Nos escribió la semana pasada un suscriptor para reprocharnos, amablemente, que en nuestro análisis de Pisa no habíamos abordado lo que él considera uno de los mayores problema de la educación, la selección del profesorado. Estábamos en ello, Joaquín, te adelantaste en tu email, pero aquí está lo que pedías.

El asunto, complejo, no sale de la nada. Teníamos pendiente hablar de esto desde que en verano el Gobierno anunció que constituía una mesa para negociar el cambio con los sindicatos. Ya os comentamos hace una semana que es una de las reformas educativas que se ha autoimpuesto de alguna manera el Ministerio de Educación para este último curso de la legislatura.

El grueso del sistema de oposiciones docentes no se ha tocado en 30 años y hay bastante unanimidad en el sector con que es necesario un cambio. Son muchos los problemas que plantea el actual método (ya sabéis, primero una fase eliminatoria teórica, luego una práctica, finalmente el concurso de méritos para quien supere las primeras pruebas y por últimos las prácticas de centro, que son un trámite y nunca nadie ha suspendido).

Sin orden de importancia, la falta de equidad en el acceso, qué se le pide a los aspirantes y cómo relaciona eso con lo que se van a encontrar en el aula e incluso los temarios, obsoletos al punto de que para Informática se estudian los disquetes, aparecen entre las principales necesidades.

La falta de equidad se presenta por partida doble. Primero, según nos comenta un experto, porque para presentarse a la oposición de Secundaria hay que tener el máster del profesorado, y como no hay plazas públicas para todos, ni de lejos, a un porcentaje importante de los futuros aspirantes no les queda otra que gastarse unos buenos miles de euros en un centro privado. La otra pata de la inequidad es que cada comunidad autónoma aborda los procesos, ofrece plazas y corrige las pruebas con sus propios criterios, lo que puede generar gran sensación de “arbitrariedad” entre candidatos.

Otro de los problemas que ha detectado la investigación de este asunto es qué valoran las oposiciones y qué le pedimos después a un profesor en el aula. Y en este momento son dos elementos muy alejados. Varios estudios recientes han alertado de este desequilibrio entre las competencias formalmente exigidas en las convocatorias —fundamentalmente pedagógicas, didácticas y de conocimiento disciplinar— y las que se consideran hoy esenciales para el desempeño docente, como las competencias socioemocionales, la capacidad de liderazgo en el aula o la gestión inclusiva de la diversidad.

Decía que nadie duda de la necesidad, urgente casi, de que se reforme el sistema. Pero muchos en el sector sí creen que es una bomba de humo del Gobierno y que no lo van a hacer. Sus motivos tienen: no es ni la primera ni la segunda vez que se anuncia un cambio en las oposiciones que luego queda en nada. Saldremos de dudas en poco tiempo.

 No me extiendo más, si te interesa el tema desarrollamos todo esto, y alguna cosa más, en la pieza que publicamos el fin de semana y que encuentras aquí.

Esta semana hemos hablado de...

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El sindicato CCOO ha anunciado hoy su intención de presentar una reclamación ante los tribunales - en el ámbito de lo Social de las cinco provincias de Castilla-La Mancha- exigiendo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce que los trabajadores interinos de las empresas públicas tienen derecho a reclamar daños morales cuando llevan más de tres años con un contrato de interinidad.

CCOO recuerda que, en la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), a la que están adscritos los bomberos forestales de prevención y extinción de la comunidad, hay “un 90% de interinos que superan esa antigüedad”. A estos trabajadores les ha ofrecido asesoría jurídica, teniendo en cuenta que ya existen una treintena de sentencias favorables en España sobre esta cuestión que han reconocido daños morales por esta situación cuantificados entre 1.000 y 10.000 euros por persona.

Además, hoy, el presidente del Comité de empresa de Geacam Manuel Amores aprovechaba también para afear la reducción de efectivos con la llegada del mes de septiembre, como ya recordaba también CSIF la semana pasada.

Ha recordado que “otras comunidades limítrofes a la nuestra mantienen el dispositivo de extinción al 100% hasta el 15 de octubre”, dentro del que se considera “periodo alto de incendios forestales”, y sin embargo eso no ocurre en Castilla-La Mancha.

Ha criticado que la Consejería de Desarrollo Sostenible esté “transformando” contratos indefinidos en fijos-discontinuos con las plazas indefinidas de compañeros que se van jubilando, y eso según asegura ha provocado que retrocedan “casi 40 años” en una situación que Manuel Amores ha calificado de “lamentable”.

Acompañado por el responsable de CCOO Geacam en Guadalajara, Ignacio Blanco; del responsable de CCOO Geacam en Toledo, Javier Rubio, y del delegado en Geacam en Cuenca, Alejandro García, ha pedido también que la bolsa de interinos sustituya todas las vacantes que hay sin cubrir en la región. Ascienden a 672, pese a que en la bolsa hay solo 500 interinos.

Al respecto, Javier Rubio ha explicado que desde 2008 han “perdido más de 640 puestos de trabajo” y que la voluntad de la Consejería del ramo “no es revertir esta situación”, lamentando que en los meses de noviembre y diciembre solo haya dos personas por turno, preguntando al departamento del Ejecutivo autonómico qué se puede hacer con esta cantidad de efectivos ante situaciones como inundaciones, nevadas o incendios.

Por su parte, el responsable de CCOO Geacam en Guadalajara ha criticado “que cada año se las ven negras para venir a trabajar cien días”, buscando alquileres “donde no hay casas” o dándose “palizas de kilómetros todos los veranos para ejercer la profesión que les gusta”.

A lo anterior, Alejandro García añadía que en las zonas rurales más despobladas se ofrecen contratos de tres meses y sin una oferta de trabajo estable “la gente no va ir a los pueblos”.

“Si Page no tiene ni idea de lo que está pasando que escuche”, ha añadido Ignacio Blanco, quien ha recordado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que “el año que viene hay elecciones” y se vota “y mintiendo las patas son muy cortas”, ha zanjado Javier Rubio.

Siguen los “recortes”, según CCOO

Por otro lado, y pese a un intenso verano de incendios, como el ocurrido en La Mierla, el presidente del Comité de empresa de Geacam ha asegurado que “sigue habiendo recortes”, y actualmente solo están activados el 76% de los medios en al región pese a que “estamos en periodo alto de incendios”.

Además, ha asegurado que el viernes próximo, día 25, solo quedará el 33% de todos los medios de extinción y vigilancia, lo que supone “un tercio del dispositivo en un periodo alto de incendios forestales”.

Ha incidido en que los recortes “traen consecuencias graves para el medio ambiente de la región”, como ocurrió el pasado año con el incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara. Por eso ha insistido en que los servicios de prevención y extinción “no deberían desactivarse en septiembre”.

Finalmente ha recordado que llevan tres años y medio esperando una reunión con la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Cuatro auxiliares de enfermería han logrado que la Justicia les dé la razón en su pleito ante el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) dependiente del Cabildo de la isla. La magistrada titular de la plaza Nº 7 del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha fijado además una indemnización de 2.000 euros a cada una de las demandantes “por el abuso en la temporalidad”.

Según la sentencia, las trabajadoras prestaban servicios para el IASS con una acumulación de 31, 79, 69 y 99 contratos temporales respectivamente. Todos estos contratos fueron iniciados entre los años 2005 y 2012.

Además, todas las demandantes se presentaron a convocatorias públicas de empleo fijo del IASS (mediante concurso-oposición) pero pese a que aprobaron el proceso selectivo no obtuvieron plaza al aprobar más personas que plazas ofertadas. Por ello, se realizaron listas de reserva para aspirantes que hayan superado todas las pruebas de la fase de oposición, “que serán contratados, siguiendo el orden de puntuación final en el proceso selectivo, según las necesidades y modalidades de contratación que se demanden, con carácter laboral interino y/o temporal”.  

En la sentencia se expone que en los últimos puestos ocupaban contratos de interinidad por plazas vacantes que se prorrogaron durante más de 3 a 5 años (entre 2020 y 2021) en hospitales como el Febles Campos, Nuestra Señora de Los Dolores, Santísima Trinidad y la residencia de Ofra.

Durante el proceso, el IASS se opuso a las demandas de las trabajadoras que reclamaban ser consideradas fijas y una indemnización. El organismo alegaba que “los procesos selectivos a los que se presentaron las actoras y superaron sin obtener plaza por lo que no es aplicable lo previsto en la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2026 para declarar la fijeza dado que nos encontramos ante un proceso en el que deben concurrir méritos”.

“Atendiendo a las bases de los procesos selectivos convocados por el IASS , y al resultado obtenido por las demandantes en el mismo, se ha de concluir que las demandantes ”superaron“ en los términos del debate, tal proceso selectivo para personal fijo, porque lo que tenía carácter eliminatorio era la fase de oposición, no la de concurso”, subraya la jueza.

