Cuatro trabajadores de la empresa Salsa Rica S.L., ubicada en el polígono El Sequero de Agoncillo, han sido despedidos tras iniciarse las visitas para promover la celebración de elecciones sindicales en la empresa. UGT ha convocado una concentración este jueves 23 de julio, de 13:30 a 14:30 horas, frente a la empresa para denunciar esta situación.

UGT ha manifestado su preocupación por estos hechos y ha considerado que el despido de personas trabajadoras coincidiendo con el inicio del proceso electoral “supone un grave ataque a la libertad sindical y al derecho de las personas trabajadoras a elegir libremente a quienes las representen”.

La libertad sindical y el derecho a la representación de las personas trabajadoras están protegidos por la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS) y por el Estatuto de los Trabajadores, que garantizan el derecho a promover elecciones sindicales y a participar en ellas sin sufrir represalias. De este modo, desde UGT FICA La Rioja exige el respeto a estos derechos fundamentales y rechaza “cualquier actuación que pueda limitar o impedir el ejercicio de la actividad sindical dentro de las empresas”.

El sindicato ha anunciado que adoptará las iniciativas sindicales y jurídicas que sean necesarias para garantizar el pleno respeto de estos derechos fundamentales y para que ninguna persona trabajadora tenga que elegir entre ejercer sus derechos o conservar su puesto de trabajo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, con el apoyo “unánime” de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT, el IX Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores de la Administración regional.

El nuevo convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2030, y establece el marco regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Comunidades, de sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

La firma de este acuerdo es el resultado de un amplio proceso de negociación entre la Administración regional y la representación sindical, materializado en 25 reuniones de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, además de nueve reuniones específicas del grupo de trabajo creado para diseñar un nuevo procedimiento de gestión de las bolsas de trabajo del personal laboral.

El IX Convenio Colectivo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del personal, con medidas dirigidas a mejorar la organización del trabajo, favorecer la conciliación y reforzar las oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios, una medida que facilitará una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes. Asimismo, el convenio introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

El texto incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral, para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Además, el nuevo convenio reconoce un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde, al tiempo que continúa impulsando mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

El acuerdo también supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público, al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo, mejorando así las condiciones de contratación de estos trabajadores y trabajadoras.

Por último, el IX Convenio incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.

Un trabajador de 60 años ha resultado herido en Yuncos (Toledo) tras caerse de un andamio a una altura de aproximadamente dos metros.

Fuentes del Servicio de Emergencias del 112 Castilla-La Mancha señalan a este medio que han recibido aviso a las 13:28 horas y que el suceso ha tenido lugar en un chalet en obras de la calle Antonio Vivaldi del municipio toledano.

El varón ha tenido que ser trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil y Policía Local, además de los equipos sanitarios.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced llegó a ordenadores y consolas el 9 julio convirtiéndose de forma instantánea en una de las entregas más queridas de la franquicia. Tal y como anunció Ubisoft en redes sociales, el título superó los dos millones de copias vendidas el día de su lanzamiento, estableciendo además un nuevo récord de jugadores concurrentes en Steam. Ha sido todo un éxito. Sin embargo, en Ubisoft Barcelona no están de celebración.

A pesar de que buena parte del título se ha desarrollado en el estudio catalán, los artistas, los programadores, los diseñadores y el resto de profesionales que han hecho posible Black Flag fueron informados el pasado día 10 de junio de un recorte en la plantilla que iba a afectar al 28% de los empleados. 51 trabajadores entre los que se encuentran absolutamente todos los que forman parte de la división de Assassin’s Creed.

“El anuncio del ERE sucedió apenas unos días después de que termináramos de trabajar en el proyecto y obviamente no sentó nada bien en la plantilla”, comenta Carlos, el presidente del comité de empresa, a elDiario.es. Su compañero Manel, tech animator que lleva más de tres años en Ubisoft, amplía sus impresiones: “La noticia del ERE no fue exactamente una sorpresa dado el estado en el que se encuentra la empresa y la propia industria, pero nos han dolido las formas, el timing. Una semana después de terminar el proyecto, se considera que somos prescindibles. El lanzamiento ha quedado manchado por esta noticia. Nos quedamos con la sensación de que merecíamos más”.

Inmersos en la última semana de negociación en contra de este ERE, el recién formado comité de empresa (que terminó de tomar forma el pasado mes de abril) ha convocado una huelga entre el martes 14 y el jueves 16 de julio, que han iniciado a partir de una concentración a las puertas del estudio en Torre Diagonal 00. “El equipo humano detrás de Assassin’s Creed Black Flag Resynced falleció corporativamente justo antes del lanzamiento, despedidos por la avaricia de la directiva en el momento de mayor éxito”, se lee en el manifiesto entregado a los asistentes. A las nueve de la mañana, una treintena de trabajadores se agolpaban tras una pancarta en la que podían leerse, en inglés, las palabras “Avaricia Corporativa” en la conocida tipografía de la franquicia Assassin’s Creed.

Al ser preguntada por el último objetivo de las negociaciones que están llevando a cabo, Lidia, secretaria del comité de empresa, especifica que lo ideal sería “salvar a las 51 familias afectadas”, aunque coincide en que no parece una expectativa muy realista: “Seguimos sin entender los datos exactos que han llevado a esta decisión (…), pero buscamos, sobre todo, que afecte a las menos personas posibles. Estamos en el mes de julio y es difícil encontrar trabajo en el sector en este momento, tanto en Barcelona como internacionalmente”.

Otro trabajador del equipo afectado por el ERE afirma que las negociaciones están siendo “muy intensas” porque desde el comité tienen tres propósitos en mente: recolocar a la mayor cantidad de personas en otros proyectos, sumar más días de compensación y la garantía de que no se va a aplicar otro ERE cuando pase el periodo legal de 90 días. “No queremos que usen las mismas excusas contra el equipo del juego Rainbow Six. Sabemos que trabajan muy bien, que son rentables”, dice.

Según detallan varios miembros del comité y trabajadores que están siguiendo de cerca las negociaciones, la directiva de Ubisoft Barcelona parece receptiva al diálogo, a pesar de que han retrasado las conversaciones en referencia a “lo que afecta de verdad a los trabajadores”. “Llegamos a esta última semana con muy poco margen. Hemos tardado mucho en llegar a las compensaciones económicas y las desafectaciones”, explica Lidia de nuevo. Uno de sus compañeros de comité le da la razón. “Hasta ahora hemos hablado mucho de las causas. Esta va a ser la semana de negociación más complicada”, señala.

Asimismo, desde el estudio aseguran que son conscientes de la convocatoria de huelga y que respetan el derecho de los trabajadores a expresar sus opiniones: “La propuesta de reestructuración de Ubisoft Barcelona sigue estando sujeta al periodo de consultas actualmente en curso, y todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Seguimos comprometidos con un diálogo constructivo con los representantes de los empleados y a apoyar a los empleados durante todo este proceso”.

Estableciendo precedentes

Esta no es la primera huelga convocada por el equipo de Ubisoft Barcelona. El 13 de febrero de 2025, estos mismos trabajadores sentaban un histórico precedente en la industria del videojuego español convocando la primera jornada de paro en el sector; un movimiento que respondía tanto al despido de más de 500 profesionales en los diferentes estudios que Ubisoft tiene en todo el mundo como a lo que definían como una “escalada de abusos” por parte de la directiva que se había tornado “intolerable”.

Dentro de Ubisoft Barcelona, tanto el 2025 como esta primera mitad del 2026 se han caracterizado por los enfrentamientos, las negociaciones y los sucesivos arbitrajes entre la directiva y los trabajadores a causa de las medidas impuestas para acabar con el teletrabajo. Lo que durante la pandemia fue un sistema esencial para funcionar con relativa normalidad, se ha convertido en el pilar esencial para la vida y la conciliación de muchos empleados. Ubisoft ha ido recortando progresivamente el tiempo de trabajo desde el hogar hasta anunciar, con un margen muy estrecho, que había decidido eliminar la posibilidad de trabajar fuera de las oficinas y en horarios flexibles.

Una empleada, que prefiere mantener el anonimato al no estar afectada por el ERE actual, explica que a pesar de no ver peligrar su puesto considera que su situación es dramática. Las condiciones de trabajo han cambiado radicalmente desde que se incorporó a la compañía y la directiva ha ido ignorando todas y cada una de las garantías que le presentaron en su día como soluciones definitivas. “Muchos empleados no han sido despedidos estos meses, sino que han abandonado su puesto de forma voluntaria a causa de estos cambios”, apunta.

Otro de los trabajadores no afectados por el ERE que ha decidido sumarse a la huelga cuenta a este periódico que “lo normal en Ubisoft era que, cuando acababas un proyecto, te mantenían en plantilla hasta que te asignaran otro”.“ Es una cosa que siempre hemos valorado mucho. Una de las mayores virtudes de la empresa es que quería mantener el talento. Por eso hay compañeros que llevan 20 años en la empresa”, detalla. Para este empleado, ver así a sus compañeros ha generado internamente “rabia e impotencia”, pero también temor respecto al futuro. De ser un estudio multiproyecto, Ubisoft Barcelona se ha convertido en un equipo dedicado exclusivamente al juego Rainbow Six y, por tanto, un estudio más débil que “ha decidido poner todos los huevos en la misma cesta”.

Estratégicamente, todas estas decisiones forman parte del plan de tres años anunciado el pasado febrero por Yves Guillemot, CEO de la multinacional que pretende recortar 200 millones de dólares en costes. Además de múltiples cancelaciones de juegos, los estudios internacionales de Ubisoft han afrontado en el último año y medio tanto cierres definitivos como miles de despidos. Entre los últimos, y más allá de este ERE que pretende aplicarse en el estudio de Barcelona, los estudios de Winnipeg (Canadá) y Belgrado han echado el cierre definitivamente, dejando en la calle a más de 165 personas. En San Francisco, los despidos se cuentan por docenas, aunque no se haya difundido ninguna cifra exacta.

Un game over transversal en toda la industria

Los despidos masivos, las cancelaciones y los cierres de estudios importantes se han convertido en una constante en los últimos años dentro de la industria del videojuego. Es fácil ver esto como una especie de resaca tras el crecimiento desmesurado que muchas compañías apuntaron durante la pandemia, pero lo cierto es que los motivos por los que el desarrollo de videojuegos parece enfrentar una crisis sin precedente son complejos, aunque no totalmente exclusivos. Muchos de los problemas en la industria del videojuego son comunes a los que sufren otras industrias culturales.

