Un hombre de 46 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente laboral que le produjo un corte con una motosierra.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 han confirmado que el suceso tuvo lugar a las 10:14 horas en la localidad albaceteña de Villamalea.

El fallecido llegó al Punto de Atención Continuada del municipio por sus propios medios. Una vez allí, se movilizaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local, un helicóptero sanitario, una UVI móvil y una ambulancia, pero no se pudo hacer nada por evitar el fatal desenlace.

Este fallecimiento ha sido lamentado por el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, que ha señalado que en esta provincia ya son seis los trabajadores fallecidos en accidente ocurrido en su puesto de trabajo este año. “La siniestralidad laboral no muestra signo positivo, sino que se mantiene alta en la provincia”, con un índice que se sitúa “a la cabeza del ránking nacional”, ha criticado.

Por ello, González ha reclamado una “respuesta contundente” y que las empresas apliquen la ley de prevención de riesgos laborales “para garantizar que los centros laborales sean seguros y saludables”, que nadie pierda en ellos “la salud ni mucho menos la vida” y que acudir al trabajo se haga “en las mejores condiciones de seguridad”.

Tercer trabajador fallecido en tres días

Esta tragedia supone el tercer trabajador fallecido a consecuencia de un accidente laboral que se produce en Castilla-La Mancha en lo que llevamos de semana. Hasta hoy, la cifra de fallecidos en este tipo de sucesos en la región es de 15 personas, más del doble de los contabilizados hasta octubre de 2025 (7).

Los dos anteriores sucesos ocurrieron el lunes. El primero de ellos causó la muerte de un hombre de 52 años tras caer de una altura de 2,5 metros mientras trabajaba en la construcción de una vivienda de la localidad de Aldea del Rey (Ciudad Real).

En la tarde de ese mismo día, un camionero de 59 años perdió la vida tras precipitarse su vehículo al interior de una balsa de agua en las instalaciones de una empresa situada en el término municipal de Numancia de la Sagra (Toledo).

CCOO del Hábitat de La Rioja ha denunciado públicamente la situación de “extrema gravedad” que atraviesan los trabajadores de la empresa Madetosa, ubicada en la localidad de Casalarreina. La compañía ha ejecutado el despido fulminante de siete de los nueve empleados que conformaban la plantilla, dejando la fábrica prácticamente desmantelada y sin capacidad operativa real para continuar con su actividad.

El sindicato señala de forma directa a los nuevos propietarios de la firma, quienes asumieron el 100% del capital social el pasado mes de julio. Según denuncia la central sindical, lejos de implementar un plan de viabilidad o de negocio para garantizar el futuro de la planta de Casalarreina, la primera decisión de relevancia adoptada por la nueva dirección ha sido la destrucción de la práctica totalidad del empleo y el abandono de la actividad productiva.

A la pérdida imprevisible de sus puestos de trabajo se suma el desamparo económico al que se enfrentan las familias afectadas. La dirección de Madetosa ha dejado de abonar la nómina del pasado mes de septiembre, la mensualidad en curso de octubre y la totalidad de los finiquitos e indemnizaciones legales que corresponden por derecho a los operarios tras años de servicio en la planta.

Desde CCOO del Hábitat de La Rioja califican esta actuación de “inadmisible” y reprochan a la dirección la falta de escrúpulos hacia una plantilla golpeada por la desprotección financiera. Para la organización sindical, este tipo de prácticas atentan contra los derechos fundamentales de la clase trabajadora y profundizan la precariedad en el medio rural riojano, privando a los empleados de los recursos económicos que legalmente les corresponden.

Ante lo que consideran un atropello laboral, los servicios jurídicos del sindicato ya han activado la vía legal para interponer de manera inmediata las reclamaciones y demandas oportunas. El objetivo prioritario de las acciones judiciales es asegurar el cobro íntegro de los salarios impagados y exigir las compensaciones fijadas por la legislación vigente para cada uno de los trabajadores afectados.

Asimismo, CCOO no descarta iniciar un calendario de movilizaciones en la zona para dar visibilidad pública a este conflicto y presionar a la propiedad de Madetosa hasta que salde la deuda con sus empleados. El caso de Casalarreina vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de las plantillas industriales en los municipios pequeños ante operaciones de compraventa empresarial que priorizan el recorte de costes sobre la continuidad del empleo.

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha recibido este viernes el IV Premio 'Por un Poder Andaluz', concedido por la Fundación Alejandro Rojas-Marcos en reconocimiento a su trayectoria sindical, su compromiso con los derechos de las personas trabajadoras y su contribución al diálogo y la concertación social en Andalucía.

Durante el acto, celebrado en la sede regional del sindicato en Sevilla, Martín ha pronunciado una intervención marcada por la emoción, el agradecimiento y una firme reivindicación del papel de la clase trabajadora en la construcción del presente y el futuro de Andalucía.

“El verdadero poder andaluz está en la clase trabajadora”, ha afirmado el dirigente sindical, defendiendo que la fortaleza de Andalucía no depende únicamente de sus instituciones, sino de la capacidad de su sociedad para organizarse, participar, alcanzar acuerdos y avanzar hacia un proyecto colectivo de prosperidad compartida.

En este sentido, ha subrayado que el reconocimiento recibido trasciende su trayectoria personal y pertenece también a los miles de hombres y mujeres que, desde el movimiento sindical, trabajan diariamente por mejorar las condiciones laborales y sociales de la ciudadanía.

El poder andaluz como instrumento de justicia social

Martín ha reivindicado la capacidad de Andalucía para decidir sobre las cuestiones que afectan directamente a su ciudadanía, desde la sanidad y la educación hasta los servicios públicos, el desarrollo económico y las oportunidades laborales.

Para ello, ha recuperado el legado de Blas Infante y de las movilizaciones históricas del 4 de diciembre de 1977 y del 28 de febrero de 1980, que permitieron a Andalucía conquistar su autonomía y contribuir a la construcción de un modelo territorial basado en la igualdad. “Hoy, los andaluces y andaluzas, tenemos que volver a ser lo que fuimos”, ha señalado, recordando que aquellas conquistas no fueron únicamente fruto de decisiones políticas, sino de la movilización de una sociedad que se negó a aceptar una autonomía de segunda.

El dirigente sindical ha destacado especialmente la participación del movimiento obrero, las organizaciones vecinales y el mundo de la cultura en aquel proceso, defendiendo la necesidad de mantener vivo ese espíritu reivindicativo para afrontar los desafíos actuales.

“Andalucía no puede crecer sobre la precariedad laboral”

Durante su intervención, Oskar Martín también ha realizado un análisis de los principales retos económicos y sociales que afronta Andalucía, entre ellos el desempleo, la marcha de jóvenes en busca de oportunidades, las desigualdades territoriales y laborales y la necesidad de transformar el modelo productivo.

El secretario general de UGT Andalucía ha defendido que la comunidad dispone de fortalezas suficientes para convertirse en un territorio más competitivo, innovador y sostenible, gracias a sus universidades, empresas, sectores estratégicos, recursos naturales y, fundamentalmente, al talento de su ciudadanía.

Sin embargo, ha advertido de que ese potencial debe ir acompañado de una mejora efectiva de las condiciones de vida de las personas trabajadoras. En este sentido, ha insistido en que “Andalucía no podrá avanzar en competitividad si su crecimiento económico continúa apoyándose en la precariedad laboral”, y ha reivindicado salarios suficientes, empleo estable y de calidad, igualdad entre mujeres y hombres y una prevención de riesgos laborales que sitúe la vida y la salud de las personas en el centro.

Martín ha defendido igualmente el papel de la negociación colectiva como instrumento fundamental para redistribuir la riqueza y garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen al conjunto de la sociedad. Para el líder andaluz de UGT, el desarrollo económico solo puede considerarse un verdadero progreso cuando se traduce en bienestar, derechos y oportunidades para la mayoría social.

