El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió durante su encuentro en Washington con el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, que España aumente el gasto que dedica a defensa. Cuerpo respondió que se cumplirá con el compromiso ante la OTAN de invertir al menos un 2% de su PIB al gasto, pero también abogó por ampliar el concepto de seguridad.

La Oficina de Asuntos Públicos de EEUU ha emitido un comunicado posterior en el que informan de los asuntos tratados y, en concreto, aseguran que Bessent “destacó en la reunión la necesidad de un mayor gasto en defensa por parte de España en el contexto de la OTAN”. La respuesta de Cuerpo, según ha explicado en la rueda de prensa, fue defender que se incluya también como gasto en defensa cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la ciberseguridad: “Hemos puesto sobre la mesa los argumentos que ha puesto el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), señalando que no solo hablemos de defensa, sino que ampliemos el concepto de seguridad. Para un país como España los elementos relacionados con la ciberseguridad, por ejemplo, son elementos fundamentales”, ha dicho.

El secretario del Tesoro mostró además su desacuerdo “al impuesto sobre servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias”. EEUU se refiere a la llamada tasa Google, que de momento se descarta eliminar.

140 países de la OCDE firmaron en 2021 un acuerdo para incrementar la fiscalidad de las grandes tecnológicas de manera que pagaran en todos los países en los que operan y la introducción de un tipo mínimo para las grandes multinacionales. La UE replicó la segunda parte con un impuesto mínimo del 15% a las grandes sociedades, pero la denominada 'tasa Google' quedó encallada y sólo la activaron algunos países europeos, entre ellos España.

“Negociación constructiva”

Carlos Cuerpo ha aprovechado para reafirmar el mensaje del comisario de Comercio Maroš Šefčovič “de que la Unión Europea mantiene una posición de unidad y está abierta a negociaciones constructivas para encontrar una solución que preserve la relación transatlántica, la más relevante del mundo, que abarca alrededor de un tercio de todo el comercio global”.

“La reunión ha sido positiva y útil, en la que ambos hemos subrayado la importancia de trabajar juntos para abordar los desafíos comunes”, ha subrayado el propio Carlos Cuerpo. “Han tratado temas de interés para ambos países en materia económica, financiera y de inversión. El ministro Cuerpo ha trasladado la importancia que tiene Estados Unidos para Europa y para España como socio estratégico”, resaltan fuentes del equipo del Ministerio de Economía.

En 2021 echó a andar el Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocido popularmente como la Tasa Tobin, aunque en realidad tiene diferencias frente a la propuesta de aquel economista. La medida, que grava las operaciones bursátiles, fue una de las primeras iniciativas fiscales de este Gobierno desde que Mariano Rajoy dejara la Moncloa. Sin embargo, 2022, su segundo año en marcha, ha tenido unos resultados lejanos a lo que se esperaba para este tributo.

El ITF, como se le conoce también por sus siglas, terminó el pasado año con 195 millones de euros de ingresos, según los registros presentados por la Agencia Tributaria esta semana sobre el acumulado de recaudación de 2022. Esta cifra queda muy lejos de los 372 millones de euros que se esperaban de esta figura fiscal para este ejercicio, tal y como reflejaban los Presupuestos Generales del Estado para el año pasado. También es una caída muy importante frente a 2021, su primer año en marcha, cuando se recaudaron 295 millones de euros.

El impuesto grava con el 0,2% las operaciones de compraventa de acciones en Bolsa de las compañías que tienen una valoración de más de 1.000 millones de euros. En un origen, se trataba de gravar la especulación en los mercados financieros, si bien se acabó dejando fuera del impuesto las operaciones que se realizan en el mismo día, las conocidas como intradía.

El Ministerio de Hacienda explica que el desfase entre la cantidad presupuestada y los recursos que finalmente se han obtenido obedece a que se produjo durante el año pasado un menor volumen de transacciones en Bolsa. El pasado año fue complicado para los mercados financieros y la mayor parte cerraron con caídas. Una muestra de ello fue el desplome que tuvieron los fondos de inversión, con unas pérdidas históricas pese a que no dejó de entrar dinero de clientes.

El impuesto se vio por tanto arrastrado por la menor actividad de la Bolsa española. Según los datos que registra BME, la empresa que gestiona el parqué español, se realizaron casi 39 millones de operaciones que movilizaron 97.500 millones de acciones por un valor de 362.122 millones de euros. Estas tres cifras fueron sensiblemente inferiores a las del año anterior, el primero en el que entró en vigor el impuesto sobre transacciones financieras. En concreto, las operaciones cayeron un 13%; el número de acciones movilizadas, un 7%; y el importe total, un 4%.

Aunque no es el único, España ha sido de los primeros países en implantar un gravamen de este tipo. Tras la crisis de 2008 fue una figura muy debatida y en Europa se planteó seriamente su aplicación. Finalmente solo algunos países de manera individualizada han apostado por sacarla adelante sin esperar a que hubiera un consenso a nivel europeo para que se aplicara en todo el mercado común.

La figura fue ampliamente anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Sin embargo, la caída de la legislatura y la necesidad de una repetición electoral hasta el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos retrasó la tramitación definitiva de la norma, que no se produjo hasta octubre de 2020. Por tanto, solo se ha aplicado durante dos ejercicio y con unos resultados inferiores a los que inicialmente se apuntaron.

Cuando se presentó por parte del Ministerio de Hacienda se planteó que el impuesto sobre transacciones financieras recaudaría 850 millones de euros. Es decir, casi cinco veces lo que recaudó durante el pasado año. El Ejecutivo ya aclaró que aquella barrera quedó descartada tras la tramitación parlamentaria, en la que se incluyeron distintas enmiendas de los socios para poder sacar adelante la norma. Estos cambios limitaron la capacidad recaudatoria de este nuevo impuesto.

La medida fue muy criticada por el sector financiero, aludiendo a un posible impacto negativo en la negociación del mercado bursátil en España. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, ha publicado recientemente un informe en el que aseguraba que este impuesto tuvo un “efecto negativo limitado”.

“Los efectos negativos del impuesto sobre la contratación de acciones españolas han sido limitados en términos absolutos y con un alcance temporal relativamente corto”, defendía el estudio técnico realizado por el supervisor comparando el periodo inmediatamente anterior a su aprobación y el posterior.

La CNMV concedió que había tenido un cierto impacto sobre los incentivos para la inversión a largo plazo, ya que había dejado fuera las operaciones intradía, pero apuntó en todo caso a que sus efectos sobre la liquidez o los precios de las operaciones fue “limitado”. De este modo, el supervisor descartaba muchas de las críticas que se hicieron a este impuesto desde su proposición por parte del Gobierno, que ya trató de incluirlo en los Presupuestos Generales de 2019, que decayeron ante la falta de acuerdo.

Para este año, las estimaciones del Gobierno han sido más cautas que para el pasado ejercicio. Según figura en los Presupuestos Generales del Estado de este curso, Hacienda aspira a recaudar 335 millones de euros. Los dos primeros meses del año todavía dan pocas pistas sobre el resultado final de la recaudación de este impuesto, pero por el momento apuntan a una subida del 11% respecto al mismo periodo del pasado año.

La tasa Google sí cumple con el presupuesto

De la mano de la tasa Tobin llegó la tasa Google. Ambas recibieron estos apelativos pero en realidad no son tasas, ni esos son sus nombres reales. En el caso de esta segunda afectaba a “determinados servicios digitales”. Es un gravamen que se creó para que tributaran los ingresos en España de las grandes compañías de internet y se presentó por el Gobierno como una manera de luchar contra el “privilegio” que tenían respecto a compañías que sí estaban afincadas en España.

Al contrario de su impuesto 'hermano', la tasa Google sí ha logrado superar con creces las previsiones que tenía el Gobierno para este año. Esta figura fiscal tenía que recaudar, según los Presupuestos Generales del Estado, 225 millones de euros y finalmente ha ingresado en 2022 casi 280 millones de euros, lo que supone un 23% más de lo esperado. Si bien, como le ocurriera a la tasa Tobin, esta figura quedó desdibujada durante su tramitación y lejos de los 1.200 millones que se llegaron a plantear inicialmente.

Este impuesto tiene previsto recaudar 285 millones de euros este año, según los Presupuestos Generales del Estado. Además, podría ser una figura fiscal con una corta vida. El Gobierno abrió la puerta en 2021 a retirarla en el momento en el que entrase en vigor el tipo mínimo global de Sociedades del 15%. Este acuerdo internacional tiene un objetivo similar al de esta figura que se aplica en España, por lo que no convivirían.

En total, la suma de ambos impuestos, que entraron en vigor en 2021, tenían que sumar 597 millones para las arcas del Estado para el pasado ejercicio. Sin embargo, la desviación del ITF hizo que ese objetivo no se alcanzara, incluso pese a que el otro tributo superó con creces sus expectativas. Fueron 473 millones de ingresos para el Estado. Fue, en cualquier caso, un avance frente a su primer ejercicio en funcionamiento, cuando quedaron en 462 millones. Para este año están presupuestados 620 millones de euros de recaudación de ambos impuestos.

El sector del calzado de Elx y Elda y sus comarcas esperan que se disipen los nubarrones en las tensiones comerciales entre la Unión Europea y EEUU tras haberse visto afectados por las represalias anunciadas por los Estados Unidos al calzado español, una situación que dura ya medio año después de haberse puesto en marcha en España tributos sobre servicios digitales como la conocida como 'tasa Google'. Estas esperanzas se basan en que el Parlamento Europeo ha votado este miércoles el informe ‘Sobre el futuro de las relaciones entre la UE y EEUU’, que incluye la censura de la Cámara a dichas represalias exigiendo la paralización definitiva del anuncio de EEUU de imponer de aranceles al calzado español de hasta el 40% “hasta que se llegue a un acuerdo sobre estos tributos en la OCDE”, ha explicado la eurodiputada del PSPV Inmaculada Rodríguez-Piñero.

“El informe aprobado por una inmensa mayoría de diputados y grupos políticos se centra específicamente en el calzado gracias a una enmienda que presentamos en la Comisión de Comercio Internacional y que el ponente del informe ha hecho suya”, ha explicado Rodríguez-Piñero. En esa enmienda, ha apuntado la eurodiputada socialista, “se hablaba expresamente de cancelar definitivamente los aranceles al sector del calzado europeo que lideran nuestras empresas de las comarcas del Vinalopó Mitjà (Elda) y del Baix Vinalopó (Elx)”. 

“Ya conseguimos el apoyo del Gobierno de España y de la Comisión Europea en las negociaciones con EEUU. Que el Parlamento Europeo se implique en este tema demuestra la importancia que da a nuestro sector estratégico y un espaldarazo definitivo de cara a volver a negociar una anulación definitiva de los aranceles cuya aplicación está suspendida hasta el mes de noviembre”, ha argumentado Rodríguez-Piñero.

