En la Feria de Abril de 2026, como todos los años, para que una gran mayoría disfrute debe de haber una minoría que trabaje. Las personas que dejan su tiempo en el Real y en sus alrededores están afrotando una semana movida, sin apenas tregua, donde se acumulan jornadas de muchas horas. Su objetivo final es el dinero que ingresarán la semana que viene cuando cobren, gran parte en “B”, según confiesan algunos de ellos a este periódico. “El que está en la feria es por razones económicas. Esto no es algo que aguante todo el mundo y, cuando se hace, es porque hace falta”, recalca uno de ellos.  

Tanto trabajo que no siempre se cumple con la legalidad, a riesgo de estar ante una explotación laboral. Desde UGT, a través de su secretario general de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Sevilla, Enrique Jiménez, aclaran que los inspectores de trabajo este año “están haciendo buenas batidas” para detectar prácticas irregulares“. Sin embargo, destaca que ”no se tiene la capacidad para controlar la cantidad de gente que se mueve trabajando aquí“. 

Para erradicar este abuso sobre los trabajadores es fundamental que la ciudadanía denuncie los casos que observen, ya que “si hay un camarero que te atiende por la mañana y por la noche, está claro que hay una irregularidad”, explica Jiménez. Sin embargo, se trata de una labor compleja, puesto que este tipo de prácticas se suele dar en casetas privadas donde, en ocasiones, los socios son conocedores de lo que ocurre. 

Falta de espacio, malas formas, exigencias o aguantar a personas ebrias, además de comer de forma rápida o directamente, no comer, son las principales desventajas de trabajar en la semana de Feria. En años puntuales como el actual, también el calor hace mella en los trabajadores, que llegan a perder varios kilos durante la semana. “Me pesé ayer y me voy a pesar la semana que viene para ver cuanto peso pierdo trabajando en la Feria”, afirma entre risas Vanessa, cocinera con tres años de experiencia en una caseta de tres módulos. 

“Ferias con derechos”

Al cansancio físico que tienen que aguantar cocineros, camareros y seguridad de las casetas, se le suma un cansancio mental intangible que el feriante que disfruta no nota, ya que siempre tratan de poner su mejor cara. “Lo peor de este trabajo es el desgaste físico y mental que tienes con tantas horas de trabajo a un ritmo vertiginoso”, destaca Antonio, responsable de barra de una caseta. 

Para sobrellevarlo mejor, se apoyan los unos a los otros, haciendo amigos que, en ocasiones, hacen de psicólogos. “Lo mejor son los compañeros porque son como una familia. Se pasan momentos difíciles y duros, pero cuando hay compañerismo se suele llevar mejor”, declara Noemí, cocinera en una caseta.

En ocasiones, los trabajadores acumulan este cansancio por la gran cantidad de horas que pasan en sus puestos, lo que supone una explotación laboral. Por ello, desde Adelante Andalucía defienden que “para que las ferias las podamos disfrutar todos, tienen que ser ferias con derechos, en las que las horas extras se paguen en las que todo el mundo esté contratado, se cumplan los convenios y nadie se enriquezca a costa del maltrato laboral de nadie”, argumentó a comienzos de semana José Ignacio García, portavoz del partido. 

El representante de Adelante Andalucía animó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a venir a “disfrutar” de las ferias de Andalucía, pero también le gustaría que “viniera a las ferias con un plan de inspecciones laborales debajo del brazo para que no haya ninguna explotación laboral y las ferias sean de todos”.

Al terminar una jornada cualquiera en el recinto ferial, las casetas sacan las bolsas de basura a la calle para que sean recogidas por LIPASSAM. Además, los servicios de limpieza retiran las heces de los caballos, las jarras de plástico y las latas, entre otras cosas que se han ido tirando a los adoquines, con el objetivo de que cada mañana el recinto luzca como nuevo. Para ello, hay un dispositivo 591 de personas y 117 vehículos. 

El transporte público es esencial para acudir y, sobre todo, para volver del recinto ferial. TUSSAM y Metro de Sevilla han reforzado sus servicios. La empresa de autobuses ofertará casi 1,7 millones de plazas por sentido en las líneas C1, C2, 5, 6 y 41, la línea Exprés LE y el Tranvibus, que alargan su recorrido, y la lanzadera especial Charco de la Pava-Feria. Por su parte, Metro de Sevilla operará de forma ininterrumpida desde el lunes a las 6:30 hasta el domingo de feria a las 2:00, tras los fuegos artificiales. 

Los encargados de velar que todo salga correctamente son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que este año suma cerca de 3.000 agentes, unos 2.000 de Policía Nacional y 900 de Guardia Civil. Entre los cuerpos que van a actuar en esta Feria de Abril destacan la Unidad de Intervención Policial (UIP), la de Caballería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, así como agentes de paisanos, la unidad de Subsuelo, Guías Caninos y Medios Aéreos. Por último, se repetirá la “Operación Albero”, que tiene como objetivo reducir el número de hurtos, delitos menores y agresiones sexuales.

Las bajas laborales de las que hacen uso las personas trabajadoras “no son absentismo”, sino un “derecho”. Así lo ha reivindicado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en una rueda de prensa celebrada este martes en la que ha presentado un informe “que ataja los discursos alarmistas y los bulos en torno a las bajas o situaciones de incapacidad temporal”.

El estudio ‘Ni un día menos. Tu derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras’ desmonta los “mitos y falsos argumentos” sobre las bajas, identifica las causas reales de su crecimiento y propone medidas para garantizar la rápida recuperación.

¿Por qué aumentan las bajas laborales?

Según los datos mostrados, dos tercios del gasto público en incapacidades temporales (IT) se explica por la evolución de la población protegida y la mejora de las bases de cotización, mientras que el envejecimiento medio de la población explica el 18,5% del incremento de gasto. El resto obedece a causas puramente objetivas relacionadas con la salud.

La duración media de las prestaciones permanece estable en torno a los 37-40 días desde hace dos décadas, siendo la de atención primaria (39 días) ligeramente inferior a la de las mutuas (45 días).

El informe ha sido presentado de forma previa a la conmemoración del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que tendrá lugar el próximo 28 de abril. Durante la rueda de prensa, CCOO ha defendido que la prestación de incapacidad temporal es un derecho de las personas trabajadoras que se encuentran enfermas e impedidas para el trabajo durante el tiempo que necesitan para recuperar su salud.

“No es absentismo”

“No es absentismo, como muchos difunden de manera injustificada” ha indicado el secretario general de CCOO, Javier Ortega, al tiempo que ha asegurado que los datos avalan que “no hay abusos generalizados” en la declaración de IT. “Las personas necesitan medios e inversión para recuperar su salud, no que se les criminalice”.

Este es uno de los asuntos a los que también se ha referido la secretaria de diálogo social y salud laboral del sindicato, Raquel Payo. Ante esta realidad “nos encontramos con organizaciones empresariales que insisten en un enfoque erróneo y falto de sensibilidad hacia las personas trabajadoras y, ante el incremento de las bajas, proponen reducir derechos. Los permisos de conciliación, las vacaciones retribuidas, los permisos de formación, las prestaciones por IT no son absentismo, son derechos reconocidos por la ley y los convenios colectivos”.

“No es verdad que cada uno o cada una se coja la baja cuando quiera y sin ningún tipo de control. Creo que eso es hacer de menos al sistema de salud. Al final es coger el rábano por las hojas, extraer consecuencias aisladas para sacar una conclusión generalizada de que el sistema no funciona” ha zanjado Ortega. El control del gasto “que tanto preocupa a los empresarios” no pasa por recortar derechos, sino por “reducir listas de espera”, entre otras causas.

Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

CCOO también ha recordado que este año se cumplen 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por ello, el sindicato afirma que los accidentes de trabajo “siguen siendo la consecuencia más evidente de la falta de medidas preventivas”. A juicio de Raquel Payo, las enfermedades de origen laboral son uno de los mayores retos en materia preventiva porque muchas “están invisibilizadas, cuando no ocultadas”

En cuanto a las cifras que están detrás del drama de la siniestralidad laboral. “Los accidentes de trabajo se han reducido un 3.5% en Castilla La Mancha en 2025, pero 27.170 accidentes, 48 de ellos mortales, siguen siendo cifras inaceptables”.

Este año CCOO desplegará un amplio abanico de acciones reivindicativas con motivo del 28 de abril entre las que destacan concentraciones y lectura de manifiestos en las capitales de provincia y un acto central regional, en Toledo, con una manifestación entre la Puerta de Bisagra y la sede de la patronal Fedeto.

