El Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote, ha ordenado este martes el cierre temporal de la playa pequeña de Playa Blanca por vertidos de aguas residuales. Esta misma cala también fue cerrada en julio por el mismo motivo.

La decisión se produce como consecuencia de una avería en la estación de bombeo próxima a la playa, precisa el Consistorio.

Yaiza recomienda respetar la bandera roja hasta que los resultados de las muestras de laboratorio determinen que el agua es apta para el baño y “suplica” a vecinos, vecinas y visitantes “respetar la bandera roja y hacer uso de otras playas sureñas mientras que los resultados de las muestras de laboratorio de Salud Pública indiquen que el agua es apta para el baño”.

La corporación local ha comunicado al Consorcio del Agua de Lanzarote la avería detectada en la estación de bombeo próxima a la playa para que la entidad pública actúe y ponga fin a la incidencia.

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) ha abierto un expediente sancionador por delitos contra el medio ambiente a la empresa titular del circo instalado junto a la Vía Medular, a la que se acusa de verter aguas fecales al subsuelo, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad.

Los agentes que acudieron al lugar alertados por las quejas de los vecinos sobre los malos olores que despedía el circo descubrieron que sus empleados habían abierto una zanja en esa parcela y allí arrojaban las aguas residuales de sus caravanas e instalaciones.

La Policía recuerda que, junto a la Vía Medular y el barrio de Las Salinas, la ciudad de Arrecife dispone de una amplia red de saneamiento.

“Contraviniendo las normas, la empresa del circo desplegó una red de tuberías para sus aguas fecales que son arrojadas al subsuelo de la parcela donde están instalados”, recalca.

La Policía Local considera que el circo, propiedad de una empresa de Telde (Gran Canaria), ha infringido tres apartados a la Ley de Residuos de Canarias, en los artículos 38.2 C., 38 2.d, y 38.2.e, en donde se especifica “el abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos, el abandono, vertido o eliminación incontroladas de residuos que por su volumen o peligrosidad supongan un daño grave a los recursos naturales”.

La instalación de este circo, en una parcela de titularidad privada, se localiza en las proximidades del edificio central de los juzgados en la capital de Lanzarote.

“Ante la gravedad de estos vertidos, que pudieran ser reincidentes, el Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Policía Local, lo comunicará al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) para la posible responsabilidad penal del autor o autores, además de las sanciones de carácter administrativo sean impuesta por el Área de Infracciones y Sanciones del Ayuntamiento de Arrecife”, añade el Consistorio.

La comunidad académica murciana pierde a uno de sus investigadores de referencia en materia de suelos contaminados. El catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena y doctor en Ciencias por la Universidad de Murcia, Ángel Faz, ha fallecido este domingo a los 59 años.

Dirigió durante años el grupo de investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (GARSA) de la UPCT, desde el que impulsó investigaciones relativas a la contaminación de suelos y aguas. Sus estudios sobre la presencia de metales pesados y la recuperación de terrenos degradados por actividades mineras, industriales y agrícolas tuvieron especial repercusión en Cartagena y la Comarca.

A partir de las cuatro de la tarde de este lunes comenzará el velatorio del catedrático, ubicado en el Tanatorio de Jesús de Murcia. Al día siguiente, el martes a las 18:15, tendrá lugar la misa corpore insepulto.

El pasado año salió a la luz uno de sus últimos trabajos, un estudio sobre la contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena. El documento, encargado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Universidad Politécnica de Cartagena, no estuvo exento de polémica. Colectivos ecologistas y la oposición acusaron al Gobierno regional de pretender ocultar el estudio, mientras que el Ejecutivo murciano llegó a comprometerse a solicitar a la Politécnica la devolución de la subvención que financió el estudio.

En esta investigación, detectó que los suelos del entorno de la Sierra Minera Cartagena-La Unión presentan concentraciones de metales pesados que “alcanzan niveles excepcionalmente elevados y pueden representar un riesgo significativo tanto para la producción agrícola como para la salud humana si no se aplican medidas de manejo adecuadas”.

La escena es recurrente: un vecino acude al Ayuntamiento de Touro (A Coruña) y registra una denuncia por los olores fétidos y los incumplimientos de los que él y otros residentes acusan a una empresa de gestión de residuos que está instalada en la antigua mina y a 500 metros de las casas más cercanas. Los afectados se turnan en la tarea de dejar constancia ante las administraciones del malestar de quienes residen en las inmediaciones de la planta, que recibe, entre otros, lodos de depuradoras. La última vez fue a finales de agosto. “Es una problemática importante”, admite el alcalde, Jesús Reboredo (PP), que sostiene que solo hay una solución y pasa por que la actividad deje de desarrollarse en ese emplazamiento. No pide el cierre, sino un traslado a terrenos más hacia el interior de la antigua explotación y más alejados de núcleos de población.

El municipio está marcado en la última década por las movilizaciones ciudadanas contra actividades empresariales que tienen su epicentro en lo que era una mina de cobre, actualmente sin actividad. El proyecto para reabrirla ha llevado a que los vecinos se organicen en contra. Pero no es el único problema contra el que batallan. El regidor reconoce que hace años que se quejan, sobre todo por olores que describen como nauseabundos, y asegura que el Ayuntamiento da traslado de estas denuncias. Aunque considera que la situación ha mejorado en los últimos años, recalca que “los episodios son evidentes”. La Xunta, dice, “tiene un problema de gestión de residuos, pero hay que hacerlo con los mínimos efectos para la población”. El concejal de Medio Ambiente, Darío Rey, considera que está “claro” que lo que hace la empresa, Tratamientos Ecológicos del Noroeste S.L. (TEN), “es un sistema para deshacerse de residuos, en ningún caso para restaurar nada”.

TEN expone en su página web que admite varios tipos de desechos: lodos de depuradoras urbanas y procedentes de la agricultura y la ganadería, cenizas, residuos de minería y de construcción. Tras tratarlos produce, por una parte, fertilizantes y, por la otra, tecnosuelos, que se pueden usar para “recuperación de espacios degradados”, como minas, y para obras públicas. En respuesta a las preguntas remitidas por elDiario.es, señala que los residuos con los que trabaja están catalogados como no peligrosos y niega que esté incumpliendo la autorización ambiental integrada que le concedió la Xunta.

Jesús Penido es uno de los vecinos afectados y se cuenta entre el grupo de los que siguen movilizándose para que paren los olores. Relata que la asociación que habían creado para la causa, Cheiros Non, está prácticamente desaparecida en la actualidad y lo atribuye a la “impotencia” de buena parte de sus integrantes tras años de protestas sin recibir “ni una llamada” como respuesta. Pero él, por su parte, sigue anotando día a día si se registran olores. “Este año el verano está siendo terrorífico”, protesta. En medio de los varios episodios de calor sofocante tuvo que renunciar a abrir las ventanas al anochecer para refrescar su casa porque la peste se le hacía insoportable por momentos.

Penido y otros vecinos de la zona se turnan para ir a registrar las denuncias al Ayuntamiento, que debe pasar una copia a la Xunta y otra a la empresa. No han dejado de hacerlo porque esa es la recomendación que les dieron hace años agentes de la Guardia Civil para que el problema constase y para que constase también que no se estaba resolviendo. En esas quejas exponen que los olores afectan a los núcleos de Tribas, A Goleta, Os Bravos, Arinteiro, O Castelo, Loureda, Cebreiro, Angumil, Fonte Díaz y Cruz de Méndez. Desde este último lugar habla Penido, que explica que hacia este lado, al sur de la planta de TEN, los problemas se concentran entre finales de mayo y octubre. Después, explica, cambia el viento y el aire lleva los olores más bien hacia el norte.

A la espera de una estación de calidad del aire

En los escritos que entregan, estos vecinos señalan que la Consellería de Medio Ambiente le requirió a la empresa que instale una estación de calidad del aire para hacer un seguimiento de los niveles de varios gases, con tecnología para transmitir información a la administración. Han pasado más de tres años y sigue sin haberse colocado, protestan. Sobre este punto el alcalde indica que están a la espera de la autorización de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental para el modelo propuesto. Por su parte, la Consellería no había contestado, en el momento de redactar esta información, a las preguntas remitidas por elDiario.es sobre la estación y sobre las reiteradas denuncias.