En conclusión el Parlamento Europeo “insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aceleren las negociaciones, y las concluyan lo antes posible, en el marco de la propuesta de la OCDE sobre fiscalidad digital y a que utilicen todos los medios posibles para evitar mayores daños económicos a las empresas de la Unión, en particular las pymes, especialmente en el contexto de las estrategias de recuperación de la COVID-19”.

Ha sido uno de los grandes focos de tensión entre Washington y la Unión Europea. Y también era uno de los instrumentos recaudatorios con los que contaba la UE para los próximos años. Pero, de momento, la tasa digital pasa al congelador “hasta otoño” tras el acuerdo de este fin de semana en el G20 para un impuesto mínimo global del 15% para las grandes empresas y a la espera de cómo evolucionen los debates en la OCDE.

“El G20 ha aprobado un acuerdo histórico este fin de semana en Venecia para crear un sistema fiscal internacional más estable y más justo, que aborde los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía”, ha afirmado este lunes Daniel Ferrie, portavoz de la Comisión Europea, el mismo día en el que se encuentra en la capital comunitaria Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, para asistir a la reunión del Eurogrupo.

Según Bruselas, el acuerdo del G20 ha sido “extraordinario” tras “años de negociaciones, y por el cual la Comisión ha trabajado incansablemente”.

El G20 ha pedido que se aborden “rápidamente los problemas pendientes y se defina un plan de implementación detallado antes de octubre. La conclusión de este proceso requerirá un esfuerzo final de todas las partes, y la Comisión Europea está comprometida a concentrarse en ese esfuerzo. Por este motivo, hemos decidido suspender nuestro trabajo sobre una propuesta de tasa digital como nuevo recurso propio de la UE durante este período”.

Acuerdo del G20

Las mayores economías del mundo han apoyado el pasado sábado un acuerdo de reforma fiscal global que impondría un gravamen mínimo (15%) a las empresas multinacionales. El acuerdo respalda el mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la OCDE.

“Los países del G20 se han puesto aquí de acuerdo en que quieren abordar un nuevo orden tributario internacional”, dijo Scholz en declaraciones a los medios acreditados en Venecia.

En un comunicado los organizadores de la reunión de los países más ricos señalaba que es “un acuerdo histórico sobre una arquitectura fiscal internacional más estable y justa” y el G20 invitaba “a todos los miembros de la OCDE... que aún no se han unido al acuerdo a hacerlo”. Además de pide a todos los países que participan en las negociaciones que “aborden rápidamente las cuestiones pendientes y finalicen los elementos de diseño” antes de la próxima reunión del G20 en octubre.

El acuerdo consiste en fijar un impuesto mínimo de Sociedades del 15% sobre los beneficios y que las empresas tengan que tributar sus ganancias en los países donde hacen negocio.

Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 se han reunido durante dos días en Venecia y han llegado a un acuerdo político para secundar este sistema, que tratará de evitar que las multinacionales evadan impuestos o desvíen sus beneficios a paraísos fiscales.

España ha respaldado en el G20 el acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y sostenible, en una reunión marcada por la recuperación económica y los trabajos para reforzar la cooperación económica multilateral ante los nuevos retos globales, según ha explicado el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado.

Nadie puede silbar una sinfonía. Se necesita una orquesta completa para tocarla

H. M. Luckock

Ha hecho falta mucho sufrimiento global y mucha necesidad de ayudas públicas para sostener una economía gripada por el virus y un cambio de tercio electoral en USA y muchas horas de diálogo y la convicción común de que es imposible volver a hacer pagar la crisis a los ciudadanos de a pie para que se haya llegado, al fin, a una conclusión común y de vocación mundial para acabar con la insolidaridad de los gigantes de la empresa y de la tecnología. No va a salir ahora ningún neoliberal a llorar “¡No se les pueden subir los impuestos porque se irán a otro país!”, como repitieron desde la caída de Lehman. Ha hecho falta una debacle para que los mandatarios del mundo, los liberales también, lleguen a la indiscutible conclusión de que la unión hace la fuerza. 

El acuerdo adoptado por el G7 para dar un primer paso que obligue a las multinacionales globales y a las grandes tecnológicas a pagar impuesto de sociedades allí donde obtienen las ganancias, algo tan claro y tan de cajón, ha precisado de un cambio de presidente en Estados Unidos y de una crisis provocada por la pandemia que ha dejado temblando las arcas de todos y cada uno de los estados. La UE llevaba tiempo intentando limar un proyecto para imponer un impuesto de sociedades común, con las reticencias de los países que se benefician claramente de ese dumping fiscal dentro del propio territorio comunitario. En algunos casos el escándalo era tan mayúsculo que las propias poblaciones supuestamente beneficiadas pusieron el grito en el cielo. Así, los irlandeses descubrieron que una filial de Microsoft radicada fiscalmente en su territorio había pagado 0 euros de impuestos el año pasado tras haber declarado un beneficio de 260.000 millones de euros. ¡Y aún había quien defendía que era imposible intentar tocar este escándalo que afecta directamente a las sociedades del bienestar y a la vida de los ciudadanos! Porque es de nuestras costillas de las que extraen esos astronómicos beneficios que no dejan ni un euro a su paso. 

Ha hecho falta que Biden necesite un ingente número de recursos para emprender el macro plan de inversiones keynesiano con el que pretende sacar a Estados Unidos del hoyo pandémico. Ha hecho falta que todos los Estados se den cuenta de que los únicos que han obtenido beneficios de este desastre global han sido las grandes tecnológicas y los gigantes del comercio digital para que se atrevan a dar el paso de hacerles cumplir las normas que rigen para los demás. Ha hecho falta que todos los Estados importantes, amantes del liberalismo loco incluidos, reparen en que han tenido que movilizarse ingentes masas de recursos públicos para ayudar a muchas de las empresas que eluden o mistifican o emparedan sus impuestos a mantenerse vivas mediante ERE, ayudas, préstamos y otras delicias de la existencia de una red tendida por lo público a la que se han negado durante décadas a contribuir. 

El acuerdo se ha quedado en el G7 en una tasa mínima común del 15% y es un paso histórico que tiene que ser revalidado en el G20 y por la OCDE, aunque con el apoyo de los más grandes y las necesidades recaudatorias de todos los Estados es difícil que los grandes paraísos fiscales se salgan con la suya. “Esto muestra que la idea de la justicia social progresa en la sociedad, si hasta los norteamericanos son capaces de ser sensibles a ella”, decía ayer el portavoz del Partido Comunista Francés muy emocionado. A lo mejor no es tan idealista el movimiento, pero estoy ansiosa por ver cómo los economistas oráculo neoliberales de este país llamado España nos empiezan a desmontar por Skype todo lo que llevan predicando décadas sobre la imposibilidad de poner en práctica una medida como esta. 

La cuestión va más allá de este 15% de impuesto mínimo, que en Europa muchos esperan poder incrementar paulatinamente hasta alcanzar un 25%. Obviamente si gravas algo ahora es mucho más sencillo pensar que ese importe pueda ser posteriormente revisado. Con un tipo del 25% a las multinacionales, Europa recaudaría hasta 50.000 millones suplementarios entre todos sus miembros. Pagar deuda pública, mejorar los servicios públicos, evitar incrementar la tasa impositiva a los ciudadanos de a pie... las posibilidades que se abren son muy importantes y, sobre todo, interesantes para la ciudadanía, para la equidad y la justicia.

Para mí, sin embargo, lo más importante de esta decisión inaudita e histórica del G7 no tiene solo un valor económico sino, sobre todo, un valor ontológico. Es decisivo que al fin se hayan dado cuenta de que no puede haber un sector de empresas que tengan la capacidad de establecer un modelo de negocio que rebase todas las legislaciones y las vuelva inservibles. Esto rige para los impuestos pero también para las barreras legales que les deben ser impuestas, como al resto de los empresarios nacionales. A partir de este impulso y de este reconocimiento de que la unión constituye la fuerza y de que hay empresas que son ya más poderosas que cualquier Estado pero que, ¡ojo!, no son más poderosas que todos los Estados juntos. Las normas sobre el uso de los datos, las cortapisas a las nuevas fórmulas de negocio que vulneren las prácticas reguladas, la necesidad de cooperar obligatoriamente con la Justicia en cualquier territorio, el establecimiento de responsabilidades por las actividades que se desarrollen a través de ellas y tantas cosas que hoy en día son territorio sin ley. La ley de riders española también avanza en ese camino. 

Solo esta unión supranacional puede a la larga impedir que la gobernanza se desplace de los Estados a las macro tecnológicas y a las empresas globales. Por eso es tan importante comprobar con el mero dinero que es posible poner en marcha estas políticas comunes. 

Ha tenido que producirse una hecatombe mundial para que algo tan sensato cobre forma. Es, tal vez, una de esas pocas cosas positivas que nos dejará esta cruel pandemia. 

Que no se quede en eso. Que sea el inicio de un camino de mejora para toda la humanidad.

Los ministros de finanzas del G-7 han llegado a un acuerdo que podemos calificar de histórico ya que supone una revolución total respecto de la situación actual, en la que valga como ejemplo que, según se ha publicado en los últimos días, una filial irlandesa de Microsoft ganó 260.000 millones de euros en 2020 sin pagar un solo euro de impuestos.

Se pueden imaginar los impuestos que han dejado de pagar en las últimas décadas las grandes multinacionales tecnológicas, situación permitida hasta ahora por las autoridades mundiales (G-7 y G-20), por los organismos internacionales (OCDE) y por la propia Unión Europea, que, con su habitual hipocresía, dice que lucha contra los paraísos fiscales, pero al mismo tiempo permite en su territorio figuras como el doble irlandés o el sándwich holandés, que son utilizadas por estas grandes multinacionales para conseguir su objetivo de no pagar casi ningún impuesto a nivel mundial. Con estas figuras de planificación fiscal agresiva las grandes multinacionales han estado situando sus beneficios en paraísos fiscales, con el beneplácito de todo el mundo, salvo por los ciudadanos corrientes, que soportan una tasa de presión fiscal de alrededor del 40% en la Unión Europea.

Pero antes de echar las campanas al vuelo conviene tener presente que anuncios similares ya se produjeron a raíz de la crisis financiera de 2009, en la que los grandes mandatarios mundiales anunciaron a bombo y platillo que se había terminado la era de los paraísos fiscales. La OCDE fijó las reglas para que dejaran de serlo, y al final todo fue una burla. Esperemos que ahora sea de verdad y que este impuesto mínimo suponga en la práctica que estas empresas dejen de utilizar los paraísos fiscales. Pero habrá que estar vigilantes porque su nivel de imaginación para no pagar no tiene límite, quizás porque cuentan con los mejores profesionales dedicados a ello.

