Tras casi diez años peleando contra jueces y políticos, los vecinos de la barriada Guadalquivir de la localidad sevillana de Coria del Río no ven el final de un proceso que les está costando la vida. El archivo de la causa judicial impulsada por ellos mismos ha ahondado en su indignación, sintiendo que sus lamentos no llevan a nada para los organismos públicos.

Los vecinos afectados, representados por Rogelia Gómez, portavoz de la Asociación de vecinos afectados por tóxicos de Coria del Río, afirman que el efecto de los gases “es perjudicial para la salud sí o sí”. Por ello, tienen una sensación de que están presenciando su propia muerte. “Aquí nos están matando. Estamos muriendo como chinches”, exclama desesperada Gómez en conversación con este periódico.

Insiste en que la inhalación de gases tóxicos va a continuar siendo una constante en sus vidas, mientras que Catalina García, consejera de Salud hasta 2024 y actual titular de Medio Ambiente, y Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, no depurarán responsabilidades por el momento, según ha determinado el juzgado.

“Ocho muertos” en un mes

El origen del caso se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir alertaron de intensos olores a combustible que llegaban incluso al interior de sus casas, algo que habría provocado problemas de salud en numerosos afectados. Según se apuntó, los gases nocivos vendrían de una gasolinera próxima, lo que provocó la apertura de una investigación judicial por un presunto delito medioambiental. Aunque la causa fue archivada a finales de 2024, se reabrió después de que la Fiscalía confirmara la existencia de un “perjuicio comprobado en la salud y una afectación acreditada” en los vecinos.

“Ocho personas han muerto en este último mes, cuatro de ellas de muerte súbita, y tres en la misma calle”, lamenta la portavoz. Además, aseguran que hay una gran inactividad por parte de los médicos, que no quieren verse involucrados en este asunto. “Nunca habrá un informe forense que reconozca que las muertes son provocadas por la inhalación de los gases tóxicos”, afirma Gómez.

Durante el invierno, los vecinos afectados han tenido que tener las ventanas completamente abiertas por recomendación del SEPRONA, ya que el calor favorece la conservación de los gases tóxicos. “Pasamos los inviernos sin calefacción y las ventanas abiertas, da igual el frío que haga”, declara la portavoz. 

“No podemos dejar esta herencia”

El escrito, al que ha tenido acceso Sevillaeldiario.es, indica que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), perteneciente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, “únicamente estaría procediendo a citar o valorar a aquellas personas cuyas analíticas dieron resultado positivo”. Además, pide “que se haga examen integral de todos los perjudicados”, en especial “a todos los menores afectados”.

Este último revés judicial les ha pillado por sorpresa, ya que Gómez asegura que “hay hasta 13 informes que nos avalan” pero que “no se han tenido en cuenta”. Por otro lado, indica que dilatar el tema solo beneficia a la Junta de Andalucía, que “se defiende con los equipos jurídicos de la Administración”, mientras que los vecinos tienen que pagar a sus abogados. Pese a todo, no van a cesar en su lucha y aseguran que “llegaremos al Supremo y Estrasburgo”, añadiendo que “no podemos dejar esta herencia”. 

La presidenta de la asociación de afectados indica que el asunto es “algo muy gordo que no interesa que vea la luz”, y acusa del drama medioambiental a las “negligencias políticas” que se suceden, acusándoles de ser “una panda de mafiosos”.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

El Gobierno de Navarra ha aceptado el requerimiento previo interpuesto por el Ayuntamiento de Arróniz contra la concesión a la empresa AGR Biogás S.A. de la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización en Suelo No Urbanizable, que permitían la instalación de una planta de biogás en el municipio navarro que iba a gestionar 140.000 toneladas de residuos al año. El argumento esgrimido es que el proyecto “carece de base territorial suficiente” para verter los residuos, al “no disponer de autorización expresa por parte de los titulares de las parcelas”. Por ello, el plan empresarial ha quedado paralizado, al menos cautelarmente, al igual que otros similares incluidos en la moratoria aprobada por el Parlamento foral.

Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, ha trasladado que “el procedimiento se retrotrae”, es decir, se repetirá y se volverán a “recabar las autorizaciones” para que se cumplan “todas las exigencias legales y técnicas”.

Hace una semana, desde las plataformas ecologistas como Sustrai Erakuntza, se presentó un recurso de alzada para evitar la apertura de la planta de biogás al considerar que el proceso presentaba un “cúmulo de irregularidades”, que se sumaba a los interpuestos por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según comunicaban desde la fundación, había “motivos” suficientes para demostrar que el proyecto era “perjudicial para el territorio”.

Tras conocer el anuncio, desde la plataforma ciudadana Stop Biogás Arróniz consideran la paralización “un paso”, aunque reivindican que el “avance no ha sido fruto de la voluntad política”, pues el consistorio y el Gobierno “no se han movido por iniciativa propia”, sino “de la presión social y la incomodidad generada por la ciudadanía”. “No vamos a permitir que nadie se atribuya méritos que no le corresponden”, afirman, y definen las informaciones oficiales de “lavado de cara”.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Arróniz ha celebrado la “anulación de la autorización y la paralización del proyecto”, alegando que desde el consistorio se “ha trabajado con rigor, responsabilidad y determinación en la defensa del interés general” a partir de las herramientas jurídicas y técnicas. Según figura en su requerimiento, el plan de los residuos (digestatos) presentado por la empresa promotora de la planta “no aporta autorización expresa de los titulares de estas parcelas”, incluyéndose los de “titularidad comunal de los municipios” de esta misma localidad y Luquin, otro pueblo cercano. Los digestatos son los residuos orgánicos resultantes del proceso de una planta de biogás, obtenidos tras transformar restos como estiércol, residuos agrícolas o desechos alimentarios en energía, y que pueden utilizarse como estiércol.

De esta manera, el Gobierno de Navarra considera que, debido a que “la inclusión” de las tierras “ahora controvertidas en el plan de producción y gestión de estiércoles” no ha contado con “el consentimiento del común de los vecinos” ni del propio ayuntamiento (gestora de la tierra comunal), es motivo suficiente para estimar la impugnación. Pues existe “un déficit de base territorial para el nitrógeno generado en la planta de biometanización”.

Una información que, según los opositores de la planta de biogás, ya era conocida por las instituciones. “La moratoria supone, en la práctica, una pausa temporal tras la cual los proyectos se reactivarán, adaptándose a una normativa que consideramos insuficiente y claramente favorable a los intereses empresariales”, afirman desde la plataforma ciudadana ecologista. Además de expresar “dudas e incertidumbre” sobre cómo se resolverá el “macroproyecto”.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha estimado el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que el proyecto de modificación de actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tudela para cambiar el procedimiento administrativo de las autorizaciones (se tramite mediante una Autorización Ambiental Unificada, en lugar de una Autorización Ambiental Integrada). Este cambio no supone la paralización del proyecto ni altera su diseño técnico o funcionamiento, sino que implica retomar el procedimiento administrativo inicial, manteniendo en la práctica las mismas exigencias ambientales y controles.

En Cantabria, la contaminación del aire en los entornos de los centros escolares está por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ecologistas en Acción ha presentado este miércoles su informe anual con una conclusión contundente: ninguno de los centros educativos analizados por la ONG en Santander y Torrelavega cumple con los estándares de la OMS. Así, los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), medidos en los 32 centros objeto del estudio, se sitúan por encima de los 10 microgramos por metro cúbico que el organismo sanitario pide para proteger la salud respiratoria de la infancia.

El informe se centra únicamente en el NO2 y deja fuera otros contaminantes como el dióxido de azufre, el benceno, el ozono, las partículas PM2.5 y PM10. Según los representantes de Ecologistas en Acción, si se analizaran también esos parámetros, los resultados serían aún peores. En total, el estudio examina 32 centros educativos: 16 en Santander y 16 en Torrelavega.

José Antonio Sánchez Raba y Floren Enríquez, miembros de la junta directiva de Ecologistas en Acción, han comparecido en rueda de prensa para presentar el informe y han señalado directamente a la falta de contundencia política como origen del problema. Según los portavoces de la organización ecologista, la mala calidad del aire en las dos principales ciudades cántabras es el resultado de diversas emisiones que las respectivas administraciones locales no ha logrado mitigar. Entre los principales contaminantes del aire de las ciudades destacan el tráfico rodado, la actividad industrial y el uso de la calefacción.

Los representantes de Ecologistas en Acción también han criticado la zona de bajas emisiones de Santander, al considerar que se ha aplicado en un área con un solo centro educativo, precisamente uno de los que registra mejores niveles de calidad del aire, mientras que otras zonas con más colegios o institutos y peor situación ambiental no han recibido una actuación similar.

Durante su intervención, Raba ha puesto sobre la mesa datos del Instituto de Salud Global (ISGlobal), afirmando que si Santander cumpliera estrictamente con los límites de la OMS, podrían evitarse 165 muertes prematuras al año. Ha añadido también que reducir la contaminación del aire no solo evita fallecimientos, sino que disminuiría drásticamente la incidencia de enfermedades respiratorias y crónicas en la población.

Raba ha lamentado asimismo que, cuando Ecologistas en Acción acudió al Ayuntamiento de Santander para presentar los datos y explicaciones recogidos en el informe, no fueran recibidos. En ese contexto, ha lanzado un mensaje directo a la alcaldesa, Gema Igual (PP): “Más allá del ecopostureo, ¿le interesa realmente la salud de los niños y niñas de Santander?”, ha preguntado retóricamente.

Desde Ecologistas en Acción han calificado los datos que arrojan las mediciones realizadas en los entornos de los centros escolares de Santander y Torrelavega como “muy preocupantes y graves” y han reclamado a los ayuntamientos de ambas ciudades que “se pongan a trabajar” y “adopten medidas”. Entre ellas, la organización plantea la ampliación o rediseño de las zonas de bajas emisiones, incidir en la peatonalización de calles, fomentar la movilidad sostenible, implantar medidas de pacificación del tráfico, plantar más árboles y reducir el asfalto.

Los datos

Para contextualizar los resultados del estudio, primero hay que entender los umbrales de referencia que se utilizan. Por un lado, el límite legal actual fija en 40 microgramos por metro cúbico la cantidad máxima de dióxido de nitrógeno permitida, mientras que el nuevo objetivo marcado por la Unión Europea, que deberá cumplirse antes de 2030, rebaja ese límite a 20.

En el nivel más exigente, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud advierten de que para proteger realmente la salud –especialmente en población vulnerable, como lo son los menores– no se deberían superar los 10 microgramos por metro cúbico.