Las quejas hablan de otros incumplimientos. Citan una resolución de julio de 2018 de la Xunta sobre la adecuación del uso de tecnosuelos para restaurar la antigua mina en la que se establece que no se pueden aplicar estos materiales mientras se generen olores desagradables y que se depositarán en las épocas en las que no se produzca “saturación hídrica” del terreno. También indica que la aplicación de tecnosuelos se debe hacer en capas de 40-50 centímetros cada 12-18 meses. Los vecinos denuncian que se han superado los 3 metros de altura en menos de medio año y que ha habido escorrentías que han llegado al dominio público hidráulico.

Penido añade que no es solo el olor, sino que también les preocupa que algunos de los gases o de los materiales puedan resultar peligrosos para la salud. Si se instalase la estación de calidad del aire que pide la Xunta, dice, al menos estarían “más tranquilos”. “Te preguntas qué estás respirando”, señala.

TEN argumenta en su respuesta que los residuos orgánicos generan olor y defiende que hace 10 años que ha implantado un sistema que gestión de olores “basado en la mejora continua” y ha invertido para reducir el impacto. El resultado, sostiene, es que ha habido “una drástica reducción de los episodios de olores, siendo en la actualidad algo excepcional”. Lo niega Penido, que asegura que sale a pasear con su perro por toda la zona y “cuando no es en un sitio, es en otro”, pero se topan con el olor. La empresa no hace mención a la estación que le ha requerido el Gobierno gallego que instale, pero asegura que tiene dos dentro de la planta para medir la calidad del aire, “sin que en todos estos años se hayan detectado mediciones fuera de la normalidad”. También señala que dos entidades independientes acreditadas han hecho 47 mediciones en el entorno y en todas “los parámetros están dentro de la normalidad”.

El plan para reactivar la mina

La planta de TEN se levanta en lo que era la mina de cobre de Touro, un espacio que dejó de explotarse hace 40 años, pero quedó sin restaurar. La empresa recoge en su página web una entrevista con una de sus responsables, Carmen Pintor, que explica el origen de la iniciativa: en 2004, emprendedores del sector del medio ambiente buscaban un lugar para levantar una planta de compostaje de lodos de depuradoras y se unieron al propietario de la mina. Ese propietario es Explotaciones Gallegas, perteneciente al grupo del fallecido empresario Francisco Gómez. Explotaciones gallegas se alió, por otro lado, con Atalaya Mining para crear Cobre San Rafael, que es la empresa que presentó hace casi diez años un proyecto para reactivar la mina de cobre. El primer intento de reabrir la explotación tuvo una fuerte oposición social y terminó siendo descartado por la Xunta en 2021. Cobre San Rafael lo reformuló unos años después y, en 2024, la Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico. Actualmente, más de dos años después y con un rechazo social que se mantiene, sigue pendiente de la evaluación de impacto ambiental.

Entre las alegaciones que se presentaron contra la reactivación de la mina de cobre están varias referidas al uso de tecnosuelos como método para la restauración de los terrenos que promete Cobre San Rafael. La Plataforma Mina Touro - O Pino Non y Ecoloxistas en Acción consideran que optar por esta vía sería extender el problema que ya existe con TEN. El mismo argumento utiliza el concejal de Medio Ambiente de Touro, Darío Rey, que critica que la nueva mina quiere “perpetuar este sistema [el de TEN] para desechar los residuos de toda Galicia en Touro, ya que es el supuesto método de restauración recogido en el proyecto”. “Es un sistema más que fallido y generador de nuevas problemáticas”, zanja.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha pedido este viernes ampliar los plazos de la aplicación de la nueva directiva europea sobre saneamiento y depuración, que rebaja de 2.000 a 1.000 habitantes el umbral de población a partir del cual será obligatorio disponer de estas infraestructuras.

Miranda, en el Parlamento de Canarias, ha reclamado que los plazos y la financiación para cumplir los nuevos requisitos sean “realistas”, y ha advertido de que Canarias no podrá resolver todas las necesidades existentes en un periodo de diez años.

Hay que recordar que en la actualidad Canarias, cuya población supera los 2,2 millones de habitantes y que el pasado año recibió más de 18 millones de turistas, tiene contabilizados 403 puntos de vertido desde tierra al mar (212 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 191 en la de Las Palmas). Del total de puntos censados, solo 112 cuentan con autorización vigente.

Miranda ha insistido en la “importante complejidad” que supondrá para el archipiélago la aplicación de la nueva directiva europea sobre saneamiento y depuración, al tiempo que ha señalado en el Parlamento de Canarias que esta modificación afectará “prácticamente a la mayoría de los ayuntamientos” del archipiélago y tendrá una especial incidencia en los municipios pequeños, cuyas capacidades técnicas y administrativas son más limitadas.

El consejero ha explicado que la nueva normativa europea, actualmente en proceso de transposición al ordenamiento jurídico español, también exigirá una mejora de los rendimientos económicos y energéticos de los sistemas de saneamiento y depuración.

El Gobierno de Canarias comparte los objetivos de protección ambiental establecidos en la directiva, ha asegurado Miranda, pero considera necesario que su aplicación tenga en cuenta las singularidades del archipiélago, como la fragmentación territorial, la compleja orografía, la escasez de recursos hídricos, la dependencia energética y la elevada superficie protegida.

Por ello, el Ejecutivo canario ha trasladado al Gobierno central una serie de propuestas para que la transposición de la directiva contemple las especificidades derivadas de la condición de Canarias como región ultraperiférica.

Entre ellas, Miranda ha citado la inclusión de una disposición específica que reconozca estas singularidades y la elaboración de un plan canario de adaptación a la nueva normativa.

El Gobierno autonómico también plantea que se permita recurrir a sistemas individuales de depuración en aquellos territorios donde la dispersión de la población, la orografía o la protección ambiental hagan poco viable la construcción de grandes redes de saneamiento y bombeo.

“No parece muy lógico” obligar a desarrollar grandes infraestructuras en todos los casos en un territorio con las características de Canarias, ha argumentado el consejero.

El Gobierno canario ya trabaja con los consejos insulares de aguas, especialmente con los de Tenerife y Gran Canaria, las islas que por su población se verán más afectadas por la ampliación de las obligaciones.

Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo estudia la creación de una oficina de apoyo a los ayuntamientos para facilitar su adaptación a la normativa europea, ante las dificultades que tendrán especialmente los municipios pequeños para elaborar proyectos y tramitar los expedientes necesarios.

Nuevo cierre temporal de parte de Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz, aunque esta vez se procederá a prohibir los chapuzones no sólo en la cala de Punta Brava, sino, además, en la que se sitúa entre esta y la de El Castillo, conocida popularmente en la principal ciudad turística de Tenerife como El Charcón. Fuentes de la plataforma vecinal Stop Vertidos confirman a Canarias Ahora el cierre inminente de estas dos calas, que se suma al efectuado en la de Punta Brava el pasado mes de agosto.

Como en aquella ocasión, el cierre apenas duró un día y, según han trasladado desde el Ayuntamiento portuense a la plataforma, se espera que esta nueva prohibición de baño no se extienda más allá de uno, dos días o, a lo sumo, hasta el próximo lunes, aunque todo dependerá de las analíticas sobre contaminación por aguas fecales.

Según traslada la entidad a este periódico, los últimos análisis de Salud Pública, dependiente del Gobierno de Canarias, aconsejan esa medida en el caso de la playa mayor, la de Punta Brava, conocida también como María Jiménez y de mejor calidad de arena, mientras que las analíticas privadas encargadas por el Ayuntamiento portuense daban positivo en el caso de El Charcón. Ante unos informes contradictorios entre unos y otros, el gobierno local (PP-ACP-CC) ha optado por cerrar estas dos calas, según le trasladó el alcalde, el conservador Leopoldo Afonso, a la plataforma este mediodía. En ambos casos, las analíticas dan por encima de 800 en escherichia coll (bacteria fecal), cuando la referencia aconsejada como máxima es de 500.

Se da la circunstancia de que el pasado día 21 de agosto, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, exalcalde y hermano del máximo mandatario actual en la ciudad, recalcaba en Gente Radio, emisora portuense, que el cierre en agosto “apenas duró 24 horas” (en realidad, duró 47 horas), al tiempo que detallaba las dificultades para reponer el emisario y desarrollar las obras previstas en la depuradora del Valle de La Orotava, si bien resaltando las gestiones realizadas por las distintas administraciones.