La consecución de la fijeza no deriva, por tanto, solamente del mérito y la capacidad, sino sobre todo del factor aleatorio de haber sufrido un abuso en la contratación temporal, lo cual ciertamente podría suscitar problemas a efectos del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, o del principio de transparencia o el criterio objetivo de la equidad a que se refiere el artículo 7.1.a) Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 (suscrita tanto por España como por la Unión Europea) para la contratación de los empleados públicos“, detalla la sentencia.

La jueza remarca la circunstancia de que el proceso selectivo se articulase mediante el sistema de concurso-oposición no determina, por sí sola, que “deba ser considerado un proceso de acceso al empleo temporal a los efectos de la doctrina jurisprudencial invocada como apuntó el letrado de la demandada o que limitara o hiciera menos llamativa la concurrencia a dicho proceso a los ciudadanos aspirantes”.

“Las convocatorias tenían expresamente por objeto la cobertura con carácter fijo de plazas de Auxiliar de Enfermería, sometiéndose a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad” y, añade que “las demandantes superaron el proceso selectivo, sin obtener plaza por no alcanzar la puntuación necesaria, quedando integradas en una lista de reserva para posteriores contrataciones temporales”, pero  la contratación temporal posterior no constituye la naturaleza del proceso selectivo que las demandantes superaron, sino una consecuencia de no haber obtenido una de las plazas fijas convocadas“.

Recuerda asimismo que la doctrina de la sentencia del Supremo de 11 de mayo de 2026 establece que, cuando el trabajador ha superado un proceso selectivo para el acceso a personal fijo, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y posteriormente se produce un abuso en la temporalidad, la conversión de la relación en fija no resulta contraria a los principios constitucionales de acceso al empleo público. “La razón no reside en que el procedimiento sea exclusivamente de oposición, sino en que se haya superado un proceso de acceso al empleo público fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El hecho de que dicho proceso se configure como concurso-oposición no excluye esta conclusión, pues lo determinante es que su objeto sea el acceso a plazas de carácter fijo y que el procedimiento garantice aquellos principios”, subraya.

En consecuencia, “habiendo superado las demandantes un proceso selectivo convocado para la cobertura de plazas de personal laboral fijo y acreditado posteriormente el abuso en la temporalidad, no puede acogerse la objeción formulada por el IASS basada exclusivamente en la naturaleza de concurso-oposición del proceso, resultando aplicable la doctrina jurisprudencial referida”, destaca la jueza.

Por ello, procede estimar la demanda y reconocer a las demandantes la condición de trabajadoras fijas por abuso de la contratación temporal.

No obstante, la jueza rechaza reconocer los 10.000 euros solicitados por cada una de ellas, “al no haberse acreditado circunstancias adicionales que, conforme a los criterios expuestos, justifiquen alcanzar dicha cuantía”.

Para el sindicato C-SIF, que ha amparado a las trabajadoras en la demanda, esta resolución “reconoce la fijeza de una trabajadora del ámbito sanitario como medida efectiva frente al abuso de la temporalidad, en aplicación de la normativa europea y de la reciente evolución de la jurisprudencia; así como una indemnización acumulada por los daños morales causados”.

El sindicato destaca que “supone un nuevo varapalo al IASS de Tenerife que se ha prodigado en abusar de una forma alarmante en las contrataciones temporales inusualmente largas en fraude de temporalidad”.

CSIF insiste en que que este procedimiento “no solo representa una victoria personal de las afectadas, sino también un reconocimiento a todos los trabajadores que durante años han sostenido los servicios públicos en condiciones de temporalidad abusiva”.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este lunes la “caótica gestión” de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en los nombramientos de docentes interinos y ha exigido que se cumpla la planificación acordada en la mesa técnica del pasado 28 de agosto.

En un comunicado, la Federación de enseñanza de CCOO recuerda que en ese encuentro resultó aprobado, a propuesta de la propia Consejería, un calendario para la organización de las plazas vacantes y de las sustituciones para todo el curso 2026-2027.

Con lo cual, “resulta especialmente preocupante” que sea la propia administración quien “está incumpliendo lo pactado”.

El sindicato expone que está recibiendo “una avalancha” de quejas y solicitudes de información debido a “la confusión” generada por la Consejería en los nombramientos de estos primeros días de curso.

Como ejemplo, cita que se hayan efectuado, primero, nombramientos hasta diciembre de este año y, dos días después, hasta junio de 2027, de tal manera que desde la Dirección General de Personal “se perjudica a quienes más derechos tienen”.

CCOO exige a la Consejería que aclare si esas plazas ya estaban disponibles cuando se hicieron los primeros nombramientos y pide que “recoloque de manera inmediata a todas esas personas que han visto mermados sus derechos”.

Otra queja del sindicato es que no se actualicen las solicitudes de no disponibilidad, pues se están produciendo nombramientos de personas que la habían formalizado.

Esto provoca que el centro espera a alguien que no se va a incorporar y así se retrasa la llegada de otro docente, lo que perjudica a quienes ya están incorporados, pues se les sobrecarga de trabajo para poder atender correctamente al alumnado.

Por otra parte, CCOO denuncia los “nombramientos fallidos” que se están produciendo, algo que, en un territorio como Canarias, implica una serie de dificultades añadidas como consecuencia de los desplazamientos.

En estos casos, las personas nombradas “se encuentran, al llegar al centro, que esa vacante ya no existe, perdiendo días de nombramiento que no serán repuestos por la administración, además de gastos de traslado, alojamiento y consecuencias en la conciliación de la vida personal y familiar”.

CCOO Canarias demanda que se resuelva de manera inmediata toda esta situación y que la Consejería actúe con “la máxima transparencia” y restituya los derechos de todas y todos los docentes afectados.

“La Consejería debe respetar el orden de las listas y los centros necesitan completar sus plantillas cuanto antes”, subraya la organización sindical, que insiste en que los fallos administrativos “no pueden seguir castigando al profesorado, a los centros y al alumnado”. 

El inicio del curso escolar ha vuelto a poner de manifiesto, según denuncian desde el sindicato PIR de profesores interinos, “las graves carencias que afectan a numerosos centros educativos públicos”. Deficiencias en materia de seguridad eléctrica, ascensores fuera de servicio “y una preocupante falta de medios informáticos dibujan un escenario de precariedad que resulta incompatible con las exigencias que la propia Administración reclama al conjunto de la sociedad”.

El colectivo considera “especialmente preocupante” el estado de las instalaciones eléctricas de determinados colegios y reclama la realización de auditorías técnicas exhaustivas para corregir unas deficiencias que, sostienen, “deberían estar resueltas” antes de exigir el cumplimiento estricto de las normas de seguridad a empresas y particulares. Asimismo, ven “especialmente contradictorio” que se impulse la modernización digital y la sostenibilidad sin garantizar previamente las condiciones básicas de seguridad de los propios edificios públicos para evitar riesgos en el alumnado.

A estas deficiencias se suma, según señalan desde PIR, “la situación de los ascensores que permanecen inoperativos en numerosos centros educativos” por retrasos en revisiones, mantenimiento y tramitación de permisos por parte de las administraciones responsables. En el caso de Logroño, califican de “especialmente grave” que estas actuaciones no se hayan ejecutado con la suficiente antelación para el arranque del curso escolar.

Las consecuencias “van más allá de una simple incomodidad”, según advierten, ya que impiden la movilidad de personas con discapacidad y obligan a los conserjes a trasladar por las escaleras mobiliario pesado. “No es razonable que un trabajador tenga que subir y bajar mobiliario pesado por las escaleras porque un ascensor lleva semanas sin funcionar por problemas administrativos”, denuncian, al tiempo que reclaman que se agilicen de inmediato todos los trámites para recuperar la accesibilidad universal.

El tercer gran problema señalado afecta a los medios tecnológicos puestos a disposición del profesorado, con ordenadores cuya antigüedad impide acceder al escritorio virtual. Esta escasez “obliga al profesorado a buscar soluciones por su cuenta” y a recurrir a sus propios ordenadores personales para trabajar, una práctica que el colectivo tacha de “preocupante” por sus implicaciones en materia de protección de datos. Según advierten, la Consejería de Educación exige una elevada responsabilidad en el tratamiento de los datos académicos pero no proporciona un entorno corporativo seguro, por lo que sostienen que “la responsabilidad de la vulneración de la ley de protección de datos recae en la Consejería” al no suministrar los equipos necesarios.

Ante este panorama, desde este colectivo de docentes interinos reclaman a las administraciones competentes la puesta en marcha de un plan de choque urgente que aborde de forma coordinada las principales deficiencias detectadas. Entre sus exigencias destacan la auditoría e inmediata subsanación de las instalaciones eléctricas, la puesta en marcha de los ascensores inoperativos, el cumplimiento de la accesibilidad universal y una dotación informática suficiente que evite el uso de dispositivos personales. Por último, exigen una planificación preventiva del mantenimiento durante el periodo no lectivo para evitar que cada curso comience arrastrando deficiencias, recordando que “la educación pública necesita recursos, mantenimiento y planificación, no discursos vacíos”.