En Santander, 12 de los 16 centros educativos superan el objetivo europeo de 20 microgramos por metro cúbico: IES Alberto Pico (36,5), CEIP Nueva Montaña (32,7), IES Santa Clara (31,4), IES José María de Pereda (30,8), CEIP Magallanes/Mendoza/Cisneros (30,7), CEIP Ramón Pelayo (30,5), CEIP Dionisio García Barredo (28,6), CEIP José Arce Bodega (27,4), IES Peñacastillo (26,2), CEIP Cisneros (26,2), IES Albericia (23,2) y CEIP María Blanchard (21,5). Los cuatro restantes tampoco bajan del umbral de 10 microgramos por metro cúbico recomendado por la OMS: CEIP Jesús Cancio (19,9), CEIP Gerardo Diego (17,5), CEIP Menéndez Pelayo (16,6) e IES Villajunco (15,9).

Aunque los datos reflejan una ligera mejora respecto al año anterior, cuando sí se superaba el límite legal de 40 microgramos por metro cúbico en algunos centros, la mayoría continúa en niveles elevados y alejados de los objetivos fijados a medio y largo plazo.

En Torrelavega, todos los centros analizados superan el umbral recomendado por la OMS y varios rebasan también el objetivo europeo de 20 microgramos por metro cúbico. Entre ellos figuran el CPC El Salvador (33,9), el IES Miguel Herrero (26,0), el IES Zapatón (22,5), el CEIP José María Pereda (21,9), el IES Marqués de Santillana (21,5), el IES Garcilaso de la Vega (20,9) y el CEIP Matilde de la Torre (20,1).

La Palma, en el archipiélago canario, ha desarrollado un modelo de protección del cielo nocturno estrechamente ligado a la actividad científica y a la planificación del territorio. Este enfoque se apoya en una normativa específica que regula distintos factores que pueden alterar la observación astronómica, especialmente en las zonas de mayor interés para la investigación. La aplicación de estas medidas ha influido en la gestión del alumbrado público y en la forma en la que se organizan determinadas infraestructuras en la isla.

El origen de este marco regulador se remonta a finales de los años 80, cuando se aprobó una ley destinada a garantizar las condiciones de observación en el entorno del Instituto de Astrofísica de Canarias. Desde entonces, La Palma quedó incluida dentro de un sistema de protección que aborda distintos elementos que afectan a la calidad del cielo. Entre ellos se encuentra la reducción de la iluminación artificial mal dirigida, así como el control de otras fuentes de interferencia que pueden dificultar el trabajo de los observatorios.

La aplicación progresiva de esta normativa ha implicado ajustes en el alumbrado exterior de distintos municipios y la introducción de criterios técnicos para reducir el impacto de la luz en la atmósfera. A ello se suman otras líneas de actuación que afectan a la actividad electromagnética, a la conservación de la calidad del aire y a la regulación del tráfico aéreo en el entorno de las instalaciones científicas. Este conjunto de medidas ha contribuido a consolidar La Palma como un territorio donde la observación del cielo se integra en la planificación del espacio y en el desarrollo de actividades vinculadas tanto a la ciencia como al turismo.

Una ley pionera para proteger la calidad del cielo nocturno

La normativa de protección del cielo en La Palma se enmarca dentro de un conjunto legal aprobado en 1988, impulsado con el objetivo de salvaguardar las condiciones de observación en los telescopios del Instituto de Astrofísica de Canarias. Esta regulación estableció por primera vez en España un sistema específico de protección para un entorno astronómico, lo que situó al país como referente en este ámbito.

Uno de los principales factores que aborda esta legislación es la contaminación lumínica, entendida como el conjunto de efectos negativos derivados del uso de luz artificial en el medio ambiente. Este fenómeno incluye tanto la emisión directa de luz hacia el cielo como la dispersión producida por su reflexión en la atmósfera, especialmente cuando se utilizan sistemas de iluminación poco eficientes o mal orientados.

Desde la implantación de la norma, una parte importante del alumbrado en La Palma ha sido modificada para ajustarse a estos criterios. Las actuaciones realizadas han supuesto la reducción de la luz innecesaria dirigida hacia el cielo y la optimización del consumo energético en distintas instalaciones públicas. Estas medidas han tenido impacto tanto en la conservación del entorno como en la gestión municipal del gasto eléctrico.

La regulación no se limita al ámbito lumínico. También incluye restricciones relacionadas con la emisión de radiaciones electromagnéticas, el control de actividades que puedan alterar la composición atmosférica en las inmediaciones de los observatorios y la ordenación del tráfico aéreo en su entorno. El conjunto de estas disposiciones configura un sistema integral orientado a reducir interferencias en las observaciones científicas.

Entre los efectos asociados a la aplicación de esta normativa se encuentra la mejora de las condiciones para la observación del cielo nocturno, junto con beneficios derivados de la eficiencia energética, la seguridad en el entorno urbano y la preservación del paisaje nocturno en la isla.

Miradores astronómicos y puntos de observación en altura

El entorno de La Palma ha favorecido la creación de varios miradores astronómicos repartidos por la isla, situados en zonas elevadas donde las condiciones de visibilidad del cielo son más favorables. Estos puntos permiten la observación del firmamento en espacios acondicionados para visitantes y residentes.

Uno de los enclaves más destacados es el entorno del Observatorio del Roque de los Muchachos, situado en la zona de cumbre del norte de la isla, dentro del municipio de Garafía. A más de 2.300 metros de altitud, este complejo alberga una de las instalaciones de telescopios más completas del mundo y se beneficia de condiciones atmosféricas y de oscuridad que lo sitúan como referencia internacional en investigación astronómica.

La singularidad de esta zona se debe a la combinación de factores como la altitud, la estabilidad climática, la baja contaminación atmosférica y la ubicación geográfica del archipiélago. Estas condiciones permiten la instalación de instrumentos científicos de gran tamaño, incluyendo telescopios ópticos e infrarrojos de referencia internacional.

Además del entorno del observatorio, la isla cuenta con miradores como el situado en la zona de Llano del Jable, en el municipio de El Paso. Ubicado por encima del mar de nubes, este espacio se utiliza tanto para la observación nocturna como para la contemplación del paisaje durante el día. Su altitud y accesibilidad lo convierten en uno de los puntos más utilizados para la observación del cielo y la fotografía astronómica.

Otro punto de interés es el mirador de Llano de Las Ventas, en el municipio de Breña Baja, integrado en el entorno de la Cumbre Nueva. Desde este enclave se obtiene una visión amplia del este de la isla y, en condiciones adecuadas, de otras islas del archipiélago. El espacio cuenta con señalización interpretativa que ayuda a identificar estrellas y constelaciones, además de referencias de orientación como la Estrella Polar.

La fundación ecologista Sustrai Erakuntza ha presentado recurso de alzada a la autorización de apertura de la planta de biogás de Arróniz por “el cúmulo de irregularidades que presenta”. Este recurso se suma al interpuesto por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según han indicado desde la fundación en un comunicado, “motivos no faltan para rechazar esta iniciativa empresarial con origen en Sevilla tan perjudicial para el territorio”.

Se trata de un proyecto “que prácticamente se mantuvo oculto durante toda la tramitación del expediente”. “A pesar de que el Ayuntamiento de Arróniz tenía conocimiento del mismo de manos de la empresa, en ningún momento informó de ello a la población, ni siquiera cuando muchos meses después fue puesto a exposición pública por parte del Gobierno de Navarra”, han criticado. De este modo, “la población no pudo tomar conciencia de la magnitud del problema que esta planta podría traer para su entorno hasta casi el instante en que el proyecto ya estaba aprobado por el gobierno”.

“Cuando el proyecto se presentó a exposición pública, no lo fue al completo. Partes importantes del mismo se omitieron y no han sido conocidas hasta que fue aprobado. Y hay otras que aún se desconocen. Y ello ocurre porque el proyecto se ha presentado indebidamente, fraccionado en varios proyectos separados, de los cuales a día de hoy solo conocemos el de la propia planta de biometanización”, han reivindicado.

Según han remarcado, “todavía se desconoce cómo se realizará la unión de esta a la red de gas natural, así como a la línea eléctrica de abastecimiento”. “Existen documentos de suma importancia que no han podido ser analizados en la exposición pública, como el plan de gestión de los digestatos que se producen en la planta”, han manifestado. Desde la fundación han añadido que “la gran mayoría de los residuos que se introducen en la planta como materia prima para producir el biogás salen de ella casi en las mismas condiciones y es necesario deshacerse de ellos”.

“Esto se realiza utilizándolos para fertilizar tierras agrícolas. Pero esta es una actividad potencialmente contaminante, por la posibilidad de que se sobrefertilice el terreno, lo que crea problemas de contaminación por nitratos. A lo que habría que añadir la posible presencia en el digestato de contaminantes como metales pesados u otros”, han subrayado. Por lo tanto, “conocer el plan que la planta tiene para realizar esta actividad es completamente necesario para poder analizar su compatibilidad medioambiental”. Y este documento “no estaba disponible en la exposición pública”.

“Cuando lo hemos conocido en la aprobación del proyecto, hemos podido comprobar la gran cantidad de errores que contiene: parcelas cercanas a núcleos urbanos o próximas a cursos de agua donde está prohibida esta práctica, parcelas no dedicadas a cultivos, con pendientes excesivas, parcelas duplicadas, parcelas inaccesibles...”, han apuntado.

A su juicio, “un cúmulo de errores que deberían suficientes para invalidar el plan, dado que, si se eliminan las parcelas erróneas, este pasa de tener inicialmente 2.600 hectáreas de terreno a tener poco más de 1.600”. Una superficie “totalmente insuficiente para la actividad prevista”. Además, “durante los pocos meses en los que la población ha podido conocer el proyecto se han generado dudas sobre la bondad de utilizar los digestatos en los campos de labor”. “Tanto es así que un total de 647 hectáreas de propiedad particular y 1.316 hectáreas de comunales han sido retiradas del plan de la empresa. Las personas que las gestionan, sean propietarias, arrendatarias o ediles a cargo de los comunales, han reconsiderado su aprobación inicial, conseguida sin información veraz por parte la empresa, y las han retirado”, han subrayado.

Por lo tanto, el plan de digestatos actual “no es viable”. “Nos encontramos ante un proyecto que no tiene nada de convencional. Se trata de una actividad con muchos riesgos para el suelo agrícola, la biodiversidad y las personas que la sufrirían en su cercanía. Una planta que necesitaría un total de 140.000 toneladas al año de residuos orgánicos, pero que el proyecto es incapaz de indicar de dónde acarreará”, han reivindicado.

De este modo, “vista la escasa disponibilidad de residuos en la zona, junto con la probable competencia por estos residuos entre las 4 plantas del mismo tipo que se quieren instalar a pocos kilómetros de distancia, obligaría a tener que transportarlos desde largas distancias”. “Lo mismo ocurriría posteriormente con los digestatos residuales que se produzcan. Este proyecto provoca un incremento considerable en el transporte, usando combustibles fósiles, que no ha sido analizado en el proyecto. De esta forma se desconoce si el balance energético de la planta es positivo”, han afirmado.

