No habrá planta termoeléctrica de biomasa en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real), al menos de momento, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya desestimado y archivado su expediente de autorización ambiental, según publica el Diario Oficial de esta comunidad autónoma (DOCM).

El inicio del expediente para la construcción de esta instalación se inició en 2017 con la solicitud de presentación Estudio de Impacto Ambiental. Entonces lo gestionó la Viceconsejería de Medio Ambiente, que en ese año estaba integrada en la Consejería de Agricultura, y actualmente forma parte de la de Desarrollo Sostenible.

El pasado mes de febrero, ocho años después, la empresa promotora manifestó su intención de continuar con la tramitación mediante la presentación del citado Estudio de Impacto Ambiental, que finalmente no llevó a cabo.

Al no haber recibido la Administración hasta la fecha documentación o solicitud alguna relativa a la continuación del procedimiento ni la presentación del estudio, ha procedido a su desestimiento y archivo del expediente. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, la promotora puede interponer recurso de alzada ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes.

Se da la circunstancia de la empresa promotora es Athisa Biogeneración, la misma que gestiona la planta de gestión de residuos sanitarios donde el pasado mes de octubre se produjo una explosión que dejó a una persona muerta y dos heridas graves.

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, defendió entonces la licencia municipal concedida a la empresa, ubicada en el Polígono Industrial El Llano de la localidad. Los hechos todavía se están investigando, sin que por el momento hayan trascendido los motivos de la explosión.

Precisamente, la Plataforma Ciudadana de Socuéllamos ha hecho público su malestar por la falta de respuestas del Ayuntamiento en el pleno municipal del pasado 26 de diciembre en relación a este siniestro.

Preguntas sobre el accidente en el pleno municipal

Concretamente, este colectivo registró varias preguntas en las que se interesaba por el grado de control y seguimiento antes del accidente, por las actuaciones realizadas tras la explosión, especialmente en lo relativo a la protección sanitaria de la población, y por la naturaleza de los residuos existentes en las instalaciones y el posible riesgo de emisión de contaminantes a la atmósfera, “con las consecuencias que ello podría tener para la salud pública y el medio ambiente”.

Según la plataforma, la respuesta de la Alcaldía fue que, al encontrarse el expediente en sede judicial, no podía facilitar información.

A ello replica que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno solo permite denegar información cuando se acredita que su divulgación puede perjudicar de forma concreta una investigación o un procedimiento sancionador, y que la denegación “no puede ser genérica ni automática”.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas de protección sanitaria y ambiental se han adoptado, con independencia de la existencia de un procedimiento judicial”, concluyen.

La empresa Biomasa Sierra de Gata ha comenzado la construcción de una planta de producción de pellets de madera en la localidad cacereña de Villasbuenas de Gata, un proyecto industrial con una inversión de 14 millones de euros que busca posicionarse como “uno de los más relevantes del sector de la bioenergía en Extremadura”.

La planta, cuya puesta en marcha está prevista para 2026, contará con una capacidad de producción anual superior a las 40.000 toneladas y generará más de 15 empleos directos, además de alrededor de 80 indirectos en sectores como la gestión forestal, transporte y servicios auxiliares, según ha informado la mercantil.

El proyecto utilizará residuos forestales y agrícolas como materia prima, “fomentando la reducción de emisiones de carbono, la limpieza y gestión sostenible de los montes y la valorización de los recursos forestales locales”.

Se estima que la planta consumirá aproximadamente el 50% de la biomasa disponible en las comarcas de Sierra de Gata y Las Hurdes, “sin comprometer el equilibrio del ecosistema”, ha defendido la empresa.

El proyecto cuenta con varios actores financieros, entre los que se encuentran accionistas privados, que aportan 2,82 millones de euros en el capital social; la sociedad pública Extremadura Avante, que actúa como socio principal y promotor del proyecto, que destina 900.000 euros; Banco Santander (9,5 millones de euros) y el fondo de inversión Dunas Absolute Impact FCR (1,7 millones).

“Además, se espera que en torno a la fábrica surja un tejido industrial capaz de desarrollar productos de alto valor añadido vinculados a la bioeconomía, generando sinergias en la producción de derivados forestales y agrícola, impulsando la economía circular y fijando población en los pueblos de la comarca”, ha subrayado la promotora.

Estos días se celebra en Valladolid la feria internacional Expobiomasa 2025 que reúne a profesionales y empresas vinculadas con las tecnologías de la energía de la biomasa. En su inauguración, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, manifestó su entusiasmo por esta energía y confirmó el apoyo de la Junta a los proyectos de instalación de redes de distrito alimentadas por biomasa. Suárez-Quiñones afirmó que esta tecnología es capaz de proporcionar calefacción y agua caliente “totalmente sostenible” y que la extracción de biomasa hace a los bosques “más resistentes” a los incendios.

Este apoyo sin fisuras a la quema de biomasa forestal debería contar con un poco más de templanza por parte del máximo responsable de la gestión de los bosques de Castilla y León, porque, aunque solemos calificar de “energía renovable” a la biomasa, en realidad, no tiene por qué serlo.

La quema de madera solo puede considerarse sostenible si va acompañada de una gestión forestal responsable que limite la extracción al ritmo de regeneración natural de los bosques. Asimismo, la conservación de los ecosistemas forestales y su biodiversidad no es compatible con enfoques productivistas que reemplazan los bosques autóctonos por plantaciones de especies de rápido crecimiento.

El precio de los combustibles fósiles está animando a muchas personas a utilizar la madera como fuente de calor, pero, antes de pensar en instalar masivamente calefacciones de biomasa, debemos preguntarnos si nuestros bosques pueden soportar esta carga.

Hagamos algunos números: actualmente se extraen unos 15 millones de toneladas de biomasa de los bosques españoles, aproximadamente un 40% se usa para materiales y el resto para energía. La regeneración natural ha sido superior a la extracción en las últimas décadas, lo que ha permitido que nuestros bosques se recuperen progresivamente del uso intensivo y de la expansión agraria que sufrieron durante siglos: en estos momentos, se generan unos 20 millones de toneladas de biomasa cada año. Esta es una situación muy favorable, porque se extrae menos de lo que se regenera, lo que permite el crecimiento de árboles maduros, la expansión de los bosques y el enriquecimiento de los suelos forestales.

Pero, si sustituyésemos todas las calderas de gas y gasóleo del país por biomasa, necesitaríamos aportar 3150 kilotoneladas equivalentes de petróleo que, considerando un poder calorífico de 17 MJ/kg y una eficiencia del sistema del 70%, requeriría unos 11 millones de toneladas de madera anuales. Al sumar este volumen a la extracción actual, se alcanzaría una demanda total cercana a los 26 millones de toneladas, bastante más que la actual regeneración forestal. Este cálculo es una estimación simplificada, pero pone de manifiesto que la quema de biomasa puede poner en peligro todos los esfuerzos que hemos hecho en el último siglo por conservar nuestra biodiversidad y proteger nuestros bosques.

Antes de lanzarnos alegremente a sustituir las calefacciones de gas por calefacciones de distrito de biomasa deberíamos preguntarnos muy seriamente cuánta madera se puede extraer. La Junta de Castilla y León tiene muchos expertos en las universidades de la Comunidad que pueden asesorarla a la hora de gestionar sus bosques sin caer en modelos de plantaciones intensivas de una sola especie, que, bajo determinados modelos de gestión, son muy poco “resilientes” frente a los incendios forestales.

Los bosques desempeñan un papel fundamental que trasciende su función como sumideros de carbono: constituyen sistemas complejos que proveen servicios ecosistémicos esenciales para el sostenimiento de la vida. España es un país particularmente vulnerable a la desertificación, fenómeno que se ve agravado por la falta de bosques, ya que las masas forestales contribuyen a la estabilización del ciclo hidrológico mediante un mecanismo conocido como “bomba biótica”; que atrae la humedad desde los mares al centro de los continentes.

Además, la biomasa es un recurso valioso que nos permite compensar la intermitencia de la energía solar y eólica y no debería utilizarse de cualquier manera. Antes de usar biomasa en una vivienda, por ejemplo, se debería mejorar la envolvente y aprovechar la energía solar que le llega directamente. La Junta no debería apoyar únicamente proyectos de instalación de redes de calefacción de biomasa, sino planes integrales de ahorro energético en las viviendas que contemplen primero el ahorro y luego el consumo.

El Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid llevamos diez años estudiando la transición energética y, en todos nuestros estudios, aparece la misma conclusión: la transición energética no es solo sustituir la energía fósil por energía renovable. Es mucho más. Los combustibles fósiles nos han acostumbrado a unos niveles de consumo que son imposibles de mantener con energías renovables sin comprometer muy seriamente la sostenibilidad de la biosfera. Por ello, antes de sustituir una energía por otra debemos realizar una profunda reflexión sobre nuestras formas de vida y conseguir una sociedad mucho más eficaz en el uso de la energía. Solo de esa manera se puede realizar una transición energética que no tenga desastrosas consecuencias sobre la biosfera y la sociedad en el futuro.

La central térmica de La Pereda, en Mieres, ha cesado su actividad ligada a la combustión de carbón, una medida con la que Hunosa cierra una etapa vinculada al combustible fósil e inicia la transformación de las instalaciones en una planta de biomasa de 50 megavatios (MW) que será la de mayor envergadura de Asturias.

Hunosa ha resaltado en un comunicado, difundido este jueves, que se trata de “un proyecto estratégico -por los ingresos que genera a la compañía- que garantiza la viabilidad de la empresa y el empleo al menos durante 20 años”, lo que establece el régimen retributivo conseguido por Hunosa para la central en la subasta de renovables celebrada a finales de 2022.

El proyecto, que se empezará a ejecutar en 2025, supone una inversión de unos 55 millones de euros.

El compromiso con la descarbonización

Hunosa, que da así un paso para “la completa transformación a una empresa comprometida con la descarbonización, las nuevas energías y el medio ambiente”, ha añadido que se trata de un proyecto intensivo en mano de obra que supone, además, un revulsivo para el desarrollo del sector forestal en Asturias, especialmente en el área central, zona donde Hunosa posee 3.800 hectáreas de monte.

La Pereda, que el año que viene cumple 30 años, se abastecía hasta ahora del pozo San Nicolás, el único de la compañía en el que aún se extraía carbón.

Una vez completada su transformación, la empresa abastecerá a la nueva central con “biomasa autóctona y sostenible”, procedente de Asturias y zonas cercanas.

Un impacto de 20 millones de volumen de negocio

La Pereda consumirá anualmente un máximo de 400.000 toneladas de biomasa y se calcula que tendrá un impacto de 20 millones de euros de volumen de negocio en el sector y en otros segmentos de la cadena industrial, como las empresas de bienes de equipos, de mantenimiento, medioambientales o suministros tecnológicos.

Hunosa también ha resaltado que se abre la posibilidad de llevar a cabo nuevas líneas de trabajo en diferentes ámbitos, como la gestión de biomasa, la valorización de residuos, la generación de biometanol o la captura de CO2 de origen biogénico, aprovechando en este caso la actual instalación piloto, cuya tecnología ha sido desarrollada por el INCAR-CSIC.

Según la compañía, “se abre, por tanto, un horizonte prometedor en el nuevo contexto energético, que sitúa a Hunosa como agente de descarbonización de primera relevancia en Asturias”. 

Vitibiom, el proyecto piloto que jugó con la posibilidad de conseguir biomasa a partir de los sarmientos que surgen de la poda de la vida de la Rioja Alavesa, ha caído en un saco roto del que no se prevé que vaya a salir en un futuro próximo. El Gobierno vasco se escuda en la falta de interesados y en unos márgenes de rentabilidad exiguos para dejar en el cajón la iniciativa, que aspiraba incluso a crear zonas con sistemas de calefacción urbana.

