El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) aprobada por las Cortes Generales, que entra en vigor este viernes, para adaptar la normativa a la reciente modificación de la Constitución que reconoce a Formentera como circunscripción electoral propia para la elección de un senador.

La propuesta aprobada, sancionada ahora por el rey Felipe VI, modifica los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para recoger de forma diferenciada las circunscripciones de Ibiza y Formentera, de manera que cada una de ellas elija un representante en la Cámara Alta en las próximas elecciones generales.

El proceso se inició con la modificación del artículo 69.3 de la Constitución, aprobada semanas atrás por el Parlament balear, que desvinculó a Formentera del 'tándem' electoral que compartía con Ibiza para la elección de senadores.

La nueva configuración exigía, por tanto, adecuar la LOREG, como norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales.

Hasta la reciente reforma constitucional, las islas de Ibiza y Formentera constituían una única circunscripción a efectos de representación en el Senado, en consonancia con la estructura territorial prevista en el texto constitucional de 1978.

“Igualdad de condiciones”

Según el BOE, la nueva configuración, que “reconoce la singularidad institucional de Formentera y su derecho a una representación directa en el Senado”, responde a “criterios de proximidad democrática, equilibrio territorial y reconocimiento de las especificidades insulares, reforzando así tanto el principio de representación territorial que inspira la composición de la Cámara Alta como la efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, reconocido en el artículo 23 de la Constitución”.

Asimismo, se señala que la presente reforma asegura la plena vigencia del “principio de seguridad jurídica” y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera “pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones”.

Por tanto, entrará en vigor desde este viernes la modificación de la reforma electoral que recoge que “en cada circunscripción insular se elige el siguiente número de senadores: tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma”.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) aprovada per les Corts Generals, que entra en vigor aquest divendres, per adaptar la normativa a la recent modificació de la Constitució que reconeix Formentera com a circumscripció electoral pròpia per a l'elecció d'un senador.

La proposta aprovada, sancionada ara pel rei Felip VI, modifica els articles 161.2 i 165.2 de la LOREG per recollir de forma diferenciada les circumscripcions d'Eivissa i Formentera, de manera que cadascuna elegeixi un representant a la Cambra Alta en les pròximes eleccions generals.

El procés es va iniciar amb la modificació de l'article 69.3 de la Constitució, aprovada setmanes enrere pel Parlament balear, que va desvincular Formentera del 'tàndem' electoral que compartia amb Eivissa per a l'elecció de senadors.

La nova configuració exigia, per tant, adequar la LOREG, com a norma que articula el procediment d'elecció dels membres de les Corts Generals (Congrés i Senat), amb la finalitat de garantir la plena efectivitat del mandat constitucional, la coherència interna de l'ordenament i la regularitat de futurs processos electorals.

Fins a la recent reforma constitucional, les illes d'Eivissa i Formentera constituïen una única circumscripció a efectes de representació al Senat, en consonància amb l'estructura territorial prevista en el text constitucional de 1978.

“Igualtat de condicions”

Segons el BOE, la nova configuració, que “reconeix la singularitat institucional de Formentera i el seu dret a una representació directa al Senat”, respon a “criteris de proximitat democràtica, equilibri territorial i reconeixement de les especificitats insulars, reforçant així tant el principi de representació territorial que inspira la composició de la Cambra Alta com l'efectivitat del dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics per mitjà de representants, reconegut a l'article 23 de la Constitució”.

Així mateix, se assenyala que la present reforma assegura la plena vigència del “principi de seguretat jurídica” i es garanteix que la ciutadania d'Eivissa i de Formentera “pugui exercir el seu dret de participació política en igualtat de condicions”.

Per tant, entrarà en vigor des d'aquest divendres la modificació de la reforma electoral que recull que “en cada circumscripció insular s'elegeix el següent nombre de senadors: tres a Gran Canària, Mallorca i Tenerife; un a Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote i La Palma”.

Una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica en España exige un procedimiento complejo, en el que confluyen decisiones políticas, legislativas y, en determinados supuestos, incluso constitucionales. La pieza central sería la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, su reforma requiere aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, después de una tramitación ordinaria en ambas Cámaras y siempre con la posibilidad de veto o enmiendas por el Senado. La práctica constitucional española ha convertido la LOFCA en la norma básica del sistema de financiación de régimen común.

Aunque jurídicamente no es imprescindible, políticamente resulta casi indispensable alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano participan el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común. Tradicionalmente, cualquier reforma relevante se negocia previamente en este foro para dotarla de legitimidad política y viabilidad parlamentaria.

Además de la LOFCA, suelen requerirse reformas de la ley reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, las leyes de cesión de tributos y diversas normas tributarias estatales. Por tanto, normalmente no basta con una única ley.

Adicionalmente, y dependiendo del alcance de la reforma, algunas comunidades podrían verse obligadas a adaptar sus normas tributarias propias, ajustar sus presupuestos y, en ciertos casos, disposiciones de sus estatutos de autonomía.

 ¿Sería necesaria una reforma constitucional? En principio, no. La Constitución, especialmente los artículos 156 a 158, deja un amplio margen para diseñar distintos modelos de financiación autonómica. Ahora bien, sí sería necesaria una reforma constitucional si se pretendiera alterar los principios constitucionales de solidaridad o suficiencia financiera, modificar la distribución territorial del poder financiero, generalizar un sistema semejante al concierto económico vasco y al convenio navarro para algunas o todas las comunidades o cambiar aspectos esenciales del Estado autonómico.

Aunque jurídicamente bastaría una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA, una reforma profunda y duradera suele requerir amplio consenso entre comunidades autónomas, un acuerdo entre los principales partidos nacionales y un marco de Estabilidad presupuestaria plurianual. De hecho, una de las razones por las que no se ha renovado el modelo vigente desde 2009 es la enorme dificultad para conciliar los intereses de comunidades receptoras y contribuyentes netas.

La pregunta del millón es: ¿Puede un gobierno sin apoyos parlamentarios sacar adelante una reforma de calado del modelo financiero territorial? En términos estrictamente jurídicos, sí podría. En términos políticos, es extraordinariamente difícil.

La clave está en distinguir entre Gobierno y mayoría parlamentaria. El Gobierno puede elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, negociar con las comunidades autónomas y remitir al Congreso un proyecto de reforma de la LOFCA. Sin embargo, la reforma no puede entrar en vigor sin la aprobación de las Cortes Generales. Por tanto, un gobierno sin apoyos suficientes puede diseñar y presentar una propuesta y puede abrir negociaciones bilaterales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y puede incluso alcanzar acuerdos con algunas comunidades autónomas. Pero no puede aprobar unilateralmente la reforma de la LOFCA (requiere mayoría absoluta del Congreso), las modificaciones de las leyes de cesión de tributos y las eventuales leyes presupuestarias asociadas.

Además, existe una dificultad añadida: la financiación autonómica genera ganadores y perdedores relativos, incluso poniendo una ingente cantidad de dinero encima de la mesa para suscitar adhesiones. Incluso gobiernos con mayorías sólidas han tenido enormes problemas para reformarla. De hecho, el modelo vigente, aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue fruto de una negociación muy compleja con comunidades autónomas y grupos parlamentarios; y se puso dinero para suscitar adhesiones, pero el modelo comenzó a mostrar sus defectos desde el primer momento, ya que se hizo a impulso de las autoridades catalanas sin tener en cuenta la integridad y la dinámica del modelo. ¿Vamos a repetir los mismos errores?

Desde una perspectiva práctica, una reforma profunda suele requerir tres mayorías simultáneas: una mayoría en el Congreso, un grado razonable de acuerdo entre comunidades autónomas y una capacidad para sostener el acuerdo durante varios ejercicios presupuestarios. Por ello, si un Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar incluso los Presupuestos Generales del Estado, resultaría muy difícil que pudiera sacar adelante una reforma de carácter estructural como es la financiación autonómica. No es imposible, pero exigiría pactos amplios con partidos de la oposición y con varias comunidades autónomas. Las perspectivas no son halagüeñas después de los primeros pasos dados desde la Secretaría de Estado de Hacienda en reuniones bilaterales, en un contexto preelectoral, sin recorrido suficiente para una negociación realista, sosegada y razonable de una política estructural del Estado.