Sin embargo, “lo más extraño que ha sucedido con este proyecto ha sido el modo en que fue aprobado por parte del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural”. Porque “todo ello se ha producido mientras se debatía y aprobaba una moratoria a las plantas de biometanización en el Parlamento navarro en octubre de 2025”. La moratoria “que finalmente descafeinó y aprobó el Parlamento tan solo ha paralizado algunos de los proyectos y por un tiempo ínfimo, que no está sirviendo para analizarlos y realizar un verdadero debate social”.

“La planta de biometanización de Arróniz se aprobó el 12 noviembre de 2025, y tan solo el Ayuntamiento de Arróniz tuvo conocimiento de ello días después, pero no así la población afectada. No fue hasta el 6 de marzo de 2026 cuando dicha autorización fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra”, han subrayado, tras añadir que la moratoria “fue aprobada por el Gobierno de Navarra el día 7 de noviembre de 2025 y entró en vigor con su publicación en el BON el 13 de noviembre, justo el día posterior a aprobar la autorización de la planta”.

“Esto ya nos indica que posiblemente la planta se autorizó con premura para conseguir que estuviera aprobada antes de empezar la moratoria. Pero resulta que, además, cuando la autorización de la planta es publicada en el boletín, el mismo día se publica una supuesta 'corrección de errores' de la autorización, que oficialmente vendría a subsanar supuestas erratas en la misma”, han añadido. Sin embargo, “analizadas las modificaciones, se puede apreciar cómo estas son de calado y modifican sustancialmente la planta y su funcionamiento”.

“No se trata de meras erratas en el texto. Por lo tanto, nos encontramos ante una tramitación bajo sospecha, con una autorización inicial que se aprobó deprisa y corriendo para no verse afectada por la moratoria. Que ha tenido su continuación con una modificación de oficio para solventar los problemas que se incurrieron en dicha aprobación apresurada”, han remarcado. A su juicio, “se ha producido un fraude de ley que ha intentado impedir que la sociedad analizara adecuadamente este proyecto, lo pudiera debatir y establecer la posibilidad de su implantación”.

Los vecinos de Puente de Vallecas vuelven a la carga contra el scalextric que actúa como frontera artificial del distrito desde 1976. Cuando se cumplen 50 años de su instalación, y después de que el resto de infraestructuras de estas características en Madrid hayan desaparecido o quedado en desuso, el colectivo Vallekas Sostenible reclama en un informe su eliminación, con testimonios vecinales que dan cuenta de las distintas afectaciones que genera en el día a día de los barrios.

Todo ello cuando han pasado ya cinco años sin novedades desde que el pleno de la Junta de Puente de Vallecas acordara por unanimidad, incluídos los votos del Partido Popular, respaldar el desmontaje. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida solo habla de un “proyecto novedoso” que anunciará antes del verano. Desde el área de Obras y Equipamientos, en declaraciones a Somos Madrid, inciden en que “se está trabajando” en ello sin especificar más datos. La oposición ha rescatado el asunto en numerosas ocasiones (sin ir más lejos el pleno del pasado 24 de marzo). Así, Más Madrid ha venido exigiendo de forma reiterada el desmantelamiento en una comisión de seguimiento y critica la “falta de consideración de las propuestas”, elevadas a la subdirección general de Planificación de Movilidad y Transportes.

Mientras, en Vallekas Sostenible exigen la eliminación de lo que definen como un “peligro para la salud”. Así lo describe Mercedes, vecina del barrio de San Diego que lamenta la calidad del aire en un espacio por el que pasan más de 200.000 vehículos al día. Cuenta que, al vivir en una calle cercana, se han agravado su rinosinusitis y sus enfermedades oculares. “Aumenta el riesgo de trastornos cardiovasculares y del sueño por el ruido constante”, recalca, una contaminación acústica que supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ángel, otro residente de San Diego, subraya estos efectos: “Durante los primeros meses, el ruido del tráfico me impedía dormir. Las ruedas de los coches al pasar sobre la estructura generan un sonido continuo y molesto, especialmente por la noche. Aunque me he acostumbrado y ahora puedo dormir, me preocupa el impacto a largo plazo”.

Carlos, que vive en la zona de Doña Carlota (en el barrio de Numancia), debe dar un importante rodeo para llegar al polideportivo más cercano a su domicilio, situado en el barrio de Adelfas de Retiro. Aunque solo está a 300 metros en línea recta, el scalextric se interpone como un obstáculo insalvable. Además, crea un “itinerario muy hostil”: “Tenemos que atravesar una vieja pasarela y una estrecha acera paralela a la A-3, sorteando las distintas conexiones entre la autovía y la M-30. Por las noches, la falta de iluminación y los ángulos muertos de la pasarela hacen que resulte inseguro. Y en verano, la falta de sombras en la zona del puente, convierten este paso en una carrera en el desierto. Las alternativas en bici o bus son todavía peores porque las paradas están a más de un kilómetro de esta zona. A pesar de la cercanía de Numancia y Adelfas, vivimos de espaldas el uno del otro, aislados por el scalextric”.

Punto negro de accidentes con efecto en la calidad del transporte y el disfrute de zonas verdes

Rosa, de San Diego, recalca la incidencia del enclave en la gran siniestralidad de la zona: “Puente de Vallecas es el distrito de Madrid con más atropellos a peatones en los últimos años y el cruce con el scalextric, el punto negro”. Una inseguridad que frustra a los vecinos: “La movilidad peatonal parece no importar, como si solo se pensara en los coches. Es increíble que, en una ciudad como Madrid, nos dejen tan desconectados. Ya no se trata solo de comodidad, sino de seguridad. Caminar por esta zona de noche es desalentador y muchas veces prefiero no hacerlo”.

Para rizar el rizo, estas circunstancias merman también la eficiencia y eficacia del transporte público, como relata Rubén: “Los atascos producidos por los vehículos privados son el principal motivo de la baja velocidad comercial del autobús en nuestro barrio [Portazgo]. Los buses enfrentan un gran problema, especialmente aquellos que circulan por la parte baja de la avenida de la Albufera. El intenso tráfico de vehículos, mayormente causado por las maniobras de incorporación y salida de la M-30 e inducido por el scalextric, afecta la competitividad del transporte público en superficie”.

Mantener la infraestructura es apostar igualmente por un modelo de ciudad que arrincona las zonas verdes en Puente de Vallecas. Blanka, de Numancia, lo expone desde su experiencia como madre: “Sabía que nuestro barrio tenía pocas zonas verdes, pero hasta que no fui madre no lo probé en mi piel. Desde hace cuatro años busco y rebusco áreas en las que mi hija pueda jugar sin ruidos, sin olor a tubos de escape y que tenga sombra en las épocas más calurosas del año. Evidentemente casi todas las áreas infantiles que tocan el scalextric quedan descartadas, porque el ruido es tremendo y el olor horroroso”.

Como detallan desde Vallekas Sostenible, solo el 36% de las calles de Numancia tienen arbolado, al tiempo que un tercio de las muertes atribuibles al calor podrían evitarse si la cobertura arbórea aumentase al 30% del espacio urbano. Manuel, otro vecino de Numancia, baja al terreno del día a día el efecto de islas de calor como la que genera este entorno: “Me preocupa la falta de acondicionamiento de nuestro distrito para paliarlo, pero es que el impacto en las proximidades a la M-30 es sangrante. Esta autopista urbana ha quedado obsoleta y, en verano, se comporta como una plancha de gambas que afecta a más de 200.000 vecinos”. Destaca que los veranos “son cada vez más calurosos en todo Madrid, pero encontramos diferencias de hasta 8 grados entre distritos, condicionados por las decisiones urbanísticas y la falta de arbolado”. Por ello, “los barrios del sureste no solo están entre los más afectados por estas diferencia, sino que además son los más vulnerables a sus graves efectos sobre la salud”.

Un “obstáculo” para la calidad de vida que genera inseguridad

Un último efecto en el día a día de Vallecas está en su efecto en la percepción de la inseguridad. Clara, de San Diego, lo explica desde su experiencia: “El lugar está oscuro, sucio y hay personas viviendo o pasando el rato ahí. No todos son peligrosos, pero alguna vez me ha pasado que hombres me siguen o me hablan, lo cual genera inseguridad. El olor es insoportable y hay mucha basura, ya que algunas personas hacen sus necesidades allí”. Su conclusión es tajante: “De noche, no recomiendo pasar por debajo del puente, especialmente si eres mujer”.

Son algunos de los motivos de un barrio para exigir, una vez más, el fin de una estructura que trastoca y perjudica su rutina. Razones por las que Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad (así como vecino de la zona), reclama su desmantelamiento en un documento compartido desde Vallekas Sostenible: “Para mí, el Puente de Vallecas era simplemente el puente, pero a pesar del enorme simbolismo que tiene para todos los que hemos crecido bajo su sombra, considero que derribar ese puto puente es una de las mejores cosas que nos pueden pasar a los vallecanos y vallecanas. Uno de los principales motivos es nuestra propia salud. Vivir al lado del scalextric nos hace tener peor salud”.

Pero Tejero va más allá y habla de un problema que lo es también de modelo urbano: “La salud no es el único motivo por el cual debemos acabar con el scalextric del Puente de Vallecas, aunque sí es el más importante. Es el último que queda en Madrid, lo que tampoco es casualidad, y un obstáculo para nuestra calidad de vida. Nosotros, los vallecanos y vallecanas, tenemos el mismo derecho a la salud que cualquier otro madrileño. Acabar con el scalextric es un primer paso para conseguirlo”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá dar respuesta oficial vía informe a las alegaciones de una asociación de la localidad de Valdemoro (Madrid) que denuncia irregularidades en la tramitación de los permisos para construir un polígono industrial ‘prime’ que supondrá arrasar con 600.000 metros cuadrados de superficie forestal y que pondrá en peligro a especies protegidas que habitan en la zona, como el sapo corredor, el aguilucho lagunero, la lechuza común o el milano negro. 

En hasta tres escritos de alegaciones presentados por la Asociación por el Desarrollo Sostenible de Valdemoro, a los que ha tenido acceso elDiario.es y que han sido presentados ante las direcciones generales de Biodiversidad y Gestión Forestal, Transición Energética y Economía Circular, y Urbanismo, va desgranando diferentes fallos que ha detectado en el plan parcial de ordenación del sector conocido como ‘Ermita de Santiago’. Plan que fue aprobado por el Ayuntamiento de Valdemoro, dirigido por el PP, en abril de 2025. 

Al poco de publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) ya presentó alegaciones contra el mismo Ecologistas en Acción y, ahora, esta otra asociación se suma a la batalla administrativa para impedir el desarrollo industrial planteado por la mercantil Fórum Creaciones SL para Logistik porque, a su juicio, afectará a terreno forestal, a áreas importantes para la conservación de aves y de la biodiversidad, a especies protegidas y a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid. Se da la circunstancia de que Logistik entra en este asunto de la mano de Brooklfield, un fondo de inversión canadiense con el que se ha aliado para expandir este tipo de desarrollos.