Vitibiom fue un proyecto piloto que —según explica Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en una respuesta ofrecida en el Parlamento Vasco— nació con la idea de analizar “cómo gestionar el sarmiento generado para su aprovechamiento como biomasa”, para lo cual resultaba necesario llevar a cabo un análisis tanto del tamaño y la tipología de las explotaciones vitícolas como de las necesidades propias de las instalaciones de cada bodega. ¿Qué conclusiones se extrajeron de este proyecto piloto? “Considerando el costo de los distintos trabajos que debían llevarse a cabo para la recogida y aprovechamiento de los sarmientos de la vid en Rioja Alavesa, cabe destacar que los márgenes finales eran pequeños en términos puramente económicos”, explica Barredo, cuya respuesta escrita llega tras un asolicitud de información documentada presentada por Itxaso Etxebarria, parlamentaria de EH Bildu.

El departamento encabezado por Barredo asegura que, una vez desarrollado el estudio, trató de llevar a cabo dos acciones. Intentó, por una parte, “generar una cadena de valor adecuada a lo definido” en el proyecto. Quería, en paralelo, probar a crear un “'district heating' en alguna zona de Rioja Alavesa”. En este sistema, se emula con el calor lo que se hace con el gas, el agua o la electricidad, de tal manera que se distribuye por manzanas (en este caso, al ser un entorno rural, por grupos de viviendas) a través de tuberías.

¿Qué es lo que no funcionó? “Tras reuniones con distintos agricultores y empresas de trabajos agrícolas, no se encontraron interesados en desarrollar la cadena de valor de recogida y tratamiento de biomasa en la Rioja Alavesa. Y tampoco se encontró una localización que cumpliera las condiciones de espacio y necesidades energéticas que hicieran posible la creación de dicho 'district heating'”, abunda Barredo.

Estos reveses llevaron a dejar el proyecto al fondo del cajón. “Las dificultades que comportan tanto la infraestructura de carácter productivo (recogida, tratamiento, almacenamiento, gestión y comercialización de la biomasa), así como el hecho de que lso análisis de los pellets producidos restringen su posible uso, y que en su momento no se encontraron interesados en la instalación de calderas que pudieran funcionar con este tipo de biomasa, hicieron parar el desarrollo de una estrategia de ese tipo”, se explica. Y se incide en que “no parece haber” interés en la comarca para aventurarse a impulsar un proyecto de tales características. ¿Qué haría falta? “De existir demandas y sinergias territoriales que pudieran solventar los problemas detectados se podrá replantear la necesidad de una estrategia de este tipo”, apostilla Barredo.

La instalación de una central de calor de biomasa próxima al barrio turolense de La Fuenfresca, uno de los que acoge mayor número de población en la capital provincial, ha provocado inquietud entre los vecinos. Uno de los motivos de ello es la proximidad en la que se ubicaría, pues su construcción se haría a unos 500 metros de las viviendas de esta zona. 

Dicha central distribuiría agua caliente a 5.000 hogares y edificios públicos de la localidad. Y es que solo podrían sumarse aquellos espacios que tienen instalado el sistema de calefacción antiguo y que cumplan unos determinados requisitos, como puede ser el número de pisos de altura. En el caso de La Fuenfresca, las viviendas se caracterizan por ser de tipo unifamiliar, lo que dificultaría poder adherirse a este servicio. De esta forma, este barrio sería la zona de paso para las tuberías que llevarían el agua, mayormente, al núcleo del Ensanche.

Un vecino del barrio de la Fuenfresca, que ha preferido mantener el anonimato, ha contado a este medio que tiene una “importante preocupación” por las consecuencias que podría tener la puesta en marcha de esta central. En su caso, asistió a la reunión que tuvo lugar a mediados de abril en la que la empresa soriana Recursos de la Biomasa (Rebi) -una de las dos que compiten para conseguir la concesión del proyecto- explicó en que consistía este proyecto que llevaría calefacción y agua caliente a “menor precio”. “La información a mí parecer fue bastante ambigua”, reconoce el vecino. 

Durante esta sesión se habló de que el objetivo era apagar las chimeneas de la ciudad y que todo estuviese recogido en una sola, la que tendría dicha central. A lo que el vecino responde: “Las chimeneas que salen de los edificios se encienden principalmente los tres o cuatro meses que hace frío en la ciudad” y añade que en el caso de la central sería “365 días al año durante las 24 horas”. 

Él mismo señala que puede ser “un peligro” para la naturaleza, pues parte de esa producción de calor se haría con “la madera de limpieza de los montes”. “Para producir ese calor el consumo tiene que ser elevado y se necesitarían muchos árboles a los que les cuesta años de crecer”, denuncia. Igualmente, reflexiona sobre el número de kilómetros que sería rentable recorrer para la recolección de esa madera a la empresa. “Hay que pensar que si, por ejemplo, a partir de 50 kilómetros de la central ya no les sale rentable, qué va a pasar”, explica y cierra con la pregunta: “¿Dejarán todo ese alrededor de Teruel sin árboles?”. 

“Se dice que con la central se evitarán molestias como que los camiones de gasoil no tengan que ir con tanta frecuencia, pero qué hay de los camiones que diariamente tengan que traer el material para crear el calor”, describe. Acto seguido apela a ese levantamiento de las calles para poder instalar las tuberías que transportarían el agua caliente. 

Peor calidad del aire

Otra de las preocupaciones entre el vecindario es el empeoramiento de la calidad del aire por las emisiones que la central pueda verter. Como explica este vecino, temen que por mucho que pongan filtros las partículas contaminantes terminen por escapar. “Por muchos filtros que haya, las partículas son fácil que se adhieran al vapor de agua y consigan salir al exterior. Estamos preocupados porque afectaría a la calidad del aire”, mencionó. 

Durante la sesión informativa se compartió que las emisiones serían “escasas” y el viento las sacaría de la ciudad en “dirección Valencia”. El vecino lo tiene claro y manifiesta que al final son ellos quienes viven en la zona y saben de donde viene el viento. “Hay veces que los vientos van hacia Valencia, pero no es así todo el tiempo porque también hay días que vienen hacia el barrio”, detalla. 

También ha querido recordar que cerca de donde se edificaría, además de viviendas, se encuentra una residencia de mayores y que en el barrio hay un colegio y zonas deportivas a la que asisten niños diariamente. “Es necesario pensar si merece la pena poner en juego la salud por tener esta central”. 

Este tipo de centrales ya existen en otros territorios de España como Soria, Guadalajara o Cuenca. “Vecinos de esas ciudades nos han hablado del olor que desprenden este tipo de centrales, de las molestias de los camiones pasando durante el día, el humo o la suciedad en la ropa o las ventanas, entre otras cosas”, explica. 

Asimismo, este vecino recuerda que, en octubre de 2023, el Ayuntamiento de Teruel rechazó un proyecto de este tipo por incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al superarse la altura máxima permitida. La chimenea prevista era de 21 metros y están permitidos 15. 

El grupo de trabajo vecinal está a la espera de una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, para exponerle sus inquietudes y recibir respuestas. Mientras, el jueves 27 de junio, durante la celebración del tercer pleno sobre el estado de la ciudad que se celebró en el Ayuntamiento de Teruel, estuvieron presentes vecinos para mostrar la oposición a este proyecto de la red de calor. En los carteles se podían leer mensajes como: “¡Adiós al cielo de Teruel!” o “Partículas en suspensión, aerosoles que respirarás”. 

Una gran planta para calentarlos a todos. Es el objetivo de las redes de calor, unas infraestructuras que conectan edificios públicos, industrias y viviendas para caldearlos a través de una planta de biomasa, que va hibridando también con otras fuentes de energía renovable.

Se genera energía térmica renovable y se distribuye de manera eficiente en diferentes espacios, incluso a varios kilómetros de distancia. ¿El objetivo? Descarbonizar las ciudades y reducir la emisión de CO2. En España, había 479 redes de calor que suministraban energía en más de 3.000 edificios en 2022, los últimos datos disponibles según el informe anual elaborado por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom). En total, la potencia instalada era de 461.930 kW, una infraestructura que ha crecido en los últimos años.

Castilla y León es puntera: es la comunidad autónoma que más energía genera a través de sus redes de calor, un sistema que ha potenciado desde las instituciones y administraciones públicas como la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento y especialmente, la Junta de Castilla y León a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).

“Es más sostenible y genera una cadena de valor”, explica a este diario el director de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Somacyl, Sergio Lara. En el medio rural se generan unos 40 puestos de trabajo para la obtención y logística de biomasa, aunque se espera emplear a 250 personas en los próximos cinco años. El trabajo operativo e infraestructuras emplea a 25 personas actualidad, una cifra que se prevé multiplicar por cuatro.

“La apuesta pública más importante es Castilla y León”, agrega Lara. De hecho, en octubre de 2022 el gobierno autonómico se comprometió a conectar todos los edificios públicos a las redes de calor “cuando sea posible”. “La idea es que se pueda atender a todo el mundo, tenemos ya redes que están dimensionadas para toda la ciudad”, continúa el director de Energías Renovables en Somacyl.

La Universidad de Valladolid

La Universidad de Valladolid promovió la red de calor del campus de Soria en 2007, que amplió al campus de Valladolid en 2014 y al de Palencia en 2022. Fue la primera universidad en España que invirtió en la biomasa para caldear sus edificios. El 100% de los edificios de los campus de Palencia y Soria y el 87% del campus de Valladolid funcionan con la red de calor, una tarea en la que aún están trabajando para el campus de Segovia. El vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras, Julio Grijalba, destaca que la apuesta por la descarbonización de la UVa ha sido “transversal” a todos los equipos rectorales. “La Universidad se dio cuenta de que había un cambio de paradigma en compromisos de eficiencia, sostenibilidad y consumo energético. Hemos sido la red institucional más importante de España y muchas administraciones se han dado cuenta de que lo que nosotros pusimos en marcha tempranamente es viable y una apuesta de futuro”, zanja Gijalba.

La inmensa mayoría de las redes de calor se alimentan de biomasa procedente de astillas de madera. La intención es promover la autonomía energética a través de los recursos internos forestales y reducir la dependencia del gas. Soria es un caso paradigmático: la masa forestal ocupa el 60% de la provincia y tiene redes de calor distribuidas por todo el territorio. Castilla y León posee los mayores recursos de biomasa forestal de España, que ocupan 2,1 millones de hectáreas.

La red de calor de Soria atiende directamente a más de 10.000 personas en la ciudad y a otros 10.000 sorianos que utilizan edificios públicos como hospitales y centros universitarios, espacios universitarios, residencias juveniles y de mayores, el Museo Numantino, hostales y la Biblioteca Pública, entre otros. “Las redes de calor son el futuro. Ahora estamos estudiando soluciones para aquellas viviendas que tienen caldera individual”, explica el director ejecutivo de Rebi-Recursos de la Biomasa, Alberto Gómez Arenas.

En los últimos años se está empezando a hibridar estas redes de calor, que alimentan no solo con biomasa, sino también con energía solar o biogás. En León, se está trabajando en un proyecto para cubrir 65 kilómetros de red de calor con una planta de biomasa forestal, otra de biogás (residuos orgánicos urbanos y agrícolas) y otra para generar hidrógeno verde y un parque fotovoltaico, adaptado para la generación de energía geotérmica. “Al utilizar recursos locales y renovables, los usuarios de las redes de calor con biomasa contribuyen a reducir la dependencia nacional de combustibles fósiles y a que nuestra economía sea más verde”, sostiene el técnico de Avebiom Juan Jesús Ramos.

