El Gobierno de La Rioja ha salido al paso de las críticas tras anunciar la eliminación de la moratoria a las instalaciones de macrogranjas en la comunidad autónoma. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha defendido este martes que la medida preventiva “había quedado obsoleta” y ha asegurado que el entorno natural de la región “ya está perfectamente protegido” a través de la Ley del Paisaje, marco normativo que, según el Gobierno, fija los criterios para la implantación de este tipo de actividades.

La decisión, que se canalizará a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales, supone el fin de una traba temporal a la proliferación de la ganadería intensiva en suelo riojano. Esta maniobra del Gobierno autonómico ha levantado de inmediato la oposición de colectivos ecologistas y de formaciones políticas como Izquierda Unida, que alertan sobre los riesgos de contaminación de acuíferos, la generación de purines y el impacto territorial que conllevan estas grandes explotaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Domínguez ha respondido a preguntas de los medios, que la anterior restricción carecía de sentido en el contexto legislativo actual. Según el portavoz, la actuación del Gobierno regional se ha limitado a “corregir una situación de superación de esa moratoria”, amparándose en que la Ley del Paisaje establece con claridad los límites y las estructuras de protección necesarias para la preservación del suelo y el entorno.

Esta modificación normativa se produce en pleno debate sobre proyectos concretos en el territorio, como la proyectada macrogranja de cerdos en el municipio de Pradejón, que ha generado un notable rechazo vecinal y división de opiniones en la comarca de la Rioja Baja. Cuestionado por la evolución de esta iniciativa empresarial, el portavoz ha abogado por la «prudencia» y la estricta vinculación del Ejecutivo a los cauces administrativos.

Desde el Gobierno autonómico aseguran que el proyecto de Pradejón se encuentra en fase de tramitación y sujeto al análisis de los correspondientes informes de impacto ambiental y urbanístico. Domínguez ha remarcado que la prioridad oficial es «proteger el paisaje, los estándares de calidad ambiental y la ordenación del territorio», por lo que la posición definitiva de la administración dependerá del dictamen técnico.

Con este movimiento, el Ejecutivo riojano abre de nuevo la puerta a la tramitación de macroexplotaciones en la región, desplazando el peso de la regulación a la tramitación de licencias caso por caso y a la interpretación de la Ley del Paisaje, en un escenario que promete mantener viva la controversia social y política durante los próximos meses.

El Ayuntamiento del PP de Calahorra presenta un informe en contra de la macrogranja

El Ayuntamiento de Calahorra ha formalizado el registro de sus alegaciones durante el periodo de información pública del expediente relativo al proyecto para la construcción de una explotación porcina de cebo en el paraje de Cantarroyuela Baja, dentro del término municipal de Pradejón. La iniciativa contempla la edificación de dos naves ganaderas que abarcan una superficie construida de 3.908,81 metros cuadrados y prevén albergar una capacidad de 4.004 plazas para el engorde de porcino.

La argumentación municipal se fundamenta en un informe técnico interno que alerta sobre las posibles repercusiones ambientales, territoriales y socioeconómicas que esta infraestructura podría acarrear para la ciudad. Entre las principales inquietudes destacan la gestión de los purines y estiércoles, la dispersión de olores impulsados por los vientos dominantes y el previsible incremento en la circulación de vehículos pesados en el entorno.

A pesar de que la instalación proyectada se sitúa a unos 4.600 metros del casco urbano de Calahorra, el Consistorio advierte del riesgo de sufrir las molestias de los efluentes almacenados en la balsa de purines, diseñada para un volumen de 5.285 metros cúbicos, cuyos olores podrían alcanzar el municipio arrastrados por el cierzo. A este factor se suma el plan de fertilización, que implica el vertido de estiércoles en al menos 116,11 hectáreas de cultivo con parcelas ubicadas dentro del propio término calagurritano, favoreciendo la proliferación de insectos y roedores.

En el ámbito del patrimonio natural y cultural, el documento técnico subraya la cercanía de la futura macrogranja al cauce del río Ebro, situado a unos 1.690 metros de distancia, así como a trazados singulares como el Camino Natural del Ebro y el Camino Jacobeo del Ebro, este último catalogado como Bien de Interés Cultural. Desde el Ayuntamiento reclaman evaluar detenidamente la severidad del impacto paisajístico y el perjuicio potencial a la experiencia de senderistas y peregrinos que transitan por estas rutas.

Por otra parte, la representación institucional ha manifestado su preocupación por las repercusiones económicas sobre el tejido comercial local. Como centro neurálgico de servicios en La Rioja Baja y polo de atracción turística —articulado en torno a citas de referencia como sus Jornadas Gastronómicas—, la ciudad teme que la degradación ambiental o la presencia constante de olores pongan en riesgo el desarrollo de la oferta turística, hostelera y de ocio.

El Consistorio calagurritano ha solicitado de forma expresa al órgano competente de la tramitación que examine y valore pormenorizadamente cada una de las alegaciones presentadas antes de resolver el expediente. En su escrito, la administración local remarca que apoya la inversión y el emprendimiento empresarial siempre y cuando las iniciativas sean plenamente compatibles con la salubridad pública, el cuidado del entorno y el bienestar de la ciudadanía.

IU pide que se dé marcha atrás

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha reclamado al Ejecutivo regional que dé marcha atrás. El posicionamiento de IU se produce tras conocerse el proyecto para la implantación de una explotación porcina en Pradejón, una instalación que, según los datos facilitados por la parlamentaria, requeriría 44.000 litros de agua al día y generaría nueve millones de litros de purines al año. Moreno ha señalado que esta iniciativa no solo compromete la fertilidad de las tierras de regadío y la calidad de vida en la zona, sino que ha provocado una evidente brecha en el Partido Popular, visibilizada en el rechazo del Pleno de Calahorra frente a los apoyos del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Pradejón.

Asimismo, la diputada regional ha vinculado el levantamiento de la moratoria con la posterior proliferación de proyectos de plantas de biogás, alertando de un impacto nocivo sobre la vertebración territorial y la sostenibilidad ambiental del entorno rural. Moreno ha instado al Gobierno de La Rioja a abandonar los intereses de los grandes grupos económicos para priorizar la soberanía alimentaria, la protección del paisaje agrario y la permanencia de la población en los pueblos frente al riesgo de deterioro ambiental e incomodidades derivadas de estas macroinstalaciones.

La tramitación administrativa para la construcción de una nueva explotación ganadera intensiva en el paraje 'Cantarroyuela Baja' continúa dando pasos, ahora con la publicación en el BOR del proceso de información pública. El proyecto, promovido por un particular y con un presupuesto de ejecución que supera los 740.000 euros, proyecta albergar a un total de 4.004 cerdos de engorde distribuidos en dos grandes naves.

La iniciativa ha tenido que adaptar recientemente su diseño técnico original mediante un proyecto de modificación. El motivo del cambio responde a condicionantes de protección patrimonial: las naves han tenido que desplazarse para respetar una franja de protección de 30 metros respecto al eje del Camino Jacobeo del Ebro, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). En total, la explotación ocupará cerca de 4.000 metros cuadrados construidos dentro de una superficie parcelaria que supera los 24.000 metros cuadrados.

Las magnitudes técnicas que arroja el proyecto reflejan la envergadura de la explotación. La granja requerirá un consumo constante de 44.044 litros de agua diarios (unos 11 litros por animal al día), que serán extraídos de la acequia de la comunidad de regantes local 'La Choza' y almacenados en una balsa antes de su cloración.

En lo referente a la alimentación, la instalación consumirá unas ocho toneladas diarias de pienso que se irán rellenando periódicamente en ocho silos de 15.000 kilos de capacidad.

Pero el aspecto que más inquietud genera entre los vecinos y grupos locales es el volumen de deyecciones. Se estima que los cerdos generarán unos 24.000 litros diarios de estiércol y purines, lo que supone alrededor de 9.000 metros cúbicos al año. Estos residuos se almacenarán en una balsa exterior impermeabilizada antes de ser distribuidos como fertilizante agrícola por las parcelas de la zona.

Aunque las instalaciones se ubican en el término municipal de Pradejón, las miradas críticas se dirigen hacia la vecina Calahorra, situada a tan solo cinco kilómetros de distancia. La ubicación de la granja al noreste del casco de Pradejón hace que los vientos dominantes de la zona, el característico Cierzo del noroeste, desplacen las emisiones de malos olores directamente hacia la segunda ciudad riojana. La llegada de esta nueva instalación intensiva y la posterior dispersión de los purines en los campos agrícolas colindantes genera incertidumbre sobre la saturación de nitratos en suelos y acuíferos, así como sobre el posible empeoramiento de la atmósfera urbana calagurritana.

El proyecto, cuya energía eléctrica se abastecerá mediante paneles solares instalados en cubierta y apoyo de grupo electrógeno, continúa su tramitación a la espera de las correspondientes resoluciones medioambientales y del periodo de alegaciones por parte de las administraciones locales y afectados.

El menú de Entelodon era bastante más variado de lo que su apodo podría hacer pensar, porque el desgaste microscópico de los dientes de E. magnus apunta a una dieta omnívora comparable a la del jabalí actual. Un estudio de 2023 de Florent Rivals y sus colaboradores examinó esas marcas dentales y rebajó la tentación de imaginar a estos animales como cazadores dedicados exclusivamente a la carne. Podían actuar como depredadores y carroñeros gracias a su corpulencia y sus mandíbulas, aunque comían recursos muy diversos.

Rocallaura confirma la presencia de Entelodon en Iberia

Una nueva revisión de los fósiles de Rocallaura, cerca de Vallbona de les Monges, confirma que Entelodon habitó la cuenca del Ebro hace unos 30 millones de años. Àngel H. Luján, investigador principal del estudio del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-CERCA), lidera un trabajo publicado en Geologica Acta que constituye la primera evaluación detallada de material de entelodóntidos de la Península Ibérica. El registro peninsular de este grupo era muy escaso y carecía hasta ahora de un estudio en profundidad.

Tres piezas han bastado para precisar el género de aquel mamífero, ya que el equipo examinó un fragmento de mandíbula, un molar superior y un canino procedentes del yacimiento leridano.

Los rasgos de estos restos permiten asignarlos a Entelodon, un nombre que alude a una dentición completa propia de un mamífero placentario. La identificación amplía la información disponible sobre la presencia del género en el suroeste de Europa y sobre los grandes mamíferos ibéricos del Oligoceno.

La especie sigue abierta pese a que durante años se contempló la posibilidad de que los fósiles pertenecieran a Entelodon magnus, descrito en 1846 por el naturalista francés Auguste Aymard a partir de hallazgos de Haute-Loire.

La revisión encuentra diferencias respecto a E. magnus y también frente a E. deguilhemi, conocida por restos abundantes en Francia. Por ese motivo, los investigadores emplean Entelodon sp., una denominación reservada para casos en los que puede establecerse el género sin llegar a determinar la especie.

Sus parientes actuales incluyen hipopótamos y ballenas

El aspecto de estos animales ayuda a entender el origen de un apodo que ha resultado engañoso durante décadas, pues tenían cabeza alargada, pómulos prominentes y grandes dientes afilados. Albert Vidal-Martí, investigador del ICP especializado en entelodóntidos, señala que su parentesco los acerca más a hipopótamos y ballenas que a los cerdos actuales.

Una reconstrucción científica incluida en el estudio sitúa al animal en el entorno de Rocallaura y constituye la primera realizada para un yacimiento de la Península Ibérica. Jesús Gamarra, investigador del ICP, coautor e ilustrador del trabajo, elaboró la escena a partir de la anatomía preservada y del conocimiento disponible sobre la biología del grupo y los ambientes oligocenos de la cuenca del Ebro. La escasez de piezas obliga a completar buena parte del animal mediante comparaciones con parientes mejor conservados.

Los entelodóntidos eran artiodáctilos y vivieron en Eurasia y Norteamérica aproximadamente entre hace 35 y 25 millones de años. Algunas especies alcanzaron unos dos metros de altura, aunque una síntesis de 2002 de Jordi Agustí y Mauricio Antón situó a las europeas de Entelodon en unos 1,35 metros a la cruz y unos 65 centímetros de cráneo.