El Ministerio de Función Pública estudia con las comunidades autónomas sancionar a gestores públicos por el abuso de interinos en la Administración, según ha adelantado El País y confirma a elDiario.es el departamento que lidera Óscar López. El Ministerio está tratando de acotar y cifrar el problema de abuso, que por el momento cifra en “menos de 200.0000” trabajadores temporales.

La medida está debatiéndose junto a otras iniciativas y cambios legales para reducir notablemente los trabajadores temporales en el sector público (casi un tercio en la actualidad frente a la meta establecida del 8%), por lo que Bruselas tiene abiertos varios expedientes contra España.

La sanción a gestores públicos está aún siendo debatida en la mesa de negociación abierta con las comunidades y ayuntamientos, las que más temporales tienen, y presenta la dificultad de acotar a qué nivel y cargo público dirigir la responsabilidad del abuso de interinos y, por tanto, la sanción que finalmente se establezca, explica El País.

Así, por ejemplo, ante el abuso de sanitarios interinos en un hospital, se presenta la discusión de qué gestor es el verdadero responsable de esta situación. Muchas veces, el recurso a interinos es la única manera de atender el servicio público en cuestión, ante la falta (o demora) de las convocatorias de plazas estables.

elDiario.es ha consultado a Función Pública si se baraja sancionar a cargos políticos, como Consejeros de Sanidad o Educación, por ejemplo, dos de los sectores con más interinos, pero no ha dado detalles al respecto.

“Respecto a las medidas las estamos trabajando con las Comunidades Autónomas porque al final son ellas las que tendrán que adoptarlas, que son las que tienen el problema”, responden en el Ministerio de Óscar López. La próxima reunión con las CCAA es el próximo 24 de septiembre, añaden estas fuentes.

El Ministerio cifra el abuso en menos de 200.000 trabajadores

El Gobierno además está estudiando hasta dónde alcanza el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, para responder a la Comisión Europea en los expedientes abiertos contra España por este motivo, que pueden derivar en una demanda contra nuestro país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Aunque aún no ha cerrado la cifra de afectados, el Ministerio de López precisa que no todos los temporales públicos –casi un millón de personas, un 32% del total de trabajadores del sector– están en una situación de abuso.

De momento, Función Pública sitúa el problema “por debajo de los 200.000” trabajadores temporales, que son las personas que llevan tres años en esta situación, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público “fija un límite general de tres años para la ocupación interina de plazas vacantes”, recuerdan en el Ministerio, cambio introducido en 2021 en el paquete de medidas contra la temporalidad abusiva del entonces ministro Miguel Iceta.

“Sin embargo, no todos los interinos que llevan más de tres años estarían en situación de abuso”, por lo que aún tienen que acotar bien el dato, añaden en el departamento de Óscar López.

Bruselas apremió a España responder antes del 30 de junio –con dos meses de plazo– sobre cómo está atajando este problema, que la justicia europea volvió a decir el pasado abril que España no está sancionando de manera adecuada. Tras ello, el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia en la que estableció las condiciones para hacer fijos a interinos en abuso, así como a las indemnizaciones económicas para resarcir los daños a los afectados por esta irregularidad.

El Gobierno no llegó al plazo de finales de junio y pidió a la Comisión Europea más tiempo, hasta marzo de 2027, para dar una respuesta sobre la magnitud del problema y las medidas para resolverlo, que es la que está negociando con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para la que ha consultado también a los sindicatos más representativos.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha rechazado el reconocimiento de la condición de personal fijo a trabajadores públicos temporales, si bien ha fijado un baremo de indemnizaciones por abuso en la contratación temporal que se mueve en una horquilla entre los 1.000 y 10.000 euros en función de la duración de la relación laboral temporal abusiva.

No obstante, si la persona trabajadora acredita unos daños morales superiores se pueden llegar a indemnizar “en su integridad”, según ha confirmado el TSJA.

Las cuantías indemnizatorias

Así para relaciones laborales con una duración de hasta cinco años se establece la cuantía de 2.500 euros, que en caso de alcanzar los diez años será de 5.000 euros; de 7.500 euros cuando la duración de la relación llegue a los 15 años, y de 10.000 para las relaciones que superen el plazo de 15 años, sin perjuicio de que puedan incrementarse si se acreditan perjuicios mayores.

El alto tribunal asturiano, reunido en Pleno, ha adoptado esta decisión una vez resuelta una cuestión prejudicial sobre esta materia planteada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (TS) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Recursos de suplicación

Una vez unificada la doctrina por parte del Supremo tras el fallo del TJUE, emitido el pasado mes de abril, el alto tribunal asturiano ha tenido la base suficiente para resolver los recursos de suplicación sobre empleo público temporal que se encontraban suspendidos a la espera de este pronunciamiento.

En los recursos de suplicación se planteaban dos cuestiones esencialmente: por una parte, el reconocimiento de la fijeza laboral a personal laboral temporal, y por otra el abono de una indemnización por abuso en la contratación temporal.

No reconoce la fijeza

El Tribunal Supremo exige el haber superado previamente un proceso selectivo para el acceso a un empleo fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin que a estos efectos sean válidos los procesos selectivos superados para empleos temporales.

Teniendo en cuenta esta doctrina, la Sala de lo Social ha resuelto no reconocer la fijeza en ninguno de los casos en que así se reclamaba, ya que en unos “no se había superado un proceso selectivo previo en las condiciones establecidas”, y en otros “se trataba de procesos de empleo temporal que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, no son válidos para declarar la fijeza laboral”.

Datos materiales y morales

No obstante, la Sala sí reconoce el derecho de las personas trabajadoras cuya contratación temporal se ha de calificar de abusiva a reclamar la indemnización correspondiente por abuso en la contratación temporal ya que por razones de orden procesal no podía reconocer la indemnización en los casos resueltos en los que no se había reclamado expresamente en la demanda que dio inicio a cada procedimiento.

El Tribunal Supremo permite reclamar por este abuso tanto daños materiales como daños morales, si bien precisa que los primeros han de ser acreditados expresamente por la persona trabajadora que los reclame, y para los daños morales, dada su dificultad probatoria y a falta de acreditar daños superiores por la persona trabajadora afectada, fija una “indemnización presuntiva mínima”.

Un portavoz del TSJA ha señalado que se remitirá testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos que procedan de acuerdo, igualmente, con la doctrina del Tribunal Supremo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con las condiciones “más duras” para que los profesores interinos puedan tener derecho a cobrar el verano y habla de requisitos “leoninos” para acceder a estas pagas.

Coincidiendo con la finalización del curso escolar 2025-2026, el sindicato ha denunciado la “precariedad” que sufren los más de 10.300 docentes interinos de la región, “con peores condiciones laborales y económicas que el resto de comunidades autónomas”.

CSIF expone que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que tiene las condiciones “más duras” para que los interinos accedan al cobro del verano: deben haber trabajado al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio, con nombramientos realizados antes del 31 de octubre.

De acuerdo a los datos recogidos por CSIF en la encuesta realizada entre los meses de marzo y abril, estos requisitos “leoninos” provocan que aproximadamente un 40% (en torno a 4.100 docentes) no perciban salarialmente estos meses de verano.

“Situación claramente discriminatoria”

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, señala que “estamos sin duda en la peor comunidad autónoma para ser docente interino, antes de 2012 se cobraba el verano íntegramente, pero lamentablemente arrastramos unos recortes terribles que nos sitúan en una situación claramente discriminatoria”.

CSIF pone como ejemplo los sistemas educativos de Madrid, Asturias, Navarra o País Vasco, donde se cobra a partir de 5,5 meses trabajados, o Andalucía, donde además de los 5,5 meses también hay un pago proporcional desde el primer día de servicio. Pero es que, según asegura el sindicato en nota de prensa, incluso otras comunidades con condiciones “más restrictivas” continúan siendo mejores que Castilla-La Mancha: en Comunidad Valenciana y Cantabria los nombramientos de vacantes deben producirse antes del 31 de diciembre, o Aragón, que exige 7 meses, pero si es menos lleva a cabo un pago proporcional.

Asimismo, CSIF también expone la “elevada” temporalidad en la educación pública de la región: los 10.300 docentes interinos representan el 32,14% del total del profesorado, una temporalidad disparada que requiere de ofertas de empleo público mucho más amplias.

Dentro del Plan Integral de Interinos presentado por CSIF a la Consejería de Educación, también se reclama la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos en los procesos selectivos; la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias; el fin de las adjudicaciones forzosas en los llamamientos o la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de periodos vacacionales.

