Contar las historias de la gente, no ideas abstractas. Comunicar a través de emociones. Redefinir la polarización en torno a valores, no con identidades. No hablar de política: mejor mezclarla con otros contenidos (cultura, estilos de vida, entretenimiento, salud...). Construir una red de influenciadores digitales. No limitarse a desmentir la desinformación. Estos son algunos de los antídotos incluidos en el Anti-autoritharian toolkit, una verdadera caja de herramientas para derrotar a los nuevos líderes autoritarios.

El toolkit, lanzado por la organización Democracy Hub (D-Hub), denuncia que políticos como los presidentes Javier Milei o Donald Trump, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro o el primer ministro indio Narendra Modi no improvisan. “Cambian sus formas para adaptarse al lugar” siguiendo “los mismos patrones y estrategias”. “Frente a este nuevo fenómeno, vimos que había mucho diagnóstico (académico, periodístico). Lo que faltaba eran los antídotos. Nosotros pusimos el foco ahí, hay lugares donde se los logró frenar”, asegura a elDiario.es el coordinador del proyecto, el argentino Agustín Frizzera. El proyecto ha sido cocinado a lo largo de dos años, a partir de 130 entrevistas en 30 países y el estudio de 159 ejemplos concretos. El kit está rociado de casos de éxito contra los nuevos autoritarismos. En Francia, actores democráticos trabajaron con influencers para movilizar votantes jóvenes. En India y Brasil, se usaron grupos de WhatsApp para organizar voluntarios y convertir el apoyo en acción.

El toolkit antiautoritario reúne diez grandes estrategias (reunidas en diez manuales), 59 jugadas y 141 consejos para fortalecer la acción democrática. Entre ellas, destacan jugadas narrativas, de comunicación digital, de construcción de movimientos sociales, de coordinación de la oposición y de movilización electoral. Para evitar lenguajes excesivamente formales, el proyecto apostó por formatos multimedia: manuales descargables en pdf, podcasts y vídeos. Además, cuenta con una wiki para leer online en siete lenguas (inglés, español, francés, alemán, húngaro, portugués y chino mandarín simplificado). De momento, se han lanzado 5 de los 10 volúmenes y todos los podcast.

El manual autoritario

El Manual Autoritario, de portada negra y primer volumen de la colección, explora cómo los líderes autoritarios ganan popularidad, vencen en elecciones y erosionan instituciones. La primera jugada, Un nuevo estilo disruptivo, repasa cómo estos líderes intentan “distanciarse de la imagen de los políticos tradicionales, desde su vocabulario hasta su vestimenta, modales y prácticas”. En una campaña ininterrumpida, todo gira en torno a la personalidad de un gran líder que comparte su intimidad para parecer más humano: Modri hace yoga; Donald Trump en un McDonald's; Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en el parto de su hija.

Frente a este nuevo fenómeno, faltaban antídotos y nosotros pusimos el foco ahí; hay lugares donde se los logró frenar

Agustín Frizzera — Coordinador del proyecto

La frase “flood the zone with shit (inunda la zona con mierda)”, pronunciada por el ideólogo de la extrema derecha global Steven Bannon, es una de sus principales estrategias. Saturan los medios con contenido interminable —falso, exagerado o descontextualizado— para crear confusión y desviar la atención. “Como nuestros cerebros tienden a asociar la repetición con la veracidad”, advierte el manual, “utilizan sus canales para inundar el ecosistema con historias –verdaderas o falsas– para controlar la conversación”.

Cada jugada del manual concluye con consejos para combatirla. Ante el Llena la zona de desinformación, por ejemplo, se recomienda no reaccionar siempre. “Ya no estamos en la era del fact checking (verificación de fake news): cuando desmentimos, llegamos tarde. La clave es anticiparse y desenmascarar el marco antes de que se imponga”, asegura a elDiario.es la italiana Federica Vinci, de D-Hub.

Comunicar con emoción

La jugada Ideas fuertes, atractivo emocional disecciona cómo los nuevos autoritarismos combinan ideas con emociones. El cóctel emocional –una mezcla de miedo, esperanza, furia e incluso empatía– refuerza su mensaje. Mientras las fuerzas progresistas usan una “comunicación excesivamente técnica y poco emocional que no conecta con la experiencia cotidiana de las personas”, matiza Federica Vici, “la extrema derecha logra imponer marcos simples y repetitivos”. Este atractivo provoca una respuesta visceral y ferviente entre sus seguidores, algo que contrasta con la apatía de los demócratas. El manual desmenuza la campaña del presidente argentino Javier Milei, repleta de alegría y entusiasmo. Milei desfilaba en un descapotable, desplegando rituales, eslóganes, símbolos y objetos que servían de metáforas. Con una motosierra y un billete de dólar sintetizaba todos los problemas en un enemigo, el Banco Central, a quien acusaba de robar a todos los argentinos mediante la inflación.

Ya no estamos en la era del fact checking: cuando desmentimos, llegamos tarde. La clave es anticiparse y desenmascarar el marco antes de que se imponga

Federica Vinci — D-Hub

El manual 4, titulado Narrativa, advierte de que los hechos y argumentos racionales no sirven por sí solos. Los mensajes resuenan cuando hablan a las emociones reales de las experiencias cotidianas“. Uno de los consejos narrativos consiste en no contar, sino mostrar. ”Las ideas nadie las escucha, si no se hacen antes visibles. Símbolos, metáforas, imágenes concretas. La política que se ve, se entiende y se comparte“, argumenta Agustín Frizzera. Además, conviene hacerlo con humor. ”El humor rompe el miedo, desarma la épica autoritaria y expone lo ridículo del poder“, matiza Frizzera. Por otro lado, la investigación ha revelado que la extrema derecha usa en todas partes apenas doce temas para alimentar sus teorías de la conspiración: corrupción, aborto, comunismo, persecución religiosa, ideología de género, drogas, impunidad, adoctrinamiento en escuelas, regulación de medios, invasión a la propiedad e invasión a la privacidad. Federica Vici advierte que el error es responder con demasiada complejidad: ”Las fuerzas democráticas deben simplificar, unificar mensaje y volver a hablar de lo que realmente importa, costo de vida, alquileres, inflación, con propuestas claras“.

Influencer jefe

El toolkit describe con detalle cómo la extrema derecha ha construido un sofisticado ecosistema de comunicación digital. Los líderes se comportan como “influencers jefe”. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, replica a diario mensajes de sus seguidores en la red social X, ayudándoles a monetizar sus perfiles. El volumen 2, Comunicación digital, está dedicado a cómo crear un nuevo ecosistema de comunicación descentralizado. Una de sus principales jugadas es construir una red de influencers. El director de programas de D-Hub, el brasileño Pedro Telles, confiesa a elDiario.es que parte del éxito del bolsonarismo residió en su ecosistema de comunicación: “Abres WhatsApp y en el grupo de familia aparece un mensaje de tu tío que le llegó de un grupo extremista. Entonces, enciendes la radio o un podcast yendo al trabajo y escuchas a alguien hablando algo parecido. Después, comiendo con la gente del trabajo alguien te cuenta lo mismo porque lo escuchó a un influencer...”.

Meter contenido político en formatos que la gente ya consume y disfruta. No forzar la conversación: mezclarla con cultura, entretenimiento y vida cotidiana

Agustín Frizzera — Coordinador del proyecto

La gran estrategia del manual: “Poner brócolis en el arroz”. El “arroz” es el contenido que naturalmente atrae la atención. Los “brócolis” son el mensaje político que queremos transmitir. “Meter contenido político en formatos que la gente ya consume y disfruta. No forzar la conversación: mezclarla con cultura, entretenimiento y vida cotidiana”, matiza Agustín Frizzera.

Construir movimiento, conseguir votos

El volumen 3 está dedicado a la promoción del voto. Pedro Telles destaca el papel que tuvo la sociedad civil organizada en la derrota de Jair Bolsonaro en 2022: “El mayor ejemplo fue el Pacto por la Democracia, que une a más de doscientas organizaciones. Fue la propia sociedad civil quien convocó a la gente a ir a votar, especialmente a los jóvenes”. El volumen está basado en ejemplos de éxitos como You can vote (Estados Unidos), Meu primeiro voto (Brasil) o French civil society campaigners (Francia), entre otros.

El volumen 5 está dedicado a la Coordinación de la oposición, porque “derrotar al autoritarismo requiere estructura, colaboración y propósito compartido”. El mejor caso de éxito de la coordinación de la oposición, según Pedro Telles, fue el de Lula da Silva en la campaña de 2022. “El principal símbolo de eso fue la invitación de Lula a Geraldo Alckmin (político conservador) para ser vicepresidente y construir un frente amplio, tanto en los partidos políticos como en la sociedad civil”, matiza Telles.

El volumen 6 está centrado en la Construcción de movimientos, ya que en contextos polarizados, los partidos a menudo profundizan la división. Los movimientos deben, según el toolkit, “redefinir la polarización en torno a valores, no identidades partidistas”. Los manuales Instituciones & Espacio Cívico, Apoyo internacional y Liderazgo también serán divulgados durante las próximas semanas. El Manual Democrático, cuyo podcast ya está disponible, será el lanzamiento final. Con portada blanca, recopila las jugadas más efectivas de todo el toolkit para contraatacar. “Jugadas que llegan a la gente no solo a través de la razón, sino a través de la emoción, no solo a través de discursos, sino a través de historias, no solo en elecciones, sino en la vida cotidiana”, señala la organización. Todas las jugadas del toolkit antiautoritario, concluye Frizzera, apuntan a lo mismo: “Salir del modo reactivo, reconectar con cómo la gente vive y consume política hoy, no para 'tener razón' sino para construir poder en serio”.

Cinco carteles con la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ubicados en vallas publicitarias de varias carreteras cercanas a Oviedo han generado una polémica política en el Principado y en las redes sociales entre un concejal socialista y una edil de Vox, a la que se ha sumado la exdirigente del partido de extrema derecha, Macarena Olona.

Las cinco vallas están ocupadas por una fotografía en la que se puede ver al polémico mandatario salvadoreño realizando un saludo militar y portando una cinta con la bandera de su país, que aparece además de fondo en la imagen, bajo la leyenda: Nayib Bukele ¡presidente universal¡.

La presencia de las fotografías en las carreteras próximas a Oviedo llevó al concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez a publicar un entrada en sus redes sociales en la que afirmaba: “A primera vista parece surrealista. Pero no: refleja perfectamente a qué nos enfrentamos. El culto al líder y la fascinación por el autoritarismo. De aquí a las elecciones del 27 vamos a ver cosas que no creeríamos posibles. A ver si la gente cae del guindo”.

La publicación obtuvo en primer término la respuesta de la exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona en la que advertía: “Concejal, no se me acalore. La próxima vez que dé en Oviedo una conferencia sobre el Modelo Bukele de Seguridad está usted invitado. Así entenderá por qué aparecen carteles del presidente en España”.

Álvarez ha contestado a su vez señalando que Asturias mantiene una tasa de criminalidad y unos índices de seguridad general “considerablemente más favorables y estables que los de El Salvador de Bukele”, a lo que Olona ha replicado mencionando los problemas de seguridad en un centro de menores de Oviedo y advirtiendo al edil socialista: “No me acalore a mí que soy de mechita corta”. Olona ha presumido posteriormente en la misma red social del impacto de su polémica tuitera.

A la disputa se sumó también la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, con una publicación en la que ha señalado: “Ven una foto de Bukele y detectan inmediatamente ‘autoritarismo’. Durante años El Salvador estuvo sometido al terror de las maras y aquello debía de pareceros una democracia estupenda. A algunos os molesta más quien acaba con el miedo que quienes lo provocan”.

Según ha publicado La Nueva España, las vallas han sido sufragadas por un empresario de publicidad de 71 años, Tino Vidal, que ha asegurado al diario asturiano que tomó esta iniciativa llevado por la admiración que siente hacia el presidente salvadoreño del que se confiesa “fan total” y asegura saberse sus discursos “de memoria”.

“Es el mejor presidente del mundo, metió a los pandilleros en la cárcel, limpió las ciudades, hizo hospitales y campos de fútbol. Desde 2019 ha hecho tanto que otros políticos deberían tomar nota. Él sí que sabe gobernar un país. Hace un montón de cosas y sin subir los impuestos, mientras aquí apenas se hace nada”, señala Vidal, que afirma además que ha hecho llegar las fotos a Bukele.

Un informe publicado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) denunció a principios de año que el Gobierno de Bukele ha cometido delitos de lesa humanidad como asesinatos, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas. Todo en el marco del régimen de excepción que vive el país desde marzo de 2022, solicitando la apertura de una investigación internacional para aclarar los hechos denunciados.

Humorista, periodista, abogado, pedagogo, actor, locutor de radio, activista y, desde su asesinato, inspiración para miles de personas que encontraron en él un ejemplo de diálogo y resistencia contra el odio. La muerte de Jaime Garzón en Bogotá, el 13 de agosto de 1999, todavía retumba en un país que ve cómo aquellos que intentaron frenar la investigación de lo sucedido ocupan de nuevo el poder.

Pero la calle, los muros, los estandartes no olvidan que hubo culpables aún impunes: narcoparamilitares que actuaron con la connivencia de agentes del Estado. Yo quiero no morir (Astiberri, 2026) es la voluminosa novela gráfica dibujada por su hermano Alfredo y guionizada por la dramaturga Verónica Ochoa que ahonda en el duelo colectivo de todo un país a partir de la experiencia del propio Alfredo.

Se pone al habla un 10 de agosto, casi 27 años después del día del asesinato de su hermano. Un terremoto de magnitud 7,4 ha agitado hace pocas horas el país, por lo que la comunicación se corta en varias ocasiones. “La vigencia de Jaime sigue siendo impresionante. A lo largo de sus diez años como personaje de medios, se convirtió en una voz muy incómoda para el régimen, especialmente para el estamento militar, aliado con sectores del narcotráfico”, recuerda Alfredo a sus 67 años.