Diálogo social frente a la confrontación

Otro de los mensajes centrales del discurso ha sido la defensa del diálogo social y de la concertación como herramientas fundamentales para el progreso económico y social de Andalucía. Martín ha destacado que el verdadero poder de una comunidad se fortalece “cuando sus universidades investigan, sus empresas innovan, las administraciones cooperan y las organizaciones sociales participan activamente en las decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía”.

Asimismo, ha reivindicado la capacidad de sindicatos y empresarios para alcanzar acuerdos desde posiciones diferentes, siempre que prevalezca el interés general. En este contexto, ha puesto en valor la importancia de mantener espacios de entendimiento entre instituciones, organizaciones sindicales y empresariales, especialmente en un momento en el que, según ha señalado, la confrontación política y el ruido amenazan con desplazar el debate sobre los verdaderos problemas de la ciudadanía.

El secretario general de UGT Andalucía ha defendido que el diálogo no debe confundirse con la renuncia a las propias convicciones, y ha reiterado su compromiso de continuar trabajando desde la independencia sindical, el criterio propio y la firmeza cuando resulte necesaria.

Una Andalucía de la que nadie tenga que marcharse

A lo largo de su discurso, Martín ha destacado la necesidad de invertir en talento, proteger los servicios públicos, impulsar el diálogo social y construir una comunidad capaz de ofrecer oportunidades laborales y proyectos de vida dignos a sus ciudadanos.

Ha reivindicado una Andalucía en la que “nadie tenga que abandonar su tierra por falta de oportunidades, donde ninguna persona quede excluida y en la que el crecimiento económico avance siempre acompañado de justicia social”.

En su mensaje final, ha insistido en que el futuro de Andalucía depende de la capacidad colectiva para trabajar desde la unidad, el respeto y el compromiso con el bienestar del conjunto de la sociedad.

El dirigente sindical ha concluido su intervención reivindicando la fortaleza del movimiento obrero y el papel de la ciudadanía en la construcción de una Andalucía más justa, con un llamamiento a seguir avanzando desde el diálogo, la participación y la defensa de los derechos sociales.

El andalucismo en la defensa de los derechos 

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido a la Fundación Alejandro Rojas-Marcos el reconocimiento concedido a Oskar Martín y ha reivindicado el papel histórico del sindicalismo en el desarrollo económico, social y autonómico de Andalucía. En este sentido, ha destacado que el andalucismo de los siglos XX y XXI tiene una de sus principales raíces en la defensa de los derechos de los andaluces y andaluzas, recordando cómo el Estatuto de Autonomía contribuyó al progreso de la comunidad, a la reducción de la emigración y a la recuperación del orgullo por una tierra, una cultura y una forma de hablar que durante mucho tiempo fueron menospreciadas.

Álvarez ha subrayado que el avance de Andalucía no puede entenderse sin la contribución de las organizaciones sindicales y, especialmente, de UGT, cuyo compromiso con los derechos laborales y sociales ha acompañado el proceso de transformación de la comunidad autónoma. Asimismo, ha recordado su participación en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, destacando la colaboración mantenida entonces entre UGT Andalucía y UGT Cataluña.

Por último, el secretario general de UGT ha defendido la necesidad de reivindicar hoy un andalucismo vinculado a los derechos sociales y al fortalecimiento de los servicios públicos. En concreto, ha señalado la importancia de garantizar una financiación adecuada de las universidades públicas, el acceso a una vivienda digna, una sanidad pública de calidad y una atención adecuada a las personas mayores y dependientes, acompañada de unas condiciones laborales dignas para quienes trabajan en el sector de los cuidados.

La Policia Nacional ha detingut a Palma un empresari com a presumpte autor de delictes contra els drets dels treballadors i de lesions a una dona contractada per fer tasques de manteniment i altres funcions a bord d'una embarcació. Segons ha informat aquest diumenge el cos policial, la treballadora va romandre quatre mesos al iot i, dels 17.500 euros que li corresponien per la feina feta, només en va cobrar 480.

La investigació, a càrrec del Grup I de la Unitat contra les Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF), es va iniciar arran de la denúncia presentada per la dona contra el seu ocupador. La víctima treballava com a marinera amb funcions d'hostessa en una embarcació en què l'empresari tenia contractat divers personal.

Segons el relat de la denunciant recollit per la Policia, durant els quatre mesos que va romandre a bord no va cobrar el salari i només va rebre petites quantitats de diners per cobrir les necessitats bàsiques. La dona va assegurar que les condicions laborals eren abusives i que alguns dies no aconseguia dormir més de quatre hores a causa de les tasques que li encomanaven constantment, moltes de les quals excedien les seves capacitats.

La treballadora també va denunciar que havia rebut un tracte degradant i que havia patit agressions físiques. Segons el seu testimoni, en algunes ocasions va arribar a passar gana i s'alimentava únicament de mig entrepà al dia perquè no hi havia més menjar disponible a l'embarcació.

Una intoxicació que va posar en risc la seva vida

A les condicions denunciades s'hi va afegir un episodi que, segons la Policia, va posar en greu perill la vida de la dona. La treballadora va patir una intoxicació per monòxid de carboni a causa de deficiències en les instal·lacions del iot, que li va provocar seqüeles com ara una sordesa parcial durant un temps.

Finalment, incapaç de continuar en aquella situació i sense esperances de recuperar els salaris que li devien, va abandonar l'embarcació. Després de denunciar els fets, va tornar al seu país d'origen.

Durant la investigació, els agents de la UCRIF també van detectar presumptes irregularitats en la gestió del iot. Entre aquestes, hi havia la desconnexió del sistema d'identificació automàtica i localització de l'embarcació (AIS), així com deficiències en els registres d'altes i baixes dels tripulants i en el seu control fronterer.

L'empresari va ser detingut a principis d'aquesta setmana com a presumpte responsable dels delictes investigats. La Policia no ha facilitat més detalls sobre la seva identitat ni sobre la situació judicial del cas.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un empresario como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones a una mujer contratada para realizar labores de mantenimiento y otras tareas a bordo de una embarcación. Según ha informado este domingo el cuerpo policial, la trabajadora permaneció cuatro meses en el yate y, de los 17.500 euros que le correspondían por su trabajo, únicamente recibió 480.

La investigación, asumida por el Grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), se inició a raíz de la denuncia presentada por la mujer contra su empleador. La víctima trabajaba como marinera con funciones de azafata en una embarcación en la que el empresario tenía contratado a varios trabajadores.

Según el relato de la denunciante recogido por la Policía, durante los cuatro meses que permaneció a bordo no cobró su salario y solo recibió pequeñas cantidades de dinero para cubrir necesidades básicas. La mujer aseguró que las condiciones laborales eran abusivas y que algunos días no conseguía dormir más de cuatro horas debido a las constantes tareas que le exigían, muchas de ellas por encima de sus capacidades.

La trabajadora también denunció haber recibido un trato degradante y haber sufrido agresiones físicas. Según su testimonio, en ocasiones llegó a pasar hambre y se alimentaba únicamente de medio sándwich al día porque no había más comida disponible en la embarcación.

Una intoxicación que puso en riesgo su vida

A las condiciones denunciadas se sumó un episodio que, según la Policía, puso en grave riesgo la vida de la mujer. La trabajadora sufrió una intoxicación por monóxido de carbono debido a deficiencias en las instalaciones del yate, que le provocó secuelas como una sordera parcial durante un tiempo.

Finalmente, incapaz de continuar en esa situación y sin expectativas de recuperar el salario que se le adeudaba, abandonó la embarcación. Tras denunciar los hechos, regresó a su país de origen.