Para CSIF, la situación que sufren los interinos de la región evidencia la necesidad urgente de modificar la normativa vigente y poner fin a la discriminación que afecta cada año a miles de docentes. “El problema que tenemos en Castilla-La Mancha es que se están blanqueando los recortes con acuerdos con sindicatos afines al Gobierno como ANPE, CCOO y UGT que han abandonado completamente a los docentes, ya sean interinos o no. Es intolerable que la pérdida de derechos y la precarización laboral que llevó a cabo Cospedal siga totalmente vigente. Ya hemos avanzado que a partir del inicio del próximo curso llevaremos a cabo diferentes medidas de presión, hay que acabar con unos recortes que creó Cospedal y que Page mantiene una década después”, concluye Martínez.

Finalizado el plazo de dos meses que la Comisión Europea le dio a España para responder sobre cómo está atajando el actual abuso del empleo temporal en el sector público, este 29 de junio, el Gobierno no ha llegado a responder con las medidas a Bruselas y le ha pedido más tiempo para ello. En concreto, hasta el 27 de marzo de 2027. La Comisión dio este margen a España dentro de los expedientes de infracción iniciados hace años contra España y previo paso a una demanda contra el país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

El Ministerio de Función Pública confirma que ha pedido nueve meses más de plazo a la Comisión Europea, como ha adelantado El País, para poder impulsar “las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales”.

La Comisión lleva años urgiendo a España a que solucione este problema laboral, que ha derivado en una gran cantidad de demandas de interinos en los tribunales, tanto en España como en Europa. Además, Bruselas retiene el desembolso de 626 millones de euros de los Fondos de Recuperación por incumplir con una correcta sanción del abuso de la temporalidad.

El pasado 29 de abril, Bruselas emitió dos dictámenes motivados –segunda fase del procedimiento de infracción comunitario– contra España, con el mencionado plazo de de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión advertía de que podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción.

Reunión con las CCAA para debatir una nueva reforma

El departamento de Óscar López citará a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo 8 de julio a una reunión en Santander con el objetivo de “debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público”. El Gobierno de coalición ya aprobó una reforma para reducir la temporalidad en el empleo público, gracias a masivos procesos de estabilización, pero se han considerado insuficiente por parte de la justicia europea.

Esta reunión con las comunidades y ayuntamientos dará “los primeros pasos” del grupo de trabajo que creó el Ministerio el pasado mayo, precisamente para abordar estas medidas contra la temporalidad para dar respuesta al plazo de dos meses lanzado por la Comisión Europea.

El Ministerio de Función Pública ha argumentado a Bruselas que la última sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, del 12 de mayo, que declaró fija a una interina que había pasado un proceso de oposición sin conseguir plaza (y que luego estuvo años como temporal en una vacante) y que abrió nuevas vías de sanción a la Administración Pública, “ha introducido elementos nuevos” que hay que analizar.

“Además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas”, añade el departamento de Óscar López, que también se ha puesto en contacto con las organizaciones sindicales para “consensuar entre todos los agentes implicados nuevas medidas para recortar las tasas de temporalidad”.

“El encuentro de Santander aspira a avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las Comunidades Autónomas para frenar la temporalidad”, indica el Ministerio de Función Pública en una nota. El Gobierno subraya que “son precisamente estas administraciones las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”.

Un juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón a una trabajadora sanitaria afiliada al CSIF en la que se reconoce su condición de empleada fija, tras acreditar una situación de abuso en la contratación temporal durante casi dos décadas, según ha informado este lunes el sindicato.

Según CSIF, se trata del primer fallo judicial en Canarias que reconoce la fijeza de una trabajadora del ámbito sanitario en aplicación de la normativa europea y de la evolución de la jurisprudencia contra el abuso de temporalidad.

La sanitaria empezó a trabajar en 2007 en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife y encadenó 131 contratos temporales, el último de ellos una interinidad por plaza vacante con una duración de seis años.

El juzgado ha reconocido el derecho de la demandante a la condición de personal laboral fijo por abuso de la contratación temporal en una sentencia que, según el CSIF, es “un importante precedente para miles de profesionales sanitarios que llevan años prestando servicios mediante contratos temporales o nombramientos prolongados”. 

El problema al que alude el título se resume en la existencia de un desmesurado abuso en la contratación laboral temporal en las Administraciones públicas, que provoca una tasa de temporalidad del 26,8%, cuando en el sector privado es del 11,9% y cuando existe un consenso en que en el sector público no debería superar el 8%. Esta tasa se concentra sobre todo en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, con especial gravedad en la sanidad y la educación. A pesar de que en 2021 se puso en marcha un procedimiento extraordinario de estabilización, sólo se logró reducir la temporalidad en 4,4 puntos porcentuales, por lo que seguimos con tasas tan elevadas de temporalidad, fruto de abusos en contratación o de una mala gestión de los recursos humanos.

La sentencia en cuestión es un fallo que acaba de dictar el Tribunal Supremo, a resultas de un recurso de una trabajadora que reclamaba su condición de fija por llevar desde 2009 encadenando sucesivos contratos temporales tras haber superado unas oposiciones a plazas fijas, pero sin plaza. El Tribunal, para resolverlo, había planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo sobre la adecuación de la legislación española a la Directiva sobre contratos temporales, que exige medidas eficaces para hacer frente a los abusos en la temporalidad. La sentencia de Luxemburgo de manera rotunda considera que las medidas existentes en nuestra legislación, tal como son interpretadas por el Tribunal Supremo, resultan insuficientes y no cumplen lo que exige la Directiva.

La sentencia del Supremo, a pesar de que logra una solución razonable al asunto enjuiciado, reconociendo la fijeza de la trabajadora reclamante, no va a resolver el problema de las altas tasas de temporalidad, para empezar porque la solución sólo puede venir de una reforma legislativa. La propia sentencia así lo destaca expresamente: “El legislador debe efectuar las reformas necesarias…introduciendo medidas sancionadoras y disuasorias de la situación abusiva. La elevada y persistente tasa de temporalidad evidencia…una cultura de la temporalidad que solo podrá ser atajada por la acción del legislador”.

La sentencia, siendo consciente del problema inmediato hasta tanto haya respuesta legal, no sólo resuelve el caso concreto, sino que intenta ofrecer una respuesta general para el conjunto de litigios que se pueden presentar a partir de ahora, pero lo hace de manera poco atrevida y, en ocasiones, ambigua. El Tribunal Supremo ha procurado moverse lo menos posible respecto de lo que han venido siendo sus criterios hasta ahora, con lo que, con toda seguridad, habrá nuevas intervenciones del Tribunal de Luxemburgo, no descartándose que éste entienda insatisfactorios los nuevos criterios del Supremo. De otra parte, la sentencia va a abrir paso a un incremento de la litigiosidad, sin que ofrezca suficiente seguridad jurídica para algunas materias, como son los supuestos que dan derecho a la fijeza o la cuantificación de las indemnizaciones a los perjudicados.

Como primera novedad, el Tribunal Supremo asume que para Luxemburgo la conversión en indefinidos no fijos no constituye la solución al problema, de modo que, de manera implícita, abandona la figura como medida adecuada. El Tribunal de Luxemburgo señala que las medidas existentes en la legislación española no cumplen lo exigido por la Directiva, pero, al propio tiempo, no señala cuáles son las medidas idóneas, lo que intenta hacer la sentencia del Supremo. Sin embargo, el esfuerzo del Supremo ha resultado poco acertado, bien porque ha intentado por vía indirecta salvar las medidas existentes, o bien porque lo que tiene de novedoso no va a resultar disuasorio para romper con prácticas de abusos muy consolidadas.

Por ejemplo, la declaración de fijeza de la trabajadora se basa en una situación muy singular de que la misma había aprobado una oposición a un empleo fijo pero sin lograr plaza, pero sin aclarar si se mantiene la validez de las convocatorias de oposición en las que sólo se admiten como aprobados aquellos que ocupan plaza, ni se da respuesta suficiente a los otros supuestos de abuso sin haber superado una oposición, insistiendo en que no tiene validez a estos efectos la participación con éxito en un concurso para la cobertura de una plaza temporal.

De otra parte, se centra en las indemnizaciones a los perjudicados, pero recordando el criterio del Tribunal de Luxemburgo de que su cuantía no puede superar la compensación por el daño causado, de modo que estas indemnizaciones por sí solas no van a tener el necesario efecto disuasorio que exige la Directiva. De manera complementaria, entiende que las sentencias deben dar traslado del asunto a la Inspección de Trabajo para que se sancione a la Administración por la infracción de la normativa sobre contratos. Sin embargo, en el ámbito de lo público las sanciones pecuniarias, sean administrativas o indemnizatorias, por muy elevadas que sean, nunca tienen un efecto disuasorio del fraude; aparte del contrasentido de que la Administración se sancione a sí misma, de modo que casi siempre la multa sale de y entra en el mismo bolsillo.