A raíz del crecimiento multimillonario experimentado durante la pandemia, justo cuando muchos sectores no podían, sino declararse en crisis, el videojuego se abrió a la entrada de inversores procedentes de otras industrias, como la tecnológica, que apostaron por el futuro inmediato de varios estudios y proyectos. Esto llevó al anuncio de juegos marcados por un corte extremadamente ambicioso, con presupuestos muy altos y dirigidos al público más amplio posible.

Pero los videojuegos tienen un proceso de desarrollo largo que no casa bien con este tipo de inversiones a corto plazo. Mientras que un blockbuster puede iniciar su producción y llegar a las salas en algo más de un año, los videojuegos de alto presupuesto tardan de media unos cinco en finalizar su desarrollo. Esto, unido a una fiebre de adquisiciones y formación de grandes conglomerados aún más salvaje que la que ha visto la industria del cine, sumado a la escasez de microcomponentes esenciales y la marcha de muchos grupos de inversión a otros sectores como el de la IA, ha hecho que la industria del videojuego enfrente una crisis mundial que se está cebando con los trabajadores.

Un sector “antes desclasado” se organiza

Solo en este mes de julio, Microsoft ha anunciado despidos masivos en la división de Xbox y cierres totales de algunos de sus estudios. Se trata de un cambio de estrategia que ya ha dejado sin trabajo a más de 1600 personas y que terminará por cobrarse el sustento de 4.800 trabajadores de aquí a final de año. Estos despidos tienen previsto afectar a empleados en los estudios catalanes de Blizzard, Activision y King, entre otros. También a proyectos que contaban con financiación de la multinacional.

IO Interactive confirmó hace apenas una semana que, aunque pretende seguir adelante con el juego que está desarrollando, ha decidido cerrar su estudio en Estambul y despedir a varios empleados en Suecia y Barcelona. El número de afectados aún no se ha hecho público, pero fuentes internas aseguran que se mantiene por debajo de lo que se considera legalmente un ERE.

En España, esta crisis ha propiciado la formación de CSVI, la coordinadora sindical del videojuego, que está viendo cómo un sector “antes desclasado” está empezando poco a poco a organizarse. Como cuenta uno de sus representantes, las convocatorias de huelga y manifestaciones que se han vivido son el reflejo de un “trabajo prolongado en el tiempo”. “El sindicato no solo se activa en momentos concretos, como el anuncio de un ERE, sino que está activo en el día a día de la plantilla para hacer frente a todos los ataques que sufrimos, y también para dar avances en nuestras condiciones materiales y de trabajo”, alega. Precisamente por esto son tantos los trabajadores que están dando el paso. Si la industria del videojuego está obligada a una vez más a transformarse, ahora son los propios trabajadores los que quieren impulsar los cambios.

Castilla-La Mancha lidera el Índice de Confianza Empresarial Armonizado para el tercer trimestre de este año con 148,9 puntos, el mayor registro de todas las comunidades autónomas y por encima de la media nacional de 138,2 puntos. Además, este índice creció un 3,6% en su tasa trimestral, también por encima de la tasa nacional, que se situó en el 3,2%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con respecto a las expectativas de las empresas de la región sobre el trimestre que comienza, un 22,7% tiene una visión favorable, el 60,2% una normal y el 17,1% desfavorable.

En cuanto al trimestre recién finalizado, el 23,4% de las empresas consultadas ha hecho un balance favorable, el 60,5% normal y el 16,1% desfavorable.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado estos datos, aplaudiendo que sea la región “en la que más confía el empresariado” para sus propios proyectos. “Llevamos ya así muchos trimestres, si no los segundos, los primeros, y encabezando ya mucho tiempo seguido”, se ha expresado durante su intervención en el acto en el que ha sido nombrado Académico de Honor de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha.

Además, ha hecho hincapié en que “este año hemos ampliado la diferencia con los que vienen detrás. Ser depositarios de la confianza del empresariado nos llena sobre todo de mucho orgullo y de mucha ilusión”, ha finalizado.

Datos nacionales

A nivel nacional, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se disparó un 3,2% en el tercer trimestre del año, su mayor avance desde el tercer trimestre de 2022.

Con el alza de la confianza empresarial para el periodo julio-septiembre, que se debe a una mejor valoración del trimestre ya finalizado (abril-junio), este indicador vuelve a terreno positivo tras la bajada del 2,3% del segundo trimestre de año.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha mejorado casi 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 1,3 puntos en el segundo trimestre de 2026 a 10 puntos en el tercer trimestre.

Este avance del indicador de situación actual es resultado del aumento de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del retroceso de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (segundo trimestre de 2026), el ICEA muestra que el 23% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 13% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 64% que hablan de normalidad.

Estos porcentajes fueron del 18,8%, del 17,5% y del 63,7%, respectivamente, en el trimestre anterior.

Las expectativas mejoran casi 5 puntos

Por su parte, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el tercer trimestre de este año en 9,1 puntos, frente a los 4,8 puntos del trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre julio y septiembre de este año se ha situado en el 23%, lo que supone dos puntos más que el comunicado en el trimestre anterior y el porcentaje más elevado desde hace un año.

Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el tercer trimestre de manera normal han subido desde el 62,8% del trimestre anterior al 63,1%, al tiempo que ha disminuido la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 16,2% al 13,9%. El ICEA, que tiene una periodicidad trimestral y es comparable a nivel europeo, se elabora a partir de una muestra representativa de establecimientos empresariales.

El 16,5% de los empresarios españoles prevé que suban los precios

Según el INE, el 16,5% de los empresarios españoles prevé que suban los precios en el tercer trimestre de este año, mientras que solo el 4,7% estima que bajarán.

En lo que respecta a las plantillas, también el 13,8% de los empresarios españoles prevé crear empleo entre julio y septiembre, en tanto que el 9,5% espera reducir personal.

Según Estadística, la confianza empresarial para el tercer trimestre de 2026 registra su mayor alza en las empresas de menos de diez empleados (+4,3%), mientras que las de 50 a 199 asalariados presentan el menor (1,8%).

Los cinco sectores analizados por el INE subieron la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería presentó el mayor ascenso (7,4%), mientras que el comercio registró el menor (1,1%).

La confianza empresarial subió en el tercer trimestre de 2026 respecto al trimestre previo en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se producen en Islas Baleares (6,6%), Asturias (5,4%) y Cantabria (4,9%), mientras que los ascensos más moderados de la confianza se los anotan Canarias (0,4%), Euskadi (1,5%), Navarra (1,9%) y Galicia (2,1%).

Para la elaboración de este indicador se toma como referencia metodológica la OCDE, el Ifo alemán y, sobre todo, el Tankan japonés, que elabora el Banco Central del país nipón.

Un hombre de 64 años de edad ha resultado herido este martes tras caer de un andamio a seis metros de altura en la localidad ciudadrealeña de Villarrubia de los Ojos, sufriendo un traumatismo craneoencefálico.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 8.16 en la calle Jijones del municipio ciudadrealeño.

El afectado ha sido atendido por un médico de Urgencias y posteriormente trasladado en helicóptero medicalizado al hospital de Ciudad Real. Hasta el lugar también se han desplazado una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 23 años, residente en la localidad riojana de Calahorra, como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras agredir presuntamente con un objeto cortante a una trabajadora del servicio de limpieza mientras desempeñaba sus funciones laborales.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado 10 de julio, en la calle Casa Santa de Calahorra, cuando la víctima, que se encontraba realizando su jornada de trabajo, notó un pinchazo en la zona de la espalda. Al girarse, observó la presencia de dos varones y, según manifestó posteriormente, uno de ellos se aproximó y, sin mediar palabra, presuntamente la atacó con un objeto de carácter filoso, causándole una herida sangrante en el antebrazo.

Tras la agresión, el presunto autor abandonó el lugar, generando una situación de alarma entre los vecinos de la zona. La víctima tuvo que recibir asistencia sanitaria para la valoración y tratamiento de las lesiones sufridas.

Una vez se tuvo conocimiento de los hechos, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al servicio de Seguridad Ciudadana iniciaron las primeras actuaciones encaminadas al esclarecimiento de lo sucedido. Gracias a la información aportada por la víctima y a la descripción facilitada del presunto agresor, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió, pocas horas después, identificar, localizar y detener al supuesto autor.

Durante el transcurso de la detención, el individuo mostró una actitud violenta y alterada, dificultando inicialmente la intervención de los agentes actuantes. Ante esta situación, fue necesario requerir la presencia de los servicios sanitarios para realizar una valoración de su estado físico y psíquico. Tras ser atendido por el personal sanitario y una vez estabilizado, los agentes pudieron continuar con las actuaciones policiales

Durante la mañana del día 11, y una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Hay palabras y expresiones que se gastan de tanto usarlas, como una moneda que pasa de mano en mano hasta que ya no se le distingue el relieve. “Transición justa” es, a estas alturas, una de ellas. La vemos en los informes patronales y en los manifiestos sindicales, en las directivas europeas sobre el clima y, cada vez más, en cualquier documento que mencione la inteligencia artificial. La usa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus reuniones técnicas, la arrastran las consultoras en sus presentaciones y la repiten los gobiernos como un mantra litúrgico. A fuerza de querer explicarlo todo, cada vez explica menos.

Pero el problema no es solo el desgaste. Es que estamos trasladando el concepto de un terreno a otro sin preguntarnos si la tierra es la misma. Y, sobre todo, sin distinguir desde qué perspectiva lo analizamos. Si observamos ambas transformaciones desde el lugar donde negocian sindicatos y empresas, aparecen diferencias decisivas.

La “transición justa” no nació en la estratosfera de la retórica corporativa. Nació con nombre, apellidos y hollín en el sindicalismo del carbón y del petróleo del siglo pasado, y más tarde se formalizó como principio en la acción climática. Su premisa original era de una honestidad brutalmente concreta: si el interés general exige cerrar una central térmica o una mina, alguien tiene que responder por el minero de cincuenta y tantos años que se queda sin oficio y sin comarca.

Ese origen no es un detalle anecdótico, sino la clave de todo. Desde la perspectiva de la empresa y de la negociación colectiva, la transición ecológica es, en la inmensa mayoría de los casos, una transición de costes de sustitución. Exige rediseñar procesos productivos, sustituir tecnologías, transformar sistemas de transporte, cambiar materiales o desmantelar instalaciones para cumplir objetivos ambientales. Todo ello requiere inversiones y genera costes de adaptación. La transición justa nació precisamente para decidir cómo repartir esos costes sin que recaigan íntegramente sobre el eslabón más débil de la cadena productiva.

La transición digital, la robótica y ahora la inteligencia artificial responden a una lógica distinta, y ahí es donde el trasplante conceptual empieza a hacer aguas. También requieren inversiones, formación y reorganización empresarial. Pero su motor económico no es asumir un coste para cumplir un objetivo colectivo, sino obtener un incremento de productividad. Se hacen las mismas tareas con menos tiempo, menos costes operativos o menos trabajo humano. Esa mejora genera un excedente económico cuya distribución no está predeterminada.