Rocallaura conserva restos de hace 30 millones de años

El yacimiento de Rocallaura pertenece al Rupeliense, la primera edad del Oligoceno, situada aproximadamente entre hace 34 y 28 millones de años. El Entelodon leridano vivió, por tanto, unos 36 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios no avianos, ocurrida hace unos 66 millones de años. Los entelodóntidos aparecen de forma poco abundante en las faunas euroasiáticas conocidas, con un registro compuesto habitualmente por dientes, mandíbulas y otros huesos.

La mayor parte de sus fósiles procede de Asia o Norteamérica, aunque también se han documentado restos desde Europa occidental hasta Mongolia, China y Japón.

Las próximas respuestas pueden llegar desde yacimientos cercanos, porque el equipo ya analiza otros fósiles procedentes de lugares como Talladell para precisar qué entelodóntidos recorrieron Iberia durante el Oligoceno.

Hasta que ese trabajo aporte rasgos suficientes para una atribución más precisa, Rocallaura conserva una identificación segura en el nivel de género y una especie todavía sin determinar.

En verano, abrir una ventana en Los Martínez del Puerto puede convertirse en un imposible. Los vecinos de esta pedanía de poco más de 800 habitantes perteneciente al municipio de Murcia soportan desde hace años los malos olores que atribuyen a una planta de tratamiento de residuos orgánicos. La reciente tramitación para multiplicar por más de nueve su capacidad de gestión ha reavivado un conflicto que plantea interrogantes sobre el control ambiental, la planificación urbanística y la respuesta de las administraciones públicas ante quienes reclaman la protección de su salud y de su patrimonio.

El hedor —descrito por quienes conviven con él como una mezcla intensa de purines y materia orgánica en descomposición— invade las calles, obliga a cerrar puertas y ventanas y altera la vida cotidiana hasta el punto de generar impactos negativos en la salud física y psicológica de muchos de los afectados, que refieren síntomas como náuseas, estrés e insomnio.

Un problema que, lejos de poder contarse en episodios aislados, se ha cronificado hasta condicionar aspectos tan básicos como ventilar la vivienda, dejar que los menores jueguen en el exterior o disfrutar de una cena en el patio durante las noches de verano. “No puedo ni tender la ropa fuera porque cuando la recojo huele a mierda de cerdo”, resume una de las vecinas.

Su testimonio no es una excepción. Durante los últimos meses, decenas de residentes han decidido organizarse para documentar lo que consideran una realidad ignorada durante demasiado tiempo y presentar alegaciones contra el proyecto de ampliación de la planta.

Mucho más que un problema de olores

El conflicto gira en torno a una planta de tratamiento de residuos valorizables situada en las inmediaciones de la población. En sus instalaciones se reciben purines, estiércoles, restos de origen animal y lodos de depuradora para su transformación en productos destinados, entre otros usos, a la fertilización agrícola. Según la documentación aportada por la plataforma vecinal, la titularidad corresponde a TGRV Hijos de Martínez Roca S. L., mientras que la actividad es desarrollada por Digestos del Sur, empresas que, según los denunciantes, pertenecen al mismo entorno empresarial.

La actividad de valorización de residuos orgánicos forma parte de las estrategias impulsadas por la Unión Europea y las administraciones públicas para favorecer la economía circular. Los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas insisten en que nunca han cuestionado esa necesidad. “Somos un pueblo agrícola”, explican: “Hemos convivido toda la vida con granjas y con el campo. No estamos en contra de la ganadería ni de que los residuos se gestionen correctamente. Lo que no entendemos es que una instalación industrial de estas características pueda funcionar tan cerca de nuestras casas”.

El olor, recuerda Alberto Ruiz, doctor en Química y especialista en contaminación atmosférica, también constituye un contaminante. Aunque resulte mucho más difícil de medir, la exposición continuada a episodios intensos de contaminación odorífera puede afectar al bienestar físico y psicológico de la población. Es precisamente esa situación la que describen los vecinos.

Durante años, aseguran, la respuesta institucional ha sido prácticamente la misma. Cuando los malos olores se intensificaban, algunos llamaban al 112 o a la Policía Local; otros acudían directamente al Ayuntamiento de Murcia para presentar quejas. Con el paso del tiempo, muchos dejaron de hacerlo. “Siempre nos dicen que todo está en regla. Que tienen papeles”, lamentan.

Esa respuesta, explican, terminó convirtiéndose en el símbolo de una frustración creciente. Ya no cuestionan únicamente la existencia de autorizaciones administrativas. Lo que ponen en duda es si esas autorizaciones reflejan realmente la actividad que observan cada día y si los controles realizados son suficientes para garantizar una convivencia compatible con el derecho a disfrutar de sus viviendas.

Esta preocupación dio un salto cualitativo el 1 de marzo de 2025. Ese día se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el anuncio de información pública relativo a la ampliación de la planta. Muchos vecinos descubrieron entonces, casi por casualidad, que la empresa pretendía incrementar la capacidad autorizada de tratamiento desde las 25.000 toneladas anuales hasta las 230.600. “Cuando vimos la cifra nos echamos las manos a la cabeza. Si ahora ya es difícil vivir aquí, ¿cómo vamos a soportar una planta nueve veces mayor?”, se preguntan.

A partir de ese momento comenzaron a revisar centenares de páginas de documentación técnica, normativa urbanística, cartografía ambiental e imágenes aéreas. El trabajo desembocó en un amplio documento de alegaciones y en cerca de quinientas alegaciones particulares, además de escritos remitidos a la Fiscalía de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Ayuntamiento de Murcia y la Administración regional.

Una ubicación incompatible con la normativa, según los afectados

La primera gran objeción planteada por los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas no se refiere al funcionamiento diario de la planta, sino a su propia ubicación. “Nunca hemos entendido cómo pudo autorizarse una instalación de este tipo en este lugar”, afirman.

Según sostienen en sus alegaciones, el planeamiento urbanístico municipal establece que las actividades catalogadas como de Alta Incidencia Ambiental deben situarse a una distancia mínima de 2.000 metros de los núcleos de población. Sin embargo, aseguran que la planta se encuentra a unos 1.980 metros de Los Martínez del Puerto, a aproximadamente 1.700 metros de Los Calderones y a unos 400 metros de varios centros de trabajo ajenos a la actividad.

A ello añaden la proximidad —apenas 800 metros— a una bolsa de suelo donde está prevista la construcción de una urbanización y la existencia de otras cercanas ya consolidadas como Altaona Resort, El Valle Golf Resort o Finca Lo Santiago, donde, según relatan los residentes, también se perciben los olores procedentes de la instalación. “No solo afecta a nuestro pueblo, el hedor se percibe fuertemente también en las urbanizaciones cercanas”, aseguran.

Los vecinos también cuestionan otros aspectos relacionados con el emplazamiento de la planta. Recuerdan que la normativa establece distancias mínimas entre este tipo de instalaciones y las explotaciones ganaderas para reducir riesgos sanitarios y epidemiológicos. Según sus alegaciones, la planta se construyó a 75 metros de una granja preexistente y a unos 340 de otra.

Las dudas alcanzan igualmente a los accesos. Los residentes sostienen que los camiones utilizados para transportar los residuos alcanzan las 40 toneladas de masa máxima autorizada, mientras que los caminos por los que circulan presentan limitaciones de 16 toneladas. “Nos cuesta entender que una actividad de este volumen dependa de unos caminos rurales que nunca fueron concebidos para soportar ese tráfico”, explican al respecto.

Además, denuncian que el último tramo de acceso a la planta discurre por la Vereda de Torre Pacheco, una vía pecuaria protegida que, según sostienen, ha sido modificada para facilitar el paso continuado de vehículos pesados.

La ubicación suscita otra preocupación añadida. La planta linda con un cauce natural considerado zona de flujo preferente, circunstancia que, a juicio de los afectados, debería haber motivado un análisis mucho más exhaustivo de los riesgos asociados a una instalación dedicada al tratamiento de residuos orgánicos.

La preocupación por el impacto ambiental

Si hay una imagen que los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas cuentan haber visto repetirse durante años es la de los tractores abandonando la planta con cubas cargadas para dirigirse a parcelas agrícolas del entorno.

“Los vemos salir prácticamente a diario y entrar en distintas parcelas de la zona para verter los purines. En algunos casos, sin que los propietarios sepan exactamente qué se está depositando allí”, afirman varios integrantes de la plataforma vecinal.

Esa escena cotidiana ha terminado convirtiéndose en una de sus mayores preocupaciones. Porque, más allá de los olores, consideran que la actividad puede tener consecuencias ambientales que trascienden a la propia pedanía.

“Nos preocupa muchísimo la contaminación del suelo y de los acuíferos por nitratos, pero también lo que pueda terminar llegando al Mar Menor. Las ramblas de esta zona desembocan allí y llevamos años viendo cómo la laguna intenta recuperarse mientras aquí parece que nadie quiere mirar lo que está ocurriendo”.

Los vecinos recuerdan que este entorno se encuentra incluido en la Zona 2 establecida por la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, una circunstancia que, a su juicio, debería haber llevado a las administraciones competentes a extremar la vigilancia. “Lo que no entendemos es cómo se destinan millones de euros para recuperar el Mar Menor mientras se permite que continúen produciéndose situaciones como las que denunciamos desde hace años. Si las instituciones europeas conocieran lo que está ocurriendo aquí, ¿qué pensarían?”.

No se trata únicamente de una percepción vecinal. En las alegaciones registradas durante la tramitación del proyecto solicitaron expresamente que la Administración comprobara el destino final de los residuos valorizados, revisara los movimientos de las deyecciones ganaderas y analizara el posible impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas. “No pedimos que crean nuestra palabra. Pedimos que comprueben los hechos, que analicen el suelo, porque el suelo no miente”, reclaman.

La utilización de terrenos distintos de los incluidos oficialmente en el expediente constituye otro de los aspectos que más indignación provoca entre los vecinos. Según explican, el proyecto de ampliación únicamente hace referencia a la parcela 4 del polígono 158. Sin embargo, sostienen que las imágenes aéreas muestran residuos, acopios y actividad desarrollándose también sobre otras parcelas colindantes. “Cualquiera puede comprobarlo observando las fotografías aéreas. Los residuos no están solo donde dice el proyecto”.

Por ese motivo solicitaron que la Administración verificara la situación real de las parcelas afectadas, identificara sus usos autorizados y comprobara si la superficie utilizada por la actividad coincide realmente con la declarada por la empresa. “Nos sorprende que, después de haber comunicado esta circunstancia por escrito, la Administración no haga ninguna referencia a esas otras parcelas. Es como si sencillamente no existieran”.

Para la plataforma, esa comprobación permitiría despejar muchas de las dudas planteadas durante la tramitación administrativa y ofrecería una respuesta objetiva a una controversia que se prolonga desde hace años.

Vivir con las ventanas cerradas

Pero ninguna discusión técnica consigue explicar por sí sola lo que supone convivir diariamente con los olores procedentes de la planta. Las consecuencias aparecen en gestos cotidianos que han terminado modificando la forma de vivir de muchas familias. “No hablamos de un problema puntual. Hay días en los que directamente no puedes abrir una ventana, tender la ropa o sentarte a cenar en el patio. Tienes que vivir encerrado en tu propia casa”, asegura una de las vecinas.

La Organización Mundial de la Salud y distintos organismos europeos llevan años advirtiendo de que la contaminación odorífera constituye un problema ambiental complejo. Aunque no implique necesariamente un riesgo sanitario directo demostrable, la exposición continuada puede provocar estrés, alteraciones del sueño, ansiedad y una pérdida progresiva del bienestar. Son precisamente esas consecuencias las que describen muchos residentes.

Los vecinos que aparecen en este reportaje han solicitado preservar su identidad por temor a posibles consecuencias. Una de las residentes en la pedanía explica cómo esta situación ha alterado incluso sus momentos de convivencia familiar: “Era feliz invitando a mis hijos, nueras y nietos a almorzar los domingos en mi patio, pero han dejado de venir porque les comían las moscas y el olor a purines les quitaba las ganas de comer”.

Otro vecino tampoco recuerda haber vivido una situación semejante. “Llevamos cincuenta años viviendo aquí y jamás habíamos tenido que comer con las ventanas cerradas en pleno agosto”. “Me da vergüenza invitar a mis sobrinos de Murcia. En cuanto bajan del coche se tapan la nariz y dicen: '¡Qué peste!'”, se lamenta otra mujer.