Durante las pesquisas, los agentes de la UCRIF detectaron además presuntas irregularidades en la administración del yate. Entre ellas, la desconexión del sistema de identificación automática y localización de la embarcación (AIS), así como deficiencias en los registros de altas y bajas de tripulantes y en su control fronterizo.

El empresario fue detenido a principios de esta semana como presunto responsable de los delitos investigados. La Policía no ha facilitado más detalles sobre su identidad ni sobre la situación judicial de las actuaciones.

Hay momentos en la vida de un país en los que votar no puede reducirse a elegir entre unas siglas y otras. Hay momentos en los que la ciudadanía tiene que detenerse, mirar a su alrededor y preguntarse qué sociedad quiere construir, qué derechos está dispuesta a defender y, sobre todo, qué futuro quiere dejar a quienes vienen detrás.

Nos encontramos ante uno de esos momentos.

El próximo 29 de noviembre, las trabajadoras y los trabajadores volveremos a tener en nuestras manos una herramienta que nunca debemos infravalorar: nuestro voto. Las elecciones generales decidirán la composición de las Cortes y, con ella, buena parte de las políticas que marcarán nuestro país durante los próximos años.

Y la clase trabajadora debería acudir a las urnas sabiendo perfectamente dónde está.

Porque sabemos de dónde venimos.

Sabemos lo que ha costado conquistar cada derecho laboral. Sabemos que la jornada laboral, las vacaciones, la protección frente al despido, las pensiones, el salario mínimo, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de la salud laboral o la negociación colectiva no fueron regalos concedidos por nadie. Fueron conquistas fruto de décadas de organización, movilización y lucha sindical.

Y también sabemos que ningún derecho está escrito en piedra.

Los derechos se pueden ampliar, pero también se pueden debilitar. Las condiciones laborales pueden mejorar, pero también pueden retroceder. Y por eso la clase trabajadora no puede permitirse mirar la política desde la distancia, como si las decisiones que se toman en las instituciones no tuvieran consecuencias directas sobre nuestras nóminas, nuestros convenios, nuestras pensiones, nuestras viviendas o nuestros servicios públicos.

Hoy tenemos delante problemas muy concretos.

Tenemos trabajadores y trabajadoras que, aun teniendo empleo, tienen dificultades para llegar a final de mes. Tenemos jóvenes que trabajan y, sin embargo, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda y construir un proyecto de vida. Tenemos mujeres que siguen soportando una parte desproporcionada de los cuidados. Tenemos personas mayores preocupadas por sus pensiones y familias que necesitan unos servicios públicos capaces de responder a sus necesidades.

La propia agenda sindical está poniendo el foco precisamente en cuestiones como la vivienda, la reducción de la precariedad, la regulación de los contratos a tiempo parcial y la mejora de las relaciones laborales.

Y hay otra cuestión que no podemos esconder: el reparto de la riqueza.

España puede crecer económicamente y, al mismo tiempo, muchas familias trabajadoras seguir teniendo dificultades para vivir dignamente. Por eso no basta con hablar de crecimiento. Tenemos que preguntarnos quién se beneficia de ese crecimiento, cómo se distribuye la riqueza y si quienes generan esa riqueza con su trabajo participan de ella.

Desde el sindicalismo llevamos años defendiendo que trabajar debe permitir vivir con dignidad. En 2026 el SMI se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, una evolución que UGT vincula a la dignificación salarial y a la convergencia europea.

Pero sabemos que queda mucho por hacer.

También está sobre la mesa el tiempo de trabajo. Porque reducir la jornada laboral no significa trabajar menos para producir menos. Significa avanzar hacia un modelo en el que los avances tecnológicos y la productividad también permitan a las personas trabajadoras disponer de más tiempo para vivir, cuidar, descansar y desarrollar sus proyectos personales. UGT viene defendiendo la reducción progresiva de la jornada sin pérdida salarial.

Y aquí es donde el voto adquiere toda su dimensión.

La clase trabajadora no debería votar olvidando su propia realidad.

Debería preguntarse qué propone cada opción política sobre los salarios. Sobre las pensiones. Sobre la sanidad y la educación públicas. Sobre la vivienda. Sobre los impuestos. Sobre la negociación colectiva. Sobre la igualdad. Sobre los derechos laborales. Sobre la prevención de riesgos laborales. Sobre los servicios públicos en nuestros pueblos. Sobre el futuro de nuestros jóvenes. Sobre la España rural.

Y, especialmente, debería preguntarse qué puede venir después de las elecciones.

Porque las campañas terminan. Los carteles desaparecen. Los discursos se olvidan. Pero las leyes permanecen y las decisiones políticas terminan entrando en nuestras empresas, en nuestros hogares y en nuestras vidas.

Como organización sindical no corresponde a UGT decirle a cada trabajador o trabajadora qué papeleta debe introducir en la urna. Esa decisión pertenece exclusivamente a cada persona.

Pero sí corresponde al sindicalismo recordar algo que considero fundamental: la democracia también se defiende desde el centro de trabajo.

Se defiende cuando una trabajadora reclama sus derechos. Cuando una plantilla se organiza. Cuando se firma un buen convenio. Cuando se combate la precariedad. Cuando se exige igualdad. Cuando se denuncia un accidente laboral. Cuando una persona joven reclama un futuro digno. Y también cuando millones de trabajadores y trabajadoras ejercen libremente su derecho al voto siendo conscientes de que las decisiones políticas tienen consecuencias sobre sus vidas.

La clase trabajadora tiene memoria.

Tiene memoria de los avances y también de los retrocesos.

Tiene memoria de lo que significa tener derechos y de lo que significa perderlos.

Por eso, ante las próximas elecciones, no deberíamos conformarnos con escuchar lo que unos y otros prometen. Debemos mirar lo que defienden, lo que han hecho y qué consecuencias pueden tener sus propuestas para la mayoría social.

No se trata de votar con miedo.

Se trata de votar con conocimiento.

No se trata de que nadie vote por nosotros.

Se trata de que nadie decida nuestro futuro sin que nosotros participemos.

Porque cuando una trabajadora introduce su papeleta en una urna no está dejando fuera de ella sus preocupaciones laborales. Cuando un trabajador vota, también está votando pensando en su salario, en su pensión, en la educación de sus hijos, en el precio de la vivienda, en la sanidad que recibirá cuando la necesite y en el futuro de su familia.

La política también habla de nosotros.

Y nosotros tenemos derecho a hablar a través de ella.

El próximo 29 de noviembre, cada persona decidirá libremente. Pero sería un error que la clase trabajadora acudiera a las urnas sin saber lo que está en juego.

Porque después de las elecciones seguiremos teniendo que trabajar, cuidar, cotizar, negociar y defender nuestros derechos.

Y porque el modelo de país que tengamos mañana dependerá también de las decisiones que tomemos hoy.

Desde UGT seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: organizar, negociar, movilizar y defender a la clase trabajadora.

Pero el 29 de noviembre, la decisión estará en manos de cada ciudadano y cada ciudadana.

Y la clase trabajadora, que durante generaciones ha contribuido a construir este país, tendrá una oportunidad más para decidir qué sociedad quiere para el futuro.

Con memoria.

Con conciencia.

Con derechos.

Y, sobre todo, con conocimiento de lo que está en juego.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a una empresa por negar sin negociar la adaptación de jornada solicitada por un trabajador de Asturias para cuidar a su hijo menor de 12 años y avala que omitir el trámite obligatorio de negociación implica estimar la medida en los términos pedidos.

En una sentencia fechada el pasado 9 de septiembre a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Social rechaza el recurso de una empresa contra un fallo de noviembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Jornada a turnos

El caso es el de un trabajador que solicitó adaptar la jornada de trabajo, que era partida a turno continuado de mañana, de 07:00 a 15:00, para atender a su hijo menor de 12 años, al amparo del Estatuto de los Trabajadores (ET).