Gómez Arenas señala también a los centros de datos como fuente de energía. “Todo ese calor residual se puede redirigir, hacer que lo mueva la red de calor y se distribuya”, explica el director ejecutivo de Rebi, que calcula que con los nuevos centros de datos anunciados por Amazon en Aragón que podría suministrar calor y agua caliente “a todas las viviendas y casi toda la industria de Aragón”. “Vamos a aprovechar toda la energía porque de otra manera el calor se va a desperdiciar”, reivindica Gómez Arenas, que recuerda además el elevado consumo de agua que es necesario para enfriar estos centros de datos, que podrían optar por enfriar esos espacios a través de las redes de calor. En Castilla y León, nueve empresas se calientan con la red de calor del polígono industrial de Villalonquéjar, en Burgos, entre las que se encuentran UBISA, Gestamp y L'Oreal, según explican desde Somacyl. Este diario se ha puesto en contacto con las compañías, que no han respondido a la petición.

Ciudades que buscan reducir sus emisiones de CO2

Soria se ha fijado como objetivo ser climáticamente neutral para 2030 como las cien ciudades climáticamente neutras de la Unión Europea, entre las que se encuentran Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. La UE ha lanzado un proyecto piloto en cien ciudades europeas para que alcancen la neutralidad climática en todos los sectores (energía, edificios, residuos y transporte) en los próximos seis años.

El Pacto Verde Europeo prevé que todas las ciudades alcancen la neutralidad climática en 2050, para lo que extrapolarán los resultados de estos proyectos pilotos, puesto que las ciudades consumen más del 65 % de la energía mundial y representan más del 70% de las emisiones mundiales de CO2, según la Unión Europea. Una de esas aristas pasa por alimentar con energía renovable las redes de calor.

La Universidad de Valladolid, que ahora está trabajando en hibridar sus redes de calor con energía fotovoltaica, ha calculado las emisiones de dióxido de carbono que ya no desprenden sus edificios. “Tenemos un compromiso muy fuerte con la sostenibilidad y desde que empezamos con la red de calor, la Universidad ha dejado de emitir 65.000 toneladas de CO2 a la atmósfera”, puntualiza el vicerrector de Infraestructuras, que concreta que en campus de Palencia, que se conectó en 2022 a la red de calor, ha dejado de emitir mil toneladas del CO2 al año.

Aunque parezca algo reciente en España, este sistema lleva muchos años operando en el resto de Europa. El reto que tienen ahora ciudades como Copenhague y París es descarbonizar y cambiar a la energía renovable, un paso que España ha dado directamente. La Junta de Castilla y León espera calentar todas sus ciudades con la red de calor en los próximos diez años.

Proyectos a largo plazo e inversiones millonarias

Actualmente están cubiertos 42 kilómetros y el objetivo es superar los 200 kilómetros caldeados con red de calor en los próximos cinco años: pasar de mil viviendas a 60.000; de 101 edificios a 500 y de producir 60.000 a 230.000 MW al año. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió el año pasado 130 millones de euros para la red de calor hasta 2026, con el objetivo de reducir la emisión de dióxido de carbono. “Somos líderes en energías renovables, Tenemos el 20% de la producción de energías renovables y queremos que esa energía se aproveche para Castilla y León e impulsar proyectos industriales”, reivindicaba Mañueco hace un año.

Somacyl ofrece contratos estables de diez años (con subidas conforme al IPC). “La diferencia de precio aumenta cuando sube mucho el gas, por ejemplo, que es un combustible que fluctúa mucho”, explica Lara, que cifra que los clientes de la red de calor han podido pagar la mitad que los de gas natural cuando éste subió tanto como consecuencia de la guerra en Ucrania. “Ahora a lo mejor la diferencia es del 30% respecto al gasóleo y del 10% respecto al gas”, apuntala.

El vicerrector de Infraestructuras de la UVa recuerda algunas reuniones sectoriales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de sostenibilidad. Su situación era “completamente distinta” a la de otras universidades que dependían del gas natural. “Tuvieron un crecimiento exponencial del coste energético y a nosotros prácticamente no nos afectó. El precio de la biomasa subió, pero no tuvo nada que ver con otras fuentes de energía”, apostilla.

Goyo y Rosa van a colocar los contadores individuales para adaptar las calefacciones centrales y esperan conectarse dentro de poco a la red de calor, aunque les da miedo que la vivienda no retenga tanto el calor al no caldearse las viviendas vacías del bloque. Carlos vive en Valladolid está conectado a la red de calor desde un poco antes de la pandemia. “Pagamos menos que antes y la calefacción es más rápida. Lo recomendaría con los ojos cerrados”, explica a este diario. En su bloque de edificios son 220 vecinos los que están conectados a la red y asegura que no conoce a nadie que se haya quejado.

Pocos días antes de Nochevieja, los mapas comenzaron a mostrar una gran mancha de contaminación en el aire de la comarca de Osona, en el interior de Catalunya. Era un agujero morado, el color que indica que la polución es ya “extremadamente desfavorable” o incluso “peligrosa” para la salud. Y no es la primera vez que se detecta en la zona. 

“Parece que si no ocurre en Barcelona no es noticia”, lamenta Xavier Querol, científico del CSIC y uno de los mayores expertos en calidad del aire de España. Lo que sorprende a este investigador es que no fueron las administraciones sino los propios vecinos de ciudades como Vic, y sobre todo Manlleu, los que dieron la voz de alarma en redes sociales.

Durante las fechas navideñas, las estaciones de medición de ambas localidades registraron concentraciones de partículas finas PM10 de entre 150 y 200 µg/m3, cuando lo recomendable es no superar los 50. Se trata de una intensidad que en la actualidad casi no se alcanza en ningún rincón de Europa. “Si lo comparas con otras zonas, estamos hablando de niveles propios de ciudades tradicionalmente más contaminadas como las de China o India”, pone como ejemplo Querol. 

Los picos de contaminación del aire ocurren casi cada año en la comarca, normalmente en diciembre o enero, y responden a una tormenta perfecta de factores: a las emisiones de la zona, con mucha presencia de quema de biomasa y purines, se suma una orografía y unos fenómenos meteorológicos que favorecen que el aire no se renueve. “Es una bomba a la que, si además añades la sequía de estos años, provoca episodios de contaminación que son brutales”, reconoce Andreu Garcia, concejal de Medio Ambiente, Salud Pública y Mundo Rural del Ayuntamiento de Manlleu. 

Su localidad es la zona cero de este mapa rural de la contaminación. Solo hay dos ciudades en Catalunya que incumplan los límites de calidad del aire que fija la Unión Europea. Una es Barcelona, en cuyo distrito del Eixample se superan históricamente los umbrales de dióxido de nitrógeno generados por los coches diésel (aunque en 2022 se cumplieron por primera vez), y la otra es Manlleu. En el caso de esta localidad de 20.000 habitantes, a 15 kilómetros de Vic, se debe al exceso de partículas en suspensión PM10.

Las directivas europeas fijan que una zona solo puede superar los 50µg/m3 de media durante 35 de los 365 días del año. Según el último informe del Estado de la Calidad del Aire de la Generalitat, Manlleu superó ese umbral un total de 46 jornadas en 2022. 

En cuanto a la salud de la población, estos episodios intensos se relacionan con un aumento de consultas por patologías respiratorias, como asma y bronquitis, o el empeoramiento de enfermedades pulmonares crónicas, señala Ferran Campillo, pediatra ambiental al frente de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital de Olot, en la comarca vecina de La Garrotxa.

Los picos de contaminación también se asocian a un incremento de los ictus y, en general, a mayor mortalidad por patología cardiovascular y respiratoria. “Es un cóctel que tiene un impacto muy importante en la salud”, advierte Campillo, que añade que una exposición crónica a niveles elevados de partículas finas se relaciona con mayor prevalencia de otras enfermedades como el Alzheimer o los problemas reproductivos y de partos prematuros.

Biomasa, purines e inversión térmica

La Plana de Vic tiene una orografía que favorece estos episodios de contaminación. Es una llanura encerrada por distintas cordilleras que hacen que el aire esté más estancado. Además, cuando hay anticiclón se generan a menudo inversiones térmicas, un fenómeno que impide el ascenso del aire y, por lo tanto, también de las partículas contaminantes. “Es como tener una olla hirviendo y tapada: el vapor no puede salir”, ejemplifica Querol. 

En invierno, coincide además con el frío, que hace que las calderas y calefacciones estén a toda mecha en los pueblos y ciudades. En la comarca, un elevado porcentaje de las mismas funciona con biomasa. La leña y los pellets, si no se queman en estufas de alta eficiencia, pueden desprender muchas partículas. A ello se le suman las quemas agrícolas de residuos, que se suelen hacer en invierno y cuando no hace viento, y las emisiones que genera el amoníaco de los purines. Cabe recordar que Osona es uno de los epicentros españoles de las macrogranjas con más de un millón de cerdos censados. 

Todo ellos se mezcla con los causantes de partículas PM10 más habituales de cualquier región, como son el tráfico rodado o el polvo que levantan las obras o la actividad industrial. 

“Las industrias se han ido renovando, diría que se trata sobre todo de un problema de emisiones domésticas. En 2016 y 2017 estuvimos midiendo la calidad del aire los días de Navidad y coincidieron los picos con Nochebuena y Nochevieja, que es cuando todo el mundo está en casa”, observa Querol. 

La quema descontrolada de biomasa en calefacciones de hogares es para Querol el principal reto a corregir. “Hay muy pocas medidas al respecto”, lamenta. Su equipo de investigadores, explica, ha traído a Catalunya en varias ocasiones a expertos del gobierno de Lombardía, en Italia, donde también se juntan las inversiones térmicas con el mismo tipo de emisiones. Lo que hacen en esa región es catalogar las calderas de biomasa según su los niveles de emisiones y subvencionar la transición hacia las más eficientes.

Fuentes del departamento de Acción Climática de la Generalitat reconocen que este es un problema recurrente y relacionan el uso de biomasa y las chimeneas de leña con la pobreza energética. Y añaden también el papel de las granjas. “Muchas usan biomasa y gasoil para calentar. Y haciendo uso de estos combustibles, que no tienen filtros. Es otro de los temas que hay que trabajar”, aseguran, mientras buscan la “forma” de que esas naves modernicen sus sistemas de calefacción. 

Desde Manlleu, el concejal Andreu Garcia coincide con la enumeración de todos los factores. Lamenta especialmente que no haya datos para calibrar el impacto de los purines, contra los que asegura que los ayuntamientos no pueden actuar. Pero discrepa de uno de los causantes citados, el de las quemas agrícolas de desechos. “Por tradición, estas quemas se hacen a partir de enero y sobre todo en febrero. Ahora mismo no encontrarás ninguna”, explica. De ahí, argumenta, que su municipio no las haya prohibido estos días, como sí hizo el año pasado en episodios similares durante enero y febrero.

Las medidas de protección de la salud

A largo plazo, la única solución que ven los expertos a los picos de contaminación por partículas finas en la Plana de Vic pasa por reducir emisiones, ya sea cambiando el sistema de calefacción de los hogares o reduciendo el tráfico en favor del transporte público. Pero a corto plazo, en medio de estos episodios, también hay medidas que la población puede y debe adoptar. 

A pesar de las quejas de los científicos de que las Administraciones no han lanzado alertas contundentes a la población, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Manlleu recuerdan que sí han emitido avisos: se recomienda no usar el coche o compartirlo, revisar el buen funcionamiento de las calefacciones, suspender obras que generen polvo “siempre que sea posible técnicamente”, prohibir el uso de radiales o intensificar la limpieza de calles. Aunque el comunicado de Manlleu no lo incluye, el aviso de la Generalitat sí especifica prohibir la quema de rastrojos y restos vegetales y potenciar su gestión a través de alternativas como la trituración o la recogida para compostaje.