Aplicar sin más el vocabulario de “compensar al perdedor” a un fenómeno que se implanta precisamente para generar ganancias de productividad es un error de origen. No es que la digitalización no tenga damnificados concretos —los tiene, e incluso de cuello blanco, muy reales—, sino que reducir la transición justa a la gestión asistencial de esas pérdidas deja fuera la pregunta verdaderamente decisiva: ¿qué ocurre con la riqueza adicional que genera esa nueva productividad y quién decide cómo se reparte?

Si la transición climática ha obligado principalmente a negociar cómo repartir los costes de la adaptación —prejubilaciones, recolocaciones, formación o planes de reindustrialización—, la transición digital obliga, además, a negociar el destino del nuevo valor que crea. Hoy ese excedente tiende, por defecto, a concentrarse en el margen empresarial y en la retribución del capital. Pero no existe ninguna razón económica que obligue a que toda la mejora de productividad derivada de un algoritmo termine exclusivamente en la cuenta de resultados de la empresa. Cómo se distribuye ese valor es una decisión de gobernanza y de negociación colectiva, no un destino inevitable.

Quizá ahí resida el verdadero cambio de época. La negociación colectiva del siglo XX aprendió, sobre todo, a repartir los costes de las crisis, de las reconversiones industriales y de los procesos de adaptación. La del siglo XXI tendrá que aprender también a negociar cómo se distribuyen las ganancias de productividad que genera la inteligencia artificial. No se trata de sustituir una misión por otra, sino de ampliar el objeto mismo de la negociación colectiva.

De ahí que las bases de una verdadera transición justa digital no puedan limitarse a copiar el esquema de la transición climática. No basta con negociar indemnizaciones dignas para quien pierde su empleo, aunque esa siga siendo una obligación irrenunciable. Hace falta incorporar una nueva agenda sindical: negociar también el reparto de las ganancias de productividad que la tecnología genera.

Reducir la jornada laboral sin merma salarial cuando la productividad aumenta de forma significativa, establecer mecanismos transparentes sobre los algoritmos que organizan el trabajo, garantizar el derecho a la formación permanente o vincular una parte estable del ahorro obtenido a fondos internos de recualificación son algunas de las herramientas de esa nueva negociación. Todas parten de una pregunta distinta de la que inspiró el sindicalismo del carbón. Ya no preguntan únicamente cómo protegemos a quien pierde, sino también cómo repartimos lo que se gana.

No se trata de abandonar el término “transición justa”. Sería tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Se trata de comprender que hemos heredado un concepto forjado para gestionar procesos de reconversión y adaptación, y que hoy debemos ampliarlo para responder a una transformación cuya principal característica, en el ámbito de la empresa, es la generación de ganancias de productividad. Mientras sigamos discutiendo el impacto de la inteligencia artificial únicamente con el vocabulario de la mina que se cierra, seguiremos formulando la pregunta equivocada. La cuestión decisiva ya no es solo quién compensa las pérdidas, sino también quién decide, bajo qué reglas y con qué participación de los trabajadores, cómo se reparte la riqueza que la inteligencia artificial contribuye a crear.

La sentencia ya ha sido dictada. Una vez más, somos culpables. Estamos pidiendo bajas por encima de nuestras posibilidades. No aprendemos.

Primero provocamos el colapso sanitario acudiendo a urgencias más de lo que debíamos, o yendo al centro de salud más de lo que debíamos, o tomando paracetamol como si no hubiera un mañana. Después colapsamos el sistema financiero y causamos la Gran Recesión viviendo por encima de nuestras posibilidades. Ahora, diagnostica el doctor Núñez Feijóo, estamos enfermando de cáncer nuestro mercado laboral porque nos pillamos las bajas sin tener que justificarlas y nos pagan igual.

Nada han tenido o tienen que ver la incapacidad, la codicia, la desigualdad o la ideología de los gestores y los responsables. Todo siempre culpa nuestra, por avariciosos y jetas. La casa siempre gana.

La cifra resulta incuestionable. Desde 2020 las bajas laborales en España se han duplicado. Pero hay otras cifras igualmente incuestionables que, oportunamente, casi nadie menciona. Antes de la pandemia España —datos Eurostat, 2014, 2024— se situaba en bajas laborales en la media de la UE (2%), más de medio punto por debajo de Suecia (2,5), Portugal (2,6%) o Bélgica (2,6%), casi un punto por debajo de Alemania (2,8%) y más de un punto por debajo de Francia (3,2%). A ver si va a ser que antes pedíamos bajas por debajo de lo que teníamos derecho. El incremento de España (4,5) también ha de ponerse en un contexto europeo creciente: Bélgica (4,1%), Francia (3,9), Portugal (3,6%) o Alemania (3,2).

¿Qué pasa entonces a partir de 2020 y después de la pandemia? El sistema de bajas continúa siendo el mismo, pero, al parecer, España ha pasado de una cultura de esfuerzo ejemplar a llenarse de jetas y vagos. A la pandemia del COVID le ha seguido una epidemia de haraganería que no afecta solo a España. He aquí la prueba de cargo de la acusación. El mismo sistema que antes nos homologaba con Europa en disposición al trabajo ahora incentiva y recompensa a quienes no quieren trabajar.

Nada tiene que ver, al parecer, que hayamos pasado una pandemia siendo uno de los países más afectados y con más casos de COVID persistente —más de dos millones de personas—. Tampoco nada tiene que ver, al parecer, que España tenga una de las fuerzas laborales más envejecida de la UE; o la distribución por actividad de nuestro mercado laboral y su evidente impacto sobre el tipo de bajas más comunes. Mucho menos tiene que ver, al parecer, que buena parte del tiempo de esas bajas se deba a los retrasos y cuellos de botella acumulados por un sistema sanitario —121 días de demora media— sometido a una prueba de estrés permanente.

Si me permiten, la sanitaria es mi favorita entre todas las causas ignoradas. Primero deterioran, descapitalizan y desmantelan el sistema público sanitario para recortar nuestro derecho a una sanidad universal de calidad en nombre de la eficiencia y la lucha contra el abuso y ahora utilizan el colapso provocado en el sistema sanitario para recortar nuestros derechos laborales en nombre de la lucha contra el fraude; el crimen perfecto.

Sostiene la acusación que tenemos un problema con el absentismo laboral. Hay más de un millón de trabajadores de baja cada día, denuncian alarmados. Pero cuando se le pregunta si se refieren a la gente que padece incapacidad temporal por una enfermedad, aclaran que solo se refieren a los “jetas”. Las bajas no son lo único que se ha doblado desde 2020. También se ha duplicado el gasto de las empresas en detectives para perseguir el fraude: de más de novecientos mil euros en 2024 a casi un millón novecientos mil euros en 2025. Si hubiera una bolsa estoy casi seguro de que ya nos lo habría contado todos los días.

Ya lo sabe. Es usted nuestro principal sospechoso. Como lo es cuándo acude a urgencias, o a su centro de salud, o pide el paro, o una beca, o una ayuda o, en general, intenta ejercer alguno de sus derechos; también cuando se ponga enfermo y pida una baja. Te estamos vigilando, jeta.

Hay debates que colocan la sospecha sobre quien menos poder tiene. Eso ocurre con las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo ha definido el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y ha planteado revisar los complementos salariales “con o sin acuerdo”. No es solo un exceso verbal: prepara el terreno para castigar económicamente a quien enferma y debilitar la negociación colectiva.

Lo que hemos escuchado no es una reflexión seria sobre la incapacidad temporal. Es una ofensiva. Se habla de costes, de lunes y viernes, de supuestos abusos y de recortes, pero apenas se habla de prevención, listas de espera, salud mental, accidentes de trabajo o ritmos laborales que enferman. Se quiere poner el foco en la persona trabajadora de baja, no en las causas que explican por qué acaba de baja.

Especialmente grave ha sido el señalamiento a la juventud trabajadora. Apuntar a quienes tienen entre 25 y 35 años como sospechosos de aprovecharse del sistema es atacar a una generación que ya soporta precariedad, salarios insuficientes, alquileres imposibles, temporalidad e incertidumbre vital. No es falta de compromiso: demasiadas veces se les exige producir mucho a cambio de muy poco.

Conviene aclarar algo básico: incapacidad temporal no es absentismo injustificado. Una baja médica no es una ocurrencia ni una decisión unilateral del trabajador. Responde a una enfermedad, accidente, intervención, recuperación o problema de salud que impide trabajar, y se reconoce mediante criterio sanitario. Desde la Organización Médica Colegial también se ha recordado que la baja laboral debe diferenciarse del absentismo. Poner bajo sospecha las bajas es cuestionar también el criterio profesional de quienes las conceden.

Las personas como mercancía

UGT lo ha dicho con claridad: confundir enfermedades que impiden trabajar con absentismo es tratar a las personas trabajadoras como mercancía. Ahí está el fondo de este discurso: una visión del trabajo en la que la persona vale mientras produce, pero se convierte en problema cuando enferma. Plantear que quien está de baja cobre menos no es modernidad; es castigar a quien está en situación de vulnerabilidad.

Además, se oculta cómo funciona la incapacidad temporal. En enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no están cubiertos; del cuarto al vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. La ley ya contempla una pérdida económica para quien enferma. Por eso, cuando un convenio mejora esa protección, no premia el absentismo: evita que enfermar signifique también empobrecerse.

Ahí está la clave: la negociación colectiva. Las mejoras de incapacidad temporal que existen en muchos sectores no han caído del cielo. No son un regalo de la patronal ni una concesión amable de la empresa. Son fruto de años de organización sindical, mesas de negociación, conflictos, acuerdos, afiliación y lucha colectiva.

Mejorar la vida de la clase trabajadora

En UGT Extremadura hemos elaborado recientemente un informe sobre la incapacidad temporal en los convenios colectivos sectoriales extremeños. Sin entrar en su contenido técnico, deja una conclusión política clara: las mejoras en materia de IT son un elemento clave de la negociación colectiva. Allí donde hay convenio y sindicato hay más garantías para que una enfermedad no se convierta en castigo económico. No hablamos de una regulación descontrolada, sino de cláusulas pactadas, con condiciones y límites según cada sector.

Por eso este debate no va solo de bajas. Va de poder sindical. Va de si las personas trabajadoras tienen herramientas colectivas para defenderse o quedan solas frente a la empresa. Va de si los derechos se pactan en convenios o se recortan desde un atril político.

Desde UGT Extremadura, venimos defendiendo una línea coherente con esta posición: empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos y negociación colectiva como instrumento para mejorar la vida de la clase trabajadora. Hablar de bajas laborales sin hablar de empleo digno, sanidad pública y prevención es hacer trampa.

