El problema al que alude el título se resume en la existencia de un desmesurado abuso en la contratación laboral temporal en las Administraciones públicas, que provoca una tasa de temporalidad del 26,8%, cuando en el sector privado es del 11,9% y cuando existe un consenso en que en el sector público no debería superar el 8%. Esta tasa se concentra sobre todo en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, con especial gravedad en la sanidad y la educación. A pesar de que en 2021 se puso en marcha un procedimiento extraordinario de estabilización, sólo se logró reducir la temporalidad en 4,4 puntos porcentuales, por lo que seguimos con tasas tan elevadas de temporalidad, fruto de abusos en contratación o de una mala gestión de los recursos humanos.

La sentencia en cuestión es un fallo que acaba de dictar el Tribunal Supremo, a resultas de un recurso de una trabajadora que reclamaba su condición de fija por llevar desde 2009 encadenando sucesivos contratos temporales tras haber superado unas oposiciones a plazas fijas, pero sin plaza. El Tribunal, para resolverlo, había planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo sobre la adecuación de la legislación española a la Directiva sobre contratos temporales, que exige medidas eficaces para hacer frente a los abusos en la temporalidad. La sentencia de Luxemburgo de manera rotunda considera que las medidas existentes en nuestra legislación, tal como son interpretadas por el Tribunal Supremo, resultan insuficientes y no cumplen lo que exige la Directiva.

La sentencia del Supremo, a pesar de que logra una solución razonable al asunto enjuiciado, reconociendo la fijeza de la trabajadora reclamante, no va a resolver el problema de las altas tasas de temporalidad, para empezar porque la solución sólo puede venir de una reforma legislativa. La propia sentencia así lo destaca expresamente: “El legislador debe efectuar las reformas necesarias…introduciendo medidas sancionadoras y disuasorias de la situación abusiva. La elevada y persistente tasa de temporalidad evidencia…una cultura de la temporalidad que solo podrá ser atajada por la acción del legislador”.

La sentencia, siendo consciente del problema inmediato hasta tanto haya respuesta legal, no sólo resuelve el caso concreto, sino que intenta ofrecer una respuesta general para el conjunto de litigios que se pueden presentar a partir de ahora, pero lo hace de manera poco atrevida y, en ocasiones, ambigua. El Tribunal Supremo ha procurado moverse lo menos posible respecto de lo que han venido siendo sus criterios hasta ahora, con lo que, con toda seguridad, habrá nuevas intervenciones del Tribunal de Luxemburgo, no descartándose que éste entienda insatisfactorios los nuevos criterios del Supremo. De otra parte, la sentencia va a abrir paso a un incremento de la litigiosidad, sin que ofrezca suficiente seguridad jurídica para algunas materias, como son los supuestos que dan derecho a la fijeza o la cuantificación de las indemnizaciones a los perjudicados.

Como primera novedad, el Tribunal Supremo asume que para Luxemburgo la conversión en indefinidos no fijos no constituye la solución al problema, de modo que, de manera implícita, abandona la figura como medida adecuada. El Tribunal de Luxemburgo señala que las medidas existentes en la legislación española no cumplen lo exigido por la Directiva, pero, al propio tiempo, no señala cuáles son las medidas idóneas, lo que intenta hacer la sentencia del Supremo. Sin embargo, el esfuerzo del Supremo ha resultado poco acertado, bien porque ha intentado por vía indirecta salvar las medidas existentes, o bien porque lo que tiene de novedoso no va a resultar disuasorio para romper con prácticas de abusos muy consolidadas.

Por ejemplo, la declaración de fijeza de la trabajadora se basa en una situación muy singular de que la misma había aprobado una oposición a un empleo fijo pero sin lograr plaza, pero sin aclarar si se mantiene la validez de las convocatorias de oposición en las que sólo se admiten como aprobados aquellos que ocupan plaza, ni se da respuesta suficiente a los otros supuestos de abuso sin haber superado una oposición, insistiendo en que no tiene validez a estos efectos la participación con éxito en un concurso para la cobertura de una plaza temporal.

De otra parte, se centra en las indemnizaciones a los perjudicados, pero recordando el criterio del Tribunal de Luxemburgo de que su cuantía no puede superar la compensación por el daño causado, de modo que estas indemnizaciones por sí solas no van a tener el necesario efecto disuasorio que exige la Directiva. De manera complementaria, entiende que las sentencias deben dar traslado del asunto a la Inspección de Trabajo para que se sancione a la Administración por la infracción de la normativa sobre contratos. Sin embargo, en el ámbito de lo público las sanciones pecuniarias, sean administrativas o indemnizatorias, por muy elevadas que sean, nunca tienen un efecto disuasorio del fraude; aparte del contrasentido de que la Administración se sancione a sí misma, de modo que casi siempre la multa sale de y entra en el mismo bolsillo.

En suma, la solución definitiva y efectiva sólo puede venir por la vía de una reforma legislativa, porque se trata no sólo de establecer medidas de reparación de los daños ocasionados a empleados concretos, que es lo único que puede resolver la vía judicial, sino, sobre todo, de adoptar medidas preventivas y profilácticas que vayan a la raíz del problema y no sólo a los efectos. Por ello, las expectativas reales pueden provenir más de otra actuación que se desarrolla en paralelo: la apertura que se acaba de producir de un procedimiento de infracción por la Comisión Europea, a resultas de la sentencia de Luxemburgo, conminando al Gobierno español para que en un plazo perentorio adopte medidas eficaces contra el abuso de la temporalidad o justifique la idoneidad de lo ya realizado, pues, en caso contrario, planteará la correspondiente demanda ante el Tribunal de Luxemburgo para que impongan las sanciones económicas que procedan, incluso con el riesgo de bloqueo a España de los abonos pendientes de los Fondos europeos.

El Tribunal Supremo ya ha difundido su sentencia en la que reconoce como fija a una interina tras el fallo de la justicia europea del pasado 14 de abril y establece varias vías posibles de sanción para las Administraciones Públicas que abusen de la temporalidad. Los magistrados no reconocen la fijeza para todos los temporales en fraude, sino solo para aquellos que superaron un proceso selectivo, pero no lograron la plaza. Además, establece las condiciones para reconocer indemnizaciones a los afectados, que serían la vía para resarcir a quienes no hubieran superado una oposición y hubieran encadenado contratos temporales de manera abusiva.

Esta nueva sentencia del Supremo, del 11 de mayo, llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de abril que consideró que España no sancionaba adecuadamente la temporalidad abusiva con las herramientas actuales. En concreto, con: la transformación de esos contratos en una relación laboral de “indefinidos no fijos”; el pago de indemnizaciones tasadas en el momento de extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas que tachó de “ambiguo, abstracto e imprevisible”; y también con los procesos selectivos de estabilización, que reconocen la experiencia previa y el tiempo de servicio de las víctimas del abuso en la temporalidad.

Así, el Supremo resuelve en esta nueva sentencia varias vías de sanción para las administraciones y de compensación para los empleados temporales en fraude, de la que destacamos algunas claves más relevantes.

1) Solo a laborales de la Administración

Una de las primeras cuestiones más relevantes es acotar el alcance de esta nueva doctrina del Supremo, que ha dictado la Sala de lo Social del alto tribunal y que alcanza solo a los trabajadores laborales en abuso de temporalidad, pero no a quienes padezcan este mismo fraude en el régimen de Función Pública.

En España hay 3,1 millones de empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, del pasado julio. De ellos, la mayoría se rigen por el régimen de Función Pública, mientras que algo menos de 640.000 empleados son trabajadores “laborales”, algo más del 20%.

La mayor parte de los laborales trabajan para la Administración Local (300.000) y de las Comunidades Autónomas (250.000), con una minoría en el Sector Público del Estado. De este personal laboral, la sentencia solo afectaría a los empleados temporales que han encadenado varios contratos temporales y con una duración inusualmente larga, el abuso de temporalidad que combate la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Su número exacto es difícil de determinar, según los sindicatos de empleados públicos.

2) Declaración de fijeza y no de “indefinidos no fijos”

En el caso concreto que analiza el Supremo, de una interina del Ayuntamiento de Madrid, el Supremo reconoce su condición de “fija” en lugar de la situación de “indefinida no fija” que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La categoría de “indefinidos no fijos” es por la que se había inclinado generalmente el Tribunal Supremo hasta la fecha –salvo una excepción en 2021, de una trabajadora de Aena–. Esta categoría creada en los tribunales de lo Social mantiene a los empleados temporales laborales en sus puestos hasta que la plaza es cubierta formalmente en un proceso de oposición, al que tienen que concurrir y tras el que pueden perder el puesto.

“La recepción de la STJUE Obadal”, la sentencia del pasado 14 de abril, “conlleva que establezcamos la siguiente doctrina”, indica la nueva sentencia del Supremo:

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad” (...) “no resulta contra legem la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, contempla la resolución judicial.

Establece así un criterio más amplio para la fijeza en el ámbito laboral, destaca el sindicato UGT y explica el catedrático de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán en el análisis de la sentencia en su blog. “Habrá que ver si la jurisdicción Contencioso-administrativa asume el mismo criterio o, por el contrario, se producirá una fragmentación del ordenamiento jurídico”, afirma Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Adrián Todolí, profesor en la Universidad de Valencia, recuerda que el Contencioso-administrativo “ya ha descartado” la fijeza en múltiples ocasiones en este régimen, por lo que considera poco probable que cambie su postura.

