“Nos hallamos ante un hecho grave: el fallecimiento de un ciudadano en el interior de unas dependencias policiales”.

Así se expresa la Audiencia de Barcelona para ordenar un impulso a la investigación de la muerte de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el 24 de julio de 2025 tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del juez de Granollers revocan su negativa a analizar los orificios de bala del cadáver del joven, tal y como pedía la familia. El auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, envía además un mensaje claro al instructor: tiene “una obligación ineludible de llevar a cabo una instrucción exhaustiva”.

El abogado de la madre del fallecido, Eduardo Cáliz, celebra la decisión de la Audiencia y confía que la resolución “permita avanzar a un conocimiento completo de la verdad y garantice las respuestas que la familia reclama desde el primer día”. “Los familiares solo quieren verdad, justicia y una investigación a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho”, agrega el letrado.

La familia denunció en un reportaje en elDiario.es el maltrato institucional de un caso que asocian con el racismo y la falta de comprensión de los cuerpos policiales con los problemas de salud mental que sufría el joven. A ello se sumó la paralización de la causa durante meses, que impide enterrar el cadáver del joven.

Diawara, que tenía diagnosticado un trastorno mental, murió con 22 años de un tiro mortal disparado por un agente de la policía local de Montornès, tras entrar en la comisaría con un cuchillo e intentar atacar a otra agente. No hay grabación del momento exacto de los disparos porque la cámara que debería haber captado los hechos estaba estropeada.

La investigación judicial contó, a las pocas semanas, con una conclusión rotunda de los Mossos d'Esquadra. La policía catalana remarcó que los agentes de Montornès actuaron en legítima defensa y que los disparos fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”.

El abogado de la familia de Diawara reclamó una diligencia más para investigar más el caso, toda vez que del instante de los disparos no se conserva ningún vídeo.

En concreto, la defensa solicitó un informe médico forense que determinara la distancia entre el orificio de entrada y salida de la bala y la perpendicular de ambas. Todo ello con el objetivo de determinar la posición exacta del joven fallecido en el momento del disparo. El dictamen, destacó la defensa, es de “escasa dificultad” y no demoraría la investigación.

El instructor rechazó la petición de la familia al considerar que no estaba argumentada “con el debido rigor técnico ni jurídico” ni se concretaba su “utilidad para incidir de manera relevante” en el caso o complementar los informes periciales ya emitidos.

En cambio, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona sí considera pertinente el informe pericial solicitado por la familia. “Lo único que se solicita es que se tomen medidas de los orificios” de bala, zanja el tribunal.

La denegación realizada por el instructor, a juicio del tribunal que revisa sus decisiones, “genere una evidente indefensión” a la familia y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, además de “privar a la causa de un elemento técnico para alcanzar la verdad material”.

Señalan los jueces que no pueden “ni deben” descartar ninguna de las dos versiones sobre los hechos ni “cerrar la puerta” a la realización de una prueba pericial para esclarecer “un extremo tan relevante para la causa” como es la posición del cuerpo del fallecido en el momento del disparo.

“La concreción de las mediciones balísticas solicitadas (distancias y perpendiculares entre los orificios de entrada y salida del proyecto) no constituye una petición superflua o dilatoria, sino una prueba pertinente”, concluyen los magistrados.

La familia del fallecido, incide su letrado, “solo ha pedido que se investiguen todas las circunstancias de la muerte de su hijo y que se lleve a cabo con la celeridad y dignidad que merece un caso como este”. “Lamentablemente, la instrucción ha sufrido retrasos continuos e injustificables”, apostilla Cáliz.

El tribunal recuerda la jurisprudencia europea y nacional que exige una investigación judicial “especialmente rigurosa, eficaz y capaz de determinar de manera indubitada si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado” en casos de muertes por el uso de la fuerza letal a manos de agentes de policía.

En suma, para los jueces la determinación científica de la posición “exacta” del cuerpo de Mohamadou Diawara en el momento de recibir el impacto de bala permitirá “reconstruir con objetividad la dinámica de los hechos y confirmar, o en su caso refutar, la versión ofrecida por el agente implicado”.

Las organizaciones sociales Amnistía Internacional, Bienvenidos Refugiados y Rioja Acoge, han unido sus voces en un frente común ante la preocupante propagación exponencial de las retóricas racistas, xenófobas y de intolerancia. Bajo el lema unificado de «PRIORIDAD HUMANIDAD», las tres entidades convocan a toda la ciudadanía a participar en la lectura pública de un manifiesto el próximo jueves, 18 de junio a las 12:30 horas el Paseo del Espolón -en la llamada Plaza de Palestina-, Logroño.

Esta movilización responde de manera directa al llamamiento global de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instauró el 18 de junio como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio con el objetivo de promover el diálogo interreligioso e intercultural y frenar dinámicas que atacan y deshumanizan a las personas por motivos de su origen, etnia, religión, género o identidad.

Las entidades organizadoras advierten que el impacto de estas narrativas divisorias se ha visto amplificado radicalmente por el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías. En el plano global y local, denuncian conflictos basados en el señalamiento del “otro”, haciendo especial hincapié en fenómenos cercanos: como la xenofobia y la discriminación en nuestro país, a menudo alimentadas por la inacción o ignorancia de algunas instituciones. “Una ignorancia que prende el miedo, y un miedo que aviva el odio”.

Con esta convocatoria, las entidades apelan a la responsabilidad colectiva e individual de la ciudadanía para frenar discursos cotidianos que, “amparándose de forma ilegítima en la libertad de expresión, disfrazan de opinión lo que en realidad es una semilla de rechazo”, según aseguran. Asimismo, exigen de forma rotunda la eliminación de conceptos reduccionistas de las narrativas institucionales: “Algo tan reduccionista y erróneo como el concepto de prioridad nacional no puede caber en la sociedad del 2026”.

Las tres organizaciones hacen un llamamiento a “no permanecer indiferentes ante el fanatismo, la catalogación de personas y el señalamiento de comunidades vulnerables, invitando a construir una sociedad inclusiva donde las niñas y niños se eduquen en igualdad, sin exclusiones ni falsas superioridades”.

La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres ha convocado para el próximo 18 de junio, jueves, una marcha reivindicativa con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas. Bajo el lema ‘La prioridad son las personas’, la movilización partirá a las 20.30 horas desde la plaza de San Juan y concluirá en la Plaza Mayor de la capital cacereña.

La convocatoria, difundida a través de un cartel en el que aparecen huellas atravesando una cinta de “frontera” y referencias al “racismo institucional”, pretende llamar la atención sobre la situación que viven las personas refugiadas y migrantes y reclamar que las políticas públicas sitúen los derechos humanos por encima de los controles fronterizos.

Además de la marcha, la organización ha anunciado una performance en la Plaza Mayor para la que pide a las personas asistentes que lleven zapatos sueltos. Este tipo de acciones simbólicas suelen utilizarse para representar las ausencias, los desplazamientos forzosos y las vidas truncadas por los conflictos armados, las persecuciones o las rutas migratorias.

La movilización se enmarca en los actos que cada año se celebran en torno al Día Mundial de las Personas Refugiadas, una jornada impulsada por Naciones Unidas que se conmemora el 20 de junio para reconocer la situación de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a guerras, persecuciones o violaciones de derechos humanos.

La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres mantiene desde hace años una labor de sensibilización y denuncia sobre las dificultades que afrontan las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Recientemente trasladó a la Diputación de Cáceres su preocupación por las situaciones de exclusión social y habitacional que afectan a personas que finalizan los programas de acogida del sistema de protección internacional.

Con el mensaje 'La prioridad son las personas', el colectivo pretende visibilizar las consecuencias humanas de las políticas migratorias y reclamar una respuesta basada en la acogida, la protección y la garantía de derechos para las personas refugiadas.

Desde el inicio de las negociaciones sobre el impulso de sistema estatal de reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas, el Partido Popular y Vox tiraron de un argumento habitual: los traslados generarían un “efecto llamada” que provocaría un aumento de las llegadas irregulares de niños y adolescentes extranjeros no acompañados ante la mejora de sus condiciones de acogida. Los datos del registro oficial de menores, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, confirman un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024, según los últimos datos a los que ha accedido elDiario.es. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

[Gráfico: Raúl Sánchez]

Aplicación de los traslados

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados la semana pasada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, detalló en marzo de este año que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados ya habían sido reubicados en otras comunidades autónomas, mientras que “muchos de ellos” solicitaron quedarse en esas comunidades por razones de arraigo. Otros, afirmó, habían cumplido la mayoría de edad antes de haberse producido el traslado.

Causas del descenso

La reducción del número menores migrantes acogidos en los últimos meses tiene varias causas. Uno de ellos es el ciclo vital de los menores: en el último año, más de mil adolescentes han salido del sistema de tutela pública tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, el descenso generalizado de las llegadas irregulares en 2025, especialmente a través de la ruta canaria, es clave para enter la reducción en el número de niños y adolescentes extranjeros. Mientras unos cumplen los 18 años, no entran al sistema de acogida tantos chavales como lo hacían antes.

No obstante, los flujos migratorios dependen de otros muchos factores, entre los que también se incluye las circunstancias del origen, las políticas migratorias con terceros países; por lo que un hipotético ascenso de las entradas no confirmaría per se el 'efecto llamada' defendido por la derecha. Sin embargo, el descenso sí descarta que el sistema de distribución de niños y adolescentes por comunidades autónomas haya generado el incremento augurado por PP y Vox.

Las llegadas clandestinas a suelo español disminuyeron un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, según apuntan los datos de Frontex. 

La realidad de estos jóvenes desmonta otro de los estigmas habituales que vinculan la migración juvenil con la exclusión social. La reforma del Reglamento de Extranjería que facilitó los permisos de trabajo y residencia para este colectivo facilitó su inclusión y tiene un impacto en el mercado laboral. Según las cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) correspondientes a junio de 2025, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los jóvenes extutelados se situaba en un 62%. Casi dos de cada tres jóvenes que salen del sistema de protección consiguen un empleo formal y cotizan, atendiendo a estos datos.

El goteo a la baja de las cifras desarma los argumentos que PP y Vox sostuvieron durante los meses de la crisis de acogida en Canarias y Ceuta (ambos gobernados total o parcialmente por el PP), los territorios que recibieron la declaración de “contingencia migratoria”, que permite la activación de los traslados a otras comunidades para asegurar condiciones de acogida con garantías. Ambas formaciones llegaron a condicionar pactos de gobierno y presupuestos autonómicos bajo la premisa de que la distribución de estos niños por la península actuaría como un imán para las redes de tráfico de personas.

Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que “se podrá prorrogar” la normativa con la que se regula el sistema de traslados de niños y adolescentes migrantes en caso de que otras comunidades autónomas vuelvan a necesitarlo, aunque su reactivación dependerá de un nuevo respaldo parlamentario.

Un registro cuestionado

Desde mediados de 2024, el Gobierno dejó de facilitar a la prensa los números de sus registros estatales alegando las deficiencias que caracterizan al sistema con el que España contabiliza los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que acoge. Anteriormente, se trataba de unos datos que el Ministerio de Interior solía proporcionar a los medios con cierta frecuencia, cuando la prensa preguntaba directamente por ellos. No obstante, en 2024, durante las negociaciones sobre la reubicación de menores, el Ejecutivo central dejó de proporcionarlos.

El Gobierno reconocía entonces que no era fiable el único sistema utilizado para contabilizar los menores extranjeros no acompañados que acogía. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.

El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.

En la casa de la familia Akkouh, en un barrio obrero de Torrejón de Ardoz (Madrid), llevan un año sobreviviendo a la ausencia de un hijo, un hermano, un tío. El 17 de junio de 2025, Abderrahim (35 años) murió estrangulado en plena calle por un agente de la Policía Municipal de Madrid, ayudado por otro agente jubilado del mismo cuerpo. Desde entonces, en esta pequeña vivienda las lágrimas brotan en el momento menos esperado. “Queremos que los culpables paguen por lo que han hecho y que se limpie el nombre de mi hermano”, repite una y otra vez Chaimae.