También debemos recordar algo incómodo: muchos derechos que hoy disfruta una plantilla existen porque alguien los negoció. Subidas salariales, permisos, complementos de IT, jornadas o mejoras sociales se consiguen porque hay sindicatos, delegados y delegadas, recursos, afiliación y organización. Cuestionar a los sindicatos mientras se aprovechan los derechos que conquistan es una contradicción evidente.

Durante años nos han repetido que casi todos somos clase media, pero la realidad es más sencilla: la mayoría vivimos de nuestro salario. Si enfermamos y no hay protección, nuestra vida se tambalea. Si no hay convenio, dependemos de la voluntad empresarial. Eso se llama clase trabajadora.

Si de verdad se quiere reducir la duración de las bajas, hay que reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera, mejorar la atención primaria, invertir en salud mental, perseguir a las empresas que incumplen la prevención y analizar qué condiciones laborales están enfermando a la gente. Lo que no puede aceptarse es señalar al enfermo, atacar a la juventud y usar la incapacidad temporal como excusa para debilitar derechos.

Enfermar no es absentismo. Enfermar no es abuso. Enfermar no es deslealtad a la empresa. Que nadie se equivoque: cuando la patronal y la derecha señalan a quien enferma, no están defendiendo la productividad; están atacando derechos conquistados por la clase trabajadora. Y ahí nos van a encontrar enfrente, defendiendo la salud, el salario, la negociación colectiva y la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo.

Extremadura lidera la duración media de las bajas laborales y la espera en Traumatología, según recoge el informe de UGT ‘Situación de la IT y sus efectos en la salud“. El aumento de las listas de espera, la saturación de la atención especializada y las demoras diagnósticas y terapéuticas retrasan la recuperación de la salud y prolongan innecesariamente las bajas laborales. Por ello, UGT Extremadura urge a actuar las administraciones y las empresas para evitar que las incapacidades temporales se cronifiquen por una falta de atención sanitaria y preventiva adecuada.

La duración media de los procesos de incapacidad temporal en Extremadura alcanza los 87,13 días en 2025 situándose muy por encima de la media estatal de 45,8 días, lo que significa que una baja laboral en Extremadura dura prácticamente el doble que en el conjunto del país, explica el sindicato, que también advierte de que esta situación no es un problema de absentismo, sino “un síntoma del deterioro de la salud de las personas trabajadoras y de las dificultades del sistema sanitario para responder a tiempo”. En Extremadura, el volumen de procesos de incapacidad temporal es relativamente bajo —108.437 procesos en 2025—, pero acumula 9.447.761 días de baja, lo que refleja que el problema central “no es tanto el número de bajas como su prolongación”.

UGT subraya que la situación es “especialmente grave” en las listas de espera. Extremadura registraba en 2024 una espera quirúrgica media de 164 días, frente a los 103,8 días de media nacional. Esto supone alrededor de 60 días más de espera que el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La diferencia es aún más llamativa en Traumatología, una especialidad clave por su relación con las patologías musculoesqueléticas, una de las principales causas de bajas laborales de media y larga duración. En esta especialidad, Extremadura alcanza los 242 días de espera, el peor dato autonómico recogido en el informe.

Para UGT estos datos demuestran que las listas de espera sanitarias “constituyen un componente estructural que incide en la prolongación de las bajas laborales”. Cuando una persona trabajadora no recibe a tiempo diagnóstico, tratamiento, intervención quirúrgica o valoración especializada, su recuperación se retrasa y la incapacidad temporal se alarga. Esta realidad tiene un impacto directo sobre la salud y calidad de vida de las personas afectadas y sobre la Seguridad Social.

Bajas de más de un año

El informe también señala que Extremadura aparece entre las comunidades con mayor incidencia de procesos de incapacidad temporal de más de un año, junto con Asturias, Melilla, Cantabria, Galicia y Canarias. Este dato refuerza la preocupación por la cronificación de las bajas y por la dificultad de recuperación en determinados territorios.

UGT denuncia que en Extremadura no se ha firmado ningún acuerdo que posibilite que las mutuas adelanten pruebas en procesos traumatológicos de Incapacidad Temporal por Contingencia Común. Dos años después de la firma de un acuerdo tripartito en el seno del diálogo social por el que se posibilitaba a las Mutuas y a las Consejerías de Sanidad autonómicas establecer convenios que ayudasen a recuperar la salud de las personas trabajadoras adelantando procesos quirúrgicos, diagnósticos y rehabilitadores, “en Extremadura como en otras muchas comjunidades este acuerdo no se ha firmado, lo que lleva a concluir que dado que las patologías traumatológicas son una de las primeras causas de IT parece evidente que la Junta de Extremadura ni las Mutuas están interesadas en reducir el número de bajas ni el tiempo de duración”.

Por otro lado, el 97% de los convenios sectoriales vigentes en Extremadura cuentan con complementos retributivos sobre algún tipo de prestación. Se podría vincular el repunte de la IT en los últimos años a que la negociación colectiva ha mejorado notablemente este tipo de cláusulas. Sin embargo, “un análisis de las cláusulas convencionales de IT en Extremadura indica que no han variado sustancialmente a lo largo del tiempo”, por lo que, según UGT, el aumento de la IT no proviene de dichas cláusulas, sino de un deterioro en la salud de las personas trabajadoras más relacionado con el deterioro en el sistema de salud, y en la falta de inversión en prevención de riesgos por parte de empresas y administraciones públicas.

En conjunto, el sindicato señala que Extremadura“ no destaca por tener más bajas, sino porque las bajas duran mucho más. Y eso exige examinar y analizar las causas: listas de espera, falta de recursos sanitarios, deterioro de la salud laboral y ausencia de una prevención real de los riesgos psicosociales.

“La solución no pasa por endurecer el control de las bajas ni por culpabilizar a las personas trabajadoras, sino por reforzar el sistema sanitario público, reducir las listas de espera, invertir en prevención de riesgos laborales y abordar de manera específica los riesgos psicosociales y organizativos en las empresas”, explicado UGT, que reclama que las administraciones públicas y las empresas asuman urgentemente su responsabilidad en este ámbito.

Algunes reflexions surten de les entranyes.

–Els fills dels immigrants andalusos a Eivissa no existim culturalment.

Josep Morella Miranda pronuncia la frase des de la terrassa del Tàmesi. Aquest pub és un dels sis que es concentren en els quatre carrers que van ser el nucli antic de Sant Antoni de Portmany, la badia on va desembarcar el turisme a l'illa més turística del Mediterrani. Un tsunami que ho va canviar tot en tot just dues dècades. Fins i tot el nom d'aquell barri. Els veïns deixaven el seu lloc als estiuejants britànics; sa Raval es convertia en el West End. El mateix títol que Morella va triar per al llibre que el va convertir en un “conegut escriptor desconegut”.

El missatge de West End continua sent pioner sis anys després de la seva publicació. Quan Morella es va asseure a escriure, es va sorprendre de la poca literatura que existia sobre el boom turístic a les Illes Balears. Explicada, és clar, des dels ulls de qui van deixar la dalla per agafar la safata: els treballadors que van arribar des del terç sud de la Península Ibèrica. Peninsulars per als menorquins, forasters per als mallorquins, murcians per als eivissencs. Estranys en un paradís que s'acabava de posar de moda. Com la seva família materna.

“Si per a alguna cosa serveix una novel·la és per donar existència a les coses que nomena. Catalunya, per exemple, és una societat molt més porosa que qualsevol societat insular i, allà, els xarnegos fa molt de temps que es narren. A més d'estrelles de la música, hi ha novel·listes, directors i guionistes de cinema, fotògrafs que han utilitzat les seves obres per explicar-se a si mateixos. Aquí, per diverses circumstàncies, això no ha començat a ocórrer fins fa molt poc. Encara ens queda molt per poder escriure alguna cosa tan potent com l'obra de Brigitte Vasallo. Però una cosa que tinc clara és que, si no ens historiem nosaltres mateixos, no vindrà algú de fora a explicar la nostra història”, diu Morella.

Catalunya és una societat molt més porosa que qualsevol societat insular i, allà, els charnegos fa molt de temps que es narren. Aquí, per diverses circumstàncies, això no ha començat a passar fins fa molt poc

José Morella Miranda — Escriptor

El recorregut de West End és rocambolesc i –encara– no ha acabat. El 2019, va guanyar el Café Gijón, un dels premis més prestigiosos i més ben dotats de la literatura espanyola (descomptant els que convoca Planeta o Aena); es va publicar en una editorial tan interessant com Siruela (El infinito en un junco, La península de las casas vacías...); tot una premi Cervantes com Elena Poniatowska li va dedicar un afalac per emmarcar: “Està escrita amb senzillesa poètica, la seva antisolemnitat és una lliçó a seguir”; potser s'ha llegit més a França que a l'illa que retrata; acaba de passar a la final del David Bellos, un premi de traducció a l'anglès que, en cas de guanyar-lo, podria obrir-li les portes dels mercats literaris del Regne Unit o els Estats Units. Però va arribar a les llibreries el febrer de 2020. Un desastre en l'àmbit promocional.

–Si no l'hagués atropellada el confinament, seria un long seller, un d'aquells llibres que venen de forma constant durant molt de temps?

–Primer hauria d'arribar a ser un venedor! [riu] Però el cop de fre de la pandèmia va ser difícil de portar –contesta l'escriptor– perquè una novel·la és un viatge llarg. Jo tard molt a acabar-les: he d'estar molt segur del que escric, sóc molt perfeccionista. No sé quan hauré venut, però m'ha donat moltes alegries i m'ha portat a llocs on no creia que arribaria mai. Entrar en una llibreria independent d'un poblet de Normandia i veure que allà hi ha persones que han llegit la teva novel·la i tenen ganes de comentar-te què els ha semblat és una cosa difícil d'explicar.

West End no es va poder presentar al West End fins al setembre de 2024. Com que ja no queden llibreries a Sant Antoni, la xerrada es va celebrar a Los Gatos, un antic celler que aleshores era la seu de l'associació cultural que va organitzar l'acte. Un polític nacional –Juanjo Ferrer, senador pitiús per una candidatura unitària d'esquerres– el va moderar, però cap polític local –a l'ajuntament i al Consell Insular governa amb majoria absoluta el PP– hi va assistir.

–És clar que m'hagués agradat que alguna de les persones que dirigeixen o representen la cultura eivissenca s'hagués acostat o m'hagués trucat per telèfon, no t'ho negaré –diu Morella.

–Van ignorar la novel·la perquè no santifica el turisme? El relat oficial descriu els anys del boom com un període en què els eivissencs van mostrar el seu costat més hospitalari. Molt rarament, però, esmenta els milers de migrants que van arribar a l'illa per aixecar la indústria turística.