Sobre la pérdida de 606.346 m² de terreno forestal, el escrito de alegaciones lamenta que no se haya previsto adoptar medida alguna para facilitar su conservación a pesar de que el promotor sí reconoce la existencia de esos terrenos en el Documento Ambiental Estratégico (DAE). Explica que la posible compensación con nuevos terrenos “no ha sido acreditada y debería suponer una superficie mayor a la indicada”, a lo que añade que no hay terrenos de titularidad pública para acometer esas compensaciones por lo que se da un incumplimiento “radical y deliberado” de esa obligación. Y advierte de que en todo caso, si se pretende reforestar en otro terreno, la superficie siempre debe ser, como poco, el doble de la ocupada por el parque logístico. 

Áreas de conservación de aves

A esto, suma que la construcción de este moderno hub logístico afectará por proximidad a dos áreas importantes para la conservación de aves, en concreto a la de ‘Cortados y Graveras del Jarama’ -un espacio natural de alto valor ecológico con una extensión de aproximadamente 35.000 hectáreas- y a la de ‘Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro’, próximas a ese desarrollo. 

En este sentido, explica que, si bien el documento ambiental presentado por el promotor apunta que el sector no entra en ningún área de conservación, se obvia que es necesario un análisis del impacto indirecto que puede ocasionar sobre este espacio. “Puede provocar efectos irreversibles en el hábitat de múltiples especies protegidas”, lamenta la asociación para añadir que el terreno donde se prevé construir “es hábitat de múltiples especies protegidas (catalogadas como amenazadas), tanto de anfibios, reptiles, mamíferos, y especialmente de aves”. 

Asimismo, subraya que el promotor no ha realizado ningún trabajo de campo que permita disponer de una información del uso que hacen estas especies del territorio, así como de su abundancia, y esto a pesar de ser zona de campeo, alimentación, descanso y reproducción. En sus alegaciones añade que muchas de estas especies están también incluidas en la directiva europea y, por lo tanto, deben ser objeto de medidas de conservación especiales para asegurar su supervivencia y reproducción porque son “de interés comunitario”.

Al hilo, echa en cara a los constructores que sostengan que, aunque la obra afectará a estas especies por la degradación de sus hábitats, el impacto es “compatible” porque siempre “se pueden desplazar, existiendo en los alrededores otras zonas agrícolas que pueden ocupar”. Y detalla que, de acuerdo con el plan presentado, las especies que pueden verse comprometidas son invertebrados como el escarabajo avispa, anfibios como el sapo corredor o el sapillo moteado, mamíferos como el murciélago ratonero y una decena de aves como la cigüeña blanca, la terrera blanca, el chotacabras pardo, el aguilucho lagunero occidental, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, la totovía, el milano negro y la lechuza común.

“Ausencia de rigor”

Por otro lado, la asociación pone el foco en sus alegaciones en que tampoco se ha valorado cómo afectará a espacios protegidos de la Red Natura 2000 como ‘Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares’ y ‘Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid’ a pesar de su proximidad a la obra. Subraya que ambos presentan “un gran interés faunístico, florístico y geomorfológico” con importantes poblaciones de aves esteparias y rupícolas, así como de aves acuáticas invernantes. 

El escrito lamenta que califiquen el impacto en esas zonas de “inexistente” porque esto demuestra “la ausencia de rigor en el documento ambiental presentado”. Y advierte de que, de seguir adelante con el trámite de construcción de ese polígono industrial, su ejecución dependería exclusivamente de la voluntad del promotor que no ha realizado análisis necesarios como la fragmentación del territorio, la alteración del régimen hidrológico de un arroyo, la pérdida de suelo fértil ni el efecto barrera de los viales proyectados“. 

En definitiva, la asociación explica que el proyecto está “desconectado de la realidad biofísica del lugar y sin un soporte técnico sólido que justifique la idoneidad, localización o prioridad de las actuaciones”. Y por eso pide que se pronuncie el Gobierno de Díaz Ayuso y se reformule la propuesta con un plan técnico detallado, con fichas de actuación, cronograma y un sistema de gobernanza ecológica del proyecto.

Desde la Comunidad de Madrid, que debe dar respuesta a estas alegaciones, se indica que la tramitación es íntegramente municipal y que el ayuntamiento ya ha solicitado informes facultativos, si bien no son vinculantes ni preceptivos. En este sentido, se apunta que, dado que varios de los organismos consultados han puesto sobre la mesa cuestiones que habría que atender, ahora el consistorio debe alegar e informar sobre cómo afrontará esas cuestiones.

Las más de 4.000 toneladas de biomasa retiradas de la orilla en las playas del Mar Menor en los primeros tres meses de 2026 —el equivalente a más de 150 camiones de gran tonelaje cargados de algas y restos vegetales marinos— no son un buen síntoma medioambiental para la laguna salada. Así lo explican tanto científicos como ecologistas que trabajan en el entorno de este ecosistema. “La retirada de la biomasa es necesaria para evitar la pestilencia de la putrefacción y la proliferación de fangos, pero es insuficiente”, afirma al otro lado del teléfono Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, quien no se muestra extrañado por la cantidad de biomasa que las patrullas de limpieza se apuran por retirar de la playa este año. “Llevamos unos meses muy intensos de lluvias, lo que ha generado más arrastre de contaminantes, en especial fertilizantes”.

Desde enero se ha recogido ya el 45% de toda la biomasa retirada en 2025. Desde el Gobierno regional vinculan este aumento de la biomasa con las fuertes lluvias de este año hidrológico. Desde el 1 de octubre, cuantifican, han entrado al Mar Menor por la rambla del Albujón 7,31 hectómetros cúbicos de agua, 2.925 piscinas olímpicas, “más del doble que en el mismo período del año anterior”, apuntan las mismas fuentes. Esta tarea va aparejada a un contrato plurianual con una inversión de 13,2 millones de euros para el periodo 2025-2026, con dos posibles prórrogas de un año cada una de ellas, según fuentes del Ejecutivo murciano, que cifran en más de 224 millones de euros la inversión realizada en conservación y mejora del Mar Menor en los últimos cinco años.

Un paseo por Los Nietos, Los Urrutias o las playas de Los Alcázares basta para darse cuenta de la “gran cantidad de algas filamentosas que se extienden por la costa formando una gruesa capa”, da fe Pagán, quien compara la retirada de las algas con el mito de Sísifo y su eterno castigo a empujar una piedra cuesta arriba en la montaña. Para salir del círculo, añade, “hay que invertir en la prevención, por mucho que se esté destinando del presupuesto regional a la limpieza”. En su opinión, se está fallando en materia de control de nitratos: “El problema en origen sigue sin corregirse y cada vez será peor; la Comunidad autónoma apunta a que la causa está en las lluvias, pero ha habido danas desde que existe el Mar Menor y el asunto no es la entrada del agua, sino lo que transporta, lo que lleva disuelto”.

“El problema es que hay una disponibilidad de nutrientes muy alta, que hace que la producción primaria sea incluso más elevada que antes, lo que explica la presencia de grandes cantidades de biomasa, especialmente de las especies más oportunistas, como el alga Caulerpa. La retirada de biomasa es, por tanto, una medida que se enfoca en las consecuencias del problema, pero no en el problema en sí, que son las entradas de nutrientes a la laguna y su origen en cuenca”, apunta el investigador del IEO-CSIC Juan Manuel Ruiz.

“El Gobierno regional -apuntala Pagán- no está haciendo cumplir la normativa referente a los fertilizantes en los campos y está perjudicando a otros sectores como el de la hostelería, la restauración, el precio de los alquileres en el entorno del Mar Menor o los veraneantes que vienen a estas playas”.

Otros indicadores preocupantes

“Es cierto que han entrado muchos nutrientes por las riadas que ha habido en 2025”, analiza Gonzalo González Barberá, del Comité Científico del Mar Menor. El investigador advierte de que algunas consencuencias “son más inmediatas que otras” y señala que hay algunos indicadores “preocupantes”, como el nivel medio de clorofila, que es más alto que el año pasado por estas fechas, casi el doble, “y hace frío todavía”. En este sentido, recuerda que se han producido varias crisis de anoxia en los últimos años “y que tenemos que estar vigilantes” de cara al verano y el aumento de las temperaturas.

Gonzalo González pone el acento en que no solo son los nutrientes lo que afecta a la laguna: “Cuando no hay lluvias es lo que lleva el acuífero, pero con las danas la entrada de fósforo también es descomunal, lo que genera la proliferación de algas y el proceso eutrófico (al incrementarse los organismos planctónicos por el exceso de nutrientes se disminuye radicalmente la llegada de la luz al fondo)”.

Desde el Ejecutivo advierten de que el Mar Menor “se mantiene en una situación de estabilidad dentro de la cautela”: la salinidad continúa en valores bajos para la época, entre uno y tres puntos por debajo de lo habitual en años anteriores; el oxígeno se sitúa en 6,11 miligramos por litro, la clorofila en 0,90 miligramos por metro cúbico, con un descenso del 48 por ciento, y la transparencia alcanza los 4,31 metros.

Un contexto en el que hay que mantener la vigilancia “y actuar con anticipación, especialmente ante la llegada de los meses de primavera y verano, cuando el aumento de las temperaturas puede agravar los efectos de la acumulación de nutrientes y de la menor salinidad”.

Equilibrio del ecosistema

En este sentido, apuntan que continuarán con la retirada de la biomasa “para garantizar el equilibrio del ecosistema junto con la monitorización continua mientras que no se ejecuten las actuaciones necesarias para reducir el caudal constante de agua dulce que llega al Mar Menor a través de la rambla de El Albujón y el acuífero cuaternario, todas ellas, competencia del Gobierno de España”.

En opinión del científico del IEO-CSIC Juan Manuel Ruíz, “está claro que los aportes a través de Albujón y del acuífero son importantes, pero los procesos que desencadenan episodios distróficos son las olas de calor y las lluvias torrenciales, como se ha visto en 2025 y en años anteriores”. Y concreta que los eventos de lluvias torrenciales como los de la dana Alice en 2025 aportan no solo agua, “sino cantidades masivas de elementos como fósforo que son limitantes de la producción primaria de la laguna”.

El arrastre de estos elementos, añade, se produce a nivel de cuenca debido a la erosión de los terrenos por los que pasa el agua, “especialmente los terrenos agrícolas, que son particularmente vulnerables a los efectos erosivos de estos episodios extremos de precipitacion” por lo que en este problema, “enormemente complejo”, las soluciones no pueden enfocarse en un único punto, considera: “En cualquier caso, hay que tomar decisiones en base a datos y modelos lo más realistas posibles, así como justificar con datos objetivos la efectividad de las medidas que se apliquen”, concluye.