Los afectados insisten en que son pequeñas escenas que difícilmente aparecen reflejadas en un expediente administrativo, pero que acaban alterando profundamente la vida de quienes las sufren. En algunos casos, las consecuencias afectan incluso al patrimonio de los vecinos, como relata uno de ellos: “Es imposible. Nuestra casa vale mucho menos ahora por culpa del olor. Pero es que, además, cada vez que viene alguien a verla acaba marchándose”.

Otros residentes hablan de noches sin dormir, de episodios de náuseas cuando el viento sopla hacia el núcleo urbano, de ansiedad ante la posibilidad de que el problema aumente si prospera la ampliación de la planta y de una sensación compartida de haber normalizado una situación que consideran inaceptable.

Ese deterioro de la calidad de vida es, para ellos, el verdadero centro del conflicto. La discusión ya no gira únicamente en torno a una instalación industrial o a un expediente administrativo, sino sobre el derecho de cientos de personas a disfrutar de sus viviendas.

El último golpe: una Declaración de Impacto Ambiental que vuelve a frustrar a los vecinos

Cuando los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas presentaron cientos de alegaciones al proyecto de ampliación confiaban en que el procedimiento administrativo sirviera para despejar muchas de las dudas que, a su juicio, planteaba la instalación. La publicación de la Declaración de Impacto Ambiental terminó provocando el efecto contrario.

En junio de 2026, se hizo pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación. Una evaluación elaborada por el órgano ambiental autonómico —la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, encabezada por Enrique Ujaldón— cuyo objeto es determinar los posibles efectos significativos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana.

En esa resolución, la Administración no realiza una valoración especialmente crítica del proyecto. Más bien al contrario. En la mayor parte de las cuestiones controvertidas considera satisfactorias las explicaciones ofrecidas por el promotor y da por válidas sus respuestas a las alegaciones formuladas por los particulares.

El documento llega a afirmar, por ejemplo, que la instalación viene funcionando desde 2010 “sin que se haya acreditado la existencia de incumplimientos relevantes en materia de olores o afecciones a la salud”. Para quienes llevan años denunciando la situación, esa afirmación supuso un duro golpe. “Sentimos que no paramos de golpearnos contra un muro”, resume uno de los integrantes de la plataforma.

El procedimiento, hoy continúa adelante. Lo hace con el beneplácito del Ayuntamiento de Murcia y pese a que el expediente incorpora informes de distintos organismos oficiales que contienen observaciones críticas sobre el proyecto. Entre ellos, figura el emitido por la Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial, que sostiene que la instalación ocupa “una superficie global que más que duplica la referida en el documento ambiental presentado”.

Los vecinos recuerdan además otro episodio que, a su juicio, resulta especialmente llamativo. Explican que, el 2 de mayo de 2019, la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor autorizó una ampliación de la planta hasta las 1.200 toneladas anuales. Sin embargo, el 12 de febrero de 2020, ese mismo organismo publicó una corrección de errores mediante la que la capacidad autorizada pasó a ser de 25.000 toneladas al año.

La plataforma sostiene que ese incremento constituía una modificación sustancial de la autorización y cuestiona que se utilizara la figura de una corrección de errores para introducir un cambio de esa magnitud, al considerar que esa vía impidió la presentación de alegaciones.

“Nos sentimos completamente desprotegidos”

Más allá de los aspectos urbanísticos, ambientales o administrativos, hay un sentimiento que se repite una y otra vez en todas las conversaciones mantenidas con los afectados: la sensación de abandono. “Lo peor no es solo convivir con el olor. Lo peor es sentir que nadie te escucha”, aseguran, a pesar de haber remitido numerosos escritos durante años a distintas administraciones sin obtener respuestas que disipen sus dudas o den solución a los problemas que denuncian. “Hemos acudido al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, a la CHS… Y seguimos esperando a que alguien se digne en responder, venga, vea lo que ocurre y actúe”.

Esa decepción alcanza especialmente a la Administración regional. Algunos integrantes de la plataforma recuerdan la reunión que mantuvieron con Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, durante la tramitación del expediente. “Salimos pensando que había entendido perfectamente nuestra situación. Después vimos que firmaba la Declaración de Impacto Ambiental. Fue un jarro de agua fría”.

Con el reciente relevo al frente del Ayuntamiento de Murcia, los vecinos depositan ahora parte de sus esperanzas en la nueva alcaldesa, Rebeca Pérez: “Solo pedimos que el Ayuntamiento intervenga de manera rápida y activa. No queremos privilegios; queremos que se nos garantice el mismo derecho que tiene cualquier ciudadano a vivir sin tener que respirar esta peste”.

Esta redacción se encuentra a la espera de declaraciones por parte de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, así como del Ayuntamiento de Murcia respecto a este asunto.

La Asociación de Vecinos de Villarejo del Espartal, en Cuenca, ha organizado una sesión informativa sobre los impactos de las macrogranjas el próximo sábado 25 de julio a las 19.30 en el centro social de la localidad, gestionado por dicha asociación.

La asociación solicitó formalmente en junio un local gestionado por el Ayuntamiento de Villas de la Ventosa para esta charla informativa pero explican que el alcalde, Julián Lucas Illana, de Vox, no lo ha cedido, “optando por no contestar la instancia registrada”.

Pueblos Vivos Cuenca cree que “no es tolerable que el Ayuntamiento niegue la cesión de un local público para un acto divulgativo. Un ayuntamiento no debería ser opaco y menos con un proyecto que consumirá muchísima agua y que producirá una cantidad considerable de purines, afectando a la vida de sus habitantes”.

En la charla participarán integrantes de Pueblos Vivos Cuenca y se hablará del impacto de la ampliación de una macrogranja de porcino de 2.496 cabezas a 6.000, precisamente, en Villas de la Ventosa. El proyecto ya ha sido sometido al periodo de exposición pública y se encuentra a la espera de que la Junta de Castilla-La Mancha conceda o no la autorización ambiental.

Dentro del procedimiento de evaluación ambiental, el Ayuntamiento debe emitir un informe de afecciones socioeconómicas del proyecto, según la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y en este punto, señala Pueblos Vivos Cuenca, “se da la circunstancia de que el actual alcalde es padre del promotor de la macrogranja”, por lo que consideran que existe “un conflicto de intereses”.

Un “alto consumo de agua”

El volumen de agua solicitado por el promotor para la macrogranja ampliada es de 24.000 m3 al año, un 40% más que el consumo de agua de todas las pedanías de Villas de la Ventosa, que asciende a 16.425 m3 de agua al año para un total 225 habitantes.

En un comunicado, Pueblos Vivos señala que, si se compara solo con La Ventosa, la pedanía en la que está ubicada la macrogranja, cuando esté ampliada consumirá “casi cinco veces el consumo de sus habitantes”, lo que evidencia a su juiico “una elevada demanda hídrica en un entorno rural donde el agua es un recurso limitado”.

Según el colectivo vecinal, en la solicitud de aguas realizada por el promotor de la macrogranja a la Confederación Hidrográfica del Tajo, no consta que ya exista una concesión de agua para la macrogranja que actualmente existe y que se quiere ampliar. “Es decir, en lugar de tramitarse como una ampliación de una concesión que ya abastece a la macrogranja actual, se está tramitando como una solicitud por el total de la macrogranja ampliada”.

Pueblos Vivos Cuenca ha puesto en conocimiento este hecho ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Consejería de Desarrollo Sostenible “para aclarar si es un error en la solicitud o pudiera tratarse de un delito y se haya estado extrayendo agua sin permiso”.

12,9 millones de litros de purines

En el propio estudio de impacto ambiental se indica que la macrogranja generará 12,9 millones de litros de purines al año, aproximadamente 5 piscinas olímpicas. La ampliación contempla la construcción de una nueva balsa de almacenamiento de purines con capacidad de 2.020 m³, que se sumará a la existente de 2.180 m³.

Estos residuos serán posteriormente aplicados en terrenos agrícolas, algo que “conlleva riesgos de contaminación por nitratos en suelos y aguas subterráneas”, según advierten.

El municipio de Villas de la Ventosa, donde se ubica La Ventosa, ya registra altos niveles de nitratos. Según los datos del SINAC-Ministerio de Sanidad en la última del analítica 10 de febrero se registraron 36 mg/l de nitratos en el agua del grifo de la pedanía de Valdecañas. El límite para que deje de ser potable es 50.

Añaden que el proyecto MCC-Spain del Instituto de Salud Carlos III encontró vínculos entre la ingesta de nitratos y tumores de próstata agresivos, incluso por debajo del límite legal.

“Graves carencias” en el estudio de impacto ambiental

La macrogranja se ubica a menos de 3 kilómetros del núcleo de La Ventosa y a distancias similares de otros núcleos de población cercanas como Villarejo del Espartal y Villanueva de Guadamejud, lo que podría suponer problemas de malos olores. Según Pueblos Vivos Cuenca, “el proyecto quita importancia a que los vientos dominantes procedentes de la macrogranja se dirigen a La Ventosa”.

Además, según este colectivo vecinal, “el estudio de impacto ambiental presentado no da ningún dato de emisiones de metano ni de amoníaco, algo fundamental para entender las repercusiones de esta macrogranja ampliada en la salud de las personas que viven en la zona”.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil registraron el martes las instalaciones del IRTA-CReSA en el marco de la investigación del origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA), según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes policiales. Es la segunda vez que la policía entra en estos laboratorios desde que se desató el brote e inició la investigación judicial sobre su origen

El primer registro fue el pasado 18 de diciembre. Duró entonces unas catorce horas, por orden del juzgado de instrucción 2 de Cerdanyola del Vallès, que habría ordenado ahora también las diligencias. La primera vez se llevaron documentación y muestras de los virus con los que trabajan los investigadores. 

En paralelo, la policía entró este martes también en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid, que pertenece al CSIC. 

Con todo, en un comunicado, el IRTA-CreSA ha recordado que las evaluaciones técnicas independientes no detectaron en su día ni incidencias en los protocolos, ni tampoco coincidencia genética en ninguna de las muestras con las que trabajan y el virus causante del brote. La conclusión a partir de las muestras fue que no podía tratarse de una fuga. 

El Instituto de Investigación Biomédica llevó a cabo un análisis genómico comparativo entre el virus detectado en los jabalíes afectados y las cepas con las que trabaja el IRTA-CReSA, y los resultados, hechos públicos a finales de diciembre, concluyeron que no existía coincidencia genética entre ninguna de las muestras con las que trabajan y el virus causante del brote. 

También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, apoyado por el laboratorio estatal de referencia y por los expertos veterinarios de la Comisión Europea (EUVET), impulsó una investigación independiente que incluyó nuevas secuenciaciones genómicas y una inspección técnica de las instalaciones. Su informe oficial, hecho público el 9 de febrero, confirmó que las cepas utilizadas en el IRTA-CReSA no coincidían con la responsable del brote y que no se habían identificado deficiencias estructurales ni incidencias en los protocolos de bioseguridad que permitieran atribuir su origen al centro.

Desde el IRTA-CreSA han añadido que la actitud de colaboración “se mantendrá durante todo el proceso, atendiendo a cualquier nuevo requerimiento que pueda formular la autoridad judicial” en el proceso que intenta esclarecer el origen del brote de peste porcina africana en Catalunya.

Pocas escenas gastronómicas son tan conocidas en España como la de un camarero o un asador levantando un plato para cortar un cochinillo de Segovia delante de los comensales. La imagen se repite desde hace décadas en restaurantes de la ciudad y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la gastronomía de Segovia. Sin embargo, lo que muchos visitantes interpretan como una simple tradición o una forma llamativa de presentar el plato tiene una explicación mucho más práctica relacionada con la propia elaboración del asado.

El cochinillo se corta con un plato para demostrar que está perfectamente asado. No se trata únicamente de un espectáculo para los turistas. El objetivo es evidenciar que la carne está tan tierna y la piel tan crujiente que no resulta necesario utilizar un cuchillo. De hecho, la propia receta tradicional recogida por el Portal Oficial de Turismo de Castilla y León señala que “para que podamos trinchar el cochinillo con el borde de un plato, éste debe salir bien crujiente”.