En el centro del salón de la vivienda hay una gran mesa preparada para la ocasión del encuentro con elDiario.es con agua, zumo de naranja y dulces árabes, rodeada por los padres de Abderrahim, Jamila y Mimoun, y sus hermanas, Nassira y Chaimae, y una de las hijas de esta última, de seis meses. Chaimae, dependienta en una tienda de venta al pormenor de frutas y verduras, comienza el relato: “A nosotros nos llegó la noticia al día siguiente. Se presentaron en esta casa, donde vivía Abderrahim con mis padres, y aunque al agente de Policía Nacional le dije que no le diera la noticia a mi madre hasta que llegásemos, lo hizo mientras yo lo escuchaba por teléfono”.

Chaimae, la hermana pequeña de los seis hermanos que llegaron a ser, es la que mejor castellano habla de todos los presentes. Sus palabras suenan resueltas, seguras, también con cierto pesar por el recuerdo. Mimoun y Jamila, al escucharla, asienten y niegan con la cabeza, según lo que escuchen en cada momento. “La familia todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial en la que se diga que mi hermano murió asfixiado por un policía. Nos llegaron a decir que se lo habían encontrado muerto en la calle”, se queja.

Los estragos de la familia Akkouh para enterrar a Abderrahim todavía resuenan en sus remembranzas. “Tuvimos que hacer una manifestación para exigir que nos devolvieran su cuerpo. No lo tuvimos hasta después de más de 20 días y apenas le podíamos reconocer”, asegura Chaimae.

Manchar el nombre de Abderrahim

A partir de entonces, varias informaciones señalaron que Abderrahim podía haber muerto por alguna complicación sanitaria, que era politoxicómano y que la persecución de los agentes que acabaron con su vida se inició porque les había robado un móvil. Todas las autopsias realizadas a su cuerpo objetivan que Abderrahim falleció por una “muerte violenta por homicidio” tras sufrir la llamada técnica del mataleón hasta que su cuerpo dejó de recibir oxígeno. Además, el móvil al que en un primer momento se refirieron los acusados, que responden a las siglas de J. J. T. C. y P. A. P. C., no ha aparecido.

Esta deshumanización de su ser querido ha causado una honda herida en los Akkouh, quienes batallan incansables por dar a conocer la verdad sobre Abderrahim. Fue su padre el primero en arribar a España en 1993, quien desde entonces se ha dedicado a trabajar en la construcción y el campo. Tanto Mimoun como Jamila tienen ahora 64 años. Poco a poco, llegó la reagrupación familiar. “Abderrahim siempre decía que se sentía más español que marroquí, vivía aquí con orgullo. Es algo costoso pensar que ha sido aquí, en España, donde le han matado”, admite Chaimae.

Mimoun se esfuerza en hacerse entender. A través de sus ojos llorosos y unas manos algo agitadas transmite la profunda injusticia que le acompaña desde hace un año. “Yo estaba en la mezquita de al lado de la estación y escuché sirenas de Policía y ambulancias”, detalla en alusión a las 23.00 horas aproximadamente del 17 de junio de 2025. Jamás pensó que su hijo fuera el motivo de tal despliegue. Se enteró de lo sucedido incluso después que Jamila, quien es incapaz de soltar la fotografía de su hijo, a la que besa continuamente.

Conciso y claro, recalca que ya en comisaría se negó a firmar los documentos que la Policía le expuso. “Me dijeron que firmara solo uno, y lo hice, pero yo no entiendo nada bien el castellano y no sé qué ponía”, abunda. Rubén Vaquero, el abogado de la familia, incide en ello: “El mismo día de los hechos, sin ningún respeto a su estatuto como víctima, que es una cuestión legal, no de respeto moral, le hicieron firmar que su hijo era un drogadicto y un delincuente, sin intérprete y sin abogado delante, para apuntalar la versión de los causantes de la muerte”.

Un recuerdo continuo

Los padres de Abderrahim no tardan ni dos segundos en empezar a llorar cuando escuchan preguntar por cómo era su hijo. Tanto, que Mimoun abandona por unos segundos la sala. La hermana pequeña rememora cómo de pequeño soñaba con convertirse en futbolista en España, donde fue contratado como carretillero y repartidor. “Te mentiría si te digo que no nos acordamos de él en cada paso, cada comida, cada charla. No paramos de recordarle, sobre todo mi madre. Por mucho que el tiempo pase, no te creas que es menos el dolor que tenemos”, añade.

Ya como vecino torrejonero, recuerdan a Abderrahim por su afán a la hora de ayudar: “Se encontraba con niños migrantes que apenas tenían nada y les daba ropa y comida. Fue un hombre que nunca hizo daño a nadie”. De todas formas, Chaimae no oculta el estado de salud delicado en el que se encontraba su hermano en los últimos años: “Andaba enganchado a las drogas y acudía a un centro para desintoxicarse. Eso fue su perdición, porque ya no le permitía encontrar un trabajo”.

Las palabras de la hermana brotan cargadas de rabia al tratar en quién recae la culpabilidad de la muerte de Abderrahim. “Parece que últimamente la Policía no está preparada o estudiada para ser Policía, sino para ser asesina”, enfatiza antes de subrayar que “algo así no hubiera pasado con una persona blanca”. “Vivimos en un racismo estructural, sobre todo contra los magrebíes. Me gustaría que España demostrara que no es un país racista, que es capaz de abrir sus puertas a los migrantes que vienen a trabajar para mejorar su vida”, se explaya.

A día de hoy, Nassira pasa cierto temor cuando vuelve de noche desde la planta logística de Alovera en la que trabaja. “Por mucho que los policías no ejercieran aquí, sí que son vecinos de Torrejón, y no los conocemos de nada, no sabemos quiénes son, así que ahora andamos con el miedo metido en el cuerpo. Tendrían que tener alguna medida cautelar más allá de firmar cada 15 días en el juzgado”, señala la misma Chaimae.

Dos investigados y apoyo popular

La acción por parte de los dos agentes policiales fuera de servicio aquel 17 de junio de 2025 fue tal que varios viandantes intentaron salvar la vida de Abderrahim, sin éxito. Vecinos también grabaron vídeos a pie de calle y desde los balcones. Gracias a esas imágenes, los dos policías están investigados y se sabe que el policía retirado, cuya calidad pasó de testigo a imputado el pasado 25 de mayo, llegó a decir “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, cuando el cuerpo del magrebí yacía sin vida en la acera.

La última actualización del caso ha tenido lugar este 9 de junio con la comparecencia ante la jueza de P. A. P. C., el policía retirado, ya como investigado en el proceso. Este hombre sujetó las piernas de Abderrahim cuando procuraba zafarse de la asfixia que le acabó matando e intentó evitar que viandantes le defendieran y grabaran la escena. Según la defensa de los Akkouh, en su declaración apareció con peluca y barba postiza, algo que la magistrada le recriminó. No contestó a ninguna pregunta, tampoco las de su abogado.

La familia Akkouh ha recibido numerosas muestras de cariño en estos meses, incluso se ha creado un grupo de apoyo. “Necesitamos alzar la voz todo lo posible porque todavía queda batalla por librar, y será duro”, dice Chaimae. La familia al completo pugna por la verdad. “Para que se haga justicia aquí se tiene que actuar con certeza y firmeza, y que no por ser migrante se le den menos derechos y por ser agente de seguridad tenga más razón”, añade la hermana pequeña. De nuevo y tras cumplirse un año sin Abderrahim, una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz en su memoria el próximo sábado, 20 de junio.

“Un fenómeno horrible que está presente en nuestra sociedad, calles y centros educativos”. Así ha descrito el diputado de IU, Carlos Ollero, el racismo con motivo de una proposición de ley Prevención, Atención y Protección frente al Racismo y la Xenofobia en La Rioja que presentarán en el próximo pleno del Parlamento de La Rioja. “Creemos que el racismo y la xenofobia no son fenómenos lejanos, no son fenómenos de otras sociedades ni de otros tiempos; es un fenómeno horrible que está presente en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestros centros educativos, en los servicios sanitarios y en el mercado de trabajo”, ha dicho.

Señala que el racismo está presente también “en los distintos acuerdos de gobierno en otras comunidades autónomas entre la derecha y la ultraderecha bajo la llamada prioridad nacional”.

Ollero ha aportado datos que “revelan”, ha dicho, “esta realidad preocupante”, como son que “el 41 por ciento de los delitos de odio se refieren a causas relacionadas con el racismo y con la xenofobia”. Ha señalado que “un tercio de las personas de origen racial diverso se sienten discriminadas por algún motivo”. Lo más preocupante es que todos los expertos coinciden en señalar que la mayoría de los delitos de este tipo no se denuncian y, por lo tanto, permanecen ocultos.

“En nuestra comunidad autónoma no tenemos de las mayores incidencias en cuanto a delitos por racismo y por xenofobia, pero también se denuncian al año entre cien y doscientos casos de discriminación por estas cuestiones”, ha apuntado el diputado de IU. Frente a esta situación, ha relatado, “en La Rioja no existe ningún mecanismo autonómico de protección, prevención y atención frente a las discriminaciones por racismo y por xenofobia”.

Así, el objetivo de esta proposición de ley, que para salir adelante deberá contar con la mayoría del arco parlamentario, se basa en “crear institucionalmente un servicio de apoyo y de atención ante estas posibles discriminaciones”. “Presentamos esta ley, por lo tanto, por parte de Izquierda Unida, como un antídoto jurídico y ético frente a la 'prioridad nacional' y sus consecuencias”, ha indicado.

Ollero ha explicado que hay “muy pocas referencias” de leyes similares en otras comunidades autónomas y “la única comunidad con una legislación similar es Navarra”. Por lo tanto, considera que la aprobación de esta ley significaría que La Rioja se convirtiera en un referente contra la discriminación por el racismo y por la xenofobia.

Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.

El joven futbolista Alberto Edjogo-Owono estaba pegado al televisor la noche del 25 de febrero de 2006. El Zaragoza recibía al Barça en La Romareda cuando el partido se detuvo de repente. Se armó revuelo y las cámaras enfocaron a un Samuel Eto’o fuera de sí, haciendo aspavientos y gritando “¡no más!” mientras amagaba con abandonar el terreno de juego, harto de los insultos racistas que le llegaban desde la grada.

Edjogo-Owono, hoy comentarista de fútbol en DAZN, a punto para retransmitir el Mundial 2026, recuerda cómo se levantó entonces del sofá al presenciar la escena. “Soy una persona sosegada, pero aquel día la sangre me hervía casi como nunca”, rememora. “Fue impactante ver por primera vez a un jugador que se plantaba, que decía alto y claro que no tenía por qué soportar esas vejaciones”, afirma. 

Han pasado dos décadas desde aquel episodio, convertido en punto de inflexión en la persecución del racismo en el fútbol español. La legislación se ha endurecido, los protocolos son más estrictos y los futbolistas se sienten hoy más respaldados para detener, o incluso abandonar, un partido —aquel día, de hecho, Eto’o fue persuadido para seguir jugando—. Sin embargo, el racismo sigue enquistado en parte de las gradas, desde las más modestas canchas de barrio hasta las que atraen todos los focos en Mundiales y Eurocopas.

Así lo sostiene Edjogo-Owono en Heridas en la piel. Fútbol, racismo e identidad (geoPlaneta), un recorrido por décadas de discriminación sufrida por los futbolistas racializados desde que irrumpieron en los campos españoles. Desde el ladrillazo que se llevó en 1951 Lari Ben Barek, estrella marroquí del Atlético de Madrid, por parte de un aficionado del Sevilla, hasta los insultos vertidos en los últimos años contra Vinicius Jr. o los hermanos Iñaki y Nico Williams. 

