La petición de un Plan Renove ya no es solo una reivindicación de las organizaciones del sector automovilístico. Los españoles también reclaman ayudas para acelerar la renovación del parque automovilístico, sin limitar los incentivos a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables como hace el Plan Auto+. Más del 65% de los particulares considera que las subvenciones facilitarían la sustitución de los coches más antiguos por otros nuevos, independientemente de la tecnología que utilicen, mientras que cerca de tres de cada cuatro ciudadanos cree que incentivar la adquisición de vehículos nuevos contribuiría a acelerar la transición energética.

Así lo refleja el estudio sobre el impacto de la renovación del parque móvil en las emisiones, la seguridad vial y la economía, elaborado por SigmaDos e impulsado por Fundación Repsol, en colaboración con las patronales de fabricantes de componentes (Sernauto) y concesionarios (Faconauto), la Universidad Politécnica de Madrid y con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT). El informe se basa en encuestas a más de 1.500 ciudadanos y 300 profesionales del sector.

El sondeo evidencia el respaldo social a un modelo de transición que no dependa exclusivamente de la electrificación. El 65% de los particulares defiende que se contemplen todas las tecnologías disponibles para acelerar la renovación del parque y reducir las emisiones, mientras que el 44% considera que este proceso no debería centrarse únicamente en los vehículos eléctricos de batería. Además, más del 57% estaría dispuesto a cambiar de coche si existieran ayudas basadas en criterios de neutralidad tecnológica.

La antigüedad del parque constituye uno de los principales argumentos para reclamar un plan de incentivos. España cuenta con 31,7 millones de vehículos, de los que más de seis de cada diez tienen más de diez años. En concreto, 9,2 millones superan las dos décadas de antigüedad, lo que representa el 29,3% del total. Según el estudio, estos vehículos pueden emitir hasta diez veces más contaminantes que los modelos más avanzados disponibles actualmente.

El 60% de los ciudadanos considera, además, que un coche nuevo de gasolina o diésel emite menos que uno antiguo. La encuesta refleja así una preferencia por retirar de la circulación los vehículos más envejecidos y sustituirlos por modelos más eficientes, sin condicionar la renovación a una única tecnología.

Repsol pide revisar la prohibición de combustión en 2035

La presentación del estudio ha servido también para que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, reclamara a las autoridades europeas que revisen la prohibición de vender nuevos vehículos con motores de combustión a partir de 2035. El directivo ha calificado de «gravísimo error» la decisión comunitaria y ha defendido que se sustituya por medidas «mucho más adaptadas» a la realidad industrial y tecnológica del sector.

Brufau ha abogado por una legislación «pragmática y tecnológicamente neutra» que preserve las capacidades industriales europeas y permita a los consumidores elegir el vehículo que mejor responda a sus necesidades. En este sentido, ha reclamado un plan de renovación del parque con un sistema de ayudas «sencillo, accesible y previsible», especialmente para los hogares con menor capacidad económica.

El presidente de Repsol ha advertido de que la orientación regulatoria europea ha contribuido, a su juicio, a la deslocalización de la producción, la pérdida de empleo, el envejecimiento del parque y el freno de las inversiones. Por ello, ha defendido que todas las tecnologías disponibles contribuyan a reducir las emisiones y a impulsar la renovación del automóvil.

En la misma línea, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha pedido a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales del 29 de noviembre que concreten en sus programas qué modelo de transición quieren para el automóvil. La patronal reclama «políticas pragmáticas de Estado» que tengan en cuenta tanto las necesidades de los ciudadanos como las de la industria.

Los combustibles renovables, como complemento al coche eléctrico

El estudio también destaca el respaldo a los combustibles renovables como una vía para reducir las emisiones de los vehículos que ya circulan por las carreteras. El 71% de los particulares y el 73% de los profesionales considera que pueden contribuir a este objetivo, mientras que siete de cada diez encuestados entienden que son una solución complementaria a la electrificación.

Su utilidad se percibe especialmente en los desplazamientos de larga distancia y en aquellos usos en los que la electrificación presenta mayores dificultades a corto plazo. No obstante, el informe subraya la importancia de garantizar el origen renovable de estos combustibles mediante sistemas de certificación y trazabilidad, una exigencia que comparte el 80% de los particulares y el 77% de los profesionales.

La renovación del parque también tiene implicaciones para la seguridad vial. El 62% de los ciudadanos y el 70% de los profesionales cree que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) contribuyen a reducir la gravedad de los accidentes y el riesgo de fallecimiento. Más de siete de cada diez particulares identifica la frenada automática de emergencia y los detectores de fatiga como tecnologías que mejoran la seguridad en carretera.

El informe advierte, además, de deficiencias en el mantenimiento: el 30% de los particulares reconoce circular sin la ITV en vigor y el 29% admite no realizar todas las revisiones recomendadas por el fabricante.

Por último, el estudio vincula la modernización del parque con la competitividad económica de un sector con mucho peso. La automoción representa alrededor del 9% del PIB español, cuenta con 17 plantas de fabricación y más de 1.000 empresas de componentes, además de una red de 5.600 concesionarios y más de dos millones de empleos. Para aprovechar este potencial, sus autores plantean complementar las ayudas a la compra con deducciones fiscales ligadas al achatarramiento de vehículos antiguos, incentivos para autónomos y empresas y fórmulas de amortización acelerada para las pymes.

Era de esperar tras casi cuatro meses de temperaturas por encima de lo habitual. Esta circunstancia, unida a los niveles de contaminación habituales en determinadas zonas de Castilla-La Mancha, han hecho que los datos hayan empeorado. En esta comunidad autónoma, el ozono troposférico, el gas contaminante que se encuentra en la capa más baja de la atmósfera (la troposfera), está disparado. No en vano, es conocido como el ozono ‘malo’. Y lo respiramos de manera continua.

Lo ha vuelto a hacer público Ecologistas en Acción en su informe anual, donde alerta de su impacto en toda España sobre la salud pública y el medio ambiente durante la primavera y el verano de 2026.

El documento señala que prácticamente toda la población española respiró aire contaminado que superó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsado por temperaturas extremas y prolongadas olas de calor asociadas al cambio climático.

Asimismo, el estudio denuncia la “inacción” de las administraciones autonómicas y estatales para cumplir con los límites legales, la falta de funcionamiento regular de las herramientas de información oficial y la ausencia generalizada de Planes de Mejora de la Calidad del Aire. Por ello exige una reducción estructural del tráfico y de las emisiones industriales para frenar este “grave problema de salud pública que causa miles de muertes anuales en el país”.

Más de 600.000 habitantes por encima de los valores legales

¿Cuál es la situación en Castilla-La Mancha? Durante este año, la contaminación por ozono malo afectó a la totalidad del territorio, registrando en casi todas sus estaciones superaciones de los mencionados umbrales de la OMS.

Así, toda la ciudadanía castellanomanchega, más de dos millones de personas, respiró un aire perjudicial. Y casi la mitad, un 47% de la población, se vio expuesta a niveles superiores al nuevo objetivo legal aprobado por la Unión Europea para 2030: un millón de personas de Guadalajara, el oeste de Castilla-La Mancha, norte de Toledo y Puertollano, en Ciudad Real. De hecho, unos 621.000 habitantes (el 29% regional, ubicados en la zona norte de la provincia Toledo) sufrieron concentraciones por encima del valor objetivo legal actualmente vigente.

El informe detalla que un total de 11 estaciones superaron la media permitida de 25 días al año de mala calidad de aire en el trienio de 2024 a 2026. En el norte de Toledo, Ecologistas en Acción sitúa a Añover de Tajo, Illescas, Villaluenga de la Sagra y Toledo ciudad. En la comarca de Puertollano, ubica a esta última ciudad junto con Argamasilla de Calatrava y Mestanza. Y en el oeste de Castilla-La Mancha, a San Pablo de los Montes.

En total, se han contabilizado 43 superaciones del umbral de información a la población. Además, en la comarca de Puertollano se sobrepasó en cinco ocasiones el umbral de alerta, marcando en dos de sus estaciones el récord estatal de concentración horaria de ozono en 2026, con 275 µg/m³ (microgramo por metro cúbico).

Según el informe, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) atribuye a Castilla-La Mancha hasta 490 muertes anuales a la exposición al ozono. Esto supone una tasa de 23 muertes por 100.000 habitantes, mientras que en el verano de 2026 el sistema MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria) identificó 187 muertes por calor, agravadas por la presencia de ozono.

Resulta también muy llamativa la comparativa de Castilla-La Mancha con la Comunidad de Madrid, por ser limítrofe en las áreas críticas de contaminación de Guadalajara y Toledo. De hecho, el informe destaca una “estrecha interconexión” geográfica por el transporte de contaminantes.

Concretamente, detalla que el intenso tráfico e industria de Madrid generan un “penacho de contaminación” que los vientos desplazan hacia el suroeste, canalizándose por el valle del río Tajo hacia el norte de Toledo, Talavera de la Reina e incluso San Pablo de los Montes. De igual forma, las emisiones del aeropuerto de Madrid-Barajas se extienden por el Corredor del Henares hasta Guadalajara.

Pero, pese a ese efecto ‘contagio’, la situación en ambas regiones es muy diferente. Mientras que la Comunidad de Madrid experimentó un empeoramiento severo de ozono malo con un incremento del 43% en las superaciones del valor objetivo respecto al periodo 2012-2019, en el caso de Castilla-La Mancha ha habido un descenso global del 13% en esa misma variable, aunque con picos de “alta gravedad” localizada.

¿Qué sucede en Puertollano?

En cuanto a Puertollano, el informe detalla el origen industrial del ozono malo: la masa de aire contaminado se origina por las emisiones combinadas de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles procedentes de su complejo industrial (refinería de petróleo, planta petroquímica, fábrica de fertilizantes y centrales termoeléctricas).

Según indica, los episodios agudos obedecen a un patrón característico en el que las emisiones nocturnas atrapadas en capas estables de la atmósfera se mezclan bruscamente al salir el sol, provocando que coincidan picos elevados de ozono con dióxido de azufre.

En su informe, Ecologistas en Acción incide en que el ozono troposférico es un potente agente oxidante que, debido a su elevada reactividad química, resulta “fuertemente nocivo” para la salud humana. Sus efectos se manifiestan tanto en exposiciones agudas de corta duración como en la exposición continuada a lo largo del tiempo.

