidad y menos margen para la alteración de facturas.

Cientos de personas se han manifestado este domingo, 31 de mayo, en Cuenca, donde se celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page. Convocados por las asociaciones Pueblos Vivos, Stop Ganadería Industrial y Stop Biometano, han querido así mostrar su oposición al “despliegue industrial” de macrogranjas y plantas de biogás en esta comunidad autónoma. El lema de la movilización: “No somos territorio de sacrificio”.

Ante la decisión del Gobierno castellanomanchego de que Cuenca sea este año la sede del acto, la movilización la han protagonizado plataformas ciudadanas y vecinales de la comarca y de la Mancha Alta conquense. Protestaban contra los proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano. La manifestación, convocada por 46 colectivos vecinales, ha partido del barrio del Castillo y ha finalizado en la Pplaza Mayor, donde se han escuchado cánticos pidiendo la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

 La Subdelegación de Gobierno “no ha permitido que la manifestación se acerque a las proximidades del Auditorio, donde la Junta de Castilla-La Mancha celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha”, explicaban los convocantes.

Tras la finalización de la manifestación, “la Policía Nacional no ha permitido a las personas que vestían camisetas reivindicativas visitar la zona de las Casas Colgadas y el puente de San Pablo, a diferencia de los turistas, a los que sí se les permitía acceder”, denunciaban

Han expresado durante la protesta su “profunda alarma” ante la “nueva ofensiva legislativa” del Gobierno de Castilla-La Mancha, por la publicación del borrador de la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas. En este anteproyecto, tal y como adelantó este medio, el biometano está incluido como “estratégico”.

Aseguran que con ello, el Ejecutivo de Page defiende un “despliegue masivo” de biometano bajo premisas que los colectivos consideran “técnicamente cuestionables”. Señalan que a través del borrador de dicha ley, la Junta pretende “acelerar y blindar” la implantación de macroplantas de biometano, una “maniobra” que los colectivos vecinales califican unánimemente de “huida hacia adelante”, “imposición” y “desprecio a la ciudadanía”.

Y es que apuntan que la gravedad de la situación en este territorio es “extrema”. Según datos técnicos recabados por las plataformas locales, se proyectan hasta seis macroplantas de biometano más la ya implantada en Belinchón, sumando un total de siete instalaciones en un radio de menos de 30 kilómetros: dos proyectos en Tarancón, un macroproyecto en Huelves , que apenas tiene 75 habitantes, y tres proyectos en Campos del Paraíso, también con escasa población.

Esta “brutal concentración industrial” pretende, afirman, asentarse sobre una comarca que ya ha sido declarada Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos en el registro de la Junta de Castilla-La Mancha.

Argumentan asimismo que una de las afecciones de este tipo de instalaciones son posibles filtraciones de lixiviados y de residuos con alto contenido en metales pesados provocando “contaminación irreversible” de las aguas subterráneas.

Refieren que el digestato o digerido resultante del proceso de biometanización se pretende utilizar como fertilizante para las tierras, “siendo más contaminante incluso que los purines” pues el proceso de biometanización transforma parte del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal “más soluble y fácilmente filtrable hacia acuíferos y aguas subterráneas si no se controla rigurosamente su aplicación agrícola”.

Los colectivos denuncian la “absoluta desproporción” de un modelo que convierte a los pequeños pueblos en “polos de tratamiento masivo de residuos a gran escala”. Y frente al “rodillo industrial” que pretenden las empresas energéticas, los habitantes de la comarca defienden el “modelo de desarrollo sostenible y arraigo”.

“El verdadero desarrollo rural no se importa en camiones de residuos, sino que se cultiva potenciando los recursos endógenos y el patrimonio que ya pertenecen a la comarca”, destacan. Frente a ello, proponen la creación de riqueza a través de la rehabilitación, la atracción de un turismo de calidad y la edificación de viviendas atractivas para un arraigo residencial estable.

Por eso argumentan que las afirmaciones oficiales que pretenden “hacer compatibles” las macroplantas con este entorno “carecen de base empírica realizable”: “La presencia de una industria pesada de tratamiento de desechos externos, caracterizada por olores crónicos y un tránsito incesante de camiones de gran tonelaje, introduce un impacto paisajístico y ambiental que neutraliza por completo cualquier incentivo para el turismo, la hostelería y el bienestar residencial”.

En los últimos meses se han multiplicado las coordinadoras locales, las manifestaciones, las alegaciones colectivas y las acciones informativas en defensa del medio rural, la salud pública y los recursos hídricos.

Y en el caso de Castilla-La Mancha, las distintas plataformas mantienen ya una estrecha coordinación territorial y trabajan conjuntamente en iniciativas sociales, técnicas y jurídicas para responder “de forma unitaria” al avance de estos proyectos industriales impulsados “bajo la etiqueta de transición ecológica”.

Protestas de los trabajadores autónomos en Ciudad Real

De igual modo, en Ciudad Real la Plataforma por la Dignididad de los Autónomos 30N ha convocado una movilización en la plaza de la Constitución de Ciudad Real. Esta concentración se convocó de forma simultánea a otras marchas en 22 provincias españolas con el objetivo conjunto de visibilizar la “situación límite” en la que se encuentran los profesionales y pequeño negocios ante el “escenario de asfixia fiscal”, además de un “incremento burocrático e incertidumbre económica actual”.

Desde la plataforma destacan que esta nueva movilización representa la cuarta ocasión en la que el colectivo sale de forma organizada a las calles desde el primer 30 de noviembre. “Lograr mantener la movilización activa de manera continuada es el reflejo de un descontento estructural muy profundo. Ninguna otra plataforma del sector ha desarrollado una estrategia de persistencia sostenida de este alcance hasta la fecha”, señalan desde la dirección nacional, recalcando que la organización mantiene su identidad civil “intacta, libre de siglas partidistas y centrada exclusivamente en los problemas reales del tejido productivo”.

La adaptación al nuevo reglamento de programas de facturación será uno de los cambios que muchos autónomos tendrán que tener en el radar durante los próximos meses. Aunque la entrada en vigor de Verifactu se ha aplazado de 2026 a 2027, la norma no afecta por igual a todos. De hecho, la clave no está tanto en la actividad en sí, sino en cómo se emiten las facturas y en si se utiliza algún sistema informático para gestionarlas.

En otras palabras, no todos los autónomos tendrán que hacer cambios, pero sí aquellos que usen herramientas capaces de crear, modificar, almacenar o procesar registros de facturación. Esto hace que dos profesionales con actividades similares puedan tener obligaciones distintas: uno podría quedar fuera si factura a mano, mientras que otro, usando un programa o un TPV, sí tendría que adaptarse. Entre los casos que más dudas generan están el alquiler de inmuebles, el uso de datáfonos, los negocios que trabajan con tiques y ciertos recibos del ámbito agrario.

