El cese del concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón Oliver Suárez al frente de la presidencia de Divertia, la empresa municipal de festejos, por formalizar los contratos de los artistas Alejandro Sanz y Lola Índigo, “de forma unilateral” y sin comunicarlos previamente al Consejo de Administración para su aprobación ordinaria, no se ha limitado a un relevo en el cargo.

El presidente cesado se defendía públicamente horas después de oficializarse su destitución, asegurando que ambos conciertos habían resultado “un éxito”.

Ahora, seis días después de que trascendiera públicamente la situación interna en la empresa, los portavoces municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han cuestionado hasta 15 contratos vinculados a los conciertos de los últimos tres años y piden que la Fiscalía del Principado abra una investigación para dirimir si el procedimiento seguido por Oliver Suárez puede ser constitutivo de delito.

Los contratos cuestionados

De estos 15 contratos que ambas formaciones ponen en entredicho, siete forman parte de la programación estival de este año, tres corresponden a 2025 y otros cinco se remontan al verano de 2024.

Su recelo parte de la premisa de que estos contratos superan las cuantías mínimas que legalmente requieren la autorización y la formalización por parte del consejo de administración de Divertia.

“De acuerdo con los poderes otorgados por este órgano, la presidencia solo puede suscribir contratos por valor inferior a 15.000 euros o, si se firman de manera mancomunada con el gerente, por valor inferior a 60.000 euros”, explican ambos portavoces.

El acceso a los expedientes

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez solicitaron ayer acceder a los expedientes de contratación de los 15 conciertos y, una vez examinados, darán traslado a la Fiscalía para conocer si la actuación de Oliver Suárez en los contratos de Alejandro Sanz y Lola Índigo fue un caso aislado o, por el contrario, “fue una práctica continuada durante sus tres años de presidencia y si constituye un delito de prevaricación”.

El portavoz de IU ha reconocido que tanto él como la portavoz de Podemos han asumido una labor de fiscalización que debería haber realizado la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro Asturias, quien fue la que cesó al presidente de Divertia.

La fiscalización de IU y Podemos

“Estamos haciendo como concejales de la oposición lo que debería de hacer la alcaldesa, que no solo es la responsable política de la gestión del concejal tránsfuga Oliver Suárez al frente de Divertia, sino quien lo ha cesado por la contratación irregular de al menos dos conciertos”, expone Javier Suárez Llana.

El edil ha insistido en que “si la máxima autoridad política del Ayuntamiento tiene la más mínima sospecha de que en su gobierno se ha cometido un delito, su obligación es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. No hacerlo responde única y exclusivamente a los cálculos políticos que caracterizan la forma de gobernar de Carmen Moriyón”.

Por su parte, Olaya Suárez ha denunciado “la extrema gravedad de que se hayan estado usurpando sistemáticamente las competencias del consejo de administración en un aspecto tan sensible como es la contratación pública”.

El dinero en juego

La portavoz municipal de Podemos sostiene que las cuantías económicas que se barajan son importantes: “Estamos hablando de cientos de miles de euros en tres años en contratos que podrían haber sido irregulares, y nos preguntamos por qué han fallado los controles de la contratación pública tanto de Divertia como del propio Ayuntamiento”, inquiere.

Además, ha recordado que, en el caso de los conciertos de este verano “la insistencia de Divertia en asumir su producción también sirvió para que se pagasen cerca de 300.000 euros de dinero público por el escenario y el suministro eléctrico del recinto, de los que se benefician las empresas privadas que organizan allí sus eventos”.

Apuntan hacia la alcaldesa

Al igual que su compañero en la corporación municipal, Olaya Suárez también ha apuntado hacia la responsabilidad de la alcaldesa, tanto por su cargo en el ayuntamiento como “por haber colocado al concejal tránsfuga en esta posición, contra todo sentido de la lógica y del buen gobierno, por lo que ahora no basta con cesarlo y correr un tupido velo”, ha incidido.

La edil considera que es “imprescindible que todos los implicados ofrezcan explicaciones, incluido el gerente como encargado de la gestión de Divertia, porque la ciudadanía merece saber qué y por qué pasó, quién tuvo la responsabilidad y si alguien se ha podido beneficiar de estas irregularidades”.

Vuelve el agente 81.067, inspector jefe Manuel Morocho. El policía que investigó los casos Gürtel y caja B de PP, y que ha denunciado en el Congreso, en un juzgado de instrucción y ante dos tribunales de la Audiencia Nacional la campaña de acoso que vivió por parte de los mandos policiales para entorpecer sus pesquisas va a prestar declaración sobre las maniobras que presenció contra Podemos durante su paso, obligado, por el nido de la brigada política que se organizó en la Dirección de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La última declaración pública de Morocho, ante el tribunal de Kitchen el 29 de abril pasado, dejó una pista que Podemos ha seguido como acusación popular en esa causa. El inspector jefe aludió al intento de sus superiores de que participara en 2016 en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) durante su relato. Los abogados de la formación política pidieron al juez Santiago Pedraz, que instruye otra de las patas de la guerra sucia del PP, dirigida contra Podemos, que Morocho declare en el marco de la misma todo lo que sabe de las maniobras contra el partido.

Como pidió Podemos, Morocho no declarará ante el juez, sino que será la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, que ha investigado toda la causa Villarejo, quien le tomará declaración. Una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso elDiario.es dice que se trata de “esclarecer la autoría del informe PISA, fecha de creación, modo de obtención de la documentación personal empleada en su elaboración (singularmente de la factura del señor Iglesias obrante en página 3, al menos en algunas de las versiones del documento)...”.

Tras las presiones para que no incluya el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe de la Caja B y continuos retrasos en la supervisión de sus informes antes de enviarlos al juzgado, la Dirección de la Policía emprende otra estrategia con Morocho. El policía ha rechazado los destinos 'dorados' que le han ofrecido en el extranjero y el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, decide cargarle de otros trabajos para que no pueda avanzar en los que afectan al PP. Y así le destina en atribución temporal de funciones a la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tendrá que combinar su trabajo allí con la investigación de la caja B a las órdenes directas del juez Ruz.

En el juicio de Kitchen, durante el turno de preguntas a Morocho, el abogado de Podemos le preguntó por su destino en la Dirección Adjunta Operativa. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.

Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.

Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho dio un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reaccionó y reorientó el interrogatorio rápidamente. Preguntó por el informe PISA y el inspector jefe aseguró que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pidió que analizase el contenido del dosier.

Investigación a la 'pata' mediática de la guerra sucia

A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.

Ahora, el juez Pedraz quiere que Asuntos Internos pida a Morocho la “identificación de los periodistas y/o medios a los que resultó filtrado [el informe PISA]; para lo que habrá que darse traslado a la referida Unidad de Asuntos Internos de la querella y auto de admisión, documentación aportada por UDEF sobre la denominada operación Venus, así como la declaración prestada en sede judicial por la testigo N. C. P. [antigua trabajadora del canal donde tenía un programa Iglesias]”.

De este modo, al menos parcialmente, Podemos logra que Pedraz encargue la investigación policial a una unidad especializada, lo que en otros casos que instruye este y otros jueces hace que la instrucción cuente con propuestas de los investigadores que, en muchas ocasiones, la Fiscalía y el juez utilizan como guía para las pesquisas.

Cabe recordar que la causa de la guerra sucia a Podemos sufre continuos varapalos por las negativas de Pedraz a expandir la investigación o imputar a determinados policías y que solo las propuestas de Podemos, muchas veces acordadas por la Sala de lo Penal, han impulsado el caso, ante la pasividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pedraz vuelve a dejar fuera a Urbán

En este sentido, en un auto del pasado martes, Pedraz vuelve a desestimar la petición de Miguel Urbán de ser parte personada en la causa de la guerra sucia en relación con el montaje que sufrió acerca de una falsa venta de droga por su parte de 40 kilos de cocaína. En el escrito, Pedraz insiste en desvincular la operación Cardenal de la guerra sucia contra Podemos pese a que se produjo en el primer semestre de 2016, cuando arreciaban las maniobras contra la formación por si llegaba al Gobierno de la mano de una coalición progresista.

“La Fiscalía archivó, previa práctica diligencias, sin que conste dato alguno más. Es más, la propia Sala en auto de 8 de mayo ha desestimado la ampliación de la querella por la denominada operación Cardenal”, alega el juez en su auto. De este modo el fundador de Podemos, y eurodiputado en el momento del montaje, no podrá acusar por la falsa acusación policial. De paso, el comisario que impulsó el montaje, José Luis Olivera, se vuelve a salvar de la imputación, una vez más, por una decisión de Pedraz. El juez adopta la decisión de acuerdo con el fiscal Vicente González Mota.

El Congreso de los Diputados se fue de vacaciones el pasado jueves y no está previsto que vuelva a reunirse en sesión plenaria hasta el próximo mes de septiembre. También el Gobierno se va a tomar unas semanas de descanso en las que no habrá reuniones ordinarias del Consejo de Ministros. Pero, entre bambalinas, al Ejecutivo le espera un agosto movido, ya que será en plena canícula cuando tendrá que negociar los apoyos para convalidar —a inicios del nuevo curso político— el decreto de vivienda que aprobará el próximo martes. Y esa negociación se prevé enormemente compleja, puesto que el Gobierno se va a enfrentar al mismo desafío que le ha complicado toda la legislatura: el de hacer encaje de bolillos para satisfacer a sus socios de derechas sin perder a los de izquierdas por el camino.

