¿Podría Vox modificar o suprimir el Estado de las autonomías en caso de llegar al Gobierno de España? La formación ultraderechista se ha manifestado abiertamente en contra de este sistema en numerosas ocasiones. Incluso ha incluido en sus programas electorales a nivel nacional la eliminación total de las autonomías.

Sin embargo, incluso si un partido político obtiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo tendría “muy difícil” para poder llevar a cabo una reforma de esa envergadura. Así lo ha asegurado Enrique Belda, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha durante la celebración de las XXIX Jornadas de Derecho Autonómico que se celebran durante dos días en el campus de Cuenca.

Belda, que es además diputado del PP por Ciudad Real en el Congreso ha defendido en su intervención que para poder realizar un cambio de tal calado “no valdría” que el partido gobernante tuviera la mayoría de votos en el Congreso de los Diputados. “Las mayorías reflejan lo que pasa en un momento determinado, pero nuestro sistema está pensando para que cualquier cambio sustancial lleve un proceso de racionalización a través de un poder de reforma”, ha explicado el catedrático, añadiendo que es algo que sucede “en cualquier democracia avanzada”.

Así, considera que ese “poder de reforma” al que aludía es “muy difícil” que se dé, ya que sería necesario aplicar el artículo 168 de la Constitución. Dicho apartado establece que, para sacar adelante ciertas revisiones constitucionales como la que exigiría una recentralización del Estado autonómico, sería necesaria su aprobación, en primer lugar, por dos terceras partes del Congreso y del Senado, una posterior convocatoria de elecciones para que las nuevas Cámaras elegidas vuelvan a ratificar la modificación por dos tercios y, en último lugar, someter la revisión a un referéndum de ratificación.

Por tanto, el catedrático concluye que “el propio sistema se guarece” de la posibilidad de una recentralización como la propuesta por Vox. “Ese episodio sería una eventualidad, o sea, solo sería posible si después de ganar en 2026 tuvieran una mayoría amplísima que permitiera un proceso de reforma constitucional”.

Un marco “claro” y “ambiente de colaboración”

En su ponencia, Belda se ha mostrado crítico con algunas disfuncionalidades que presenta el reparto de competencias constitucionales entre las diferentes administraciones. Ha asegurado que el sistema “genera muchas broncas” entre las autonomías y el Estado. “Pero para eso está el Tribunal Constitucional. Hay problemas, pero también un mecanismo de articular el sistema”, ha añadido.

Para evitar esas tensiones, el catedrático ha apuntado la importancia de que esté “muy claro” el marco de reparto de competencias. “El ciudadano tiene que saber perfectamente quién dirige eso, si su ayuntamiento, su gobierno autonómico o el Gobierno nacional”.

En segundo lugar, también ha destacado la importancia de que exista un ambiente “de cooperación y de colaboración” entre las diferentes administraciones, ya que lo contrario es propio de políticos “muy malos”.

En ese punto, Belda ha comparado la gestión de crisis a consecuencia de las danas que impactaron en los territorios de la Comunitat Valenciana y en Andalucía, una diferencia en la gestión y en la colaboración entre diferentes administraciones que ha calificado como “la noche y el día”. También ha puesto el accidente ferroviario en Adamuz como ejemplo de cooperación institucional para arreglar “lo mejor posible ua situación de urgencia”.

Las jornadas, organizadas por el área de Derecho Constitucional de las facultades de Ciencias sociales y Comunicación, se celebran durante dos días y se centran este año en abordar el sistema autonómico en Castilla-La Mancha desde el punto de vista de los medios de comunicación y la opinión pública, analizando los distintos Estatutos de Autonomía vigentes en España así como los diferentes parlamentos o asambleas regionales, el sistema electoral autonómico o las identidades dentro del Estado de las Autonomías.

Este martes, el periodista Enrique Lumbreras, presentador del programa El Escaño de Radio Castilla-La Mancha, Leo Cortijo, director de La Tribuna de Cuenca y Carmen Bachiller, directora de elDiario.es Castilla-La Mancha han abordado la descentralización desde el punto de vista de los medios de comunicación y de la opinión pública.

En jornada de tarde, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, Alicia González Moro, ha centrado su intervención en los partidos y el sistema electoral en el marco del federalismo americano. Mientras que Eduardo Espín Templado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha repasado los estatutos de autonomía en el sistema constitucional español.

Para este miércoles está prevista la intervención de la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares, María Ballester Cardell, que hablará de las asambleas autonómicas. El profesor de Derecho Constitucional Francisco Javier Díaz Revorio se centrará en las identidades del sistema autonómico, y en concreto en el caso de Castilla-La Mancha.

Las jornadas se cerrarán con una mesa redonda en la que debatirán distintos representantes parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la tramitación directa y en lectura única de la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlamento de Baleares para modificar el artículo 69.3 y atender la reivindicación histórica de que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza.

Esta forma de tramitación ha salido adelante con el único rechazo de Vox, la abstención del PP y UPN, mientras que el resto del Congreso ha votado a favor.

El contenido de esta reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio se debatirá y votará la próxima semana en el Pleno del Congreso, pero antes había que decidir la forma de tramitación, ya que se había pedido que sea en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

El Parlamento de Baleares ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, por lo que el Pleno del Congreso de este martes ha debatido iniciar el camino para que las islas de Formentera e Ibiza tengan un senador cada una.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

En cualquier caso, algunos partidos políticos han intentado también llevar esta reivindicación histórica al Congreso de los Diputados para que Formentera se desvincule de Ibiza en este distrito electoral conjunto y que cada uno disponga de un senador propio, aunque finalmente estas propuestas no prosperaron.

Ya ocurre en Canarias

La propuesta del Parlamento de Baleares es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También quieren incluir una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera “quedará demorada” hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que “queden reconocidas” de manera efectiva en el Senado “las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva”.

Asimismo, pretende “poner de manifiesto” el protagonismo de las islas para que una decisión como esa “se considere una buena reforma constitucional”, sentida “como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España”. De esta manera, la propuesta sigue su camino parlamentario en las Cortes Generales y los grupos podrán plantear diferentes enmiendas sobre otros temas.

Ya ocurrió algo similar cuando PSOE y PP registraron conjuntamente la propuesta principal para reformar el artículo 49 de la Constitución Española, que buscaba actualizar el texto sobre las personas con discapacidad.

Sin embargo, hubo algunos grupos que buscaban aprovechar la tramitación de esta reforma de la Constitución para plantear enmiendas sobre otros asuntos, aunque finalmente no salieron adelante y la modificación constitucional se ciñó únicamente al artículo 49.

En esta ocasión, grupos como el PNV ya han presentado enmiendas relacionadas con otros asuntos, mientras que el PP busca que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlamento balear.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, y la presidenta navarra, María Chivite, socialista, han rechazado tajantamente la propuesta de UPN, a través de una enmienda en las Cortes Generales, de que sea retirada de la Constitución española la disposición transitoria cuarta, introducida en 1978 y que habilita la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma que integran Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “Genera incertidumbre y no se corresponde con la voluntad mayoritaria y sostenida de la ciudadanía navarra”, defiende la formación ahora dirigida por la exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola.

Pradales y Chivite se han reunido este martes en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria en el marco de un encuentro de la Eurorregión que comparten también con la francesa Nueva Aquitania. Según ambos mandatarios, UPN ha usado una “bomba de humo” para tratar de tapar el hito que supone para Navarra la anunciada inversión de la empresa china Hithium, de 400 millones de euros y 1.050 empleos entre directos e indirectos.

“Me parece que esta propuesta proviene de alguien que se ve anclado en la oposición. Y es significativo que se haga hoy, para desviar el foco de lo importante”, ha afirmado Chivite desde la capital vasca. La presidenta ha explicado que UPN nunca lo ha planteado cuando ha liderado Navarra o cuando el PP ha tenido “mayorías absolutas” en España, y sostiene que en los debates de reforma de la Lorafna (el estatuto navarro) no ha sido objeto de estudio. Ha agregado que no hay un debate ciudadano que demande esa derogación.

“Hechos son amores”, ha dicho después la presidenta navarra, que ha querido subrayar su compromiso con el “crecimiento institucional” de la comunidad foral. “Cuando UPN estuvo en el Gobierno, jamás consiguió una competencia”, ha ironizado sobre su mandato, iniciado en 2019 y en el que, por ejemplo, han asumido las de Tráfico, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

Pradales, que ha dicho estar “bastante de acuerdo” con el análisis de Chivite, ha ironizado que los “adalides del constitucionalismo español” son precisamente los que buscan “modificar unilateralmente” cláusulas que son sustanciales para el encaje de los territorios vascos en España. Acto seguido, ha puesto en valor el “protocolo general” de colaboración entre ambas comunidades autónomas. Pradales ha calificado a Navarra como territorio “hermano”.

