Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hubo un tiempo en que Cataluña era un territorio libre de ultraderecha. Mientras la ola reaccionaria global ganaba espacio en España (que durante décadas también fue la excepción europea en materia de ultraderecha, pero esa es otra historia), Cataluña se presentaba como un dique, al igual que las demás comunidades históricas: Euskadi, Navarra y Galicia, donde el auge ultra no calaba.

Ya sé, ya sé, no se me pongan nerviosos lo del fondo: hay quien piensa que las posiciones reaccionarias anidaban ya dentro del nacionalismo catalán, de la misma forma que la extrema derecha española vivía cómoda en el seno del PP, pero no me estropeen el argumento. Lo cierto es que por un tiempo vivimos la ilusión de que Cataluña se mantenía al margen de la derechización general, por sus propias peculiaridades.

La ilusión duró poco: en las Catalanas de 2021 ya entró Vox en el Parlament, aunque es cierto que con menos ímpetu que en otras zonas, y a costa del PP y de los restos de Ciudadanos. De la misma forma, en las generales de 2019 y 2023 la extrema derecha sumó menos diputados en las provincias catalanas que en otras regiones, por lo que todavía se prolongaba la ilusión de que los catalanes resistían los cantos de sirena del populismo reaccionario, como un residuo de aquel mitificado “oasis catalán”.

Pues si no querías ultraderecha, dos tazas: según el último barómetro del CEO (el llamado CIS catalán), los ultras crecen en Cataluña por partida doble: lo hace Vox, por encima del cada vez más derechizado PP, y sobre todo Aliança Catalana, a costa del también cada vez más derechizado Junts. Entre las dos ultraderechas suman un 30%, muy por encima del peso ultra en cualquier otro parlamento en España. Que ya sé que hay quien piensa que no se pueden sumar así, que son muy diferentes y radicalmente incompatibles (en el eje identitario, españolistas unos y catalanistas los otros, y también en algunos temas de agenda social); pero en su esencia ultra, esto es, en lo que tienen de xenófobos y autoritarios, representan la misma pulsión populista reaccionaria.

El rápido ascenso de la ultraderecha independentista catalana es uno de los fenómenos más sorprendentes y desconcertantes de la política reciente, al menos para mí. No es que yo participase de aquel espejismo de una Cataluña incompatible con el fascismo, pero me impacta cómo la misma receta ultra que en cada país europeo ha encontrado su versión local, en Cataluña ha cuajado en dos platos tan diferentes y a la vez tan similares, confluyentes, simétricos y espejo el uno del otro en sus planteamientos ultranacionalistas.

Los politólogos tendrán sus explicaciones al fenómeno: algunos lo vinculan a aquel Procés que alteró radicalmente la política catalana (y de paso la española), otros al aumento de la desigualdad social y el deterioro de lo público, a la polarización política, a la frustración independentista, o al fermento identitario que siempre hubo en parte del nacionalismo catalán. Los mismos politólogos, por cierto, que hoy explican con argumentos muy convincentes la excepción vasca: que en Euskadi no haya ultraderecha, que Vox sea residual y no haya surgido un equivalente vasco a Aliança Catalana. Veremos si no acaba siendo otra ilusión.

Una sudadera, un pantalón y una camiseta con la palabra Dmocracia en el pecho han desatado la polémica. Medios de comunicación, miles de usuarios de redes sociales y perfiles de ultraderecha como Alvise Pérez han salido en tromba en los últimos días a criticar al Gobierno por haber “lanzado” una colección de moda y haberse gastado en ella “millones de euros”. “El Gobierno crea su propia marca de ropa”, apuntaban. Los mensajes en X, TikTok o Instagram reprodujeron el bulo con rapidez, señalando al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “despilfarrar” el dinero público en ropa y a influencers como Marina Rivers por participar en la iniciativa.

La realidad detrás de Dmocracia es otra: se trata de una campaña de comunicación que usa los códigos de la moda “para acercar la democracia” a los jóvenes y que ha puesto en marcha el Comisionado por los 50 años de España en Libertad como parte del programa de talleres, actividades y eventos que desarrolla desde el año pasado para conmemorar el medio siglo desde la muerte del dictador Francisco Franco. La campaña fue lanzada hace tres semanas, pero ha sido esta cuando ha estallado el aluvión de críticas.

La campaña ha sido grabada en el Congreso de los Diputados y muestra a varias personas vistiendo las prendas. “Cuando te vistes, te posicionas. Las prendas que eliges cada mañana en tu armario también hablan de quién eres, de lo que piensas y de lo que defiendes”, reza la iniciativa, que en su vídeo promocional deja claro que se trata de una “colección cápsula” diseñada por el director creativo Bnomio.

“Aunque utiliza el mismo lenguaje que una marca de ropa, no lo es”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que aseguran que las prendas “no están a la venta” y que se ha producido “un número limitado de unidades”, que se usarán a lo largo del año en eventos y actos. Algunas se han sorteado también a través de redes sociales. Según cuantifica el Gobierno, en tres semanas la campaña ha alcanzado 4,2 millones de visualizaciones solo en las redes del Comisionado, llegando a “más de 600.000 personas”, el 75% menores de 35 años.

Tampoco esta supuesta marca de ropa ha costado “14 millones de euros”, como se ha afirmado. Este es el presupuesto total que la iniciativa tiene durante este ejercicio, pero las mismas fuentes aseguran que la campaña “no excederá” de los 380.000 euros. El desglose es el siguiente: la producción —con conceptos como el diseño o la producción de las prendas— ha alcanzado los 185.215 euros; a ello hay que sumarle el trabajo de los creadores de contenido que han participado y seguirán haciéndolo, puesto que la campaña “no está cerrada”. El Gobierno cuenta con 32 influencers “para difundir el mensaje” y cifra en 193.900 euros el “coste máximo” de este concepto.

Entre estas creadoras de contenido está Marina Rivers, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, y que ha utilizado esta red social para responder a los ataques. El eurodiputado y fundador de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, comentó sobre la influencer: “Que mi clon en mujer sea tan sumamente subnormal me avergüenza. Por favor, no me relacionen con esto”, en referencia a que hay quienes en redes comparan físicamente a ambas figuras. Otros mensajes la califican de “socialista” que “ya recibe miles de euros públicos a través de RTVE”.

Rivers ha lamentado en un vídeo que “hasta representantes políticos se crean en libertad de insultarme” y ha defendido “la libertad de criticar un presupuesto público” pero al mismo tiempo ha apuntado a la “demagogia” de los mensajes que apelan a que el dinero gastado podría “haberse usado para los niños con cáncer”, la sanidad o la educación. “No sé si a alguien le sorprende, pero yo estoy a favor de la democracia”, ha justificado sobre su trabajo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha explicado que la campaña no ha implicado pago publicitario a las plataformas de Meta o TikTok y que tiene “un coste que se encuentra muy por debajo del 50% de la media de las campañas institucionales de los últimos años”. La estrategia de difusión busca que el relato “sea transmitido por personas relevantes” para la generación 'Z' y los perfiles “han sido elegidos por su relevancia en moda y lifestyle, pero también por su capacidad para transmitir los valores del proyecto”.

El hecho de que haya sido grabada en el Congreso de los Diputados también ha despertado críticas. Algo que “ha sido aprobado por la Mesa” de la Cámara Baja, afirman las mismas fuentes. El Gobierno considera que la moda es uno de “los lenguajes que la ciudadanía joven entiende de manera más directa” y por eso ha querido utilizarlo en este caso: “Es indiscutiblemente un elemento más de la comunicación política y valores de hoy en día”.

La madrugada del 9 de julio de 2025 un hombre salió muy temprano a andar por su pueblo, Torre Pacheco, en Murcia, cuando tres hombres se le acercaron y uno de ellos le agredió y dejó tirado en el suelo. Al día siguiente, la ultraderecha de toda España pondría el foco en aquel pueblo, y durante las tres noches siguientes, se vivieron escenas de altercados, violencia, hostigamiento, y asaltos a viviendas y comercios por parte de grupos de ultraderecha que, desde varios puntos de España, acudieron a la llamada para “cazar inmigrantes”. Era el brote racista más grave que había vivido España en 25 años, y nunca estuvimos tan cerca del precipicio.

Con Elisa Almagro, periodista de elDiario.es en la Región de Murcia, que ha vuelto a Torre Pacheco un año después de estos hechos, hacemos un balance de la situación social y de las consecuencias judiciales para algunos de los protagonistas de este grave estallido de violencia xenófoba. Con Oriol Solè, periodista de elDiario.es en Catalunya, actualizamos el estado en el que se encuentra la situación judicial de uno de los principales instigadores de estas campañas de linchamiento.

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión económica y social. En este sentido, la líder nacionalista ha enmarcado esta propuesta en una “deriva ultra y reaccionaria” y ha acusado a los 'populares' de “cuestionar el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo”.

Según Europa Press, a preguntas de los medios este martes en Santiago, Pontón ha insistido en que la prioridad debería ser “tomar medidas eficaces” para poder solucionar “el problema de la vivienda” y para facilitar la conciliación.

“Si quieren realmente ayudar a las familias deberían ponerle freno al problema que está habiendo en materia de vivienda. Tenemos un Gobierno de la Xunta, del Partido Popular, que en esta materia, lo único que hace es propaganda y publicidad, pero hechos muy pocos”, ha subrayado.

La líder del BNG también ha puesto el foco en los “problemas” para acceder a plazas públicas en escuelas infantiles. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber devuelto 22 millones de euros al Gobierno central destinados a la construcción de estos centros por “no querer hacerlas públicas”.

Asimismo, ha advertido de que “estas medidas regresivas no las inventó Ayuso”, sino que Feijóo “ya las aplicó en Galicia”. Con todo, ha asegurado que el PP “no gobierna pensando ni en las familias ni en la infancia” y lo que quiere es “volver para atrás”.

Un óvulo, con “más derechos que los pacientes”

La propuesta de ley se coló este martes en el pleno del Parlamento de Galicia. “Están por darle más derchos a un óvulo fecundado que aos pacientes”. Con esa frase, el diputado socialista Julio Torrado resumió la gestión sanitaria del PP durante los 17 años de gobiernos de Feijóo y Alfonso Rueda.

El debate se centraba en la modificación de la ley de medidas extraordinarias de 2022 detinada a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Torrado consideró la propuesta de los populares un intento de “parchear mal lo que destrozaron” ya que la sanidad gallega no llegó “por casualidad” a la actual situación “de crisis”, sino que es “fruto de una década de recortes” que el PP “aplaudía”.

El diputado socialista criticó que la “gran solución” de la Xunta sea la extensión de una ley que ya hace cuatro años se tramitó de urgencia y, ahora, “superados e incapaces de resolverlo”, vuelven a hacerlo “para que nadie pueda opinar mucho más allá”. O deputado do PSdeG criticou que a “gran solución” do PP sexa “a extensión dunha lei de 2022 que, por certo, xa se tramitou de urxencia daquela”. Torrado cerró con una recomendación al conselleiro de Sanidada, Antonio Gómez Caamaño: “Innoven e inviertan que, si no, me temo que la siguiente plaza de difícil cobertura va a ser la suya”.

Alternativa para Alemania (AfD) se encuentra en su mejor momento histórico. Las encuestas otorgan a la formación ultra el primer lugar no solo en varias regiones del este del país, donde supera el 40%, sino a nivel federal. La ultraderecha nunca estuvo más cerca que hoy de volver a gobernar, más de 80 años después del fin del nacionalsocialismo. En ese contexto, su decisión estratégica es radicalizarse. De hecho, la elección de celebrar el congreso del partido el pasado fin de semana en Turingia es prueba de ello, pues la fecha coincide justamente con el centenario del cónclave del partido nazi, cuando Adolf Hitler diera la primera señal pública de su camino a la toma del poder.

“Fuera de este salón están los perdedores de la historia. Aquí dentro están reunidos los vencedores”. La frase pertenece al anfitrión de este fin de semana, el líder de AfD en Turingia y el referente más importante del ala radical del partido, Björn Höcke. Los delegados recibieron con aplausos su mensaje. Representaba fielmente el clima de euforia que vive un partido que ya no oculta su conexión ideológica con el pasado antidemocrático de Alemania.

El escenario es el mensaje

El 4 de julio de 1926, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) celebraba el primer congreso tras su refundación después de haber sido prohibido por el golpe fallido de Múnich tres años antes. Hitler había optado por Turingia debido a las restricciones que todavía estaban vigentes en Baviera y otras regiones del país. Aquel día surgieron ciertos elementos fundamentales para la liturgia del nazismo: se oficializaron las juventudes hitlerianas, se entregó la bandera manchada de sangre (blutfahne), reliquia nazi que se utilizaba para consagrar las banderas de las SA y las SS; y se mostró por primera vez de forma masiva y espectacularizada el saludo hitleriano con el brazo derecho levantado.

