La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez sentar en el banquillo al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por mantener a sus repartidores como falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados.

Según informan fuentes jurídicas a elDiario.es, el Ministerio Público ha concluido que de la instrucción del caso existen “indicios suficientes” para continuar la causa y llevar a juicio a Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El pasado mes de julio, Pierre admitió que trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero negó que ello supusiera un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que pidió dar carpetazo a la causa.

Antes de tomar una decisión, el juez preguntó a la Fiscalía y al resto de partes si procedía archivar la causa, a lo que se han opuesto tanto el Ministerio Público como el sindicato CGT, que ejerce la acusación popular.

La causa contra Pierre se inició en verano de 2024, cuando la Fiscalía presentó su denuncia contra el ejecutivo por “suprimir” los derechos de los trabajadores. A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

En plena crisis judicial, Glovo, además del anuncio del cambio en su modelo laboral, ha llevado a cabo una campaña de imagen en la que ha conseguido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los sindicatos se hicieran una foto con Pierre por los diez años de la empresa el pasado mes de julio, además de fichar a expolíticos de varios partidos para su consejo asesor.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que irá a juicio el fundador de la empresa.

Comisiones Obreras de Toledo ha denunciado que este jueves se ha producido una nueva fuga de amoníaco en las instalaciones que Helados Casty tiene en Talavera de la Reina. Unos hechos que, a juicio del sindicato, “vuelven a poner en riesgo la salud de los más de 500 trabajadores y trabajadoras de la fábrica”, que señala que hace unos meses ya denunció un accidente similar que afectó a una trabajadora, la cual, tuvo que ser ingresada en la UVI por inhalación de este gas tóxico.

CCOO denuncia que la dirección de la empresa ha tenido expuestas a las personas trabajadoras a la inhalación de este gas durante más de dos horas hasta que, finalmente, han sido evacuadas y han podido salir a la calle.

“Esta situación no puede repetirse”, ha aseverado Alejandra Rodríguez, delegada de CCOO en Casty. “La empresa se está saltando todos los protocolos de seguridad y salud laboral y está poniendo en grave riesgo la salud de la plantilla. Parece que hasta que no tengamos una desgracia desde la dirección no se van a tomar medidas” ha lamentado.

Por todo ello el sindicato ha anunciado que acudirá a la Inspección de Trabajo para que realice las comprobaciones pertinentes encaminadas a esclarecer si se ha cometido infracción y no descarta acudir a la vía judicial para exigir que se depuren responsabilidades.

“No existen protocolos ante casos como éste ni formación sobre cómo actuar” lamenta Rodríguez que recuerda que los técnicos encargados de arreglar estas fugas también sufren la falta de medidas preventivas, tanto de EPIS como de formación adecuada, arriesgando su salud para que la empresa pueda recuperar lo antes posible la producción.

Los más 45.000 trabajadores y trabajadoras de logística de Guadalajara irán a huelga a partir del próximo 21 de septiembre, “si la patronal no mueve ficha”, trasladan desde UGT Guadalajara.

El secretario general de FeSMC UGT Guadalajara, Alfredo Ávila ha señalado que las negociaciones para sacar adelante el convenio del sector en la provincia “comenzaron hace ya 9 meses, y la patronal se ha mostrado inamovible, por lo que ha sido imposible gestar el acuerdo”.

Por esta razón, este pasado miércoles en una Asamblea de delegados y delegadas, UGT decidió convocar huelga en el sector logístico a partir del 21 de septiembre.

“Lamentablemente, el acuerdo no ha sido posible, ya que la patronal UNO -que es la que realmente gobierna las negociaciones- no ha querido acordar ninguna de las líneas maestras que llevamos en el convenio. No quiere reducir la jornada laboral anual, que actualmente es de 1.800 horas -una de las más altas de los convenios de logística del país- lo que supone que los trabajadores/as del sector tengan jornadas extenuantes. Y es que además de sus horarios, se les impone realizar horas extraordinarias, lo que en muchos casos deriva en trastornos musculoesqueléticos constantes, que en ocasiones terminan en bajas laborales”.

Ávila, ha subrayado la necesidad de bajar los ritmos de trabajo, y eliminar los algoritmos que “son la esclavitud del siglo XXI”.

El 50% de los contratos son por ETT

Otro punto que consideran “capital” de la plataforma del convenio es la contratación indefinida de los trabajadores y trabajadoras de empresas de trabajo temporal por parte de las empresas de logística. “Es una realidad que hay un uso abusivo de este tipo de contratos. Existen empresas que superan incluso el 50 % de los trabajadores/as con contratos por ETT. Esto es intolerable, porque no nos olvidemos que son el eslabón más débil, y con las peores condiciones laborales”.

Igualmente, creen que es “esencial” un incremento salarial. “Necesitamos mejorar las condiciones salariales, porque el sobreesfuerzo y las condiciones de estrés que viven día a día las personas trabajadoras de logística de nuestra provincia nos legitiman para solicitar este incremento salarial de un 6 %. Para que las personas trabajadoras recuperen poder adquisitivo y mejoren su capacidad de compra, más aún con la inflación que tenemos. Queremos compaginar esa subida con un incremento salarial en tablas, con los correspondientes atrasos y la creación paulatina de una nueva paga extraordinaria que podría remunerarse en el mes de septiembre”.

Por todo esto, FeSCM UGT Guadalajara convocará las movilizaciones y diseñará un calendario de huelgas que quiere consensuar con CCOO. Desde UGT animan al resto de sindicatos a que secunden la huelga a trabajadores y trabajadoras a participar.

El secretario general de FeSMC UGT Guadalajara ha matizado que el sector logístico supone el 25 % de PIB de Guadalajara, y el 10 % de Castilla-La Mancha. Por lo que ha incidido que dada la importancia del sector, “el Gobierno regional debe mediar para que las grandes empresas se sienten a negociar”.

Un trabajador de 43 años ha fallecido tras precipitarse desde una cubierta a una altura de unos 7 metros en una empresa de construcción situada en la calle Asturias de la localidad ciudadrealeña de Manzanares.

El 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso a las 11.08 horas, según ha trasladado a Europa Press.

Los servicios sanitarios han confirmado su fallecimiento en el lugar.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y UVI.

TYC Narcea, la empresa propietaria de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, deberá devolver más de 31 millones de euros, el total de las ayudas al cierre de la minería que recibió en su día, si quiere mantener abierta la explotación y continuar su actividad.

Así se refleja en una resolución provisional del Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica al que la empresa podrá presentar alegaciones hasta el próximo 18 de septiembre, antes de que la resolución sea firme.

Un dinero cobrado por Carbonar

Fuentes del sector han señalado que la devolución que plantea inicialmente el ITJ se corresponde con el total de las ayudas al cierre que recibió la anterior empresa encargada de esta mina del suroccidente asturiano, Carbonar, ya que considera que ambos proyectos están vinculados.

TYC Narcea, por su parte, sostiene que se trata de una unidad de producción distinta a la de Carbonar, que operaba en otra zona de la mina con carbón térmico, frente a la antracita de bajo volátil que extrae la actual empresa, por lo que defiende que no le corresponde devolver esa cantidad.

Actividad paralizada

Según la empresa, sólo se comparten una treintena de metros de galería de la explotación que llevó a cabo Carbonar con anterioridad.

La mina, que permanece paralizada desde el pasado 21 de noviembre por un accidente en el que murieron dos trabajadores, está pendiente de la resolución del ITJ y de que se culmine la tramitación ambiental para poder reanudar su actividad.

Los trabajadores llevaron a cabo varias movilizaciones en defensa de sus puestos, entre otras acciones, manifestaciones a pie hasta la capital asturiana, concentraciones e incluso una acampada en el Campo de San Francisco, para reivindicar su derecho a la reapertura de toda la actividad laboral.

A partir del recién iniciado mes de septiembre la Seguridad Social ha puesto en marcha una reforma que transforma la comunicación con los trabajadores: quienes soliciten o perciban una prestación por incapacidad temporal deberán relacionarse con el organismo por medios electrónicos. Esto supone que las comunicaciones tradicionales en papel desaparecen para este colectivo. Los destinatarios de estas notificaciones, por lo tanto, tendrán que estar muy pendientes a partir de ahora de sus ‘buzones’ digitales para no perder citas, requerimientos o plazos clave de obligado cumplimiento, agilizando así la gestión de los expedientes.

Con esta medida, la administración busca avanzar en la digitalización de los servicios públicos para simplificar los trámites de los ciudadanos. Esta modificación legal viene recogida de forma detallada en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. El nuevo marco regulatorio amplía significativamente la relación de personas físicas que tienen la obligación de utilizar la vía telemática para sus gestiones con la Seguridad Social. Hasta este momento, dicha obligatoriedad recaía principalmente sobre beneficiarios de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, o riesgos durante el embarazo.

Ahora, la lista incorpora plenamente a quienes se encuentren en procesos de incapacidad temporal, de incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes, afectando a un gran número de trabajadores en activo. El contenido de estas notificaciones electrónicas resulta trascendental para la situación jurídica y económica de cada uno de los trabajadores afectados. A través de este nuevo canal digital, los ciudadanos recibirán resoluciones administrativas de reconocimiento de la prestación, prórrogas de su situación de baja médica o la posible denegación del subsidio.

Asimismo, se enviarán de forma exclusiva por esta vía los requerimientos oficiales para aportar documentación necesaria, las citaciones para someterse a reconocimientos médicos obligatorios y cambios sobre el cobro de la baja. Es por esta razón que resulta indispensable que el usuario incorpore la nueva rutina de revisar de forma periódica su buzón de notificaciones en la plataforma digital. Para acceder a este buzón de notificaciones, las personas interesadas disponen de diversos canales oficiales proporcionados por la propia Administración General del Estado. Podrán consultar toda la información de interés de manera telemática entrando en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en la Dirección Electrónica Habilitada Única o a través de la aplicación móvil de Mi Carpeta Ciudadana.

En cualquiera de estas plataformas, el usuario deberá identificarse de forma electrónica mediante cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, asegurando la privacidad total y la validez legal. Estos sistemas de firma electrónica garantizan una entrada segura para que el beneficiario consulte de forma directa y personal el estado real de sus expedientes administrativos. Uno de los puntos clave de este nuevo procedimiento telemático reside en los plazos temporales fijados por la normativa para el acceso a la información. Una vez que la Seguridad Social pone a disposición de un trabajador una notificación electrónica en su sede virtual, se inicia un plazo de diez días naturales para su lectura. En el caso de que la persona no acceda a consultar el documento en ese periodo, la notificación se entenderá legalmente practicada y rechazada. Por lo tanto, no basta con esperar pasivamente un aviso, sino que es obligatoria la consulta activa.

Con el objetivo de evitar descuidos involuntarios en la recepción de estos trámites, la Seguridad Social ha implementado un servicio complementario de alertas. A través de este mecanismo de cortesía, el organismo remitirá un aviso informativo mediante un mensaje de texto corto al teléfono móvil o a la dirección de correo electrónico del usuario. Sin embargo, estas alertas son informativas y carecen de validez jurídica en el procedimiento. Aunque no se reciba el mensaje por un error técnico, el plazo de diez días naturales seguirá computando exactamente igual para el interesado. Por ello, se recomienda actualizar los datos de contacto y realizar revisiones constantes para evitar pérdidas de plazos importantes.