"En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143"

Disposición transitoria cuarta

Dicen que enterramos muy bien porque a nadie se le ocurre hacer un obituario injurioso del difunto. Cuestión de elegancia, delicadeza y buena educación. El protocolo funerario forma parte de las costumbres ancestrales que, por repetición y asimilación, se convierten en cultura de una sociedad, mediante la incorporación del consiguiente relato a su identidad como grupo para dotar de significado al ritual, sea religioso o no. Si actuamos de forma consciente y acordada en las despedidas, más aún lo hacemos con motivo de nacimientos, aniversarios y efemérides. Especialmente, en España, lo celebramos todo y no hay meses en el año en los que falte una fiesta diaria en cada uno de los territorios. La ceremonia con motivo de la longevidad de la Constitución del 78 —que convocó a la clase política esta semana en el Parlamento— parecería algo forzado o, cuando menos, sobreactuado si no la enmarcamos en esta manía ritual de inventar causas de celebración. Teniendo en cuenta nuestros antecedentes como pueblo experto en la discrepancia, más proclive a los altibajos pasionales que a la concienzuda perseverancia, hay muchos motivos para darnos un chute de autoestima y aprovechar la ocasión para sentirnos orgullosos y orgullosas del trabajo bien hecho. ¡¡¡Hay tan poco que celebrar últimamente!!!

Festejar la estabilidad política y jurídica de nuestro marco de convivencia, que no ha cumplido siquiera 50 años, puede parecer bisoño y autocomplaciente. Lo es si tenemos en cuenta que la Constitución de Estados Unidos lleva en vigor desde 1787 (con sus posteriores enmiendas) y la no codificada del Reino Unido aplica documentos históricos anteriores a 1215. Pero no se trata ahora de medir el simple paso del tiempo como un valor positivo en sí mismo, sobre todo cuando estamos viendo cómo la longevidad de la “Carta de Derechos” norteamericana parece papel mojado en manos del trumpismo. Pongamos el foco en los valores que este proceso constituyente ha aportado al desarrollo en paz de una sociedad moderna surgida de un país que era pobre y atrasado, ahora convertido en uno de los más avanzados, integrado en el espacio geopolítico más próspero del planeta. Nadie habría dado un duro por ello cuando se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal, tras 40 años de dictadura. ¿Que habría sido posible otra transición? Puede ser... ¿Que se cometieron errores? Sin duda. Pero en esa tesitura quisiera ver yo a los que hoy fanfarronean menospreciando la obra del 78, un auténtico milagro realizado en tiempo récord por constituyentes sin experiencia democrática, con los cuarteles en pie de guerra, el búnker en primera posición y la vida diaria del país ensangrentada de muerte por el terrorismo etarra o fascista. 

Que el hoy devaluado consenso y la altura de miras de la clase política de los años 70 fueron las claves del éxito es una obviedad. Como también lo es que el marco de convivencia haya llegado vivo a nuestros días por haber sido resultado de un acuerdo que comprometió a todo el espectro económico, social y político (con el añadido de los Pactos de La Moncloa). La sacralización de la Constitución durante estos años impidió su reforma y una necesaria adecuación a los tiempos modernos (con tan solo tres cambios muy parciales), pero sin duda ha preservado toda su virtualidad como anclaje fiable de nuestra convivencia. Las dos grandes fuerzas políticas (socialdemócratas y conservadores) fueron artífices de su aplicación en las primeras décadas pero la transformación del espectro electoral y el final del bipartidismo con nuevos elementos de convivencia en el siglo XXI ha alterado este equilibrio. No basta con ensalzar la santa obra constitucional de forma retórica. Como bien dijo Felipe VI en el Parlamento, hay que aplicarla. En la forma y fondo. 

La lealtad constitucional está hoy claramente en entredicho por culpa de tirios y troyanos. La oposición no ejerce de tal ni busca controlar el trabajo del Gobierno para mejorar la vida de la ciudadanía sino que usa y abusa de los instrumentos de que dispone con el único afán de destruir al adversario. Y el Gobierno se ha atrincherado en su parcela de poder multiplicando su gestión de manera unilateral, sin duda más preocupado de contar con los votos que le permitan seguir administrando el país que de conservar el espíritu del consenso fundacional de la democracia del 78 que implicó la complicidad con el partido opositor. Ni el PSOE es lo que era ni mucho menos el PP actual responde al espíritu centrista de los herederos de la UCD. Pero la Constitución que nos rige sigue siendo la misma y ambos partidos están obligados a acatarla y aplicarla, más allá de sus intereses electorales coyunturales. 

El texto de la Carta Magna supuso un ejercicio de pericia y prestidigitación que permitió la articulación de distintas sensibilidades políticas, identitarias y culturales en un modelo que entonces era novedoso y demostró su eficacia durante años. El reparto de competencias, poderes y contrapoderes está basado en el principio de la lealtad institucional para así preservar su equilibrio y eficacia. Es esa lealtad, que implica el respeto a las leyes y las instituciones, la piedra de toque de la Constitución, lo que nos garantiza la paz y asegura la convivencia. Si pervertimos y destruimos ambas estamos debilitando su arquitectura y corrompiendo sus valores. Se dañan las instituciones cuando las autonomías incumplen sistemáticamente las leyes del gobierno central o llevan a los consejos territoriales posiciones que obedecen a tácticas de partido; los ayuntamientos aplican las normas de acuerdo con su ideología y desequilibran el reparto territorial de los servicios públicos; cuando las mayorías reforzadas previstas en la Constitución son utilizadas como herramientas de bloqueo, el Senado se convierte en una jaula de grillos o la sesión de control al Gobierno simula un patio de monipodio; las instancias judiciales se usan para ajustes de cuentas y siempre que los adversarios se comportan como enemigos mortales. 

De poco servirá seguir celebrando efemérides constitucionales si estamos minando sistemáticamente su espíritu de respeto institucional y fidelidad a sus principios. Ya podemos proclamar la longevidad de un bonito marco jurídico si lo estamos dinamitando en sus cimientos, cuales termitas depredadoras, porque se convertirá en un texto inane y hueco de imposible aplicación. Así que, menos fastos y más esfuerzos. Menos predicar y más dar trigo, como dice el refrán. Porque, al final, los temporales no eligen territorios, pueden llegar por igual a cualquiera, las danas e incendios devastadores pueden afectar hoy a una y mañana a otra autonomía, las pandemias o los accidentes ferroviarios, de aviación o marítimos no eligen el color del gobierno al que le explotan. Todos y todas vamos en el mismo barco. Ocupémonos de que la carga vaya bien estibada, el motor esté en condiciones y la ruta, certera. Por lo menos, cuidemos los botes salvavidas, por si acaso.

El Congreso de los diputados celebra hoy que la Constitución vigente en España es ya la más duradera en toda nuestra historia. Y eso que no tiene ni 50 años. España históricamente ha tenido muchas constituciones, y muy cortas, interrumpidas por guerras, golpes de Estado y autoritarismos de todo tipo. La Constitución era casi un libro sagrado. Tanto que no se podía criticar ni tocar. Durante décadas, estar contra la Constitución era casi tanto como estar contra la democracia. Pero todo cambia en torno al 15M. Y no solo fue la izquierda, también partidos de la derecha se abrieron a su posible reforma. 

Han pasado diez años y una reforma constitucional queda lejos. De hecho, los que la querían reformar, ahora presumen de conservarla frente a la amenaza de la extrema derecha. Analizamos aquel momento histórico en la que se habló de una reforma y quedó en nada, así como la situación actual, con el profesor de Derecho y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías; con el escritor, guionista y activista en varios procesos políticos desde el 15M, Guillermo Zapata, y con la politóloga y experta en movimientos de extrema derecha, Anna López. 

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El 6 de diciembre, día de la Constitución española, ha dejado en Euskadi nuevos titulares de la campaña de Ernai, la organización juvenil de Sortu, contra los símbolos españoles. Y también un carrusel de valoraciones políticas sobre una jornada festiva.

En el caso de Ernai, que esta semana atacó la sede central del PP vasco, en Bilbao, o derribó un toro de Osborne en el sur de Álava, ha retirado la bandera española de varios edificios, incluida la Casa de Juntas de Gernika. Además, se ha realizado una pintada con el lema 'Gurea, ikurriña'. La Mesa del Parlamento foral vizcaíno ha emitido una “condena” con la firma de PNV, PSE-EE y Podemos, pero no de EH Bildu. El PP también se ha sumado a la denuncia. “Han atentado contra un espacio que simboliza la soberanía popular de Bizkaia y que alberga el Árbol de Gernika, emblema universal de la libertad, la democracia y la paz del Pueblo Vasco”, han defendido las Juntas Generales.

En el plano más político, la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha insistido este sábado en que “la bilateralidad debe marcar la relación entre los Gobiernos vasco y español” y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé “el aldabonazo necesario” para el cumpliento del Estatuto de Gernika.