3) Cuándo no procede la fijeza

Los magistrados precisan que no procede la fijeza si no se ha superado este tipo de proceso selectivo. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público de carácter fijo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la CE [Constitución Española] y el TREBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]”. Además, considera que “se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, entre otros motivos.

“La conversión automática de todos los contratos de duración determinada con abuso en la temporalidad en contratos fijos de las Administraciones Públicas en modo alguno disuadiría a estas de efectuar en el futuro más contrataciones temporales al margen de esos principios”, consideran los jueces y, por el contrario, advierten de que “se consagraría para el futuro como una vía de acceso al empleo público vulnerando la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Si el trabajador o trabajadora interinos superaron “una convocatoria de acceso a empleo temporal”, tampoco procede la declaración de fijo, añaden los magistrados.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, del magistrado Rafael Antonio López Parada, que apuesta por la fijeza en más situaciones que las que apoya el resto del Pleno de la Sala de lo Social.

4) Indemnización por daños a los afectados

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos para la fijeza en sus puestos, porque no superaron estos procesos selectivos, pueden acceder a indemnizaciones por los daños ocasionados por este abuso, además de las reconocidas hasta ahora al término del contrato. En concreto, “el abono de una indemnización reparadora y disuasoria”.

Los magistrados sientan los criterios para cuantificar estas indemnizaciones por el abuso en la temporalidad pública. Siguiendo la sentencia europea del 14 de abril, la indemnización debe ser una “compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad”, es decir, “no cabe una indemnización meramente simbólica”, ni tampoco debe sobrepasar “el perjuicio sufrido” por el trabajador.

Además, debe “tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión, las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso y el perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado”.

Esta indemnización compensatoria “tiene que diferenciar entre los daños materiales”, como las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, y “los daños morales”, más difíciles de cuantificar.

5) Indemnización mínima de hasta 10.000 euros por daños morales

Para facilitar el cálculo de la indemnización, el Supremo fija “una indemnización presuntiva mínima de los daños morales sin perjuicio de que, si el trabajador acredita unos daños superiores, se indemnicen en su integridad”.

Para ello, utiliza como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que considera una infracción grave la vulneración de la normativa sobre contratos temporales. Así, en función de las multas en vigor –que se reformaron en 2021– establece una indemnización de:

–“En su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros”, antes del 31 de diciembre de 2021.

–“En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”, después de esa fecha.

Los magistrados recuerdan además que la LISOS regula un aumento de la sanción en caso de reincidencia.

Eso sí, “cuando el trabajador acredite que, como consecuencia del abuso en la temporalidad, ha sufrido unos daños superiores, se deberán indemnizar en su integridad”, apuntan los jueces. Eso requerirá que “el trabajador acredite el concreto perjuicio sufrido”.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo considera que este nuevo pronunciamiento del Supremo aumentará la litigiosidad de los temporales laborales (aunque destaca que el número de procedimientos judiciales en esta materia ya es muy elevado). Tanto de aquellas personas que tengan derecho a ser reconocidas como fijas, como también de quienes tienen derecho a esta nueva indemnización por daños.

6) Instar a que la Inspección de Trabajo sancione a la Administración

Los magistrados recuerdan que la legislación “regula la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios y la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”, pero la justicia europea consideró que “no se ha acreditado que ese régimen de responsabilidad haya tenido operatividad real”.

Aunque destacan que “corresponde al legislador aprobar las reformas necesarias para la efectividad de esta responsabilidad”, el Supremo considera que “una medida eficaz podría consistir en que, cuando se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad, se remita testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social” para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador contra la Administración pública.

“La imposición de las correspondientes sanciones administrativas a las Administraciones públicas incumplidoras constituye una medida que, junto con la indemnización de daños y perjuicios, sanciona la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Su impacto económico tendrá un efecto disuasorio”, consideran los magistrados.

El Ministerio de Función Pública ha convocado este jueves a las comunidades autónomas para abordar el problema de la elevada temporalidad en la Administración Pública, concentrada sobre todo en las administraciones regionales y locales y que puede suponer a España una multa de la Comisión Europea. El departamento de Óscar López ha planteado al resto de Administraciones la urgencia de tomar medidas, según fuentes de la reunión, que ha concluido con un acuerdo para formar dos grupos de trabajo que aborden este tema y en las que se evaluarán “posibles cambios normativos”.

La reunión de este jueves tiene lugar tras la sentencia del pasado 14 de abril de la justicia europea, que volvió a considerar que España no sanciona adecuadamente la temporalidad abusiva de los empleados públicos, así como del nuevo apremio de la Comisión Europea a España a que cumpla con la reducción de temporales en la Administración Pública y con una protección adecuada de estos trabajadores ante los abusos en la temporalidad, dentro de los expedientes sancionadores iniciados contra nuestro país en 2014 y 2015.

Bruselas ha dado dos meses a España para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción, que puede desembocar en una multa económica para España.

Tras el pronunciamiento de Bruselas, el 29 de abril, el Ministerio de Óscar López subrayó que el problema de la temporalidad pública está concentrado principalmente en las CCAA, “con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”. Especialmente, en los sectores de Educación y Sanidad, con tasas de temporalidad del 40% y 43%, respectivamente.

Posibles “cambios normativos”

Por ello, Función Pública convocó a las comunidades a una reunión, que ha tenido lugar este jueves por la mañana, presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez.

El encuentro –en un clima “constructuvo”– ha tenido lugar en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, un órgano de carácter técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Este aborda problemas comunes en materia de Función Pública entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la reunión, el Ministerio ha acordado con las comunidades autónomas dos grupos de trabajo. Por un lado, convocar nuevamente el Grupo Técnico de Selección, que ya ha existido con anterioridad para reducir la temporalidad pública, y, por otro, crear un nuevo grupo que estudie “posibles cambios de normativa”, explican fuentes de la negociación.

419.000 plazas estabilizadas

Función Pública ha facilitado los últimos datos de los procesos de estabilización, que superan las “419.000 plazas” y ha pedido a las comunidades que actualicen y hagan llegar al Ministerio sus cifras para tener una fotografía completa de los puestos temporales que se han convertido en fijos.

En todo caso, en el Gobierno consideran que España ha cumplido con el objetivo comprometido con la Comisión Europea, de cubrir al menos con trabajadores fijos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales.

En 2021, España aprobó una ley para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas, pactada con Bruselas, que el Ejecutivo considera que está funcionando ante la reducción de la tasa de temporales públicos de los últimos años.

Esta tasa –que mide los empleados temporales sobre el total– se ha reducido en los últimos años del 32,7% en 2022 al 26,8%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

No obstante, hay muchas diferencias según el tipo de Administración. El peso de los temproales es muy inferior en la Administración Central, del 5%, mientras que en las comunidades escala al 34% y en la adminsitración local al 36%, según los datos del INE analizados por El País.

El Ayuntamieto de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases y convocatoria para la creación dos bolsas de empleo para personal funcionario en régimen de interinidad.

El primer caso, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se trata de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plaza de Jefe/a de Relaciones Públicas del Centro Municipal de Representaciones Escénicas (CMRE), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Subgrupo C1. El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

En el segundo caso, se trata de la creación de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plazas de plantilla de Técnico/a de Administración General, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, correspondientes al grupo A, subgrupo A1.

El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

“Seguimos avanzando, no solamente en el hecho de ir cumpliendo esa oferta de empleo público que, además, anuncio que en breve traeremos para aprobación, como fue nuestro compromiso de hacerlo siempre dentro de los plazos que marca la ley, sino que seguimos avanzando en esta consolidación y en esta creación de ofertas para que existan o estén cubiertas las necesidades que el Ayuntamiento tiene en cuanto a su gestión”, ha afirmado la portavoz municipal, Celia Sanz.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la “precariedad” que existe en el ámbito educativo público, con una tasa de temporalidad que alcanza el 32%, con 10.316 interinos e interinas.

“Uno de cada tres docentes en la región es interino, y sólo el 12,2% de ellos cobraron los meses de verano”, ha dado a conocer la central sindical, que ha publicado una encuesta realizada entre marzo y abril dentro de la campaña 'Y el interino, ¿pa' cuándo?', donde un total de 1.326 docentes han participado para mostrar las principales preocupaciones del colectivo.

Según informa CSIF en nota de prensa, la encuesta pone manifiesto que el cobro del verano a partir de 5,5 meses trabajados es una reivindicación “central” para el colectivo: el 88,7% de los docentes lo considera una medida “esencial y prioritaria”. Actualmente, “para cobrar el verano deben trabajar al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre”, señala la central sindical.

“Lo que nos están diciendo los interinos es que se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas”, ha denunciado el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

No en vano, el 30,2% de los encuestados señala que ha llegado a trabajar más de 8 meses y no ha cobrado el verano; el 24,9% entre 7 y 8 meses y el 32,7% entre 6 y 7 meses. Es decir, el 87,8%, a pesar de haber trabajado más de 5,5 meses no perciben los meses de julio y agosto al haber cumplido estos tiempos con interrupciones. Sólo el 12,2% de los interinos cobró el verano.

“Lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha es seguir el modelo de otras comunidades como Andalucía, que contempla el pago completo de julio y agosto a partir de cinco meses y medio y también con cobro proporcional desde el primer día de servicio. Lamentablemente, aquí en la región seguimos sufriendo unos recortes brutales, algo que preocupa evidentemente a los docentes, tal y como se expone en la encuesta”, ha añadido Martínez.