Cuatro años más tarde, el partido de Hitler llegó al poder en esa misma región y la transformó en una suerte de laboratorio político para los nazis. Utilizando vías institucionales y legales, el representante del NSDAP purgó la policía, quitando a todo simpatizante de la República, creó la cátedra de “investigación racial” en la Universidad de Jena y hasta introdujo mensajes doctrinarios en las escuelas sobre la ideología nacionalsocialista. Fue el primer paso de la normalización de un partido extremista que poco tiempo después tomaría el poder a nivel federal.

Björn Höcke es profesor de Historia. Sabe perfectamente que la elección de la fecha será leída como una provocación, de hecho, esa es su intención. El líder de AfD en Turingia nunca ha abandonado su objetivo de reivindicar el pasado del país. Detesta lo que él define como “el culto de la culpa”, un concepto que considera vergonzante y antinacionalista. Alemania no tendría por qué avergonzarse: al contrario, debería estar orgullosa de su identidad. Esa vergüenza histórica es atribuida a la “gigantesca catástrofe educativa” que ha vivido el país, según evalúa Höcke. Tanto es así que en el congreso expresó: “No les han permitido desarrollar una identidad saludable. Son los heridos del alma […] y esa es nuestra tarea en AfD: restablecer la normalidad, sanarlos. En el fondo, somos los psicólogos”.

La cohesión social no existe en el diccionario de AfD. Lo que sí es importante, en cambio, es fomentar el miedo al diferente. En consonancia con su ideología de derecha radical, este partido sostiene que una sociedad sana es una sociedad homogénea

La retórica de Höcke siempre se ha caracterizado por sus aires refundacionales y revisionistas. Ese es el andamiaje ideológico que sostiene sus intervenciones públicas. En su discurso de apertura del congreso expresó varias de sus propuestas para “curar” a la nación. Acusó a los partidos tradicionales de financiar con millones de euros iniciativas y proyectos que promueven una sociedad “colorida”, pero cuyo resultado ha sido la erosión de la identidad alemana. Desde su punto de vista, el Estado debería ser neutral en términos ideológicos, ni de izquierdas ni de derechas, lo que deriva en su promesa más importante: “Desconectar el enchufe fiscal”.

Alice Weidel, reelegida como jefa del partido, anunció lo mismo, pero incorporando la narrativa trumpista: “Secaremos el pantano de las ONG y eliminaremos todos los gastos para proyectos absurdos”. Ambos se refieren a los mismos actores: organizaciones de protección de la Constitución, fundaciones democráticas, proyectos interculturales, iniciativas ambientales, cualquier espacio que trabaje con sectores vulnerables o defienda el Estado de derecho. Su estrategia es demonizarlos y convertirlos en enemigos de la patria, en nombre de un país que, en su propia definición, es solo para los “nativos”.

Sin embargo, la cohesión social no existe en el diccionario de AfD. Lo que sí es importante, en cambio, es fomentar el miedo al diferente. En consonancia con su ideología de derecha radical, este partido sostiene que una sociedad sana es una sociedad homogénea. De allí derivan las ideas xenófobas que circulan a gran velocidad y con un enorme poder de penetración. Narrativas como la teoría conspirativa del 'gran reemplazo' han jugado un rol fundamental. El propio Höcke, en el congreso del fin de semana, subrayó: “Un aspecto central de la dignidad humana inalienable es el derecho a la patria, y la patria se pierde no solo por la huida y la expulsión, sino también al convertirse en una minoría en el propio país”.

El proceso radicalizante

El devenir del congreso fue acorde con el tono y el contenido de los discursos de sus principales oradores. En el orden del día aparecía un punto que llamó la atención: retirar la lista de incompatibilidades para ser miembro del partido. Se trata de un límite que AfD ha introducido para evitar que afiliados a ciertas organizaciones puedan ser admitidos. En un principio fue una frontera formal de exclusión para evitar la llegada de simpatizantes de la extrema derecha o incluso neonazis. En la actualidad, esa lista se ha convertido en un mecanismo incómodo para los más radicales, ya que sus aliados naturales pertenecen a ese sector.

Pese a todo, Weidel logró evitar que el tema se discutiese al prometer que el partido se ocupará de elaborar una nueva lista actualizada que no obedezca los cánones de la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental. Este organismo se ocupa de identificar, investigar, vigilar y advertir sobre cualquier amenaza contra el orden democrático en Alemania. En efecto, AfD es objeto de observación a causa de las mencionadas conexiones y algunas de sus reivindicaciones que ponen en cuestión artículos de la Carta Magna como por ejemplo el primero: “La dignidad humana es intocable”.

Höcke es el nuevo jefe en las sombras y con ello perece el sector burgués y neoliberal de los miembros del oeste del país. El centro de gravedad del partido se ha desplazado definitivamente a los territorios de la vieja RDA

Las deportaciones masivas de “no nativos” (incluso de forma retroactiva, como llegó a plantear Höcke recientemente en un pódcast) representan uno de los ejes fundamentales de la agenda ultraderechista. De hecho, uno de los oradores lo expresó sin rodeos: “La remigración no es negociable”. Otro la presentó como una política pública que supuestamente aliviaría la escasez de vivienda, una maniobra discursiva recurrente de la derecha radical: blanquear una consigna xenófoba y radical apelando a un problema doméstico sin evidencia alguna.

A lo anterior se le suma una resolución llamada “quedarse en lugar de irse”, que apunta a incentivar el regreso de alemanes que emigraron, según interpretaron los delegados de AfD. Resulta interesante que para evitar cualquier connotación positiva de la palabra inmigración se votó un cambio en el nombre de la propuesta que pasó de hablar de “Alemania como país de inmigración para emigrados alemanes” a “Alemania, un país para el retorno”.

Los aliados de Höcke, en puestos clave

Los congresos de AfD han estado históricamente marcados por haberse convertido en una arena de disputa por el poder interno. Sus facciones no han dudado en enfrentarse, exponiendo al contrincante e iniciando procesos sancionadores y hasta de expulsión. Varios exjefes del partido pueden dar fe de haber vivido la inescrupulosa ira de sus correligionarios.

En julio de 2026, por el contrario, las peleas han brillado por su ausencia. Todo ha funcionado de forma más armónica y los cambios, que no han sido menores, han fluido sin desorden. Si bien el dúo que lidera el partido, formado por Alice Weidel y Tino Chrupalla, ha sido reelegido sin contracandidaturas, el resto de la cúpula del partido ha visto modificada su fisonomía. Los aliados más cercanos y fieles a la línea radical de Björn Höcke ocupan ahora puestos clave, como el de vicepresidente o el de tesorero, además de otras sillas de la mesa directiva. Höcke es el nuevo jefe en las sombras y con ello perece el sector burgués y neoliberal de los miembros del oeste del país. El centro de gravedad del partido se ha desplazado definitivamente a los territorios de la vieja RDA. Allí donde AfD es el partido más fuerte con distancia.

Es posible que el clima pacífico se haya visto reforzado por la narrativa que fue un denominador común durante las jornadas: el victimismo. Las protestas fuera del salón en el que se celebró el congreso fueron multitudinarias. Estuvieron marcadas por la presencia de dos corrientes: Zusammenstehen (permanecer unidos) y Widersetzen (resistir). Mientras que la primera promovía la movilización ciudadana masiva, incluyendo a los partidos, las iglesias y los sindicatos, enfocada en festivales democráticos; la segunda giraba en torno al bloqueo activo para impedir la realización del congreso en sí. Esta última se compone del sector de acción antifascista propiamente dicho.

La motivación de los manifestantes era única: hay que hacer algo antes de que AfD llegue al poder. Sin embargo, los sondeos son contundentes: es una cuestión de tiempo. ¿O acaso es una tendencia reversible?

¿AfD al poder?

Si mañana hubiese elecciones en Sajonia-Anhalt, AfD estaría a tres escaños de la mayoría absoluta. En otras regiones del este necesitaría entre cinco y ocho para conseguirlo. La intención de voto supera ampliamente el tercio del electorado y en algunos casos ha roto la barrera del 40%. En otras palabras, la posibilidad de un gobierno ultraderechista en Alemania no es imposible en absoluto.

Sus oportunidades de llegar al poder no se agotan allí. Por el contrario, en los últimos meses han crecido, incluso más que la intención de voto: otro partido ha decidido aflojar el cordón sanitario, o como se lo conoce en Alemania, brandmauer.

La intención de voto supera ampliamente el tercio del electorado y en algunos casos ha roto la barrera del 40%. En otras palabras, la posibilidad de un gobierno ultraderechista en Alemania no es imposible en absoluto

En junio de 2026, Sahra Wagenknecht, líder del partido BSW, declaró que se abstendría en las votaciones sobre candidatos de la AfD y la CDU. De hecho, su partido ha comunicado que en votaciones puntuales podría darse una cooperación, según el tema de la agenda, con la ultraderecha. Este partido es una escisión de Die Linke, la izquierda poscomunista, que ha incorporado un discurso ultraconservador y antiinmigración muy cercano al de la derecha radical, mientras que mantiene su visión de izquierdas más clásica en temas como el rol intervencionista del Estado y la defensa de la clase trabajadora.

Cuál de las dos lecturas terminará por imponerse, la abstención como rampa hacia el poder o como trampa para vaciarlo de votos, es todavía una incógnita, incluso de puertas adentro de AfD. Lo que no admite ambigüedad es la aritmética: en Sajonia-Anhalt le faltan apenas tres escaños para la mayoría absoluta y las encuestas siguen subiendo. Con BSW como aliado o como obstáculo, en septiembre Alemania puede tener, por primera vez desde 1945, un gobierno regional liderado por la ultraderecha.

Cuando eso ocurra, alguien va a recordar la frase de Höcke en Erfurt: los vencedores, dentro del salón; los perdedores, en la calle. Cien años después de aquel congreso en Turingia, el laboratorio vuelve a estar abierto.

Al ver el acuerdo de PP y Vox en Andalucía, en el que la inmigración en el segundo punto, en el que se habla de prioridad nacional, hay una pregunta irremediable: ¿Ha mentido Juanma Moreno? ¿Ha traicionado a sus propios votantes? Hacemos un repaso a las distintas declaraciones que el presidente andaluz ha hecho en campaña y a lo largo de los años, siendo sutil en sus palabras, pero asumiendo que sus postulados nada tenían que ver con los de la extrema derecha.

Ahora que el PP ya ha pactado con Vox incluso en Andalucía… ¿Se allana el terreno para Feijóo a nivel nacional? Lo hablamos con los periodistas de elDiario.es Aitor Riveiro y Daniel Cela.

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Antes, los pueblos antiguos subían a altares de piedra para arrancar corazones a sus enemigos y así ganarse el favor de sus dioses. Ahora, regalamos “corazoncitos” virtuales en la pantalla de nuestro móvil con la esperanza de que Internet nos devuelva un poco de cariño y nos cure la soledad. La reflexión la hace Pablo García (Gijón, 1984), musicalmente conocido como Pablo Und Destruktion, que lleva más de veinte años recorriendo carreteras con su guitarra a cuestas como trovador, pero a la vez es psicólogo social y ha estado dos décadas estudiando cómo funciona nuestra imaginación. Un análisis que le ha hecho darse cuenta de que, por mucho avance tecnológico que haya, los humanos seguimos respondiendo a los mismos rituales y miedos de siempre.

El también escritor ha plasmado todas estas reflexiones en Música de carne: Pop, seducción y sacrificio, una obra que invita a mirar la música de una forma totalmente distinta. No como un simple entretenimiento para bailar, sino como la herramienta de control mental más antigua que existe. Pablo Und Destruktion indaga en cómo la industria del pop de masas utiliza las canciones para jugar con nuestras emociones, engancharnos a través del cerebro y exprimir nuestro tiempo. Pero no solo eso: también la relevancia de la cultura en la política, el relevo que ha intentado coger a la religión y la cada vez mayor falta de conciencia de clase entre los artistas.

¿Cómo la tecnología ha ocupado el lugar que antes tenía, por ejemplo, la religión?

La canción esotérica trata de conmoverte por medio de la apertura de tu corazón, por el sentimiento. Cuando te conmueve, produce esa apertura. Pero una nana ya no está para dormir a un niño por medio de entrar en él y conseguir ese truco de magia. Ahora, una nana está para tener muchas reproducciones y mucha repercusión. La lógica cambia progresivamente hasta acabar siendo la de la tecnología, que tiene sus propios planes, como estamos viendo ahora con el desarrollo de las inteligencias artificiales. Es como construir una segunda naturaleza. Sin entrar en un juicio moral de si es bueno, malo o regular, nos permite estar hablando de estas cosas y volver a replantearnos qué conexión sutil y natural existe que nos conecta a todos sin falta de Internet.

¿Las nanas solo sirven ahora para hacer dinero?