Con motivo de la celebración del 47 aniversario de la Constitución, Vaquero ha criticado que el Estado “mantiene los principales retos y déficits”. Tras recordar que la formación nacionalista se abstuvo en la votación de 1978, Vaquero ha lamentado que “casi cinco décadas más tarde, se mantiene la falta del reconocimiento de las naciones dentro del Estado”. EGI, las juventudes del PNV, directamente han rechazado el marco constitucional en sus redes sociales. La de este sábado era una fiesta “extranjera” y han reclamado la “independencia”.

De su lado, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertido de que “avanzar hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad y la regeneración democrática de todos los estamentos del Estado implica necesariamente valentía y convicción, no coquetear con PP y Vox, ni por acción ni por omisión, ni en Madrid ni en Euskal Herria”. La coalición “no tiene nada que celebrar” el 6 de diciembre, ha agregado.

Por su parte, Amaya Fernández, presidenta del PP de Bizkaia, ha lamentado que “defender la Constitución” sea hoy “un acto revolucionario a pesar de que sea sinónimo y es símbolo de convivencia, de libertad, y el pilar sobre el que se asientan” el Estatuto vasco y la foralidad.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que asume el “error” en “primera persona” del PSOE ante las denuncias contra Francisco Salazar en su canal antiacoso, que fueron cortocircuitadas, tal y como desveló el pasado lunes elDiario.es. Ha negado que haya sido “premeditado” ni que Salazar haya sido protegido por la formación.

En una conversación informal con periodistas al cierre del acto de conmemoración de la Constitución, Sánchez ha hablado por primera vez sobre las acusaciones de acoso sexual de Salazar a dos militantes socialistas que trabajaban con él y les ha ofrecido la ayuda del partido si deciden llevar sus denuncias a la justicia.

En cinco meses, ninguna de las dos denunciantes obtuvieron respuesta alguna por parte de su partido. De hecho, sus denuncias llegaron a desaparecer del sistema. El PSOE admite que esa investigación nunca se llevó a cabo, y solo admitieron a trámite ambos escritos después de que este periódico diese cuenta de la situación y acreditase las denuncias existentes. 

El presidente también niega haber tenido ningún conocimiento de los comportamientos de acoso sexual descritos en las denuncias, que presuntamente sufrieron mujeres a su cargo en La Moncloa, donde Salazar ha desempeñado varios cargos de asesor en la Presidencia del Gobierno en la etapa de Sánchez. De hecho asegura que se enteró por la prensa cuando aparecieron los primeros testimonios.

Sánchez ha subrayado que en la sede de la Presidencia del Gobierno existe un protocolo antiacoso desde el año 2018 y no ha recibido ninguna denuncia. Las denunciantes eligieron utilizar el canal interno abierto por el partido para presentar sus casos.

El líder de los socialistas, además, se ha mostrado en contra de llevar estas denuncias internas ante la Fiscalía porque se han realizado de forma anónima y por tanto son las víctimas quienes tendrían que dar ese paso, señala. Eso sí, el PSOE les dará ayuda y apoyo si acuden a la Justicia, ha asegurado.

Sánchez ha explicado que el PSOE puso en marcha un protocolo antiacoso en mayo y por tanto lleva solo unos meses en marcha. Considera que han faltado recursos en la Oficina contra el Acoso que tramita las denuncias, pero defiende que todavía están dentro del plazo. Este órgano, subraya, trabaja con autonomía y sin injerencias de la cúpula del partido. Defiende que es el único partido en España que cuenta con una normativa interna de este tipo y rechaza lecciones de la oposición.

En la misma línea, María Jesús Montero ha admitido que su partido “ha gestionado mal” el escándalo Salazar. “Se ha dejado en manos de los servicios jurídicos, teníamos que haber estado más encima. La verdad es que no hemos acompañado correctamente a las muchachas”, ha asegurado la vicepresidenta primera en conversación informal con los periodistas.

La presidenta del Congreso de los Diputados llama a emprender nuevas reformas de la Constitución. “Las leyes son nuestras, de la ciudadanía. Emanan de la voluntad popular y sus necesidades, se ajustan, se transforman según avanza la sociedad a la que representan”, ha dicho Francina Armengol durante los actos de conmemoración del 47º aniversario de la Carta Magna.

Armengol pone en el foco la protección del “bienestar” y el avance en la protección de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, a la sanidad o la lucha contra las violencias machistas, que pide garantizar también en la Constitución. “Esos valores son lo que nos ha llevado a ser lo que somos y defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados”, ha dicho durante su discurso, al que no ha asistido la extrema derecha.

“No podemos permitir que la herencia europea —la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, las políticas de redistribución de la riqueza— se cuestione y se destruya. El legado que nos deja Europa se resume en una palabra: bienestar”, ha incidido.

La presidenta de Congreso ha recordado los amplios consensos alcanzados para introducir reformas de la Constitución respecto a las personas con discapacidad. “Eso puede seguir sucediendo: en nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades. La Carta Magna se escribió mirando a Europa, ahora podemos situar Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversa realidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI. Esto nos recuerda, además, que las leyes son nuestras, de la ciudadanía; que emanan de la voluntad popular y sus necesidades; que se ajustan, que se transforman según avanza la sociedad a la que representan”.

“Es imprescindible responder a la crisis de vivienda con medidas transformadoras desde lo público y que garanticen el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución que hoy celebramos”, ha proseguido antes de hacer una mención expresa a las violencias machistas. “Es necesario erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, hasta que ser mujer deje de ser indicador de riesgo para morir asesinada o sufrir discriminación. Y luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas”, ha añadido.

La tercera autoridad del estado ha pedido también “defender los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una ventaja y un atractivo”. Y ha planteado expresamente poner el foco en los jóvenes. “Es imperativo afrontar la era de la digitalización y la inteligencia artificial desde una mirada enfocada en los derechos, sobre todo en los de la infancia. De nuestra respuesta a estas realidades dependerá nuestro presente y nuestro futuro”

“Debemos ser capaces de ofrecerles, a ellos, a ellas, a su generación y a las que les siguen, una vida que valga la pena ser vivida. Un espacio de progreso, de libertad, donde los valores que hoy nos definen no estén en cuestión, sino reforzados, ampliados, consolidados. Porque en ningún lugar está escrito que una generación tenga que vivir peor que la de sus padres y ese no puede ser el mensaje que mandemos a los y las jóvenes de nuestro país”, ha concluido en referencia a los alumnos y alumnas del Colegio Público Vázquez de Mella de Madrid, invitados este año a los actos de conmemoración de la Constitución en el Congreso.

España celebra este sábado el 47 aniversario de su Constitución. Las Cortes Generales recuerdan la firma de la carta magna con una recepción en el Congreso de los Diputados. El acto es habitual todos los años, pero en esta ocasión se celebra en medio de un tenso ambiente político, con las escándalos por corrupción que rodean al PSOE, que lidia también con las acusaciones por acoso a uno de sus exasesores; la falta de apoyos del Gobierno en el Congreso tras la ruptura con Junts; la investigación a Carlos Mazón por la gestión de la Generalitat Valenciana el día de la dana y la campaña de las elecciones extremeñas ya en marcha.

Al acto en la Cámara Baja han asistido esta mañana la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otras autoridades.

Cada 6 de diciembre recordamos la Constitución de 1978 como el pacto que abrió la puerta a la democracia y a un amplio catálogo de derechos y libertades. Pero, cuarenta y siete años después, muchas de aquellas promesas siguen sin hacerse realidad en la vida cotidiana de la mayoría social, y especialmente en territorios como Castilla-La Mancha.

Movimiento Sumar nació reconociendo la Constitución como marco de convivencia, sí, pero también como una hoja de ruta para transformar el país y garantizar derechos efectivos. Defender la Constitución hoy significa hacerla avanzar: reforzar el Estado social, blindar la sanidad, la educación y la dependencia, y combatir desigualdades territoriales y sociales que ya se están cronificando.

Porque mientras una parte de la derecha convierte la Constitución en un eslogan vacío, la ciudadanía se enfrenta cada día a dificultades muy reales: acceder a una vivienda digna, encontrar un empleo estable o recibir atención sanitaria de calidad, especialmente en el medio rural. Los derechos están reconocidos en el texto, pero las políticas públicas no han acompañado al ritmo necesario. Y esa brecha golpea de forma particular a jóvenes, mujeres, personas LGTBIQ+ y a quienes viven en zonas amenazadas por la despoblación.

Por eso, hablar hoy de reforma constitucional solo tiene sentido si es para ampliar y blindar derechos, no para vaciarlos. Actualizar la Carta Magna significa incorporar un lenguaje inclusivo, reforzar la igualdad entre mujeres y hombres, reconocer la diversidad familiar y proteger de forma explícita los derechos de las personas con discapacidad, del colectivo LGTBIQ+, del medio ambiente y de los animales.