A día de hoy, él se dedica a la caricatura política. Muy diferente es el trabajo que realiza en la novela gráfica, donde relata en primera persona la historia de dos hermanos a través del duelo de uno de ellos, el suyo propio. “Lo importante es que la gente sepa qué fue lo que produjo una persona como Jaime en Colombia y cuáles fueron las circunstancias políticas e históricas que terminaron en su asesinato”, apunta Alfredo. Y como Jaime, otros tantos amigos de la familia más. “El libro es un homenaje a ellos”, añade.

Convertido en uno de los grandes defensores de los derechos humanos en Colombia, logró la liberación de más de un centenar de secuestrados. A su entierro acudieron dos millones de personas. Todos los avances que se han realizado en torno a su asesinato han sido simbólicos. El caricaturista político recalca que ha sido considerado crimen de Estado y de lesa humanidad. Colombia como Estado asumió su responsabilidad durante el anterior mandato, con Gustavo Petro al frente.

La única condena que existe recae sobre el comandante paramilitar Carlos Castaño. No llegó a pisar la cárcel debido a su fallecimiento en 2004. El exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, José Miguel Narváez, fue señalado como culpable durante la investigación. “Es un asesor de las Fuerzas Armadas que continúa en su trabajo”, subraya Alfredo.

Retorna el miedo con la extrema derecha

Alfredo logra embarcar al lector en un viaje emocional en el que visita aquellos aspectos clave para entender la realidad colombiana y la violencia que la rodea. La vigencia de lo ocurrido con Jaime es tal que hasta revuelve las tripas. “Con el triunfo de la extrema derecha, aparece Jaime como alternativa”, sostiene su hermano. No es baladí esta postura. Según agrega, días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, la Biblioteca Nacional de Colombia les entregó todos los ejemplares de Yo quiero no morir por miedo a que nuevas órdenes dictaran su destrucción. También la radio y televisión públicas le entregaron el archivo que guardaban sobre Jaime por temor a que el nuevo Gobierno lo intentara ocultar de alguna manera.

El hermano de Jaime Garzón afirma con pesar que el Estado colombiano ha sido totalmente permeado por el fenómeno del narcotráfico y sus sectores más reaccionarios. “Y muchos de ellos ahora vuelven al Gobierno”, se queja. Sin embargo, ahí queda la memoria de tantas miles de personas que todos los domingos a las siete de la tarde sintonizaban la televisión para ver su programa de sátira política en el que hacía una suerte de deconstrucción de las noticias a través de 22 personajes inventados.

Tenía 38 años. Primero le amenazaron. En una entrevista realizada poco antes de su asesinato pronunció las cuatro palabras que dan título al cómic: “Yo quiero no morir”. Se sabía en peligro, pues formaba parte de una comisión gubernamental para facilitar el diálogo con una de las guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional. También había hecho labores de intermediación humanitaria en casos de secuestrados por las FARC. “Fue una muerte anunciada”, recalca Alfredo.

Jaime incluso llegó a entrevistarse en la cárcel con Carlos Castaño, jefe de las autodefensas de Colombia, ejércitos privados de narcotraficantes, según las define Alfredo, y posteriormente condenado. “Le dijo que la orden estaba dada. Fue asesinado mientras se desplazaba al estudio de radio en el que tenía un programa el 13 de agosto a las 5:45 horas por unos sicarios que habían llegado desde Medellín y que pertenecían a un grupo de delincuencia común llamado La Terraza. Actuaron con la ayuda de algunos militares”, relata el hermano.

Construcción de la conciencia política

Verónica Ochoa, guionista de la novela gráfica, descuelga el teléfono mientras todavía procesa el sismo que acaba de golpear Colombia y que ha dejado más de 280 fallecidos. Aun así, está dispuesta a hablar de Jaime: “Su muerte vuelve cíclicamente y nos hace muchas preguntas”. Ahora ella tiene 49 años, por lo que cuando Jaime aparecía en la televisión todavía era una niña. “Es algo que nos cuesta imaginar desde el presente, pero en aquella época Jaime se daba unas licencias increíbles a la hora de realizar crítica política. Muchos construimos nuestra conciencia política, de agudeza a la hora de abordar esta completa realidad, junto a él”, enfatiza.

A través de la encarnación de personajes procedentes de las clases populares, trabajadores, Jaime fue capaz de poner en tensión a los poderosos. “Cuando lo mataron sentimos que todos los límites se habían traspasado, que este país había caído en un abismo muy difícil de comprender”, rememora Ochoa. Como tantas otras, ella engrosa la lista de esas personas que todavía ven en el humorista un ejemplo a seguir: “Somos legión, varias generaciones inspiradas por Jaime, por su capacidad de transformar conciencias, pero también por ser capaz de desescalar el conflicto y la polarización”.

Desde el punto de vista de esta dramaturga, Colombia enfrentó unas atrocidades, silenciamiento y neutralización de las luchas sociales que ahora se están dando en otros contextos y latitudes. “Las luchas del pueblo colombiano tienen mucho que decirles a otros pueblos en estos momentos. Me gusta pensar que el arte, libros como este, tiene esa función de restaurar el tejido”, se explaya.

Muchos jóvenes que no habían nacido en 1999 rescatan ahora la memoria de Jaime de múltiples maneras. “Jaime tiene un aura que ha generado afectos intergeneracionales. En un pueblo tan dividido como el colombiano, él es un punto de confluencia”, sostiene la propia Ochoa. Por otro lado, la guionista de Yo quiero no morir apunta que los cómicos son de vital importancia para una sociedad sana. “Ahí tenemos a Trump, que ha arremetido precisamente contra ellos”, recalca.

Un dibujo real

La novela gráfica publicada hace dos años en Colombia y que ahora llega a España de la mano de Astiberri ocupa más de 550 páginas en las que florece un dibujo realista: “Estábamos construyendo sobre la verdad. Me interesaba que las cosas se parecieran a las cosas, que no hubiera de parte del lector ningún esfuerzo de interpretación, que pudiera llegar de manera sencilla y directa al mensaje”, dice Alfredo.

Licenciado en Bellas Artes en 1982 y autor de un dibujo semanal caricaturesco que publica en El Espectador, Alfredo incide en la importancia de los colores, algo que se aprecia en aquellos pasajes que suceden de día o de noche. “Nos llevó mucho tiempo llegar hasta estas paletas. Elegimos una algo más pastel porque queríamos conseguir una experiencia sin tropiezos, que el libro se pudiera disfrutar de forma fluida”, agrega.

Ochoa destaca que el cómic se creó de una manera experimental, casi liminal. “No quise ceñirme a un guion inicial, sino ir reaccionando a las coyunturas que Colombia nos pone en frente una y otra vez”. De esta forma, logró responder a las tres premisas con las que partió su labor de guion: “Abordar el duelo complejo, aquel que deriva de una violencia desencadenada por un Estado que en teoría está llamado a proteger a sus ciudadanos; revisar las potencias del país, de donde emergen genios como Jaime y otros tantos liderazgos; y por qué Colombia insiste en cercenar y aniquilar esas potencias, por qué insiste en asesinar lo mejor que emerge de su tierra”.

Esas premisas dejaron el espacio suficiente para que brotara la vulnerabilidad de Alfredo, autor del dibujo. El resultado es un ejemplo de recuerdo, homenaje y memoria hacia uno de los grandes defensores de los derechos humanos en Colombia.

“Que toda la crítica de los acuerdos con Vox sea ordenar el acceso a las ayudas conforme al arraigo me deja muy tranquilo”, aseguró Alberto Núñez Feijóo sobre los pactos de Gobierno en Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía, a los que se sumó el de presupuestos en la Comunitat Valenciana. En todos ellos se consagra la 'prioridad nacional', un concepto que los de Santiago Abascal han logrado instalar como eje del debate político español y que han relanzado con la crisis de Ceuta.

Pero la prioridad nacional no es una ocurrencia de Vox: forma parte de la agenda de la ultraderecha internacional desde hace décadas, como otras de las cuestiones sobre las que giran la mayoría de las argumentaciones en el Parlamento, las declaraciones públicas, las opiniones vertidas en los medios de comunicación.

Desde la consideración del no nacido en la Comunidad de Madrid a la desregulación convertida en cartera de Gobierno en Extremadura, e incluso las insinuaciones preventivas de fraude electoral por parte de la oposición, la política local importa fórmulas de éxito ultra de Francia, Estados Unidos, Hungría o Argentina, en una especie de carrusel que, alimentado por la polémica, no hace más que girar sobre sí mismo y dejar fuera cualquier otro asunto.

“Si las palabras de la extrema derecha dominan el debate es también porque los contra-relatos democráticos son débiles, defensivos y, a menudo, meramente reactivos”, analiza el historiador y especialista en extrema derecha Steven Forti. La alianza –no solo política sino también discursiva– del Partido Popular con Vox y la incapacidad de la izquierda de sostener su propia agenda frente a la necesidad de reaccionar ante el extremismo, solo suma en la cuenta de la propia ultraderecha.

La prioridad nacional de Le Pen

En 1985, el Frente Nacional proponía separar los servicios sociales entre franceses y extranjeros. Jean-Marie Le Pen le ponía proyecto político al término “preferencia nacional” acuñado por Jean-Yves Le Gallou ese mismo año en un libro. El propio Le Pen publicó Los franceses primero (Les français d'abord), en el que abordaba la prevalencia de los ciudadanos de origen frente a los inmigrantes como respuesta a una supuesta “amenaza existencial” de la identidad francesa.

Tiempo después, su hija Marine impulsó una gran limpieza de la retórica racista más flagrante del partido para aumentar sus posibilidades electorales. Ni el propio Jean-Marie sobrevivió a la operación, pero sí lo hizo, curiosamente, la preferencia nacional, rebautizada prioridad nacional.

El Frente Nacional –ahora Agrupación Nacional– ha mantenido la prioridad nacional entre los pilares de su programa, y de cara a los comicios de 2027 la aborda no solo como un debate identitario, sino como una urgencia económica para “devolver su dinero a los franceses” en detrimento del gasto social destinado a la población extranjera. “No es más que primar el arraigo de las personas a la hora de acceder a los servicios públicos. Eso es lo que han hecho muchos gobiernos a lo largo de los años”, ha remachado esta semana el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. No es el caso de Francia, mal que le pese a Marine Le Pen. Sí hay ejemplos de endurecimiento de los requisitos para migrantes –no de prioridad como tal– en países como Hungría y Polonia o en la Italia de Giorgia Meloni.

Un paso más: remigración

El padre de la prioridad nacional, Le Gallou –que acabó recalando en la formación ultra Reconquista de Éric Zemmour–, ha publicado recientemente un libro que marca el siguiente escalón en la lógica de la Teoría del Gran Reemplazo –la idea de que hay un plan para sustituir a la población local europea por migrantes–. Remigración. Por la Europa de nuestros hijos propone la deportación masiva de población extranjera (o de otro origen étnico) para preservar la identidad europea.

La remigración es uno de los caballos de batalla de Vox. Aunque en estas negociaciones autonómicas se ha limitado a imponer la prioridad nacional, hace un año ya proponía la expulsión de España de ocho millones de personas de origen migrante.

Este mes de mayo, en el encuentro supremacista Resum26, en Oporto, la portavoz de Vox sobre Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, explicó los criterios con los que se deberían hacer esas deportaciones masivas: inmigrantes ilegales, quienes cometan un delito o quienes “hacen uso de los servicios sociales” porque “están colapsados”. Hace una semana, en una concentración ante la embajada de Marruecos por la crisis de Ceuta, el diputado de Vox Carlos H. Quero defendía que “otra España es posible”: “La de la repatriación, de la deportación, de la remigración y de la prioridad nacional”.

“Cuando normalizas el marco de la inmigración como amenaza, suele salir reforzado quien resulta más creíble defendiendo la mano dura, y ese espacio hoy lo ocupa Vox. Sus referentes no son la democracia cristiana europea, sino Trump o Bukele”, señala la politóloga Anna López Ortega, que hace hincapié en que el debate mismo tiene consecuencias. “La cuestión ya no es solo electoral; es que cambia quién consideramos que tiene derecho a formar parte de la comunidad política”, explica la autora de La extrema derecha en Europa.

Además, discutir conceptos que hasta hace no mucho podían parecer inaceptables sirve como velo a aquello que derecha y ultraderecha no quieren mostrar: “En la Comunitat Valenciana, este debate ha desviado la atención de una Ley de presupuestos donde se recorta 100.000 euros a sindicatos o a Cruz Roja y donde no se sabe si aumenta el presupuesto para plazas públicas en educación, sanidad o residencias”, detalla López Ortega.

La bandera del no nacido

A principios de este mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), aprobó su ley del concebido no nacido, que permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo” y que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar.

“Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, había asegurado Ayuso en la Asamblea semanas antes. Otra vez, no se trata de una ocurrencia de la presidenta madrileña, sino que forma parte de una estrategia internacional. Una que busca alternativas a la oposición frontal al aborto –que puede generar más rechazo– a través de propuestas en positivo: ayudas a las madres y la llamada fetal personhood (personalidad jurídica del feto).

Ya no se trata de la defensa legal del nascituru que le costó la carrera a Alberto Ruiz Gallardón, sino un nuevo marco jurídico vinculado a ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. Por ejemplo en Georgia (Estados Unidos) desde 2022 se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos, igual que en Utah. Este criterio está siendo estudiado por otra decena de territorios. En otros estados el hijo no nacido cuenta para acceder a asistencia social familiar.

Latidos antiabortistas

Mientras aprueba una ley que “no va en contra de nadie ni nada” y solo “colisiona con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, según el portavoz del Gobierno de Madrid, la comunidad es una de las que menos interrupciones de embarazos practica en el sistema público y se niega a realizar un censo de objetores al que está obligada por ley. El Ayuntamiento de la capital llegó incluso a aprobar a instancias de Vox un programa para informar a las mujeres de un supuesto síndrome postaborto sin ningún aval científico. El alcalde José Luis Martínez Almeida, tuvo que dar marcha atrás.