Bueno, es que la música popular hasta hace muy poco sí era popular, realmente venía de abajo y, en todo caso, podía llegar hasta arriba cuando algún gran artista recopilaba canciones populares y hacía un disco como Johnny Cash, que de repente se internacionaliza y se vende por todo el mundo. Ahora, en cambio, se propone como música popular aquella que viene de arriba y va hacia abajo. La cuestión es visibilizar el poder que tiene la canción para con uno mismo y para con su entorno, sin necesidad de enmarcarla en un contexto ni político, ni mercantil, ni social. Se trata de ver cómo la canción transforma en ti y en tu entorno la percepción de la realidad.

La izquierda ha tenido más presente la importancia del control cultural que la derecha, que ha dejado ese poder cultural a la religión

Pablo Und Destruktion — Músico y escritor

La música es poderosa en la política.

Los políticos se pegan por controlar la cultura, como vimos hace unos días con Pedro Sánchez corriendo para ir al Primavera Sound. Y es importante porque genera amores y, por lo tanto, amos. Y tanto unos como otros, de un lado o de otro del espectro político, forman parte de un proceso que es mucho más orgánico. La izquierda sí ha tenido muchísimo más presente la importancia del control cultural que la derecha, que ha estado más torpe porque ha dejado ese poder cultural a la religión. Lo hemos visto estas semanas de Papa en Madrid y Primavera Sound.

Hay como cierta convergencia entre determinados postulados de la izquierda cultural y de la religión católica. Ahora parece que convergen porque tanto unos como otros quieren utilizar la idea del bien para gobernar y, de esta manera, decidir quiénes son los malos para poder así pastorear. A mí me parece interesante la cultura independiente, la cultura popular, lo contracultural, aquello que trata de salir de estas tendencias tan moralistas en el uso de la cultura. Normalmente, siempre que te dicen “esto es lo bueno”, es la antesala de que te digan “esto es lo malo, atácalo”. Si no quieres vivir en esas guerrillas, está bien utilizar todas las posibilidades que te da la música como canalización de tu propia ira, para luego poder relajarte como algo meditativo, como creación de lazos con personas con las que realmente quieres tenerlos.

Si la derecha ha tendido más a la religión, ¿cómo se explica el auge de la religión en la cultura?

En el acercamiento a lo religioso, como siempre, hay una parte sincera y otra que es de ampliación del campo de batalla mercantil y de meterse en parcelas en las que no se había atrevido a meter. Primero hubo un revival mágico, todo este rollo witch presente en Lady Gaga, Marina Abramović y tantísimos artistas de las últimas décadas. Pero, cuando eso ya empieza a estar agotado, te metes en el catolicismo para utilizarlo y transformarlo. También el catolicismo tiene esa capacidad: acogió a los dioses paganos y los integró dentro de su seno. Y ahora lo hace también con esto, por eso es una institución que sobrevive durante tantos siglos. Lo ideal de este revival mercadotécnico de lo religioso, más allá de los intereses mercantiles, es que traiga de vuelta lo verdaderamente artístico.

¿Falta más conciencia de clase en las canciones?

La conciencia de clase no es identidad de clase. Hay mucha identidad de clase, pero falta conciencia. Por ejemplo, Bad Bunny y la casita. Hay identidad de clase, pero, ¿qué conciencia de clase hay? Ninguna. Todo lo contrario, y ese es el problema de las identidades. Las identidades sirven para hacer exactamente lo contrario de lo que dicen. Si no hubiera sido por esta trampa de lo identitario, sería imposible algo como lo de la casita de Bad Bunny. La conciencia no es identidad, sino darte cuenta de que formas parte de un engranaje productivo en el que, organizándote colectivamente, puedes intervenir en él.

Una canción con conciencia de clase es una canción que llame a la huelga, por ejemplo, y que haga que esa huelga se realice para lograr una intervención directa en el sistema productivo. Y eso sí que falta. Más allá de la canción con conciencia de clase, un acercamiento artístico con conciencia de clase es el que hace que los sellos independientes sean verdaderamente independientes. Ahora casi nada lo es realmente porque llegas a distribuidores que no son independientes y no te queda otra que obedecer a fuerzas imperiales. TikTok, Instagram y Spotify lo son. ¿Uno puede mejorar las condiciones de la clase trabajadora de su comunidad si su comunidad es sierva a nivel internacional?

El hackeo del poder político está en salir de las lógicas que vienen dadas por otros y que nos dicen quién es el malo y a quién tenemos que atacar

Pablo Und Destruktion — Músico y escritor

¿Hasta qué punto Silicon Valley controla lo que escuchamos?

De una forma evidente, por eso vemos cómo todas las ideologías han cambiado desde que la tecnocracia ha entrado a jugar. La forma de salir de la polarización es entender que esa polarización no es más que el código binario de ceros y unos. Se ha utilizado la hipersensibilización de un espectro de la sociedad para que la izquierda abandone luchas obreras concretas, cohesión comunitaria basada en el trabajo y en el vecindario real, e ir así metiendo luchas identitarias para luego dárselas a la ultraderecha. Es lo que está haciendo ahora que en Francia uno de los mayores grupos de ultraderecha se llame Generación Identitaria.

La lucha por las identidades siempre es una lucha que va a favorecer a la derecha nacional, a la derecha étnica, que es al fin y al cabo la que están apoyando los tecnócratas. Tanto aquellos de Meta, que tienen una orientación más sionista, como Elon Musk y compañía, que tienen una orientación más propia del apartheid sudafricano, el supremacismo blanco y el imperialismo angloamericano. En el fondo son dos caras de la misma moneda. La cuestión es que tienen un monopolio tan grande que ya es imposible no llegar hasta el final del relato que nos han planteado. El hackeo de ese poder político está precisamente en salir de las lógicas que vienen dadas por otros y que siempre nos van a decir quién es el malo, a quién tenemos que atacar y de quién tenemos que tener miedo.

¿El devenir de la cultura siempre va a estar condicionado por lo que ellos decidan?

Siempre van a ir apareciendo personas que son conscientes de esos procesos y que luego son martirizadas y sacrificadas, como ha pasado a lo largo de la historia con múltiples figuras. La de Cristo es bastante evidente, pero con muchos revolucionarios ha ocurrido lo mismo cuando han sido capaces de generar el no imperio. El imperio es la voluntad de poder, de economía y la sed de sangre, mientras que el no imperio es lo que trata de resistir a esa deriva que trasciende lo ideológico, lo religioso y los siglos.

Ahora lo tenemos delante de los morros y lo estamos viendo, puesto que la corrupción política trasciende la ideología y la sed de sangre trasciende los imperios. Es una fase muy apocalíptica en la que estamos viendo el horror del poder político en todo su esplendor. Nunca se va a ganar, porque si se gana, entonces eres imperio. Entras dentro de la lógica imperial, como ha ocurrido mil veces. Entonces te corrompes y acabas montando la marimorena.

¿El silencio puede ayudarnos entre tanto ruido?

A mí me gustaría, y lo digo para pedírmelo a mí mismo para Reyes Magos. En el silencio habita un tipo de conocimiento que no está en otro lado, que no está ni los libros ni en los reels ni en los pódcasts ni en los gimnasios. Está única y exclusivamente en el silencio, y para tener ese silencio necesitamos tener la voluntad de no atender al resto de reclamos. Ese es el verdadero empoderamiento: que por mucho que te llamen, que por mucho que te chantajeen los medios de comunicación para que ames u odies a tal, seas capaz de conquistar ese centro de gravedad permanente. Es un silencio de ser consciente de ese centro y mantenerlo independientemente de los bombardeos ajenos que tengamos.

Luego, por supuesto, tratar de ir creando espacios seguros más allá de lo eclesiástico para que pueda haber ese tipo de escucha. Los pequeños conciertos, el underground y la música independiente es eso. No necesito gente, no necesito la gran fiesta. Puedo ir a ver un concierto para 15 personas, estar tranquilo y salir renovado y conmovido. La obra de arte puro todavía tiene la capacidad de llevarte a un lugar mental o espiritual en el que hay ese silencio, esa parada.

La periodista y escritora Andrea Momoitio (Ortuella, 1989). Se ha atrevido a contar en su último libro, 'Farsante. Una historia queer en la Falange'. Es una historia que no queda bien dentro de un partido de ultraderecha y que el movimiento queer o feminista tampoco abraza. Se trata de la vida de Margarita Beese, una figura vinculada a la Sección Femenina que desafió las normas de su tiempo y terminó siendo silenciada tanto por su entorno como por el propio régimen al que apoyó, después de que decidiera ir al Registro Civil de su Santa Cruz de Tenerife natal para convertirse en Juan Carlos.

“Margarita no es solo una militante falangista más, sino que participa en la creación del partido, forma parte del partido desde diferentes estructuras y hace enlace entre la Sección Femenina y el sindicato vertical. Todo cambia cuando en enero de 1939 llega el registro civil de su ciudad vestida de hombre, dice que se llama Juan Carlos y que no había sido inscrita al nacer. Este gesto le llevó a ser juzgada y encarcelada por falsedad documental”, explica Momoitio durante la presentación del libro en el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) de Bilbao.

La historia de Margarita llegó a Momoitio de la mano de la investigadora canaria Yanira Hermida, que escribió una ponencia sobre este caso titulada 'La historia de un hombre trans en la prisión de mujeres de Santa Cruz de Tenerife'. “Me interesó muchísimo y decidí escribirle. Ella me entregó todo lo que tenía y me confesó que no se sentía cómoda investigando más sobre una persona de la Falange. A mí eso me enganchó y me pareció una historia fascinante, aunque no he llegado todo lo lejos que me hubiera gustado”, confiesa la autora.

Con la intención de desengranar lo que escondía la vida de la protagonista, Momoitio viajó a Santa Cruz de Tenerife, a la casa de la familia de Margarita. Allí se encontró con la finca de su padre, al que aún llaman Don Bruno, habitada por Brunito, su nieto, que guardaba toda la documentación en una habitación. “Fue un milagro que confiara en mí y me dejara entrar a buscar en la intimidad de su familia sin apenas conocerme. Una intimidad muy delicada, porque entre foto y foto aparecía mucho 'heil Hitler', muchas esvásticas, mucha información que vinculaba a su familia con el partido nazi, el partido falangista e información del padre de Margarita, de Don Bruno, delatando a muchos de sus vecinos durante la Guerra Civil”, reconoce.

Momotio ha conseguido desvelar a partir de archivos históricos y personales que la familia ha guardado durante décadas, que Margarita vivió la efervescencia cultural y política del Madrid de la década de los veinte, dirigió una revista, escribió textos feministas desde posiciones conservadoras y en los años treinta se introdujo en círculos falangistas hasta convertirse en una colaboradora cercana de Pilar Primo de Rivera, aunque lamenta que en los archivos de la Falange y los de la Sección Femenina hicieron un borrado “muy quirúrgico” de ella. “Es algo que me tiene muy sorprendida”, reconoce la periodista y escritora, que admite que tuvo dudas sobre si escribir la historia de Margarita o la de Juan Carlos, pero optó por hacerlo en femenino porque ella misma se trataba en femenino en sus cartas y firmaba como Margarita. “Me queda la duda porque yo no sé cómo habría sido este libro si yo parto de la premisa de que estamos ante la realidad de un hombre trans, pero no tenía grandes argumentos para eso. Tenía que tomar una decisión y no me da miedo equivocarme. Si en el futuro aparece alguna carta o diario que demuestra que me he equivocado y que en realidad era obvio que estábamos ante la existencia de un hombre trans que quiso así ser visto, yo no tendré ningún problema en pedir disculpas. Sé que el libro acaba incompleto, no tengo respuestas suficientes para poder abordar esta pregunta”, confiesa.

Es por ello que Momoitio ha tomado la decisión de no publicar ninguna foto de Margarita en su libro, algo que no ha considerado necesario. “A lo largo del proceso judicial su cuerpo está muy expuesto. Tanto el fiscal como los abogados opinan sobre si tiene o no pinta de tío, lo dicen de otra manera, pero básicamente esa es la cuestión. Y el límite entre denunciar la violencia y reproducirla y es muy fino. No he querido que su aspecto físico fuera parte del debate”, sostiene.

La autora reconoce que muchas personas le han confesado sentirse incómodas al leer sobre una persona de la Falange. A todas ellas, Momoitio les pide que le den a la historia una oportunidad. “Probablemente, el mayor feedback que estoy recibiendo es 'yo no me lo voy a leer'. No sabría argumentar por qué he investigado a una falangista, me ha podido la curiosidad. Entiendo que genere esa resistencia, por eso agradezco a cada persona que se atreve y le da una oportunidad a la historia”, concluye.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que diputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, ha anunciado que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que han dado la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que ha tenido nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija ha reivindicado en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que han marcado estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para acabar con la inseguridad han tenido repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se han decantado fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que han proliferado en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

Es “un guion reaccionario” que se pensaba superado. Así define ILGA Mundo, la mayor organización LGTBI a nivel global, la ofensiva contra los derechos de gays, bisexuales, lesbianas y trans que la ultraderecha ha desplegado en los últimos años y que está teniendo éxito en diferentes ámbitos. Si bien durante años el ascenso de este discurso fue visto como una amenaza, los retrocesos se palpan ya y se concretan en un patrón común replicado en varios países.