Varias excepciones

Aunque el objetivo de la administración pública es avanzar firmemente en la digitalización, la normativa prevé que el correo en papel tradicional continúe existiendo de forma excepcional. La Seguridad Social mantendrá el envío de cartas ordinarias en aquellos supuestos concretos donde carezca de los datos de contacto telemáticos del ciudadano o cuando la situación exija una intervención urgente. Del mismo modo, se utilizará el papel si el trámite incluye cheques o si es precisa la entrega presencial, facilitándose también apoyo público presencial en las oficinas de los CAISS.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fundamenta esta decisión digitalizadora señalando que los trabajadores en activo disponen en general de las capacidades y dispositivos electrónicos necesarios. Esta medida pretende optimizar la gestión pública, acortar los plazos administrativos y ofrecer una mayor seguridad jurídica al evitar posibles retrasos o pérdidas de las comunicaciones físicas tradicionales. La relevancia de este cambio es indudable si se tiene en cuenta que en España cerca de 1.200.000 trabajadores se encuentran de baja laboral diariamente en la actualidad, un volumen de personas que justifica plenamente la modernización integral de la gestión burocrática estatal.

La Seguridad Social cambiará desde este martes, 1 de septiembre, la forma de comunicar determinadas actuaciones a algunos trabajadores y beneficiarios de prestaciones. La modificación amplía el uso de los canales electrónicos en varios procedimientos. A partir de esa fecha, quienes estén incluidos en los nuevos supuestos tendrán que prestar más atención a la Sede Electrónica para consultar las notificaciones relacionadas con sus expedientes.

La medida está recogida en la Orden ISM/541/2026 y supone un nuevo avance en el uso de las comunicaciones digitales dentro de la Seguridad Social. El cambio no afectará por igual a todos los ciudadanos ni hará obligatoria la vía telemática para cualquier persona que cobre una prestación. Su aplicación se limita a determinados trámites relacionados principalmente con situaciones de incapacidad.

Esto tampoco significa que las cartas vayan a desaparecer por completo. Aunque el canal electrónico pasará a ser el principal para los colectivos afectados, la normativa mantiene varios supuestos en los que la Administración podrá seguir utilizando medios no digitales. El cambio que entra en vigor en septiembre amplía, por tanto, el número de personas que deberán consultar sus comunicaciones por internet, pero conserva otras vías cuando se den determinadas circunstancias.

A quién afecta el cambio desde el 1 de septiembre

Uno de los grupos que se incorpora a esta obligación es el de las personas que hayan solicitado o estén cobrando una prestación por incapacidad temporal. Esto incluye a trabajadores que se encuentren de baja laboral y tengan abierto un procedimiento relacionado con esa situación. Las comunicaciones vinculadas a estos expedientes pasarán a realizarse principalmente por vía electrónica.

La modificación también afecta a las notificaciones relacionadas con una incapacidad permanente y con lesiones permanentes no incapacitantes. En estos casos, la obligación dependerá del procedimiento concreto al que haga referencia la comunicación. Esto no significa que cualquier pensionista tenga que recibir a partir de ahora todas sus notificaciones de manera digital.

El sistema electrónico ya incluye además a quienes solicitan o cobran prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor, así como a las personas que reciben ayudas relacionadas con el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. Estos colectivos seguirán sujetos al mismo régimen que tenían hasta ahora. El cambio no pone en marcha un sistema completamente nuevo, sino que amplía el número de personas físicas obligadas a utilizarlo en determinados procedimientos.

Cómo se recibirán las notificaciones y cuándo se mantendrá el papel

Las personas afectadas tendrán que consultar sus comunicaciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Cuando haya una nueva notificación disponible, el organismo enviará un aviso al correo electrónico o al teléfono móvil que el interesado haya facilitado previamente. Ese mensaje servirá para informar de que existe un documento pendiente de consulta.

Para acceder a su contenido será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas habilitados, como el certificado digital, el DNI electrónico o Cl@ve. La notificación se considerará recibida en el momento en el que el destinatario acceda y consulte el documento. Si no lo hace, empezará a contar un plazo máximo de diez días desde que la comunicación quede disponible.

Una vez transcurridos esos diez días sin que el interesado haya entrado al contenido, la notificación se entenderá rechazada. Esto obliga a quienes estén incluidos en este régimen a revisar sus canales electrónicos cuando tengan algún trámite abierto, ya que dejar de recibir una carta en casa no significa que el procedimiento administrativo se detenga.

Aun así, la Seguridad Social podrá seguir utilizando medios no electrónicos en determinados casos. Entre ellos se encuentran las situaciones en las que sea necesaria una entrega presencial para garantizar la eficacia de una actuación administrativa o cuando exista una urgencia que haga incompatible esperar al funcionamiento habitual del canal digital.

También podrá recurrirse a otra forma de comunicación cuando el organismo no disponga del número de teléfono móvil o del correo electrónico del interesado para enviarle el aviso correspondiente. Estas excepciones mantienen la posibilidad de utilizar el papel en situaciones concretas, aunque deje de ser la vía habitual para los nuevos colectivos que pasan a estar obligados a recibir las comunicaciones electrónicamente.

Quiénes no están obligados a recibir las notificaciones por vía electrónica

La reforma no convierte a todos los beneficiarios de la Seguridad Social en usuarios obligatorios de las notificaciones electrónicas. Ser pensionista, por sí solo, no implica quedar incluido en la nueva obligación. Quienes cobren una pensión de jubilación, viudedad u orfandad no pasarán a recibir todas sus comunicaciones exclusivamente por internet únicamente por percibir alguna de estas prestaciones.

Lo mismo ocurre con las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital o determinadas prestaciones familiares. Ser beneficiario de estas ayudas tampoco supone por sí mismo que todas las notificaciones tengan que pasar al canal digital a partir del 1 de septiembre.

La clave está en el tipo de procedimiento al que se refiera cada comunicación. La obligación se aplica únicamente a los supuestos concretos recogidos en la normativa y no a cualquier relación con la Seguridad Social. Por este motivo, una misma persona puede encontrarse dentro o fuera del sistema electrónico en función de la prestación o del expediente que tenga abierto.

Desde septiembre, el principal cambio para los trabajadores afectados será la necesidad de consultar de forma activa la Sede Electrónica cuando tengan una baja por incapacidad temporal o reciban comunicaciones relacionadas con una incapacidad permanente o con lesiones permanentes no incapacitantes. El correo postal seguirá utilizándose en determinadas circunstancias, pero dejará de ser la vía principal para estos procedimientos.

Trabajadores de Bilbobus —el servicio autobuses urbanos de Bilbao— han denunciado ante Inspección de Trabajo que la maquinaria de lavado de los autobuses “presenta deficiencias graves, desprendiendo vapores gaseosos y aerosoles con fuerte olor a descomposición orgánica que provocan de forma inmediata irritación severa en ojos, fosas nasales y garganta a los operarios expuestos”.

En un escrito presentado el pasado 20 de agosto, los trabajadores han exigido “la intervención urgente de la Inspección de Trabajo en el centro de trabajo de Bilbobus para constatar los hechos descritos”. “Asimismo, se solicita que se requiera formalmente a la empresa la paralización cautelar de la maquinaria de lavado en modo aerosol hasta que aporte los boletines oficiales de laboratorio que certifiquen de forma fehaciente que el agua se encuentra libre de Legionella y otros agentes patógenos”, apunta el documento al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi.

Según manifiestan a este periódico, a raíz de la denuncia, la empresa reconoció “la existencia de anomalías graves y una manipulación irregular de la bomba del lavadero”, por ello, el 19 de agosto el proveedor técnico, la empresa Istobal, realizó una revisión integral de la máquina de lavado y del sistema de cloración de las aguas de lavado. Tras dicha intervención, la empresa insiste en que “el sistema se encuentra plenamente operativo”. Sin embargo, los trabajadores critican que se les oculten “los parámetros físico-químicos del agua y los boletines de las analíticas microbiológicas urgentes obligatorias por ley”.

“La falta absoluta de transparencia y el hecho de no disponer de ninguna prueba documental que acredite las actuaciones realizadas ni los resultados microbiológicos, está generando una grave situación de inseguridad y miedo entre los trabajadores expuestos ante un posible contagio por Legionella y la vulneración flagrante del Artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, denuncian los trabajadores afectados.

Desde el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao sostienen que “tras la anomalía detectada en el lavadero el pasado 18 de agosto, la empresa actuó de manera inmediata procediendo a la paralización preventiva de la instalación y avisando de inmediato al servicio técnico especializado para su revisión y reparación. Una vez resuelta la causa que originó el problema y tras verificar el correcto funcionamiento del sistema, se procedió al restablecimiento y puesta en marcha del lavadero con totales garantías”, defienden desde el Departamento de Movilidad, quienes insisten en que “existe un mantenimiento concertado y análisis periódicos en cumplimiento de la norma”.

A pesar de ello, los trabajadores confirman a este periódico que los olores y picores en garganta y ojos siguen produciéndose durante los días posteriores a la revisión de la empresa y lamentan que la empresa les “obligue a trabajar” en esas circunstancias.

Las plantillas de Airbus en Illescas (Toledo) y Albacete han decidido suspender varios días la huelga convocada en la compañía para dar un margen a la negociación, mientras que el resto de centros -Getafe, Cádiz, San Pablo y Tablada- votará este lunes una propuesta con los días concretos de suspensión, según avanzó recientemente el secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en Airbus Cádiz y miembro de la mesa de negociación en el SIMA, Edmundo Otero.

Esta decisión se produce en el contexto de la última oferta del fabricante sobre la mesa, que plantea ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, entre otras medidas, aunque condicionando formalmente la aplicación del texto a la desconvocatoria o suspensión inmediata de la huelga por parte de las organizaciones sindicales.

En concreto, los trabajadores de Illescas votaron a favor de la suspensión de la huelga el pasado viernes en asamblea, mientras que Albacete lo hará este lunes, al igual que el resto de centros ya mencionados.

Otero explicó, además, que esta medida, defendida por UGT en las asambleas celebradas el viernes en todos los centros, busca comprobar si la empresa “mueve ficha de manera efectiva” en la negociación, dejando abierta la posibilidad de “activarla indefinidamente” si el movimiento de la compañía resulta insuficiente.

El dirigente sindical ha subrayado que el objetivo de la suspensión es “desmontar el único argumento en el que se escuda la compañía para no acabar esta negociación con el comité de huelga” y demostrar que “los trabajadores y las trabajadoras cumplen en la negociación” y no van a ser “el impedimento para bloquear absolutamente nada”. No obstante, ha advertido de que “la responsabilidad de todas las partes debe ser llegar a una propuesta final lo antes posible”.

En el comunicado remitido por UGT FICA, el sindicato ha avisado de que volverá “a la huelga indefinida si al final esto es una maniobra más de Airbus” y ha reclamado a la dirección que, con este gesto, “ya no tiene excusas para cerrar un conflicto” tras rechazar la plantilla la anterior plataforma de negociación.