Junto a esta reivindicación, también destaca la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos. El 62% señala que siempre se ha tenido que desplazar a otras provincias para realizar las oposiciones, con el consecuente gasto económico que conlleva (el 64,9% señala que ha gastado entre 100 y 300 euros y el 24,5% un gasto de entre 300 y 500 euros), además de los problemas de conciliación (el 67,3% advierte que la organización fue compleja y que tuvo que recurrir a familiares y/o cuidadores). Hasta el 83,5% considera que es totalmente necesaria la habilitación de tribunales en todas las especialidades en las cinco provincias.

Asimismo, los docentes interinos también reclaman la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias (76,6%). CSIF ya ha logrado la no presentación obligatoria al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo, tal y como sucederá en las oposiciones de Maestros de este verano, pero los interinos se verán obligados a pagar las tasas.

Otra de las grandes preocupaciones de los docentes interinos, según CSIF, son las adjudicaciones forzosas en los llamamientos: Hasta el 36,8% de los encuestados se han visto obligados a coger una plaza y el 44,5% revela que lo ha hecho empujado por temor a ser expulsado de la bolsa de trabajo. El 81,2% indica como totalmente necesario que el docente tenga libertad para elegir plaza y que la Administración no imponga destinos forzosos, una reivindicación que apoya CSIF.

Por último, CSIF también ha detectado un problema en la continuidad de las sustituciones durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano): hasta el 33,7% señala que ha tenido que hacer frente a varias sustituciones justo antes y hasta el 50,2% fue cesado y no llegó a cobrar estos periodos vacacionales.

Una de las reivindicaciones de CSIF, la de la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de vacaciones es apoyada por el 94,7% de los encuestados.

Una de las regiones con el gasto por alumno más bajo

Según la central sindical, los datos de la encuesta reflejan los recortes que permanecen en la educación pública de Castilla-La Mancha en materia de derechos laborales. Es más, la región se sitúa en el escalón más bajo del gasto por alumno de toda España, con 5.918 euros, por debajo de la media nacional (7.421 euros).

“Los acuerdos firmados en Castilla-La Mancha entre Consejería de Educación y sindicatos afines son pura propaganda, humo que no ha servido para mejorar las condiciones de los docentes”, ha indicado Martínez.

De hecho, el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha pone como ejemplo el proyecto de Ley del Ministerio de Educación, aprobado el pasado 21 de abril en Consejo de Ministros, que reduce el número máximo de alumnos por aula (22 en Primaria y 25 en ESO y fija la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas.

“A pesar de que Castilla-La Mancha tiene las competencias transferidas en la educación no universitaria desde el año 2000 y que ya acumulamos catorce años de recortes en la región, estamos con 25 alumnos en todos los cursos de Primaria salvo en el primer año, y subimos a 30 alumnos en ESO y 32 en Bachillerato. Ha tenido que llegar el Ministerio de Educación para sacar los colores a la Consejería, estamos hablando de que estamos en el furgón de cola y a pesar de ello tratan de vendernos que todo va bien”, concluye el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.

Por su parte, el presidente de CSIF Educación Toledo, Rubén Gómez, ha incidido en el gasto público por alumno. “Si llevamos la inversión de Castilla-La Mancha a nuestros centros públicos, donde hay 384.667 alumnos, nos estamos encontrando con que el Gobierno regional está dejando de invertir más de 578 millones de euros respecto a la media nacional. Es un dato demoledor. Es increíble, ya ni hablamos de País Vasco, que invierte 12.639 euros por alumno. Estamos en el furgón de cola, y así se entienden mucho mejor todos los recortes que todavía padecemos y los resultados en informes de evaluación, como el PISA, que coloca a Castilla-La Mancha en los últimos puestos”.

“Tenemos centros saturados, infraestructuras tensionadas, profesorado inestable y un sistema que funciona gracias al esfuerzo de quienes están dentro, no por la planificación de quienes deben gestionarlo”, ha concluido.

Al menos dos juzgados han dictado sentencias en las últimas semanas que se hacen eco del último fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público en España. Los magistrados europeos respondieron que España no cuenta a día de hoy con medidas que resarzan este abuso sobre los interinos, por lo que estos dos juzgados han resuelto dos soluciones a cada caso estudiado. Un juzgado de Vigo reconoció una indemnización de 52.000 euros a una trabajadora por el abuso de los años en los que estuvo como interina, y otro juzgado de Madrid ha anulado el cese de una interina regional y le ha reconocido el puesto de “indefinida por sentencia”. Ambas son recurribles en instancias superiores.

La primera sentencia, del juzgado de lo Social número 3 de Vigo, difundida por Vento Abogados y adelantada por El País, reconoce la sanción reclamada por una trabajadora, ya fija de la Administración, por los años que estuvo en su puesto como interina y como “indefinida no fija”. En total, 17 años.

Con el respaldo del nuevo fallo del TJUE, la magistrada subraya “el derecho de los trabajadores a percibir una compensación por el abuso derivado del incumplimiento de los plazos máximos de permanencia, que nacerá a partir de la fecha del cese efectivo de dicha contratación temporal irregular, y que debe tener en cuenta a efectos de su cuantificación la naturaleza de las funciones desempeñadas, el número y la duración acumulada de los contratos, las ventajas económicas que el trabajador habría podido obtener de no haberse producido el abuso y el perjuicio derivado de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado como consecuencia de la utilización abusiva de la contratación temporal”.

En este caso, “atendiendo a la duración de la situación precariedad”, desde el año 2008 hasta 2025, la magistrada acepta la petición de 52.100 euros de indemnización.

El segundo fallo, que acuerda lo que se suele denominar coloquialmente como “fijeza” en este debate sobre el abuso de la temporalidad (y que rechaza hasta el momento el Supremo), ha sido difundido este martes por el sindicato CGT. Un tribunal de lo contencioso-administrativo de Madrid ha estimado el recurso de una técnico de prevención de riesgos laborales, funcionaria interina de la Comunidad de Madrid durante casi 20 años, que fue cesada en junio de 2024 del cargo.

La magistrada que ha analizado el caso anula su cese y reconoce su derecho a ser readmitida como “indefinida por sentencia”, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera. La dirección letrada ha sido asumida por Beatriz González González, indica CGT, que ha celebrado el fallo.

“Para esta solución de fijeza se tiene en cuenta la edad de la recurrente X años, su sexo y la dificultad objetiva de incorporarse al mundo laboral, considerando que una indemnización no puede suplir el derecho Constitucional al trabajo”, argumenta la magistrada en el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La sentencia menciona también expresamente la resolución del TJUE del pasado 14 de abril, tras una consulta del Tribunal Supremo, que considera que los actuales mecanismos de compensación a los interinos en abuso de temporalidad no son suficientes. Es decir, ni la fórmula del indefinido no fijo, los procesos de estabilización y las indemnizaciones tasadas por cese.

Un debate aún abierto en los tribunales

No obstante, la justicia europea no estableció qué mecanismo sí cumple con la legalidad europea, algo que corresponde al Tribunal Supremo en España. El Ministerio de Función Pública apuntó tras el fallo que estaba analizando la resolución judicial.

Ante los argumentos de la justicia europea, los juristas señalan varias posibles opciones, como indemnizaciones no tasadas que resarzan verdaderamente el abuso específico a los afectados.

Hay otras voces que insisten en reclamar la “fijeza” de los interinos, como ha concluido esta reciente sentencia. Sin embargo, es una opción que ha rechazado hasta el momento el Tribunal Supremo y también el Gobierno, atendiendo a la Constitución Española y a su jurisprudencia, que exige alcanzar la condición de funcionario a través de procesos de selección que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Euskadi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez modificaciones en la tasa de reposición del funcionariado y agilizar los procedimientos de las OPE para bajar la interinidad actual de los empleados públicos vascos. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al que ha trasladado, además, la conveniencia de mantener una relación bilateral entre ambas administraciones para abordar cuestiones concretas relativas a los trabajadores públicos, entre ellas, las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas sobre la jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

Ubarretxena ha trasladado que la tasa de interinidad en la Administración general de Euskadi tras los procesos de estabilización “ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%”, y que se mantiene el compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura. Pero ha señalado que “para avanzar en ese objetivo” es necesario “adecuar o sustituir el modelo actual en lo relativo a la tasa de reposición del funcionariado, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración, ya que el volumen actual de plantilla de funcionarios se queda corta para las necesidades de plantilla en la administración vasca”.

“De esta forma, el compromiso de reducir la tasa de interinos al 8% parece quedar en manos ahora de los acuerdos que se cierren con el Gobierno de Madrid. Ya en enero de 2025 con la tasa de interinidad en el 14% la propia Ubarretxena reconocía que el objetivo del 8% estaba todavía muy lejos. Para facilitar también la reducción del número de interinos ha planteado la conveniencia de agilizar los procesos selectivos de OPE mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas”, ha señalado la consejera tras la reunión.

En cuanto al tema de la jubilación parcial, Ubarretxena ha señalado que los cambios introducidos por el ministerio se había “dificultado mucho” acogerse al retiro parcial, aunque parece que “se abre un hilo de esperanza” y habrá modificaciones. La consejera ha señalado que se trata de una cuestión que preocupa a los sindicatos vascos. “El martes tenemos reunión de la Mesa General de la Función Pública y queríamos tratarlo con el ministro”, ha señalado la consejera.