Entre los efectos a corto plazo, destaca las irritaciones respiratorias y oculares, la pérdida de capacidad pulmonar y la agravación de las crisis de asma y alergias respiratorias; y a largo plazo, afecta de manera permanente al desarrollo pulmonar durante las etapas de crecimiento infantil, induce nacimientos prematuros y provoca alteraciones cognitivas similares al Alzhéimer, al tiempo que agrava dolencias como la diabetes, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el riesgo de infarto cardiovascular. 

Con las cifras de este nuevo informe, Ecologistas en Acción apunta directamente al Gobierno castellanomanchego, por no aprobar los planes formales de mejora de la calidad del aire preceptivos por ley, ni un “plan de acción a corto plazo” para controlar los picos de Puertollano y su comarca.

Transformar los parques infantiles de espacios de tierra y grava en espacios de caucho ha expuesto a los niños y niñas a multitud de compuestos químicos dañinos que, poco a poco, se van colando en sus organismos. Al analizar estos parques “se ha obtenido la evidencia de presencia de tóxicos”, según explica la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, Ethel Eljarrat.

La investigadora —que habla para apoyar la campaña de retirada de este material de Ecologistas en Acción— detalla que, en los parques, se utiliza caucho sintético y reciclado de neumáticos a los que se les añaden otros aditivos. La mayoría de este caucho proviene, pues, de derivados del petróleo.

Todos estos compuestos “que ya sabemos que causan daños a la salud” como metales pesados o los compuestos orgánicos volátiles, no van a desaparecer. Al no estar fuertemente unidos “se van liberando paulatinamente”, subraya la científica del CSIC. Eso hace que los pequeños puedan ingerirlos mientras juegan, inhalarlos o incluso que se expongan mediante el contacto con la piel.

Los compuestos se liberan y, cada día, pequeñas cantidades se acumulan y pueden desencadenar efectos a medio y largo plazo

Ethel Eljarrat — Directora del IDAEA-CSIC

La organización ecologista ha hecho una cata en Cantabria donde “el 95% de los parques son de caucho”. Y sospechan que es la realidad del resto del país.

“La toxicidad no es aguda, no se ven efectos inmediatos, sino que, cada día, pequeñas cantidades se acumulan y pueden desencadenar efectos a medio y largo plazo” abunda Ethel Eljarrat. La contaminación que se adquiere en estos espacios se añade a la que llega al respirar aire con polución o con los alimentos. “Debería haberse estudiado esto antes de aplicar masivamente el caucho”.

Cuando un niño o una niña se pone a jugar en uno de estos parques, a su altura, pueden detectarse los olores de los derivados del petróleo o de los compuestos orgánicos volátiles. Además, a esa edad, se respira más veces por minuto e, incluso, “hay comportamientos propios de la infancia que no se ven en los adultos, como llevarse cosas a la boca”, ilustra el responsable del comité de salud medioambiental de la Sociedad Española de Pediatría, José Antonio Ortega.

“Que los niños toquen la arena y la hierba”

Según este médico, los parques de caucho han proliferado gracias a “varios mitos”. En primer lugar, “el mito de la higiene que se confunde con la ropa limpia”. Ortega afirma que “los pediatras queremos que los niños toquen la arena y la hierba”.

En un parque de grava, arena o mantillo se observan más rozaduras o raspones, pero, en los de caucho se ha comprobado que hay más caídas, torceduras, fracturas o pérdidas de dientes

José Antonio Ortega — Coordinador de la comisión de salud medioambiental de la Sociedad Española de Pediatría

Y en segundo lugar el mito de que son espacios más seguros para jugar: “En un parque de grava, arena o mantillo se observan más rozaduras o raspones, pero, en los de caucho se ha comprobado que hay más caídas, torceduras, fracturas o pérdidas de dientes porque no hay más que observar cómo las baldosas de caucho se levantan, se deterioran y se vuelven inestables”, evalúa el pediatra.

Ortega defiende que este tipo de parque debe desaparecer “por cautela, por salud y por economía, ya que los de materiales naturales son más baratos”. Y apela a los alcaldes para que actúen como “ministros de salud pública”. No es un llamado fácil. Hace solo unos meses, el pasado abril, los técnicos del Ayuntamiento de Madrid echaron mano del estudio de Eljarrat para parar la instalación de caucho en un distrito mientras el material prolifera en la ciudad.

Sin embargo, retirar la goma no es un plan utópico. En Finlandia, por ejemplo, una iniciativa impulsada por el Instituto de Recursos Naturales y la Universidad de Helsinki ha llevado a la sustitución del caucho de decenas de espacios de juego infantil por materiales como la arena, la turba o plantas nativas. Allí han aducido estudios en los se concluye que jugar en esos entornos aumenta la diversidad microbiana y fortalece el sistema inmunitario.

Un veto en diferido

Que forrar los parques de este material no es bueno parece una evidencia ya demostrada porque la Unión Europea ha acordado eliminar el caucho. Sin embargo, es un veto en diferido porque , aprobado en 2023 en el reglamento de microplásticos, no será obligatorio hasta 2031. El portavoz de Ecologistas en Acción, José Antonio Sánchez Raba, opina que esta moratoria “permitirá a la industria petrolera seguir acumulando beneficios y, luego, puede surgir una nueva prórroga o, simplemente, que se fabriquen partículas un poco más grandes que lo prohibido para poder seguir usándolas”. La normativa habla de partículas menores a cinco milímetros.

El pediatra Juan Antonio Ortega insiste en que “lo legal no implica que sea inocuo. El tabaco es legal y nadie sostiene que es inofensivo. Estos materiales pueden ser legales, pero son perjudiciales”. Y luego ilustra que, si para eliminarlo, se exigen estudios científicos sobre el efecto directo en las personas, todo podría demorarse otros 20 años. “El sentido común hace pensar que sería prudente retirarlo”.

Mientras tanto, los expertos reiteran que el objetivo no es “que los niños y niñas dejen de acudir a parques porque son de caucho, sino que puedan jugar al aire libre sin estar expuestos. Que lo hagan con seguridad y un control riguroso”.

Aquí está la Unión Europea de las contradicciones y la resignación. Los ministros de Transición Ecológica de los 27 países de la UE se han reunido este lunes en Luxemburgo para fijar un objetivo con el que acudir a la cumbre del clima COP31, que se celebrará en Antalya (Turquía), del 9 al 20 de noviembre de 2026. Con cierto conformismo han asumido que “probablemente se superará el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados fijado en el Acuerdo de París” por lo que han “reclamado medidas climáticas urgentes y ambiciosas” mediante la estrategia de “superación del límite, máximo y descenso” como “la mejor opción” para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados a finales de siglo“.

La cuestión es que estos mismo países son los que están poniendo en peligro la agenda verde que aprobó la Comisión Europea en la anterior legislatura. De hecho, la prohibición de vender coches con motor de combustión a partir de 2035 está pendiente de un hilo, ya que hay numerosos países, encabezados por Alemania y Francia, que han pedido una revisión de la normativa.

Mientras que la Comisión Europea presentó una nueva propuesta para el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que relaja y amplía el periodo que tenían las empresas para alcanzar las emisiones netas cero. Los socialdemócratas, el grupo centrista Renew Europe y los Verdes han anunciado su oposición a la propuesta de la Comisión Europea de flexibilizar las normas de fijación de precios del carbono. Los tres grupos en el Parlamento Europeo han afirmado que quieren mantener la propuesta que obliga a la industria pesada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El PPE ha recogido la iniciativa de la Comisión y la podría aprobar junto a los grupo de ultraderecha de la Eurocámara.

Con este contexto, la UE quiere ir a la COP31 con la intención de reclamar la aplicación efectiva de las contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, los planes de acción climática previstos en el Acuerdo de París, así como la presentación urgente de las contribuciones que aún faltan. Así es como aseguran que “la COP31 debe marcar un cambio sustancial en la aplicación del Acuerdo de París”.

Además, la posición negociadora de la UE va a tratar de que se cumpla colectivamente los resultados del primer balance mundial, que incluye “la transición para abandonar los combustibles fósiles y la aceleración de la transición hacia las energías limpias, con la electrificación limpia como uno de sus componentes fundamentales”. La electrificación está en el objetivo de la UE pero es una apuesta a largo plazo que va a tardar años en llevarse a cabo.

Además, la UE ha hecho un llamamiento en defensa del principio de multilateralismo, con el reconocimiento del papel de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ante los envites del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la ONU. También han subrayado la importancia de que todos los Estados miembros de la UE participen en la COP31 y han reafirmado el principio de solidaridad.

Por otro lado, en la cumbre bienal de biodiversidad convocada por Naciones Unidas, con el nombre de COP17, la UE defenderá acelerar las medidas para cumplir la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad, que se acordó en 2022: proteger al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas para 2030.

Enorme tirón de orejas de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha a los ayuntamientos de las cinco capitales de provincia y de Talavera de la Reina por no desplegar en su totalidad zonas de bajas emisiones (ZBE). En su último informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se exige la creación de estas áreas para municipios de más de 50.000 habitantes, este órgano desvela un “retraso generalizado” y un panorama “desigual en la región”. De hecho, habla de “riego de ineficiencia en la utilización de los fondos públicos” puesto que muchos de los ayuntamientos recibieron dinero para su puesta en marcha.

Actualmente, la realidad que muestra Castilla-La Mancha es que, de las seis ciudades que están obligadas -Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo-, únicamente Cuenca y Ciudad Real las tienen en funcionamiento, mientras que Albacete y Talavera de la Reina han aprobado las suyas recientemente, aunque todavía no han entrado en vigor. Por su parte, Guadalajara y Toledo todavía carecen de su propia ZBE tras fracasar sus propuestas por diferentes motivos.

En el informe, consultado por este periódico, la Cámara de Cuentas detalla el caso de Guadalajara, donde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró el pasado mes de abril la nulidad de su ordenanza reguladora al no quedar acreditada la existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) previo y vigente que la contemplara, dejando sin cobertura jurídica la norma.

En el caso de Ciudad Real, sin embargo, el documento fiscalizador detalla que sí se aprobó definitivamente el PMUS en noviembre de 2025 y se publicó la ordenanza reguladora de la ZBE el 30 de diciembre de 2025. Actualmente, dispone de plataforma de gestión, control de accesos por cámara y red de sensores de calidad del aire. Pero no ha sido implantada en su totalidad.