Arrendamiento de inmuebles

El alquiler de viviendas o locales es uno de los supuestos donde no hay una respuesta automática. En el caso de una persona física, todo depende de si ese alquiler se considera actividad económica en el IRPF. Para que lo sea, normalmente se exige contar con al menos un trabajador contratado a jornada completa.

Si no se cumple ese requisito, el arrendamiento no se considera actividad económica a estos efectos. Esto significa que un propietario que alquila inmuebles sin tener empleados no tendría que adaptarse al reglamento por esta actividad. Es decir, el simple hecho de tener propiedades en alquiler no implica entrar en Verifactu.

La situación cambia si el arrendamiento se realiza a través de una sociedad. Al tributar por el Impuesto sobre Sociedades, la empresa puede quedar dentro del ámbito del reglamento. Aun así, todo vuelve a depender de cómo facture: si utiliza un programa informático, deberá adaptarlo; si emite facturas manualmente, no tendría esa obligación por este motivo.

Uso de TPV o datáfono

Cobrar con tarjeta no implica automáticamente tener que adaptarse a Verifactu. Muchos autónomos utilizan datáfonos en su día a día, pero estos dispositivos no siempre intervienen en la facturación.

Si el terminal se limita únicamente a gestionar el cobro y no crea ni almacena facturas, no se considera un sistema informático de facturación. En ese caso, actúa solo como medio de pago, registrando la transacción pero sin participar en la emisión de documentos fiscales. Por tanto, no habría que adaptarlo si no está conectado a un software de facturación.

El escenario es distinto cuando el TPV forma parte de un sistema más completo. Si está integrado en un programa que genera facturas o tiques con validez fiscal, o que guarda y gestiona datos de facturación, entonces sí podría estar sujeto al reglamento. La diferencia está en si el dispositivo solo cobra o si también interviene en la gestión documental.

Tintorerías y otros negocios que solo expiden tiques

Otro caso frecuente es el de pequeños comercios que funcionan principalmente con tiques. Por ejemplo, una tintorería que tributa en estimación objetiva y recargo de equivalencia, que solo emite facturas completas cuando el cliente las pide y las hace a mano, mientras que el resto de operaciones se documentan con tiques de caja.

En cuanto a las facturas completas, el criterio es claro: si se hacen manualmente y sin software, no obligan a cumplir con el reglamento. La duda surge con los tiques, ya que en algunos casos pueden tener la consideración de factura.

Por eso, no basta con verlos como simples justificantes. Hay que analizar qué tipo de documento se está emitiendo y con qué herramienta. Si los tiques salen de una caja registradora o de un programa que puede generar, almacenar o tratar registros de facturación, ese sistema podría tener que adaptarse. Esto afecta especialmente a negocios que casi nunca emiten facturas tradicionales, pero sí entregan tiques de forma habitual.

Recibos de una cooperativa agroalimentaria

Los recibos de compensación agraria tienen un tratamiento diferente. Aunque están vinculados a operaciones económicas, cuentan con su propia regulación y no se consideran facturas dentro del reglamento de programas de facturación. Por ese motivo, quedan fuera del ámbito de Verifactu. Esta distinción es importante, ya que no todos los documentos relacionados con una actividad profesional tienen el mismo impacto en la normativa. En este caso, la obligación no se activa simplemente por existir una operación económica, sino por la naturaleza del documento y la forma en que se emite.

En definitiva, la obligación de adaptarse al reglamento de programas de facturación no depende tanto del tipo de actividad como de la forma en que se gestionan y emiten las facturas. La clave está en identificar si se utiliza o no un sistema informático que intervenga en ese proceso, ya que esto marcará la diferencia entre estar dentro o fuera de Verifactu. Por ello, más que fijarse solo en el sector o el tamaño del negocio, los autónomos deberán revisar con detalle sus herramientas de facturación para saber si realmente tienen que dar el paso hacia la adaptación.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

Los cambios, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha adelantado El Periódico y confirman a elDiario.es fuentes conocedoras, se incluyen en un real decreto que el Gobierno aprueba este martes –y que por tanto no tiene que pasar por el Parlamento– y que estaba comprometido con los agentes sociales en la última reforma de pensiones para incentivar fórmulas voluntarias de trabajo y pensión.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medida “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

“Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, ha argumentado Saiz, que ha destacado la “escucha” al diálogo social en su diseño.

La jubilación flexible ofrece la posibilidad, a los jubilados que voluntariamente lo deseen, de reincorporarse a la actividad y compatibilizar el cobro de parte de su pensión con las ganancias de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, ahora como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia. Eso sí, hay una condición: siempre que la persona no haya estado dada de alta como autónoma en los tres años anteriores a la fecha de jubilación, precisan fuentes conocedoras del real decreto.

Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión, añaden estas fuentes.

Aumenta el porcentaje de pensión que se puede cobrar

Otra de las novedades relevantes es que se modifican, tanto las jornadas de trabajo que se pueden realizar en jubilación flexible (aumentándolas), así como también se incrementa el porcentaje de pensión que se puede percibir en determinados casos.

Así, los trabajos a tiempo parcial por cuenta ajena podrán situar las jornadas en la horquilla del 33% al 80%. Hasta ahora, el jubilado podía realizar una jornada entre el 25% y el 75%.

La pensión que se puede cobrar, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo. Por tanto, si la jornada es de un 80%, la cuantía de la pensión a percibir es de un 20%.

Pero, como novedad, aumentarán los porcentajes de pensión que se pueden cobrar cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación. En este caso, el beneficiario de jubilación flexible percibirá un porcentaje adicional de pensión:

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir “hasta 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible”, indican estas fuentes conocedoras del decreto.

Recálculo de la pensión solo para jubilados forzosos

Los aumentos en la cuantía de la pensión a percibir durante la jubilación flexible van acompañados de otro cambio: el nuevo periodo trabajado ya no se tendrá en cuenta para recalcular la pensión de jubilación, salvo en el caso de las personas que accedieran a la jubilación de manera involuntaria.

Aunque en un inicio el Gobierno pretendió que la pensión no se recalculara en ningún caso con los nuevos periodos trabajados, los sindicatos insistieron en exceptuar a los llamados jubilados forzosos, quienes se hayan tenido que jubilar de manera forzosa a través de la jubilación anticipada involuntaria, principalmente fruto de despidos y ERE.

Finalmente, el decreto reconoce que el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, “verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado”, explican estas fuentes.

La nueva regulación, que mejora las condiciones para las jubilaciones demoradas, se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este jueves las políticas del Ejecutivo regional en beneficio de los trabajo autónomo y que, mientras ellos bajan las cuotas, el Gobierno central las sube.