En el marco político actual español, muchos constitucionalistas y expertos en Hacienda Pública consideran que una reforma de gran alcance del modelo de financiación solo tendría verdadera estabilidad si contara con un consenso semejante al que se exige para las grandes leyes de Estado, aunque formalmente la Constitución no imponga una mayoría reforzada más allá de la exigida para la ley orgánica.

Solo si la reforma alterase los principios básicos del modelo territorial español sería necesaria una reforma de la Constitución. El problema es que se pretenda hacer pasar como una mera reforma del modelo un cambio fundamental en el modelo financiero territorial español y esto sí que exigiría una reforma constitucional. En definitiva, una reforma del calado que se propone y que afecta a los fundamentos constitucionales del Título VIII abre la puerta a una litigiosidad en forma de potencial recurso de inconstitucionalidad.

En un sistema parlamentario como el español, el Congreso de los Diputados, que es la Cámara que elige al presidente del Gobierno, tiene la posibilidad de cesarlo a través la moción de censura, sustituyéndolo por otro. Por su parte, el presidente del Gobierno puede disolver las Cámaras y convocar elecciones. 

Lo que no está previsto es que el Congreso apruebe una moción en la que le pida al presidente que disuelva las Cámaras y convoque elecciones. Y por eso, porque no está previsto, la Mesa del Congreso de los Diputados ha inadmitido esta semana unas enmiendas a una moción que iban en este sentido, presentadas tanto por Junts como por el Partido Popular. 

Distinta suerte correrá la misma iniciativa en el Senado, donde el sistema electoral concede una amplia mayoría al Partido Popular, que usará su mayoría absoluta también para que la Mesa de la Cámara Alta permita el debate.

Pero, con independencia de lo que pase en el Senado, este ejercicio de trilerismo constitucional no puede tapar la realidad: que Núñez Feijóo no se atreve a presentar una moción de censura en el Congreso, no solo porque no le den los votos para ganarla, sino porque no tiene un proyecto político para España. 

El expresidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz (UPN), ha considerado que sería “un error” declarar el euskera, al que se ha referido como “vascuence”, lengua oficial en toda la comunidad foral porque “generaría tensiones y conflictos”. En la actualidad Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso.

El también exlíder de UPN ha comparecido este viernes en la ponencia de estudio de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto en el resto de autonomías. En su intervención ha defendido que el Amejoramiento navarro “no está” superado “por la realidad social, económica y política en cuanto al vascuence se refiere”. También ha asegurado que la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución (que contempla el mecanismo para una posible incorporación de Navarra a Euskadi) “ha culminado su tránsito” y es “hora de que sea derogada”.

Miguel Sanz, que fue presidente de la comunidad foral entre 1996 y 2011, ha señalado que “cualquiera que conozca la realidad social de Navarra, y los estudios sociológicos así lo dicen, en la Ribera la inmensa mayoría de los navarros no demandan vascuence”. “Lo mismo ocurre en toda la zona llamada no vascófona y en gran medida también en la zona mixta”, ha expuesto el predecesor de Yolanda Barcina, y ha indicado que “la ley de zonificación del vascuence y la LORAFNA recogen de manera justa y equilibrada el uso y normalización del vascuence en la comunidad foral”.

“La LORAFNA no está superada por la realidad social, económica y política en cuanto al vascuence se refiere”, aunque “los avances en el uso y normalización han sido evidentes en los últimos 25 años”. “¿Qué se puede avanzar más? Por supuesto. La realidad sociolingüística la define el apoyo, el interés, la libertad de los ciudadanos y en ningún caso, los gustos o intereses políticos e ideológicos de los dirigentes”, ha señalado.

Durante la ponencia, Sanz ha admitido sus “reticencias y escasa disposición a plantear grandes modificaciones” sobre el Estatuto navarro, pues, a su juicio, “funciona satisfactoriamente” y ha permitido “a Navarra progresar en su autogobierno y avanzar en libertad y democracia”, declarando su oposición a “cualquier modificación” sin “una mayoría similar o superior a la que tuvo en 1982”. Así como a “someterla en referéndum”. “A mi juicio, sería tanto como renunciar a nuestro pasado institucional y negar que Navarra ya tenía sus cortes representativas de los navarros elegidos por sufragio en sus merindades antes de aprobarse”.

Tras sus años en primera línea política, el expresidente se considera “legitimado” para “rechazar el calificativo de 'ocurrencia' que algún dirigente político utilizó para criticar la iniciativa que UPN tomó tendente a abrir el debate de supresión de la Disposición Transitoria Cuarta del texto constitucional, y por extensión, a todo aquello que la LORAFNA recoge en el articulado referido a la citada disposición”. Ya que “su propia calificación de transitoria impulsa a cuestionar su permanencia” y “ya llevamos 48 años, aun cuando se reconozca el papel jugado en la llegada de la democracia y la conformación del Estado autonómico”. “Durante casi 50 años ningún partido inició el procedimiento en el Parlamento de Navarra para incorporar Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca. Siendo esto así yo me pregunto qué sentido tiene mantener la disposición que los constituyentes quisieron que fuera transitoria”, ha subrayado.

Miguel Sanz ha indicado que “la disposición transitoria ha culminado su tránsito”. “Es hora, pues, de que sea derogada, ya que, a pesar de su vigencia, ni tan siquiera quienes clamaron por su inclusión han sido capaces de activarla durante todo este tiempo en el Parlamento de Navarra y ninguno de los partidos nacionales, PSOE y PP, con responsabilidades de Gobiernos en España, a pesar de múltiples pronunciamientos en contra de su permanencia, han sido capaces de alcanzar un acuerdo de supresión”, ha expuesto.

“Quienes pensamos que la comunidad más histórica de España no puede tener su realidad institucional sujeta a una transitoriedad al servicio de un proyecto político ajeno al representado en el Amejoramiento, seguimos esperando y respetando la ley de leyes desde la discrepancia con esta disposición”, ha insistido.

Entre los muchos artículos olvidados de la Constitución, esta semana hay uno que ha pasado especialmente desapercibido: el que establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Es cierto que el texto también contempla relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas, pero lo que hemos visto estos días parece ir mucho más allá de esa colaboración y encaja difícilmente en un Estado que se define como aconfesional.

Como ocurrió con sus predecesores, cada cual se ha quedado del Papa con aquello que mejor sirve a sus intereses. Los sectores progresistas destacan, con razón, su defensa de los migrantes. En plena ola reaccionaria y con acuerdos de gobierno entre PP y Vox que apelan a la “prioridad nacional” para criminalizar la inmigración, es importante la contundencia de León XIV en defensa de los derechos humanos.

Los gobernantes de izquierdas se han mostrado, en general, entusiastas con la visita papal. Más allá del interés electoral cortoplacista en buscar el aura de la figura de León XIV, cabe una reflexión sobre los efectos a largo plazo de la falta de distancia del poder político con el líder de los católicos. Sobre todo, en un país donde los ultras no han tenido piedad para combatir judicialmente, y contra la voluntad de los solicitantes, derechos como la eutanasia.

Esos sectores más conservadores, por su parte, celebran su rechazo al aborto y la muerte digna, expresado además en la misma Cámara donde se aprobaron ambas leyes. Como cada grupo político hizo suyo el fragmento del discurso que más le convenía, el hemiciclo respondió con una ovación de siete minutos.

Algo parecido ocurrió con su llamamiento a rebajar la polarización. Todos lo aplaudieron porque nadie se sintió interpelado. La responsabilidad siempre recae en el adversario. Quienes se emocionaron con la fotografía de dirigentes del PP, PSOE y Sumar compartiendo sonrisas y aplausos deberían recordar que esa imagen tiene mucho de excepcional y poco de duradera. Como en la canción de Sabina, tras el café del desayuno volverá la guerra fría. El lunes es metafórico, porque la bronca regresará antes. No les quepa duda.

Este diario es de los pocos que no se ha conformado con las cifras genéricas sobre el coste de la visita papal. Preguntamos y repreguntamos, pero las administraciones -desde el Gobierno central hasta comunidades autónomas y ayuntamientos- siguen sin ofrecer una cifra completa. Dicho de otro modo: PSOE, PP, PSC y Coalición Canaria no aclaran cuánto han supuesto para las arcas públicas las deducciones fiscales a las empresas, la cesión de espacios públicos o el despliegue de miles de funcionarios para los distintos actos.