El empleado solicitó el cambio de horario para poder hacerse cargo de su hijo tras la salida del colegio y reducir la estancia del menor con personas ajenas al núcleo familiar, ya que la madre del niño trabaja a turnos rotatorios en un hospital.

Rechazo por “razones organizativas”

La empresa denegó directamente la propuesta alegando razones organizativas de coordinación interna e incompatibilidad del horario solicitado, sin haber abierto previamente el proceso de negociación obligatorio de hasta 15 días prescrito por el ET.

El juzgado de lo social número 2 de Oviedo/Uviéu desestimó la demanda del trabajador, pero el TSJA estimó parcialmente su recurso y revocó la sentencia de instancia, condenando a la empresa al pago de 7.501 euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales, al considerar que rechazar la medida sin previa negociación implica su aceptación implícita.

El recurso

La empresa interpuso un recurso de casación para la unificación de doctrina cuestionando si la falta de apertura del periodo negociador obligatorio conduce automáticamente a la aceptación de la adaptación de jornada pedida por la persona trabajadora.

El Supremo ratifica ahora la decisión del TSJ, ya que la apertura del periodo de negociación tras la solicitud del trabajador es un trámite imperativo u obligatorio para la empresa; la ley no permite rechazar la petición de forma directa sin antes intentar negociar o proponer alternativas razonables.

Cuando la empresa omite la negociación previa, procede estimar judicialmente la medida solicitada en sus propios términos, salvo que el órgano judicial determine que la solicitud resulta manifiestamente irrazonable o desproporcionada, señalan los magistrados.

UGT y CCOO Albacete han vuelto a concentrarse hoy viernes ante la sede de la patronal FEDA para mostrar, una vez más, su rechazo por el último accidente laboral mortal de la provincia, ocurrido ayer en la pedanía de Nava de Abajo, donde un hombre de 50 años fallecía tras caerle encima una pinza de maquinaria pesada.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, daba cuenta de las “trágicas cifras” que recoge el Ministerio de Trabajo: “En lo que va de 2026, de enero a julio (que son los últimos datos oficiales), en la provincia han perdido la vida cuatro trabajadores. Esta semana tenemos que sumar otra víctima más, así como todas aquellas en las que se está pendiente de determinar si han sido por accidente laboral”. Aunque el cómputo general de accidentes laborales ha bajado, González señala que los accidentes grave y mortales están teniendo un “importante” crecimiento: “En Castilla-La Mancha ya van siete fallecidos más que en 2025”.

“La relajación en materia de seguridad y salud viene a confirmar una regla negra: la falta de medidas preventivas cuesta la salud y la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. No son meras estadísticas; estamos hablando de dramas familiares, de vidas truncadas y de compañeros y compañeras que ya no vuelven a casa. Esta realidad requiere de una respuesta contundente”, sostiene.

González recordaba la obligación del empresario de implementar en los centros de trabajo medidas de prevención de riesgos laborales. No obstante, “nosotros no escurrimos el bulto; queremos trabajar de la mano de las administraciones y de las empresas para acabar con este drama que sufren las personas trabajadoras, siendo siempre muy exigentes y firmes con aquellos empresarios incumplidores”.

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha insistido en la necesidad de delimitar las responsabilidades de una manera clara “porque, aunque lo decimos abiertamente cada vez que podemos, algunos parecen no enterarse de la situación. La ley de prevención de riesgos establece que son las empresas las que deben tomar medidas para que no se produzcan accidentes. Es necesario establecer esa cultura preventiva y que esté incluso por encima de los intereses empresariales y de los objetivos empresariales de la maximización del beneficio”.

Paco Gómez se ha referido también a la fijación de las empresas con el tema del absentismo, asegurando que “de una manera vergonzante se están preocupando únicamente de sus bolsillos sin importarles nada la salud de las trabajadoras y los trabajadores”. A este respecto ha añadido que “tenemos que decirles que las jornadas interminables, las horas extraordinarias que no se pagan y la sobrecarga de trabajo también generan incapacidades temporales en las trabajadoras y trabajadores”.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.013 personas en septiembre en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (1,73%) hasta los 118.133 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, en el último año el desempleo acumula un aumento de 1.419 personas, lo que supone un incremento del 1,22%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%) los datos del Ministerio, que destaca que se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie.

Un trabajador de 50 años ha fallecido este jueves en Nava de Abajo, pedanía de Pozohondo (Albacete) tras caerle encima una pinza de maquinaria pesada.

El suceso, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, ha tenido lugar a las 12.03 horas en la calle Rinconcico. Aunque se han enviado una ambulancia de Urgencias y un helicóptero medicalizado, el hombre ha muerto en el lugar de los hechos.

En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil y bomberos de Hellín, encargados de rescatar el cuerpo del afectado.

Días después de convocarse una huelga para los trabajadores del sector de la logística de Guadalajara para finales de octubre, la patronal ha ofrecido una nueva propuesta para renovar el convenio colectivo que contempla un incremento salarial del 4% y una bajada anual de la jornada.

La Asociación de Empresarios de la Logística de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara; y UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (miembro de CEOE), han trasladado a las organizaciones sindicales una propuesta global para la renovación del convenio colectivo, planteando un marco de estabilidad de cuatro años.

Condiciones ofertadas

El texto enviado a los medios recoge un convenio a cuatro años (2026-2029); incrementos salariales del 4% para el 2026, 3,25% para el 2027, 3% para el 2028 y 3% para el 2029, con cláusula de garantía salarial IPC todos los años en los términos recogidos en el convenio actual.

También plantean una reducción de jornada de 8 horas en el año 2029 y permiso/bolsa de acompañamiento, que recoge la disposición a incrementar progresivamente durante la vigencia del convenio hasta 30 horas anuales --respecto a los 24 actuales-- manteniéndose los supuestos que ya están regulados.

En materia de Salud laboral se realizará una propuesta de redactado por la parte empresarial con algunas matizaciones sobre el texto trasladado por la plataforma sindical.

La patronal también ofrece mejorar el plus sábado a 12 euros y el plus domingo/festivo a 23 euros en el 2026. Los siguientes años se revalorizarán dichos pluses con los mismos porcentajes de incremento que se pacten salarialmente.

Mientras, el plus carretillero se revalorizará cada año en los mismos porcentajes de incremento que se pacten salarialmente.

Posibilitar que representantes de los trabajadores y dirección de empresa puedan establecer descansos semanales armonizados en función de las distintas operativas, y que representantes de los trabajadores y dirección de empresa puedan establecer devengos progresivos de los asuntos propios para el personal de nueva incorporación, son otras de las sugerencias.

La patronal, “que reitera su voluntad de avanzar en un acuerdo equilibrado, sostenible y con seguridad para las partes”, ha emplazado a las organizaciones sindicales a continuar el trabajo en la mesa de negociación en las próximas sesiones.

Dicha propuesta viene después de que la convocatoria de huelga en el sector de Guadalajara, cuyos trabajadores están llamados a parar del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Los trabajadores y trabajadoras del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública (ORA) de La Rioja, conocido como “zona azul”, contarán con un nuevo convenio colectivo que contempla un incremento salarial acumulado de hasta el 14%, rebajas en la jornada anual y la duplicación de los descansos pagados durante las alertas naranjas por temperaturas extremas.

El acuerdo ha sido suscrito por la patronal ASESGA y la organización sindical USO, junto a CCOO como sindicato más representativo. El marco regulador tendrá una vigencia de cuatro años —desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028— y aplicará sus efectos económicos de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025.

En el apartado económico, el texto establece incrementos salariales del 3% anual para los ejercicios 2025, 2026 y 2027, alcanzando una subida del 5% en el año 2028. Además, el aumento del salario base revalorizará automáticamente el complemento personal de antigüedad, estructurado en dos bienios del 5% y quinquenios del 10% calculados sobre el sueldo vigente.