Días antes, Leopoldo Afonso afirmó en esa misma emisora que las obras por la rotura del emisario no se llevarán a cabo antes de mayo de 2027 (elecciones locales) porque se retrasan las autorizaciones de Costas del Gobierno de España. Sin embargo, esas competencias están ya en manos del Ejecutivo canario y, además, tanto las del emisario como las de la depuradora están autorizadas por la Comunidad, toda vez que ese traspaso de competencias se produjo en 2023.

El Ayuntamiento de Chipiona ha informado de que la playa de Micaela ha reabierto al baño seis días después de que la Junta decretase su cierre debido a la presencia de bacterias en el agua. Los resultados de las últimas analíticas realizadas por la autoridad sanitaria han resultado favorables y negativos para Escherichia coli y enterococos, los principales indicadores microbiológicos utilizados para evaluar la calidad sanitaria de las aguas de baño.

La reapertura se produce después de varios días de seguimiento y de la realización de nuevas tomas de muestras tras la detección de valores microbiológicos elevados en anteriores analíticas, que han impedido que esta playa volviera a colgar la bandera verde, siendo además la que más tiempo ha permanecido en esta situación de las cinco cerradas inicialmente en la provincia de Cádiz.

En un comunicado, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, y el concejal delegado de Playas, Eduardo Lorenzo Caro, han trasladado su satisfacción por estos resultados, que permiten recuperar la normalidad y que los usuarios puedan volver a disfrutar de la playa de Micaela “con todas las garantías sanitarias”.

Al respecto, ha señalado que se continuará investigando el origen de la incidencia, asegurando que durante estos días ha trabajado conjuntamente con la Junta de Andalucía y con los servicios técnicos municipales para realizar un seguimiento “exhaustivo” de la situación y tratar de determinar el origen de esta alteración puntual de la calidad del agua.

En este periodo se llegaron a realizar análisis “con resultados contradictorios”, tal y como ha advertido el Ayuntamiento, que optó por mantener la prohibición del baño y la bandera roja hasta disponer de resultados que ofrecieran las garantías necesarias, algo que finalmente ha sucedido.

El Ayuntamiento mantiene abierta la investigación sobre las posibles causas. Una de las hipótesis es la eventual entrada de algún aporte contaminante a través de la red de aguas pluviales o del entorno del arroyo de Antonaria. No obstante, el Consistorio insiste en que “las aguas residuales no son conducidas directamente a la playa, sino que la red de fecales se encuentra conectada al sistema de saneamiento y las aguas son conducidas a la estación depuradora para recibir el tratamiento correspondiente”.

Hace más de un año que los tribunales les dieron la razón y seis meses desde que lo confirmó el Tribunal Supremo: los derechos fundamentales de los vecinos de As Conchas (Lobeira, Ourense) se ven vulnerados por la inacción de la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) con respecto a la degradación que la contaminación de las macrogranjas provoca en el embalse. Pero denuncian que nada ha cambiado, de modo que han decidido dar un paso más y presentar una demanda para la ejecución forzosa de la resolución judicial.

“Seguimos igual. Estamos como hace un año, cinco años o diez años”, dice Mercedes Álvarez, una de las residentes en As Conchas que promovió el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales junto a varios de sus vecinos y con el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Han esperado unos meses, pero consideran que las administraciones han tenido tiempo ya de cumplir de forma voluntaria y no lo han hecho.

“Nuestro fin no es ganar una sentencia, sino recuperar el embalse, así que seguiremos peleando”, dice Álvarez. Mientras conversa por teléfono con elDiario.es sube una de las persianas de su vivienda, desde la que se ve el agua: “Aún esta mañana me decía mi hija que está todo todavía más verde [el color del que se tiñen las aguas con las proliferaciones de cianobacterias]”. Considera que la situación sigue “fatal”, como en la presa de Lindoso, aguas abajo, en territorio portugués, y como asegura que empieza a ocurrir en la de Salas, también en la provincia de Ourense. Este año cree que no han padecido tanto los malos olores, pero duda de si han sido menos intensos o es que “el ser humano se acostumbra”. Relata que sigue sin acercarse al agua: “Hace años que vivimos como si no tuviésemos un embalse ahí. Bueno, no, no vivimos como si no estuviese, vivimos con miedo a él”.

Mercedes Álvarez forma parte del grupo de vecinos que llevan años movilizándose para pedir que se ponga freno a una situación que hace que en el agua haya hasta 97 millones de bacterias peligrosas por litro. En el proceso judicial lograron que les diesen la razón y los tribunales -primero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y luego el Supremo- consideran que están vulnerados el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua.

La resolución responsabiliza a las administraciones públicas por no haber actuado en el caso de la contaminación de la ganadería industrial que afecta a la cuenca del río Limia y ordena a la Xunta y la CHMS -dependiente del Gobierno central- que adopten las medidas necesarias para detener la degradación ambiental de As Conchas y garantizar el abastecimiento de agua limpia y segura.

Nieves Noval, abogada de ClientEarth, señala a través de un comunicado que las administraciones han tenido oportunidad de cumplir la sentencia de forma voluntaria, pero no lo han hecho. Por ello se registra la petición ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que la haga cumplir. “Los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado”, señala.

Las organizaciones que se han implicado en el proceso indican que, hasta ahora, las únicas actuaciones comunicadas son el pago de las indemnizaciones que reconoce la sentencia, algunas inspecciones a explotaciones ganaderas y tomas de muestras para evaluar la calidad del agua. Consideran que esto es insuficiente para cumplir la sentencia y recalcan que, de hecho, no ha habido mejoría y se han seguido registrando episodios de proliferación de cianobacterias potencialmente tóxicas. Siguen la contaminación y los olores pestilentes y hay indicios de que la afectación se extiende aguas abajo, hasta Lindoso.

Medidas concretas

Lo que piden ahora es la ejecución de la sentencia, para lo que señalan que se deben poner en marcha medidas concretas por parte de las administraciones que ya se recogían en la decisión judicial, como estudios ambientales y sanitarios, programas permanentes de seguimiento de la calidad del agua, sistemas de información a la población, vigilancia de la contaminación y medidas para reducir la presión en la cuenca. Añaden que debería declararse A Limia zona vulnerable a la contaminación por nitratos, piden que se aplique una moratoria que impida abrir nuevas explotaciones ganaderas industriales o ampliar las existentes mientras no se resuelva el problema, sistemas reforzados de vigilancia de las aguas, protocolos de alerta rápida a la población y seguimiento de los episodios de cianobacterias, olores y otros impactos sobre la salud y el entorno.

También exigen plazos concretos y que se determinen responsables e indicadores objetivos de cumplimiento, además de que las administraciones informen periódicamente de las medidas adoptadas para que puedan verificarse los avances.

En las administraciones “se echan la culpa unos a otros”

La coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, avisa de que retrasar el cumplimiento de la sentencia “pone en peligro a la población de la zona y demuestra una gran falta de responsabilidad”. Por su parte, el director de CECU, David Sánchez, señala que la respuesta de las administraciones “no puede ser mirar para otro lado o echarse la culpa unos a otros”.

En junio, cuando estaba a punto de cumplirse un año desde la sentencia, la Confederación Hidrográfica señalaba a esta redacción que había puesto en marcha medidas de seguimiento de la calidad de las aguas y había intensificado la vigilancia sobre posibles vertidos y acumulaciones de purines. Señalaba a la Xunta, como administración responsable de autorizar las actividades contaminantes. Por su parte, en este tiempo el Gobierno gallego apenas se ha pronunciado sobre el asunto. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se limitó a lamentar que no estaba habiendo la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. La Xunta sacó a exposición pública a mediados de agosto el decreto sobre la contaminación por nitratos que tiene pendiente. Varias organizaciones ecologistas lo han calificado ya como un “no-decreto” porque consideran que supone “enrocarse en negar” la contaminación de la ganadería industrial.

Las plataformas sociales y vecinales contra las instalaciones de biometano en Castilla-La Mancha han arrancado el curso político exhibiendo su rechazo total al decreto que el Gobierno regional prepara para regular estas plantas.

La intención del Ejecutivo con esta norma es implantar una moratoria con la que quedan suspendidos los expedientes en curso hasta que cumplan con los nuevos requisitos. Pero eso no ha bastado para que los colectivos sociales, ayuntamientos y particulares hayan presentado más de 20.000 alegaciones.