Con la vista puesta en ello, el movimiento LGTBI ha salido a la calle este Orgullo en todo el mundo para reivindicar sus derechos. En España, el colofón a las manifestaciones críticas y las organizadas en decenas de pueblos y ciudades desde el 28 de junio será este sábado en Madrid, en la marcha estatal que reúne a gente de todo el país y que este año llevará por lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”.

ILGA monitorea desde hace casi cinco décadas el estado de los derechos LGTBI en el mundo y en sus últimos análisis advierte de que, tras una época marcada por los avances y la consolidación de libertades, surgen intentos coordinados de ponerles freno. “Cada vez más, los líderes y movimientos autoritarios intentan controlar lo que ocurre con nuestros cuerpos y cómo nos movemos por el mundo. Después de décadas en las que se reconocieron de manera decisiva las vidas de las personas queer, el avance está desacelerándose y, en algunos países, incluso retrocediendo”, explica la directora ejecutiva de la asociación, Julia Ehrt.

En 2025, el número de países que consideran delito ser homosexual aumentó por primera vez en una década: mientras Santa Lucía derogó la legislación que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, Níger y Burkina Faso las aprobaron por primera vez en su historia. Además, Trinidad y Tobago revirtió el dictamen de 2018 que despenalizaba la homosexualidad y volvió a declararla ilegal. En 1990, el año en que la OMS dejó de clasificarla como enfermedad, 114 países miembros de la ONU la criminalizaban, ahora son 65, uno más que un año antes.

La inclusión de las identidades LGTBI en el Código Penal es la punta del iceberg y se entrelaza con la reacción a los avances en países de Europa, América Latina y Estados Unidos, en los que la extrema derecha aumenta su poder e influencia social y política. A pesar de que las legislaciones que reconocen derechos no se han detenido, ILGA apunta a un contexto internacional que camina “a dos velocidades”, con territorios que avanzan y otros que frenan en seco.

La hoja de ruta

La estrategia, sin embargo, ya no es la de cuestionar explícitamente la homosexualidad. En sociedades con altos niveles de aceptación social, el modus operandi es otro: las organizaciones internacionales describen una hoja de ruta que tiene que ver con “desplazar el debate de la igualdad” hacia la “protección de los menores” o los “valores familiares” presentando como amenaza, por ejemplo, la educación en diversidad. Estas políticas y discursos suelen limitar la visibilidad pública del colectivo, restringir el reconocimiento legal o familiar y presentar las leyes LGTBI como un producto de la agenda ideológica de la izquierda.

“En los gobiernos que han cambiado de posición hacia la ultraderecha hemos visto este tipo de iniciativas. Ya no son tan directas, pero tienen consecuencias. La tendencia es sembrar desconfianza, usar informaciones falsas contra la evidencia científica y difundir narrativas que buscan atacar la educación sexual argumentando que lo que induce es a la manipulación o que busca sexualizar a los niños”, explica desde Colombia Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos en su filial en América Latina.

La experta reconoce que tras la victoria del ultra Abelardo de la Espriella en Colombia, el último país en sumarse a la lista de los ganados por la ultraderecha, hay “preocupación” por lo que puede venir. “Ha hecho declaraciones en las que parece inclinarse por limitar derechos. En su programa no hay ninguna iniciativa relacionada con prevenir la homofobia y la transfobia o mejorar la vida de las personas LGTBI, pero además ha afirmado su intención de retirar a Colombia de los espacios regionales de derechos humanos que son clave. Estaremos vigilantes”, señala.

En Chile, el ultraconservador José Antonio Kast no tardó ni un mes desde que asumió la presidencia en tomar una decisión en este sentido: decidió no respaldar la declaración de derechos LGTBI de la Organización de Estados Americanos (OEA). En Argentina, Javier Milei ha impulsado reformas en la pionera Ley de Identidad de Género con el objetivo de vetar los tratamientos —habitualmente bloqueadores hormonales— que suelen utilizar los adolescentes trans. ILGA advierte de un “empeoramiento de las condiciones de vida” de las personas LGTBI en el país. Además, Nayib Bukele prohibió a finales de 2025 el uso de la “x”, la “e” o el “todos y todas” en las escuelas.

Si hay un colectivo que se ha convertido en foco recurrente del discurso y las iniciativas de la extrema derecha es el de las personas trans, a las que “se ataca obsesivamente con los mismos argumentos trillados que se utilizaron contra lesbianas, gays y bisexuales durante décadas”, apunta Julia Ehrt. En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha dictado que las mujeres trans no entran en la categoría legal de “mujer” y en Hungría, el expresidente Víktor Orban vetó el reconocimiento legal del género. En Portugal, los partidos de derechas junto a los ultras de Chega han iniciado los trámites para recortar la ley trans del país.

Leyes que se reproducen

Paradigmática es la situación en Estados Unidos, donde “un número sin precedentes de leyes antitrans se están considerando en todo el país”, apunta ILGA. La Corte Suprema ha decidido avalar que los nuevos pasaportes muestren el sexo asignado al nacer y el pasado marzo anuló la prohibición de las terapias de conversión en menores. Según Amnistía Internacional, durante el segundo mandato de Donald Trump se presentaron 616 proyectos de ley antiLGTBI, de los cuales 74 fueron aprobados. El presidente, además, ha firmado órdenes destinadas a “restablecer la verdad biológica”, definiendo el sexo como “una clasificación inmutable: hombre o mujer” y ha recortado programas gubernamentales de atención a personas LGTBI.

Los límites a la visibilidad LGTBI en el espacio público son otra de las puntas de lanza de la ofensiva. Su máxima expresión son las llamadas “leyes antipropaganda” que, a imitación de la rusa, rigen en Hungría y recientemente se han aprobado en países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumania. La presión se incrementa en otros países como Italia, Francia y Alemania, donde los programas de educación sobre igualdad y diversidad “han sido cuestionados públicamente o restringidos”, señala la organización en su último informe anual.

En España, el discurso de Vox también se ha centrado en criminalizar la formación LGTBI en las aulas y en intentar vetar, en ocasiones con la aquiescencia del PP, los símbolos arcoíris y actos públicos. Los recortes de las leyes LGTBI y Trans en la Comunidad Valenciana y en Madrid se han producido en un escenario marcado por los pactos entre las derechas —el último, en Andalucía, no menciona al colectivo LGTBI—, que en ocasiones han arrastrado a los populares en la batalla ideológica en la que la ultraderecha enmarca este tipo de normas. Tanto Vox como el PP mantienen recurrida en el Tribunal Constitucional la Ley Trans y han prometido que la derogarán si gobiernan.

Sin embargo, el retroceso no es solo cosa de legislación y se filtra más allá. Según el informe que acaba de hacer público la consultora LLYC con motivo del Orgullo, el apoyo público a la diversidad ha sufrido “un repliegue general”. Tras analizar 15 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y contenidos de 12 países, el trabajo concluye que la cobertura mediática sobre temas LGTBI ha caído a un ritmo del 10% trimestral desde 2023. Además, desde entonces, las empresas que cuentan con políticas de inclusión son un tercio menos y los mensajes en X de apoyo al colectivo se han reducido a la mitad. Por el contrario, el discurso de odio digital, afirma la consultora, “se ha disparado” un 38%.

Miedo, frustración, cansancio, enfado, agotamiento… son algunas de las sensaciones que aparecen cuando se le pregunta a personas del colectivo LGTBIQ+ cómo perciben y cómo viven estos tiempos en los que, pese a los avances en derechos conseguidos en los últimos años, la ultraderecha crece e instala sus discursos de odio en parlamentos, en medios de comunicación y en la calle.

Este episodio está hecho de los testimonios, las experiencias cotidianas y las percepciones que nos han enviado oyentes como Miguel, Marta, Eva, Carlos, Cristian, Sabrina, Rafael, Alex, Leo, Adriana, Andrés, Claudia, Harold o David, entre otros.

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Si Giorgia Meloni pensaba que podía dejar atrás su disputa de abril con Donald Trump por las críticas del Papa a la guerra de EEUU contra Irán, no había contado con la capacidad del presidente estadounidense para guardar rencor.

Trump reavivó recientemente las tensiones al declarar a un periodista de televisión italiano que la primera ministra italiana le había “suplicado” que se hicieran una foto en la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. El periódico El País sugirió que Trump se había molestado por un vídeo grabado en esa misma reunión, en el que se veía a Meloni como si le estuviera regañando.

En cualquier caso, el presidente de EEUU reafirmó su versión en una publicación en Truth Social, añadiendo que Meloni quería la foto para impulsar sus índices de popularidad en descenso, algo que él achacó a su falta de apoyo a EEUU en la guerra contra Irán.

La línea de ataque de Trump no es nada sorprendente, pero sí lo es la contundente respuesta de Meloni. En un vídeo publicado en las redes sociales, afirmó que la afirmación de Trump sobre la foto era “una invención”. Expresó su perplejidad ante el hecho de que, al parecer, el presidente de EEUU tratara a sus aliados peor que a sus adversarios. Fusionando el orgullo personal y el nacional en una sola réplica, concluyó: “Yo no suplico, ni tampoco Italia”.

¿Una ruptura real?

En una publicación posterior en Instagram, insistió en que su supuesta caída en las encuestas no tenía nada que ver con EEUU, aunque, en una pullita mordaz, añadió que ser amiga de Trump no ayudaba. Mientras tanto, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Meloni, canceló sus planes de asistir a un foro empresarial italo-estadounidense en Miami.

Es difícil saber si esta ruptura es real o solo una puesta en escena. A ojos de Trump, el pecado de Meloni parece ser uno de lesa majestad; concretamente, no mostrar la debida deferencia de una subordinada hacia su jefe. Para Meloni, el enfrentamiento es una cuestión de fondo, a saber, la incapacidad de Trump para apreciar el valor de la alianza occidental.

Puede que Meloni esté genuinamente preocupada por la política europea de Trump, pero la raíz de la ruptura no radica tanto en la estrategia geopolítica como en la estrategia electoral a nivel nacional

Sin embargo, la hostilidad de Trump hacia Europa no es precisamente una novedad. De hecho, en todas las ocasiones anteriores en las que Trump ha abierto un nuevo frente —desde los aranceles hasta el cuasiabandono de Ucrania, pasando por las amenazas contra Groenlandia—, Meloni ha destacado por su silencio. Incluso en el caso de Irán, aparentemente la causa inmediata del descontento de Trump, Meloni tardó semanas en pasar de una postura de “ni apoyo ni condena” a distanciar a Italia más claramente de la guerra. Incluso ahora, el Gobierno italiano está colaborando con la Administración estadounidense para limar asperezas: Tajani ha confirmado su asistencia a la celebración del 250.º aniversario de la independencia estadounidense, que tendrá lugar el jueves en la residencia del embajador de EEUU en Roma, quien también ha pronunciado palabras conciliadoras. Se espera que la relación no sufra más daños. Lo que parece claro es que el vínculo personal entre Trump y Meloni está prácticamente roto. Pero eso no supone necesariamente una pérdida neta para la primera ministra italiana.

Ventajas electorales

Puede que Meloni esté genuinamente preocupada por la política europea de Trump, pero la raíz de la ruptura no radica tanto en la estrategia geopolítica como en la estrategia electoral a nivel nacional.

Aunque los exagera, Trump no se equivoca cuando habla de los problemas de popularidad de Meloni. En un referéndum celebrado en marzo, los votantes rechazaron rotundamente un paquete de reformas judiciales que ella defendía. A pesar de las diferencias persistentes entre las principales fuerzas de la oposición italiana, el Partido Democrático (PD), de centroizquierda, y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), de carácter anti-establishment, ambas están decididas a forjar una alianza de cara a las próximas elecciones generales, previstas a más tardar para 2027. Y Futuro Nacional, una fuerza de reciente creación liderada por Roberto Vannacci —un antiguo general convertido en un demagogo radical de extrema derecha—, ha ganado apoyo a costa de la coalición de gobierno tripartita de Meloni. Según las encuestas, la coalición se encamina hacia la derrota en las elecciones.

Pero enfrentarse públicamente a Trump, que es profundamente impopular en Italia, conlleva ventajas electorales. A su izquierda, priva a la oposición de una importante línea de ataque sobre la anterior cercanía de Meloni a Trump. A su derecha, obliga a Futuro Nacional a adentrarse en un terreno que Meloni ahora aspira a dominar: una narrativa nacionalista conservadora arraigada en tópicos sobre la civilización occidental que también rechaza la sumisión a EEUU.