Ordenanzas aprobadas, pero sin despliegue completo

Una situación similar se ha producido en Cuenca: el Ayuntamiento aprobó definitivamente su ordenanza en noviembre de 2025, fijando la entrada en vigor y funcionamiento de la zona de bajas emisiones el 1 de enero de 2026 bajo un régimen inicial informativo (sin sanciones inmediatas) que aún no se ha desplegado completamente.

En Albacete, se aprobó inicialmente la ordenanza en abril de 2025, encontrándose en fase avanzada la instalación del equipamiento tecnológico y cámaras, con previsión de finalización durante el año 2026, sin que por el momento se haya implantado.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ejecutó la instalación de medios técnicos y sistemas de control de accesos, y aprobó inicialmente la ordenanza en octubre de 2025, estando pendiente la aprobación definitiva y publicación del texto final para su efectividad.

Finalmente, Toledo aprobó el proyecto técnico en septiembre de 2025, pero el pleno municipal rechazó la aprobación inicial de la ordenanza en noviembre del mismo año. Posteriormente, los servicios municipales iniciaron la modificación del proyecto técnico para reordenar la tramitación normativa.

La Cámara de Cuentas precisa que entre los motivos aducidos por las entidades locales para explicar las demoras figuran recursos contractuales, complejidad técnica, cautela jurídica tras anulaciones judiciales de ordenanzas en otras ciudades, la no superación de límites de contaminación en mediciones locales o falta de financiación previa.

Pero este órgano que la implantación de las ZBE ha contado con una inyección de recursos procedentes principalmente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-NextGenerationEU) y de programas autonómicos como el PIMA-CC, así como convenios con el Gobierno castellanomanchego. Y al hilo de ello, destaca un “riesgo relevante de ineficiencia en la utilización de fondos públicos”, dada la desproporción entre la financiación concedida y la falta zonas operativas.

El informe detalla esto último ciudad por ciudad. Albacete recibió 11,6 millones del PRTR estatal y 2,3 millones por otras adjudicaciones. La Cámara de Cuentas destaca el alto volumen de fondos captados para transformación urbana, con “adjudicaciones realizadas” sin contar con la ordenanza aprobada a fecha de marzo de 2025.

Según el documento, Guadalajara, por su parte, recibió 5,6 millones de euros del mismo fondo y también de convenios con el Gobierno autonómico, y otros 6,9 millones de otros convenios. La Cámara destaca el “elevado grado de ejecución de obras”, desarrollo tecnológico y aparcamientos disuasorios. No obstante, recuerda la mencionada resolución judicial y la “alta dependencia de fondos externos”.

En Toledo, son algo más de 3 millones de euros los que el informe recaba derivados del PRTR y otros 3,4 millones de otros convenios. Al respecto, apunta de una “elevada desalineación” ya que, del primer importe, a fecha de marzo de 2025, solo se habían gastado 50.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha indicado que el establecimiento de la ZBE se ha articulado mediante contratos, convenios y actuaciones internas. El importe de las contrataciones asciende a un total de 3,5 millones de euros.

Talavera de la Reina ha realizado, por su parte, adjudicaciones ejecutadas en itinerarios peatonales y ciclocalles, pero “sin contar con proyecto técnico ni ordenanza aprobada”. En total, el informe detalla 2,4 millones asignados del PRTR estatal y 2,3 millones de otros convenios.

En cuanto a la ciudad de Cuenca, el informe detalla que tan solo hay 321.000 euros de fondos públicos asignados para la ZBE. Al respecto, concluye que debido a la falta total de ejecución y justificación del proyecto subvencionado por el programa PIMA-CC, se exigió la devolución del anticipo de 50.000 euros percibido más 6.615 euros en intereses de demora, perdiendo el resto de la ayuda.

Recomendaciones: los ayuntamientos deben priorizar las ZBE

Debido a este panorama, el informe de fiscalización incluye recomendaciones formales dirigidas a estos ayuntamientos. Con carácter general, destaca principalmente la petición de impulsar “con carácter prioritario” la aprobación y puesta en funcionamiento de las ZBE, acelerando la tramitación de los proyectos técnicos y ordenanzas para disponer de zonas plenamente operativas, incluyendo el régimen sancionador. Todo ello, recuerda, exige también garantizar su integración previa en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y desplegar “sistemas eficaces de control y seguimiento”.

Concretamente, al Ayuntamiento de Guadalajara le insta a tramitar su zona de bajas emisiones garantizando su integración previa en un PMUS vigente, elaborando el preceptivo proyecto técnico, sometiéndolo a información pública y asegurando un adecuado “control jurídico” del expediente.

Hay otra recomendación dirigida a todas las entidades locales, pero en especial al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Propone reforzar los sistemas de seguimiento y evaluación mediante la disponibilidad de información “periódica, fiable y suficiente” sobre la calidad del aire para medir los resultados alcanzados.

Al Ayuntamiento de Cuenca le propone revisar y completar el proyecto técnico de la ZBE para subsanar deficiencias en su diagnóstico, planificación y diseño, garantizando su coherencia con el planeamiento municipal. Asimismo, le requiere incorporar un plan de comunicación y participación ciudadana, un sistema de seguimiento desarrollado y someter el proyecto al trámite preceptivo de información pública antes de su aprobación definitiva.

Y a todos ellos, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha recomienda vincular la actividad contractual y las adjudicaciones públicas al desarrollo efectivo de la política de zonas de bajas emisiones, asegurando el cumplimiento estricto de los plazos fijados por los mencionados programas de subvenciones para evitar riesgos de devolución de fondos o cobro de intereses de demora por falta de ejecución.

En sus alegaciones, casi todos los ayuntamientos fiscalizados comunicaron a este órgano la adopción de determinadas actuaciones orientadas a la mejora ambiental y de la movilidad urbana, pero la Cámara lo deja claro: esas medidas “no sustituyen” la obligación legal de implantar una ZBE en los términos exigidos por la normativa.

Las bacterias y los hongos tienen ahora bastante trabajo en el antiguo fondo del mar de Aral, entre Kazajistán y Uzbekistán. Al desaparecer el agua, estos microorganismos han encontrado materia orgánica enterrada que pueden descomponer con ayuda del oxígeno. El resultado es una liberación de dióxido de carbono que continúa mucho después de que retroceda la orilla. Menuda herencia para un lago que, cuando estaba lleno, mantenía ese carbono almacenado bajo sus aguas.

El deterioro del Aral agravó el calentamiento global

Una investigación publicada en la revista Science y recogida por Grist ha calculado que el mar de Aral emitió unos 748 millones de toneladas de CO₂ entre 1960 y 2022, aproximadamente el triple de las emisiones anuales de España. El trabajo, encabezado por Rafael Marcé, investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, incorpora así una dimensión climática a una catástrofe conocida principalmente por sus consecuencias ecológicas y humanas. Por lo tanto, la desaparición de una masa de agua también puede transformar el carbono acumulado en su fondo en una fuente de gases de efecto invernadero.

Las emisiones tampoco se distribuyen de manera uniforme a lo largo del tiempo, según los cálculos del equipo científico. Aproximadamente la mitad del CO₂ correspondiente a cada superficie descubierta se libera en sus primeros 15 años de exposición. Después, la velocidad disminuye, aunque el proceso continúa. El viento añade otra vía de pérdida, al levantar partículas del antiguo fondo lacustre y transportar sedimentos ricos en carbono. Este mecanismo representa casi una quinta parte del total estimado.

Para reconstruir esa evolución, Marcé y sus colaboradores viajaron a Asia Central en 2022 y recogieron muestras en terrenos que habían quedado secos en momentos diferentes. Algunas zonas llevaban décadas fuera del agua, mientras otras habían emergido mucho más recientemente. Esa sucesión de superficies permitió comparar distintas fases de degradación.

Sin embargo, el equipo solo pudo extraer sedimentos hasta 50 centímetros de profundidad. Las capas inferiores siguen siendo una incógnita, por lo que los investigadores admiten que sus estimaciones podrían quedarse cortas. Pretenden regresar con equipos de perforación de mayor capacidad.

La agricultura soviética provocó la desaparición del antiguo lago

El origen de esta transformación se remonta a las políticas agrícolas de la Unión Soviética, que desde la década de 1960 intensificó el aprovechamiento del agua para cultivar algodón. Los caudales del Amu Daria y del Sir Daria, los dos grandes ríos que alimentaban el Aral, fueron desviados hacia sistemas de irrigación. El lago, que había sido la cuarta mayor masa de agua continental del planeta, perdió más del 90% de su superficie. En su lugar quedaron extensiones salinas que forman el desierto de Aralkum.

El problema puede extenderse a otras regiones donde están disminuyendo las reservas de agua continentales. Entre los casos examinados figuran el lago Chad, el Poopó boliviano y el mar Caspio, cuya superficie podría reducirse considerablemente antes de terminar el siglo. También preocupa el Gran Lago Salado de Utah.

Un estudio encabezado por Soren Brothers, limnólogo de la Universidad de Toronto, estima que este último libera más de cuatro millones de toneladas de CO₂ al año. Sarian Kosten, ecóloga acuática de la Universidad Radboud, considera sólidas las conclusiones sobre el Aral, aunque advierte de la gravedad de su deterioro.

La investigación calcula además que los sedimentos del Aral todavía podrían liberar otros 605 millones de toneladas de CO₂. Evitar esas emisiones tendría, según el estudio, un valor potencial cercano a 18.000 millones de dólares en créditos de carbono. Esa posibilidad abre una vía para financiar intervenciones que protejan las reservas restantes.

La recuperación del agua exige transformar los sistemas agrícolas

Recuperar parte del agua exigiría modernizar las infraestructuras de riego y reducir las pérdidas en los canales agrícolas. También sería necesario alcanzar acuerdos entre los territorios que comparten los recursos fluviales, porque el agua ahorrada podría destinarse a otros usos.

Marcé reconoce las dificultades políticas y técnicas de esa recuperación, pero plantea que la financiación climática podría ofrecer nuevos incentivos. Proteger los sedimentos que aún conservan carbono permitiría actuar antes de que otra parte de esas reservas termine en la atmósfera.