Lo mismo ocurrió con la intención de Vox de obligar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo a escuchar los latidos del feto o una ecografía 4D. La propuesta saltó a los titulares en 2023 de la mano del entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que replicaba una medida aprobada en la Hungría de Viktor Orbán en 2022. Aquella alianza de Vox y PP acabó mal y este año el asunto se quedó fuera de los puntos de negociación. De momento, los latidos del feto solo determinan cuándo una familia de Madrid merece ser considerada numerosa o cuándo puede recibir ayudas, pero la batalla del latido sigue presente en la ultraderecha. Este mismo mes el partido del presidente chileno José Antonio Kast presentó un proyecto para impedir abortar a las mujeres que se nieguen a escuchar el latido fetal.

El bulo preventivo de fraude electoral

A finales de junio, cuando empezaba a plantearse como posibilidad una moción de censura o la convocatoria de elecciones, el PP empujado por Vox se entregó de lleno a alimentar el bulo de un supuesto fraude en ciernes. La teoría conspirativa iba más allá de lo habitual y señalaba una especie de “ingeniería electoral” por la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende “fabricar dos millones y medio de votantes” a través de las nacionalizaciones de los descendientes de españoles exiliados por la dictadura franquista, gracias a la Ley de Memoria Democrática.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo incluso una advertencia al cuerpo diplomático: “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo.

Sembrar dudas sobre los procesos democráticos es un básico del manual de la ultraderecha. En 2020 Donald Trump denunció que le habían robado las elecciones que perdió contra Joe Biden. Tan convencidos estaban muchos de sus seguidores que aquella acusación cuajó en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y lo curioso es que hoy lo siguen estando: según una encuesta, más del 60% continúa creyendo que hubo fraude. “El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave para la democracia estadounidense porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder”, señalaba el politólogo Pablo Berardi en una reciente entrevista.

Frente a unas elecciones de mitad de mandato que se presentan complejas para Trump, el magnate ha vuelto a la carga resucitando el supuesto fraude de 2020 y criticando un sistema electoral que pretende reformar. “Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima”, señalaba Berardi sobre este asunto.

La desregulación como forma de Gobierno

Una de las primeras medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un comité asesor externo enfocado en recortar el gasto público y eliminar normas regulatorias, que en sus primeros meses fue dirigido por el empresario Elon Musk.

Javier Milei, militante anarcocapitalista y libertario, y gran emulador de las políticas trumpistas, redobló la apuesta incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encargado de dar un marco jurídico a la acción de su motosierra. Ahora ese impulso ha tomado forma en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Aragón como una de las líneas maestras del pacto entre Vox y PP. La presidenta extremeña María Guardiola (PP) ha encargado a Vox una Consejería de Desregulación con categoría de vicepresidencia y que casualmente incluye también las carteras de Servicios Sociales y Familia. En Castilla y León, el acuerdo también incluye una vicepresidencia de Desregulación y Familia. En Andalucía, el vicepresidente segundo de Vox es el titular de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y en Aragón la vicepresidencia incorpora un Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Durante décadas, el capitalismo y el neoliberalismo han operado como sentido común dominante, naturalizando determinadas premisas: la primacía del mercado, la desconfianza hacia lo público, la reducción de derechos sociales a costes presupuestarios, la normalización de la desigualdad. La ola de ultraderecha ha llevado esos conceptos a un nuevo nivel: la demonización del gasto social y el desmontaje a conciencia del estado de las estructuras que sostienen el estado del bienestar. España ya no es una excepción.

Ignorar la emergencia climática

El PP se volvió a acercar al negacionismo climático, habitual en la extrema derecha nacional e internacional, durante la oleada de incendios de julio. Desde las filas populares pusieron en cuestión las explicaciones científicas que alertan de cómo la intensidad de los fuegos no ha parado de crecer en las últimas décadas y apuntan al calentamiento global provocado por el cambio climático causado por la actividad humana. “Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer”, replicó, por ejemplo, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. “Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene”, llegó a asegurar.

Un discurso que también tiene sus ecos en el exterior. En el caso de Estados Unidos, la lista es larga: Trump anunció la retirada de su país del Acuerdo de París en su primer día de mandato, como ya hiciera en su primera legislatura; se han eliminado más de 7.500 millones de dólares en subsidios destinados a proyectos de energía limpia; ha declarado la “emergencia energética nacional” para potenciar la producción de petróleo y gas; y ha defendido un mayor uso del carbón como “limpio y hermoso”.

Han pasado tres meses desde que The Guardian reveló que Nigel Farage había aceptado un regalo de 5 millones de libras de Christopher Harborne, un multimillonario donante de Reform UK.

Esta no fue la primera noticia de la investigación. Sin embargo, fue la más significativa y las consecuencias de esa revelación aún se están desarrollando.

Poco a poco, se va perfilando la imagen que muestra cómo y quién ha financiado a Reform UK. Cada nuevo detalle plantea más preguntas sobre Farage y su círculo cercano.

Además del 'regalo', The Guardian ha revelado detalles de donaciones secretas, un préstamo oculto de un donante y cómo la policía metropolitana ha interrogado ya a dos personas en el marco de su investigación sobre esta presunta trama de financiación irregular.

Diversas fuentes explican que el personal de varios bancos hizo saltar las alarmas por una serie de transacciones, algunas de las cuales involucran a altos cargos de Reform, hasta el punto de denunciarlas ante la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido.

En el marco de esas investigaciones periodísticas, se ha sabido que George Cottrell, un aristócrata de 32 años y estafador convicto residente en Montenegro, transfirió más de 2 millones de dólares a su madre, Fiona, en 2024, al mismo ritmo con el que ella realizaba importantes donaciones al partido liderado formalmente por Farage desde ese año.

Las informaciones e investigaciones policiales han dado a los votantes una idea mucho más clara de las personas y las transacciones financieras que sustentan el partido ultra. Sin embargo, eso no ha impedido la reelección de Farage como diputado en las elecciones parciales convocadas tras abandonar el escaño en julio. Esa dimisión pretendía bloquear las investigaciones parlamentarias contra él por incumplir las normas de financiación y transparencia. Sin embargo, tras su reelección van a retomarse.

El pilar financiero del partido

Farage es amigo de George Cottrell, quien, según se dice, es un asesor no remunerado de Reform. Cottrell, a su vez, es amigo de Harborne, el multimillonario que ha donado 5 millones de libras al partido y también al propio Farage.

El 'número dos' de Farage en el partido ultra, Richard Tice, conoce a la familia Cottrell desde hace 50 años. Fiona es una importante donante del partido y su hijo George también le ha prestado dinero a Tice.

Estas cinco personas –el millonario Harborne, el estafador convicto George Cottrell, su madre Fiona, Nigel Farage y Richard Tice– son el pilar de un partido que aspira a formar el próximo gobierno y que durante los últimos meses del mandato de Keir Starmer lideró las encuestas. Sin ellos y su dinero, Reform no existiría en su forma actual.

El escrutinio público ha provocado que Farage haya ofrecido diferentes explicaciones sobre por qué aceptó el regalo de cinco millones de libras, y que haya intentando enmarcar las diferentes investigaciones policiales y periodísticas en una conspiración del establishment para socavarlo.

En lugar de responder a las preguntas de The Guardian y otros medios, Farage y otros dirigentes del partido ultra han enviado cartas legales amenazantes o han intentado sabotear las informaciones periodísticas con entrevistas preventivas al Daily Telegraph, que ha publicado sus acusaciones y excusas de forma acrítica.

Farage también ha hecho afirmaciones infundadas sobre las informaciones sobre las finanzas del partido publicadas por The Guardian, afirmando, sin pruebas, ser víctima de supuestos ciberataques ilegales de los que Rusia formaría parte o hablando de filtraciones orquestadas por el Estado. Todo ello forma parte de una maniobra para desviar la atención, mientras las preguntas sobre su compartamiento y la financiación de Reform quedan sin respuesta.

Varias de esas preguntas se refieren a George Cottrell, conocido como “Posh George” (George el pijo), quien ha estado al lado de Farage durante al menos una década. Muchas de ellas atañen al origen de su fortuna y su actividad empresarial.

En enero, The Guardian informó sobre el presunto papel de Cottrell como testaferro del grupo de apuestas del famoso apostador y propietario de equipos de fútbol Tony Bloom.

Documentos judiciales indican que Cottrell, además de amasar millones permitiendo que el grupo de Bloom realizara apuestas con cuentas a su nombre, también tenía intereses financieros en la empresa de apuestas offshore Tether.bet. Las acusaciones iban aún más allá: apuntaban que había contactado con diversos apostadores del Reino Unido para que jugaran con esa compañía, a pesar de que no contaba con una licencia de juego británica.

Cottrell, nacido en Gloucester en 1993, fue detenido y encarcelado en EEUU en 2016 acusado de hasta 20 delitos de fraude, blanqueo de capitales, chantaje y extorsión. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía fue finalmente condenado por un único delito de fraude. En el momento de su arresto, Cottrell ni siquiera pudo costearse la representación legal y tuvo que depender de la ayuda de su familia. Sin embargo, su situación económica ha experimentado un cambio acelerado tras pasar ocho meses encerrado en una prisión estadounidense.

En los últimos años, el ahora financiero ha protagonizado una vida ostentosa, repleta de lujos, utilizando a menudo Montenegro como base.

Además, de las preguntas en torno a Cottrell, están las que se refieren al propio Farage, quien dijo estar “sin un duro” en 2017 pese a su larga carrera política. Si entonces, Farage no tenía un duro, ya no es así. Ahora posee varias casas y se muestra molesto cuando se le pregunta al respecto. También cuando se le piden explicaciones sobre lo que ha hecho con los cinco millones de libras que le donó el millonario Harborne. “Literalmente, no es asunto vuestro”, declaró a la BBC.

Farage recibió los cinco millones de libras mediante una escritura de donación en abril de 2024, justo cuando el líder y accionista (sí, es titular de acciones del partido) de Reform UK sopesaba su futuro político.

De hecho, según informó The Guardian, parte de los cinco millones de libras no se transfirieron a Farage hasta justo antes de que anunciara su candidatura para las elecciones generales de 2024.

Pese a ello, los abogados de Harborne han declarado que la donación de su cliente no se hizo a cambio de contrapartida o condición alguna y que, al realizarla, Harborne no preveía el regreso de Farage a la política.

Una red de actividades financieras superpuestas

The Guardian ha podido esclarecer la compleja red de actividades financieras y donaciones al partido. Cottrell, que actúa como jefe de gabinete de Farage —aunque Reform ha asegurado que nunca ha ocupado un cargo oficial en el partido—, también ha proporcionado apoyo financiero al número dos del partido ultra, Ricard Tice, de forma encubierta.

A finales de 2024, cuando Tice ya era diputado, Cottrell prestó a su empresa 78.100 libras esterlinas. Tice afirma que este dinero fue devuelto, pero solo lo hizo después de que el propio Tice donara 613.000 libras esterlinas a Reform a través de la misma empresa, Tisun Investments. Tice lo ha calificado de “préstamo puente”, un tipo de préstamo a corto plazo.

Pero los beneficios y el apoyo que Cottrell brindó a Farage, así como el préstamo de 78.100 libras a Tice, resultan insignificantes comparados con la generosidad que Cottrell pudo haber extendido al partido.

Como ha revelado The Guardian, su madre, una mujer de raíces aristocráticas, pero de recursos económicos relativamente modestos, donó en secreto un millón de libras esterlinas a Britain Means Business, una organización que se dedica a recaudar fondos para Reform y que está controlada de forma exclusiva por Tice, el 10 de junio de 2024, apenas unas semanas antes de las elecciones generales de julio de aquel año que vencieron los laboristas y llevaron a Keir Starmer al 10 de Downing Street.

La mitad de la suma, 500.000 libras, se transfirió casi de inmediato al partido, a pesar de las preguntas que formularon desde los bancos a Tice sobre el origen de esos fondos. A esa cifra se sumaron otras dos donaciones de 250.000 libras realizadas a nombre de Fiona Cottrell en mayo del mismo año.

Investigaciones en marcha

Según fuentes del sector financiero, el hijo de Fiona transfirió a su madre sumas superiores a los dos millones de dólares. Ambos han sido interrogados como parte de una investigación policial sobre las donaciones que la mujer realizó al partido y a Britain Means Business en 2024.

Fiona no ha respondido a los múltiples intentos de The Guardian por contactarla. George no ha negado haberle dado a su madre grandes sumas de dinero. En cambio, sus abogados afirmaron que cualquier donación política que su madre haya hecho fue decisión suya y que le incumbía exclusivamente.

Hay en marcha dos investigaciones de la Comisión de Normas Parlamentarias que tienen previsto concluir en otoño: una sobre el regalo de cinco millones de libras que Farage recibió de Harborne y otra sobre los beneficios que recibió de Cottrell.

La Policía Metropolitana está investigando también las finanzas del partido ultra. Reform UK, entre tanto, está aprendiendo que su éxito electoral conlleva un escrutinio cada vez mayor.

Nigel Farage es un político nervioso y acosado. Quizás se sienta animado por haber conseguido algo más de votos que en las elecciones generales de hace dos años, en una votación parcial boicoteada por los principales partidos de Reino Unido. Esto a pesar de que la participación fue de 10.000 personas menos, con la abstención que alcanzó el 55%. Pero nunca hubo duda de que iba a ganar una elección parcial que convocó simplemente para desviar la atención sobre su regalo personal no declarado de 5 millones de libras esterlinas (5,8 millones de euros) de un criptomultimillonario tailandés y las donaciones de un estafador convicto.

Farage eligió la circunscripción de Clacton (sur de Inglaterra) como plataforma de lanzamiento parlamentario por una razón. Fue allí donde su anterior partido, el UKIP, logró su avance decisivo en la elección parcial de 2014. Es uno de los distritos electorales más favorables al Brexit en toda Gran Bretaña, mientras que Electoral Calculus estima que casi ningún otro distrito es tan derechista.

Cuando visité los centros de votación, encontré a una gran cantidad de votantes que se mostraban desafiantes ante los escándalos de Farage. No veían ningún problema en que un político recibiera dinero a manos llenas de un multimillonario extranjero, argumentando que Farage se lo merecía por ser un “buen hombre” e, incluso, sugiriendo que podría invertir ese dinero localmente. Se creyeron la narrativa de que el establishment estaba en contra de su candidato, como si un millonario ex corredor de bolsa de la City de Londres, amigo ocasional del presidente estadounidense, fuera un forastero valiente.