Guardiola, que ha participado en la clausura de la Asamblea de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Extremadura, ha señalado que su modelo de apoyo al trabajo autónomo “se basa en escuchar primero y legislar después”, y ha recordado que el Plan de Empleo Autónomo acordado con esta asociación contempla una inversión de 316 millones de euros hasta 2027.

“Un gobierno serio no puede mirar hacia otro lado ante las dificultades añadidas que sufre” este colectivo, ha indicado la presidenta regional, de ahí que se impulsen muchas iniciativas y piensen ya en el siguiente plan.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha considerado por su parte que “la verdadera prioridad nacional” deben ser “los autónomos”, pues “sin ellos este país no funciona... España no es Alemania, Bélgica o Suiza, aquí la media son pequeñas empresas, lo que se acentúa en Extremadura”. Sin embargo, a su juicio “se vive un infierno fiscal, cada vez con más trámites, trabas, burocracia y obligaciones”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que si se pasara de la elaboración de las actuales cuatro declaraciones trimestrales a una al año los autónomos ahorrarían “600 euros cada ejercicio”.

En la asamblea, Candelaria Carrera ha sido reelegida por unanimidad como presidenta de ATA Extremadura, tras encabezar la única candidatura presentada, con Raquel de Prado al frente de la Secretaría General.

Carrera ha lamentado que los autónomos “sean los primeros en sufrir las dificultades cuando estas llegan” y en este sentido ha comentado que desde marzo de 2020 se produce “una continuidad de crisis y transformaciones”, pues a la pandemia y a la guerra de Ucrania le han seguido otras problemáticas como el conflicto bélico en Irán.

Pese a todo ello, el colectivo no solo resiste, sino que crece, como demuestra el hecho de que en Extremadura haya hoy 640 autónomos más en relación a abril de 2025, al alcanzar los 81.307 profesionales -unos 50.000 en la provincia de Badajoz y el resto en Cáceres-, gracias “a su resiliencia y profesionalización, al crecimiento de la economía española y a las medidas puestas en marcha en Extremadura”, ha señalado Carrera.

Para continuar en este crecimiento “hay que ayudar a que los negocios y empresas sean más resistentes, competitivas y adaptadas a estos cambios”, lo que pasa “por mejores infraestructuras destinadas a la comunidad autónoma, menos burocracia, aumentar la digitalización, invertir en formación, o facilitar el relevo generacional”, ha propuesto la presidenta de ATA Extremadura.

Los trabajadores autónomos de Canarias pueden solicitar desde este jueves las ayudas para conciliar la vida familiar y laboral del programa Concilia, destinado a facilitar la conciliación de los trabajadores por cuenta propia en las islas, ha informado el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez.

El programa, publicado en el Boletín Oficial de Canarias de este miércoles, contempla ayudas para sustituciones por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como para la contratación de apoyo en el cuidado de menores, personas mayores o dependientes, y para sufragar parte del coste de servicios de cuidado, como guarderías o centros de día.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha destacado durante una rueda de prensa que “la conciliación laboral y familiar, la contratación y la segunda oportunidad son pilares fundamentales para consolidar un tejido autónomo más fuerte y con más capacidad para generar empleo en Canarias”.

Esta convocatoria va dirigida a todos los autónomos residentes en Canarias dedicadas a cualquier sector y en cualquier estado, es decir, nuevos, consolidados o en crecimiento.

La ayuda tiene carácter retroactivo a 18 de octubre de 2025 y es posible contratar a familiares del autónomo.

El programa Concilia contempla tres líneas de ayudas: Concilia 1, que financia la contratación de una persona sustituta cuando el trabajador autónomo esté de baja por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia; además, puede apoyar la conversión posterior en contrato indefinido con la misma persona sustituta.

Concilia 2 subvenciona la contratación indefinida de una persona que ayude en el cuidado de hijos menores, personas mayores o personas con dependencia a cargo de la autónoma.

Y Concilia 3 cubre parte de los costes de centros o servicios de cuidado de menores, mayores o personas dependientes, incluidos ciertos servicios en vacaciones escolares o fuera del horario lectivo.

Las ayudas serán de hasta 8.800 euros en los supuestos de sustitución por riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como subvenciones de hasta 7.500 euros o 9.000 euros cuando la contratación indefinida se destine a colectivos prioritarios.

En el caso de Concilia 3, la ayuda cubrirá el 75% del coste de los servicios de cuidado, con un máximo de 3.000 euros.

Todas las líneas se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación y hasta agotar el crédito disponible y las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo autonómico para respaldar al trabajo autónomo, reforzar la estabilidad de los negocios y favorecer la creación de empleo, como el plan +uno52, que persigue la reinserción laboral de personas de 52 años o más.

Domínguez ha anunciado que, en breve, también saldrá la convocatoria del programa de Incapacidad Temporal, que permite el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja.

Además, ha recordado que el Ejecutivo regional ha elevado el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, con el objetivo de “aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica”.

Otra de las medidas incluidas en el Plan Respaldo Autónomos es la bonificación de los intereses de los préstamos para inversiones productivas o la segunda oportunidad, que persigue, a través de créditos, “ayudar a las empresas a reconducirse y que no tengan que cerrar”, ha manifestado Domínguez. 

La adaptación de pymes y autónomos al nuevo reglamento de facturación que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, está obligando a muchos negocios a revisar una parte básica de su gestión diaria. La facturación, que en muchos casos se lleva desde hace años con la misma herramienta, pasará a estar sujeta a nuevos requisitos técnicos dentro del marco conocido como Verifactu. Este cambio no afecta solo al momento de emitir una factura, sino también a la forma en la que los programas registran, conservan y comunican esa información.

Para muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, el programa de facturación no es una simple aplicación más. En él se acumulan operaciones pasadas, datos de clientes, documentos emitidos y registros que forman parte del archivo administrativo del negocio. Por eso, cualquier cambio de sistema puede generar dudas prácticas, sobre todo cuando la herramienta anterior ha sido utilizada durante años y contiene información que puede seguir siendo necesaria.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite tiene que ver con el destino del software antiguo cuando llegue el momento de trabajar con una solución adaptada al nuevo reglamento. La preocupación no está solo en instalar un programa compatible, sino en saber qué ocurre con el que se venía usando hasta ahora, especialmente cuando todavía conserva facturas y datos de ejercicios anteriores.