Otero ha detallado que cualquier propuesta que surja de la mesa de negociación se someterá primero a debate en las asambleas de todos los centros y, posteriormente, a “un referéndum general vinculante en el que la plantilla decida si el acuerdo es suficiente o no para cerrar este conflicto y que vuelva la normalidad en la compañía”, en línea con el compromiso adquirido por UGT, CGT y UTIL.

La siguiente reunión formal de mediación entre Airbus y la representación legal de los trabajadores se celebrará mañana martes en el SIMA, cita en la que la compañía reiterará que el pacto definitivo requiere un escenario previo libre de paros y movilizaciones.

“Estamos plenamente comprometidos a alcanzar un acuerdo. Vemos una gran buena voluntad en muchas áreas, lo que nos da la confianza de que podemos tener éxito en encontrar un camino común hacia adelante”, aseguró la compañía esta pasada semana.

Última y definitiva oferta de Airbus

En más detalle con la última oferta del fabricante, propone en el plano retributivo la vinculación directa del salario al IPC real, sumando una recuperación del poder adquisitivo del 7,6% a lo largo de un periodo de cinco años con vigencia ampliada hasta el año 2030.

Asimismo, la oferta económica de la dirección se completa con el compromiso de destinar un 0,5% adicional para las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% específico para cubrir el capítulo de promociones profesionales internas.

En otros puntos relevantes, Airbus acepta mantener de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo y respetar los pactos individuales firmados con la plantilla, preservando el límite del 40% de jornada en modalidad no presencial.

En relación con el control del absentismo, la multinacional confirma la paralización del sistema Bradford, por lo que procesará la devolución de los descuentos efectuados en la nómina en un plazo máximo de dos meses tras la ratificación del acuerdo y creará un grupo de trabajo paritario para pactar un nuevo sistema de prevención.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la situación que sufren efectivos de la provincia de Toledo que continúan sin percibir las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante los meses de junio y julio.

En nota de prensa, APAM-CLM confirma que la propia Administración ha reconocido el problema y que este “se debe a incidencias en el programa utilizado por Función Pública para la gestión de las nóminas”.

Sin embargo, resulta “difícilmente aceptable” para unos profesionales que “han cumplido con su trabajo, estando disponibles las 24 horas del día, cuando se les ha requerido y que, meses después de prestar el servicio, siguen esperando cobrar por él.

Además, denuncia APAM, se está produciendo un agravio comparativo entre los agentes del cuerpo, ya que algunos han recibido el pago de las guardias del mes de junio, mientras que otros continúan sin percibir ni junio, ni julio.

“Hay profesionales que, habiendo realizado exactamente el mismo trabajo, se encuentran en situaciones económicas distintas, por un error administrativo ajeno a ellos”, denuncia la asociación.

Larga lista de problemas

Lo más preocupante, según APAM, es que este problema no constituye un hecho aislado. Ya, durante el pasado año se produjeron incidencias similares en la provincia de Toledo. “Lejos de corregirse, la situación se ha repetido y agravado en 2026, poniendo de manifiesto que no estamos ante un incidente puntual, sino ante una deficiente gestión que vuelve a recaer sobre los mismos trabajadores”.

Apuntan que esta situación se produce, tras una campaña de incendios “especialmente intensa”, pues durante este verano, los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han participado en la extinción, investigación y gestión de incendios forestales tanto dentro como fuera de la región.

“Han trabajado en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y en cualquier otro territorio donde su presencia ha sido requerida, desempeñando funciones esenciales para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural. Mientras los ciudadanos veían las imágenes de grandes incendios forestales en los medios de comunicación, muchos de los profesionales que se encontraban sobre el terreno jugándose la vida, coordinando operaciones, garantizando la seguridad de los intervinientes, investigando causas y causantes y protegiendo nuestros montes, siguen sin haber cobrado parte de su trabajo.

Por ello, desde APAM-CLM consideran “inaceptable” que quienes “asumen riesgos evidentes para proteger a la sociedad tengan que esperar meses para percibir unas cantidades que deberían haberse abonado con normalidad. Más aún cuando estos retrasos generan perjuicios económicos personales y familiares que nadie parece dispuesto a compensar”.

Todo apunta a que, “una vez más, los trabajadores asumirán las consecuencias del error mientras la Administración no contempla compensación, interés o resarcimiento alguno por el retraso sufrido”, lamentan.

Según APAM, este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas que el colectivo viene denunciando desde hace años. “La falta de medios personales y materiales, la insuficiencia de efectivos, el escaso reconocimiento institucional, el ninguneo mediático de nuestras funciones y las dificultades que en numerosas ocasiones encuentran los agentes para desarrollar con normalidad investigaciones y actuaciones propias de sus competencias conforman un escenario de abandono que resulta incompatible con la importancia estratégica de nuestro trabajo”.

Horas extras y nocturnidad que no se pagan

Por otro lado, la asociación denuncia también que los agentes medioambientales no perciben retribución alguna por las horas extraordinarias ni por el trabajo nocturno que realizan. Estas horas son compensadas mediante días de descanso, generando bolsas de horas que posteriormente deben disfrutarse con importantes limitaciones organizativas y restricciones en determinadas épocas del año.

“Este sistema no solo perjudica a los agentes, sino también al propio servicio público. La acumulación de cientos de horas de compensación provoca que una plantilla ya insuficiente tenga que ausentarse posteriormente para recuperar ese tiempo trabajado. Como consecuencia, durante buena parte del año, el cuerpo dispone de menos efectivos para desempeñar funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención de incendios, control de aprovechamientos, inspección, investigación y protección del medio natural”.

Reivindicaciones históricas pendientes

Por todo ello, APAM-CLM vuelve a reclamar soluciones estructurales que eviten que estos problemas se repitan año tras año. Entre ellas, exige que las guardias sean integradas en el complemento específico de los puestos de trabajo, eliminando la dependencia de liquidaciones mensuales extraordinarias y garantizando que los profesionales perciban sus retribuciones de forma estable y puntual.

De igual modo, reclaman que se materialice de una vez el reconocimiento profesional y retributivo que corresponde al colectivo. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla desde 2007 la existencia del Grupo B para aquellos cuerpos cuyo acceso exige la titulación de Técnico Superior, una previsión legal que casi veinte años después continúa sin desarrollarse plenamente en numerosas administraciones.

“Los Agentes Medioambientales han demostrado sobradamente su profesionalidad, su compromiso con el servicio público y su disposición permanente para acudir allí donde son necesarios. Lo mínimo que pueden esperar a cambio es respeto institucional, condiciones dignas y cobrar en plazo por el trabajo que realizan. Porque proteger nuestros montes, nuestros pueblos, la seguridad ciudadana y la seguridad medioambiental no puede depender de la buena voluntad de quienes llevan meses esperando una nómina que ya deberían haber percibido” concluyen desde APAM.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha confirmado la desestimación de la demanda interpuesta por un vendedor de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al que reclamaba el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado de gran invalidez o, con carácter subsidiario, la incapacidad absoluta o total.

El tribunal ratifica así la sentencia previa dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz. El demandante, nacido en 1981 y afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, presenta una discapacidad del 92% reconocida por el CADEX. En su historial clínico constan diagnósticos de glaucoma juvenil, amaurosis bilateral (ceguera legal) y un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

El expediente de incapacidad permanente fue iniciado de oficio por el propio INSS en abril de 2024 tras agotar el periodo de incapacidad temporal. Sin embargo, la Dirección Provincial del organismo en Badajoz denegó la prestación al considerar que las lesiones detectadas no eran constitutivas de incapacidad en ninguno de sus grados.

En su resolución, la magistrada ponente avala el criterio de la instancia previa al recordar que la situación de ceguera legal del trabajador ya existía en el momento de su afiliación a la ONCE y que el juzgador de instancia no consideró probado que el cuadro ansioso-depresivo le impidiera desarrollar las tareas esenciales de su trabajo con un mínimo de rendimiento.

Rechazo por fallos en la técnica procesal

La Sala rechaza de plano el intento del demandante de modificar el relato de hechos probados mediante un informe médico pericial que aludía a un “trastorno depresivo mayor grave con riesgo psicótico e ideación suicida”. El tribunal argumenta que la defensa incurrió en un defecto procesal al no proponer una redacción alternativa concreta a los hechos validados en el juicio de instancia, tal y como exige la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

“La correcta aplicación de esta doctrina impide que las salas de suplicación puedan aceptar la modificación de hechos probados si el recurrente no ofrece el concreto texto alternativo”, señala la resolución del TSJEX, recordando que la valoración de la prueba médica practicada corresponde de forma exclusiva al juez de instancia según las reglas de la sana crítica.

Respecto a la petición de gran invalidez, la Sala desestima la pretensión al remarcar que en la versión judicial definitiva no consta acreditada la necesidad de asistencia de una tercera persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse o comer.

El fallo no impone costas al demandante por contar con el beneficio de justicia gratuita y abre la puerta a la interposición de un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

UGT Castilla-La Mancha ha anunciado la celebración de cinco encuentros -uno en cada provincia de la región- en el marco del Consejo Regional de Relaciones Laborales, en los que se analizará la situación de las mujeres migrantes en el mercado laboral.

El objetivo es visibilizar las desigualdades existentes y realizar propuestas de mejora para avanzar hacia el acceso universal a un trabajo digno, igualitario y con derechos, según ha trasladado la central sindical en nota de prensa.

Ocupan los puestos de trabajo de “mayor vulnerabilidad”

Según el informe de UGT 'Mujeres migrantes en ocupaciones precarias', las trabajadoras migrantes representan una parte fundamental del crecimiento del empleo en España, pero continúan ocupando los puestos de trabajo en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En el caso de Castilla-La Mancha, en 2023 se situó entre las regiones con mayor saldo migratorio positivo exterior, con un 50,9%.

El sindicato subraya que las mujeres migrantes se concentran en los sectores con los salarios más bajos y los porcentajes de trabajo a tiempo parcial más elevados, fundamentalmente en hostelería, restauración y servicios personales, y en trabajo doméstico.

Las mujeres migrantes continúan enfrentando desafíos específicos, como la segregación ocupacional, precariedad laboral, la discriminación por género y origen, y la dificultad para el reconocimiento de sus competencias profesionales.

Para eliminar esas desigualdades, el sindicato considera esencial estudiar e identificar estos retos para proponer acciones que favorezcan la inclusión del colectivo en un mercado de trabajo digno.

Para ello se realizarán estos cinco talleres en las cinco provincias de Castilla-La Mancha en los que se promoverá un espacio de diálogo y reflexión colectiva, para posteriormente elaborar un informe de situación con propuestas de mejora e intervención.

CCOO La Rioja ha analizado los últimos datos de la EPA, en la media de los cuatro últimos trimestres, para radiografiar “el fraude de las horas extra no pagadas en la región”. El resultado confirma que este “abuso laboral estructural” golpea con más fuerza en La Rioja que en el conjunto del Estado.

Según estos datos, 3.441 personas trabajadoras riojanas -el 2,65% de la población asalariada de la región- realizan de media semanalmente horas extra por las que no reciben ni salario ni descanso compensatorio, dos décimas por encima del 2,3% que registra España.

