La reforma de los autónomos queda aprobada en el Congreso con Ciudadanos y Vox en contra

La reforma de los autónomos para que coticen según sus ingresos reales ha quedado convalidada este jueves en el Congreso por mayoría. Se tramitará como proyecto de ley, por procedimiento de urgencia, por lo que podrá acordarse algún cambio en su recorrido por las Cortes. Los grupos parlamentarios han respaldado así esta reforma de calado para el colectivo, por la que pasaran a cotizar en función de lo que ganan a partir de 2023, que fue fruto de un acuerdo unánime en el diálogo social con los colectivos de autónomos más representativos (ATA, UATAE y UPTA), los sindicatos y las patronales mayoritarias. Vox y Ciudadanos se han desmarcado del nuevo sistema, que nace también de una recomendación del Pacto de Toledo para que estos trabajadores –como los asalariados– coticen en función de sus ganancias. Al detalle, han votado a favor de la reforma 260 diputados, otros 64 la han rechazado y 25 se han abstenido.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha sido el encargado de defender el decreto en el Parlamento, que no solo contiene la reforma del sistema de cotización sino también un refuerzo de las ayudas de paro de los autónomos (el cese de actividad). Se crean cuatro modalidades nuevas, algunas que prestan protección a los autónomos ante situaciones de nuevos ERTE, llamados Mecanismo Red.

“Es una reforma legitimada doblemente”, aseguró el ministro en su intervención. Lo es, indicó, porque responde a un mandato del Pacto de Toledo y porque cuenta con el respaldo del diálogo social. Una reforma que tiene “una amplio consenso, que le da credibilidad de cara a la ciudadanía”.

“Es una reforma muy compleja, muy trabajada, dialogada con los representantes de los empresarios, sindicatos, representantes de autónomos, un colectivo muy diverso. Es un éxito colectivo que hayamos encontrado la forma de corregir una situación que afecta a uno de cada seis trabajadores, que hasta ahora han tenido un tratamiento distinto que se ha traducido en una infracotización”, recalcó Escrivá.

A partir del próximo año, los autónomos pasarán a cotizar en función de sus ganancias de manera progresiva. De momento, el Gobierno ha pactado las cuotas para los próximos tres años, que se ilustran en la siguiente tabla.

Al final de un periodo de, como mucho, nueve años, los autónomos pagarán un porcentaje de sus ganancias (rendimientos netos) a la Seguridad Social, como ya hacen los asalariados. Estos últimos con más aportación que los autónomos –incluso con la reforma aprobada este jueves– a las cuentas que sostienen las pensiones públicas y otras prestaciones de la Seguridad Social.

José Luis Escrivá ha recordado que, tras muchos meses de compleja negociación, el Gobierno consiguió aunar en un acuerdo en julio las posturas de todas las partes negociadoras: patronales de empresarios, sindicatos mayoritarios y los tres colectivos de autónomos.

“El 84% de los afiliados cotiza por la base mínima, con independencia de la evolución de sus ingresos”, resumió el Ministro. “Es difícilmente comprensible y genera un grado de desprotección a este colectivo”, ahondó. El resultado, ha apuntado el ministro, es un sistema con el que dos tercios del colectivo pagará lo mismo o menos cuota a la Seguridad Social. Otro tercio, el de mayores ganancias, pasarán a cotizar más, lo que les dará derechos a una mayor protección social (pensiones, bajas, permisos por nacimiento de hijo, etc.).

Una recomendación del Pacto de Toledo

La reforma para cotizar en función de los “ingresos reales” era una recomendación del Pacto de Toledo, apoyada por todos los grupos políticos, salvo Vox que se abstuvo, dentro del paquete de medidas para reforzar la Seguridad Social y las pensiones públicas. Este jueves, Ciudadanos y Vox han rechazado finalmente la reforma acordada. Ciudadanos ha enarbolado en los últimos días una contundente oposición a la legislación, incluso ha justificado a través de Inés Arrimadas su 'no' al decreto con datos de cuotas erróneos y ha iniciado un repentino cuestionamiento de los colectivos de autónomos.

El 'no' de Cs lo defendió en la Cámara Baja su diputada María Muñoz, quien aseguró que la reforma “ataca a la libertad de los autónomos por todos los costados. Será el Estado el que diga la base de cotización y no el autónomo libremente”, justificó. “Ven al autónomo y salivan, los ven como cajeros automáticos”, concluyó en su intervención.

Que los autónomos cotizaran lo que quisieran en el actual sistema electivo era una anomalía, fruto de un pasado en el que este colectivo tenía una escasa protección social, pero que se fue reforzando desde hace años sin que el sistema cambiara. El resultado: que la gran mayoría del colectivo, casi el 90% cotiza por la mínima posible, lo que deja también en mínimos su protección social.

Cotizar lo menos posible se traduce en mínimos de pensión, bajas por enfermedad o permisos de maternidad, entre otros ejemplos. La pandemia mostró un claro ejemplo de esto con el cese de actividad (el paro de los autónomos) por la COVID. Algunos autónomos denunciaban su escasa cuantía, muy inferior a los rendimientos de sus negocios, pero es que cotizaban lo mínimo y la prestación se calcula en función de esta contribución.

Otra de las consecuencias de este sistema es el gran déficit en su sistema especial. Con los últimos datos anuales disponibles, la Seguridad Social pagó el doble en prestaciones sociales al colectivo respecto a los ingresos en cotizaciones sociales, con un desfase de alrededor de 10.000 millones de euros.

Tramitación en el Congreso

Con el decreto convalidado, la reforma ha quedado respaldada y entrará en vigor en enero de 2023. Ahora se abre un nuevo periodo de discusión, con la tramitación parlamentaria, en la que los grupos políticos podrán introducir y pactar algunos cambios. 

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, comunicó el miércoles que el partido votaría a favor de la reforma, pese a sus muchas críticas hasta el momento. Lo hacía tras una reunión con la asociación de autónomos dentro de la patronal CEOE, ATA, donde su presidente requirió el apoyo al pacto alcanzado en el diálogo social. Gamarra celebró ese largo diálogo, las “rectificaciones” de las posturas iniciales del Gobierno, pero el partido ha ligado su 'sí' a la solicitud de que la norma se tramitara como proyecto de ley. 

Entre las posibles modificaciones, los de Alberto Núñez Feijóo se han centrado en la tarifa plana, que en la legislación subiría a 80 euros al mes (y el segundo año solo para autónomos de ganancias reducidas), y que el PP quiere que se quede como está, para todo el mundo, y que baje a 50 euros.