El Gobierno aprueba la factura electrónica obligatoria para empresas tras retrasar Verifactu a 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que establece los requisitos de la factura electrónica obligatoria para las empresas, que contará con una plataforma pública a desarrollar por la Agencia Tributaria, y para la que las compañías contarán con un plazo de entre uno y dos años para adaptarse.

El Ejecutivo desarrolla con este reglamento un precepto incluido en la Ley Crea y Crece, de 2022, y que exigía la factura electrónica obligatoria para las empresas en su relación con otras compañías y profesionales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que esta norma pretende dar solución a “uno de los obstáculos” para que las empresas españolas crezcan: la falta de liquidez por los largos periodos medios de pago en España (80 días), que es superior en el caso de las grandes empresas que en el de las pequeñas

La aprobación de este reglamento llega pocos meses después de que el Gobierno, en un guiño a Junts, decidiera retrasar la entrada en vigor de Verifactu a 2027. Esta última obligación establecía que las facturas debían contar con una suerte de “huella digital” que hiciera trazable el recibo mediante un QR a través del cual se puede acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

La factura electrónica obligatoria, si bien relacionada, lo que regula es la relación entre las compañías. “Adaptarse a Verifactu no reemplaza la futura obligación de la factura electrónica. De hecho, son normativas con objetivos diferentes: Verifactu busca seguridad y trazabilidad interna; la factura electrónica obligatoria busca interoperabilidad y control comercial entre empresas. Quienes se adapten pronto a Verifactu estarán mejor preparados, pero no evitará otros cambios futuros”, detallaba Raquel Jurado, responsable del Servicio de Consultas del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, en esta información publicada en noviembre.

Hasta 8.000 millones de ahorro

Según ha detallado Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, avanzar en la facturación electrónica “tiene un enorme potencial”, ya que podría ahorrar en costes asociados 8.000 millones de euros para el conjunto de las empresas españolas.

El real decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada —más allá del PDF, del Excel y del papel— e introduce la obligación de informar del estado de cada factura: aceptación y fecha de pago efectivo. Esta trazabilidad, dicen desde Economía, es clave para evitar la morosidad, ya que las empresas tendrán mayor control sobre sus cobros y pagos, y la Administración podrá monitorizar el cumplimiento real de los plazos de pago.

A partir de aquí, las empresas tendrán dos opciones. La primera, optar por una solución privada, que tendrá que estar interconectada a todas las plataformas existentes en el mercado, de tal manera que ninguna empresa se vea obligada a pertenecer a de su cliente. Y la segunda, adoptar la pública y gratuita que desarrollará la Agencia Tributaria.

Esta última es clave en relación con los plazos, ya que la orden del Ministerio de Hacienda que regulará sus aspectos clave dará el pistoletazo de salida a los plazos para la adopción de esta obligación. El Gobierno espera que sea antes del 1 de julio.

A partir de aquí, las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, que será de dos años para el resto.

Según los datos de Economia, hoy se intercambian ya más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España con ahorros que se estiman por encima de 2.700 millones de euros.