Representan a aproximadamente una quinta parte del país que elogia a Farage como el político tradicional más hostil a la inmigración y que desprecia a un Partido Conservador que fracasó incluso en sus propios términos durante su mandato. Sin embargo, lo que debería preocupar a Farage es que la mayoría de los británicos se oponen a él más que nunca y están decididos a impedir que llegue al poder. Esa mayoría le dio la victoria a los Verdes en las elecciones parciales de Gorton y Denton en febrero, y a Andy Burnham en las de Makerfield en junio.

Que el candidato que se presentó con el nombre de Conde Caracubo (Count Binface) haya ganado más de una cuarta parte de los votos en Clacton, bastión de la ultraderecha, es una señal de alarma. Si bien este “guerrero espacial independiente” acaparó la atención de los medios, carecía casi por completo de una red de voluntarios para movilizar el voto. Muchos de los votantes con los que hablé ni siquiera habían oído hablar de él.

Resulta plausible que algunos de los que convirtieron a Conde Caracubo en el candidato más exitoso de la historia hubieran votado previamente no solo por el Partido Laborista, los Liberales o los Verdes, sino también por el Partido Conservador.

Farage se negó a asistir a la proclamación oficial de los resultados de las elecciones –algo habitual que hacen los candidatos–. Esto sugiere no solo petulancia y desprecio hacia sus propios votantes, sino también las inseguridades de un hombre nervioso. Afirma que la Policía de Essex le había informado de una “campaña organizada para perturbar y desacreditar el resultado”, pero la Policía local declaró que no se habían producido “incidentes ni problemas” relacionados con las elecciones parciales y que asistir dependía de cada candidato.

¿Acaso Farage no alegó que su regalo personal de 5 millones de libras era necesario para pagar su seguridad? La explicación probablemente sea más mundana. Ser objeto de burlas en el escenario por parte de un hombre con su cabeza metida en un cubo de basura no proyecta precisamente la imagen de una lucha heroica contra el sistema.

¿Qué le depara el futuro a Farage? Si pensaba que las elecciones parciales eran una estratagema eficaz para desviar la atención de sus problemas económicos, la realidad lo alcanzó rápidamente. El organismo de control parlamentario ha reabierto su investigación sobre el regalo y las donaciones que recibió y podrían convocarse nuevas elecciones parciales si el fallo es desfavorable.

Pero no son solo las finanzas las que han sumido a Reform UK en la crisis. La orgullosa asociación de Farage con Donald Trump —tóxica incluso para la mayoría de los votantes del partido ultra— se ha convertido en un lastre cada vez mayor. Incorporar a tantos exconservadores fue, sin duda, otro grave error. El Gobierno anterior fue duramente criticado por una razón, sobre todo por los propios seguidores de Farage, y llenar las filas de Reform UK con sus antiguas figuras destacadas no ayudó en absoluto a las pretensiones antisistema del partido.

Y luego está el giro hacia una política de derecha cada vez más tóxica, quizás impulsado en parte por la presión de la aún más ultraderechista Restore Britain, fundada por el exdiputado reformista Rupert Lowe. Farage ahora habla de “discriminación anti-blanca”, una retórica que antes se limitaba a los sectores más extremistas de la derecha. La petición a sus seguidores de expresar “pura y fría rabia” tras la condena por el asesinato de Henry Nowak —apenas unas horas antes de los disturbios— inquietó, con razón, a muchos.

Luego está Zia Yusuf, su portavoz de asuntos internos, cuyas publicaciones cada vez más agresivas en redes sociales revelan el lado autoritario de Reform UK. Yusuf describe repetidamente a sus oponentes como “traidores” —su último objetivo fue el exsecretario de Defensa conservador Ben Wallace— y amenaza con un ajuste de cuentas indefinido.

Todo esto alarma a la mayoría de los británicos, quienes han llegado a la conclusión de que Reform UK debe mantenerse alejado del poder y votarán estratégicamente si es necesario. Sin embargo, esto no consuela en absoluto a la absurdamente poco examinada líder conservadora, Kemi Badenoch, ya que el núcleo duro de Reform no muestra interés en volver a su bando. La derecha británica, por lo tanto, está dividida.

Sería un error descartar a Farage, sin embargo. Estamos en pleno auge económico gracias a Andy Burnham. Los votantes se sienten aliviados de haberse librado de Keir Starmer y, por ahora, el Partido Laborista está atrayendo de nuevo a algunos votantes progresistas que se pasaron a los Verdes. Pero Burnham aún no se ha visto obligado a tomar decisiones importantes.

La difícil situación económica de Gran Bretaña, la crisis de sus servicios públicos y la lentitud de Burnham para subir los impuestos a los ricos podrían culminar en el presupuesto de octubre. La desilusión podría aumentar y Reform UK podría beneficiarse, a menos, claro está, que Burnham convoque elecciones anticipadas.

Pero cabe preguntarse si Farage realmente está comprometido con esto. Los informes que indican que recibió su regalo de 5 millones de libras tras afirmar que necesitaría un millón al año para ejercer como diputado son reveladores. Se trata de un hombre que parece disfrutar de la buena vida y que cree que la política parlamentaria perjudica su potencial económico. Parece cada vez más irritado por el tipo de escrutinio que durante tanto tiempo ha logrado evitar. Quizás, tras un triunfo sin sentido sobre un cubo de basura, simplemente decida que ya ha tenido suficiente.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha autorizado “operaciones militares conjuntas” con EEUU en Colombia para combatir el narcoterrorismo y apunta que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, Washington ha expresado al país latino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EEUU dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Un “Escudo de las Américas” contra los carteles

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EEUU, junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, subrayó el secretario de Guerra estadounidense. Unas palabras, las de Hegseth, que pueden sonar relativamente 'bien' pero que sugieren un margen de maniobra muy amplio para Estados Unidos, un país con una larga historia –pasada y presente– de dominación y subyugación, especialmente de países del sur.

Sin embargo, la oposición colombiana ha criticado con dureza dicho anuncio, que consideran una “renuncia a la soberanía”. La izquierda apunta además que “la invitación formulada por De la Espriella” es inconstitucional al entender que “corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio” colombiano.

Lo sucedido en Ceuta a finales de julio ha consolidado la unión de una extraña pareja dentro de la Unión Europea, formada por la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la ultraderechista italiana Giorgia Meloni. Pese a pertenecer a familias políticas antagónicas, la primera ministra italiana y su homóloga del país nórdico comparten un mismo objetivo: reducir a cero la llegada de inmigración irregular a sus países con una política de mano dura.

El último ejemplo de esta alianza entre Roma y Copenhague fue el comunicado conjunto publicado el lunes, en el que ambas mandatarias alertaron de los efectos de la inmigración “descontrolada” y se posicionaron a favor de los centros de repatriación fuera de la UE y de la defensa de los “valores cristianos” europeos.

Meloni y Frederiksen han estrechado su colaboración en los últimos años para promover una transformación del sistema europeo de asilo y reforzar las políticas de deportación de inmigrantes a países de fuera de la UE. El argumento de ambas líderes es que “nadie puede negar que la inmigración ilegal tiene un impacto negativo”, al provocar un “aumento de las tasas de criminalidad”, ejercer “más presión sobre los servicios públicos” y erosionar “la confianza en las instituciones públicas”, según el comunicado conjunto.

En el caso de Meloni, el control migratorio se ha convertido en una de las principales señas de identidad del Gobierno que ella encabeza, formado por tres partidos de derecha y ultraderecha, de marcado carácter conservador y populista.

En el caso de Dinamarca, resultan más llamativos los gestos de complicidad de Frederiksen con Meloni, ya que acercan a la dirigente socialdemócrata a los discursos de la ultraderecha, pese a que encabeza una coalición gobernante de centroizquierda formada hace apenas unos meses. Con todo, Frederiksen lleva tres legislaturas al frente del país nórdico, durante las cuales ha desarrollado una combinación de políticas poco habitual dentro de la familia socialdemócrata, con una firme defensa del estado del bienestar y los servicios públicos, pero acompañada de algunas de las leyes migratorias más restrictivas de la UE.

Desde que Frederiksen llegó al poder, su Gobierno ha introducido mayores obstáculos para acceder al asilo, ha retirado permisos de residencia en determinados casos y ha promovido el retorno de refugiados y solicitantes de asilo a sus países de origen cuando los servicios migratorios consideran que las circunstancias que justificaban su protección han dejado de existir.

El último comunicado de Meloni y Frederiksen también destaca la fuerte carga identitaria al remarcar la necesidad de preservar “los valores europeos” y proteger “el patrimonio cultural cristiano de Europa”. Esta reivindicación de las raíces cristianas encaja perfectamente con la conservadora Meloni, pero ha sorprendido más por el perfil progresista de Frederiksen.

Sin embargo, no es la primera vez que la líder socialdemócrata introduce esta cuestión en su discurso, ya que hace un año sorprendió al afirmar que Dinamarca necesitaba un “rearme espiritual”, pese a que el país es de los más seculares de Europa.

Juntas para reformar el sistema de asilo de la UE

La relación política entre Frederiksen y Meloni comenzó a estrecharse en abril de 2023, cuando las dos mandatarias se encontraron por primera vez en una reunión bilateral en Roma, con la cuestión migratoria como uno de los principales asuntos sobre la mesa. Dos años después, en mayo de 2025, ambas impulsaron junto a otros siete países europeos una iniciativa para revisar el actual sistema comunitario de asilo y explorar nuevas vías para gestionar la inmigración.

Frederiksen subrayó entonces la particularidad de su alianza con Meloni: reconoció que pertenecían a “dos familias políticas completamente distintas”, pero que, pese a ello, habían construido una cooperación “muy, muy estrecha”, según informó el Gobierno danés. Las dos dirigentes también unieron sus voces para cuestionar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por algunas de sus resoluciones que han dificultado la expulsión de extranjeros condenados por delitos en Dinamarca.

Su preocupación por un posible repunte de los flujos migratorios volvió a unir a Frederiksen y Meloni en marzo de este año, cuando ambas alertaron del impacto que el conflicto armado en Irán podía tener sobre Europa. En una declaración conjunta, las dos dirigentes advirtieron de que la UE debía evitar que se repitiera el escenario migratorio de 2015, cuando el continente recibió la llegada de un gran número de personas refugiadas y migrantes, principalmente del conflicto en Siria.

Con todo, la propuesta más concreta de la pareja formada por Frederiksen y Meloni ha sido trasladar a los socios de la UE la construcción de centros de retorno de migrantes instalados en terceros países fuera de las fronteras comunitarias. El Gobierno de Meloni ya intentó este modelo con Albania, donde levantó espacio de recepción y un centro de retención. A pesar de ser la medida estrella de la política migratoria ultra de la italiana, el plan fue puesto en entredicho por la Justicia europea.

Por su lado, Dinamarca ya había explorado esta vía de externalización de los centros migratorios lejos de sus fronteras en 2018, cuando llegó a un principio de acuerdo con Ruanda. Un año más tarde, el Gobierno de Frederiksen hizo suyo el proyecto, aunque las trabas jurídicas acabaron llevando al Ejecutivo a aparcar la iniciativa y a buscar una fórmula que pudiera desarrollarse de manera coordinada con otros países europeos.

Finalmente, la presión ejercida por Italia y Dinamarca junto con otros socios europeos dio sus frutos a principios de junio, cuando la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo, que autoriza a los Estados miembros a firmar acuerdos con terceros países que se consideren “seguros” para deportar a los migrantes.

La nueva legislación permite establecer centros de retorno fuera de las fronteras de la UE para personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada o que ya no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario –entre los países que podrían acoger los primeros centros figuran Uganda, Ruanda y Montenegro–. Con iniciativas como estas aprobadas por Bruselas, que podrían entrar en funcionamiento en el plazo de un año, Frederiksen y Meloni están más cerca de ver realizada una de las principales apuestas políticas de sus Gobiernos.

Blas Infante luchó como nadie para que Andalucía tuviera su propio autogobierno. Eso le costó la vida. 90 años después de su cobarde asesinato, la ultraderecha que reniega de nuestra autonomía y mancha su nombre, gobierna en Andalucía. Moreno Bonilla deshonra este aniversario al haber acordado que un representante de Vox se siente en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por la que Infante dio su vida.

Cuando la ultraderecha interior y global amenazan a España y a la UE, a través de una oposición que no acepta que la izquierda pueda gobernar y ha ensamblado una coalición reaccionaria para deslegitimar al Gobierno desde el primer momento, y Trump, Netanyahu y los tecnoligarcas han ensayado a guerra híbrida desatada sobre Ceuta y Melilla, esta Junta de Andalucía se ha convertido en la terminal de la reacción en nuestra tierra.

El reciente pacto entre Moreno y Vox se basa en la negación del cambio climático mientras que los andaluces y andaluzas sufrimos un calor insoportable, que además potencia incendios devastadores que ya han costado 12 muertes este verano o niega la violencia machista a pesar de que en Andalucía se suceden los asesinatos y la violencia machista. Somos la comunidad autónoma donde más asesinatos machistas: se han registrado desde 2003, 290 mujeres asesinadas. El pasado año en Andalucía fueron asesinadas 15 mujeres y diez ya en lo que llevamos de 2026.

El pacto entre PP y Vox le da la espalda a la realidad de Andalucía que afronta una encrucijada de problemas que se retroalimentan. Seguimos en una desigualdad estructural, debida un modelo productivo dependiente que ha apostado todo por el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria y la innovación, que causa entre otras consecuencias un desempleo que persiste como una herida crónica.

Van a seguir privatizando y deteriorando la sanidad y la educación públicas, que arrastran déficits crónicos de inversión

Son indiferentes ante el brutal encarecimiento de la vivienda y de la alimentación que golpea a las familias trabajadoras y demuestra que la inflación se vive de forma desigual: el salario real medio ya no mide el bienestar cuando lo esencial concentra el presupuesto.