CCOO Industria ha denunciado que, cerca de cumplirse un año desde que estalló el conflicto de Eserman Puertollano, debido al ERE extintivo planteado por la empresa y auspiciado por Repsol Puertollano, “argumentando una supuesta modificación productiva”, ninguna de las personas que se quedaron en la calle haya sido contratada por la empresa Katoen.

El secretario general de CCOO Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha recordado que gracias “a la lucha de la clase trabajadora” de Eserman, promovida y organizada por el sindicato, se consiguió acordar prejubilaciones para 19 personas e indemnizaciones por encima de lo que marca la ley para el resto de los 34 trabajadores y trabajadoras que conformaban la plantilla.

No obstante, en un intento de procurar a estas 34 personas una alternativa laboral, dado que todas tienen una edad en la que necesitan seguir trabajando, CCOO habló con Repsol, con la empresa Katoen que iba a asumir el servicio, con el Ayuntamiento de Puertollano y con la Junta de Comunidades para que, a la hora de hacer contratación, se contará con estas personas.

Según indica el sindicato, en aquel momento, tanto Ayuntamiento como la Junta de Castilla La Mancha se comprometieron a buscar soluciones, “pero a día de hoy no tenemos nada”.

“No escatimaron titulares comprometiéndose a hacer todo lo que estuviera en su mano para recolocar o recualificar a los trabajadores, con el fin de buscarles una salida profesional. El alcalde llegó incluso a decir que el personal de la nueva empresa Katoen serían trabajadores de Puertollano y de Eserman. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, porque Katoen no ha contratado a ningún trabajador de Eserman y ha seguido contando sus trabajadores desplazados desde otros lugares”, ha señalado Víctor Manuel Arias.

“Es una falta de respeto”

Ante esta realidad, CCOO sostiene que ninguna administración ha cumplido con su palabra, dejando a estos trabajadores de Eserman “desamparados”.

“No es admisible que después de procesos tan duros y traumáticos, como son los ERE, las partes implicadas no respondan a los compromisos adquiridos. Consideramos que es una falta de respeto a quienes defendemos los intereses de las personas trabajadoras, pero sobre todo, a las personas trabajadoras”, ha añadido el secretario general de CCOO Industria, Juan Cuevas.

“No podemos olvidarnos de que detrás de todo está una multinacional como Repsol que, lejos de su imagen y predicamento de Responsabilidad Social Corporativa, castiga de manera continua a las personas trabajadoras de las subcontratas”, ha añadido.

Al hilo de esto, CCOO Industria demanda un debate sobre la subcontratación, porque conflictos como el de Eserman evidencian que debería ser una figura a extinguir en nuestro ordenamiento laboral.

“Lejos de cumplir con la expectativa de eficacia y especificidad, se usan como artilugio legal para reducir drásticamente las condiciones y seguridad en el empleo de las personas trabajadoras”.

Por último, Comisiones Obreras insta a las partes que en su momento aseguraron estar implicadas “a que busquen y den soluciones, porque el único actor que ha dado la cara por las personas trabajadoras ha sido Comisiones Obreras”.

Un trabajador de 54 años ha fallecido en Tarazona de la Mancha (Albacete), tras caerle encima un vehículo mientras lo estaba reparando en una empresa de estructuras metálicas de la localidad.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 12.07 horas en una empresa de la calle Gineta.

La Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y una ambulancia se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Esta última solo ha podido certificar el fallecimiento de este trabajador.

La Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de UGT ha clamado ante el preacuerdo alcanzado para el textil y calzado porque “precariza las condiciones de trabajo” con una concentración en la que no se ha descartado una huelga en La Rioja. Bajo gritos de “esto no es arte, es robarte” frente a la tienda que Zara tiene en San Antón, La Rioja ha secundado la convocatoria estatal frente al preacuerdo firmado entre la Asociación de Textil (Arte) y los sindicatos Fetico (Confederación Estatal Independiente) y Comisiones Obreras.

La secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de La Rioja, Ana Cruz Llach, ha explicado que la asociación Arte congrega al Grupo Inditex, Mango, Cortefiel y “prácticamente la mayoría del comercio que hay en La Rioja de textil y calzado”. Esta entidad ha alcanzado un preacuerdo que “empeora las condiciones de trabajo, precariza más al trabajador”, ha asegurado considerando que “si en La Roja no tenemos ya bastante con el cierre de tiendas”, lo que supone que “hay menos puestos de trabajo” ahora, con este preacuerdo, se “precarizan la jornada laboral y salarialmente”. “Se empeora también el tema del trabajo en domingos y festivos, convirtiendo una voluntariedad en casi una obligación, porque si no se cubre voluntariamente va a haber que cubrirlo”, ha dicho.

Haciendo una “comparativa” con el último convenio de comercio firmado ha señalado que hay una disminución salarial, en una persona nueva, de casi 1.000 euros; y a las personas con antiguedad 2.000.

“Después de haber firmado un convenio que tanto nos ha costado, que tanta necesidad teníamos de firmar el convenio de comercio, pues esto viene a dinamitar directamente la negociación colectiva”, ha afirmando no descartando la huelga en esta comunidad.

ARTE llama al diálogo

Por su parte, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda, ha enfatizado que el preacuerdo alcanzado hace unas semanas del que será el primer convenio colectivo estatal de grandes cadenas comerciales del comercio textil y del calzado está todavía en negociación, pero que lo acordado promueve la “equidad y mejora real” de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y no recorta derechos. Por ello, ha vuelto a apelar “al diálogo” tras las huelgas que se están produciendo este viernes por todo el territorio convocadas por UGT.

“El convenio aún está en negociación y requiere de diálogo responsable, ya que en este momento el texto del futuro convenio aún está en construcción. El preacuerdo promueve la equidad y mejora real de condiciones laborales”, ha asegurado la presidenta de ARTE, Ana López-Casero, en declaraciones a Europa Press.

Hay que recordar que la patronal textil rubricó el pasado 26 de marzo un preacuerdo sólo con CCOO y Fetico, y que contó con la negativa de UGT y CIG. Un preacuerdo que llegaba tras más de tres años de negociación y que conlleva mejoras en materia de contratación, salarios y jornada laboral para más de 100.000 trabajadores en España.

Así, el próximo lunes, la patronal se volverá a reunir con todas las organizaciones sindicales convocadas desde el inicio (UGT, CCOO, Fetico, ELA, CIG), donde ha avanzado que seguirá “trabajando para concretar los puntos del preacuerdo y alcanzar una propuesta final”.

Nuevo accidente laboral mortal en La Rioja. Una hombre de 43 años ha fallecido este viernes tras sufrir una descarga eléctrica en un cable de alta tensión cuando trabajaba en el polígono El Juncal, perteneciente a la localidad de Albelda de Iregua.

Dicha descarga le ha provocado una parada cardiorrespiratoria que, lamentablemente, ha causado su fallecimiento, sin que los equipos de emergencias desplazados al lugar del suceso hayan podido hacer nada por salvar su vida.

La Guardia Civil ya instruye las diligencias pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Con este trágico accidente en Albelda de Iregua, la lista de víctimas mortales en el entorno de trabajo en La Rioja asciende ya a tres en lo que va de 2026, tras los trabajadores fallecidos del sector de la seguridad privada y la construcción, ambos por infarto.

La plantilla de Bomberos de Bizkaia, compuesta por cerca de 400 trabajadores, ha salido a la calle este miércoles para denunciar, frente a la Diputación de Bizkaia, sus condiciones laborales, exigir subidas salariales y mejoras en el ámbito de la seguridad. “La valoración de nuestro puesto de trabajo no se da desde el 2001, queremos que a los puestos de mando se acceda mediante promoción interna y no por turno libre, y exigimos que se tomen en serio nuestra salud. La OMS ha reconocido en el año 2023 que la profesión de bombero puede ser cancerígena y queremos un plan de descontaminación serio y con inversión”, ha detallado durante la protesta Javier Salazar, portavoz de la plantilla, quien también ha solicitado que la brecha salarial entre los bomberos, cabos y altos cargos desaparezca.

La protesta de este miércoles, la cuarta que llevan a cabo los Bomberos de Bizkaia, ha sido convocada por CCOO, UGT, LAB y CNT. El objetivo de la concentración, según han detallado los trabajadores, es la reivindicación de cuestiones que consideran “imprescindibles” para una correcta ejecución de sus funciones: un convenio en el que, al igual que en los de la Comunidad de Madrid y la Generalitat Catalana, se reconozcan los factores reductores por nocturnidad y descanso diario, así como el número de festivos calendarizados; y reconozcan y cuantifiquen las indemnizaciones por enfermedades profesionales específicas de bomberos, reconocidas por la OMS. Además, solicitan que mediante comisiones y grupos de trabajo puedan participar en la confección de los pliegos para las licitaciones de los concursos en la compra de equipos de trabajo que luego usan los bomberos.