La oposición al plan de la Xunta para dragar el río Lérez a su paso por Pontevedra y depositar los desechos bajo el mar, cerca de las islas de Sálvora y Ons -ambas integradas en el Parque Nacional das Illas Atlánticas-, está creciendo. Una treintena de colectivos han registrado alegaciones en las que avisan de que las muestras no se tomaron a la suficiente profundidad y, por lo tanto, se ha caracterizado mal el material que se va a extraer. También critican que no se analiza el compuesto más tóxico derivado del mercurio y que el depósito de los lodos va a favorecer los episodios de mareas rojas -proliferación de microalgas que afectan a bivalvos, como el mejillón, e impiden que se puedan consumir-.

Las críticas al plan de la Xunta se están haciendo públicas esta semana, con la finalización del periodo de exposición pública del estudio de impacto ambiental. El proyecto para limpiar el río en el entorno de la ciudad de Pontevedra lleva años pendiente en los despachos de San Caetano. En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica suspendió el depósito de materiales procedentes de dragados en la zona que se venía usando desde 1998: el llamado punto exterior de Sálvora o E/8. Encargó un análisis para conocer en qué estado se encontraba la zona y la viabilidad de otros dos puntos para hacer esos vertidos. Uno es el llamado punto B, muy cercano al E/8, y otro el punto D, más al sur y propuesto para residuos procedentes de las zonas más meridionales de las Rías Baixas. Los análisis concluyeron que el estado ecológico era bueno y que las otras dos áreas alternativas estudiadas también eran adecuadas para deshacerse de los materiales.

Con ese visto bueno, la Xunta se apresuró a poner en marcha el plan de dragado y el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció a principios de febrero que se iniciaba la tramitación a través de Portos de Galicia, un ente que depende de la Consellería do Mar. El cálculo es que se van a extraer 500.000 metros cúbicos de material y la propuesta, depositarlos en zona B. Este punto sigue estando muy cerca del Parque Nacional das Illas Atlánticas, aunque justo fuera de la zona de protección de dos millas náuticas, a diferencia del E/8, que entraba en esa área en una de sus esquinas. En el E/8 están acumulados ya tantos residuos que se ha levantado una montaña que llega a los 18 metros en su punto más elevado. Estos depósitos han sido criticados por pescadores que trabajan en la zona y ecologistas, que avisan de los posibles efectos sobre la ría de Arousa, la joya de la corona de la producción marisquera en Galicia.

El plan para el dragado y posterior depósito bajo el mar de los materiales registra alegaciones de más de una treintena de colectivos: a las ya anunciadas por la asociación ecologista Anduxía, con sede en Bueu (Pontevedra), se suman las de otras 33 entidades, entre las que están seis cofradías, numerosas agrupaciones de productores de mejillón de la ría de Arousa, la Plataforma en Defensa da Ría de Vigo, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, la CIG y el Colectivo Ecoloxista do Salnés. Estos 33 grupos señalan que la cuestión es “preocupante por varios motivos”, el primero de los cuales es su gran cantidad. Además, avisan de que un 15% de los residuos son finos y hay gran cantidad de materia orgánica, que es algo que “favorece la presencia de las mareas rojas”.

Otra de las críticas es que muchas de las muestras no se han hecho según exige la normativa y “la mayoría está mal caracterizada porque no se tomaron las muestras en profundidad”. Añaden que la contaminación que se había detectado en 2009 en los análisis de la empresa Centro de Investigaciones Submarinas “desaparece posteriormente” porque, razonan, se tomaron muestras superficiales, que coinciden con depósitos de sedimentos recientes.

Las alegaciones se detienen en un punto: el Foso LE 35, en el que aseguran que hay una fuerte contaminación por mercurio, pero se decide no dragarlo. En las zonas que lo rodean las muestras se toman solo en superficie, “sin verificar la existencia de contaminación en profundidad”, objetan y añaden que el plan tampoco prevé cómo se van a dragar estas zonas sin que se desplace la contaminación del Foso LE 35. Estos colectivos piden que sí se retire el material en este punto y sea “aislado en tierra como residuo peligroso”. Además, indican que no está cuantificada la presencia de monometil-mercurio, que es un compuesto tóxico.

Los colectivos se quejan también de que no se indica el tiempo que va a llevar el proceso de extracción de sedimento ni la suspensión del marisqueo que va a implicar. Otra alegación se refiere a que el punto B en el que se van a verter los materiales también está en el canal de entrada de las aguas de afloramiento, lo que quiere decir que las causas que provocaron que se desplazase el 47% del material depositado en el punto E/8 siguen dándose en el B.

Ante esta situación, reclaman a la Xunta que el material dragado no se deposite en la zona B, sino que se inmovilice en tierra en condiciones de impermeabilidad, que se amplíen los análisis de los sedimentos a extraer y que se evalúen económicamente los posibles daños a la producción de bivalvos en la ría de Arousa. Piden también un estudio más profundo del transporte de sedimentos finos en la desembocadura del Lérez para poner en marcha medidas de vigilancia ambiental y correctoras del impacto del dragado en los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra mientras se esté actuando. Y compensaciones económicas a os afectados que deban parar la actividad.

El sector de los centros de datos en España cerró el año 2025 con 439 MW de potencia instalada, equivalente a unos 500.000 hogares. Es un crecimiento del 25% respecto al año anterior. No obstante, la carrera solo acaba de empezar: para el año 2030, el sector quiere multiplicar su potencia instalada por seis, hasta los 2.537 MW, tal y como recoge el Informe Anual del sector elaborado por su patronal que ha sido presentado este miércoles.

La asociación SpainDC atribuye este crecimiento al auge de la inteligencia artificial, que se ha convertido en “el motor de demanda más disruptivo y determinante”. “Las cargas de trabajo de IA están incrementando los requisitos de densidad de potencia, acelerando la adopción de la refrigeración líquida y apuntalando la necesidad de instalaciones más grandes y con energía asegurada”, detalla.

Se trata de una tendencia que coloca a España como uno de los lugares del mundo más interesantes para construir nuevos centros de datos, debido a la disponibilidad de energía renovable y barata. Según los cálculos de la patronal, esto podría suponer hasta 66.900 millones de euros de inversión en el país y más de 17.000 empleos. Sin embargo, la tendencia también “incrementa la presión sobre la capacidad de la red eléctrica nacional y los marcos de concesión de autorizaciones”, reconoce el informe.

“La disponibilidad de energía se ha convertido en una de las limitaciones que influyen en el desarrollo de los centros de datos en España, especialmente en Madrid y sus alrededores. Aunque España presenta una abundante capacidad de generación de energía renovable, la disponibilidad y los tiempos de conexión a la red eléctrica –más que la generación en sí– están limitando cada vez más los nuevos desarrollos”, detallan.

Piden mejorar la red y prioridad en los permisos

Para acceder a esa inversión que quiere instalar nuevos centros de datos en España, el informe señala como “clave” mejorar “las limitaciones en subestaciones”, que transforman y distribuyen la electricidad, adaptando el voltaje según los requerimientos de hogares o industrias. También “el desigual margen de maniobra de la red eléctrica regional”, siendo ambos factores que ya “han retrasado o paralizado varios proyectos”, aseguran.

Para desenquistar este cuello de botella, el sector pide eliminar las “solicitudes especulativas de conexión a la red”: el informe advierte de que cada vez hay más promotores piden enganchar sus parcelas a enormes capacidades energéticas como las que necesitan los centros de datos para asegurarse el suministro sin tener un proyecto viable detrás, lo que congestiona las colas y bloquea el acceso a quienes sí tienen capacidad firme de ejecución. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegó a denominar esta avalancha de peticiones como “una burbuja”.

A la mejor eléctrica la patronal suma también la petición de reducir la burocracia. Según sus cálculos, el 91% de los operadores se enfrenta a plazos de varios años de aprobación para obtener permisos, que se suma a las “incoherencias locales y regionales” que restan transparencia y ralentizan las obras. Resulta muy difícil, argumenta la patronal, aplicar normativas tradicionales de construcción a megainstalaciones que “albergan equipos en lugar de personas”.

“España no compite solo por atraer centros de datos; compite por inversión, productividad y relevancia estratégica en la nueva economía digital”, ha manifestado Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC: “Consolidarnos como hub digital del sur de Europa refuerza nuestra competitividad y nuestra capacidad para desplegar digitalización e inteligencia artificial desde infraestructura propia”.

Negocio copado por multinacionales

La patronal de los centros de datos documenta en su informe como el sector “está experimentando una expansión rápida y profundamente transformadora en términos estructurales”. Se refiere a cómo España está dejando de ser un mercado periférico enfocado a los pequeños centros de datos corporativos nacionales (gestionados por bancos, administraciones o empresas de telecomunicaciones) para convertirse en un polo europeo dominado por los gigantes tecnológicos.

A finales de 2025, la potencia instalada en los centros de datos de estas grandes multinacionales ya superó en volumen a la infraestructura de las instalaciones empresariales tradicionales. Solo durante el último año, la inversión directa de estos gigantes, a los que se denomina “hiperescalares”, se triplicó. Destacan las apuestas de Amazon, que supera ya los 33.000 millones de euros de inversión en Aragón; Microsoft, con más de 5.000 millones en la misma región; o Meta, con un gran centro de datos en Talavera de la Reina con un coste de unos 1.000 millones de euros.

La presión eléctrica sobre estas regiones es grande. Solo entre Amazon y Microsoft consumirán tanta energía como el resto de la comunidad aragonesa antes del boom de los centros de datos. Además, asociaciones ecologistas y locales han demandado a la primera por la falta de transparencia en la utilización de otros recursos, como el agua, así como los pactos que ha alcanzado con las administraciones.

La trampa de la energía limpia

La asociación sitúa la sostenibilidad como un requisito básico para su operativa en España, afirmando que el 95% de la electricidad consumida por los operadores hiperescalares proviene de fuentes con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, para alcanzar estas cifras en sus balances, las compañías recurren a Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y Garantías de Origen (GdO), métodos que tanto los especialistas en cambio climático como sus propios empleados consideran como una trampa contable.

El motivo es que estos certificados permiten a las empresas deducirse emisiones en sus informes oficiales sin que ello suponga necesariamente la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia o un cambio real en el mix energético de la red eléctrica, como documentó elDiario.es en este reportaje.

La clave radica en el consumo real de estas infraestructuras, que requieren energía de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Durante los periodos nocturnos, cuando la producción renovable cae, los centros de datos absorben electricidad proveniente de centrales de gas o nucleares. Sin embargo, el Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las multinacionales destacar únicamente la cifra de emisiones más favorable, basada en certificados de carbono. Este método de cálculo camufla hasta el 85% de la contaminación efectiva producida por la inteligencia artificial.

Petronor defiende que cumplió en todo momento “con sus obligaciones de comunicación a las administraciones competentes y a los ayuntamientos conforme a los protocolos establecidos” en el incidente en la refinería del pasado 26 de febrero que provocó niveles altos de benceno en el aire y que llevó a las autoridades a recomendar a la población de Muzkiz que no saliera de sus casas ni realizara actividades al aire libre durante varias horas. Después de que el lehendakari Imanol Pradales señalara en el Parlamento Vasco que la comunicación de Petronor con el servicio de emergencias y su coordinación con las instituciones “no se realizó de manera adecuada”, representantes de la empresa han ratificado que se cumplieron todos los protocoles de aviso en estos casos.