Siguen fomentando un turismo masivo que tensa los servicios públicos municipales y el mercado de la vivienda, al reconvertir miles de alojamientos en vivienda de uso turístico.

Niegan la crisis climática que castiga sobre todo a los barrios vulnerables con una gestión del urbanismo en las grandes ciudades andaluzas donde gobierna el PP que obvia la emergencia climática y se olvida de los barrios.

Van a seguir privatizando y deteriorando la sanidad y la educación públicas, que arrastran déficits crónicos de inversión.

Ignoran que las infraestructuras ferroviarias y de transporte reclaman un impulso decidido, al igual que la transición a energías renovables y la electrificación, en un contexto de precios volátiles del petróleo.

Rechazan las propuestas de mejora de la financiación autonómica y de la quita de deuda, solo por seguir confrontando con el Gobierno de coalición.

Por todo ello, Andalucía necesita un proyecto de país que ponga la vida digna en el centro.

Defendemos listas unitarias de toda la izquierda en el Senado, una cámara cuya actual fórmula de elección distorsiona gravemente la proporcionalidad

Hay que organizar desde ahora la oposición al Gobierno de Moreno Bonilla con mucha más contundencia, con la urgencia de estar preparados incluso para un adelanto electoral en Andalucía, construyendo una mayoría social progresista que se proyecte en una mayoría electoral.

Las elecciones generales y municipales en 2027 son cruciales para Andalucía y para la defensa de la democracia en España y en la Unión Europea. La izquierda tiene que echar el resto para ganarlas. Defendemos listas unitarias de toda la izquierda en el Senado, una cámara cuya actual fórmula de elección distorsiona gravemente la proporcionalidad.

Para ganar las elecciones necesitamos construir un potente movimiento político-social que proporcione espacios para ampliar la dimensión participativa y representativa de la ciudadanía, para la movilización del electorado progresista, construyendo una relación de confianza y cercanía con la gente corriente, aportando la esperanza de que juntas podemos mejorar, ofreciendo más seguridad frente a la situación actual de incertidumbre, desde la identificación de objetivos comunes adaptados a la sociedad actual.

Queremos impulsar que Por Andalucía sea una organización político-electoral estable, con entidad propia, que dé el salto desde la coalición a la convergencia con una estructura organizativa democrática y participativa.

Queremos una Andalucía por sí, con una autonomía no solo jurídica sino también estratégica, con un proyecto reformista para España y la Unión Europea

Reivindicamos que Por Andalucía sea una organización andaluza 100%, un sujeto andaluz que comparta un andalucismo democrático, ni chovinista ni excluyente, para el empoderamiento de Andalucía en un horizonte federal y que se integre como tal en la urgente coalición a nivel estatal de la izquierda alternativa.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz aportamos una propuesta política que vaya más allá de las competencias autonómicas pero que son importantes para la vida de los andaluces y andaluzas porque donde acaban nuestras competencias, comienzan nuestras incumbencias.

Ese es nuestro homenaje a Blas Infante en este 90 aniversario de su asesinato. Siguiendo sus enseñanzas queremos una Andalucía por sí, con una autonomía no solo jurídica sino también estratégica, con un proyecto reformista para España y la Unión Europea desde la democracia y el federalismo, que contribuya a la transición ecológica universal para la justicia social.

Lo que hemos visto en Ceuta se vivió también cuando Turquía utilizaba a miles de refugiados sirios contra Europa empujándoles hacia Grecia con el fin de chantajear a la Unión Europea para conseguir objetivos políticos y más dinero. Es la utilización de la desesperación de personas que quieren vivir, sencillamente vivir.

Los empobrecidos se utilizan como arma política a través de procesos de manipulación para que voten a la derecha o extrema derecha, es decir, a quienes no van a defender sus intereses ni el futuro de sus hijos e hijas, reconociendo que hay una derecha con un carácter socialdemócrata que está siendo minimizada. Veo en nuestra querida Región de Murcia, porque hablo con ellos y comparto su pobreza, que me dicen que van a votar a la ultraderecha sin dar más explicación.

Pero, en esos procesos entra también la resignación que tiene una gran capacidad de desmovilización y de convencer de que hay que votar a quienes disponen de grandes riquezas, que poseen grandes recursos económicos, financieros y productivos.

Y, por último, los empobrecidos se utilizan como arma política con la sacralización de las riquezas y, por tanto, de los enriquecidos que es la expresión de la bendición de Dios; todo lo que vaya en contra de esta sacralización es una especie de blasfemia, que hay que eliminar. Lo vemos claramente en lo que se llama el 'trumpismo evangélico'. En Murcia se está dando ya este fenómeno, que se une al voto católico hacia los partidos que amenazan a la democracia.

Resultado de la combinación de estos tres procesos es lograr que los empobrecidos sean un arma política que sirva a los poderosos para que ganen opciones políticas que contribuyan a enriquecer más sus beneficios y a lograr una gran apatía social basada en el sálvese quien pueda.

No es de extrañar que en muchos procesos electorales recientes hayan ganado opciones que no solo quieren reducir los derechos sociales, laborales, sanitarios, educativos…, sino eliminarlos sin ningún miramiento. El vencedor de las elecciones colombianas, De la Espriella, aunque fuera por una exigua diferencia de votos, dijo que quien quiera tener asistencia médica tiene que pagarla y si no tiene medios económicos no se le atiende. Tampoco es de extrañar las expectativas de estas opciones en Europa, incluida España, para los próximos comicios.

Los empobrecidos como arma de guerra se utilizan en la instrumentalización de la migración para 'lanzarlos' contra otros países aprovechando su desesperación, su pobreza y su ansía de encontrar un futuro que les permita vivir con dignidad, incluso, huir de sus lugares de origen para no perder la vida. Se les lleva a una frontera o están ya y con engaños se les indica un camino donde al final se encuentran con la violencia, la muerte y el vacío. Son personas desarmadas, con hambre y con esperanza de encontrarse un mundo distinto al que quieren dejar. Esto lo han hecho Marruecos, Turquía y Bielorrusia entre otros países. Y mucho temo que Marruecos lo seguirá haciendo.

Hay otra forma de que los empobrecidos se conviertan en un arma de guerra, en un sentido literal de la palabra, y es la captación como mercenarios. Una población joven, que pasa hambre y sin expectativas son reclutados en los conflictos. Se les da un arma, se les da de comer, se les da una pequeña paga, pueden saquear y violar, se les enseña a matar y ya tienen un ejército que, en infinidad de veces, actúa contra su propio pueblo. La mayoría de los ejércitos y cuerpos policiales están formados por empobrecidos que buscan sobrevivir y salir de su gran miseria, aunque sea matando y cometiendo violaciones de los Derechos Humanos contra su propia gente. Recordamos aún las palabras de San Óscar Arnulfo Romero cuando se dirigió a los soldados salvadoreños, a la Guardia Nacional y a la policía diciéndoles que eran del mismo pueblo y que mataban a sus propios hermanos campesinos. Les pidió que desobedecieran las órdenes y no mataran a su pueblo. Al día siguiente fue asesinado.

Tengo un sueño y es que los empobrecidos tengan esa capacidad de organizarse, no dejarse utilizar, de entrar en comunión entre ellos para salir de la pobreza, construyendo solidaridad, justicia y humanidad, que es lo que se afirma en la expresión “el pueblo unido jamás será vencido”. Que no haya pobres contra pobres, sino pobres con pobres caminando juntos por las sendas del bien común y la dignidad humana.

Ojalá el pueblo marroquí, entre otros, sepa organizarse y luchar contra esa monarquía semi feudal, corrupta y opresora y contra ese gobierno títere que destina gran parte de su dinero a la compra de armas a Estados Unidos e Israel y a realizar obras faraónicas e invierte muy poco presupuesto en educación, sanidad y protección social. ¡Ojalá!

Posdata: Mostrar una inmensa tristeza desde Murcia por todas esas criaturas que murieron ahogadas por intentar llegar a Ceuta huyendo de su país que celebraba, en ese momento. ostentosamente el aniversario de la llegada al trono de un sátrapa: Mohamed VI.

El episodio de Ceuta, con el paso masivo de más de 72.000 personas alimentado por Trump y Mohammed VI, evidencia hasta qué punto la extrema derecha global está dispuesta a instrumentalizar el miedo, el racismo y la violencia para disputar la hegemonía mundial en el eje izquierda-derecha.

No es un hecho aislado, sino una misma estrategia de desestabilización y construcción de enemigos, en una creciente dinámica polarizadora. Por eso no es casual que, pocos días antes, la Administración Trump señalara el llamado «terrorismo de izquierdas» como la principal amenaza para Estados Unidos: no es una simple ocurrencia retórica, sino un intento deliberado de fabricar un enemigo allí donde los datos y la experiencia dicen exactamente lo contrario.

Hoy existe un amplio consenso entre los servicios policiales y de inteligencia de las democracias occidentales: la principal amenaza para las democracias proviene del extremismo violento de carácter supremacista y de extrema derecha, precisamente aquel que fomentan con acciones como la de Ceuta, y que observamos estos días en las redes en su vertiente propagandística. Del “a las armas y a por ellos” del líder de Desokupa hasta las imágenes de Elon Musk ametrallando a migrantes. El imaginario violento de ultraderecha sin ningún filtro.

Es una realidad constatada durante años por los organismos de seguridad europeos y norteamericanos. Los atentados de Christchurch, El Paso, Hanau o Buffalo no fueron anomalías, sino la expresión de un fenómeno transnacional que comparte propaganda, estrategias y financiación a través de internet.

Tampoco fueron anomalías los graves ataques racistas que se vivieron en Belfast hace unas semanas. Cada vez es más amplio el consenso entre los expertos en terrorismo de que existe una amenaza creciente. Sin embargo, cuesta encontrar este mismo grado de preocupación cuando llega el momento de traducir los diagnósticos en prioridades políticas y policiales, así como en resoluciones judiciales.

Tenemos un ejemplo especialmente revelador. Poca gente sabe que el origen de los graves ataques racistas de Torre Pacheco podría encontrarse en Cataluña, mucho más cerca de lo que parecía. El Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró apunta que la organización Deport Them Now tuvo un papel relevante en la promoción y coordinación de aquellos episodios de violencia.

En los próximos tiempos habrá que determinar su grado de participación en otros episodios racistas graves que tuvieron lugar durante las mismas fechas en Cataluña, como los de la mezquita de Piera, en Sabadell o, más recientemente, en la mezquita de Vilanova del Camí.

Las últimas diligencias policiales apuntan, además, a una estructura organizada con varios integrantes y posibles conexiones internacionales, en una investigación que continúa abierta, en la que desde Comuns ejercemos la acusación popular y que previsiblemente continuará ampliándose si se confirman los indicios existentes. Ha costado que la investigación se ampliara, pero ya empieza a dar sus frutos.

La extrema derecha contemporánea hace tiempo que dejó de ser un conjunto de individuos aislados para convertirse, en muchos casos, en redes capaces de difundir propaganda, organizar campañas de odio y, en sus expresiones más radicales, promover, enaltecer o ejecutar actos violentos.

Sus principales víctimas suelen ser las personas migrantes, la comunidad LGTBI, las minorías religiosas, las personas racializadas y aquellas que defienden proyectos políticos progresistas. Ahora también entran en juego los estados y ‘conflictos proxy’. Veremos hasta dónde llega la deriva EE. UU.-Israel-Marruecos, y su capacidad de avivar conflictos internos en Europa.

Ante esta realidad no basta con responder políticamente. La batalla de las ideas sigue siendo imprescindible porque la democracia solo prevalece cuando consigue convencer y ampliar consensos. Pero sería un grave error pensar que el problema acaba aquí.

También hay una dimensión policial y judicial que no puede seguir siendo secundaria. Las organizaciones violentas de extrema derecha deben ser investigadas con el máximo rigor, con los mismos recursos y la misma determinación con que el sistema penal ha perseguido otras amenazas contra la propia democracia. La protección de los derechos fundamentales exige identificar estas amenazas antes de que se transformen en tragedias, antes de que un día tengamos que decir que hemos llegado demasiado tarde.

La historia europea del siglo XX ofrece demasiados ejemplos de lo que ocurre cuando el odio organizado se menosprecia o se normaliza. La barbarie nunca aparece de golpe; crece alimentándose de la indiferencia, de la banalización y de la falsa creencia de que «no irá a más». Y el estado de derecho debe saber frenar con contundencia a quienes pretenden amenazar la libertad, así como la integridad física y moral de amplios sectores de nuestra sociedad.

Es fundamental ampliar los medios y garantizar toda la contundencia policial y judicial para hacer frente a quienes promueven sin ningún tipo de pudor el odio, a quienes llaman a la violencia racista a través de las redes sociales y también a quienes la ejercen de manera directa.

No podemos permitirnos repetir el error de banalizar la amenaza que representa la extrema derecha internacional, porque mirar hacia otro lado nunca ha detenido los autoritarismos. No pasarán.

Les propongo un ejercicio de imaginación: vamos a suponer que está usted de vacaciones -por fin-, que se ha levantado más tarde de lo habitual, sin prisa, quizá en su casa de siempre, o en un piso cerca del mar, o en el verdor de una sierra. Ahora puede darse un chapuzón antes que nada, con estos calores, o bajar tranquilamente a traer unos churros para la familia, o pasarse por el bar a tomar un café mientras los demás aún duermen y usted puede leer la prensa con calma, picando noticias de aquí y de allá mientras alza la vista para cruzarla con otros veraneantes que tampoco tienen prisa y están de mejor humor de lo que suelen estar a esta hora de la mañana. Luego vendrá un rato para pasear o para dedicarlo a su afición favorita para la que nunca encuentra tiempo durante el resto del año, y una buena comida, seguida, quizá, de una siesta en la penumbra fresca del dormitorio, o en una tumbona bajo la sombrilla o a la sombra de unos árboles a la vera de un riachuelo. Y habrá risas, conversaciones, helados, planes para los días siguientes, una película que hacía tiempo que quería ver, aire acondicionado… e incluso si este año el presupuesto no ha permitido nada especial, tiene usted tiempo, un lugar donde vivir y un trabajo del que ahora, durante unas semanas, está libre. Cuando apriete el interruptor se encenderá la luz y cuando abra el grifo saldrá agua.