Ni siquiera el fútbol de selecciones, que enfrenta alrededor de un balón a países de todo el mundo, está exento de esta lacra. “Los partidos del Mundial se viven más como una fiesta, como un evento alejado de rivalidades del día a día”, arranca Edjogo-Owono, “lo que hace quizás hace que haya un punto menos de episodios racistas”. Pero los hay, añade. 

Basta remontarse al último Mundial, el de Qatar 2022. Nada menos que la vencedora, Argentina, vio como algunas de sus estrellas proferían cánticos racistas contra Francia tras ganar la final. “Juegan con Francia, vienen de Angola…”, arrancaba la canción por la que jugadores como Enzo Fernández tuvieron que pedir disculpas.

“Aludían al origen africano de muchos jugadores franceses, pero solo hace falta ver el apellido de los argentinos para constatar que también descienden de inmigrantes, aunque blancos y caucásicos”, recuerda el autor del libro. 

El menosprecio hacia los hijos de la inmigración tiene capítulo aparte en Heridas en la piel. Es una forma de racismo menos explícita que los insultos y suele emerger en época de Mundiales y Eurocopas. 

El caso más paradigmático se vivió en Francia con la selección campeona del Mundial en 1998, repleta de futbolistas nacidos en excolonias africanas o descendientes de recién llegados al país. Aquello dio para un debate nacional, alimentado por la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, hasta que un marsellés hijo de argelinos, Zinedine Zidane, llevó a la gloria a la selección anfitriona tras ganar la final frente a Brasil.  

Este mismo discurso pareció aflorar en España con la consolidación en la Eurocopa de 2024 de Lamine Yamal —de padre marroquí y madre guineana— y Nico Williams —de padres ghaneses— como estrellas del equipo. 

Edjogo-Owono visitó Rocafonda, el barrio de Lamine, y entrevistó largo y tendido al astro del Barça en Lamine Yamal Decoded, para DAZN. “Nos decían a Nico y a mí que no éramos españoles y a Laporte y Le Normand [franceses nacionalizados] que sí”, se lamentaba el delantero, que reconoció que desde entonces presta menos atención a redes sociales. 

“Si una persona francesa naturalizada te representa más como español que unos chavales nacidos y criados aquí”, abunda Edjogo-Owono, “entonces ya tienes la respuesta: lo que te molesta es su piel oscura”. 

Con todo y a pesar de polémicas xenófobas, Francia, en 1998, y España, en 2024, ganaron. Pero es en la derrota cuando emergen los peores casos de discriminación hacia los futbolistas del propio país. Los insultos racistas a Marcus Rashford y otros compañeros tras fallar en la final de la Eurocopa de 2021 obligaron a intervenir al presidente Boris Johnson; Mesut Özil, estrella de Alemania de ascendencia turca, acabó por dejar la selección por las muestras de racismo tras ser eliminados en el Mundial de 2018. “Soy alemán cuando ganamos, pero inmigrante cuando perdemos”, se lamentó. 

Jóvenes que no se atreven a denunciar

La rebelión de Eto’o que recuerda Edjogo-Owono en su libro propició la aprobación de una ley contra la violencia y la xenofobia, en 2007, sobre la que descansan las actuales sanciones a los clubs. Para Edjogo-Owono supuso también un antes y un después personal. Le dio que pensar: si una estrella, el mejor delantero del mundo, no escapaba a ese trato vejatorio, ¿qué no ocurriría con los demás futbolistas africanos, latinoamericanos, asiáticos…?

Y no solo eso. “¿Si son capaces de atacar a la parte más alta de la pirámide, a alguien tan privilegiado como Eto’o, qué pasa con la gente inmigrante que tiene que alquilar un piso, o que tiene que esconder su acento en una entrevista de trabajo, o la foto en el currículum?”, se pregunta. 

Nacido en Sabadell, de madre española y padre guineano, Edjogo-Owono creció como canterano del RCD Espanyol, y desempeñó su carrera entre equipos catalanes modestos y la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial. Su periplo por los terrenos de juego, lejos de los grandes focos, tampoco estuvo exento de racismo. El primer insulto que recibió, recuerda, fue de un compañero de equipo en la categoría alevín, que durante un entreno le llamó “negro zumbón”. 

Edjogo-Owono reconoce que ese día no levantó la voz, y cuenta por qué es tan difícil que lo hagan todavía hoy los niños y niñas que buscan su sitio en las categorías inferiores de clubs de élite. “En las canteras se da por sentado que si no eres capaz de resistir a los contratiempos, no estás preparado para el máximo nivel”, argumenta. “La dinámica es de no mostrar nunca debilidad”, continúa.

Esta inercia, afirma Edjogo-Owono, llega hasta nuestros días y también cala entre los jugadores adultos. “Los jugadores insultados no saben cómo reaccionará su entrenador o el árbitro, y no quieren aparecer como incómodos o conflictivos, es injusto”, afirma. 

Mejoras que no acaban con el racismo

Desde los micrófonos de DAZN, a Edjogo-Owono le ha tocado salir al paso de insultos como los que recibió en Mestalla Vinícius Jr., un jugador que sí ha optado por hacer visible el racismo que sufre, justificado por algunos por su carácter provocativo ante la grada. 

“Si hay un jugador que crees que tiene una actitud antideportiva, le puedes abuchear o silbar, pero si te metes con su color de piel, estaremos de acuerdo en que eres un racista”, concluye.

El caso de Mestalla derivó en una de las primeras condenas penales por delito contra la integridad moral y odio (ocho meses de cárcel para sus protagonistas y dos años vetados en el estadio). Ha habido otras, también por insultos al delantero madridista en Valladolid, contra Iñaki Williams en el RCD Stadium del Espanyol, o a Marcus Rashford en Oviedo. 

En los últimos años han sido numerosos los estadios que han recibido multas económicas —aunque moderadas— y cierres parciales de la grada por la xenofobia de sus aficionados. 

Edjogo-Owono valora el progreso, y reconoce que los episodios más graves de décadas atrás es complicado que se repitan. En los 90 y 2000 los cánticos racistas estaban más que normalizados entre los ultras. Lo reconocen en el libro jugadores de la época como el exportero camerunés del Espanyol, Carlos Kameni. 

Wilfred Agbonavbare, portero del Rayo Vallecano en los 90, tuvo que aguantar bajo palos en el Santiago Bernabéu mientras le gritaban “Ku Klux Klan” o “negro, cabrón, recoge el algodón”. No quiso el futbolista nigeriano dar importancia a lo ocurrido, ni aquel día ni en otros similares, y su caso tiene también un reverso amable: el cariño que recibió por parte de su afición. En el barrio de Vallecas, constata el libro, los futbolines conservan a día de hoy los porteros con el rostro negro en homenaje al portero fallecido de cáncer en 2015. 

“Hay escenas de hace 25 o 30 años que hoy serían impensables, o que si suceden tienen ahora consecuencia directa”, celebra el exfutbolista de Sabadell. Pero añade la parte de crítica. “Si ahora sabemos que está mal, ¿cómo puede ser que siga ocurriendo? ¿No es peor?”, se cuestiona.

Las calles del pueblo estaban ya casi guardadas en su memoria corporal. Su discapacidad visual le obligaba a memorizar el camino habitual de vuelta a casa, pero Jenny llevaba solo unos meses en Dosbarrios, el pueblo toledano donde vivía sin papeles, y una tarde se desorientó. Agobiada y nerviosa, la peruana trató de preguntar a su alrededor. Cuando supo dónde se encontraba, se calmó y sonrió: su cuerpo la había guiado y, sin saber cómo, había aparecido en la puerta de la señora Carmen.

No estaba cerca de su vivienda, pero había llegado a la que se ha convertido en su segunda casa en España. Ese nuevo hogar es una persona y se llama Carmen, una mujer española de 76 años que mira a Jenny con ternura y admiración. Una señora que extrañaba desde hacía demasiado tiempo ese tipo de amistad que acompaña cada día y se convierte en familia. Hasta que conoció a Jenny, que dejó su Perú natal para encontrar las oportunidades laborales que no tenía en su país debido a su discapacidad visual.

“Es como si nos conociéramos de siempre. Incluso una vez que me perdí, llegué exactamente a la puerta de su casa, pero yo no lo sabía, no identificaba dónde estaba. Había un coche afuera, pregunté al señor para que me orientase. Y, antes de hacerlo, él me había reconocido porque me había visto una vez y me preguntó: '¿Buscas a mi mamá?'”, detalla la joven sorprendida. Carmen interviene con una sonrisa: “¿Tú no crees que ahí hay algo mágico? De repente me la encontré tan apurada en la puerta de la calle hablando con mi hijo”.

Jenny llegó a España en agosto del año pasado. Un familiar suyo vivía en el municipio toledano de Dosbarrios. Con un techo garantizado, decidió migrar para conseguir la vida independiente que anhelaba a sus 30 años. No era fácil; sabía que tras llegar a Madrid como turista y expirar su visado, debía pasar un tiempo sin papeles hasta conseguir un permiso de trabajo, la fórmula utilizada por la mayoría de migrantes latinoamericanos.“Yo tengo discapacidad visual, tengo la visión muy baja y allá la inclusión más que todo es nombre, no se ve tanto en la práctica. Me decían que en España hay más políticas de inclusión, y podría encontrar mejores oportunidades laborales de las que tenía en Perú”, explica la treintañera, mientras Carmen escucha sus palabras.

Aún no ha conseguido su objetivo final, pero sí pasos importantes. El último, un permiso provisional de residencia que permite trabajar mientras se estudia su solicitud de regularización extraordinaria. La de Jenny es una de las 549.596 solicitudes registradas desde el inicio del procedimiento de la regularización, según los últimos datos del Ministerio de Migraciones. De ellas, al menos 91.905 personas han obtenido la autorización temporal con la que cuenta la peruana. En el proceso de regularización siempre ha estado una mujer mayor, bajita y risueña, que agarraba su brazo: la jubilada española, empeñada en acompañarla y animarla en cada una de sus gestiones administrativas.

"Ella me da el calor que yo necesitaba desde que vine, porque extraño mucho a mi mamá, y lo he encontrado en ella. Cuando estoy con Carmen me hace sentir protegida, mimada. Puede sonar infantil, pero todos necesitamos alguien que se interese por nosotros y nos cuide"

“Yo me sentía sola, y también la veía sola a ella. Ahora nos acompañamos”, dice la septuagenaria. “Ella me da el calor que yo necesitaba desde que vine, porque extraño mucho a mi mamá, y lo he encontrado en ella. Cuando estoy con Carmen me hace sentir protegida, me mima a veces... Puede sonar tal vez infantil, pero tengamos la edad que tengamos siempre es bonito sentir cariño, sentir que le interesas a alguien, sobre todo estando tan lejos de tu madre”, explica la peruana.

Su amistad surgió gracias a la costura, el oficio al que se dedicó Carmen y por el que aún hace algunos arreglos en el pueblo. “Necesitaba que me arreglasen una prenda de ropa. Me hablaron de ella y fui. Después, un día me vi en un aprieto en la calle y la persona a la que se me ocurrió llamar, no sé por qué, fue a ella. Ni corta ni perezosa vino, me dio la mano y nos pusimos a conversar”, describe Jenny. “Desde ahí se ha fortalecido nuestro vínculo”.

Carmen encontró en Jenny la compañía que anhelaba para paliar el aislamiento habitual de tantas personas mayores en la España vaciada. “En el pueblo me preguntan si es mi hija”, dice Carmen entre risas. “Yo digo que no me importaría, pero no; para mí es una amiga, aunque va más allá. Yo tengo a mis hijos, me quieren y los quiero. Pero ella ha venido en una etapa de mi vida en que me da lo que necesito: mucho cariño, conversación, me anima”. Mientras habla, rompe en lágrimas al recordar la falta que le hacía ese apoyo. Jenny, aunque no ve sus lágrimas, percibe el quiebro en su voz y le agarra la mano con fuerza.