Antes de echar las campanas al vuelo conviene tener presente que anuncios similares se produjeron a raíz de la crisis financiera de 2009, en la que los mandatarios mundiales anunciaron que se había terminado la era de los paraísos fiscales

Otro aspecto a tener en cuenta es que se ha llegado a este acuerdo por el cambio de postura de EEUU. En los últimos años ha impuesto aranceles muy perjudiciales a los productos de países que, como España, habían aprobado la tasa Google, con el objetivo de que estas compañías pagaran algo de impuestos. Ahora EEUU lidera una nueva postura que ha sido el origen de este acuerdo de que las grandes multinacionales paguen un impuesto mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.

La propuesta inicial de EEUU pretendía obtener fondos para financiar su reconstrucción con la diferencia entre lo poco que pagaban sus multinacionales a nivel mundial y un impuesto mínimo del 21% sobre los beneficios. Si hubiera sido así, la medida no afectaría al resto de países, pero en el acuerdo logrado, parte de ese impuesto mínimo, rebajado al 15%, se pagaría en los países en los que estas compañías venden o prestan los servicios.

Hasta ahora, la indignación de los ciudadanos ante la utilización de los paraísos fiscales en casos como el denominado Papeles de Panamá, o ante el hecho de que estas grandes multinacionales no pagaran los impuestos que deberían, solo había derivado en medidas “cosméticas”, como es la de obligar a estas empresas a informar de sus operaciones en cada país, o en los territorios calificados como paraísos fiscales, y decían las autoridades mundiales que cada país actuara en consecuencia con esa información, sabiendo que en una situación como esta, los países no pueden aprobar medidas individuales. La propuesta de EEUU ha pillado a la Unión Europea con el paso cambiado, ya que justo ahora estaba elaborando una Directiva para que las empresas dieran esa información. Al final, las medidas se complementarán porque disponer de información de las operaciones país por país facilitará saber si lo que van a pagar en cada uno de ellos es correcto.

Así pues, de llegar a aprobarse esta medida en la próxima cumbre del G-20, supondría el primer paso para desmontar un sistema internacional de impuestos obsoleto, que no ha sabido adaptarse hasta ahora a las características de la economía del siglo XXI y que sí han sabido aprovechar muy bien estas grandes multinacionales para no pagar impuestos. La pena es que uno de los principios básicos del sistema tributario es que no puede tener carácter retroactivo.

Si se quisiera seguir avanzando, lo siguiente tendría que ser aprobar medidas contra la utilización de unos paraísos fiscales que se usan en la ingeniería fiscal de las grandes empresas, internacionales y españolas. En el caso de España, nuestras empresas del IBEX-35 tienen más de 700 sucursales y filiales en paraísos fiscales. Pero no hay que olvidar que los paraísos fiscales son herramientas imprescindibles también para la delincuencia internacional, que se sirve de ellos para blanquear el dinero procedente de sus actividades delictivas.

Lo siguiente tendría que ser aprobar medidas contra la utilización de unos paraísos fiscales que se usan en la ingeniería fiscal de las grandes empresas. En España, las empresas del IBEX-35 tienen más de 700 sucursales y filiales en paraísos fiscales

Como las medidas no pueden ser individuales, la Unión Europea tendría que ser capaz de erradicar la utilización de los paraísos fiscales, empezando por los que hay dentro de su territorio, pero lleva años pasando esa vergüenza sin que haya querido cambiar la situación.

Por último, no olvidemos que el fin de los impuestos es sufragar los gastos de los Estados, por lo que si este acuerdo histórico se hubiera alcanzado hace años, con los mayores ingresos obtenidos podríamos afrontar mucho mejor las consecuencias de esta nueva crisis sanitaria y económica.

Hay acuerdo en un momento histórico en el que todas las economías del planeta están sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes en un siglo que ha llevado a grandes gastos en servicios públicos para hacerla frente. Por primera vez, se ha pactado que exista un impuesto mínimo global del 15% para evitar que las grandes empresas sorteen el pago de impuestos y, al tiempo, que algunos países como Holanda, Irlanda y Luxemburgo hagan dumping fiscal a sus socios. Es decir, que los paraísos fiscales no pueden tolerarse en un mundo globalizado. Los ministros de Finanzas del G7, reunidos en Londres, han logrado cerrar el acuerdo y lo han dejado rematado para la cumbre del próximo fin de semana en Cornualles (Reino Unido), donde los líderes de las principales economías del mundo (Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, y la UE como invitada) podrán ratificar un acuerdo sin precedentes.

El  Chancellor of the Exchequer, el ministro de Finanzas británico y anfitrión del encuentro, Rishi Sunak, ha afirmado: “Hemos llegado a un acuerdo histórico sobre la reforma fiscal global que requerirá que los gigantes tecnológicos multinacionales paguen su parte justa de impuestos en el Reino Unido. Las firmas mundiales más grandes, con márgenes de beneficio de al menos el 10%, estarán dentro del alcance de la medida, con el 20% de beneficio por encima del margen del 10% sujeto a impuestos en los países donde tengan ventas”.

Según Sunak, “el G7 también ha acordado que al menos el 15% del impuesto mínimo de sociedades global operado país por país, creando un campo de juego más equilibrado para las empresas del Reino Unido y tomando medidas enérgicas contra la elusión fiscal. El acuerdo se discutirá ahora con más detalle en la cumbre del G20 en junio”.

“¡Lo conseguimos!”, ha afirmado el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire: “Después de 4 años de lucha, se ha alcanzado un acuerdo histórico con los Estados miembros del G7 sobre impuestos mínimos a las empresas y gigantes digitales. ¡Francia puede estar orgullosa!”

Quien ha echado algo agua fría en el acuerdo ha sido el Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Irlanda, uno de los principales países que practican el dumping fiscal en la UE: “Tomo nota de la posición de los ministros del G7. Hay que ver ahora los debates en la OCDE. Hay 139 países en la mesa, y cualquier acuerdo deberá satisfacer las necesidades de los países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo”.

Por contra, el ministro alemán, Olaf Scholz, también ha hablado de “acuerdo histórico”. La decisión del G7 “sobre impuestos internacionales justos es histórica. Nuestros intensos esfuerzos durante los últimos 3 años están dando sus frutos. Las siete naciones industrializadas más importantes han respaldado hoy un impuesto mínimo para las empresas”.

En la víspera de la reunión, los ministros de Finanzas de España, Italia, Francia y Alemania publicaron este viernes un artículo en The Guardian en el que empujaban para llegar a un acuerdo sobre un impuesto universal de sociedades ante la reunión de ministros de Finanzas del G7 de este viernes y sábado en Londres.

“Durante más de cuatro años, Francia, Alemania, Italia y España han estado trabajando juntos para crear un sistema fiscal internacional adecuado para el siglo XXI”, escriben los cuatro ministros en The Guardian: “Es una historia con muchos giros y vueltas. Ahora es el momento de llegar a un acuerdo. La introducción de este sistema tributario internacional más justo y eficiente ya era una prioridad antes de la actual crisis económica, y será aún más necesario al salir de ella”.

Y añaden: “Con la nueva administración estadounidense de Joe Biden ya no existe la amenaza de un veto sobre este nuevo sistema. La nueva propuesta de Estados Unidos sobre impuestos mínimos es un paso importante en la dirección de la idea inicialmente planteada por nuestros países y asumida por la OCDE. El compromiso de una tasa impositiva mínima efectiva de al menos el 15% es un comienzo prometedor. Por tanto, nos comprometemos a definir una posición común sobre un nuevo sistema fiscal internacional en la reunión de ministros de finanzas del G7 en Londres hoy [por este viernes]. Confiamos en que generará el impulso necesario para alcanzar un acuerdo global en el G20 en Venecia en julio. Está a nuestro alcance”.

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, quien inicialmente puso sobre la mesa una tasa del 21%, ha defendido la del 15%, punto de encuentro con sus colegas europeos. Y ha celebrado el acuerdo.

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, por su parte, ya había adelantado que la propuesta estadounidense de consensuar un impuesto mínimo global para las corporaciones de, al menos, el 15% “podría ser un buen compromiso”, en una rueda de prensa con el titular alemán de Finanzas, Olaf Scholz, quien lo calificó como “gran progreso”. En todo caso Le Maire ha insistido en que la cuestión “clave” es lograr un acuerdo global sobre un impuesto mínimo de sociedades y una tasa a las grandes empresas digitales durante la reunión de ministros de Finanzas del G20 que tendrá lugar el 9 y 10 de julio en Venecia (Italia).

El comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, ha afirmado: “Hoy hemos dado un gran paso hacia un acuerdo global sin precedentes sobre la reforma del impuesto de sociedades. Ha sido una reunión muy positiva que nos ha permitido tender puentes sobre cuestiones cruciales. Las posibilidades de un acuerdo global han aumentado significativamente. Ahora debemos dar el último paso para expandir este consenso a todos los miembros del G20 y a todos los países involucrados en el marco de la OCDE. La Comisión Europea contribuirá activamente a estos debates para garantizar que logremos un acuerdo ambicioso en julio”.

Lo que esperamos en relación con la fiscalidad universal es tener una buena discusión en estos días y avanzar. Por supuesto, el acuerdo debe ser global, tenemos 139 países involucrados. En la próxima reunión del G20 será posible llegar a un acuerdo. Estamos trabajando a nivel de la OCDE para reasignar los derechos impositivos para los gigantes, incluidos los digitales, y creo que vamos por muy buen camino. Por supuesto, las discusiones continuarán sobre los detalles, sobre los modelos para implementar esta idea... Tenemos claramente ganadores de esta pandemia y cuando discutimos el futuro de la economía mundial después de la pandemia es bastante justo tener una propuesta sobre los impuestos a estos gigantes“.

“En los últimos meses esta discusión se ha acelerado debido a las propuestas de la nueva administración estadounidense”, ha reconocido Gentiloni: “Están muy comprometidos y son constructivos y, en general, creo que la contribución estadounidense a la recuperación mundial, con sus propios paquetes de estímulo, será crucial. Estoy bastante seguro de que este estímulo a la economía estadounidense tendrá efectos positivos en la economía europea y en otros lugares”.

 Así, se estrecha el cerco a las empresas que sortean pagar impuestos y los países que se benefician de ello, con el coste de que sus vecinos recauden menos dinero que puede ser invertido en sectores tan necesarios como la sanidad pública en tiempos de pandemia. Los países están perdiendo más de 358.000 millones de euros en impuestos no recaudados cada año debido al abuso de las rebajas a las contribuciones empresariales y a la evasión de impuestos privados. Según la organización Tax Justice, lo que dejan de ingresar los países es el equivalente a casi 34 millones de salarios anuales de enfermeras, o el salario anual de una enfermera cada segundo.

Las cinco jurisdicciones más responsables de las pérdidas fiscales, según la investigación, son: el territorio británico de Caimán (responsable del 16,5% de las pérdidas fiscales globales, equivalente a más de 58.700 millones); el Reino Unido (10%; más de 35.800 millones); los Países Bajos (8,5% ; más de 30.200 millones); Luxemburgo (6,5%; más de 22.600 millones) y Estados Unidos (5,53%; más de 19.300 millones).