Imagínese ahora a sí mismo en un país donde el calor es aún más bestial que en el nuestro este verano, pero la casa es un cubo de hormigón con techo de chapa y en la única habitación duermen y conviven diez o doce o más personas de la familia sin contar con algunos parientes lejanos que están de paso. No hay trabajo, no hay dinero, no hay la menor esperanza de futuro. Se come lo que hay y se reparte entre los que hay.

Pero gracias a internet y a que todo el mundo tiene móvil o acceso a un móvil, puede usted ver, sentado en algún poyete a la sombra de un gran árbol, ahogado por el calor y el polvo, a los que viven en otros lugares del mundo, y no me refiero a los millonarios y sus lujos desmedidos ni a los videoclips de las grandes estrellas de la canción. Hablo simplemente de gente como nosotros, los que vivimos aquí, gente normal que vive en casas que nos parecen normales, donde hay corriente eléctrica, agua caliente y fría, cuarto de baño, televisor, camas con colchones e incluso dormitorios separados para los distintos miembros de la familia. ¿Puede imaginarse lo que siente? ¿No le parece natural que desee alcanzar todo eso?

¿No le llama la atención que chicos de quince años, de dieciocho, de veinte, jóvenes embarazadas, se agencien cualquier cosa que flote y se tiren al mar con la esperanza de llegar a uno de nuestros países? ¿Hasta qué punto de desesperación pueden haber llegado esas personas para echarse al mar, incluso si no saben nadar, siendo perfectamente conscientes de que hay muchas posibilidades de morir en el intento? ¿Se han planteado ustedes alguna vez lo que significa arriesgar la vida con tan pocas esperanzas de éxito?

Sé que precisamente en agosto, el mes de las vacaciones y el dolce far niente, a nadie le resulta agradable leer algo como lo que estoy escribiendo, pero no he podido evitarlo a raíz de los sucesos de Ceuta.

¿Cómo de ruin hay que ser para coger un avión, plantarse allí y empezar a atizar el miedo y el odio contra las pobres personas que han llegado al límite absoluto de la miseria y la desesperación?

¿Qué habríamos sentido nosotros si cuando nuestros compatriotas de hace un par de generaciones se montaron en barcos hacia Argentina y México o en trenes hacia Francia, Suiza y Alemania hubieran aparecido unos políticos arengando a los argentinos, mexicanos, franceses, suizos y alemanes contra los españoles, diciendo que éramos escoria, gritando que había que devolvernos de inmediato a los agujeros de los que habíamos salido? ¿Nadie se acuerda ya de cuando los españoles nos moríamos de hambre en este país y teníamos que buscarnos la vida en otros?

Mi bisabuelo se subió a un tren con lágrimas en los ojos, un par de duros en el bolsillo y un papel con la dirección de un paisano que trabajaba en los viñedos de Montpellier, dejándose a una mujer y seis hijos. Es una historia que se ha narrado en mi familia desde que tengo recuerdo y que nos ha hecho a todos comprender el dolor que representa arrancarse del paisaje propio, de la lengua materna, de las costumbres y los sabores de siempre, con la ínfima esperanza de sobrevivir y poder en algún futuro reunir a los seres queridos y darles lo que nunca han tenido: trabajo, seguridad, sanidad, escolarización…

Sé muy bien que la inmigración descontrolada es un problema de difícil solución, sé que no todo se arregla con buena voluntad y empatía, pero al menos querría que existieran cuando se trata de pensar qué podemos hacer para arreglarlo, que esa buena voluntad y esa empatía formaran parte del debate y del programa.

Me subleva que haya miserables que saquen rendimiento político de la desgracia de otros, que hablen con lengua sibilina para asustar a la población y les insinúen que los que quieren vivir como nosotros vivimos no lo merecen, que son inferiores, que no hay más que ver el color de su piel, que acabarán destruyéndonos y por eso debemos destruirlos nosotros antes de que ellos lo consigan.

Me refiero a esa gente que coge un avión a Ceuta, habla, asusta, amenaza, incita al odio contra los “otros” y luego regresa, se pone los pantalones cortos y el polo de algodón y vuelve a sus “merecidas vacaciones”, a una casa con piscina y aire acondicionado, a comidas y cenas que otros cocinan para ellos. Y, además, en el colmo de la crueldad, de la canallería, cuando se debaten las posibilidades para resolver el problema de la inmigración, votan en contra de todas las medidas que podrían aliviar el destino de las personas migrantes, diciendo, además, que lo hacen en representación de sus votantes que, en ese caso y por pura lógica, son obviamente racistas, clasistas y personas llenas de odio. De verdad no creo que haya tantos compatriotas que piensen así. No creo que haya tantos españoles llenos de odio como algunos políticos nos hacen creer.

Esos políticos deberían -ya que no tienen la fantasía necesaria para imaginarse en otra situación que la propia- sufrir, aunque solo fuera durante una temporada, las condiciones de vida de los que se echan al mar, saltan vallas, se ocultan en los vertederos para tratar de conseguir lo que nosotros tenemos. Quizá entonces no hablarían así.

Con estas líneas no pretendo más que lo que ya dije al comienzo: proponer un ejercicio de imaginación: solo que, por unos momentos, nos pongamos en la cabeza de alguien que en una playa, sabiendo que al otro lado de ese horizonte tan cercano y que quizá no alcance con vida, está lo que anhela, se lanza al mar con toda su desesperación y con toda su esperanza.

La llegada a Ceuta de decenas de miles de personas migrantes ha servido a la ultraderecha global para lanzar una ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas migratorias. En una estrategia compartida, líderes y políticos de distintos países han utilizado las imágenes de la frontera para reforzar un mismo relato, su relato habitual: presentar la migración como una amenaza y reclamar un mayor endurecimiento de las fronteras.

Los mensajes difundidos por dirigentes de la extrema derecha europea y por Donald Trump han recurrido a discursos xenófobos y racistas para aprovechar la crisis fronteriza —que ha dejado al menos 57 personas fallecidas— y alimentar el miedo a la migración.

“Hablar de 'invasión', convertir a todos los migrantes en delincuentes y sembrar el miedo sin pruebas no protege las fronteras: solo alimenta la xenofobia y la polarización. La irresponsabilidad también tiene consecuencias”, dice Anna López, doctora en Ciencia Política y autora de La extrema derecha en Europa, en una publicación en Bluesky.

En medio de las tensiones entre Washington y Madrid el último año y medio, la imagen de miles de marroquíes buscando un futuro mejor se ha convertido en la última baza del presidente de EEUU para atacar a España. “Es terrible. Recordad esa imagen”. Esto es lo que nos va a pasar en los próximos tres años si el bando equivocado llega [al poder]“, dijo el viernes el presidente estadounidense a la cadena Fox. Luego, el Departamento de Estado señaló que la situación en Ceuta ”es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa“.

Trump capitaliza doblemente el episodio de Ceuta para hacer avanzar su agenda y erosionar la imagen del Gobierno de Sánchez. “El presidente Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurrirá si sigue aplicando políticas de extrema izquierda y globalistas, incluida la facilitación de la migración masiva”, dijo a la cadena Fox News la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly. “España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o arriesgarse a su propio declive”.

En 2024, la promesa de endurecer el control fronterizo y combatir la inmigración irregular fue uno de los pilares de la campaña que llevó a Trump de nuevo a la Casa Blanca. Con la guerra de Irán atascada y los estadounidenses ahogados por el aumento del coste de vida, la crisis de Ceuta puede ayudar a Trump a volver a canalizar el malestar social en su favor. La situación también es instrumentalizada para justificar la dura campaña de deportaciones de Trump, marcada por denuncias de abusos y un endurecimiento sin precedentes de las detenciones y deportaciones ejecutadas por ICE.

Si España se ha convertido en un país incómodo para los Estados Unidos de Trump, al otro lado de la valla de Ceuta hay un gran aliado. La relación entre el rey de Marruecos, Mohammed VI, y Washington se ha consolidado durante el segundo mandato del republicano. Durante la primera presidencia de Trump, Rabat fue uno de los primeros países árabes en sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel. A cambio, en 2020, el republicano reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

La campaña de la ultra europea

También la extrema derecha europea aprovechó la ocasión para lanzar, durante toda la jornada del viernes, una campaña en redes sociales en la que, bajo el mismo guion, los líderes ultras reclamaron el cierre a España del espacio Schengen –que permite circular sin control por países europeos—, hablaron de “invasión” y advirtieron de que las personas que llegaron a Ceuta acabarían desplazándose al resto de Europa –decenas de miles regresaron a Marruecos el día después–.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, desmintió que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta “hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros”.

Italia, que la tarde del viernes decidió reintroducir controles en puertos y aeropuertos con España en una medida que implica una suspensión temporal de Schengen (aunque luego ha matizado que los registros serán aleatorios y solo a ciudadanos que no sean europeos), fue uno de los primeros en pronunciarse.

Con todo, ese sábado lideraba junto a Dinamarca y otros 20 países europeos, la petición de una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior. En la misiva se pide tener en cuenta, concretamente, el refuerzo del apoyo de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos.

Ya el jueves se posicionó a favor del cierre del espacio Schengen con España a través de mensajes lanzados tanto por la primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni, como por su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que el viernes provocó que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, convocara al embajador italiano en Madrid, Giuseppe Buccino Grumaldi.

A ese primer anzuelo, se fueron sumando el resto de representantes de la extrema derecha europea. Las primeras adhesiones llegaron desde el norte. El Gobierno finlandés, en el que participan los ultraconservadores, secundó la propuesta italiana, al igual que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, una de las líderes europeas con un posicionamiento más duro contra la inmigración a pesar de pertenecer a la familia socialdemócrata.

El Partido Popular Danés (DF) y los líderes de Demócratas de Suecia (SD), las dos principales fuerzas de ultraderecha en esos países nórdicos, también apoyaron la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen con España.

La francesa, Marine Le Pen, candidata a las elecciones de la próxima primavera, pidió en sus redes que Francia “refuerce sin dilación los controles en sus fronteras” y, como si anunciara una medida de su futuro programa, aseguró que “reservará” la libre circulación Schengen “a los nacionales de la UE”.

La líder de Alternativa para Alemania (AfD), la ultra germana, Alice Weidel, que actualmente encabeza la oposición, publicó una imagen en X en la que se lee “Ceuta invadida” y en la que también deducía que “es probable que el destino de la mayoría de estos migrantes sea Alemania”.

El dirigente del partido neerlandés de extrema derecha PVV, Geert Wilders, que lidera uno de los partidos más grandes del Parlamento neerlandés, ya calificó este jueves la situación en Ceuta de “invasión islámica” y difundió sus habituales mensajes islamófobos y racistas en sus redes: “Deténganlos a todos. Devuélvanlos a todos. No más. No más islam”.

Tras tildar de “los locos de la izquierda liberal” tanto al Gobierno español como al de su país, solicitó el viernes la convocatoria de un debate plenario urgente para abordar la situación en España, sus posibles repercusiones para Países Bajos y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse.

El referente del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, tildó la crisis fronteriza en Ceuta de “batalla por el futuro de nuestra civilización”, ante la cual “es hora de despertar”. En una declaración grabada con imágenes de cientos de marroquíes intentando cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades, alertó –sin pruebas– de que esos jóvenes, “muchos de ellos peligrosos”, pueden acabar en el Reino Unido.

Desde Portugal, el partido ultra Chega, liderado por André Ventura, anunció que presentará en el Parlamento una iniciativa para suspender temporalmente la aplicación del Acuerdo de Schengen y restablecer de inmediato los controles en las fronteras terrestres con España.

Fuera de la UE, Israel se sumó a la ola de críticas contra España y aprovechó la crisis fronteriza para expresar, una vez más, su reproche al Gobierno socialista, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales tras las críticas reiteradas de Pedro Sánchez al genocidio en Gaza. El ministro de Seguridad israelí, el radical Ben Gvir, dedicó al presidente español un mensaje jocoso e irónico y le invitó a “dar refugio a toda la población de Gaza que desee emigrar” en lo que ha descrito como una “excelente oportunidad para contribuir un poco más a la diversidad humana” de España.

Conocido por sus declaraciones incendiarias y su postura supremacista, Ben Gvir “felicitó” a Sánchez por “su profundo compromiso con la acogida de la inmigración”.

En tromba contra la regularización

Una de las críticas más repetidas en la campaña de la extrema derecha europea contra España ha sido al proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por Sánchez para medio millón de personas que están sin papeles en España.

Los líderes ultras relacionaron la oportunidad de la regularización con un supuesto “efecto llamada”. Sin embargo, las personas que han cruzado a Ceuta en las últimas horas no pueden acogerse al procedimiento de regularización, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

El italiano Tajani fue de los primeros en ponerlo sobre la mesa: “Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”.

El mensaje lo replicó luego la extrema derecha francesa. En un mensaje en su cuenta de X, el eurodiputado Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN, el partido de Le Pen), reprochó al Gobierno español que, con esta medida, Sánchez “ha abierto las puertas de Europa a todos los peligros”. “El resultado –añadió Bardella– está ahí : desde hace varios días, miles de migrantes llegan al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, contra la voluntad del pueblo francés”.

El primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, mencionó el “efecto llamada”, junto con el ultra británico Farage, que llamó “amnistía” a la regularización y espetó : “El mensaje de España es claro: entren y se les permitirá quedarse”.

“El drama de Ceuta ya es munición para la extrema derecha europea. Bardella culpa a Sánchez, habla de abrir las puertas de Europa y usa el miedo para pedir más cierres de fronteras. El mismo guion de siempre: convertir una crisis migratoria en oportunidad electoral”, dice Anna López. “La internacional del odio no descansa”.

El PSOE y su líder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han presentado este jueves un escrito ante el juzgado que investiga los disturbios de la Nochevieja de 2023 frente a la sede socialista de la calle Ferraz, pidiéndole nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre otras medidas, la procuradora que ejerce la representación del partido pide al juez que exija a la Policía información sobre “la existencia de vinculaciones de los investigados” por los disturbios “con el colectivo autodenominado Noviembre Nacional, la formación política Vox y la organización conocida como Revuelta”.