El pediatra Campillo recomienda el uso de mascarilla, aunque reconoce que no es óptimo. Y aconseja no abusar esos días del deporte al aire libre. Pero insiste en las medidas a largo plazo. “Como no podemos cambiar la orografía del lugar ni su meteorología, la única forma de atacar las causas es reducir las emisiones sustancialmente”, concluye.

La hullera pública HUNOSA, la única empresa que continúa extrayendo carbón de uno de sus pozos, el de San Nicolás en Mieres, arranca el mes de diciembre con dos importantes noticias que hacen vislumbrar luz de futuro para su mantenimiento más allá del mineral negro.

El consejo de administración ha autorizado la adjudicación de las obras para la transformación de su central térmica de La Pereda en una central de biomasa. Lo hace casi un año después de iniciar los trámites para esta transición energética que, según la dirección, es el pasaporte para el mantenimiento de la empresa.

Será la UTE de las compañías Moncobra y Maetel quienes se hagan cargo de unas obras que se calcula que durarán 19 meses y costarán casi 37 millones de euros (IVA excluido). Es, según la empresa, la oferta más competitiva en plazos y coste de las dos presentadas: dos meses menos de lo planteado y casi seiscientos mil euros de rebaja sobre el precio de licitación.

Así que, si todo marcha bien, en el segundo semestre de 2025 HUNOSA recepcionará la obra y habrá dado el paso para el abandono total del carbón. Un objetivo que la hullera inició, sin retorno, en 2018 con el cierre, por imperativo de mandato comunitario, de todas las explotaciones mineras.

El paso fundamental para llegar a convertirse en una empresa energética renovable fue la presentación a la subasta de biomasa que el Ministerio de Transición Ecológica sacó el 25 de octubre de 2022 en la que HUNOSA resultó adjudicataria de 50MW. “La transformación de la térmica de La Pereda responde a los objetivos de consolidar la viabilidad de la compañía, contribuir a una economía limpia y sostenible y vertebrar su territorio de referencia, con un claro compromiso con la descarbonización”, afirma la hullera.

Para quemar biomasa se acometerán modificaciones técnicas en la caldera y el sistema de tratamiento de gases, además de mejorar la eficiencia del ciclo de refrigeración y un sistema de almacenamiento y alimentación para los nuevos combustibles. Unos trabajos que, según dice la empresa, garantizan la viabilidad de la central dos décadas más y que supondrán un impulso para el sector forestal en Asturias con una proyección de creación de 200 empleos. Todo puesto sobre papel.

Más que madera

No se sabe si por casualidad pero el mismo día que se conoce la adjudicación de la esperada obra también se ha hecho pública la autorización medioambiental para que en La Pereda, además de biomasa, se quemen combustibles sólidos reciclables procedentes de la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, COGERSA, los polémicos CSR.

Según publicaba este 30 de noviembre el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la Consejería de Transición Ecológica resuelve favorablemente el cambio en la autorización ambiental solicitada por HUNOSA ya en febrero de 2021. Una modificación que incluye la combustión de estos residuos sólidos, procedentes del tratamiento químico de basuras en la planta de reciclaje de COGERSA, que supondrán no más del 10% del combustible que utilizará la térmica.

Para autorizar esta quema la Consejería ha estudiado también los informes preceptivos del Ayuntamiento de Mieres y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que incluyen restricciones para la utilización de estos residuos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas.

Por ello la instalación deberá ajustarse a todos los requisitos descritos en la autorización ambiental “sin perjuicio del cumplimiento de toda normativa ambiental que le sea de aplicación para aquellos aspectos que no se hayan concretado”. Y además HUNOSA deberá presentar un documento que acredite la gestión que se prevé para las cenizas y escorias que se produzcan en su central por el uso tanto de CSR como de la biomasa, papeles que tendrán que estar un mes antes de que arranque el uso de dichos combustibles.

Dar salida a la basura

Los combustibles sólidos reciclables que HUNOSA opta a quemar en su planta térmica son los restos no peligrosos que quedan en la bolsa negra de la basura una vez realizada la selección de todo aquello que es susceptible de ser reciclado. Asturias cuenta con una planta de tratamiento para estos residuos que producirá unas 150.000 toneladas anuales de CSR.

Para dar salida a esta ingente cantidad de CSR el Gobierno del Principado ha diseñado el Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular en Asturias (Pireca) que se desarrollará entre 2024 y 2030. Este plan plantea como opción preferente la valorización química del CSR, pero, para llevarla a cabo, “no hay soluciones maduras por el momento”.

Por eso COGERSA licitó un contrato de gestión externa del CSR de un año de duración prorrogable a otro más en el que, aún dando prioridad al tratamiento mediante reacción química, fija una puntuación adicional para las empresas que presenten oferta sin descartar otras opciones de valorización.

De esta manera, el contrato contempla, como segunda opción y con carácter temporal o transitorio, la obtención de energía a partir de la valorización de los paquetes o fardos de CSR, y es aquí donde entraría la opción de que La Pereda los utilizara a partir de 2025. El último planteamiento que contempla el Pireca es el almacenamiento por un espacio no superior a dos años.

Los altos precios y la escasez de un producto tan básico para el sector ganadero están poniendo en peligro la supervivencia de animales que necesitan este subproducto de los cereales para poder alimentarse. Esta situación está causando estragos en las explotaciones, con especial incidencia en las de ganado de vacuno de carne y ovino.

La escasez de paja y forraje para alimentar al ganado se está convirtiendo en una gran preocupación para ganaderos como Elsa García, propietaria de una explotación de vacuno de carne en Parrillas (Toledo), que señala como los ganaderos “están sacrificando animales porque la paja es necesaria, por ejemplo, en vacas, si no comen paja se ‘embasquillan’, cogen unos parásitos en el intestino y se mueren”. En argot ganadero, ‘embasquillar’ hace referencia a una inflamación del hígado que causa la muerte del animal, por eso es necesaria la paja para digerir el pienso.

La situación es consecuencia de la escasez de este producto debido a las malas cosechas de cereales de los últimos meses a causa de la sequía que ha afectado a todo el país. La paja es un subproducto de la siega de los cereales, la parte que corresponde al tallo del cereal se transforma en la paja, que se utiliza dependiendo de su calidad para complementar el alimento de animales que comen pienso como vacas y ovejas o para las camas de los animales, y en el caso de la agricultura, para el champiñón.

Según esta ganadero, “debido a la sequía no se está cosechando mucha paja, ese es el problema, lo que lleva a que haya mucha especulación”.

Actualmente los ganaderos la están pagando al triple de lo que la pagaban el año pasado. Así, en la lonja de Toledo, por ejemplo, es un producto que no deja de subir de precio. En la última reunión de mayo, la paja cotizaba a 120 euros/tonelada, 20 euros más que una semana antes, mientras que a finales de marzo, la paja estaba cotizando a 60 euros.

“Nunca hemos tenido este problema, España tiene abastecimiento suficiente para los animales”, señala. Actualmente dice que los suministradores de paja no te aseguran el producto y ni siquiera te dan precio, ya que de un día para otro puede subir. “A lo mejor llamas hoy y te dan el precio de hoy, pero es que de hoy para mañana te piden 20 ó 30 más”.

“Yo ahora mismo tengo problemas. Nosotros llevamos comprando la paja al mismo suministrador de Segovia los últimos 15 años, y ahora me dice que no puede traer porque él no la encuentra y te da un precio hoy y mañana otro porque ha subido”, asegura.

“Ahora lo que hago es encontrar lo que puedo, pagando lo que te piden y ya está. Y la verdad sacrificar reses, toda la que tiene alguna deficiencia”, señala.

El sector del champiñón, también afectado

Otros sectores también están afectados por la escasez de paja. La cooperativa Champinter, de  Villamalea(Albacete) ya advertía hace semanas de que los precios de la paja complican la viabilidad del cultivo del champiñón ya que la producción de este hongo depende de la paja, para la elaboración de compost.

El presidente de la cooperativa albaceteña, Elías Olmeda, detallaba que se dan varias circunstancias para esta situación: sequía, guerra en Ucrania, precios de combustibles y energía, principalmente gas, que está motivando que se destine más subproductos como la paja a la generación de energías renovables.

Además, los países de Oriente Medio han incrementado la compra de paja para alimentar a sus animales. Otro factor es que el transporte de la paja antes era más complejo, pero actualmente se prensa y se pueden transportar miles de toneladas vía marítima.

Elías Olmeda va más allá y señala que hay otra amenaza: la nueva normativa que prohíbe y reduce el uso de plásticos, lo que significará que los fabricantes de este tipo de envases mirarán hacia la paja para fabricarlos de cartón, ya que la paja contiene celulosa y es válida para este tipo de embalajes.

Precisamente, el presidente de la organización agraria ASAJA, Pedro Barato, abundaba hace unos días en que uno de los problemas es la utilización de la paja para la producción de energía a partir de biomasa y pedía al ministro de Agricultura, Luis Planas, que la paja deje, de forma temporal, deje de tener este destino y vaya dirigida a paliar la carestía de alimento que sufre el ganado como consecuencia de la sequía.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) participa a través del grupo de investigación Tecnología Química y Medioambiental (TEQUIMA) en el proyecto europeo de investigación e innovación FIREFLY, dotado con 11 millones de euros y que persigue impulsar la industria química basada en catalizadores hacia la electrificación y reducir la dependencia externa de metales y combustibles fósiles. El proyecto se enmarca en el programa Horizonte Europa I+D+i (programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027) y en él participan 16 socios, entre los que se encuentra la Universidad regional, de siete países coordinados por el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica (VITO), de Bélgica.

La iniciativa pionera FIREFLY utilizará electricidad procedente de fuentes de energía renovables para fabricar (electro)catalizadores a partir de recursos secundarios, en un nuevo enfoque sostenible que reducirá significativamente los costes de producción. El proyecto sigue su camino hacia la circularidad, introduciendo rutas más rentables para la industria química y utilizando principalmente catalizadores usados, de desecho y fuera de especificación, procedentes de diferentes aplicaciones industriales. Se espera que el proyecto desarrolle un proceso sostenible para el reciclado flexible de metales impulsado por fuentes de energía renovables.

FIREFLY tendrá una duración de 48 meses (enero 2023/diciembre 2026) se basa en un enfoque multidisciplinar que abarca diferentes temas, desde la electroquímica, las fuentes de energía renovables y la modelización hasta la producción de amoníaco y peróxido de hidrógeno y la transformación de la biomasa. 

Financiación y objetivos

Dentro de este proyecto, el grupo TEQUIMA ha recibido una financiación de 570.000 euros para la investigación de fuentes de energía renovables, la modelización de proceso de generación, almacenamiento y suministro energético y la producción electroquímica de peróxido de hidrógeno utilizando electrocatalizadores reciclados. La participación de la UCLM en el proyecto está dirigida por el profesor Justo Lobato, del Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Medioambiental (E3L) del grupo de investigación TEQUIMA.

La producción actual de catalizadores a base de metales se basa principalmente en procedimientos que no son sostenibles, ya que consumen intensivamente productos químicos y energía no renovable.Además de la falta de sostenibilidad, las opciones de reciclado no suelen ser económicamente viables debido al importante consumo de energía y materias primas. Con la industria química europea en peligro debido a las limitaciones en el suministro de minerales, resulta crucial aumentar el reciclado de metales.

Así, y como pionera en tecnología de catalizadores, Europa tiene la importante responsabilidad de hacer que la producción y el reciclado de catalizadores sean más sostenibles.La electrificación tiene el potencial de descarbonizar el sector químico, incluida la producción y el reciclado de catalizadores.