–Veig moltes queixes respecte al turisme i la meva visió és molt ambivalent. [Fa una pausa] És molt humana la contradicció que ens irriti el que ens dóna de menjar, queixar-se del tipus de turisme que tenim a Sant Antoni mentre vivim, indirectament, de les borratxeres i les drogues. L'esquerra, quan és molt de saló, pot sostenir posicions més arriscades perquè no es juga tant. Òbviament em fa por el capitalisme voraç. Vaig ser el primer universitari de la família, en ser el cosí gran, però després altres membres de la meva família han pogut estudiar i no viuen millor que els seus pares. Des de Barcelona veig com per a la generació dels meus nebots, o del meu germà petit, que en té trenta-tres, la tensió immobiliària és brutal. La boca de l'embut es fa cada dia més estreta: qui no sigui fill o net de persones que hagin pogut aplegar una certa quantitat de propietats ha de marxar de l'illa. Això és terrible perquè no era així. Els nostres van venir aquí per sobreviure, per treballar, i ho van aconseguir. Per això, West End, encara que expliqui coses molt dures i no edulcori realitats, està escrita des de l'afecte, no des de la ràbia.

Veig moltes queixes respecte al turisme i la meva visió és molt ambivalent. [Fa una pausa] És molt humana la contradicció que ens irriti el que ens dona de menjar, queixar-nos del tipus de turisme que tenim a Sant Antoni mentre vivim, indirectament, de les borratxeres i les drogues

José Morella Miranda — Escriptor

Una història de migrants

Rute, al sud de Còrdova. Una tardor de mitjans dels seixanta. Una dona adulta, una noia i un noi al voltant d'un home madur. El patriarca té cinquanta i escaig, però les feines del camp l'han envellit prematurament. Com tants altres jornalers d'aquell poble de cases blanques que fan costat a la Serralada Subbètica. L'esposa i els fills deixen damunt la taula un feix de bitllets. El pare mai no ha vist tantes pessetes juntes. Col·lapsa. En només uns mesos pencant de sol a sol –fer llits, servir menjars– en un hotel de la Costa Brava, els seus familiars han reunit molts més diners del que guanyaria ell desllomant-se –varejar olives, collir olives– durant anys. Mentre ell es quedava guardant la filla i el fill petits, els grans i la seva dona l'han avançat per l'esquerra. L'atzar està tirat. La primavera següent, tots marxaran a Eivissa.

“Aquesta és una de les històries que, com si fos una ràdio que tens de fons, vaig sentir explicar a la meva mare durant anys”, explica Morella. “Per a mi, és una escena fundacional, el salt per escapar de la precarietat. Canvia per sempre el destí de la meva família i de centenars de milers de famílies a tot Espanya. El San Antonio que coneixem avui el van construir aquells homes i dones que van arribar per treballar als hotels, als bars i restaurants, a l'obra... Un món tan diferent que el meu avi mai no va arribar a entendre'l”.

La incomprensió de Nicomedes Miranda envers el destí al qual l'havien portat a la força li va donar al seu net un fil. El seu avi era bipolar. La família d'aquell immigrant, per tant, arrossegava un tabú, aleshores, encara més silenciat que en l'actualitat. Els bojos causaven vergonya. Morella no es va conformar a escriure una història dels seus. Com ja havia fet en les seves novel·les anteriors, va barrejar el particular amb el general, la crònica amb l'assaig. En llegir West End, digressions sobre la psicoanàlisi de Freud o els inhumans tractaments de Vallejo-Nájera permeten al lector entendre què li passava al seu avi i com l'havien fet patir als manicomis on el van internar quan a la mili va tenir els seus primers brots esquizofrènics. L'únic tractament era la reclusió al domicili. Si no es veu, el problema no existeix.

I, després, hi ha els secundaris amb què l'escriptor va acabar de pintar el paisatge “d'un territori verge on tot semblava possible perquè, en certa manera, ho era; en acabat va arribar el capitalisme i ho va ordenar. En ordre de beneficis, és clar”. West End va més enllà de les paelles i els biquinis, de les pintes de cervesa i les excursions en barca, dels taxis que s'amunteguen a la porta de cofurnes transformades en discoteques. De la Mediterrània feliç quan escalfa el sol. El mite de l'hedonisme eivissenc apareix sense perfums ni maquillatges a la novel·la.

Alcaldes posseïts per la febre de l'or i entregats al tripijoc de l'especulació. Funcionaris judicials condemnats a no administrar justícia. Consellers britànics que fugen d'una illa que s'ha reencarnat en Gomorra. Un bon metge que, avorrit de lucrar-se amb els parts de lesions que causen les nits d'embriaguesa, es deixa seduir per les pseudociències. Un gurú holandès que està a punt de convèncer-lo perquè es deixi perforar el crani amb la promesa de fer-li veure la llum. Els personatges d'aquest fresc tardofranquista estaven basats en fets reals. Molts naixien de l'anecdotari que el pare del novel·lista portava a casa després de passar la nit a la guàrdia de la policia local: “Ell va ser el primer municipal que hi va haver al poble; fins i tot aquesta professió se la van haver d'inventar perquè, abans del turisme, no en feia falta”.

Una llar bilingüe

Els Morella no eren del sud espanyol, sinó de Tàrrega, Lleida. Un altre poble d'agricultors i ramaders. D'allà va marxar una dona a principis dels cinquanta per servir en una casa burgesa de Barcelona. Als seus dos fills bessons els va internar a la Llars Mundet. Un hospici gegantí en el qual es van perpetrar abusos de tota mena, fet que marcaria de per vida el caràcter de Morella pare, que va créixer i, molt jove, va saltar a Eivissa. No li va costar adaptar-se a l'illa. Podia entendre's amb els natius. Utilitzaven la mateixa llengua amb accents diferents. Tot un avantatge en un microcosmos que s'obria al món després de segles d'autarquia i autoabastament. El mateix català que parlava aquell policia municipal és el mateix que continua parlant el seu fill gran, nascut el 1972, fruit del seu matrimoni amb la Carmen, la filla de Nicomedes Miranda. Aquella família de peninsulars en què es barrejaven dues llengües era una anomalia en un poble que no deixava de créixer a la calor del turisme.

–Hi ha un moment a West End en què acompanyes la teva mare a comprar a un comerç i una comare li retreu: “Filla, que poc andalús que és el teu fill”.

–És que jo vaig ser un nen molt introvertit, tot per a dins. Això em feia estrany en la cultura que representava la meva mare; on tot és extraversió, el rar és voler estar sol per concentrar-te en el llibre que estàs llegint. Els immigrants peninsulars, sobretot els andalusos, tenien hiperpotenciat el record i els costums del seu poble. Jo he portat de visita parelles que han flipat. Assocíaven Eivissa a tots els tòpics de la festa i les discoteques, i en entrar a casa meva es trobaven...

–... un plató de Canal Sud.

–[riu] Una cosa així. Tinc una relació ambivalent amb els meus perquè, com un bon clan, abracen però ofeguen. Van respectar que fes preguntes per escriure aquella novel·la, però crec que els fa cert pudor aparèixer-hi.

Una societat segregada

Sant Antoni triplica la seva població entre 1960 i 1980, de 5.000 a 15.000 habitants. Els nous eivissencs són, majoritàriament, temporers que paren l'atur quan tanca l'hotel, que voten a Felip o Anguita a les generals, però no no s'immiscueixen massa en els assumptes de la política municipal, que pateixen amb el Betis i el Sevilla, que resen a la Verge del Rocío i no perden el deix perquè ningú els exigeix que aprenguin la llengua de l'illa on ja estan arrelant, obrint negocis propis, veient créixer els seus fills. L'empresariat local és qui reclama aquell terratrèmol demogràfic. Cal cobrir plantilles, donar servei als turistes, anar cada estiu a més.

Com el guàrdia de policia, els serveis públics es van improvisar per acollir els nouvinguts. El currículum acadèmic del mateix Morella dona fe d'això: va començar la Primària en un col·legi i la va acabar en un altre que s'acabava de construir, va començar la Secundària en un institut i la va acabar en un altre que s'acabava de construir. Allà coincidirà amb professors i professores –de Filosofia, d'Història…– que li parlaran de llibres que avivaran el desig de fugir d'una terra on, encara que la barreja fos inevitable, el mestissatge era mínim. “Quan, amb quinze o setze anys, surts de casa amb 200 pessetes a la butxaca i els teus amics, que ja viuen en una casa amb piscina, surten amb 2.000, és difícil mantenir aquestes relacions. A mi em va passar i, de forma inconscient, vaig deixar d'ajuntar-me amb algunes persones”, confessa Morella. Avui, la renda per càpita és un abisme encara més gran a Sant Antoni, un tros fonamental per entendre una illa en què la cinquena part de la població és pobra. Les segones i terceres generacions de llatinoamericans i magrebins exemplifiquen una divisió entre comunitats tan evident com profunda en un municipi que no ha deixat d'expandir-se: 28.000 habitants, 19.000 places turístiques legals.

Quan, amb quinze o setze anys, surts de casa amb 200 pessetes a la butxaca i els teus amics, que ja viuen en una casa amb piscina, surten amb 2.000, és difícil mantenir aquestes relacions. A mi em va passar i, de forma inconscient, vaig deixar d'ajuntar-me amb algunes persones

José Morella Miranda — Escriptor

L'escriptor diu:

–Jo vinc d'una classe social humil; una classe en la qual tots els passos ja estan traçats prèviament; votin a esquerra o dreta, les persones treballadores d'aquesta generació són conservadores: el poc que tenen cal conservar-ho. Potser en les altres classes també sigui així, però un coneix el camí que el seu entorn li demana explícitament que recorri. Quan tenia disset anys, el meu pare va arribar amb els papers perquè anés a Àvila a l'acadèmia de Policia Nacional. El disgust quan li vaig dir que no… va ser gran. Però més gran va ser quan, als dinou, vaig comunicar que anava a la universitat. “Doncs no et dono ni un duro”. Vaig poder estudiar gràcies a les beques dels governs socialistes de llavors i a què passava l'estiu treballant en un quiosquet de platja. Que estudiés una carrera de lletres, que em dediqués a escriure… per als meus pares era un risc. El risc de la pobresa de la qual ells havien fugit. Si vens d'una família d'advocats i els dius que vols dedicar-te a escriure, potser no els fa gràcia perquè pensaran que guanyaràs molts menys diners, però crec que, almenys, no els sonarà a xinès. Filòsofs com Pierre Bourdieu o Chantal Jaquet expliquen molt bé com, en totes les famílies, hi ha d'haver un trànsfuga de classe.. Jo ho he estat a la meva família. Per a mi és un triomf publicar llibres i fer classes d'escriptura, que és del que visc. Potser, per això, quan vinc de visita a Sant Antoni no puc escriure una línia. Només escolto.