No obstante, han señalado que “las autoridades competentes son las responsables de valorar la necesidad de adoptar medidas de protección a la población y de comunicarlas a través de los canales oficiales: SOS Deiak, 112, comunicados municipales, etc. A Petronor no le corresponde entrar a valorar las declaraciones de los responsables políticos o de las autoridades. Nosotros hacemos referencia únicamente a los hechos”, ha señalado el responsable de Medio Ambiente y Seguridad de la empresa, Xavier Fava.

Fava ha comparecido en la comisión parlamentaria de Industria a petición de EH Bildu para informar del incidente del pasado mes. Se ha desarrollado sin representantes del PP, como tampoco de Sumar. El responsable de la empresa se ha mostrado abierto a “colaborar plenamente con cualquier revisión o auditoría que las autoridades competentes consideren necesarias”, pero ha reiterado que se cumplió con la transparencia y la rapidez en los avisos, y que el incidente “en ningún momento se puso en riesgo la salud de las personas”.

“Y esta afirmación no constituye una mera valoración de Petronor”, ha señalado. “Salud Pública del Gobierno vasco, autoridad competente en la materia, manifestó públicamente en los medios de comunicación que el incidente no tuvo afección sobre la salud de la población”, ha indicado en relación a una entrevista radiofónica que concedió el director de este área la mañana tras el incidente. De igual forma, ha asegurado que tampoco hubo riesgo para la salud de los trabajadores, y ha destacado que “no existió confinamiento”, como estaba insinuando en sus intervenciones la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba.

“Fueron medidas preventivas similares a las que se pueden adoptar en un episodio de calima que se pueden dar durante el verano”, ha señalado. No ha podido responder a las preguntas de por qué se tardó tanto en avisar a la población desde que se registró el pico de benceno por la mañana, ya que no se alertó a los habitantes de Muskiz hasta la tarde, cuando se registró otro pico en una estación de medición móvil que habilitó el Gobierno vasco, a cuyos datos Petronor no tuvo acceso directo. “No le puedo facilitar datos que nosotros no tenemos y que ese día no dispusimos para poder gestionar la situación”, ha señalado.

Ha relatado que los valores de benceno registrados en la cabina de San Julián “si bien superaron puntualmente durante una hora el umbral de comunicación fijado por acuerdos entre Petronor y el Gobierno vasco, se normalizaron a las 12.00 del día 26 y no volvieron a superarse en ningún momento posterior”. En concreto en esta cabina de San Julián, como ha señalado, a las 11. 00 de la mañana se registraron 106,56 microgramos por metro cúbico, cuando los niveles límites son de 5 microgramos por metro cúbico. Ha indicado que las cabinas de Muskiz, Las Carreras y Abanto, permanecieron en todo momento por debajo de esos umbrales“ elevados de la de San Julián. En cualquier caso, ha insistido en que ”durante todo el desarrollo del incidente, Petronor cumplió con la normativa que resulta de aplicación y la situación estuvo bajo control. Las medidas aplicadas fueron eficaces, la evolución fue monitorizada de forma continua a través de nuestro sistema de cabinas de ignición y la normalización de los valores se produjo en un plazo de tiempo razonable y acorde con la naturaleza del evento“. ”Quiero dejar constancia igualmente de que Petronor cumplió con sus obligaciones de comunicación a las administraciones. Petronor había enviado ya una primera comunicación a las autoridades competentes 45 minutos después de la primera detección en la cabina de San Julián. La transparencia informativa con las administraciones es y continuará siendo un principio y renunciable para nuestra compañía“, ha reiterado.

Cuestionado por la parlamentaria de EH Bildu sobre la posible relación de varios incidentes en la refinería, ya que, por ejemplo, en el mes de diciembre se produjo otra fuga de benceno por un incidente en un tanque de gasolina, el representante de la empresa ha señalado que los incidentes afectan a instalaciones distintas. “No nos encontramos ante un problema sistémico o recurrente de la operativa de la refinería, sino ante eventos aislados. Si bien se han producido en un periodo temporal relativamente próximo, responden a causas y a circunstancias absolutamente independientes”, ha señalado. En su intervención ha asegurado que en cada caso se han tomado medidas oportunas para que cada uno de los incidentes no se repita. No obstante, ha pedido disculpas a la población del entorno por las molestias, y les ha asegurado que “vamos a tomar las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir”.

El 26 de febrero, el Gobierno vasco dio aviso a la población a última hora de la tarde para que permaneciera en sis casas en la medida de lo posible tras detectar concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 ug/m3 (microgramos por metro cúbico). Unos días después, el 3 de marzo, volvieron a registrarse picos de benceno de hasta 42,94 microgramos por metro cúbico, pero el Gobierno vasco tranquilizó a la población y aseguró que la calidad del aire era “normal”, tras comprobar que se había tratado de un pico puntual. En ese momento, fuentes de Petronor consultadas por elDiario.es/Euskadi señalaron que ese “pico puntual” era fruto de la finalización del incidente del jueves anterior en un tanque de gasolina de la refinería, pero Xavier Fava no se ha referido a ello en su intervención el Parlamento pese a que le ha preguntado al respecto la parlamentaria de EH Bildu.

Suspenso en la calidad del aire en Erandio

La comparecencia sobre el incidente de Petronor en la comisión de Industria del Parlamento Vasco ha estado precedida de la presentación de un estudio sobre la calidad del aire en Erandio llevado a cabo por dos investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, Enrique Navarro y Jorge Pey, que comprobaron que elevados niveles de contaminación tanto en la zona industrial como la urbana de Erandio con niveles de partículas contaminantes muy por encina de otras ciudades con alto grado de contaminación, tanto en el material que se encuentra en suspensión en el aire como el que se deposita en todas las superficies.

Por ejemplo,  el estudio constata que respeto al sumatorio de todos los metales presentes en el material particulado en el aire, la carga en Erandio en la zona industrial es “entre 5 y 7 veces superior a lo que sería la media el promedio urbano europeo, que suele ser mayor que el promedio rural o zonas que no tienen tanto tráfico ni tanta industria”. Comparando con algunas regiones de China, es cinco veces superior al promedio en determinadas zonas de China. “Comparando por ejemplo que una de las ciudades más pobladas del planeta, que es Nueva Delhi, vemos que en algunos metales, como por ejemplo zinc y níquel, tiene niveles comparables a esta ciudad”. También se han referido a otras campañas de medición realizadas con otros parámetros entre ciudades de España en 2020. “Erandio tenía más del doble de la contaminación que presentaba Barcelona, que en aquel entonces estaban en el top en el ranking de las ciudades más pobladas por metales”.

Ante esta situación, los expertos han recomendado “reforzar la vigilancia” por “riesgo cardiovascular o respiratorio para la población afectada y por la presencia de carcinógenos, como serían algunos de los de los metales detectados”.

Cuestionados los autores del estudio sobre la eficacia de los medidores de la calidad del aire para determinar los niveles de contaminación, han señalado que “no siempre lo importante es el número de estaciones con las que se cuenta, si no dónde se ponen, qué mantenimiento les estamos dando y con qué frecuencia están funcionando,” ha señalado Enrique Navarro. “Es como si se va al médico con un brazo inflamado y el doctor analiza el que está sano, me dirá que no tengo nada”. En este sentido, ha reiterado que estas estaciones deben estar en los “lugares más representativos de contaminación”. “Si las pongo, pero no donde debo, no las tengo activas todos los días y no proceso en tiempo real para tomar medidas”, no servirán, han señalado.

Amigos de la Tierra La Rioja ha alertado del aumento de las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de la agricultura. Mientras en 2021 ascendían a 15.570,65 Ha, ahora en 2026 ascienden a 21.365,16 Ha. “Un recurso tan básico como el agua para la vida se encuentra en contaminado en 14 acuíferos por la agricultura”, señala.

“Ni en una sola de las zonas declaradas como vulnerables se ha producido un descenso de la superficie afectada, desde el 2021 al 2026”, asegura Amigos de la Tierra, que recuerda que la declaración de una zona como vulnerable lleva consigo una limitación en cuanto a los abonados nitrogenados a aplicar al suelo.

“Mientras tenemos agua de boca procedente de diferentes sistemas de abastecimiento, en parte porque las aguas subterráneas están contaminadas por nitratos (caso del Oja), no se aborda de forma rigurosa la contaminación por nitratos”, apunta la asociación. El límite legal del contenido de nitratos en el agua de boca es de 50 mg/l, incluso se está empezando a recomendar contenidos inferiores a 6 mg/l.

“Además de perder acuíferos, que podrían ayudarnos a salvar épocas de sequía, se contaminan los ecosistemas al provocar la eutroficación de las aguas. La eutroficación de las aguas provoca un desarrollo descontrolado de las algas y gravísimas alteraciones en los ecosistemas”.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja consideran que “el Gobierno de La Rioja se pliega al lobby agroganadero, dado que es incapaz de lograr que ni una sola zona vulnerable reduzca su superficie”. Concretamente, se declaran 4 nuevas zonas como vulnerables y se amplía la extensión de estas zonas en 7 de ellas. Amigos de la Tierra La Rioja reclama al Gobierno de La Rioja que “frene en seco” la contaminación por nitratos que padecen los acuíferos, lleve a cabo medidas efectivas para proceder a su recuperación y realice una política medioambiental seria y rigurosa. 

Varapalo para la movilización vecinal en Usera y Villaverde contra el crematorio de la M-40. La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia número 32 de Madrid ha desestimado el recurso de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) contra el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, que impugnaba la resolución que dictó la Agencia de Actividades el 18 de octubre de 2024 al horno.

La luz verde a la instalación, de la que es titular la entidad mercantil Parques de la Paz SA/Parcesa (codemandada), ha sido ejecutada por el Consistorio de acuerdo a la legalidad vigente a criterio del magistrado. Menciona el auto que no están sometidas “a ningún procedimiento preceptivo de evaluación ambiental de ámbito municipal” y que corresponde a la Comunidad de Madrid “establecer las condiciones de la autorización encaminadas a garantizar la integración ambiental de la actividad en su entorno”, así como dar cumplimiento a las disposiciones legales respecto a la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica.

Según el tribunal, la actuación urbanística en cuestión “no estaba sometida a informe de evaluación ambiental” y, por ello, “no ha supuesto una falta de ejercicio o desplazamiento de las competencias del control urbanístico”. Tampoco que “el órgano tramitador no haya tenido en cuenta ningún aspecto medioambiental”. Sobre la distancia mínima del horno a las viviendas, explica que la ley “no exige imperativamente que exista una distancia mínima entre la instalación y un núcleo de población, sino que, en aquellos casos en que esa distancia sea inferior a 500 metros, el órgano competente de la Comunidad Autónoma” podrá decidir según su criterio si la actividad forma parte de un grupo con requisitos de emisiones más exigentes (denominado grupo A) o menos (grupo B). El proyecto afectará a los barrios de San Fermín (Usera) y Los Rosales (Villaverde), cuyas viviendas y centros educativos se encuentran a menos de 200 metros.