El tema principal de la obra Fuenteovejuna, de Lope de Vega, es el levantamiento del pueblo contra el abuso de poder del comendador. La unión de un pueblo contra aquel que lo oprime. Justo lo que llevan más de seis años haciendo los vecinos de Güeñes, un pequeño pueblo de Bizkaia que en 2016 amaneció con una nube negra provocada, según denuncian, por la quema de madera para la obtención de energía que aún a día de hoy realiza la empresa Glefarán en la planta de biomasa instalada entre el pueblo y la localidad vecina de Zalla.

Tras crear una plataforma vecinal llamada Güeñes Bizia, realizar recolectas de firmas, manifestaciones, estudios, visitas de científicos y después de que haya hasta tres cargos del Gobierno vasco imputados acusados de falsificar un informe favorable sobre esta industria, siguen sin darse pasos contundentes que lleven al cierre de la empresa que, según expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al dedicarse a “la incineración de la madera, incluidos el pino y eucalipto, produce sustancias tóxicas para la salud de las personas”. La plataforma Güeñes Bizia calcula que cerca de 15.000 personas que viven a menos de 5 kilómetros de Glefarán podrían estar “en grave peligro” por las sustancias que emite la fábrica durante su actividad. Por esa razón y tras años de quejas, los vecinos han optado por utilizar una nueva arma de protesta: el arte. Así, han representado este viernes la obra de teatro Fuenteovejuna adaptada a su caso y renombrada como 'Güeñeovejuna“, en forma de sátira.

“Vemos que han pasado seis años y no nos dan ninguna solución. Desde el principio hemos estado tratando de manifestar que estamos viviendo una situación insostenible y que estamos respirando sustancias tóxicas. La ciencia nos ha dado la razón. ¿Por qué se está alargando tanto una solución?”, se pregunta Patricia Souto, vecina de la localidad vizcaína y una de las actrices de la obra de teatro. “Decidimos crear una obra porque sabemos que hay personas que están a otras cosas y no son conscientes del peligro que supone tener una planta de biomasa. Veíamos que el tiempo pasaba, así que decidimos crear algo con lo que llamar su atención”, confiesa.

En la representación de la obra de teatro basada en el clásico de Lope de Vega, los vecinos de Güeñes son fieles al tema principal, pero adaptan los personajes para que se asemejen a los protagonistas de su conflicto. “Hay personajes inspirados en personas reales como el alcalde, el teniente de alcalde y el portavoz de la plataforma vecinal, Güeñes Bizia. Nos metemos con todo el mundo, partidos políticos y gente que banaliza nuestra lucha y no se la toma en serio”, reconoce la vecina, que sostiene que la obra escogida es “acertada” porque “Fuenteovejuna es un pueblo que se constituye como una unidad contra el poder establecido y muchas veces somos como ovejas, ese rebaño que sigue lo que le dictan sin pensarlo”.

Un problema “extrapolable” a otros lugares del mundo

Según reconoce Souto, “se están dando pasos” para lograr el cierre de la planta de biomasa. “Ahora parece que tanto el Gobierno vasco como los gobiernos municipales reconocen que la planta no es salubre”, señala. Además, explica que “la Fiscalía de Madrid apunta que la empresa bordeó en alguna ocasión la legalidad, por no decir directamente que se la saltó”. A pesar de ello, confiesa que aún “no es suficiente” y que esperan que la obra sea “un canto al sentido común para que lo justo prevalezca” y consigan cerrar la planta de biomasa.

A sabiendas de lo crítica que pudiera resultar la obra, desde el Ayuntamiento de Zalla han tratado de poner trabas a su difusión y publicidad, según indica la vecina, impidiendo la colocación de carteles publicitarios a diferencia de otras obras de teatro que se realizan en la localidad. “Las razones que nos dan es que la nuestra no está en el programa cultural. Aún así, tenemos el teatro lleno”, reconoce con orgullo pocas horas antes de comenzar la función. Por el momento solo tienen pensado realizar una sesión, pero la intención de muchos de ellos es llevar su obra a otros municipios de Euskadi, especialmente a aquellos que se encuentran afectados por industrias similares.

Souto, que en la obra de teatro representa a una mujer que no está involucrada en las protestas contra la planta de biomasa, reconoce que el haber realizado la obra les ha dado también la oportunidad de conocer otros puntos de vista y ponerse en el papel de las personas que piensan diferente a ellos. “Me ha servido para entender que en el pueblo hay personas con opiniones menos fuertes que la mía y para poder ponerme en su lugar. De todas formas, la obra nos ha enseñado también que hemos sacado a relucir un problema extrapolable a muchos otros sitios a nivel mundial, donde los intereses económicos de unos pocos priman sobre cualquier otro como la salud, el bienestar social o el medioambiente”, concluye una de las nueve vecinas que junto a ocho actores y actrices profesionales han llevado el conflicto con la planta de biomasa sobre las tablas.

Desde 1961 el 30,3% de la superficie forestal en España se ha quemado. Algunos ecosistemas incluso varias veces. Y eso ha provocado “graves consecuencias” ecológicas, económicas y sociales: emisiones de gases de efecto invernadero, cambios en los flujos de agua, erosión del suelo, desplazamiento de población, degradación del paisaje o pérdida de biodiversidad.

La gestión forestal “no ha abordado adecuadamente este problema”, entre otras razones porque todavía hoy la extinción de incendios sigue siendo más importante que la prevención. Así lo recoge el artículo ‘Comprender los incendios forestales y diseñar un futuro sostenible mediante soluciones basadas en las relaciones entre los bosques y la sociedad’ , publicado en la revista científica Springer, que firman los ecólogos Fernando Prieto y Máximo Florín.

“Se considera al fuego como un evento impredecible, incluso si se repite año tras año con regularidad”, advierte el estudio. El análisis de la dinámica de los incendios durante décadas pone de manifiesto que tratar de extinguirlos y prepararse para la siguiente temporada (y para la siguiente catástrofe) no es la solución. “Hay que revisar las estrategias de gestión forestal actualmente en vigor”.

Los científicos vienen alertando de que el pronóstico para un futuro cercano es “perturbador” por el mayor riesgo de incendios, fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y falta de manejo forestal y explotación tradicional (ganado, recolección de leña…).

“El futuro pasa por soluciones basadas en la relación bosque-sociedad”

Fernando Prieto, doctor en Ecología y miembro del Observatorio de la Sostenibilidad, lleva trabajando en esta cuestión desde los años 90 del siglo XX y por primera vez su investigación se publica, tras ser revisada por pares, en Springer, en colaboración con Máximo Florín, profesor de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Ambos creen que el equilibrio en bosques y montes se ha roto en tan solo tres generaciones. “Un problema importante al abordar los problemas de los incendios forestales es el descuido obstinado de los sistemas sociales y económicos y su dinámica” y los investigadores rechazan la “leyenda urbana” de que los incendios son “cuestión de pirómanos”.

El futuro de la gestión forestal debe pasar por “soluciones basadas en las relaciones entre los bosques y la sociedad” y eso , dice Máximo Florín, supone no solo “comprender” los incendios forestales sino por desterrar prácticas que sustituyen los usos tradicionales que “son los que han mantenido en buen estado nuestros sistemas forestales”.

Por un lado, ambos investigadores alertan de la necesidad realizar una planificación preventiva de los incendios forestales -porque la restauración lleva décadas y supone una gran inversión económica- incluyendo la creación de nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales. Por otro, advierten de los riesgos de sustituir por completo las relaciones (tradicionales) entre sociedad y bosque.

“No somos nostálgicos. No se trata de volver atrás, pero sí podemos aprender mucho de la diversidad de la economía local de otras épocas. Creemos que es posible. Muchas personas vuelven a las zonas rurales o a las zonas de montaña y generan valores añadidos”.

En este aspecto destaca, por ejemplo, que “la protección de los valores hídricos depende en buena medida de cómo estén conservadas las zonas de cabecera de los ríos o las de recarga de los acuíferos”. Eso, y también la biodiversidad, el microclima o incluso la protección contra la desertificación, dice Máximo Florín, “lo facilitaban los mosaicos forestales” que tienden a desaparecer.

Despoblación rural y abandono de usos tradicionales

El artículo abunda en algunos datos. La recolección de leña, resina y otros productos forestales, como cortezas, nueces, piñones o fibra de esparto han ido cayendo paulatinamente desde mediados del siglo XX  “mostrando la subutilización de productos forestales”.

Los investigadores ponen también el foco en el despoblamiento rural. Eso provocó el “abandono de procesos tradicionales de aclarado de los bosques que, a su vez, permitirían rejuvenecerlos y protegerlos”. Se apostó por “las mal llamadas repoblaciones forestales o plantaciones de especies de crecimiento rápido para aprovechamiento maderero y papel”. Y después “por considerar la biomasa como energía renovable”. Eso, asegura Florín, “está cambiando el modelo de explotación que todavía subsistía en algunos lugares, para alimentar las enormes necesidades de materia prima”.

Pone como ejemplo la central térmica de Andorra, en la provincia de Teruel. “Antes funcionaba con carbón nacional y se cerró. Ahora quieren reflotarla mediante biomasa que sacarán de los montes de gestión tradicional”.

Frente a esta solución Máximo Florín recuerda que“ en España no tenemos una enorme densidad arbórea sino mosaicos en los que vivía gente que interaccionaba de forma sostenible” y que ahora se ven amenazados por las nuevas prácticas. Aboga por que los gestores y políticos hagan “caso a la Ciencia” en cuestiones de gestión forestal porque, dice, “se sigue sin entender al bosque” y eso está provocando que a los viejos problemas se estén sumando “nuevas amenazas como el modelo de explotación especulativo de la biomasa”.

También sostienen que España aplicó una estrategia selvícola “incorrecta” entre los años 60 y 80 con la plantación de monocultivos masivos de unos pocos taxones, en particular coníferas y eucalipto azul. A eso se suma, explican, “que la Ley de Suelo permitió desarrollar infraestructuras y áreas urbanas en bosques, eventualmente fragmentándolos y dañándolos”.

Después recuerdan que la transición política hacia la democracia y el autogobierno regional trajo consigo la implantación de nuevas reservas naturales. Suponían hasta el 40% del total de los bosques de España, pero su planificación y monitoreo estuvieron ausentes en “esta fiebre de conservación”, así como las asignaciones para su mantenimiento, y tampoco dispusieron de estrategias para el uso del suelo. “Peor aún, su declaración prohibía actividades tradicionales, como la recolección de leña, el pastoreo, etc” y eso, lamentan “podría haber contribuido a su custodia mejorando la percepción social de las nuevas áreas protegidas”.

Para Prieto y Florín un buen ejemplo fue la quema de casi una quinta parte de la superficie de la Reserva de la Biosfera de Doñana en 2017 y la consecuencia de “no detectar y prevenir incendios” además de planificar la gestión en los ecosistemas forestales más interesantes de España.

14 propuestas para un “futuro forestal sostenible”

Los investigadores realizan hasta 14 propuestas para lo que califican de “futuro forestal sostenible”. Proponen “una nueva política” con medidas concretas que permitan no solo desarrollar y conservar los ecosistemas, sino fijar población y empleo vinculado a la industria forestal.

¿Cómo hacerlo? Creen necesario frenar el abandono rural paulatino de los últimos 50 años mediante “la revitalización del entorno aprovechando la agricultura, la ganadería y los propios bosques”. Reclaman “recuperar la función de la ganadería tradicional” (con supervisión) para conservar y limpiar bosques. Es decir, potenciar por ejemplo el papel de las llamadas ‘ovejas bomberas’. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, se establecieron ayudas para este fin a partir de 2017, con vigencia para tres años. En la actualidad se trabaja en definir otras nuevas. Sin fecha.