PSOE y Sumar cerraron el pasado miércoles el acuerdo en el seno del Gobierno sobre el contenido del decreto que en principio iba a aprobar el Consejo de Ministros este martes, pero que finalmente se ha aplazado a septiembre, precisamente por la falta de apoyos. Aunque el Ministerio de Vivienda ha mantenido contactos desde hace semanas con Junts para introducir algunas de sus reivindicaciones en el texto, el paquete de medidas no solo no ha logrado —al menos en primera instancia— el apoyo de los independentistas, sino que también ha soliviantado al otro actor clave para que el decreto siga vigente después del parón de verano: Podemos.

Las críticas de unos y otros tienen que ver con diferentes puntos del texto, pero revelan que el Gobierno tiene trabajo por delante para intentar conciliar los puntos de vista de sus socios progresistas y conservadores, algo especialmente complicado en un ambiente que cada vez más abiertamente es de precampaña electoral. De hecho, fuentes de Junts afeaban el pasado jueves la primera propuesta del Ejecutivo e interpretaban que, habiendo elaborado un decreto “amplio” en lugar de uno “pequeño y con medidas de consenso”, La Moncloa demuestra que “no tiene interés de que salga adelante, sino en hablar de su libro y hacer campaña” electoral.

Pese a la frialdad con la que han recibido la primera propuesta pública del Gobierno, Junts no se ha cerrado en banda a negociar, aunque un dirigente de la formación deja claro que, “tal y como está ahora”, los independentistas no van a apoyar un decreto que consideran “más de lo mismo”.

Otras fuentes del partido sostenían el mismo miércoles que su voto será negativo al texto “si mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. El borrador del decreto elaborado por el Ejecutivo no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, no recupera la exención fiscal para los pequeños propietarios hipotecados y tampoco establece medidas para facilitar los desahucios exprés.

La reforma de la ley del suelo, un escollo inesperado

Para Junts, por el contrario, no resulta tan problemática otra de las patas del decreto que sí supone una línea roja para Podemos: las modificaciones en la ley del suelo para dar más manga ancha a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, calificó el pasado jueves de “reforma de la ley del suelo con adornos” el paquete de medidas planteado por el Gobierno, y dejó claro que su partido no piensa apoyar la convalidación del decreto si incluye artículos que, a juicio de Podemos, suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.

Fuentes de Podemos abundaban la semana pasada en ese razonamiento, y dejan claro que no van a apoyar —y tampoco a abstenerse— en la votación del decreto si incluye cambios en la ley del suelo, que el PSOE ha intentado aprobar sin éxito en varias ocasiones durante la legislatura.

Los morados no ven con malos ojos las medidas que se han incluido en relación estrictamente a la vivienda, entre ellas la iniciativa estrella del texto, la posibilidad de solicitar una prórroga de dos años de todos los contratos de alquiler que venzan antes del 1 de julio de 2028. Pero fuentes del partido aseguraban que “la eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”. Y la aritmética parlamentaria está de su parte: con su voto en contra, al Gobierno no le dan los números para convalidar el decreto, incluso con el apoyo de Junts.

Pero el Ejecutivo también ha recibido presión por su derecha precisamente para lo contrario que exige Podemos: que el decreto sí reforme la ley del suelo. El PNV, cuyos votos también son imprescindibles para que el texto sea aprobado, ha pedido cambios en la norma que van en la línea que el Gobierno —y el PSOE, fundamentalmente, que es la formación que ha intentado con más ahínco reformar la ley del suelo esta legislatura— ha seguido al diseñar su borrador. En una nota de prensa enviada el miércoles pasado, los nacionalistas vascos aseguraron que es “imprescindible dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos” para que, “si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse”, así se haga “y no tirar todo el planeamiento y volver a empezar”.

Ante esta compleja geometría parlamentaria, el Gobierno ha decidido optar por la discreción. El ala socialista se limita a afirmar que lo pactado con su socio de Consejo de Ministros es únicamente un primer texto que poder negociar con los grupos. Mientras tanto, Sumar se centra en celebrar los aspectos que considera más positivos del decreto: la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prórroga de los contratos de alquiler por dos años al mismo precio, que además se extenderá a todos los arrendamientos que venzan hasta el 30 de junio de 2028. “Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar un acuerdo”, planteaba el jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero, para ello, al Ejecutivo le espera una negociación intensa a varias bandas durante todo el mes de agosto.

La planta de almacenaje de residuos de la empresa Onaindia de Vitoria, que sufrió un incendio de grandes dimensiones en la noche del último día de marzo al primero de abril del año pasado, estuvo funcionando sin contar con la preceptiva autorización. Las llamas, que dieron lugar a una elevada columna de humo y hundieron la calidad del aire de la ciudad hasta niveles de insalubridad, destaparon incumplimientos en la gestión de residuos. Ahora, una información aportada al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que la empresa no formuló la solicitud de autorización ambiental hasta el mes de julio, pasados tres meses del incendio.

A petición de Jon Hernández, parlamentario de Sumar, el consejero afirma que la solicitud se cursó el 11 de julio del pasado año. Era para una autorización integrada, no única. “El régimen de intervención ambiental al que se encuentra sometida la instalación objeto de la solicitud corresponde a una autorización ambiental única, y no a una autorización ambental integrada”, señala Jauregi. La solicitud, por ese motivo entre otros, “no cumplía la totalidad de los requisitos exigidos para su admisión a trámite”, por lo que se hicieron requerimientos y no fue hasta el 29 de mayo de 2026, más de diez meses después, que la empresa presentó la documentación necesaria. A la fecha de la respuesta del consejero, todavía se estaba analizando la documentación.

A raíz del incendio, y como ya contó este periódico, una inspección reveló que en la planta había al menos seis zonas con residuos “fuera del ámbito de la autorización” con la que se contaba en ese momento. Se incoó un expediente sancionador contra la empresa. El mismo informe elaborado a raíz de esa visita apuntaba a que en el año 2024 se había superado la recepción de residuos autorizados. Fuentes de Onaindia consultadas en aquel momento subrayaron que los requerimientos nada tenían con ver con el incendio.

Las llamas dejaron una de las naves de Onaindia arrasada. La empresa empezó unas obras para reconstruir la nave calcinada, pero el Ayuntamiento ordenó en mayo de 2026 paralizar los trabajos porque Onaindia no contaba aún con permiso municipal. Desde la oposición, los grupos de EH Bildu y Elkarrekin se mostraron muy críticos: EH Bildu pidió que la actuación municipal no se quedase en una “mera advertencia” y Elkarrekin aseveró que la empresa no podía irse “de rositas”. En la respuesta del consejero Jauregi de este mes de julio, se señala que el Gobierno vasco todavía “no tiene constancia del inicio de las obras”.

En la comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda de este lunes, el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández se ha apoyado en la respuesta brindada por el consejero al Parlamento Vasco para incidir en que la empresa aún no cuenta con la autorización ambiental única y que estuvo “al menos cuatro años” operando sin ella y sin licencia municipal. “Estuvo operando en una situación irregular y el Ayuntamiento no hizo seguimiento”, ha subrayado. El concejal del ramo, el socialista Borja Rodríguez, se ha ceñido a las competencias urbanísticas y ha afirmado que, siendo requisito imprescindible para la empresa contar con la autorización ambiental única para poder proseguir con las obras de reconstrucción, se esperará a que se siga adelante con la tramitación. “Los mecanismos de control urbanístico del Ayuntamiento funcionan. Cuando los servicios municipales detectaron una actuación que requería licencia, actuaron en consecuencia”, se ha defendido Rodríguez, que ha incidido, además, en que ha habido “máxima transparencia”.

Fuentes de la empresa indican que las obras están efectivamente paradas, a la espera de que se solventen los trámites en curso. En cualquier caso, reiteran que la empresa está siguiendo el protocolo en todo momento.

Podemos Canarias ha exigido este domingo al Gobierno autonómico cumplir el objetivo de destinar el 5% del producto interior bruto (PIB) a educación, tal y como recoge la Ley Canaria de Educación no Universitaria, y reforzar la inversión pública para hacer frente a las principales carencias que, a su juicio, presenta el sistema educativo en las islas.

La portavoz de Educación de la formación, Ana Gloria Sánchez, realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que hizo balance de la gestión del Ejecutivo autonómico en materia educativa, a la que otorgó una calificación de 4. Según defendió, la educación pública “no puede sostenerse solo gracias al esfuerzo del profesorado” y aseguró que “continúa arrastrando déficits que requieren una mayor inversión”.

Entre las principales críticas, Podemos señaló la insuficiencia de plazas públicas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y reclamó una financiación que permita ampliar la oferta educativa en esta etapa. Asimismo, denunció la falta de especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, una situación que, a su juicio, dificulta garantizar una atención adecuada en los centros.

Podemos Canarias también puso el foco en la Formación Profesional, donde aseguró que la falta de recursos está provocando una sobrecarga para el profesorado. Además, reclamó la construcción de nuevos centros educativos en Lanzarote, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria y Tenerife para responder al crecimiento de la demanda educativa.