De mismo modo, han reclamado participar en la confección de los procedimientos de trabajo que luego llevan a cabo, donde se prime la seguridad y la salud en el trabajo “sin escatimar en medios ni en recursos”, que se haga una nueva valoración del puesto y se actualicen los complementos de destino a la nueva categoría para romper la brecha salarial dentro del servicio, y que se desarrolle una carrera profesional “real”.

Por su parte, desde el sindicato ELA, que se ha quedado fuera de la convocatoria, han solicitado la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla, que sitúa en un 9%, así como el reconocimiento de la deuda acumulada desde 2021 y el compromiso para su restitución. “Es imprescindible actualizar los complementos salariales y los descansos compensatorios para adaptarlos a la realidad actual”, ha apuntado el sindicato en un comunicado, en el que ha indicado que en relación a la valoración de puestos de trabajo, apuesta por desarrollar plenamente la Ley de Bomberos, “dando continuidad al trabajo ya realizado y cerrando así el proceso iniciado”. También ha defendido la necesidad de impulsar la carrera profesional horizontal como una vía de desarrollo para el conjunto del personal de la Diputación Foral de Bizkaia y el IFAS. En materia de organización del trabajo, ELA plantea la reducción de la jornada anual hasta las 32 horas semanales y la implantación de medidas efectivas de conciliación, “considerándolas claves para mejorar las condiciones laborales de la plantilla”.

Marcos e Ina llevan 16 y 25 años respectivamente trabajando como bomberos en Bizkaia. Ambos coinciden en que con el paso de los años sus funciones han ido cambiando, pero no sus salarios ni la consideración de su trabajo. “Nuestras funciones en los últimos 15 años han aumentado, al igual que la inflación, pero nuestros salarios siguen igual. Necesitamos una inversión en seguridad y protocolos para la descontaminación. Está en juego nuestra salud y la de nuestra familia”, explica Marcos a este periódico.

“Desde que entré en el cuerpo de bomberos, hace 16 años, han cambiado muchas de nuestras funciones. Las cotidianas como incendios o accidentes de coches siguen estando, pero ahora tenemos actuaciones por incendios de coches eléctricos en garajes, rescates en montes que antes no hacíamos y no se tiene en cuenta. Exigimos a la Diputación que realice unas propuestas concretas de mejora porque lo consideramos necesario para la plantilla”, defiende el bombero.

Ina reconoce que su trabajo ha cambiado completamente desde que comenzó como bombero. “El catálogo de intervenciones que hacíamos hace 25 años y el que hacemos ahora no tiene nada que ver. Se ha investigado mucho y hemos conocido mucho sobre las enfermedades y los riesgos a los que nos enfrentamos. Cuando yo entré había bomberos que no entraban a los incendios con equipos autónomos, gente de la vieja escuela. Ahora somos mucho más conscientes de los riesgos y las nuevas tecnologías también nos afectan, los vehículos eléctricos, los dispositivos eléctricos... A todo eso nos enfrentamos con las mismas condiciones de hace 25 años”, detalla.

A pesar de ello, considera que reciben una buena formación, pero que el trabajo que realizan “no está reconocido”. “La última valoración del puesto de trabajo que se ha realizado fue en 2001, hace 25 años y es algo objetivo que no hacemos las mismas cosas. A nosotros nos parece bien que en nuestro servicio otros trabajadores tengan buenas condiciones pero lo que no es de recibo es que las personas que estamos al pie del cañón somos las que peores condiciones tenemos con diferencia. Ganan muchísimo más dinero las personas que atienden al teléfono y a la emisora que quienes nos enfrentamos al fuego y a los riesgos de los incendios o accidentes”, lamenta Ina, quien reconoce que a pesar de la situación, los Bomberos de Bizkaia no dudan que desde la Diputación de Bizkaia escucharán sus peticiones.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a revertir las modificaciones introducidas por el Real Decreto 453/2022, y garantizar la protección efectiva de las personas afectadas por accidentes laborales frente a los “criterios restrictivos” que están aplicando las mutuas, y que “implican eliminar las compensaciones por desplazamientos y estancia para asistir a tratamientos médicos”.

Según ha señalado el BNG y recoge Europa Press, la modificación supuso una “clara regresión” en los derechos de las personas trabajadores que sufrieron accidentes laborales con secuelas. Así, se permite a las mutuas determinar el porcentaje de gastos que van a cubrir, según “criterios discrecionales”, y eso supone en la práctica “una reducción significativa de las prestaciones”.

Néstor Rego ha advertido de que esta situación está teniendo “efectos muy lesivos” para las personas afectadas, que necesitan desplazarse regularmente, a veces con acompañantes, para recibir atención sanitaria, y que ahora tienen que asumir gastos que antes estaban cubiertos por las mutuas.

Con la entrada en vigor de los cambios, las mutuas dejan de pagar íntegramente esos gastos y los sustituyen por aportaciones mínimas condicionadas a la evaluación de una Comisión de Prestaciones Especiales. Esta Comisión “está concediendo cantidades claramente insuficientes, lo que implica un recorte encubierto y una transferencia de costes a las personas afectadas”.

Para el diputado nacionalista, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “es plenamente consciente del impacto negativo de esta modificación normativa”, por lo que reclama al Gobiero la “derogación inmediata” de la Disposición Final Primera, apartado 1 del artículo 67, introducida por el Real Decreto 453/2022, y la recuperación del marco normativo anterior.

“Es imprescindible garantizar que las mutuas asuman la totalidad de los gastos derivados de los desplazamientos, estancias y cuidados necesarios para el seguimiento médico de las personas afectadas por accidentes laborales”, ha insistido Rego.

Soy un enamorado de las canciones de Jorge Drexler. Sus letras me parecen un armónico maridaje de poesía y filosofía. No importa cuando las escuches te parecerá que están escritas para ese momento. En “Milonga de un moro judío” cada estrofa es un lamento que se clava en el corazón. Del suave grito por la paz de “No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida” hasta el antídoto frente al nacionalismo de “No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido”. 

Sus letras irradian luz que ilumina algunos de los trances de la vida. La canción “Todo se transforma” ayuda a entender procesos que en apariencia —solo en apariencia— nada tienen que ver con la inspiración del poeta. Al escuchar estos días, una vez, “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da” me pareció entender mejor eso que llaman absentismo laboral. 

En la controversia sobre su dimensión y causas las organizaciones empresariales suelen aportar datos fríos sobre el aumento de los días que las personas trabajadoras se ausentan, dicen injustificadamente, del trabajo. Con una mirada propia del capitalismo 'manchesteriano' meten en el mismo saco desde las horas dedicadas al ejercicio de derechos fundamentales hasta el tiempo en que los trabajadores permanecen en situación de incapacidad temporal bajo la supervisión de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La respuesta de las organizaciones sindicales impugna la mayor y ofrece datos y una lectura alternativa de esas horas no trabajadas y sus diferentes y complejas causas. Como hay estudios muy profundos y rigurosos, entre ellos el publicado por Comisiones Obreras bajo el título “Ni un día menos”, no sería capaz de añadir nada nuevo. 

Algunos análisis apuntan a que podría existir una relación de causalidad o correlación (no son lo mismo) entre los ciclos económicos y la intensidad de los procesos de incapacidad temporal. Las patronales lo imputan a que en época de bonanza las personas trabajadoras se “cogen más bajas” -así como el que va al supermercado. Los sindicatos invierten la relación, al constatar que en momentos de elevado desempleo las personas van a trabajar incluso cuando están enfermos por el temor a perder el empleo. Una actitud que se revierte cuando la situación económica mejora y el temor al desempleo decrece. 

En un debate muy intenso, hay una mirada que, hasta donde yo sé, no se ha explorado. Me asaltó al escuchar “Todo se transforma”. “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. Esta estrofa nos puede ser útil para entender cosas que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Empresas que continúan abusando del trabajo temporal, o de la rescisión indiscriminada del contrato durante los largos períodos de prueba pretenden recibir de sus trabajadores compromiso de permanencia en la relación laboral. Se sorprenden y denuncian que no encuentran trabajadores para puestos de trabajo vacantes. 

Empresas que imponen largas jornadas de trabajo, en algunos casos con horas extras no retribuidas, y que se niegan al control de la jornada pretenden recibir un compromiso incondicional de parte de sus trabajadores. 