Alex Cobham, de Tax Justice, ha reaccionado al acuerdo con reservas: “El G7 ha alcanzado un acuerdo sobre un impuesto internacional. Es un gran acuerdo, pero no es suficiente: han decidido finalmente trasladar el sistema fiscal internacional al siglo XXI, pero solo lo suficiente para beneficiarse descaradamente a sí mismos, dejando atrás al resto del mundo”.

Este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió prolongar las negociaciones seis meses más, hasta mediados de 2021, para alcanzar un acuerdo global sobre la tasa a las grandes empresas digitales. Y este martes la Comisión Europea ha comunicado que prefiere adaptar sus ritmos al organismo internacional y dejar aguantar hasta esa fecha para proponer o no una tasa europea. En España, sin embargo, el Gobierno cuenta con ponerla en marcha en enero de 2021, en tanto que ya ha recibido hasta el respaldo del Senado.

El Gobierno español confía en recaudar al menos 900 millones con este impuesto, que a escala europea es uno de los previstos para el repago de la deuda de 750.000 millones que va a emitir la Comisión Europea para financiar el fondo de recuperación de la crisis sanitaria y económica. En todo caso, como todos los plazos se van retrasando, en Bruselas ya no se espera que la emisión de deuda comunitaria empiece antes de mediados de 2021. Como la liquidación de los impuestos es trimestral, la primera recaudación en principio sería en marzo de 2021, salvo que el Gobierno decidiera hacer una liquidación anual como deslizó al principio de la legislatura la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

“Acordamos atajar rápidamente los problemas restantes con la vista puesta en llevar este proceso a una conclusión exitosa para mediados de 2021 y resolver los problemas técnicos, desarrollar borradores legislativos, pautas y reglas y procesos internacionales según sea necesario para implementar una solución basada en el consenso”, ha explicado la OCDE, que coordina las negociaciones entre 135 países para alcanzar un acuerdo sobre la fiscalidad de actividades digitales.

El compromiso de la OCDE y los países que forman parte de la iniciativa era alcanzar una propuesta consensuada y aceptada por todos para finales de este año. Sin embargo, la OCDE estima que las negociaciones no culminarán hasta mediados de 2021.

“La ausencia de una solución consensuada probablemente llevaría a la proliferación de medidas fiscales unilaterales y no coordinadas, así como a un incremento en dañinas disputas fiscales y comerciales”, ha alertado la institución.

La propuesta de la OCDE se centra en dos líneas de actuación. Por un lado, en el conocido como Pilar Uno, se propone adjudicar un porcentaje de los beneficios a ciertas jurisdicciones debido a la posibilidad de las empresas digitales de generar beneficios sin ventas o presencia física concreta en un país. De su lado, en el Pilar Dos se propone un tipo mínimo para ser recaudado en todas las jurisdicciones, informa Efe.

“La Comisión Europea se ha comprometido a actuar si no se logra un acuerdo en la OCDE. Por supuesto respetaremos la fecha límite de la primera mitad del próximo año”, ha asegurado este martes el portavoz de Fiscalidad de la Comisión Europea, Daniel Ferrie: “Debemos proteger la credibilidad del proceso y sólo podemos hacerlo trabajando juntos para alcanzar un acuerdo político lo antes posible”.

Bruselas también mira de reojo su propia casa, porque sabe que mientras Francia o España han avanzado con este impuesto, hay paíes, como Dinamarca, Irlanda, Países Bajos o Suecia que son más reacios. Y los impuestos europeos requieren de unanimidad para ser puestos en marcha.

Fuentes gubernamentales señalan a elDiario.es que en el momento en que se aprobase esta medida en un foro multilateral, la legislación española se adaptaría a la misma. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó en Bruselas al comienzo de la legislatura que España pensaba seguir el ejemplo de Francia, es decir, dejar congelada la liquidación efectiva del impuesto, a la espera de un acuerdo global.

“En el caso francés se han suspendido los pagos a cuenta, para que el pago se haga a finales de año [de 2020]. Nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto, sino de la liquidación a final de año”, declaró en febrero la vicepresidenta.

La Comisión de Hacienda del Congreso ha validado este jueves los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ('tasa Google') y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras ('tasa Tobin'), que se envían ahora al Senado para seguir con su tramitación parlamentaria, con algunos cambios, contemplando autoliquidaciones mensuales y su entrada en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE, de forma que previsiblemente verán la luz en enero de 2021.

En concreto, la Comisión de Hacienda ha ratificado las ponencias y ha aprobado con competencia legislativa plena los proyectos de ley de los dos nuevos impuestos, por lo que los textos no tendrán que ser ratificados en una sesión plenaria y pasarán directamente al Senado para continuar con su tramitación.

La denominada 'tasa Google' ha recibido 19 votos a favor, 14 votos en contra y 3 abstenciones, y se ha incluido en ella una enmienda transaccional, mientras que la 'tasa Tobin' ha obtenido un respaldo mayor, con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención, con dos enmiendas transaccionales introducidas.

Se trata de las dos primeras modificaciones fiscales contempladas en el plan fiscal del Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, y para las que el Gobierno pidió formalmente a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, habilitar las “sesiones necesarias” este verano con el fin de aprobarlos.

Finalmente los textos de los proyectos de ley contemplan la entrada en vigor de los mismos a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que previsiblemente los nuevos impuestos no verán la luz hasta enero de 2021.

Fuentes socialistas han señalado a Europa Press que se espera que la tramitación se aborde en el Senado en el mes de septiembre y que no salgan adelante las enmiendas, con lo cual no volverían los proyectos legislativos al Congreso.

La intención del Gobierno es que los nuevos impuestos entren en vigor el próximo 1 de enero y la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto.

Con la 'tasa Tobin' el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Los derivados se quedan fuera

Desde el PSOE destacan que no se incluye en el hecho imponible los derivados, porque hay derivados que incluyen deuda pública, y que España va a ser “avanzadilla” en Europa, dado que el Proceso de cooperación Reforzada lleva en marcha en la UE desde el 2013 y sigue sin implantarse.

Por su parte, la 'Tasa Google' gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros, posteriormente (antes de la pandemia) la rebajó a 968 millones. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la norma tendrá “carácter transitorio” hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o europeo y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.

El nuevo paso para este impuesto se ha producido a pesar de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales.

Enmiendas aprobadas

En cuanto a los cambios introducidos, se ha incluido una transaccional pactada entre PNV y PSOE para dar cumplimiento al Concierto del Convenio económico con el País Vasco y Navarra, de forma que se reúna la comisión mixta del mismo en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de ambos impuestos para concretar la capacidad normativa. Esta petición de convocar la Comisión del Convenio Económico Vasco y Navarro se ha realizado para vía enmiendas transaccionales en ambos gravámenes.

Otro cambio sobre enmiendas de PP, Vox y Cs también en la 'tasa Tobin' se refiere a la documentación a aportar en la declaración, eliminando la declaración anual para evitar que no figuren las exentas. Por lo tanto, se realizarán autoliquidaciones mensuales. Se eleva por garantía judicial y jurídica a rango de reglamento el desarrollo de autoliquidaciones, frente a una orden ministerial como estaba previsto inicialmente.

Exclusión de compras de autocartera

En la ponencia se incluyó una enmienda conjunta del PSOE y Unidas Podemos para dejar fuera del impuesto financiero a las operaciones de autocartera. La iniciativa financiera ya recogía entre sus exenciones las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo, y en el texto de la enmienda introducida el PSOE y Unidas Podemos ahora eximen directamente del impuesto a todas las adquisiciones de acciones propias o de acciones de la sociedad dominante efectuadas por cualquier entidad que forme parte del grupo que se realicen dentro de un programa de recompra que tenga como único propósito aquellos especificados en el reglamento europeo sobre abuso de mercado.

Además de esta enmienda, ambas formaciones han incluido otra propuesta con el fin de aclarar el sujeto pasivo de este impuesto cuando la compra de acciones no la realice una empresa de servicios de inversión o entidad financiera.

Se especifica que cuando intervengan uno o más intermediarios financieros por cuenta del comprador, el sujeto pasivo será el intermediario que reciba la orden directamente por parte de este comprador, una condición ya recogida para circunstancias similares en los centros de negociación.

Los temores se han cumplido. En plena crisis del coronavirus (que todavía no ha acabado ni mucho menos) EEUU acaba de retirarse de las negociaciones en el seno de la OCDE para poder tasar a las empresas tecnológicas. Una bofetada para la Unión Europea, que llevaba años intentando convencer a Washington de la necesidad de esta iniciativa. Al conocer la noticia, el ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, no se ha mordido la lengua y ha dicho que la retirada americana era una provocación y el comisario para asuntos económicos y financieros de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, lo ha respaldado anunciando que la UE seguirá adelante con este impuesto, aunque EEUU se haya descolgado.

Hay razones para pensar que –de nuevo– los europeos no van a cumplir su promesa. Llevan décadas discutiendo la reforma del marco tributario de las empresas transnacionales y no se ponen de acuerdo. Los países que han adoptado estrategias de desarrollo basadas sobre los incentivos fiscales como Luxemburgo, Irlanda o los Países Bajos se oponen, por obvias razones, y los países nórdicos, tan dependientes de las exportaciones, no quieren entrar en una espiral proteccionista y que EEUU tome represalias e imponga aranceles a sus productos. Incluso, se podría decir que Alemania está en la misma situación, ya que su maquinaria exportadora depende del que sigue siendo el consumidor de último recurso de la economía mundial: el comprador americano.

Por todo esto, se podría pensar que la amenaza de una guerra comercial entre EEUU y la UE es menor de lo anunciado por los titulares de prensa. Al final los europeos van a tener que ceder porque entre otras cosas – y por lo menos a corto plazo – dependen de la tecnología americana. La estrategia europea se limitará pues a rezar para que gane las elecciones de noviembre, Joe Biden (que sí que ha prometido en campaña que hará que Amazon y Google paguen más impuestos) y si al final gana otra vez Trump, el sentir en Bruselas es que: “Dios nos coja confesados porque este señor puede acabar con el mundo tal y como lo conocemos”.

Pero quizás esta vez la situación sea distinta. Las circunstancias actuales pueden empujar a la UE no solo a empezar a usar el lenguaje del poder, como destacó Josep Borrell cuando se examinó ante el Parlamento Europeo para convertirse en alto representante de la Unión para la política exterior, sino también a ejercer ese poder. Razones históricas, geopolíticas y sociales pueden endurecer la posición europea.

Desde el punto de vista histórico, el shock económico que va a traer consigo el coronavirus nos lleva a pensar que podemos estar ante un cambio radical en las relaciones entre estado y mercado. Al igual que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, los países van a salir de la crisis con mucha más deuda y con un contrato social nuevo que requiera de un sistema fiscal más progresivo. Aquí el país a observar es Alemania, la mayor economía de la Unión, que después de la Segunda Guerra Mundial redujo la deuda no a base de inflación como su vecina Francia, sino con más impuestos a los pudientes para así poder financiar su creciente estado de bienestar. El giro copernicano que ha dado Angela Merkel en los últimos meses, pasando de ser la ama de casa frugal de Suabia a la estadista keynesiana es un buen reflejo del nuevo Zeitgeist (espíritu de la época).