La cultura popilar –más narración que realidad– cuenta que en una ocasión Don Cándido López, dueño de un famoso asador a los pies del acueducto segoviano, no tenía ningún cuchillo cerca en el momento de cortarlo y tiró de ingenio con un plato para demostrar lo tierno que era su producto. Otras, dicen que fue uno de los camareros quien lo hizo desafiando a Don Cándido, y que terminó por convertirse en una tradición del local. Sea como sea, cortar el cochinillo con plato en vez de con cuchillo girta una cosa: “esto está tierno”.

El secreto del cochinillo asado

El éxito del cochinillo asado comienza mucho antes de llegar a la mesa. Según la receta tradicional difundida por Turismo de Castilla y León, el animal se cocina entero en una cazuela de barro, utilizando únicamente ingredientes muy sencillos: agua, sal y una pequeña cantidad de manteca de cerdo. La preparación sigue un proceso lento que busca conseguir dos objetivos fundamentales: una carne extremadamente jugosa y una piel dorada y crujiente.

Durante la primera parte del horneado, el cochinillo se cocina con la piel hacia abajo sobre unos palos de laurel que evitan el contacto directo con la fuente. Después se le da la vuelta, se pincha la piel para impedir la formación de burbujas de aire y se unta con manteca antes de regresar al horno. El resultado final debe presentar un color uniforme y una superficie firme y quebradiza que permita partirla fácilmente.

Es precisamente esa textura la que explica la famosa escena del plato. Si la piel no estuviera suficientemente crujiente, el borde de la vajilla no podría atravesarla con facilidad. Por eso, cuando el asador corta el cochinillo de Segovia utilizando un plato, en realidad está demostrando que el proceso de cocción ha sido el correcto y que el producto ha alcanzado el punto que exige la tradición segoviana.

Una tradición ligada a la gastronomía de Segovia

Con el paso del tiempo, esta forma de servir el cochinillo acabó convirtiéndose en una auténtica ceremonia. Muchos restaurantes realizan el corte delante de los clientes y algunos incluso rompen después el plato contra el suelo, un gesto que simboliza que la pieza ya ha cumplido su función. Aunque esta práctica no forma parte de la receta original, ha contribuido a reforzar la fama del plato y a convertirlo en una de las experiencias gastronómicas más conocidas de Castilla y León.

La popularidad del cochinillo de Segovia está estrechamente relacionada con la identidad culinaria de la ciudad. Igual que ocurre con el acueducto en el ámbito patrimonial, el tostón asado se ha transformado en uno de los grandes símbolos locales. No es casualidad que aparezca de forma recurrente en cualquier guía sobre qué comer en Segovia y que miles de visitantes lo incluyan entre las experiencias imprescindibles durante su estancia.

Más allá de la espectacularidad del servicio, el prestigio del plato se basa en una elaboración muy cuidada y en una tradición transmitida durante generaciones. La calidad de la materia prima, la cocción lenta y el respeto por la receta clásica siguen siendo los elementos fundamentales que explican su éxito.

Por eso, cuando alguien vea cortar un cochinillo asado con un plato, conviene recordar que el gesto encierra algo más que una simple representación para el público. Es una prueba visible de que la piel ha alcanzado el nivel de crujiente que exige la tradición y de que la carne está tan tierna que apenas ofrece resistencia. En definitiva, una manera de demostrar que el auténtico cochinillo de Segovia ha sido preparado exactamente como dicta la receta que ha hecho famosa a la ciudad durante siglos.

La granja de cerdos de Castellote (Teruel), que está bajo lupa debido a los animales heridos, agonizantes y que han convivido con cadáveres en avanzado estado de descomposición, trabaja con Mazana, una empresa especializada en producción porcina, al menos desde el 28 de noviembre de 2025. Ubicada en Huesca, posee el sello de bienestar animal Welfair, que garantiza supuestamente que “los animales de granja y matadero son criados y tratados respetando altos estándares de bienestar”. La agroganadera suministra vacunas; abono, semillas y cereales, y se encarga de la supervisión técnica de la instalación, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es.

La ficha de control de cebaderos es un documento técnico que se utiliza en explotaciones de engorde (por ejemplo, porcino) para registrar y supervisar el estado de los animales, las instalaciones y el manejo. Este documento acredita que hubo una entrada de 400 cerdos el pasado 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

La marca Costa Brava Mediterranean Foods (Grupo Cañigueral) es la otra empresa con sello de bienestar animal Welfair que trabajó anteriormente con la polémica granja, propiedad de Ganados La Yruela S.C. Esta empresa catalana rescindió su relación con la explotación porcina en el último trimestre de 2025, aunque las razones no han trascendido. Este diario ha podido acreditar que el 2 de noviembre del año pasado se trasladaron 119 cerdos de la categoría de cebo hacia su matadero, propiedad de Frigoríficos Costa Brava S.A. Esta sociedad recibió cerca de 2 millones de euros de fondos europeos de la PAC (Política Agraria Común) entre 2015 y 2024, según la Open Knowledge Foundation Deutschland.

Costa Brava Mediterranean Foods, socio único del Grupo Cañigueral, dispone de 300 granjas propias o integradas, 17 plantas de producción especializada y tiene presencia en más de 60 países. Afirman que “el 100% de nuestras granjas propias e integradas están certificadas en Bienestar Animal”. En un comunicado remitido a este diario, informaron de que la granja en cuestión “nunca ha sido propiedad de nuestra organización y que actualmente no provee de animales a nuestro grupo”.

Señalaron, además, que los suministros que en el pasado hayan podido llegar a sus instalaciones “contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair” y que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas”. Añadieron que no han detectado “problemáticas de este tipo en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones”. Una portavoz de Welfair se limitó a resaltar que la granja “no está certificada” con el sello de bienestar animal.

Una nueva empresa, bajo el foco

Mazana, con sede en Capella (un pueblo de la comarca de la Ribagorza, en Huesca), es una empresa agroganadera especializada en producción porcina, fabricación de piensos, así como logística comercial, según su web. “Unimos los esfuerzos de cientos de familias dedicadas a la producción porcina con las necesidades de la industria alimentaria y la sociedad, logrando alcanzar los más altos estándares en materia de eficiencia, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad”, afirman.

Entre los objetivos de la empresa, destacan que quieren “seguir siendo una empresa familiar en un mercado global” y añaden que las personas, la innovación, la calidad y el medio ambiente están entre sus principios fundamentales. “Apostamos por involucrar a las personas como factor determinante, manteniéndonos fieles a nuestros principios pero siempre mirando al futuro, con la innovación, la calidad y la sostenibilidad como premisas”, manifiestan.

Este diario se ha puesto en contacto telefónicamente con un responsable de producción porcina de Mazana, a quien se le preguntó por su relación con la polémica granja de cerdos, y si es la responsable de suministrar pienso, medicamentos (vacunas), así como de su gestión técnica. “Bueno, a ver, no te voy a dar ningún tipo de información, solo decirte que por ahí están corriendo unos hechos, que no sé si son ciertos o no, no lo sé, pero cuando ocurrieron no estaba gestionada por nosotros”, ha respondido. Sin embargo, se le menciona que hay documentos que prueban lo contrario.

El más reciente es un albarán de salida de dos vacunas (Auskipra GN -100 dosis-, para la enfermedad Aujeszky y Stellamune Mycoplasma –125 dosis–, para la neumonía enzoótica porcina) desde Mazana Piensos Compuestos S.L hasta Ganados La Yruela S.C., con fecha del 10 de febrero de 2026. Por otro lado, hay una entrada de 400 cerdos el 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

Esta entrada de animales coincide con el cambio de propietario de la granja –cuyo nombre no ha trascendido–, y que ocurrió a finales de noviembre, según publicó Climática. Las primeras imágenes grabadas por ARDE son del 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025, mientras que las últimas son del 24 y 25 de febrero de 2026. “Bueno, yo no tengo más que decirte. Solo te puedo decir la verdad”, ha afirmado el responsable de Mazana.

Este diario se ha puesto en contacto con un responsable de calidad de la empresa, sin que haya sido posible obtener una respuesta. Se le consultaba sobre cuál es la relación entre Mazana y la granja de cerdos de Castellote; si dicha empresa es la encargada de la gestión de la explotación y cuál era la relación comercial que tenían con el dueño de la granja.

En cuanto a Welfair, que gestiona su sello de bienestar animal, fuentes de la firma señalan a este diario que la granja dejó de estar certificada en noviembre de 2025 y que recientemente ha experimentado un cambio de titularidad. “El nuevo propietario ha iniciado el proceso de certificación en marzo de 2026 a través de una entidad de certificación independiente”, señalan. Asimismo, indican que esta mañana han llevado a cabo “una auditoría no anunciada”, en la cual, “no se han observado las condiciones mostradas en las imágenes difundidas”. “Estamos procesando la información recogida y la trazabilidad de los animales”, afirman. Por otro lado, concluyen que los animales que presentan lesiones o patologías incompatibles con los estándares sanitarios “no acceden a la cadena alimentaria”. “Animales como los mostrados no llegan al consumidor, garantizando así la seguridad alimentaria y la protección de la salud del consumidor”, concluyen.

Cerdos con heridas por canibalismo

En un primer reportaje, este diario informó sobre las presuntas irregularidades en una granja de cerdos de Castellote (Teruel), donde se veían animales con heridas producidas por canibalismo y cerdos agonizantes que no recibían los suficientes cuidados veterinarios. Además, algunos de ellos estaban muy sucios, con hernias o abscesos. De las imágenes también se desprendía una gestión deficiente de los cadáveres, algunos de ellos acumulados en las instalaciones en contacto con los cerdos vivos, además de ratones vivos. Sin embargo, los hechos descritos a través de las imágenes grabadas, no han sido acreditados por la inspección del Gobierno de Aragón, donde gobierna Jorge Azcón (PP) en funciones.

Tras la publicación del reportaje, fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Aragón explicaron a elDiario.es que, a raíz de las denuncias recibidas en el Departamento, técnicos veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa (Teruel) se desplazaron a la explotación ganadera de Castellote señalada (este martes) para realizar las comprobaciones oportunas, levantando el acta correspondiente. Según estas mismas fuentes, tras la inspección “no se han detectado irregularidades ni en materia de bienestar animal ni en el ámbito sanitario” y constataron “un estado óptimo de higiene en cada uno de los corrales”.

La granja, con una capacidad aproximada de 1.300 animales y en la que en ese momento había alrededor de 910 cabezas, mantenía tres animales apartados por enfermedad conforme a los protocolos establecidos, según las mismas fuentes. Asimismo, añaden, se verificó que la gestión de los cadáveres “se realiza de manera correcta y de acuerdo con la normativa vigente”. Este diario ha solicitado el acceso al expediente de la inspección de forma anonimizada, protegiendo los datos personales de las partes afectadas, sin que haya sido posible obtenerlo.

Bebedero sucio, larvas y ratones

Las imágenes grabadas por ARDE mostraban cerdos con abscesos de grasa y pus, heridas en las patas, hernias, cadáveres dentro de la granja, presencia de ratones, el bebedero sucio y lleno de moscas, larvas en el suelo de la explotación, así violencia por parte de los operarios, que propinó patadas a uno de los cerdos. La veterinaria Laura Barreda, en un informe, consideró que las imágenes evidenciaban “presuntas deficiencias graves” en materia de bienestar animal y bioseguridad. Un extremo que, sin embargo, no ha sido acreditado por la inspección de un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre las presuntas irregularidades, en referencia a las condiciones de alojamiento y cría, la veterinaria describía la existencia de “suelos húmedos, cubiertos de excrementos”. Los animales tenían, afirmaba Barreda, “problemas locomotores” como cojeras e imposibilidad de incorporarse, así como heridas, algunas de ellas “producidas por canibalismo”. Había animales, además, que no estaban recibiendo “los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse”. 

Por otro lado, la veterinaria observaba irregularidades en la “gestión de animales enfermos y cadáveres”. En este sentido, apuntaba a que había animales enfermos y heridos “sin tratamiento ni sacrificio”; cadáveres acumulados en las instalaciones, “en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos”. Barreda lamentaba que se desconocía “si hay contenedores de cadáveres en las instalaciones o cómo se gestionan los residuos”. En cuanto a las condiciones de bioseguridad, la profesional valoraba como “un riesgo” la presencia de otros animales en las instalaciones, como ratones y un perro.