Que estudiés una carrera de lletres, que em dediqués a escriure... per als meus pares era un risc. El risc de la pobresa de la qual ells havien fugit. Filòsofs com Pierre Bourdieu o Chantal Jaquet expliquen molt bé com, en totes les famílies, hi ha d'haver un trànsfuga de classe. Jo ho he estat a la meva família.

José Morella Miranda — Escriptor

–El teu pare va arribar a llegir West End?

–No, va morir el 2018, dos anys abans que es publiqués. Asuntos propios, la meva primera novel·la [semifinalista del Premi Herralde i publicada per Anagrama], sé que se la va llegir i que li va agradar, encara que, per descomptat, mai no em digués res.

Abans d'aixecar-se i perdre's pels carrers per on sortia de festa amb els seus amics a l'adolescència, Morella evocarà com un dels moments més feliços de la seva infància les nits d'estiu en què la seva mare, la seva germana i ell baixaven al passeig de Sant Antoni a menjar un cornet de patates fregides esperant que se'ls unís el seu pare si, amb sort, hi havia poc enrenou a la guàrdia. A la façana del pub hi ha estampats els segells commemoratius del Mundial d'Espanya. Als altaveus se senten els girs de Yes, Sir, I Can Boogie. Torna a ser 1982. Per un instant.

Algunas reflexiones salen de las entrañas: “Los hijos de los inmigrantes andaluces en Ibiza no existimos culturalmente”. José Morella Miranda pronuncia la frase desde la terraza del Támesis. Este pub es uno de los seis que se concentran en las cuatro calles que fueron el casco histórico de Sant Antoni de Portmany, la bahía donde desembarcó el turismo en la isla más turística del Mediterráneo. Un tsunami que lo cambió todo en apenas dos décadas. Hasta el nombre de aquel barrio. Los vecinos dejaban su sitio a los veraneantes británicos; sa Raval se convertía en el West End. El mismo título que Morella eligió para el libro que lo convirtió en un “conocido escritor desconocido”.

El mensaje de West End sigue siendo pionero seis años después de su publicación. Cuando Morella se sentó a escribir, se sorprendió de la poca literatura que existía sobre el boom turístico en las Illes Balears. Contada, claro, desde los ojos de quienes dejaron la azada para coger la bandeja: los trabajadores que llegaron desde el tercio sur de la Península Ibérica. Peninsulars para los menorquines, forasters para los mallorquines, murcianos para los ibicencos. Extraños en un paraíso que se acababa de poner de moda. Como su familia materna.

“Si para algo sirve una novela es para dar existencia a las cosas que nombra. Catalunya, por ejemplo, es una sociedad mucho más porosa que cualquier sociedad insular y, allí, los charnegos llevan mucho tiempo narrándose. Además de estrellas de la música, hay novelistas, directores y guionistas de cine, fotógrafos que han utilizado sus obras para explicarse a sí mismos. Aquí, por varias circunstancias, eso no ha empezado a ocurrir hasta hace muy poco. Todavía nos queda mucho para poder escribir algo tan potente como la obra de Brigitte Vasallo. Pero algo que tengo claro es que, si no nos historiamos nosotros mismos, no vendrá alguien de fuera a contar nuestra historia”, dice Morella.

Catalunya es una sociedad mucho más porosa que cualquier sociedad insular y, allí, los charnegos llevan mucho tiempo narrándose. Aquí, por varias circunstancias, eso no ha empezado a ocurrir hasta hace muy poco

José Morella Miranda — Escritor

El recorrido de West End es rocambolesco y –todavía– no ha terminado. En 2019, ganó el Café Gijón, uno de los premios más prestigiosos y mejor dotados de la literatura española (descontando los que convoca Planeta o Aena); se publicó en una editorial tan interesante como Siruela (El infinito en un junco, La península de las casas vacías...); toda una premio Cervantes como Elena Poniatowska le dedicó un piropo para enmarcar: “Está escrita con sencillez poética, su antisolemnidad es una lección a seguir”; quizás se haya leído más en Francia que en la isla que retrata; acaba de pasar a la final del David Bellos, un premio de traducción al inglés que, en caso de ganarlo, podría abrirle las puertas de los mercados literarios del Reino Unido o Estados Unidos. Pero llegó a las librerías en febrero de 2020. Un desastre a nivel promocional.

–¿Si no la hubiera atropellado el confinamiento, sería un long seller, uno de esos libros que venden de forma constante durante mucho tiempo?

–¡Primero tendría que llegar a ser un seller! [ríe] Pero el frenazo de la pandemia fue difícil de llevar –contesta el escritor– porque una novela es un viajazo. Yo tardo mucho en terminarlas: tengo que estar muy seguro de lo que escribo, soy muy perfeccionista. No sé cuánto habrá vendido, pero me ha dado muchas alegrías y me ha llevado a sitios donde no creía que llegara nunca. Entrar en una librería independiente de un pueblecito de Normandía y ver que ahí hay personas que han leído tu novela y tienen ganas de comentarte qué les ha parecido es algo difícil de explicar.

West End no se pudo presentar en el West End hasta septiembre de 2024. Como ya no quedan librerías en Sant Antoni, la charla se celebró en Los Gatos, una antigua bodega que entonces era la sede de la asociación cultural que organizó el acto. Un político nacional –Juanjo Ferrer, senador pitiuso por una candidatura unitaria de izquierdas– lo moderó, pero ningún político local –en el ayuntamiento y en el Consell Insular gobierna con mayoría absoluta el PP– acudió.

–Claro que me hubiera gustado que alguna de las personas que dirigen o representan la cultura ibicenca se hubiera acercado o me hubiera llamado por teléfono, no te lo voy a negar –dice Morella.

–¿Ignoraron la novela porque no santifica el turismo? El relato oficial describe los años del boom como un período en el que los ibicencos mostraron su lado más hospitalario. Muy rara vez, sin embargo, nombra a los miles de migrantes que llegaron a la isla para levantar la industria turística.

–Veo mucha queja respecto al turismo y mi visión es muy ambivalente. [Hace una pausa] Es muy humana la contradicción de que nos irrite lo que nos da de comer, quejarse del tipo de turismo que tenemos en San Antonio mientras vivimos, indirectamente, de las borracheras y las drogas. La izquierda, cuando es muy de salón, puede sostener posiciones más arriesgadas porque no se juega tanto. Obvio que me asusta el capitalismo voraz. Fui el primer universitario de la familia, al ser el primo mayor, pero luego otros miembros de mi familia han podido estudiar y no viven mejor que sus padres. Desde Barcelona veo cómo para la generación de mis sobrinos, o de mi hermano pequeño, que tiene treinta y tres, la tensión inmobiliaria es brutal. La boca del embudo se hace cada día más estrecha: quien no sea hijo o nieto de personas que hayan podido reunir una cierta cantidad de propiedades tiene que largarse de la isla. Eso es terrible porque no era así. Los nuestros vinieron aquí para sobrevivir, para trabajar, y lo consiguieron. Por eso, West End, aunque cuente cosas muy duras y no edulcore realidades, está escrita desde el cariño, no desde la rabia.

Veo mucha queja respecto al turismo y mi visión es muy ambivalente. [Hace una pausa] Es muy humana la contradicción de que nos irrite lo que nos da de comer, quejarse del tipo de turismo que tenemos en San Antonio mientras vivimos, indirectamente, de las borracheras y las drogas

José Morella Miranda — Escritor

Una historia de migrantes

Rute, sur de Córdoba. Un otoño de mediados de los sesenta. Una mujer adulta, una chica y un chico alrededor de un hombre maduro. El patriarca tiene cincuenta y largos, pero las faenas del campo lo han envejecido prematuramente. Como a tantos otros jornaleros de aquel pueblo de casas blancas que se recuestan en la serranía Subbética. La esposa y los hijos sueltan encima de la mesa un fajo de billetes. El padre nunca ha visto tantas pesetas juntas. Colapsa. En sólo unos meses currando de sol a sol –hacer camas, servir comidas– en un hotel de la Costa Brava, sus familiares han reunido mucho más dinero de lo que ganaría él deslomándose –varear olivos, recoger aceitunas– durante años. Mientras él se quedaba guardando a la hija y al hijo pequeños, los mayores y su mujer le han adelantado por la izquierda. La suerte está echado. La primavera siguiente, todos se marcharán a Eivissa.

“Esa es una de las historias que, como si fuera una radio que tienes de fondo, le escuché contar a mi madre durante años”, explica Morella. “Para mí, es una escena fundacional, el salto para escapar de la precariedad. Cambia para siempre el destino de mi familia y de cientos de miles de familias en toda España. El San Antonio que conocemos hoy lo construyeron esos hombres y mujeres que llegaron para trabajar en los hoteles, en los bares y restaurantes, en la obra... Un mundo tan diferente que mi abuelo nunca llegó a entenderlo”.

La incomprensión de Nicomedes Miranda hacia el destino al que le habían llevado a la fuerza le dio a su nieto un hilo. Su abuelo era bipolar. La familia de aquel inmigrante cargaba, por tanto, con un tabú, entonces, todavía más silenciado que en la actualidad. Los locos causaban vergüenza. Morella no se conformó con escribir una historia de los suyos. Como ya había hecho en sus novelas anteriores, mezcló lo particular con lo general, la crónica con el ensayo. Al leer West End, digresiones sobre el psicoanálisis de Freud o los inhumanos tratamientos de Vallejo-Nágera permiten al lector entender qué le pasaba a su abuelo y cómo le habían hecho sufrir en los manicomios donde lo internaron cuando en la mili tuvo sus primeros brotes esquizofrénicos. El único tratamiento era la reclusión en el domicilio. Si no se ve, el problema no existe.

Y, luego, están los secundarios con los que el escritor acabó de pintar el paisaje “de un territorio virgen donde todo parecía posible porque, en cierta forma, lo era; luego llegó el capitalismo y lo ordenó. En orden de beneficios, claro”. West End va más allá de las paellas y los bikinis, de las pintas de cerveza y las excursiones en barca, de los taxis que se amontonan a la puerta de garitos transformados en discotecas. Del Mediterráneo feliz cuando calienta el sol. El mito del hedonismo ibicenco aparece sin perfumes ni maquillajes en la novela.