“Una gestión activa durante todo el año permitirá ahorrar en la extinción”, señalan los investigadores, junto a las quemas controladas, la transformación de los bosques más cerrados en zonas de alta montaña y la creación de pastos y mosaicos forestales “que han demostrado ser medidas preventivas eficaces frente a los incendios”.

Y es que, recuerdan la formación de las masas forestales puede llevar décadas y hasta siglos, pero un incendio o una tala se lo lleva todo por delante en minutos. “Debemos actuar y preservar lo que es tan frágil y, sin embargo, tan esencial para todos”, sostienen, y cambiar el rumbo.

Florín critica que se haya apostado más por la extinción que por la prevención. “Solo hay que fijarse en lo primero que cayó en la anterior crisis económica. Se gastaron ingentes cantidades en retenes para apagar incendios, a los que además se llegaba tarde, mientras se recortaba en los servicios de prevención y conservación”. Los autores del artículo también sugieren “renovar” la estrategia forestal en la lucha contra la despoblación rural y promover el valor de los hábitats forestales como activos compartidos frente a lo privado.

Un equipo de investigación de la Universidad de Jaén en colaboración con la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest (Hungría) ha desarrollado un método que emplea levadura en la obtención de biocombustible para vehículos a partir del hueso de aceituna. La incorporación de estos microorganismos reduce el precio de la obtención de bioetanol, que mezclado con gasolina sirve como carburante y es más sostenible que el habitual.

Además de su uso en automoción, los investigadores apuntan las aplicaciones alimentarias y farmacéuticas de otras sustancias obtenidas con este método, como el xilitol -sustituto del azúcar para personas diabéticas- y compuestos antioxidantes, que pueden emplearse para desarrollar productos antimicrobianos, según se ha detallado en una nota de prensa de la Fundación DesQbre.

Sustitutos de combustibles fósiles

En la actualidad, la mayoría de la biomasa del olivar normalmente se desecha o se quema. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Jaén proponen una técnica que emplea dos tipos de levaduras para aprovechar al máximo este residuo. Por un lado, Saccharomyces cerevisiae, con la que eliminan compuestos tóxicos. Por otro lado, Candida boidinii, para transformar casi un 63% de la solución restante en xilitol.

Los bioproductos obtenidos de este proceso sustituyen a otros recursos procedentes de fuentes fósiles. Por ejemplo, los antioxidantes que extrae el grupo de investigación servirían para reemplazar los derivados del petróleo con los que se elaboran algunas cremas hidratantes, el xilitol al azúcar de los chicles y el bioetanol, mezclado con gasolina, serviría para desarrollar combustible para vehículos.

“Además, se trata de una propuesta más sostenible, puesto que los productos obtenidos sustituirían a derivados del petróleo y de otras fuentes fósiles”, explica a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Jaén Juan Miguel Romero.

Técnicas bioquímicas

En el artículo 'Improved xylitol production from olive stones hydrolysates by biological detoxification' publicado en Journal of Cleaner Production, los expertos explican que anteriormente desarrollaron una técnica en dos pasos para obtener xilosa, solución desde la que se produce xilitol.

En este trabajo, añaden otros dos tratamientos con los que “potencian” la producción de este xilitol, y además proponen la obtención de bioetanol y antioxidantes.

Primero, extrajeron los antioxidantes del hueso de aceituna con una solución acuosa a 130 grados centígrados durante 90 minutos. Luego, separaron distintos productos, como la glucosa o la xilosa, azúcares habituales en los chicles, con ácido sulfúrico diluido. Este proceso también eliminó todos los microorganismos perjudiciales para la levadura.

A continuación, utilizaron la técnica que incorporaron en este trabajo: la detoxificación biológica. Consiste en el empleo de la levadura Saccharomyces cerevisiae, con la que eliminan el ácido acético -compuesto similar al vinagre-, que normalmente no puede aprovecharse para la producción de xilitol.

Después, emplearon la levadura Candida boidinii para maximizar la obtención de este edulcorante en un 63%. Se caracteriza por ser un método sostenible, que no utiliza agentes contaminantes.

Método sostenible

Al final, los expertos mezclaron el líquido con este microorganismo y dejaron que la mezcla fermentara durante tres días a una temperatura controlada. De este modo, obtuvieron pequeñas cantidades de bioetanol y casi un 63% más de xilitol.

“Con esta técnica, queríamos incorporar un proceso más sostenible para aprovechar al máximo la biomasa que normalmente se quema. Además, podría emplearse a nivel industrial para obtener un mayor beneficio económico con la venta de estos bioproductos”, añade Juan Miguel Romero.

Actualmente, el grupo TEP-233: Ingeniería Química y Ambiental enfoca su labor investigadora en la biorrefinería, es decir, desarrollan métodos para transformar la biomasa agrícola en bioproductos.

Concretamente, desarrollan alternativas al petróleo con materias primas de origen local como la biomasa del olivar para producir bioplásticos, edulcorantes, biocombustibles y productos químicos de manera sostenible.

El sector de la bioeconomía forestal generó en 2019 en España 1,44 millones de empleos y aportó un valor añadido de 69.000 millones de euros al conjunto de la economía española, según los datos del Joint Research Center (JRC) de 2019, Centro Común de Investigación de la Unión Europea. Este estudio, además, señala que entre 2015 y 2019 el citado valor añadido de la gioeconomía se ha incrementado el 15,91% en el conjunto del país. Y continuará haciéndolo, ya que la tendencia indica que esta subida se seguirá produciendo en los próximos años ante las nuevas oportunidades que pueden surgir en el sector.

Estas cifras muestran, tal y como señala UFIL (Urban Forest Innovation Lab de Cuenca), la importancia de este sector en la actualidad y cómo la correcta gestión y el aprovechamiento de los bosques pueden significar una oportunidad para atraer empleo y capital humano a entornos afectados por la despoblación. En este apartado, indica que todavía queda mucho por hacer en España puesto que nuestro país es el tercer país en superficie forestal de Europa, pero ocupa el octavo puesto en aprovechamiento de la madera para energía.

En este sentido, la celebración el próximo 21 de marzo del Día Internacional de los Bosques, bajo el lema ‘Bosques: consumo y producción sostenibles’, viene a corroborar la necesidad de que el conjunto de la sociedad se percate de las infinitas posibilidades que ofrece la Bioeconomía en el momento actual.

Siete razones por las que hay que proteger los bosques

Nadie discute el papel de sumidero de carbono, regulador del clima o de los ciclos del agua que los bosques y las masas arbóreas suponen para el conjunto del planeta. Sin embargo, los bosques nos ofrecen mucho más.

Por eso, desde UFIL se incide sobre la idea de que los bosques son un activo que requiere de un modelo de gestión adaptado según las necesidades de cada territorio. “en nuestro país la conciencia de cuidado y gestión de los bosques arranca a comienzos del siglo XX ya que, hasta entonces, no existía esa preocupación. Hoy en día, la bioeconomía ha permitido dotar a los bosques de una entidad propia y con una idea que resulta clave: la utilización sostenible y racional de los bosques no implica su deforestación”.

Oportunidades y miedos

El bosque es, sin duda, una fuente inagotable de oportunidades de empleo en territorios despoblados a través de actividades como la construcción, el diseño de muebles, la producción de alimentos, la generación de energía sostenible, la industria agroalimentaria, el turismo… El desarrollo rural pasa, inevitablemente, por esta conservación de los bosques siempre desde una perspectiva de recuperación de los entornos que permitirán crear un tejido empresarial que aumente las oportunidades laborales y evite el tradicional éxodo de los pueblos a las grandes ciudades.

Iniciativas como la de UFIL en Cuenca ya han posibilitado que numerosos emprendedores hayan visto una oportunidad de crecimiento profesional y personal alrededor de los bosques y hayan iniciado un camino de la ciudad al campo donde disfrutan con un trabajo acorde con sus capacidades y con una calidad de vida sobresaliente. 

La gestión y uso de los bosques de manera sostenible no implica pérdidas de biodiversidad o un aumento de la deforestación. En todo caso, es justo lo contrario ya que el cuidado y la correcta utilización de los recursos de los bosques nos permiten que, en el caso de España, la superficie forestal continúe creciendo año tras año.

 Laboratorio Urbano en Bioeconomía Forestal (Urban Forest Innovation Lab -UFIL)

El Laboratorio Urbano en Bioeconomía Forestal (Urban Forest Innovation Lab -UFIL) nace con la misión de generar tejido económico local e impulsar el desarrollo rural aprovechando de manera sostenible los recursos naturales forestales. El proyecto se ubica en Cuenca, que es la ciudad con mayor superficie forestal de toda la Unión Europea: más de 55.000 hectáreas de montes bien conservados y gestionados de manera ejemplar. 

Liderado por el Ayuntamiento de Cuenca, en el proyecto UFIL participan como socios la UCLM, Universidad Politécnica de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, IED, FSC España, CEOE CEPYME Cuenca, Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A. y Khora Urban Thinkers. Además, colaboran la Diputación Provincial de Cuenca, Globalcaja y sus fundaciones (Fundación Globalcaja HXXII y Fundación Globalcaja Cuenca), y Prodese.

Urban Forest Innovation Lab-UFIL es una iniciativa promovida en el marco de Acciones Urbanas innovadoras (UIA), financiada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que proporciona a las zonas urbanas de toda Europa recursos para probar soluciones nuevas y no experimentadas para abordar los actuales desafíos.

“Soy Avelino, un jubilado con muchos años. Aunque no sea nacido en Orea, todos mis ancestros son oreanos, y desde que tengo uso de razón me siento muy vinculado a estas tierras. Mi familia se preocupó de que las conociera y me contagió su amor por ellas.

Actualmente y desde que cumplí con mis obligaciones laborales, año 2007, soy residente en este maravilloso pueblo. Aquí paso junto con mi esposa, la mayor parte del año gozando de su saludable entorno. Casi todos los días salimos al monte, nos aficionamos a la micología, cuando no hay setas bien, si no …, disfrutamos de sus vistas.

Desgraciadamente cada año que pasa el monte lo encontramos más deteriorado. Echo de menos esas patrullas forestales, que han existido siempre, y que se han dedicado a desbrozar, mantener los cortafuegos, limpiar estepas, conservar caminos, etc (…)

Ahora me entero que quieren llevarse la base del retén y patrulla a otro lugar (…)

La realidad es que en Orea hay una base ya funcionando. Os invito a conocerla. Vale ya de despilfarro público. Pedimos que se invierta el dinero en mantener nuestros montes que es lo único que nos queda“ (…)

Este es un extracto de la carta que un vecino de la pequeña localidad de Orea, en pleno Parque Natural del Alto Tajo de Guadalajara, ha publicado en una conocida plataforma de recogida de firmas que pide “salvar los montes de Orea”.

¿Cuál es la historia de esta petición? El pasado 28 de octubre la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) publicaba la convocatoria de la licitación pública para contratar las obras de una base de retén en el término municipal de Alcoroches, un pueblo vecino de Orea.

La Junta va a gastar algo más de 319.000 euros. Será financiado al 75% de su coste, por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), otro 7,5% será financiado con fondos de la Administración General del Estado (AGE) y el 17,5% restante del coste, correrá a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El anuncio no ha sentado bien en el pueblo. Los vecinos no entienden que “teniendo en Orea una base digna, que cubre todas sus necesidades de vida, y formación (del retén), quieran trasladarla a otro sitio”.

De momento han recogido más de 500 firmas pidiendo la paralización del “despropósito” y la protección de los montes del municipio.

La protesta cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Su alcaldesa, Marta Corella, explica a elDiarioclm.es que “la gente ya estaba enfadada por la situación de nuestros montes y de los caminos. Tuvimos que sacrificar el presupuesto que nos daban para arreglar un kilómetro de uno de los caminos que más transita la gente para destinarlo al que conduce al punto de carga de la motobomba porque no se podía acceder y la Junta no lo arreglaba”.