También ha abordado con el ministro el futuro sistema europeo de identidad digital, y ha trasladado la petición de que se canalice en Euskadi a través de Izepe, que ya ha posibilitado que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital, con más de un millón de usuarios reconocidos. Es decir, que sea una entidad reconocida de cara a “emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital”. Este planteamiento permitiría que cada ciudadano disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha impuesto por primera vez el pago de las costas judiciales al Servicio Aragonés de Salud (Salud) en un litigio por el reconocimiento de la carrera profesional al personal temporal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado en una reciente sentencia el derecho de una trabajadora interina a acceder a la carrera profesional en igualdad de condiciones que el personal fijo, con efectos económicos desde el momento en que lo solicitó. Pero, además, condena a la Administración autonómica a asumir las costas del procedimiento, con un límite de 400 euros.

Este pronunciamiento marca un cambio respecto a resoluciones anteriores, en las que no se imponían costes a la Administración pese a perder los recursos. En este caso, el tribunal justifica la decisión en la “doctrina consolidada del Tribunal Supremo” sobre esta materia, que reconoce la carrera profesional como una condición de trabajo que no puede discriminar al personal interino.

La sentencia desestima el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra un fallo previo que ya reconocía este derecho, y reafirma que la negativa del Salud a conceder la carrera profesional se basa únicamente en la temporalidad del vínculo, un criterio contrario al derecho europeo.

El fallo se suma a una serie de resoluciones en la misma línea. Según el sindicato CSIF, que ha impulsado más de 400 demandas desde 2021, “y todas las que se van resolviendo has ha ganado”. Posteriormente, el Salud las recurre, aunque estos recursos han sido desdestimados.

CSIF ha recibido en los últimos días tres sentencias en las que el TSJA condena al Salud al pago de las costas en procedimientos de carrera profesional de personal interino. “Estas sentencias dejan claro que el personal temporal del Salud —unos 5.000 trabajadores— tienen derecho a acceder al sistema de carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo. Este reconocimiento debe tener efectos administrativos y económicos desde la fecha de la solicitud. Denegar el acceso a la carrera profesional para los interinos es una práctica contraria al derecho europeo y a la doctrina del Tribunal Supremo”, exponen.

“Además, el hecho de que el TSJA imponga costas al Salud evidencia que la Administración ha mantenido de forma injustificada una estrategia de recursos, que solo retrasa el reconocimiento de derechos, generando un perjuicio añadido a los profesionales y un coste económico a las arcas públicas”, afirma Juanjo del Hoyo, vicepresidente de CSIF Sanidad Aragón. 

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno de Aragón el reconocimiento inmediato de la carrera profesional al personal temporal; el abandono de la judicialización sistemática de este derecho, y la apertura urgente de negociación en la Mesa Sectorial para adaptar el modelo de carrera profesional a la jurisprudencia vigente. 

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha calificado de “histórica victoria tras más de 25 años” la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que España no tiene medidas conformes con el Derecho de la Unión para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales en el sector público. El fallo avala la fijeza de todos los afectados como solución y subraya que si no se hace así, deberían abonarse a las víctimas indemnizaciones muy superiores a las máximas fijadas actualmente en la ley, lo que supondría “un colapso económico y judicial, ya que la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros”.

El sindicato ha celebrado con una concentración ante la sede del Gobierno de Aragón este histórico fallo, del que han destacado que “incide de pleno en Aragón, al ser una comunidad que mantiene un abuso estructural de temporalidad”. Según sus cálculos, unos 20.000 trabajadores de la Administración autonómica tendrán que pasar a ser fijos. A nivel nacional, la cifra total, entre empleados estatales, autonómicos y de entidades locales, llega al millón de personas.

Los jueces europeos castigan así la “reiterada utilización en todas las Administraciones de personal temporal para cubrir necesidades permanentes”, exponen desde el sindicato. Actualmente, uno de cada tres empleados públicos tiene contrato temporal, y en casos como la DGA se llega al 47,7%, según los últimos datos del Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. La sentencia exige sanciones efectivas contra esta situación y señala que si no son económicas, solo pueden basarse en la fijeza de los afectados, ya que la convocatoria de procesos de estabilización no es una medida suficiente.

“Una sentencia que obliga a actuar”

STEPA ha destacado que esta sentencia “después de décadas de hacer caso omiso, obliga, de una vez por todas, a actuar a la Comisión Europea, al Estado en todos los niveles de la Administración y a los Tribunales”.

Además, el sindicato ha recordado que la Comisión Europea solo esperaba esta sentencia para avanzar en una sanción económica a España por incumplir la directiva sobre abusos en la temporalidad “que va a ser elevadísima” porque se compondrá de dos tipos de multa. Por una parte, una sanción a tanto alzado por incumplir la Directiva 1999/70/CE; un motivo por el que ya ha retenido más de 600 millones de euros, vinculados a fondos Next Generation. Por otro lado también una multa coercitiva, que supone una cantidad por cada día que nuestro país se retrase en aplicar la norma “por lo que es evidente que el Gobierno tendrá que actuar si no quiere arruinarse”.

Esta actuación pasa por una ley nacional que convierta en fijos a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que ya se cuenta con un texto “apoyado por muchos partidos de todo el arco parlamentario, desde Vox hasta Bildu”. STEPA ha reclamado la máxima celeridad para que “nuestros políticos legislen para resolver el problema de la temporalidad en el sector público de una forma definitiva, no con la chapuza que fue la Ley 20/2021, que ha sido un completo fracaso y a los cinco años de su entrada en vigor sigue siendo temporal uno de cada tres empleados”.

Finalmente, ha incidido en que esta sentencia del TJUE llega por una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España sobre cómo cumplir con la normativa europea “por lo que evidentemente tiene que aplicarse en los miles de procesos de interinos que han recurrido su cese”. 

Demandas al Gobierno de Aragón

STEPA ha llamado especialmente a asumir sus responsabilidades al Gobierno de Aragón, “uno de los principales incumplidores, con una temporalidad por encima de la media, que supera el 43% de los empleados autonómicos”. Según el cálculo de STEPA, la sentencia afectará a unos 20.000 trabajadores en la DGA, en su mayoría mujeres con una edad media de 50 años. Este número incluye tanto a trabajadores que continúan como interinos, como a quienes han sido cesados y han denunciado su despido.

Según explica el sindicato, cuando la Ley 20/2021 obligó a sacar a procesos de estabilización las plazas ocupadas por personal en abuso, “el Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial: identificar las plazas susceptibles de sacarse a este procedimiento, pese a ser un mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes, a propuesta de Vox y aceptada por el actual Gobierno del Partido Popular”. De esta manera, se han convocado “ofertas ridículas, de apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021”. Así, “no solo la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos, sino que muchos han sido despedidos sin compensación”.

Las demandas al Ejecutivo de Jorge Azcón, en espera del necesario cambio estatal, incluyen así presentar este listado de trabajadores con derecho a la fijeza, paralizar cualquier nuevo cese y retirar sus plazas de las convocatorias de empleo en marcha. Igualmente se reclama una nueva Ley de Función Pública que avance en la planificación de los recursos humanos y garantice la calidad del servicio público. “Acabar con el abuso de temporalidad debe ser una cuestión prioritaria esta legislatura autonómica”, asegura.

STEPA ha subrayado que la fijeza del personal en abuso beneficiará a toda la sociedad, “frente al actual desmantelamiento de los servicios públicos, mantiene a los empleados con mejor formación y experiencia de años; y no perjudica a quienes busquen una nueva plaza, dado el volumen de jubilaciones en los próximos diez años”.

“Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que suponer el principio del fin para acabar finalmente con décadas de injusticia; y para garantizarlo, vamos a continuar presionando a los responsables políticos y animando a todas las víctimas del abuso a que reclamen su estabilización en sus Administraciones y en sede judicial”, han concluido desde STEPA.

Varapalo para España en su trato a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública este martes una sentencia en la que señala que “las medidas previstas en España para sancionar la utilización abusiva” de contratos temporales en el sector público “no resultan conformes con el Derecho de la UE”. El Gobierno responde que la sentencia no es sancionadora y no afecta a la normativa española.

El Tribunal de Justicia considera que estas medidas -la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas- “no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE”.

Relación laboral indefinida no fija

Según el TJUE, la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija “no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal”, de manera que no se acaba con “la situación de precariedad del trabajador afectado”. El TJUE recuerda que “la estabilidad en el empleo ha sido concebida como un componente primordial de la protección de los trabajadores”.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha respondido que la sentencia no impone una sanción ni afecta a la normativa española, ya que “el Acuerdo Marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada”, informa Germán Aranda.

Lo considera, por tanto, una sentencia “meramente aclaratoria” como respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que preguntó si el marco constitucional era contrario a la directiva. Sin plantear qué medidas tomará para adaptarse a la sentencia del TJUE, el ejecutivo defiende que seguirá trabajando por reducir la temporalidad, así como defiende las medidas llevadas a cabo hata la fecha, que han permitido reducir la temporalidad en el sector público del 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

Indemnizaciones

Además, la Justicia europea descarta que las indemnizaciones previstas por la normativa española que se pagan con la extinción de la relación laboral puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de personal interino.

Convocatoria de procesos selectivos

A lo que hay que añadir que el TJUE señala que “tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos” porque aunque “se valoran la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio dedicado al desarrollo de sus tareas, esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos”. Además, el Tribunal europeo incide en que “es posible que el trabajador en cuestión no participe en el proceso selectivo o que no lo supere” y que “la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio mencionados parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso”.