“Mi marido me dice: 'Es que chica, te vas con esta muchacha y no te duele nada'”, sonríe la jubilada. La presencia de Jenny ha roto una rutina estanca. “En mi casa a veces no hablo más que con los gatos”, confiesa Carmen. Ahora, la treinteañera pasa horas en su casa y la ayuda en las tareas domésticas en las que pueden acompañarse, desde fregar hasta empaquetar la ropa de invierno en cajas. “Ver que tengo a alguien activo en casa me da un empuje. Es como si me hubieran metido una inyección de 'venga, Carmen, espabila'”.

El laberinto administrativo de la discapacidad

Sin embargo, el permiso provisional que Jenny lleva en el bolsillo es solo la primera llave de un laberinto complejo. Para una persona con discapacidad visual severa, los muros burocráticos no caen fácilmente. “Para los cursos de movilidad me pedían el permiso de residencia”, relata la joven. Ahora que tiene el NIE, el obstáculo ha cambiado de forma: al contactar con la ONCE, la respuesta fue que requería la nacionalidad española o, en su defecto, una acreditación oficial de discapacidad que aún no posee en España. Su único respaldo actual es un informe oftalmológico emitido hace apenas unas semanas en Toledo, cuenta la peruana.

Las trabas con las que se ha chocado Jenny reflejan una situación estructural. Las organizaciones especializadas llevan años señalando el limbo en el que se encuentran las personas sin papeles con discapacidad, ya que la normativa exige la tarjeta de residencia como requisito previo obligatorio para evaluar y reconocer oficialmente el grado de discapacidad. Al carecer de este documento, estas personas quedan desprotegidos ante el sistema e imposibilitados para acceder a los circuitos oficiales de empleo protegido o muchos programas de autonomía personal.

A Carmen le duele la desprotección que sufre su amiga por el hecho de ser extranjera. Su hijo fue el primero en sugerir que llamaran a la ONCE para buscar apoyo. “¿No estáis viendo lo difícil que es salir adelante?”, se pregunta Carmen, aludiendo a las grandes organizaciones. “¿Porque sea de otro país y estar en situación irregular no se le puede echar una mano? Una persona que tiene todas sus capacidades se mueve más fácil, pero con estas discapacidades tendría que haber un organismo que acelerara las cosas, porque ya bastante mal lo pasan”.

Una amistad que desmonta el odio

Carmen frunce el ceño cuando habla de quienes azuzan los discursos que criminalizan la migración. En Canarias, donde vivió una época junto a su familia, conoció de cerca a algunos jóvenes marroquíes que tardaban años en conseguir papeles. “Los españoles también hemos emigrado cuando acabó la guerra, a Argentina, a Rusia... ¿Qué hubiera sido de ellos si los hubieran puesto en alta mar?”, cuestiona. “Si tú eres una persona honrada y tus hijos tienen hambre, buscas el pan donde esté. Yo también lo haría”.

En las calles de Dosbarrios, cuentan, no sienten el odio que vomitan algunos políticos en televisión. El pueblo observa sus paseos como una estampa cotidiana. Cuando Jenny no acompaña a Carmen, las vecinas la buscan con la mirada. “Me preguntan: '¿Y la niña dónde está hoy?'”, relata Carmen con una sonrisa cómplice. Encontrarse cada día en la esquina, con una broma, se ha convertido en una motivación para ambas. No verlas juntas despierta extrañeza.

Su objetivo inmediato es conseguir un empleo en el que sienta que aporta todo lo que puede dar de sí misma. “Quizá necesito un poco más de tiempo para aprender y conocer el espacio, pero después puedo hacer muchos empleos como cualquier persona”, defiende la peruana, que actualmente subsiste dando clases online particulares de inglés, un idioma que domina.

Jenny presentó su regularización hace algo más de un mes con el apoyo de la ONG Servicio Doméstico Activo. Ese día, Carmen agarraba del brazo a Jenny, que portaba un bastón guía entre sus manos. Aunque vive en un pueblo de Toledo de la 'España vaciada', esperaban la apertura de una de las organizaciones que apoyan a los migrantes en el procedimiento extraordinario en Madrid. Era mediodía, pero se habían levantado a las seis de la mañana para tomar la combinación de transporte necesaria para llegar hasta aquí. Cuando Jenny le dijo a Carmen que conocía un lugar en la capital donde podrían ayudarla, no le importó la distancia ni la posible reacción de extrañeza de su marido, que la acabaría esperando en casa hasta el anochecer debido a las escasas conexiones de transporte público con Dosbarrios. “Yo voy contigo”, le dijo la septuagenaria a la peruana.

Ya en el interior del espacio de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), caminaban despacio y con precaución. La anciana, por su edad. La treinteañera, por su discapacidad visual. Ambas se acompañaban y ayudaban en el camino. Se hablaban con la dulzura y complicidad de dos amigas. La diferencia de edad es evidente pero de sus palabras no se percibía una relación asistencialista ni laboral: transmitía un apoyo mutuo. Una hora más tarde, ambas se sientan frente a Edith Espínola, que revisó su caso con detenimiento. “Expediente subido”, anunció la portavoz del colectivo. Otros migrantes de la sala, que entonces aún estaban recopilando trámites previos, aplaudieron y animaron a Jenny. Carmen la miraba con ilusión. No soltaba su mano.

El horizonte administrativo aún no está resuelto, pero la cocina de Carmen guarda un festejo pendiente. “Yo vivo cada paso suyo intensamente. Tengo una botella de champán en el frigorífico para el día en que consiga su primer contrato de trabajo”, lanza Carmen con desparpajo, despertando las carcajadas de Jenny. Saben que ese día, mientras su marido duerme, las amigas brindarán por el día en que Dosbarrios se convirtió en el lugar donde perderse significó la creación de un nuevo hogar.

Durante cuatro horas, dos cuidadoras ugandesas, Sumayah Nakazibwe y Stella Ariokot, permanecieron atrincheradas en su casa, cerca de Crumlin Road, al norte de Belfast, mientras el humo se colaba en el interior y las llamas lamían las paredes de las propiedades vecinas.

“Todo empezó como si la gente simplemente estuviera manifestándose, chicos jóvenes de entre nueve y veinte años”, cuenta Nakazibwe. “Todos iban vestidos de negro y llevaban máscaras”.

Desde su ventana vieron cómo la turba prendía fuego a los neumáticos de un autobús. “Y luego recogieron los contenedores de basura que había fuera y empezaron a quemarlos también”, cuenta. “Entonces pensamos: ”Quizá la cosa no vaya a más“.

Pero entonces la multitud giró hacia su calle, donde también viven familias rumanas y nigerianas junto a familias británicas e irlandesas.

“Empezaron a prender fuego a los coches y a lanzarles cócteles molotov”, dice. “Así que, cuando empezó a salir el humo, se dirigía directamente hacia nuestras casas. Por eso llamamos a la policía y a los bomberos”.

"Cuando llegué allí, la verdad es que era espantoso: cuatro camiones de bomberos, agentes de policía antidisturbios, un grupo de tipos de pie, enmascarados con ladrillos en las manos y una ambulancia que tuvo que aparcar bastante lejos

Jack McKee — pastor de la New Life City Church

Había tantos incendios por toda la ciudad que los bomberos tardaron unos 30 minutos en llegar.

“Fue aterrador”, dice Nakazibwe, mientras las mujeres veían cómo las llamas se apoderaban de las casas vecinas. Los servicios de emergencia les dijeron que era demasiado peligroso intentar salir y les sugirieron que se pusieran sus uniformes de cuidadoras, por si eso servía para calmar a los alborotadores que entraran en la casa.

“Quien participa en los disturbios no sabe que la persona a la que ataca está cuidando de su madre o de su abuela”, dice Nakazibwe. “Por mi parte, dejé a mi madre en casa”.

En un momento dado, Nakazibwe se desmayó del susto. “Cuando empezaron a lanzar piedras contra nuestras ventanas, se desmayó”, explica Ariokot. “Tuve que quedarme al teléfono hablando con los de la ambulancia, que me iban indicando qué hacer, pero, gracias a Dios, se despertó”.

Solo cuando el párroco de su iglesia llegó al lugar y habló con los hombres, se consideró que era lo suficientemente seguro como para que fueran evacuadas de su casa.

El pastor Jack McKee, de la iglesia New Life City Church, no quería salir a la calle cuando comenzaron los disturbios, pero al enterarse de que uno de los feligreses estaba en apuros, se puso en marcha en su coche para acudir en su ayuda.

Quien participa en los disturbios no sabe que la persona a la que ataca está cuidando de su madre o de su abuela

Sumayah Nakazibwe

“Cuando llegué allí, la verdad es que era espantoso: cuatro camiones de bomberos, agentes de policía antidisturbios, un grupo de tipos de pie, enmascarados con ladrillos en las manos y una ambulancia que tuvo que aparcar bastante lejos, en la calle, porque ni siquiera podían llegar hasta la casa”, dice.

“Una casa quedó completamente calcinada; tuvimos que pasar por debajo de las mangueras para poder entrar en la casa y sacar a esas mujeres”, añade.

“Había como veinte tipos, todos enmascarados, con ladrillos en las manos, y parecía que estaban allí para armar jaleo, así que tuve que acercarme a hablar con ellos”, recuerda. “Les supliqué que me dieran diez minutos para sacar a esas mujeres de allí y subirlas a mi coche”.

“Me dieron esos diez minutos”, cuenta. “Algunos incluso dejaron caer los ladrillos al suelo, me dieron esos diez minutos y me dejaron subirlos al coche”.

Las mujeres, que pasaron la noche con McKee y su familia estaban “completamente traumatizadas”, dice. “Nunca pensé que tendría que ir a rescatar a cristianos que estaban siendo atacados en una comunidad protestante”.

“Entiendo que hay gente buena ahí fuera; las personas que realmente están provocando disturbios no representan a toda la comunidad… del mismo modo que el inmigrante que realmente cometió ese [ataque] no nos representa a todos”, dice Nakazibwe. Sin embargo, añade: “Yo no saldría. No es seguro”.

“Para mí era un lugar muy tranquilo hasta ayer”, explica. “Me ha hecho cambiar de opinión por completo. Es demasiado; sentí que quizá estaba tirando la toalla, que quizá ya era hora de volver a casa”.

En la calle que sale de Shankill Road, donde una familia rumana se vio obligada a abandonar su hogar, abundan los indicios de los disturbios de la noche anterior. En la calle se ve el chasis de un coche calcinado, que según los vecinos pertenecía a la familia, mientras que algunas ventanas están destrozadas y otras tapiadas.

Según los vecinos, la casa ya había sido objeto de ataques en dos ocasiones anteriores, la más reciente hace un par de meses. “Y no se marchaban, así que anoche fue la gota que colmó el vaso”, comenta uno de ellos.

El martes por la noche lanzaron ladrillos contra la casa y metieron fuegos artificiales encendidos por el buzón. Otro vecino ayudó a la familia a escapar después de que unos hombres encapuchados derribaran la puerta.

“Les dijeron que se marcharan, los echaron dos veces y no se fueron”, dice la vecina. Afirma que no sabía adónde habían trasladado a la familia y añade: “Ahora ya no es nuestro problema, ya no están aquí”.

La casa de al lado, donde vive una familia negra, también tiene las ventanas rotas y tapiadas, y los vecinos afirman que el fuego se extendió hasta allí. Esa familia también huyó y un vecino puso su coche a salvo.

Al otro lado de la ciudad, en el este de Belfast, junto a Newtownards Road, varias casas han sido tapiadas, mientras que los escombros calcinados cubren las calles.