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, defender la Constitución es comprometerse con una región más justa, feminista, verde y cohesionada, donde vivir en un pueblo o en una ciudad no marque los límites de los derechos de nadie. En este Día de la Constitución, la prioridad es clara: menos retórica y más cumplimiento; menos discursos vacíos y más políticas que hagan realidad el mandato de una España social, democrática y verdaderamente igualitaria.

Hace unas semanas se cumplían 50 años de la muerte del dictador Franco, que no de la llegada de la democracia, que tardaría aún tres años más. Una anomalía que explica muchos de los problemas que arrastramos hoy.

Para empezar, Franco fue sustituido por el Rey Juan Carlos I como Jefe del Estado, instaurándose así una Monarquía previa al debate constituyente. Con un Rey que juró las Leyes Fundamentales del Reino pero no la Constitución. Una Monarquía que no solo no se pudo discutir sino que vino impuesta y que sería blindada en la Constitución del 78. El Estado franquista continuaba teniendo fuerza aunque carecía de legitimidad. Haría falta tiempo para que la oposición y la ciudadanía, que sí tenían legitimidad, cogieran además fuerza.

Tres años convulsos en los que no hay manifestación pública que no termine con algún muerto, en un recordatorio constante de que se puede volver al régimen anterior.

Tres años largos en los que se configuró un Estado Constitucional en el que los poderes emanan del pueblo, sí, pero no todos. La Monarquía es previa y no se discute.

Tres años que explican muchos de los problemas que aún arrastra nuestro sistema constitucional.

Cada 6 de diciembre, Vox se envuelve en la Constitución como si solo ellos fueran sus legítimos herederos. Pero la Constitución que reivindican no es la del 78: es un texto amputado, convertido en un muro más que en un pacto, en una trinchera identitaria antes que en un marco de convivencia plural. En su relato, España es una esencia homogénea que debe ser defendida de enemigos internos, externos, imaginarios o reales. Pero basta observar sus propuestas, sus votaciones y su manera de entender la democracia para comprender que el país que dicen proteger no cabe en la Constitución, sino en un pasado mitificado del que la sociedad española decidió salir hace casi medio siglo.

La fuerza de la extrema derecha española de Abascal reside precisamente en esta apropiación simbólica. Su constitucionalismo selectivo cita unos artículos y silencia otros: abrazan los que justifican su modelo centralista y excluyente del Estado, pero evitan los que consagran la diversidad territorial, la igualdad real entre hombres y mujeres, los derechos sociales, el pluralismo político o el carácter social del Estado. La Constitución que celebran sería irreconocible para quienes la negociaron, discutieron y votaron en 1978, y también para una ciudadanía que ha ampliado derechos y libertades durante décadas.

Desde esta base, el partido de Abascal se presenta como guardián del orden constitucional mientras cuestiona pilares esenciales como el reparto territorial del poder, la neutralidad institucional, la independencia judicial o la propia legitimidad de los gobiernos que no controla. Su patriotismo se articula por exclusión: hay españoles auténticos —los suyos— y otros sospechosos, tibios, anti-patrias o “enemigos internos”. Y esa división no es una anomalía, sino una pieza estructural del discurso de las extremas derechas europeas. Lo vimos con Le Pen en Francia, Meloni en Italia o la AfD en Alemania: un patriotismo identitario que exige homogeneidad cultural, política y moral.

En España, la extrema derecha asienta este marco sobre la idea de una nación única e inquebrantable. La existencia de proyectos soberanistas —sean independentistas o simplemente autonomistas— se presenta como amenaza existencial. No es casual que reduzcan cualquier diferencia territorial a un acto de deslealtad. Su proyecto constitucional no admite la plurinacionalidad, pero tampoco la diversidad cultural o lingüística. La España de Vox es un país uniforme donde la pluralidad no se protege: se combate.

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas ayudan a comprender la profundidad de este marco emocional. En el barómetro de octubre, el 61% de los votantes de Vox afirma que el sistema democrático actual es peor o mucho peor que la dictadura franquista. Esta cifra, escandalosa en una democracia consolidada, no es una anécdota ni un desliz: es el síntoma de un relato político que necesita degradar la confianza en las instituciones para sostenerse. Un proyecto que se reivindica constitucional mientras parte de sus bases considera que la democracia española es inferior a una dictadura.

Esta deriva no es nueva. Vox ha cuestionado resultados electorales, ha acusado a funcionarios de parcialidad, ha denunciado conspiraciones imaginarias y ha alimentado la idea de que España vive en un estado de emergencia permanente. La estrategia es clara: erosionar la confianza en las reglas del juego mientras se exige su cumplimiento solo para los adversarios. Su constitucionalismo es declarativo, pero su práctica política es profundamente iliberal.

Su interpretación del artículo 14, por ejemplo, reduce la igualdad a una neutralidad abstracta que ignora desigualdades reales. Rechazan las leyes de igualdad y las políticas contra la violencia machista porque no encajan en su visión de un país sin discriminación estructural. Igualdad formal sin igualdad material. Una lectura que, lejos de ampliar derechos, consolida privilegios. Algo parecido ocurre con la inmigración: reclaman aplicar la ley con firmeza mientras difunden bulos, exageraciones y estigmatizaciones que vulneran derechos fundamentales y alimentan la fractura social.

Este mecanismo de apropiación constitucional ya se ha visto en Hungría, Polonia e incluso en la Italia actual. La extrema derecha reivindica la ley para vaciarla por dentro; invoca la nación para enfrentar a su propio pueblo; convierte símbolos compartidos en herramientas de exclusión. En España, la Constitución se convierte en fetiche mientras se vacía su espíritu: el pluralismo, la descentralización, la igualdad, los derechos sociales y las libertades civiles.

Pero hay un elemento diferencial en nuestro país: la propia historia democrática reciente. La Constitución fue un pacto entre diferentes, un ejercicio de reconocimiento mutuo en un país que venía de una guerra y una dictadura. Ese pacto permitió construir un Estado descentralizado, ampliar derechos, modernizar la economía, fortalecer la sociedad civil y consolidar instituciones. La España del siglo XXI —diversa, urbana, mestiza, feminista, europeísta— es hija de ese pacto. Y esa España es, para Vox, el verdadero problema: desmiente su relato de decadencia, ruptura y amenaza. Para sostenerse, necesitan un país al borde del colapso.

En un momento en el que las extremas derechas europeas avanzan —mantienen uno de cada tres gobiernos en la Unión Europea—, conviene recordar que la Constitución no es solo un texto: es un horizonte que se actualiza en el conflicto democrático. Y que su defensa exige asumir sus contradicciones, no esconderlas.

La Constitución no cabe en el país que propone Vox porque su proyecto político necesita una España más pequeña, más uniforme y más miedosa. Pero la España real —plural, abierta e imperfecta— sigue siendo más fuerte que ese relato.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos

El artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho a una vivienda, cumple 47 años. Desde entonces, se han construido en España unos 10 millones de casas, el esfuerzo que han de realizar los hogares para acceder a ellas se ha disparado y, aunque continúa siendo un país de propietarios, la tendencia hacia la compra se ha revertido en el último cuarto de siglo. El porcentaje de residencias principales sobre el total es cada vez más bajo y los alquileres no paran de subir. Mientras, la vivienda pública está en niveles ínfimos respecto a otros países del entorno.

Este jueves el Ministerio de Vivienda presentó oficialmente la nueva empresa pública, Casa 47. Sobre los asientos de los asistentes al acto, una copia de la Constitución y la Ley Estatal de Vivienda, con el texto de ese artículo en la portada. “Cada día nos tenemos que recordar que no es optativo, dar respuesta a este derecho es un mandato constitucional”, reconocía la responsable de la cartera, Isabel Rodríguez.

El malestar en torno a la vivienda, que no da tregua a amplias capas de la población, ha calado en la sociedad. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, esta es la primera preocupación para los ciudadanos desde hace un año. En diciembre de 2024, se encontraba entre los tres principales problemas para el 22,3% de los encuestados. En noviembre de este año, alcanzaba el 40%. Y, a tenor de los datos, no parece un miedo abstracto. Este mismo viernes, el INE publicaba la estadística de precios de compraventa del tercer trimestre, con un incremento interanual del 12,8% y un 10,9% desde enero.

¿Qué implicaciones tiene el reconocimiento de la vivienda como un derecho constitucional? “Como principio rector, hay un mandato a los poderes públicos para que hagan efectivo el derecho. De hecho, muchas comunidades autónomas que reformaron sus estatutos lo introdujeron con un reconocimiento estatutario y referencias especiales a personas y colectivos vulnerables”, explica la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago Alba Nogueira, que pone como ejemplo los casos de Valencia, Navarra o Catalunya, pero, especialmente, Euskadi. “Es la más avanzada y establece que el derecho subjetivo a la vivienda significa que los colectivos fijados reglamentariamente, por nivel de ingresos, tiene derecho a una vivienda social y, en caso de que no la hubiera, una prestación económica sustitutoria”, indica.