En total, en La Rioja se trabajan 21.654 horas extra no pagadas cada semana, lo que representa el 45,6% de todas las horas extra realizadas en la región, casi seis puntos por encima del 40% estatal.

Cada persona afectada en La Rioja trabaja de media 6,3 horas extra no pagadas a la semana (frente a las 5,8 horas de la media estatal), lo que le supone un coste laboral no percibido -entre salario y cotizaciones- cercano a los 161 euros semanales, unos 8.367 euros al año.

En conjunto, este fraude equivale a un coste laboral no pagado de aproximadamente 28,8 millones de euros anuales en la región y a cerca de 580 empleos a jornada completa que se dejan de crear.

Si la Educación concentra el mayor volumen, es en Hostelería donde la comparación con el resto del Estado resulta más llamativa: el 16,9% de todas las horas extra no pagadas de La Rioja se producen en este sector, frente al 8,9% en el conjunto de España.

Es decir, el peso de la hostelería riojana en el fraude de las horas extra casi dobla al que tiene a nivel estatal, en un sector ya marcado por la temporalidad, la parcialidad involuntaria y unas condiciones laborales especialmente duras, indican desde el sindicato.

El reparto sectorial confirma una realidad particular de la región: la Educación concentra el 44,8% de las horas extra no pagadas riojanas, muy por encima del 19,5% estatal, y cerca del 10% del personal docente asalariado realiza horas extra sin cobrar, casi el doble que la media española (5,2%). Le siguen Hostelería, con el 16,9% del volumen regional; Administración pública y defensa, con el 8,6% (6,9% en España); e Industria manufacturera, con el 7,0% (9,9% en España).

El sindicato recuerda que, aunque existe normativa que obliga al registro diario de la jornada, su incumplimiento sigue siendo generalizado, especialmente en sectores como el educativo, donde las tareas de preparación de clases, corrección de exámenes, reuniones y atención a familias se prolongan mucho más allá del horario lectivo sin que exista un control efectivo ni una compensación justa.

“Estos datos confirman lo que venimos denunciando: en La Rioja se trabaja gratis por encima de la media española, especialmente en la docencia y la hostelería. No es un problema puntual, sino una forma de explotación laboral que erosiona derechos, salarios y el empleo que se podría crear con esas mismas horas”, afirman desde CCOO.

El registro horario es obligatorio desde 2019 “y sigue sin cumplirse con rigor en buena parte de los centros educativos, la hostelería y las administraciones riojanas. Exigimos a la Inspección de Trabajo un refuerzo de la vigilancia en estos sectores, y a empresas y administraciones que dejen de apropiarse del tiempo de trabajo sin compensarlo”.

Desde CCOO “exigimos la adopción de medidas urgentes contra los riesgos psicosociales derivados de los excesos de jornada. El estrés, la ansiedad, el síndrome de estar quemado (burnout) y otros trastornos de salud mental son consecuencias directas de una carga de trabajo que desborda los límites legales y que, en la enseñanza, se realiza de manera gratuita”.

CCOO La Rioja recuerda que estas horas no pagadas también perjudican a las arcas públicas, “al dejar de generar cotizaciones e impuestos, y llama a la negociación colectiva y a la actuación institucional a poner coto a esta práctica en la región”.

Daron Acemoglu, economista ganador del llamado premio Nobel de economía en 2024, acaba de publicar un nuevo libro llamado What Happened to Liberal Democracy? (¿Qué le sucedió a la democracia liberal?) y la famosa revista The Economist, fundada en 1843 y paradigma de la defensa del libre comercio y del liberalismo económico, ha aprovechado para pasarle algunas facturas. En un artículo que ha sorprendido a todos, la revista aprovechó para lanzar unas dispersas críticas teóricas a su trabajo y, sobre todo, para impugnar el estatus del reputado economista. Quizás la mejor prueba es que The Economist afirma en su titular que Acemoglu es extrañamente poco convincente y que sus argumentos “sobre la IA son además pesimistas hasta el punto de perder credibilidad”. No es de extrañar que el afectado haya considerado el ataque como algo personal y haya tenido que responder públicamente.

Todo apunta a que la causa última del desencuentro se encuentra en el hecho de que el trabajo académico de Acemoglu, que gira en torno al cambio técnico y el papel de la inteligencia artificial, ha desembocado en una propuesta para reforzar a la clase trabajadora. Este punto es precisamente uno de los atacados por The Economist, que etiqueta su enfoque como pesimista e inespecífico. La economista Mònica Martínez Bravo sintetizó bien esta tensión al escribir: “Qué cosas tan curiosas pasan cuando un Nobel de Economía escribe un libro defendiendo volver a poner a la clase trabajadora en el centro de la política económica”. En este análisis vamos a ver en qué sentido y hasta qué punto la visión de Martínez Bravo es cierta. Y, de paso, aprovechamos para meternos en el apasionante y preocupante mundo de las consecuencias socioeconómicas de la inteligencia artificial.

El papel de la automatización

Uno de los grandes interrogantes de la economía es averiguar cuáles son los efectos de la automatización, es decir, de la sustitución de trabajadores humanos por máquinas. ¿Se destruye empleo?, ¿se deprimen los salarios?, ¿se modifica la correlación de fuerzas entre capital y trabajo? Se trata de un debate que, después de doscientos años, no ha derivado en consenso alguno, sino en diferentes enfoques con los que pensar un proceso tan complejo. Y, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos a comienzos del siglo XIX.

David Ricardo es considerado uno de los padres fundadores de la economía política. Con veintipocos años se hizo millonario especulando en bolsa y pudo retirarse a sus propiedades a escribir. Su libro Principios de Economía Política y Tributación se convirtió pronto en un indispensable, y sigue siendo la base de la actual teoría del comercio internacional e incluso de la teoría del valor-trabajo del marxismo. En las dos primeras ediciones Principios, Ricardo apenas tuvo nada que decir especial sobre el proceso de automatización, pues compartía el criterio convencional y optimista de los economistas de la época. Es importante que entendamos esta forma de pensar la automatización, porque es a grandes rasgos la que domina en la profesión todavía. Según esta visión, cuando las máquinas sustituyen a trabajadores en un proceso productivo se producen dos efectos. El primero, el obvio de que un cierto número de personas pierden su empleo. El segundo, que la propia introducción de las nuevas máquinas es capaz de crear nuevos puestos de trabajo que absorberán el empleo previamente expulsado.

Es decir, para los economistas no estamos ante un problema preocupante porque la economía se regula de manera que la introducción de máquinas (la incorporación de nueva tecnología) es capaz de mantener el nivel de empleo. Y Ricardo pensaba más o menos esto, pero sólo hasta 1821.

En su famosa tercera edición de los Principios, Ricardo introdujo un nuevo capítulo donde consideró errónea la visión convencional y reconoció que “estoy convencido ahora de que la sustitución del trabajo humano por la maquinaria es, a menudo, muy perjudicial a los intereses de la clase trabajadora”. El impacto de este cambio fue enorme, y su discípulo John Ramsay McCulloch se quejó ante él amargamente (p. 381) porque entendía que daba pábulo a los movimientos obreros antimaquinaria. Era un tiempo de enorme agitación social, ya que la Revolución Industrial se estaba desplegando en el Reino Unido y estaba transformando radicalmente el modo de vida de la clase trabajadora.

En un artículo académico de 2024, Daron Acemoglu y Simon Johnson trataron justamente este momento histórico. Para ellos el cambio de Ricardo respecto de la maquinaria tuvo que ver con que el hecho de que fuera elegido miembro de la Cámara de los Comunes, es decir, diputado. Gracias a eso, Ricardo fue testigo de lo que realmente estaba ocurriendo en la industria del algodón y, de ese modo, pudo corregir sus ideas previas. Porque lo que estaba pasando no tenía nada que ver con la visión optimista de los economistas, sino que la Revolución Industrial estaba deteriorando gravemente las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El artículo, por cierto, se apoya en gran medida en los trabajos de dos gigantes de la historiografía marxista británica, Edward Palmer Thompson y Eric Hobsbawm (aunque también cita, de manera complementaria, al reputado —léase, convencional— historiador Joel Mokyr). Los números de Acemoglu indican que, con la automatización, los salarios reales de los tejedores manuales cayeron un mínimo de un 25%, sin que esos trabajadores pudieran trasladarse a nuevos sectores emergentes. Simplemente, sus condiciones de vida fueron arrasadas por la introducción de maquinaria en la industria. La paradoja es que como la productividad estaba creciendo, y los salarios no, los empresarios ganaron enormes beneficios que elevaron la desigualdad. En palabras que repite mucho Acemoglu, la prosperidad no fue compartida.

La lógica de esta lectura crítica del proceso de automatización ya había sido incorporada en el trabajo de Acemoglu mucho antes. Donde aparece de forma divulgativa con más claridad es en su libro de 2023 Power and Progress (Poder y progreso), coescrito también con Simon Johnson, donde subrayaban que no hay nada automáticamente beneficioso para la sociedad en la introducción de nueva tecnología. Según ellos, que los incrementos de productividad sean compartidos depende de aspectos como el tipo de tecnología, las instituciones (normas, costumbres, leyes) y la orientación que se quiera imprimir desde la sociedad. De manera significativa, Acemoglu y Johnson aceptan que la prosperidad sólo es compartida cuando los avances de la tecnología se apartan del interés egoísta de las élites. De ahí que los autores explicaran que la clave para entender los aumentos de calidad de vida de la clase trabajadora durante la segunda mitad del siglo XIX tuvieran que ver con la democratización del sistema político, el crecimiento de los sindicatos y la legislación para proteger los derechos de los trabajadores; elementos todos que obligaban a orientar el cambio tecnológico en otra dirección distinta a la de los meros intereses económicos de las élites. Cualquiera familiarizado con la historia del movimiento obrero puede ver en este razonamiento de Acemoglu y Johnson un elemento político claramente subversivo.

Hay que cuidarse mucho de pensar que esto es solo historia económica, o economía política del siglo XIX. El punto de referencia de Acemoglu es siempre el cambio tecnológico actual, y más concretamente la adopción de la inteligencia artificial en los procesos productivos actuales. Pero Acemoglu usa la historia económica para reflexionar sobre el proceso contemporáneo, preguntándose (en Power and Progress) qué pasa si los economistas convencionales están equivocados y la IA fundamentalmente provoca distorsiones en el mercado de trabajo que incrementan la desigualdad de salarios y empleo, su impacto redistribuye poder hacia las élites, empobrece a miles de millones de personas en el mundo no desarrollado, si refuerza prejuicios étnicos o sociales, o si destruye las instituciones democráticas. Su conclusión ha sido que lo que necesita la sociedad contemporánea es, como ocurrió en el siglo XIX, el crecimiento de contraargumentos y organizaciones que puedan contrarrestar al pensamiento convencional. Para hacerse una idea más completa, baste decir que uno de los últimos artículos de Acemoglu, firmado con David Autor y Simon Johnson, se llama Building pro-worker artificial intelligence (Construir una inteligencia artificial favorable a los trabajadores).