El objetivo del 5% del PIB

La Ley Canaria de Educación no Universitaria establece que la inversión pública en educación debía alcanzar, como mínimo, el 5% del PIB de Canarias en un plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la norma, un objetivo fijado para 2022. Sin embargo, el Consejo Escolar de Canarias ha advertido de forma reiterada de que ese compromiso legal sigue sin cumplirse y ha reclamado al Gobierno autonómico un incremento de la financiación educativa para ajustarse a lo previsto en la ley.

El nuevo decreto de vivienda elaborado por el Gobierno sigue vivo y debe sufrir cambios hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como se espera. El PSOE y Sumar aún deben convencer a Podemos, PNV y Junts para que voten a favor después de sus críticas al borrador que circuló este miércoles, al que elDiario.es ha tenido acceso.

Uno de los principales puntos de este decreto es el de incluir el alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los contratos de temporada tendrán un máximo de 12 meses y deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. A la que pasen de ese marco temporal, serán considerados como vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, con el nuevo decreto sí que se encuadrarán en esta categoría y estarán amparados por la LAU. Eso significa que los contratos serán de cinco años, siete si es con empresas, y estarán acogidos a las mismas prórrogas y condiciones. Por ejemplo, el casero no podrá aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El nuevo decreto también establece que la suma de los alquileres de habitaciones no puede ser mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las Comunidades Autónomas o ciudades donde hay control de precios.

Los inquilinos quedan también más protegidos con el nuevo decreto ante los caseros en cuanto a la devolución de fianzas y las reparaciones. Por ejemplo, para que se descuenten cuantías deberán firmar tanto casero e inquilino un documento de conformidad de que ha habido daños.

Las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste de uso correrán a partir de ahora a cargo del casero, si se aprueba el decreto. Y los inquilinos tendrán derecho a presentar un presupuesto para reformas de mayor calado que, de no ser aprobado por el propietario en unos días, podrán tirar adelante y descontarse después el coste de las rentas. Además, las reparaciones de vivienda habitual estarán exentas de IVA.

En cuanto a los desahucios, las Comunidades Autónomas deberán ofrecer vivienda alternativa a las familias que sufran un lanzamiento, ya sea de alquiler o de compra. Si no lo hacen, este quedará suspendido. Y, durante la suspensión, si el casero no es un gran tenedor, la Comunidad Autónoma deberá cubrir los impagos del inquilino y pagar el alquiler al casero. Para que eso sea posible, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una prórroga más amplia

La prórroga de los contratos de alquiler es una de las grandes novedades de más rápido efecto del nuevo decreto. Además de garantizar que todas las extensiones solicitadas durante el periodo de vigencia de la ley se cumplan, se tendrán que otorgar ampliaciones obligatorias a todos los inquilinos cuyo contrato finalice antes de junio de 2028. Esto protegerá a miles de inquilinos de subidas de precios del alquiler o expulsiones, a no ser que el propietario necesite irse a vivir a esa casa.

Si el nuevo texto sale adelante, no se podrán repercutir gastos extra a los inquilinos en los mercados tensionados para aumentar el precio topado del alquiler.

Tampoco las viviendas de alquiler asequible o protegido podrán tener gastos extras que aumenten el precio por encima del 30% de la renta del inquilino, como está sucediendo en el Plan Vive de Madrid.

Otra situación que podría afectar al Plan Vive es que los inquilinos siempre tendrán derecho preferente de compra en las viviendas que se vendan, incluso en casos en que se vendan en paquetes o en bloque. En esos supuestos, el precio individualizado de la vivienda ha de estar prefijado y los inquilinos tendrán compra preferente, derecho que Avalon ha negado recientemente de manera expresa a sus inquilinos.

Además, el Estado también podrá ejercer a través de la empresa pública Casa 47 derecho a tanteo y retracto en la venta de viviendas y más concretamente en los paquetes. De esta forma, podría tener una vía rápida a la compra de casas en pack de grandes fondos como sucedió con las 5.000 de Blackstone, que finalmente compró otro fondo, el canadiense Brookfield.

Casa 47 se dota así de una herramienta para adquirir más vivienda pública que la que pueda construir, que se sumará además a las miles procedentes de la Sareb. Pero no es la única: también absorberá casas de otros entes estatales como Adif, la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda de Defensa (Invied) o Muface.

Nuevos impuestos a las socimis

Las socimis (sociedades cotizadas inmobiliarias), que hoy en día no pagan impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15 y el 25% por su actividad, que se verá bonificado si ponen gran parte de su vivienda en alquiler social.

El texto incluye también algunas medidas fiscales como que los pisos turísticos tengan IVA o la bonificación en el IRPF a caseros que alquilen a gente joven, a precio asequible o que bajen el alquiler y también a inquilinos jóvenes. Este ha sido uno de los puntos que ha dejado insatisfecho a Junts, que esperaba bonificaciones a hipotecados y a inquilinos en general, así como medidas antiokupación.

El decreto autoriza al Ministerio a poner en marcha una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.000 millones para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.

El Gobierno obligará también a poner el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso cuando no estén en zonas tensionadas.

Y promociona el ahorro de familias con los Seguros Individuales a Largo Plazo (SIALP) y las cuentas de inversión a los jóvenes mediante los planes Financia Europa.

Por último, el punto que más ha inquietado a Podemos es la modificación de la Ley del Suelo con este decreto, que cree que podría legalizar proyectos ilegales de manera retroactiva y reducir controles sobre proyectos futuros. El texto agiliza los planes urbanísticos con tal que defectos menores no paralicen desarrollos completos y establece silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales. Además, elimina el derecho de reversión para antiguos propietarios si en los terrenos adquiridos se hace vivienda protegida.

El nuevo decreto para aliviar la crisis de acceso a la vivienda es, por ahora, tan solo un borrador recién salido del horno tras el pacto entre PSOE y Sumar en el seno del Gobierno, pero los socios —que recibieron el texto este miércoles— ya han comenzado a tomar posiciones... y, en algunos casos, a expresar sus desavenencias. Ese es el caso de Podemos, que denuncia que el Ejecutivo está intentando “colar” en el paquete de medidas una parte de la reforma de la ley del suelo que el Ministerio de Vivienda lleva intentando aprobar sin éxito desde 2024. En efecto, el borrador —tal y como ha podido comprobar elDiario.es— incluye modificaciones en más de una decena de artículos de la norma.

Fuentes de la formación morada aseguran que, para ellos, que el decreto incluya disposiciones sobre la ley del suelo es una “línea roja”, y aseguran que solo van a “sentarse a negociar” su apoyo al texto si se retiran esos artículos. “La eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”, espetan fuentes de Podemos, que sostienen que el borrador del decreto que han recibido modifica “dos elementos relevantes” de la norma: “El sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados”. La ley del suelo es una normativa clave en materia de urbanismo porque regula el desarrollo de los planeamientos, la puesta en marcha de nuevos desarrollos inmobiliarios o la construcción de nueva vivienda.

“El primero de los cambios implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros”, y “también limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas”, denuncian estas fuentes de Podemos, que afirman que la segunda de las modificaciones legales incluidas en el borrador del decreto “eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin”. “Se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín”, espetan.

Podemos se muestra muy crítico con estos artículos porque, sostienen, su redacción “es prácticamente igual a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024, que rechazaron no sólo Podemos, sino también Sumar, ERC y Junts y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que también contó con el rechazo mayoritario de la Cámara Baja”.

Las modificaciones

En concreto, el borrador del decreto introduce cambios en varios de los artículos clave de la ley del suelo. Uno de los más importantes es el relativo al artículo 55, el que establece la “nulidad y anulabilidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”. Con su nueva redacción, el Gobierno busca que un plan urbanístico solo pueda declararse nulo si se detectan un cierto número de defectos especialmente graves, como la incompetencia manifiesta del órgano que aprueba el plan, la omisión total del procedimiento, la falta de evaluación ambiental, la ausencia de información pública, la omisión de informes esenciales o la inexistencia de una memoria justificativa suficiente. Con el resto de defectos, el decreto permitiría a las administraciones revertir los mismos antes de tumbar todo el plan, incluso aunque un tribunal haya determinado la ilegalidad de la actuación urbanística.

La segunda de las críticas de Podemos, la relativa a las expropiaciones, se trata en el artículo 47 de la ley del suelo, que también se modifica. El borrador de decreto elaborado por el Gobierno reduciría las posibilidades de cuestionar un plan urbanístico a partir de los cuatro años posteriores a su aprobación, y además solo permitiría pedir la impugnación por defectos materiales, no procedimentales, lo cual limita la acción de grupos que pudieran protestar contra eventuales ilegalidades.

Varias formaciones de izquierdas en Santa Cruz de Tenerife han convocado una asamblea abierta este viernes, a las 19:00 horas en el Parque de Los Gladiolos, para abordar las desigualdades entre barrios y anunciar el inicio de conversaciones para un futuro acuerdo político conjunto. La cita reunirá a vecinas y vecinos con representantes de Podemos, Nueva Canarias, Izquierda Unida, Sí Se Puede y Movimiento Sumar Canarias en un “momento clave” para el futuro municipal.

El encuentro, bajo el título Barrios iguales, barrios diversos, busca analizar las diferencias en acceso a servicios públicos, transporte, vivienda y recursos culturales entre el centro y la periferia. La convocatoria pone el foco en una realidad persistente: mientras algunas zonas concentran inversiones, otros barrios afrontan carencias estructurales que afectan a miles de personas.