Empresas que aplican ritmos de trabajo deshumanizadores, con control tecnológico de eso que ya se conoce como látigo digital, pretenden recibir de sus trabajadores el sacrificio de continuar trabajando incluso cuando enferman.

Sí, ya sé que hay casos que se podrían calificar de picaresca que no entran dentro de estas explicaciones. No me gusta cerrar los ojos para no ver la realidad y creo no ser cínico. Pero incluso en estos supuestos puede servir -sin explicarlo todo y siempre- las letras de Jorge Drexler. 

El desequilibrio entre lo que se da y lo que se pretende recibir desborda en muchas ocasiones el ámbito de la empresa para ampliar la responsabilidad a la sociedad. Un sistema socioeconómico que ningunea la formación de las personas, incumple las promesas de ascensor social y el imaginario de meritocracia no puede pretender que su ciudadanía le ofrezca a cambio abnegada implicación laboral. 

Una sociedad que acepta que la vivienda no sea un derecho, sino un producto financiero, y que fuerza a los trabajadores a vivir en caravanas o a realizar desplazamientos de muchas horas para acceder al trabajo no puede pretender que esas personas le respondan con compromiso. 

Un mundo que impide que las personas puedan vivir y trabajar en sus países y las obliga a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas para después tener que soportar todo tipo de discriminaciones, no puede pretender a cambio recibir una implicación plena y sacrificada. El listado de ejemplos que expresan desequilibrio entre lo que se da y se pretende recibir por parte de las empresas y la sociedad podría ampliarse hasta el “infinitum”.

Me temo que, entre tanto ruido, no se le está prestando atención a un proceso de intensa y creciente desafección emocional de la ciudadanía. Que se produce no solo en relación con las instituciones democráticas, sino también respecto a muchos otros ámbitos comunitarios como el de la empresa. 

En el marco de la pandemia muchos medios llamaron la atención y convirtieron en noticia de portada un fenómeno que se detectó en EEUU, pero que tenía dimensiones globales. Incluso, como sucede en estos casos, se le puso un nombre atractivo. 

La “Gran Deserción” fue el calificativo con el que se describió el abandono voluntario de las empresas por parte de sus trabajadores incluso sin tener otro empleo alternativo. Se vinculó, a mi entender erróneamente, a los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando esta se superó, la preocupación y la noticia pasaron a mejor vida como sucedió en otros ámbitos. ¿Recuerdan el amor infinito que nos entró hacia nuestros sanitarios? Pasada la novedad y la noticia no se ha hecho un análisis de lo que puede haber detrás de esa gran deserción, a pesar de que sus causas se mantienen. 

Los empresarios, los dirigentes patronales lúcidos (si los hubiera o hubiese) y el conjunto de la sociedad harían bien en analizar y profundizar en este fenómeno de desafección de los trabajadores con las empresas y el empleo. Es y será una realidad cada vez más creciente y que adquirirá formas diversas, aunque no se exprese con la visibilidad de la “gran deserción”. 

En ocasiones los conflictos sociales no se manifiestan a través de los mecanismos colectivos tradicionales y buscan otras formas más difusas, pero no por ello menos contundentes en sus impactos.

Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Lo canta Jorge Drexler.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

CSIF denuncia condiciones insalubres en la oficina de Fondos Europeos situada en la Calle Portales 46 de Logroño. Hace dos semanas se produjo una fuga que ha afectado a techos, suelos y paredes y ha dejado un fuerte olor a humendad, “lo que ha provocado problemas de salud a los empleados públicos que siguen trabajando en estas oficinas en condiciones insalubres”.

Relatan que el problema comenzó hace más de dos semanas. “Una fuga en un baño de la segunda planta afectó a los techos, paredes y suelos de esta planta y las inferiores y dejó estas instalaciones impracticables”. De hecho aseguran que “hay zonas restringidas porque no hay ventilación, los suelos tienen humedad, se han deformado e incluso levantado. Los equipos informáticos también se han visto afectados y es imposible poder trabajar en estas condiciones que no cumplen con los requisitos mínimos que indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

La zona más dañada es la primera planta donde un grupo de empleados públicos pertenecientes a la Oficina de Fondos Europeos siguen trabajando porque no han sido reubicados y lo hacen “con fuertes olores a humedad lo que les provoca dolores de cabeza y náuseas debido a la insalubridad del ambiente”. Después de más de dos semanas, desde CSIF piden al Servicio de Prevención que analice las instalaciones y mientras tanto se traslade a una oficina segura a los trabajadores. “Es inaceptable que el Gobierno riojano ponga en peligro la salud de sus trabajadores por la falta de eficacia en su gestión”. Y exigen a la Dirección General de Función Pública, como máximo responsable de la gestión de los empleados públicos que tome cartas en el asunto y que deje de “maltratar a los empleados públicos riojanos: debería darle vergüenza tener a trabajadores desarrollando su labor en estas condiciones que ponen en peligro su salud”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el empleo ya ha superado “de manera real, no desestacionalizada”, la barrera de los 22 millones de trabajadores, según las cifras de afiliación diaria de la Seguridad Social.

“Hoy, ahora mismo, sí que les digo que en estos días, justamente de manera real, no desestacionalizada, sí tenemos 22 millones de personas ocupadas en España”, ha afirmado Díaz en una entrevista en el European Pulse Forum, organizado por Politico.

La vicepresidenta segunda ha adelantado así este viernes los datos diarios de afiliación. Esta información sobre la marcha del mercado laboral no se suele desvelar más allá de la publicación oficial de la estadística de la Seguridad Social, a principios de cada mes. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el lunes los 22 millones antes de la hora oficial de publicación de la estadística (las 9 de la mañana).

Polémica por los 22 millones de trabajadores

Las declaraciones de la ministra de Trabajo se producen tras la polémica por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el mercado laboral había alcanzado los 22 millones de trabajadores en marzo. Este nivel solo se había alcanzado en la serie destacionalizada, estadística que se utiliza para analizar la evolución del mercado laboral marginando los vaivenes propios de la estacionalidad y del calendario, pero no así en la serie de afiliación diaria, ni en la afiliación media del mes.

Con este último indicador, que generalmente se usa como referencia del total de trabajadores en el país, el avance del empleo en marzo, récord histórico para ese mes con 211.500 trabajadores más, había alcanzado de todos modos un nuevo techo, cercano a los 21,9 millones.

Debido a esta diferencia, varias voces fueron críticas con el anuncio del Gobierno. En particular, el Partido Popular, que llamó incluso “maquillaje” a las cifras de empleo, como suele ser habitual en la dirección del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Entre otros motivos, el PP criticó al Gobierno por usar la serie destacionalizada, pero también por asimilar “afiliaciones” a personas trabajadoras cuando en realidad es un término que mide empleos (una persona con dos empleos que requieran alta a la Seguridad Social figura como dos afiliaciones).

Se trata de una precisión real, pero la traducción de “afiliaciones” por “trabajadores” es muy habitual, también por parte del propio PP cuando gobierna. Es más, las comunidades autónomas gobernadas por el PP celebraron los datos de empleo de marzo y, de hecho, se atribuyeron el éxito de sus cifras, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

Además, la metodología de la Seguridad Social precisa que “hay que tener en cuenta que en la práctica estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un 4% del total de afiliados”.

Díaz prevé que se mantendrán los 22 millones durante el año

“Las estimaciones que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social es que estos 22 millones de personas ocupadas en España se van a mantener a lo largo de todo el año 2026”, ha afirmado además Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo ha adjudicado la buena marcha del empleo y su gran resistencia ante las últimas crisis e incertidumbres internacionales a la reforma laboral que aprobó en 2021, tras acuerdo con la patronal y los sindicatos.

La legislación atacó uno de los principales puntos débiles del mercado laboral español, la elevada cantidad de trabajadores temporales, que han descendido a mínimos históricos tras la reforma. En la actualidad, se sitúa en el 11,6%.

Díaz ha insistido en la necesidad de un mercado laboral que eleve los salarios de los trabajadores, un ámbito en el que también incidió la reforma laboral, al reequilibrar de nuevo la negociación colectiva tras la legislación del PP de 2012.

“¿Esto quiere decir que no hay nada que hacer? No, queda mucho por hacer, pero desde luego, sí es posible cambiar la situación laboral en nuestros países”, ha afirmado la responsable del Ministerio de Trabajo. Entre los principales retos del mercado laboral destacan seguir reduciendo el paro –especialmente entre los jóvenes – todavía de los más elevados de Europa, así como elevar los bajos salarios y reducir el tiempo parcial involuntario, que afecta sobre todo a mujeres.

La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial “real y efectiva” de todos los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

Señalan que hacen y tienen el “mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cualificación, pero distinto sueldo, esto tiene un nombre: injusticia”.