Tampoco sabemos por qué un Airbus militar del Ejército del Aire fue el encargado de trasladar el Papamóvil ni la factura que también hemos pagado entre todos. 

Se agradece que León XIV reconociese públicamente que los abusos sexuales en la Iglesia son una “plaga” y que lo hiciese ante muchos de los que han estado encubriéndolos durante décadas. Pero no es suficiente. Su encuentro reducido y casi clandestino con unas víctimas seleccionadas por la propia Iglesia enfadó y con razón a las asociaciones que representan a centenares de supervivientes de la pederastia y a las que se decidió dejar en la calle. Literalmente, porque tuvieron que resignarse a seguir alzando la voz solo ante los medios que quisimos escucharles.

El aluvión de informaciones acríticas difundidas desde el sábado, incluidas las emitidas por las televisiones públicas, ha construido un espejismo que poco tiene que ver con la realidad sociológica del país. El número de personas no religiosas se ha multiplicado casi por cinco desde 1980. Un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia señala que Catalunya y Euskadi son las comunidades con menor grado de religiosidad, una realidad que contrasta con la implicación del Govern de Salvador Illa en esta visita. Madrid ocupa el tercer lugar, con una población no religiosa que supera el 45%.

Hay más datos reveladores. Solo uno de cada diez contribuyentes marca exclusivamente la casilla destinada a la Iglesia católica en la declaración de la renta. El porcentaje de quienes marcan simultáneamente la de la Iglesia y la de fines sociales se mantiene en el 21,4 %.

Durante uno de sus discursos en Madrid, el Papa animó a los jóvenes a contraer matrimonio. Sin embargo, nueve de cada diez bodas celebradas en España son civiles. Por muy viral que se haya hecho el testimonio de Álvaro, un joven de 33 años que pidió la bendición de León XIV antes de pasar por el altar, las cifras siguen describiendo una realidad muy distinta.

La cuestión de fondo no es la relevancia del Papa ni el interés que pueda despertar su visita. Lo que resulta llamativo es la distancia entre la imagen proyectada por buena parte de las instituciones y los medios de comunicación y una España que se declara aconfesional.

El lehendakari Iñigo Urkullu en el cargo entre 2012 y 2024, defiende como imprescindible que Euskadi cuente con un nuevo Estatuto. En una carta que publica en su integridad elDiario.es/Euskadi en el marco de quinto centenario del Fuero Viejo de Bizkaia y estando abiertas las conversaciones para la reforma estatutaria, Urkullu abogar porque se reconozca el “carácter nacional de Euskadi”, por “actualizar el catálogo de competencias”, por “profundizar” en la relación con otros territorios, incluida la “confluencia con Navarra”, y en que España asuma su realidad “plurinacional”.

La carta arranca con la constatación de que, a su llegada a Ajuria Enea, se activó una ponencia parlamentaria para la búsqueda de un acuerdo estatutario. Los trabajos nunca cristalizaron. Ahora, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, mantienen conversaciones extraparlamentarias y no públicas para trabajar en una posible propuesta nueva. El lehendakari, Imanol Pradales, aludió a junio de 2026 como referencia para evaluar los avances, aunque en los últimos meses lo poco que ha trascendido es que, metafóricamente, el agua en la piscina no era abundante.

Cualquier propuesta debe pasar primero toda la tramitación en el Parlamento Vasco, también el filtro del Congreso de los Diputados y, finalmente, una consulta popular. El denominado 'plan Ibarretxe', el intento más serio de superar el Estatuto, se quedó en el segundo paso. Urkullu, en una reflexión que asegura que es estrictamente “personal”, plantea “avanzar en la gestación de consensos para un nuevo estatus de autogobierno” a pesar de lo ajustado de los plazos, con un año para las elecciones generales. “Los meses hasta el final de la legislatura no son tiempo propicio para lograr un acuerdo, pero sí son un tiempo para prepararlo”, defiende.

El lehendakari -el título es vitalicio- pone en valor lo que representó el Estatuto de 1979 como “instrumento” de “convivencia” y de “desarrollo”. “Fue concebido por la sociedad vasca como nuestra propia Constitución”, defiende. Sin embargo, afea al Estado que no haya “respetado” el “espíritu inspirador” de esa ley de leyes vasca. “Hemos sufrido una mutación del pacto estatutario”, arguye Urkullu, que denuncia que hay materias que “siguen pendientes” de ser cumplidas -ahora mismo se negocia, por ejemplo, la transferencia de la gestión de la Seguridad Social- y que en otros ámbitos ha habido una “erosión” del autogobierno, una “dinámica constante” por parte del Estado a través de normativa básica.

Urkullu evoca la necesidad de “recuperación del espíritu del pacto” y del “mutuo reconocimiento”, de la “bilateralidad”. En línea con sus propuestas en las tres legislaturas como lehendakari, define a Euskadi como “nación foral” y sostiene que la actual Constitución y Estatuto recogen disposiciones suficientes para “actualizar” los “derechos históricos” de origen foral. También plantea exportar el modelo bilateral de Concierto Económico a un Concierto Político, a un “sistema de garantías eficaz que impida la vulneración del autogobierno”. Y añade: “Por esta vía podemos encontrar ámbitos efectivos de coincidencia y confluencia con Navarra, como refleja el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución española vigentes en la medida que nos permite compartir, en el entorno foral, una misma tradición y vocación de autogobierno”.

Urkullu mira también a España. Cree que se puede “realizar, desde Euskadi, una aportación sustantiva al debate sobre el modelo territorial del Estado”. “La diversidad del Estado es una realidad: distintas lenguas; tradición foral o derecho civil vasco; distintos sistemas de financiación o mecanismos de relación entre el Estado y las comunidades autónomas. En la práctica un Estado compuesto, plurinacional, de hecho, aunque no de derecho. La pregunta es: ¿por qué en un Estado sólo puede haber una nación? Esto es una visión excluyente. Sería suficiente aceptar que existe una nación allá donde, además de lengua, cultura o historia, existan mayorías que así se autoperciban, en virtud también de sistemas de Autogobierno singulares y reconocidos”, defiende.

Su propuesta, “para Euskadi y para el Estado en su conjunto”, es una fórmula que llama “Convención Constitucional”. Ya la lanzó estando en el cargo e implica reinterpretar las posibilidades del marco vigente sin necesidad de abrir el melón de reformarlo. “Se trata de una invitación a modernizar y mejorar el funcionamiento del marco institucional por la vía del pacto. Es una propuesta constructiva y abierta, formulada el año 2018 y que debería encontrar un escenario propicio para su desarrollo”, estima Urkullu.

Urkullu abandonó la Presidencia vasca en el verano de 2024 con la toma de posesión del nuevo candidato del PNV, Imanol Pradales. Desde entonces, ha priorizado la puesta en marcha de fundación europeísta y atlantista, eAtlantic. También participa en actos públicos, como el homenaje por el aniversario del bombardeo de Durango en la Guerra Civil o los recientes homenajes al que fuera primer lehendakari en democracia, Carlos Garaikoetxea.

En realidade quería tratar sobre a ansia de poder e control que manifesta o actual xefe de goberno autonómico no ámbito que lle corresponde. Pero atopo serias dificuldades para poder defender o título que tiña pensado, que era o de poder absoluto. Non se pode utilizar porque non reflicte a realidade. O presidente da Xunta goza dun ámbito de exercicio do seu poder realmente cativo comparado coas posibilidades a desenvolver no marco do Estatuto de Galiza, e, o que é pior, por vontade propria, xa que as posibilidades que oferece o Estatuto de Autonomía van moito máis alá das que actualmente delimitan o poder autonómico: o exercido e o potencialmente desexábel.

Goberna naquelas competencias exclusivas que están inalteradas desde hai 16 anos. Nen Núñez Feixóo nen Rueda ampliaron a extensión do poder exercido para un campo máis amplo do que a autonomía contemplaba, case cando empezou o século XXI, e, non obstante, o mundo cambiou bastante, as circunstancias económico-políticas tamén, e as reivindicacións dos cidadáns, así mesmo.