Como novedad destacada en salud laboral, el convenio introduce medidas frente a inclemencias meteorológicas. En situaciones de alerta naranja emitida por la AEMET por temperaturas extremas (tanto por frío como por calor), se duplicarán los tiempos de descanso de la plantilla, computándose íntegramente como jornada efectiva de trabajo.

En paralelo, la jornada máxima anual se reducirá de forma progresiva:

Desde USO Servicios de La Rioja han valorado positivamente la firma del acuerdo, destacando el valor de la negociación colectiva y de la representación sindical para alcanzar estas mejoras operativas y salariales en el sector.

La sección sindical de UGT en Ford Almussafes ha rubricado un convenio colectivo que el propio sindicato califica de “histórico” por el alcance de mejoras retributivas y la estabilidad laboral que proyecta hasta el año 2030. El pacto garantiza incrementos salariales situados por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) y contempla una subida de la Gratificación Especial hasta los 1.000 euros a partir de 2027. Esta partida se consolidará de forma definitiva en las tablas salariales desde 2029 con un crecimiento coordinado con el resto de los sueldos. Asimismo, el marco regulador incluye una cláusula de revisión retributiva con efecto retroactivo al 1 de enero para cada uno de los ejercicios de vigencia del texto.

Más allá del ámbito económico, la representación sindical subraya el impacto estratégico que la paz laboral tendrá para el futuro de las instalaciones industriales valencianas. La vigencia decenal del acuerdo aportará estabilidad a la planta en una coyuntura decisiva, marcada por la alianza entre Ford y el grupo automovilístico Geely. Desde el sindicato señalan que esta certidumbre “va a permitir alumbrar con luces largas muchos años de certidumbre para la plantilla”, factor que impulsará la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos con condiciones dignas y dinamizará la economía autonómica.

La firma del acuerdo coincide con los preparativos para la conmemoración del 50 aniversario de la instalación de la factoría en la comarca de la Ribera Baixa. UGT ha puesto en valor el respaldo de los trabajadores en las asambleas, donde la plantilla aprobó tanto el recurso al Mecanismo RED como las bases del nuevo texto normativo. Según el sindicato, la cohesión interna resulta “clave y decisiva para que Ford Almussafes vuelva a ser lo que fue en otros tiempos, y poder así mirar con optimismo hacia otros 50 años”.

Tras la ratificación del acuerdo, UGT ha expresado su agradecimiento a la plantilla por el apoyo mostrado durante las negociaciones. A partir de la entrada en vigor del documento, la prioridad de la representación de los trabajadores se centrará en la fiscalización de los compromisos adquiridos. Para ello, el sindicato coordinará un seguimiento pormenorizado del cumplimiento de las cláusulas a través de la Comisión del Observatorio para la Electrificación.

Treballadors d'Ilunion-MLV, un centre especial d'ocupació proveïdor de Ford a Almussafes amb una plantilla d'unes 660 persones, han denunciat pressions de la direcció de la mercantil per a evitar la presentació d'una candidatura alternativa a la que qualifiquen d'“oficialista”, representada per UGT i “copada per càrrecs de l'empresa”, davant les eleccions sindicals d'aquest dimecres. “És una estratègia que ja van utilitzar fa quatre anys, quan sí que van aconseguir que no presentàrem llista. En aquests quatre anys, el comité no ha fet res pels treballadors”, expliquen Javier Alcañiz, Juanma Sabater i Laura Serrano, membres de la candidatura d'Intersindical.

Segons els seus testimonis, han patit múltiples pressions i se'ls ha impedit fer la campanya electoral o entaular conversa amb la plantilla a l'interior de les instal·lacions. “Fa uns dies, ens van fer fora perquè parlàvem amb els companys i vam haver de telefonar a la policia perquè ens deixaren accedir al recinte, a l'exterior dels edificis, per a estar-hi a penes 20 minuts. Mentrestant, l'actual comité d'empresa porta un mes de campanya demanant el vot”, assenyalen els representants d'Intersindical. Els portaveus lamenten la “fortíssima discriminació sindical” que pateixen i acusen la direcció de “coaccionar” els empleats.

En aquest context de tensió, l'empresa ha obert un expedient per una falta molt greu —que pot comportar l'acomiadament— a Sabater per difondre una resolució de la Inspecció de Treball del 5 d'agost en un expedient encara en tramitació. Aquest document alerta d'un risc ergonòmic “inacceptable” en un lloc de treball per al qual l'empresa es compromet a aplicar mesures organitzatives, com ara que la tasca “només la realitzen els homes” i dins d'una franja d'edat determinada perquè el risc resulte “moderat”. Així mateix, la Inspecció va sol·licitar una auditoria externa de riscos psicosocials específica per a la nau afectada.

En la comunicació oficial, l'empresa atribueix a l'expedient la vulneració de l'article 97 per la difusió, a través d'un grup de WhatsApp de treballadors “i persones alienes a la firma”, d'un document “de caràcter estrictament confidencial”. En l'escrit s'identifica un membre del comité d'empresa i s'aporten dades personals especialment protegides de diversos empleats. A més, la mercantil acusa Sabater de “desinformar” la plantilla i de “desprestigiar” MLV amb informacions “absolutament falses” sobre suposats “abusos”.

Intersindical va convocar una concentració divendres passat per a protestar per l'obertura de l'expedient a Sabater. Davant la mobilització, l'empresa va emetre un comunicat dirigit als treballadors en el qual va aclarir que no ha imposat “cap sanció disciplinària”. “L'empresa té l'obligació de vetlar per la protecció de les dades personals i pel compliment de la normativa aplicable”, al·lega la gerència, que justifica el procés com una “investigació interna” per a “esclarir els fets i determinar les circumstàncies produïdes”. Des d'Intersindical es pregunten: “Què amaga l'empresa per a no voler que entrem al comité i puguem fiscalitzar l'activitat de la mercantil?”. L'empresa no ha respost a les consultes formulades per elDiario.es sobre aquestes denúncies.

Problemes dels treballadors afectats per l'ERTO RED

D'altra banda, els treballadors de MLV afectats per l'ERTO RED des de l'any 2025 asseguren que pateixen “retards importants” en el cobrament de les ajudes complementàries concedides per la Generalitat Valenciana a través de Labora. A punt de començar el mes d'octubre de 2026, insisteixen que una gran part de la plantilla encara no ha percebut cap pagament corresponent a aquest exercici, malgrat que l'expedient de regulació temporal d'ocupació continua en vigor amb l'acumulació de nous períodes de suspensió.

A la paralització dels abonaments d'enguany se sumen les diferències en les liquidacions de 2025, en què empleats amb períodes d'afectació similars han rebut imports “molt dispars”. Segons relaten, alguns a penes han cobrat poc més de cent euros, davant d'altres que superen els 250 euros, sense que l'organisme autonòmic “haja oferit una justificació clara sobre els càlculs aplicats”.

Davant les reiterades consultes dels afectats, la conselleria ha atribuït aquests problemes a retards en la tramitació administrativa, discrepàncies en les taules salarials i la complexitat del mateix sistema de còmput. No obstant això, els empleats denuncien la completa desinformació a la qual estan sotmesos mentre assumeixen les pèrdues d'ingressos derivades de la reducció de la seua activitat laboral. Per tot això, els treballadors exigeixen a la Generalitat un exercici de transparència mitjançant un desglossament individualitzat que detalle les bases reguladores, els dies computats i les quanties exactes assignades a cada expedient, a més de la fixació d'un calendari urgent per a liquidar tots els imports pendents de 2025 i 2026.