Según los vecinos, entre las personas que tuvieron que abandonar sus hogares había familias rumanas y sudanesas. “Había una turba en la calle y a la policía… la echaron de la calle. ¿Cómo es posible que, teniendo armas y todo eso, alguien te eche de una calle?”.

Un trabajador de una organización benéfica afirma que la policía ha puesto a salvo a las familias y que estas permanecieron con los agentes hasta que se les encontró un alojamiento temporal.

Un vecino afirma que se había atacado específicamente a viviendas en las que vivían familias pertenecientes a minorías étnicas y que algunos católicos habían acudido a esa zona, mayoritariamente unionista, para sumarse a los actos de violencia. “Es la primera vez que pasa”, dice el vecino mientras destaca que ambos grupos llevan 30 años luchando entre ellos.

Las protestas contra la inmigración han degenerado en actos violentos en Irlanda del Norte después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones en respuesta a un ataque con arma blanca que quedó grabado en un vídeo muy explícito.

Grupos multitudinarios, entre los que se encontraban hombres enmascarados, incendiaron vehículos y viviendas y bloquearon carreteras en Belfast y sus alrededores el martes por la noche, horas después de que Elon Musk, el agitador ultraderechista Tommy Robinson, muy activo en redes, y otros instaran a la gente a salir a la calle.

Los manifestantes secuestraron e incendiaron un autobús en el este de Belfast y prendieron fuego a coches mientras sonaban las sirenas y un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

Los disturbios estallaron horas después de que la policía acusara a un solicitante de asilo sudanés de 30 años de intento de asesinato en relación con un ataque ocurrido el lunes por la noche en el norte de Belfast, que dejó a un hombre gravemente herido y provocó consternación y una condena generalizada. Estaba previsto que el atacante compareciese ante el tribunal de primera instancia de Belfast el miércoles.

Ryan Henderson, jefe de policía adjunto, hizo un llamamiento a la calma: “Esta tarde se han producido focos esporádicos de disturbios en varios lugares de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se han incendiado varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás”.

La familia de la víctima del ataque también llamó este miércoles a la calma. “Queremos dejar completamente claro que rechazamos los disturbios de esta noche, y que la protesta pacífica es el único camino”, dijo un portavoz, en un comunicado difundido a través de un diputado unionista. “Tenemos muchos migrantes que aportan mucho valor a nuestro país, incluyendo a nuestro sistema de salud y al sector de la restauración, y dependemos de ellos para hacer que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas y alimentar la hostilidad”.

La víctima, que no ha sido identificada, se encuentra hospitalizada y ha perdido un ojo por el ataque, según el último parte médico. Los familiares agradecen a las personas que intercedieron en su ayuda durante el acuchillamiento y piden que se respete su privacidad.

Calmar las aguas

La policía pidió a todas las personas influyentes de las comunidades locales que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia y los disturbios.

Políticos de Irlanda del Norte y de todo el Reino Unido también hicieron un llamamiento a la calma.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia y advirtió de “peligrosos intentos de explotar” el ataque. “[Los] grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no muestran más que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es puro y simple vandalismo”, escribió en redes.

O’Neill había instado previamente al público a no dejarse persuadir por cuentas de redes sociales para empezar a provocar disturbios. “Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en las redes sociales, que se alegran de aumentar la tensión, no nos representan. Somos buena gente y no quiero ver a nadie viviendo con miedo”, expresó.

John Finucane, diputado del Sinn Féin por Belfast Norte, calificó las escenas que se estaban desarrollando de “vergonzosas” y añadió: “No hay lugar para esto en nuestras calles. Se han atacado viviendas y negocios, se han quemado coches y autobuses, y partes de nuestra comunidad están en llamas. Nadie tiene derecho a sembrar el miedo, a aterrorizar a familias inocentes o a provocar el caos y la anarquía en nuestras calles”.

La ministra de Justicia de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los manifestantes estaban “empeñados en causar destrucción precisamente en las comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Los ultras allanan viviendas de migrantes

Esas intervenciones se produjeron cuando grupos de hombres, algunos con pasamontañas u otros tipos de ocultación facial, incendiaron contenedores, autobuses y viviendas. En un brote de violencia cerca de Shankill Road, en Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía estar ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la estaban “liberando”.

Más tarde, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana fue incendiada. El humo se extendía por la calle mientras unos cuantos rezagados veían bajo la lluvia a los bomberos que combatían las llamas.

Hubo protestas más moderadas en Antrim, Bangor y Ballymena, y se incendiaron dos coches en Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, tachó a la policía de “traidores” e intentó provocar a los agentes.

Algunos gritaban consignas contra los inmigrantes y coreaban consignas sobre el asesinato de Henry Nowak, así como sobre el ataque con arma blanca en Belfast. La mayor parte del grupo protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios acusaron a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar en Irlanda del Norte y en todo el Reino Unido.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitador de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson, compartió el vídeo del ataque de Belfast y publicó una convocatoria para manifestarse en el centro de Londres y en otras partes del Reino Unido.

Un ataque sin motivo terrorista aparente

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del lunes frente a un bloque de pisos en el norte de Belfast. Un vídeo compartido en las redes sociales mostraba a un hombre montado a horcajadas sobre otro hombre en el suelo y golpeándole en la cabeza y el cuello. Se recuperó un cuchillo de cocina del lugar de los hechos. La policía informó de que la víctima, de unos 40 años, presentaba heridas graves en los ojos, la cara y la espalda.

El vídeo mostraba a varias personas interviniendo para detener la agresión, y a un hombre, posteriormente identificado como Maitiu Mag Tighearnan, golpeando al agresor varias veces con un palo de hurling (un deporte tradicional de Irlanda, parecido al hockey).

Además de intento de asesinato, el sospechoso fue acusado de posesión de un arma blanca en un lugar público y de amenazas de muerte.

El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, declaró en una rueda de prensa que creía que al sospechoso se le había concedido permiso para permanecer en el Reino Unido el 28 de septiembre de 2023. “Me han informado de que viajó desde Sudán a París en fecha desconocida, y desde París voló a Dublín en una fecha aún por determinar”.

El sospechoso viajó de Dublín a Belfast en autobús el 10 de febrero de 2023 y solicitó asilo, según Boutcher. “No hay rastro de este sospechoso en ninguna de nuestras bases de datos de seguridad nacional, y no era conocido por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. He estado en contacto directo con el jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido. En este momento, no tenemos información que sugiera que se trate de un acto relacionado con el terrorismo”.

El jefe de policía pidió a los manifestantes que no se dejaran incitar a los disturbios: “La gente está siendo incitada por personas anónimas que no saben nada de este lugar brillante y vibrante. No se dejen engañar ni manipular por gente en Internet”.

Miedo en las comunidades

Las comunidades de inmigrantes expresaron su temor a convertirse en blanco de ataques. Los comerciantes sudaneses de Sandy Row, una zona unionista del centro de Belfast, cerraron sus tiendas con persianas de acero a las 16 horas y dijeron que tenían previsto quedarse en casa esa noche.

El Centro Islámico de Belfast canceló las oraciones vespertinas. “Estamos diciendo a nuestra congregación que se vaya a casa, que no salga, que cuide de sus hijos, que no difunda rumores y que escuche a las autoridades”, dijo Ameer Ibrahim, un director de proyectos que habló a título personal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque del lunes por la noche de repugnante. “No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles. Mis pensamientos están, ante todo, con la víctima, y agradezco a los primeros en responder, incluidos los ciudadanos que intervinieron”.

Este miércoles, Starmer también condenó los disturbios y anunció que cualquier intento de incitar el odio también en redes será castigado. El primer ministro apuntó a “los capitalistas de las redes sociales como Elon Musk y sus divisivos algoritmos”.

Comentaristas de derecha de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellos el diputado Rupert Lowe y el multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicaron comentarios sobre el ataque. Musk compartió una lista de posibles zonas de protesta en el Reino Unido y escribió: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!!”

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: “El horror de lo que se ha visto en Belfast es consecuencia directa de la traicionera política de inmigración de los conservadores y los laboristas. Reform ya ha anunciado la prohibición total de visados para cualquier persona procedente de Sudán. Ya basta”.

Carpetazo y archivo. La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España ha avalado que el Ayuntamiento de Badalona, que encabeza Xavier García Albiol (PP), dejara en la calle a decenas de migrantes, al valorar que el consistorio sí les prestó “la atención debida”.

Así lo afirma la magistrada Meritxell Quella en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que da por finalizado el procedimiento en el que autorizó la petición del consistorio badalonés para desalojar, antes de Navidades, a los centenares de migrantes que ocupaban y malvivían en el instituto municipal abandonado B-9.

La magistrada sigue la línea que ya había mostrado en anteriores resoluciones. La jueza ha respaldado la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó un problema social de gran magnitud. La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias.

Cuando decidió avalar el desahucio, la jueza, en contra de lo reclamado por la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, rechazó obligar al Ayuntamiento de Badalona a proporcionar un techo alternativo a los desalojados. La magistrada se limitó a indicar, sin más precisiones, que el consistorio debía prestar “atención social” a los casi 400 migrantes.

Pasados seis meses, la jueza respalda la actuación del Ayuntamiento de Badalona en el desalojo, al dar por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales “aplicaron una serie de intervenciones y medidas dirigidas a prestar asistencia a las personas que quedaron desprovistas de solución habitacional”.

La jueza ha hecho caso omiso a las peticiones del Ministerio Público y de las letradas Marta Llonch y Mireia Salazar para indagar en las vulneraciones de derechos fundamentales de los desalojados producidas por la, a su juicio, insuficiente atención municipal.

En marzo, tal y como adelantó este diario, la jueza ya salvó a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

Tras pedir al consistorio varios documentos y con los migrantes ya en la calle, el Ayuntamiento de Badalona admitió a la jueza que carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”.

Por el contrario, en su resolución final sobre el caso, la jueza concluye que el consistorio “se atuvo al mandato literal” para desalojar el B-9, por lo que, concluye, Badalona “ha dado cumplimiento” a su mandato.

La magistrada sí considera “incontestable” que la asistencia a los migrantes por parte del Ayuntamiento de Badalona “pudo ser acometida de otra forma o con otras directrices”, pero lo ve irrelevante para su causa, que limita al desalojo del B-9.

“El juicio de oportunidad del dispositivo para atender una desocupación masiva debe permanecer fuera del procedimiento”, zanja la magistrada.

La falta de un protocolo de atención a personas sin hogar, insiste la jueza, “no supuso ningún obstáculo para ofrecer las medidas asistenciales necesarias a las personas que aceptaron los recursos”. Todas las actuaciones del consistorio hacia los migrantes se basaron “en la voluntariedad” de los desalojados, ahonda la magistrada.

Al margen del caso de lo contencioso-administrativo ahora cerrado, la Fiscalía abrió en diciembre una investigación tras una denuncia penal contra Albiol a cargo del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens.

Solo en abril de 2020, con once días de diferencia y en pleno confinamiento por el covid, tres personas fueron asesinadas en el Eixample de Barcelona. Tenían dos cosas en común: el hombre que los mató, Thiago Fernandes, y que dormían en la calle. La aporofobia –el rechazo hacia los más desfavorecidos, especialmente a los sintecho–, está en el origen de numerosos crímenes en la historia de España, también de la más reciente. 

Esta es una de las conclusiones que refleja el trabajo que realizan desde 2015 los periodistas Miquel Ramos y David Bou para documentar los crímenes de odio. Su investigación, plasmada en un mapa, ha identificado al menos 91 víctimas mortales desde 1990 en episodios marcados por el racismo, la homofobia, la transfobia, la aporofobia y otras formas de discriminación. 

Ambos reporteros han publicado este miércoles la última actualización del mapa, que incluye el período de 2020 a 2025. En este tiempo han registrado siete crímenes mortales más con signos de odio. Tres de ellos son los asesinatos aporofóbicos en serie de la capital catalana, que tuvieron como víctimas a Imad Allous, Juan Ramón Barberán Giner y Jean Pierre Herbillon. Su autor fue condenado recientemente a 63 años de cárcel. 