En suma, la solución definitiva y efectiva sólo puede venir por la vía de una reforma legislativa, porque se trata no sólo de establecer medidas de reparación de los daños ocasionados a empleados concretos, que es lo único que puede resolver la vía judicial, sino, sobre todo, de adoptar medidas preventivas y profilácticas que vayan a la raíz del problema y no sólo a los efectos. Por ello, las expectativas reales pueden provenir más de otra actuación que se desarrolla en paralelo: la apertura que se acaba de producir de un procedimiento de infracción por la Comisión Europea, a resultas de la sentencia de Luxemburgo, conminando al Gobierno español para que en un plazo perentorio adopte medidas eficaces contra el abuso de la temporalidad o justifique la idoneidad de lo ya realizado, pues, en caso contrario, planteará la correspondiente demanda ante el Tribunal de Luxemburgo para que impongan las sanciones económicas que procedan, incluso con el riesgo de bloqueo a España de los abonos pendientes de los Fondos europeos.

El Tribunal Supremo ya ha difundido su sentencia en la que reconoce como fija a una interina tras el fallo de la justicia europea del pasado 14 de abril y establece varias vías posibles de sanción para las Administraciones Públicas que abusen de la temporalidad. Los magistrados no reconocen la fijeza para todos los temporales en fraude, sino solo para aquellos que superaron un proceso selectivo, pero no lograron la plaza. Además, establece las condiciones para reconocer indemnizaciones a los afectados, que serían la vía para resarcir a quienes no hubieran superado una oposición y hubieran encadenado contratos temporales de manera abusiva.

Esta nueva sentencia del Supremo, del 11 de mayo, llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de abril que consideró que España no sancionaba adecuadamente la temporalidad abusiva con las herramientas actuales. En concreto, con: la transformación de esos contratos en una relación laboral de “indefinidos no fijos”; el pago de indemnizaciones tasadas en el momento de extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas que tachó de “ambiguo, abstracto e imprevisible”; y también con los procesos selectivos de estabilización, que reconocen la experiencia previa y el tiempo de servicio de las víctimas del abuso en la temporalidad.

Así, el Supremo resuelve en esta nueva sentencia varias vías de sanción para las administraciones y de compensación para los empleados temporales en fraude, de la que destacamos algunas claves más relevantes.

1) Solo a laborales de la Administración

Una de las primeras cuestiones más relevantes es acotar el alcance de esta nueva doctrina del Supremo, que ha dictado la Sala de lo Social del alto tribunal y que alcanza solo a los trabajadores laborales en abuso de temporalidad, pero no a quienes padezcan este mismo fraude en el régimen de Función Pública.

En España hay 3,1 millones de empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, del pasado julio. De ellos, la mayoría se rigen por el régimen de Función Pública, mientras que algo menos de 640.000 empleados son trabajadores “laborales”, algo más del 20%.

La mayor parte de los laborales trabajan para la Administración Local (300.000) y de las Comunidades Autónomas (250.000), con una minoría en el Sector Público del Estado. De este personal laboral, la sentencia solo afectaría a los empleados temporales que han encadenado varios contratos temporales y con una duración inusualmente larga, el abuso de temporalidad que combate la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Su número exacto es difícil de determinar, según los sindicatos de empleados públicos.

2) Declaración de fijeza y no de “indefinidos no fijos”

En el caso concreto que analiza el Supremo, de una interina del Ayuntamiento de Madrid, el Supremo reconoce su condición de “fija” en lugar de la situación de “indefinida no fija” que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La categoría de “indefinidos no fijos” es por la que se había inclinado generalmente el Tribunal Supremo hasta la fecha –salvo una excepción en 2021, de una trabajadora de Aena–. Esta categoría creada en los tribunales de lo Social mantiene a los empleados temporales laborales en sus puestos hasta que la plaza es cubierta formalmente en un proceso de oposición, al que tienen que concurrir y tras el que pueden perder el puesto.

“La recepción de la STJUE Obadal”, la sentencia del pasado 14 de abril, “conlleva que establezcamos la siguiente doctrina”, indica la nueva sentencia del Supremo:

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad” (...) “no resulta contra legem la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, contempla la resolución judicial.

Establece así un criterio más amplio para la fijeza en el ámbito laboral, destaca el sindicato UGT y explica el catedrático de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán en el análisis de la sentencia en su blog. “Habrá que ver si la jurisdicción Contencioso-administrativa asume el mismo criterio o, por el contrario, se producirá una fragmentación del ordenamiento jurídico”, afirma Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Adrián Todolí, profesor en la Universidad de Valencia, recuerda que el Contencioso-administrativo “ya ha descartado” la fijeza en múltiples ocasiones en este régimen, por lo que considera poco probable que cambie su postura.

3) Cuándo no procede la fijeza

Los magistrados precisan que no procede la fijeza si no se ha superado este tipo de proceso selectivo. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público de carácter fijo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la CE [Constitución Española] y el TREBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]”. Además, considera que “se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, entre otros motivos.

“La conversión automática de todos los contratos de duración determinada con abuso en la temporalidad en contratos fijos de las Administraciones Públicas en modo alguno disuadiría a estas de efectuar en el futuro más contrataciones temporales al margen de esos principios”, consideran los jueces y, por el contrario, advierten de que “se consagraría para el futuro como una vía de acceso al empleo público vulnerando la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Si el trabajador o trabajadora interinos superaron “una convocatoria de acceso a empleo temporal”, tampoco procede la declaración de fijo, añaden los magistrados.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, del magistrado Rafael Antonio López Parada, que apuesta por la fijeza en más situaciones que las que apoya el resto del Pleno de la Sala de lo Social.

4) Indemnización por daños a los afectados

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos para la fijeza en sus puestos, porque no superaron estos procesos selectivos, pueden acceder a indemnizaciones por los daños ocasionados por este abuso, además de las reconocidas hasta ahora al término del contrato. En concreto, “el abono de una indemnización reparadora y disuasoria”.

Los magistrados sientan los criterios para cuantificar estas indemnizaciones por el abuso en la temporalidad pública. Siguiendo la sentencia europea del 14 de abril, la indemnización debe ser una “compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad”, es decir, “no cabe una indemnización meramente simbólica”, ni tampoco debe sobrepasar “el perjuicio sufrido” por el trabajador.

Además, debe “tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión, las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso y el perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado”.

Esta indemnización compensatoria “tiene que diferenciar entre los daños materiales”, como las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, y “los daños morales”, más difíciles de cuantificar.

5) Indemnización mínima de hasta 10.000 euros por daños morales

Para facilitar el cálculo de la indemnización, el Supremo fija “una indemnización presuntiva mínima de los daños morales sin perjuicio de que, si el trabajador acredita unos daños superiores, se indemnicen en su integridad”.

Para ello, utiliza como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que considera una infracción grave la vulneración de la normativa sobre contratos temporales. Así, en función de las multas en vigor –que se reformaron en 2021– establece una indemnización de:

–“En su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros”, antes del 31 de diciembre de 2021.

–“En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”, después de esa fecha.

Los magistrados recuerdan además que la LISOS regula un aumento de la sanción en caso de reincidencia.

Eso sí, “cuando el trabajador acredite que, como consecuencia del abuso en la temporalidad, ha sufrido unos daños superiores, se deberán indemnizar en su integridad”, apuntan los jueces. Eso requerirá que “el trabajador acredite el concreto perjuicio sufrido”.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo considera que este nuevo pronunciamiento del Supremo aumentará la litigiosidad de los temporales laborales (aunque destaca que el número de procedimientos judiciales en esta materia ya es muy elevado). Tanto de aquellas personas que tengan derecho a ser reconocidas como fijas, como también de quienes tienen derecho a esta nueva indemnización por daños.

6) Instar a que la Inspección de Trabajo sancione a la Administración

Los magistrados recuerdan que la legislación “regula la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios y la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”, pero la justicia europea consideró que “no se ha acreditado que ese régimen de responsabilidad haya tenido operatividad real”.

Aunque destacan que “corresponde al legislador aprobar las reformas necesarias para la efectividad de esta responsabilidad”, el Supremo considera que “una medida eficaz podría consistir en que, cuando se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad, se remita testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social” para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador contra la Administración pública.

“La imposición de las correspondientes sanciones administrativas a las Administraciones públicas incumplidoras constituye una medida que, junto con la indemnización de daños y perjuicios, sanciona la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Su impacto económico tendrá un efecto disuasorio”, consideran los magistrados.