El colectivo demanda el cumplimiento “estricto” de la normativa vigente que, según la plataforma, “obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta”, así como “un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, también la que vive en el mundo rural” y el “reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar, no como servicio de segunda”.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración frente a las Cortes regionales, Irene Jiménez en representación de la Plataforma, ha señalado que “llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución”.

La portavoz ha indicado que son “trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras y educadores sociales, psicólogas y psicólogos, profesionales de la administración y cobramos hasta un 40% menos que nuestros compañeros y compañeras que hacen exactamente el mismo trabajo, contratados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Apuntaba también que “tenemos una situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo a lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos, queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución”.

La plataforma critica que desde 2010 los convenios que “la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado conforme a la ley”. “Mientras tanto, los equipos se fragmentan, la precariedad crece y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía se resiente. No solo sufren las y los profesionales, también las personas que atienden”, explican.

Exponen que los servicios sociales de atención primaria “no son un gasto, son un pilar fundamental del Estado de Bienestar, sin profesionales dignamente retribuidos, no hay sistema; sin sistema, no hay protección para la ciudadanía más vulnerable”.

Desde la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha matizan que se trata de una “cuestión de justicia social” y que seguirán luchando “hasta que el mismo trabajo reciba el mismo sueldo”.

Las organizaciones sindicales UGT FICA y CCOO Industria y la patronal Asaja han alcanzado este miércoles un preacuerdo para la firma del convenio colectivo del campo de la provincia de Ciudad Real, que incluye una subida salarial del 7,5 % para los años 2025 y 2026 y la reducción de la jornada laboral hasta las 1.784 horas anuales.

De esta forma se pone fin a más de un año de “difíciles negociaciones”, han señalado ambos sindicatos en un comunicado, en el que han precisado que la firma definitiva del convenio colectivo del campo de Ciudad Real -que afecta a alrededor de 15.000 trabajadores- tendrá lugar el próximo 21 de abril.

UGT FICA y CCOO Industria han valorado el avance que representa el preacuerdo, sobre todo en lo que supone para la mejora de los salarios, ya que en muchos casos las retribuciones estaban por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y, de esta manera, ninguna categoría cobrará menos del SMI.

Asimismo, han indicado que, si bien se trata de un convenio en el que siguen teniendo cabida muchas demandas y reivindicaciones, “lo firmado es un paso más en la dignificación de las condiciones laborales”.

Ambos sindicatos han confiado en que, “después meses de bloqueo por parte de la patronal”, el acuerdo de hoy inaugure una nueva etapa en las relaciones laborales en el sector y en el reconocimiento de la labor que desarrollan los trabajadores del campo de Ciudad Real. EFE

ASAJA alerta de la falta de mano de obra

Por su parte, ASAJA de Ciudad Real han señalado que “este ajuste, en la práctica, no supondrá un impacto ni para empleadores ni para trabajadores, ya que en el sector agrario se está pagando por encima del Salario Mínimo Profesional”. En este sentido, han subrayado que “lo que se ha hecho es trasladar a las tablas salariales una parte del complemento de convenio que ya percibían los trabajadores”.

La organización ha advertido de que el sector atraviesa un momento complicado debido al “incremento imparable de los costes de producción, entre ellos los laborales, que están poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias”.

Sobre la reducción de la jornada laboral, han explicado que “la actividad agraria presenta una marcada estacionalidad y una distribución irregular de las cargas de trabajo, con periodos de elevada intensidad, como las campañas de recolección o las parideras en el ámbito ganadero, y otros momentos del año en los que las necesidades laborales son significativamente menores”.

En este contexto, ASAJA Ciudad Real ha señalado que el principal problema al que se enfrenta actualmente el campo es la falta de mano de obra. “Nos encontramos ante una situación de enorme calado: la creciente dificultad para encontrar personas dispuestas a incorporarse al trabajo agrario”. Igualmente, han lamentado que esta problemática “lejos de corregirse, se está intensificando como consecuencia de la ausencia de medidas eficaces y de la consolidación de un enfoque económico en el que prevalece el peso de las prestaciones y subsidios, en detrimento de la necesaria revalorización del trabajo y de todo lo que implica el acceso y desempeño de un empleo”.

Desde ASAJA Ciudad Real insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan garantizar la disponibilidad de mano de obra en el campo y asegurar así la continuidad de la actividad agraria, fundamental para la economía y el desarrollo del medio rural.

En el marco del Consejo del Diálogo Social y en colaboración con el SEPE, UGT Castilla-La Mancha asesora a personas trabajadoras y desempleadas sobre la oferta de cursos gratuitos de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, el procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (Procedimiento Acredita) y sobre la Formación Profesional, haciendo especial hincapié en la Formación Dual.

El sindicato cumple así con su objetivo de poner a disposición de toda la ciudadanía las herramientas necesarias para mejorar su cualificación y adquirir las competencias profesionales para potenciar su empleabilidad.

Un equipo de técnicas y técnicos repartido por las cinco provincias de la región ofrece información, orientación y asesoramiento sobre la oferta formativa disponible, ayudando a actualizar la cualificación de aquellos que están trabajando y aumentando las posibilidades de incorporación al mercado laboral de los que se encuentran en situación de paro. Además, este servicio de UGT les ayudará a convertir su experiencia laboral en una acreditación oficial gracias al procedimiento Acredita.

Formación en el medio rural

El secretario de Formación y Proyectos de UGT Castilla-La Mancha, Óscar Molina, explicaba que, en este ejercicio, la oferta se va a orientar especialmente a la formación en el medio rural, y a sectores como la Logística, el Metal y el Transporte Sanitario.

Entre las actividades que se van a desarrollar se encuentran, igualmente, un podcast centrado en la formación, un estudio y un foro de las necesidades formativas dentro del sector del Transporte Sanitario y otro estudio de formación con perspectiva de género.

En Castilla-La Mancha, los centros logísticos automatizados ya no son una promesa de futuro, sino una realidad palpable. En ellos, la tecnología no solo aumenta la productividad: también reduce de forma significativa el número de trabajadores necesarios. Donde antes hacían falta cientos de empleados, hoy bastan decenas apoyados por robots, algoritmos y sistemas inteligentes. Este nuevo paisaje económico, que convive con nuestros campos y molinos, nos plantea una pregunta inevitable: ¿Quién pagará las pensiones dentro de veinte o treinta años?

El debate suele presentarse como un enfrentamiento entre generaciones. Por un lado, los jubilados, que reclaman pensiones dignas tras toda una vida de trabajo y cotización —porque su pensión no es un regalo, sino el fruto de haber contribuido durante toda su vida laboral—. Por otro, los jóvenes, que perciben cómo su salario soporta una creciente presión fiscal mientras su futuro resulta incierto. Sin embargo, este conflicto es, en gran medida, un espejismo. Enfrentar a un joven mileurista con un jubilado es discutir por las migajas, mientras el verdadero problema sigue sin resolverse.

Una trampa fiscal compartida

La situación actual refleja una contradicción evidente. Las pensiones suben para mantener el poder adquisitivo, pero un sistema fiscal que no se ajusta a la inflación provoca que parte de esa mejora se diluya. Al mismo tiempo, muchos trabajadores jóvenes sienten que su esfuerzo fiscal es cada vez mayor, sin que ello se traduzca en una mejora real de su capacidad de ahorro o acceso a la vivienda.

El problema no es que unos reciban demasiado o que otros aporten demasiado. El problema es que el sistema sigue dependiendo casi exclusivamente del trabajo humano en una economía que ya no funciona así.

Cuando la riqueza ya no depende solo del trabajo

La automatización ya está transformando sectores enteros en Castilla-La Mancha. Lo vemos en la logística, pero también en otros ámbitos donde la tecnología permite producir más con menos empleo directo.

Esto genera una paradoja: aumenta la productividad y la riqueza, pero la base tradicional que financia el sistema —las cotizaciones sobre el trabajo— pierde peso relativo. Aquí surge una idea cada vez más presente en el debate económico: si las máquinas generan valor, ¿por qué no contribuir también al sostenimiento del sistema público?

Silicio y pensiones: ampliar la base del sistema

No se trata de frenar la innovación, sino de adaptarse a ella. Igual que en su día se construyó el Estado del bienestar sobre las cotizaciones del trabajo, hoy podría incorporarse una nueva vía: captar parte de la riqueza generada por la automatización y la inteligencia artificial. Podríamos llamarlo, de forma sencilla, una “cuota de solidaridad tecnológica”. Una forma de que el silicio —la base de los microchips que hacen posible esta revolución— también contribuya al contrato social.