Añade el juez que “la actuación municipal impugnada se encuentra suficientemente motivada”, pues se explicitan “aspectos técnicos considerados favorables” para su concesión. Tampoco considera que se produzca desviación de poder, ya que “el Ayuntamiento ejerce sus respectivas competencias en materia de control urbanístico”. Desde su punto de vista, tampoco se ha incurrido en la vulneración del derecho de calidad del aire y descentralización administrativa, puesto que la concesión de la licencia es competencia del Ayuntamiento y el control medioambiental en este caso “se ha efectuado por la Comunidad de Madrid a través de la autorización prevista en la legislación básica estatal”.

La Fravm también denunciaba que se producía un desequilibrio territorial por la implantación del Crematorio en el barrio de San Fermín, a lo que responde que los aspectos relacionados con el reequilibrio territorial “exceden del objeto de las licencias urbanísticas”.

Después de conocer la sentencia, la Fravm aclara que el alcance de este fallo “se limita estrictamente a la adecuación del procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento, pero en ningún caso certifica que la instalación sea inocua para la salud pública o el medio ambiente”.

Un polémico proyecto con idas y venidas para su puesta en marcha

El Consistorio dio el primer paso hacia el crematorio con la aprobación de la licencia el 16 de agosto de 2024, después de validar la documentación técnica y con la autorización ambiental previa del Gobierno regional. Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid defendieron entonces que la concesión se ajustaba a derecho y respondía a una sentencia firme del Tribunal Supremo.

No obstante, la instalación del crematorio había sido denegada en tres ocasiones anteriores: en 2002, 2015 y 2021. En la última, bajo el mandato de Almeida, se alegó el incumplimiento de la distancia mínima de 250 metros respecto a viviendas y otros equipamientos, tal y como establece la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente de Madrid. Parcesa recurrió y el Tribunal Supremo obligó a dictar una nueva resolución, lo que desembocó en la concesión actual.

La Fravm y otros colectivos vecinales de los entornos afectados, que han protagonizado varias protestas en las calles, sostienen que la licencia se otorgó “sin comunicación previa” y subrayan que la normativa vigente mantiene la exigencia de los 250 metros de distancia. En su entorno inmediato, destacan, hay bloques residenciales, un instituto, un colegio, tres parques, dos centros comerciales y hasta una escuela infantil de la Comunidad de Madrid a menos de 160 metros.

Este proceso legal es independiente al emprendido por Más Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El principal partido de la oposición en la ciudad y la región presentó una demanda en enero contra la autorización ambiental concedida por la Comunidad de Madrid, al considerar que no se han evaluado los riesgos para la salud ni se han tomado medidas para reducir las emisiones contaminantes. Argumentan que la autorización ambiental del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso carece de una motivación suficiente y no analiza si las medidas técnicas previstas permiten “controlar en origen las emisiones contaminantes”, a pesar de la cercanía del foco de emisión con la actividad humana.

El Consello de Contas señala que, a fecha 31 de marzo de 2025, solo los ayuntamientos de A Coruña y Pontevedra cumplían con el objetivo de contar con una zona de bajas emisiones (ZBE). El objetivo fijado era que todas las ciudades de España con más de 50.000 habitantes -o de más de 20.000 habitantes con valores límite de los contaminantes elevados- están obligadas a contar con una ZBE con la entrada de 2023. Sin embargo, un informe que acaba de publicar Contas, y que recoge Europa Press, señala que hubo retrasos en varias ciudades gallegas.

El estudio apunta que, en el momento de elaborarlo, en Ourense la previsión era que entrase en vigor a finales de 2025 -lo hizo en los últimos días de diciembre. También se fijaba finales de 2025 en el caso de Santiago, con un proyecto técnico elaborado. La capital gallega aprobó en noviembre de ese año una modificación de una ordenanza para reconocer expresamente la zona vieja como zona de bajas emisiones. La fecha prevista para entrada en vigor en Vigo se sitúa en 2026.

Mientras, para Lugo no observa Contas entrada en vigor prevista, aunque sí se indica que está el proyecto técnico elaborado pendiente de someter a información pública. La ordenanza para la ciudad sigue actualmente en tramitación. Más retrasada va la ciudad de Ferrol con base en este informe, pues era la única de las siete sin proyecto técnico hasta marzo de 2025. Después se inició la tramitación, con una fecha prevista para 2027.

Entre las observaciones de Contas se incluye que “la definición de los objetivos y la delimitación de la ZBE en los proyectos técnicos elaborados no cumplen con carácter general los requisitos establecidos en el RD 1052/2022”. Además, “los medidores de las estaciones de medición no están incluidos en la propia ZBE, con la excepción de los ayuntamientos de A Coruña, Pontevedra y Ferrol”. Asimismo, el diseño técnico empleado por los ayuntamientos recoge el contenido mínimo establecido en los ayuntamientos de Lugo y Vigo. “En el resto de ayuntamientos no está completo”, advierte.

De hecho, concluye que los Ayuntamientos de Lugo y Santiago de Compostela “deben tener en cuenta las deficiencias ya detectadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la puesta en marcha de gran parte de las ZBE en España, entre las que figura la delimitación de zonas con un ámbito territorial insuficiente o coincidente con áreas ya restringidas, siendo solo un cumplimiento meramente formal, sin ninguna voluntad de cambio efectivo”.

En el caso de los dos ayuntamientos con zonas de bajas emisiones establecidas, informan a la DGT. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pontevedra “no cumple el plazo establecido en el artículo 10 del RD 1052/2022”, mientras que en el Ayuntamiento de A Coruña “no pudo verificarse”, señala Contas. También informan al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Ayuntamiento de Pontevedra acredita la información a la autoridad autonómica competente.

“Los ayuntamientos de A Coruña y Pontevedra no establecen un procedimiento para realizar el seguimiento y revisión del cumplimento de los objetivos establecidos en la ZBE. Además, el Ayuntamiento da Coruña tampoco define objetivos cuantificables”, agrega.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado este miércoles la negativa de PP y Vox en sede parlamentaria a hacer públicos los resultados del estudio sobre la contaminación por metales pesados del Campo de Cartagena que la Consejería de Agricultura encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 y que revelan altos niveles de metales pesados en las tierras de cultivo del arco sur de la comarca.

La coalición de izquierdas ha llevado al Hemiciclo una moción para exigir al Ejecutivo regional no solo la publicación inmediata del informe, sino también la puesta en marcha de medidas urgentes, como aplicar el principio de precaución y adoptar los controles necesarios de los productos agrarios en aras de proteger la salud de los consumidores y de los trabajadores del campo, y aprobar antes de finales de 2026 el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam).

Sin embargo, los votos en contra de la derecha y la ultraderecha han rechazado la iniciativa, pese a los favorables de Podemos-IU-AV y PSOE, de modo que el informe, cuyos resultados certifican que los niveles de plomo y cadmio son, respectivamente, diez y cinco veces superiores a los límites legales en tierras agrícolas, no verá la luz. “El pasado 4 de febrero, la Consejería de Agricultura resolvió en documento oficial, ante una solicitud de información pública, que el informe no existía”, ha explicado Marín durante su intervención. Pero unos días después “cambió la versión y admitió que el estudio había sido entregado, pero que no cumplía con los objetivos y que iba a reclamar a la universidad el reintegro de la subvención, de 293.035 euros”.

“La consejera, Sara Rubira, ha mentido. Sí tenían el informe. Los han pillado con las manos en la masa, y mentir en documento público es un delito”, ha manifestado la diputada, antes de enunciar varias preguntas que no han obtenido respuesta. “¿Por qué han mentido? ¿Por qué no quieren hacer públicos los informes? ¿Qué pone en ese estudio que tanto miedo tienen?”.

“Existe un grave problema de contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena que proviene de la Sierra Minera. No pueden negar la evidencia. Frente a eso, la estrategia del PP ha quedado clara. Es mejor callarse, a ver si el problema se resuelve solo o se olvida. Es lo que llevan haciendo 30 años. Pero los problemas no se resuelven solos. Se agravan. Lo mismo que ha pasado con el Mar Menor”, ha proseguido.

La diputada ha acusado a la bancada popular y a los sucesivos ejecutivos autonómicos de “dañar a los agricultores por hacer caso omiso y no tomar ninguna medida para descontaminar la Sierra Minera”.

Por su parte, el diputado de Podemos-IU-AV José Luis Álvarez-Castellanos ha responsabilizado a Sara Rubira de “negar la evidencia” del informe, que fue entregado a la Consejería en mayo de 2025, y de no ofrecer ni una sola explicación al respecto en la Asamblea cuando se le interpeló por ello. “Se limitó a leer el decreto de concesión de la concesión del estudio, y a decir que no aporta los requisitos metodológicos exigidos”, ha evidenciado.

“Este tema necesita de una explicación coherente, necesita que la consejera dé la cara y ponga los documentos a la disposición pública de esta Cámara. Ella es la principal responsable de la mala imagen del Campo de Cartagena”, ha añadido Álvarez-Castellanos.

El parlamentario de la coalición de izquierdas ha recalcado que la moción debería “haber obtenido la unanimidad” del Hemiciclo. “Rubira está atentando contra el derecho a la información pública de una situación que pone en riesgo la salud de todos”, ha concluido.

El Ayuntamiento de Madrid va a convertir la moratoria a la circulación de coches sin etiqueta de los habitantes de la capital en un permiso casi definitivo. Lo hará en el último momento posible, cuando se apruebe la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible en el Pleno de este mes de marzo, a través de una enmienda que introducirá el Partido Popular.

La decisión la ha tomado el área de Movilidad, que pone como única condición que los límites de polución marcados por la Unión Europea se cumplan, como lleva ocurriendo desde hace cuatro años. Al tratarse de una autorización temporal de circulación, si alguna de las estaciones de medición de la red superara los máximos anuales marcados, la circulación quedaría prohibida.

A la autorización para circular se le une también la de poder aparcar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio de cada residente. Todo estará incluido en una disposición transitoria que afectará a los vehículos con clasificación ambiental “A” empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital.

A tenor de los datos registrados durante los últimos años, es difícil que vuelvan a superarse los niveles máximos de dióxido de nitrógeno marcados en la directiva de calidad del aire (en 2025, ninguna estación rebasó los 32 microgramos por metro cúbico, cuando el límite está en 40). Además, el parque automovilístico de vehículos sin etiqueta irá reduciéndose paulatinamente. Actualmente circulan en la ciudad 11.309 de los 1.045.898 vehículos que pasaron por la ciudad en febrero, el 1,08%, según datos del área de Movilidad.