Entre todas ellas, casi 6.000 tienen en común varios argumentos, que son los que las plataformas han esgrimido para valorar ir a los tribunales si la Consejería de Desarrollo Sostenible no retira el decreto.

Principalmente, según las alegaciones que ha consultado este periódico, colectivos y particulares consideran que el decreto es una disposición ejecutiva “técnica” y de planificación “muy incompleta” que busca “sustituir” el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que quedó “enterrado”.

De hecho, argumentan que si el Gobierno regional quiere llevar a cabo esta sustitución para “eludir” su correspondiente evaluación ambiental estratégica y las 15.000 alegaciones que se presentaron sobre ese Plan, eso ya sería, por sí solo, “motivo legal de nulidad” del futuro decreto.

Veto de ayuntamientos y proyectos “estratégicos”

Dicho esto, las alegaciones se centran posteriormente en que la nueva norma no cumple con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha por varios motivos. El primero de ellos se basa en que no aclara los recursos a los que deben atenerse los ayuntamientos para ejercer su autoridad en su municipio e impedir la instalación de plantas de biometano. Es decir, no tiene en cuenta que muchos Consistorios no disponen de la capacidad técnica suficiente para realizar informes técnicos motivados.

Otro motivo es que tampoco expresa los criterios “motivados” que el Gobierno podrá aducir para declarar “inversiones estratégicas” las plantas al ser aprobadas. Se refieren a la excepción que contempla el Ejecutivo autonómico en su decreto, mediante la cual si un proyecto fuera “prioritario” podría imponerse sobre la decisión del Ayuntamiento.

Tras señalar que el decreto no desarrolla medidas compensatorias y compensaciones por posibles daños a empresas hoteleras y de todo tipo por la instalación de plantas de biometano, estas alegaciones se centran en la “falta efectiva” de medidas de vigilancia y control y del residuo final de estas instalaciones: el digestato, generalmente comercializado como fertilizante para el campo.

Si finalmente ese puede ser su uso, alertan de que las miles de toneladas de residuos finales de estas instalaciones contienen elementos contaminantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio o el amoniaco, así restos farmacéuticos y de microplásticos y otros “elementos tóxicos muy difíciles de controlar y eliminar”. “Los residuos finales de las plantas contienen altas cantidades de nitrógeno que se añadirían a los suelos y, por filtración, pasarían a las aguas subterráneas, contaminando aún más con nitratos estas aguas”, argumentan.

Las alegaciones sociales y vecinales se centran también en alertar de múltiples riesgos. Argumentan que las plantas de biometano tienen eventualmente fugas y antorchas de este gas que es “80 veces más pernicioso y contaminante” que el CO₂. Alertan igualmente de posibles problemas de “accidentes, explosiones e incendios”.

Básicamente, consideran que el hecho de que el 80% de los residuos sean acarreados “indebidamente” hasta 35 kilómetros de un pueblo, y el resto (20%) desde más lejos, convertiría a los municipios en “pueblos escoba” y “pueblos vertedero”.

Hablan igualmente de “probables impactos y daños de difícil o imposible reparación posterior” a la flora, a la fauna, al paisaje, a las aguas superficiales y subterráneas, al tránsito, a las vías pecuarias, a las carreteras y al desarrollo económico. Consideran por ello que es “temerario, antisocial e ilegítimo” que este decreto permita autorizar estas plantas de concentración de residuos y de biometano a apenas a dos kilómetros de las poblaciones donde vive la gente.

En estas alegaciones, colectivos y asociaciones argumentan que estas plantas quieren implantarse “en contra de la voluntad de los pueblos” y de su ciudadanía “sin tener en cuenta debidamente lo que la Constitución y las leyes ambientales establecen al respecto de la información, la participación y la justicia ambiental”.

Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo

Y concluyen: “Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo que sitúa los intereses privados por encima de los intereses públicos, y dado que estas plantas no son de utilidad pública ni de interés social, ni suscitan el necesario consenso social para su implantación, sino que, muy al contrario, existe en numerosos municipios de Castilla-La Mancha una gran oposición ciudadana a su construcción y a su desarrollo”.

En definitiva, estas miles de alegaciones se centran en denunciar la “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana con la aprobación del futuro decreto. Y en ello se centraron las plataformas locales y regionales que comparecieron hace unos días para manifestar su rechazo.

“No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirmaron en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

Entidades ecologistas y ambientalistas han presentado alegaciones al proyecto de decreto de nitratos de la Xunta de Galicia para tratar de conseguir que se reformule y “sirva realmente para reducir y evitar la contaminación por nitratos generada por el sector agropecuario y, muy en particular, por la ganadería intensiva”. El Gobierno gallego abrió el proceso el 15 de julio del año pasado, sólo cuatro días después de la sentencia pionera que condenaba la “inacción” tanto de la administración gallega como de la estatal en la degradación ambiental provocada por las macrogranjas en el embalse de As Conchas (Ourense). La conselleira de Medio Rural pedía entonces que no se “culpabilizase” a la actividad ganadera.

Esa postura no parece haber cambiado en doce meses. En un comunicado conjunto emitido este lunes, Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) acusan a la Xunta de “enrocarse en el negacionismo” y en una “falsa carencia de estudios que acrediten el origen agrario de la contaminación”.

Las tres entidades aseguran que “más de la mitad del preámbulo y casi un tercio de la extensión total del borrador de decreto” se centran en “cuestionar las evidencias sobre la importancia de la contaminación por nitratos de origen agrario en Galicia” lo que “retrasa de manera irresponsable la toma de decisión y la adopción de medidas correctoras, algo que se debería haber llevado a cabo hace años”.

El comunicado cita extractos del borrador en los que se asegura que en Galicia no hay declaradas zonas vulnerables pues “no existe acreditación del origen agrario de la contaminación” y a día de hoy “no se dispone de los datos definitivos y concluyentes aprobados por la autoridad competente sobre las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, por lo que no cabe la designación de zonas vulnerables por parte de la comunidad autónoma, ya que la correcta designación de ellas exige la acreditación, mediante las pruebas pertinentes, del origen agrario de los compuestos nitrogenados detectados en los puntos de medición así como de su contribución de forma significativa a la referida contaminación”.

Sin embargo, los ecologistas replican que los planes hidrológicos vigentes ya incluyen los planos con la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” y con los excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) de origen agrario debidos a cultivos de secano, cultivos de regadío, ganadería no estabulada y ganadería estabulada. En el caso concreto del embalse de As Conchas y la necesidad de declarar zona vulnerable la cuenca del Limia, “los datos no pueden ser más claros”.

Mientras la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” es “muy baja” –apenas está urbanizado entre el 1% y el 4%–, el excedente de nitrógeno por los cultivos de secano y regadío está entre 1 y 10 kg/ha/año; de ganadería no estabulada se mueve entre 2,5 y 15 kg/ha/año, pero el de ganadería estabulada se dispara entre 20 y 102 kg/ha/año en la mayor parte de la cuenca, “por lo que es responsable de un 80-85% del excedente de origen agrario”.

“Por si dichas evidencias fueran insuficientes”, añaden las tres entidades, “las estadísticas oficiales de 2020 revelan que, en la cuenca del Limia hasta la presa de As Conchas, la carga ganadera era de 111.500 UGM (unidades de ganado mayor), que en producción de heces y orina equivalen a unos 2 millones de personas, cuando la población era de tan sólo 24.736 personas”. “Es decir, la generación de heces y orina por la ganadería era unas 80 veces mayor que la de la población humana”, concluyen.

Esa “desmesurada carga ganadera que soporta Galicia” ha sido confirmada, señalan, por el informe recién elaborado por la Comisión Europea en el que se analiza la aplicación de la Directiva de Nitratos durante el período 2020-23. En él, citan, se establece que “la carga ganadera de Galicia es de 2,3 UGM/ha, solo por detrás de Cataluña con 3 UGM/ha, y muy por encima de la media estatal y europea de 0,7 UGM/ha”.

“Leyendo el 'no-proyecto' de nitratos y las declaraciones del presidente Rueda da la sensación de que a la Xunta no le importa que las aguas de Galicia estén contaminadas por nitratos –que lo están, y el mejor ejemplo es el embalse de As Conchas– sino determinar el origen de la contaminación, cuando éste está más que claro: es la agricultura y muy principalmente la ganadería industrial”, manifiestan las organizaciones firmantes.