Qué pasa con el programa antiguo de facturación

Hacienda ha aclarado que pymes y autónomos no tendrán que eliminar necesariamente su antiguo programa de facturación al cambiar a un sistema adaptado a Verifactu. La clave está en el uso que se mantenga de esa herramienta. Si el software anterior queda solo como archivo para consultar facturas ya emitidas o conservar registros antiguos, y deja de tener capacidad para crear nuevos documentos, su mantenimiento no supondría por sí solo un incumplimiento.

El punto principal está en que ese sistema no siga operativo como herramienta de emisión de facturas. Dicho de forma sencilla, el problema no es guardar el historial, sino conservar un programa antiguo que todavía permita seguir facturando cuando ya debería utilizarse una solución adaptada al nuevo marco legal. Por tanto, el cambio a Verifactu no implica perder la información acumulada durante años, pero sí exige separar claramente el archivo de facturas anteriores del sistema que se usará para emitir las nuevas.

Esta diferencia resulta importante para muchos negocios. Un autónomo puede necesitar revisar una factura antigua, comprobar un importe, recuperar los datos de un cliente o consultar una operación cerrada tiempo atrás. Esa necesidad no desaparece por cambiar de sistema. Lo que debe evitarse es que el programa anterior mantenga activa la función de emitir nuevas facturas si no cumple con los requisitos exigidos.

Qué es Verifactu

Verifactu forma parte del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para adaptar los programas de facturación a unas reglas comunes. Su funcionamiento permite que los registros de facturación se remitan a Hacienda de forma inmediata y directa, lo que obliga a que las herramientas utilizadas por empresas y profesionales se ajusten a esos requisitos cuando llegue el momento de aplicarlos.

La Ley General Tributaria contempla una multa fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas o programas informáticos no debidamente certificados. Sin embargo, el riesgo no estaría en conservar una base de datos histórica, sino en mantener en funcionamiento una herramienta no adaptada que todavía pueda generar facturas.

Por eso, una pyme o un autónomo que conserve el programa antiguo solo para acceder a documentos ya emitidos no estaría en la misma situación que quien lo mantiene activo para facturar. En el primer caso, la aplicación funcionaría como un espacio de consulta. En el segundo, seguiría actuando como sistema de facturación, y ahí es donde podría aparecer el problema si no está ajustado al reglamento.

En la práctica, los negocios tendrán que revisar qué funciones conserva su antiguo software. Lo recomendable será asegurarse de que esa posibilidad queda bloqueada o desactivada, de manera que el programa quede limitado al archivo y no pueda utilizarse para crear nuevas facturas. La conclusión es que el paso a Verifactu no obliga a borrar el pasado administrativo del negocio. Pymes y autónomos podrán conservar sus registros anteriores si los necesitan, siempre que el programa antiguo ya no sirva para facturar.

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Eduardo Abad, han presentado hoy, día 19, unas acciones dirigidas a fomentar el relevo generacional y el emprendimiento de las personas inmigrantes en esta Comunidad Autónoma, en el marco de un convenio suscrito entre ambas entidades.

Este acuerdo “establece una colaboración para favorecer su incorporación al mercado laboral de La Rioja a través de un asesoramiento personalizado de apoyo al autoempleo, y también para analizar dicho mercado y poner en marcha un programa de acciones que favorezca el relevo generacional en el territorio”, ha explicado Pérez Echeguren. 

Las actuaciones contempladas están orientadas “al autoempleo de las personas inmigrantes y a potenciar su participación en los procesos de autoempleo y emprendimiento”. 

Del mismo modo, ADER y UPTA se alinean en el cumplimiento de otros objetivos, como el fomento del emprendimiento joven en sectores emergentes, la capacitación de la formación básica, el análisis de la situación actual de los autónomos y del tejido empresarial de La Rioja en fase de relevo generacional, o el establecimiento de medidas para apoyar, orientar y asesorar a autónomos que se encuentren cercanos a la jubilación, deseen traspasar su negocio o buscar un relevo. 

En el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines, “uno de los grandes propósitos de la ADER radica en crear más y, sobre todo, mejores iniciativas empresariales que alcancen un mayor grado de éxito y consolidación”. Pérez Echeguren ha recordado que el Gobierno de La Rioja ha impulsado durante estos últimos años el Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, articulado en cinco convocatorias, del que se han beneficiado más de 20.000 autónomos riojanos, y el Plan de Fomento del Emprendimiento.

Por su parte, Abad ha incidido en que esta iniciativa encaja con los objetivos de UPTA, que “persigue promover la integración social y laboral, y prestar especial atención a aquellos colectivos y sectores socio-laborales más desfavorecidos”. Asimismo, ha felicitado al Gobierno de La Rioja porque “tiene muy claro qué es lo que hay que hacer para promover el autoempleo”. “La Rioja es una comunidad autónoma pionera, de las pocas en todo el territorio nacional que no ha apostado por algo que no ha funcionado, como es la tarifa plana, que el Gobierno español ha establecido desde hace unos años”, ha apuntado. Así, según los datos que maneja su organización, cinco de cada diez trabajadores autónomos que se han acogido a dicha tarifa cierran su negocio antes del segundo año de vida. 

Abad ha advertido que de los 24.325 autónomos actualmente registrados en La Rioja, unos 4.500 -18 %- van a jubilarse en los próximos tres años, por lo que el relevo generacional es fundamental para mantener la pujanza del colectivo. También ha valorado el compromiso del Ejecutivo regional con el emprendimiento en zonas rurales y ha destacado que un 12 % del total de autónomos en esta región son extranjeros (1.858) y que se han producido 835 altas en La Rioja en este año 2026, “un dato muy por encima del nacional”. 

Asesoramiento y análisis

En el marco del convenio, las acciones previstas se desarrollarán en torno a dos áreas. Por un lado, el asesoramiento personalizado de apoyo al autoempleo y emprendimiento de las personas trabajadoras inmigrantes de La Rioja.

Y, por otra parte, el análisis de la situación del mercado laboral respecto al relevo generacional de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en La Rioja supondrá un análisis del contexto socioeconómico, de las diferentes alternativas sobre líneas de actuación de relevo generacional, de indicadores, de previsiones de demanda o de personas destinatarias de las medidas propuestas. 

Todas las actuaciones se desarrollarán durante el año 2026.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

Ni supone un ahorro automático para los autónomos que cobren menos de 85.000 euros ni España está obligada por Bruselas a implantarlo. El IVA franquiciado ha entrado esta semana, por la puerta grande, en el barro político, después de que Junts lo situara como de sus condiciones para votar a favor del Real Decreto-Ley de congelación de alquileres, que finalmente decayó con sus ‘noes’ y los de PP y Vox.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que los neoconvergentes han jugado la carta del IVA franquiciado para torcer la mano del Gobierno. Primero, para aprobar las rebajas fiscales en respuesta a la guerra en Oriente Medio. Y, después, para las medidas de urgencia sobre vivienda. En el primer caso, el Gobierno transigió y apoyó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para darle impulso a este régimen específico. En el segundo, no hubo acuerdo, ya que en el ala socialista del Ejecutivo ya daban la norma por perdida.