No es un economista heterodoxo, lo que lo hace más peligroso

Aunque a algunos les haya parecido demasiado disidente, debemos recordar que Daron Acemoglu no es un revolucionario en el sentido clásico. Ni siquiera en su disciplina. El primer libro suyo que llegó a mi biblioteca no fue un ensayo, sino su manual Introduction to Modern Economic Growth de 2009. Se trata de un texto de posgrado con álgebra sumamente avanzada y en el que se repasan los modelos de crecimiento económico desde una óptica unilateral: la neoclásica (una teoría ahistórica que abandona muchas de las preocupaciones de los economistas clásicos, como Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx). Esta es la dominante en las facultades de economía, y frente a ella se han elevado históricamente otras escuelas de pensamiento, como la poskeynesiana o la marxista, consideradas por ello como heterodoxas. Acemoglu pertenece a esta escuela de pensamiento, y de hecho recientemente ha afirmado que encuentra la discusión sobre el capitalismo “descerebrada”. En la cosmovisión subyacente a los modelos de Acemoglu no hay relaciones de producción, el poder entra como una categoría de capacidad de negociación y captura regulatoria y la visión de las instituciones es débil y nunca estructural. Consecuentemente, su concepto de clase trabajadora no es marxista, pero conduce a lo que él denomina “liberalismo de clase trabajadora”.

Pero todo esto es, para los economistas convencionales, lo que realmente supone un peligro. Porque Acemoglu llega a sus “radicales” conclusiones desde dentro de la profesión y del mainstream. Todo su trabajo académico es una lúcida (y algebraicamente compleja) reformulación de los modelos neoclásicos de progreso técnico. Y cada paso que ha dado en los últimos veinte años, como considerar el reparto del ingreso entre capital y trabajo endógeno al cambio técnico, lo hace sin recurrir a la vastísima cantidad de trabajos heterodoxos que ya pisaron ese camino mucho antes que él. Hoy Acemoglu tiene una visión del comercio que no sería extraña para los autores marxistas, y una visión de la distribución de la renta que reconocerían autores poskeynesianos como Joan Robinson o Nicholas Kaldor. Y ya hemos visto que su lectura de algunos aspectos de la historia económica del siglo XIX presenta sorprendentes puntos de contacto con la historiografía marxista.

La clave es que Acemoglu ha llegado a conclusiones muy similares a la de las escuelas postkeynesianas e incluso marxistas, pero empleando otros conceptos y métodos. Los economistas convencionales no pueden criticarle por falta de brillantez técnica, ampliamente acreditada, pero están asustados por las conclusiones políticas que se extraen de su desviación.

Con Joseph Stiglitz ya se había ensayado la jugada. El economista estadounidense recibió el Nobel en el año 2001 por sus contribuciones a la teoría neoclásica, en particular por sus análisis con información asimétrica, y durante los años noventa destacó, entre otras cosas, por su crítica a la versión dura de la economía ecológica. Gracias a todo ello se convirtió en el economista jefe del Banco Mundial, una de las instituciones encargadas de promover el ‘Consenso de Washington’ entre los países en desarrollo, es decir, de imponer políticas neoliberales. Antes de terminar su mandato, Stiglitz abandonó su cargo y en 2002 publicó su libro Globalization and Its Discontents, donde cuestionó gran parte de la política neoliberal. Se trataba de un duro diagnóstico que a los estudiantes de posgrado de Economía Internacional y del Desarrollo siempre nos pareció ilustrativo: un neoclásico criticando las conclusiones de su viejo paradigma.

Como ahora, también The Economist fue punta de lanza contra lo que les parecía un giro inadmisible, afirmando con ironía que “Stliglitz podría haber escrito un buen libro sobre globalización. Quizás la próxima vez” y reconociendo que era un economista brillante antes de rebajar completamente su estatus. No fue el único ejemplo, ya que el entonces director de investigación del FMI (la otra pata neoliberal en el sistema internacional), Kenneth Rogoff, atacó duramente a Stiglitz y asentó la conclusión generalizada entre los economistas convencionales, a saber, que como académico Stiglitz era un genio con una mente maravillosa, pero que como político era mucho menos impresionante. Es el precedente más claro del artículo de The Economist contra Daron Acemoglu.

Lo que podemos esperar en los próximos años es un proceso, encabezado por parte de la comunidad mainstream y del que The Economist es solo la avanzadilla, para intentar devaluar la reputación de Acemoglu, no tanto en sus bases técnicas sino por sus “extravagancias” políticas. Como ya hemos visto, no es el primer caso y probablemente no será el último, pero la lógica está impresa desde hace mucho tiempo. El aura de respetabilidad en la comunidad de los economistas convencionales es dependiente tanto de las bases técnicas (con una alta sofisticación matemática, lo que hace muy inaccesible su comprensión para el público general) como de la “razonabilidad” de las conclusiones políticas. Recordemos que el premio Nobel de Economía no es tal, ya que Alfred Nobel nunca consideró entregar uno de esta materia. Que hoy exista un premio Nobel de Economía es resultado del interés del banco central sueco que, en 1968 y en un contexto de duro enfrentamiento con los socialdemócratas suecos (que estaban desplegando su vía reformista al socialismo), necesitaba mejorar la reputación de quienes defendían sus posiciones políticas (conservadoras). El gran economista sueco Gunnar Myrdal recibió el premio en 1974, pero su propia interpretación es que como era un “radical” (sus propias palabras) le hicieron compartirlo con un “reaccionario”, Friedrich Hayek. En 1977, escribió un breve artículo reconociendo que se equivocó al aceptarlo, que la economía no es una ciencia equivalente a la física o las “ciencias duras” y que, ojo, no debería existir el premio Nobel. Lo que sugería, en última instancia, es que se trataba de un reconocimiento muy cargado de valores y principios políticos.

Consecuencias para la actualidad

El trabajo de Daron Acemoglu tiene, para mí, muchos límites. Quizás el más obvio es que, a pesar de girar en torno a la tecnología y el cambio técnico, toda consideración sobre la energía está ausente. Hablar de la transformación de la economía del siglo XIX en el Reino Unido sin mencionar el papel del carbón es extraño. También resulta problemática la escasa atención a la dimensión imperial de la industrialización británica, es decir, al hecho de que el comercio colonial, la esclavitud, la extracción de recursos y la posición de Gran Bretaña en la economía mundial formaron parte de las condiciones históricas en las que se produjo la Revolución Industrial. Esto tiene que ver con otro punto ampliamente criticado a Acemoglu, esta vez desde la heterodoxia, y presente en libros anteriores como Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (Por qué fracasan los países), coescrito con James Robinson. La visión del desarrollo económico de Acemoglu es institucionalista, atribuyendo a aspectos tales como la innovación, la democracia o los tipos de gobierno la variable central que determina qué países crecen y cuáles no.

Pero su interpretación sobre la inteligencia artificial y su énfasis en el modelo de tareas —que no se automatizan empleos sino tareas— y la constatación de que los efectos de la automatización dependen del poder y de instituciones como las leyes es correcto y crucial para nuestro presente. Es cierto que otras tradiciones pueden ofrecer enfoques más agudos y estructurales sobre el papel de la tecnología, pero la originalidad y brillantez de Acemoglu es que ha llegado al mismo destino que autores heterodoxos, aunque por otro camino. Existen complementariedades entre las diferentes tradiciones que merecen la pena explotar. Por ejemplo, su insistencia en diferentes trabajos en que la tecnología puede usarse (mal) para elevar el control sobre los trabajadores (cosa que la IA ya está haciendo) puede beneficiarse mucho de toda la tradición marxista que nace con el fantástico libro del marxista Harry Braverman y que revolucionó toda la teoría sobre el mercado de trabajo. O el papel de la distribución del ingreso, que es no sólo un aspecto moral sino también de eficiencia económica (sobre todo en modelos donde la demanda juega un papel importante).

Para terminar, apuntar que hay muchos aspectos sin concluir en el trabajo de Daron Acemoglu que merecerán un desarrollo en los próximos meses y años, y que son claves para la política pública. La proposición central de Acemoglu es que la tecnología, para que promueva una prosperidad compartida, tiene que estar dirigida. Los críticos, incluido el texto de The Economist, señalan lo ambiguo que resulta eso en la práctica. Tienen razón en este punto, ya que el trazo de Acemoglu y sus coautores apunta en la dirección de intervenir en los destinos del mercado autorregulado a fin de dirigir la tecnología ‘hacia otra parte’. Por la comparación histórica se deduce que el efecto buscado es el fortalecimiento de los sindicatos, de la democracia y del poder frente a las élites (léase, los tecnooligarcas), pero está ausente todavía el ‘cómo’ lograr todo eso.

Por otro lado, Acemoglu insiste en que la sociedad tiene alternativas a la implantación de tecnología en formas que provocan graves daños a la clase trabajadora. Él acepta que los empresarios buscan elevar sus beneficios y aumentar la productividad promedio del trabajo, aunque esa implantación no produzca bienestar social (en su terminología, que no incremente la productividad marginal del trabajo). Un análisis estructural objetará que un empresario asume una determinada tecnología maximizadora de beneficios porque está obligado por la competencia, de modo que no está claro cómo podría ser de otra forma sin recurrir a instrumentos clásicos como la regulación estatal. En el fondo, la gramática habitual de un proceso de “dirección tecnológica” es la que tiene que ver con la planificación, el Estado y la protección social; y probablemente por ahí vendrán las próximas discusiones en el campo.

En definitiva, espero haber mostrado por qué creo, junto con otros economistas, que se explica la crítica de The Economist a un economista ampliamente reputado y brillante. El problema de Acemoglu para el mainstream es que ha utilizado las propias herramientas conceptuales de la economía convencional para mostrar que la tecnología y el mercado no producen automáticamente una prosperidad compartida. Aceptar ese razonamiento implica poner en tela de juicio todas las promesas de los promotores de la IA (y también los costes que lleva asociados, donde la energía de nuevo juega un papel central) y abogar por políticas públicas totalmente distintas a las que se defienden desde los centros de poder vinculados a las grandes empresas tecnológicas. Para mí, ese camino es muy fructífero y es claro que necesitamos más prosperidad compartida, es decir, más intervenciones y políticas como las de Acemoglu.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por una empleada que reclamaba su derecho a teletrabajar toda la jornada para poder cuidar a su madre, diagnosticada con Alzheimer y con un 65% de discapacidad.

En la sentencia, que puede ser recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, el TSJN revoca un fallo de la plaza nº 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La demandante, ingeniera de software en una empresa desde 2006, solicitó en mayo de 2025 trabajar en modalidad de teletrabajo el 100% de su jornada para poder cuidar a su madre. La compañía le denegó la solicitud porque no convivía con ella.

Desde la pandemia de COVID-19, la recurrente y sus compañeros habían teletrabajado toda la jornada, pero desde mayo de 2025 la empresa exigió presencialidad al menos dos días a la semana, por requerimiento del cliente principal, el Gobierno de Navarra.

La empleada demandó entonces a la empresa solicitando el derecho a teletrabajar el 100% de su jornada y una indemnización por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. El tribunal de instancia desestimó la demanda al considerar que la entidad había justificado necesidades organizativas y que la trabajadora ya disfrutaba de tres días de teletrabajo y flexibilidad horaria.