Resulta más difícil reivindicar la coherencia ideológica tras dar un giro de 180 grados respecto a lo que antes se presentaba como la sabiduría estratégica de la cercanía política a Trump

Además, espera reforzar su posición dentro de la derecha europea. Distanciarse de Trump favorece el objetivo de Meloni de trazar una diferencia clara entre ella y figuras marginadas como uno de sus antiguos aliados, el pro-Trump Viktor Orbán. Prefiere alinearse ahora con la Agrupación Nacional francesa, cuyo candidato presidencial, Jordan Bardella, podría convertirse en el líder nacionalista más destacado de Europa si gana las elecciones presidenciales del año que viene.

La solidaridad mostrada hacia Meloni en todo el espectro político italiano (incluido Vannacci) y por parte de los líderes europeos ante los intentos de Trump de humillarla confirma la acertada intuición política de esta. Que esa intuición sea suficiente para que consiga la reelección es otra cuestión. Consciente de ello, Meloni está impulsando cambios en la ley electoral que otorgarían escaños adicionales a la coalición ganadora, obligarían a los partidos que aún no tienen representación en el Parlamento —como el de Vannacci— a recabar 500.000 firmas y obligarían a las coaliciones a nombrar por adelantado a su candidato a la presidencia del Gobierno. De un solo golpe, Meloni abriría una brecha entre los partidos de la oposición, ya que tanto la líder del PD como el del M5S, Elly Schlein y Giuseppe Conte, desean la presidencia del Gobierno, y así excluiría a Vannacci o le obligaría a unirse a su coalición en sus propios términos.

La reforma electoral, que la oposición ha denunciado como una toma de poder semiautoritaria, se está debatiendo en el Parlamento. Su aprobación marcará el inicio oficioso de la campaña electoral. A falta de grandes éxitos políticos o logros legislativos, Meloni insistirá con confianza en que se ha mantenido fiel a sus principios conservadores, al tiempo que garantiza la estabilidad política. Sin embargo, resulta más difícil reivindicar la coherencia ideológica tras dar un giro de 180 grados respecto a lo que antes se presentaba como la sabiduría estratégica de la cercanía política a Trump. Y cuando se busca la estabilidad mediante cambios de última hora en las normas electorales, la confianza empieza a parecer más una actuación que una convicción. A Meloni solo le queda esperar que a los votantes no les importe la diferencia.

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Riccardo Alcaro es director de investigación del IAI (Istituto Affari Internazionali) de Roma.

La Policía Nacional tiene una orden judicial de detención contra el comunicador Vito Quiles, que ha vinculado esa decisión a sus “denuncias masivas” contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El propio Quiles ha comunicado este miércoles en la red social 'X' que un juzgado, sin precisar cuál de los que siguen causas judiciales sobre él, ha acordado su detención. Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que la Policía ha recibido esa orden aunque por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle en su lugar de trabajo.

“Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, ha expresado Quiles en su perfil.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a la agencia EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento. Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

Las mismas fuentes han precisado que el agitador tiene abiertas varias causas en diferentes puntos de España, como en Madrid, donde se le investiga por presuntos delitos de revelación de secreto y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y en Sevilla, donde una jueza le procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

“Eso no lo publiques tal cual”, repite con una sonrisa. Pablo Beramendi pide disculpas por el lenguaje coloquial del que tira a ratos para dar oxígeno a la profundidad académica. Como buen profesor, tiene la capacidad de ser claro sin resultar simplista. Este docente de Ciencia Política en la Duke University habla de la situación en Estados Unidos bajo la administración Trump sin concesiones –“Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose”– y sin catastrofismo. De visita en España para la inauguración del instituto de investigación Juan Linz en la Universidad Carlos III de Madrid, Beramendi rechaza en esta conversación la idea de una crisis global de la democracia, pero pone el acento en los problemas que la erosionan: pérdida de confianza institucional, dificultad para gestionar desigualdades, polarización...

En el análisis se mezclan algunos de los elementos sobre los que Beramendi lleva años investigando: cómo influyen en los comportamientos y elecciones políticas los aspectos económicos, culturales, territoriales o de identidad. Y advierte: “La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas”.

¿La democracia tal y como la conocemos está en crisis?

No sé si podemos hablar exactamente de una crisis de la democracia. En los países más avanzados económicamente, la posibilidad de que colapse la democracia entendida de una manera muy minimalista —como un sistema donde los partidos pierden elecciones— no parece probable. Pero eso no quiere decir que las democracias no estén cambiando ni que no tengan problemas. 

¿Puede que nuestros países sigan siendo plenamente democráticos en términos electorales, pero que lo sean cada vez menos en términos de representación?

La teoría de la democracia dice que hay una serie de personas con preferencias distintas que se organizan, se presentan a elecciones, mandan delegados a unas instituciones y esos delegados representan sus intereses, que después se traducen en políticas públicas. Pero ese vínculo con grupos sociales o partidos ha dejado de funcionar, porque las organizaciones de intermediación y la gestión de la información están obsoletas. La gente ya no se informa a través de revistas de partidos, seminarios o reuniones, sino en TikTok, Instagram, Truth Social…

Eso debilita a organizaciones tradicionales como partidos políticos o sindicatos vinculados a una clase social.

Durante mucho tiempo, los partidos y sindicatos eran mecanismos que organizaban intereses colectivos. No solamente representaban una ideología: también construían comunidades, generaban vínculos y daban una estructura para interpretar la realidad. Cuando esas organizaciones pierden fuerza, el vínculo entre los ciudadanos y la política cambia. Los partidos pasan a depender más de líderes individuales y de su capacidad de comunicación, favoreciendo liderazgos personalistas.

¿Esa vía directa con los líderes genera un desapego hacia las instituciones democráticas?

El desapego tiene que ver en parte con esto, pero también con otra cuestión más importante: muchos sectores sociales perciben que los sistemas políticos son incapaces de atender sus demandas. Tienen expectativas muy altas sobre lo que esperan del Estado y sienten que el Estado no llega.

La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio

¿Las expectativas dependen también de dónde vive esa persona?

Los procesos de concentración territorial han dibujado relaciones muy diferentes con las instituciones del Estado. En España, por ejemplo, gran parte de la riqueza, la inversión, la actividad y el dinamismo están concentrados en unos pocos lugares. La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio.

Esto genera en mucha gente una sensación de que el Estado no les sirve, aunque en realidad dependan del Estado porque son pensionistas, empleados públicos o realizan actividades vinculadas al sector público.

La concentración territorial lleva a otros problemas. Por ejemplo, el del acceso a la vivienda en zonas fuertemente tensionadas como Barcelona o Madrid.

Esa es la otra cara de la moneda. Las ciudades globales se convierten en centros muy interesantes para las élites del mundo y eso genera procesos de hipervalorización de activos como la vivienda. Y esos jóvenes formados y preparados que protestan porque no pueden acceder a una casa, oscilan entre la abstención, los partidos radicales y, en algunos momentos, posiciones más pragmáticas. 

¿La ultraderecha está capitalizando esa frustración?

Hay una división muy grande entre quienes tienen padres con vivienda y quienes no tienen ese respaldo. Además, las ciudades se están diversificando mucho. La inmigración las transforma en lugares más diversos y menos cerrados, pero también genera resistencia en algunos grupos que sienten que la ciudad les pertenece. Eso provoca una hostilidad que partidos como el PP de Madrid o Vox pueden instrumentalizar muy bien.

Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener

Muchas veces se compara este momento con los años 30 del siglo XX, ¿la desigualdad actual es distinta de la que conocieron las democracias occidentales después de la Primera Guerra Mundial?

En los años 30, la desigualdad provocó que las posiciones políticas de derecha e izquierda estuvieran muy polarizadas. Eso nos suena, sí. Pero hay una gran diferencia. En muchos países donde la democracia acabó quebrando existía en ese momento una amenaza real desde la izquierda: movimientos cuyo objetivo era acabar con la democracia existente e instalar otro tipo de régimen. Eso generaba incentivos para que los partidos moderados de derecha se acercaran a posiciones autoritarias. Hoy esa amenaza revolucionaria desde la izquierda prácticamente no existe.

Y, sin embargo, hay países como Colombia, por poner un ejemplo reciente, en los que la ultraderecha hace campaña con una supuesta amenaza comunista.

Hoy tenemos una desigualdad que no está basada únicamente en la propiedad de los medios de producción. La economía actual genera una concentración enorme de riqueza en algunos sectores y deja a otros con mucha más inseguridad. Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener. Y cuando las expectativas de una generación son peores que las de la anterior, aparece una sensación de pérdida.

¿Esa sensación de pérdida es la que alimenta parte del voto populista?

Sí, aunque hay que tener cuidado. No todo el voto populista viene de personas económicamente perjudicadas. Hay una mezcla de factores: económicos, culturales, territoriales y de identidad. Una parte importante tiene que ver con la percepción de que el sistema ya no funciona para ellos. Aunque objetivamente algunas personas sigan estando en una situación relativamente buena, sienten que están perdiendo algo.

Entonces, ¿la cuestión identitaria pesa tanto como la económica?

Sí. De hecho, muchas veces se mezclan. Cuando una persona siente que pierde estatus económico o social, puede interpretar esa pérdida como una amenaza cultural. Por eso vemos discursos donde la inmigración, la identidad nacional o los cambios sociales aparecen como explicaciones sencillas para problemas mucho más complejos.

A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro

La política identitaria funciona porque convierte problemas estructurales en problemas de pertenencia. Es más fácil señalar a un grupo concreto como responsable que analizar procesos económicos mucho más amplios. Esto no es nuevo. La diferencia es que ahora los canales de comunicación hacen que esas explicaciones circulen mucho más rápido.

¿Cómo se teje la relación entre inmigración y ultraderecha?

A veces se piensa que la extrema derecha crece simplemente porque hay más inmigración, pero la relación es mucho más compleja. Hay un fenómeno de competición dentro de los propios grupos sociales. Por ejemplo, algunos inmigrantes que han conseguido una posición económica estable pueden percibir la llegada de nuevos inmigrantes como una amenaza.

¿Eso lleva a algunos inmigrantes a apoyar a políticos con discursos antiinmigración?

En Estados Unidos ocurre, por ejemplo. A primera vista parece contradictorio, pero si miras los incentivos económicos puede tener cierta lógica. Una persona que ha llegado hace un tiempo y ha creado una pequeña empresa puede beneficiarse de que exista mano de obra disponible, pero al mismo tiempo puede temer que una llegada constante de nuevos trabajadores reduzca su capacidad de generar ingresos.

Entonces no sería solamente una cuestión de identidad.

La identidad importa mucho, pero no explica todo. Muchas personas no votan únicamente por lo que ganan o pierden materialmente, sino por la posición que sienten que ocupan en la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos las relaciones entre comunidades latinas y afroamericanas no siempre son sencillas. Hay competencia por recursos, representación y reconocimiento. A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro.

Usted vive en Estados Unidos, un país que combina varios de los fenómenos que ha estudiado: desigualdad económica, fragmentación territorial, polarización y desconfianza institucional. ¿Hasta qué punto es un caso excepcional o está anticipando tendencias que pueden aparecer en otras democracias?

Estados Unidos tiene características muy específicas, pero al mismo tiempo concentra procesos que aparecen en otros lugares. Es un caso particular porque tiene un presidencialismo fuerte, un sistema electoral determinado y una historia de desigualdad muy profunda. Pero también es un caso que anticipa problemas que estamos viendo en otras democracias: la pérdida de confianza institucional, la dificultad para gestionar desigualdades y la polarización. 

¿La polarización es causa o consecuencia de esa dificultad de gestión de las desigualdades?

La polarización surge de problemas sociales reales, pero al mismo tiempo los intensifica. Cuando la política se organiza en torno a identidades muy fuertes, cualquier negociación empieza a verse como una traición. La gente deja de pensar en términos de políticas concretas y empieza a pensar en términos de 'mi grupo contra el otro'. Eso hace más difícil que las instituciones funcionen. Un político que quiera construir una posición moderada tiene más dificultades para competir en un entorno donde la atención se consigue con mensajes muy emocionales.

¿Cómo puede afrontar Europa esta ola de ultraderecha?

En algunos países la extrema derecha llega al gobierno y modera parte de su comportamiento porque las instituciones generan límites. Italia es un ejemplo interesante. El Gobierno de Meloni no es una ruptura democrática en el sentido clásico. Pero su ideología y algunas de sus políticas tienen consecuencias importantes.

Los sistemas electorales y los sistemas de partidos importan mucho. A diferencia de los sistemas presidencialistas, un sistema parlamentario, donde necesitas formar coaliciones, puede actuar como un elemento de contención frente a movimientos muy radicales. En España, el famoso 'gobierno Frankenstein' que algunos critican es, desde otra perspectiva, una manifestación de parlamentarismo: partidos diferentes obligados a coordinarse. La democracia parlamentaria funciona precisamente así.

¿Cómo se puede saber si una democracia está entrando en un proceso de deterioro?

Ese es un debate muy complicado. Durante mucho tiempo se entendía la democracia de una forma más sencilla: si había elecciones competitivas y los gobiernos podían perder el poder, el sistema funcionaba. Ahora hablamos más de erosión democrática, pero es un concepto difícil de medir. 