Así, por exemplo, e sen ansia de ser exhaustiva, poderíamos citar algunhas que, sendo notabelmente funcionais para un goberno que se prece, non forman parte do cadro actual de obrigas do Executivo galego. Citaremos as seguintes: ordenación do litoral na súa totalidade; salvamento mariño e loita contra a contaminación marítima no que corresponde aos vertidos; control, inspección e vixilancia pesqueira, ISM (Instituto Social de la Marina) cun número de afiliados en só tres provincias galegas que representan o 27% do total do Estado; portos dos chamados de interese xeral que son Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Vilagarcía, Marín-Pontevedra, Vigo; xestión e réxime económico da Seguridade Social; función de inspección laboral; organismos de investigación mariña na Galiza; transferencia de competencias en materia de investigación científica; servizos de meteoroloxía; planificación, construción de obras hidráulicas en Miño-Sil no territorio galego; formación ocupacional tanto de persoas paradas como activas; emprego e fundo de garantía salarial, xestión da oferta e demanda de emprego; xestión dos laboratorios públicos de referencia; xestión da inmigración...

Dicíamos que non citaríamos de forma exhaustiva e o que citamos son única e exclusivamente aquelas competencias que atinxen á pesca ou, mellor dito, á actividade pesqueira que no seu sentido económico total abranxe non só as actividades directamente produtivas senón aquelas imprescindíbeis de coidado, conservación, mantemento e reparación dos recursos naturais, así como control doutras actividades que inflúen directa ou indirectamente nas condicións en que se desenvolve a pesca. Quedarían polo tanto sen lembrar outras competencias longamente citadas por ausentes e que constitúen unha reivindicación clásica do nacionalismo e daqueles actores na vida económica galega que pretenden máis eficacia e a eliminación de varios chanzos de burocracia para lograr un fluído devir da vida económica. Así, poderíamos lembrar o traspaso da AP-9, infraestruturas viarias e ferroviarias no territorio galego, policía autonómica, tráfico e circulación e seguridade viaria; demarcación xudicial de Galiza, ou a cultura e a lingua galegas... Así, en cada un dos campos en que está falto de completude o traspaso das competencias que contempla o Estatuto.

De aí que teñamos que nos referir sen moita vontade inicial ao aspecto de perspectiva de goberno dun país entendido como un pequeno concello con competencias limitadas e das que sempre haberá a posibilidade de eludir responsabilidades en busca dun titular cun rango superior. Ese sería, ao noso entender, o cualificativo dunha mentalidade de goberno de intento de control total e permanencia garantizada sobre unhas competencias limitadas das que sempre hai maneira de eludir responsabilidades enfocando cara a un externo/superior. Dese modo sempre se pode practicar a táctica de balóns fóra e pasar como alumno mediano.

A observación do paquete competencial incompleto -mesmo no ámbito estatutario- dá a entender que o interese político do goberno de quenda nestas últimas décadas é de contar co menor número de responsabilidades con encargo de xestión diaria para non ter que se responsabilizar diante dos seus propios concidadáns e votantes da marcha cotiá das cousas da vida. Se o réxime aeroportuario en chan galego goza dunha marcha irracional de xestión -en moitas ocasións dependente dunha mirada centrípeta-, a “culpa” é do goberno central, xa que aquí non hai competencias. Se a autovía Lugo-Santiago tarda en ser aberta máis tempo que a construción da catedral de Gaudí, é cousa do goberno central; se as acreditacións para o profesorado das universidades galegas pasa pola Aneca (goberno central) é por culpa do goberno central. Isto do goberno central dá moito xogo neste momento de enfrontamento co Goberno español de coalición, mais en tempos do PP sucedía exactamente igual e ningún dos agora carpideiros (ou queixosos) tiña a ocorrencia de citar o goberno central como responsábel. Nunca se fixo unha planificación no interior do goberno actual de saber co que contabamos, o que desexamos acadar, con que medios fiscais contamos (que plan de financiamento específico propoñemos) e como se debería executar nun período de tempo gobernativo medio: é dicer, máis alá dun período eleitoral, non para o curto prazo senón para crear tecido político/gobernativo dun país que teña conta de si mesmo.

Este componente de falta de capacidade e de vontade de se facer cargo do propio, como fan os adultos de calquera país, explicaría ao noso ver esa ansia de poder nun exercicio controlador até a extenuación do que existe, e ausente do importante que non se alcanza, non por imposíbel senón por incomparecencia, non personación ou simplemente falta de arroallo.

Casos como o veto á proposta do BNG para vicevaledor do pobo cun argumento de patio de gardería (non nos gusta o candidato, dixo o PP), o da muda do director do IGE, a inxerencia na elección de reitora na USC, o capricho de dividir recursos do sistema universitario galego con criterios localistas, a intromisión en política municipal, con mocións de censura incluídas, a división da prensa entre “nosos” e “inimigos” comprando vontades con cartos públicos, son só síntomas dun modelo de facer política que non vai contribuír -mesmo por razóns antipedagóxicas- a mellorar o país. O control absoluto ficou reducido a control miserábel dunha realidade empequenecida á mantenta.

Los parlamentarios de UPN se han vestido este jueves de rojo para escenificar su “defensa” de la foralidad en el Parlamento de Navarra, donde se ha votado, y rechazado, una iniciativa presentada por el propio partido regionalista para borrar de la Constitución la disposición transitoria cuarta, aquella que abre una vía de entrada de Navarra a la comunidad vasca. Los regionalistas han acusado una vez más al PSN de “vender” Navarra al nacionalismo vasco por oponerse a la reforma.

Se trata de un debate al que UPN recurre cada cierto tiempo, pero que no abrió en los años en los que gobernó Navarra con mayoría absoluta, como le ha recordado este jueves la portavoz socialista Ainhoa Unzu. En su iniciativa, los regionalistas pedían instar al Congreso a reformar la Constitución para borrar la posible incorporación de Navarra a Euskadi. Para su defensa, los 15 parlamentarios, así como algunos invitados sentados en la tribuna, como la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, han acudido al debate con alguna prenda roja, color de la bandera de la comunidad foral. Además, Javier Esparza, ha defendido la iniciativa legislativa colocando en el atril una pequeña bandera de Navarra, gesto que han imitado el resto de diputados en su escaño.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución contempla que el Parlamento de Navarra puede activar la anexión de Navarra a Euskadi con una simple votación por mayoría simple, que deberá ser ratificada, eso sí, en un referéndum, también por mayoría simple. Solo votarían los censados en Navarra. Tal y como está redactado el texto constitucional, Euskadi no tendría nada que decir al respecto, se presupone su disposición a incorporar Navarra como la cuarta provincia vasca.

Finalmente la iniciativa ha decaído con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin y los únicos apoyos de UPN, PP y Vox.

Los regionalistas han vuelto a acusar al PSN de “vender” Navarra al nacionalismo vasco y querer dejar abierta la posibilidad de que la comunidad foral se incorpore a la vasca si la ciudadanía así lo reclama. “Eso es traicionar nuestra historia, traicionar a nuestros mayores, traicionar al viejo reino de Navarra. Con esta votación, el PSN se convierte en un partido antiforal”, le ha espetado Esparza a la bancada socialista. “Votan a cambio de mantenerse en el sillón, el primer paso para vender Navarra cuando sea necesario”, ha apostillado.

En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143

Disposición Transitoria Cuarta

Del lado socialista, la parlamentaria Ainhoa Unzu ha reprochado a UPN que haya qurido llevar el debate al Congreso de los Diputados sin que se haya abierto un diálogo previo entre los gobiernos navarro y central al respecto. “Sería un precedente muy peligroso, porque si aceptáramos que una mayoría parlamentaria en Madrid puede modificar de manera unilateral elementos que afectan directamente a Navarra, pero sin contar con Navarra, mañana mismo podría cuestionar perfectamente cualquier otro elemento de nuestro autogobierno”, ha alertado la parlamentaria del PSN.

EH Bildu,Geroa Bai y Contigo/Zurekin por su parte han criticado que UPN quiera con esta reforma “quitar” y “recortar” capacidad de decisión a la ciudadanía navarra. “¿Cuál es el problema exacto que tiene UPN con la Transitoria Cuarta? ¿Que pueda haber en algún momento una mayoría que no piense como ustedes y pueda decidir democráticamente otra cosa?”, ha apuntado el portavoz de Geroa Bai Pablo Azcona. “Nuestro objetivo es la república confederada del País Vasco. Navarra formaría parte de ella con plena soberanía, porque así lo decidiría libremente la sociedad navarra. No apoyamos ninguna anexión o integración con ninguna comunidad o Estado”, ha matizado Laura Aznal, de EH Bildu.