Responsabilidad de las Administraciones Públicas

Por otro lado, en lo que respecta al régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, el TJUE señala que dicho régimen “no constituye una medida adecuada, en el sentido de la cláusula 5, cuando tiene un carácter ambiguo, abstracto e imprevisible y no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que permitan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”. Por este motivo, señala al Tribunal Supremo que debe comprobar “si el régimen de responsabilidad previsto en la legislación española ”se basa en disposiciones nacionales precisas, previsibles y aplicables en la práctica, de modo que permita sancionar debidamente a la Administración Pública“.

En esta ocasión la decisión judicial del tribunal europeo viene por el Caso Obadal: Una trabajadora viene desempeñando funciones de cuidadora de niños como personal laboral desde marzo de 2016 en un centro educativo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su relación laboral se ha basado en seis contratos de duración determinada de interinidad sucesivos, todos ellos destinados a cubrir una vacante o a sustituir a un trabajador.

Los tribunales españoles dictaron que la relación laboral como relación “laboral indefinida no fija”, con el argumento de que sus sucesivos contratos de duración determinada habían sido objeto de una utilización abusiva. Esto significa que la trabajadora permanecerá en su puesto hasta que este se cubra definitivamente mediante un proceso selectivo y que recibirá una indemnización en el momento de la extinción de su relación laboral. Tras esta decisión, la trabajadora continuó con la pelea judicial y elevó su caso al Tribunal Supremo con el objetivo de que de declare su relación laboral como fija.

Sin embargo, el Supremo elevó, una vez más, una consulta a Luxemburgo para que el TJUE aclare si la normativa y la jurisprudencia de España relativas al concepto de relación laboral indefinida no fija son conformes con los requisitos derivados de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada, es decir, si contienen medidas adecuadas para sancionar dichos abusos en el sector público.

El Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada es una norma europea que busca mejorar la calidad del empleo temporal, garantizando la no discriminación frente a trabajadores fijos y, en teoría, limita el abuso de contratos sucesivos.

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha garantizado este jueves que los docentes interinos se incorporarán “un día antes” del comienzo de las actividades lectivas gracias al último acuerdo alcanzado y que, también, garantiza el cobro del verano con 272 días trabajados.

Galiana ha respondido, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta de la 'popular' Pilar Armendáriz, que ha querido conocer una valoración, del Gobierno riojano, del acuerdo para la mejora de las condiciones del profesorado interino firmado con ANPE y CSIF.

El responsable de Educación ha agradecido a las organizaciones sindicales, “que han sido absolutamente responsables a pesar no haber visto colmadas todas sus aspiraciones”, para llegar a un acuerdo que “beneficia”, ha dicho, “al total del colectivo de interinos”. Ha reconocido que no todas han firmado (en referencia a otros sindicatos como UGT, CCOO, STAR y PIR) pero, ha asegurado, todos han visto que tiene “cosas buenas” y, además, “ha supuesto avance sustancial”.

A través de este acuerdo, se garantiza una organización del curso “con un día de antelación” de forma de “un día justo antes del comienzo de las actividades lectivas” los interinos que no hayan sido llamados en verano “puedan estar ahí presentes”. Ha recordado que incluye doce medidas “con mejoras significativas, como el famoso cobro del verano”.

Ha relatado cómo, hasta la fecha, era necesario que los docentes se incorporaran en septiembre para prorrogar el cobro en julio y agosto, pero ésto “tenia perjuicios que se solventan estableciéndolo a través del número de días”. En concreto, serán necesarios 272 para poder tener la prorroga y, en cuatro años, se bajará a 255.

Ha sumado “otro elemento muy importante” como “la no obligatoriedad de aceptar las jornadas parciales, fundamentalmente en el mes de septiembre. A partir del mes de octubre, hasta final de curso, no serán obligatorios los tercios”. Por tanto, ha concluído, “un importante avance fruto del diálogo, de mucho trabajo de negociación y disposición de las mesas sectoriales y del Gobierno, prueba de su capacidad negociadora, y que aúna responsabilidad y apuesta por la calidad del sistema educativo”.

La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, de la que forma parte el sindicato aragonés STEPA, ha presentado este miércoles ante la Representación de la Comisión Europea en Madrid un informe en el que denuncia que el Gobierno de Aragón se sitúa entre los principales incumplidores de la normativa europea y estatal en materia de temporalidad en el empleo público.

El documento concluye de forma tajante que “la Unión Europea no puede autorizar la concesión a España de los 626 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación suspendidos hasta que el Gobierno no apruebe una nueva ley que sancione eficazmente el abuso de temporalidad mediante la estabilización real de todas las personas afectadas”.

Según el informe, la Administración pública española “lleva décadas infringiendo la normativa y sentencias europeas por la ausencia de normativa nacional válida para sancionar el enorme volumen de abuso de temporalidad existente”. Además, denuncia que el Ejecutivo central “ocultó el volumen real de temporalidad en el empleo público” al diseñar el Plan de Recuperación en abril de 2021. Los últimos datos oficiales sitúan la temporalidad en el 32,2% del total de empleados públicos, cerca de un millón de personas, “una parte muy significativa de ellos en situaciones de temporalidad claramente abusiva”. De ese porcentaje, el 76% corresponde a administraciones autonómicas.

En este contexto, STEPA —tercera fuerza en la Administración General de la DGA— subraya que Aragón presenta una situación especialmente preocupante, con una tasa de temporalidad del 43,35%, cinco puntos por encima de la media estatal. El sindicato calcula que unos 20.000 empleados públicos en la comunidad tendrían derecho a la estabilización de sus puestos.

27 años sin cumplir la normativa europea

El informe, que actualiza otro presentado hace año y medio, insiste en que España sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE tras 27 años, lo que obliga a que los puestos estructurales estén ocupados por personal fijo, una exigencia que, según denuncia, “es sistemáticamente vulnerada en el sector público”.

Este incumplimiento se produce pese a varios hitos recientes, como el avance del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España, el bloqueo de 626 millones de euros vinculados al cumplimiento del Plan de Recuperación o los pronunciamientos del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reiterado que los actuales procesos de estabilización “no son una solución válida”.

Para la Coordinadora, la única salida pasa por una nueva ley estatal que incluya “una medida de estabilización real del personal en situación de abuso y sólo del personal en abuso, junto con la reparación de la infracción del Derecho de la Unión para todas las víctimas”.

El informe es especialmente crítico con el Gobierno central, al que acusa de haber ofrecido cifras insuficientes para acceder a los fondos europeos. “Es evidente que España mintió a la Comisión sobre el volumen de temporalidad en el sector público. El compromiso adquirido de estabilizar 300.000 plazas era claramente insuficiente”, señala. Además, critica que el enfoque en las plazas y no en las personas “ha tenido el efecto contrario al esperado: el cese de miles de trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad”. Según sus datos, alrededor de 500.000 empleados públicos no han podido consolidar su puesto, ya que las plazas convocadas representaron menos del 20% de la temporalidad existente.

Los sindicatos denuncian también “una falta total de transparencia” en el número de plazas ofertadas, especialmente en las comunidades autónomas, que concentran casi 750.000 trabajadores temporales.

Aragón, entre las comunidades con más temporalidad

En el caso aragonés, STEPA sostiene que el Gobierno autonómico no ha cumplido ni siquiera con la identificación de las plazas susceptibles de estabilización, pese a tratarse de un mandato recogido en la normativa vigente. “El Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial”, denuncia. El sindicato cifra en apenas un 10% las plazas ofertadas en los procesos de estabilización —unas 2.500— frente a los cerca de 28.000 empleados temporales existentes en diciembre de 2021. “Con ofertas ridículas”, añade, “la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos”.

El informe advierte además del impacto económico de no abordar el problema mediante la estabilización. Según sus cálculos, el pago de indemnizaciones a los afectados podría superar los 40.000 millones de euros, lo que supondría “la ruina de las arcas públicas españolas”. A ello se suma un posible problema social, ya que, según la Coordinadora, los procesos actuales podrían derivar en el despido de hasta 600.000 trabajadores temporales, “el 70% mujeres con una edad media de 50 años, con nula reinserción laboral”.

Frente a ello, defienden la conversión de los contratos temporales en indefinidos como “la única alternativa viable económicamente” y una vía para “evitar el desmantelamiento de los servicios públicos”. El informe concluye con una petición directa a las instituciones europeas para que actúen y “no consientan violaciones flagrantes y masivas de derechos fundamentales europeos”, reclamando la protección de los trabajadores afectados por el abuso de la temporalidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla-La Mancha ha presentado la campaña “Y el interino, ¿pa' cuándo?”, un plan con cinco ejes prioritarios destinado a poner fin a la precariedad que sufren más de 10.000 docentes interinos en la región y avanzar hacia unas condiciones laborales más justas.

El presidente del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, ha afirmado que durante demasiado tiempo“, los docentes interinos han sido tratados como profesionales ”de segunda categoría“, a pesar de realizar exactamente el mismo trabajo que sus compañeros funcionarios de carrera. ”Es momento de que la Administración reconozca esta realidad y ponga fin a la precariedad estructural que afecta a este colectivo“.

En primer lugar, entre los cinco ejes de actuación que presenta CSIF, se sitúa el cobro del verano a partir de 5,5 meses de trabajo, siguiendo el modelo implantado en Andalucía, que permite percibir la retribución estival completa (julio y agosto) a partir de 165 días trabajados, con cobro proporcional desde el primer día de servicio, según ha informado el propio sindicato por nota de prensa.

En Castilla-La Mancha, actualmente es necesario trabajar al menos ocho meses -desde antes del 31 de octubre hasta el 30 de junio- de manera ininterrumpida para poder cobrar el verano, sin que exista un sistema proporcional.