Los convocantes sitúan el debate en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y la falta de planificación urbana inclusiva. Según datos recientes, el precio del alquiler ha aumentado más de un 20% en los últimos años en la capital tinerfeña, dificultando el acceso a un hogar digno, especialmente en barrios con menor renta. A esto se suma una oferta limitada de transporte público y escasos espacios culturales en zonas periféricas, lo que refuerza la desigualdad social y territorial.

La asamblea no solo pretende diagnosticar, sino activar soluciones desde la participación ciudadana. La iniciativa, defienden, responde a la necesidad de construir una alternativa política sólida que evite la fragmentación del espacio progresista, ya que en las elecciones municipales anteriores, miles de votos no se tradujeron en representación suficiente, lo que abrió el debate sobre la importancia de la unidad.

En este contexto, el encuentro servirá también para anunciar el inicio de conversaciones entre las fuerzas convocantes con el objetivo de explorar un acuerdo amplio de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. La meta es clara: articular una propuesta común que permita a la izquierda gobernar el Ayuntamiento de Santa Cruz y revertir las desigualdades actuales.

Los organizadores señalan que “esta asamblea es un primer paso para escuchar a la ciudadanía y construir una ciudad más justa desde abajo”. Añaden que “la unidad no es solo una estrategia electoral, sino una herramienta para garantizar derechos, redistribuir recursos y asegurar que ningún barrio quede atrás”.

La convocatoria se presenta como un espacio abierto, participativo e inclusivo, donde la voz de los barrios será protagonista en la definición del futuro de la ciudad.

EH Bildu sería primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros, mientras que PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes y el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, lo que daría, por primera vez, mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas, según el Sociómetro de julio de Gipuzkoa. En una rueda de prensa en Donostia, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha presentado los resultados del último Sociómetro. La suma de Elkarrekin Podemos y Sumar, con un 5,2% de apoyo estimado, mantendría su representación de un juntero mientras que el PP lograría un 5% de los votos y un representante.

“Estos resultados apuntan a que la coalición de Gobierno mantendría sus apoyos y alcanzaría por primera vez la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuerza política”, ha incidido la portavoz foral. Por otra parte, el último sociómetro refleja “una recuperación gradual de la confianza en la política”, y, así, el número de personas que manifiestan confiar en ella se sitúa en el 28,8%, frente al 17,2% registrado en 2023. “La desconfianza sigue siendo mayoritaria y alcanza el 67,1%”, ha reconocido, según recoge Europa Press.

“Se mantiene la valoración positiva de las instituciones vascas y el orden de proximidad institucional continúa marcando la percepción ciudadana”, ha indicado Berasaluze. De esta forma, los ayuntamientos son la institución mejor valorada, con 5,52 puntos sobre 10, seguidos de la Diputación de Gipuzkoa, con 5,43 puntos, y del Gobierno vasco, con 5,29“. El Gobierno central continúa siendo la institución peor valorada, con 3,81 puntos. Según Berasaluze, ”la proximidad, la capacidad de respuesta y la presencia en el día a día siguen siendo elementos fundamentales para recuperar la confianza.“

En cuanto al conocimiento y valoración de los principales líderes políticos, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, “sigue obteniendo la mejor valoración y repunta en conocimiento”, siendo conocida “por el 51,9%” de la ciudadanía, que le da una puntuación media de 5,73 sobre 10. El lehendakari, Imanol Pradales, obtiene un 87,8% en conocimiento y el presidente español, Pedro Sánchez, un 98,6%.

Situación económica

Por otro lado, ha señalado que, según el Sociómetro, “ocho de cada diez guipuzcoanos y guipuzcoanas esperan mantener o mejorar su situación económica”. Así, la situación económica personal obtiene una valoración media de 6,69 puntos sobre 10, el 82,3% de las personas encuestadas le otorga a su situación una nota igual o superior a 6 y el 80,5% considera que durante el próximo año su situación se mantendrá estable o mejorará.

La nueva encuesta refleja “una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su calidad de vida” y confirma que la vivienda y las cuestiones económicas “continúan concentrando las principales preocupaciones de la ciudadanía y se consolidan como algunos de los grandes retos del territorio para los próximos años”, ha indicado.

Berasaluze ha destacado que “el sociómetro refleja una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su situación personal, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente y exigente respecto a los grandes retos colectivos que Gipuzkoa deberá afrontar en los próximos años”. “La vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8%, pero existe una diferencia entre la percepción del problema y la incidencia directa en la vida cotidiana porque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3%”, ha apuntado.

También ha indicado que “esta realidad cambia de forma notable entre la población joven”, ya que “entre las personas de entre 18 y 29 años, el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4%, lo que confirma que estamos ante uno de los grandes desafíos generacionales y ante una cuestión clave para la emancipación y los proyectos de vida de nuestros jóvenes.”

La encuesta, realizada mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa entre el 25 de junio y el 1 de julio, recoge las impresiones y valoraciones de la ciudadanía ante diversos temas sociales y políticos. En el apartado Economía y nivel de vida, “los 6,69 puntos sobre 10 con relación a la situación económica personal son el dato más elevado de la serie reciente que mantiene su tendencia positiva”, ha explicado. Según Berasaluze, “esta buena percepción se refleja también en la evolución del nivel de vida”.

Así, “el 51,3% de la ciudadanía considera que su situación se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años y el porcentaje de quienes creen que ha mejorado aumenta hasta el 21,5%, un punto más que en la medición de diciembre”. “En paralelo, continúa reduciéndose el número de personas que consideran que su situación ha empeorado, pasando del 37,4% registrado en septiembre de 2023 al 26,8% actual, lo que supone una reducción de 10,6 puntos porcentuales en menos de tres años”, ha afirmado. “La confianza en el futuro también se mantiene en buenos niveles, al estimar el 46,9% que la situación económica del territorio se mantendrá estable y un 16% considera que mejorará, mientras que un 26,8% prevé un empeoramiento”, ha detallado.

En el ámbito social, “la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8%, muy por encima del 54,3% registrado en diciembre de 2025 y del 50,2% de mayo de 2025”. El empleo y la situación laboral ocupan la segunda posición, con un 22,2%, seguidos por la sanidad, con un 20,8%, y la seguridad ciudadana, que se sitúa en cuarto lugar con un 14,5%. Los niveles de bienestar emocional se mantienen prácticamente estables respecto a mediciones anteriores.

De este modo, “la ciudadanía guipuzcoana valora su estado anímico con un 7,41 sobre 10 y mantiene una valoración muy positiva de su red de apoyo familiar y social, que alcanza una puntuación de 8,02 puntos, el indicador mejor valorado del estudio”. La portavoz foral ha incidido en que este sociómetro refleja que “Gipuzkoa avanza desde la estabilidad, afrontando con atención y responsabilidad los principales retos sociales y del territorio, pero manteniendo la confianza en su economía, en su modelo de bienestar y en sus fortalezas como comunidad”.

Podemos Cantabria ha presentado un escrito complementario ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, dentro de las diligencias de investigación preprocesal que se están tramitando actualmente, con el objetivo de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal diversos antecedentes relacionados con la gestación del convenio singular suscrito entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde.

La formación ha informado este jueves en un comunicado que la decisión se adopta una vez concluido el procedimiento de acceso a la información pública promovido por Podemos, que requirió la intervención de los mecanismos de garantía previstos en la normativa de transparencia, y tras analizar el expediente administrativo facilitado por la Consejería de Salud.

Según ha explicado, el examen del expediente administrativo facilitado por la Consejería le ha permitido comprobar que la documentación remitida no contiene referencias a reuniones mantenidas entre el Gobierno de Cantabria y responsables del Hospital Santa Clotilde o de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para abordar el futuro convenio singular durante el año 2024.

Sin embargo, “existe información pública que sitúa el inicio de los trabajos y negociaciones relacionados con dicho convenio varios meses antes de la aprobación de la modificación legislativa que incorporó el artículo 90 bis a la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria y habilitó esta nueva figura de colaboración”.

El partido ha precisado que entre esa información figura la reunión mantenida el 29 de mayo de 2024 entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y representantes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la que ambas partes anunciaron públicamente que estaban trabajando en un “convenio singular que dé estabilidad a la colaboración entre instituciones”.

Asimismo, la propia Memoria 2024 del Hospital Santa Clotilde recoge expresamente que durante dicho ejercicio el centro ya se encontraba trabajando en el denominado 'Acuerdo de vinculación' con el Servicio Cántabro de Salud, incluyendo reuniones relativas a la definición de la futura cartera de servicios y de los volúmenes de actividad previstos para los próximos años.

Para el consejero ciudadano de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, “resulta cuando menos extraño que en mayo de 2024 se hable de negociaciones sobre algo que legalmente no existe hasta varios meses después”.

“Después de varios requerimientos a transparencia teníamos esperanza de conocer el contenido de esas negociaciones, pero ahora que transparencia ha cerrado el expediente no nos queda otra que informar a la Fiscalía”, ha señalado.