La evolución del mercado residencial en España sirve de eje para radiografiar un país. En diciembre de 1978, el mes que se votó la Constitución, se comenzaron a construir 11.121 viviendas, casi las mismas —11.696— que en junio de este año, el último del que hay datos. Entre medias, ha habido siete presidentes de Gobierno, de distinto signo político, varios planes estatales y una ley de vivienda que no llegó hasta 2023. También, lustros de una política de vivienda que algunos expertos consideran inexistente.

María y Francisco adquirieron su vivienda, la que ha sido su hogar desde entonces, en 1979. Tenían 23 y 24 años y tuvieron que esperar hasta 1981 para entrar a vivir, porque la compraron sobre plano. Hasta entonces, los recién casados estuvieron viviendo en la casa de ella, lo que, junto a los ahorros que la pareja había conseguido acumular trabajando desde los 14 años, les permitió dar una entrada del 25% del valor del inmueble. “Estuve varios años en casa de mis padres, sin pagar renta, ni luz, ni comida, así que, como ahora, con ayuda de la familia si pueden y, si no, pues nada”, dice la mujer.

La casa les costó 1,2 millones de pesetas “de la época”, tres avales y un interés de hasta el 18%. Pero en cinco años, con los dos sueldos de clase obrera que entraban en el hogar, consiguieron liquidar la deuda. No habían cumplido la treintena, pero tener el techo asegurado les dio cierta tranquilidad para el resto de su vida. En la España de 2025, la edad media de emancipación de los jóvenes supera esos 30 años y la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda se ha multiplicado.

El Banco de España recoge datos de esfuerzo desde 1987. Entonces, un hogar necesitaba tres años de su renta bruta para pagar la casa. Este indicador alcanzó su pico, como casi todas las gráficas que aparecen en esta información, con la burbuja, cuando las familias comprometían hasta nueve años y medio de su salario para comprar una vivienda y, aunque luego cayó, no ha vuelto a los niveles de los años 80. De hecho, en la última década, entre 2015 y 2025, ha subido un año completo, hasta los 7,65.

En la evolución del mercado de la vivienda influyen varias variables, pero los expertos suelen coincidir en el déficit de vivienda pública o protegida. “La vivienda de protección oficial es una herramienta desde el punto de vista de las comunidades autónomas”, explica la profesora de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Olga Martínez Moure, que acaba de publicar el artículo 'La vivienda como pilar básico del Estado del Bienestar'.

En el trabajo, se establecen varias etapas. Desde la génesis expansiva de la vivienda pública impulsada por la migración a las ciudades y la industrialización entre los años 50 y 70; la transición hacia la vivienda de protección oficial para fomentar la propiedad, que expandió las áreas urbanas; el fortísimo auge inmobiliario que se produjo a partir de la segunda mitad de la década de los 90; y las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria. Estas tendencias se identifican en el siguiente gráfico, principalmente a partir de 1980, ya que con anterioridad no se recogen cifras de vivienda libre.

Solo entre 1980 y 1984 se inició la construcción de 670.000 viviendas protegidas, más del doble que las que se han producido desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. En aquellos años, el porcentaje de casas protegidas frente al total superaba el 50% y, aunque cayó a tasas de en torno al 20% en los años 90, el elevado volumen de producción permitió a grandes capas de la población acceder a una casa en propiedad.

El economista y expresidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez indica que durante los años 80 y principios de los 90 se realiza “una política de vivienda continuista, con financiación garantizada de VPO”, que se frena a partir del último lustro del siglo XX, con la privatización del propio Banco Hipotecario en Argentaria, y la desaparición de las cajas tras la burbuja. Esa falta de financiación, indica el experto, “hace que la vivienda protegida descienda a unos niveles de 5.000 viviendas al año, con una dotación muy reducida”. A su juicio, “durante la primera década y casi la segunda del siglo actual, no hay una política de vivienda, que se empieza a recuperar con la llegada del Gobierno socialista”.

Sin embargo, el esfuerzo de las décadas anteriores por impulsar la vivienda protegida no ha repercutido en un parque público robusto, porque esas casas perdían el blindaje, en muchos casos, al cabo de 15 años y pasaban directamente al mercado libre. “La idea de que la vivienda es un lugar para invertir es anterior incluso a 1978”, explica la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, porque “Franco apostó por una visión propietaria y un sector inmobiliario que ya empezó a ver que el negocio iba más allá de dotar de vivienda a la población con esa colaboración público-privada”.

Precisamente, Nogueira indica que el mandato constitucional que obliga a las administraciones públicas fue “abandonado durante mucho tiempo o vehiculado a través de políticas que se revelaron erróneas a largo plazo, como la descalificación de la vivienda social”. En este sentido, celebra que “hoy en día la evolución de la normativa está yendo en otra dirección, con la idea de que sean a perpetuidad y estén en el pull público de manera permanente”. Ese es uno de los objetivos del Ministerio de Vivienda, que ha condicionado el nuevo Plan Estatal para los años 2026 a 2030, con una dotación prevista de 7.000 millones de euros, a que ninguna vivienda a la que se destine dinero o recursos públicos acabe en el mercado libre.

Aunque la construcción de viviendas se atascó a partir de 2008, desde 1980, se han producido más de 10 millones de casas, para una población que ha crecido en 12 millones de personas. Si el tamaño medio del hogar es de 2,5 personas, el volumen de nuevas viviendas habría servido, de sobra, para acoger a los nuevos ciudadanos. Pero algunos gráficos muestran también un cambio en los usos. El 80% de las casas que existían en España en 1970 se utilizaban para vivir, un porcentaje que cayó 10 puntos en la siguiente década y que se ha mantenido estable desde entonces.

Actualmente, casi una de cada tres viviendas disponibles no se utilizan para vivir. El 16% de los 25 millones de casas se dedican a usos secundarios y el 14,4%, están vacías. Son 7,6 millones. Según un reciente informe de CaixaBank, en 2024, más de 50.000 viviendas en venta terminaron en manos de extranjeros no residentes, pese al déficit de viviendas que el Banco de España estima en más de medio millón. Un informe del BBVA publicado esta semana calcula que la falta de casas se estancará en torno a las 700.000 unidades y solo se reducirá si el gasto en construcción se duplica hasta el 10% del PIB en 2030, más de 170.000 millones de euros.

El de la financiación es un asunto clave. La llegada de los fondos europeos animó la producción y rehabilitación de viviendas, pero para alcanzar el ritmo que estas entidades y el sector inmobiliario estima necesario harán falta ingentes cantidades de dinero. “En este momento, la solución pasa por construir más, pero no de cualquier manera. En Madrid están anunciados planes de construcción que superan las 200.000 viviendas, pero eso no va a resolver el problema. Tenemos que levantar un porcentaje significativo de VPO, con un volumen de unas 30.000 al año en la próxima década”, señala Rodríguez, que aclara que eso requerirá financiación más allá de los Presupuestos Generales del Estado.

“Habrá que buscar fórmulas, como un fondo donde el ICO juegue un papel importante, pero donde haya aportaciones europeas, emisiones del mercado de capitales... Un buen ejemplo es Catalunya, donde el Instituto Catalán de Finanzas está prestando”, propone Rodríguez. De hecho, la Comisión Europea está trabajando en un Plan Europeo de Vivienda Asequible, en el que se plantea la creación de un fondo que abra vías de financiación para vivienda asequible.

Entre tanto, el acceso a una vivienda en alquiler lleva años apretando a capas más amplias de la población, sobre todo a partir de la entrada en el país de los fondos de inversión, conocidos como 'fondos buitre', en este mercado, animados tras la crisis financiera. España sigue siendo un país de propietarios, pero la tendencia que hizo que la población inquilina pasara del 30% en 1970 al 11,4% en el año 2001 se está revirtiendo y unos alquileres al alza está provocando un trasvase de renta de los hogares con menos riqueza a los más pudientes. En 2021, el 16% de la población vivía de alquiler, una tasa que un estudio de Fotocasa Research eleva ya al 25% en 2025.

Irene tiene 31 años. Tiene una carrera, un máster y trabaja en el área de innovación en alimentos de una empresa. No tiene un sueldo altísimo, “pero está bien”. Se considera una “privilegiada”, repite varias veces durante su conversación con elDiario.es. Pero esa situación de supuesto privilegio y estabilidad laboral no la ha salvado de una mudanza forzosa, de ir de casa en casa de amigos mientras encuentra una habitación para alquiler ni, muchísimo menos, vivir sola.