En la política tradicional hay momentos en los que lo más importante no es ganar una votación, sino conseguir que una cuestión llegue al centro del debate. La posible admisión a trámite de una reforma de la Constitución Española de 1978 para incluir el aborto es un ejemplo claro. Incluso antes de hablar de mayorías reforzadas o de resultados finales, hay una pregunta previa que es profundamente política: ¿tenemos derecho a debatirlo?

Durante demasiado tiempo, los derechos sexuales y reproductivos han sido tratados como una cuestión periférica, sujeta a mayorías coyunturales y a menudo expuesta a retrocesos. Llevar el derecho al aborto al corazón del debate parlamentario no es solo una iniciativa jurídica; es una declaración de prioridades. Significa reconocer que la soberanía corporal es un pilar de la democracia.

El Congreso no es solo un espacio de decisión, sino también de legitimación simbólica. Aquello que se discute en él adquiere centralidad en el imaginario colectivo y una relevancia política y social que va más allá del resultado inmediato. Debatir el aborto en sede parlamentaria implica sacarlo de la marginalidad, blindarlo en la agenda pública y obligar a todas las fuerzas políticas a posicionarse. Y eso, en un contexto global de regresión de derechos, no es menor.

Pero hay un elemento adicional que hace este debate especialmente urgente: la extrema derecha lleva tiempo situando el aborto en el centro de su ofensiva y lo ha convertido en batalla cultural. No es una cuestión teórica ni futura; es una realidad presente. En todo el mundo, actores políticos reaccionarios utilizan el aborto como puerta de entrada para cuestionar derechos más amplios y negar grandes avances sociales vinculados a la igualdad de género, las violencias machistas o la propia idea de autonomía personal.

Ante esto, no debatir no es una opción neutral. Es, en la práctica, dejar el marco en manos de quienes quieren restringir derechos. Cuando la extrema derecha marca la agenda y el resto de actores políticos se limita a reaccionar de forma tímida o defensiva, el terreno de juego ya está desplazado. Por eso, llevar el derecho al aborto al centro del debate institucional es también una forma de recuperar la iniciativa política y disputar el relato.

Además, abrir este debate permite confrontar argumentos, desmontar discursos desinformadores y generar una conversación pública más madura. Frente a la ofensiva de los movimientos antiderechos, que han convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla, el silencio institucional no es neutralidad: es una forma de renuncia. En cambio, el debate es una herramienta activa de defensa democrática.

Somos conscientes de que el recorrido parlamentario de una reforma constitucional puede ser largo y exigente. Las mayorías necesarias son amplias y los equilibrios políticos, complejos. Pero precisamente por eso, el primer paso —admitir a trámite la propuesta— tiene un valor propio. No compromete el resultado final, pero sí abre una ventana de oportunidad. Permite construir consensos, explorar alianzas y, sobre todo, situar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres como una cuestión de Estado.

Habrá quien argumente que abrir este debate sin tener asegurada su aprobación final es inútil o incluso contraproducente. Pero esta mirada confunde la política con una simple aritmética parlamentaria. Quienes creemos y trabajamos en una política no tradicional sabemos que esta también es agenda, marco, narrativa y correlación de fuerzas. Y en ese terreno, poder debatir ya es avanzar. No tengamos miedo al debate: hablar de aborto es confrontar a la extrema derecha, romper el tabú y acabar con el estigma.

Porque cada vez que una institución democrática pone sobre la mesa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, está enviando un mensaje claro: que ese derecho importa, que no es negociable en silencio y que merece ser protegido con las máximas garantías. Aunque el camino sea largo, el simple hecho de iniciarlo ya transforma el punto de partida.

En tiempos de incertidumbre y retrocesos, defender el debate es, en sí mismo, una forma de defensa de los derechos. Y eso, hoy, es más necesario que nunca.

Sílvia Aldavert García es politóloga y activista feminista, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos. Es directora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius e impulsora del proyecto Quiero Abortar

El proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con las prestaciones y servicios que sean necesarios para hacerlo efectivo, presentado por el Gobierno al Parlamento, culmina todo un esfuerzo del movimiento feminista durante 40 años de democracia para que se respete en España la libre autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y los derechos reproductivos.

Forma parte de toda una lucha por la democracia, que no es concebible sin los plenos derechos de la mujer y la no discriminación por razón de género. La lucha feminista es la lucha por la democracia y los derechos humanos.

El fin de la clandestinidad para abortar empezó con la ley socialista 9/1985, que derogó la ley franquista de 1941 que consideraba el aborto “un crimen social”. Pero en 1985 solo se despenalizó el aborto en tres supuestos: violación; peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; o malformación fetal. Hubo que esperar a la ley orgánica 2/2010 para pasar a una ley de plazos que reconoce la libre decisión de las mujeres para interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. El Partido Popular, en 2015, introdujo la obligación de las mujeres de 16 y 17 años a obtener el permiso de los padres para abortar, pero esa limitación desapareció con la ley 1/2023. Sin embargo, aún hay limitaciones, en la práctica, para poder abortar en hospitales de la sanidad pública.

La garantía de la libre decisión de interrumpir el embarazo solo es completa si está garantizada al máximo nivel de legalidad. Y este es la Constitución. Solo así cabe asegurar la libertad de abortar frente a cambios legislativos. La evolución política de nuestro país muestra que esa libertad puede desaparecer ante la llegada al gobierno y al Parlamento de formaciones de derecha y ultraderecha, como así sucede ya en el nivel autonómico en España.

La presencia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución significa que la autonomía de la mujer está garantizada frente a la aparición impetuosa de movimientos populistas y antifeministas. 

El derecho a la libre interrupción del embarazo tiene su base en el derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral (art. 15 CE), en conexión con su dignidad y el pleno desarrollo de su personalidad (art. 10.1). De acuerdo con ello, se exige del legislador “el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación” (Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, de 9 de mayo de 2023). Siempre tutelando por vía penal la vida prenatal, que es un bien constitucionalmente protegido. De ahí que el derecho a abortar se extienda a las 14 primeras semanas de gestación.

Este modelo legal está en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una vez que el legislador ha autorizado el aborto, el Estado tiene la obligación de crear el marco normativo y los mecanismos de ejecución necesarios para permitir a la mujer embarazada ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, constituyendo el incumplimiento de estas obligaciones una vulneración del derecho fundamental a la vida privada proclamado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Pues bien, el mejor marco normativo para asegurar a la mujer embarazada el ejercicio del derecho al aborto es la propia Constitución. De ahí la conveniencia de reformar su artículo 43 para recoger explícitamente la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ciertamente, la reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a abortar en las condiciones legalmente establecidas no convierte al mismo en un derecho fundamental. Porque el artículo 43 está situado en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución referido a los llamados “Principios rectores de la política social y económica” y no en el Capítulo Segundo (“Derechos y libertades”). El artículo 43, su contenido, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE). 

El proyecto de la ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a abortar no es una iniciativa única en Europa. Francia ya incorporó ese derecho a su Constitución en 2024. No sólo eso. Recientemente se hizo pública una “iniciativa ciudadana europea”, suscrita por más de 1,2 millones de europeos y europeas, con el título “Mi voz. Mi decisión”. Tiene un objetivo sencillo: permitir a 20 millones de mujeres en Europa que no tienen acceso legal y seguro al aborto en su país de residencia (por ejemplo, Malta, Polonia, Hungría, Italia) trasladarse a otro Estado miembro para interrumpir su embarazo.

La iniciativa fue aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre 2025. La Comisión Europea exige que tres Estados miembros notifiquen su voluntad de unirse a esta iniciativa. Por el momento, la apoyan España y Eslovenia. En el pasado febrero, un colectivo de artistas, investigadores y escritores franceses se han dirigido al Presidente de la República para que también la apoye. 