La misma Merkel también dijo hace dos años, en Bavaria y cerveza en mano, que Europa tenía que despertar de su letargo y empezar a agarrar su destino en sus propias manos. Trump ha sido un shock para ella y muchos otros líderes europeos. Su desdén hacia la Unión Europea, su apoyo al Brexit y sus amenazas de acabar con el compromiso de EEUU de proteger a sus aliados de la OTAN han provocado mucho malestar y acelerado la necesidad de empezar a pensar y actuar de manera estratégica en la Unión con una Comisión Europea mucho más geopolítica. En este sentido, la retirada de EEUU de las negociaciones de la OCDE en materia fiscal, que se suma a una larga lista de desplantes al sistema multilateral de gobernanza, se podría comparar con el colapso del sistema de Bretton Woods de tipos de cambios fijos a principios de los años 70. A partir de ahí, EEUU, sobre el poder del dólar, empezó también a tener una política mucho más agresiva (de bullying) frente a sus socios europeos, lo que hizo que se unieran más acelerando así el camino hacia, primero, la cooperación y, después, la unión monetaria.

En general las grandes crisis traen una transformación de las relaciones de poder y los equilibrios entre el estado y el mercado. Es en esos momentos cuando surgen nuevos marcos normativos. El actual sistema tributario de las multinacionales se decidió hace casi cien años.

En los años veinte del siglo pasado, en el seno de la Liga de las Naciones, se discutieron dos opciones. La primera era que las empresas pagasen impuestos donde tuviesen su domicilio fiscal y la otra que lo hiciesen respectivamente en cada uno de los países donde obtuviesen beneficios. Lógicamente un moribundo, pero todavía poderoso, Reino Unido y las otras potencias industriales occidentales optaron por la primera opción. Para qué repartir el pastel si podía caer todo en casa.

La dinámica cambió con la globalización iniciada en los años 70 después del colapso

precisamente del sistema de Bretton Woods. De repente las multinacionales empezaron a desarrollar toda una ingeniería de evasión y elusión fiscal que ahora mismo – y sobre todo con los estragos que va a traer el coronavirus – parece socialmente insostenible. Los ciudadanos van a demandar mejores servicios públicos y eso requerirá mayor presión fiscal.

Estamos por tanto ante un posible re-equilibrio entre el estado y el mercado e igual que en los años 70 y 80 hubo intelectuales como Friedrich von Hayek y Milton Friedman que marcaron una época, hoy conviene identificar aquellos que pueden determinar la nuestra. En temas fiscales hay que seguir los pasos de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, dos economistas franceses que enseñan en la Universidad de Berkley (EEUU).

Ambos llevan insistiendo unos años que hay que cambiar el sistema tributario para que las grandes multinacionales paguen impuestos donde consiguen beneficios. Sus propuestas son radicales hasta el punto de exigir que las empresas paguen según las ventas y beneficios en cada economía y si no lo hacen que se les prohíba ofrecer sus productos o servicios en ese mercado. Recientemente también han propuesto un impuesto a nivel europeo sobre el patrimonio del 1% más rico para poder pagar las deudas que se van a acumular para luchar contra el coronavirus y sus efectos negativos en la economía. Tanto el impuesto sobre los servicios digitales como este impuesto a los superricos podrían ser los primeros impuestos de una posible unión fiscal europea.

Todo esto lleva a una última reflexión. Hace casi 10 años cuando leí la 'Paradoja de la Globalización', de Dani Rodrik (el flamante premio Princesa de Asturias) que explicaba que el éxito de los treinta años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial se había basado, en parte, en los controles de capitales porque era la manera de retener la riqueza en el país y poder tasarla y así financiar el estado de bienestar, pero pensaba que esa opción era imposible de aplicar en la época moderna. Hoy ya no está tan claro.

La llamada “tasa Google”, es decir, el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que pretende gravar con un 3% determinados ingresos de grandes tecnológicas, ha pasado este jueves su primer trámite parlamentario con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que España se anticipe a la aprobación de este impuesto a escala internacional, aunque después se adapte su aplicación a lo que se determine en la OCDE o la UE. “Parece que podemos avanzar en todo menos en la mejora de los sistemas tributarios”, ha afirmado, rechazando los argumentos de los grupos políticos que pedían la devolución del proyecto.

Los portavoces de la derecha han defendido que es el peor momento para subir impuestos debido a la crisis económica y sanitaria. Montero ha tachado este planteamiento no solo de “ultraliberal” sino de “ultrainfantil y rayando la irresponsabilidad”. “Sin un sistema tributario justo no hay educación, sanidad ni prestaciones sociales”, ha recalcado.

También se ha hecho referencia a las recientes amenazas de EEUU, que ha iniciado una investigación sobre varios países europeos, entre ellos España, por su intención de cobrar más impuestos a empresas con sede estadounidense que probablemente se verían afectadas, como Amazon, Apple, Google o Facebook.

El portavoz del PP, Javier Bas, ha recalcado que “el Gobierno está poniendo en riesgo sectores como el campo y la automoción, que verán amenazadas las exportaciones si se sigue esta vía unilateral”. Ha recordado que Francia retrasó la implantación de este impuesto debido a las amenazas estadounidenses.

Montero, sin referirse a la posición de EEUU durante el debate, sí ha recordado al PP que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro proponía un impuesto dos puntos superior a los que ha proyectado el Gobierno socialista, un 5% en vez de un 3%, con la finalidad de ayudar al pago de pensiones. Además, hace menos de un mes se aprobó en el Parlamento Europeo con los votos del PP una resolución solicitando nuevos recursos propios, entre ellas nuevos servicios digitales.

La tasa Google pretende gravar con un 3% los ingresos que las grandes tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario y quedarían excluidos los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico minorista cuando no actúe como intermediario. El impuesto afectaría a las empresas que facturen más de 750 millones de euros en el mundo y 3 millones en España.

El Ejecutivo había previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros que posteriormente rebajó a unos 968 millones antes de la pandemia, debido a una cierta ralentización de la economía, por lo que tras la COVID-19 dicha recaudación podría ser aún menor.

En su defensa, Montero ha insistido en que este impuesto avanza en la búsqueda de una “fiscalidad del siglo XXI”, ya que las figuras tributarias actuales no son adecuadas para gravar los negocios digitales, capaces de funcionar sin presencia física o de crear valor con la contribución del los usuarios finales, informa Efe. “Una fiscalidad digital para una economía digital, que no haga que los negocios tradicionales sean menos competitivos” que los tecnológicos, ha resumido.

El impuesto, que no empezará a recaudarse hasta tres meses después de su publicación en el BOE, se adaptará si se logra un consenso a nivel europeo o en la OCDE para gravar de manera armonizada las multinacionales. “Ya es hora de tomar decisiones, así forzamos a la armonización”, ha defendido la portavoz del PSOE, Patricia Blanquer, que ha recordado que además de Francia, Italia o Hungría ya han dado pasos en este sentido.

El Gobierno no tiene previsto frenar la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales pese a la apertura de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos a la Unión Europea y nueve países, entre ellos España, que podría concluir con la imposición de aranceles.

Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan a este periódico que el impuesto popularmente conocido como “tasa Google” no discrimina ni ataca a ningún país y se aplica por criterios objetivos, con independencia de la nacionalidad de las empresas.

Recalcan que la propuesta de impuesto sigue y se inspira en los trabajos previos de la Comisión Europea y que España tiene el compromiso de adaptar el impuesto a los acuerdos internacionales que se alcancen en el marco de la OCDE.

El Gobierno aprobó los proyectos de ley sobre las llamadas tasas Google y Tobin, es decir, los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, el pasado mes de febrero. Según explicaban no había ninguna “señal inquietante” por parte de EEUU, que desde hace tiempo viene advirtiendo de que responderá si empresas estadounidenses se ven perjudicadas. Próximamente iniciarán su trámite parlamentario.

Con el nuevo impuesto, cuyo cobro aplazará España hasta diciembre al igual que Francia a la espera de una decisión internacional común, el Ejecutivo espera recaudar menos de 1.000 millones, frente a los 1.200 que calculó el año pasado, Afectará a empresas con una facturación superior a 750 millones de euros a nivel mundial y tres millones de ingresos en España.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha decidido abrir una investigación la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales, que se han aprobado o planteado en sus jurisdicciones. Además de a la UE y a España, la Oficina ha iniciado esta investigación examinando a Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido.

La investigación, amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, todavía tiene un recorrido de muchos meses antes de concluir. Entre las medidas que podría proponer el Representante Comercial si la investigación es concluyente está la imposición de aranceles comerciales.

Hace meses, la Oficina culminó un proceso similar con respecto a la 'tasa Google' de Francia. La Administración estadounidense decidió imponer un arancel del 100% a una serie de importaciones francesas, como el vino o el queso. Sin embargo, Washington congeló su aplicación poco antes de entrar en vigor para dar margen a las conversaciones en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que está trabajando en una solución global para la fiscalidad de las empresas digitales.

Pedro Sánchez metió desde el primer día prisa a sus ministros para poner en marcha las políticas sociales con las que pretende dejar claro el sesgo de izquierdas de la coalición. Las primeras iniciativas tras la toma de posesión –subida del sueldo de los funcionarios o la revalorización de las pensiones– estaban ya previstas, pero suponen un incremento del gasto, como gran parte de las promesas que figuran en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno ya anticipó que tendría que poner en marcha fórmulas para aumentar los ingresos a través, fundamentalmente, de la creación de nuevos impuestos. 

Más allá de las mejoras de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos, las iniciativas que ha planteado el Ejecutivo hasta el momento no conllevan incremento del gasto, como el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la derogación del despido por bajas médicas. El grueso del paquete social, como el ingreso mínimo vital o la subida del Iprem (Indicador Público de Rentas Estatales Múltiples), requiere de la aprobación de los Presupuestos y de que las arcas públicas se puedan permitir su financiación. 

Las previsiones de crecimiento económico del Gobierno se rebajaron en dos décimas la pasada semana –un 1,6% frente al 1,8% calculado a finales 2019, la misma cifra que estima la Unión Europea– y de momento la recaudación a través de las nuevas figuras impositivas llegará a las cotas que se esperaba. La 'tasa Google' con la que se gravan algunos servicios digitales no se pondrá en marcha hasta finales de año y la 'tasa Tobin' –que aplica a las transacciones financieras pero que deja fuera los productos derivados que son los más especulativos– se han aprobado en este Consejo de Ministros. Sin embargo, este año solo se recaudará la parte correspondiente al último semestre del año del gravamen financiero (alrededor de 450 millones). 