Pero, ¿qué es el IVA franquiciado? Lo que promete ser el próximo dolor de cabeza del Ministerio de Hacienda es un régimen que existe en el resto de países de la Unión Europea, siendo España la excepción. Hay una directiva europea que el Estado está obligado a transponer al derecho nacional. Sin embargo, solo se exige al Gobierno reconocer a los autónomos españoles la capacidad de acogerse a este régimen en sus negocios con otros países, pero no en su actividad doméstica.

La directiva recoge que los Estados miembro “podrán” conceder una franquicia en el IVA hasta un máximo de 85.000 euros. En la práctica, esto evita que los autónomos que facturen menos tengan que repercutir el impuesto o hacer una declaración trimestral del mismo, reduciendo las cargas burocráticas para aquellos negocios más pequeños.

Fernando Matesanz, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), explica que, en la práctica, el objetivo es “quitar el engorro administrativo” vinculado al IVA, como repercutirlo o declararlo trimestralmente, lo que para muchos pequeños empresarios supone la contratación –y el gasto extra– de un asesor. “En realidad será beneficioso solo para muy poquitas empresas con muy poco gasto, muy dirigidas a consumidores finales, como un kiosco, por ejemplo”, dice en conversación telefónica. “Pero para aquellos que tengan mucho gasto no será positivo porque no se podrán deducir el IVA”, detalla.

La difícil coexistencia con el sistema de módulos

España ya cuenta con un sistema muy beneficioso para la carga fiscal de los pequeños autónomos: el de módulos, o estimación objetiva, que calcula la tributación en el IRPF en función de una serie de características físicas del negocio y hasta un tope de 250.000 euros de facturación.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso, sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explicó en este artículo Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Matesanz apunta que este sistema es una “anomalía” en el entorno europeo, mientras que el IVA franquiciado está presente en todos los países del conglomerado comunitario. Pero, al mismo tiempo, el sistema de módulos es mucho más beneficioso y tiene mayor alcance, afectando a colectivos tan relevantes (y con poder negociador) como el de los transportistas. “Los dos sistemas tienen difícil convivencia. Habrá que hacer una labor de coordinación”, dice el experto de AEDAF.

El Gobierno votó a favor de uno de los puntos de la PNL de Junts sobre la “fatiga tributaria” que sufren los autónomos y las clases medias para asegurar el apoyo del partido catalán al Real Decreto-Ley de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio. En concreto, al séptimo, por el que el Congreso instaba al Ejecutivo a “aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales”. 

Pero estas iniciativas funcionan como declaraciones políticas, sin ser legalmente vinculantes. Por lo que esta vez Junts fue más allá y exigió su aplicación, junto con otras medidas fiscales, para dar luz verde a la prórroga de los alquileres. Un extremo que reiteró su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, una vez derogada la norma. “Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos”, aseguró.

Sumar, a favor de su aprobación

Esta semana, mientras corrían los minutos hacia la votación decisiva, desde Sumar se mostraban abiertos a aceptar las condiciones de Junts, mientras desde el ala socialista se mostraban escépticos y, sotto voce, daban por perdida la medida.

Preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que su posición era “conocida” y “de justicia social”. “Hay que transponer el IVA franquiciado. La directiva la debes cumplir, al 100%, o un poco menos, pero debes cumplir”, dijo, abriendo la puerta a rebajar esa exención.

A su lado, y en su estreno ante los medios tras la reunión semanal del gabinete, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que ya estaban trabajando en ello. “El Gobierno está trabajando en esta transposición y en otras transposiciones de directivas atendiendo a las directrices de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. Esta, sabe usted que está en tramitación parlamentaria”, zanjó.

En concreto, el ministro se refirió a una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso a un proyecto de ley para transponer otra directiva –esta, sobre criptoactivos– que permitiría trasladar al derecho nacional la del IVA franquiciado. Esta debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025, por lo que acumula un notable retraso. De hecho, la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haberla incorporado en tiempo y forma.

Pero la enmienda solo permitirá que los autónomos españoles se acojan al régimen de franquicia de otros estados miembros y no lo instaura para su actividad nacional. La norma todavía está a la espera de que se apruebe la ponencia, para luego remitirla a votación al pleno del Congreso. Es decir, que las negociaciones siguen abiertas... y aún queda recorrido para que salga adelante.

El Gobierno de La Rioja ha lanzado hoy, día 16, la quinta convocatoria del Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, ayudas directas dirigidas a la consolidación del trabajo autónomo en la región por un importe de 3,5 millones. Esta nueva línea de subvención permanecerá abierta hasta el próximo 14 de mayo (14:00 horas).

Las ayudas, que oscilarán entre 2.100 y 2.700 euros por solicitante dependiendo de la edad, actualiza el apoyo del Ejecutivo de Gonzalo Capellán a los profesionales autónomos que se habían dado de alta durante el ejercicio 2024 y 2025, y que no se pudieron beneficiar de las cuatro convocatorias anteriores. 

Por tanto, la convocatoria está destinada a autónomos riojanos individuales, familiares colaboradores, mutualistas y societarios, con una base liquidable en su IRPF que no supere los 60.000 euros, que no hayan cumplido previamente los requisitos de temporalidad acreditada. 

En el marco de una política que apuesta por la simplificación y agilización de trámites administrativos, los potenciales beneficiarios de esta convocatoria podrán solicitar estas ayudas directas a través de un formulario electrónico incluido en la página web de la ADER (www.ader.es), sin necesidad de aportar el DNI.

En las anteriores cuatro convocatorias, se vieron beneficiados un total de 19.083 autónomos, incluyendo por primera vez a agricultores y ganaderos, y se movilizaron 42.976.100 euros para apoyar a una figura clave del tejido productivo de La Rioja. 

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado una ampliación de 3,5 millones de euros en las ayudas a autónomos para llegar a todos aquellos que se quedaron fuera de la última convocatoria.

Capellán ha respondido a una pregunta de la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, que ha querido conocer la valoración del presidente riojano de la política de apoyo a los autónomos.

El presidente riojano ha anunciado que la semana que viene se publicará una nueva convocatoria, de 3,5 millones de euros destinada “todos los autónomos de La Rioja que no cumplían los requisitos, dado que se requería un año ejerciendo la actividad de autónomo”.

Capellán ha entendido que “todo autónomo que en La Rioja decide emprender una actividad tiene que tener la confianza y la seguridad de que el Gobierno de La Rioja le va a apoyar”.