“Cuando empecé a buscar piso en Madrid, en 2017, todo me parecía carísimo, pero lo ves con perspectiva y era una ganga”, lamenta la joven, que comenzó a “cabrearse con el sistema” al enfrentarse a una nueva búsqueda de piso en la capital. “Por menos de 700 euros solo hay una buhardilla donde comes y te duchas en el mismo metro cuadrado”. “Sintiéndome una persona privilegiada, por encima del SMI, sin cargas familiares, soy incapaz de acceder a un alquiler y, después de tantos años, tampoco tengo ahorros, porque todos se han ido a mis caseros”, denuncia.

Como muestra el siguiente mapa, el alquiler ha subido un 34,9% en todo el país. En Balears, por ejemplo, los precios se han disparado en un 47,3%. Y la dificultad para acceder a una vivienda no solo limita el ejercicio de otros derechos, sino que puede impedir a las propias administraciones prestar otros servicios básicos esenciales, advierte Nogueira, que menciona estas islas donde “médicos, maestros y policías rechazan estos destinos porque no pueden permitirse pagar una casa con un sueldo de empleado público”.

La catedrática aboga por “políticas más ambiciosas de intervención del suelo y el mercado de la vivienda”, con controles de alquileres y la limitación de la compra para usos distintos al residencial en determinadas zonas, frente a los discursos que piden blindar la propiedad privada y que considera “al margen de la legislación vigente en muchísimos ámbitos”. “Los administrativistas sabemos bien que la propiedad no es un derecho ilimitado. Por ejemplo, en suelos rústicos está limitadísima la capacidad para hacer de un propietario, así que esos discursos que se dan de cara a la galería son ajenos a nuestra realidad jurídica”, indica.

En este sentido, Nogueira indica que los límites a la propiedad urbana han sido, “tradicionalmente, menos incisivos”. Por eso, pide plantear el discurso en otros términos: “¿Tiene la sociedad que cargar con los costes de que determinados propietarios mantengan sus viviendas vacías, lo que obliga a construir infraestructuras para crear nuevos barrios o parte del coste de esos desarrollos debe caer sobre quien tiene sus inmuebles ociosos?”.

Desde el Sindicato de Inquilinas piden tres cuestiones claves para garantizar un derecho que, “47 años después, seguimos sin asegurar a toda la población”: una baja de los alquileres, que están “empeorando las condiciones de vida de la población día a día”, y la reinstauración de los contratos indefinidos que se eliminaron en 1985; “recuperar toda la vivienda secuestada” por inversores locales, estatales e internacionales; y prohibir las compras especulativas y limita el máximo de viviendas que se pueden tener. “La población rentista en España es minoritaria, entre el 6 y el 9%, pero organizamos la vida de la población inquilina en torno a esa minoría”, denuncia Racu.

El Congreso acoge este sábado la habitual celebración del Día de la Constitución en un clima de polarización casi inédito en los 47 años de historia de la ley fundamental. La tensión entre los menguantes apoyos parlamentarios del Gobierno y la oposición de derechas no deja de aumentar, azuzada por la supuesta ruptura de Junts con el PSOE. PP y Vox hablan ya de un futuro en la cárcel para Pedro Sánchez, mientras una nueva gymkana electoral que repartirá todo el poder político en España arranca en Extremadura.

La idea de que el presidente del Gobierno acabará en prisión no es original de Alberto Núñez Feijóo. Antes que el líder del PP lo dijo el de Vox, Santiago Abascal. Y antes otros, como el agitador ultra Alvise Pérez. Pero Feijóo ha asumido ahora la tesis, y la ha convertido en una de sus frases recurrentes en sus discursos públicos.

La primera vez que la pronunció fue el pasado domingo, en la concentración para pedir elecciones anticipadas que convocó el PP en el madrileño Templo de Debod. “El ‘sanchismo’ es corrupción institucional, el ‘sanchismo’ es corrupción social y el ‘sanchismo’ es corrupción moral”, dijo Feijóo. “El ‘sanchismo’ está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”, añadió. Y zanjó: “Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder, y tres ya conocen la cárcel. Falta ‘el uno’, el presidente del Gobierno”.

La frase fue explícita. Aun así, desde el equipo de Feijóo intentaron negar la evidencia de lo dicho por su jefe de filas. Pero no fue un lapsus, un patinazo o una improvisación. Este jueves, en las horas previas al inicio de la campaña electoral en Extremadura, el líder del PP insistió.

“Aquí empezó la decadencia ‘sanchista’. Don Benito fue una de las primeras paradas del coche de las primarias. Pues bien, de ese coche, insisto, tres ya han pasado por la cárcel. Falta ‘el uno'”.

Traspaso de líneas rojas

El endurecimiento del discurso de Feijóo sigue la senda marcada por Abascal. En el PP no saben cómo parar la transferencia de voto hacia Vox, que supera el millón de personas, según diferentes encuestas publicadas en las últimas semanas. Si tras la irrupción de SALF en las europeas de 2024 la orden fue aumentar la presencia en redes sociales para pelear por el voto joven, sin mucho éxito, ahora el PP asume las líneas discursivas de la extrema derecha: tilda las políticas verdes de “fundamentalismo ideológico” y relaciona expresamente seguridad con inmigración.

Feijóo también ha insinuado problemas mentales del presidente del Gobierno. En un acto organizado por el medio ‘The Objective’ que clausuró el líder del PP, citó un artículo de Ignacio Varela, quien fuera en tiempos asesor de Felipe González, que apuntaba que “lo importante es que en Moncloa haya una persona clínicamente cuerda”. “Yo les aseguro que hay mucha gente sin diagnosticar y que el consumo de ansiolíticos está disparado”, bromeó. Y, por si había dudas, dijo: “Yo me encuentro orientado y consciente, creo que soy una persona cuerda”. 

“Cada vez que oigo a la derecha hablar de ‘Sánchez a prisión’, me estremezco”, reconocía hace unos días un alto cargo gubernamental, que recordaba los casos de Lula da Silva en Brasil o la dimisión de António Costa en Portugal por una decisión judicial que implicó al ex primer ministro en una causa judicial de corrupción que luego resultó ser una confusión con otra persona.

Conflicto entre poderes

En el Gobierno se revuelven contra lo que denominan el “ciclo del bulo” que ha llegado al máximo exponente en la última etapa, y que reconocen que es un fenómeno global del que se beneficia la ultraderecha, pero no ocultan la preocupación por la especificidad de lo que está ocurriendo en la política interna. Tras meses en los que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se dedicó a pronosticar decisiones judiciales, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cuestionó el martes en el Senado si el PP tiene información privilegiada de jueces, fiscales u otros funcionarios públicos, como la Policía o la Guardia Civil. 

“¿Quién le pasa la información al Partido Popular? ¿Me lo puede usted decir? ¿Tiene el Partido Popular alguna información subterránea por parte de alguien que conoce los procedimientos judiciales, por parte de la UCO, por parte de la Fiscalía, por parte de la judicatura, por parte de la Policía Nacional? ¿Por dónde viene esa información de la que usted hace gala hoy aquí en el Senado? ¿Son ustedes beneficiarios de algún delito de revelación de secretos, señorías del Partido Popular?”, le preguntó Bolaños al senador del PP Luis Javier Santamaría después de que este le adelantara que le pedirá que cese “a alguno de sus compañeros dentro de las próximas semanas, cuando se hagan públicas determinadas informaciones”. 

Aunque el ala socialista evita hablar expresamente de lawfare, la alusión de Bolaños a la revelación de secretos no es baladí apenas dos semanas después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un asunto relacionado con ese delito por la filtración de información sobre el fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. 

Ese fallo, cuya argumentación aún se desconoce, ha profundizado la brecha entre el Gobierno y un Poder Judicial escorado a la derecha, y ha encarnizado la guerra de la derecha contra el Ejecutivo progresista que preside Sánchez. 

La Constitución, ni renovada ni cumplida

Con esos mimbres llega la celebración del aniversario de la Constitución, que está a punto de ser incumplida de nuevo ante la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos para renovar el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional que caduca este mes de diciembre, entre ellos el del presidente, Cándido Conde Pumpido, que envió en verano una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para que pusiera en marcha el proceso, pero que ha desoído. Ni el PSOE ni el PP tienen intención de acometer esa renovación. 

No es el único precepto que se incumple. Los políticos apelan a la Carta Magna, especialmente en estas fechas, obviando que algunos de sus principios se vulneran a diario, más allá de la nueva prórroga presupuestaria: desigualdad, una vivienda inaccesible, discriminación… Ni se cumple ni hay ninguna voluntad de reformarla por mucho que durante años se habla de la necesidad de actualización. 