Para Podemos, “si la propia documentación corporativa del hospital sitúa el denominado 'Acuerdo de vinculación' como uno de los elementos estratégicos del plan de crecimiento y ampliación del centro en su Memoria de 2024 y, además, se habla públicamente del convenio singular meses antes de existir esa figura legal, resulta razonable preguntarse si la modificación normativa y el posterior expediente administrativo respondieron a una planificación preexistente, cuestión que precisamente corresponde esclarecer a la Fiscalía”, ha concluido.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de obligar a Ciudad Real a devolver nombres vinculados a la dictadura franquista a cinco de sus espacios públicos no es solo un revés administrativo, es un choque frontal contra el espíritu democrático de la mayoría de la ciudadanía.

Por ello, la postura del Ayuntamiento de Ciudad Real, con su Alcalde a la cabeza, debe ser la de recurrir judicialmente esta sentencia por ser una obligación moral y política con los vecinos.

Las leyes de memoria histórica y democrática en España no nacieron para reabrir heridas, sino para cerrarlas sobre una base de justicia, reparación y no repetición. Desde Podemos Ciudad Real defendemos que mantener en el callejero a figuras estrechamente vinculadas con el régimen franquista contradice el marco legislativo actual.

El Ayuntamiento tiene el deber de velar por que el espacio público —que pertenece a todos los ciudadrealeños, sin distinción— sea un lugar de encuentro democrático y respetuoso con los derechos humanos.

El callejero también es el reflejo de los valores democráticos de una sociedad moderna. Las calles de Ciudad Real deben homenajear a quienes construyeron convivencia, cultura, ciencia y progreso, no a quienes formaron parte de un periodo de fractura social y privación de libertades.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy. El espacio urbano educa, y el mensaje que enviamos a los jóvenes debe ser de concordia y libertad, y no de admiración al franquismo.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy

El alcalde no es solo un gestor de recursos; es el máximo representante de la voluntad y la dignidad de la ciudadanía. Al presentar el Recurso que proponemos, el Alcalde demostraría que su compromiso con la calidad democrática de la ciudad está por encima de reminiscencias franquistas; el no presentarlo demostraría que esas reminiscencias existen en su persona o/y en su partido, el PP.

La vía judicial es el cauce democrático para corregir una Sentencia que en Podemos Ciudad Real consideramos profundamente injusta, que no refleja lo ordenado en la vigente Ley de Memoria Democrática, ni el sentir mayoritario de una sociedad moderna como la ciudadrealeña. No se trata de borrar la historia, sino de decidir a quién honramos en el presente.

Els sondejos situen el partit de Baldoví i Oltra per damunt del 20% dels vots en unes hipotètiques autonòmiques —alguns fins i tot per davant del PSPV—, encara que aquest creixement no garanteix un tomb electoral. El repte és com sumar amb la resta de l'esquerra sense diluir la potència de la marca CompromíseCompromís té suficients arguments demoscòpics per a concórrer en solitari a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals i aspirar a un resultat històric. Així ho apunten tant les enquestes internes com les externes. La coalició valencianista travessa el seu millor moment en termes d'expectatives electorals i s'ha convertit en el principal refugi dels votants socialistes que, a dia de hui, no repetirien el seu suport al PSPV en unes eleccions a la Generalitat. Eixa fugida de vot obri a l'esquerra valenciana la possibilitat de protagonitzar un tomb electoral al maig de 2027. Segons l'últim treball elaborat pels analistes del projecte que lidera Joan Baldoví a partir de dades del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), el 34% del vot socialista acabaria recalant en Compromís.

Després d'elaborar diferents escenaris a partir de les dades públiques del CIS, la coalició maneja sis hipòtesis: en quatre governaria la dreta i en dos ho faria l'esquerra. El marge d'error els permet sostindre que, en aquests moments, existeix un empat tècnic entre blocs i que l'estratègia d'aliances, la precampanya i la campanya electoral seran determinants. Quant a la fidelitat del vot, Compromís seria, al costat del PP, el partit que millor conservaria els seus electors de 2023. A més, és l'única força que competeix amb Vox entre els menors de 29 anys i obté els seus millors resultats entre la població de 30 a 44 anys.

Però bastaran eixes expectatives de suport històric perquè l'esquerra recupere el Palau de la Generalitat? De moment, les enquestes constitueixen un dels principals arguments de Compromís —especialment del sector majoritari, Més— per a defendre que la coalició ha de ser l'única marca electoral a l'esquerra del PSPV. No obstant això, Mònica Oltra, referent d'Iniciativa i amb reconegut olfacte per a detectar l'estat d'ànim de la societat valenciana, ja ha advertit que farà falta mobilitzar fins a l'últim vot, i no solament atraure els socialistes descontents, per a aconseguir la majoria. “Cal superar les sigles”, sosté, encara que sense convertir la candidatura en una “sopa de sigles”.

Des de l'entorn de Joan Baldoví, en canvi, es planteja una “integració generosa” de les restants forces de l'esquerra alternativa, principalment Esquerra Unida, Podem i Esquerra Republicana del País Valencià. Sumar, per ara, queda fora de l'equació: l'organització continua sense consolidar-se a la Comunitat Valenciana i continua immersa en els seus conflictes interns. Entre les tres primeres formacions van sumar el 2023 més de 90.000 vots que, en no superar el llindar del 5%, no es van traduir en representació parlamentària i van facilitar una victòria més àmplia de Carlos Mazón. És cert que han transcorregut més de tres anys i que la seua absència de les institucions pot haver-les debilitat. Però també ho és que l'esquerra difícilment pot permetre's tornar a desaprofitar prop d'un 3% dels vots repartits entre diverses candidatures.

La qüestió és com aprofitar tota la potència de la marca Compromís construint una candidatura unitària en què la resta de forces se senten representades i reconegudes. No sembla senzill, encara que tampoc impossible. Un veterà analista de Compromís, considerat durant anys un dels principals estrategs de la coalició, m'explicava recentment que les polítiques impulsades per PP i Vox han convertit la defensa del País Valencià en una qüestió de dignitat. Dignitat davant la gestió de la dana. Dignitat de docents i comunitat educativa davant les retallades. Dignitat davant les polítiques xenòfobes de la prioritat nacional. Dignitat en defensa de la sanitat pública i dels professionals sanitaris. Dignitat per protegir i promoure el valencià. En definitiva, dignitat davant les negligències i els abusos de poder. “Hauríem de presentar les candidatures de la dignitat. Una a cada poble afectat per la dana”, resumeix.

La idea d'unes “candidatures de la dignitat” davall el paraigua de Compromís és una de les possibilitats que previsiblement apareixeran en les negociacions que estan per venir. De moment, la coalició ja ha constituït una mesa de treball sobre possibles aliances i tant Podem com Esquerra Unida i Esquerra Republicana del País Valencià han expressat la seua disposició a concórrer en una única candidatura situada a l'esquerra del PSPV tant en les eleccions autonòmiques com en les municipals. Poc més.

Llista unitària al Congrés i una Entesa amb el PSPV per al Senat

Si la negociació per a les llistes autonòmiques i municipals promet ser complexa, la d'unes hipotètiques eleccions generals —que podrien celebrar-se el febrer de 2027 si el Govern no aconsegueix aprovar els Pressupostos— es presenta, en principi, menys conflictiva. L'experiència demostra que una candidatura unitària de l'esquerra valenciana pot aspirar a obtindre fins a una desena de diputats, mentre que la concurrència per separat podria reduir aquesta representació a tot just un.

Al Senat, on el PP manté actualment la majoria absoluta, cada vegada són més les veus de l'esquerra —incloent-ne algunes del mateix PSPV— que defenen recuperar una Entesa integrada per socialistes, Compromís, Podem i Esquerra Unida. Una aliança d'aquestes característiques podria situar el bloc progressista com a primera força a les tres circumscripcions valencianes i permetre-li obtindre nou dels dotze senadors en joc. El 2023 el PP va aconseguir huit escons i el PSOE quatre.

La cambra alta ha adquirit durant aquesta legislatura un protagonisme polític molt més gran de l'habitual. La majoria absoluta del PP l'ha convertida en un eficaç instrument de desgast del Govern mitjançant comissions d'investigació i altres iniciatives de control parlamentari. Amb tot, a l'esquerra valenciana, alguns dirigents comencen a defendre que convé preparar també aquest escenari “pel que puga passar”.

Compromís tiene suficientes argumentos demoscópicos para concurrir en solitario a las próximas elecciones autonómicas y municipales y aspirar a un resultado histórico. Así lo apuntan tanto las encuestas internas como las externas. La coalición valencianista atraviesa su mejor momento en términos de expectativas electorales y se ha convertido en el principal refugio de los votantes socialistas que, a día de hoy, no repetirían su apoyo al PSPV en unas elecciones a la Generalitat. Esa fuga de voto abre a la izquierda valenciana la posibilidad de protagonizar un vuelco electoral en mayo de 2027. Según el último trabajo elaborado por los analistas del proyecto que lidera Joan Baldoví a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 34% del voto socialista acabaría recalando en Compromís.

Tras elaborar distintos escenarios a partir de los datos públicos del CIS, la coalición maneja seis hipótesis: en cuatro gobernaría la derecha y en dos lo haría la izquierda. El margen de error les permite sostener que, en estos momentos, existe un empate técnico entre bloques y que la estrategia de alianzas, la precampaña y la campaña electoral serán determinantes. En cuanto a la fidelidad del voto, Compromís sería, junto al PP, el partido que mejor conservaría a sus electores de 2023. Además, es la única fuerza que compite con Vox entre los menores de 29 años y obtiene sus mejores resultados entre la población de 30 a 44 años.