La ayuda equivaldrá, para menores de treinta años, “a un año entero de tarifa”. “Cero euros para animar y favorecer el inicio de la actividad”, ha dicho señalando que, por lo tanto, son “2.700 euros en una convocatoria única”.

Una convocatoria, ha insistido, que “va a incluir a todos los autónomos, a los societarios, a los colaboradores, a los mutualistas; ahora ya todos recogidos en una sola orden”.

Se destinará a todos los autónomos y será de 2.700 si es menor de treinta años, o mayor de sesenta; y de y 2.100 para el resto. “Los autónomos tendrán siempre en esta comunidad el apoyo del Gobierno del Partido Popular”, ha afirmado.

La patronal de autónomos ATA ha denunciado este miércoles un supuesto nuevo “sablazo” del Gobierno a los trabajadores por cuenta propia, por la subida de la base mínima de cotización –y, en consecuencia, de la cuota– de los autónomos societarios y los familiares colaboradores. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta queja, como un nuevo “atraco” por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la medida se pactó expresamente en la reforma de autónomos de 2022, con el apoyo tanto de ATA como del PP.

La polémica se centra en la base mínima por la que cotizan a la Seguridad Social los autónomos societarios (empresarios que desarrollan su actividad a través de una sociedad mercantil), los familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos. En la reforma de 2022, para que los autónomos pasaran a cotizar en función de sus ganancias, se previó que este grupo de trabajadores aumentara su base mínima a la del sistema para los asalariados (del Régimen General).

No obstante, se pactó un periodo transitorio para ello. La base de cotización –cuantía de referencia para después calcular la pensión o la baja por enfermedad, por ejemplo– se fijó en 1.000 euros al mes para 2023. Para los años 2024 y 2025, se dejó la decisión a los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente se prorrogaron. Y, finalmente, la ley especificaba que a partir del año 2026 se aplicaría la cotización mínima del Régimen General.

Un 42% de aumento, a pagar hasta 2028

En la práctica, la base de cotización sube un 42% de 1.000 euros a 1.424 euros al mes desde enero de 2026 “a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000 euros al mes”, ha cifrado ATA.

Esta cantidad elevará la cuantía por la que se calculan sus prestaciones, sus pensiones, bajas por enfermedad y permiso por nacimiento de hijo (por ejemplo), pero también la cuota mensual a pagar cada mes. Esta aumentará en 135 euros, hasta una cuota mensual de 435 euros, ha destacado ATA.

En el Ministerio de la Seguridad Social precisan que este aumento de la cuota puede aplicarse este año, pero también pagarse a posteriori, dentro de dos años, en 2028 cuando se realice la regularización de las cuotas del ejercicio de 2026.

ATA pide que se revierta la subida

La patronal de autónomos ATA, dirigida por Lorenzo Amor, ha calificado este miércoles de “sablazo” el aumento de la cuota y ha acusado al Gobierno de “mentir”, por no congelar las cuotas de este colectivo como las del resto de los trabajadores autónomos, con las cuantías de 2025.

Hay una diferencia sustancial entre ambas situaciones. En este caso, el pacto de 2022 ya contemplaba expresamente esta cuota para los autónomos societarios y familiares colaboradores este año, cuyo texto respaldaron tanto en ATA como en el PP.

Sin embargo, para el resto de autónomos no había una cuantía ya cerrada, sino que las partes se comprometieron a seguir negociando la senda de aumentos para 2026 y los años sucesivos, con la intención de continuar el camino a una cotización por ingresos reales en 2032.

En ATA han pedido al Gobierno que revierta el aumento por ley, para lo que han afirmado que se están reuniendo con otras formaciones políticas. En UPTA, la asociación de autónomos vinculada a UGT, su presidente Eduardo Abad también ha apostado por una “fácil solución”: “Hacer un real decreto ley para volver a recuperar esa base mínimas de cotización de 1.000 euros”.

En UATAE, colectivo de autónomos afín a CCOO, responden que este aumento es “algo que se pactó por las tres asociaciones, agentes sociales y Gobierno, para los societarios y se debería quedar así”. “Pero sí que consideramos que es necesario retomar las negociaciones que quedaron suspendidas, para abordar el problema de las personas colaboradoras y otros, como bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos y mejorar la protección social”, indican en el colectivo liderado por María José Landaburu.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social sostienen que “el Gobierno sigue tendiendo la mano a las asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos para concretar los términos del despliegue del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, las mejoras del proceso anual de regularización de lo cotizado y la extensión de la acción protectora de los autónomos”.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

La campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 comienza oficialmente en 2026 y se desarrollará de manera escalonada para facilitar su presentación. Los contribuyentes podrán cumplimentarla por internet desde el 8 de abril, mientras que la opción de hacerlo por teléfono estará disponible a partir del 9 de mayo. La presentación presencial en oficinas de Hacienda se podrá realizar desde el 1 de junio. En cualquiera de los tres casos, el plazo máximo para presentar la declaración será el 30 de junio, lo que permite a los ciudadanos organizar sus trámites con suficiente margen y ajustarse a sus preferencias de presentación.

Además de las fechas, esta campaña incorpora cambios relevantes tanto para familias como para autónomos y otros colectivos. Entre ellos se incluyen mejoras en la forma de incluir a descendientes y ascendientes en la declaración, así como la prórroga de deducciones vinculadas a la sostenibilidad y la eficiencia energética. También se incorpora una nueva deducción dirigida a trabajadores con ingresos más bajos. Estas novedades reflejan un esfuerzo por hacer la declaración más precisa y accesible para todos los contribuyentes.

Deducciones familiares

La declaración de 2025 mantiene y aclara diversas deducciones vinculadas a los hijos y otros familiares a cargo. La deducción por maternidad sigue disponible para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, pudiendo alcanzar hasta 1.200 euros anuales, con la opción de recibir pagos anticipados de 100 euros al mes. La deducción por familia numerosa varía según la categoría: 1.200 euros para familias de categoría general y 2.400 euros para familias especiales, con incrementos adicionales por cada hijo extra.

También se mantiene la deducción por ascendientes con dos hijos, destinada a progenitores que no conviven con la otra parte y que no reciben pensión alimenticia, siempre que cumplan los requisitos de actividad laboral. La aplicación Renta Web, la propia plataforma detecta si los ascendientes o descendientes tienen rentas entre 1.800 y 8.000 euros y si están marcados como no obligados a declarar. Esto permite que los datos se incluyan automáticamente en la declaración cuando proceda, evitando la duplicidad de información y garantizando que las deducciones se apliquen correctamente.