La demandante recurrió ante el TSJN. Alegó que la empresa no había cumplido con el proceso de negociación exigido por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que la negativa se basó en un requisito (convivencia) no exigido legalmente.

En la sentencia, la Sala de lo Social reconoce que la empresa no abrió un proceso de negociación real, como exige la ley, antes de denegar la solicitud de teletrabajo.

“Así pues, no constando en el caso que nos ocupa que la empresa cumpliera con el preceptivo trámite del artículo 34.8 ET, que exige abrir una negociación (de una duración máxima de 15 días) en la que se hicieran propuestas y contrapropuestas, antes de dar una respuesta negativa, considera la Sala que la sentencia sí ha vulnerado el artículo 34.8 ET en cuanto a considerar cumplido el trámite formal, lo que va a dar lugar a la estimación del recurso en cuanto a la petición de la adaptación de jornada solicitada (en forma de teletrabajo todos los días)”, razonan los jueces.

De esta forma, los magistrados reconocen el derecho a teletrabajar toda la jornada, pero desestiman la petición de indemnización tanto por daños morales como por vulneración de derechos fundamentales.

Nadia empezó a trabajar como camarera de piso en un hotel de Brihuega (Guadalajara) en junio de 2023. Año y medio después, su cuerpo empezó a acusar la sobrecarga en forma de dolor. Las primeras molestias aparecieron en noviembre de 2024: acudió al centro de salud por un dolor en la espalda que le trataron con una infiltración, pero su efecto duró “poco” y tuvo que seguir desempeñando su labor en las mismas condiciones. Los dolores no dejaron de aumentar, y a las molestias en la espalda se sumaron otras en codos, cadera y piernas. El desenlace ha llegado ahora en forma de despido, después de que el servicio de prevención la declarara “no apta” para el puesto que, según sostiene ella, le había causado las lesiones.

La trabajadora lo relaciona directamente con las tareas que repetía cada jornada. “Como se hace tanto movimiento repetitivo, se levanta tanto peso… Estás haciendo fuerza todo el tiempo, moviendo la base, haciendo la cama, levantando colchones que muchas veces son de 2x2 y bastante pesados”, describe. A eso suma el desgaste de limpiar duchas y bañeras y el de subir y bajar constantemente entre las cuatro plantas del establecimiento. Reconoce que llegó a acudir a trabajar tomando calmantes a diario.

Cuando lo trasladó a su supervisora, asegura, la respuesta fue que “era lo que había”, acompañada de la amenaza de tomar medidas. “Llevo más de un año, desde marzo del año pasado, pidiéndole al hotel una reubicación por unas dolencias que se me han ido presentando a raíz del trabajo y de la carga laboral. Y ellos siempre se han negado en redondo, siempre me han dicho que no”, denuncia. En ese tiempo, afirma, han salido varias vacantes en recepción y en el área comercial de las que ha quedado “totalmente excluida”.

En abril de 2025, el servicio de prevención ya había comunicado una posible epicondilitis y leves signos artrósicos que podrían estar detrás de los dolores lumbares y de cadera que padecía. En marzo de este año, la trabajadora solicitó un reconocimiento específico que evaluara su aptitud para el puesto y definiera medidas para evitar que sus lesiones se agravaran.

La empresa de prevención la certificó entonces como apta con restricciones: recomendaba que no manipulara cargas superiores a ocho kilos, que no subiera y bajara escaleras más de dos veces por hora y que no realizara tareas de pie durante más de dos horas seguidas. Apenas dos meses después, ese mismo servicio emitió un certificado de no apta. A continuación, Nadia recibió la carta de despido.

La afectada rechaza la indemnización que le ofrece la empresa porque lo que quiere es seguir trabajando, y reclama que la recoloquen en otro puesto. No obstante, asegura que la compañía rechaza esta solución alegando que carece de la experiencia necesaria para otras áreas.

Este medio se ha puesto en contacto con el hotel Castilla Termal, donde trabajaba Nadia, para conocer su versión de los hechos. Según la explicación ofrecida, la organización ha actuado “conforme a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud”.

“Los procedimientos aplicables parten siempre de la valoración realizada por los profesionales sanitarios competentes del Servicio de Prevención, quienes pueden emitir distintos criterios de aptitud para el puesto de trabajo. En los casos en que se establecen restricciones o limitaciones, se procede a analizar las medidas preventivas y organizativas para valorar la adecuación de las condiciones de trabajo a las recomendaciones emitidas, garantizando en todo momento la protección de la salud de la persona trabajadora”.

Castilla Termal afirma que este ha sido el procedimiento que han aplicado en el caso de Nadia, sin querer entrar en más detalles “por respeto a la privacidad de la persona afectada”.

La trabajadora hace un análisis de la situación de su profesión más allá de su propio caso. “Lo que les hace falta a las camareras de piso es que haya mucha más prevención, que se evalúen más los riesgos ergonómicos y los psicosociales, porque hay mucha presión por entregar habitaciones y demasiada carga de trabajo. Un buen día te pasan ocho habitaciones y al siguiente, quince”, advierte. Y lo extiende al conjunto de la plantilla: “No es solo con las camareras de piso; con los camareros de sala, en todas las áreas, es exactamente la misma problemática. No hay nada que realmente evite que las personas enfermen en el trabajo”.

CCOO reclama la nulidad del despido

La Federación de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha ha mostrado este lunes su apoyo a la trabajadora y ha pedido que el despido se declare nulo por vulneración de derechos. En una concentración celebrada este lunes a las puertas del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Guadalajara, donde se ha celebrado un acto de mediación entre Nadia y la empresa, previo a la vía judicial, el sindicato ha puesto el foco en la precariedad de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres y denuncia unas condiciones de penosidad física y psicológica que, cuando llegan al límite e incapacitan para el trabajo, la empresa “aprovecha” para desprenderse de la plantilla.

“La mayoría son mujeres migrantes, y el problema son las cargas de trabajo: no puede ser que una mujer esté haciendo treinta habitaciones todos los días”, señala el secretario de Acción Sindical de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha, Santiago Zafrilla. “Ese sobreesfuerzo mina su salud, termina dañando las articulaciones y la espalda, y a causa de esos problemas la despiden. Primero me exprimes y luego me despides”, resume.

El sindicato subraya, además, que la afectada es miembro del comité de empresa, y se suma a la petición de Nadia de que, si no puede continuar como camarera de piso, se la reubique en otro puesto del hotel.

Una enmienda a la futura Ley de turismo

CCOO ha trasladado el caso al debate sobre el borrador de la futura Ley de turismo de Castilla-La Mancha. A través de una propuesta a ese texto, insta a que se obligue a las empresas a realizar evaluaciones ergonómicas específicas de cada puesto, evaluaciones periódicas de los riesgos psicosociales y una medición objetiva de las cargas de trabajo. El sindicato confía en que la Junta sea “sensible” a una problemática que, sostiene, es fácilmente prevenible con los medios técnicos y la organización del trabajo adecuados.

“La ley, en su espíritu, debe promover la sostenibilidad del sector en sus distintas vertientes, valorando especialmente la sostenibilidad social centrada en el bienestar de las personas trabajadoras, que son sus verdaderas protagonistas”, reivindica la organización.

El sindicato pide también al Gobierno central que aplique coeficientes reductores que permitan a estas trabajadoras acceder a la jubilación anticipada. Según los estudios que maneja, más del 70% del colectivo padece dolor crónico y necesita medicación para aliviarlo, y hasta un 95% sufre ansiedad.

La Federación de Servicios de CCOO recuerda que se trata de una actividad de gran exigencia física, con una incidencia significativa de lesiones musculo-esqueléticas, estrés crónico y otros problemas de salud, a los que se suman riesgos químicos y biológicos.

CEOE-Cepyme Cantabria ha lanzado una “segunda parte” de su campaña contra el absentismo laboral que, en este caso, tiene como lema 'Cuando faltan recursos, todos esperamos' y “pone el foco” en las consecuencias y daños que tienen las demoras en las pruebas diagnósticas y en valoraciones por incapacidad para trabajadores, empresas y para el sistema en general.

Sin embargo, la patronal ha negado que ello suponga “una rectificación” después de la polémica que suscitó la primera fase de su campaña, que giraba sobre la idea 'Mientras unos no están, otros esperan' y en la que algunos partidos y sindicatos vieron un intento de “criminalizar” a los trabajadores que no pueden acudir a su puesto de trabajo por estar enfermos o que ejercen derechos laborales como el permiso de paternidad o por hospitalización de un familiar.

De hecho, partidos como el PSOE o la coalición electoral IU-Podemos o sindicatos como CCOO y UGT criticaron la campaña y reclamaron a la patronal que la retirara, a lo que ésta se negó y su presidente, Enrique Conde, tildó de “absurdo” la polémica.

En declaraciones a Europa Press con motivo de esta nueva fase de la iniciativa, CEOE ha aclarado que “no es una rectificación” sino “una segunda parte de la campaña”.

“Nuestra idea es exponer este problema desde los diferentes ángulos que inciden en que el absentismo sea, como ha dicho el presidente de CEOE Cantabria (Enrique Conde) el mayor problema para nuestra competitividad como región. En esta ocasión ponemos el foco en el tiempo, tanto en los diagnósticos como en los tratamientos para la recuperación”, han explicado a esta agencia desde la patronal.

Esta “segunda parte” se desarrolla en redes sociales y en marquesinas de autobuses, con mensajes como 'Esperar no debe formar parte del tratamiento' o 'Esperar una valoración durante dos años no puede formar parte del sistema'.

Con ellos, se quiere incidir en las consecuencias que generar estos retrasos. Según explica en redes sociales la patronal, la demora en las valoraciones de incapacidad “provoca incertidumbre en los trabajadores, repercute en las empresas y daña al conjunto del sistema” y en las pruebas genera “más tiempo sin diagnóstico, sin tratamiento y sin recuperación”, algo que “no afecta únicamente a quien espera” sino que “también repercute en sus compañeros, en las empresas y en el propio sistema púbico de salud”.

“Las bajas laborales son un derecho que debe protegerse; por ello necesitamos un sistema ágil, dotado de recursos y capaz de ofrece respuestas rápidas a quienes realmente lo necesitan”, ha explicado CEOE.

IU-Podemos sí lo ve como una rectificación de la patronal

Sin embargo, y frente a lo que explica la patronal, el candidato a la Presidencia de Cantabria por la coalición IU-Podemos, Israel Ruiz Salmón, ve “una rectificación evidente del enfoque” utilizado por la patronal.

Esta coalición de izquierdas cree que ello no debe recibirse “con celebraciones ni aplausos porque llega después de una campaña que criminalizó injustamente a las personas enfermas y presionó tanto a trabajadores como a profesionales sanitarios”.

IU-Podemos considera que CEOE “ha tardado demasiado en reconocer que el problema son las listas de espera y no las personas trabajadoras”.

“No esperamos que CEOE nos dé la razón, sino que deje de utilizar la enfermedad para enfrentar a trabajadores, usuarios y profesionales. El problema nunca fue que una persona enferma ejerciera su derecho a recuperarse, sino que el sistema sanitario dependiente del Gobierno de Cantabria no disponga de los medios suficientes para diagnosticarla y atenderla dentro de unos plazos razonables”, ha señalado.