La Comisión Europea ha aceptado que la interrupción voluntaria del embarazo se financie con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y que se garantice a mujeres que no necesariamente provengan del Estado dispuesto a utilizar ese Fondo para ese objetivo. 

Estas iniciativas ponen de relieve la demanda de millones de mujeres que desean que la interrupción del embarazo en condiciones seguras sea un derecho garantizado al máximo nivel legal. Por eso es tan importante que en nuestro país ese derecho sea recibido explícitamente en la Constitución española. Porque defender los derechos de la mujer es defender la democracia.

¿Podría Vox modificar o suprimir el Estado de las autonomías en caso de llegar al Gobierno de España? La formación ultraderechista se ha manifestado abiertamente en contra de este sistema en numerosas ocasiones. Incluso ha incluido en sus programas electorales a nivel nacional la eliminación total de las autonomías.

Sin embargo, incluso si un partido político obtiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo tendría “muy difícil” para poder llevar a cabo una reforma de esa envergadura. Así lo ha asegurado Enrique Belda, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha durante la celebración de las XXIX Jornadas de Derecho Autonómico que se celebran durante dos días en el campus de Cuenca.

Belda, que es además diputado del PP por Ciudad Real en el Congreso ha defendido en su intervención que para poder realizar un cambio de tal calado “no valdría” que el partido gobernante tuviera la mayoría de votos en el Congreso de los Diputados. “Las mayorías reflejan lo que pasa en un momento determinado, pero nuestro sistema está pensando para que cualquier cambio sustancial lleve un proceso de racionalización a través de un poder de reforma”, ha explicado el catedrático, añadiendo que es algo que sucede “en cualquier democracia avanzada”.

Así, considera que ese “poder de reforma” al que aludía es “muy difícil” que se dé, ya que sería necesario aplicar el artículo 168 de la Constitución. Dicho apartado establece que, para sacar adelante ciertas revisiones constitucionales como la que exigiría una recentralización del Estado autonómico, sería necesaria su aprobación, en primer lugar, por dos terceras partes del Congreso y del Senado, una posterior convocatoria de elecciones para que las nuevas Cámaras elegidas vuelvan a ratificar la modificación por dos tercios y, en último lugar, someter la revisión a un referéndum de ratificación.

Por tanto, el catedrático concluye que “el propio sistema se guarece” de la posibilidad de una recentralización como la propuesta por Vox. “Ese episodio sería una eventualidad, o sea, solo sería posible si después de ganar en 2026 tuvieran una mayoría amplísima que permitiera un proceso de reforma constitucional”.

Un marco “claro” y “ambiente de colaboración”

En su ponencia, Belda se ha mostrado crítico con algunas disfuncionalidades que presenta el reparto de competencias constitucionales entre las diferentes administraciones. Ha asegurado que el sistema “genera muchas broncas” entre las autonomías y el Estado. “Pero para eso está el Tribunal Constitucional. Hay problemas, pero también un mecanismo de articular el sistema”, ha añadido.

Para evitar esas tensiones, el catedrático ha apuntado la importancia de que esté “muy claro” el marco de reparto de competencias. “El ciudadano tiene que saber perfectamente quién dirige eso, si su ayuntamiento, su gobierno autonómico o el Gobierno nacional”.

En segundo lugar, también ha destacado la importancia de que exista un ambiente “de cooperación y de colaboración” entre las diferentes administraciones, ya que lo contrario es propio de políticos “muy malos”.

En ese punto, Belda ha comparado la gestión de crisis a consecuencia de las danas que impactaron en los territorios de la Comunitat Valenciana y en Andalucía, una diferencia en la gestión y en la colaboración entre diferentes administraciones que ha calificado como “la noche y el día”. También ha puesto el accidente ferroviario en Adamuz como ejemplo de cooperación institucional para arreglar “lo mejor posible ua situación de urgencia”.

Las jornadas, organizadas por el área de Derecho Constitucional de las facultades de Ciencias sociales y Comunicación, se celebran durante dos días y se centran este año en abordar el sistema autonómico en Castilla-La Mancha desde el punto de vista de los medios de comunicación y la opinión pública, analizando los distintos Estatutos de Autonomía vigentes en España así como los diferentes parlamentos o asambleas regionales, el sistema electoral autonómico o las identidades dentro del Estado de las Autonomías.

Este martes, el periodista Enrique Lumbreras, presentador del programa El Escaño de Radio Castilla-La Mancha, Leo Cortijo, director de La Tribuna de Cuenca y Carmen Bachiller, directora de elDiario.es Castilla-La Mancha han abordado la descentralización desde el punto de vista de los medios de comunicación y de la opinión pública.

En jornada de tarde, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, Alicia González Moro, ha centrado su intervención en los partidos y el sistema electoral en el marco del federalismo americano. Mientras que Eduardo Espín Templado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha repasado los estatutos de autonomía en el sistema constitucional español.

Para este miércoles está prevista la intervención de la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares, María Ballester Cardell, que hablará de las asambleas autonómicas. El profesor de Derecho Constitucional Francisco Javier Díaz Revorio se centrará en las identidades del sistema autonómico, y en concreto en el caso de Castilla-La Mancha.

Las jornadas se cerrarán con una mesa redonda en la que debatirán distintos representantes parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la tramitación directa y en lectura única de la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlamento de Baleares para modificar el artículo 69.3 y atender la reivindicación histórica de que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza.

Esta forma de tramitación ha salido adelante con el único rechazo de Vox, la abstención del PP y UPN, mientras que el resto del Congreso ha votado a favor.

El contenido de esta reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio se debatirá y votará la próxima semana en el Pleno del Congreso, pero antes había que decidir la forma de tramitación, ya que se había pedido que sea en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

El Parlamento de Baleares ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, por lo que el Pleno del Congreso de este martes ha debatido iniciar el camino para que las islas de Formentera e Ibiza tengan un senador cada una.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

En cualquier caso, algunos partidos políticos han intentado también llevar esta reivindicación histórica al Congreso de los Diputados para que Formentera se desvincule de Ibiza en este distrito electoral conjunto y que cada uno disponga de un senador propio, aunque finalmente estas propuestas no prosperaron.

Ya ocurre en Canarias

La propuesta del Parlamento de Baleares es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También quieren incluir una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera “quedará demorada” hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que “queden reconocidas” de manera efectiva en el Senado “las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva”.

Asimismo, pretende “poner de manifiesto” el protagonismo de las islas para que una decisión como esa “se considere una buena reforma constitucional”, sentida “como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España”. De esta manera, la propuesta sigue su camino parlamentario en las Cortes Generales y los grupos podrán plantear diferentes enmiendas sobre otros temas.

Ya ocurrió algo similar cuando PSOE y PP registraron conjuntamente la propuesta principal para reformar el artículo 49 de la Constitución Española, que buscaba actualizar el texto sobre las personas con discapacidad.

Sin embargo, hubo algunos grupos que buscaban aprovechar la tramitación de esta reforma de la Constitución para plantear enmiendas sobre otros asuntos, aunque finalmente no salieron adelante y la modificación constitucional se ciñó únicamente al artículo 49.

En esta ocasión, grupos como el PNV ya han presentado enmiendas relacionadas con otros asuntos, mientras que el PP busca que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlamento balear.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, y la presidenta navarra, María Chivite, socialista, han rechazado tajantamente la propuesta de UPN, a través de una enmienda en las Cortes Generales, de que sea retirada de la Constitución española la disposición transitoria cuarta, introducida en 1978 y que habilita la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma que integran Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “Genera incertidumbre y no se corresponde con la voluntad mayoritaria y sostenida de la ciudadanía navarra”, defiende la formación ahora dirigida por la exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola.

Pradales y Chivite se han reunido este martes en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria en el marco de un encuentro de la Eurorregión que comparten también con la francesa Nueva Aquitania. Según ambos mandatarios, UPN ha usado una “bomba de humo” para tratar de tapar el hito que supone para Navarra la anunciada inversión de la empresa china Hithium, de 400 millones de euros y 1.050 empleos entre directos e indirectos.

“Me parece que esta propuesta proviene de alguien que se ve anclado en la oposición. Y es significativo que se haga hoy, para desviar el foco de lo importante”, ha afirmado Chivite desde la capital vasca. La presidenta ha explicado que UPN nunca lo ha planteado cuando ha liderado Navarra o cuando el PP ha tenido “mayorías absolutas” en España, y sostiene que en los debates de reforma de la Lorafna (el estatuto navarro) no ha sido objeto de estudio. Ha agregado que no hay un debate ciudadano que demande esa derogación.