Por todo ello, reclaman que el futuro decreto de nitratos debe incluir como objetivo la reducción, “al menos en un 50%” de la cabaña ganadera en intensivo hasta el 2030. También la disminución del uso de fertilizantes sintéticos y, “especialmente”, la prohibición de nuevas granjas o ampliación de las existentes en municipios con balance de nitrógeno por encima del promedio de la comunidad –41 kg N/ha/año–; en aquellos en los que la concentración de nitratos en las aguas aumentase en más de 5 mg/l entre 2016 y 2024 o en las parcelas o parroquias donde el incremento de UGM por unidad de superficie agricola utilizada sobrepase los niveles de carga ganadera recomendados por la Unión Europea. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el jueves 3 de septiembre.

La Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina y la Alianza de Vecinos de Tenerife han exigido este jueves al Ayuntamiento de La Laguna una respuesta “inmediata” tras la aparición de una mancha marrón de grandes dimensiones en el mar frente a la costa de Jover, Tejina y Bajamar. Precisamente este jueves se ha procedido al cierre de la playa de Bajamar por contaminación por enterococos, que ya ha sido reabierta, aunque el Ayuntamiento señala que este episodio en Bajamar no está relacionado con la mancha, que atribuye a cianobacterias, comunes en aguas canarias.

Los colectivos sociales urgen a la corporación local a romper su silencio, aclarar el origen exacto de este foco y detallar qué acciones críticas se están tomando para evaluar la gravedad de una situación que ha generado una profunda preocupación ciudadana en el norte de la isla, según indican en un comunicado conjunto.

Los portavoces vecinales advierten de que el ecosistema marino y la salud pública de estas concurridas zonas de baño se encuentran “en grave riesgo” y critican “la inacción” de las autoridades locales.

A su juicio, resulta inadmisible que se reste importancia a un escenario ambiental que amenaza de forma directa la calidad de las aguas y la rica biodiversidad del litoral lagunero.

Ante lo que consideran una emergencia ambiental en curso, las organizaciones firmantes reclaman al concejal responsable del área una comparecencia pública y urgente.

En ella, exigen que se aclare si se ha realizado ya una inspección técnica sobre el terreno, si se han tomado muestras biológicas y si se ha activado el protocolo de contingencia con los organismos competentes.

Asimismo, solicitan que se hagan públicos de forma inmediata y transparente los resultados de cualquier análisis bacteriológico o químico que se lleve a cabo.

Además piden que se investigue a fondo si este suceso está ligado a vertidos incontrolados de aguas residuales, fallos estructurales en la red de pluviales u otras fuentes contaminantes de origen terrestre.

Del mismo modo, consideran imperativo la aplicación inmediata de medidas cautelares y preventivas severas mientras el foco contaminante siga activo y sin identificar de forma fehaciente.

Una mancha de cianobacterias, según el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Laguna ha señalado este jueves que está en “contacto permanente” tanto con la representación vecinal como con las áreas de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para hacer un seguimiento a la situación de la mancha que se encuentra en el mar frente al litoral del municipio.

En este caso, indica el Consistorio, se trata de una acumulación de la cianobacteria Trichodesmium, conocida también como serrín marino, común en aguas de Canarias especialmente en verano, como ha hecho público Transición Ecológica. Esta mancha, subraya, en ningún caso está relacionada con el episodio de la playa de Bajamar, que ya ha reabierto al baño después de que los análisis sanitarios certificaran la calidad de las aguas.

El Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, ha procedido a la reapertura de la playa de Bajamar en la mañana de este jueves, 27 de agosto, tras los nuevos análisis realizados por la inspección sanitaria para determinar la en todo momento la seguridad y salud de los bañistas.

La playa había sido cerrada después de que una inspección sanitaria detectara un episodio de contaminación por enterococos. Una vez comprobado que los niveles habían vuelto a la normalidad, el Ayunamiento procedió a la reapertura.

De acuerdo con la valoración de los nuevos resultados, indica el Ayuntamiento, se establece que la playa es apta para el baño, por lo que se levanta la prohibición temporal declarada el miércoles.

El Ayuntamiento de La Laguna señala que realiza un control y seguimiento continuo de la calidad del agua en las zonas de baño del municipio, para garantizar en todo momento la seguridad y salud de los bañistas.

Las motos de agua han sido el centro del debate sobre el estado del Mar Menor este verano. A lo largo de estos meses, han saltado a los medios la reivindicación de entidades ecologistas y vecinos del litoral para la limitación y prohibición de estas embarcaciones de recreo en la laguna salada. Todo ello, acompañado de la resistencia de entidades promotoras de motos náuticas, que han negado o minimizado el problema.

Mientras, la industria está experimentando un momento dulce, al ser Murcia la quinta provincia con más matriculaciones nuevas de embarcaciones de recreo, según un informe de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, elaborado a partir de datos de la Dirección General de la Marina Mercante.

De acuerdo con fuentes de Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, en lo que llevamos de verano, la Guardia Civil ha interpuesto 72 denuncias por diferentes infracciones cometidas por distintos tipos de embarcaciones. Previamente, entre enero y junio de 2026, Capitanía Marítima tramitó en la Región de Murcia un total de 258 expedientes sancionadores, un 42% más que en el mismo periodo del año pasado. De este incremento, algo más del 34% corresponde a infracciones relacionadas con motos náuticas.

¿Cuál es el impacto de las motos acuáticas en el Mar Menor?

Tal y como señala el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, parte del perjuicio que las motos acuáticas ejercen sobre el ecosistema se debe a su mal uso: “Es un vehículo que se está utilizando para el alquiler, muchas veces por personas sin formación náutica y mucho menos con conocimientos de los daños que provoca al ecosistema”.

“Las motos van a excesivas velocidades y varan en las orillas, algo que está prohibido. Hay una zona, la de la playa de Puerto Bello [al sureste del Mar Menor], donde están dejando que se lancen embarcaciones y motos de agua, lo cual es totalmente ilegal”, enumeran desde SOS Mar Menor.

El resultado es que muchas de estas embarcaciones recorren las zonas someras del Mar Menor, de poca profundidad, a grandes velocidades: “Por las motos de agua en estas zonas se puede producir una resuspensión de sedimentos, poniendo a disposición de las microalgas los nutrientes que están en el sedimento, enturbiando las aguas. También a grandes velocidades pueden descalzar las plantas y las algas e incluso animales que estén sujetas al fondo”, enumera Luengo.

Una realidad que reconocen los propios fabricantes de motos de agua en sus recomendaciones de uso: “En aguas poco profundas, las embarcaciones pueden remover el fondo y los sedimentos suspendidos, lo que limitará la penetración de la luz y mermará el nivel de oxígeno. Esto puede afectar a los peces y a la alimentación de los pájaros. Para evitar este efecto, navegue por los canales principales y evite en lo posible las aguas poco profundas”, explican en Seadoo a través de su programa Conductores Responsables.

“Hay zonas de vegetación, como las praderas marinas, que constituyen un delicado vivero en el que se crían muchos peces. Las algas y otra flora no son la mejor compañía para una embarcación. La entrada de vegetación en la embarcación puede causar problemas en el motor o en la bomba y provocar un deterioro del rendimiento. ¡No se acerque!”, abundan. Por su parte, Yamaha, en su manual de etiqueta de conducción, recuerda a los usuarios de motos acuáticas que deben adaptar su velocidad en áreas “con una gran población de fauna”.

“Con la sopa verde perdimos el 80% de las praderas marinas de Cymodocea nodosa, necesitamos proteger las praderas que quedan porque son muy importantes para la recuperación del Mar Menor”, recuerdan desde SOS Mar Menor.

El ruido de las motos de agua, por su parte, no solo es molesto para los bañistas que se encuentran a orillas de la laguna salada: “El impacto del sonido es mucho mayor que en tierra, puede provocar desorientación y finalmente la muerte de especies marinas”, añade Luengo.

Algo que avala un estudio de Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA) de la organización ecologista, que señala que el estrés sonoro no solo afecta a los grandes cetáceos -especies que no habitan el Mar Menor-, también a invertebrados acuáticos y aves marinas: “Las reacciones de comportamiento observadas frente a las motos acuáticas son particularmente fuertes en aguas poco profundas, pues los animales no pueden escapar hacia abajo, sino que tienen que hacerlo horizontalmente”, explica.