Descentralización de oposiciones para poder conciliar

En segundo lugar, CSIF reclama la descentralización de los tribunales de oposiciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), evitando así que “miles de aspirantes tengan que desplazarse a una única provincia con el consiguiente coste económico y dificultades de conciliación2.

La tercera propuesta es la exención de tasas de oposición para aquellos aspirantes que se hayan presentado a las tres últimas convocatorias o durante los últimos seis años. El sindicato plantea un sistema pionero que reconozca el esfuerzo continuado de los opositores y reduzca la carga económica que supone participar en sucesivos procesos selectivos.

CSIF ya ha logrado la no presentación obligatoria al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo, tal y como sucederá en las oposiciones de Maestros de este verano, pero los interinos se verán obligados a pagar las tasas.

“Verdaderas peticiones a la carta”

El cuarto eje de la campaña se centra en establecer “verdaderas peticiones a la carta”. Actualmente, cuando un interino no solicita determinadas plazas, la Administración puede asignarle destinos de forma forzosa según criterios generales. CSIF propone que los docentes tengan libertad total para elegir las plazas a las que desean optar, “sin riesgo de exclusión de la bolsa por rechazar adjudicaciones no solicitadas”.

Por último, el sindicato plantea garantizar la continuidad en las sustituciones durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano), de manera que se prorrogue automáticamente el nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de vacaciones. Actualmente, cuando un interino está cubriendo una sustitución y llega un periodo vacacional, frecuentemente se produce el cese del nombramiento, generando pérdida de continuidad en el cómputo de servicios, falta de ingresos durante las vacaciones e incertidumbre sobre si volverá a ser llamado.

Según han apuntado desde CSIF, laq temporalidad en Castilla-La Mancha supone el 32%, lo que significa que prácticamente uno de cada tres docentes es interino. “Son un pilar fundamental del sistema educativo de Castilla-La Mancha. Sin ellos sería imposible cubrir ausencias, bajas y sustituciones que garantizan el funcionamiento diario de los centros escolares. Las medidas que planteamos no son utópicas. Existen modelos que funcionan, especialmente en comunidades como Andalucía, que ha avanzado en el pago del verano, la descentralización de tribunales o la continuidad de sustituciones en periodos vacacionales. Lo único que pedimos es que Castilla-La Mancha se sitúe al nivel de las regiones más avanzadas en derechos laborales”, ha explicado Martínez.

El sindicato también ha registrado ante la Consejería de Educación la petición de reconocimiento del sexto sexenio para el profesorado de Castilla-La Mancha, la regulación inmediata de los días adicionales de libre disposición por antigüedad (conocidos como 'canosos') y el establecimiento de compensaciones lectivas y complementarias específicas para el profesorado de mayor edad.

Subraya que la educación pública de la región “mantiene recortes” desde 2012 que son “blanqueados2 por otras organizaciones sindicales situando a la región como una de las comunidades autónomas con peores condiciones.

La mesa sectorial de Educación ha acordado hoy, día 12, con el apoyo de las organizaciones sindicales ANPE, STAR, CSIF y UGT, la creación de 118 nuevas plazas de docentes con las que se amplía la plantilla estable de los centros educativos públicos riojanos a partir del próximo curso académico 2026-2027. A través de esta medida, el Gobierno regional, según señala en un comunicado de prensa, “aporta estabilidad a la plantilla de los docentes de La Rioja y se reduce la temporalidad de los profesionales”.

Este aumento en la estabilización de la plantilla de docentes de La Rioja es consecuencia de la apuesta de la Consejería de Educación y Empleo por el ámbito rural, a través de la publicación de la nueva Orden que regula la estructura, organización y funcionamiento de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y por la atención a la diversidad, con la estabilización de 61 nuevas plazas en estas especialidades. En concreto, en las especialidades de Pedagogía Terapéutica (24 plazas), Audición y Lenguaje (9 plazas), Servicios a la Comunidad (13) y Orientación Educativa (15 plazas). 

La elaboración de las plantillas de docentes para el próximo curso ha sido fruto de un trabajo consensuado con los equipos directivos de los centros, desde la etapa de Educación Infantil, que han transmitido las necesidades reales que tienen respecto a personal. Además, para la creación de las 118 nuevas plazas, se ha trabajado de manera coordinada con la subdirección general de Recursos Humanos y los servicios de Inspección y Atención a la diversidad de la Consejería de Educación y Empleo.

Desde el sindicato ANPE se valora especialmente la apuesta de la Consejería de Educación por reforzar la educación inclusiva, en línea con el Decreto 43/2025 de La Rioja, que establece el marco para garantizar la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad del alumnado.Destacan también el incremento en torno a 30 plazas en la plantilla de los Centros Rurales Agrupados de la comunidad.

“Aunque aún quedan líneas de mejora en las plantillas docentes de La Rioja, ANPE-RIOJA continuará defendiendo la creación de la especialidad de Audición y Lenguaje en los institutos, como ya ocurre en otras comunidades autónomas, la designación de puestos de difícil desempeño y la reducción de la ratio alumno-profesor en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con el objetivo de seguir avanzando hacia un sistema educativo más equitativo, inclusivo y de mayor calidad para todo el alumnado”, señala el sindicato en un comunicado.

Los sindicatos ANPE y CSIF han dado su respaldo al nuevo acuerdo alcanzado con la Consejería de Educación, calificándolo como un avance estratégico que consolida mejoras “reales y medibles” para el colectivo docente interino. Entre las novedades más destacadas se encuentran el nuevo sistema de cómputo para el cobro del verano basado en días trabajados, la flexibilización de las jornadas parciales y la protección de la puntuación en las listas de disponibilidad. Sin embargo, el consenso no ha sido unánime: CCOO ha rechazado la firma al considerar que las medidas son “insuficientes” y un “parche” que no resuelve la precariedad de fondo ni recupera los derechos previos a 2010. Este jueves, UGT también ha mostrado su rechazo a dicha orden porque “no se recupera el cobro del verano perdido en 2012”.

ANPE y CSIF apoyan el acuerdo

Para ANPE, la negociación colectiva es un proceso de avance progresivo. Este acuerdo “no cierra las reivindicaciones pendientes, pero consolida mejoras reales, medibles y de aplicación inmediata”. Rechazarlo “supondría mantener el marco actual sin cambios; apoyarlo permite afianzar derechos y continuar avanzando desde una posición más sólida”, ha señalado la organización.

El acuerdo incorpora mejoras de gran importancia que el sindicato y el colectivo docente llevaba años reclamando como la modificación del modelo de cobro del verano, ya que partir de ahora se calculará en función de los días efectivamente trabajados, con independencia de la fecha de inicio del contrato.

Durante los próximos cuatro cursos se irá ajustando progresivamente el derecho al cobro del verano, lo que permitirá que un mayor número de docentes interinos pueda generarlo. Así, en el curso 2029/2030 se tendrá derecho a cobrar el verano si se han trabajado 255 días.

ANPE Rioja “continuará defendiendo el cobro íntegro del verano con cinco meses de servicios prestados. Esta mejora no constituye la meta final, pero sí supone un avance importante respecto a la situación anterior”.

En relación con las jornadas parciales, “desaparece la obligación de aceptar plazas de un tercio durante todo el curso y las de media y dos tercios de jornada solo serán obligatorias a partir del 1 de octubre”. Esta modificación “amplía las posibilidades de elección al inicio de curso y evita que el profesorado tenga que asumir forzosamente un tercio de jornada, una situación económicamente muy desfavorable”.

En materia de disponibilidad, “desaparece la obligación de mantenerse de forma ininterrumpida en listas para conservar la puntuación”. Si un curso “no se está disponible, simplemente no se suman puntos, pero no se pierde lo ya acumulado”. Esta medida ofrece “mayor seguridad y estabilidad, y protege la trayectoria profesional del profesorado interino”.

Por su parte, CSIF también ha respaldado el acuerdo con la Consejería de Educación sobre el profesorado interino al lograr “muchas mejoras” para el colectivo, así como “poder seguir avanzando en otros temas que son de vital importancia como son el reconocimiento de la labor de los equipos directivos, la regulación de las comisiones de servicio, la regulación de los centros de difícil desempeño”.

En un comunicado, el sindicato ha manifestado que el apoyo viene porque la Consejería “nos ha transmitido unas propuestas diferentes a las que nos había remitido por correo y que no estaban recogidas en el acuerdo”. El resto de sindicatos, han señalado, que “se pueden adherir” también al acuerdo.

“Hemos conseguido que el cobro de verano sea por días trabajados y no a partir de una fecha determinada, eliminando la interrupción máxima de tres días, y permitiendo que haya una interrupción de contratos indeterminada, lo que se traduce en que todo el que empiece a trabajar a mitad de octubre podrá cobrar el verano”, han destacado.

Además, “también se ven beneficiados todos aquellos docentes que están sustituyendo permisos y bajas de maternidad a partir de la fecha determinada y ver que sus contratos se interrumpen en los periodos de Navidad y Semana Santa, consiguiendo un compromiso de ir reduciendo el número de días trabajados desde 272 hasta 255 días, lo que nos permitirá cobrar el verano trabajando de 9 a 8 meses y medio”. También “se reconocerá como experiencia laboral el periodo de vacaciones retribuidas, pero no disfrutadas, con efecto retroactivo de 4 años”.

CCOO, STAR y UGT lo rechazan porque “perpetúa la precariedad”

CCOO ha rechazado firmar la modificación de la Orden de interinidades docentes con la Consejería de Educación por “ser un nuevo parche que perpetúa la precariedad”. En un comunicado, lo consideran “claramente insuficiente”.