También quieren los socialistas que la Policía informe al juez sobre “la repercusión, seguimiento e impacto en las redes y a través de plataformas de streaming, y sitios de internet de la retransmisión de estos hechos, informando sobre su impacto, naturaleza y vinculaciones de las plataformas y perfiles que difundieron los hechos, especialmente, en relación, a organizaciones de extrema derecha, y los autodenominados miembros de Noviembre Nacional, Vox y Revuelta”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, también pide al juzgado que exija a Vox información “sobre su vinculación, formal, orgánica, u económica en el momento de los hechos con la organización Revuelta”, sobre “la afiliación en el momento de los hechos o posterior de los investigados, y en su caso, cargo o papel dentro de la organización” o sobre “si en el momento de los hechos o posteriormente ha mantenido alguna relación laboral, profesional o de otra naturaleza con los investigados”.

Además, el PSOE pide “la busca, detención y puesta a disposición judicial del investigado Ding Jinxin” al entenderla como una “diligencia indispensable” después de que esta persona de origen chino fuera “identificada por la policía” y “tiene la calidad de investigado” en la causa. Igualmente, insta al juzgado a que oficie al Ayuntamiento de Madrid y a la Delegación del Gobierno en Madrid “para que remitan los expedientes completos sobre las autorizaciones que fueran tramitadas para la manifestación, concentración u evento ante la sede del PSOE en la calle Ferraz el 31 de diciembre de 2023 que se solicitaron”.

Sobre ambas administraciones, los socialistas solicitan, asimismo, que el juez les requiera que “remitan todas las actas de infracción, identificación o notas de servicio que se elaboraran la noche del 31 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024” para “conocer la totalidad de los hechos relacionados con los investigados”, así como que “se elabore informe por la Brigada Provincial de Información que determine quienes fueron los organizadores formales y los responsables materiales del evento en el que se produjeron los hechos denunciados, como se financió el evento, cómo se publicitó el mismo y cuál era el objeto de tal evento, todo ello con investigación de la vinculación de los organizadores con organizaciones políticas o de extrema derecha”.

En el texto, el PSOE considera “necesario” todo ello “para acreditar que la concentración contaba con una organización, promoción e infraestructura económica y mediática por grupos de extrema derecha, por partidos políticos como Vox y por grupos violentos”. Como argumento, los socialistas señalan que “precisamente una de las consignas violentas y amenazantes que se gritaban por la masa de gente que allí se encontraba era 'colgadlo de los pies', en alusión a las palabras pronunciadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, al Diario Clarín en Argentina”, refiriéndose al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otro de los requerimientos que recoge el escrito es que “se informe por la Policía Nacional, a través de la Delegación del Gobierno,si los investigados habían sido detenidos o identificados por su participación en algunos de los disturbios violentos que se produjeron casi a diario desde el 3 de noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE, indicando los motivos de la identificación o detención, así como su posible vinculación con los organizadores de aquellas, especialmente los autodenominados Noviembre Nacional, por parte de las Brigadas de Información, Antidisturbios (UIP), o cualesquiera otras que intervinieran en aquellas actuaciones”

El PSOE considera necesaria esta medida “dado que la participación habitual en las concentraciones o actos violentos que se sucedieron desde el 3 de noviembre de 2023 suponen un indicio más, de que los investigados estaban implicados en actos violentos en relación con el PSOE” y Pedro Sánchez, “de forma habitual, y avalan la evidencia de que la convocatoria de esa nochevieja en Ferraz no era pacífica ni tenía una intención lúdica, sino que buscaba la intimidación y la coacción mediante la representación del violento linchamiento de un muñeco como si se tratara de Sánchez”.

“La nochevieja en Ferraz se produce como una continuación de los graves disturbios sucedidos durante días en las inmediaciones de la sede del PSOE, en las que se tenían que desplazar una cantidad importantísima de antidisturbios de la policía, helicópteros que sobrevolaban desde por la tarde hasta altas horas de la madrugada, drones, que dio lugar a que se tuvieron que colocar vallas de seguridad en su perímetro para proteger la sede del PSOE, la cuales fueron lanzadas con violencia a los agentes, que se vieron obligados a hacer cargas policiales dada la situación. Igualmente, se quemaron contenedores, se dañaron vehículos, etc., teniendo que ser retirados contenedores de obra, contenedores de basura y papeleras (los vecinos no pudieron sacar la basura durante días) para que no se lanzaran objetos a los agentes de policía y para que no se quemaran los mismos”, añade el PSOE.

El escrito señala que “con ello se quiere dejar en evidencia que previo a los hechos de la nochevieja en Ferraz donde se suceden los hechos que se denuncian, existieron graves y violentos altercados, en los que los investigados pudieron participar y que estarían vinculados a la convocatoria”.

Austria ha inaugurado una comisaría de policía en el lugar de nacimiento de Adolf Hitler con el objetivo de “neutralizar” su legado tóxico, tras años de debate sobre cómo impedir que los neonazis lo visiten como lugar de peregrinación.

Hitler nació el 20 de abril de 1889 en un piso alquilado en el centro de Braunau am Inn y pasó allí las primeras semanas de su vida.

Ahora, el edificio será el lugar de trabajo de una unidad policial especializada en la lucha contra el tráfico de drogas. Se espera que los nuevos ocupantes disuadan a los asistentes a las manifestaciones nazis, que son ilegales, según la legislación austriaca.

Dada la proximidad de la localidad a la frontera alemana, se encuentra en una ruta clave para el tráfico de drogas, según el comandante de policía del distrito, Stefan Haslberger.

La reconversión, cuyo coste estimado ascendió a 20 millones de euros, se produjo tras un intenso debate público sobre cómo disuadir a los fascistas actuales de utilizar el lugar como santuario.

La agencia de noticias APA informó de que incluso los escombros de la remodelación se habían depositado en un lugar secreto para evitar que se convirtieran en un punto de encuentro para los admiradores de Hitler.

En la ceremonia de inauguración, el ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner, lo calificó de “nuevo capítulo” en el que el edificio sería un “lugar de democracia, Estado de derecho y seguridad”. Al mismo tiempo, afirmó que “la memoria no desaparecerá”.

En los últimos años, los skinheads depositaban rosas y coronas de flores con motivo del cumpleaños del líder nazi ante la elegante fachada ocre del edificio, mientras que extremistas y juerguistas ebrios posaban para las fotos haciendo el saludo nazi con el brazo extendido. Los vecinos, hartos de tales payasadas, suelen llamar a la residencia la “casa del mal”.

Una comisión de expertos encargada de decidir el futuro del edificio había recomendado un “uso con fines sociales o benéficos, o bien oficiales o administrativos”.

Según la comisión, un museo en ese emplazamiento podría seguir atrayendo a extremistas de derecha, especialmente a aquellos cuya ideología de “sangre y suelo” venera de manera especial los lugares de nacimiento y las tumbas. La demolición, por otro lado, ocultaría un capítulo importante de la historia local.

Las encuestas revelaron que la mayoría de los austriacos prefería que se convirtiera en un centro para la promoción de la democracia.

El edificio, algunas partes del cual datan del siglo XVII, albergaba una posada, una cervecería y pisos en las plantas superiores, uno de los cuales fue ocupado durante un breve periodo por la familia de Hitler.

Hace una década, el Gobierno austriaco acordó adquirir la propiedad de un particular, que anteriormente la había alquilado al Ministerio del Interior, el cual la utilizaba como residencia para personas con discapacidad.

Permaneció vacío desde 2011, con una pequeña lápida conmemorativa en el exterior procedente del antiguo campo de concentración de Mauthausen, cuya inscripción solo aludía a su problemático pasado: “Por la paz, la libertad y la democracia. Nunca más el fascismo. Los millones de muertos sirven de advertencia”.

La revista alemana Der Spiegel informó recientemente de que unos piratas informáticos habían sustituido la dirección correcta del edificio en Google Maps por el número 88, código neonazi para “Heil Hitler”, basado en la octava letra del alfabeto.

El Gobierno afirmó que esperaba que la inauguración de la comisaría contribuyera a la “neutralización de todo el lugar” y ahuyentara a los admiradores de Hitler.

El apartamento privado de Hitler como líder nazi en la Prinzregentenplatz de Múnich ha servido como comisaría desde finales de la década de 1940, mientras que su residencia oficial en la Reichskanzlei de Berlín fue destruida por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.

La Alemania de Hitler anexionó Austria en 1938, un hecho que, según los historiadores, llevó a muchos en el país a negar durante mucho tiempo su responsabilidad compartida en el Holocausto y otros crímenes nazis.

El Partido de la Libertad (FPÖ), de extrema derecha y fundado por antiguos nazis, obtuvo el mayor número de votos en unas elecciones generales austriacas por primera vez desde la guerra en septiembre de 2024, pero no pudo llegar al poder porque los partidos mayoritarios se negaron a formar una coalición con él. Desde entonces, el apoyo al FPÖ no ha dejado de crecer.

Traducción de Virginia Sarabia

La magistrada Mercedes Compostizo, encargada de la instrucción del ataque con artefactos explosivos contra la sede del PSOE de Cantabria -ubicada en la calle Vargas 45 de Santander- ha dado por concluida la investigación y considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a Miguel Toribio y René Odriozola, a quienes atribuye la planificación y ejecución del asalto ocurrido el 25 de abril de 2025, durante un acto sobre memoria democrática.

Según ha adelantado este martes el diario El País, la magistrada sostiene en su resolución que ambos actuaron impulsados por una ideología “radical” y que el objetivo de la acción era alterar el desarrollo de una reunión política en la que participaban más de medio centenar de personas.

La resolución judicial da un paso más respecto a las primeras fases de la investigación al incorporar de forma expresa el posible móvil ideológico de los hechos. Según la instructora, los dos investigados actuaron de común acuerdo y las diligencias practicadas apuntan a su vinculación con La Falange, extremo que también sostiene la acusación particular ejercida por el PSOE.

Uno de los procesados es hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), circunstancia que trascendió meses después de las detenciones. La regidora remitió un comunicado a los medios en el se desvinculaba de la actuación de su hijo “mayor de edad” y que calificaba lo ocurrido como “un hecho deleznable” que “debía ser rechazado sin matices”, aludiendo igualmente a la acción de la justicia para depurar responsabilidades pese al “profundo dolor” que la situación le causaba “como madre”.

Los hechos se produjeron mientras la sede socialista acogía una conferencia dedicada a explicar el cambio de denominación de varias calles de Santander, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según el relato que recoge el auto, uno de los acusados accedió al interior del local con el rostro cubierto y dejó dos garrafas que contenían explosivos de fabricación casera elaborados con ácido clorhídrico y aluminio. Los dispositivos fueron activados pocos segundos después desde el exterior, aunque una asistente consiguió sacarlos del edificio antes de que explosionaran.

La magistrada destaca que la rápida intervención de esa mujer evitó consecuencias mucho más graves. Tanto el auto como el escrito de acusación del PSOE inciden en que, de haber detonado los artefactos en el interior del local, se habría generado un importante riesgo para los asistentes, no solo por el carácter corrosivo de las sustancias empleadas, sino también por la posible situación de pánico que podría haberse desencadenado en un espacio cerrado y concurrido. El PSOE sostiene que la mujer que retiró las garrafas sufrió posteriormente lesiones psicológicas por las que precisó tratamiento.

La investigación policial reconstruyó la preparación del ataque mediante distintos indicios. Entre ellos figuran las grabaciones de cámaras de seguridad de un hotel cercano que muestran a los dos investigados transportando bolsas con los componentes utilizados para fabricar los explosivos, el posicionamiento de sus teléfonos móviles en las inmediaciones de la sede socialista y las pesquisas sobre la elaboración de los artefactos. Además, una de las garrafas contenía una nota con el mensaje “Frente a mentiras revanchistas, PSOE Satanás”, elemento que tanto la jueza como la acusación consideran revelador de la motivación política del ataque.

Concluida la instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formalizar sus escritos antes de la apertura del juicio oral. El PSOE solicita para ambos acusados una condena de 14 años y nueve meses de prisión al apreciar delitos de fabricación de explosivos, atentado contra la autoridad, lesiones, delito de odio y tentativa de impedir el ejercicio del derecho de reunión. La jueza, por su parte, aprecia indicios de fabricación de explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa y lesiones.

El ataque provocó una amplia condena institucional cuando se produjo hace más de un año y fue considerado por los socialistas como uno de los episodios más graves de violencia política registrados en Cantabria en las últimas décadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó entonces su apoyo al PSOE cántabro y defendió que la respuesta frente al odio debía ser “memoria, respeto y justicia”, mientras que dirigentes de distintos partidos expresaron su rechazo a una acción que estuvo a punto de tener consecuencias personales entre los asistentes al acto.

Con una cuidada escenificación, Iván Rico se quita el pasamontañas que cubre su rostro. El líder del grupo neonazi Núcleo Nacional anuncia en redes su salto a la política. “Vamos a pelear para que no se sustituya racialmente a nuestro pueblo en su propia tierra”, asegura. La teoría del Gran Reemplazo y el supremacismo blanco como programa.

Para demostrar que va en serio en su apuesta, convoca a una rueda de prensa flanqueado por su hermano David y Enrique Lemus, un histórico de la ultraderecha, y quien inscribió Noviembre Nacional (NN) –el nombre elegido para la andadura democrática– en el registro de partidos.

NN no va a ser el primer partido vinculado al mundo neonazi: la ultraderecha a la derecha de Vox lleva tiempo participando en las elecciones. De la histórica Falange de las Jons (1976) a Democracia Nacional (1995) –de donde viene el propio Lemus– o España 2000 (registrado en 2002), los grupos radicales que orbitan en ese espacio han dado el paso de las calles a las papeletas sin provocar grandes cambios en el panorama electoral español.