El comercio global es extraordinariamente eficiente para trasladar bienes. Transporta cobre, automóviles, cámaras y petróleo a través de océanos y fronteras a una asombrosa velocidad. Lleva el producto del trabajo y de los ecosistemas de un país hasta depósitos y supermercados en otro con tan poca fricción que los consumidores apenas perciben la distancia. Pero hay cosas que, deliberadamente, no se desplazan por la cadena de suministro. Una de ellas es el hedor.

Tomemos el caso de la harina de pescado, ese polvo rico en proteínas que se obtiene al transformar pescado en ración, especialmente para la acuicultura. El aire nauseabundo que producen las fábricas de harina de pescado permanece en las comunidades costeras más pobres, donde el pescado se descarga, se cocina, se prensa, se seca y se muele, muy lejos de los platos donde finalmente se consumen los productos del mar. Los mercados más ricos importan los beneficios de este insumo globalmente esencial, pero solo después de haberle quitado ciertas verdades incómodas. 

En agosto de 2022, al menos 50 manifestantes salieron a las calles de Kayar, una localidad pesquera en la costa atlántica de Senegal, exigiendo el cierre de una planta cercana de harina de pescado, Touba Protein Marine. Marcharon desde el muelle pesquero hasta la fábrica con pancartas que decían 'Kayar está enferma' y, en un vídeo que se difundió en Facebook, coreaban: “Es hora de respetar a nuestro Kayar”.

La fábrica, según relataron, se había construido a menos de medio kilómetro de las viviendas, lo que provocó problemas de salud y vulneró las normas locales de ordenamiento territorial. Ese mismo año, en Vietnam, cientos de residentes de la costa noreste del país rodearon otra planta y, durante varios días, utilizaron altavoces a todo volumen en señal de protesta. En India, en 2024, el olor procedente de fábricas de harina de pescado desencadenó manifestaciones que se prolongaron durante más de 100 días, culminando en un boicot a las elecciones locales y en la celebración de reuniones paralelas por parte de los habitantes para aprobar resoluciones contra estas plantas. La harina de pescado producida en al menos una de estas fábricas indias se ha utilizado para alimentar camarones comercializados en España.

Estas protestas no fueron provocadas por un desastre industrial del tipo que suele acaparar la atención internacional. Lo que llevó a la gente a salir a la calle fue el hedor de la harina de pescado. Una investigación global sobre los costes ocultos de este producto ha revelado que el olor rancio de esta industria es uno de sus impactos menos documentados, más íntimos en la experiencia cotidiana y más ampliamente padecidos en este mercado en expansión. La mitad del pescado y de los mariscos que se consume en el mundo proviene de la acuicultura, en gran medida sustentada por harina y aceite de pescado. Más de 9,5 millones de personas en todo el mundo, entre ellas, cerca de 1,7 millones menores de 15 años, viven a menos de un kilómetro de plantas de elaboración de harina de pescado.

La investigación involucra a más de dos decenas de periodistas en igual número de países. Los vecinos de estas plantas han contado que sufren náuseas, dolores de cabeza, irritación ocular, mareos, ataques de tos y pérdida de apetito. Relatan cómo deben recoger la ropa antes de tiempo, mantener puertas y ventanas cerradas pese al calor costero, sufrir alteraciones del sueño durante la noche y convivir con una constante sensación de inquietud al no poder anticipar la próxima ráfaga de viento. “No invitamos a familiares ni amigos porque nos avergüenza vivir en un lugar que huele a podrido”, explica un hombre en Songkla, Tailandia. La investigación documenta más de 70 casos de vecinos que denuncian malos olores procedentes de al menos 60 plantas en 15 países. En Mar del Plata, Argentina, el olor de las plantas de harina de pescado es tan intenso que algunos turistas que se alojaban en un hotel cercano tuvieron que salir al patio para vomitar. 

Más de tres cuartas partes de los camarones que se consumen en España proceden de Ecuador, donde el olor de las plantas de harina de pescado ha llegado a abrumar a las comunidades cercanas y a paralizar el sector turístico. En la ciudad meridional de Huaquillas, fronteriza con Perú, los residentes declararon a un diario en 2021 que el olor del procesamiento de harina de pescado era “insoportable” e “imposible de aguantar”. En Salango, una parroquia rural de la costa ecuatoriana situada a más de 430 kilómetros al norte de Huaquillas, unos investigadores que en 2022 intentaban atraer visitantes a sus playas reconocieron que sería una tarea difícil, pues el olor de una planta industrial de harina de pescado “genera olores desagradables que ahuyentan a los turistas y los llevan a elegir otros destinos”.

El hedor de estas plantas no era solo una molestia. Este olor corroía la economía local al perjudicar el turismo y ahuyentar a clientes de restaurantes y visitantes de las playas. También era un indicador de la liberación de sustancias nocivas como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cianuro y metano, que se sabe pueden provocar graves problemas de salud, incluido el edema pulmonar. La parte más intensa del olor proviene de la trimetilamina (TMA), un gas incoloro caracterizado por su olor “a pescado”. En 2021, la Sociedad de la Industria Química identificó la TMA como “altamente tóxica y carcinogénica”.

La sensibilidad humana a los olores desagradables es un mecanismo de defensa producto de la evolución. Como parte de un instinto básico de supervivencia desarrollado a lo largo de millones de años, las personas sienten repulsión ante olores como los de las heces, los alimentos en descomposición, la carne podrida o los productos químicos irritantes. Según un estudio publicado en la revista Brain Sciences en 2016, esta reacción visceral también genera intensas sensaciones de asco y ansiedad que pueden derivar en consecuencias negativas para la salud cuando la exposición se prolonga más allá de unos pocos minutos. En muchos países, los residuos químicos están estrictamente regulados, especialmente si causan enfermedades o dañan el medio ambiente. Sin embargo, la emisión de malos olores suele considerarse más una molestia que un verdadero riesgo ambiental o sanitario.

El mal olor también es difícil de medir o regular en términos del nivel de molestia que genera. “La tecnología para detectar y caracterizar olores complejos no ha alcanzado el nivel de un método de vigilancia fiable, lo que ha dificultado el desarrollo de marcos regulatorios”, señalaba un artículo de 2021 en una revista especializada en gestión de residuos, escrito por un grupo de ingenieros ambientales de la Universidad Florida Atlantic. Aunque existen numerosos estudios sobre el impacto en la salud y el medio ambiente de sustancias específicas emitidas por plantas de tratamiento de aguas residuales, explotaciones ganaderas, instalaciones de compostaje, vertederos, fábricas de papel o industrias petroquímicas, pocas investigaciones se centran en el “impacto de la contaminación odorífera”, según un estudio de 2021 publicado en la revista Environmental Health.

Las industrias con fuertes olores, como las refinerías químicas, las plantas de fertilizantes, las incineradoras y los vertederos, suelen estar limitadas por normas de ordenanza territorial que buscan evitar su proximidad a zonas residenciales. En España, por ejemplo, la normativa prohíbe a los productores de cerdos instalar granjas a menos de un kilómetro de un núcleo urbano. Esto se debe a que las macrogranjas de cerdos generan grandes volúmenes de estiércol en poco tiempo, lo que libera amoníaco y nitratos que pueden contaminar el agua potable y deteriorar la calidad del aire con emisiones nocivas. Por este motivo, la mayoría de las explotaciones porcinas en España se ubican en zonas rurales, lejos de donde vive la mayor parte de la población.

Este tipo de regulaciones tiende a aplicarse con mayor rigor en los países más ricos, mientras que la gran mayoría de las plantas de harina de pescado se concentra en países de menores ingresos. En Senegal, donde existen al menos nueve plantas de este tipo, la investigación constata que la normativa prohíbe construirlas a menos de 500 metros de zonas residenciales. Sin embargo, el análisis de imágenes satelitales de estas instalaciones en relación con las viviendas muestra que esta regla se incumple de forma sistemática. Desde 2021, Senegal ha exportado a España más de 26 millones de dólares en harina de pescado, según datos comerciales. Parte de este producto se ha utilizado en granjas de cerdos: cada año, los ganaderos destetan a los lechones para dar paso a la siguiente camada, suministrándoles ración enriquecida con harina de pescado. En 2022, España importó al menos 15.000 toneladas anuales de este insumo con ese fin.

Los métodos para medir TMA en el aire existen al menos desde la década de 1970. Sin embargo, en las últimas décadas, el enfoque más habitual ha consistido en recoger muestras de aire mediante los llamados tubos de extracción en fase sólida y analizarlas en el laboratorio utilizando técnicas como la cromatografía líquida y la espectrometría de masas. Estas técnicas son precisas, pero costosas, y en ocasiones pueden alcanzar decenas de miles de dólares.

En 2009, un científico peruano llamado Josué Padilla Lauriano se propuso encontrar una alternativa más económica para medir los niveles de TMA. Centró su investigación en Chimbote, una ciudad de la costa occidental del Perú que no solo era el mayor productor mundial de harina de pescado, sino que también figuraba entre los lugares más contaminados del planeta. Mediante el uso de burbujeadores de aire sencillos y un espectrofotómetro —instrumentos habituales en casi cualquier laboratorio de química— y adaptando una técnica originalmente desarrollada para detectar TMA en peces muertos, no en el aire, Lauriano y su equipo recopilaron muestras durante 20 meses. El dispositivo que desarrolló tenía un costo de apenas unos cientos de dólares. Según la normativa local, las plantas no debían superar las 12 partes por millón (ppm), pero Lauriano registró emisiones nocturnas con promedios superiores a 17 ppm —cuando las plantas concentran la mayor actividad de cocción— y un valor máximo que superó las 32 ppm.

Incluso cuando las pruebas eran viables, muchos países no contaban con normas de emisión que incluyeran umbrales para olores desagradables, según un estudio de 2025 publicado en la revista Applied Sciences. “El mecanismo de detección del olor en los seres humanos aún no se comprende completamente”, señalaba el estudio, lo que explica en parte por qué el hedor es tan difícil de medir y regular de forma objetiva. En los países que sí establecen límites para la emisión de TMA, estos suelen basarse no en el olor o en el impacto sobre la calidad de vida, sino en los niveles a partir de los cuales esta sustancia comienza a afectar negativamente la salud humana. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias suelen emplear valores de entre 5 y 10 ppm como límites de exposición a largo plazo. Estos umbrales son considerablemente más altos que lo que el olfato humano puede detectar. La TMA puede percibirse en concentraciones tan bajas como 0,0002 ppm, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El hedor de la harina de pescado no es un problema irresoluble. Cuando los propietarios de las plantas han intentado reducirlo, por lo general lo han logrado. En 2008, en Estados Unidos; en 2021, en Sudáfrica; y en 2022, en Yemen, los dueños de fábricas instalaron distintos tipos de dispositivos —algunos conocidos como scrubbers o depuradores de gases— que, según investigaciones posteriores, redujeron drásticamente los compuestos químicos con peor olor. Estos sistemas no se utilizan con más frecuencia, en parte, porque pueden costar más de un millón de dólares. 