La reivindicación de la Constitución será de nuevo la coletilla del aniversario que se celebra este sábado en el Congreso con presencia de todos los poderes del Estado, entre ellos los miembros del Gobierno, incluidos todos los ministros de Sumar, encabezados por Yolanda Díaz. Estarán ausentes los representantes de las fuerzas nacionalistas e independentistas. También plantará el líder de Vox, Santiago Abascal. En principio, no estará el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, por la gestión de la peste porcina, explican en su equipo. El año pasado, Illa puso fin a 14 años de falta de representación de esa comunidad en los fastos de la Constitución. 

La normalización de la relación con Catalunya es precisamente una de las cuestiones que Sánchez lleva a gala tras años de ruptura total y ocho años después de la declaración unilateral de independencia que supuso la activación del artículo 155 de la Constitución. Aquel acuerdo de PP y PSOE queda ya muy lejos y nadie espera un acercamiento, por muchos llamamientos al espíritu de la Transición que se hagan, especialmente coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. 

“No tenemos a la espalda una guerra civil, afortunadamente, en este momento; pero tenemos una cantidad ingente de polarizaciones que nos están dividiendo y podemos encontrar muchos elementos comunes que compartir. Como entonces, la mayoría de españoles estaríamos a favor del acuerdo, la concordia, el consenso y no de las discrepancias, las polarizaciones y el estirar el cuanto peor, mejor”, expresó la filósofa Adela Cortina en la conmemoración de esa efemérides el pasado 21 de noviembre en el Congreso: “Es el momento para buscar lo que nos une y no lo que nos separa”.

Pero el entendimiento, la vocación de acuerdo e incluso el fairplay ni están ni se esperan, y mucho menos a dos semanas del nuevo ciclo electoral. 

El puente de diciembre comienza con el festivo 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, y se enlaza con el del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Es el período festivo más largo antes de las fiestas de Navidad, pero su origen se remonta tan solo a hace cuatro décadas.

¿Por qué es festivo el Día de la Constitución?

El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, festivo en España que conmemora la aprobación de la carta magna española en 1978 y que fue el momento clave de la transición en la que se entró definitivamente en una democracia plena en el formato de monarquía parlamentaria.

Esto no ha sido así desde ese 1978, sino que el origen del día festivo el 6 de diciembre viene de 1983, ya con Felipe González como presidente del gobierno, cuando se reguló este día como fiesta nacional a través del Real Decreto 2964/1983 del 30 de noviembre, en el que se estableció oficialmente como tal.

Ese mismo día que se aprobó entro en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que ese 6 de diciembre de 1983 fue el primero en el que se celebró el Día de la Constitución Española como festivo. El motivo que se dio fue con el fin “de solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución”.

¿Por qué el Día de la Constitución es el 6 de diciembre?

La elección del 6 de diciembre del Día de la Constitución Española se debe a que ese mismo día de 1978 fue cuando se votó en referéndum el texto constitucional que se elaboró por las Cortes Constituyentes y que tuvo un apoyo mayoritario de la población, de en torno al 90 %.

Una vez aprobada la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, que fue luego sancionada por el entonces rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de ese mismo año, siendo así un momento clave en la historia reciente del país y de la Transición, adquiriendo ya los ciudadanos plenos derechos y libertades.

La Constitución Española de 1978, a diferencia de las anteriores, se redactó desde cero, sin basarse en su predecesora, como era habitual desde la primera que se dio en las Cortes de Cádiz en 1812 hasta la de 1931. Su creación se inició el 18 de noviembre de 1976 a través de la aprobación de las Cortes Generales de la Ley para la Reforma Política.

El Parlamento de Cantabria ha celebrado por adelantado, y con escaso aforo, la conmemoración de la Constitución que el sábado cumple 47 años. “No pensemos que son muchos, porque la de 1876 llevaba justo esos mismos años de vigencia cuando se produjo el golpe de estado de 1923”, ha empezado alertando la presidenta de la institución.

El discurso ha sido un aviso del riesgo que corre la democracia en España que -en su opinión- necesita “una auténtica renovación” basada en “la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los principios constitucionales”, porque con el espíritu actual “jamás hubiéramos logrado una Constitución como la que tenemos”.

María José González Revuelta ha descrito un panorama de descrédito y corrupción: “establecer una democracia cuesta mucho; desvirtuarla, muy poco”. “Ya hemos comprobado cómo en una sola legislatura se puede subvertir todo y provocar que altas instituciones del Estado caigan en un descrédito que a veces parece de difícil reparación”, ha opinado. “Esperemos que no sea así”, matizó después.

Para la presidenta del Parlamento “la peor corrupción de una institución política es la irresponsabilidad en su comportamiento” y hay que trabajar “en una dirección diferente a la actual” y no dejar que los prejuicios ideológicos “pasen por argumentos de cátedra, mucho menos cuando se refieren a derechos fundamentales de las personas, derechos de las comunidades autónomas y cuestiones de arquitectura democrática de la unidad de España”.

A su juicio, la necesidad de renovación democrática “se convierte en un clamor cuando las instituciones se apartan del principio de responsabilidad y quedan dominadas por los pequeños egoísmos y la búsqueda del bien propio por encima del bien común”.

En su discurso González Revuelta ha resaltado que la Constitución de 1978 nació de la voluntad no repetir los graves errores del pasado como fue en su momento dividir España en dos Españas, “una angelical y otra diabólica según el punto de vista de cada uno”. “El pensamiento en blanco y negro solo ha producido futuros tenebrosos”, ha reconocido.

La presidenta ha reivindicado que “el político democrático y constitucional tiene que ser transparente, valiente, sincero y asumir toda su responsabilidad ante los ciudadanos y que la preservación de los valores constitucionales ”nos obliga a todos los poderes públicos a ser claros, a pronunciarnos con transparencia, sin subterfugios, sin escondernos detrás de la cortina de palabras vanas“.

Las palabras que también se han escuchado en el acto celebrado en el patio del Parlamento, con la presencia de responsables institucionales y sociales, han sido las de la escritora Concha Espina en boca de la actriz Nuria Gedack, que ha dado lectura a alguno de sus textos. González Revuelta ha considerado que “el brusco desmoronamiento en torno suyo de la responsabilidad política nacional, por una polarización brutal que hizo desaparecer las condiciones elementales de la convivencia” -es decir, el golpe de estado de Franco- “le causó un gran sufrimiento, a veces un endurecimiento del alma, e hizo, que su final fuera bien distinto de una coherente e innovadora trayectoria anterior”, en alusión a su connivencia con la dictadura.

No obstante, González Revuelta ha destacado que lo importante es que Concha Espina “se sentía españolísima” y se sintió al mismo tiempo muy cántabra porque fue una de las primeras plumas en emplear con frecuencia estas palabras, “Cantabria”, “cántabro”, como sinónimo de “La Montaña” o “montañés”, entonces más habituales.

El Parlamento ha centrado el discurso en la literatura cántabra porque frente a los problemas de la sociedad, que son muchos, según ha reconocido la presidenta, “con su capacidad para reflejar imaginativamente situaciones humanas, nos ayuda a entenderlos mejor y nos auxilia en la búsqueda de respuestas”. A su entender, justamente por esa necesidad de soluciones a los problemas de la vivienda, la sanidad o las personas mayores o las áreas rurales “no es aceptable que las instituciones caigan en descrédito o parálisis”.

El escenario desde el que ha hablado la presidencia -bajo el epígrafe 'Escribir España'- estaba protagonizado por un panel con los rostros de doce escritores cántabros -entre ellos tres Premios Cervantes: Gerardo Diego, José Hierro y Álvaro Pombo- y tres mujeres, la propia Concha Espina, Matilde de la Torre y Consuelo Berges.

El acto ha finalizado con la interpretación de varias piezas musicales clásicas por parte del Cuarteto Medicea y el himno de España.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha ensalzado este miércoles la Constitución española como un elemento que ha permitido a la Comunidad Autónoma tener “voz” con el fin de “defender lo nuestro, pero también defender lo que es de todos y todas”.

Así lo ha indicado durante su intervención en el acto institucional que se ha celebrado en las Cortes regionales con motivo del Día de la Constitución, del que se ha descolgado Vox, y en el que también ha estado presente el presidente regional, Emiliano García-Page.

Bellido ha puesto como ejemplo de ese “defender lo nuestro”, el hecho de que Castilla-La Mancha se oponga al trasvase que “empobrece” la región, haya rechazado un cementerio nuclear, “que sin autonomía nos habrían impuesto cuando no lo querían en ningún otro lugar”; o que exija una financiación “justa para poder prestar mejores servicios en todas las esquinas” de la región.

“Pero también nuestra voz se utiliza para defender lo común, lo que es de todos y todas. Lo que es bueno para España. Por ejemplo, para oponernos al egoísmo independentista que codicia tener privilegios fiscales y otro tipo de ventajas”, ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que se trata de saber poner primero a Castilla-La Mancha antes que a los colores políticos, “pero también en que seamos capaces de poner primero a España que a Castilla-La Mancha”, ha añadido.