El sindicato ha recordado que “ha participado activamente en el proceso de negociación y reconoce que algunas de las mejoras incorporadas al texto responden a propuestas defendidas por CCOO”. Entre ellas “se encuentra cobro de verano tras ciertos días de nombramiento a lo largo del curso, el reconocimiento de las vacaciones devengadas y no disfrutadas a efectos administrativos y salariales (CCOO ya teníamos casos judicializados); la eliminación de la obligatoriedad de aceptar jornadas de un tercio durante todo el curso; una mejor definición de las vacantes y de los puestos a cubrir por personal interino; y la posibilidad de acceder a las listas de interinos mediante la inscripción en las mismas y la presentación a una especialidad en La Rioja, entre otras mejoras”.

Sin embargo, para CCOO estas medidas “no corrigen el problema de fondo: la Administración vuelve a optar por introducir cambios parciales en lugar de acometer la reforma integral que el sistema de interinidades necesita desde hace años”.

El nuevo texto “mantiene situaciones de clara precariedad laboral”. En primer lugar, “sigue sin recuperarse, totalmente, una medida que ya existía en 2010: el cobro del verano para aquellas personas que hayan trabajado de manera continua o discontinua a lo largo del curso, tras 168 días de nombramiento, siendo la oferta de la administración totalmente insuficiente”. La “negativa a restablecer esta garantía mantiene una situación de inestabilidad permanente para el profesorado interino y supone una pérdida directa de derechos laborales y salariales”.

También el sindicato STAR ha anunciado que votará en contra de la Orden de Interinos propuesta por la Administración por “no recoger la misma, verdaderos cambios en cuanto a las dos líneas rojas marcadas, recuperación del cobro del verano y obligatoriedad en las plazas parciales, así como por considerar que la negociación ha sido una verdadera estafa, una pantomima en la que se ha faltado el respeto gravemente a la parte sindical”.

En un comunicado, han recordado que “hoy se ha vivido una negociación que dista mucho de la rigurosidad y seriedad que se le presupone, motivo por el cual STAR mostrará el más rotundo rechazo a la norma planteada, al no respetar la negociación las líneas rojas señaladas por esta organización en representación de aquellos a los que afecta, más del 40 por ciento del profesorado riojano, verano y jornadas parciales, además de considerar que el trabajo y posicionamientos de parte de las organizaciones sindicales presentes en la mesa ha sido menospreciado por parte de la Administración”.

Respecto a las mejoras incluidas en la norma “nos parecen insuficientes y alejadas de lo pretendido. Nos referimos concretamente a la ausencia de una verdadera mejora en cuanto a la recuperación del cobro del verano, bloqueado desde 2014, así como en todo lo relacionado con la propuesta de jornadas parciales presentada”, han destacado.

UGT, por su parte, ha señalado lo que consideran “una línea roja que es la recuperación del cobro del verano para todos los docentes interinos en, al menos, las mismas condiciones que estaban vigentes en 2012, cuando bastaba con haber trabajado 168 días, continuos o no, para que el nombramiento se prorrogara durante los meses de julio y agosto”. Este derecho, recuerdan desde UGT La Rioja se perdió en 2012. Así señalan que “no se reclaman privilegios ni se plantean exigencias que nunca hayan estado sobre la mesa; lo que exige es la devolución de un derecho que ya existía y que fue suprimido hace catorce años, algo que la Consejería de Educación conoce perfectamente porque esta posición se ha trasladado con claridad desde el inicio de la negociación”.

Sin embargo, el Gobierno “plantea ahora un modelo que obligaría a trabajar casi 100 días más, continuos o no, de los que reclama UGT para poder cobrar el verano, una propuesta que no supone ningún avance y que consolida una situación perjudicial para los interinos”.

La negociación de la nueva Orden “no se limita al cobro del verano e incluye cuestiones exigidas por UGT como los tercios no obligatorios, la especificación detallada de las plazas ofertadas, la toma de posesión del profesorado antes de la llegada del alumnado a los centros, la penalización únicamente durante el curso en el que no se está disponible, la posibilidad de entrar en listas de distintas materias al inscribirse en la oposición, el reconocimiento de la experiencia correspondiente a vacaciones devengadas y no disfrutadas, la reserva de plaza por incapacidad temporal y la inclusión en las listas de interinos de los docentes seleccionados por el SEPE”.

Centenares de docentes interinos de La Rioja han salido este sábado a la calle, en una manifestación con la que han reivindicado la mejora de sus condiciones laborales, de cara a conseguir “una educación de calidad” en la región. La marcha ha ido encabezada por una pancarta en la que se podía leer el lema 'Trabajo digno para los y las docentes interinos. ¡Basta de precariedad' Por la calidad de la educación riojana', firmada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, STAR y STE Rioja.

Los manifestantes, además, han portado otras pancartas con escritos como 'Interinos en lucha. ¡Dignidad ya!' o 'Un tercio de jornada no sirve para nada', y han coreado durante la marcha con gritos de estos mismos lemas, acompañados de silbidos. La marcha se ha iniciado en la Plaza del Mercado, para continuar acto seguido por la calle Portales, llegar hasta la Fuente Murrieta, continuar por Avenida de Portugal y acabar en la Concha del Espolón.

Como ha señalado momentos antes de comenzar la manifestación una portavoz de los concentrados, Noelia Ruiz -interina en este momento en Calahorra-, “estamos luchando por unas reivindicaciones que creemos justas”. “Después de diez años, llevamos sin ninguna reforma sustancial en la orden de interinos, y creemos que es justa la continuidad del nombramiento en verano; creemos que es justo que no se nos obligue a coger jornadas parciales que nos obligan a vivir bajo el sueldo mínimo interprofesional”, ha detallado.

Y a ello ha unido que “creemos que es justo que nos tengan en cuenta, porque somos más del 40 por ciento actualmente en la educación riojana, unos más o menos 1.400 interinos”, de manera que, como ha incidido, “vamos a salir a luchar porque las reformas que nos han propuesto no han sido las suficientes”.

En sus palabras, “hay que meterse en lo económico para conseguir que la educación sea de calidad, para que los profesores estén en el aula antes que el alumnado, para que nos incorporemos antes que ellos y para poder ofrecer la mejor educación a nuestro alumnado”. Ruiz ha apuntado que “llevamos varias Mesas Sectoriales de Educación, pero creemos que, por ejemplo, en el tema de continuar el nombramiento, no ha habido ninguna propuesta por parte de la comunidad de educación y, claro, necesitamos respuestas”. “Éste es el principio, empezamos en noviembre, seguimos con esta manifestación y si no vemos respuestas continuaremos. Si tenemos que ir a la huelga, iremos a la huelga”, ha finalizado Noelia Ruiz.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a indemnizar a un trabajador interino de una residencia de mayores dependiente de la Consejería de Bienestar Social, tras ser cesado después de más de tres años de trabajo para cubrir una vacante de forma provisional.

Así se ha pronunciado el Alto Tribunal castellanomanchego en una sentencia con fecha del 15 de enero de 2025 que ha difundido el Sindicato de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM) y que estima parcialmente el recurso presentado tras el despido.

Previamente el Juzgado de lo social nº 1 de Albacete había desestimado la demanda interpuesta por este trabajador como personal de limpieza en el centro. Ahora el TSJ ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por el propio trabajador interino. El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que abonar al demandante una indemnización de 5.237,56 euros, al haberse estimado parcialmente la demanda interpuesta por el trabajador afectado.

Ante esta sentencia solo cabe recurso de casación ante el propio Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para la unificación de doctrina en el plazo de diez días desde su notificación.

A partir de la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, se recalca que el demandante suscribió un contrato de interinidad por vacante como personal de limpieza a tiempo completo en la residencia de mayores 'Las Hoces' de Cuenca. Prestó servicios durante más de cuatro años, hasta el 12 de noviembre de 2024, fecha en la que se le comunicó su despido por “la incorporación del titular”.

¿Por qué tiene derecho a indemnización?

El TSJ afirma en la sentencia que “procede” reconocerle el derecho de una indemnización a consecuencia de que la relación laboral ha superado “ampliamente” la duración de tres años.

Por un lado, sostiene la sentencia que hay “falta de concurrencia de datos que permitan entender que una demora de más de cuatro años para la cobertura de una plaza de personal de limpieza pueda entenderse justificada”.

Por otro, el tribunal señala que “una vez superado el indicado plazo de tres años, procedía haber reconocido al actor la condición de indefinido no fijo” y que al producirse la extinción de su contrato le correspondía el abono de “una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades”.

Desde STAS-CLM animan “al resto de personal interino de la Junta a denunciar ante los tribunales el uso abusivo de la contratación laboral temporal, solicitando la condición de indefinido no fijo a los que tengan una antigüedad en la misma plaza de más de tres años ininterrumpidos; así como cuando se produzca el cese de aquellos que lleven más de los tres años mencionados”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos han alcanzado un acuerdo en la Mesa Sectorial de Educación mediante el cual se modificará la orden que regula las bolsas de trabajo del personal funcionario docente no universitario. En virtud de este pacto, los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones de enseñanza para mantenerse en la bolsa ordinaria de trabajo.

El acuerdo lo ha dado conocer ANPE, sindicato que junto con UGT firmó hace dos años con el Gobierno regional el acuerdo de mejoras para la educación. Esta medida está incluida en el segundo bloque de ese acuerdo y supone, apunta el sindicato, un avance para cientos de docentes interinos que, por motivos personales, profesionales o sobrevenidos, no pueden o no desean concurrir al proceso selectivo y, aun así, quieren seguir formando parte de las bolsas ordinarias.