Más allá de los costes, existen razones más profundas por las que el hedor se mantiene lejos de los consumidores. En los países más ricos, los vecinos de estas plantas suelen tener mayor capacidad para presionar a sus gobiernos y exigir controles sobre los olores. En los países más pobres, quienes viven en las zonas industriales donde se instalan estas fábricas suelen carecer de influencia política. Sus gobiernos, además, tienen mayor necesidad de ingresos y son más reacios a imponer regulaciones que puedan ahuyentar la inversión extranjera. Como resultado, existe poco incentivo o presión para que los productores de harina de pescado, muchas veces orientados a la exportación, resuelvan un problema que no afecta directamente sus resultados económicos. 

Otra razón es que la vida moderna tiende a jerarquizar los daños según lo fácilmente que puedan fotografiarse, medirse, litigarse o representarse en gráficos. Los perjuicios lejanos, lentos y difíciles de percibir, como el hedor, son precisamente aquellos que las economías globalizadas han aprendido a hacer desaparecer con mayor eficacia para los consumidores situados en el extremo más rico de largas cadenas de suministro. O, como se preguntó en otro contexto el novelista John Berger: “¿Cuál es el valor social de un dolor aliviado?”

(La elaboración de este reportaje forma parte de una investigación más amplia realizada por un equipo internacional de periodistas de The Outlaw Ocean Project.)

La Comisión Europea ha presentado este viernes una segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas en la Unión Europea entre los que ha incluido dos españoles: el muy contestado plan para retomar la extracción de cobre promovido por Cobre San Rafael en los municipios coruñeses de Touro y O Pino, y otro para el procesado de wolframio pilotado por la minera Abenjar Tungsten.

“Europa está redoblando sus esfuerzos como nunca antes para recuperar su soberanía sobre las materias primas críticas”, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha explicado que se prevé que los proyectos necesiten una inversión de cerca de 21.100 millones de euros para ponerse en marcha, según recoge Europa Press.

El pasado año, Bruselas ya designó una primera ronda de 47 proyectos estratégicos en suelo europeo y otros 13 en países terceros que están aún en fase de desarrollo y a ellos se sumará ahora este segundo listado, en el marco de una iniciativa que les garantiza simplificación de trámites para acelerar su puesta en marcha, asistencia para conectar a proveedores y compradores y apoyo para acceder a financiación.

Con todo, pese al anuncio de los proyectos seleccionados, el Ejecutivo comunitario no ha detallado de qué modo contribuirá a ellos, ya que la designación de estratégicos no garantiza un acceso automático a fondos europeos. La Ley de Materias Primas Críticas sí establece que el proceso de concesión de permisos no debe exceder los 27 meses para los proyectos de extracción y los 15 meses para otros proyectos, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación de la UE y nacional.

El objetivo en todo caso es fortalecer las cadenas de valor europeas en sectores como el de las baterías, la defensa, la industria aeroespacial e imanes permanentes y no depender más del 65% de un país tercero, en especial de China. La Unión quiere tener la capacidad suficiente para extraer a más tardar en 2030 al menos el 10% de los minerales estratégicos que consume y para transformar el 40% y reciclar el 25%.

Los nuevos “Proyectos Estratégicos” se ubican en Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España y Suecia, y fueron seleccionados entre 102 solicitudes recibidas, con base en criterios como su contribución a la seguridad del suministro, la viabilidad técnica, la sostenibilidad y los beneficios transfronterizos.

Los nuevos proyectos abarcan 15 de las 17 materias primas estratégicas contempladas en la Ley de Materias Primas Críticas, incluidos el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, que “contribuirán a diversificar el suministro en la cadena de valor de las baterías de la UE”, según indican fuentes comunitarias.

Además, las iniciativas relacionadas con el magnesio y el wolframio servirán para las cadenas de valor de la defensa y la industria aeroespacial, mientras que los proyectos que abarcan elementos de tierras raras contribuirán al sector de los imanes permanentes. La nueva lista también incluye proyectos relacionados con el titanio y el silicio metálico.

La mina de Touro

En concreto, el proyecto de Cobre San Rafael se basa en la explotación del yacimiento situado en el Monte de las Minas entre los ayuntamientos de O Pino y Touro (A Coruña). Se trata de una zona minera activa desde el siglo XIX que fue explotada como mina de cobre entre 1973 y 1986, sin que se hiciese posteriormente una reparación ambiental. La idea de volver a extraer cobre en este lugar la retomó la actual empresa promotora hace una década. El primer intento lo rechazó la Xunta con una declaración de impacto ambiental desfavorable en 2020 -con la certificación al año siguiente de que denegaba el permiso- tras una fuerte oposición social y la insistente movilización de los vecinos. En 2024, la empresa reformuló el proyecto -si bien los vecinos consideran que no hay apenas cambios- y volvió a presentárselo al Gobierno gallego, que en esta ocasión lo declaro proyecto industrial estratégico. Sigue desde entonces pendiente de una nueva declaración de impacto ambiental, que aún no se conoce más de dos años después.

El Ayuntamiento de Touro intentó maniobrar para evitar que el proyecto de la mina fuese propuesto para ser declarado estratégico por la UE. Darío Rey, el concejal de Medio Ambiente, explica a esta redacción que supieron en enero, cuando se abrió el procedimiento, se dirigió al Ministerio para la Transición Ecológica. En la misiva le pedía una reunión para exponer los impactos ambientales y los efectos en el entorno, también a nivel productivo, y pedir que España no plantease estos planes como posible proyecto estratégico. Rey lamenta que no recibió nunca una respuesta y traslada su preocupación por el respaldo a la mina que supone la decisión europea.

También reaccionó el BNG. Su portavoz nacional, Ana Pontón, insiste en que su formación seguirá oponiéndose a los planes de reabrir la mina y se mantendrá “del lado de la gente, del lado de Galicia y del respeto al medio ambiente”. A preguntas de los medios este viernes en una rueda de prensa, la líder nacionalista consideró que no es “ninguna novedad” que las instituciones comunitarias se sitúen “al servicio de los intereses de las grandes transnacionales”. Critica la apuesta por “modelo extractivo depredador” que “no tiene en cuenta las necesidades del territorio”.

El rechazo vecinal al proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para el scalextric de la M-30 entre Puente de Vallecas y Retiro, conocido como Vallecas Abierto, está a punto de llegar al Defensor del Pueblo. La formación política Independientes por Madrid, comandada por Marta Higueras (exteniende de alcaldesa con Manuela Carmena), ha elevado una queja a Ángel Gabilondo donde exige el derribo de la infraestructura.

El abogado Javier Flores, que ha litigado también contra los cantones de limpieza en zonas urbanas, el caso del Hospital de Torrejón o la compra del ático de Chamberí por parte del Ejecutivo de Ayuso, firma un escrito en representación del partido de reciente creación donde rechaza que el desmontaje se aplace a una operación urbanística sin fecha en el Abroñigal, como deslizó Almeida.

Se alinea así con las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas y Retiro o con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que han calificado el proyecto municipal de “tomadura de pelo”. Vallecas Abierto apenas aumentará el número de pasos de peatones, colocará varios jardines verticales y pintará de verded algunas columnas o superficies tras una inversión de 11,5 millones de euros. Las entidades que se oponen a su diseño defienden de hecho que en la práctica blinda el scalextric al incorporar en la zona nuevas dotaciones municipales.

Levantado en 1976, es el último paso elevado de este tipo que sigue en pie en Madrid. Lo componen ocho carriles por los que, según datos municipales, pasan unos 300.000 vehículos al día junto a las viviendas de los barrios de Numancia y San Diego, en Puente de Vallecas, y de Adelfas y Pacífico, en Retiro. Desde hace 50 años, el puente parte en dos a vecinos de ambos distritos y separa Vallecas del resto de la ciudad.

“Los vecinos de Vallecas llevan 50 años viviendo debajo de una autopista y la respuesta del Ayuntamiento es pintar el suelo, poner bancos y colgar macetas en el muro. A Vallecas no se le decora el abandono, se le paga la deuda histórica. Y esto no es solo cosa de Vallecas: los vecinos de Retiro que viven al otro lado del puente sufren el mismo ruido y la misma barrera. Aplazar el derribo a una operación que no tiene fecha, como es la del Abroñigal-Madrid Nuevo Sur es la forma educada de decir que no se va a hacer nunca”, afirma Higueras, portavoz de Independientes de Madrid (que prepara ya su candidatura para los comicios municipales de mayo).

La formación recuerda a Somos Madrid que el pleno municipal acordó hace más de un lustro poner fin a la infraestructura: “El 30 de junio de 2021, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el propio alcalde anunció que antes de junio de 2023 estaría listo el proyecto para eliminar el paso elevado de la M-30 sobre la avenida de la Albufera, que podrá ser ejecutado en el próximo mandato. Ese proyecto nunca ha visto la luz. Tres meses antes, el 30 de marzo de 2021, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los grupos, también el del alcalde, iniciar los estudios y trámites para suprimir el paso elevado”.

Independientes por Madrid da un paso más allá con su instancia al Defensor del Pueblo en una reclamación reiterada de la oposición en Cibeles y de los vecinos en las calles. En abril, la plataforma Vallekas Sostenible enumeró los efectos nocivos en la salud, el medio ambiente, la seguridad, la movilidad o la integración social que genera el scalextric. Abogan como solución por su desaparición mediante un “proyecto novedoso” que, a tenor de la respuesta social, no parece ser el que el Consistorio ha puesto sobre la mesa.

La Policía Autonómica ha localizado un vertedero ilegal en una finca de Tenerife en el que se habían acumulado aproximadamente 8.000 metros cúbicos de residuos, entre ellos neumáticos, enseres, amianto y otros materiales que podrían contener sustancias contaminantes.

La investigación ha sido realizada por el Grupo de Protección Medioambiental y Patrimonio Cultural a través de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa, que ha instruido las primeras diligencias contra el propietario de la parcela por presuntos delitos continuados contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.