El virus de la peste porcina africana, hallado en jabalís del entorno de Barcelona a finales de noviembre de 2025, ha sido detectado por primera vez fuera del radio considerado de alto riesgo. La Generalitat ha confirmado el hallazgo de dos animales positivos en la localidad de Molins de Rei, al otro extremo de la montaña de Collserola donde aparecieron inicialmente, lo que obliga a ampliar el mapa de restricciones en el medio natural. 

Hasta la fecha, todos los jabalíes –muertos o vivos– detectados con el virus se encontraban en la llamada zona cero, alrededor de la localidad de Bellaterra. A lo largo de más de dos meses se han confirmado más de 150, pero ninguno excedía el perímetro, lo que mantenía confiada a la Administración en su plan de control de la enfermedad. Pero ahora los dos nuevos casos podrían obligar a replantear la estrategia. 

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado que se han encontrado en una urbanización en Molins de Rei. Y ha añadido que esto implica sumar a esta localidad y a El Papiol, ambas del área metropolitana barcelonesa, al perímetro de alto riesgo. También ha precisado que sigue sin haber ninguna granja afectada con el virus. 

Con todo, desde la Administración recalcan que ambos jabalís sí estaban en el segundo perímetro, el que se considera de vigilancia, que es de 20 kilómetros. En total, son 95 los municipios dentro de la zona. Pero los que tienen más restricciones son los 12 que se hallan en el radio de alto riesgo. En esos casos, está cerrado el acceso al medio natural, se ha prohibido la caza y los trabajos forestales y si se encuentra un jabalí, hay que llamar al 112. 

“La enfermedad continúa presente en la zona de infección, y ahora más que nunca es esencial no bajar la guardia, seguir las indicaciones de los expertos, proteger el sector, abrir nuevos mercados y mantener el cumplimiento estricto de las medidas establecidas”, ha declarado Ordeig.

Sobre este brote de peste porcina africana, el primero en 30 años en España y que ha sacudido el sector de la carne de cerdo, se mantiene la incógnita de su origen. Las autoridades apuntaron inicialmente a alimentos contaminados procedentes de países con el virus extendido, pero el ministerio de Agricultura halló indicios después de una posible fuga de los laboratorios del IRTA-CReSa, muy cercanos a los contagios. Finalmente, el informe del propio ministerio descartó esa hipótesis.

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Los primeros análisis científicos sobre el origen del brote de peste porcina descartan que proviniera de los laboratorios públicos del IRTA-CReSA de Barcelona. A falta de que el Ministerio de Agricultura publique sus conclusiones oficiales, la Generalitat ha explicado este martes el resultado preliminar de sus análisis, que ha revelado que se trata de una nueva variante del virus.

“La secuenciación genética nos dice que no coinciden las muestras de jabalí con las del IRTA-CResa”, ha manifestado en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que ha vuelto a reclamar “prudencia” sobre las investigaciones en curso. Los responsables del Govern han advertido de que es posible que no se sepa el origen concreto del brote, tal y como ha ocurrido en otros países de Europa.

El brote de peste porcina detectado hace un mes en una zona del parque natural de Collserola (Barcelona) permanece controlado y, por ahora, no ha saltado a las granjas de cerdos. Se trataba del principal temor de las autoridades debido a que agravaría las consecuencias económicas negativas que el brote ya ha tenido para el sector porcino catalán.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, han muerto por la enfermedad 29 jabalíes, todos ellos localizados en el radio inicial de seis kilómetros en Collserola. 

En paralelo al control del brote, se mantienen abiertas tres investigaciones para determinar su origen. Una de ellas permanece secreta y la encabeza una jueza de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que ha encargado las pesquisas a un equipo de Mossos d'Esquadra y Guardia Civil.

Las otras dos son las de la Generalitat y el Ministerio de Agricultura (a quien la Comisión Europea le ha encargado las pesquisas). La conselleria está a la espera de los resultados del laboratorio nacional de referencia de la peste porcina, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, para confirmar los resultados obtenidos.

La Generalitat encargó una auditoría a un equipo de científicos sobre el IRTA-CReSA, el centro de investigación de sanidad animal de referencia en Catalunya que trabaja desde hace años con el virus de la peste porcina africana y que podría ser el origen del brote del virus, aunque esta hipótesis se ha enfriado con los primeros resultados.

La prueba del algodón para determinar si la causa del brote es la fuga del laboratorio era la secuenciación completa del genoma del virus, para conocer el grado de similitud entre el del IRTA-CRESA y el de los jabalíes.

En conjunto, la Generalitat seleccionó 19 muestras del virus con las que trabaja el IRTA. Ya se han secuenciado 17 (las otras dos son de hace cinco años) y no coinciden con ninguno de los dos primeros jabalíes que se encontraron muertos. Aparte de estas muestras, el IRB también ha consultado un registro de datos europeos donde hay unas 800 cepas registradas.

“Seguimos trabajando para buscar el origen, pero es complicado”, ha indicado la secretaria general de la conselleria de Agricultura, Cristina Massot, que ha explicado a la prensa los resultados de los primeros análisis junto a Toni Gabaldón, profesor de investigación del ICREA y afiliado al Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) y al Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC).

Los responsables de la Generalitat han advertido de que determinar el origen del brote puede ser imposible. Se mantiene abierta la hipótesis de que proviniera de algún producto porcino contaminado, aunque es difícil demostrarlo.

La secuenciación del virus sí ha permitido conocer que el brote de Collserola proviene de una nueva variante del virus que no se había descrito antes. Según ha detallado Gabaldón, se trata de una variante “poco virulenta” y que no provoca una gran mortalidad. Por este motivo, ha agregado, su detección entre la fauna salvaje ha sido más difícil de detectar hasta que los jabalíes empezaron a morir.

La cepa del brote de Collserola pertenece al genotipo denominado Georgia, que apareció en el Este de Europa en 2007 y ha causado otros brotes en el continente. Sin embargo, la cepa no se parece a las detectadas en Italia, Alemania o Bélgica. En suma, el origen del virus sigue sin saberse pero se ha descartado la hipótesis del laboratorio.

Hay recetas que condensan siglos de conocimiento popular y otras que, pese a su sencillez, parecen reservadas a manos expertas. La caña de lomo pertenece a ambas categorías: un embutido icónico, presente en mesas de fiesta, meriendas campestres y bocadillos rápidos, pero cuyo proceso casero impresiona más de lo que debería. Lo cierto es que hacer lomo embuchado en casa es menos complicado de lo que parece. Requiere calma, reposo y un frigorífico que haga las veces de secadero improvisado. Y el resultado —una pieza firme, aromática y teñida del rojo profundo del pimentón— es tan satisfactorio que uno se pregunta por qué no lo había intentado antes.

La elaboración tradicional no tiene secretos ocultos: sal, azúcar, especias y un trozo de lomo de cerdo que se transforma lentamente durante tres semanas. El sabor final dependerá del adobo que elijas, porque esta es una de esas recetas que admiten personalidad. Quien quiera puede añadir romero, ahumar el pimentón, subir el punto picante o jugar con hierbas más mediterráneas. El método siempre es el mismo; lo que cambia es la huella del cocinero.

Sal, tiempo y paciencia: la base del lomo embuchado

La primera fase de la receta es casi un ejercicio de alquimia lenta. La mezcla de sal y azúcar —en proporción aproximada 2:1— cumple una doble función: deshidratar parcialmente la carne y prepararla para el adobo posterior. El lomo, bien ajustado en un recipiente y completamente cubierto por la mezcla, pasará 48 horas en la nevera. Durante ese tiempo perderá agua, se compactará ligeramente y adoptará una textura más firme.

Aquí conviene no acelerar nada. Si el corte es grande, puede necesitar algunas horas más. Si sueltas el líquido acumulado antes de tiempo o destapas el recipiente, interferirás en el proceso de curación. Al retirarlo, el lomo habrá reducido tamaño y estará listo para absorber el adobo.

En este punto, la receta tradicional propone un aliño a base de pimentón dulce y picante, ajo machacado, pimienta y alguna hierba aromática. Es un adobo humilde, pero eficaz: preserva, perfuma y aporta ese color rojizo tan característico. Lo importante es cubrir bien toda la pieza, sin calvas, como si se tratara de abrigarla. Después basta con envolverla en papel absorbente y fijarla con una venda —un truco casero que favorece que el adobo se adhiera y que la pieza mantenga su forma durante el secado.

El proceso de maduración: tres semanas que lo cambian todo

Una vez adobado, el lomo comienza su viaje más decisivo: 21 días en la parte baja del frigorífico, donde la temperatura es estable y el ambiente relativamente seco. No es exactamente un secadero tradicional, pero funciona sorprendentemente bien para pequeñas producciones domésticas. Durante esas semanas la pieza seguirá perdiendo humedad y concentrando sabor; cuanto más regular sea la temperatura, mejor será el resultado.

Aquí también se abre la puerta a la personalización. Si buscas un sabor más contundente, aumenta la proporción de pimentón picante o añade una pizca de comino. Si prefieres un perfil más herbal, el romero y el orégano funcionan de maravilla. Y si te interesa una versión más aromática, hay quien incorpora un toque de vino blanco al adobo antes de envolver la pieza. Todo depende de cómo imagines tu caña de lomo ideal.

Al cabo de esos 21 días, basta con retirar la venda y cortar una primera loncha para comprobar el punto de curación. La superficie estará firme y ligeramente seca; el interior, tierno y rosado. A partir de ahí, el embutido se conservará sin problema en la nevera durante varias semanas, bien envuelto, incluso mejorando ligeramente con los días.

Un embutido casero que sabe a tradición

Preparar lomo embuchado en casa es un recordatorio de que muchas técnicas que asociamos a cocinas profesionales nacieron en hogares sin grandes recursos. La salazón, la curación y el adobo no son trucos modernos ni complejos: son la forma en que generaciones enteras conservaron carne antes de la llegada de los frigoríficos. Hoy, reproducir ese proceso en casa no es solo un acto culinario, sino también una manera de reconectar con un tipo de cocina pausada y reflexiva.

El mayor mérito de esta receta es que democratiza un embutido que solemos comprar ya hecho. Al prepararlo nosotros mismos, entendemos mejor su sabor, su textura y su fragilidad. Y descubrimos, casi sin pretenderlo, que un producto tradicional puede ser moldeado a nuestro gusto: más picante, más aromático, más dulce o más herbáceo. Cada casa puede tener “su” caña de lomo, con un adobo propio que la convierta en algo irrepetible.

No requiere maquinaria especial ni habilidades avanzadas. Solo tiempo. Y quizá eso sea lo que más nos cuesta hoy: esperar tres semanas para disfrutar del resultado. Pero cuando llega ese momento, cuando cortas una loncha fina y ves el brillo suave del lomo curado, entiendes que cada día ha merecido la pena.

El crecimiento de las macrogranjas de cerdos es a día de hoy el principal ejemplo en España de la concentración en pocas manos de todo un sector agrario. Solo en Catalunya, ocho grandes empresas controlan el 30% de todas las explotaciones, en total más de 3,4 millones de cabezas de porcino. Pero este proceso no se limita solo a las granjas. También los mataderos de los grandes holdings de la industria cárnica tienen cada vez mayor peso. 

Actualmente, solo el 2% de los sacrificios de ganado se llevan a cabo en los mataderos considerados locales o de proximidad, la mayoría de titularidad pública. Calificados como Mataderos de Baja Capacidad (EBC, en sus siglas en catalán), su papel dentro de la industria cárnica ha ido desapareciendo con los años. Desde 1998 hasta 2022 han cerrado un centenar de mataderos propiedad de ayuntamientos en Catalunya.

Así lo constata un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), Infraestructuras para la alimentación sostenible, que lamenta que una comunidad como Catalunya ha pasado de tener prácticamente uno de estos mataderos en cada municipio en el pasado –hace décadas incluso era obligatoria su existencia– a conservar solo 47. 

Históricamente vinculados a los ayuntamientos –muchos de los que quedan son aún de titularidad pública–, estos mataderos locales son “fundamentales” para la supervivencia de la pequeña ganadería y de los productores ecológicos. “La gran mayoría de estos mataderos son por sí mismos poco rentables por sus dimensiones, pero al mismo tiempo son decisivos para que sus socios puedan llevar a cabo un determinado modelo ganadero”, señala Mauro Castro, investigador autor del estudio. 