“Hechos son amores”, ha dicho después la presidenta navarra, que ha querido subrayar su compromiso con el “crecimiento institucional” de la comunidad foral. “Cuando UPN estuvo en el Gobierno, jamás consiguió una competencia”, ha ironizado sobre su mandato, iniciado en 2019 y en el que, por ejemplo, han asumido las de Tráfico, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

Pradales, que ha dicho estar “bastante de acuerdo” con el análisis de Chivite, ha ironizado que los “adalides del constitucionalismo español” son precisamente los que buscan “modificar unilateralmente” cláusulas que son sustanciales para el encaje de los territorios vascos en España. Acto seguido, ha puesto en valor el “protocolo general” de colaboración entre ambas comunidades autónomas. Pradales ha calificado a Navarra como territorio “hermano”.

"En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143"

Disposición transitoria cuarta

Dicen que enterramos muy bien porque a nadie se le ocurre hacer un obituario injurioso del difunto. Cuestión de elegancia, delicadeza y buena educación. El protocolo funerario forma parte de las costumbres ancestrales que, por repetición y asimilación, se convierten en cultura de una sociedad, mediante la incorporación del consiguiente relato a su identidad como grupo para dotar de significado al ritual, sea religioso o no. Si actuamos de forma consciente y acordada en las despedidas, más aún lo hacemos con motivo de nacimientos, aniversarios y efemérides. Especialmente, en España, lo celebramos todo y no hay meses en el año en los que falte una fiesta diaria en cada uno de los territorios. La ceremonia con motivo de la longevidad de la Constitución del 78 —que convocó a la clase política esta semana en el Parlamento— parecería algo forzado o, cuando menos, sobreactuado si no la enmarcamos en esta manía ritual de inventar causas de celebración. Teniendo en cuenta nuestros antecedentes como pueblo experto en la discrepancia, más proclive a los altibajos pasionales que a la concienzuda perseverancia, hay muchos motivos para darnos un chute de autoestima y aprovechar la ocasión para sentirnos orgullosos y orgullosas del trabajo bien hecho. ¡¡¡Hay tan poco que celebrar últimamente!!!

Festejar la estabilidad política y jurídica de nuestro marco de convivencia, que no ha cumplido siquiera 50 años, puede parecer bisoño y autocomplaciente. Lo es si tenemos en cuenta que la Constitución de Estados Unidos lleva en vigor desde 1787 (con sus posteriores enmiendas) y la no codificada del Reino Unido aplica documentos históricos anteriores a 1215. Pero no se trata ahora de medir el simple paso del tiempo como un valor positivo en sí mismo, sobre todo cuando estamos viendo cómo la longevidad de la “Carta de Derechos” norteamericana parece papel mojado en manos del trumpismo. Pongamos el foco en los valores que este proceso constituyente ha aportado al desarrollo en paz de una sociedad moderna surgida de un país que era pobre y atrasado, ahora convertido en uno de los más avanzados, integrado en el espacio geopolítico más próspero del planeta. Nadie habría dado un duro por ello cuando se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal, tras 40 años de dictadura. ¿Que habría sido posible otra transición? Puede ser... ¿Que se cometieron errores? Sin duda. Pero en esa tesitura quisiera ver yo a los que hoy fanfarronean menospreciando la obra del 78, un auténtico milagro realizado en tiempo récord por constituyentes sin experiencia democrática, con los cuarteles en pie de guerra, el búnker en primera posición y la vida diaria del país ensangrentada de muerte por el terrorismo etarra o fascista. 

Que el hoy devaluado consenso y la altura de miras de la clase política de los años 70 fueron las claves del éxito es una obviedad. Como también lo es que el marco de convivencia haya llegado vivo a nuestros días por haber sido resultado de un acuerdo que comprometió a todo el espectro económico, social y político (con el añadido de los Pactos de La Moncloa). La sacralización de la Constitución durante estos años impidió su reforma y una necesaria adecuación a los tiempos modernos (con tan solo tres cambios muy parciales), pero sin duda ha preservado toda su virtualidad como anclaje fiable de nuestra convivencia. Las dos grandes fuerzas políticas (socialdemócratas y conservadores) fueron artífices de su aplicación en las primeras décadas pero la transformación del espectro electoral y el final del bipartidismo con nuevos elementos de convivencia en el siglo XXI ha alterado este equilibrio. No basta con ensalzar la santa obra constitucional de forma retórica. Como bien dijo Felipe VI en el Parlamento, hay que aplicarla. En la forma y fondo. 

La lealtad constitucional está hoy claramente en entredicho por culpa de tirios y troyanos. La oposición no ejerce de tal ni busca controlar el trabajo del Gobierno para mejorar la vida de la ciudadanía sino que usa y abusa de los instrumentos de que dispone con el único afán de destruir al adversario. Y el Gobierno se ha atrincherado en su parcela de poder multiplicando su gestión de manera unilateral, sin duda más preocupado de contar con los votos que le permitan seguir administrando el país que de conservar el espíritu del consenso fundacional de la democracia del 78 que implicó la complicidad con el partido opositor. Ni el PSOE es lo que era ni mucho menos el PP actual responde al espíritu centrista de los herederos de la UCD. Pero la Constitución que nos rige sigue siendo la misma y ambos partidos están obligados a acatarla y aplicarla, más allá de sus intereses electorales coyunturales. 

El texto de la Carta Magna supuso un ejercicio de pericia y prestidigitación que permitió la articulación de distintas sensibilidades políticas, identitarias y culturales en un modelo que entonces era novedoso y demostró su eficacia durante años. El reparto de competencias, poderes y contrapoderes está basado en el principio de la lealtad institucional para así preservar su equilibrio y eficacia. Es esa lealtad, que implica el respeto a las leyes y las instituciones, la piedra de toque de la Constitución, lo que nos garantiza la paz y asegura la convivencia. Si pervertimos y destruimos ambas estamos debilitando su arquitectura y corrompiendo sus valores. Se dañan las instituciones cuando las autonomías incumplen sistemáticamente las leyes del gobierno central o llevan a los consejos territoriales posiciones que obedecen a tácticas de partido; los ayuntamientos aplican las normas de acuerdo con su ideología y desequilibran el reparto territorial de los servicios públicos; cuando las mayorías reforzadas previstas en la Constitución son utilizadas como herramientas de bloqueo, el Senado se convierte en una jaula de grillos o la sesión de control al Gobierno simula un patio de monipodio; las instancias judiciales se usan para ajustes de cuentas y siempre que los adversarios se comportan como enemigos mortales. 

De poco servirá seguir celebrando efemérides constitucionales si estamos minando sistemáticamente su espíritu de respeto institucional y fidelidad a sus principios. Ya podemos proclamar la longevidad de un bonito marco jurídico si lo estamos dinamitando en sus cimientos, cuales termitas depredadoras, porque se convertirá en un texto inane y hueco de imposible aplicación. Así que, menos fastos y más esfuerzos. Menos predicar y más dar trigo, como dice el refrán. Porque, al final, los temporales no eligen territorios, pueden llegar por igual a cualquiera, las danas e incendios devastadores pueden afectar hoy a una y mañana a otra autonomía, las pandemias o los accidentes ferroviarios, de aviación o marítimos no eligen el color del gobierno al que le explotan. Todos y todas vamos en el mismo barco. Ocupémonos de que la carga vaya bien estibada, el motor esté en condiciones y la ruta, certera. Por lo menos, cuidemos los botes salvavidas, por si acaso.

El Congreso de los diputados celebra hoy que la Constitución vigente en España es ya la más duradera en toda nuestra historia. Y eso que no tiene ni 50 años. España históricamente ha tenido muchas constituciones, y muy cortas, interrumpidas por guerras, golpes de Estado y autoritarismos de todo tipo. La Constitución era casi un libro sagrado. Tanto que no se podía criticar ni tocar. Durante décadas, estar contra la Constitución era casi tanto como estar contra la democracia. Pero todo cambia en torno al 15M. Y no solo fue la izquierda, también partidos de la derecha se abrieron a su posible reforma. 