Las consecuencias de un enfoque así serían relevantes:

Cambiar el enfoque para evitar el conflicto

Cuando se amplía la base de financiación, el debate deja de centrarse en cuánto debe aportar cada generación. Ya no se trata de enfrentar a jóvenes y jubilados, sino de adaptar el sistema a una economía que ha cambiado profundamente.

En ese contexto, medidas como ajustar el IRPF a la inflación dejarían de ser una amenaza para las cuentas públicas y pasarían a ser una cuestión de sentido común y equidad.

El verdadero reto

El desafío no es menor. Se trata de actualizar un modelo diseñado en el siglo XX para una economía que ya pertenece al siglo XXI. La tecnología no es solo una herramienta de producción: es también una fuente de riqueza que debe formar parte del sostenimiento colectivo.

Enfrentar generaciones es un error. Es discutir por el último vaso de agua en medio del desierto. La solución no es repartir mejor la escasez, sino encontrar una nueva fuente.

Esa fuente puede estar en la fiscalidad tecnológica. Solo incorporando al sistema la riqueza generada por la automatización podremos garantizar algo esencial: que los jóvenes de hoy lleguen a ser los jubilados dignos de mañana.

Quizá el futuro del contrato social no se escriba únicamente con el esfuerzo humano, sino también con el silicio de las máquinas que ya están transformando nuestra economía.

La gestión de las piscinas y centros deportivos municipales de Zaragoza continúa en una situación de “incertidumbre” tras el anuncio de la UTE Piscinas Zaragoza (Salzillo Servicios Integrales–Imesapi) de activar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 50 trabajadores, toda la plantilla de los centros Alberto Maestro y Palafox. La empresa justifica esta decisión en la finalización del contrato actual, prevista para el 30 de abril, y en la ausencia de licitación de los nuevos pliegos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el Consistorio emitió la semana pasada una orden de continuidad para garantizar la prestación del servicio.

Esta decisión no ha despejado el escenario laboral, sino que ha añadido más incertidumbre entre las partes implicadas. El delegado de personal de UGT en Piscinas Zaragoza, Víctor Escorza, explica que la empresa todavía no dispone de una comunicación oficial clara de esa orden de continuidad y que, por tanto, no ha descartado aún activar el ERTE que, según trasladó a la representación laboral, se plantea con una duración de hasta 12 meses. La empresa ha comunicado a fuentes sindicales que mantienen prevista la reunión del 14 de abril donde se comunicará la decisión.

La empresa ha avanzado que acudirá a la vía judicial contra esta decisión al considerar que el Ayuntamiento “se ha negado a actualizar los costes laborales” y por no haber sacado a licitación el contrato en los plazos oportunos.

El Ayuntamiento emitió la orden el pasado 1 de abril con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en los centros deportivos afectados —entre ellos Alberto Maestro, Tenerías y Palafox— así como en varias piscinas de verano de la ciudad. Se trata de asegurar que las instalaciones sigan funcionando con normalidad mientras se culmina la nueva adjudicación de los contratos.

Sin embargo, esto no ha tranquilizado a los trabajadores. “Lo que hay ahora mismo es una incertidumbre total. La empresa no sabe exactamente cómo interpretar la orden de continuidad porque dice que no la tiene comunicada oficialmente en todos sus términos. Hemos tenido conversaciones en las que les hemos trasladado que el ERTE, tal y como estaba planteado, decaería con esta orden, pero siguen sin tener claro qué van a hacer”, señala Escorza. El representante sindical añade que la empresa está valorando distintos escenarios. “Están enfadados y están estudiando posibilidades. A día de hoy no saben si van a seguir adelante con el ERTE o si esto cambia completamente la situación”, afirma.

Escorza insiste en que, desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, el expediente no tiene base suficiente en el nuevo contexto administrativo abierto por el Ayuntamiento. “Jurídicamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros lo vamos a denunciar porque entendemos que este ERTE no estaría amparado en estas condiciones. La empresa dice lo contrario, que el Ayuntamiento no ha cumplido los plazos de la licitación y que por eso podrían seguir adelante, pero nosotros no lo compartimos”, sostiene.

El sindicato denuncia además que la plantilla se encuentra en una situación de inseguridad prolongada. “Estamos en medio de todo esto los trabajadores, que somos los que sufrimos la incertidumbre. No tenemos garantías de nada. El Ayuntamiento da por buena la orden de continuidad, pero a día de hoy no hay una comunicación cerrada ni una solución definitiva”, apunta Escorza.

UGT ha solicitado una audiencia con la consejería competente y advierte de que se emprenderán acciones legales si el ERTE finalmente se materializa en las condiciones actuales. Además, el sindicato recuerda que la empresa ha llegado a plantear la posibilidad de cerrar las instalaciones a partir del 1 de mayo si no se resuelve la situación contractual.

El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la orden de continuidad responde a razones de interés público y a la necesidad de garantizar servicios esenciales, y asegura que permitirá mantener abiertos los centros mientras se tramitan los nuevos contratos. La orden establece que la continuidad del servicio se realizará bajo las mismas condiciones técnicas previstas en los pliegos del contrato vencido, y con los precios unitarios originalmente fijados, sin aplicar las bajas ofertadas por los adjudicatarios anteriores, y solo por las horas efectivamente trabajadas.

Según informó el Ayuntamiento, esta decisión responde “a la necesidad de garantizar que las instalaciones deportivas municipales continúen abiertas y funcionado con normalidad, ofreciendo seguridad, mantenimiento y atención adecuada a todas las personas usuarias”. La orden de continuidad se mantendrá hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos, actualmente en tramitación, con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos esenciales.

Roberto (nom fictici per a aquest reportatge a petició pròpia) no pensava la temporada passada, quan va marxar d’Eivissa per tornar a Madrid, la seva ciutat, que l’estiu següent no podria tornar. Després de dos anys residint a l’illa, va decidir traslladar-se de nou a la capital per professionalitzar-se en el seu sector, el de la fusteria, amb un grau de Formació Professional (FP). Una formació, a més, complementària per al lloc de feina que havia estat desenvolupant des del març de 2025 en un dels hotels més luxosos de la pitiüsa.

Després de signar un contracte de fix indefinit, a l'octubre va marxar per a emprendre la seva formació acadèmica, deixant el pis de lloguer de Sant Antoni en el qual vivia i amb el pla de residir, a l'any següent, en un domicili familiar de la seva parella amb el qual finalment no pot comptar. Després de posar-se en contacte amb l'hotel, cada vegada veu més difícil la possibilitat de mantenir el seu contracte: no hi ha habitatge, no hi ha treball. I, si és el cas, tampoc atur per a poder continuar estudiant sense tirar dels seus estalvis el curs que ve.

La crisi habitacional s’ha convertit en els darrers anys en una de les principals amenaces per al funcionament del sector turístic balear. Trobar un sostre o un lloc de residència a preus assequibles és la primera dificultat amb què es troben els treballadors i també els empresaris per mantenir les plantilles any rere any de cara a la temporada, cosa que també afecta la qualitat del servei. No és cap novetat. “És un problema general que a l’arxipèlag s’agreuja per la limitació del territori”, observa Maria Costa, presidenta de la Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera. La problemàtica –continua– està enquistada des de fa temps. Tant, que els hotelers han après a conviure-hi temporada rere temporada “amb esforç i seny”.

Aquest escenari ha obligat el sector a improvisar solucions per mantenir el seu personal que van des de l’oferta d’habitacions a canvi que els empleats treballin part dels seus dies lliures, descomptes en nòmina a canvi d’un habitatge o el lloguer de llits en habitacions compartides (dins de pisos compartits també), pels quals la cadena hotelera que va contractar Roberto cobra uns 480 euros mensuals.

La cadena que va contractar a Roberto lloga llits en una habitació compartida per uns 480 euros mensuals

L’empresa disposa de diversos pisos destinats a aquest fi entre els municipis més propers a la ubicació de l’hotel de cinc estrelles, Santa Eulària i Sant Joan. Tot i això, de moment, des del departament de Recursos Humans, amb el qual s’ha posat en contacte en les darreres setmanes, no li han ofert cap solució, i menys encara una que inclogui també la seva parella. “Els he explicat la situació, però diuen que no em poden ajudar”, lamenta Roberto. Mentrestant, hauria de continuar pagant el seu lloguer a Madrid (la meitat de 850 euros més despeses) on és gairebé tan difícil aconseguir un habitatge com a l'illa. Encara que volgués, no li donarien els comptes.