Además, algunas de las subidas de impuestos recogidas en el acuerdo, como el incremento del pago de IRPF para las rentas superiores a los 130.000 euros o la modificación del tipo de sociedades, aunque logren su aprobación en 2020, no tendrán margen para recaudar. 

Esta dificultad para cuadrar las cuentas forzará al Ejecutivo a buscar nuevos recursos si quiere poner en marcha su programa progresista de Gobierno y, a la vez, convencer a Bruselas de que los números son creíbles y que pueden no desviarse excesivamente de las recomendaciones que se hará España desde la Comisión Europea.

El Ejecutivo ha comenzado los deberes con la aprobación de las tasas Google y Tobin de cara a los Presupuestos Generales del Estado que Sánchez pretende aprobar antes de que finalice en verano. Por ahora ya ha superado el paso previo, que es la senda de déficit y que se debatirá en el Congreso la próxima semana y la siguiente, en el Senado.

A la espera del apoyo de ERC

El Gobierno ya ha dejado claro que no llevará las cuentas al Congreso hasta que tenga amarrados los apoyos. El hueso que tiene que roer es el de ERC, que supedita su respaldo a cómo funcione la mesa de diálogo que pactaron socialistas y republicanos para la investidura y para la que aún no hay fecha concreta. 

A pesar de que la pretensión del Gobierno es que la primera reunión, que encabezarán Sánchez y Quim Torra, se celebre antes de que termine febrero, la puesta en marcha es por el momento una incógnita. El principal escollo lo tienen por ahora los socios del Govern porque JxCat quiere que haya un mediador mientras que ERC asume la posición de los socialistas, que lo rechazan, y apuesta por dejar fuera esa figura para quitar presión de la mesa. 

Fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que “habrá acuerdo” para que eche a andar la negociación y atribuyen el tira y afloja dentro de la Generalitat a los “intereses electorales” que puedan tener los partidos que forman el Govern ante la amenaza real de un adelanto de los comicios en Catalunya.

“Le diré que no siempre los gobiernos pueden hacer, en determinadas circunstancias, todo aquello que desde fuera parece que se puede hacer”. Era el histórico 12 de Mayo de 2010, con un hemiciclo casi desierto ya, cuando José Luis Rodríguez Zapatero contestaba así a los partidos minoritarios. La troika –Comisión Europea, BCE y FMI- y hasta Obama le habían conminado a hacer recortes en la Era de la austeridad. El panorama no ha cambiado… a mejor.

El gobierno progresista español ha aprobado este martes las llamadas Tasa Google y Tasa Tobin –impuestos a determinados servicios digitales y a algunas transacciones financieras- aunque no entrarán en vigor hasta final de año. Se trata de buscar fondos que no pasen por la tijera a la sociedad del bienestar como se ha venido haciendo. Y a los Estados Unidos de Trump no le gusta, como tantas otras medidas no gustaron a sus antecesores y movieron en embajadas, según supimos hasta por WikiLeaks. Ni a EEUU ni a los países que detentan más poder, ni a aquellos para quienes gobiernan, ni a la derecha española sin ir más lejos, que también tiene muy claras sus prioridades. Puestos, ni a la derecha de los demócratas estadounidenses que andan mirando cómo desactivan a Bernie Sanders por ser demasiado progresista.

El problema se ha incrementado. Donald Trump no es un presidente republicano al uso, parece más bien el Director Gerente de EEUU S.A., incluso de Trump S.A. Su director de ventas y gestiones, también conocido como Secretario de Estado, Mike Pompeo, anda advirtiendo a los países europeos que utilizan telecomunicaciones Huawei que eso “podría dañar sus relaciones con Estados Unidos”, según CNN. Insistió más bien. En diciembre había hecho la misma “advertencia” en Portugal. Las relaciones dañadas con EEUU suelen implicar sanciones y aranceles. Y la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China nos está haciendo asistir a nuevos e inquietantes capítulos.

Trump S.A. no se para ahí. También pone en el punto de mira a las misiones médicas cubanas que operan en más de 60 países, y no precisamente los más favorecidos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, desde los años 60 han sido enviados a más de 160 países no menos de 600.000 cubanos como médicos, enfermeros y técnicos sanitarios. Una veintena de misiones trabajan en países que no pagan nada a cambio, pero el resto de naciones entrega un dinero al Gobierno cubano a cambio de los servicios médicos,informa eldiario.es. Lo que prima para Trump S.A. es presionar al gobierno cubano. La salud ajena le importa poco. Ni de sus propios ciudadanos, ni de aquellos que castiga con la terrible arma de las minas antipersonas que ha vuelto a autorizar.

No es la habitual dicotomía ideológica, es el dominio económico… si alguna vez fue otra cosa, bien es verdad. Ése que con fuerte tintes de fanatismos varios –religioso y de lucha contra el conocimiento- ya se encuentra el Brasil de Bolsonaro con medidas que alcanzan la categoría de espeluznantes para la razón. No anda lejos la Bolivia hoy golpista. El Salvador nos sorprendió con un presidente que lleva al ejército al Congreso porque le rechazaban que pidiera un crédito y que entretanto reza en trance en la tribuna. Falta la Venezuela que quieren para Guaidó.

¿En serio alguien es capaz de creer que la Venezuela de Nicolás Maduro supone algún peligro para nadie y menos aún para España? Pues así ocurre y más desde que el PP descubrió que Venezuela “da cohesión” al partido. Y en ello insisten, reprobando al ministro Ábalos, poniendo demandas junto a Cs y Vox. Si la mayoría de los adeptos a ese descomunal globo lo pensaran dos veces se avergonzarían de su falta de juicio. ¿Por qué y para qué iba a ser modelo Venezuela de España siendo dos países tan diferentes en sus estructuras?

Más aún, cualquiera de los mandatarios de los países citados, desde Trump a Bolsonaro, merecería las prohibiciones que implantó la UE a los dirigentes venezolanos, tanto o más. Añadan el México de los feminicidios, con 10 mujeres asesinadas por día; ahora ya hasta niñas, y la mayoría previa tortura. Y la prueba del algodón de la hipocresía internacional se centra en el país con un príncipe acosado por intensas sospechas de descuartizar periodistas críticos con el que se fotografian altos mandatarios sin oír ni una queja de la oposición ni prácticamente de nadie. Produce vergüenza ajena.

Recapitulemos, las Tasas Google y Tobin no gustan ni a EEUU ni a los países que detentan más poder. Presiones también por la guerra tecnológica. Vivimos tiempos de intereses indisimulados. Económicos y de poder. Abrumadoramente controlados y espiados los ciudadanos, como cobayas involuntarios. En el paraíso fiscal de Suiza acaban de descubrir que “en ese casino se juega” desde hace décadas. Desde antes de los Huawei, los Samsumg y todos los demás. La aterradora variable es quienes están gestionando este nuevo escenario. Dirigentes sin escrúpulos, con escaso o nulo respeto por los Derechos Humanos y lo más temible si cabe: sin demasiadas luces. Apoyados a menudo por el voto de ciudadanos con unas tragaderas intelectuales de niveles infrahumanos.

Y manejados por personajes mucho más inteligentes que sus jefes. No se pierden el nuevo Reino Unido, ya influencia externa, pero influencia al fin. Como en los viejos reinos el presidente Boris Johnson tiene una mano derecha, con los mismos pocos escrúpulos, en Dominic Cummings. Uno de los grandes artífices del Brexit. El que definió la técnica empleada como un hackeo del sistema político, según mostraba el documental “Brexit: La guerra incivil”, producido para la Plataforma de televisión HBO. “Muestra una capacidad alarmante para enfocarse en un objetivo con la exclusión de notar o preocuparse por cualquier daño colateral. Las emociones figuran principalmente como formas de distracción irracional”, cuentan en este extenso e interesantísimo análisis de The Guardian. Ya han obligado a dimitir a un asesor que se pasó de la raya: cuestiona la inteligencia de los negros, dice que el deporte femenino parece paralímpico y defiende la eugenesia para seleccionar bebés inteligentes. Numerosas críticas sitúan al temible Cummings como presidente en la sombra, dado el carácter de Johnson. Otro Bannon como en Trump, aquí cerca. ¿Qué puede salir mal? ¿Seguro que el peligro es Venezuela?

Como en España, otros países viven la distracción de las zanahorias desinformativas que gusten poner en servicio. Venezuela, aquí, y los políticos como Casado dando lecciones desde posiciones que hacen lo contrario de lo que predican. Arrimadas permanentemente impulsada por los medios en el mismo discurso. La supina torpeza de Martínez Almeida borrando el poema “Para la libertad” de Miguel Hernández del Memorial de la Almudena. Y los otros, socios y cómplices, infiltrados como un virus ultra por la actualidad. Y la derecha del PSOE alineada con esa deriva, como los demócratas norteamericanos de su cuerda. Y las dimensionadas disidencias en el antiguo núcleo de Podemos. Y los medios con sus objetivos más políticos que informativos en muchos casos, más económicos por ser precisos.

Y en este clima gobernar. Y para los ciudadanos. Con algunas cesiones que asustan. Ya lo dijo Zapatero: no siempre se puede hacer “todo aquello que desde fuera parece que se puede hacer”. Hemos perdido unos años preciosos por inacción y grandes distracciones. La situación es peor. No, en España, si el gobierno puede echar andar de una forma efectiva con presupuestos aprobados, vendrá al menos una estabilidad y unas acciones que pueden callar mucha propaganda. Se ven primeros pasos firmes con la subida del SMI y las pensiones o al anular, por ejemplo, el despido por bajas médicas que implantó el PP.

El problema es ese mar de fondo que ha vuelto a crecer en degeneración. Los ciudadanos han de ser más responsables que nunca: un mundo dirigido por personas con escasa inteligencia y todavía menos escrúpulos es peligroso para todos. Venga esa amenaza de fuera o de adentro. La única cohesión admisible para el bien común es la razón, y mucho mejor acompañada de decencia. Indispensablemente, diría.

La “tasa Google”, esa que ha aprobado el Gobierno para que los gigantes digitales paguen un mínimo de impuestos en nuestro país, no va a servir de nada. De nada-nada. Un brindis al sol. Papel mojado. Olvídenlo, ni caso.

No servirá, por estos cinco-argumentos-cinco, todos incuestionables:

1) Solo se conseguirá cuando lo hagan todos los países, mediante acuerdo internacional.

2) Trump nos freirá a aranceles y nos obligará a retirarla (miren Francia cómo reculó).

3) Esas compañías corren más ligeras que las paquidérmicas legislaciones estatales, y saltan ágiles sobre sistemas fiscales del siglo pasado. No hay quien las ate.

4) Si al final se aplica, nos tocará pagar a los usuarios, como siempre.

5) La han aprobado un martes 18, y todo el mundo sabe que las medidas aprobadas en martes, si coincide que es día 18, no tienen validez legal.

De acuerdo, el último me lo he inventado. Pero en realidad es tan válido como los anteriores, solo hace falta darlo por bueno, asumirlo como inevitable. O de otra manera: el quinto argumento es tan superable como los otros, siempre que haya voluntad política.