Han pasado diez años y una reforma constitucional queda lejos. De hecho, los que la querían reformar, ahora presumen de conservarla frente a la amenaza de la extrema derecha. Analizamos aquel momento histórico en la que se habló de una reforma y quedó en nada, así como la situación actual, con el profesor de Derecho y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías; con el escritor, guionista y activista en varios procesos políticos desde el 15M, Guillermo Zapata, y con la politóloga y experta en movimientos de extrema derecha, Anna López. 

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El 6 de diciembre, día de la Constitución española, ha dejado en Euskadi nuevos titulares de la campaña de Ernai, la organización juvenil de Sortu, contra los símbolos españoles. Y también un carrusel de valoraciones políticas sobre una jornada festiva.

En el caso de Ernai, que esta semana atacó la sede central del PP vasco, en Bilbao, o derribó un toro de Osborne en el sur de Álava, ha retirado la bandera española de varios edificios, incluida la Casa de Juntas de Gernika. Además, se ha realizado una pintada con el lema 'Gurea, ikurriña'. La Mesa del Parlamento foral vizcaíno ha emitido una “condena” con la firma de PNV, PSE-EE y Podemos, pero no de EH Bildu. El PP también se ha sumado a la denuncia. “Han atentado contra un espacio que simboliza la soberanía popular de Bizkaia y que alberga el Árbol de Gernika, emblema universal de la libertad, la democracia y la paz del Pueblo Vasco”, han defendido las Juntas Generales.

En el plano más político, la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha insistido este sábado en que “la bilateralidad debe marcar la relación entre los Gobiernos vasco y español” y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé “el aldabonazo necesario” para el cumpliento del Estatuto de Gernika.

Con motivo de la celebración del 47 aniversario de la Constitución, Vaquero ha criticado que el Estado “mantiene los principales retos y déficits”. Tras recordar que la formación nacionalista se abstuvo en la votación de 1978, Vaquero ha lamentado que “casi cinco décadas más tarde, se mantiene la falta del reconocimiento de las naciones dentro del Estado”. EGI, las juventudes del PNV, directamente han rechazado el marco constitucional en sus redes sociales. La de este sábado era una fiesta “extranjera” y han reclamado la “independencia”.

De su lado, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertido de que “avanzar hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad y la regeneración democrática de todos los estamentos del Estado implica necesariamente valentía y convicción, no coquetear con PP y Vox, ni por acción ni por omisión, ni en Madrid ni en Euskal Herria”. La coalición “no tiene nada que celebrar” el 6 de diciembre, ha agregado.

Por su parte, Amaya Fernández, presidenta del PP de Bizkaia, ha lamentado que “defender la Constitución” sea hoy “un acto revolucionario a pesar de que sea sinónimo y es símbolo de convivencia, de libertad, y el pilar sobre el que se asientan” el Estatuto vasco y la foralidad.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que asume el “error” en “primera persona” del PSOE ante las denuncias contra Francisco Salazar en su canal antiacoso, que fueron cortocircuitadas, tal y como desveló el pasado lunes elDiario.es. Ha negado que haya sido “premeditado” ni que Salazar haya sido protegido por la formación.

En una conversación informal con periodistas al cierre del acto de conmemoración de la Constitución, Sánchez ha hablado por primera vez sobre las acusaciones de acoso sexual de Salazar a dos militantes socialistas que trabajaban con él y les ha ofrecido la ayuda del partido si deciden llevar sus denuncias a la justicia.

En cinco meses, ninguna de las dos denunciantes obtuvieron respuesta alguna por parte de su partido. De hecho, sus denuncias llegaron a desaparecer del sistema. El PSOE admite que esa investigación nunca se llevó a cabo, y solo admitieron a trámite ambos escritos después de que este periódico diese cuenta de la situación y acreditase las denuncias existentes. 

El presidente también niega haber tenido ningún conocimiento de los comportamientos de acoso sexual descritos en las denuncias, que presuntamente sufrieron mujeres a su cargo en La Moncloa, donde Salazar ha desempeñado varios cargos de asesor en la Presidencia del Gobierno en la etapa de Sánchez. De hecho asegura que se enteró por la prensa cuando aparecieron los primeros testimonios.

Sánchez ha subrayado que en la sede de la Presidencia del Gobierno existe un protocolo antiacoso desde el año 2018 y no ha recibido ninguna denuncia. Las denunciantes eligieron utilizar el canal interno abierto por el partido para presentar sus casos.

El líder de los socialistas, además, se ha mostrado en contra de llevar estas denuncias internas ante la Fiscalía porque se han realizado de forma anónima y por tanto son las víctimas quienes tendrían que dar ese paso, señala. Eso sí, el PSOE les dará ayuda y apoyo si acuden a la Justicia, ha asegurado.

Sánchez ha explicado que el PSOE puso en marcha un protocolo antiacoso en mayo y por tanto lleva solo unos meses en marcha. Considera que han faltado recursos en la Oficina contra el Acoso que tramita las denuncias, pero defiende que todavía están dentro del plazo. Este órgano, subraya, trabaja con autonomía y sin injerencias de la cúpula del partido. Defiende que es el único partido en España que cuenta con una normativa interna de este tipo y rechaza lecciones de la oposición.

En la misma línea, María Jesús Montero ha admitido que su partido “ha gestionado mal” el escándalo Salazar. “Se ha dejado en manos de los servicios jurídicos, teníamos que haber estado más encima. La verdad es que no hemos acompañado correctamente a las muchachas”, ha asegurado la vicepresidenta primera en conversación informal con los periodistas.

La presidenta del Congreso de los Diputados llama a emprender nuevas reformas de la Constitución. “Las leyes son nuestras, de la ciudadanía. Emanan de la voluntad popular y sus necesidades, se ajustan, se transforman según avanza la sociedad a la que representan”, ha dicho Francina Armengol durante los actos de conmemoración del 47º aniversario de la Carta Magna.

Armengol pone en el foco la protección del “bienestar” y el avance en la protección de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, a la sanidad o la lucha contra las violencias machistas, que pide garantizar también en la Constitución. “Esos valores son lo que nos ha llevado a ser lo que somos y defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados”, ha dicho durante su discurso, al que no ha asistido la extrema derecha.

“No podemos permitir que la herencia europea —la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, las políticas de redistribución de la riqueza— se cuestione y se destruya. El legado que nos deja Europa se resume en una palabra: bienestar”, ha incidido.

La presidenta de Congreso ha recordado los amplios consensos alcanzados para introducir reformas de la Constitución respecto a las personas con discapacidad. “Eso puede seguir sucediendo: en nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades. La Carta Magna se escribió mirando a Europa, ahora podemos situar Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversa realidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI. Esto nos recuerda, además, que las leyes son nuestras, de la ciudadanía; que emanan de la voluntad popular y sus necesidades; que se ajustan, que se transforman según avanza la sociedad a la que representan”.

“Es imprescindible responder a la crisis de vivienda con medidas transformadoras desde lo público y que garanticen el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución que hoy celebramos”, ha proseguido antes de hacer una mención expresa a las violencias machistas. “Es necesario erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, hasta que ser mujer deje de ser indicador de riesgo para morir asesinada o sufrir discriminación. Y luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas”, ha añadido.

La tercera autoridad del estado ha pedido también “defender los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una ventaja y un atractivo”. Y ha planteado expresamente poner el foco en los jóvenes. “Es imperativo afrontar la era de la digitalización y la inteligencia artificial desde una mirada enfocada en los derechos, sobre todo en los de la infancia. De nuestra respuesta a estas realidades dependerá nuestro presente y nuestro futuro”

“Debemos ser capaces de ofrecerles, a ellos, a ellas, a su generación y a las que les siguen, una vida que valga la pena ser vivida. Un espacio de progreso, de libertad, donde los valores que hoy nos definen no estén en cuestión, sino reforzados, ampliados, consolidados. Porque en ningún lugar está escrito que una generación tenga que vivir peor que la de sus padres y ese no puede ser el mensaje que mandemos a los y las jóvenes de nuestro país”, ha concluido en referencia a los alumnos y alumnas del Colegio Público Vázquez de Mella de Madrid, invitados este año a los actos de conmemoración de la Constitución en el Congreso.