Ruiz Salmón ha valorado que la patronal “haya atendido por fin a quienes conocen directamente el funcionamiento del mercado laboral, como los sindicatos y sus representantes en las empresas, en lugar de dejarse arrastrar por las voces más reaccionarias, empeñadas en convertir cada derecho laboral en un privilegio y cada baja médica en una sospecha de fraude”.

IU-Podemos cree que CEOE “ha tardado demasiado en reconocer que el problema son las listas de espera y no las personas trabajadoras” y cree que el “cambio de campaña de la patronal confirma las causas que la coalición y los sindicatos señalaron desde el principio y reclama reforzar la sanidad pública y la prevención laboral”.

Hay horas de trabajo que aparecen en la nómina, horas que figuran en el registro horario y horas que, sencillamente, parece que no existen. No porque no se hayan trabajado, sino porque nadie las apunta, no se consideran horas extraordinarias o resulta difícil demostrar que lo fueron.

En España se realizan cada semana 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones no se pagan ni se compensan con descanso, según un análisis del Gabinete Económico de CCOO elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el equivalente al empleo a jornada completa de unos 68.000 trabajadores.

El sindicato cifra en 436.000 las personas que realizan esas horas extraordinarias sin contraprestación, una media de 5,8 horas adicionales a la semana por trabajador afectado. Por lo que el 5% de la población asalariada hace horas extra cada semana, y de esas horas, el 40% no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada.

El problema tiene, además, una particularidad: no siempre se trata de empresas que carecen de registro horario. Desde 2019 todas las compañías están obligadas a registrar la jornada. La cuestión es si ese registro refleja realmente todo el tiempo trabajado y, sobre todo, si puede utilizarse después para demostrarlo.

Fichar no siempre significa demostrar cuánto se ha trabajado

La reforma de 2019 introdujo la obligación general de registrar la jornada, pero dejó sin determinar con suficiente precisión cómo debía hacerse ese registro para que resultara eficaz. Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que ese es uno de los problemas de fondo: “Muchas empresas no hacen un registro veraz ni tampoco lo hacen de tal manera en la que luego ese registro se pueda comprobar si es cierto”. A su juicio, la reforma “ayudó poco a reducir las horas extra” porque no fijó un sistema suficientemente eficaz para acreditar el tiempo efectivamente trabajado, y ni siquiera está resultando “una herramienta eficaz en materia probatoria”.

El problema, resume el profesor, es “¿cómo demuestras que has hecho esas horas extraordinarias?”. En trabajos con horario fijo, superar la jornada es relativamente fácil de identificar. Pero en empleos con horarios flexibles, jornadas distribuidas de forma irregular o trabajo realizado fuera del centro, delimitar qué es exactamente una hora extraordinaria se complica mucho más. Y después hay que demostrarlo.

Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, introduce un matiz: el registro horario sí ha mejorado la posición de los trabajadores. “La existencia de registro horario es clave para que el trabajador pueda reclamar las horas extras no pagadas”, señala. Pero esa protección no es automática. Cuando existe un horario fijo y no hay registro, el Tribunal Supremo exige que el trabajador aporte indicios suficientes de un exceso de jornada; solo entonces la carga de la prueba pasa a la empresa, y aun así el trabajador debe concretar qué horas reclama.

En los horarios no fijos la situación cambia: una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2026 establece que, cuando no existe registro, es el empleador quien debe acreditar cuál fue realmente la jornada realizada. Es precisamente la función que debería cumplir el registro. La consecuencia es paradójica: existe la obligación legal de registrar el tiempo de trabajo, pero el registro puede no bastar para acreditar todo lo que efectivamente se ha trabajado.

El propio Tribunal Supremo ha mostrado hasta qué punto puede pesar esa ausencia de registro. En una sentencia de abril de 2026 sobre el fallecimiento por infarto de una teletrabajadora, la empresa no pudo aportar un registro horario detallado que probara a qué hora había terminado su jornada. Ante esa falta de prueba, el tribunal concluyó que el episodio se produjo mientras la afectada seguía trabajando y calificó la muerte como accidente laboral.

El coste económico del trabajo que 'no existe'

Más allá de las horas que no aparecen en los registros, importa lo que deja de percibir el trabajador y lo que pierden las arcas públicas. CCOO calcula que el coste de esas horas no reconocidas asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que dejan de ingresarse: una media de 7.696 euros anuales por persona afectada.

Por sectores, la educación concentra el mayor volumen de horas extra no pagadas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos (el porcentaje de trabajadores afectados dentro de cada sector) destacan las actividades financieras y de seguros, la propia educación, y la edición y producción de contenidos.

Para CCOO no es solo un problema de derechos laborales: la práctica “altera la competencia entre empresas”, porque quien no paga las horas trabajadas soporta costes inferiores a quien sí cumple la normativa. El sindicato reclama reforzar el control para acabar con lo que considera “una de las principales formas de abuso laboral”.

Educación, donde la hora extra ni siquiera se llama así

Educación es, según CCOO, el sector que concentra un mayor volumen de horas extraordinarias no remuneradas, y también está entre los que registran mayor porcentaje de trabajadores afectados. Pero en el profesorado no siempre existe conciencia de que ese tiempo adicional sean “horas extra”: preparar clases en casa, corregir exámenes por la noche, responder correos de familias o elaborar informes se vive, a menudo, como parte asumida del trabajo docente, aunque se haga fuera del horario formal.

Héctor Adsuar López, representante del profesorado de la enseñanza pública en el sindicato, describe una frontera especialmente difícil de trazar. El horario del profesorado se divide en horario lectivo directo con alumnado, horario complementario de permanencia (guardias, reuniones) y 7,5 horas semanales de horario no fijo o irregular para preparación, corrección y elaboración de informes.

Ese tiempo, sostiene, “no es suficiente para realizar todas las tareas necesarias con garantías” y obliga a trabajar más: calcula que el horario real del profesorado público se sitúa “como poco por encima de las 42 horas y llega a las 48”, frente a las 37,5 semanales que constituyen el máximo teórico en la función pública.

A los elevados ratios y el seguimiento individualizado de alumnos se suman tareas administrativas y funciones de coordinación que, según Adsuar, se han ido incorporando sin más recursos ni tiempo específico: “No existe un registro horario que cuantifique temporalmente todas esas tareas del profesorado fuera de su horario lectivo y complementario”.

Manuel Maldonado, profesor de Matemáticas en el colegio Sagrado Corazón, pone cifras a esa parte invisible: “Normalmente pueden ser de 10 a 15 horas semanales, pero en épocas de evaluaciones te puedes ir a 20 sin problemas”. Ahí se incluyen tareas como buscar y adaptar materiales, reprogramar clases según el ritmo de cada grupo, corregir exámenes o preparar contenidos para alumnos con adaptaciones curriculares; si además se ejerce de tutor, se suman las llamadas y correos con las familias.

“La accesibilidad que te da el correo electrónico ha multiplicado el número de contactos de las familias con el tutor”, apunta, y aplicado a una clase de 28 o 30 alumnos, el volumen se convierte en una carga considerable que en época de exámenes puede llevar a trabajar hasta altas horas de la noche o sacrificar el fin de semana. Aun así, Maldonado admite una cierta normalización de esa dedicación adicional en su profesión: “Uno ya ha de ser consciente de que una dedicación extra se ha de llevar a cabo”.

La percepción de Xavier Nalda, profesor de Física y Matemáticas de Bachillerato en el colegio Jesús María, es distinta, y por eso resulta reveladora. Nalda tiene un contrato de 30 horas semanales y no identifica como horas extraordinarias buena parte del trabajo que hace fuera de ese horario: “Yo tengo un contrato de 30 horas y cobro por estas 30 horas y ya está”.

Reconoce que prepara clases y corrige exámenes antes de entrar al colegio y algunos fines de semana, “por costumbre”, pero no cree que deba remunerarse: “No entiendo que eso sean horas extra”. A su juicio son tareas que históricamente han formado parte de la profesión docente y que cada profesor organiza como puede; sí coincide, eso sí, en señalar la burocracia (informes, adaptaciones, documentación) como uno de los grandes problemas del trabajo docente, por el tiempo que resta a la relación directa con los alumnos.

Entre ambas percepciones hay una frontera que explica buena parte de las llamadas horas extra invisibles: para unos, trabajar por la tarde o desde casa forma parte natural de la profesión; para otros, esas mismas tareas representan una sobrecarga de 10 a 15 horas semanales que debería contabilizarse.

La cuestión jurídica, sin embargo, no puede resolverse solo preguntando si el profesor cree que está haciendo horas extra: la pregunta relevante es si ese tiempo constituye trabajo efectivo, si forma parte de la jornada exigible, si supera los límites establecidos y si existe una manera objetiva de acreditarlo.

Un registro digital reforzado para intentar eliminar la zona gris

El Gobierno tiene previsto llevar en septiembre al Consejo de Ministros la reforma del registro horario, después del acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Economía para salvar las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. El organismo consultor había cuestionado que un real decreto pudiera imponer determinadas obligaciones, así como algunos aspectos del acceso a los datos.

La norma mantiene como líneas principales un registro completamente digital e interoperable y la posibilidad de facilitar el control del cumplimiento de la jornada a la Inspección de Trabajo, atacando así una de las debilidades del sistema actual: que el registro exista sobre el papel, pero no permita comprobar de forma fiable la jornada realmente realizada.

Ana Belén Muñoz Ruiz cree que una de las mejoras posibles pasa precisamente por que el registro digital gane protagonismo: “Ayudaría que se modificara la normativa del registro horario para que solo sea válido el registro digital”. Pero avisa de que registrar las horas puede no bastar para abordar todo el problema, porque hay sectores en los que la sobrecarga laboral no se traduce fácilmente en una sucesión de entradas y salidas.

Por eso plantea complementar el control horario con mecanismos que midan la carga de trabajo: en Educación, por ejemplo, no basta con contar cuánto tiempo permanece un docente en el centro si buena parte de sus tareas se hace en casa. “Esta perspectiva más amplia de la realidad lleva a que una sobrecarga laboral implique una mayor intensificación del trabajo”, explica.

La otra pieza: sanciones e Inspección de Trabajo

El profesor Todolí apunta a otro problema: los incentivos económicos para cumplir la norma. A su juicio, las sanciones actuales son insuficientes: “En muchos casos es más caro cumplir que incumplir y pagar la sanción”. Propone endurecerlas y, sobre todo, individualizarlas, siguiendo el modelo aplicado a los contratos temporales fraudulentos en la reforma laboral de 2021: que cada incumplimiento genere una sanción propia y no una única multa a la empresa por una práctica repetida.

Muñoz Ruiz coincide en la importancia de reforzar la actuación inspectora, aunque considera que las sanciones económicas actuales (el incumplimiento del registro se tipifica como infracción grave, según el artículo 7.5 de la LISOS) responden a una graduación razonable desde el principio de proporcionalidad.

Según la memoria anual de la Inspección de Trabajo de 2024, publicada en 2025, el tiempo de trabajo representa el 47,8% de las infracciones detectadas en materia de relaciones laborales. Las campañas específicas sobre horas extraordinarias han dado resultados importantes, señala la profesora, aunque sería útil dotar a la Inspección de más medios.