Pero sin duda el asesinato que más indignación ha suscitado recientemente ha sido el de Samuel Luiz. La paliza mortal que recibió este joven de 24 años en A Coruña en 2021, mientras recibía insultos de “maricón”, desató protestas sociales y el rechazo de dirigentes políticos e instituciones. La sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas de cárcel ratificó en este caso también el agravante de discriminación por orientación sexual. 

“Hay una serie de casos que han tenido una repercusión social singular, casos muy reconocidos y que han causado conmoción, pero nuestro trabajo consiste sobre todo en poner sobre la mesa muchos otros desconocidos que evidencian que hay más asesinatos racistas y neonazis de los que conocemos”, señala el periodista Miquel Ramos. 

Además de Guillem Agulló, símbolo de la violencia neonazi en los 90 en la Comunitat Valenciana; o de Lucrecia Pérez, el primer asesinato racista de España, existe una larga lista de víctimas que no trascendieron en su día. O que si lo hicieron, pero fueron desvinculadas de motivos de odio que hoy se han podido acreditar.

Este fue, de hecho, el origen del proyecto de Ramos y Bou. “Vimos que había una serie de crímenes que no estaban reconocidos por su especificidad propia, que es la animadversión hacia determinados rasgos de la víctima”, afirma Ramos. 

El criterio de los autores del informe para incluir a las víctimas en su mapa no tiene solo en cuenta si la Justicia constató la agravante de discriminación. El motivo, explican, es que aunque aparezca en el Código Penal desde 1995, la práctica judicial ha tardado más años en reconocerlo. Ramos y Bou tienen también en cuenta los detalles publicados en prensa, los testimonios recabados por su cuenta, o la valoración de los colectivos afectados. 

Esto les ha llevado también a revisar casos de años anteriores. Por un lado, han eliminado del mapa 19 que procedían de un informe del Movimiento contra la Intolerancia que no estaban suficientemente documentados (de ahí que el recuento de 2020 fuera más abultado). Del otro, han añadido dos asesinatos de la década de los 90 que antes desconocían. 

Estos últimos son los de Silveiro Aragonés y Mariano Gómez Higuera. El primero era un sintecho de Madrid que fue pateado hasta la muerte por cuatro jóvenes en 1991. El segundo, de 30 años, fue apuñalado once veces por la espalda en 1993, en la Casa de Campo, a manos de dos menores de edad que iban a la caza de homosexuales. 

De los 91 casos acreditados en el proyecto Crímenes de Odio, la mitad, 46, sucedieron en la Comunidad de Madrid y Catalunya. Las motivaciones más habituales son el racismo, la xenofobia y la aporofobia, que afloran en el 42% de los asesinatos. Ambos están también entre los últimos ejemplos recogidos en la investigación: Younes Bilal, marroquí de 39 años que fue asesinado en Mazarrón en 2021 entre improperios contra los “moros”, y Miguel Ángel Calvo, de 51 años, que recibió una paliza mortal en 2023 simplemente porque dormía en la calle. 

A pesar de que en los últimos años parecen haberse reducido estos crímenes, Ramos advierte que los discursos de odio han irrumpido en la esfera pública como no lo habían hecho antes. “Detrás de los crímenes vemos siempre prejuicios, a veces campañas racistas muy evidentes y, ahora que estos discursos de odio se están normalizando, tenemos que alertar de cuáles pueden ser sus consecuencias”, advierte el periodista y autor del estudio. 

“Hay menos víctimas mortales ahora, pero el odio está ahí”, insiste Ramos. Por ello, añade, además del mapa han puesto en marcha otras iniciativas para divulgar la existencia de los crímenes. Por ejemplo, el documental La xarxa ultra, de Bou, o el podcast Crímenes de Odio, de Ramos en la Cadena SER. 

La última novedad de su investigación ha sido añadir un informe sobre los crímenes con discriminación en el Sur Global, a cargo de Nora Rodríguez. Financiado por el Instituto de las Desigualdades y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, analiza la legislación y el trabajo de los colectivos locales para documentar homicidios y asesinatos racistas o LGTBIfóbicos en países como Colombia, Senegal, Brasil, Argentina, Marruecos o Ecuador. 

Al margen de la falta de información en algunos casos, recogen cifras alarmantes como las cerca de 300 muertes violentas de personas del colectivo LGTBI (más de la mitad, travestis). En Marruecos, las entidades sociales han recopilado 600 muertes por el mismo motivo desde 1993. 

Lo que debía haber sido una celebración del fútbol alevín en la localidad coruñesa de Cedeira se convirtió el pasado sábado en un foco de tensión social y deportiva. Durante el desarrollo de la Copa Convivencia, uno de los torneos que ponen el cierre a la temporada, se denunció un supuesto incidente de comentarios racistas que ya investiga la Guardia Civil. Agentes del instituto armado se personaron en el propio campo municipal Carmen Maseda para tomar declaración de lo sucedido a los asistentes..

Según la narración de Diario de Ferrol, todo comenzó en el choque entre el As Pontes y el Racing de San Pedro, club del barrio ferrolano do Inferniño. Un incidente entre dos jugadores, con insultos racistas, se trasladó a la grada e, incluso, se acusa a uno de los entrenadores del equipo pontés de repetir el improperio, algo que el club ha negado de forma taxativa. Como consecuencia, el San Pedro se retiró del torneo y el Eume Deportivo se negó a enfrentarse a As Pontes.

La situación, recoge Europa Press, derivó posteriormente en un cruce de comunicados entre clubes, instituciones y asociaciones deportivas: desde las que rechazan cualquier acto racista, al del C.D. As Pontes, que defiende a su entrenador y apela a la presunción de inocencia.

La reacción más inmediata llegó del club anfitrión, Cedeira S.D., que en un comunicado titulado El racismo no tiene cabida en el fútbol expresó su “más firme condena y rechazo” ante los hechos, que consideró “inaceptables” y contrarios a los valores que defienden como entidad.

“En Cedeira S.D. no hay lugar para el racismo ni para ningún tipo de discriminación”, señala el texto, donde también se comprometen a trabajar activamente para erradicar estas conductas y promover una cultura de respeto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cedeira respaldó al club local y rechazó “cualquier comportamiento racista, xenófobo o violento en el deporte”, así como cualquier falta de respeto dentro y fuera del campo.

El gobierno municipal subrayó que la apuesta por el deporte lleva aparejados “comportamientos éticos”, entre los que citó la valoración del contrario, el respeto a las reglas y la práctica del juego limpio.

As Pontes: “No hay ninguna prueba”

Por su parte, el C.D. As Pontes también emitió un comunicado oficial en el que, si bien declara “tolerancia cero” ante el racismo, defiende a su entrenador, al que se le acusa de proferir los comentarios. El club asegura haber abierto una investigación interna “desde el primer momento”, pero sostiene que “a día de hoy no existe ninguna prueba objetiva que acredite que tales comentarios se produjeran”.

El comunicado enfatiza la trayectoria del técnico: “Se trata de un entrenador que lleva años formando a niños y niñas de todas las razas, nacionalidades y religiones, sin que conste ninguna queja anterior contra su conducta”. Por ello, el club apela a la presunción de inocencia y advierte que no tomará “ninguna medida sancionadora mientras no se demuestre lo contrario”.

Además, el C.D. As Pontes anuncia acciones legales contra quienes, desde el anonimato en redes sociales, viertan “odio y juicios sin fundamento”. Su servicio jurídico revisará todas las publicaciones y, aquellas que vulneren la honra de las personas o la imagen del club, “serán puestas en conocimiento de la Fiscalía y serán objeto de la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Instrucción”.

“No tenemos que recibir lecciones de nadie sobre cómo actuar ante este tipo de casos. Sí exigimos que se actúe cuando existan hechos demostrados, no rumores”, zanja el club.

San Pedro: “Toda la temporada sufriendo racismo”

Por su parte, el Racing San Pedro, un club ferrolano del barrio de O Inferniño, ha terciado: “Llevamos toda la temporada sufriendo racismo”.

Lejos de limitarse al supuesto incidente puntual de Cedeira, el club denuncia una situación recurrente: “A lo largo de toda la temporada, hemos sido testigos de diversas situaciones de racismo hacia nuestros jugadores, en diferentes categorías y competiciones”.

Desde Racing San Pedro repudian y condenan “enérgicamente cualquier acto de racismo, discriminación o xenofobia”, y subrayan que estos hechos “atentan contra los valores que promovemos como club: respeto, inclusión, solidaridad y juego limpio”. Acompañan y apoyan a todos sus jugadores y familias afectados, y afirman que “no están solos”.

El comunicado cierra con un mensaje contundente: “Seguiremos trabajando para erradicar cualquier forma de discriminación dentro y fuera de la cancha. Juntos por un fútbol sin racismo”.

Allí donde no se atreven a aparecer Fratelli d'Italia, Alianza Nacional o Chega, Santiago Abascal envía a una de sus portavoces nacionales. Rocío de Meer ha participado este sábado en el Remigration Summit 26, un encuentro de líderes e influencers supremacistas, algunos de ellos investigados por la Justicia de sus países, en el que se defendió echar del continente a decenas de millones de personas por su origen (o el de sus familias) para “evitar la desaparición” de la “Europa blanca y cristiana”. Incluso a aquellos que tengan un pasaporte de la UE: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”.

De Meer, diputada en las Cortes, fue presentada como una de las políticas más destacadas del movimiento, en un evento en el que no faltaron activistas de grupos xenófobos e invitados especiales como Gregory Bovino, comandante en jefe del ICE en Estados Unidos que dirigió la represión migratoria hasta los asesinatos de Renee Nicole Good y Alex Pretti.

La primera edición de Remigration Summit fue hace un año cerca de Milán, y provocó incluso manifestaciones contra el racismo y la xenofobia. La segunda llevaba anunciándose semanas en Oporto, pero aun con los tickets agotados –las entradas iban desde los 45 hasta los 325 euros con una noche de hotel– la organización mantuvo el secreto sobre el lugar exacto del encuentro hasta pocas horas antes de que comenzara. Lo justificó como “medida de seguridad” frente a la supuesta “persecución” que sufren grupos como el Movimiento Identitario de Austria (Identitäre Bewegung Österreich) de Martin Sellner, uno de los organizadores. 

Resum26 finalmente no se produjo en Oporto si no en Figueira da Foz, una localidad costera situada a más de 130 kilómetros de distancia. El veinteañero Alfonso Gonçalves, líder del grupo ultra portugués Reconquista, ofició de anfitrión de un elenco de ponentes que desplegaron, entre apelaciones al patriotismo, la seguridad y la familia, discursos plagados de racismo cultural y biológico desde las 12 de la mañana hasta pasadas las nueve de la noche. A partir de entonces, los asistentes VIP compartieron una cena –con un coste de 150 euros– a la que se impidió el acceso a la prensa.    

“Gonçalves lleva tiempo intentando arrastrar a Chega a este terreno, y aunque su presidente André Ventura pueda apoyar el discurso, se cuida de acercarse o validar a referentes identitarios”, explica Riccardo Marchi, uno de los mayores expertos en ultraderecha de Portugal. Esta reticencia de los grandes partidos de la extrema derecha ha generado fricciones con el gran líder del movimiento, el austriaco Martin Sellner.

El ideólogo del ‘plan maestro’

“El nombre de Martin Sellner aparece junto a la palabra remigración en el diccionario”, reivindicaban días antes las redes sociales de Resum26.  En realidad, remigración es un concepto que los sociólogos han utilizado habitualmente para describir el regreso de un migrante a su país de origen, ya sea por el final de un conflicto, por decisión personal o tras la modificación de una determinada situación económica. Esta palabra, sin embargo, fue elegida como la peor del año en Alemania en 2023. El argumento de los catedráticos fue que la ultraderecha identitaria se había apropiado del término para camuflar las repatriaciones forzosas que los participantes del Resum26 se han encargado de repetir este fin de semana frente a unas 600 personas, según la organización. 