El Ministerio de Función Pública ha convocado este jueves a las comunidades autónomas para abordar el problema de la elevada temporalidad en la Administración Pública, concentrada sobre todo en las administraciones regionales y locales y que puede suponer a España una multa de la Comisión Europea. El departamento de Óscar López ha planteado al resto de Administraciones la urgencia de tomar medidas, según fuentes de la reunión, que ha concluido con un acuerdo para formar dos grupos de trabajo que aborden este tema y en las que se evaluarán “posibles cambios normativos”.

La reunión de este jueves tiene lugar tras la sentencia del pasado 14 de abril de la justicia europea, que volvió a considerar que España no sanciona adecuadamente la temporalidad abusiva de los empleados públicos, así como del nuevo apremio de la Comisión Europea a España a que cumpla con la reducción de temporales en la Administración Pública y con una protección adecuada de estos trabajadores ante los abusos en la temporalidad, dentro de los expedientes sancionadores iniciados contra nuestro país en 2014 y 2015.

Bruselas ha dado dos meses a España para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción, que puede desembocar en una multa económica para España.

Tras el pronunciamiento de Bruselas, el 29 de abril, el Ministerio de Óscar López subrayó que el problema de la temporalidad pública está concentrado principalmente en las CCAA, “con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”. Especialmente, en los sectores de Educación y Sanidad, con tasas de temporalidad del 40% y 43%, respectivamente.

Posibles “cambios normativos”

Por ello, Función Pública convocó a las comunidades a una reunión, que ha tenido lugar este jueves por la mañana, presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez.

El encuentro –en un clima “constructuvo”– ha tenido lugar en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, un órgano de carácter técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Este aborda problemas comunes en materia de Función Pública entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la reunión, el Ministerio ha acordado con las comunidades autónomas dos grupos de trabajo. Por un lado, convocar nuevamente el Grupo Técnico de Selección, que ya ha existido con anterioridad para reducir la temporalidad pública, y, por otro, crear un nuevo grupo que estudie “posibles cambios de normativa”, explican fuentes de la negociación.

419.000 plazas estabilizadas

Función Pública ha facilitado los últimos datos de los procesos de estabilización, que superan las “419.000 plazas” y ha pedido a las comunidades que actualicen y hagan llegar al Ministerio sus cifras para tener una fotografía completa de los puestos temporales que se han convertido en fijos.

En todo caso, en el Gobierno consideran que España ha cumplido con el objetivo comprometido con la Comisión Europea, de cubrir al menos con trabajadores fijos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales.

En 2021, España aprobó una ley para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas, pactada con Bruselas, que el Ejecutivo considera que está funcionando ante la reducción de la tasa de temporales públicos de los últimos años.

Esta tasa –que mide los empleados temporales sobre el total– se ha reducido en los últimos años del 32,7% en 2022 al 26,8%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

No obstante, hay muchas diferencias según el tipo de Administración. El peso de los temproales es muy inferior en la Administración Central, del 5%, mientras que en las comunidades escala al 34% y en la adminsitración local al 36%, según los datos del INE analizados por El País.

El Ayuntamieto de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases y convocatoria para la creación dos bolsas de empleo para personal funcionario en régimen de interinidad.

El primer caso, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se trata de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plaza de Jefe/a de Relaciones Públicas del Centro Municipal de Representaciones Escénicas (CMRE), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Subgrupo C1. El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

En el segundo caso, se trata de la creación de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plazas de plantilla de Técnico/a de Administración General, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, correspondientes al grupo A, subgrupo A1.

El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

“Seguimos avanzando, no solamente en el hecho de ir cumpliendo esa oferta de empleo público que, además, anuncio que en breve traeremos para aprobación, como fue nuestro compromiso de hacerlo siempre dentro de los plazos que marca la ley, sino que seguimos avanzando en esta consolidación y en esta creación de ofertas para que existan o estén cubiertas las necesidades que el Ayuntamiento tiene en cuanto a su gestión”, ha afirmado la portavoz municipal, Celia Sanz.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la “precariedad” que existe en el ámbito educativo público, con una tasa de temporalidad que alcanza el 32%, con 10.316 interinos e interinas.

“Uno de cada tres docentes en la región es interino, y sólo el 12,2% de ellos cobraron los meses de verano”, ha dado a conocer la central sindical, que ha publicado una encuesta realizada entre marzo y abril dentro de la campaña 'Y el interino, ¿pa' cuándo?', donde un total de 1.326 docentes han participado para mostrar las principales preocupaciones del colectivo.

Según informa CSIF en nota de prensa, la encuesta pone manifiesto que el cobro del verano a partir de 5,5 meses trabajados es una reivindicación “central” para el colectivo: el 88,7% de los docentes lo considera una medida “esencial y prioritaria”. Actualmente, “para cobrar el verano deben trabajar al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre”, señala la central sindical.

“Lo que nos están diciendo los interinos es que se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas”, ha denunciado el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

No en vano, el 30,2% de los encuestados señala que ha llegado a trabajar más de 8 meses y no ha cobrado el verano; el 24,9% entre 7 y 8 meses y el 32,7% entre 6 y 7 meses. Es decir, el 87,8%, a pesar de haber trabajado más de 5,5 meses no perciben los meses de julio y agosto al haber cumplido estos tiempos con interrupciones. Sólo el 12,2% de los interinos cobró el verano.

“Lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha es seguir el modelo de otras comunidades como Andalucía, que contempla el pago completo de julio y agosto a partir de cinco meses y medio y también con cobro proporcional desde el primer día de servicio. Lamentablemente, aquí en la región seguimos sufriendo unos recortes brutales, algo que preocupa evidentemente a los docentes, tal y como se expone en la encuesta”, ha añadido Martínez.

Junto a esta reivindicación, también destaca la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos. El 62% señala que siempre se ha tenido que desplazar a otras provincias para realizar las oposiciones, con el consecuente gasto económico que conlleva (el 64,9% señala que ha gastado entre 100 y 300 euros y el 24,5% un gasto de entre 300 y 500 euros), además de los problemas de conciliación (el 67,3% advierte que la organización fue compleja y que tuvo que recurrir a familiares y/o cuidadores). Hasta el 83,5% considera que es totalmente necesaria la habilitación de tribunales en todas las especialidades en las cinco provincias.

Asimismo, los docentes interinos también reclaman la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias (76,6%). CSIF ya ha logrado la no presentación obligatoria al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo, tal y como sucederá en las oposiciones de Maestros de este verano, pero los interinos se verán obligados a pagar las tasas.

Otra de las grandes preocupaciones de los docentes interinos, según CSIF, son las adjudicaciones forzosas en los llamamientos: Hasta el 36,8% de los encuestados se han visto obligados a coger una plaza y el 44,5% revela que lo ha hecho empujado por temor a ser expulsado de la bolsa de trabajo. El 81,2% indica como totalmente necesario que el docente tenga libertad para elegir plaza y que la Administración no imponga destinos forzosos, una reivindicación que apoya CSIF.

Por último, CSIF también ha detectado un problema en la continuidad de las sustituciones durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano): hasta el 33,7% señala que ha tenido que hacer frente a varias sustituciones justo antes y hasta el 50,2% fue cesado y no llegó a cobrar estos periodos vacacionales.

Una de las reivindicaciones de CSIF, la de la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de vacaciones es apoyada por el 94,7% de los encuestados.

Una de las regiones con el gasto por alumno más bajo

Según la central sindical, los datos de la encuesta reflejan los recortes que permanecen en la educación pública de Castilla-La Mancha en materia de derechos laborales. Es más, la región se sitúa en el escalón más bajo del gasto por alumno de toda España, con 5.918 euros, por debajo de la media nacional (7.421 euros).

“Los acuerdos firmados en Castilla-La Mancha entre Consejería de Educación y sindicatos afines son pura propaganda, humo que no ha servido para mejorar las condiciones de los docentes”, ha indicado Martínez.

De hecho, el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha pone como ejemplo el proyecto de Ley del Ministerio de Educación, aprobado el pasado 21 de abril en Consejo de Ministros, que reduce el número máximo de alumnos por aula (22 en Primaria y 25 en ESO y fija la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas.

“A pesar de que Castilla-La Mancha tiene las competencias transferidas en la educación no universitaria desde el año 2000 y que ya acumulamos catorce años de recortes en la región, estamos con 25 alumnos en todos los cursos de Primaria salvo en el primer año, y subimos a 30 alumnos en ESO y 32 en Bachillerato. Ha tenido que llegar el Ministerio de Educación para sacar los colores a la Consejería, estamos hablando de que estamos en el furgón de cola y a pesar de ello tratan de vendernos que todo va bien”, concluye el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.