Trabajadores de Ilunion-MLV, un centro especial de empleo proveedor de Ford en Almussafes con una plantilla de unas 660 personas, han denunciado presiones de la dirección de la mercantil para evitar la presentación de una candidatura alternativa a la que califican de “oficialista”, representada por UGT y “copada por cargos de la empresa”, ante las elecciones sindicales de este miércoles. “Es una estrategia que ya utilizaron hace cuatro años, cuando sí consiguieron que no presentáramos lista. En estos cuatro años, el comité no ha hecho nada por los trabajadores”, explican Javier Alcañiz, Juanma Sabater y Laura Serrano, miembros de la candidatura de Intersindical.

Según sus testimonios, han sufrido múltiples presiones y se les ha impedido realizar la campaña electoral o entablar conversación con la plantilla en el interior de las instalaciones. “Hace unos días, nos echaron porque hablábamos con los compañeros y tuvimos que llamar a la policía para que nos dejaran acceder al recinto, en el exterior de los edificios, para estar apenas 20 minutos. Mientras tanto, el actual comité de empresa lleva un mes de campaña con la petición del voto”, señalan los representantes de Intersindical. Los portavoces lamentan la “fortísima discriminación sindical” que padecen y acusan a la dirección de “coaccionar” a los empleados.

En este contexto de tensión, la empresa ha abierto un expediente por una falta muy grave —que puede acarrear el despido— a Sabater por difundir una resolución de la Inspección de Trabajo del 5 de agosto en un expediente aún en trámite. Dicho documento alerta de un riesgo ergonómico “inaceptable” en un puesto para el que la empresa se compromete a aplicar medidas organizativas, tales como que la tarea “solo la realicen los hombres” y en un rango de edad determinado para que el riesgo resulte “moderado”. Asimismo, la Inspección solicitó una auditoría externa de riesgos psicosociales específica para la nave afectada.

En la comunicación oficial, la empresa atribuye al expediente la vulneración del artículo 97 por la difusión a través de un grupo de WhatsApp de trabajadores “y personas ajenas a la firma” de un documento “de carácter estrictamente confidencial”. En el escrito se identifica a un miembro del comité de empresa y se aportan datos personales especialmente protegidos de diversos empleados. Además, la mercantil acusa a Sabater de “desinformar” a la plantilla y de “desprestigiar” a MLV con informaciones “absolutamente falsas” sobre supuestos “abusos”.

Intersindical convocó una concentración el pasado viernes para protestar por la apertura del expediente a Sabater. Ante la movilización, la empresa emitió un comunicado dirigido a los trabajadores en el que aclaró que no ha impuesto “ninguna sanción disciplinaria”. “La empresa tiene la obligación de velar por la protección de los datos personales y por el cumplimiento de la normativa aplicable”, alega la gerencia, que justifica el proceso como una “investigación interna” para “esclarecer los hechos y determinar las circunstancias producidas”. Desde Intersindical se cuestionan: “¿Qué esconde la empresa para no querer que entremos al comité y podamos fiscalizar la actividad de la mercantil?”. La empresa no ha respondido a las consultas formuladas por elDiario.es sobre estas denuncias.

Problemas de los trabajadores afectados por el ERTE RED

Por otra parte, los trabajadores de MLV afectados por el ERTE RED desde el año 2025 aseguran que sufren “importantes retrasos” en el cobro de las ayudas complementarias concedidas por la Generalitat Valenciana a través de Labora. A punto de comenzar el mes de octubre de 2026, insisten en que una gran parte de la plantilla todavía no ha percibido ningún pago correspondiente al presente ejercicio, a pesar de que el expediente de regulación temporal de empleo continúa en vigor con la acumulación de nuevos periodos de suspensión.

A la parálisis de los abonos de este año se suman las diferencias en las liquidaciones de 2025, donde empleados con periodos de afectación similares han recibido importes “muy dispares”. Según relatan, algunos apenas han cobrado algo más de cien euros frente a otros que superan los 250 euros, sin que el organismo autonómico “haya ofrecido una justificación clara sobre los cálculos aplicados”.

Ante las reiteradas consultas de los afectados, la conselleria ha atribuido estos problemas a retrasos en la tramitación administrativa, discrepancias en las tablas salariales y la complejidad del propio sistema de cómputo. Sin embargo, los empleados denuncian la completa desinformación a la que están sometidos mientras asumen las pérdidas de ingresos derivadas de la reducción de su actividad laboral. Por todo ello, los trabajadores exigen a la Generalitat un ejercicio de transparencia mediante un desglose individualizado que detalle las bases reguladoras, los días computados y las cuantías exactas asignadas a cada expediente, además de la fijación de un calendario urgente para liquidar todos los importes pendientes de 2025 y 2026.

La automoción y la movilidad se darán cita el día 14 de octubre en Barcelona para conocer y analizar las principales conclusiones del Barómetro Movilidad+Auto 2026 de elDiario.es. El encuentro, que tendrá lugar en Casa Seat, reunirá a representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales, compañías del sector y responsables de las administraciones públicas encabezados por el 'conseller' de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, para abordar los retos y las oportunidades de una actividad inmersa en una profunda transformación.

La presentación del Barómetro Movilidad+Auto 2026 se celebrará el miércoles 14 de octubre, de 11.30 a 14.00 horas, en Casa Seat, situada en el Passeig de Gràcia, 109, de Barcelona. Los asistentes, que recibirán un ejemplar de la revista con los resultados del sondeo y los análisis de los líderes del sector, han de registrarse previamente a través de este formulario de reserva .

La presentación del barómetro constituye uno de los principales hitos de la nueva etapa de Movilidad+Auto, el canal especializado en información y análisis sobre el sector del automóvil y el conjunto de la movilidad que elDiario.es presentó en septiembre en su redacción de Madrid. La iniciativa nace con la voluntad de ampliar la cobertura tradicional del automóvil y ofrecer una mirada transversal sobre la industria, el mercado, los servicios de movilidad y sus efectos sobre las empresas, los trabajadores y los usuarios.

El sondeo, elaborado con la colaboración de las principales asociaciones sectoriales y organizaciones sindicales, recoge la evolución y las expectativas de las empresas y los profesionales de toda la cadena de valor de la automoción y la movilidad. La primera edición del Barómetro Movilidad+Auto 2026 analiza la evolución de los negocios, las perspectivas de inversión y empleo y los desafíos de la transición ecológica en un contexto marcado por la llegada de nuevos competidores chinos, las tensiones geopolíticas y los cambios regulatorios y tecnológicos.

Ponentes de primer nivel

Los resultados del estudio serán objeto de análisis por parte de los principales representantes del sector. El encuentro contará con la participación de Daniel Cortina, director de Estrategia y Relaciones Institucionales y Secretario General de SEAT & CUPRA; de Arancha García, directora de Industria de Anfac; Javier Pujol, presidente de Sernauto y CEO de Ficosa; Josep Maria Vall, presidente del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC); Jordi Carmona, secretario de automoción de UGT FICA; Rafa Guerrero, responsable de CCOO en Seat S.A.; Agustí García, vicepresidente de Faconauto y CEO de Yomovo; Jaime Barea, presidente de Ganvam; José María Riaño, secretario general de Anesdor; Ferran Menescal, director técnico de Aedive; José-Martín Castro, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER); Jordi Gazo, vicepresidente de AEMES Smart y CEO de Floox; y May López, directora de desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible.

El 'conseller' de Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, será el encargado de cerrar el encuentro explicando la visión desde el Gobierno de una de las comunidades autónomas con más tradición y más peso en la industria de automoción española. Los detalles del encuentro y del programa se pueden consultar en este enlace.

El análisis de los resultados del Barómetro Movilidad+Auto 2026 tendrá una segunda cita destacada el 19 de noviembre en Madrid, en el marco del Evento de Movilidad Sostenible de elDiario.es.