El vertedero se encuentra en una parcela de unos 4.000 metros cuadrados clasificada como suelo rústico de protección agrícola, según ha informado este martes en la Consejería autonómica de Presidencia.

Los agentes comprobaron que en el terreno se habían realizado vertidos durante un periodo prolongado de tiempo y sin autorización administrativa, ya que este tipo de actividad no está permitida por su clasificación como suelo rústico de protección agrícola.

Durante las inspecciones, la Policía Autonómica encontró grandes cantidades de residuos sólidos urbanos y de construcción y demolición, además de neumáticos, enseres, cableado eléctrico, envases y botes de pintura, y también se hallaron señales de quemas de residuos realizadas directamente sobre el terreno y al aire libre.

Entre los residuos acumulados se localizaron además restos dispersos de amianto, también conocido como asbesto, que estaban soterrados entre otros materiales, y que se trata de un residuo especialmente peligroso por los riesgos que puede generar la liberación de sus fibras, por lo que su presencia agrava el impacto ambiental y sanitario detectado en la finca.

La acumulación de miles de metros cúbicos de residuos, junto con la presencia de materiales potencialmente contaminantes y las evidencias de quemas, ha provocado una alteración importante de las condiciones del terreno, añade la Consejería.

Los pedazos irregulares de coral muerto pueden convertirse en pequeños escondites donde alevines y otros organismos encuentran protección frente a corrientes fuertes y depredadores. Tampoco son cascotes inútiles cuando las olas los devuelven al mar, ya que nuevos corales pueden aprovecharlos como superficie estable para crecer. Esa segunda vida dentro del arrecife añade un problema nada menor cuando el fragmento lleva incorporado un material que procede de la actividad humana.

Los investigadores bautizaron estas formaciones como plasticorales

Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa y de la Universidad de Ryukyus han descrito en Marine Pollution Bulletin unas formaciones bautizadas como plasticorales. Son fragmentos de coral muerto cuyos poros contienen polímeros fundidos procedentes de plásticos domésticos, unidos físicamente a la estructura calcárea hasta formar una pieza híbrida.

El descubrimiento comenzó en una playa subtropical de Okinawa, donde unas pequeñas zonas de colores vivos destacaban entre los restos coralinos de tonos pálidos recogidos durante estudios de residuos costeros.

Ya en el laboratorio, los análisis mediante espectroscopia y microscopía permitieron comprobar que aquella coloración procedía de material plástico derretido y penetrado en los huecos del esqueleto coralino. La unión era inseparable y descartaba que se tratase únicamente de residuos apoyados sobre su superficie.

Una posible explicación para esa unión apunta a las hogueras realizadas en la playa, aunque todavía hace falta investigar para establecer con precisión el origen de las piezas encontradas. Según la hipótesis planteada por el equipo, el calentamiento de residuos habría derretido los polímeros y facilitado su entrada en el coral depositado en la costa. El posterior enfriamiento habría dejado ambos materiales físicamente unidos.

Este tipo de unión pertenece a una categoría más amplia denominada plastiglomerados, materiales en los que los residuos plásticos quedan incorporados a componentes naturales. En 2023, Reuters informó del hallazgo de plástico adherido a rocas en una isla volcánica remota frente a Brasil, donde se planteó que redes de pesca desechadas pudieron fundirse con materiales porosos. Otro estudio publicado ese año en Scientific Reports documentó en una isla indonesia del mar de Java costras plásticas, residuos atrapados en alquitrán y piroplásticos.

Estos materiales podrían permanecer durante periodos geológicos

La denominación plasticorales procede de la doctora Ifenna Ilechukwu, autora principal de la investigación, y del profesor James D. Reimer, autor principal del trabajo. Su propuesta distingue estas piezas por la incorporación del polímero al coral, dentro del conjunto de residuos híbridos formados por materiales sintéticos y naturales que estudia la investigación sobre contaminación marina.

Las consecuencias a largo plazo siguen pendientes de mediciones capaces de determinar cómo afectan estas formaciones al océano y cuánto tiempo permanecen integradas en estructuras naturales. Los autores plantean incluso que materiales de esta clase podrían acabar actuando como marcadores estratigráficos de un posible Plasticeno, definido por la persistencia del plástico en registros geológicos y ecosistemas arrecifales.

Los residuos integrados pueden perjudicar a organismos marinos

El regreso de estos fragmentos al agua abre otra cuestión ambiental porque los polímeros pueden liberar sustancias químicas y transportar agentes perjudiciales hacia organismos del arrecife. Investigaciones anteriores citadas por los autores han relacionado compuestos liberados por plásticos comunes con alteraciones en la propagación de los corales, mientras otros trabajos han detectado patógenos coralinos asociados a fragmentos plásticos y su avance por la cadena alimentaria marina.

Determinar el alcance de esos efectos permitirá conocer qué supone para un arrecife recibir de vuelta coral que ya lleva residuos humanos integrados en su estructura.

Otro cierre más, y van tres en agosto y septiembre. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, informó este mediodía de otra clausura al baño de la cala principal de Playa Jardín, conocida popularmente como María Jiménez o Punta Brava y la de mejor arena. El motivo, analíticas positivas por aguas fecales y en cumplimiento de la indicación de Salud Pública.

Se trata del tercer cierre de esta cala, tras el de agosto (justo después de la escena Palomares del alcalde y del primer teniente de alcalde portuenses) y el de principios de septiembre, si bien en ese caso afectó también a El Charcón, entre María Jiménez y la parte de El Castillo.   

Según el gobierno local, “la medida se adopta por respeto y obediencia a la autoridad sanitaria y con una prioridad clara: proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía”. Sin embargo, y como con cierres previos, el tripartito gobernante a derecha y supuesta izquierda alternativa (PP-ACP y CC) hace hincapié, de nuevo, en que “los resultados comunicados por Salud Pública vuelven a discrepar de los obtenidos por Biocontrol Labtec, el laboratorio independiente contratado por el Ayuntamiento, cuyos informes correspondientes a las muestras del 28 de septiembre (el pasado lunes) no presentan incumplimientos de los límites de referencia establecidos en dichos documentos”.

Por este motivo, el consistorio anuncia que ha solicitado a Salud Pública “una explicación técnica sobre la discrepancia entre ambos resultados, especialmente teniendo en cuenta que las muestras se tomaron con apenas una hora de diferencia. La institución municipal considera necesario esclarecer estas diferencias para disponer de información consistente y trasladar a la ciudadanía una explicación clara y rigurosa. Mientras tanto -añaden-, el ayuntamiento mantiene sus actuaciones de limpieza, los trabajos de sustitución preventiva del colector de Punta Brava y la vigilancia periódica mediante análisis independientes, con el objetivo de mejorar la seguridad de la red de saneamiento, proteger el litoral y garantizar el buen estado del agua”.

Colectivos ecologistas de Tenerife han acusado al Cabildo y a su presidenta, Rosa Dávila, de pretender “engañar” a la opinión pública sobre las cifras de depuración, ya que gran parte de las aguas fecales terminan en el mar, en barrancos y en pozos negros sin llegar a las depuradoras, afirman en un comunicado.

En el último pleno del Cabildo, Rosa Dávila afirmó que en Tenerife se ha pasado en tres años de depurar el 52 % de las aguas residuales al 86 %, pero, de acuerdo con los ecologistas, “esta cifra se refiere a capacidad teórica de depuración, no a capacidad real”.

“La presidenta del Cabildo presenta como agua depurada lo que solo es capacidad instalada, buena parte de las aguas residuales ni siquiera llegan a las depuradoras. El problema no tendrá solución mientras el turismo y la población sigan creciendo sin límite”, argumentan.

Añaden que “esas cifras indican cuánta agua podrían tratar las depuradoras si les llegaran las aguas fecales, pero estas terminan en el mar, barrancos y pozos negros”.

Además, recuerdan que una parte de la población de Tenerife no tiene conexión a la red de alcantarillado y que “no hay separación de las aguas pluviales y cuando se produce un aguacero mínimamente fuerte, se desbordan las depuradoras”.

Señalan, además, que la administración no tiene un inventario real de cuánto se vierte al mar, hay vertidos no censados y, de los que están censados, “apenas hay datos recientes de caudal, solo meras estimaciones”.

Recuerdan los ecologistas que solo en septiembre se prohibió el baño en El Cabezo (Güímar) por contaminación fecal y se cerraron el mismo día El Socorro, en Los Realejos, y El Médano, en Granadilla de Abona, mientras que Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, estuvo cerrada casi un año y sigue sufriendo cierres temporales por vertidos, como también ha ocurrido recientemente en playas o zonas de baño de Candelaria, El Rosario y La Laguna.

“La directiva comunitaria que obliga a la depuración de las aguas antes de su vertido al mar es de 1991, lo que significa que llevan 35 años sin cumplir la directiva europea”, señalan los ecologistas, para quienes el Cabildo sigue fomentando un modelo de desarrollo que genera cada vez más aguas residuales. 

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado este martes la situación de prealerta por un episodio de contaminación marina después de que el atunero Monte Arballu se hundiese en el puerto de Arrecife, en Lanzarote.

El buque pesquero, que se encontraba atracado en el muelle de cruceros de Naos, transportaba aproximadamente 10.000 litros de gasoil. Tras el suceso, se ha detectado una mancha de combustible de unos 30 x 15 metros.

Dos barreras anticontaminación

La Autoridad Portuaria de Las Palmas activó a las 13.05 horas el Plan Interior Marítimo (PIM), en fase de emergencia. Como parte del dispositivo desplegado tras el hundimiento del pesquero Monte Arballu, se instalaron dos barreras anticontaminación con el objetivo de contener el combustible vertido.

Posteriormente, a las 13.27 horas, Capitanía Marítima activó el Plan Marítimo Nacional (PMN) en fase de alerta.

A estos dispositivos se suma la activación del PLATECA, que permitirá reforzar el seguimiento de la emergencia, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados y garantizar la disponibilidad preventiva de medios.

Posible reflotamiento del Monte Arballu

Las actuaciones se centran también en el pesquero hundido. Debido al escaso calado de la zona, los responsables del operativo están valorando y desarrollando diferentes actuaciones encaminadas a su posible reflotamiento.

La evolución de la mancha de combustible y el estado del Monte Arballu determinarán los próximos pasos del dispositivo de emergencia.