Por su parte, el presidente de CSIF Educación Toledo, Rubén Gómez, ha incidido en el gasto público por alumno. “Si llevamos la inversión de Castilla-La Mancha a nuestros centros públicos, donde hay 384.667 alumnos, nos estamos encontrando con que el Gobierno regional está dejando de invertir más de 578 millones de euros respecto a la media nacional. Es un dato demoledor. Es increíble, ya ni hablamos de País Vasco, que invierte 12.639 euros por alumno. Estamos en el furgón de cola, y así se entienden mucho mejor todos los recortes que todavía padecemos y los resultados en informes de evaluación, como el PISA, que coloca a Castilla-La Mancha en los últimos puestos”.

“Tenemos centros saturados, infraestructuras tensionadas, profesorado inestable y un sistema que funciona gracias al esfuerzo de quienes están dentro, no por la planificación de quienes deben gestionarlo”, ha concluido.

Al menos dos juzgados han dictado sentencias en las últimas semanas que se hacen eco del último fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público en España. Los magistrados europeos respondieron que España no cuenta a día de hoy con medidas que resarzan este abuso sobre los interinos, por lo que estos dos juzgados han resuelto dos soluciones a cada caso estudiado. Un juzgado de Vigo reconoció una indemnización de 52.000 euros a una trabajadora por el abuso de los años en los que estuvo como interina, y otro juzgado de Madrid ha anulado el cese de una interina regional y le ha reconocido el puesto de “indefinida por sentencia”. Ambas son recurribles en instancias superiores.

La primera sentencia, del juzgado de lo Social número 3 de Vigo, difundida por Vento Abogados y adelantada por El País, reconoce la sanción reclamada por una trabajadora, ya fija de la Administración, por los años que estuvo en su puesto como interina y como “indefinida no fija”. En total, 17 años.

Con el respaldo del nuevo fallo del TJUE, la magistrada subraya “el derecho de los trabajadores a percibir una compensación por el abuso derivado del incumplimiento de los plazos máximos de permanencia, que nacerá a partir de la fecha del cese efectivo de dicha contratación temporal irregular, y que debe tener en cuenta a efectos de su cuantificación la naturaleza de las funciones desempeñadas, el número y la duración acumulada de los contratos, las ventajas económicas que el trabajador habría podido obtener de no haberse producido el abuso y el perjuicio derivado de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado como consecuencia de la utilización abusiva de la contratación temporal”.

En este caso, “atendiendo a la duración de la situación precariedad”, desde el año 2008 hasta 2025, la magistrada acepta la petición de 52.100 euros de indemnización.

El segundo fallo, que acuerda lo que se suele denominar coloquialmente como “fijeza” en este debate sobre el abuso de la temporalidad (y que rechaza hasta el momento el Supremo), ha sido difundido este martes por el sindicato CGT. Un tribunal de lo contencioso-administrativo de Madrid ha estimado el recurso de una técnico de prevención de riesgos laborales, funcionaria interina de la Comunidad de Madrid durante casi 20 años, que fue cesada en junio de 2024 del cargo.

La magistrada que ha analizado el caso anula su cese y reconoce su derecho a ser readmitida como “indefinida por sentencia”, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera. La dirección letrada ha sido asumida por Beatriz González González, indica CGT, que ha celebrado el fallo.

“Para esta solución de fijeza se tiene en cuenta la edad de la recurrente X años, su sexo y la dificultad objetiva de incorporarse al mundo laboral, considerando que una indemnización no puede suplir el derecho Constitucional al trabajo”, argumenta la magistrada en el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La sentencia menciona también expresamente la resolución del TJUE del pasado 14 de abril, tras una consulta del Tribunal Supremo, que considera que los actuales mecanismos de compensación a los interinos en abuso de temporalidad no son suficientes. Es decir, ni la fórmula del indefinido no fijo, los procesos de estabilización y las indemnizaciones tasadas por cese.

Un debate aún abierto en los tribunales

No obstante, la justicia europea no estableció qué mecanismo sí cumple con la legalidad europea, algo que corresponde al Tribunal Supremo en España. El Ministerio de Función Pública apuntó tras el fallo que estaba analizando la resolución judicial.

Ante los argumentos de la justicia europea, los juristas señalan varias posibles opciones, como indemnizaciones no tasadas que resarzan verdaderamente el abuso específico a los afectados.

Hay otras voces que insisten en reclamar la “fijeza” de los interinos, como ha concluido esta reciente sentencia. Sin embargo, es una opción que ha rechazado hasta el momento el Tribunal Supremo y también el Gobierno, atendiendo a la Constitución Española y a su jurisprudencia, que exige alcanzar la condición de funcionario a través de procesos de selección que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Euskadi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez modificaciones en la tasa de reposición del funcionariado y agilizar los procedimientos de las OPE para bajar la interinidad actual de los empleados públicos vascos. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al que ha trasladado, además, la conveniencia de mantener una relación bilateral entre ambas administraciones para abordar cuestiones concretas relativas a los trabajadores públicos, entre ellas, las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas sobre la jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

Ubarretxena ha trasladado que la tasa de interinidad en la Administración general de Euskadi tras los procesos de estabilización “ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%”, y que se mantiene el compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura. Pero ha señalado que “para avanzar en ese objetivo” es necesario “adecuar o sustituir el modelo actual en lo relativo a la tasa de reposición del funcionariado, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración, ya que el volumen actual de plantilla de funcionarios se queda corta para las necesidades de plantilla en la administración vasca”.

“De esta forma, el compromiso de reducir la tasa de interinos al 8% parece quedar en manos ahora de los acuerdos que se cierren con el Gobierno de Madrid. Ya en enero de 2025 con la tasa de interinidad en el 14% la propia Ubarretxena reconocía que el objetivo del 8% estaba todavía muy lejos. Para facilitar también la reducción del número de interinos ha planteado la conveniencia de agilizar los procesos selectivos de OPE mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas”, ha señalado la consejera tras la reunión.

En cuanto al tema de la jubilación parcial, Ubarretxena ha señalado que los cambios introducidos por el ministerio se había “dificultado mucho” acogerse al retiro parcial, aunque parece que “se abre un hilo de esperanza” y habrá modificaciones. La consejera ha señalado que se trata de una cuestión que preocupa a los sindicatos vascos. “El martes tenemos reunión de la Mesa General de la Función Pública y queríamos tratarlo con el ministro”, ha señalado la consejera.

También ha abordado con el ministro el futuro sistema europeo de identidad digital, y ha trasladado la petición de que se canalice en Euskadi a través de Izepe, que ya ha posibilitado que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital, con más de un millón de usuarios reconocidos. Es decir, que sea una entidad reconocida de cara a “emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital”. Este planteamiento permitiría que cada ciudadano disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha impuesto por primera vez el pago de las costas judiciales al Servicio Aragonés de Salud (Salud) en un litigio por el reconocimiento de la carrera profesional al personal temporal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado en una reciente sentencia el derecho de una trabajadora interina a acceder a la carrera profesional en igualdad de condiciones que el personal fijo, con efectos económicos desde el momento en que lo solicitó. Pero, además, condena a la Administración autonómica a asumir las costas del procedimiento, con un límite de 400 euros.

Este pronunciamiento marca un cambio respecto a resoluciones anteriores, en las que no se imponían costes a la Administración pese a perder los recursos. En este caso, el tribunal justifica la decisión en la “doctrina consolidada del Tribunal Supremo” sobre esta materia, que reconoce la carrera profesional como una condición de trabajo que no puede discriminar al personal interino.

La sentencia desestima el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra un fallo previo que ya reconocía este derecho, y reafirma que la negativa del Salud a conceder la carrera profesional se basa únicamente en la temporalidad del vínculo, un criterio contrario al derecho europeo.

El fallo se suma a una serie de resoluciones en la misma línea. Según el sindicato CSIF, que ha impulsado más de 400 demandas desde 2021, “y todas las que se van resolviendo has ha ganado”. Posteriormente, el Salud las recurre, aunque estos recursos han sido desdestimados.

CSIF ha recibido en los últimos días tres sentencias en las que el TSJA condena al Salud al pago de las costas en procedimientos de carrera profesional de personal interino. “Estas sentencias dejan claro que el personal temporal del Salud —unos 5.000 trabajadores— tienen derecho a acceder al sistema de carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo. Este reconocimiento debe tener efectos administrativos y económicos desde la fecha de la solicitud. Denegar el acceso a la carrera profesional para los interinos es una práctica contraria al derecho europeo y a la doctrina del Tribunal Supremo”, exponen.

“Además, el hecho de que el TSJA imponga costas al Salud evidencia que la Administración ha mantenido de forma injustificada una estrategia de recursos, que solo retrasa el reconocimiento de derechos, generando un perjuicio añadido a los profesionales y un coste económico a las arcas públicas”, afirma Juanjo del Hoyo, vicepresidente de CSIF Sanidad Aragón. 

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno de Aragón el reconocimiento inmediato de la carrera profesional al personal temporal; el abandono de la judicialización sistemática de este derecho, y la apertura urgente de negociación en la Mesa Sectorial para adaptar el modelo de carrera profesional a la jurisprudencia vigente. 