Desde hace más de 20 días, la plantilla de la empresa Saint-Gobain Isover en Azuqueca de Henares, están llevando a cabo paros parciales de dos horas por turno para exigir una reducción de jornada. Desde los sindicatos CCOO, UGT y USO han anunciado que en los próximos meses se aumentará el tiempo: tres horas por turno en octubre, y hasta cuatro horas por turno en noviembre.

Saint-Gobain Isover, empresa de soluciones de aislamiento térmico y acústico, lleva presente más de 60 años en la localidad guadalajareña. No obstante, fuentes de la dirección de la corporación señalan a elDiario.es que siguen mostrando “voluntad de acuerdo en el marco de la negociación con los sindicatos”, pero consideran “razonable” que cualquier mejora adicional “preserve el equilibrio entre competitividad, empleo, sostenibilidad de la planta y reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores”. En ese sentido, ha planteado “fórmulas para intentar llegar a un acuerdo” y mantiene “la mano tendida”.

“No es cierto que la empresa no se haya movido”

Apuntan que la empresa “no puede aceptar el actual planteamiento sindical. Exigen nuevas mejoras por los beneficios de la compañía mientras rechazan las opciones planteadas por la empresa, que tienen que ver con la vinculación a los resultados finales o a la subida del IPC más un porcentaje. Hay que tener en cuenta que la empresa ha comprometido más de 40 millones de euros de inversión en Isover, una cifra superior a los beneficios obtenidos en los últimos años”.

Por otra parte, explican que “no es cierto que la empresa no se haya movido”. Aseguran que “la plataforma sindical incluye también importantes incrementos salariales” y que la empresa “ha aceptado garantizar el IPC y aplicar subidas salariales por encima de la inflación durante cada uno de los años de vigencia del convenio, además de la reducción de 4 días. Las condiciones salariales superan actualmente el 180% de las del sector”.

Consideran que la jornada “ya es inferior a la del sector”

Desde Isover matizan que ya han reducido jornada “de manera continuada en los últimos convenios y ya tiene una jornada significativamente inferior a la del sector”. Apuntan que la propuesta de la compañía incluye una reducción adicional de 4 días. “De cerrarse el acuerdo, la plantilla trabajaría 10 días menos al año que la referencia sectorial. La reducción de jornada ofrecida de 4 días está muy por encima de las reducciones que se están firmando en los convenios en España”, explican.

La empresa también expone que “la jornada actual de Isover es de 1.696 horas anuales, una jornada significativamente inferior a la del convenio sectorial situada en 1.744 horas. Actualmente son 6 días de trabajo menos al año”.

Inciden en que la comparación de jornada “no debe realizarse únicamente sobre las horas anuales teóricas”. Isover apunta que su convenio “reconoce además como tiempo de trabajo determinadas pausas y tiempos de descanso que en otros convenios no tienen la misma consideración por ejemplo el tiempo de descanso durante la jornada”.

“La dirección de Saint-Gobain tiene voluntad de alcanzar un buen convenio, si bien no es posible atender el planteamiento de la parte social en algunos de sus términos actuales”, concluyen.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 17,6 millones de euros dirigidos a formar y cualificar a personas desempleadas a través de los programas duales de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y a favorecer y apoyar la creación y el crecimiento de las pymes industriales de la región.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha informado de los asuntos relativos a la Consejería aprobados hoy en Consejo de Gobierno, y que se traducen en una fuerte apuesta del Ejecutivo autonómico “por generar oportunidades de formación y empleo para las personas en Castilla-La Mancha, y en el refuerzo de las capacidades industriales de la región”.

Cuatro líneas de programas duales

El primero de estos programas aprobados hoy en Consejo de Gobierno es la nueva convocatoria de cuatro líneas de los programas duales que aúnan formación y experiencia práctica en empresas:

-Dual Verde, dirigido a proyectos formativos en los entornos más rurales de la región

-Nuevas Oportunidades, que se destina especialmente a la formación y contratación de personas mayores de 50 años

-CREA, para colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social tales como personas migrantes o personas con discapacidad.

-Oficios Tradicionales, para formar y cualificar perfiles en profesiones muy demandadas en el mercado de trabajo, como la fontanería, la carpintería, la electricidad o la soldadura.

“Aunque los beneficiarios directos de esta inversión son los centros de formación, a quienes agradezco su compromiso y su esfuerzo, especialmente en las zonas rurales; y las empresas, que se benefician directamente de la cualificación de perfiles que se forman en sus centros de trabajo a través de la experiencia laboral; las beneficiarias últimas de este programa son las 450 personas desempleadas que estimamos que podrán formar parte de cerca de 40 acciones formativas”, ha señalado Patricia Franco. Además, ha indicado que la inversión, “que puede alcanzar una media de 28.000 euros por alumno, es la mejor que podríamos realizar porque estos programas son la mejor entrevista de trabajo para las personas que participan en ellos”.

Así, la consejera ha recordado que los programas duales tienen, en su duración, un 35% de formación teórica, y un 65% de experiencia laboral remunerada en las empresas y centros de trabajo participantes. “Además, hay un compromiso de contratación por parte de las empresas de al menos el 20% en las tres primeras líneas, y hemos elevado al 40% el compromiso de contratación en la línea de Oficios Tradicionales; aunque luego las empresas superan habitualmente este mínimo”.

La convocatoria se publicará en los próximos días en el DOCM y, desde el día siguiente, se habilitará un plazo de solicitud de un mes. “Esta convocatoria refuerza la apuesta que llevamos realizando mucho tiempo por la formación dual, que nos llevó a ampliar la oferta en el año 2021 y que ha hecho que, desde entonces, hayamos invertido 127 millones de euros en formar a 6.994 personas desempleadas, con acceso a un contrato laboral y experiencia en empresas durante su periodo formativo”, ha remarcado Patricia Franco.

Seis millones de euros para apoyar nuevas pymes industriales

El segundo de los programas que se han aprobado hoy es la primera convocatoria de un novedoso programa en la región, ‘Nacimiento de Pymes Industriales’, dotado con seis millones de euros. “El pasado año, en el Debate sobre el Estado de la Región, el presidente Page comprometió dos nuevas iniciativas para las pymes de la región: ‘Bono Crecimiento Pyme’, que ya ha puesto a disposición de nuestro tejido económico nueve millones de euros; y el ‘Nacimiento de Pymes Industriales’ que aprobamos hoy, cumpliendo ese compromiso”, ha indicado la consejera.

La convocatoria, que abrirá su plazo de solicitud durante nueve meses una vez que se publique en el DOCM, está dirigida a reforzar las capacidades industriales de la región apoyando proyectos en tres ámbitos: la creación desde cero de una nueva pyme industrial, la ampliación de una pyme industrial ya existente con un nuevo centro de trabajo, o la llegada de pymes industriales procedentes de otras regiones del país que se establezcan en Castilla-La Mancha.

“Como requisitos, también tienen que crear cinco puestos de trabajo, o dos si se establecen en nuestras zonas más rurales; y mantener su actividad durante tres años”, ha detallado la consejera, señalando que las ayudas “pueden llegar a cubrir el 100% del proyecto, y están entre los 80.000 y los 100.000 euros, para conceptos como la realización de estudios, la certificación u obtención de patentes, la formación de personal o el diseño de producto, entre otras”.

Este programa quiere reforzar las capacidades industriales de Castilla-La Mancha, “que como me gusta recordar, es una de las comunidades autónomas del país con mayor aportación de la industria a nuestro PIB, con un 20,7%, y además somos la segunda región de toda España en la que más ha crecido el empleo en la industria desde el año 2015”, después de que se hayan creado en Castilla-La Mancha 49.100 nuevos empleos industriales en la última década, y que el PIB industrial haya pasado de los 7.500 millones de euros en el año 2015 a los 11.500 millones de euros de la actualidad, un crecimiento del 51% que sitúa a la región como la cuarta comunidad autónoma del país en crecimiento del PIB industrial desde el año 2015.