Ahora, la puntilla es la construcción de un nuevo centro para el retén después de que el Ayuntamiento habilitase un espacio en su término municipal que mantiene sin ayuda del Gobierno regional.

La base actual cuenta con una sala de formación para un centenar de personas, sala de estar-comedor para 40 personas, con cocina, dos aseos con ducha, uno de ellos adaptado, sala de ordenadores y taquillas. También dispone de dos cocheras municipales. Hace apenas un año el Ayuntamiento invirtió más de 3.000 euros para poner una puerta nueva y acondicionar el interior.

“El municipio de Orea lleva más de 60 años manteniendo todas las instalaciones usadas por el retén y los servicios forestales, sin recibir nada a cambio. Manteniendo instalaciones, pagando luz, agua, calefacción…”, dice Avelino en su carta.

La alcaldesa reconoce que “es verdad que la Junta no nos dijo que lo hiciéramos, pero tampoco lo contrario”, comenta la alcaldesa.

“La decepción entre los vecinos”, dice Marta Corella, comenzó cuando en 2017 un informe de la entonces Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta

Entre otras cosas, explica, se alegaba la existencia de “más conatos de incendio en otras zonas más agrícolas, sobre todo en momentos de cosecha obviando que nuestra zona, que es de alta montaña, tiene muchos episodios de tormentas secas a las que hay que sumar la sequía y el cambio climático”.

Lamenta que tampoco se tuvieran en cuenta aspectos como la falta de cobertura o de torres de vigilancia en la elección. “Estaba basado en un mapa obsoleto y sin considerar indicadores para calcular el índice de riesgo de incendios como la orografía, el ingente aumento de biomasa en la zona, el coeficiente de masa forestal ni la peligrosidad que entraña el uso humano”.

Marta Corella es ingeniera forestal y cuenta que también le sorprendió el hecho de que el informe no reflejase las infraestructuras ya existentes, como la que Orea mantiene y paga. “El informe se guardó en un cajón y cuando llegó el nuevo delegado de la actual Consejería de Desarrollo Sostenible se lo pusieron encima de la mesa y lo firmó”.

El Ayuntamiento presentó entonces un contrainforme. “Dijimos que ya había una base en Orea y que es el lugar idóneo. Ellos piensan que el pueblo está muy esquinado…¡Pero es que llevarlo a Alcoroches no mejora la situación!”.

La Comarca Forestal de Orea, un valor al que no renuncian los vecinos

El municipio de Orea no llega a los 200 habitantes y en su término municipal hay 7.000 hectáreas de bosque. En su zona sur, junto al término municipal de Checa hay más de 15.000 hectáreas.

Avelino, el vecino que escribió la misiva, recuerda que “algunos de los montes de Orea forman parte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, desde su creación a finales del siglo XIX”.

El catálogo se fue ampliando y desde hace más de medio siglo la zona es la comarca forestal de Orea a la que hoy se adscriben los agentes medioambientales. “Siempre hemos vivido con normalidad en el pueblo mantener la zona y las infraestructuras forestales”.

El retén tenía su base original en un secadero de piñas. “En aquel entonces la competencia era del ICONA, dependiente del Ministerio de Agricultura”. Eso cambió cuando en 1984 las competencias se transfirieron a las comunidades autónomas.

Las instalaciones del retén se convirtieron en Centro de Interpretación y entonces el retén pasó al Centro Social de Orea. Después de eso, y por el propio sistema de funcionamiento del operativo, se construyó un refugio en el monte para el retén en el término municipal de Alcoroches. Allí pasaban parte del año y el resto en Orea.

“En 2015 la situación precaria del refugio nos llevó a preparar una base digna al retén. Se lo comunicamos a la Junta”. Ahora la situación volverá a cambiar.

“Ha habido relajación” en las competencias sobre los montes de utilidad pública

“Creo que no se ha entendido que significa tener las competencias en la gestión de los montes de utilidad pública”, critica la alcaldesa, quien matiza que “es algo generalizado en todas las comunidades autónomas”.

Todavía recuerda cómo en 2018 un temporal se llevó por delante más de 20.000 pinos en el término municipal. “La Administración no tiene la culpa de que se caigan los pinos, pero sí tienen responsabilidad y competencias en la restauración del paisaje, en el mantenimiento de caminos… Creo que ha habido relajación”.

Hace ahora un año, tras una reunión entre el Ayuntamiento y la actual Consejería de Desarrollo Sostenible, “se nos comunicó que la decisión era inamovible”, cuenta la alcaldesa.

El retén y la patrulla llevaban ya cuatro años usando el centro de Orea, incluso GEACAM lo aprovechaba para dar cursos de formación. “Me sorprende el empecinamiento de la Junta en este centro que va a tener que mantener. Ahora lo hacemos nosotros. Nunca habíamos pedido nada ni lo vamos a pedir. Estamos perplejos”.

En un Pleno municipal se aprobó personarse en el proyecto como parte interesada. “No contestaron, ni tampoco a través del Portal de Transparencia de la Junta. Pensamos que, con la pandemia, y con la situación económica se pararía para optimizar recursos”.

Eso no ha ocurrido. “Nos citaron para octubre, pero ya se ha publicado la licitación de las obras”. Los vecinos no desisten, el Ayuntamiento tampoco. “Nos podemos a disposición de cualquier movimiento ciudadano para proteger el retén de Orea. Por otro lado, haremos todo lo que esté en nuestra mano como Administración local”.

Marta Corella cree que todavía hay posibilidad de frenar el proceso. “El consejero nos dijo en octubre que habría que reconsiderar el informe si es que faltan todos esos parámetros que he citado. Nos dijeron que nos llamarían para visitar la zona. Hasta ahora no lo han hecho”.

La Fundación Savia dirige una carta a García-Page: “Es una situación de injusticia”

A las críticas por la decisión del Gobierno regional se ha sumado la Fundación Savia que califica de “situación de injusticia” lo que ocurre en esta localidad de Guadalajara y en particular con el ayuntamiento que dirige Marta Corella.

“Marta es un ejemplo de lucha y compromiso con su pueblo y el territorio, que ha sido reconocida recientemente con el Premio Orgullo Rural 2020”, sostienen.

La Fundación se ha dirigido por carta al presidente regional, Emiliano García-Page, instándole “a que intervenga e intermedie para que se produzca a la mayor brevedad posible” una nueva reunión entre la alcaldesa de Orea y el consejero de Desarrollo Sostenible“.

“Hay gente en el medio rural que debe ser respaldada en su gestión. Personas como Marta Corella son fundamentales para trabajar por un medio rural vivo. Es muy importante que, desde su gobierno, máxime en estos momentos, se apueste por la transparencia, la participación, que las personas del medio rural no se sientan excluidos ni apartados”, señala la misiva.

Además, la Fundación Savia aprovecha para recordar al presidente regional que “los fondos europeos están a punto de llegar” y reclaman “aunar esfuerzos para salir de la situación que estamos viviendo. Podría ser una buena oportunidad para revitalizar el medio rural de Castilla-La Mancha”.

También apunta que la comarca de Molina de Aragón, a la que pertenece Orea,  ha reclamado desde hace años que no se disminuya la inversión en la gestión forestal, “es necesario seguir destinando recursos a la masa forestal, un elemento esencial en la comarca. Y dinamizar el medio rural en Castilla La Mancha es sin duda un reto prioritario para todos, la salud del territorio es la nuestra propia”.

Cuenca dispone de más de 53.000 hectáreas de montes bien conservados y ordenados. De hecho, es la ciudad con mayor superficie forestal de toda la Unión Europea a la que se suma una fábrica municipal para la custodia y el aprovechamiento de la madera.

Ha servido para que la Unión Europea se fije en sus posibilidades y ha sido seleccionada dentro de la línea de acciones de innovación urbana con un presupuesto de cinco millones de euros, financiado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

César Sánchez es concejal Promoción Empresarial y Empleo, Innovación y Nuevas Tecnologías además de responsable de Urban Forest Innovation Lab (UFIL). Así se llama el programa vinculado a la innovación urbana que busca el emprendimiento en bioeconomía forestal en la ciudad.

La idea es formar a expertos en diseño, innovación y desarrollo empresarial con el objetivo final de crear nuevas empresas y tejido empresarial vinculados a los bosques y, por lo tanto, empleo.

Fue en febrero de 2020 cuando se presentó el proyecto que se vio un tanto deslucido con la llegada de la crisis sanitaria. La formación tuvo que pasar de presencial a online y ha obligado a rediseñarlo. “Hemos reconducido el programa durante este tiempo”, explica el concejal.

En septiembre el Laboratorio Urbano en Bioeconomía Forestal (Urban Forest Innovation Lab -UFIL) ha vuelto a ser presencial en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, con estrictas medidas de seguridad. La primera promoción terminará en febrero en un proceso de “incubación” de propuestas empresariales, hasta diez o quince en cada convocatoria, según la estimación inicial.

Los alumnos, 35 en cada promoción, tienen perfiles profesionales muy variados que “están sirviendo para enriquecer los proyectos”. Se forman con ayuda de expertos en estudios de mercado, planes de negocio, marketing y comercialización, financiación, diseño y comunicación, etc.

UFIL se encuentra ahora en proceso de captación para las dos siguientes promociones -el proyecto se configura a tres años- para las que se prevén algunos cambios. “Con la primera experiencia hemos visto que quizá diez meses son muchos. Hay gente que viene ya con las ideas y no es necesario. Tenemos incluso gente que ya está vinculada al sector forestal pero que necesita ampliar líneas de negocio”.

Entre las propuestas que ya se plantean se encuentras algunas relacionadas con la micología, las plantas aromáticas, las estructuras de maderas para edificación, proyectos audiovisuales… “Son sobre todo proyectos de aprovechamiento turístico del bosque y la utilidad de la madera para construcción, diseño y decoración”.

En el proyecto se ha embarcado no solo el Ayuntamiento conquense, sino la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Politécnica de Madrid, CEOE-Cepyme Cuenca, la Diputación o la Junta de Castilla-La Mancha.

Además, se incorporaron como socios la consultora de innovación para ciudades Khora Urban Thinkers, el IED (Istituto Europeo di Design), la ONG Consejo de Administración Forestal, más conocido por FSC (Forest Stewardship Council) y más recientemente, en calidad de stakeholder, la Fundación Globalcaja.

“Ya llegan propuestas desde el ámbito privado”: buscan emprendedores y nuevo negocio

A los socios iniciales del proyecto ahora se está añadiendo ahora la figura del sponsor o ‘retador’.

“Se trata de propuestas que vienen desde el ámbito privado. Imagine un Ikea que pide el diseño de un producto concreto”. De hecho, explica el concejal, están empezando a llegar empresas de este tipo que buscan quien le desarrolle nuevas líneas o productos. “Firmaremos contratos con ellas de investigación y desarrollo. Estamos ahora estudiando las condiciones”.  

Pero los alumnos no solo se enfrentan a retos desde el ámbito privado. El propio Ayuntamiento conquense ha asumido el papel de ‘Retador’ y propone buscar soluciones para reformar el Mercado Municipal y el mobiliario del entorno. “Se presentarán el mes que viene y habrá premio para las mejores”.

Otro de los posibles ‘retadores’ será Rewilding Europe que plantea proyectos vinculados a la recuperación de entornos forestales, la recuperación de la vida silvestre salvaje allí donde ha desaparecido contando con los sectores agrario y cinegético. “Habrá una nueva reunión a finales de año para saber si se incorporan y cómo”.

Un Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular para atraer empresas

Sus promotores esperan que el proyecto “genere un caldo de cultivo para que los participantes y otros agentes de otros puntos de España entiendan que Cuenca es idónea para desarrollar sus proyectos”.