Pero ¿bastarán esas expectativas de apoyo histórico para que la izquierda recupere el Palau de la Generalitat? De momento, las encuestas constituyen uno de los principales argumentos de Compromís —especialmente del sector mayoritario, Més— para defender que la coalición debe ser la única marca electoral a la izquierda del PSPV. Sin embargo, Mónica Oltra, referente de Iniciativa y con reconocido olfato para detectar el estado de ánimo de la sociedad valenciana, ya ha advertido de que hará falta movilizar hasta el último voto, y no solo atraer a los socialistas descontentos, para alcanzar la mayoría. “Hay que superar las siglas”, sostiene, aunque sin convertir la candidatura en una “sopa de siglas”.

Desde el entorno de Joan Baldoví, en cambio, se plantea una “integración generosa” de las restantes fuerzas de la izquierda alternativa, principalmente Esquerra Unida, Podemos y Esquerra Republicana del País Valencià. Sumar, por ahora, queda fuera de la ecuación: la organización sigue sin consolidarse en la Comunitat Valenciana y continúa inmersa en sus conflictos internos. Entre las tres primeras formaciones sumaron en 2023 más de 90.000 votos que, al no superar el umbral del 5%, no se tradujeron en representación parlamentaria y facilitaron una victoria más amplia de Carlos Mazón. Es cierto que han transcurrido más de tres años y que su ausencia de las instituciones puede haberlas debilitado. Pero también lo es que la izquierda difícilmente puede permitirse volver a desperdiciar cerca de un 3% de los votos repartidos entre varias candidaturas.

La cuestión es cómo aprovechar toda la potencia de la marca Compromís construyendo una candidatura unitaria en la que el resto de fuerzas se sientan representadas y reconocidas. No parece sencillo, aunque tampoco imposible. Un veterano analista de Compromís, considerado durante años uno de los principales estrategas de la coalición, me explicaba recientemente que las políticas impulsadas por PP y Vox han convertido la defensa del País Valencià en una cuestión de dignidad. Dignidad frente a la gestión de la dana. Dignidad de docentes y comunidad educativa frente a los recortes. Dignidad frente a las políticas xenófobas de la prioridad nacional. Dignidad en defensa de la sanidad pública y de los profesionales sanitarios. Dignidad para proteger y promover el valenciano. En definitiva, dignidad frente a las negligencias y los abusos de poder. “Deberíamos presentar las candidaturas de la dignidad. Una en cada pueblo afectado por la dana”, resume.

La idea de unas “candidaturas de la dignidad” bajo el paraguas de Compromís es una de las posibilidades que previsiblemente aparecerán en las negociaciones que están por venir. De momento, la coalición ya ha constituido una mesa de trabajo sobre posibles alianzas y tanto Podemos como Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià han expresado su disposición a concurrir en una única candidatura situada a la izquierda del PSPV tanto en las elecciones autonómicas como en las municipales. Poco más.

Lista unitaria al Congreso y una Entesa con el PSPV para el Senado

Si la negociación para las listas autonómicas y municipales promete ser compleja, la de unas hipotéticas elecciones generales —que podrían celebrarse en febrero de 2027 si el Gobierno no logra aprobar los Presupuestos— se presenta, en principio, menos conflictiva. La experiencia demuestra que una candidatura unitaria de la izquierda valenciana puede aspirar a obtener hasta una decena de diputados, mientras que la concurrencia por separado podría reducir esa representación a apenas uno.

En el Senado, donde el PP mantiene actualmente la mayoría absoluta, cada vez son más las voces de la izquierda —incluidas algunas del propio PSPV— que defienden recuperar una Entesa integrada por socialistas, Compromís, Podemos y Esquerra Unida. Una alianza de estas características podría situar al bloque progresista como primera fuerza en las tres circunscripciones valencianas y permitirle obtener nueve de los doce senadores en juego. En 2023 el PP consiguió ocho escaños y el PSOE cuatro.

La Cámara Alta ha adquirido durante esta legislatura un protagonismo político mucho mayor del habitual. La mayoría absoluta del PP la ha convertido en un eficaz instrumento de desgaste del Gobierno mediante comisiones de investigación y otras iniciativas de control parlamentario. De ahí que, en la izquierda valenciana, algunos dirigentes empiecen a defender que conviene preparar también ese escenario “por lo que pueda pasar”.

El PSOE volvería a ser la fuerza más votada en el caso de celebrarse elecciones generales, y además gana ventaja sobre el PP, siempre según el Barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Si en junio, nada más estallar los casos de Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero, esa diferencia se redujo a cuatro puntos ahora vuelve a rozar los ocho, y se sitúa en 7,9.

El barómetro se elaboró entre los días 1 y 6 de este mes a través de 4.020 entrevistas. Fue, por tanto, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo condenara al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a más de 24 años de cárcel por el caso Mascarillas.

Según el estudio, los socialistas se mantienen con el 33% de los votos, seguidos del PP, que se queda con el 25,1%, dos puntos menos que hace un mes. A los populares les sigue Vox, con el 15,3% de los votos, Sumar se quedaría con un 6,1% y Podemos, con el 2,5%.

Un mes más, Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,25 puntos sobre diez. Le sigue Yolanda Díaz, con un 4. Alberto Núñez Feijóo obtiene 3,64, y Santiago Abascal, 2,96. En este sentido, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 40% de los encuestados que expresan su opinión, lo que supone una ventaja de 19,2 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,8%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 13,8% y Gabriel Rufián, para el 6,9%.

Respecto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 29,6% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 69,1% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 18,4% de los encuestados afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 79,8% asegura que “poca o ninguna”.

La inmigración, segundo principal problema

Preguntados por el principal problema de España, para los encuestados vuelve a ser la vivienda. La mencionan un 43%, de los ciudadanos, tres puntos más que el mes anterior. El dato más llamativo es, no obstante, que el segundo problema que citan los españoles es la inmigración. La cita el 23,4% de los encuestados, coincidiendo con la publicación de los datos de las personas que se acogieron al proceso de regularización promovido por el Gobierno. En tercer lugar se sitúan los problemas políticos en general, mencionados por el 18,7% de los ciudadanos.

Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la vivienda, en primer lugar, con el 26,9%; la crisis económica, en segundo lugar, con el 26,1%; y la sanidad, con el 20%. El 68,4% de los españoles considera que su situación económica personal es actualmente “muy buena o buena”, frente al 22,8% que afirma que es “mala o muy mala”. Un 7,8% opina que es “regular”. En cuanto a la situación económica general de España, cambia la percepción: el 38,3% la considera “buena o muy buena”, mientras que el 55% la percibe como “mala o muy mala”. El 5,4% dice que es “regular”.

El nuevo decreto de vivienda que el Gobierno anunció la semana pasada que aprobaría durante el mes de julio no se ha puesto aún en marcha, pero su convalidación en el Congreso —donde el texto tendrá que someterse a votación en un plazo máximo de 30 días hábiles tras salir del Consejo de Ministros— ya ha comenzado a ponerse cuesta arriba. Este martes, Podemos dejó claro que no tiene intención de votar a favor de ningún paquete de medidas que incluya nuevas exenciones fiscales para propietarios que pongan su vivienda en alquiler. Y esa es, precisamente, una de las exigencias de Junts que el Ejecutivo está dispuesto a satisfacer para intentar lograr el apoyo de los independentistas al decreto, imprescindible para que este se mantenga en vigor tras pasar por el parlamento.

Quien expuso esta línea roja para Podemos fue su secretaria general, Ione Belarra, que este martes aseguró en una rueda de prensa que “nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”. “Ni por activa, ni por pasiva”, dejó claro Belarra, lo cual descarta tanto un voto a favor de un decreto que incluya esta medida como una abstención que facilitara su convalidación. “Así como hay votos imprescindibles en la derecha catalana, también hay votos imprescindibles en la izquierda”, argumentó Belarra para defender la posición de su partido. Y fuentes de la formación morada plantean que, si el Gobierno quiere aprobar estos incentivos fiscales, debería llevarlos al Congreso en un decreto separado al de las medidas de vivienda.

Este posicionamiento de Podemos supone un problema para el Gobierno, uno al que la Moncloa ha tenido que enfrentarse en multitud de ocasiones durante la legislatura: que las mayorías que cose por la derecha se le descosen por la izquierda, y viceversa. Con la actual aritmética parlamentaria, el Ejecutivo no se puede permitir un voto en contra ni de Junts ni de Podemos si quiere convalidar en el Congreso el decreto que ha prometido aprobar durante el mes de julio. Necesita, al menos, el apoyo de uno de los dos partidos y la abstención del otro para asegurarse que el texto salga adelante: cosechar el rechazo o bien de Junts o bien de Podemos daría al traste con el paquete de medidas.

Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda evitan valorar el movimiento llevado a cabo este martes por Belarra argumentando que cualquier declaración pública podría desestabilizar una negociación que ya se prevé enormemente complicada. Y es que el decreto de vivienda que planea el Gobierno, lejos de limitarse a incluir la prórroga por dos años de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 —la medida estrella del paquete de medidas que PP, Vox y Junts derribaron hace dos meses—, también contendrá una regulación más restrictiva de los arrendamientos de temporada y por habitaciones o un incremento del IVA a los pisos turísticos, así como los ya mencionados incentivos fiscales a propietarios y también a inquilinos para contentar a Junts.