Un altre dels empleats d’aquest hotel de Portinatx explica que encara estan a l’espera d’incorporar més personal i que, per ara, no poden concretar com s’organitzarà l’allotjament enguany. Sí que recorda que en temporades anteriors l’establiment disposava d’apartaments destinats a personal en pràctiques —majoritàriament, alumnes d’escoles turístiques suïsses—, però desconeix el nombre exacte de places disponibles. ElDiario.es ha intentat posar-se en contacte en dues ocasions amb l’empresa a través de correu electrònic, sense obtenir cap mena de resposta per part seva.

Habitacions gratuïtes dins de l’hotel

El Parador d’Eivissa, que ha obert aquest mes les seves portes al públic, ho ha fet amb 25 de les 66 habitacions de què disposa en total no disponibles. Les estances s’han destinat als treballadors de l’establiment, una mesura que la secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ja va assenyalar en la presentació que es contemplava “des del primer moment” en què es va posar en marxa el parador, el “vaixell insígnia” de la cadena hotelera estatal, ubicat a Dalt Vila, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

La mateixa mesura s’adopta a l’aparthotel de quatre estrelles de Cala de Bou (Sant Josep), on en Tomeu, de 26 anys, ha treballat com a recepcionista les darreres sis temporades i que forma part d’una cadena amb presència en altres punts turístics d’Espanya com Madrid, València o Maspalomas. L’allotjament per als empleats és gratuït en la majoria dels casos. En alguns casos sí que es descomptava una part de la nòmina per cobrir aquesta despesa, però no era l’habitual. Aquesta fórmula permetia a molts cambrers, vigilants i personal de recepció, entre d’altres, afrontar la temporada turística sense el pes afegit del lloguer i amb la capacitat d’estalvi que havia atret, fins al moment en què les rendes van començar a arribar a preus inassumibles, els treballadors temporals a Eivissa.

A l’altra punta de la badia de Portmany, hi ha un dels hotels més grans de Sant Antoni, situat davant del mític monument de l’ou en honor a Cristòfor Colom, a l’entrada de la localitat. El gairebé mastodòntic complex turístic es va fer famós, fa aproximadament una dècada, per ser —o això es deia— un dels llocs on s’havia originat el famós i terrorífic balconing. El seu públic majoritari, igual que a la majoria d’allotjaments de Sant Antoni, és el turisme jove britànic.

Per captar personal (ara mateix cerquen dos recepcionistes), la cadena ofereix habitacions. L’acord consisteix a renunciar a part dels dos dies lliures establerts pel conveni d’Hostaleria, tot i que, en funció de les necessitats de l’empresa, s’ofereixen de manera gratuïta. El perfil que busquen per a determinats llocs, a més, és el d’un treballador mitjanament qualificat, amb coneixement d’idiomes —com a mínim, anglès— i certa experiència de cara al públic.

En un hotel en la badia de Portmany ofereixen habitacions per a treballadors a canvi de renunciar a part dels dos dies lliures

Els empleats que resideixen a l’hotel compten també amb manutenció completa, cosa que, segons expliquen des del sector, facilita un cert estalvi i contribueix a retenir plantilla en un context marcat per la manca d’habitatge i la dificultat per cobrir llocs durant la temporada alta.

En un altre allotjament turístic al cor del mateix poble, destí del turisme de borratxera per excel·lència a Eivissa, Maria —una treballadora que prefereix no donar el seu nom real— detalla que no se sol oferir habitatge, però la situació, afegeix, depèn de la trajectòria professional dins l’empresa. Hi ha treballadors fixos als quals se’ls ajuda, amb preus assequibles. Un d’ells explica a elDiario.es que, en un moment determinat de la seva vida, quan va necessitar un habitatge, li van llogar una habitació per la qual pagava 500 euros mensuals, tot i que no és la tònica habitual per a tots els empleats que necessiten aquest recurs. Tampoc és el cas dels extres, molts provinents del Regne Unit.

L’efecte de la lluita contra l’intrusisme

La presidenta de la Federació Hotelera situa el problema de l’habitatge per a treballadors en un pla estructural que va més enllà del mateix sector turístic. Tot i que reconeix que molts establiments fa anys que ofereixen allotjament als seus empleats “en la mesura que poden”, insisteix que no es tracta d’una responsabilitat —la de proporcionar habitatge als treballadors— que hagi de recaure exclusivament sobre els hotels.

Des de la Federació defensen que el sector ja fa esforços sostinguts en el temps, però adverteixen que aquests tenen un límit. “No és la nostra obligació, però sí que intentam facilitar habitacions o solucions habitacionals sempre que és possible”, assenyala Costa. En la seva opinió, el repte passa per trobar un equilibri entre garantir recursos per als treballadors i mantenir la capacitat operativa dels establiments, cosa clau per poder oferir els serveis que demana la temporada turística.

No és la nostra obligació, però sí que tractem de facilitar habitacions o solucions residencials sempre que és possible

Maria Costa — Presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera

La dirigent hotelera confia que les mesures impulsades des de les institucions comencin a tenir efecte. Apunta, en concret, a la lluita del Consell contra el lloguer turístic il·legal com una de les vies que podrien contribuir a alleujar la tensió sobre l’habitatge. “Confiem que a poc a poc això permeti que l’accés sigui més assequible”, sosté, alhora que defensa, de moment, una actuació coordinada entre administracions i sector privat.

D’altra banda, subratlla que no totes les empreses parteixen de la mateixa situació. Mentre les grans cadenes hoteleres compten amb més recursos i marge de maniobra per facilitar allotjament a les seves plantilles, els petits establiments, com hostals o pimes, disposen de menys eines per fer-ho, tot i que també gestionen equips més reduïts i menys especialitzats. “No tindran tants recursos per garantir l’accés a l’habitatge als seus possibles treballadors, però tampoc plantilles tan grans”, assenyala Costa.

Una Setmana Santa molt primerenca, juntament amb l’escenari bèl·lic a l’Orient Mitjà, preocupen aquesta primavera els empresaris pitiüsos. De fet, el sector es prepara per afrontar l’encariment del combustible i no descarten que aquest augment acabi repercutint en el preu final dels productes i serveis que consumeixen els turistes. Les patronals segueixen ara amb atenció l’evolució del context internacional i adverteixen que l’impacte real sobre la temporada turística dependrà, sobretot, de la durada del conflicte, que de moment resulta impossible de preveure.

Per al període festiu obriran les seves portes al voltant de 170 allotjaments turístics, entre hotels, apartaments turístics amb llicència i agroturismes. Després aniran obrint progressivament fins a les primeres setmanes de maig, quan es preveu que ja estiguin tots en funcionament. Quant als treballadors, cada companyia fa l'estimació dels quals necessita per a donar un bon servei, tenint en compte les seves característiques i la quantitat de reserves realitzades o que estimen fer. Roberto, de moment, ha decidit que no tornarà a la seva rutina a l'hotel: “Estic allargant el màxim per a tornar a contactar amb ells, però, si no m'ofereixen una solució, no puc tornar”.

Roberto (nombre ficticio para este reportaje a petición propia) no pensaba la temporada pasada, cuando se marchó de Eivissa para volver a Madrid, su ciudad, que el próximo verano no iba a poder volver. Tras dos años residiendo en la isla decidió trasladarse de nuevo a la capital para profesionalizarse en su sector, el de la carpintería, con un grado de Formación Profesional (FP). Una formación, además, complementaria para el puesto de trabajo que llevaba desempeñando desde marzo de 2025 en uno de los hoteles más lujosos de la pitiusa. 

Tras firmar un contrato de fijo indefinido, en octubre se marchó para emprender su formación académica, dejando el piso de alquiler de Sant Antoni en el que vivía y con el plan de residir, al año siguiente, en un domicilio familiar de su pareja con el que finalmente no puede contar. Tras ponerse en contacto con el hotel, cada vez ve más difícil la posibilidad de mantener su contrato: no hay vivienda, no hay trabajo. Y, en su caso, tampoco paro para poder seguir estudiando sin tirar de sus ahorros el curso que viene.

La crisis habitacional se ha convertido en los últimos años en una de las principales amenazas para el funcionamiento del sector turístico balear. Encontrar un techo o un lugar de residencia a precios asequibles es la primera dificultad con la que los trabajadores y también para los empresarios para mantener plantillas año tras año de cara a la temporada, lo que afecta también a la calidad del servicio. No es ninguna novedad. “Es un problema general que en el archipiélago se agrava por la limitación del territorio”, observa Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera. La problemática –continúa– está enquistada desde hace tiempo. Tanto, que los hoteleros han aprendido a lidiar con ella temporada tras temporada “con esfuerzo y cabeza”.