Por el momento, Emergencias informa de que el combustible detectado permanece contenido dentro de las barreras desplegadas en el Puerto de Arrecife.

El PLATECA continuará en situación de prealerta para garantizar el seguimiento y la coordinación del episodio mientras prosiguen las actuaciones sobre el pesquero y las labores de control de la contaminación marina.

La empresa Aqualia, encargada de gestionar la Estación Depuradora de Aguas Residuales comarcal del Valle de la Oratava, en el norte de Tenerife, ha presentado una denuncia judicial al considerar que existen indicios de que el derrame de cloruro férrico sucedido en la noche del sábado al domingo pasados pudo ser intencionado.

Aqualia indica en un comunicado que este lunes presentó esta denuncia en el juzgado de guardia de Puerto de la Cruz tras comprobar que el tubo dañado y por el que se produjo el vertido no está sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justifiquen su rotura.

Además, alude a unos vídeos difundidos en redes sociales que apuntan a la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto.

En todo caso, añade la empresa, será la investigación correspondiente la que determine las causas y responsabilidades que pudieran existir.

Recuerda que el cloruro férrico es un reactivo ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas de consumo y residuales que en esta instalación se emplea para facilitar la eliminación de partículas y mejorar los procesos de depuración con vistas a la posterior reutilización del agua depurada en riego agrícola.

Aqualia reitera su total disposición para colaborar con la Justicia, el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas y el resto de organismos implicados, aportando toda la información que sea necesaria para esclarecer lo ocurrido con la máxima transparencia.

El derrame, que quedó en el interior de la depuradora, fue de unos 1.000 litros de un producto compuesto en un 75% por agua y en un 25% por cloruro férrico, aunque el vertido quedó dentro de la propia planta.

Al parecer se produjo por la rotura de aproximadamente un centímetro en una manguera que había sido reparada durante las labores de mantenimiento realizadas por la mañana, de acuerdo con la información facilitada el domingo por el Cabildo. 

Investigación del Cabildo

Por su parte, el Cabildo ha indicado que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) ha iniciado el expediente de investigación sobre el derrame para determinar su origen, la cantidad de producto liberada, las circunstancias del incidente y su posible destino.

En particular, debe confirmarse si el producto alcanzó la red de pluviales y, eventualmente, el mar. En este momento existen versiones contradictorias al respecto, por lo que el CIATF no anticipará conclusiones hasta disponer de los resultados de las inspecciones, las muestras y las investigaciones de los organismos competentes.

La institución insular considera especialmente grave cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de una instalación de Balten de estas características o tener consecuencias sobre el medio ambiente y reclama que se conozcan cuanto antes las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. Asimismo, se quiere trasladar un mensaje de máxima transparencia, rigor y firmeza. 

Levantar edificios con residuos humanos puede tener bastante futuro, pero todavía queda una lista nada pequeña de pruebas antes de llevar esta idea a una obra. Los investigadores advierten de que falta estudiar cómo responde este hormigón frente a ciclos de congelación y deshielo, salinidad y temperaturas extremas, condiciones capaces de decidir su utilidad fuera del laboratorio. ScienceAlert también recoge otra cuestión pendiente relacionada con la acumulación de metales pesados procedentes de los lodos, ya que todavía debe determinarse hasta qué punto permanecen inmovilizados con el paso del tiempo.

El biocarbón eleva la resistencia con proporciones reducidas

El equipo dirigido por Raghuvesh Tiwari, ingeniero civil de Manipal University Jaipur, ha comprobado que el biocarbón fabricado con lodos fecales tratados puede sustituir una parte del cemento y mejorar varias propiedades del hormigón. El estudio, aceptado para su publicación en Scientific Reports, registró después de 91 días aumentos de hasta el 21% en resistencia a compresión y del 42% en resistencia a flexión cuando la sustitución alcanzaba el 10%.

Para comprobar hasta dónde podía llegar este residuo transformado, los investigadores fabricaron muestras reemplazando el 5%, el 10% y el 15% del cemento convencional. Las probetas pasaron después por ensayos de resistencia a compresión y flexión, absorción de agua, porosidad y retracción durante el secado, de manera que el análisis abarcó tanto la capacidad para soportar cargas como algunos factores relacionados con su comportamiento a lo largo del tiempo.

La estructura interna ayuda a explicar por qué una cantidad limitada de biocarbón puede favorecer el endurecimiento del hormigón, ya que sus numerosos poros almacenan agua y la liberan progresivamente durante el curado. Esa reserva alimenta las reacciones químicas del cemento, mientras la sílice presente en el residuo puede reaccionar con otros compuestos y generar silicatos de calcio vinculados a la resistencia. Las partículas finas también rellenan huecos entre los componentes, y las imágenes microscópicas mostraron una estructura más densa con una proporción del 5%.

El procedimiento afronta dos problemas ambientales relacionados

El interés ambiental de este procedimiento parte de dos problemas que llevan años creciendo por caminos paralelos: la fabricación de cemento y la gestión de los residuos humanos. Calentar y procesar piedra caliza para producir cemento genera grandes cantidades de dióxido de carbono, mientras las plantas de tratamiento deben gestionar los lodos fecales procedentes de los sistemas de saneamiento. Sustituir una fracción del primero mediante un producto obtenido de los segundos reduciría la cantidad de cemento necesaria, aunque el estudio no calculó el efecto total del procedimiento sobre las emisiones de carbono.

Los resultados variaron bastante según la proporción utilizada, y el 5% ofreció un comportamiento especialmente favorable en varias de las propiedades examinadas. Tras 91 días, estas muestras registraron un aumento medio del 20% en resistencia a compresión y del 36% en flexión, además de presentar menor absorción de agua, menor porosidad y menor retracción que el hormigón convencional. Con un 15%, por el contrario, aparecieron más poros, grietas y zonas deficientemente unidas, mientras su resistencia general quedó por debajo de las formulaciones con proporciones menores.

La materia prima utilizada en los ensayos procedía de una planta de tratamiento de Warangal, en India, donde los lodos fecales pueden convertirse en un material rico en carbono mediante pirólisis. El proceso seca primero los residuos y después los calienta con poco oxígeno entre 350 y 450 grados centígrados, antes de moler y tamizar el producto resultante hasta obtener un polvo fino. Ese tratamiento convierte un residuo sanitario en un posible ingrediente de construcción, aunque su paso del laboratorio a edificios reales dependerá de las pruebas ambientales y de seguridad que todavía quedan pendientes.

La contaminación también se puede observar desde el espacio y la NASA lleva años mejorando sus instrumentos de medición. A más de 35.000 kilómetros sobre el ecuador de nuestro planeta, uno de sus satélites se encarga de analizar la atmósfera sobre Norteamérica y seguir la evolución de determinados contaminantes a lo largo de todo un día. 

Conocido como TEMPO (Monitoreo de las Emisiones Troposféricas de Contaminación, por sus siglas en inglés), este instrumento comenzó sus observaciones hace ya tres años, en 2023. Lo más interesante es que, lejos de ofrecer una o dos instantáneas diarias de la calidad del aire, como hacían los satélites de monitoreo anteriores, este es capaz de captar los contaminantes casi en tiempo real. 

Para hacer sus mediciones, TEMPO está situado en órbita geoestacionaria, lo que significa que permanece sobre la misma región del planeta mientras la Tierra gira. Esta posición le permite observar repetidamente Norteamérica durante las horas de luz, desde Canadá hasta México y desde el Atlántico hasta el Pacífico. Los datos que recopila están disponibles en menos de tres horas después de la observación, por lo que se pueden utilizar con cierta rapidez.

Para detectar la contaminación, utiliza un espectrómetro que analiza la luz ultravioleta y visible procedente de la Tierra. Los gases presentes en la atmósfera absorben determinadas longitudes de onda de la luz y dejan una especie de huella. Al analizar esas señales, el satélite es capaz de determinar la presencia y distribución de diferentes sustancias químicas en la atmósfera.

Entre los principales contaminantes y componentes que permite estudiar están el dióxido de nitrógeno, el formaldehído, el ozono y el dióxido de azufre, además de aerosoles y características de las nubes. “Estos datos son una herramienta clave para la comunidad científica atmosférica y de gestión de la calidad del aire”, explican desde la NASA.

Ayuda real en la práctica

Pero la idea de la NASA cuando puso en marcha este proyecto hace tres años no era recopilar datos sin más, sino poder utilizar la información para ayudar a quienes toman decisiones sobre la calidad del aire. Un caso concreto ocurrió en Maryland, Estados Unidos, donde los responsables ambientales usaron TEMPO para investigar por qué se estaban produciendo episodios de niveles elevados de ozono en su zona.

Al comparar los datos de dióxido de nitrógeno obtenidos por el instrumento durante las mañana de más calor, descubrieron que este contaminante procedía en buena parte de zonas industriales y del tráfico. Según explica la revista Smithsonian, que recogió la historia del caso, esta información fue clave para entender cómo evoluciona la contaminación a lo largo del día y cómo actuar ante esa situación.

Los restos humanos hallados en el cañón de Mar del Plata forman un catálogo bastante poco glorioso, porque entre ellos aparecieron envoltorios de comida, un paquete de fideos instantáneos, un envase de salchichas coreanas y hasta una bota.

La mayor parte de las piezas identificadas era de plástico y unas pocas eran de caucho, con objetos enterrados en sedimentos, atrapados entre rocas o todavía en movimiento. Daniel Marcelo Lauretta, investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, destacó precisamente la bota entre las piezas que más le impresionaron.

Varios animales utilizan residuos depositados sobre el fondo

La investigación publicada en PLOS One el 16 de septiembre de 2026 documentó 29 objetos de origen humano en 10 de las 17 inmersiones realizadas en el cañón submarino argentino. El trabajo de un equipo internacional de científicos marinos convirtió esas observaciones en un registro de contaminación a gran profundidad en el Atlántico sudoccidental.

A medida que algunos residuos permanecían semienterrados en el cañón, siete piezas empezaban a servir de soporte para organismos marinos, sobre todo bolsas de plástico y materiales de pesca. Estrellas de mar, corales, gusanos y otros animales aparecieron adheridos o asociados a esos restos.

Los autores advierten, pese a esa presencia de vida, que esos objetos no pueden considerarse hábitats adecuados, mientras Diego Urteaga, biólogo marino del Museo Argentino de Ciencias Naturales, señala que las consecuencias ecológicas de esa colonización todavía se conocen poco.