Alcaldes poseídos por la fiebre del oro y entregados al tejemaneje de la especulación. Funcionarios judiciales condenados a no administrar justicia. Cónsules británicos que huyen de una isla que se ha reencarnado en Gomorra. Un buen médico que, aburrido de lucrarse con los partes de lesiones que causan las noches de borrachera, se deja seducir por las pseudociencias. Un gurú holandés que está a punto de convencerlo para que se deje taladrar el cráneo con la promesa de hacerle ver la luz. Los personajes de este fresco tardofranquista estaban basados en hechos reales. Muchos nacían del anecdotario que el padre del novelista traía a casa después de pasar la noche en el retén de la policía local: “Él fue el primer municipal que hubo en el pueblo; hasta esa profesión se la tuvieron que inventar porque, antes del turismo, no hacía falta”.

Un hogar bilingüe

Los Morella no eran del sur español, sino de Tàrrega, Lleida. Otro pueblo de agricultores y ganaderos. De allí se marchó una mujer a principios de los cincuenta para servir en una casa burguesa de Barcelona. A sus dos hijos gemelos los internó en la Llars Mundet. Un hospicio gigantesco en el que se perpetraron abusos de todo tipo, hecho que marcaría de por vida el carácter de Morella padre, que creció y, muy joven, saltó a Eivissa. No le costó adaptarse a la isla. Podía entenderse con los nativos. Utilizaban la misma lengua con acentos diferentes. Toda una ventaja en un microcosmos que se abría al mundo después de siglos de autarquía y autoabastecimiento. El mismo catalán que hablaba aquel policía municipal es el mismo que sigue hablando su hijo mayor, nacido en 1972, fruto de su matrimonio con Carmen, la hija de Nicomedes Miranda. Aquella familia de peninsulares en la que se mezclaban dos lenguas era una anomalía en un pueblo que no dejaba de crecer al calor del turismo.

–Hay un momento en West End en el que acompañas a tu madre a comprar a un comercio y una comadre le reprocha: “Hija, qué poco andaluz es tu hijo”.

–Es que yo fui un niño muy introvertido, todo para adentro. Eso me hacía raro en la cultura que representaba mi madre; donde todo es extroversión, lo raro es querer estar solo para concentrarte en el libro que estás leyendo. Los inmigrantes peninsulares, sobre todo los andaluces, tenían hiper potenciado el recuerdo y las costumbres de su pueblo. Yo he traído de visita a parejas que han flipado. Asociaban Ibiza a todos los tópicos de la fiesta y las discotecas, y al entrar en mi casa se encontraban...

–... un plató de Canal Sur.

–[ríe] Algo así. Tengo una relación ambivalente con los míos porque, como buen clan, abrazan pero ahogan. Respetaron que hiciera preguntas para escribir aquella novela, pero creo que les da cierto pudor aparecer en ella.

Una sociedad segregada

Sant Antoni triplica su población entre 1960 y 1980, de 5.000 a 15.000 habitantes. Los nuevos ibicencos son, en su mayoría, temporeros que echan el paro cuando cierra el hotel, que votan a Felipe o Anguita en las generales, pero no se inmiscuyen demasiado en los asuntos de la política municipal, que sufren con el Betis y el Sevilla, que le rezan a la Virgen del Rocío y no pierden el deje porque nadie les exige que aprendan la lengua de la isla donde ya están echando raíces, abriendo negocios propios, viendo crecer a sus hijos. El empresariado local es quien reclama aquel terremoto demográfico. Hay que cubrir plantillas, dar servicio a los turistas, ir cada verano a más.

Como el retén de policía, los servicios públicos se improvisaron para acoger a los recién llegados. El currículo académico del propio Morella da fe de ello: empezó la Primaria en un colegio y la terminó en otro que se acababa de construir, empezó la Secundaria en un instituto y la acabó en otro que se acababa de construir. Allí coincidirá con profesores y profesoras –de Filosofía, de Historia…– que le hablarán de libros que avivarán el deseo de huir de una tierra donde, aunque la mezcla fuera inevitable, el mestizaje era mínimo. “Cuando, con quince o dieciséis años, sales de casa con 200 pesetas en el bolsillo y tus amigos, que ya viven en una casa con piscina, salen con 2.000, es difícil mantener esas relaciones. A mí me pasó y, de forma inconsciente, dejé de juntarme con algunas personas”, confiesa Morella. Hoy, la renta per cápita es un abismo aún más grande en Sant Antoni, un pedazo fundamental para entender una isla en la que la quinta parte de la población es pobre. Las segundas y terceras generaciones de latinoamericanos y magrebíes ejemplifican una división entre comunidades tan evidente como profunda en un municipio que no ha dejado de expandirse: 28.000 habitantes, 19.000 plazas turísticas legales.

Cuando, con quince o dieciséis años, sales de casa con 200 pesetas en el bolsillo y tus amigos, que ya viven en una casa con piscina, salen con 2.000, es difícil mantener esas relaciones. A mí me pasó y, de forma inconsciente, dejé de juntarme con algunas personas

José Morella Miranda — Escritor

Dice el escritor:

–Yo vengo de una clase social humilde; una clase en la que todos los pasos ya están trazados previamente; voten a izquierda o derecha, las personas trabajadoras de esa generación son conservadoras: lo poco que tienen hay que conservarlo. Quizás en las otras clases también sea así, pero uno conoce el camino que su entorno le pide explícitamente que recorra. Cuando tenía diecisiete años, mi padre llegó con los papeles para que me fuera a Ávila a la academia de Policía Nacional. El disgusto cuando le dije que no… fue grande. Pero más grande fue cuando, a los diecinueve, comuniqué que me iba a la universidad. “Pues no te doy un duro”. Pude estudiar gracias a las becas de los gobiernos socialistas de entonces y a que echaba el verano currando en un chiringuito de playa. Que estudiara una carrera de letras, que me dedicara a escribir… para mis padres era un riesgo. El riesgo de la pobreza de la que ellos habían huido. Si vienes de una familia de abogados y les dices que quieres dedicarte a escribir, quizás no les haga gracia porque pensarán que vas a ganar mucho menos dinero, pero creo que, al menos, no les sonará a chino. Filósofos como Pierre Bourdieu o Chantal Jaquet explican muy bien cómo, en todas las familias, tiene que haber un tránsfuga de clase. Yo lo he sido en mi familia. Para mí es un triunfo publicar libros y dar clases de escritura, que es de lo que vivo. Quizás, por ello, cuando vengo de visita a San Antonio no puedo escribir una línea. Sólo escucho.

Que estudiara una carrera de letras, que me dedicara a escribir… para mis padres era un riesgo. El riesgo de la pobreza de la que ellos habían huido. Filósofos como Pierre Bourdieu o Chantal Jaquet explican muy bien cómo, en todas las familias, tiene que haber un tránsfuga de clase. Yo lo he sido en mi familia.

José Morella Miranda — Escritor

–¿Tu padre llegó a leer West End?

–No, murió en 2018, dos años antes de que se publicara. Asuntos propios, mi primera novela [semifinalista del Premio Herralde y publicada por Anagrama], sé que se la leyó y que le gustó, aunque, por supuesto, nunca me dijera nada.

Antes de levantarse y perderse por las calles por las que salía de fiesta con sus amigos en la adolescencia, Morella evocará como uno de los momentos más felices de su infancia las noches de verano en las que su madre, su hermana y él bajaban al paseo de Sant Antoni a comer un cono de patatas fritas esperando que se les uniera su padre si, con suerte, había poco jaleo en el retén. En la fachada del pub están estampados los sellos conmemorativos del Mundial de España. En los altavoces se escuchan los giros de Yes, Sir, I Can Boogie. Vuelve a ser 1982. Por un instante.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha alertado de que la “ineficacia” del Gobierno de Guardiola va a provocar “el despido de los 56 trabajadores” de la red de Centros de Transportes de Extremadura, una situación que ha calificado de “inaceptable” y que atribuye a la “falta de gestión” de la Junta.

Tras visitar el Centro Regional de Transportes de Mérida, González Andrade ha denunciado el “estado de absoluto abandono” en el que se encuentran estas instalaciones, con “graves deficiencias” que afectan tanto a los profesionales del transporte como a los propios trabajadores.

“Lo que nos trasladaban los trabajadores era incluso poco. Hemos comprobado unas instalaciones deplorables, con centros sin vigilancia, aseos cerrados, techos que se están cayendo y unos servicios que están muy lejos de los mínimos que merecen los transportistas que utilizan estas infraestructuras”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha asegurado que esta situación constituye “la carta de presentación de Guardiola” para uno de los sectores estratégicos de la economía extremeña y para todos los transportistas que atraviesan la comunidad autónoma.

Pero, además del deterioro de las instalaciones, González Andrade ha mostrado la preocupación del PSOE por el futuro de los 56 trabajadores que prestan servicio en los diez centros de transportes de la región y que, según ha denunciado, llevan “más de cuatro meses sin cobrar sus nóminas con normalidad”.

“¿Cuál es la respuesta de la Junta? El despido, que 56 personas vayan a perder su empleo por la incapacidad del Gobierno de Guardiola para gestionar este problema”, ha lamentado Andrade, quien ha acusado a la Junta de haber generado falsas expectativas entre la plantilla.

Así, ha recordado que el pasado 28 de mayo el consejero aseguró que no era conveniente rescindir el contrato porque eso supondría enviar a los trabajadores al desempleo; sin embargo, un día después la Junta inició el procedimiento para resolver el contrato.

Posteriormente, el Gobierno regional trasladó a los trabajadores que buscaba una empresa que asumiera la gestión mediante una cesión y, días después, les comunicó que “esa posibilidad no existía”.

Según González Andrade, toda esa estrategia quedó “desmentida” por la propia documentación de la empresa adjudicataria, que solicitó la rescisión del contrato el pasado 14 de mayo alegando que la Junta de Extremadura “incumplía sus obligaciones de pago”.

“Si los trabajadores llevan meses sin cobrar con normalidad es por una única razón, que la Junta de Extremadura no paga. La responsabilidad es exclusivamente del Gobierno de Guardiola”, ha asegurado.

El portavoz socialista también ha recordado que entre los empleados afectados hay personas con discapacidad que pertenecen a un centro especial de empleo, lo que, a su juicio, agrava aún más la situación.

Por todo ello, el PSOE de Extremadura ha trasladado su apoyo a los trabajadores y a sus familias y ha exigido a la Junta que actúe de forma inmediata para garantizar tanto el mantenimiento de los puestos de trabajo como la continuidad del servicio que prestan los centros de transportes.

González Andrade ha advertido de la “incertidumbre” que existe sobre el futuro de estas infraestructuras: “no sabemos quién las va a gestionar, no sabemos qué va a ocurrir con los trabajadores y tampoco sabemos si la Junta va a invertir de una vez por todas en unos centros que lleva tres años dejando deteriorarse”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este martes ante el Círculo de Empresarios Vascos por reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. El jefe de la oposición ha sostenido que España gasta 30.000 millones de euros al año porque cada día se produce un absentismo laboral de 1,16 millones de personas. “Es un cáncer”, ha dicho. Y ha prometido que “con o sin acuerdo”, si llega al Gobierno tomará “una decisión con el absentismo”.