El Pleno del Parlamento ha debatido este lunes dos proposiciones no de ley (PNL) de Partido Popular y PRC, respectivamente, con aspectos comunes como el apoyo a los trabajadores de Correos, la necesidad de más contrataciones o el papel referente de los carteros en el entorno rural de Cantabria con un alto número de población envejecida, que también han sido reconocidas por el resto de grupos de la Cámara.

Sin embargo, las diferencias en cómo ha sido la gestión del Gobierno central (PSOE-Sumar) al frente de la entidad o el papel que desempeña el Gobierno cántabro (PP) dentro de sus competencias, entre otros, han hecho que ninguna de las dos obtuviera un apoyo unánime.

Ambas iniciativas han registrado enmiendas de PSOE, que no han sido admitidas. Y de Vox, que sí ha aceptado el PP pero no el PRC. De este modo, la PNL del Partido Popular ha salido adelante con los 19 votos a favor de su partido y Vox, mientras 15 diputados de PSOE y PRC se han abstenido.

Por su lado, la propuesta regionalista ha logrado el apoyo de los 7 diputados del PRC presentes en el Hemiciclo y ha registrado 27 abstenciones de los miembros de PP, PSOE y Vox.

El primero en intervenir ha sido el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, que ha calificado a Correos de “servicio esencial” en el que se han registrado dos formas diferentes de gestionar. Por un lado ha puesto el ejemplo del Gobierno de Cantabria, que en su ámbito de competencias propició un convenio entre el ICAD y Correos durante el Covid.

Y por otro, ha criticado duramente a la Administración Nacional, con un “Partido Socialista que en vez de preocuparse por la gestión, las condiciones de los trabajadores y por garantizar un servicio postal efectivo a los ciudadanos, estaba preocupado en amañar contratos y en colocar a 'fontaneras' al servicio del PSOE en la empresa pública de Correos. Esto es inadmisible”, ha remarcado.

En su iniciativa, Vargas ha planteado que el “Gobierno de Cantabria inste al Gobierno de España a realizar las gestiones necesarias para revertir la política de recortes de contratación cero instaurada en la empresa pública en los últimos tres años y asegurar la cobertura de los puestos de trabajo necesarios”.

Y que, “de acuerdo con la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, se incluya al personal de la empresa pública de correos y telégrafos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por su parte, la portavoz del PRC, Paula Fernández, ha expuesto las diferentes iniciativas que su partido ha venido desplegando en los últimos años en defensa del servicio de Correos y ha hecho incidencia en el trabajo de los carteros rurales en Cantabria.

En este sentido, ha afirmado que “el código postal no puede condicionar” los servicios a los que se prestan a los ciudadanos.

Fernández ha remarcado que detrás de un servicio público “están sus trabajadores” y ha destacado el “sobreesfuerzo” que está desplegando el personal de Correos y lo importante que es “su inclusión dentro del Estatuto Básico del Empleado Público”.

Ha demandado “más financiación, un empleo suficiente y estable, promover una oferta de empleo pública y reducir temporalidad para lograr un servicio de calidad y eficiente”.

Y ha dicho que la iniciativa regionalista es “inequívocamente territorial”, va dirigida a mantener la población y garantizar un red cotidiana de servicios. “Correos continua llegando aunque cada vez con mas dificultades”, ha señalado.

Por otro lado, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado que Correos es “fundamental” y ha hablado de “colapso operativo y nefasta gestión” del Gobierno central, que ha puesto “al borde del colapso” a la empresa “debido a la falta de personal con trabajadores al limite”.

Y ha resaltado su papel “conectando” a las personas mayores con la Administración.

En cuanto al PSOE, su portavoz, Nórak Cruz, ha calificado las iniciativas de su grupo como “más concretas” y ha comentado que las propuestas de PRC y PP “aciertan en reconocer el carácter esencial de Correos y la profesionalidad de sus plantillas pero son genéricas” y no asumen las competencias o herramientas del que tiene el Gobierno de Cantabria.

Ha reconocido el papel vertebrados del correos y ha apelado a la corresponsabilidad institucional.

Cruz ha desgranado una serie de medidas “concretas” como la “implantación de la ventanilla única”, que el Gobierno regional declare a Correos “operador postal preferente” para comunicaciones administrativas, se efectúe el “cobro de recibos y tasas de las entidades locales” o garantice personal suficiente.

El portavoz popular no admitió su enmienda por ser “un lavado de cara”.

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real) y dos de sus concejales, todos ellos del PP, declararán como investigados por presunto acoso laboral tras una denuncia presentada por una funcionaria municipal.

El juez titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano (Ciudad Real) ha citado a declarar el 25 de noviembre al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; al concejal de Urbanismo, José Antonio Barba; y al de Deportes, Javier Trujillo, en el marco de las diligencias procesales tras la denuncia penal por presunto acoso laboral presentada por una funcionaria municipal.

Precisamente, Trujillo también estuvo en el foco de la polémica la semana pasada cuando trascendió que había estado utilizando una instalación municipal para aparcar dentro su vehículo particular, para un fin que nada tenía que ver con su condición de edil.

El regidor Miguel Ángel Ruiz, del PP, ha negado los hechos y ha defendido que la actuación municipal responde a la “normal exigencia de rigor” propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo, según recoge Europa Press.

“Hostigamiento brutal” contra la trabajadora

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, María Manzano, abogada de la denunciante, del despacho Alarcos 8, asegura que la trabajadora, funcionaria de carrera y que lleva trabajando en el Ayuntamiento desde el año 2000, lleva sufriendo “un hostigamiento brutal” por parte del equipo de Gobierno desde que tomase las riendas del consistorio en 2023.

La abogada explica las situaciones que la denunciante, que ejercía desde 2017 como jefa del servicio de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento y que no había tenido durante toda su trayectoria ningún conflicto laboral con otra corporación municipal, ha estado sufriendo desde la toma de posesión de Miguel Ángel Ruiz.

“Se le desacredita profesionalmente, se utilizan continuamente hacia ella expresiones vejatorias; hay una injerencia brutal, sobre todo del alcalde, en las funciones que ella desarrollaba; una serie de decisiones que le corresponden a ella y que toma el alcalde en su nombre. Estos episodios se producen reiteradamente desde 2023”, señala Manzano.

En el último año ha emprendido vías legales contra el Ayuntamiento, entre ellas un recurso contencioso-administrativo contra la que calificó como “desproporcionada” suspensión de sus funciones tras la apertura de un expediente, así como la denuncia penal por acoso laboral contra los tres cargos municipales.

“Nosotros pensamos que la intención del Ayuntamiento es quitarse del medio a Inés, que es una persona incómoda, en el sentido que cumple tajantemente sus funciones”, señala la abogada, quien sospecha que “lo que realmente pretenden” es poner en el puesto de la denunciante “a una persona de su confianza”.

El pasado mes de marzo, tras concluir la vía disciplinaria, la Junta de Gobierno Local resolvió el expediente con un simple apercibimiento al no haber probado los hechos que se le atribuían a la funcionaria, lo que obligó al Ayuntamiento a abonarle el salario correspondiente a los seis meses en que estuvo suspendida de empleo.

Por su parte, el alcalde de Puertollano ha negado el acoso contra la funcionaria y ha defendido que la actuación municipal responde a la “normal exigencia de rigor” propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo.

El PSOE habla de “abuso de poder” del alcalde

Esta noticia ha sido valorada este lunes por el secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel González Caballero, que ha asegurado que la gestión de Miguel Ángel Ruiz se define por “el abuso de poder”.

“Puertollano no se merece un gobierno que mienta, que use las instalaciones de todos campando a sus anchas como si fuera su cortijo, ni que abuse de las personas que trabajan para toda la ciudadanía”, ha concluido.