Deducciones para autónomos

El modelo 100 para la declaración de la Renta incorpora novedades para los trabajadores autónomos. Entre ellas se incluyen nuevas casillas que permiten reflejar de manera más precisa las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa, así como un desglose más detallado en las declaraciones de módulos. También se contemplan campos para ajustar la devolución de subvenciones, garantizando que los datos reflejen correctamente la situación económica de cada contribuyente.

La deducción por el uso de un vehículo habitual es posible, pero únicamente si se demuestra que el coche está afecto a la actividad profesional y que su uso tiene un fin laboral justificable. Esto significa que los desplazamientos deben estar vinculados de manera clara a la actividad del autónomo y no a fines personales, asegurando que la deducción se aplique de forma legítima y transparente.

Subvenciones, premios y fondos

Por otra parte, la declaración incorpora herramientas para consignar ganancias patrimoniales derivadas de premios, fondos cotizados (ETFs) y sociedades de inversión de capital variable (SICAV). La aplicación Renta Web facilita el registro de estas operaciones y permite trasladar automáticamente los datos a las casillas correspondientes, simplificando el proceso y reduciendo posibles errores.

Asimismo, se han actualizado los tramos de la base liquidable del ahorro dentro del IRPF. Los rendimientos del capital mobiliario, como intereses, dividendos y ganancias patrimoniales por la venta de acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles, se ven afectados por el incremento del tipo marginal máximo estatal del 14 % al 15 % para la parte de la base que supere los 300.000 euros. Para quienes residen en el extranjero, este tipo máximo sube al 30 %, frente al 28 % anterior, adaptando la tributación a los cambios normativos y ofreciendo mayor claridad sobre los límites fiscales aplicables.

Otras novedades de la declaración de Renta 2025

Una de las principales novedades para los trabajadores con ingresos más bajos es la deducción recientemente incorporada. Quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicarla de forma automática. La reducción fiscal alcanza un máximo de 340 euros para quienes reciben el salario mínimo y disminuye progresivamente hasta desaparecer cuando se llega al límite superior de ingresos. Esta medida tiene como objetivo compensar parcialmente el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la renta disponible de los trabajadores.

En paralelo, los contribuyentes que realicen mejoras energéticas en sus viviendas seguirán pudiendo aplicar deducciones fiscales. Esto incluye la instalación de sistemas de eficiencia energética, rehabilitación de edificios o puntos de recarga para vehículos eléctricos. La continuidad de estos beneficios permite a los contribuyentes invertir en soluciones sostenibles y reducir su carga fiscal al mismo tiempo, alineando la política fiscal con objetivos medioambientales.

Gracias a algunas religiosas jóvenes con cierta actividad en redes sociales, algunos nos hemos enterado de que las monjas cotizan en el régimen de autónomos a diferencia, por ejemplo, de los curas, que son trabajadores por cuenta ajena: la Conferencia Episcopal les paga un sueldo según su posición en el escalafón salarial de la Iglesia.   

Si un autónomo es alguien que trabaja por cuenta propia, con sus propios horarios, sus clientes y sus declaraciones de IVA e IRPF, ¿por qué una monja, que vive aislada por y para su congregación, que sigue una rutina estricta y obediente, que no trabaja para nadie más que para Dios, cotiza en el régimen de autónomos? Intentamos responder a todas estas contradicciones con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, medio asociado a elDiario.es en cuestiones relacionadas con la religión y la Iglesia católica.

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La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto en marcha un proceso fundamental dentro del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que afecta a miles de trabajadores autónomos de toda España. Durante las últimas fechas, estos profesionales han comenzado a recibir notificaciones oficiales que informan sobre la regularización de sus cuotas correspondientes a los ejercicios pasados, basándose en lo ganado. Esta comunicación no debe interpretarse como una sanción o multa, sino como un ajuste necesario para equilibrar lo aportado mensualmente. Es el resultado directo de la transición hacia un modelo más equitativo donde cada autónomo contribuye según su capacidad económica real.

El procedimiento se basa en un cruce automatizado de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para verificar los rendimientos netos. La administración compara las previsiones de ingresos que el trabajador hizo al elegir su tramo de cotización con la información fiscal real del IRPF. Este análisis permite detectar desajustes entre la base elegida inicialmente y la que realmente correspondía según el nivel de beneficios obtenidos. Se trata de una fase sensible del sistema que busca eliminar las diferencias prolongadas entre lo que se declara y lo que finalmente se ingresa. Al ser un proceso automático, no requiere de una inspección individual. Este mecanismo garantiza que la base definitiva se ajuste a la realidad.

Como consecuencia de esta revisión, el autónomo puede encontrarse ante dos escenarios posibles. Si el trabajador cotizó por una base inferior a sus ingresos reales, tendrá que abonar la diferencia económica correspondiente a la administración. Por el contrario, si las cuotas pagadas superan lo que correspondía según los beneficios finales, la Seguridad Social procederá a una devolución. Este ajuste afecta especialmente a quienes no modificaron sus tramos durante el año ante cambios en su volumen de negocio o incrementos de ingresos. El objetivo final es garantizar que la aportación sea proporcional al ingreso. La regularización actúa así como un balance de equidad para el colectivo de trabajadores autónomos.

Las cartas detallan minuciosamente el periodo que se está regularizando, los rendimientos computados y la diferencia exacta resultante del cálculo. Dichas notificaciones se envían por correo certificado o a través del sistema de notificaciones telemáticas de la Seguridad Social y el portal DEHú. Los interesados pueden consultar todos los detalles de su expediente mediante el portal Import@ss, dentro del apartado específico de pagos y deudas. Se recomienda encarecidamente revisar que los datos de la carta coincidan con lo presentado previamente en la declaración de la renta para evitar errores. En caso de discrepancia, el autónomo puede presentar sus alegaciones. 

Una vez recibida la notificación, el trabajador dispone de una serie de plazos para actuar, comenzando por los diez días naturales para leer el aviso. Si el resultado es a ingresar, el pago debe realizarse antes del último día del mes siguiente al de la notificación para evitar consecuencias: En caso de no cumplir con el periodo voluntario, la deuda conllevará recargos automáticos de entre el 10% y el 20%. Incluso se podrían iniciar procedimientos de apremio que deriven en futuros embargos o retenciones sobre devoluciones de otros impuestos estatales. No obstante, la Seguridad Social permite solicitar ciertos fraccionamientos. El cumplimiento de estos tiempos es vital para evitar sobrecostes por mora.

El sistema también contempla supuestos de flexibilidad para los autónomos que deseen mantener una base superior a la mínima que les correspondería. Si alguien ha cotizado por encima de sus rendimientos desde diciembre de 2022, puede optar por conservar esa base superior ejerciendo la opción online. Para realizar esta gestión, se dispone de un plazo que termina el último día del mes siguiente a la notificación de la Tesorería General del Estado. Es fundamental que los datos bancarios y el correo electrónico estén siempre actualizados en la plataforma para recibir avisos y cobros correctamente. Estas herramientas permiten un mayor control sobre la protección social.