La estrategia de Vivienda desde que cayó el anterior decreto ha sido la de intentar hacer un encaje de bolillos entre sus socios de izquierdas, encabezados por Sumar, y los de derechas, fundamentalmente el PNV y Junts, para intentar lograr un texto que convenza a todos ellos, algo que ha ocurrido en muy contadas ocasiones a lo largo de la legislatura cuando lo que se han discutido han sido asuntos económicos. Y de ahí que, a juicio del Ejecutivo, todas las piezas del paquete de medidas sean imprescindibles, especialmente en un momento de enorme precariedad parlamentaria del Gobierno y con un Junts que insiste en que el presidente Pedro Sánchez debe dimitir.

Pese a todo, en la Moncloa existe cierta confianza en que, en esta ocasión, es posible lograr el apoyo de los independentistas catalanes al decreto. Y fuentes del ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, consideran que, en la recta final de la legislatura y con la posibilidad real de un adelanto electoral para el primer trimestre de 2027, Junts no se puede permitir volver a ser responsable de derribar un paquete de medidas de vivienda, como hizo hace algo más de dos meses junto a PP y Vox. La coalición que lidera Yolanda Díaz, a diferencia de Podemos, se ha abierto a aceptar que se incluyan en el decreto algunas de las reivindicaciones fiscales de los independentistas a cambio de su apoyo a la prórroga de los alquileres y la regulación de los arrendamientos de temporada.

Sumar eleva la presión sobre Junts

Para evitar soliviantar a un Junts que, desde que escenificó hace meses su ruptura con el Gobierno, ni siquiera reconoce negociar nada con el Ejecutivo, el PSOE ha decidido mantener un perfil bajo y no presionar a los independentistas con el decreto. Por el contrario, Sumar sí ha apostado por señalar públicamente al partido que lidera Carles Puigdemont, y este mismo martes la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal, también diputada de los Comuns, aseguró estar “convencida de que el PSOE, con el impulso de Sumar, va a hacer lo que debe, y de que Junts debe, esta vez sí, permitir que una regulación que pide la mayoría” de la ciudadanía catalana salga adelante.

“Junts es un grupo con unos intereses inmobiliarios y económicos muy marcados, pero que también debe responder a los intereses de la población a la que representa”, y “en Cataluña el problema de la vivienda es acuciante”, argumentó Vidal. La portavoz adjunta de Sumar también aseguró que los de Puigdemont han de hacer la “reflexión” de que “esta estrategia del no a todo y de bloquearlo todo les ha llevado prácticamente a un sorpasso por parte de Aliança Catalana”, y denunció que “la antipolítica abre las puertas al fascismo, y Junts lo está comprobando en sus propias carnes”. “El hecho de que estén sentados negociando es síntoma de que han hecho esa reflexión”, celebró Vidal.

Además, a diferencia de Vivienda, Sumar sí se mostró crítica con la posición de Podemos, aunque la portavoz adjunta evitó elevar demasiado el tono contra la formación morada. “A estas alturas, todo el mundo entiende que un decreto no es un programa electoral”, deslizó, eso sí, Vidal, que recordó que en el Congreso “existen unas mayorías que son legítimas, nos gusten o no”. “Es legítimo que Junts haya decidido convertirse en representante de la patronal inmobiliaria, y no sería comprensible que pudiéramos sacar adelante un decreto que, entre otras cosas, permitiera que más de tres millones de personas puedan prorrogar sus alquileres o regulara el alquiler temporal y por habitaciones y que un partido de izquierdas, por maximalismo, no lo apoyara”, planteó la dirigente, que aseguró no tener “dudas” de que, al final, “Podemos hará lo que tiene que hacer”.

El Gobierno sigue dando pasos en la aprobación de los presupuestos para 2027, un camino que se antoja cada vez más cuesta arriba al Ministerio de Hacienda, porque las intenciones de La Moncloa de presentar las primeras cuentas de la legislatura chocan con unos socios –singularmente, Junts y Podemos– que no parecen estar muy por la labor de apoyarlos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la pata que le faltaba al Gobierno para el diseño de los presupuestos: el techo de gasto, que es la cifra clave con la que el Ejecutivo procede a financiar cada uno de los capítulos de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el de 2027 será de 226.032 millones, un 6,6% más –excluidos los fondos europeos– que el de la ley de 2026, que La Moncloa renunció a presentar.

“Es la cifra más alta jamás aprobada”, se felicitó España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, un número que “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia”, incidió.

Por ponerlo en perspectiva, el último presupuesto de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de junio de 2018, contó con un techo de gasto de 119.834 millones. Es decir, en solo ocho años los recursos de las cuentas públicas han sumado 106.198 millones, prácticamente el doble (88,6%). Y el efecto no es únicamente por la subida de los precios: desde junio de 2018 la inflación acumulada es del 25%.

Sumar saca pecho, Podemos y Junts critican

El Gobierno ha tirado de chequera para elaborar las cuentas públicas con “los mayores recursos de la historia” para “blindar el Estado del bienestar”, dijo el ministro de Hacienda. Pero estas cifras abultadas parecen más un canto de sirena con el que tratar de contentar a unos socios que, a puertas de un año electoral, no parecen dispuestos a darle ese balón de oxígeno al Gobierno.

Incluso dentro de la propia coalición. Fuentes de Sumar se apresuraron a anunciar que habían alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar el techo de gasto en 1.500 millones de euros, una cifra con la que se encuentran “satisfechos”, ya que dará más margen en ese eventual presupuesto para financiar más políticas sociales.

El techo de gasto no se vota en el Congreso, como sí sucede con los objetivos de estabilidad presupuestaria, el corsé para las administraciones públicas. El gobierno ha fijado un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Y la corrección de este desequilibrio irá a cuenta de la Administración Central, ya que las comunidades autónomas contarán con un margen del 0,1% del PIB durante el trienio. 5.849 millones de euros de holgura, en total.

Y estas cifras no han gustado a dos socios cuyos votos son clave para pasar el filtro de las Cortes Generales. Ni Podemos ni Junts están entusiasmados, lo que aboca a la senda de déficit a una derrota el próximo 14 de julio y, previsiblemente, en una segunda votación en un Pleno extraordinario el 23 de este mes.

“Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, dijo este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ya el año pasado se abstuvo en las dos votaciones que el Gobierno llevó al Congreso. Ese techo de gasto “amplio”, a su juicio, no se está empleando en la mejora de los servicios públicos, como defiende el Gobierno, sino en “reforzar los compromisos militares de España” y “contribuir a la escalada militar”.

Un argumento calcado al de Junts, el hueso más duro de roer para La Moncloa. “Si el gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, indican fuentes de los posconvergentes, que ya el año pasado tumbó los dos intentos del Ejecutivo por aprobar la senda de estabilidad. “El PSOE persiste en el error. La misma fórmula de siempre —no pagar a Catalunya— que pretenden que compremos a cambio de nada”, apuntan.

En el pasado, el partido de Carles Puigdemont argumentó su rechazo en que el Gobierno se reservaba el grueso del déficit, que debería repartir en tercios para cada nivel de la Administración (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos). Eso supondría darle este año a las regiones un margen del 0,6% del PIB.

Pero en Hacienda argumentan que, en realidad, una vez descontadas las transferencias a la Seguridad Social y la recaudación del impuesto a la banca (que capta el Ejecutivo, pero remite a las comunidades), el objetivo de la Administración central y las regionales es el mismo: un déficit 0,2%. Tesis que no convence a Junts.

“Invito y pido al PP que reflexione, que no es el momento de partidismos y no es el momento de estar pensando en jugadas electorales”, dijo España desde la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha tratado de tentar a las comunidades peor financiadas, que son del PP, para tratar de forzar las costuras del partido. “Cada territorio y sus diputados deberían votar en función de sus intereses y del conjunto del país, y no de la calle Génova”, abundó el titular de Hacienda.

Si decae en dos ocasiones la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá libertad para redactar sus Presupuestos con toda la flexibilidad presupuestaria, mientras que las comunidades tendrán que elaborar sus cuentas en equilibrio. Pero esas dos votaciones son batallas menores. La idea en La Moncloa es presentar el proyecto en septiembre, a la vuelta del verano. Y ahí se decidirá el futuro de la legislatura.

A la luz de las primeras reacciones, la operación de enajenación del pabellón público de la Diputación Fernando Buesa Arena y de las parcelas de aparcamiento de su entorno para que sean adquiridos por el grupo conformado por Saski Baskonia y Deportivo Alavés dispondrá de mayoría política en su tramitación en las Juntas Generales, el Parlamento foral de Álava. En Radio Vitoria, el socio del PNV, el PSE-EE, y también el PP han considerado positivo el proyecto presentado este lunes por el diputado general, el nacionalista Ramiro González, y el presidente de la entidad, Josean Querejeta.

Para los socialistas, la valoración es “en principio positiva”. El PP, más claro, ha señalado que “aquí hay un empresario que lleva muchos años haciendo una apuesta muy importante por Álava” y que ha anunciado “más de 150 millones en inversiones”, lo que “a priori es muy positivo” para Vitoria, según Iñaki Oyarzábal.