Luengo recuerda que el entorno del Mar Menor es Zona de Especial Protección para las Aves, el ruido de las motos de agua puede provocar que abandonen sus nidos: “Las aves acuáticas coloniales reproductoras son particularmente susceptibles a la perturbación humana debido a su hábitat de nidificación de alta densidad”, abunda el informe de GENA.

¿Qué dice la normativa?

El Real Decreto 118/2024, de 30 de enero, por el que se establecen limitaciones a la navegación marítima para la protección y recuperación del Mar Menor, establece límites de velocidad condicionados a la profundidad de las aguas de la laguna salada.

En concreto, no se podrán superar los cinco nudos en profundidades inferiores a cuatro metros, y en las zonas de fondeo la velocidad deberá ser inferior a los tres nudos. En el resto del entorno no se superarán los 20 nudos “salvo en los polígonos de velocidad autorizados”.

La franja de cuatro metros de profundidad, con límite de velocidad a cinco nudos, bordea la práctica totalidad de la costa del Mar Menor. También afecta a la Gola de Marchamalo, uno de los canales de comunicación más importante entre la laguna salada y el Mediterráneo, una zona de paso habitual de las motos náuticas.

El problema, como en el grueso de dificultades que afronta el Mar Menor, no reside en la escasez de normativa, sino en su aplicación: “La normativa en sí misma no es suficiente si no se hace cumplir. En tierra, puedes tener un límite de velocidad en autovía de 120 kilómetros por hora, pero si no se hicieran controles para que aquellos que no lo respetan se lleven una multa, de poco servirían las reglas de circulación. Lo mismo ocurre en el Mar Menor”, señala Luengo.

Respecto al combustible, la normativa contempla la promoción del uso de embarcaciones de recreo con motores de gas licuado del petróleo (GLP), gas natural licuado (GNL) o hidrógeno.

El precedente de Cabo de Gata

Este verano ha sido el primero en el que las motos de agua no han podido circular por el entorno protegido de Cabo de Gata, en Almería. La medida, recogida en una resolución de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, puso fin a una larga reivindicación impulsada por la Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Cabo de Gata, integrada por trece colectivos vecinales y conservacionistas. Previo a la prohibición y de forma similar al Mar Menor, se observó un incremento de la navegación recreativa en las aguas del Parque Natural, con motos de agua a pocos metros de la línea de costa en playas naturales y zonas de Reserva Integral.

No es el único lugar en el que se ha limitado o prohibido su uso. En Cantabria, tras la aprobación de la Ley de Transporte Marítimo, se ha abierto la puerta a prohibir el acceso de motos acuáticas a playas y espacios naturales protegidos “por razones de seguridad y de protección del medio ambiente”. En Catalunya, tampoco podrán circular por el entorno de Cap de Creus tras la aprobación el pasado año de un nuevo plan de gestión de este entorno protegido.

Mientras, en la Región de Murcia, los colectivos vecinales y ambientales han conseguido reunir más de 30.000 firmas exigiendo la restricción de las motos de agua dentro de la laguna. El debate pronto llegará a la Asamblea Regional, donde Podemos se ha comprometido a llevar una iniciativa al respecto “tan pronto comience el curso político”: [La prohibición de las motos de agua] es perfectamente legal y realizable y no entendemos por qué no se ha tomado ya en el Mar Menor“, ha apuntado la diputada morada María Marín.

23 de junio de 2026. Víspera de San Juan. 11.58 horas. El Área de Salud de Tenerife emitió un acta de inspección sanitaria que concluía que Playa Chica, comúnmente conocida como El Charcón (Playa Jardín, Puerto de la Cruz), estaba contaminada por E.coli (Escherichia coli). 25 minutos después, un inspector de Salud Pública envió un correo electrónico al concejal de playas del Ayuntamiento, Felipe Rodríguez Villalba (PP), con el asunto “cierre playa Charcón”. El mensaje era claro: “Se ordena el cierre de la zona del Charcón, en Playa Jardín”. Los valores de esta bacteria fecal triplicaban los límites establecidos por la ley, pero el baño no se restringió en ningún momento.

Así lo confirmó al día siguiente la Inspección Sanitaria, que se desplazó a las 8.10 horas a la zona para comprobar si se habían adoptado las medidas de protección de la salud exigidas. La visita terminó a las 12.03, tal y como consta en una resolución obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia, y se comprobó que el Ayuntamiento no había adoptado ninguna de ellas. Estas eran facilitar la adecuada información al público, investigar el origen del incumplimiento de los parámetros de calidad y prohibir el baño.

Según se refleja en el acta de inspección, “el concejal que se encontraba en la playa en ese momento” manifestó que “la colocaron [la información sobre la contaminación del agua]”, pero que “la gente la había quitado”. Sin embargo, un mes después, cuando la Plataforma Stop Vertidos al Mar sacó a la luz que la playa permaneció abierta pese a estar contaminada, el alcalde, Leopoldo Afonso (PP), confirmó que no se había adoptado ninguna medida.

En la comparecencia ofrecida, el máximo responsable del municipio justificó que el Ayuntamiento no había recibido supuestamente ninguna información de Salud Pública por canales oficiales. En la rueda de prensa participaron representantes de los tres partidos que forman el gobierno. Junto al alcalde estuvieron el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández (Asamblea Ciudadana Portuense), y el concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo (Coalición Canaria). El responsable de Playas, al que Salud Pública envió el correo, no estuvo presente.

En la resolución obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia, la Dirección General de Salud Pública confirma que a fecha del 17 de agosto el servicio de inspección no había obtenido respuesta alguna al correo del 23 de junio, ni por vía oficial, ni a través del correo electrónico del inspector, ni tampoco del email del servicio. En la documentación también consta que el resultado de las analíticas así como la orden de prohibir el baño no solo se notificaron al Ayuntamiento por correo, sino también mediante “comunicación telefónica”.

Pocos días después de la rueda de prensa, desde el Ayuntamiento reconocieron que sí habían tenido conocimiento de la incidencia, pero insistían en que se les dio traslado “de manera no oficial”. En el pleno municipal que tuvo lugar el 27 de julio, Afonso reconoció que accedieron al correo el miércoles 24 de junio, un día después de que fuera enviado.

El episodio de contaminación

La contaminación en El Charcón fue detectada el 23 de junio, cuando los resultados de las muestras tomadas el día anterior revelaron altos niveles de E.coli. En concreto, se detectaron 800 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) por cada 100 mL (mililitros). El acta de Salud Pública concluye que el resultado incumplía los valores establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Esta normativa establece que para que la calidad del agua se considere excelente en zonas costeras y de transición, los valores de E.coli no pueden superar las 250 UFC/mL. Para ser calificada de buena o excelente, el límite es de 500 UFC/mL.

El 25 de junio, Salud Pública emitió otra acta de inspección que concluía que las muestras tomadas el día 24 habían arrojado niveles de E.coli inferiores a 250 UFC/mL, por lo que se calificó el agua como apta para el baño.

Estos hechos fueron denunciados públicamente en julio, cuando los resultados de las analíticas se publicaron en el Sistema Nacional de Información de Aguas de Baño Náyade. Primero lo informó la Plataforma Stop Vertidos al Mar, integrada por vecinos y vecinas de la zona, y después lo denunció públicamente el PSOE.

La noche de San Juan

Playa Jardín es uno de los enclaves más frecuentados de la costa norte de Tenerife. Está dividida en tres calas de arena negra: la playa del Castillo, la playa del Charcón y la playa de Punta Brava. Este episodio de contaminación coincidió con la celebración de diferentes actividades programadas con motivo de San Juan. Según informó el propio Ayuntamiento, la noche de la hoguera una de las playas del Puerto de la Cruz reunió alrededor de 5.000 personas.

El gobierno municipal ha insistido en diferentes notas de prensa en que la E.coli se localizó “exclusivamente” en el punto de muestreo de El Charcón, en el sector central de Playa Jardín. Además, han asegurado que el 23 de junio realizaron otras analíticas encargadas a un laboratorio “independiente” y cuyos resultados arrojaron valores correspondientes a una “calidad excelente del agua”.

Estas analíticas las ejecutó el laboratorio de la multinacional FCC Aqualia S.A. La toma de muestras, según la documentación consultada por este periódico, data del 23 de junio en torno a las 13.00 horas y fueron recogidas por el Ayuntamiento. Los resultados fueron remitidos el 24 de junio por el alcalde de Puerto de la Cruz a la Dirección General de Salud Pública a través de un oficio.