Este escenario ha obligado al sector a improvisar soluciones para mantener su personal que van desde el ofrecimiento de habitaciones a cambio de que los empleados trabajen parte de sus días libres, descuentos en nómina a cambio de una vivienda o el alquiler de camas en habitaciones compartidas (dentro de pisos compartidos también) por las que la cadena hotelera que contrató a Roberto cobra unos 480 euros mensuales. 

La cadena que contrató a Roberto alquila camas en una habitación compartida por unos 480 euros mensuales

La empresa dispone de varios pisos destinados a este fin entre los municipios más cercanos a la ubicación del hotel de cinco estrellas, Santa Eulària y Sant Joan. Aunque, de momento, desde el departamento de Recursos Humanos, con el que se ha puesto en contacto en las últimas semanas, no le han ofrecido ninguna solución, menos, una que incluya también a su pareja. “Les he explicado la situación, pero dicen que no me pueden ayudar”, lamenta Roberto. Mientras tanto, tendría que seguir pagando su alquiler en Madrid (la mitad de 850 euros más gastos) , donde es casi tan difícil conseguir una vivienda como en la isla. Aunque quisiera, no le darían las cuentas.

Otro de los empleados de este hotel de Portinatx explica que todavía están a la espera de incorporar a más personal y que, por ahora, no pueden concretar cómo se organizará el alojamiento este año. Sí recuerda que en temporadas anteriores el establecimiento disponía de apartamentos destinados a personal en prácticas –mayoritariamente, alumnos de escuelas turísticas suizas–, pero desconoce el número exacto de plazas disponibles. ElDiario.es se ha intentado poner en contacto en dos ocasiones con la empresa a través de correo electrónico, sin obtener ningún tipo de respuesta por su parte.

Habitaciones gratuitas dentro del hotel

El Parador de Ibiza, que ha abierto este mes sus puertas al público, lo ha hecho con 25 de las 66 habitaciones de las que dispone en total no disponibles. Las estancias se han destinado a los trabajadores del establecimiento, una medida que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ya señaló en la presentación que se contemplaba “desde el primer momento” en que se puso en marcha el parador, el “buque insignia” de la cadena hotelera estatal, ubicado en Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La misma medida se adopta en el aparthotel de cuatro estrellas de Cala de Bou (Sant Josep) donde Tomeu, de 26 años, ha trabajado como recepcionista las últimas seis temporadas y que es parte de una cadena con presencia en otros puntos turísticos de España como Madrid, Valencia o Maspalomas. El alojamiento para empleados es gratuito en la mayoría de los casos. En algunos sí se descuenta una parte de la nómina para cubrir este gasto, pero no era lo habitual. Esta fórmula permite a muchos camareros, vigilantes y personal de recepción, entre otros, asumir la temporada turística sin el peso añadido del alquiler y con la capacidad de ahorro que había atraído, hasta el momento en que las rentas empezaron a rozar precios inasumibles, a los temporeros a Eivissa. 

En la otra punta de la bahía de Portmany, en uno de los hoteles más grandes de Sant Antoni, ubicado frente al mítico monumento del huevo en honor a Cristóbal Colón, trabaja Marta –persona que tampoco quiere identificarse– como administrativa. El casi mastodóntico complejo turístico cogió fama, hace alrededor de una década, por tratarse –o esa voz se corrió– de uno de los lugares donde se había originado el famoso y terrorífico balconing. Su público mayoritario, al igual que en la mayoría de hospedajes de Sant Antoni, es el turismo joven británico. 

Para captar plantilla (ahora mismo buscan dos recepcionistas) la cadena ofrece habitaciones. El trato es renunciar a parte de los dos días libres establecidos por el convenio de Hostelería, aunque en función de la necesidad de la empresa, se ofrecen de manera gratuita. El perfil que persiguen para ciertos puestos, además, es el de un trabajador medianamente cualificado, con conocimiento de idiomas –como mínimo, inglés– y cierta experiencia de cara al público.

En un hotel en la bahía de Portmany ofrecen habitaciones para trabajadores a cambio de renunciar a parte de los dos días libres

Los empleados que residen en el hotel cuentan también con manutención completa, lo que, según explican desde el sector, facilita cierto ahorro y contribuye a retener plantilla en un contexto marcado por la falta de vivienda y la dificultad para cubrir puestos durante la temporada alta.

En otro alojamiento turístico en el corazón del mismo pueblo, destino del turismo de borrachera por excelencia en Eivissa, Maria –una trabajadora que prefiere no dar su nombre real– detalla que no se suele dar vivienda, pero la situación, añade, depende de la trayectoria profesional dentro de la empresa. Hay a fijos a los que se les ayuda, con precios asequibles. Uno de ellos explica a elDiario.es que, en un punto determinado de su vida, cuando necesitó una vivienda, le alquilaron una habitación por la que pagaba 500 euros mensuales, aunque no es la tónica habitual para todos los empleados que necesiten este recurso. Tampoco es el caso de los extras, muchos provenientes de Reino Unido. 

El efecto de la lucha contra el intrusismo

La presidenta de la Federación Hotelera sitúa el problema de la vivienda para trabajadores en un plano estructural que va más allá del propio sector turístico. Aunque reconoce que muchos establecimientos llevan años ofreciendo casa a sus empleados “en la medida en que pueden”, insiste en que no se trata de una responsabilidad [la de proporcionar alojamiento a los empleados] que deba recaer exclusivamente sobre los hoteles. 

Desde la Federación defienden que el sector ya viene haciendo esfuerzos sostenidos en el tiempo, pero advierten de que estos tienen un límite. “No es nuestra obligación, pero sí tratamos de facilitar habitaciones o soluciones habitacionales siempre que es posible”, señala Costa. En su opinión, el reto pasa por encontrar un equilibrio entre garantizar recursos para los trabajadores y mantener la capacidad operativa de los establecimientos, algo clave para poder ofrecer los servicios que demanda la temporada turística.

No es nuestra obligación, pero sí tratamos de facilitar habitaciones o soluciones habitacionales siempre que es posible

Maria Costa — Presidenta de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera

La dirigente hotelera confía en que las medidas impulsadas desde las instituciones empiecen a tener efecto. Apunta, en concreto, a la lucha del Consell contra el alquiler turístico ilegal como una de las vías que podrían contribuir a aliviar la tensión sobre la vivienda. “Confiamos en que poco a poco eso permita que el acceso sea más asequible”, sostiene, al tiempo que defiende, por ahora, una actuación coordinada entre administraciones y sector privado.

Por otro lado, subraya que no todas las empresas parten de la misma situación. Mientras las grandes cadenas hoteleras cuentan con más recursos y margen de maniobra para facilitar alojamiento a sus plantillas, los pequeños establecimientos, como hostales o pymes, disponen de menos herramientas para hacerlo, aunque también manejan equipos más reducidos y menos especializados. “No tendrán tantos recursos para garantizar el acceso a la vivienda a sus posibles trabajadores, pero tampoco plantillas tan grandes”, señala Costa.

Una Semana Santa muy prematura, junto al escenario bélico en Oriente Medio, preocupan esta primavera a los empresarios pitiusos. De hecho, el sector se prepara para afrontar el encarecimiento del combustible y no descartan que este aumento termine repercutiendo en el precio final de los productos y servicios que consumen los turistas. Las patronales siguen ahora con atención la evolución del contexto internacional y advierten de que el impacto real sobre la temporada turística dependerá, sobre todo, de la duración del conflicto, que por el momento resulta imposible de prever.

Para el periodo festivo abrirán sus puertas alrededor de 170 alojamientos turísticos, entre hoteles, apartamentos turísticos con licencia y agroturismos. Luego irán abriendo progresivamente hasta las primeras semanas de mayo, cuando se prevé que ya estén todos en funcionamiento. En cuanto a los trabajadores, cada compañía hace la estimación de los que necesita para dar un buen servicio, teniendo en cuenta sus características y la cantidad de reservas realizadas o que estiman hacer. Roberto, de momento, ha decidido que no volverá a su rutina en el hotel: “Estoy alargando lo máximo para volver a contactar con ellos, pero, si no me ofrecen una solución, no puedo volver”.

Un hombre ha perdido la vida este martes al sufrir una descarga eléctrica cuando trabajaba dentro de una arqueta -pequeña cámara subterránea- en O Grove (Pontevedra). Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, alrededor de las 15.30 horas el hombre se encontraba trabajando en una arqueta en la carretera que comunica A Lanzada con San Vicente, cuando sufrió una descarga eléctrica.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela y Emerxencias do Grove. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por reanimarlo, no pudieron hacer nada por el hombre, que perdió la vida.