En el lado contrario, la oposición de izquierdas ha encajado con recelo el proyecto, del que aún no se han dado cifras concretas. “Nos surgen muchas dudas. No vale el sí por el sí. Es una operación muy complicada, muy sensible. Hay que mirarlo con lupa”, ha dicho Eva López de Arroyabe, de EH Bildu. Podemos, de su lado, habla de “pelotazo absoluto”, de “operación inmobiliaria especulativa”. IU también lo ve inaceptable.

A nivel interno, el colectivo Gurea DA, asociación de pequeños accionistas del Deportivo Alavés, ha planteado una batería de preguntas tanto al club como a la Diputación. Entre las segundas, plantean “qué razones impulsan a la máxima institución de la provincia a desprenderse de patrimonio público”. Insisten en que se debería aclarar si el proyecto, que incluye igualmente un segundo edificio para la Universidad Euneiz y una nueva residencia, supone abrir la puerta a un posible traslado del estadio de Mendizorroza a esa zona de Zurbano, una incógnita que Querejeta no quiso despejar en la rueda de prensa.

Para Gurea DA, las instituciones siguen alcanzando “opacos acuerdos privados” con Querejeta sin pensar en el interés público. “Asegurar su titularidad pública es defender la vocación de servicio de una infraestructura estratégica, que garantice el acceso democrático y universal a la cultura y al deporte. Su venta rompe la imprescindible cohesión comunitaria vinculada a todo patrimonio público. Por si esto no fuera suficiente, el proyecto de mejora del Fernando Buesa Arena se basa en dotar a la instalación de palcos y zonas VIP, en lo que es una irrefrenable deriva consistente en transformar espectáculos tradicionalmente populares en propuestas con tufo clasista. El anuncio de su privatización es una pésima noticia [...]. De la mano de esta venta, se da a conocer la ampliación de Euneiz, proyecto educativo también privado y elitista. [...] Lejos de cumplir con su obligación de volcar recursos en la educación pública, nuestras instituciones (ayer la Diputación) aplauden e impulsan proyectos de este tipo, llevando a cabo de esta manera una progresiva privatización encubierta de nuestro sistema educativo”, exponen.

Y agregan: “Como alavesistas no podemos ocultar nuestra perplejidad ante la incesante presentación de ambiciosos proyectos económicos por parte de un club, el nuestro, con evidentes problemas para retener talento deportivo. ¿Nos puede explicar alguien cómo se van a afrontar estas millonarias inversiones sin asegurar antes la única fuente sustancial de ingresos? Resulta innecesario reseñar que dicha fuente de ingresos pasa, sí o sí, por la permanencia y consolidación de nuestro Glorioso en Primera División”.

Podemos Camargo ha solicitado al Ayuntamiento que elimine las sueltas de vaquillas de las fiestas del Carmen de Revilla “por la participación de menores y el maltrato animal”.

En un comunicado, la formación ha expresado su rechazo a las tres sueltas de vaquillas programadas durante las fiestas, en las que se permite la participación de personas menores de 18 años.

El partido considera que este tipo de espectáculos “no tienen cabida en unas fiestas patronales del siglo XXI, al suponer un riesgo para la integridad física de quienes participan y transmitir a niños, niñas y adolescentes una forma de ocio basada en el estrés y el sufrimiento de los animales”.

Podemos Camargo ha señalado que la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) obliga a todas las administraciones públicas a garantizar el interés superior del menor y a promover entornos seguros y libres de violencia. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado expresamente a España que impida la participación y asistencia de menores a espectáculos taurinos, por considerar que pueden afectar a su bienestar y desarrollo.

“La infancia merece crecer en un entorno donde se fomenten valores como la empatía, el respeto a los seres vivos y la resolución pacífica de los conflictos. No entendemos qué necesidad existe de permitir que menores participen o presencien un espectáculo en el que existe un riesgo evidente de accidentes y en el que el sufrimiento animal forma parte de la actividad”, señalan desde la formación.

Podemos Camargo considera que las tradiciones “no pueden permanecer ajenas a la evolución de la sociedad” y que las instituciones tienen la responsabilidad de impulsar unas fiestas populares “acordes con los valores actuales de protección de la infancia, bienestar animal y convivencia”.

Por ello, ha solicitado al alcalde, Diego Movellán, que deje de programar las sueltas de vaquillas en las fiestas del Carmen de Revilla y apueste por actividades culturales, musicales, deportivas y familiares que permitan disfrutar de las fiestas “sin poner en riesgo a las personas menores de edad ni utilizar a los animales como parte de un espectáculo”.

El PNV volvería a ganar las elecciones a Juntas Generales en Bizkaia en 2027 con 24 junteros, uno más que en 2023, mientras EH Bildu podría sumar uno o dos y obtener 16 o 17 representantes. Los socialistas perderían un apoderado y obtendrían siete, al igual que el PP, que se quedaría con dos. Podemos podría conservar uno de los dos junteros logrado en coalición con IU y Equo Berdeak o perder la representación, mientras Vox, que ahora no tiene representación, conseguiría 0 o 1 escaños. Sumar volvería a quedarse sin espacio en el Parlamento foral.

Estos datos se recogen en la prospección electoral de la Diputación de Bizkaia hecha pública este miércoles, realizada por Gizaker. Durante el sondeo se han realizado 3.000 entrevistas telefónicas entre la población de Bizkaia de más de 18 años a lo largo de los pasados meses de mayo y junio. Los datos reflejan una nueva victoria del PNV, que, con el 39,3% de los votos, una décima más que en 2023, pasaría de 23 a 24 junteros. Continuaría en segundo puesto EH Bildu, con un 29,5% del voto, cuatro puntos más que en la anterior convocatoria, de forma que podría elevar sus actuales 15 apoderados a 16 o 17.

El PSE-EE pierde apoyos al obtener un 13,8% de las papeletas (el 16,2% en 2023) y lograr siete representantes, uno menos. También reduciría el volumen de votos PP, que pasaría del 8,4 al 6,6%, y de tres a dos junteros. Mientras, Podemos, que obtuvo un 7,4% del sufragio en coalición con IU y Equo Berdeak, caería al 3,7%, de forma que lograría entre cero y un asiento frente a los dos actuales. Vox pasaría del 2 al 3,1% del apoyo electoral, lo que le permitiría conseguir un juntero o no obtener ninguno, como en la actualidad. Sumar, que conseguiría el 2,3% del sufragio, no entraría en la Cámara foral de Bizkaia. Además, la abstención descendería ligeramente, del 39,9% de las anteriores elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia al 38,7% de una eventual convocatoria en 2027.

Por circunscripciones

El PNV obtendría seis representantes en las circunscripciones electorales de Bilbao (uno más), al igual que en Busturia-Uribe y Encartaciones, y cinco en Durango-Arratia. Mientras, EH Bildu lograría cinco en Busturia-Uribe, cuatro en Durango-Arratia, cuatro en Encartaciones (uno más) y 3 o 4 en Bilbao, lo que le abre la posibilidad de sumar otro juntero en la comarca.

El PSE-EE perdería un juntero en Bilbao y obtendría dos, y mantendría el resto en Encartaciones (tres), Durango-Arratia (uno) y Busturia-Uribe (uno). El PP lograría tan solo un escaño en Bilbao y perdería el segundo, mientras que mantendría el de Busturia-Uribe. Elkarrekin Podemos tendría la posibilidad de conservar en la circunscripción de Bilbao su único apoderado o perderlo, y Vox podría conseguir uno en la misma circunscripción o quedarse fuera de nuevo de la Cámara foral.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado este sábado sobre el acuerdo de gobierno suscrito en Andalucía que le gusta “mucho más la España de Lamine Yamal que dibuja esta selección en el Mundial que la que señalan PP y Vox”.

Belarra, que participa en Málaga en un encuentro municipalista de Podemos Andalucía, ha señalado a los periodistas que la España por la que apuesta “representa a muchas más personas, una mayoría social que no encuentra una expresión porque el PSOE ha demostrado en todos estos años de Gobierno que no está a la altura del país que somos”.

“La gente pensaba que votando al PSOE obtendría políticas feministas, de subida del salario mínimo y de vivienda para tener casas más baratas, y solo encuentra en esta legislatura, después de echar a Podemos del Gobierno, rearme, una corrupción repugnante y especulación con la vivienda”, ha añadido.

Para la dirigente de Podemos, “con esos mimbres es imposible ganarle al PP y Vox”, pero hay “una mayoría social en España y en Andalucía que es mejor que sus gobernantes, que el PP y Vox”.

Ha rechazado esa “España totalmente blanca que ellos imaginan y con la que sueñan, como ha demostrado Feijóo esta semana, negándose a que los hijos de los exiliados españoles tengan la nacionalidad de nuestro país, cuando son lo mejor que ha tenido este país”.

“Estoy convencida de que España es mejor que el PP y Vox, y de que somos mayoría los españoles que creemos que este país es diverso y feminista, en un día como hoy en el que estamos orgullosas de las personas LGTBI y queremos un país con derechos para todas esas personas”, ha dicho.

Por ello, Podemos constituirá “candidaturas que sean una alternativa valiente, porque con la actitud conservadora del PSOE, con políticas de rearme y de especulación con la vivienda con las que están de acuerdo el PP y Vox, es imposible frenar el proceso de fascistización que tiene la derecha española”, según Belarra.