En este aspecto jugará un importante papel el futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular. Es una iniciativa de la Diputación de Cuenca que incluirá un centro de investigación y cuyo proyecto definitivo espera poder ser presentado a finales de año o a comienzos de 2021.

Contará con una superficie de algo más de 512.000 metros cuadrados y supondrá una inversión de unos 10 millones de euros. Se ubicará en las inmediaciones de la Fábrica Municipal de Maderas y quiere ser también un punto de atracción de empresas vinculadas al sector forestal. Por eso incluirá también un total de diez parcelas con una superficie que oscila entre una y diez hectáreas.

El Parque se pondrá en marcha mediante un Proyecto de Singular Interés (PSI), una figura urbanística en la que interviene la Junta castellanomanchega que agiliza la tramitación urbanística. Quizá pueda beneficiarse tanto de la recién aprobada Ley de Economía Circular y de la futura Ley Suma.

Un Foro Nacional de Economía Circular vinculado al bosque en 2021

De forma paralela, el Ayuntamiento está trabajando para situar a Cuenca en el mapa mundial de la Economía Circular. Por eso la Concejalía que dirige César Sánchez plantea la realización de un foro nacional entre enero y febrero de 2021 para atraer inversores.

“Es una de las apuestas en el ámbito internacional”, señala que Cuenca se propone aprovechar en el ámbito de la bioeconomía forestal. Uno de sus avales es el recién estrenado certificado internacional FSC en el monte Los Palancares, el primer sello de estas características en Castilla-La Mancha que fue otorgado el pasado mes de mayo y que reconoce la gestión forestal sostenible.

Desde la Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) y la Asociación Española de Empresas Productoras de Pellets de madera (APROPELLETS) han informado de los profesionales de la bioenergía siguen trabajando para garantizar el suministro de energía limpia y renovable a todos los usuarios.

Desde estos colectivos afirman que en el listado de actividades esenciales publicado por decreto en el BOE no se cita de forma expresa a los biocombustibles ni la energía térmica que con ellos se genera, pero consideran que es “un servicio de primera necesidad” .

Por ello, como representantes de las empresas y profesionales encargados de suministrar energía a partir de la biomasa, garantizan que seguirán trabajando para proveer calefacción, agua caliente sanitaria y calor de proceso a la población confinada y a los servicios públicos (hospitales, residencias geriátricas) e industrias esenciales (agroalimentación, suministro eléctrico, farmacéuticas,…) que utilizan biocombustibles.

Estas asociaciones del sector de la biomasa seguirán fabricando y suministrando biocombustibles y realizarán las labores complementarias (transportes, reparaciones de calderas) para que se mantenga el suministro de calor o energía eléctrica a todos los usuarios. “Solicitamos al gobierno que incluya expresamente en los reales decretos a los biocombustibles para evitar confusiones y problemas a los usuarios finales”, añaden.

El cierre de la planta de Elcogas en 2017 supuso un antes y un después en la comarca de Puertollano. Parecía que en la localidad minera la energía se apagaba. La resistencia fiera de los trabajadores no impidió el cierre y la posterior desmantelación total de la planta. Pero en donde no había más que ruinas, ahora funciona una nueva planta energética y esta vez con una perspectiva diferente.

Ence inauguró en enero una “gran” planta de biomasa, tras cerca de tres años, con una potencia de 50 megavatios. La inversión, explican desde la empresa, fue de alrededor de cien millones de euros para reconvertir la antigua térmica de carbón en “una planta de generación de energía renovable con biomasa”. Consideran de esta manera que la obra es un “ejemplo de contribución a la transición energética justa”.

Ya el año pasado, la planta se acopló a la Red Eléctrica y pudo generar los primeros megavatios de energía renovable con biomasa. El material fue elegido, porque, explican, se trata de una alternativa “firme y segura”, que puede operar las 24 horas del día y todos los días del año. Además, puede llegar a las 8.000 horas de funcionamiento al año, puesto que no depende de factores como el viento o el sol. Igualmente, España se reconoce dentro de la Unión Europea como uno de los países con mayor superficie forestal y agrícola.

La biomasa, recalcan desde Ence puede contribuir a cumplir con el objetivo del 32% de generación renovable fijado para 2030 por la UE, y por la que España debe duplicar su generación de origen renovable actual.  Y también es importante dentro de la economía circular, pues ayuda a gestionar los “subproductos” de la agricultura, como es el orujillo. En cuanto a su impacto en la economía regional, desde la empresa destacan que se produce una “alta generación de empleo directo, indirecto e inducido”. La aproximación que hacen es de unos 27 empleos por cada megavatio instalado.

Además, afirman que se trata de empleo “estable y de calidad”, y que podrá producir unos 325.000 MW por hora, al año. “Equivalente a las necesidades energéticas de más de 60.000 personas”, explica. Esto se traduce en unas 238.000 toneladas de biomasa al año, entre orujillo, sarmiento y arranque de vid, hoja de olivo, y subproductos forestales y agrícolas leñosos.

Se trata de excedentes que no son aprovechables para la alimentación del ganado u otros usos prioritarios. Entre las ventajas se cuenta también la generación de incendios o que se emitan “miles de toneladas” de dióxido de carbono a la atmósfera.

Utilizar los residuos forestales de Canarias para generar energía de forma renovable suena prometedor. Sin embargo, el alto riesgo de desertificación de las Islas (83%) y el bajo índice de materia orgánica presente en el suelo (menos del 0,9%), un dato similar al de Mauritania, marcan la línea roja entre una propuesta comprometida con el medio ambiente y el primer paso hacia la degradación ecológica. El Cabildo de Tenerife ha anunciado la instalación de una planta de biomasa en Fasnia, un proyecto que pretende aprovechar la madera de los montes de la Isla para abastecer al “sector hotelero y de la hostelería”, tal y como ha explicado a este periódico la consejera del área de Gestión del Medio Natural y Seguridad de la corporación insular, Isabel García.

Un propósito que suscribió el socio de Bioenergy Feel (empresa instaladora de calderas de biomasa), Ignacio Aldea, en declaraciones ofrecidas a Diario de Avisos. Por el contrario, expertos en gestión de residuos y en Geografía ven en esta forma de “calentar piscinas”, que tiene su alternativa en la energía fotovoltaica, una pérdida de recursos que enriquezcan el suelo canario por medio de otras actividades como el compostaje.

“La instalación de este centro logístico de biomasa sigue una lógica”, apunta la consejera. En los años 50, se plantaron en Tenerife pinos de forma muy densa, entremezclando especies canarias e insignes y siguiendo un planteamiento artificial que no se encontraría de forma natural. Al competir por un suelo escaso y poca humedad, “se han convertido en árboles frágiles y débiles ante los incendios”. Por ello, a partir del proyecto Las Claras, el Cabildo sacará los vegetales sobrantes para que el resto crezca de forma “robusta y saludable”. Ya se han intervenido en los últimos tres años 20 hectáreas de las 10.000 previstas. El reto ahora es encontrar un uso sostenible para la madera de estas especies. 

Por el momento, la solución que ha encontrado la institución es transformar este material en astillas que, al quemarlas, se conviertan a su vez en energía para hoteles o bares que hasta ahora “usaban gasóleo”, métodos “mucho más contaminantes”. Sin embargo, el experto en gestión óptima de residuos, economista y presidente de Canarias Residuo Cero, Alexis Sicilia, y el doctor en Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna Fernando Sabaté, defienden que primero debe analizarse la realidad del Archipiélago.

Mientras que en el norte de España, de Francia y en los países nórdicos la materia orgánica del suelo supera el 8%, en las Islas está debajo del 1%, explica Sicilia. La escasez de lluvia, la acción humana y el cambio climático han provocado que la desertización amenace a una cuarta parte del planeta, tal y como ha publicado el Ministerio de Exteriores. En un mapa elaborado en la Conferencia sobre Desertización de la ONU celebrada en Nairobi en 1977, Canarias forma parte de esta proporción del mundo que puede verse dañada por este fenómeno.

En este escenario, el doctor en Geografía Fernando Sabaté plantea el compostaje como la herramienta a la que el Archipiélago puede aferrarse con el fin de recuperar la fertilidad de sus tierras. Para elaborarlo se necesitan residuos orgánicos, como pedazos de fruta o verdura, y materia seca, como los residuos forestales. “Es un compromiso de la Unión Europea y, para ejecutarlo de manera correcta, debería haber en las calles contenedores cerrados a los que solo pueda accederse con una acreditación que tengan los vecinos, y así evitar que cualquiera que pase por allí meta algo que no corresponde”, propone Sabaté.

A pesar de ello, en Tenerife no hay ninguna planta de compostaje pública por el momento, aunque hay varias previstas en el área metropolitana, en el sur y también en el norte. Este periódico también ha intentado contactar con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), pero la organización no ha podido dar una valoración sobre el tema al estar totalmente volcados en la huelga para alcanzar precios justos para sus productos. 

Para Sabaté es “más razonable” y se ajusta más “al interés general” emplear el excedente de los montes en esta actividad que devuelve al suelo la materia orgánica, en lugar de quemarlo para calentar piscinas. “Teniendo en cuenta el clima de Canarias en general y del sur de Tenerife en particular, los hoteles pueden calentar su agua a través de la instalación de placas solares”, señala. En esta línea, en la pasada legislatura los distintos grupos de gobierno acordaron llamar a esta instalación centro de tratamiento de residuos selvícolas, ya que el concepto de biomasa “ya implica la producción de combustible”, explica el entonces consejero de Podemos en el Cabildo.  

“Imagine que conectamos todas las galerías, las piscinas y los aljibes a una gran tubería para una central hidroeléctrica en el mar. Quedaría un terreno árido, la población tendría que marcharse. Por mucho que sea energía renovable, no justifica vaciar la Isla de agua. Tendríamos energía, pero, ¿para quién? Lo mismo sucede con la biomasa”, ejemplifica Alexis Sicilia. Por ello, el presidente de Canarias Residuos Cero exige que para edificar la planta, primero se haga un estudio medioambiental de las Islas y que se cuente con la opinión de la Mesa de Fertilización Orgánica, un órgano que debe reunirse tres veces al año, pero que en 2019 “no se reunió en una sola ocasión”.

Turismo sostenible 

El sector hotelero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya declaró en 2019 su intención de orientarse hacia un modelo sostenible para combatir el flygskam o la vergüenza a volar. Ashotel aprobó el verano pasado el proyecto de una gran planta fotovoltaica para abastecer a los complejos turísticos del sur tinerfeño, y así ganar puntos ante unos visitantes cada vez más exigentes con el respeto al medioambiente. “Antes viajar era una forma de ostentación, ahora genera vergüenza por las emisiones de dióxido de carbono. Un 23% de los turistas del norte de Europa prefieren viajes cortos y rápidos, por ejemplo, en trenes eléctricos”, matiza Sicilia. 

Por el contrario, la consejera del Cabildo defiende que las emisiones de dióxido de carbono que se producen al quemar la madera, “como procede de un carbono retirado de la atmósfera”, no altera la concentración de carbono en la misma, y “su uso contribuye a reducir las emisiones siempre que sirvan para sustituir al gasoil”. La central se edificará en una zona de suelo público en Fasnia y ha pedido una cofinanciación al Gobierno de Canarias, con quien se negocia un presupuesto de 3,5 millones de euros, según publicó Diario de Avisos.

Para Isabel García, el proyecto “estaría a la altura de otros centros europeos” y es “de un gran interés” en la lucha contra el cambio climático. “Tan pronto como el Gobierno regional ponga a disposición el crédito, empezaremos las obras”. El Ejecutivo ha señalado a esta redacción que, por el momento, el proyecto depende por completo del Cabildo.