El área que dirige Borja Carabante defiende que esta medida es posible porque “el porcentaje de afección es mínimo” y gracias también a otras medidas de descarbonización como la renovación de la flota de la EMT o la prohibición de calderas de carbón. También recuerda los más de 140 millones de euros entregados en ayudas para la compra de vehículos eléctricos.

Dos años mareando a los conductores residentes

La decisión del área de Movilidad se toma después de que el Ayuntamiento haya estado durante dos años dando vueltas a la normativa de circulación de Madrid, sin dejar claro a los propietarios de los coches más contaminantes si podrían circular o no con ellos por la ciudad.

En diciembre de 2024, a menos de un mes para que acabara la moratoria del protocolo, el Gobierno de Almeida decidió extender un año más el permiso de circulación y estacionamiento para los vehículos sin etiqueta. Para entonces, muchos propietarios afectados ya habían vendido o desguazado sus vehículos, pensando que no los podrían volver a sacar del garaje. Hace unos meses volvió a repetirse la casuística pero la mayoría de los conductores de vehículos antiguos alargó la decisión para ver si se repetía la maniobra municipal de alargar la moratoria, cosa que acabó sucediendo de nuevo.

Con la decisión anunciada este martes, los vehículos sin etiqueta de residentes podrán seguir circulando hasta su jubilación. La medida no afecta al resto de vehículos sin distintivo ambiental que accedan a la capital, cuya circulación seguirá prohibida y vigilada por cámaras, bajo multa de 200 euros en caso de que se produzca la entrada.

El departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco ha concedido al Ayuntamiento de Erandio la habilitación de un solar para uso como parking en terrenos antiguamente industriales sin contar con un informe que garantice que no hay contaminación del suelo. El consistorio había solicitado la exención de contar con la declaración ambiental pertinente de forma previa al uso de las instalaciones y el Ejecutivo se la ha concedido, por considerar que cumple las condiciones para ello, según señala en una respuesta parlamentaria a una solicitud de información de EH Bildu.

Precisamente fue EH Bildu en el Ayuntamiento de Erandio el que denunció que el consistorio carecía de la autorización ambiental del departamento de Industria para habilitar un terreno que podría estar potencialmente contaminado, ya que forma parte del solar que hace años ocupaba la empresa Cables y Alarmes (CAESA), que se derribó tras un proceso concursal, y que ahora es propiedad de Viuda de Sanz, que cedió al Ayuntamiento esta parte del terreno para hacer el aparcamiento. El parking lleva operativo desde el mes de mayo sin la citada autorización.

El equipo de Gobierno de Erandio, de PNV en coalición con PSE-EE, tras recibir un requerimiento de la Autoridad Medioambiental para que realizara los trámites precisos para contar con la declaración, solicitó un informe a una empresa para argumentar ante el organismo ambiental que la actividad que se realiza en este solar está exenta de pedir de la autorización. Según ha detallado el departamento en la información remitida al Parlamento Vasco, tras recibir dicha solicitud, con fecha 16 de febrero de 2026 “se ha emitido Resolución del director de patrimonio natural y adaptación al cambio climático, por la que se declara la aplicabilidad de la exención”, y por tanto el aparcamiento puede seguir operativo sin el informe medioambiental. Estas exenciones están reguladas por el artículo 25.2 de la ley 4/2015, de 25 de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo que fija una serie de condiciones que considera que se cumplen en el caso del aparcamiento de Erandio.

En este caso se cumple, por un lado, según Industria, que el aparcamiento será una “instalación provisional”, que tendrá una “actividad inferior a dos años”. Por otro, la actividad que se pretende implantar “es de tipo industrial, no compatible con uso de vivienda” y “se llevará a cabo sobre zonas totalmente cubiertas y pavimentadas, sin posibilidad de contacto directo con el suelo”. Además, señala que la actividad históricamente llevada a cabo en la parcela “ha sido de potencial contaminante alto. Sin embargo, la parcela dispone de información relativa a la calidad del suelo, incluido el ACR -análisis cuantitativo de riesgos- que se incluye en el presente documento, por lo que la condición se cumple plenamente”, señala.

Por todo ello, “a la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley 4/2015 por lo que se solicita la exención del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en el artículo 25 de dicha Ley para la zona cedida al Ayuntamiento de Erandio de la parcela históricamente ocupada CAESA, en la que se prevé la implantación de un aparcamiento con carácter provisional”.

La zona en la que se encuentra el aparcamiento provisional es una pequeña parte de los antiguos terrenos que ocupaba la empresa CAESA, ahora propiedad de Viuda de Sanz, que experimentará una regeneración urbanística total, ya que está prevista la construcción de más de 350 viviendas, plazas, aparcamientos y zonas habilitadas para el desarrollo de actividades económicas. De momento se han iniciado los trámites para declarar la calidad del suelo y actuar en las zonas que sean necesarias.

La Justicia ha dado por zanjado un histórico litigio por las tierras contaminadas por las bombas de Palomares. En 1966, dos aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo y al liberar cuatro bombas atómicas, dejaron un reguero de plutonio que a nadie importó demasiado. Fue en 2004, cuando la burbuja inmobiliaria llegaba a la costa de Almería, cuando el Estado comenzó el trámite para expropiar los terrenos. Pero una promotora británica alegaba que tenía permiso para construir allí. El pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía zanjó la disputa y permitió que el Estado se quede con los terrenos por unos euros el metro cuadrado.

La historia de las bombas de Palomares es una en la que nadie sabe explicar muy bien qué pasó antes de su mandato, cómo se pudo llegar allí. Tras el accidente, Estados Unidos embarcó gran cantidad de tierra contaminada en bidones y, a través de Cartagena, la llevó en buques a su territorio. El régimen de Franco lo dio por bueno. Washington y Madrid firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos pagaría análisis de sangre a la población a ver si había alguna anomalía en la incidencia de cáncer y listo. 

En realidad, durante décadas a nadie le importó mucho. El levante de Almería seguía siendo una zona árida y lejos de Madrid. No había llegado el boom de la agricultura y el turismo.

Eso cambió a principios de los 2000. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear detectaron en el americio en el aire, producto de la desintegración del plutonio, activo durante decenas de miles de años. La zona, con una de las mayores reservas de suelo virgen del Mediterráneo, era un hervidero de grúas. Había que hacer algo. El Gobierno de Aznar aprobó discretamente una partida para expropiaciones.

Fue un año después y ya con Zapatero en Moncloa cuando el Ciemat decidió que, para expropiar, tenía que saber realmente la contaminación que había. En un primer momento caracterizó varias zonas donde habían caído las bombas y donde el ejército estadounidense había acumulado la tierra que se llevó. Era poco terreno, unas 10 hectáreas: una parcela en el centro del pueblo y otras a las afueras, junto al cementerio y en la que seguían plantando lechugas. Todo el pueblo conocía esas localizaciones, era donde habían caído las bombas.

Pero los investigadores se toparon con varias sorpresas. Primero descubrieron las zanjas en las que los americanos habían enterrado material radiactivo y, lo más importante, unas 30 hectáreas con contaminación en la sierra de Almagrera en la que nadie había reparado, según fuentes del Ciemat. Es una zona alejada de donde cayeron las bombas. Lo que había ocurrido es que el viento llevó parte de la contaminación durante el descenso de las bombas. 

Ese era un terreno urbanísticamente muy interesante porque está próximo al pueblo pesquero de Villaricos y con una preciosa vista de la puesta de sol. La empresa Villaricos SL, dueña del resort Desert Springs Golf, a unos siete kilómetros tierra adentro, pretendía construir allí. Villaricos SL es de capital británico. Así que en 2007 el Consejo de Ministros amplió el objeto para poder expropiar esos terrenos. Muy cerca de allí, siguen en marcha otros enormes planes urbanísticos.

Eso paró de momento la construcción al poner en marcha la lenta maquinaria de la expropiación. La zona, que durante décadas era pasto para cabras, fue vallada, aunque fuese de forma porosa. En 2022, finalmente, fue ocupado a precio de terreno rústico. “El Jurado Provincial consideró que la renta superior de la finca expropiada se obtendría con la consideración de una renta de un terreno de imposible explotación”. “Con ello, el valor final del suelo que fija el Jurado es de 0,68 euros por metro cuadrado”.

Villaricos SL, que no ha querido hacer declaraciones, comenzó entonces un litigio contra el precio de la expropiación. Alegó que tenía una aprobación urbanística inicial para construir allí y pedía casi 75 euros por metro cuadrado. Alegaba que en 2007 el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora, al que pertenece Palomares, había aprobado el plan parcial urbanístico de ese sector y que el valor asignado “no considera la mayor renta potencial de la explotación”. Eso, argumentaba, vulnera “los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica”. Señalaba que en otra tanda de expropiaciones había recibido más precio por otro terreno.

La abogacía del Estado replicó que el plan parcial que daba cobijo a la urbanización de Villaricos SL fue anulado por el mismo TSJ en 2011, “lo que significa que el citado plan parcial nunca ha existido, por lo que no puede considerarse que el sector en el que se incluyen los terrenos aquí justipreciados hayan contado con ordenación detallada que les permitiera su desarrollo”. Los jueces dieron la razón al Estado. En dos sentencias del mes de diciembre desestimó las pretensiones de Villaricos SL.

Se zanja así la posibilidad de urbanizar los terrenos. Ya solo queda retirar la tierra contaminada y que los vecinos vuelvan a la vida normal. Esos vecinos que, después de décadas escuchando que todo estaba en orden, vieron en 2011 a la primera delegación de Estados Unidos y que, para sorpresa del pueblo, se pusieron calzas sobre los zapatos para no pisar un solar en el centro del pueblo.

En 2015, con Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo para descontaminar definitivamente el terreno. Washington siempre fue reticente, en parte porque ha realizado pruebas nucleares en otras zonas, y temía reclamaciones similares y porque España en 1966 aceptó que la limpieza estaba hecha. Con Joe Biden hubo otro acercamiento. Pero, 50 años después, la contaminación sigue allí. Ahora, al menos, vallada y expropiada.

La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado una bajada en la calidad del aire a regular en varios puntos de la comunidad gallega, especialmente en Vigo y Santiago. Según los datos de MeteoGalicia, de los que informa Europa Press, la calima hará que los niveles de partículas (PM) se puedan ver incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, es en la zona de Vigo y Santiago.

El instituto meteorológico gallego también notifica una bajada en la calidad del aire en puntos de la zona sur de Lugo y noroeste de Ourense. Para el jueves las previsiones apuntan a que la masa de aire africano seguirá afectando a la península ibérica, aunque irá teniendo menos impacto en el territorio gallego.

MeteoGalicia pronostica un cambio en el tiempo en Galicia este jueves, cuando quedarán atrás los cielos despejados y volverán a registrarse lluvias. También se prevé que haya precipitaciones el viernes y el sábado. A medio plazo la predicción es que seguirá la inestabilidad, con alta probabilidad de chubascos y temperaturas un poco por debajo de lo habitual para esta época del año.