“Hoy celebramos la Constitución y lo hacemos no solamente celebrando contenido mismo de la Constitución sino también sus formas, su manera de resolver conflictos, el diálogo o el respeto al adversario. Y diría más, celebramos el espíritu de la Constitución, que es el espíritu de la transición política”.

Premios Diké para “luchar contra el odio”

Es por ello por lo que ha lamentado que haya “quien quiera sustituir la democracia por la odiocracia, afirmando que ”para luchar contra el odio“ las Cortes de Castilla-La Mancha han decidido crear unos premios que llevan por nombre 'Diké' como la diosa de la Justicia en la mitología griega.

Así, ha anunciado el fallo de los mismo que serán, en la categoría internacional, para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa); en la categoría nacional para los municipios de Villamalea y Tarazona de la Mancha; y en la categoría cultural para la artista Rozalén.

El jurado de este año lo han configurado los rectores de las universidades de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Alcalá, y el propio Bellido, y serán entregados en el Palacio de Benacazón de Toledo a las 18.00 horas del próximo 10 de diciembre.

Finalmente, no ha querido olvidarse que este Día de la Constitución coincide, en primer lugar, con el hecho de que Castilla-La Mancha vaya a contar con un nuevo estatuto de autonomía. “Queremos un nuevo estatuto para tener más y mejor autonomía, porque sabemos que aquí tomar nuestras propias decisiones nos sienta bien”.

“Pero también para blindar y proteger los derechos sociales, y sobre todo para avanzar en Castilla-La Mancha con una única condición, que nuestro avance suponga también el avance de toda España. Jamás habría salido de estas Cortes un texto que hubiese sido bueno para Castilla-La Mancha con la condición de que fuese malo para España”, ha sostenido.

Del mismo modo, ha destacado que el texto haya salido adelante “con un amplio consenso en la región” y “muy participado” por la sociedad civil. “Pero la mejor noticia es que fue aprobada su toma en consideración por una abrumadora mayoría en el Congreso de los Diputados”, ha resaltado.

Para terminar, tampoco ha querido olvidarse de que esta celebración del Día de la Constitución coincide con el Día de la Discapacidad. “Por eso es muy importante que demos la mayor visibilidad a las personas y colectivos que trabajan por la igualdad y por la solidaridad con el sector de la discapacidad”.

Vox no ha participado

Desde los partidos con representación en las Cortes, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha reivindicado el respeto, la pluralidad, el diálogo y el consenso en política “sin insultar, sin señalar al diferente ni crispar, en definitiva, sin dividir”, y ha puesto a la región como ejemplo para el conjunto del país.

Asimismo, ha manifestado que el nuevo estatuto de Castilla-La Mancha es “un ejemplo” del espíritu de la Constitución, y por ello ha pedido celeridad al PP para aprobarlo definitivamente en el Congreso de los diputados, después de que los 'populares' hayan pedido que el plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba el próximo día 11 de diciembre, se amplíe.

El Grupo Parlamentario Vox no ha participado en los actos institucionales al considerar que se han convertido en una “hipocresía patrocinada y protagonizada por quienes llevan años pisoteándola”.

El portavoz, Iván Sánchez, ha explicado que no va a participar en un acto organizado por un PSOE “que pisotea la Constitución y que gobierna España de la mano de todos los que quieren destruirla”. “Tenemos un gobierno corrompido, corrupto y mafioso, que ha pactado con separatistas, golpistas y herederos del terrorismo”-

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha elogiado esta mañana “el interés” de los más jóvenes “por conocer y aprender el valor de la Constitución Española”. Fernández Cornago ha hecho estas declaraciones con motivo del acto de la lectura de la Carta Magna por escolares de La Rioja, que ha reunido en el Hemiciclo regional a 324 alumnos de 59 centros educativos.

Asimismo, ha explicado al alumnado que ha tomado parte en esta actividad que “una sociedad sólo puede avanzar si todos, ciudadanos e instituciones, respetamos las reglas que nos hemos dado democráticamente”.

Fernández Cornago ha declarado que “mantener vivo ese compromiso es lo que garantiza nuestra libertad, nuestra convivencia y nuestro futuro”. Además, se ha referido al lema escogido en esta edición: ‘Nuestro compromiso común. Valores que nos unen’ y ha comentado que “con él queremos recordar que la Constitución es una guía para el presente y un compromiso para el futuro”.

Defensa de la Constitución

La presidenta del Parlamento regional también ha recordado que “ninguna decisión pública puede construirse desde la deslealtad hacia nuestras instituciones ni hacia el Estado de Derecho”, por lo que ha llamado a “defender nuestra Constitución”, lo que en realidad es -según sus palabras- “defendernos a nosotros mismos: nuestros derechos, nuestras libertades y la convivencia que generaciones enteras han construido con esfuerzo”.

El alumnado que ha participado en el acto procedía de centros educativos de Logroño, Calahorra, Alfaro, Arnedo, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera y Torrecilla en Cameros y han dado lectura al articulado completo de nuestra Carta Magna.

El acto ha contado con la asistencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, miembros de la Mesa y diputados.

El calendario laboral de 2025 en España volverá a reunir en el mes de diciembre dos fechas destacadas del año: el Día de la Constitución Española y la festividad de la Inmaculada Concepción. Ambas jornadas figuran como festivos nacionales y son tradicionalmente las últimas antes de la Navidad. Sin embargo, la disposición de las fechas en el calendario del próximo año alterará la configuración habitual del llamado “puente de la Constitución”, ya que esta vez coincidirá con un sábado, reduciendo la posibilidad de disfrutar de varios días seguidos de descanso.

La Constitución española, aprobada el 6 de diciembre de 1978, se celebra cada año como conmemoración de la entrada en vigor del sistema democrático. Desde entonces, el 6 de diciembre está reconocido como festivo en todo el territorio nacional. La segunda fecha señalada, el 8 de diciembre, corresponde a la Inmaculada Concepción, una festividad de origen religioso que también se mantiene en el conjunto del país. En años en los que ambas fechas se sitúan en días laborables, suele formarse un puente prolongado que da lugar a una oportunidad de descanso para la mayoría de trabajadores.

El calendario laboral establece como festivos nacionales el sábado 6 de diciembre y el lunes 8 de diciembre. Esta disposición implica que este año solo uno de los dos días ofrecerá una interrupción de la semana laboral para la mayoría de trabajadores. Así, el fin de semana que coincidirá con el Día de la Constitución no generará un día libre adicional, mientras que la festividad de la Inmaculada Concepción, al caer en lunes, sí permitirá un breve descanso prolongado de tres jornadas consecutivas.

El Día de la Constitución cae en sábado y reduce las opciones de puente

El 6 de diciembre de 2025 será sábado y, como cada año, se celebrará en toda España el Día de la Constitución. Al coincidir con el fin de semana, la jornada festiva no supondrá un día no laborable adicional para quienes trabajan de lunes a viernes. La normativa vigente no contempla el traslado automático de los festivos nacionales cuando coinciden en sábado o domingo, de modo que las comunidades autónomas solo podrían modificar esta situación si establecen algún ajuste propio en su calendario regional.

Las empresas, administraciones públicas y centros educativos mantendrán su actividad normal el viernes 5 y retomarán el trabajo el martes 9. El resultado es un fin de semana con un festivo incluido, pero sin prolongación para una amplia proporción de trabajadores. Esta circunstancia también influirá en el movimiento de viajeros y en la organización de actividades comerciales y turísticas, que en otras ocasiones se benefician de un mayor número de días consecutivos libres.

El hecho de que el 6 de diciembre coincida con un sábado reduce la posibilidad de que se planifiquen desplazamientos largos o estancias fuera del lugar de residencia habitual. Aun así, muchos ciudadanos podrán aprovechar la cercanía del lunes festivo para organizar actividades de corta duración o desplazamientos dentro del propio fin de semana.

La Inmaculada Concepción, el festivo que permite un puente real

El lunes 8 de diciembre de 2025, día de la Inmaculada Concepción, será festivo en todo el territorio nacional y constituirá la única oportunidad del mes para disfrutar de un puente real. Al situarse en jornada laborable, permitirá enlazar tres días consecutivos de descanso —sábado, domingo y lunes— para quienes tienen jornada de lunes a viernes. Este será el único fin de semana largo de diciembre, ya que el resto de festivos del mes no se vinculan directamente con días laborables.

Aunque el tradicional “puente de la Constitución” no tendrá efecto en 2025, la coincidencia de la Inmaculada Concepción en lunes permitirá disfrutar de un descanso de tres días para la mayoría de trabajadores. Esta combinación de un sábado festivo y un lunes no laborable configura el último fin de semana largo del año, previo a la Navidad y al cierre del calendario laboral. En términos generales, diciembre de 2025 ofrecerá dos festivos nacionales consecutivos en el calendario, pero solo uno de ellos generará un puente efectivo a escala estatal.