Después de que se desatara la polémica porque la playa de El Charcón permaneciera abierta pese a la contaminación, el alcalde y el concejal de Ciudad Sostenible publicaron un vídeo dándose un chapuzón en Playa Jardín para convencer a los bañistas de que la calidad del agua era excelente. Seis días más tarde, se volvió a desaconsejar el baño en Playa Jardín por bacterias fecales, en concreto, la zona de Punta Brava.

Un nuevo proyecto de ganadería intensiva se ha proyectado en el municipio de Alfaro, en el paraje “El Vivar” junto al Área Natural Singular del Carrizal de Cofín, un humedal protegido por el Gobierno de La Rioja y uno de los de mayor interés ambiental de La Rioja. Granja La Cantera S.L. ha solicitado licencia ambiental para ubicar una explotación de cebadero con 583 plazas de bovino de cebo en una edificación existente de 1.708 metros cuadrados (además de otros 704 de corral al aire libre), destinada anteriormente al alojamiento de ganado ovino por otro titular.

El proyecto, cuya solicitud para obtener licencia conjunta ambiental y de obras se encuentra actualmente en período de exposición pública, ha causado una rotunda oposición ambiental. Ecologistas en Acción ya ha presentado alegaciones, pues considera “incompatible” la instalación con la protección de este humedal de Alfaro y advierte del riesgo de afecciones por purines, olores, tráfico, ruido y contaminación.

Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de Alfaro y al Gobierno de La Rioja que denieguen la licencia solicitada y que no permitan la puesta en funcionamiento de una explotación ganadera de estas características en un emplazamiento inmediatamente colindante a un área natural. El Carrizal de Cofín, situado en el término municipal de Alfaro, fue declarado Área Natural Singular mediante el Decreto 36/2017 y constituye uno de los humedales de mayor interés ambiental de La Rioja.

La memoria del proyecto apunta a que el área protegida se encuentra a 100 metros de la parcela y puntualiza que “las zonas sensibles del Carrizal con avifauna catalogada se sitúan a más de 1.500 m al NW”. Sin embargo, Ecologistas mantiene que la parcela es colindante al espacio protegido por el Decreto 36/2017, “un espacio que destaca por su importancia para la avifauna acuática y limícola cuya protección no puede quedar reducido a una línea formal sobre un plano”. Dada esta importancia, consideran que la instalación del cebadero “no puede analizarse exclusivamente desde los límites administrativos de la parcela, sino teniendo en cuenta las afecciones que una actividad ganadera intensiva puede generar sobre el espacio natural colindante”.

El promotor posee además otra explotación ganadera activa a tan solo 1.150 metros, también en el término municipal de Alfaro, donde alberga 270 cabezas (110 reproductoras y 160 de cebo/recría). Al sumar el censo de cebo de ambas fincas (743 plazas en total), la empresa se mantiene por debajo del umbral legal de 1.100 plazas, por lo que el trámite no requiere Autorización Ambiental Integrada (AAI) ni Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), limitándose a una solicitud conjunta de Licencia Ambiental y de Obras ante el Ayuntamiento de Alfaro.

Asimismo, la memoria especifica que el suministro de agua se realizará mediante una tubería privada desde la otra parcela del titular, mientras que las deyecciones se gestionarán en cama caliente de paja para su entrega íntegra a una planta de biometano en Navarra (KamBIO Bioenergías), omitiendo la aplicación de estiércol en las tierras agrícolas colindantes. No obstante, la organización ecologista alerta del “riesgo real ”de filtraciones de nitratos y lixiviados hacia el acuífero y las aguas del Carrizal y de que “las emisiones atmosféricas asociadas a las explotaciones ganaderas, incluidos determinados gases y compuestos derivados del almacenamiento y gestión de los estiércoles, pueden contribuir a procesos de contaminación y eutrofización que afectan especialmente a ecosistemas sensibles”. A ello añaden “la degradación del entorno por los ruidos, olores, iluminación nocturna y el intenso tráfico de camiones de gran tonelaje que espantarán a las especies catalogadas durante sus periodos de descanso y nidificación”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que la Administración debe valorar “no solo los impactos directos de la instalación, sino también los posibles efectos acumulativos y las molestias continuadas derivadas de la actividad”. Reclaman que se compruebe “de forma exhaustiva” el cumplimiento de todas las condiciones aplicables a la explotación, incluidas las relativas a ubicación, bioseguridad, gestión de estiércoles, protección ambiental y distancias y subrayan como “especialmente necesario” determinar si la ubicación propuesta resulta compatible con las condiciones de protección ambiental aplicables al entorno del Carrizal de Cofín y con las normas específicas de conservación del espacio natural.

“El Carrizal de Cofín está protegido porque sus valores naturales son excepcionales. Esa protección no puede quedarse en una línea dibujada sobre un plano. Si una actividad situada justo al lado puede comprometer esos valores, la Administración debe actuar antes de que se produzca el daño y denegar la autorización”, concluyen desde Ecologistas en Acción La Rioja.

La Generalitat ha posat en marxa el projecte pilot “Ocean Watcher”, un sistema de monitoratge ambiental que combina l’ús de drons, càmeres hiperespectrals i intel·ligència artificial per a avaluar la qualitat de l’aigua i oferir dades en temps real davant d’eventuals abocaments o episodis de contaminació a la Comunitat Valenciana.

La nova ferramenta persegueix reduir el marge de resposta davant de les analítiques tradicionals. En l’actualitat, la detecció de paràmetres alterats mitjançant mostrejos de laboratori pot demorar-se al voltant de 24 hores des de la presa de l’aigua, un període durant el qual l’afecció sol evolucionar. El nou model processa la informació de les imatges espectrals captades des de l’aire i la creua amb la presa de mostres superficials sobre el terreny per a calibrar algoritmes d’anàlisi instantània.

Els treballs es desenvolupen inicialment en sis punts del litoral seleccionats per la seua possible exposició a abocaments urbans: les séquies Sangonera i Nova (Meliana), la séquia de Sant Vicent i el barranc del Carraixet (Alboraia), les goles del Pujol i del Perellonet (València) i la Gola del Rei (Sueca). En aquests enclavaments s’efectuen vols equipats amb sensors juntament amb el registre de paràmetres bàsics com la temperatura, la terbolesa, la ubicació per GPS i les condicions ambientals.

Aquesta tecnologia complementa la xarxa habitual de vigilància de les aigües de bany de la Comunitat Valenciana, que realitza prop de 5.000 anàlisis per temporada i inspecciona efluents amb abocament a la mar com sobreeixidors, goles i col·lectors de pluvials. Així mateix, l’experiència s’integra en les actuacions previstes pel 40 aniversari del Parc Natural de l’Albufera per a digitalitzar el control hidrològic del seu entorn.

El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, va destacar durant la presentació del projecte a la Gola del Pujol que aquesta actuació suposa “un nou pas en l’aposta de la Generalitat per la innovació, la tecnologia i les dades per a millorar la gestió ambiental i protegir els nostres ecosistemes aquàtics”. El titular de Medi Ambient va ressaltar “la immediatesa” del dispositiu com a element diferenciador per a donar resposta als problemes en el moment en què succeeixen. “La tecnologia ens permet avançar cap a una gestió ambiental basada en més informació i en una capacitat més gran d’anticipació”, va concloure.

La Generalitat ha puesto en marcha el proyecto piloto 'Ocean Watcher', un sistema de monitorización ambiental que combina el uso de drones, cámaras hiperespectrales e inteligencia artificial para evaluar la calidad del agua y ofrecer datos en tiempo real ante eventuales vertidos o episodios de contaminación en la Comunitat Valenciana.

La nueva herramienta persigue reducir el margen de respuesta frente a las analíticas tradicionales. En la actualidad, la detección de parámetros alterados mediante muestreos de laboratorio puede demorar alrededor de 24 horas desde la toma del agua, un periodo durante el cual la afección suele evolucionar. El nuevo modelo procesa la información de las imágenes espectrales captadas desde el aire y la cruza con la toma de muestras superficiales sobre el terreno para calibrar algoritmos de análisis instantáneo.