Sin embargo, la escenificada maniobra de Rico y los suyos ha tenido una enorme repercusión en los medios. “La pregunta no es tanto qué pasará a partir de ahora, sino qué ha pasado para que estemos en este punto”, introduce Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa. Para esta doctora en Ciencia Política, lo que diferencia este hecho de otros anteriores es el momento en el que nos encontramos.

Overton y más allá

“En los últimos años las extremas derechas han alcanzado mucho más poder. Y esos movimientos que estaban en los márgenes, que veíamos en la calle puntualmente, ya empiezan a formar parte de las reuniones de partidos institucionales que toman decisiones importantes. Esto es una novedad respecto al siglo pasado”, explica.

Vox, como gran fuerza política de ultraderecha en España, ya integró en sus filas a personas provenientes de estos grupos. “Cuando a Vox le descubrieron varios nazis en las listas, los depuraron. Pero ahora ya no, ahora los rehabilitan. Algunos incluso están al mando de organizaciones dentro del partido o tienen cargos de responsabilidad”, apunta Miquel Ramos, periodista y escritor especializado en extrema derecha.

El hecho de tener un partido con peso en las instituciones que defiende políticas xenófobas ha normalizado debates y afirmaciones que hasta hace no mucho eran inasumibles. Y rescata de la marginalidad un discurso público de odio que se exhibe con orgullo. “¿Qué le parece que le llamen racista?”, le preguntaron a Rico en la presentación de su partido. “Me parece bien”, respondió, sonriendo.

“Núcleo Nacional dice que viene a ‘reventar’ la ventana de Overton, pero eso ya lo ha hecho Vox, y ellos simplemente se están aprovechando de eso”, opina Ramos. “Vox ha conseguido que lo que decían los nazis en los años 90 hoy sea parte del discurso político de la derecha de este país. Basta leer lo que escribió Rajoy sobre los jugadores de Francia”, señala.

Cuando lo radical se convierte en normal o mainstream, hay quien busca ir más allá. Y ahí, en esa lógica exponencial, es donde Noviembre Nacional quiere abrirse paso. “El PP copia a Vox y Vox se radicaliza: pasa de hablar de control migratorio a las deportaciones masivas. Y acto seguido la galaxia supremacista habla de sustitución demográfica. El verdadero problema es que Vox ya gobierna, y que el Parlamento Europeo va a financiar centros de deportación en terceros países. Esta es la verdadera derrota”, sostiene López Ortega.

Más difíciles de ilegalizar

Además del momentum, en la decisión de Núcleo Nacional pesa una cuestión estratégica: un partido es más difícil de ilegalizar y fiscalizar que una asociación. “Ellos siguen siendo igual de neonazis, pero ahora será más complicado analizarlos y rastrear su financiación”, explica López Ortega.

Para Ramos, “se sirven de las herramientas del Estado y de la ley aunque no crean en las instituciones”. De esta legalidad española, porque en otros países los neonazis lo tienen más difícil para hacer política.

“Alemania establece que la democracia no es neutral ante sus enemigos, y debe defenderse activamente. Allí estas asociaciones se prohibirían, se investigarían, tendrían una reacción judicial. Nuestro modelo, en cambio, considera un pluralismo político casi absoluto. El límite de una ilegalización lo pone la Ley de Partidos de 2002, que se pensó para el tema de ETA. Por eso es muy complicado ilegalizar partidos neonazis, porque nuestra democracia acepta las diferencias. Tendrían que ir explícitamente en contra del orden constitucional, por ejemplo, o utilizar métodos violentos. Va a ser muy complicado”, advierte López Ortega.

“No van a poner en los estatutos ‘queremos gasear a millones de personas’. Van a hablar de defender nuestra patria, nuestro futuro, nuestras fronteras. No son tontos. Y no se puede ilegalizar una formación así como así”, señala Ramos, que, sin embargo, cree que esta dificultad “no exime a las instituciones ni a la izquierda de actuar”.

“En la historia democrática española, este tipo de organizaciones neonazis no han caído por sus ideologías, sino porque formaban parte de una organización criminal, como en el caso Panzer) o por una violencia directamente perpetrada. No por la violencia del discurso”, detalla López Ortega, que también destaca la importancia de la “reacción política”.

Multiplicación y escalada violenta

“Más que a nivel institucional o electoral, la incidencia que pueden tener es a nivel de calle. ¿Y esto para quién es un riesgo? Para los colectivos diana, de los grupos nazis –migrantes, personas LGTBI…– y para la gente de izquierdas que pone el cuerpo, colectivos militantes”, enumera Ramos.

Para López Ortega, el efecto puede ser de multiplicación. “Van a aparecer nuevas ramificaciones, por una mayor conexión internacional o porque aparecen nuevos temas o nuevas crisis puntuales, que son las que contribuyen al surgimiento de nuevos grupos supremacistas. Lo hemos visto en Torrepacheco”, ejemplifica.

“No hay nada nuevo con núcleo nacional, nada nuevo. Es decir, es más de lo mismo que venimos viendo hace 30 años. La única novedad es que están teniendo un foco mediático que no han tenido en la vida”, se queja Ramos. .

Estas formaciones nazifascistas, explica, suelen ser fugaces, efímeras. Pero esta nueva marca está aprovechando muy bien la cobertura informativa que está teniendo. “Si las cámaras no estuvieran ahí, nadie se enteraría de que existen. Hay una responsabilidad del periodismo y de las instituciones sobre dónde poner el foco. Porque las cámaras están ahí siempre, aunque a una concentración de Núcleo Nacional vayan una decena de personas. Me gustaría ver una cámara en cada acto de la izquierda que multiplica por mil el número de asistentes”, señala el autor de De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española.

López Ortega apela al frente judicial, a los partidos conservadores y también a la izquierda. “Los que son antifascistas tienen que reaccionar. Hay que dar la batalla en todos los ámbitos, no solo en el Parlamento, sino en las redes sociales. ¿Cuántos tiktokers están dando la batalla por una democracia que tenga en el centro la dignidad del ser humano? ¿Y cuántos tiktokers, youtubers e instagramers están dando la batalla por el supremacismo racial blanco? Ahí está la clave, y no en si hay un grupo neonazi más o menos. Ya no tenemos excusa, sabemos lo que pasó en el siglo pasado”, concluye.

Un grupo de diputados de la ultraderecha chilena ha presentado un proyecto de ley para que las mujeres que quieran abortar tengan “oportunidad de escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal” antes de la interrupción del embarazo, lo que ha generado controversia en las últimas horas.

La iniciativa legislativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan “la oportunidad de escucharla”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

“No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”, argumentan los parlamentarios de extrema derecha en el proyecto de ley.

Un proyecto “cruel”

Desde las organizaciones feministas, han calificado el proyecto de “cruel” y lo han definido como “una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas”.

“En los últimos años hemos visto cómo sectores de la derecha chilena han ido adoptando estrategias y discursos impulsados por movimientos ultraconservadores internacionales”, indicó a medios la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

La iniciativa, de hecho, no es pionera y ya fue adoptada en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, o en la región española de Castilla-León, donde gobierna una coalición de los partidos Vox y PP.

El proyecto legislativo también lo criticó Antonia Orellana, exministra de la Mujer del Gobierno progresista de Gabriel Boric, quien se preguntó en una carta publicada en sus redes si “realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá”.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la “batalla cultural” y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se ha pronunciado sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indican que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.

Ha vuelto. Y no como imputado en el caso Kitchen, que ya saben que pudo serlo pero no fue. García Castellón mediante, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se libró de ser juzgado por la mayor trama de corrupción institucional en democracia. Así que ahora, además de ejercer de registrador de la propiedad, mata el tiempo libre escribiendo columnas. Opina sobre fútbol, pero podría hacerlo de natación sincronizada, de equitación, de boxeo o de gimnasia rítmica, ya que es conocido por todos que siempre fue más apasionado del deporte que de la política, aunque viviera casi 40 años de ella.

Su pereza infinita y su oratoria, repleta de trabalenguas, ha regalado no pocas frases surrealistas para los anales de la política: que si “es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”; que si tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas...“; que si ”España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles“ y ”somos sentimientos y tenemos seres humanos“; que si ”me gustan los catalanes porque hacen cosas“; que si ”un vaso es un vaso y un plato es un plato“...

La última nos llega con motivo del mundial de fútbol a las puertas de la semifinal que este martes juegan las selecciones de España y Francia y no fue fruto de la improvisación, sino de una reflexión profunda, ya que la dejó escrita negro sobre blanco. Lean, lean: la selección francesa tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

Rajoy entraba así en los grandes clásicos de la extrema derecha europea con una mentira además salpimentada de racismo porque de los 26 convocados por el seleccionador oficial, solo tres eran nacidos fuera de Francia. Que muchos de ellos sean hijos o nietos de inmigrantes no los hace menos franceses del mismo modo que ser nieto de emigrantes españoles en Alemania o Suiza no hace a nadie menos español. El expresidente no ha cometido un error, ni ha tenido uno de sus habituales lapsus, simplemente ha construido un argumento sobre una premisa falsa de una forma tan burda que cuesta creer que no supiera lo que estaba escribiendo.

“Nivel alto, pero sin franceses” es la manera más retorcida y discriminatoria de decir que el color de la piel o el apellido determinan la pureza nacional. Y es la manera también con la que la extrema derecha lleva años introduciendo de soslayo el racismo institucional en el debate público. Rajoy, por tanto, no ha inventado nada, simplemente se ha sumado a una deriva reaccionaria, racista y xenófoba que ya existe y que amenaza los valores sobre los que se fundó Europa, además de los principios fundamentales de la convivencia.

No en vano la respuesta, en Francia y en España, ha sido unánime para alertar contra los comentarios que alimentan los ataques racistas. Políticos de todo el espectro francés, desde la izquierda comunista hasta la derecha conservadora han coincidido en condenar sin matices lo que ha dicho el expresidente. Si todos están de acuerdo en señalar que ha habido racismo, queda poco margen para la duda, la equidistancia y el contorsionismo dialéctico que ha practicado el PP para no corregir, afear o condenar las palabras de quien fuera su jefe de filas.

Además de enfangar las relaciones con Francia en vísperas de la semifinal del mundial y usar su mayoría absoluta en el Senado para paralizar la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023, alguien debería explicar a los populares que la pertenencia a un país no se mide por el apellido o el color de la piel, sino por el arraigo. Un principio básico que conviene recordar cuantas veces haga falta para no perder de vista el punto en el que estamos en España, en Europa y en el mundo.

Cuando un expresidente de Gobierno juega con las mismas ideas que Vox sobre la reconquista identitaria europea está emitiendo señales inequívocas de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y todo indica que, con PP+VOX, vamos a un país en el que algunos quieren que haya ciudadanos de primera y de segunda, y que el pasaporte no baste si no va acompañado de un apellido compuesto y un blanco nuclear en el color de la piel.

Lo de Rajoy no ha sido una boutade más de las suyas, sino la normalización en el PP de un discurso que hasta hace poco se asociaba solo a la extrema derecha y hoy ya está asumido como propio entre quienes aspiran a gobernar el país, con permiso siempre de Vox, claro.

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hubo un tiempo en que Cataluña era un territorio libre de ultraderecha. Mientras la ola reaccionaria global ganaba espacio en España (que durante décadas también fue la excepción europea en materia de ultraderecha, pero esa es otra historia), Cataluña se presentaba como un dique, al igual que las demás comunidades históricas: Euskadi, Navarra y Galicia, donde el auge ultra no calaba.

Ya sé, ya sé, no se me pongan nerviosos lo del fondo: hay quien piensa que las posiciones reaccionarias anidaban ya dentro del nacionalismo catalán, de la misma forma que la extrema derecha española vivía cómoda en el seno del PP, pero no me estropeen el argumento. Lo cierto es que por un tiempo vivimos la ilusión de que Cataluña se mantenía al margen de la derechización general, por sus propias peculiaridades.

La ilusión duró poco: en las Catalanas de 2021 ya entró Vox en el Parlament, aunque es cierto que con menos ímpetu que en otras zonas, y a costa del PP y de los restos de Ciudadanos. De la misma forma, en las generales de 2019 y 2023 la extrema derecha sumó menos diputados en las provincias catalanas que en otras regiones, por lo que todavía se prolongaba la ilusión de que los catalanes resistían los cantos de sirena del populismo reaccionario, como un residuo de aquel mitificado “oasis catalán”.

Pues si no querías ultraderecha, dos tazas: según el último barómetro del CEO (el llamado CIS catalán), los ultras crecen en Cataluña por partida doble: lo hace Vox, por encima del cada vez más derechizado PP, y sobre todo Aliança Catalana, a costa del también cada vez más derechizado Junts. Entre las dos ultraderechas suman un 30%, muy por encima del peso ultra en cualquier otro parlamento en España. Que ya sé que hay quien piensa que no se pueden sumar así, que son muy diferentes y radicalmente incompatibles (en el eje identitario, españolistas unos y catalanistas los otros, y también en algunos temas de agenda social); pero en su esencia ultra, esto es, en lo que tienen de xenófobos y autoritarios, representan la misma pulsión populista reaccionaria.

El rápido ascenso de la ultraderecha independentista catalana es uno de los fenómenos más sorprendentes y desconcertantes de la política reciente, al menos para mí. No es que yo participase de aquel espejismo de una Cataluña incompatible con el fascismo, pero me impacta cómo la misma receta ultra que en cada país europeo ha encontrado su versión local, en Cataluña ha cuajado en dos platos tan diferentes y a la vez tan similares, confluyentes, simétricos y espejo el uno del otro en sus planteamientos ultranacionalistas.

Los politólogos tendrán sus explicaciones al fenómeno: algunos lo vinculan a aquel Procés que alteró radicalmente la política catalana (y de paso la española), otros al aumento de la desigualdad social y el deterioro de lo público, a la polarización política, a la frustración independentista, o al fermento identitario que siempre hubo en parte del nacionalismo catalán. Los mismos politólogos, por cierto, que hoy explican con argumentos muy convincentes la excepción vasca: que en Euskadi no haya ultraderecha, que Vox sea residual y no haya surgido un equivalente vasco a Aliança Catalana. Veremos si no acaba siendo otra ilusión.