El problema de fondo no cabe entero en un reloj

Para un trabajador que quiera reclamar horas extraordinarias no abonadas, el tiempo también juega en contra: el plazo general para reclamar cantidades salariales es de un año. Ana Belén Muñoz Ruiz recomienda empezar, cuando sea posible, por las vías internas de la empresa y la representación de los trabajadores, acudir después a la Inspección de Trabajo y, si el problema persiste, plantear la reclamación judicial.

La cuestión es que muchos trabajadores no reclaman mientras la relación laboral es normal: “Con carácter general, el trabajador parece que decide reclamar las horas extras cuando la relación laboral ya está dañada y se va a producir una salida de la organización”. La existencia de representación sindical puede cambiar esa ecuación, especialmente en empresas con estructuras para vigilar el cumplimiento de la jornada.

Adsuar sostiene que, en el caso docente, la solución pasa por reducir ratios, aumentar plantillas, incorporar apoyos y especialistas y reducir la burocracia: una reducción formal de jornada, avisa, no resolverá nada si las tareas de cada docente siguen siendo las mismas. “Si no se incrementan las plantillas, cualquier reducción de jornada no será realmente efectiva y seguirán existiendo exceso horario y sobrecarga”, afirma.

Ese es el reto que la nueva regulación del registro horario tendrá que afrontar a partir de septiembre: conseguir que el tiempo de trabajo deje de depender de si alguien lo apunta, lo reconoce o considera que “forma parte de la profesión”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con CEOE y Adecco para recabar su valoración sobre los datos de CCOO y la situación del registro horario, sin obtener respuesta. Desde ambas organizaciones se ha indicado que los contactos habituales se encuentran de vacaciones.

La reapertura de la mina que gestiona la empresa TYC Narcea Special Research S.L. en Veiga de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, está cada vez más cerca con el avance de los trámites administrativos, tras la publicación este viernes del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa y la autorización ambiental integrada simplificada vinculadas con esta iniciativa.

La actividad laboral permanece paralizada desde el pasado mes de noviembre cuando un accidente laboral en la explotación de antracita causó la muerte a los mineros Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

El accidente mortal en Veiga de Rengos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, confirmó pocas horas después del siniestro que las primeras investigaciones apuntaban a que la principal causa del accidente mortal pudo deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calcularon que el desprendimiento fue de entre seis y ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Una inspección, la víspera del siniestro

En noviembre de 2025, el consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. Además, reconoció que la explotación había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

El siniestro en Veiga de Rengos causó una gran conmoción en un momento en que la ciudanía estaba consternada por el accidente laboral, ocurrido ocho meses antes, en la mina de Zarréu/Cerredo cuando cinco mineros perdieron la vida por una explosión de grisú en una explotación donde se extraía carbón ilegalmente, ya que la empresa Blue Solving solo disponía de autorización para realizar un proyecto de investigación complementaria. En el accidente de Zarréu murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

La polémica devolución de las ayudas

A raíz de la paralización de la actividad laboral en la mina de Cangas del Narcea gestionada por TYC Narcea, los trabajadores han llevado a cabo numerosas acciones de protesta para exigir su reapertura. Han convocado manifestaciones, concentraciones, marchas mineras a pie a Oviedo/Uviéu e incluso realizaron una acampada en el Campo de San Francisco, en la capital asturiana, que duró 43 días, para reivindicar la vuelta al tajo.

La decisión final está pendiente de la resolución que adoptará el Instituto de Transición Justa (ITJ) sobre si la empresa está obligada a devolver 31,2 millones de euros en ayudas al cierre de la minería percibidas en su día por la anterior propietaria (Carbonar), determinando así si se trata de la misma unidad productiva.

La resolución, en septiembre

TYC Narcea sostiene que se trata de una unidad de producción distinta a la de Carbonar, que operaba en otra zona de la mina con carbón térmico, frente a la antracita de bajo volátil que extrae la actual empresa, por lo que defiende que no le corresponde devolver ayuda alguna.

El comité de empresa calcula que el ITJ tendría que adoptar su resolución definitiva el próximo mes de septiembre, atendiendo a los plazos estimados.

La aplicación del ERE

Esta situación administrativa afectó por completo a los trabajadores ya que la paralización de la actividad vino acompañada de la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que TYC Narcea se comprometiera a la readmisión de los 56 despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina. Otros 12 compañeros permanecen realizando labores de mantenimiento en la explotación minera canguesa.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha difundido este viernes una nota de prensa donde resalta que con la publicación del anuncio en el BOPA se da un nuevo paso en la tramitación del proyecto de explotación promovido por TYC Narcea Special Research S.L. para sus concesiones mineras en Veiga de Rengos (Cangas del Narcea), al iniciar el periodo de información pública del expediente.

Alegaciones

A partir de mañana, sábado, se abre un plazo de un mes para que las personas, entidades e instituciones interesadas puedan examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Con este trámite, la consejería sostiene que cumple el compromiso anunciado por su titular, Borja Sánchez, de abrir el proceso de participación pública una vez que la empresa hubiera completado la presentación de toda la documentación exigida para la tramitación del expediente.

La vuelta al tajo

La documentación sometida a información pública puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/KQ50T3

El proyecto de explotación contempla en torno a 150 puestos de trabajo directos si finalmente se autoriza la reapertura, según explicó hace unas semanas el comité de empresa, que expresó su confianza en que la mina pueda volver a funcionar antes de que termine el año.

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA Asturias) ha denunciado el tiempo y el dinero que los 70.559 profesionales que hay en la comunidad autónoma pierden cada día en realizar los trámites burocráticos.

Una pérdida que la asociación tiene contabilizada y se resume en estas cifras: cada trabajador destina una media de 226 horas al año exclusivamente al papeleo, lo que representa un coste de 3.390 euros anuales por autónomo calculado sobre una media de 15 euros por hora, que traducido a términos globales supone 239 millones de euros y 16 millones de horas en el Principado.

Hay un dicho popular que refeja que “el tiempo es oro” y es una expresión que podría aplicarse perfectamente a un sector que se ve abocado cada vez más a perder su tiempo, su dinero y su energía en rellenar algún trámite burocrático.

La nueva normativa

La presidenta de ATA Asturias, Patricia Oreña, asegura que la nueva normativa no ha reducido la carga burocrática sino que, por el contrario, la ha disparado, y ha impedido “conciliar la vida laboral y personal y descansar con tranquilidad”.

El Barómetro de ATA refleja que, con jornadas de 47 horas semanales, el autónomo dedica al menos cuatro horas a la administración, y que un 40,7 % pide como prioridad reducir la burocracia existente.

Una carga burocrática “disparada”

Patricia Oreña reclama un cambio para que la administración “deje de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador de quienes cada día generan riqueza y empleo en Asturias”.

El nuevo reglamento europeo de IA, los cambios en veri*factu y el registro horario han disparado la carga burocrática en los últimos meses, sin que ninguna medida haya venido a aliviar el tiempo que los autónomos dedican al papeleo.

Un sector que genera riqueza

Asturias cerró el mes de julio con 70.559 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la cifra más alta del año, tras sumar 920 desde enero, según los datos aportados por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, el pasado 7 de agosto, con motivo del Día del Autónomo que se celebró en la Feria Internacional de Muestras (Fidma) en Gijón/Xixón.

En ese acto, Borja Sánchez trasladó el reconocimiento del Gobierno del Principado a los profesionales de este sector que, según sus palabras “generan actividad económica, empleo y oportunidades en toda la comunidad” y resaltó su contribución al mantenimiento de negocios y servicios esenciales, tanto en las ciudades como en el medio rural.

“Detrás de cada autónomo hay una historia de esfuerzo y detrás de muchas de las fortalezas de Asturias hay un autónomo que decidió apostar por su tierra”, valoró.

Aportación del tejido empresarial

El titular de Ciencia señaló que el crecimiento del trabajo autónomo se produce en un contexto favorable para el mercado laboral asturiano, que alcanzó las 406.262 personas ocupadas en julio, cerca de 4.000 más que en junio y más de 8.000 por encima de hace un año.

A su juicio, estos resultados reflejan la aportación del tejido empresarial al desarrollo de la comunidad: “Si la economía funciona, crece y avanza es en buena medida por la labor de nuestras empresas, tanto las grandes como las pequeñas y las lideradas por profesionales autónomos”, afirmó.

Los retos

No obstante, Sánchez advirtió de que la evolución positiva de los indicadores no debe ocultar retos como el relevo generacional, la captación de talento, la digitalización, el aumento de la productividad o la creación de oportunidades para que más jóvenes puedan emprender y desarrollar su carrera profesional en Asturias.

Durante su intervención, el consejero repasó algunas características del trabajo autónomo en Asturias. Así, según los datos facilitados en el acto, el 28 % de las personas afiliadas acumula entre diez y veinte años de actividad y el 67 % tiene más de 45 años. Unos datos que refuerzan, en su opinión, la necesidad de impulsar el emprendimiento joven y favorecer el relevo generacional.

El perfil

Por otra parte, el colectivo presenta una composición cada vez más diversa: cerca de 30.000 afiliadas son mujeres y más de 5.500 profesionales proceden de otros países.

Sánchez también destacó el crecimiento de las actividades ligadas al conocimiento y la innovación, con cerca de 8.000 autónomos que desarrollan su labor en ámbitos técnicos, científicos o vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. Para el consejero, esta evolución refleja “una Asturias emprendedora, dinámica y diversa, innovadora y capaz de adaptarse a los cambios”.

Manifestaciones

Los trabajadores autónomos han protagonizado diversas manifestaciones de protesta en las principales ciudades asturianas. El pasado mes de mayo, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convocó una protesta por las calles de Gijón/Xixón y, entre sus principales reivindicaciones, figuraba la necesidad de que se lleve a cabo una reforma del régimen de la actividad que incluya beneficios sociales y laborales equivalentes a los de los empleados por cuenta ajena.

Tras una pancarta bajo el lema ‘Autónomos Asfixiados. Basta Ya’, los manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad en una protesta que se celebró de manera simultánea en más de veinte ciudades de España.

Reivindicaciones

Durante el recorrido se entonaron consignas como las siguientes: “Sin autónomos no hay futuro” y “España escucha, esta es nuestra lucha” que los manifestantes acompañaron con la exhibición de pancartas que incluían las frases “Si me enfermo me arruino”, “No es una cuota es un atraco” y “No pedimos privilegios, pedimos justicia”.

El colectivo reclamó medidas fiscales como el IVA franquiciado para los que facturen menos de 85.000 euros anuales, la simplificación de las declaraciones y la equiparación de las prestaciones sociales a las del régimen general de la Seguridad Social.

La “asfixia” del sector

El sector de los trabajadores por cuenta propia reclama que no se les cobren las cotizaciones durante los primeros 60 días de baja, prestaciones por maternidad y lactancia y el pago de cotizaciones adecuadas a los ingresos reales.

Unas reivindicaciones a las que ahora se suma también la reducción de la excesiva carga burocrática que, según explican desde ATA Asturias, cada vez es más “asfixiante”.