Feijóo ha anunciado que su intención es abrir una negociación en el diálogo social entre sindicatos y patronal. Pero ha anticipado que, si llega él al Gobierno, esas conversaciones serán secundarias porque “con o sin acuerdo” quiere “tomar una decisión con el absentismo”.

“Esto no es una cuestión para discutir”, ha reiterado, para explicar que “lo que ocurre con el absentismo es muy fácil”. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quieren que les diga”, ha dicho, ante empresarios vascos en un acto cerrado a prensa. El PP ha distribuido un vídeo con su intervención completa.

Feijóo ha añadido que “si, además, la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre”.

“Es un cáncer que no podemos pagar”, ha espetado el líder del PP. “Esto cuesta más de 30.000 millones de euros, y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros”, ha apuntado.

El líder del PP ha relatado que “este asunto” lo abordó “en el Insalud” que “era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico” .“Y lo abordé en Correos, donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días” que “con una plantilla de 60.000 era un 8% de absentismo”, ha asegurado.

“Lo bajamos al 4%. Todo aquello que supere un 4% o un 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, ha rematado. Feijóo dirigió el Insalud entre 1996 y el 2000, cuando pasó a presidir Correos hasta 2004.

“Este asunto debemos retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico; y si no llegamos a un acuerdo, pues qué le vamos a hacer”, ha zanjado.

Un crecimiento no exclusivo de España

“En 2018, el número de personas que no acudían a trabajar todos los días era de 450.000 personas”, ha apuntado Feijóo. “En el año 2025”, ha añadido, “el número de personas que no van a trabajar todos los días es de 1.160.000”. Feijóo no ha desagregado las causas de ese absentismo. Pero ha dicho que “es algo que España no se puede permitir, y Euskadi tampoco”.

“Hoy sale el 'ranking' de absentismo en España”, ha dicho, aunque el dato se publicó ayer lunes. “Ha vuelto a subir en el primer trimestre del año 2026. Euskadi se sitúa a la cabeza”, ha apuntado. Feijóo se refiere a un informe publicado por la empresa de trabajo temporal Randstad que sostiene que las bajas por incapacidad temporal escalaron al 5,6%, mientras las ausencias totales subieron al 7,2%.

Feijóo ha lanzado este planteamiento ante las quejas de la patronal por el aumento de las bajas médicas de trabajadores, que casi se han duplicado desde 2016. El crecimiento, que no es exclusivo de España y que se da también a nivel internacional, se ha acentuado tras la pandemia, por un cóctel de factores: desde la saturación de la sanidad pública, el envejecimiento de la población trabajadora y una explosión de problemas de salud mental tras la COVID, especialmente entre los más jóvenes.

Aunque el aumento de bajas es asumido tanto por sindicatos como por patronales, el enfoque para abordar la situación es muy distinto. Mientras los primeros ponen el foco en solucionar el “tapón” en la sanidad pública y en mejorar la atención en salud mental, por ejemplo, los empresarios reconocen estos problemas, pero están centrando su discurso en el elevado coste para las empresas y en un supuesto abuso del “absentismo”, no avalado por datos.

En estos discursos, las patronales apuestan por eximir a las empresas del pago de la baja (ahora pagan del día 4 al 15), incluso por recuperar el despido por bajas médicas, así como reclaman que las mutuas den el alta a los trabajadores en casos de enfermedad común y no solo la sanidad pública.

También se está cuestionando de manera más amplia el aumento de permisos retribuidos, por ejemplo por cuidados familiares y de convivientes, que algunas patronales también incluyen en las cifras de “absentismo”.ç

El Gobierno: “Quién llama cáncer a las bajas deja claro de qué lado está”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la propuesta de Feijóo. “Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”, ha escrito Sánchez en X. “Los derechos no se recortan. Se defienden”.

Yolanda Díaz ha respondido al líder del PP que “estar enfermo no es una elección”: “Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. No lo vamos a permitir”.

Otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; o el de Transportes, Óscar Puente, han cargado también contra la idea de Feijóo.

Puente ha escrito en un post en X que la propuesta es un “ejercicio de honestidad”, que Feijóo “viene con la motosierra”. “Esto es la derecha: un señor con varios sueldos diciendo que los trabajadores enfermos deben cobrar menos”, ha escrito Bolaños.

Los sindicatos se revuelven

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han criticado también la propuesta del PP. “Mandar a la gente enferma a trabajar [...] más qu un programa electoral, es una declaración de intenciones”, ha tuiteado Unai Sordo.

“Meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias es un disparate”, ha tuiteado Pepe Álvarez. “Para empezar, lo pactado en los convenios colectivos tiene fuerza de ley. Se respeta”.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes 7 de julio la aprobación del gasto de un millón de euros destinado a la convocatoria de subvenciones para financiar programas de teleformación transversales y sectoriales dirigidos a personas ocupadas de La Rioja, con el fin de desarrollar acciones de interés general y satisfacer sus necesidades específicas de formación.

La oferta formativa para trabajadores ocupados tiene por objeto ofrecer una formación que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las necesidades de adaptación a los cambios en el sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

Los programas de formación transversales están compuestos por acciones formativas dirigidas a obtener competencias transversales a varios sectores de la actividad económica que deben ser objeto de atención prioritaria para dar respuesta a las tendencias identificadas y favorecer la empleabilidad y la movilidad intersectorial de las personas trabajadoras.

Por su parte, los programas de formación sectoriales incluyen acciones formativas dirigidas a la formación de trabajadores, con el fin de desarrollar acciones de interés general y satisfacer necesidades específicas de formación del mismo. Las acciones específicas de estos programas también podrán dirigirse al reciclaje y recualificación de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis. Asimismo, se han incorporado especialidades formativas incluidas en el ámbito “digitalización”, “sistema productivo” y “transición ecológica”,

En esta oferta formativa podrán participar trabajadores asalariados que presten sus servicios en empresas o entidades públicas, incluidos los trabajadores fijos discontinuos en períodos de no ocupación, así como los trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También podrán participar personas en situación de desempleo sin superar el 30 % del total de participantes programados.

Las acciones formativas se impartirán en modalidad de teleformación a lo largo de los años 2026 y 2027. Podrán optar a estas subvenciones corporaciones locales, para las que se destina 100.000 euros; entidades con ánimo de lucro, que disponen de 500.000 euros y entidades sin ánimo de lucro, con 400.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Estas subvenciones podrán ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en un porcentaje del sesenta por ciento, a través del Programa Operativo FSE+ 2021-2027 de La Rioja.

Un hombre ha fallecido este martes en un accidente laboral tras sufrir una caída desde una altura aproximada de 6 metros cuando trabajaba en la cubierta de una nave.

El suceso ha ocurrido a las 8:34 horas en la Avenida Cruz Roja Española de la ciudad de Cuenca. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima, que tenía 37 años.

Un mes de julio crítico para la siniestralidad laboral

Esta nueva muerte supone el cuarto fallecimiento de un empleado en su puesto de trabajo en Castilla-La Mancha durante un mes de julio que está siendo especialmente crítico en cuestión de siniestralidad laboral. Además, otros tres trabajadores han resultado heridos en los últimos días.

El primer incidente del mes se produjo el 1 de julio, cuando un trabajador perdió cuatro dedos en un accidente con una motosierra en Guadalajara. Un día después, en Miguelturra (provincia de Ciudad Real), murió un trabajador tras caer desde el tejado de una nave industrial a cinco metros de altura.

El pasado viernes la desgracia se cebó con la provincia de Toledo, ya que hubo dos accidentes laborales que se saldaron con un muerto por una caída desde el tejado de una nave en la capital regional y un herido por el golpe de una empacadora agrícola en el municipio de Domingo Pérez.

Al día siguiente, en la misma provincia, murió un trabajador de 22 años electrocutado mientras manipulaba un cuadro eléctrico en una urbanización de El Casar de Escalona, y este lunes un albañil resultaba herido tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca).

El último caso ha sido la anteriormente mencionada muerte en el día de hoy del trabajador de 37 años en Cuenca.

La concurrencia de estos accidentes llevó a los dos sindicatos mayoritarios en la región a pronunciarse en el día de ayer. CCOO afirmó que estaba estudiando personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que UGT insistía en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante” en Castilla-La Mancha.

Un albañil de 53 años ha resultado herido este lunes tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca), por lo que ha tenido que ser hospitalizado.

Así lo han señalado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a las 11.33 horas en la calle del Arrabal del municipio. Una UVI lo ha trasladado al Hospital Universitario de Albacete y hasta el lugar se ha trasladado un médico de Urgencias.

Tres muertes en los últimos días

Este suceso llega después de una semana en la que ha habido que lamentar tres muertes en accidente laboral en Castilla-La Mancha, la última de ellas ocurrida este sábado, cuando un trabajador de 22 años murió electrocutado en una urbanización de El Casar de Escalona.

La concurrencia de estos accidentes ha llevado a los dos sindicatos mayoritarios en la región a pronunciarse este lunes. CCOO estudia personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que UGT insiste en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante” en Castilla-La Mancha.

Huelga indefinida en la recogida de bioresiduos en La Rioja a partir del 17 de julio. Así se acordó en la asamblea del pasado 3 de julio ante la falta de interés de la empresa, “Valoriza Servicios Medioambientales, a negociar un convenio colectivo con unos incrementos salariales y condiciones laborales dignas”, informan desde CCOO La Rioja.

De hecho, mañana martes 7 de julio, se realizará el correspondiente registro de la convocatoria de huelga ante la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales del Gobierno de La Rioja y en la Delegación del Gobierno en La Rioja. Y es que, tal y como relatan desde la formación sindical, “a día de hoy, los trabajadores no tienen registrado ningún convenio en la oficina de registro de convenios y la empresa ha comunicado al representante y a CCOO La Rioja la existencia de un convenio que se firmó con el anterior delegado, pero que no se registró”. Y tras revisar este convenio, desde el sindicato denuncian que “los salarios están por debajo del SMI y los incrementos previstos son totalmente insuficientes en relación con el nivel de vida actual”.

CCOO La Rioja ha planteado a la empresa una revisión de los salarios para este año 2026 “y llegar así al Salario Mínimo Interprofesional, además de un incremento para los dos próximos años (2027 y 2028) de un uno por ciento más de lo ofrecido por la empresa y 350 euros por cada año más de lo que propone la empresa en la paga”.

Estas son las reivindicaciones planteadas por la formación sindical que exige “a la empresa un acuerdo para la firma del convenio con unos incrementos acordes a la situación actual existente”.