Cuanto mayor es la concentración de un sector, más pequeño se hace el papel de estos mataderos. En Catalunya, se ve cómo su cuota dentro de los sacrificios del ganado ovino es todavía significativa, del 24% sobre el total, es mucho más minoritaria en el equino (3,6%), el bovino (1,2%) y especialmente en el porcino, donde asumen solo el 0,21%. 

Aun así, señala el estudio, los pequeños mataderos conservan una “vitalidad paradójica”. Todavía prestan servicio a unos 892 ganaderos, el 10% del total, y a 424 carniceros. “Esto confirma su papel esencial en el tejido económico local y revelan un potencial latente, con un amplio margen para incorporar nuevos usuarios”, añade el informe. 

Para el caso de los cerdos, una de las razones que explican la pérdida de importancia es precisamente esa concentración empresarial. Unas 200 empresas controlan el 80% de la cría de cerdos en Catalunya, y la mayoría de ellas lo hacen a través del modelo de integración. Esto es, que los ganaderos gestionan por su cuenta las explotaciones, se encargan de engordar los animales, pero no son sus dueños. Con lo cual, no deciden sobre el matadero al que deberán mandarlos una vez hayan cumplido su ciclo. 

En Catalunya existen mataderos con capacidad para sacrificar a unos 15.000 cerdos cada día. Se trata por ejemplo de Olot Meats, en Olot (Girona), o Le Porc Gourmet, del Grupo Jorge, que ha suspendido temporalmente a unos 300 empleados en Santa Eugènia de Berga por la peste porcina africana. 

“El ganadero ha dejado de ser el propietario, solo lo es en el 19% de las explotaciones”, constata Castro. Que además señala que es un pez que se muerde la cola. El cierre de los mataderos locales también desincentiva a los ganaderos ecológicos y los circuitos alimentarios de proximidad. “La frase típica de la granja al plato es mentira, porque te falta una infraestructura en medio, hay una parte de la cadena que la has perdido”, advierte este investigador. 

Entre otras razones detrás de este declive, IDRA destaca las sucesivas legislaciones que han ido laminando la obligatoriedad municipal de disponer de estos equipamientos. La puntilla, señalan, llegó en la última década con la Ley Montoro de Administraciones Locales. “Sin llegar a prohibir literalmente las subvenciones municipales, restringió la posibilidad de cubrir déficits estructurales” desde las arcas municipales, señalan. 

Ante esta situación, desde IDRA defienden la importancia de apostar por los mataderos locales si se quiere fortalecer a los productores de proximidad y sostenibles. Permiten desarrollar canales directos de venta, redistribuir márgenes, aumentan el bienestar animal, evitan desplazamientos y emisiones, y mejoran la trazabilidad. “Todo el mundo habla de los pequeños ganaderos, de que queremos que exista la ganadería extensiva, que cuide los bosques… Es muy romántico, pero sin una industria que la sustente, es imposible”, argumenta Castro.

IDRA pone como ejemplo en su estudio el Matadero Público-Comunitario de l’Armentera, el único de la comarca del Alt Empordà (Girona), que es de titularidad pública y gestión cooperativa. Este matadero, señalan, es el único de la zona, y se ha convertido en un referente que podría replicarse en otras zonas, con una participación en su gestión tanto de ganaderos locales como de carniceros. 

“Cuando los productores pueden sacrificar y transformar localmente su ganado, dejan de ser simples proveedores de materia primera para convertirse en elaboradores y comercializadores con capacidad de gestionar todo el proceso”, concluyen.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha designado al catedrático del Área de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Christian Gortázar miembro del comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana (PPA) en España. El investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos es uno de los seis especialistas que formará parte de este grupo como experto en materia de fauna silvestre.

El catedrático del Área de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Christian Gortázar ha sido elegido miembro del comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana (PPA) en España, constituido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una semana después de la aparición de los primeros positivos en jabalíes, con 13 animales afectados hasta la fecha, según ha señalado la Universidad en un comunicado de prensa.

Este comité científico contará con la participación de seis científicos expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación en sanidad animal, dos en materia de fauna silvestre y otros dos en producción animal. Designados por mediante orden ministerial, todos serán vocales permanentes del comité.

Christian Gortázar Schmidt, investigador adscrito al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), -centro mixto de investigación dependiente de la UCLM, la Junta de Comunidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, ha sido designado por el Ministerio como experto en materia de fauna silvestre. Gortázar dirige el grupo de investigación SaBIO orientado al estudio de la sanidad y biotecnología en fauna silvestre y su interacción con la ganadería. Es veterinario con doctorado defendido en 1997 en la Universidad de Zaragoza, autor de más de 300 artículos científicos y director de alrededor de 25 tesis doctorales, con una trayectoria centrada en enfermedades infecciosas y zoonóticas que afectan tanto a la vida silvestre como a los animales domésticos.

Ya en 2020 formó parte del grupo de expertos epidemiológicos creado por la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV) para aportar la perspectiva veterinaria al seguimiento y control de la COVID-19; y en 2013 participó en los trabajos que identificaron a los dromedarios como hospedadores intermediarios del coronavirus MERS-CoV causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio.

Junto a Christian Gortázar, como experto en sanidad animal ha sido designado Carlos Sánchez García-Abad, director de investigación de la Fundación Artemisan desde 2017 y doctor en veterinaria por la Universidad de León, con experiencia en investigación aplicada en fauna silvestre, especialmente la cinegética.

Por su parte, las científicas provenientes del ámbito de centros de investigación en sanidad animal son María del Carmen Gallardo Frontaura, investigadora en el centro de investigación en Sanidad Animal-Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (CISA-INIA), en Valdeolmos (Madrid); y Marta Martínez Avilés, veterinaria epidemióloga miembro del grupo de investigación en Epidemiología y Sanidad Ambiental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Por último, los designados del ámbito de la producción animal son Daniel Babot Gaspa, ingeniero agrónomo y catedrático en la Universitat de Lleida, especializado en producción y ciencia animal, con énfasis en la producción porcina sostenible, genética y bienestar animal; y Antonio Palomo Yagüe, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace décadas es un referente en producción porcina tiene una amplia trayectoria investigadora en epidemiología, enfermedades emergentes y evaluación y control de riesgos sanitarios.

El objetivo de este comité, según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es el seguimiento de la evolución de la enfermedad, que produce con una elevada mortandad entre los animales afectados, y el análisis de las posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España.

Se trata de un grupo de trabajo permanente y consultivo, que estará operativo mientras continúe el brote detectado en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre. La primera reunión del comité está prevista para el día 12 de diciembre y en ella se abordará, entre otros temas, el informe inicial en torno a la aparición de la PPA en España.

Castilla-La Mancha continúa sin presencia del virus de la peste porcina africana. Así lo ha asegurado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno regional tras ser preguntado por los periodistas en la rueda de prensa sobre los acuerdos del consejo de Gobierno.

“No hay presencia del virus más  allá de los 13 jabalíes que se han detectado hasta ahora, no hay otra comunicación de peste porcina en ningún otro sitio”, ha recordado Martínez Lizán, señalando que “ya hace varios días que no aparece ninguna elemento más y que solo se ha restringido a la zona del primer foco que apareció”, concretamente en la sierra de Collserola en Barcelona.

Ante esta situación, ha señalado que “hay una cautela importante pero también tranquilidad porque no haya más dispersión”, de la enfermedad.

“Se están realizando importantes  controles en todas las explotaciones dada la mortalidad que puede suponer la presencia de ese virus, se trabaja coordinadamente interadministrativamente para poder erradicar cuanto antes la presencia del virus”, ha recalcado el titular de Ganadería en Castilla-La Mancha.

El consejero también ha aprovechado la comparecencia para “trasladar La confianza a los consumidores de que la carne no supone riesgo el consumo de las personas”.

Según ha señalado, las exportaciones de la región no están sufriendo merma, ya que “se trabaja en conseguir la regionalización para las exportaciones de porcino en todos los países, se ha hecho con China que solo limita las exportaciones a la provincia de Barcelona, pero sí podemos exportar desde el resto de provincia españolas, y Corea del Sur es la última que se ha sumado a las restricciones solo con respecto a la comarca, en este caso a los 20 kilómetros de radio desde donde aparecieron los primeros focos de peste”.

Se sigue con vigilancia y aplicación de las medidas de bioseguridad para salvaguardar la integridad de las explotaciones cárnicas que ttanta generación socioeconómica mantienen ennuestros territorioss“ y se mantienen en coordinación con el Ministerio los procedimientos establecidos y trasladando la información en cuanto se conocen al sector seguimos”, ha señalado.

Asimismo, en relación con este tema, la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA), la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Fundación Artemisan han remitido una carta conjunta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que trasladan su plena disposición a colaborar y un paquete de medidas concretas para reforzar la lucha contra esta grave que afecta al sector porcino.

En la carta, que será trasladada también a las Comunidades Autónomas, el sector de la caza y de la carne de caza reclama su inclusión inmediata en los planes oficiales de gestión de la PPA, en coordinación con el sector porcino, como parte activa y estructural de la estrategia sanitaria.

Asimismo, las entidades alertan de que sin un marco de apoyo adecuado no será posible mantener los niveles de extracción necesarios, especialmente en un contexto en el que la crisis sanitaria puede provocar desequilibrios de mercado y pérdida de incentivo para la actividad extractiva, comprometiendo los objetivos de control.

Entre las principales medidas propuestas destacan ayudas directas por jabalí abatido, orientadas tanto a reforzar la presión de control poblacional como a compensar los desequilibrios de mercado derivados de la depreciación de la carne de jabalí; financiación integral de la gestión de SANDACH ( subproductos de origen animal no sestinados a consumo humano), cubriendo recogida, transporte y eliminación de los residuos generados, garantizando bioseguridad y sostenibilidad del sistema; reconocimiento formal del sector de la caza y la carne de caza como parte integrante de los planes de gestión de la PPA, por su capacidad operativa y conocimiento del territorio; y medidas de apoyo al mercado, incluida la activación de ayudas al almacenamiento privado y el análisis de la inclusión de la carne de jabalí en los mecanismos de la Organización Común de Mercados (OCM).

Las entidades consideran igualmente necesario acompañar las medidas técnicas con acciones de sensibilización ciudadana, que faciliten la comprensión social del papel del cazador como aliado en sanidad animal y permitan aplicar con normalidad las actuaciones de control necesarias en un escenario de emergencia.

Gripe aviar

Sobre la gripe aviar, el consejero también ha afirmado que en Castilla-La Mancha, desde el mes de octubre, no hay presencia en ninguna explotación de esta enfermedad animal. “Ni siquiera casos sospechosos”.

Ha recordado que la Junta firmó una resolución que establecía el confinamiento de las aves, tanto de corral como en explotación, para evitar más posibilidad de contagio. “A tenor de los resultados está medida está siendo satisfactoria”, ha agregado.

“Siguiendo esos protocolos y cuidados de control biológico en las explotaciones debería de funcionar como creo que está ocurriendo y no aparecer más contagios de este tipo de aves” ha concluido.

El conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha afirmado que el brote de peste porcina iniciado hace diez días “está contenido” porque no se han encontrado nuevos positivos fuera del foco inicial de la crisis (el radio de seis kilómetros del parque natural de Collserola, en Barcelona, donde se han hallado trece jabalíes muertos con el virus).

“Vamos por el buen camino”, ha manifestado Ordeig en la rueda de prensa diaria para informar de la crisis que realiza la Generalitat, aunque ha pedido no bajar la guardia frente a esta enfermedad animal, que no se transmite a los humanos. “No podemos dar pasos en falso”, ha insistido.

El brote de peste porcina sigue controlado en la zona del foco de infección, un área de seis kilómetros en la que se han encontrado unos cien jabalíes muertos, de los que solo trece han dado positivo. La contención del brote ha permitido que no se extienda a las explotaciones agrícolas y tiene efectos positivos en la economía de Catalunya, que es una de las principales granjas de cerdos de Europa.

El mercado catalán de porcino está especialmente orientado a las exportaciones, que se han doblado en una década. Por países, los principales destinos de la carne de cerdo desde Catalunya son China (19%), Italia (18%), Francia (17%) y Japón, seguidos de Polonia (8%), República Checa (7%), Rumanía (6%) y Corea del Sur (5%).