¿Hay indicadores concretos?

El primero es la manipulación de los medios de comunicación. No simplemente que un gobierno critique a periodistas o intente influir políticamente, sino que se modifiquen las reglas del sistema para limitar la libertad de prensa, como ha ocurrido en Hungría. Un segundo elemento es el control político de los jueces. Claro que siempre existe una relación entre política y justicia; el problema es cuando los jueces pasan a funcionar como instrumentos del poder político. Esa es una señal grave.

Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto rompe la idea básica de la democracia

La manipulación del proceso electoral es otro indicador fundamental. No hablamos simplemente de ganar elecciones con una estrategia política efectiva, sino de cambiar las reglas o impedir que los rivales puedan competir en igualdad de condiciones. Y otro elemento importante es cuando los ciudadanos empiezan a aceptar que una parte de los procedimientos democráticos pueden sacrificarse porque favorecen a su propio grupo político.

Aceptar un recorte de derechos para que ganen 'los míos'.

Los estudios muestran que muchas personas, cuando se enfrentan a escenarios concretos, están dispuestas a aceptar medidas que en abstracto considerarían antidemocráticas si creen que sirven para proteger sus intereses. Ese es uno de los grandes problemas de la polarización. La democracia necesita que existan reglas aceptadas incluso cuando el resultado no nos gusta. 

¿Cómo saber si estamos ante una crisis real?

Cuando varias de estas cosas ocurren al mismo tiempo. Si hay manipulación de medios, control político explícito de jueces, ataques al proceso electoral y una pérdida de derechos básicos, entonces sí estamos ante una crisis democrática. Pero un conflicto político fuerte o una sociedad muy polarizada no significan automáticamente que la democracia vaya a colapsar. Hay que mirar cómo responden las instituciones.

Pero en Estados Unidos o Brasil, la pérdida de confianza en la democracia provocó intentos de golpistas.

Aunque Estados Unidos muchas veces se presenta como una de las democracias más antiguas del mundo, hay que recordar que hasta mediados del siglo XX una parte importante de la población no podía ejercer plenamente sus derechos políticos. Además, sus instituciones fueron diseñadas con una enorme capacidad de las élites para proteger sus intereses. Trump no aparece de la nada. Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose.

El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer el conflicto en Catalunya. Un problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales

Ahora, bien, una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto es más peligroso porque rompe la idea básica de la democracia: que puedes perder una elección y seguir participando del sistema. El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder. Pero al mismo tiempo, las instituciones resistieron y el cambio de gobierno se produjo.

¿En España ve alguno de los indicadores de erosión democrática?

España tiene problemas, pero no creo que esté en una situación de colapso democrático. Tiene tensiones importantes, como el problema territorial o la politización de algunas instituciones, pero eso no es lo mismo que una ruptura del sistema.

¿Cree que el debate territorial catalán o vasco puede volver a aparecer con fuerza con un gobierno de PP y Vox?

Es posible. El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer ese conflicto. El procés fue el resultado de varios factores: la crisis económica, una falta de solución institucional al encaje territorial y decisiones políticas que aumentaron la frustración. Y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut tuvo un papel importante porque concentró muchas de esas frustraciones.

La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas

Después, el proceso evolucionó con contradicciones internas y con una respuesta institucional y judicial que terminó frenándolo, pero el problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales. La política muchas veces parece resolver un problema porque deja de estar en el centro del debate, pero eso no significa que las causas hayan desaparecido.

Para terminar, ¿es optimista sobre la capacidad de las democracias occidentales para recuperarse?

No soy completamente optimista, pero tampoco creo que todo esté perdido. Las grandes crisis democráticas del pasado se resolvieron con transformaciones sociales e institucionales. Hoy el problema principal es que necesitamos reducir desigualdades y reconstruir expectativas para las generaciones jóvenes. La democracia necesita que la gente crea que el sistema puede mejorar sus condiciones de vida. Si las personas sienten que el futuro será peor, la frustración política seguirá creciendo.

La democracia no funciona solo con reglas electorales. Necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas.

Existe unha opinión moi común que sostén que o PSOE é a columna vertebral do sistema constitucional español ou, noutro xiro non meramente semántico, do réxime do setenta e oito. A monarquía, a unidade de España, o Concordato, o pacto social, todo o que soporta a estabilidade do poder, segundo esta opinión, susténtanse no PSOE. Se o PSOE cae, o enteiro edificio construído dende a Transición, cae.

Os que sosteñen ese criterio pertencen ao ramo da opinión pública de esquerdas que respira polas branquias do optimismo. Creo que non se lles pasa pola cabeza que o establishment, ou unha parte significativa del, xa pasou esa pantalla. A estas alturas debería estar claro que certas elites buscan que o PSOE caiga, e non, precisamente, para facer a ruptura democrática. Buscan derrubar ao réxime e destruír ao PSOE sen paliativos. Polo que sexa, hai quen non o ve.

Na lectura que fan do momento esas forzas consideran que é posible reescribir o pacto da Transición. Redefinir España. Ampliar o mercado e reducir o Estado. Privatizar e xibarizar o Estado do Benestar: sanidade, educación, pensións. Desregular, desregular. Desregular todo, dos controis alimentarios ás prácticas extorsionadoras das tecnolóxicas. Aumentar a desigualdade social construíndo un modelo á americana. Levar as súas últimas consecuencias a guerra cultural mediante a ventá de Overton para establecer un novo sentido común no que toda proposta progresista ou multicultural, por leve e discreta que sexa pareza extremadamente radical. Acabar co feminismo para dárlle voz á manosfera. Recentralizar. Que o Estado central decida todo. Que as Comunidades Autónomas sexan un floreiro inútil. Primar Madrid como operación política de Estado. Meter nunha gaiola de ferro os idiomas distintos do castelán. E así con todo.

Estamos vendo en directo como se está tratando de derrubar o que se dicía era o principal píar do réxime do setenta e oito porque o que se busca é un ciclo longo de poder da dereita e da extrema dereita. Ilegalizar partidos? Suprimir autonomías? Talvez. En todo caso, hai maneiras de conseguir o mesmo a través de certas viraxes e do uso irrestrito de leis autoritarias. Un ciclo de lustros de hexemonía conservadora abriría o paso a unha contrarreforma constitucional, non necesariamente formal, pero si pola vía dos feitos. A intención é reescribir a España que saíu da Transición. Conspiracións? Habelas, hainas.

Por suposto, despois do PSOE irán a polos seguintes na lista, como é natural. Aquí non se salva ninguén. Nin o BNG, nin o PNV, nin Sumar ou Podemos. Nin o obreiro da construción, nin o xubilado ou o profesor. Ninguén. Acabáronse o consenso e a concordia. O contexto mundial, con Trump, MAGA e os tecnobros nos Estados Unidos permite e favorece esa opción. E tamén o contexto da UE, na que fórmulas similares están gañando terreo por todas partes. Unha vez caído o consenso de posguerra estamos entrando noutra fase histórica na que o pasado non alumea o porvir. Se o PSOE implosiona, que paisaxe quedaría? Un PSOE felipista é, ao meu xuízo, imposible como fórmula de goberno. Ou moito me equivoco ou un PP no goberno apoiado dende o exterior polos socialistas non cabe en España. Descendería abruptamente en número de deputados e, aínda que se abrira un espazo maior á súa esquerda, hoxe en mínimos pola súa propia curtidade de miras, a suma estaría moi lonxe de poder constituírse como alternativa. Non representarían un perigo.

Quen che aplica a vía penal está afirmando dúas cousas: a primeira que pode facelo, que ten poder dabondo, que non está obrigado a negociar polas circunstancias. A segunda, que pode implementar unha situación política, económica e social, sen o teu concurso, nin o dos segmentos sociais que son o teu soporte. En certo modo, é extraer as consecuencias lóxicas do modo en que se resolveu o procés, que inhabilitou a Convérgencia como partido bisagra e fixo estoupar o sistema político catalán e, con el, un soporte básico do español. Quen che aplica a vía penal xulga que a correlación de forzas lle autoriza e que as forzas reactivas que pode desatar carecen de peso ou importancia.

Así están as cousas. Este é o contexto de fondo necesario para saber interpretar o momento.

Colombia batió el pasado 31 de mayo su récord histórico de participación electoral sin que sus candidatos presidenciales debatieran una sola vez. En Bogotá, en Medellín o la portuaria Barranquilla, los puestos de votación amanecieron con filas más largas de lo habitual.

El electorado eligió en primera vuelta al aspirante de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, quien lideró con 10,36 millones de votos (43,74%). Hoy su rival en las urnas será Iván Cepeda, el representante del oficialista Pacto Histórico, que sumó 9,69 millones (40,90%). Uno de los dos gobernará los próximos cuatro años.

Abelardo De la Espriella, de 47 años, llega a esta segunda vuelta con un impulso que muy pocos habían detectado en el radar. Ningún candidato había alcanzado tantos votos en una primera ronda, ni siquiera el influyente Álvaro Uribe en sus dos victorias de principios de este milenio. Para hacerse una idea, hace tan solo dos meses las encuestas situaban al aspirante ultraderechista en tercer lugar. Pero el desplome de la senadora uribista Paloma Valencia, candidata de la derecha institucional que quedó tercera con menos del 7%, volcó hacia De la Espriella un caudal de votos y obligó a rivales y analistas a recalibrar sus estrategias.

Entre tanto, Iván Cepeda, senador de izquierda de 62 años, heredero del proyecto del presidente y defensor de derechos humanos, había encabezado las encuestas y su campaña llegó a creer que podría ganar en primera vuelta. No fue así. Su resultado trazó con exactitud los límites del izquierdista Pacto Histórico que Gustavo Petro construyó desde el poder: un bloque fiel, movilizado, pero incapaz de ir más allá de sus propias fronteras. El precio de ese repliegue quedó claro en la recta final y la formación no logró captar, en un intento tardío y sin demasiada convicción, al electorado del centro político.

Voto por descarte más que por convicción

Por segunda vez consecutiva, el país se debate entre extremos: un populismo de derecha con fuerte arraigo transversal y una izquierda que moviliza a los sectores más vulnerables. Aunque los partidos históricos mantienen su poder en el Congreso mediante el clientelismo, la pugna por el Ejecutivo opera bajo otra lógica. El politólogo Gustavo Duncan (Universidad EAFIT) plantea una tesis: “Los colombianos ya no confían en la política tradicional para la presidencia”.

En este tablero polarizado, el político tradicional pasó de ser el protagonista de la contienda a convertirse, en algunos casos, en un negociador en la sombra, indispensable para la gobernabilidad pero incapaz a la hora de cautivar al electorado de forma masiva en las urnas.

La gente elegirá a quien represente una menor amenaza para su forma de ver la vida

Bibiana Ortega — Politóloga

Bibiana Ortega, politóloga especialista en comportamiento electoral de la Universidad Javeriana, sostiene en conversación con elDiario.es que el domingo se votará más por descarte que por convicción. “La gente elegirá a quien represente una menor amenaza para su forma de ver la vida, para su visión del Estado, para su percepción de seguridad y de los derechos”, explica.

Se trata de la misma lógica que operó en 2022, cuando Gustavo Petro y el entonces ‘outsider’ de derecha Rodolfo Hernández se presentaron como rivales irreconciliables. Las encuestas actuales lo corroboran: según la encuestadora CB Global Data, el 50,4% de los colombianos dice que jamás votaría por Cepeda y el 46,3% afirma lo mismo de De la Espriella.

En esta elección, más de la mitad del país rechaza a uno de los dos candidatos en competencia. La campaña, además, ha dejado cicatrices visibles. El presidente Gustavo Petro nunca reconoció los resultados de la primera vuelta e insinuó que hubo fraude sin pruebas. También dejó abierta la posibilidad de rechazar lo que ocurra este domingo 21 de junio. Su candidato, Iván Cepeda, tardó ocho días en admitir aquella derrota, pese a reconocer el 1 de junio que no había hallado “irregularidades de dimensiones suficientes”.

En la otra esquina, Abelardo De la Espriella celebró su triunfo en Barranquilla, en el Caribe colombiano, con una advertencia: “Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza”. Dos semanas después instó a las Fuerzas Militares a intervenir si Petro desconocía el resultado del balotaje. Entre tanto, los dos candidatos negociaron durante semanas las condiciones de un debate que nunca llegó a celebrarse. 

Negociaciones “condicionadas”

Laura Wills, politóloga de la Universidad de los Andes, observa que, pese a la polarización, las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos sigue considerando la democracia como el mejor sistema posible. El problema, apunta, es que cada polo ideológico la ha definido como un sastre a su medida. Por un lado, se presenta un espacio que debe protegerse de actores violentos, incluso con propuestas que estiran los límites del Estado de derecho o las libertades individuales. Por el otro, se concibe como el marco necesario para impulsar cambios estructurales, no siempre consensuados, hacia una sociedad más igualitaria.