Parece que eso de lograr que lasmultisde Internet paguen impuestos es comparable a conseguir que respeten nuestra privacidad: una batalla perdida. Pero una batalla perdida antes de librarla, solo con pensarla. Puro derrotismo. Nos pasa con la privacidad: ni siquiera nos leemos los “términos y condiciones de uso”, hacemos clic directamente, porque total para qué, si al final van a hacer lo que quieran con nuestros datos, si la renuncia a la privacidad es el precio a pagar por usar sus estupendos buscadores, redes sociales y plataformas.

Pues parece que pensamos igual con la fiscalidad: para qué nos vamos a molestar en pelear impuestos justos, si total, ellos son gigantes y nosotros tan pequeños; y además son digitales, están en la nube, fuera del alcance de los analógicos países. Diría más: como con la privacidad, asumimos que su caradura fiscal es parte del precio a pagar por disfrutar de Google, Amazon, Facebook o Netflix.

Pues miren, por una vez me he leído los famosos términos y condiciones de Google (esos que siempre aceptamos sin mirar). Me los he leído de principio a fin, y resulta que no dicen nada sobre impuestos. En ninguna parte establecen que al usar sus servicios acepto que eluda sus obligaciones fiscales en mi país. No descarto que lo acaben incluyendo en una próxima actualización, pero por ahora no es así: lo que significa que Google y las demás compañías pagarán tantos impuestos como los ciudadanos queramos que paguen. Es decir, tantos como presión ejerzamos sobre esas mismas empresas, y sobre nuestros gobiernos.

Que sí, que vale, que ellos son gigantes, y nosotros simples ciudadanos cansados de trabajar y con ganas de compartir fotos graciosas y ver series al final del día. No podemos contra las multinacionales, la economía global, Trump, Silicon Valley y la maldición de los martes 18. Pero sí podemos asegurarnos de que al menos nuestro gobierno siga adelante con el proyecto, no lo descafeíne a su paso por el Congreso, ni se lo envaine de aquí a final de año. Y hasta podemos esperar que los ciudadanos de otros países hagan lo mismo con sus gobiernos, y cuantos más países se sientan presionados, más empujarán a un acuerdo internacional. Y no sé, quizás a la vuelta de unos meses o años conseguimos que esa tasa loca que hoy damos por imposible -y que en realidad es muy modesta-, se haga realidad.

El mismo razonamiento vale para la Tasa Tobin. Otra locura, quién va a conseguir darle un pellizquito (0’2%) a las gaseosas transacciones financieras, ¿verdad? Pues nosotros, claro.

¿Son tasas o son impuestos?

El Gobierno ha aprobado este martes sus primeros tributos: las popularmente conocidas como 'tasa Google' y 'tasa Tobin'. Pese a estos nombres, no se trata de tasas (que se cobran como contraprestación directa y determinada de un servicio que recibe el ciudadano, por ejemplo la recogida de basuras) sino de impuestos (donde no hay una contraprestación específica por el pago). Probablemente el hecho de que en inglés “impuesto” sea “tax” contribuya también a este uso. Calculan que con ellos se recaudarán 1.818 millones anuales, tras rebajar las expectativas del primero un 19%, hasta 968 millones. 

El asunto de la nomenclatura no es baladí, y mientras el Ejecutivo usa sin problema el término 'tasa Tobin' (en referencia a la tradicional reivindicación de la izquierda sobre la propuesta del economista estadounidense James Tobin de un impuesto a las transacciones financieras), no ocurre lo mismo con la 'tasa Google', en el contexto de las amenazas estadounidenses por perjudicar supuestamente a sus empresas. La 'tasa Google' inicialmente se refirió al canon de la Asociación de Editores de Diarios Españoles por el uso de sus noticias, por la que cerró Google News España, en 2014, aunque después se empezó a usar para este nuevo impuesto.

Según el Gobierno, no deberían repercutir en el consumidor final.

¿Por qué se aprueban estos impuestos?

Con estas medidas España se alinea con otros países europeos que ya tienen figuras similares y sigue la tendencia trazada por la Comisión Europea y que también defienden otros organismos internacionales. Lo que pretenden es adecuar el sistema fiscal a las nuevas áreas de negocio digital y también a una realidad transfronteriza que implica la globalización y que no están bien reflejadas en el marco tributario actual. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado tras el consejo de ministros que España “no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado”. 

¿A quién se dirigen?

El Impuesto a las Transacciones Financieras grava al intermediario financiero que ejecuta la orden de adquisición de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales afectará a empresas con una facturación superior a 750 millones de euros a nivel mundial y tres millones de ingresos en España, “unos umbrales objetivos que evitan un impacto en las pymes”, destaca el Ejecutivo.

La titular de Hacienda ha resaltado que esta transformación del sistema fiscal se realizará sin subir los impuestos a la clase media y trabajadora, ni a los autónomos ni a las pymes. Respecto al tributo que afecta al sector financiero, recuerdan que fue receptor de importantes ayudas públicas durante la crisis. El Gobierno considera justo que ahora contribuya un poco más al mantenimiento del Estado de bienestar. Grava unas operaciones que no se encuentran sujetas en estos momentos a impuesto alguno, aunque no va a incluir las operaciones con derivados, al menos de momento. 

¿Cómo funcionará el impuesto a las operaciones financieras?

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes. Además, el impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa.

El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de este gravamen es de 850 millones de euros anuales.

¿Cómo funcionará el impuesto a los servicios digitales?

Actualmente, hay operaciones propias de la economía digital que no están gravadas, lo que supone también un agravio para los negocios tradicionales. El proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales tiene su origen en la propuesta de directiva comunitaria de marzo de 2018 para gravar esos servicios digitales. España apuesta por lograr un consenso a nivel internacional en esta figura y trabaja en el marco de la OCDE y el G20 para lograr ese acuerdo. Sin embargo, el Gobierno considera que, sin dejar de buscar ese consenso global, hay que avanzar a nivel nacional en esta figura con el compromiso de que, una vez alcanzado un acuerdo internacional, España adaptará su legislación a ese tributo consensuado.

El Gobierno recuerda que varios países del entorno europeo comparten esta postura de España y ya han dado pasos para implantar un impuesto digital propio e incluso, en algunos casos como Francia o Italia, ya ha sido aprobado. También Reino Unido ha presentado un gravamen y Austria o Alemania tienen impuestos que gravan algún servicio digital.

El objetivo del impuesto, de carácter indirecto, es gravar servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.

El tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. 

¿Habrá represalias de Trump?

Cuando Francia anunció la puesta en marcha de la primera de la llamada 'tasa Google', que puede afectar a empresas estadounidenses como la que le da nombre popularmente, la respuesta de la administración de Donald Trump fue amenazar con la imposición de nuevos aranceles. Por eso, el ejecutivo galo retrasó hasta diciembre el cobro efectivo del impuesto, a la espera de un acuerdo de la OCDE o el G-20, que es lo que ha decidido también el gobierno español (al menos hasta el 20 de ese mes).

Montero ha resaltado que los criterios y límites del impuesto son “objetivos” y “en ningún caso son discriminatorios en función de la nacionalidad de las empresas”. Fuentes del Gobierno, aseguran que no ha habido “señales inquietantes” por parte de Washington.

Esta medida pretende dar un mayor margen a las negociaciones a nivel internacional, con idea de llegar a un consenso global en los próximos meses, y, además, facilitar la adaptación de las empresas afectadas. A la hora de plantear este tributo el Gobierno ha tenido en cuenta el fuerte crecimiento de los ingresos por la publicidad 'online', los servicios de intermediación prestados por plataformas digitales y el tráfico de datos en Internet.

¿Cuándo entran en vigor?

Estos dos nuevos tributos ya se presentaron en la anterior legislatura, pero su tramitación no pudo completarse por la convocatoria de elecciones. Ahora, el Gobierno retoma el proceso para remitirlos a las Cortes. El Gobierno cree que probablemente podrían entrar en vigor en el segundo trimestre del año, con lo que la recaudación este año sería de la mitad (alrededor de 900 millones en total si se cumplen las previsiones del Ejecutivo).

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para la entrada en vigor de los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras –conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin' pese a no ser tasas–. Cuando Francia anunció la puesta en marcha de la primera de estas figuras tributarias, que puede afectar a empresas estadounidenses como la que le da nombre popularmente, la respuesta de la administración de Donald Trump fue amenazar con la imposición de nuevos aranceles.

Por eso, el ejecutivo galo retrasó hasta diciembre el cobro efectivo del impuesto, a la espera de un acuerdo de la OCDE o el G-20, que es lo que ha decidido también el gobierno español (“al menos hasta el 20 de diciembre”, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el consejo de ministros). Normalmente el cobro será trimestral.

Preguntada por si teme que Trump lance algún aviso a España (entre otras cosas en su día dijo que elevaría los aranceles a los vehículos), Montero ha afirmado que las relaciones con EEUU “son fluídas” y ya conocían la intención del Gobierno de poner en marcha esta nueva fiscalidad. “Seguiremos atentos”, ha añadido Montero, que en todo caso ha señalado que están comprometidos con buscar una “fiscalidad más justa para los ciudadanos”.

Fuentes del Gobierno, aseguran que no ha habido “señales inquietantes” por parte de Washington. En todo caso, la ministra Montero ha evitado hablar de 'tasa Google' aunque se le conoce así popularmente (sí lo ha hecho con la 'tasa Tobin').

“España se convierte en avanzadilla para que entre todos podamos avanzar en sistema fiscal más justo”, ha dicho Montero, que ha recordado que conseguir mayorías en los organismos internacionales a veces no resulta sencillo, y por eso el país está cooperando con otros países con intenciones similares.

Ya estaba previsto que rebajaran sus expectativas de recaudación del nuevo impuesto a determinados servicios digitales: finalmente son 968 millones de euros lo que se espera que entre en las arcas públicas (un 19,3% menos). Sobre el segundo, mantienen los 850 millones que ya esperaban la primera vez que trataron de sacar adelante estos tributos. En total, los nuevos impuestos permitirían el ingreso de 1.818 millones de euros adicionales al año.

La llamada 'tasa Google' gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha puesto como ejemplo los datos que se han vendido a empresas que después los usan para hacer llamadas telefónicas para vender productos. Estas empresas publicitarias “se benefician” de estos datos anonimizados “sin que la sociedad se beneficie de ello”, cosa que hará a partir de ahora con el cobro de un impuesto por esta venta de datos. Eso sí, el texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España.

Se trata de ingresos con los que quiere contar tan pronto sea posible para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit público (1,8% del PIB para este año). Según Montero, los nuevos gravámenes no deberían repercutir en el consumidor final.