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha calificado de “histórica victoria tras más de 25 años” la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que España no tiene medidas conformes con el Derecho de la Unión para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales en el sector público. El fallo avala la fijeza de todos los afectados como solución y subraya que si no se hace así, deberían abonarse a las víctimas indemnizaciones muy superiores a las máximas fijadas actualmente en la ley, lo que supondría “un colapso económico y judicial, ya que la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros”.

El sindicato ha celebrado con una concentración ante la sede del Gobierno de Aragón este histórico fallo, del que han destacado que “incide de pleno en Aragón, al ser una comunidad que mantiene un abuso estructural de temporalidad”. Según sus cálculos, unos 20.000 trabajadores de la Administración autonómica tendrán que pasar a ser fijos. A nivel nacional, la cifra total, entre empleados estatales, autonómicos y de entidades locales, llega al millón de personas.

Los jueces europeos castigan así la “reiterada utilización en todas las Administraciones de personal temporal para cubrir necesidades permanentes”, exponen desde el sindicato. Actualmente, uno de cada tres empleados públicos tiene contrato temporal, y en casos como la DGA se llega al 47,7%, según los últimos datos del Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. La sentencia exige sanciones efectivas contra esta situación y señala que si no son económicas, solo pueden basarse en la fijeza de los afectados, ya que la convocatoria de procesos de estabilización no es una medida suficiente.

“Una sentencia que obliga a actuar”

STEPA ha destacado que esta sentencia “después de décadas de hacer caso omiso, obliga, de una vez por todas, a actuar a la Comisión Europea, al Estado en todos los niveles de la Administración y a los Tribunales”.

Además, el sindicato ha recordado que la Comisión Europea solo esperaba esta sentencia para avanzar en una sanción económica a España por incumplir la directiva sobre abusos en la temporalidad “que va a ser elevadísima” porque se compondrá de dos tipos de multa. Por una parte, una sanción a tanto alzado por incumplir la Directiva 1999/70/CE; un motivo por el que ya ha retenido más de 600 millones de euros, vinculados a fondos Next Generation. Por otro lado también una multa coercitiva, que supone una cantidad por cada día que nuestro país se retrase en aplicar la norma “por lo que es evidente que el Gobierno tendrá que actuar si no quiere arruinarse”.

Esta actuación pasa por una ley nacional que convierta en fijos a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que ya se cuenta con un texto “apoyado por muchos partidos de todo el arco parlamentario, desde Vox hasta Bildu”. STEPA ha reclamado la máxima celeridad para que “nuestros políticos legislen para resolver el problema de la temporalidad en el sector público de una forma definitiva, no con la chapuza que fue la Ley 20/2021, que ha sido un completo fracaso y a los cinco años de su entrada en vigor sigue siendo temporal uno de cada tres empleados”.

Finalmente, ha incidido en que esta sentencia del TJUE llega por una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España sobre cómo cumplir con la normativa europea “por lo que evidentemente tiene que aplicarse en los miles de procesos de interinos que han recurrido su cese”. 

Demandas al Gobierno de Aragón

STEPA ha llamado especialmente a asumir sus responsabilidades al Gobierno de Aragón, “uno de los principales incumplidores, con una temporalidad por encima de la media, que supera el 43% de los empleados autonómicos”. Según el cálculo de STEPA, la sentencia afectará a unos 20.000 trabajadores en la DGA, en su mayoría mujeres con una edad media de 50 años. Este número incluye tanto a trabajadores que continúan como interinos, como a quienes han sido cesados y han denunciado su despido.

Según explica el sindicato, cuando la Ley 20/2021 obligó a sacar a procesos de estabilización las plazas ocupadas por personal en abuso, “el Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial: identificar las plazas susceptibles de sacarse a este procedimiento, pese a ser un mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes, a propuesta de Vox y aceptada por el actual Gobierno del Partido Popular”. De esta manera, se han convocado “ofertas ridículas, de apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021”. Así, “no solo la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos, sino que muchos han sido despedidos sin compensación”.

Las demandas al Ejecutivo de Jorge Azcón, en espera del necesario cambio estatal, incluyen así presentar este listado de trabajadores con derecho a la fijeza, paralizar cualquier nuevo cese y retirar sus plazas de las convocatorias de empleo en marcha. Igualmente se reclama una nueva Ley de Función Pública que avance en la planificación de los recursos humanos y garantice la calidad del servicio público. “Acabar con el abuso de temporalidad debe ser una cuestión prioritaria esta legislatura autonómica”, asegura.

STEPA ha subrayado que la fijeza del personal en abuso beneficiará a toda la sociedad, “frente al actual desmantelamiento de los servicios públicos, mantiene a los empleados con mejor formación y experiencia de años; y no perjudica a quienes busquen una nueva plaza, dado el volumen de jubilaciones en los próximos diez años”.

“Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que suponer el principio del fin para acabar finalmente con décadas de injusticia; y para garantizarlo, vamos a continuar presionando a los responsables políticos y animando a todas las víctimas del abuso a que reclamen su estabilización en sus Administraciones y en sede judicial”, han concluido desde STEPA.

Varapalo para España en su trato a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública este martes una sentencia en la que señala que “las medidas previstas en España para sancionar la utilización abusiva” de contratos temporales en el sector público “no resultan conformes con el Derecho de la UE”. El Gobierno responde que la sentencia no es sancionadora y no afecta a la normativa española.

El Tribunal de Justicia considera que estas medidas -la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas- “no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE”.

Relación laboral indefinida no fija

Según el TJUE, la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija “no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal”, de manera que no se acaba con “la situación de precariedad del trabajador afectado”. El TJUE recuerda que “la estabilidad en el empleo ha sido concebida como un componente primordial de la protección de los trabajadores”.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha respondido que la sentencia no impone una sanción ni afecta a la normativa española, ya que “el Acuerdo Marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada”, informa Germán Aranda.

Lo considera, por tanto, una sentencia “meramente aclaratoria” como respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que preguntó si el marco constitucional era contrario a la directiva. Sin plantear qué medidas tomará para adaptarse a la sentencia del TJUE, el ejecutivo defiende que seguirá trabajando por reducir la temporalidad, así como defiende las medidas llevadas a cabo hata la fecha, que han permitido reducir la temporalidad en el sector público del 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

Indemnizaciones

Además, la Justicia europea descarta que las indemnizaciones previstas por la normativa española que se pagan con la extinción de la relación laboral puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de personal interino.

Convocatoria de procesos selectivos

A lo que hay que añadir que el TJUE señala que “tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos” porque aunque “se valoran la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio dedicado al desarrollo de sus tareas, esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos”. Además, el Tribunal europeo incide en que “es posible que el trabajador en cuestión no participe en el proceso selectivo o que no lo supere” y que “la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio mencionados parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso”.

Responsabilidad de las Administraciones Públicas

Por otro lado, en lo que respecta al régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, el TJUE señala que dicho régimen “no constituye una medida adecuada, en el sentido de la cláusula 5, cuando tiene un carácter ambiguo, abstracto e imprevisible y no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que permitan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”. Por este motivo, señala al Tribunal Supremo que debe comprobar “si el régimen de responsabilidad previsto en la legislación española ”se basa en disposiciones nacionales precisas, previsibles y aplicables en la práctica, de modo que permita sancionar debidamente a la Administración Pública“.

En esta ocasión la decisión judicial del tribunal europeo viene por el Caso Obadal: Una trabajadora viene desempeñando funciones de cuidadora de niños como personal laboral desde marzo de 2016 en un centro educativo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su relación laboral se ha basado en seis contratos de duración determinada de interinidad sucesivos, todos ellos destinados a cubrir una vacante o a sustituir a un trabajador.

Los tribunales españoles dictaron que la relación laboral como relación “laboral indefinida no fija”, con el argumento de que sus sucesivos contratos de duración determinada habían sido objeto de una utilización abusiva. Esto significa que la trabajadora permanecerá en su puesto hasta que este se cubra definitivamente mediante un proceso selectivo y que recibirá una indemnización en el momento de la extinción de su relación laboral. Tras esta decisión, la trabajadora continuó con la pelea judicial y elevó su caso al Tribunal Supremo con el objetivo de que de declare su relación laboral como fija.

Sin embargo, el Supremo elevó, una vez más, una consulta a Luxemburgo para que el TJUE aclare si la normativa y la jurisprudencia de España relativas al concepto de relación laboral indefinida no fija son conformes con los requisitos derivados de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada, es decir, si contienen medidas adecuadas para sancionar dichos abusos en el sector público.

El Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada es una norma europea que busca mejorar la calidad del empleo temporal, garantizando la no discriminación frente a trabajadores fijos y, en teoría, limita el abuso de contratos sucesivos.