A finales de 2023, el tema de la remigración ocupó la primera plana de los periódicos en Alemania después de que una investigación periodística revelara una reunión secreta en un hotel a las afueras de Potsdam. Allí Martin Sellner presentó a empresarios y algunos políticos de AfD (e incluso de la CDU) su solución final ante la supuesta amenaza del gran reemplazo de la población “nativa europea”. Proponía repatriar no solo a solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, sino también a aquellos que se consideraran “no asimilados”, lo que suponía la expulsión de alemanes de segundas y terceras generaciones. Esto sucedía –casualidad, o no– a unos ocho kilómetros de distancia de la mansión en la que en 1942 altos cargos nazis y líderes de las SS coordinaron la logística para exterminar a 11 millones de judíos. 

“Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró este sábado entre aplausos Lena Kotré, miembro del parlamento de Brandemburgo por Alternativa para Alemania (AfD). Kotré, de 38 años, está en la mira de las autoridades de su país por sus vínculos con neonazis y por repartir en mítines armas de defensa personal. “Son el enemigo y quieren nuestra destrucción”, acusó otro de los ponentes.   

Tanto Kotré como la analista y personalidad televisiva neerlandesa Eva Vlaardingerbroek encarnan físicamente la idea de la “Europa blanca” a la que suele referirse el movimiento identitario. Conocida como Eva Vlaar en redes sociales, esta abogada y analista política es uno de sus rostros más relevantes, y fue una de las presencias más celebradas en el Remigration Summit 26. Junto con Sellner, lanzó simbólicamente la recogida de un millón de firmas para obligar al Parlamento Europeo a discutir sobre remigración. 

“Una nueva era ha comenzado”, sentenció su compatriota Lidewij de Vos, de 28 años, que propuso “desnaturalizar a los criminales con doble pasaporte” y “financiar la remigración voluntaria incluso pagando a determinadas personas para renunciar a su pasaporte. ”Los patriotas europeos estamos orgullosos de ser señalados por los progresistas. Aquí estoy con mi bebé y mi barriga para decirles que no tengo miedo“, soltó la diputada de Forum voor Democratie desatando una ovación. 

“España puede desaparecer”

En esta misma línea, Rocío de Meer negó las acusaciones de discurso de odio. “Tratar de recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”, argumentó. “Discurso del odio es destruir el patrimonio europeo. Que España siga siendo España es un discurso de amor”, aseguró. 

De Meer, portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, ahondó en el perfil de los candidatos a ser repatriados o enviados a otros continentes. “España no puede soportar más entradas desde África o Sudamérica”. Habló de “inmediata repatriación para los ilegales y deportación de quien cometa un delito”. Esta parte del discurso es más conocida. De hecho fue la propia De Meer la que defendió en una rueda de prensa la propuesta de Vox de deportaciones masivas en 2025. Sin embargo, en esta ocasión sumó a quienes “no respetan nuestra forma de vida o hacen uso de servicios sociales”. “Están colapsados”, justificó. 

“España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana. Y necesita mujeres que no tengan que pedirle permiso a las feministas para ser madres”, espetó. “No podemos aceptar que la solución a la caída demográfica sea reemplazar a los españoles”. La diputada por Almería propuso generar un “efecto salida” allá “donde podamos” y acabó reivindicando la manida “prioridad nacional” que Vox está imponiendo al PP en los sitios en los que necesita su apoyo para gobernar: “Caridad cristiana no quiere decir desorden”.

La difícil, pero necesaria tarea de informar con rigor y sin paternalismos sobre los desplazamientos, la migración y los derechos humanos es el día a día desde hace décadas de la periodista de elDiario.es, Gabriela Sánchez, como también de la periodista de 'El País', Lola Hierro y la directora y cofundadora de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez Alarcón. ¿Cómo hacer que los lectores se interesen por realidades lejanas como los conflictos locales en países de África? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan dentro de una redacción generalista para situar las violaciones de derechos humanos en la frontera en la agenda diaria sin caer en la deshumanización o el 'click bait'? o ¿Cuáles son las narrativas de desinformación más peligrosas que hay en los medios tradicionales y en las redes sociales? Todas estas cuestiones y más han sido abordadas por las tres en la jornada 'Desplazamientos forzados y derechos humanos' organizada por Salvamento Marítimo Humanitario junto a la Diputación de Gipuzkoa este viernes en Donostia.

Según han detallado, las tres profesionales coinciden en que no se debe abordar la información desde la mera “solidaridad” o como “historias bonitas que nadie va a leer”. El verdadero desafío es encontrar el enfoque y el momento adecuado para apelar al público general y no solo a quienes ya están concienciados. En este sentido, han explicado que la manera de poder acercar historias de países lejanos a las personas en su día a día, pasa por humanizar los relatos a través de conexiones universales. “Tú vas allí diciendo que vas a dar voz a la gente, pero la gente ya tiene voz y nadie es invisible. La cosa es ver quién tiene el altavoz y quién debería tenerlo y no lo tiene. Yo, desde mi privilegio, cedo ese altavoz para contar historias. Puede que a mi madre, una mujer de Madrid, no le interesen ciertas cuestiones que ocurren en Mali, pero puedo conectar con ella a través del relato de una madre o de algo que le sea cercano”, ha detallado Hierro.

“Ahora mismo todos sabemos que la inmigración se utiliza como herramienta electoral para ganar votos. Algo estamos haciendo mal para que se siga permitiendo y se siga aceptando el usar la inmigración como herramienta electoral para ganar votos mediante el miedo por parte de los partidos de extrema derecha”, ha reconocido la periodista, que considera que es un vicio informativo recurrente contar solo el viaje o el drama y reivindica que “los migrantes tienen vidas antes y después”, y que deben ser considerados “actores políticos con capacidad de decisión”.

Para la periodista de elDiario.es, jefa de la sección Desalambre, una de las cuestiones que no se han sabido abordar correctamente desde los medios de comunicación es el replicar constantemente los discursos de odio de la extrema derecha. “Como medios de comunicación, tanto aquí como en Estados Unidos, en el mundo en general, no hemos sabido abordar el auge del discurso de odio y de la extrema derecha a nivel mediático. Nosotros lo vemos claro, pero si replicamos esos mensajes, aunque sea desde la indignación y la denuncia, los que reciben ese mensaje quizá no lo ven tan claro y se va poco a poco abriendo esa puerta hacia la normalización”, ha criticado Sánchez.

“Cuando alguien habla de inmigración con un altavoz, lo hace desde el lugar del odio. Y ese odio cala no solo al cuñado de turno que lo ha dicho toda la vida, sino que nos encontramos en un momento en el que gente que a priori pensabas que no pensaba así o que estaba más en el ámbito progresista, con el tema de la inmigración cambia de opinión y la relaciona con la inseguridad, o naturaliza ciertos discursos que antes estaban más penalizados”, ha reconocido.

En el caso de Rodríguez Alarcon, quien desde la Fundación porCausa, impulsa el periodismo de investigación y las nuevas formas de contar la movilidad humana, una de las claves para enfrentarse al racismo y a los discursos de odio es trabajando en el concepto de las “Narrativas del Amor” y en los métodos de narrativa circular. “El antónimo de odio es amor y es una palabra que permite la unión comunitaria. Amor es poner por delante el bien comunitario con la certeza de que ese bien comunitario es el que te va a aportar el bien individual. Tenemos que trabajar con la ilusión de que existe otra forma de vivir y tenemos que trabajar con escenarios utópicos en los que potencialmente aspirar porque todo es distópico y la distopía no nos lleva a ningún lado. Neurológicamente, el ser humano es comunitario, pero estamos perdiendo ese sentido de comunidad. Hemos destruido los espacios comunitarios naturales y no hemos invertido en construir alternativos”, ha considerado quien fuera directora general de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid (2015-2016) y directora de Comunicación de Oxfam Intermón en España.

A lo largo de la jornada, además del encuentro entre las periodistas, se han tratado temas como la situación de las mujeres en las fronteras, la acogida y retorno en procesos de postconflicto y se han narrado en primera persona experiencias en el proceso migratorio. El encuentro ha sido inaugurado por la diputada de Cultura y Cooperación de la Diputación de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, quien ha subrayado que “en un contexto internacional marcado por el aumento de los discursos del odio y la deshumanización, es más importante que nunca generar espacios para escuchar, comprender y defender la dignidad humana”. “Gipuzkoa quiere seguir siendo un territorio comprometido con los derechos humanos, la convivencia y la solidaridad. Este congreso nos recuerda que detrás de cada desplazamiento forzado hay personas, historias de vida y derechos que deben ser protegidos”, ha afirmado Álvarez.

En su intervención, la diputada ha recordado que Diputación Foral de Gipuzkoa ha querido reconocer especialmente la labor de Salvamento Marítimo Humanitario y del Aita Mari, que representan “algunos de los mejores valores de nuestra sociedad: solidaridad, compromiso y defensa de la vida humana”. “Su trabajo en el Mediterráneo es imprescindible, pero también lo es su capacidad para generar conciencia social en Gipuzkoa, recordando que los derechos humanos no pueden depender del lugar de nacimiento, de la frontera que se cruza o del relato político que se imponga. Este congreso es una invitación a mirar de frente una realidad incómoda, pero profundamente humana. Hablar de desplazamientos forzados es hablar de guerras, desigualdad, persecución, pobreza y vulneración de derechos; pero también es hablar de responsabilidad compartida, de políticas públicas valientes y de una sociedad que no renuncia a la empatía”, ha concluido.

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de València y miembro del equipo de Gobierno que preside la alcaldesa del PP, María José Catalá, como responsable de Responsabilidad Patrimonial, Cecilia Herrero, se sentará en el banquillo de los acusados.

Fuentes del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) han informado este miércoles de que el Tribunal de Instancia de València ha decretado la apertura de juicio oral por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, coloquialmente conocido como delito de odio, para la concejal del Ayuntamiento de la capital encausada por sus manifestaciones en la red social X, antes denominada X (antes Twitter). La Fiscalía pide una pena de entre 14 meses y tres años de prisión.

En el auto por el que lo acuerda, que ha sido notificado este miércoles a las partes, el magistrado titular de la plaza número 15 de la Sección de Instrucción señala como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa a la Audiencia Provincial.

Asimismo, emplaza a la acusada para que comparezca en el plazo de tres días con abogado y procurador. Una vez cumplido dicho trámite, se le dará traslado de las actuaciones para que formule escrito de defensa en el plazo de diez días.

El instructor tiene por dirigida la causa contra la edil por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales previsto y penado en los artículos 510.1 a), 510.3, 510.5 y 510.6 del Código Penal o, alternativamente por el mismo delito del mismo texto legal pero en sus apartados 510.2 a), 510.3, 510.5 y 510.6.

La edil difundió los mensajes entre los años 2020 y 2024 en su red social X, algunos de ellos tales como: “Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros”; “asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada”; “no son migrantes ni inmigrantes; son invasores”; “basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles” o “el moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor”.

Herrero lanzó el último mensaje el 19 de abril del pasado año contra el exdiputado de Podemos en Madrid Serigne Mbayé, quien compartió en la red X (antes Twitter) una serie de vídeos racistas, xenófobos y ofensivos de Daniel Esteve, el mediático líder de Desokupa, en el que él se preguntaba. “¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?”. Herrero contestó: “Sí. Falta que te vuelvas a tu país”.