Wills descree que, una vez en el poder, los candidatos vayan a romper las reglas formales del juego democrático. Le preocupa, en cambio, que fallen los mecanismos de contrapeso de un sistema presidencialista como el colombiano. O que no exista una oposición con capacidad real de frenar excesos. De momento, el Congreso que heredará el próximo presidente está fragmentado en cerca de una docena de partidos. Ninguno supera el 15% del poder político. “Quien gane tendrá las herramientas para armar coaliciones”, sostiene Wills. “Pero las negociaciones vendrán condicionadas: prebendas, ministerios y clientelismo”.

La conversación va a estar muy degradada y con mucha confrontación, y eso no solía ser así en Colombia

Gustavo Duncan — Doctor en Ciencias Políticas

Gustavo Duncan comparte los reparos y plantea otros. Para el politólogo y columnista del diario El Tiempo, el peligro no radica en una ruptura democrática, sino en un proceso más silencioso: la lenta oxidación interna del sistema. Esto implica que gobernar se convierta en el arte de hostigar al adversario en lugar de administrar el país con buen pulso. “Lo más probable es que gane Abelardo y que haga política dura”, afirma el también doctor en Ciencias Políticas, quien advierte de que “la conversación va a estar muy degradada y con mucha confrontación. Y eso no solía ser así en Colombia”.

Juan David Velasco, coautor del exhaustivo libro ¿Quién manda en Colombia?, precisa que en casi el 44% de los municipios existe un electorado de derecha muy estable que votó por Álvaro Uribe en 2006, por el 'No' al acuerdo de paz en 2016 y por el ya fallecido ingeniero Rodolfo Hernández en 2022. A este bloque ahora se sumaron otras élites económicas impulsadas por el miedo. “El 'Arca de Noé' [como bautizó la campaña de la extrema derecha su plan de choque fiscal y energético] fue interpretado como un bálsamo frente a temores como la caída de los ingresos petroleros, el riesgo de un apagón y más impuestos al patrimonio”, explica el académico de la Universidad Javeriana. “Al final, esas preocupaciones económicas pesaron más que las inquietudes sobre sus posturas antiliberales”, concluye.

Ventaja para De la Espriella

Los católicos ultraconservadores son, según Bibiana Ortega, la novedad de esta campaña. Tras alejarse de Paloma Valencia, en parte por incluir en su propuesta una fórmula vicepresidencial de la comunidad LGBTQ, este sector vio bajo amenaza sus principios sobre la familia tradicional. Su alternativa fue De la Espriella. Y para superar el hecho de que el candidato ultra no es evangélico ni devoto, el liderazgo religioso construyó una justificación teológica basada en el rey persa Ciro: el gobernante pagano instrumentalizado por la divinidad. De hecho, uno de sus gritos de batalla electoral ha sido convertir Colombia en una ‘Patria milagro’.

Lo cierto es que las últimas encuestas coinciden: De la Espriella, a quien el presidente Donald Trump ha apoyado sin recato, lidera con una ventaja de entre cuatro y ocho puntos. Ninguna firma prevé un triunfo de Cepeda. En la recta final, el voto en blanco —que llegó a rozar el 16%— se desinfló hasta casi desaparecer. La incertidumbre se disipó y los datos sugieren que la mayoría de los indecisos terminó inclinándose por el candidato de la ultraderecha que ha prometido “destripar a la izquierda” e importar el modelo de cárceles de Bukele a las selvas colombianas.

Pese al panorama, Bibiana Ortega rescata algunas razones para la esperanza. La politóloga argumenta que el verdadero hito de este periodo no es el Gobierno actual, sino la madurez democrática que dejó a su paso. “La derecha aprendió a ser oposición; la izquierda, a gobernar. Y cuando las Cortes o el Congreso debieron frenar al Ejecutivo, lo hicieron”, afirma. Asimismo, concluye, las instituciones locales se consolidaron al superar su mayor examen. El país definirá este domingo si se suma a la tendencia de erosión democrática mundial o mantiene su rumbo a pesar de la retórica de fuerza que crece. “A veces, da la impresión de que en Colombia pasa de todo”, remata Ortega. “Pero en realidad nada pasa”.

“A mí no me importa lo que la gente diga”, dice Cheick cuando se le pregunta por los discursos xenófobos que alienta la ultraderecha, que negocia en estos días con el PP su posible entrada en el gobierno andaluz con la prioridad nacional como telón de fondo. “Yo estoy tranquilo, voy a buscar trabajo y ya”. Esta tarde tendrá una entrevista con una cadena de comida rápida aunque espera encontrar algo como albañil, el oficio en que se ha formado. La oportunidad llegará pronto, cuando el mercado laboral busca mano de obra por doquier, y mientras, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), el joven de 23 años aprende el idioma, habla con su familia cada tres o cuatro días y se implica cada vez más en la vida del pueblo en el que hace un año se implantó el dispositivo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde la convivencia y la unión vecinal ha sido la impronta que ha marcado su devenir.

La ONG recaló primero en Alcalá de Guadaíra en 2024 con un grupo de 85 jóvenes subsaharianos originando una oleada de bulos y desinformación que provocó la oposición de una parte del pueblo. A medida que pasaron los días, se comenzó a normalizar la presencia de los muchachos en el hotel que había sido alquilado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para acogerles. La atmósfera enrarecida por los discursos de odio se fue disipando, pero seguían surgiendo impedimentos a su inclusión, como en su inscripción en el padrón municipal. El incumplimiento de la ley por parte de la administración local comprometía la cobertura sanitaria o educativa de los recién llegados, como se ha denunciado desde distintos colectivos sociales, aún estando bajo el amparo de la organización.

En 2025, el centro se trasladó al municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor, donde hay capacidad para 280 personas y, de media, suelen pasar en el centro un año tras adquirir las competencias necesarias para vivir con cierta autonomía, pues se les acompaña y forma en la búsqueda de trabajo y de vivienda. Tras la noticia, Vox azuzó el discurso del odio en la localidad, con mensajes sobre la supuesta “intranquilidad” de la población y bulos sobre los efectos de su llegada. Más de un año después, el pueblo y sus vecinos serán homenajeados por la inclusión de los jóvenes en el día a día del municipio.

En la actualidad, el centro acoge alrededor de unos 120 hombres solicitantes de asilo, procedentes en gran parte de Mali y de otros países subsaharianos. “No hay tantos chavales para la cantidad de empleos que ofrecen, sobre todo oficios, porque la gente busca desesperada a soldadores, electricistas, gruistas, jardineros, gente para el campo... El inconveniente llega cuando tienen que buscar una habitación. Esa es nuestra mayor dificultad: la vivienda, que si ya tenemos un mercado inmobiliario difícil para las personas de aquí, se redobla para los perfiles migrantes, sobre todo por la desconfianza de los propietarios”, sostienen desde CEAR.

Frente al odio, la colaboración vecinal ha florecido para dar respuesta a las necesidades de la asociación. “Ya sea la farmacia, la ferretería, el centro de salud, el Ayuntamiento, los clubes de fútbol, las trabajadoras del supermercado, hasta fueron al encendido navideño de la ciudad... Todo el mundo se ha volcado”, explica. Ese espíritu de acogida explica el homenaje que acaba de recibir el pueblo este pasado miércoles en Sevilla donde CEAR ha otorgado el Premio Solidaridad 2025 a la ciudadanía de Sanlúcar la Mayor.

Cheick lleva un año y tres meses en España después de huir de la guerra en Mali. Tras recalar en Mérida, donde cerró el centro en el que se encontraba, logró el traslado a la provincia sevillana. Escucha a Jay Wheeler en sus cascos rosa y su español es cada vez más fluido. Nunca ha recibido un ataque racista, afirma, y sin darle mayor importancia, enumera las horas de los dos cursos de capacitación profesional que ha aprobado. A su lado, Olivia, la técnica de integración social que trabaja codo con codo con el trabajador social dentro del equipo que se dedica a atenderlo, habla del interés que le despierta la geografía o de la pasión con la que vive el fútbol.

Ese es el tiempo que comparte con sus amigos, consigo mismo, vacío por algunos instantes de las expectativas y los objetivos a cumplir. Esa jiribilla por el balón la siente Bamba, otro joven maliense de 19 años que viene acompañado por la técnica Guadalupe. Junto a ella aprendió a cómo afrontar una entrevista, cuáles son los trucos, para habituarse a los cambios de su nueva realidad. Llevaba cuatro años trabajando como mecánico en su país y se sigue especializando para lograr un puesto en Sevilla. No se plantea ir a otro sitio, “esto es tranquilo”, asiente, y ve que la gente es “más abierta” al compararla con la breve residencia que pasó en Madrid, cuyo centro de acogida también cerró.

“Una vez me dijeron algo”, relata sobre unos chicos que lo abordaron a él y a un amigo mientras paseaban por la capital hispalense. Prefirió alejarse. Levanta las manos y aparta ese fantasma que revolotea brevemente por la habitación, evidenciando el rechazo a cualquier atisbo de conflicto.

Sonríe cuando habla de su posición como delantero en el equipo local de Sanlúcar y del escudo del Betis. “Son los mejores”, dice con timidez. Quien intenta hacer oídos sordos es Ana Mas Vázquez, directora del Centro de Acción Humanitaria de CEAR en el municipio. Arquea una ceja y deja claro su favoritismo por el Sevilla, porque hay amores inexplicables y este es uno de ellos. La responsable saluda a Mohammed, quien pasa por el despacho antes de iniciar su jornada laboral, y cuenta que el único incidente relacionado con la apertura del dispositivo hace un año implicó a una persona que se plantó delante de las puertas del edificio para gritar su rechazo a la presencia de los migrantes. “Antes les daba miedo salir del centro y ahora es todo lo contrario”, adelanta.

El Belén Viviente de Sanlúcar

El año pasado, CEAR se puso en contacto con Hermandad del Santo Entierro de Cristo cuando se acercaba una fecha clave en el pueblo: diciembre, el momento en que se celebra el Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor, uno de los mayores atractivos culturales y turísticos del municipio. Alrededor de 400 personas participan cada año en esta recreación de la festividad cristiana en el conjunto histórico de la Iglesia de San Pedro a través de las escenas bíblicas. La organización propuso la participación de los recién llegados.

“Había cierto miedo en ver cómo la gente iba a reaccionar cuando llegaran los chicos a la cofradía, pero aquello cambió rápido. Nos sirvió como herramienta de inclusión para nosotros más que para ellos”, rememora Fidel Mora González, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo, con quien la ONG contactó para iniciar el proyecto que facilitara la inmersión social de los chicos. El experimento comenzó a principios de la primavera pasada con seis chavales, entre los que estaban Alexis, Pedro y Pascal, con quienes todavía mantiene contacto después de que lograran trabajo en los alrededores. “La gran diferencia con nosotros era la edad, que es la de mis hijos”, apunta. “La juventud es una alegría y, aunque siempre hay de todo, nunca percibí ningún recelo. Al revés, todo han sido facilidades... Sanlúcar es una ciudad de acogida”, apostilla.

Metieron de lleno a los chicos en las actividades de la cofradía para que se familiarizaran con los vecinos. Fueron a excursiones, reuniones y comidas, todo antes de la fecha grande. Los días en que todo el pueblo se vuelca vestidos con los ropajes, los recién llegados no parecían recién llegados. “Uno de ellos hizo de romano, otro de pescador y participaron en la corte de los Reyes Magos”, detalla el hermano mayor. Más allá de las creencias religiosas, el pueblo recuerda aquella semana como el culmen de todo un proceso de convivencia que logró labrar un vínculo estrecho.

Se pidió a la cofradía el respecto por las vivencias traumáticas de los solicitantes de asilo participantes. “Tuvimos una reunión en la que hablamos sobre cómo tratar estos temas... Si los chavales quieren hablar, perfecto, pero no es cuestión de preguntar y preguntar, ¿sabes? Tiene que ser voluntario, y llegaron a enseñarnos fotos de sus familias”, explica. Poco a poco, se fueron forjando amistades con los jóvenes del barrio, con quienes se desenvolvían y practicaban el idioma. Mora menciona “una experiencia muy bonita”: “Los llevé a la peña del Betis a ver un derbi, nos sentamos y la reacción fue tan buena, ¡aparte de que ganaron!”.

Escucha las consignas de Vox, que ha metido entre los objetivos de la prioridad nacional los obstáculos a la entrada de migrantes, la invalidez de la regularización extraordinaria, la devolución en caliente de las personas en situación irregular o el completo rechazo al amparo de los menores migrantes no acompañados, y su reflexión es sencilla: “Tal vez haya mejores maneras de hacer las cosas, y desconozco cuál será la forma política de hacerlo, porque unas veces se cuenta de una manera u otra. Pero los chavales no tienen ninguna culpa. Al revés, ya han pasado lo suyo como para venir a recriminarles nada... Si profundizasen en su corazón, rectificarían”.