El control de la situación, ha explicado Ordeig, permitirá “reabrir mercados paulatinamente” después del cierre de exportaciones decretado por varios países al inicio de la crisis. Ordeig ha detallado que Corea del Sur será el siguiente mercado en reabrir. Al país asiático se podrán volver a exportar cerdos de fuera del radio de 20 kilómetros de la zona afectada.

Los próximos países con los que la Generalitat trabaja para poder volver a exportar son Filipinas y Japón, ha agregado Ordeig. “Tenemos que dar certezas a las empresas exportadoras para recuperar la normalidad en base al trabajo bien hecho”, ha aseverado.

El criterio para volver a exportar que defiende el Govern, ha detallado el conseller, es el de no vender cerdos que se críen en un área de 20 kilómetros alrededor del foco, aunque algunos países como China han ampliado este perímetro a toda la provincia de Barcelona.

Ordeig se ha mostrado optimista de cara a la recuperación comercial con el exterior, toda vez que no se ha detectado la presencia de la enfermedad en ninguna de las 56 granjas situadas en este radio de veinte kilómetros. Los primeros cerdos de los 36.500 que se crían sanos en estas granjas serán sacrificados esta semana para su consumo en el mercado porcino interior.

El conseller también ha detallado que esta semana comenzará la auditoría en el laboratorio público catalán IRTA-CReSA, que trabaja con el virus en un centro ubicado en Collserola y del que se sospecha como posible origen del brote.

Un comité científico integrado por seis expertos en peste porcina africana y en bioseguridad, y coordinado logísticamente por el IRTA-CReSA, realizará la auditoría. “Pido prudencia y dejar trabar a los científicos”, ha reclamado el conseller.

El comité tendrá como coordinadora científica a Laura Pérez, jefa del área animal y seguridad biológica del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), y estará integrado por Gorka Aduriz, jefe del área de sanidad animal del centro vasco NEIKER-BRTA; Massimo Palmarini (director del departamento de biología del Erasmus MC de Rotterdam (Países Bajos); Gonzalo Pascual, responsable de seguridad biológica del Instituto de Salud Carlos III de Madrid; Xavier Abad, jefe de la unidad de alta contención del IRTA-CReSA; y Diana Ramírez, jefa de la plataforma de infraestructuras de producción animal y presidenta del comité ético de experimentación animal del IRTA.

Peinada la zona de alto riesgo de infección de peste, un perímetro fijado por la administración con un radio de seis kilómetros en torno al foco de la enfermedad, los efectivos que trabajan en la búsqueda de jabalíes y en cerrar posibles salidas de animales, han comenzado ya a trabajar en el área denominada de bajo riesgo de infección, con un radio de 20 kilómetros.

Esos trabajos los hace un dispositivo integrado por unos mil efectivos, ha precisado, que son funcionarios de la Dirección General de Bosques de la Generalitat, Agents Rurals, policías locales, Mossos, Guardia Civil, unidades caninas de Madrid, Vall d'Aran y Andorra, Protección Civil, Cruz Roja, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), UME, voluntarios y bomberos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Ordeig ha agradecido a los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona que hayan respetado de forma masiva este puente la prohibición de entrar en el medio natural en 91 municipios de la provincia de Barcelona para impedir la propagación del virus de la peste porcina.

Cada jueves a las 16.30 horas, dieciséis directivos se reúnen en torno a la misma mesa, en una sala sin ventanas a escasos metros del río Segre a su paso por Lleida, y todo el sector porcino español aguarda su deliberación. Fuera del país, las grandes centrales cárnicas de Alemania o de China también sintonizan sus antenas para conocer el precio que van a fijar. Más aún estos días en los que la peste porcina africana vuelve a golpear a España y a Catalunya, la principal granja de cerdos del continente europeo. 

“Nos mira todo el mundo”, reconoce Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, la lonja de referencia en España –y la más importante de Europa– para las cotizaciones del cerdo de cebo y del lechón. En su Junta de Precios tienen asiento cada semana los gigantres de la industria porcina, ocho productores –principalmente del ámbito ganadero– y ocho mataderos que acumulan el 60% de las transacciones nacionales. Su objetivo es consensuar el precio por kilo al que se venderá el cerdo vivo, decisión que depende en última instancia de la dirección de Mercolleida.

Medio en broma, algunos la llaman el Wall Street del sector, por su influencia en los mercados internacionales del cerdo y sus derivados. El barómetro leridano es decisivo para los 1,2 millones de toneladas que se exportan, casi un 20% a China, y que suponen cerca de 8.000 millones de euros. Sin embargo, ya no hay trajín ni operaciones reales en su particular parqué, como sucedía antaño, y hoy los 16 operadores se citan la mitad de ellos por videoconferencia y con un margen de maniobra muy encorsetado por los índices que manejan los técnicos de Mercolleida. 

Con todo, estos son días de cierto vértigo en la lonja leridana, después de que el pasado 28 de noviembre dos jabalíes cerca de Barcelona dieran positivo en peste porcina africana y se cerrasen automáticamente las exportaciones a países de fuera de la Unión Europea. A la espera de que se vayan reabriendo, Mercolleida decidió celebrar por primera vez una sesión extraordinaria de la Junta de Precios el lunes, y en ella se rompió un precinto pactado por todas las partes: que el precio no pueda oscilar más de seis céntimos. La bajada fue histórica: de 10 céntimos. 

Con parte de las ventas exteriores bloqueadas y la carne acumulándose en las cámaras, la intención de los integrantes del sector es evitar que se paralicen las matanzas por la vía de abaratar sus liquidaciones y hacer más competitiva la carne española donde se puede vender. “A tres semanas de Navidad, nadie quiere que los mataderos echen el freno”, recalcaba Bergés el miércoles en una entrevista con elDiario.es.

El descenso drástico siguió en la sesión de este jueves, otros 10 céntimos para dejar el precio por kilo de cerdo cebado en 1,1 euros. Tras la Junta, los representantes del sector quisieron ofrecer una imagen de unidad ante la “gravedad” y pidieron soluciones más drásticas: sacrificar todos los jabalíes y matar los cerdos de las 39 granjas de la zona. 

Pero con una cotización que ya tiende a la baja desde hace casi dos años (un 28% en las últimas 20 semanas, según los informes de la Generalitat), los roces se dan por sentados en la Junta de Precios. Bergés, presente en la sala, no da demasiados detalles. Pero añade: “Siempre hay tensión, porque en esas reuniones se juegan muchísimo dinero”. 

Unos, los mataderos, defienden precios bajos, y los otros, los productores, lo contrario. “Cada céntimo que baja son más de un millón de euros que cambia de manos”, ejemplifica el director general de Mercolleida. Si un cerdo vivo pesa entre 110 y 120 kilos, y cada semana se matan 1,2 millones de marranos en España, cada céntimo que marca la lonja mueve 1,4 millones de euros del sector. 

“El freno a las exportaciones ha creado convulsión y si de corta el comercio, de rebote la industria cárnica lo traslada al mercado”, constata Rossend Saltiveri, responsable del sindicato Unió de Pagesos (UP) para el sector porcino. Con una granja de 500 cerdas, asegura que sí se están frenando ya matanzas. Y que quienes se llevan la peor parte son los “pequeños ganaderos”, con menos margen para negociar fuera del precio de Mercolleida, que aunque sirve de base para la mayoría de operaciones, no es vinculante. 

Los que tienen silla en Mercolleida, sin embargo, son mayoritariamente los grandes, que cuentan con redes de miles de agricultores y ganaderos. Están las catalanas Vall Company (4.100 millones de facturación en 2024; 600.000 toneladas de carne de cerdo), BonÀrea Agrupa (2.680 millones facturados, 1,3 millones de toneladas de carne en total y 600 supermercados), Noel Alimentària (664 millones), Costa Brava Mediterranean Foods (1.500 millones).

Pero también están los holdings de las comunidades autónomas más pujantes aparte de la catalana. Destacan la murciana ElPozo Alimentación, la conquense Incarlopsa, la andaluza Famadesa, la oscense Fribin… O también algunas firmas de piensos como Piensos Yak, Manzana Piensos Compuestos, Piensos del Segre o Piensos Costa (del Grupo Costa). Con todo, el actual director general argumenta que hay variedad: “Hay mataderos muy grandes y otros más pequeños, representantes de cooperativas… Tratamos de tener a los que mueven más volumen pero que representen distintos intereses”. 

Un algoritmo para facilitar las negociaciones

Creada en 1972, la lonja de Mercolleida nació por impulso del Ministerio de Agricultura a través de su empresa pública Mercorsa, pero hoy es una empresa participada principalmente por el Ayuntamiento de Lleida (posee el 80% de sus acciones) y la Generalitat. 

Desde su creación, su objetivo ha sido dar mayor transparencia y estabilidad a las transacciones de los distintos sectores agropecuarios, con la posibilidad de fijar precios de referencia para que no dependan únicamente de los acuerdos bilaterales. Algo que no ocurre en todos los países ni, en España, en todos los ámbitos. La leche de vaca o la fruta no cuentan con estas cotizaciones, con lo que sus productores están mucho más a merced de las distribuidoras y de los vaivenes del mercado, advierte Santiveri. De esta forma, considera pese todo “admirable” que funcione un mecanismo que reúne a dos partes, mataderos y ganaderos, con intereses divergentes. 

Pero su historia no está exenta de polémicas. Lo sabe bien Francesc Ollé, quien fuera director general de Mercolleida entre 2005 y 2021, y que explica que durante la anterior crisis de la peste porcina africana, que golpeó duramente al sector en los 90, los mataderos llegaron a ausentarse durante seis meses de la mesa por desavenencias con el precio. Otras veces hubo amenazas para llevarse la lonja a Madrid. “Una vez un matadero catalán dijo que no aceptaba que uno malagueño pusiera el precio aquí”, dice. 

Aun así, asegura que en su período no saltaban tantas chispas como pueda parecer. De hecho, celebra que la legitimidad que le dieron los distintos actores del sector ha sido la clave de su funcionamiento. Solo dos o tres veces tuvo que lidiar con operadores que se levantaban de la mesa. Y esta progresiva mejora de las relaciones la atribuye al éxito de la institución a la hora profesionalizarse y dejar cada vez menos margen a la percepción subjetiva de las empresas. 

Desde 2007, Mercolleida cuenta con un algoritmo que alumbra un precio recomendado en base a la evolución del mercado. Ese análisis de datos da más capacidad argumentativa a los responsables de la lonja a la hora de fijar precio cuando no hay acuerdo.

Ollé explica incluso que desarrollaron una estadística para calcular el grado de sesgo de cada uno de los operadores. Todavía hoy, antes de iniciar la sesión deben escribir en un papel –o de forma telemática– no el precio que van a defender por sus intereses, sino el que creen que saldrá de la sesión. Así la lonja puede monitorizar la distancia que entre deseo y realidad para cada uno de ellos. 

Tras más de 50 años de historia, algunos ganaderos aún recuerdan el bullicio en Mercolleida, cuando los negocios se cerraban cara a cara. “Yo he llegado a ver cómo se cobraban liquidaciones allí mismo en sobres, pero ahora no funciona así”, relata Santiveri. La digitalización, la profesionalización del sector, y también su concentración en pocas manos han acabado con esas imágenes, afirma este ganadero. 

Años antes de que Ollé cogiera las rendas de la institución, en el parqué se congregaban 400 o 500 personas y quedaba gente fuera. Cuando él entró, en 2005, eran unas 200 en la sala. “Cuando me fui, en 2021, eran cero”, concluye. Este jueves, en las afueras del edificio, a las 16:30 horas no había prácticamente nadie, aunque en las salas de máquinas del universo cárnico nadie sea ajeno a la cotización en Mercolleida.

Mercolleida vuelve a bajar 10 céntimos por kilo el precio de la carne de cerdo y avisa de que la situación “sigue siendo grave” por el brote de peste porcina africana, aunque hayan dado fruto algunas negociaciones bilaterales con países como China. La lonja de referencia de los precios de porcino en el Estado ha aprobado este jueves una nueva rebaja, después de la que ya hizo el lunes, que también fue de 10 céntimos. Ambas caídas, en menos de una semana, son muy excepcionales e inéditas en 30 años.

Este mismo jueves los laboratorios han confirmado cuatro jabalíes más que han dado positivo en PPA, por lo que ya son 13 en total desde el inicio de la epidemia en la sierra de Collserola.