Conflicto en el grupo municipal de Vox

Se da la circunstancia de que la pareja de Herrero y también concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, estuvo investigado por comentarios racistas, aunque finalmente el juzgado archivó la causa. El edil difundió un bulo en sus redes sociales en el que atribuyó a un inmigrante el asesinato de un hombre de 40 años en el Puente de las Moreras de València cuando el autor de los hechos era español. Sin embargo, el juez argumentó el archivo en “la poca relevancia de las declaraciones del político que solo aparecieron en dos medios de comunicación”, entre otros motivos.

Como informó este diario, ambos concejales fueron readmitidos en Vox y en el gobierno municipal tras pasar al grupo de no adscritos por unos contratos que investiga la Fiscalía. Sin embargo, pese a estar integrados en el grupo municipal de Vox, ya se han separado de la disciplina de voto del PP y de los otros dos concejales de extrema derecha haciendo perder diversas mociones al equipo de Gobierno en el pleno del pasado mes de mayo.

Casi un año después de los hechos, el agente de Policía Municipal de Madrid retirado que participó en la intervención que terminó con la vida de Abderrahim Akkouh en Torrejón de Ardoz ha pasado de testigo a investigado en el proceso judicial que intenta dirimir las responsabilidades de lo sucedido. Tal y como viene reclamando la familia de la víctima desde un principio, este hombre que responde a las siglas de P. A. P. C. tendrá que testificar el próximo 9 de junio ante el juzgado de instrucción número 4 de la localidad torrejonera.

“Nunca fue un mero testigo. Con su acción, evitó que Abderrahim se pudiera defender de la asfixia que le acabó matando”, defiende Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh. Sucedió el 17 de junio de 2025. Este agente retirado junto a J. J. T. C., agente en activo del mismo cuerpo policial e investigado desde un primer momento en la causa, persiguieron a Abderrahim hasta que consiguieron inmovilizarlo. Mientras el segundo le practicaba la técnica conocida como “mataleón”, el ahora también investigado intentó inmovilizar sus piernas y se encaró con los viandantes que alertaban de la violencia de la maniobra e intentaban grabar la escena. Las diversas autopsias realizadas recogen que Abderrahim perdió la vida por una “muerte violenta por homicidio”.

Ese es el motivo principal por el que la magistrada del juzgado de Torrejón que indaga sobre los hechos ha citado a P. A. P. C. como investigado. “A la vista de lo hasta ahora practicado y el informe médico forense de autopsia, que considera entre las concausas del fallecimiento la inmovilización (con compresión torácica y presa cervical) y posición en decúbito prono del fallecido”, recoge el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Vaquero explica que el agente retirado podría haber incurrido en un delito recogido en el artículo 139 del Código Penal, referente a un homicidio con alevosía por indefensión. “Ahí se parte de que los atacantes son siempre más de uno, como sucede en esta ocasión”, apunta.

Una nueva declaración como investigado

Los vídeos aportados a la causa y grabados por los testigos evidencian cómo P. A. P. C. intentó en todo momento sujetar a Abderrahim, que yacía boca abajo en el suelo, mientras J. J. T. C. le estrangulaba hasta la muerte. Por otro lado, un vídeo publicado por elDiario.es muestra cómo este mismo policía municipal jubilado dijo “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, ante la presencia de sus compañeros de Policía Nacional, una vez Abderrahim ya había dejado de respirar. “Esto nos da una visión bastante clarividente de cuál es su participación e intención directa, que no era otra que arrebatarle la vida”, añade el letrado.

Tanto el abogado como la familia Akkouh no se explicaban cómo P. A. P. C. formaba parte de la investigación judicial como testigo y no investigado: “Este señor no era un vecino que vio lo que sucedía desde un balcón. Era evidente que se le debía procesar”, comenta Vaquero. De esta forma, el próximo 9 de junio P. A. P. C. se enfrentará a cuestiones diferentes a las que el abogado pudo realizar en su primera declaración como testigo. “Esperamos que no responda a nuestras preguntas, pero nosotros intentaremos evidenciar su participación real en los hechos”, agrega.

En aquella declaración como testigo, el ahora investigado llegó a aseverar que le habían golpeado en la cabeza, cuando en los vídeos aparece él cayéndose y dándose contra un bolardo de la calle. “También dijo que no habían bebido nada, y las pruebas posteriores objetivaron ingesta de alcohol. Es algo muy curioso que intentaremos desentrañar”, precisa el mismo Vaquero. Aquella noche, ambos agentes venían de celebrar la jubilación de P. A. P. C.

“Era desesperante que no estuviera investigado ya, porque los vídeos son demoledores. Aquí nadie puede decir que este hombre no participa de los hechos”, reitera el abogado. Desde su punto de vista, P. A. P. C. podría ser un coautor o cooperador necesario, cuyas figuras tienen la misma relevancia penal. Aún a la espera de sus declaraciones durante la fase de instrucción en la que se encuentra el caso, Vaquero adelanta que para ambos pedirá una pena de asesinato de unos 15 años de prisión. “Si participan los dos, pasamos de un homicidio doloso a un homicidio alevoso, lo que es un asesinato y lo que nosotros hemos defendido desde el principio”, desarrolla. 

Por el momento, el único investigado sobre el que pesan medidas cautelares es J. J. T. C., quien cada 15 días tiene que firmar en los juzgados. Para el nuevo investigado, la acusación las reclamará a la magistrada según lo que declare.

Una lucha por la justicia

La imputación de P. A. P. C. da aliento a la lucha de la familia Akkouh por hacer justicia y limpiar el nombre de Abderrahim, víctima de infundios, según su hermana Chaimae. “Cuando le he dado la noticia a mis padres ha sido una bomba de esperanza”, afirma. Esto les hace ver que siguen “el camino correcto” para condenar al policía retirado como responsable de la muerte de Abderrahim. “Este policía participó de lo sucedido y no hizo nada para salvarle la vida. Al contrario. Se sentó sobre las piernas de mi hermano para que no se pudiera mover y defender de la asfixia”, sostiene.

Chaimae recalca que lo sucedido “no fue un accidente, sino un asesinato puro y duro”. Por otro lado, ambos agentes son vecinos de Torrejón de Ardoz, aunque desarrollaran sus funciones policiales en la capital, lo que provoca cierto temor a la familia: “Nos andamos con algo de cuidado porque no sabemos si nos cruzamos por la calle con estas personas diariamente, porque no sabemos quiénes son”.

La hermana del Abderrahim ya trabaja para recordarle cuando se cumpla un año de su muerte. Una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz el próximo 20 de junio y son varias las charlas que la familia prepara para seguir dando a conocer lo sucedido. “Queremos que a estas personas se les condene como se merecen y que se limpie el nombre de mi hermano”, concluye.

La presencia de la extrema derecha en el segundo Gobierno de Jorge Azcón ya marca la agenda informativa en Aragón. Vox ha protagonizado este lunes dos polémicas comparecencias en las que la formación ha lanzado propuestas ultras de contenido antiinmigratorio que han incluido también valoraciones negacionistas. Primero ha sido el vicepresidente, Alejandro Nolasco, quien a cuenta de un episodio de violencia machista en Zaragoza ha pedido conocer la situación administrativa del agresor, de origen marroquí, y ha reclamado su “expulsión inmediata” del país. La segunda intervención de la jornada la ha protagonizado David Arranz, diputado de la formación, durante la primera Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, cuando hablando de los comedores escolares, ha dicho que espera que haya “mucho cerdo”.

En su intervención, Arranz ha defendido las políticas educativas impulsadas por Vox y ha cargado contra la izquierda, a la que ha acusado de mantener “discursos trasnochados del marxismo” y de utilizar las aulas para “inculcar sus ideas” y hacer “activismo”. El diputado ultra ha reivindicado la educación concertada y ha defendido la “libertad de elección” de las familias, además de insistir en medidas como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el apoyo a la educación especial.

Sin embargo, la parte más controvertida de su discurso ha llegado al hablar de los comedores escolares y de la integración cultural. Arranz ha defendido la instalación de cocinas en los centros y el consumo de “productos frescos, de proximidad” y “producto nacional”, antes de añadir: “Y mucho cerdo, me gustará ver mucho cerdo en los comedores escolares, es un alimento muy nuestro y muy de aquí”.

El diputado de Vox también ha cargado contra los programas relacionados con lengua árabe y cultura marroquí en las aulas aragonesas. “Es mejor no seguir con esa lengua árabe y cultura marroquí, si queremos integrar a la gente que viene aquí tendrán que aprender nuestras costumbres y no lo de Marruecos”, ha afirmado.

Además, Arranz ha aprovechado el debate sobre climatización en los centros educativos para cuestionar el cambio climático. “Toda la vida de dios ha hecho calor en verano y frío en invierno”, ha dicho, en un contexto en el que docentes y sindicatos reclaman mejorar la climatización en las aulas, que alcanzan temperaturas que superan los 30 grados.

Horas antes, el vicepresidente del Gobierno aragonés y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado la “expulsión inmediata” del detenido por la agresión machista ocurrida este fin de semana en Zaragoza. Nolasco ha pedido conocer la situación administrativa del arrestado y ha asegurado que, si se encontraba en situación irregular, debía ser deportado. La formación ultra ha utilizado así un caso de violencia machista para reforzar su discurso antiinmigración, uno de los principales ejes políticos con los que Vox está marcando el tono del debate público dentro y fuera del Ejecutivo autonómico.

En su intervención, el dirigente de Vox ha mezclado el caso concreto con propuestas generales sobre inmigración y seguridad, ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar “el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres” y “poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas”. El Departamento está “abierto” a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo “para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle”.

Ante el machismo hay que levantar la voz siempre, no sólo cuando el agresor tiene otro color o es de un origen distinto. Siempre, sin excepciones, no hay víctimas de primera y de segunda, tampoco agresores de primera y de segunda. Hay víctimas y hay agresores y en medio una realidad que hay que denunciar sin ambages. 

El año pasado en Extremadura cuatro mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, ellas murieron y no pudieron contar el calvario por el que seguramente habían pasado, mujeres con nombre propio. Ante eso, silencio por parte de las señorías de Vox porque parece que el tema no va con ellos. 

Sin embargo, cuando quien comete el delito es de fuera o de otro color de piel o ambas cosas, los mensajes de odio se multiplican y la llamada a la caza se amplifica desde todos los frentes, también y, sobre todo, desde las redes. 

Insisto, hay que denunciar siempre todas las violencias machistas, todas, por eso son importantes las leyes y los avances en los derechos de todas las mujeres. Por eso es importante escuchar, acompañar y denunciar. 

No se entiende el manto de odio que se extiende lentamente hasta calarlo todo. Pasó en Torre Pacheco, Murcia, un hecho puntual que resultó ser falso provocó una oleada de miedo, violencia y odio alentado desde determinados colectivos muy bien organizados de la ultraderecha. Los señores lanzan los mensajes una y otra vez desde sus sillones de oro y sus altavoces y convierten en chivo expiatorio a los otros, en este caso los de fuera que vienen a quitarnos los trabajos, a robarnos las ayudas y a violar a nuestras mujeres.

Es un cuento feo, muy feo, pero también muy viejo. Así pasó en Europa en la primera mitad del siglo XX, así pasa hoy en día en Palestina, siempre hay un otro, un enemigo contra el que ir. Enfocan los discursos para alimentar ese odio visceral y tapar los ojos hacia lo importante. 

El racismo no es la solución para evitar agresiones sexuales, para evitar el maltrato o las agresiones machistas. Hay que ser contundentes en la respuesta a todos los agresores, sean quienes sean. Ante cualquier agresión machista todo el peso de la ley y todas las instituciones del estado para acompañar a esa mujer que ha sufrido esa agresión machista. Muchas veces la justicia no ha estado al lado de las mujeres maltratadas y agredidas pero el empuje del movimiento feminista ha cambiado muchas cosas y seguirá haciéndolo. Por lo pronto a saber que quienes solo alzan la voz cuando el agresor tiene otro color de piel no quieren acabar con el machismo, solo instrumentalizan la violencia machista para asentar su relato racista.