Los trabajos se desarrollan de manera inicial en seis puntos del litoral seleccionados por su posible exposición a vertidos urbanos: las acequias Sangonera y Nova (Meliana), la acequia de San Vicente y el barranco del Carraixet (Alboraya), las golas del Pujol y del Perellonet (València) y la Gola del Rey (Sueca). En estos enclaves se efectúan vuelos equipados con sensores junto con el registro de parámetros básicos como temperatura, turbidez, ubicación por GPS y condiciones ambientales.

Esta tecnología complementa la red habitual de vigilancia de las aguas de baño de la Comunitat Valenciana, que realiza cerca de 5.000 análisis por temporada e inspecciona efluentes con vertido al mar como aliviaderos, golas y colectores de pluviales. Asimismo, la experiencia se integra en las actuaciones previstas por el 40 aniversario del Parque Natural de l’Albufera para digitalizar el control hidrológico de su entorno.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, destacó durante la presentación del proyecto en la Gola del Pujol, que esta actuación supone “un nuevo paso en la apuesta de la Generalitat por la innovación, la tecnología y los datos para mejorar la gestión ambiental y proteger nuestros ecosistemas acuáticos”. El titular de Medio

Ambiente resaltó “la inmediatez” del dispositivo como elemento diferenciador para dar respuesta a los problemas en el momento en que suceden. “La tecnología nos permite avanzar hacia una gestión ambiental basada en más información y en una mayor capacidad de anticipación”, concluyó.

El Gobierno de Cantabria espera tener “en breve” los resultados sobre las aves muertas aparecidas en la ría de San Martín de Suances y recogidas por agentes del Medio Natural. Así lo ha señalado este viernes, a preguntas de la periodistas, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), que ha explicado que no se ha recogido ningún nuevo ejemplar tras los 39 cifrados este pasado martes. Previamente, el Ayuntamiento de Suances había asegurado que habían aparecido más de un centenar de aves sin vida.

La notable diferencia en la cifra de aves afectadas era igualmente refrendada este jueves por la Asociación Proyecto Ría San Martín, primeros en dar la voz de alarma del suceso ambiental el pasado 8 de agosto.

En cuanto a las acciones que se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo para determinar el origen de este suceso, Susinos ha indicado que se está a la espera de los cultivos mandados a analizar sobre salmonella, pasteurella y botulismo, una vez que ya se ha confirmado que ninguno de los ejemplares ha dado positivo en gripe aviar, en enfermedad de Newcastle ni en fiebre del Nilo, como ya se había dicho a principios de esta semana.

Susinos ha explicado que aparte de los análisis que se están realizando en los laboratorios en Cantabria, se han remitido muestras al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, ubicado en Ciudad Real y que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y aún no se dispone de resultados.

“Ya sabemos que los cultivos tardan un poquito, pero esperamos que sea en breve”, ha expresado la consejera, para indicar que el Gobierno comunicará los resultados en cuanto se los faciliten los laboratorios.

La crisis ambiental en la ría de San Martín, en Suances, lejos de apaciguarse con las explicaciones de la administración, ha derivado en una guerra de cifras entre los colectivos locales y el Gobierno de Cantabria (PP). A esta desconexión censal se suma la dinámica geográfica de las mareas. Con la bajada de la marea, la corriente arrastra los cadáveres de las aves enfermas y muertas hacia el mar abierto, fuera de los límites de la ría. “La marea los saca para fuera” y desde la asociación Ría San Martín explican que tienen constancia de que socorristas de la Cruz Roja han estado recuperando cuerpos en las inmediaciones de la playa, un conteo que “tampoco se está integrando con transparencia” en el registro autonómico.

La Asociación Proyecto Ría San Martín informó de más de un centenar de aves muertas y después, el Ejecutivo autonómico redujo a tan solo 39 la cifra oficial de aves muertas localizadas en el estuario desde el pasado 8 de agosto. Ahora, la Asociación Proyecto Ría San Martín ha desmentido este jueves categóricamente estos datos. Su portavoz, Abel Ojugas, tacha el recuento de “llamativo” e “insuficiente”, asegurando que las cifras oficiales omiten la realidad del ecosistema y “ocultan especies clave ya retiradas”.

Si bien la Consejería de Desarrollo Rural ha detallado el hallazgo de 24 azulones, 13 gaviotas reidoras y dos tarros blancos, la organización local insiste que dispone de pruebas documentales que demuestran una mortandad muy superior y la presencia de especies ausentes en el informe oficial.

La Asociación Proyecto Ría San Martín rebate el recuento oficial remitiendo a los censos mensuales exhaustivos registrados en eBird, una base mundial de observaciones. “De enero a junio, e históricamente todo el año, registramos poblaciones constantes de entre 90 y 100 patos en Vuelta Ostrera”. Actualmente, Abel Ojugas advierte que la población residente visible se ha reducido a apenas 15 o 25 ejemplares. “La disminución en el terreno es abismal”.

La asociación denuncia, además, que el Gobierno cántabro ha invisibilizado a varias especies en su desglose. Ojugas afirma que el informe oficial no incluye ejemplares de cercetas comunes ni de ánades frisos, a pesar de que disponen de fotografías que confirman su retirada. “No dicen nada de los frisos y cercetas que nosotros mismos fotografiamos al inicio del episodio”.

Falta de transparencia

La desconfianza se ha intensificado en los últimos días debido a la falta de colaboración de los agentes sobre el terreno. Ojugas relata un tenso episodio ocurrido el pasado 18 de agosto, cuando solicitaron a un guarda forestal realizar un parte conjunto de recogida. El agente, tras personarse en la zona a las 9:30 de la noche y recibir el aviso de la presencia de dos cercetas (una muerta y una moribunda), cuatro azulones muertos y tres gaviotas reidoras afectadas, se negó a facilitar una copia de su informe o a permitir que fotografiaran su registro. “Nos dijo que no podía dárnoslo y que debíamos pedirlo formalmente a la administración”.

Esa misma noche, al alertar al 112 sobre más aves moribundas a las 10 de la noche, las autoridades les indicaron que dejasen los cuerpos en el medio natural, que ya los recogerían al día siguiente. Los voluntarios tuvieron que resguardar los cadáveres en un tejado para protegerlos hasta la mañana. “Tuvimos que tirarlos encima de un tejado para evitar que se los comieran especies depredaroras”.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha confirmado que no hay ningún caso de gripe aviar, ni de New Castle en los ejemplares muertos analizados hasta la fecha, y recuperados de la Ría de San Martín, en Suances. Además mantiene el seguimiento y análisis encaminados a determinar la causa de las muertes de las aves recogidas.

La consejería ha contabilizado, desde el pasado 8 de agosto, hasta hoy, 39 ejemplares fallecidos, principalmente anátidas, entre ellas patos, cisnes y tarros blancos, además de gaviotas. En concreto por especie, 24 azulón, 13 gaviotas reidoras y 2 tarro blanco.

Desde que se tuvo conocimiento de la aparición de estas aves, la Dirección General de Montes y Biodiversidad, ha activado los protocolos de seguimiento y retirada de ejemplares para minimizar riesgos sobre la fauna silvestre y preservar el equilibrio ecológico del entorno.

Las muestras recogidas, tal y como marca el protocolo sistemático, analizan 5 enfermedades: Gripe Aviar, New Castle, Fiebre del Nilo, Botulismo, Pasterella y Salmonella.

Descartadas las dos primeras enfermedades en los ejemplares analizados hasta el día de hoy, continúan siendo objeto de análisis para determinar el origen exacto de la causa de la muerte y, por lo tanto, serán los resultados de los estudios del laboratorio los que permitan establecer con certeza la causa de estos fallecimientos.

Desde el Gobierno de Cantabria se está colaborando estrechamente con todas las entidades implicadas para recopilar la información necesaria y adoptar, en su caso, las medidas oportunas.

Como medida preventiva, se ha procedido al vallado de la zona afectada con el fin de evitar que otros animales entren en contacto con los ejemplares muertos y reducir el riesgo de propagación de cualquier posible afección a otras especies. Asimismo, se recomienda a vecinos y visitantes que respeten la delimitación establecida y que no manipulen aves enfermas o muertas.

La Dirección General de Montes y Biodiversidad continuará monitorizando la situación durante las próximas semanas y reforzando las labores de vigilancia en este enclave de alto valor ambiental. Una vez se disponga de los resultados definitivos de los análisis, se informará de las conclusiones y de las actuaciones que, en su caso, proceda adoptar.