Los perfiles más afectados por estas reclamaciones de cuotas suelen ser los autónomos que eligieron bases mínimas a pesar de tener ingresos altos. También se encuentran en esta situación aquellos autónomos con ingresos muy irregulares que superaron los umbrales previstos en momentos puntuales. La reforma ha supuesto un cambio estructural profundo, pasando de un modelo de libre elección a uno vinculado estrictamente a la realidad económica. Son miles los trabajadores autónomos que ya han adaptado su base al menos una vez, demostrando la importancia de realizar ajustes periódicos durante el año. Anticiparse a estos cambios permite evitar desembolsos elevados imprevistos. El ajuste constante es la mejor defensa frente a deudas por regularización.

30 de noviembre, fecha límite

El calendario de regularización ya está definido, comenzando en febrero con las notificaciones relativas a los ingresos percibidos durante el año 2023. Se estima que entre marzo y abril se completen la mayoría de los pagos y las devoluciones automáticas en las cuentas de los beneficiarios. Posteriormente, el próximo mes de julio se iniciará el proceso para el ejercicio de 2024, una vez que Hacienda comunique los datos definitivos de la Renta. Todo este ciclo de ajustes y comunicaciones de ambos años deberá quedar cerrado antes del 30 de noviembre. Este cronograma permite gestionar las obligaciones de forma planificada. 

Este nuevo modelo contribuirá a mejorar las prestaciones futuras de los autónomos, como las pensiones o la incapacidad. Al cotizar por ingresos reales, la base reguladora será más alta para muchos, lo que se traduce en una mayor red de seguridad ante contingencias vitales. La recomendación de algunos expertos es revisar periódicamente el portal de Import@ss y ajustar el tramo varias veces al año si es necesario. Estar atentos a la evolución de los rendimientos evita sorpresas finales. La información constante será el pilar del nuevo régimen de los trabajadores autónomos.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su departamento inicia los trámites para formar por fin el Consejo de Trabajo Autónomo, un órgano consultivo que lleva atascado casi dos décadas, ha adelantado en su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es que se está celebrando desde el miércoles hasta este viernes.

Atascado “casi dos décadas, 20 años, por fin vamos a constituir el Consejo de Trabajo Autónomo”, ha anunciado Díaz, que ha advertido que “parece fácil, pero no lo es, por eso no se hizo en 20 años”, ya que “se juega la representatividad” de los colectivos de autónomos que se sientan en el diálogo social con el Gobierno para negociar las medidas que afectan a este colectivo de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras.

En efecto, el principal obstáculo para la constitución de este órgano consultivo ha sido el sistema de medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos, con muchos intereses enfrentados entre los hasta ahora considerados principales colectivos: ATA, UPTA y UATAE.

La vicepresidenta segunda ha anunciado que su equipo inicia “los trámites para constituir el Consejo del Trabajo Autónomo”, previsto en la Ley de Trabajo Autónomo de 2007. Tras un intento fallido para formarse en 2011, por el entonces ministro socialista Valeriano Gómez, este órgano no se ha constituido nunca.

El Consejo es una fórmula de participación de las asociaciones de autónomos en la creación de las políticas públicas destinadas a este tipo de empleo, y un mecanismo de diálogo social institucionalizado para sus colectivos más representativos.

Díaz además se ha mostrado “absolutamente a favor de la transposición del IVA franquiciado”, una medida que no había tomado todavía el Gobierno de coalición –con acciones incluso en los tribunales de la Comisión Europea– y que ahora saldrá adelante para conseguir el voto favorable de Junts al decreto con la mayoría de medidas anticrisis por el conflicto en Irán.

“Irresponsabilidad” del PP ante la guerra de Irán

Yolanda Díaz también se ha referido al contexto actual de crisis por la guerra de Irán, que ha lamentado que no parece tener “una salida próxima” por la falta de “un plan de salida” por parte de quien la inició, el presidente de EEUU, Donald Trump.

Díaz ha defendido los decretos del Gobierno de coalición con las primeras medidas para hacer frente a los daños económicos y sociales de este conflicto en Oriente Medio. Tanto el decreto más amplio, con el conjunto de ayudas y medidas por valor de 5.000 millones de euros, como el decreto para congelar los alquileres.

Yolanda Díaz ha instado a los inquilinos a que pidan la prórroga de sus contratos, ya que el decreto está ahora en vigor, aunque todo apunta a que decaerá dentro de un mes por la negativa de las derechas en el Parlamento.

La responsable de Trabajo ha denunciado la “irresponsabilidad” de la oposición, y en especial del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, que se prevé que votará en contra de los dos decretos.

Yolanda Díaz ha sostenido que el PP se sitúa así en contra de la “gente de su país”, tanto de los empresarios como de la gente trabajadora y las personas más vulnerables, en un conflicto que está empobreciendo económicamente a España y al resto del mundo, y que solo beneficia “a unos muy pocos”, como los “magnates del petróleo”, del fracking y los oligarcas tecnológicos “amigos de Trump”, ha denunciado la vicepresidenta.

En el terreno más político, la líder de Sumar en el Gobierno –que ya no será la líder de la izquierda confederal en las próximas elecciones– ha llecho un llamamiento a dar “esperanza” y “tranquilidad” a la ciudadanía. “Sé que el contexto político es muy malo, pero la extrema derecha y las políticas del odio y la destrucción no son una ola imparable”, ha sostenido. “Se puede ganar a la extrema derecha, que España no es una excepción, somos la inspiración y vamos a volver a serlo”, ha afirmado Yolanda Díaz.

Insiste en que reforzará el registro horario

La vicepresidenta segunda ha insistido este jueves en que sacará adelante el refuerzo del registro de jornada, que ha recibido la oposición interna del Ministerio de Economía y dos varapalos de los órganos consultivos que tenían que evaluar el real decreto, el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos.

“Lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, créanme, es que este registro sea eficaz, que valga para algo, como nos ha dicho el TJUE (la justicia europea)”, ha sostenido Díaz, en referencia a las sentencias que reclaman que el registro sea fiable, objetivo y accesible.

El Ministerio de Trabajo se ha abierto a hacer “pequeños cambios” en su actual texto, aunque ha situado como líneas rojas que el control horario sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, Díaz insistió en que sacaría adelante el refuerzo del registro horario “aunque fuera lo último” que hiciera, lo que avecina una nueva pugna dentro del Gobierno. El ministerio de Economía de Carlos Cuerpo consideró esta semana que había que asegurar “una implementación equilibrada” del registro para las empresas.