Explica asimsimo que gracias a esta medida, la Consejería regulará la no obligación de concurrir a las oposiciones. De este modo, todo aspirante de la bolsa ordinaria que presente la solicitud de participación se mantendrá automáticamente en la bolsa, con independencia de que finalmente se presente o no a las pruebas.

Más seguridad jurídica y equidad

“Esta modificación evita situaciones injustas, elimina trámites innecesarios y aporta seguridad jurídica, simplicidad administrativa y equidad, al no ser necesario realizar desplazamientos, regular ni justificar causas sobrevenidas como enfermedad, accidente, embarazo u otras circunstancias imprevistas”, añade ANPE.

También estaca que esta mejora se suma a un amplio conjunto de avances para el profesorado interino, como la Plataforma de “Adjudicaciones a la carta”, la no caducidad de la nota desde 2010 para la ordenación de las listas de interinidades, la aprobación anual de ofertas de empleo público al 120 % de la tasa de reposición, el cobro del periodo de verano para el profesorado adjudicado en septiembre y octubre hasta final de curso, con compromiso de mejora, y el reconocimiento como tiempo de servicios de las vacaciones devengadas por sustitución.

El Juzgado de lo Social 1 de Cáceres ha dictado una sentencia pionera en Extremadura que reconoce el derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado a un empleado público de la Junta de Extremadura con la condición de indefinido no fijo, tras el cese derivado de la cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba y al margen de su posterior estabilización en otro puesto.

La resolución, fechada el 17 de diciembre de 2025 y sobre la que aún cabe recurso, estima parcialmente la demanda interpuesta por la Asesoría Jurídica de la Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) y condena a la Junta a abonar 20.038,49 euros al trabajador afectado, según informa el sindicato.

El fallo adquiere especial relevancia al reconocer el derecho a la indemnización incluso en aquellos casos en los que la persona trabajadora ha superado posteriormente un proceso de estabilización y ha accedido a una plaza fija distinta. De este modo, el juzgado despeja una de las principales controversias jurídicas que venían siendo utilizadas para negar este derecho a quienes habían logrado estabilizar su empleo.

En su argumentación, el órgano judicial aplica de forma directa la doctrina consolidada del Tribunal Supremo (TS), que establece que la extinción de una relación laboral indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza no constituye un despido, pero sí genera el derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio, con independencia de que exista una posterior contratación o estabilización en otro puesto.

Desde USO Extremadura se subraya que esta sentencia es “el resultado de un trabajo jurídico sostenido para defender los derechos del personal afectado por los ceses derivados de los procesos de estabilización”.

El sindicato recuerda que mantiene activas más de 250 demandas en defensa de trabajadores y trabajadoras en situaciones similares, confiando en que este primer pronunciamiento favorable marque el camino de futuras resoluciones.

USO insiste en que la estabilización del empleo público “no puede servir para vaciar de contenido derechos indemnizatorios consolidados ni para corregir, sin consecuencias, años de abuso de la temporalidad en las administraciones públicas, y reafirma su compromiso con la defensa de un empleo público digno y con plenas garantías laborales”.

“Me han ofrecido tres puestos distintos y al final no me he podido quedar con ninguno. Cada llamada cambiaba todo”. Con esta frase resume Javier —nombre ficticio ya que prefiere preservar su identidad— su experiencia reciente como personal interino de la Administración de Justicia en Aragón. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) atribuye este “caos” en las llamadas a la decisión del Gobierno de Aragón de “externalizar el nombramiento de interinos para agilizar el proceso”, lo que, según el sindicato, está provocanto “numerosas irregularidades”. Desde el Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón sostienen que la empresa contratada solo se encarga de las llamadas telefónicas y “no realiza nombramientos”.

El interino explica que el primer contacto llegó un martes, cuando le ofrecieron un puesto de tramitación en Zaragoza. Poco después, le comunicaron que se encontraba muy alejado en las listas y que, como alternativa, se le proponía un destino en Huesca. Tras pedir un tiempo para decidir, aceptó la oferta y recibió la documentación necesaria para formalizar el nombramiento. Sin embargo, antes de llegar a devolverla cumplimentada, volvió a recibir una llamada en la que le ofrecían un puesto distinto, de gestión, y de nuevo en Zaragoza. “Dije que sí, claro”, relata. A lo largo de esa misma jornada, cerca de las dos de la tarde, recibió una tercera llamada en la que le comunicaban que habían detectado un error, ya que figuraba con dos puestos asignados, en relación con el destino de Huesca. Según explica, desde la empresa le aseguraron entonces que no había problema, que no se preocupara y que finalmente se quedaría con el puesto de Zaragoza, quedando pendiente el envío de la documentación definitiva al día siguiente.

La documentación, sin embargo, no llegó. Tras constatar que no recibía respuesta, Javier decidió escribir un correo electrónico explicando su situación y solicitando los documentos correspondientes al puesto de Zaragoza. La respuesta fue una llamada desde un número de teléfono móvil. “Me dijeron que no entendían nada”, señala. Tras volver a explicar su caso, le indicaron que consultarían con otros compañeros. Al día siguiente, recibió una nueva comunicación: le informaron de que había habido un error y de que esos puestos ya estaban ocupados y no disponibles. Como alternativa, le ofrecieron un nuevo puesto de tramitación en Zaragoza. Aunque reconoce que era una plaza “un poco peor”, decidió aceptarla. “Ya estaba con la mosca detrás de la oreja, todo me sonaba raro”, admite.

Durante las horas y días posteriores intentó sin éxito que le remitieran la documentación correspondiente. “Toda la mañana llamando y nada. Al día siguiente, lo mismo”, explica. El fin de semana transcurrió sin novedades y, ya el martes siguiente, volvió a insistir por correo electrónico, alertando de que había otras personas pendientes de su decisión y de que no podía quedarse “colgado”. La respuesta llegó a última hora del día, con una nueva llamada en la que le comunicaron que lo sentían, pero que había habido otro error.

Su principal preocupación, señala, fue quedar fuera de las bolsas de empleo. “Les dije que entendía que el error no era mío, pero que me preocupaba mucho que me borraran de las listas”, relata. Según explica, le aseguraron que no debía preocuparse y que le “activaban”. Sin embargo, llegó a comprobar que había sido eliminado de las listas tanto de gestión como de tramitación, una situación que posteriormente fue revertida. “Al principio estaba contentísimo. En la segunda llamada ya todo me sonaba raro. Y el fin de semana ya daba por hecho que estaba sin trabajo, aunque nunca sabes”, resume.

El interino subraya que, hasta el mes de diciembre, tiene un trabajo como gestor en una capital cercana a Zaragoza y que, “por suerte” no renunció a ese puesto al aceptar alguno de los destinos ofertados esos días: “Me podría haber quedado con una mudanza hecha y sin trabajo”, advierte. También denuncia las dificultades para contactar con los responsables del proceso, con un buzón de voz saturado que no permitía dejar mensajes. “Ahora he dejado la puerta abierta, les he dicho que no me tachen de las listas”, concluye.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha hecho eco de esta situación y ha denunciado públicamente el “caos” en el nombramiento de personal interino de la Administración de Justicia en Aragón desde hace varias semanas. El sindicato sostiene que el Gobierno de Aragón decidió “externalizar la gestión de los llamamientos de forma unilateral” y sin informar previamente a las organizaciones sindicales.

Según CSIF, la empresa contratada —de la que asegura desconocer incluso su nombre— está incurriendo en “numerosas irregularidades” que perjudican tanto a los trabajadores como al servicio que se presta a la ciudadanía. Entre los errores detectados, el sindicato cita “llamamientos para puestos que ya están ocupados, ofertas simultáneas a varios aspirantes para una misma plaza y nombramientos en plazas que han estado cubiertas por personal interino durante más de tres años, algo que la ley de estabilización prohíbe y que obligaría a ofertarlas en concurso de traslado o en un proceso selectivo”.

CSIF también denuncia la “opacidad” de los listados de aspirantes y la “falta de información” sobre si se están respetando los criterios de prelación en los nombramientos. A ello se suma la solicitud de documentación personal a los aspirantes por parte de la empresa, lo que, según el sindicato, genera dudas sobre el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos. “Es fundamental que los nombramientos de interinos sean correctos, ágiles y conforme a la ley para poder prestar un servicio de calidad”, subraya Irene de la Riva, responsable de Justicia de CSIF Aragón.

La Administración de Justicia en Aragón cuenta con una plantilla de unas 1.250 plazas, de las que aproximadamente más del 20% están ocupadas por personal interino, ya sea cubriendo plazas vacantes o sustituyendo a personal titular. Según el sindicato, hay juzgados en los que la totalidad de la plantilla es interina, tanto en capitales de provincia como en el medio rural, “lo que incrementa el impacto de cualquier disfunción en los procesos de llamamiento”.

Desde el Gobierno de Aragón, sin embargo, rechazan que la empresa privada esté realizando los nombramientos. Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que “son procesos complejos en los que se trabaja con los perfiles que se han presentado, siguiendo el procedimiento legal establecido”. Según explican, la empresa a la que alude CSIF “se limita a la comunicación telefónica” y no realiza nombramientos, una tarea que corresponde en exclusiva a la Dirección General de Administración de Justicia. Estas mismas fuentes aseguran que es la propia Administración autonómica la que “verifica y garantiza la idoneidad del proceso y corrige, en su caso, cualquier error que se pudiera producir”.