Un grupo de 19 países de la Unión Europea, liderados por Italia y Dinamarca, han pedido por carta que se acelere la implementación de centros de deportación en terceros países, como ha quedado recogido en el Pacto de Asilo y Migración. Mientras, en la cumbre que se celebra en Bruselas varios países europeos han mostrado su crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes que ha puesto en marcha en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este viernes que los centros de deportación en terceros países “no van a traer ninguna solución, es una respuesta absolutamente ineficaz. Es un trampantojo, si me permiten la expresión que simplemente va a malgastar recursos económicos”.

Además Sánchez ha puntualizado que “hay evidencia empírica y datos” que hay que adoptar otras políticas si se quiere “controlar los flujos migratorios irregulares, además de hacer frente al invierno demográfico que vive en las sociedades occidentales y afrontar el desafío de la prosperidad”.

En la carta de los 19 países se puntualiza que “ahora necesitamos mostrar resultados concretos que marquen la diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible”. Este grupo de países pone como ejemplo los centros que Italia ha puesto en marcha en Albania como ejemplo.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia ha tenido varias sentencias en contra. Esta fórmula siempre ha tenido el beneplácito de la actual Comisión Europea y ha conseguido el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del PP Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia

La Unión Europea dió luz verde el pasado 1 de junio a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo fue acordado entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que ha marcando la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Aunque la misiva tiene la firma de estos dos países junto a Austria, Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia, también es relevante que países como España o Alemania y Francia no hayan rubricado la carta.

El argumento de los 19 países es que “siempre debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países. Es fundamental que sigamos desafiando el 'statu quo', donde los traficantes de personas se enriquecen y la migración se instrumentaliza”.

Críticas de países europeos por el proceso de regularización

Sánchez tuvo que hacer frente a las críticas de varios líderes de la Unión Europea por la regularización extraordinaria de migrantes en España y su posible impacto en el resto de socios, durante una discusión a puerta cerrada el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, según informa Europa Press.

El presidente del Gobierno ha respondido que “habrá líderes que no compartan esta visión, pero aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Hay bastante desconocimiento sobre la realidad migratoria en España, porque la amplísima mayoría de las personas que están solicitando la regularización y el reconocimiento de derechos en nuestro país es latinoamericano”.

El rifirrafe se produjo en la primera sesión del primer día de cumbre en la que los líderes recibieron a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, cuya institución había dado la víspera luz verde a la controvertida reforma. Tras la felicitación a Metsola por el éxito de la votación, Sánchez tomó la palabra para mostrar su oposición a los centros de deportación, una medida que va en contra de la política migratoria de España.

Sin embargo, Sánchez ha defendido la política migratoria de su Gobierno basada “en la colaboración y la cooperación con los países de tránsito y de origen”, que según el presidente del Gobierno ha logrado “rebajar los flujos de inmigrantes irregulares y de una manera positiva, constructiva y desde el respeto”.

Según las mismas fuentes, los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, o la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones.

Este viernes 12 de junio ha entrado en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo como ejemplo de la asunción de postulados ultras por parte de los partidos conservadores del PP Europeo. Casualmente, esta es la misma semana en la que se cumplen dos años de las últimas elecciones europeas. Entonces, los resultados volvieron a llevar a Ursula Von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea, pero ante el auge de la extrema derecha, la política conservadora alemana comenzó la legislatura flirteando con los ultras en la Eurocámara. Aunque finalmente, la coalición entre conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes construyó la mayoría que sustenta la Comisión, Von der Leyen ha mantenido una estrategia de normalización de planteamientos ultras para dividir a las fuerzas de ultraderecha que ha devenido en un fracaso.

Javier Carbonell, Tabea Schaumann y Levente Kocsis, investigadores del European Policy Centre, han realizado un informe en el que revelan que “uno de los principales enfoques estratégicos del segundo mandato de Von der Leyen ha sido acercarse a ciertas partes de la extrema derecha, mientras continúa excluyendo a otras. Esto ha ocurrido especialmente en el caso de los miembros del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al tiempo que continúa rechazando a Patriotas por Europa (PfE) [al que pertenece Vox y AfD] y a Europa de las Naciones Soberanas (ESN)”.

La elección de ECR no es baladí. En este grupo parlamentario está la formación política de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, Fratelli d'Italia, que aunque fue señalada por sus planteamientos parafascistas en sus inicios, cuando llegó al poder hizo un viaje hacia la moderación ante las necesidades de las responsabilidades de Gobierno, cuando Italia se encuentra en una situación económica bastante complicada que le obliga a ceder terreno en el terreno ideológico para conseguir apoyo de la Comisión.

Csaba Stefán, investigador de del Centre for European Policy Studies, explica que Meloni “tras llegar al poder se convirtió, en cierta medida, en una de las dirigentes favoritas de la presidenta de la Comisión Europea. Su política interna demuestra que sus convicciones de derecha radical no han desaparecido, pero también que las exigencias de gobernar la han obligado a adoptar un enfoque más pragmático, incluido en el ámbito de la Unión Europea”.

“Mayor capacidad de maniobra frente a los Socialistas”

Los investigadores del European Policy Centre explican que la motivación detrás de la estrategia de Von der Leyen “fue el reconocimiento de que los partidos del ECR ocupaban el poder en varios gobiernos importantes, como el de Italia, y que la cooperación con ellos daría al PPE una mayor capacidad de maniobra frente a los Socialistas y Demócratas”. La primera votación conjunta de conservadores y ultras fue simbólica, pero quedó como una clara advertencia: sacaron adelante una declaración que reconocía a Edmundo González como “presidente electo de Venezuela”, lo que provocó que las diferentes fuerzas de izquierdas denominaran desde entonces como 'coalición Venezuela' a la unión de conservadores y extrema derecha en la Eurocámara.

Desde entonces, los populares europeos se han apoyado en las formaciones de ultraderecha para rebajar las exigencias medioambientales a las empresas y contra la deforestación, que se aprobaron la legislatura pasada como parte de la transición verde, o la inmigración. Tanto el PPE como los ultras admitían que se abría una nueva etapa con la derechización de las políticas de la Unión Europea. El grupo ECR mandó un comunicado en el que resaltaba que “esta votación demuestra que es posible una nueva mayoría en Europa, una que prioriza la competitividad, la claridad legal y el espacio para la innovación”.

La cuestión es que los vínculos entre el PP Europeo con la ultraderecha no se han limitado al grupo parlamentario de la formación de Meloni. El pasado mes de marzo, justo cuando el Partido Popular Europeo trataba de celebrar su 50 aniversario, la agencia alemana DPA informaba de reuniones presenciales y un grupo de WhatsApp entre los populares y miembros de la formación de ultraderecha alemana, AfD, incluida en el grupo parlamentario PfE, para coordinar una propuesta legislativa que endureciera la política migratoria, como así ha sido finalmente con el Pacto de Emigración y Asilo.

Estas alianzas empezaron a provocar resquemores más fuertes entre los conservadores cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo pública su estrategia de seguridad, donde celebraba “con gran optimismo” la “creciente influencia de los partidos patrióticos europeos”, eufemismo para denominar a la extrema derecha. 

Como explican Jeremy Shapiro y Zsuzsanna Végh, analistas del European Council on Foreign Relations, “la convergencia entre el movimiento MAGA liderado por Trump y la extrema derecha europea significa que los europeos liberales se enfrentan ahora a una guerra en dos frentes. En el frente interno, la extrema derecha europea, envalentonada por la elección de Trump, se siente cada vez más fortalecida para impulsar la transformación del núcleo institucional de la Unión Europea. En el frente externo, Estados Unidos utiliza sus vínculos con partidos políticos europeos como una herramienta de presión en su guerra comercial y regulatoria contra la Unión Europea”. De hecho, Trump tiene entre sus objetivos acabar con las políticas europeas construidas a través de la agenda verde y con la regulación digital de la UE, que afecta especialmente a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses. 

Sin embargo, los investigadores del European Council on Foreign Relations, también apuntan que “la nueva alianza transatlántica de extrema derecha no está exenta de desafíos. Trump es impopular en Europa, incluso en países donde la extrema derecha cuenta con una sólida base electoral. La guerra comercial impulsada por Trump, por ejemplo, afecta directamente a muchos de los sectores sociales y económicos que constituyen la base de apoyo de la extrema derecha en Europa”. Los líderes de la formación de extrema derecha francesa Rassemblement national, Marine Le Pen y Jordan Bardella, han marcado distancias con Trump por varias de sus actuaciones políticas.

Adaptación de la ultraderecha para remodelar la UE

Dejando de lado a Trump, la ultraderecha europea ha optado por cambiar de estrategia y optar por una posición práctica, menos radical, que le permita sacar adelante sus postulados apoyando a los conservadores europeos. El investigador de del Centre for European Policy Studies señala que “hay un cambio de la derecha radical, que ha pasado de rechazar la Unión Europea a tratar activamente de remodelarla junto con otros partidos de la misma tendencia, y que constituye una forma de adaptación política”. En este sentido, ya han comenzado las negociaciones con el PPE para tratar de flexibilizar los objetivos de emisiones y el veto a los coches de combustión en 2035.

Pero además, el problema para el PPE, especialmente para su presidente, el también alemán, Manfred Weber, al que acusan de gestar las negociaciones con los ultraderechistas en el Parlamento Europeo, es que el canciller alemán, Friedrich Merz, ha mandado varios avisos sobre las consecuencias en Alemania de darles alas a las formaciones de ultraderecha. Merz ha avisado públicamente al presidente del PPE: “Weber sabe que nos oponemos a esta colaboración”. Mientras, se hacían públicos unos sondeos de las próximas elecciones en dos Estados de la Alemania del Este (Sachsen-Anhalt y Mecklenburg-Vorpommern) en las que los ultraderechistas del AfD estaban por delante del partido de Merz, Weber y Von der Leyen.

Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia electoral de la estrategia seguida por el PPE y por Von der Leyen? Los investigadores del European Policy Centre explican que “los resultados muestran que el PPE ha perdido parte de su apoyo, por lo que no ha logrado recuperar a los votantes que se habían desplazado hacia la extrema derecha. Además, los dos grupos excluidos de esta estrategia de normalización, PfE y ESN, son los que han registrado los mayores aumentos en su cuota de voto. Tampoco parece que la estrategia haya beneficiado de manera significativa al ECR, cuyo número proyectado de eurodiputados se ha mantenido relativamente estable. Más bien, parece que formar parte del establishment ha perjudicado al ECR más de lo que ha beneficiado al PPE, reforzando así la estrategia antisistema defendida por PfE y ESN”.

El ultranacionalista Viktor Orbán, entre 2010 y mayo pasado primer ministro de Hungría, fue reelegido este sábado como presidente del partido Fidesz, en el primer congreso de esta formación tras la clara derrota sufrida en las elecciones legislativas de abril pasado contra el partido conservador Tisza.

Orbán, de 63 años, afirmó ante los delegados del partido, reunidos en Budapest, que “nunca” se rendirá y que aunque Fidesz por ahora no es una formación exitosa, deberá recuperarse y renovarse en los próximos meses.

A pesar de que en el congreso de Fidesz se oyeron algunas voces críticas, el único candidato para presidir el partido fue una vez más Orbán, quien al final recibió el apoyo de 729 de los 737 delegados, informó la televisión HírTv.

El congreso del Fidesz se realizó dos meses después de la derrota histórica del partido, cuando el líder de Tisza, Péter Magyar, puso fin a la ‘era Orbán’ tras 16 años.

Antes de las elecciones, el grupo parlamentario del Fidesz contaba con 133 escaños de los 199 en total, mientras que en el Parlamento actual tiene solo 52, frente a los 141 de Tisza.

“El responsable de los errores estratégicos soy yo y no otros”, reconoció Orbán ante los delegados, tras asegurar que “Hungría tuvo 16 años fantásticos” bajo su Gobierno.

Según el ultranacionalista, elegido para un período de un año, el Fidesz “no está aún preparado para ser un partido opositor exitoso”, por lo que deberán trabajar mucho en los próximos meses, para “estar listos para cuando el gobierno (de Magyar) fracase y la gente se harte de ellos”.

Orbán dirige el Fidesz desde 1993, con la excepción de tres años entre 2000 y 2003.

En un documento publicado con el motivo del congreso de hoy, Orbán afirma que “la UE actualmente significa el mayor peligro a la Hungría soberana”.

El líder de Fidesz participará este miércoles en una reunión del grupo europarlamentario ultraconservador Patriotas por Europa, impulsado hace dos años por el propio Orbán.

Mientras Orbán retiene por ahora el control dentro del Fidesz, un retorno al poder parece cada vez más imposible después de que el Tisza presentara hace unos días al Parlamento un proyecto de ley que limita los mandatos de los primeros ministros.

La enmienda, con carácter retroactivo, establece que los primeros ministros en Hungría solo podrán estar en el poder durante dos mandatos de cuatro años.

Orbán estuvo en el poder durante cinco mandatos, cuatro de ellos consecutivos, entre 2010 y 2026.