Los barcos explican buena parte de los desperdicios encontrados

Las inmersiones realizadas con el vehículo operado a distancia SuBastian descendieron hasta 3.820 metros y permitieron registrar por primera vez esa sección del lecho marino. Junto a las señales de actividad humana, el equipo observó alrededor de 40 especies que podrían ser nuevas para la ciencia. La campaña abrió así una primera ventana fotográfica a una zona profunda que hasta entonces carecía de imágenes obtenidas de este modo.

La procedencia de los objetos apunta sobre todo hacia actividades desarrolladas mar adentro, aunque las corrientes impiden asignar un origen preciso a cada pieza encontrada. Urteaga señaló en una entrevista publicada por PLOS One que las características de los residuos corresponden mejor a descartes de barcos que operan en alta mar, sobre todo pesqueros. El transporte a larga distancia también deja abiertas otras fuentes, desde buques comerciales hasta actividades terrestres.

Los cañones submarinos atraen vida porque su relieve canaliza nutrientes hacia sus valles, una característica que convirtió el de Mar del Plata en un destino atractivo para estudiar la biodiversidad profunda. Lauretta explicó en una declaración que estos accidentes geográficos son conocidos como puntos de gran riqueza biológica, una razón decisiva para escoger el enclave. La campaña se desarrolló en julio y agosto de 2025 dentro de una zona aislada de la costa y sometida a condiciones de gran profundidad.

Otros fondos oceánicos acumulan millones de toneladas plásticas

La preocupación del equipo también mira hacia el futuro, porque la colonización de basura puede modificar comunidades locales o trasladar organismos fuera de su distribución habitual. Urteaga advirtió de que ese proceso todavía presenta muchas incógnitas ecológicas y puede alterar ambientes que apenas han comenzado a estudiarse. Los científicos difundieron sus resultados con la intención de reforzar la protección de estos ecosistemas y frenar nuevas aportaciones de residuos al océano profundo.

La contaminación del cañón argentino se suma a observaciones realizadas en otros puntos extremos del océano, incluida la fosa de las Marianas, donde en 1998 se registró una bolsa de plástico en la zona hadal. Una estimación de CSIRO y la Universidad de Toronto sitúa hasta 11 millones de toneladas de plástico en el fondo marino, con alrededor del 54% entre 200 y 11.000 metros de profundidad. El caso de Mar del Plata documenta así otra frontera oceánica alcanzada por residuos humanos, en un entorno cuya respuesta ecológica todavía está por determinar.

El problema de las aguas fecales en Tenerife se expande y este mismo miércoles se ha decretado el cierre de otras dos playas, una en el norte y otra en el sur de la isla. Se trata de El Socorro, en Los Realejos, y El Médano, en Granadilla de Abona.

En El Socorro se invitó a los usuarios a abandonar la arena y el agua y se precintó la cala, la principal del municipio y referente del surf en Canarias, poco después del mediodía.

La decisión se tomó tras los controles realizados sobre la calidad del agua en la mañana de este miércoles, entre las 10:45 y 11:48 horas, comunicándole los resultados al Ayuntamiento realejero a las 12:55. Las analíticas desvelaron elevados índices de la bactera fecal E. coli. El consistorio desplazó entonces a la Policía Local hasta la playa, y efectuó el precinto de la misma, según explicaron a este periódico usuarios de la cala testigos del cierre.

Este cierre se suma así a los ocurrido en agosto y septiembre en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, donde ya se desaconsejó el baño durante casi un año, de julio de 2024 a junio de 2025.

Como en esos dos últimos cierres, se prevé que el de El Socorro dure poco tiempo, aunque se anuncia oficialmente que se prevé la reapertura este viernes.

Desde hace años, y ante la creciente crisis con los vertidos en Puerto de la Cruz, donde se ubica el emisario con grietas, que ahora los técnicos dicen que hay que sustituir por uno nuevo, y la estación depuradora de Punta Brava, se ha recordado constantemente que buena parte de las corrientes marinas van desde el Puerto hacia Los Realejos y al resto de Daute y la Isla Baja.

Según otros testigos, la cámara web de El Socorro dejó de funcionar al poco del cierre. 

Este periódico intentó tener la versión del Ayuntamiento realejero, sin éxito.

El Médano, otra vez cerrado

En cuanto al segundo cierre, ha sido en El Médano, una playa donde los cierre por vertidos de aguas fecales no son extraños. El Ayuntamiento de Granadilla ha explicado a través de sus redes sociales que se ha detectado en las analíticas que el parámetro de enterococos supera el nivel máximo permitido, siendo de 210 ufc/100 ml frente al valor límite de 200 ufc/100ml.

Además, se ha procedido al izado de la bandera roja, prohibiendo temporalmente el baño.

Este miércoles, añade, se han tomado nuevamente muestras para realizar un contraanálisis por parte del servicio municipal. El Ayuntamiento explica que se toma esta medida para garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados del último análisis, y en cuanto confirmen que las aguas son aptas para el baño se procederá a su reapertura.

El consistorio recomienda seguir las restricciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.

La Xunta de Galicia anuncia una moratoria temporal, que estará vigente un máximo de dos años, para la tramitación y concesión de nuevas licencias para la instalación de granjas de porcino, bovino o avícolas en las superficies en las que la escorrentía fluya hacia la cuenca del río Limia. También se aplicará para las ampliaciones de las explotaciones ya existentes. La medida se incorpora como una actualización al proyecto de decreto para actuar contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias en Galicia. El contexto de fondo es la histórica sentencia que el año pasado condenó tanto a la administración autonómica como a la estatal (por las responsabilidades de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil) por vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos del embalse de As Conchas por una contaminación que deriva en la proliferación de bacterias peligrosas.

En julio de 2025, solo cuatro días después de esa sentencia -confirmada después, en febrero de 2026, por el Tribunal Supremo-, la Xunta arrancaba el proceso para el anteproyecto del decreto de nitratos. Un año después, el Gobierno gallego presentó su propuesta y abrió el plazo de alegaciones. Las presentaron varias entidades ecologistas, que cargaban contra las demoras de la Xunta para intervenir para frenar la contaminación de la actividad intensiva y la acusaban de haberse enrocado en el negacionismo con lo que calificaban de “no-decreto”. La Consellería do Medio Rural ha insistido en los últimos años en el discurso de que no está claro que los problemas se deriven de los residuos y purines de las granjas y ha retrasado la toma de decisiones asegurando que estaba a la espera de que el Gobierno central concretase los datos.

Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) denunciaron hace unas semanas que “casi un tercio de la extensión total del borrador del decreto” entonces en exposición pública se centraba en “cuestionar las evidencias sobre la importancia de la contaminación por nitratos de origen agrario” en Galicia. Entre la extensa documentación aportada por los denunciantes en el caso de As Conchas se encontraban informes de expertos que concluían que el origen está, sin duda, en la actividad de las grandes granjas de A Limia. Citan datos estadísticos oficiales para evidenciar que la carga ganadera en la cuenca del Limia hasta la estación de control de Ponteliñares “sería equivalente a la de entre 1,5 y 2 millones de personas, cuando la población humana es de solo 21.000 habitantes”. Y señalan que, aunque todas las aguas fecales se vertiesen sin depurar, la contribución a la contaminación por nitrógeno y fósforo “apenas sería de entre el 1 y el 1,5% del total”.

Medio Rural incorpora ahora una actualización del proyecto de decreto, de modo que el plazo de envío de sugerencias vuelve a estar abierto y permanecerá así hasta el 13 de octubre. Agrega al texto una disposición adicional en la que se hace referencia a la “alta densidad ganadera” en la cuenca del río Limia y señala que “se prohíbe la autorización y registros de nuevas explotaciones” de cerdos, vacas y aves, además de un aumento de la capacidad de las existentes. Las excepciones se aplican para el autoconsumo, en concreto para las explotaciones avícolas de autoconsumo, las porcinas extensivas de autoconsumo y las bovinas con una capacidad máxima de 1,2 unidades de ganado mayor en las que se críen exclusivamente animales para matadero con fines de autoconsumo en en la propia explotación. El texto agrega que se pueden hacer modificaciones en las granjas existentes si no suponen un aumento de la capacidad productiva.

El tiempo máximo que se aplicará la moratoria va a ser de dos años, pero decaerá antes si se aprueban los programas de actuación que corresponden si se declaran zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. La Consellería también puede dejar sin efecto la prohibición antes si en estos dos años se acredita, “mediante evaluación técnica motivada, que la contaminación dejó de tener un origen significativamente agrario”.

Otra disposición adicional aclara que la prohibición de autorizar nuevas granjas no se aplica a modificaciones que impliquen un aumento de la capacidad de producción si ya estaban autorizadas antes del 21 de septiembre de 2026 ni para las solicitudes de permisos que presenten personas que reciben ayudas para agricultores jóvenes.

En su exposición en el proyecto de decreto, la Xunta insiste en que no hay un informe definitivo de presiones elaborado por el Gobierno central y, por eso, la comunidad no puede designar zonas vulnerables. Pero admite que los datos provisionales obtenidos dentro del estudio de presiones en ciertos puntos de la cuenca del Limia llevan a la Xunta a adoptar algunas medidas “al haberse detectado que el origen de la contaminación es significativamente agrario”. “Los datos obtenidos son suficientemente consistentes como para activar una respuesta administrativa previa a la posible declaración de zona vulnerable”, reconoce.

Añade que la moratoria contribuye a ejecutar la sentencia por la contaminación de las macrogranjas en As Conchas, ya que “enuncia expresamente entre las acciones correctoras que podría adoptar la administración autonómica con la finalidad de restaurar el medio la adopción de una moratoria específica” que impida la instalación de más explotaciones en A Limia.

Medio Rural expone en una nota de prensa que hizo la actualización tras recibir el borrador del informe definitivo sobre presiones del Ministerio para la Transición Ecológica, al que indica que ya ha presentado alegaciones. La Consellería asegura que hay diez puntos en los que considera que la información no es concluyente sobre el origen agrario de la contaminación. Son los puntos de control de la costa Ártabra (Valdoviño y Abegondo); Coruña interior (Melide y Santiso); Costa da Morte (Zas); Zona Coruña Centro (Trazo); Rías Baixas (Cambados); y Rías Baixas Sur (Redondela, Vigo y Baiona).