El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés ha dicho que es “básico” sacrificar los jabalíes del radio de 20 kilómetros del brote con la “máxima celeridad” y también sacrificar los 30.000 cerdos de engorde de las granjas de la zona cercana al foco. Además ha avisado de que los mataderos se quedarán sin espacio por carne congelada “en cuestión de días”.

“Hay que encontrar una solución rápida para sacrificar a los cerdos y darles una salida”, ha dicho Bergés después de otra reunión extraordinaria de las juntas de precios del cerdo de engorde, de la cerda y del cochinillo para analizar el impacto de los últimos casos detectados en Collserola.

El director general de la lonja ha asegurado que la petición de sacrificar “todos” los jabalíes de la zona de Collserola y de “vaciar todas las granjas de engorde” es “una propuesta de todo el sector ganadero industrial y porcino”. “Todo el mundo es consciente de la gravedad de la situación”, ha afirmado.

Mercolleida ya anunció una rebaja de 10 céntimos por kilo en las principales categorías de cerdos el pasado lunes, a raíz de la crisis generada por la peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

El director general de la lonja ha querido dar un mensaje de “unidad” del sector y ha reclamado a las administraciones “máxima celeridad” para actuar sobre la zona cero, insistiendo en que la única manera de “garantizar que el virus no saldrá de la zona y saltar a otras comarcas o incluso demarcaciones” es “sacrificando a los cerdos”.

Bergés ha asegurado que “todo el sector está perdiendo” con este brote y ha afirmado que ha habido “discusión” en las reuniones pero se ha acabado decidiendo por bajar 10 céntimos el precio de referencia porque aunque algunos países como China o Corea “han abierto” sus mercados fuera de la zona restringida, “la situación sigue siendo un problema”.

En este sentido, ha afirmado que “hasta que no se pueda tomar fluidez con la exportación a terceros países pasarán todavía unos días”. “El primordial sigue siendo sacrificar a los cerdos y permitir que los mataderos tengan margen para sacar carne y sacrificar a buen ritmo”, ha afirmado.

Bergés ha subrayado que uno de los principales problemas con los que se encuentra el sector porcino es que “la capacidad de stock de carne congelada a los exportadores, no de Cataluña sino de toda España, está llegando a sus límites”.

Según el director general de Mercolleida se trata de “cuestión de días” que se llegue a una máxima ocupación de los congeladores.

Con la rebaja de precios, el palco pretende “dar oxígeno y margen al matadero para que mantenga matanza puedan tener una política comercial agresiva en Europa”. “Hay que sacar lo máximo que se pueda en fresco hacia el mercado interior y hacia Europa”, ha añadido.

Un desequilibrio ecológico provocado por los humanos a base de eliminar lobos o facilitar comida y la huida rural pasa ahora su factura en forma de peste porcina africana (PPA) que amenaza la gigante maquinaria española del cerdo.

Porque un desajuste ambiental es lo que está detrás del boom de las poblaciones de jabalí en España. Y una de sus consecuencias –ahora preocupante– es que una población silvestre muy grande aumenta la reserva de virus como el de la peste que pueden saltar a otra especie como los cerdos de granja.

Por más jabalíes que los cazadores matan cada año, la especie crece. Si en 2005 se abatieron 143.000 ejemplares, en 2022 fueron 450.000, según la estadística anual de caza. Un 214% más. Mientras, un informe del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC) de 2023 –basado en los datos de animales cazados– detectó que las poblaciones de jabalí están en fase de “crecimiento acelerado en la mayoría de provincias españolas”. Tras Huesca y Girona que tienen “alta densidad”, pero bajo crecimiento, aparecen Barcelona, Valencia y Alicante que mostraban altas tasas de incremento.

A la luz de los datos, no parece que los humanos estemos haciendo muy bien el control de las poblaciones. Aunque es una actividad socieconómica importante y la principal fuente de mortalidad de ungulados, la caza recreativa se ha mostrado insuficiente

Rocío Tarjuelo — Doctora en Ecología e invetigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales

“A la luz de los datos, no parece que los humanos estemos haciendo muy bien el control de las poblaciones”, reflexiona la doctora en Ecología e investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Rocío Tarjuelo que ha estudiado los métodos de gestión de ungulados.

Pero los jabalíes no se multiplican porque sí. La abundancia de cualquier especie depende del equilibrio entre el éxito de su reproducción y cría (reclutamiento) y la mortalidad. El reclutamiento depende del alimento disponible y la mortalidad de la depredación, la caza y las enfermedades.

A los jabalíes en muchas partes de España, los humanos les han librado de los depredadores naturales y les proporcionan más comida. La fórmula hacia la sobreabundacia.

Sin depredadores, menos muerte natural

El depredador natural del cerdo salvaje es el lobo. Y casi solo el lobo: “En Europa ningún otro gran depredador contribuye tanto como el Canis lupus”, explica Rocío Tarjuelo. El lince o el oso no tienen a los jabalíes como presa habitual. Entre las décadas de los años 50 y 70 del siglo XX el territorio con lobos en España pasó de 400.000 km2 a 82.000 km2.

En Catalunya, donde ha brotado ahora la peste porcina, el lobo autóctono se declaró extinto en 1929. A partir de 2004 se ha constatado la presencia de ejemplares divagantes provenientes de Italia: una veintena en el Pirineo y pre-Pirineo. En Aragón, la otra gran potencia porcina de España, no hay tampoco manadas de lobos, sino alguna presencia esporádica.

Suplemento alimenticio: basuras y maíz

Por otro lado, los jabalíes han encontrado una fuente de alimento extra fácil que viene de los humanos. “Se calcula que los recursos antropogénicos pueden llegar a triplicar la disponibilidad de alimentación de origen natural en las zonas urbanas”, según describe el Ministerio de Agricultura.

Esa comida suplementaria llega por la basura urbana y los desperdicios, el alimento para gatos callejeros e incluso colocada directamente para ellos. También es importante el alimento que encuentran en cultivos de cereal.

Los cultivos de maíz brindan importantes ventajas a los jabalíes. Por un lado, la densidad del cultivo les proporciona un refugio perfecto durante buena parte del año, y por otro, también ofrece una fuente de alimento apetecible y altamente nutritivo

Plan nacional de gestión de poblaciones de jabalíes — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Ministerio de Agricultura explica en su Plan nacional de gestión de poblaciones de jabalíes: “Uno de los cultivos [de regadío] que ha aumentado sustancialmente es el maíz, que brinda importantes ventajas a los jabalíes. Por un lado, la densidad del cultivo les proporciona un refugio perfecto durante buena parte del año y, por otro, también ofrece una fuente de alimento apetecible y altamente nutritivo”.

En el parque natural de la Sierra de Collserola, foco del brote de peste porcina, se ha dado un aumento paralelo de las zonas urbanas y las poblaciones de jabalíes. En este parque, situado el área metropolitana de Barcelona, “el jabalí se ha habituado a las personas y a las áreas urbanas como consecuencia de la alimentación directa por parte de vecinos”, según explicaba este estudio ya en 2012. Los ejemplares se acostumbraron a ir a los municipios a comer. Las hembras adultas habituadas a la presencia humana pueden llegar a pesar un 35% más.

Además, el abandono rural ha hecho que zonas antes ocupadas por los humanos se hayan vuelto naturales de nuevo. Las áreas forestales son el refugio y fuente de alimento de los jabalíes. Así que tienen más casa. Y para rematar, los científicos añaden que “los inviernos cada vez más suaves” también favorecen que las camadas salgan adelante.

Los inviernos más suaves no dejan de ser una consecuencia del calentamiento global provocado también por los humanos con las emisiones intensivas de CO₂. El cambio climático extiende sus impactos negativos a parcelas, a veces, insospechadas.

Soluciones: ¿más lobos que escopetas?

El plan de contingencia para este brote de 2025 centra sus esfuerzos en que el virus no salga de la zona perimetrada. Contener la expansión de la enfermedad. Es una actuación específica. De forma más general, para intentar controlar el crecimiento de los jabalíes se ha recurrido, sobre todo, a la caza.

“Aunque es una actividad socioeconómica importante y la principal fuente de mortalidad de ungulados –describe Rocío Tarjuelo– la caza recreativa actual se ha mostrado insuficiente como para impedir o reducir significativamente el crecimiento de sus poblaciones”.

La caza recreativa busca esencialmente los mejores trofeos: animales grandes, con grandes colmillos, que no son, precisamente, los más adecuados para recortar la población que son las crías y las hembras jóvenes, según las conclusiones del informe sobre el papel de la caza en la gestión de sobreabundancia de jabalíes del IREC-CSIC.

Esta bióloga experta en dinámicas de población añade que “la mayoría de los cambios medioambientales que han facilitado los incrementos de ungulados, como los inviernos suavizados, la intensificación de la agricultura o el éxodo rural, no van a revertirse en el corto plazo”.

Ahí resurge el “papel de los lobos que debería promocionarse en la mitigación de las superpoblaciones de ungulados como es el jabalí”, ya que “no hay evidencias de que, recientemente, se haya ralentizado su tendencia al alza”.

En este sentido, un trabajo específico sobre cómo los lobos en el Principado de Asturias controlan la población de jabalíes y sus enfermedades –llevado a cabo por las universidades de Edimburgo, León, Oviedo y el IREC en 2019– determinó que “la depredación de las manadas sobre los ungulados puede contribuir al control de la tuberculosis bovina y reducir la liberación del patógeno en el medio ambiente”. Los lobos atacan a los individuos más débiles y los que están enfermos son vulnerables.

Esta caza selectiva de los cánidos hace más difícil que la enfermedad llegue al ganado asturiano y convierte en rentable el sistema de control de jabalíes mediante lobos incluso si se tiene en cuenta los posibles daños a la cabaña comercial. El estudio reseña que Asturias paga al año alrededor de un millón de euros de compensación a los ganaderos por ataques de lobos mientras que los programas de sacrificio de ganado para combatir la tuberculosis bovina supone pérdidas de cuatro millones de euros anuales.

“Los depredadores rinden un servicio clave que debería ser reconocido”, remata el trabajo.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha mantenido ya varias reuniones telemáticas para coordinar, junto a diferentes departamentos del Gobierno regional, y trasladar al sector porcino, el trabajo de prevención, vigilancia y aplicación de medidas de bioseguridad después de la aparición de varios casos de peste porcina africana en jabalíes en la provincia de Barcelona.

En una primera reunión participaron responsables de las Delegaciones provinciales del ramo, además de los servicios veterinarios oficiales y representantes de las Consejerías de Desarrollo Sostenible y de Sanidad, respectivamente, para establecer los mecanismos de coordinación entre la propia Administración regional, contando además con el apoyo de expertos en Sanidad Animal del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC).

Se busca el menor impacto posible en el sector porcino regional

Acto seguido, tuvo lugar el encuentro con el sector porcino y representantes empresariales, a los que se trasladó “el apoyo, la colaboración y la unidad de acción del Gobierno regional” para abordar esta situación y lograr, entre todos, que tenga el menor impacto posible en el sector regional. A este encuentro, dada la implicación de estos colectivos en la gestión de la fauna silvestre, asistieron también veterinarios y representantes del sector cinegético.

Desde el Ejecutivo autonómico, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, encargada de coordinar estos trabajos, ha señalado que “Castilla-La Mancha cuenta con un sector del porcino muy competente, que hace las cosas muy bien y tenemos que seguir en esta línea”.

Se ha insistido en el mensaje de “prudencia”

en los movimientos de animales y, sobre todo, en la aplicación de las medidas de bioseguridad, limpieza y desinfección para evitar que ningún virus entre dentro de una explotación, incidiendo en particular en “la importancia de aumentar la vigilancia pasiva por parte de todos los sectores implicados”.

También se insiste desde el Ejecutivo autonómico en “pedir prudencia para no dar pasos que afecten negativamente al porcino, dado que tiene gran importancia en el conjunto del sector agroalimentario”. En este sentido, se lanza un mensaje de tranquilidad a los consumidores, dado que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Por último, la directora general ha agradecido a los expertos del IREC la aportación de todo su conocimiento en esta materia, fundamentado en muchos años de estudio de la fauna cinegética y en concreto de jabalíes, lo que ha permitido elaborar un mapa para conocer dónde se encuentra la mayor población de estos animales. Un reconocimiento que ha extendido a todas las personas, asociaciones e instituciones que han participado en estas reuniones.