En un primer momento, cuando se intentaron aprobar estos impuestos, la previsión de recaudación que se manejaba era de unos 2.000 millones anuales (1.200 con el impuesto a determinados servicios digitales y 850 con el impuesto a las transacciones financieras). Una cantidad que en enero de 2019 la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) rebajó a una horquilla de entre 546 y 968 millones en el primer caso y de entre 420 y 850 millones en el segundo.

Solo una semana después de aprobar el techo de gasto que servirá de tope a los presupuestos de 2020 (un límite que crece menos de lo que estaba previsto el año pasado en un contexto de ralentización económica), el Gobierno se dispone a iniciar los trámites necesarios para que cuanto antes estén en vigor los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras –conocidos como 'tasa google' y 'tasa Tobin' pese a no ser tasas–. Se trata de ingresos con los que quiere contar tan pronto sea posible para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit público (1,8% del PIB para este año).

Por eso ha preferido no esperar a que la OCDE o el G–20 adopten estas medidas a escala internacional a la hora de poner en marcha la maquinaria legislativa para aprobar estos tributos. No obstante, fuentes gubernamentales señalan a eldiario.es que en el momento en que se aprobase esta medida en un foro multilateral, la legislación española se adaptaría a la misma. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó que España va a seguir el ejemplo de Francia, es decir, dejar congelada hasta diciembre de este año la liquidación efectiva del impuesto, a la espera de un acuerdo global.

“En el caso francés se han suspendido los pagos a cuenta, para que el pago se haga a finales de año. Nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto, sino de la liquidación a final de año”, declaró la vicepresidenta, informa Andrés Gil.

Francia decidió congelar hasta diciembre esta tasa por las amenazas de aranceles de EEUU. Aunque en los meses pasados sí reconocen alguna presión, ahora las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que no tienen “señales ni indicios inquietantes de EEUU”.

En un primer momento, cuando se intentaron aprobar estos impuestos, la previsión de recaudación que se manejaba era de unos 2.000 millones anuales (1.200 con el impuesto a determinados servicios digitales y 850 con el impuesto a las transacciones financieras). Una cantidad que en enero de 2019 la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) rebajó a una horquilla de entre 546 y 968 millones en el primer caso y de entre 420 y 850 millones en el segundo.

En esta línea, este martes, el Gobierno tiene previsto rebajar las previsiones de ingresos del impuesto a determinados servicios digitales, según han explicado las citadas fuentes gubernamentales, que ahora calculan unos ingresos de entre 900 y 1.000 millones (entre un 25% y un 16% menos de lo estimado antes).

En todo caso, la recaudación que puedan producir en este mismo ejercicio ambos impuestos será menor, ya que solo podrán entrar en vigor en unos meses (si superan el trámite parlamentario), y, por lo tanto, no generarán los ingresos de un ejercicio completo.

A quién afectan estos impuestos

Cuando se plantearon los Presupuestos de 2019 el Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales o 'tasa Google' gravaría con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. El texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España.

Con el impuesto a las transacciones financieras o 'tasa Tobin' se pretendía gravar con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

Las fuentes consultadas señalan que no habrá cambios en lo que se refiere a los gravámenes a aplicar.

Estos impuestos, al ser de nueva creación, no pueden ir incluidos en el proyecto de Presupuestos generales del Estado, pero están totalmente vinculados al mismo. Todo el diseño del gasto público, incluidos los compromisos sociales y con los grupos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez debe cuadrar con un objetivo de déficit del 1,8% del PIB. Teniendo en cuenta que según los últimos datos disponibles, aún no cerrados, el desequilibrio de la Seguridad Social cerró 2019 en torno al 1,4% del PIB, la mayoría del déficit para este año volverá a estar destinado a atender los pagos de las pensiones.

En dos semanas los países de la Unión han sumado decepción a la decepción y le han echado una mano impagable a la extrema derecha antieuropea. Como diría aquel: con amigos así, ¿para qué necesitamos enemigos?

En estos días se conoció que el Consejo había rechazado la lista de la Comisión Europea sobre terceros países de riesgo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esa lista, realizada según una nueva metodología basada en expertos independientes, había colocado en su lugar a Arabia Saudí: en la lista negra de países. Es decir, se trata de un estado que no controla suficientemente la financiación del terrorismo o el lavado de dinero. Nada que no se sepa, pero por primera vez la Unión, a través de la Comisión Europea, reflejaba esta evidencia de una manera clara.

La inclusión en esa lista negra no es que reporte severas restricciones económicas o sanciones de algún tipo. Se trata, más bien, de una condena moral que afecta a la reputación del país y que limita su capacidad de acción, puesto que exige a los bancos europeos que negocien con entidades saudíes, determinado tipo de controles.

Pues bien, el Consejo decidió rechazar la propuesta de la Comisión y negó a esta los poderes para liberarse de la tutela de los países en la elaboración de esta lista para el futuro próximo. Todo un “golpe institucional” con el objetivo de preservar los intereses económicos de algunos estados y no molestar al buen amigo saudí. En este punto, el gobierno alemán parece haberse empeñado con particular intensidad. Pero para que una noticia mala quede inmediatamente olvidada no hay nada mejor que poner en circulación una noticia peor.

Pues bien, este pasado 12 de marzo, el ECOFIN (en el argot, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión) ha decidido dejar en un cajón la llamada “Tasa Google”, una modesta propuesta cuyo objetivo no iba mucho más allá de llamar la atención sobre el desequilibrio entre la fiscalidad de las empresas digitales y las empresas de la economía clásica. La medida proponía grabar con una tasa de un 3% a aquellas empresas digitales que operaban en Europa con volúmenes de negocio global por encima de los 750 millones de euros, de los cuales al menos 50 millones deberían facturarse en Europa.

La pregunta a la que se quiere responder gira en torno a la modalidad de reparto entre los distintos países de la potestad tributaria para someter a gravamen las rentas generadas por actividades transfronterizas en la era digital. Se reconoce, asimismo, el valor de los datos, particularmente de los personales, en la creación de valor en la nueva economía digitalizada. Los datos son la verdadera materia prima que impulsa la nueva economía y que se encuentra ya ampliamente ramificada y diversificada. En algunos casos, el aprovechamiento de esos datos raya, directamente, con la ilegalidad. O, en otros —recordemos el caso de Cambridge Analytica— se hace un uso espúreo con una clara finalidad política, siempre al servicio de las clases dominantes y de las viejas o nuevas élites políticas.

Tanto Estados Unidos como 16 de las principales empresas del sector hicieron una campaña de lobby tan intensa como agresiva con el fin de enterrar la modesta medida propuesta por la Comisión y apoyada por el Parlamento. Y a la misma se han opuesto cuatro países europeos (Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia) que han hecho, finalmente, fracasar la iniciativa.

Todo se fía ahora a que en el marco de la OCDE pueda consensuarse una regulación a partir del año 2020. Esto parece algo teóricamente posible y alcanzable, pero la actual administración Trump sigue confrontándose a esta posibilidad y su rechazo puede impedir un acuerdo global y seguir dejando las cosas como están.

La idea de que los países pueden, por sí solos, hacer frente a esta situación, resulta muy inconsistente. Dada la fluidez de la nueva economía, cualquier intento de acometer medidas fiscales por parte de los países sin negociación y colaboración con otros socios se antoja entre voluntarista y suicida. Por eso las propuestas de soberanismo económico y fiscal pueden parecer bien intencionadas pero tienen un recorrido muy corto.

Por eso, llama tanto la atención la oposición de algunos países a utilizar el marco regulador de la Unión Europea para propiciar, en un caso, un control exigente e imprescindible sobre los flujos financieros con el fin de garantizar una fiscalidad razonable —ni siquiera diremos justa— y una lucha efectiva contra la criminalidad fiscal; y en el otro la UE podía instituirse como una economía que empujara a un acuerdo global que recuperara la capacidad fiscal de los estados y controlase las divergencias fiscales, cada vez mayores, entre la economía clásica y la digital.

Hay varias razones que pueden ayudarnos a entender la oposición de algunos países: el más importante, sin duda, son los intereses inmediatos de los estados cada vez más orientados a mantener lógicas competitivas y no colaboradoras incluso en el

marco de la UE.

Las dos consecuencias más visibles de estos dos desatinos son, en nuestra opinión, el aumento de la desconfianza respecto al papel real de la Unión Europea y de sus utilidades; y, en segundo lugar, la presión creciente para hacer de la UE un proyecto cada vez más intergubernamental y menos supranacional.

La primera de las consecuencias suministra más combustible a los partidos de la extrema derecha xenófoba respecto al alejamiento de la Unión Europea del interés y la preocupación de la ciudadanía. Sobre todo, porque tanto la desigual fiscalidad de las empresas, como el tema de la lucha contra los paraísos fiscales, son temas sobre los que la opinión pública europea se ha pronunciado y tiene una opinión claramente favorable a que sea abordado al nivel de la propia UE.

Conviene señalar, no obstante, que es en el nivel intergubernamental en el que se produce el bloqueo y a algunos países no parece preocuparles que quien pague la factura de estas desatinadas decisiones sea la Unión.

La segunda consecuencia, pone de relieve la presión creciente de los países de Visegrado, primero y de otros países más centrales de la Unión, como Italia o Alemania, para hacer más intergubernamental la actual Unión Europea. Algunas fuerzas de izquierdas se han sumado gustosas a esta estrategia que, en el actual contexto, no hace sino alimentar el relato del repliegue nacional y de la competencia entre trabajadores de diferentes estados. Querer eludir la lógica competitiva y de suma cero —todos pierden— del repliegue nacional enunciando conceptos como “soberanismo cooperativo” o similar son la evidencia de una lógica de pensamiento mágico cada vez más acusada y cada vez más escapista.

El Brexit ha puesto de manifiesto que el verdadero proyecto detrás de la reivindicación de “volver a tomar el control” con el que los conservadores y una parte de la izquierda quisieron vender las bondades democráticas y populares de la salida de la Unión, escondía en realidad la voluntad de las clases dirigentes británicas y de un importante sector de la City de convertir el Reino Unido en un Singapur al otro lado del canal. Una plaza financiera hipertrofiada con una total y completa desregulación laboral, bajas prestaciones sociales y bajos salarios.

Si la UE merece salvarse, deberá cambiar claramente tanto su naturaleza, como la legitimidad de sus instituciones y sus políticas públicas. Dicho así parece un objetivo inalcanzable. Pero la izquierda tiene que decidir si quiere dar esa batalla y combinar en todos los niveles de decisión política exigencias de democracia y responsabilidad o dejarse arrastrar por la ensoñación de un repliegue nacional que hoy es el nicho político de la extrema derecha xenófoba.

Malas decisiones como las mencionadas alimentan la desconfianza y refuerzan la evidencia de varias varas de medir en relación con temas muy sensibles para la ciudadanía. De nuestra parte, toca hacer lo posible para hacer visible a quien corresponde la responsabilidad por los desatinos, y en este caso, no es el único, corresponde decir que son los estados y es la intergubernamentalidad la responsable de los dos fiascos. Que cada palo aguante su vela.