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El Gobierno dice que "seguirá atento" a Trump pero asegura que EEUU sabía que iba a aprobar la 'tasa Google'

El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de los impuestos a transacciones financieras y a servicios digitales, con los que espera recaudar 1.818 millones al año tras rebajar las expectativas del segundo un 19%, hasta 968 millones 

El Gobierno aprueba mañana las tasas Google y Tobin y elimina el despido por bajas

El Gobierno aprueba las tasas Google y Tobin EFE

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para la entrada en vigor de los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras –conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin' pese a no ser tasas–. Cuando Francia anunció la puesta en marcha de la primera de estas figuras tributarias, que puede afectar a empresas estadounidenses como la que le da nombre popularmente, la respuesta de la administración de Donald Trump fue amenazar con la imposición de nuevos aranceles.

Por eso, el ejecutivo galo retrasó hasta diciembre el cobro efectivo del impuesto, a la espera de un acuerdo de la OCDE o el G-20, que es lo que ha decidido también el gobierno español ("al menos hasta el 20 de diciembre", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el consejo de ministros). Normalmente el cobro será trimestral.

Preguntada por si teme que Trump lance algún aviso a España (entre otras cosas en su día dijo que elevaría los aranceles a los vehículos), Montero ha afirmado que las relaciones con EEUU "son fluídas" y ya conocían la intención del Gobierno de poner en marcha esta nueva fiscalidad. "Seguiremos atentos", ha añadido Montero, que en todo caso ha señalado que están comprometidos con buscar una "fiscalidad más justa para los ciudadanos".

Fuentes del Gobierno, aseguran que no ha habido "señales inquietantes" por parte de Washington. En todo caso, la ministra Montero ha evitado hablar de 'tasa Google' aunque se le conoce así popularmente (sí lo ha hecho con la 'tasa Tobin').

"España se convierte en avanzadilla para que entre todos podamos avanzar en sistema fiscal más justo", ha dicho Montero, que ha recordado que conseguir mayorías en los organismos internacionales a veces no resulta sencillo, y por eso el país está cooperando con otros países con intenciones similares.

Ya estaba previsto que rebajaran sus expectativas de recaudación del nuevo impuesto a determinados servicios digitales: finalmente son 968 millones de euros lo que se espera que entre en las arcas públicas (un 19,3% menos). Sobre el segundo, mantienen los 850 millones que ya esperaban la primera vez que trataron de sacar adelante estos tributos. En total, los nuevos impuestos permitirían el ingreso de 1.818 millones de euros adicionales al año.

La llamada 'tasa Google' gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha puesto como ejemplo los datos que se han vendido a empresas que después los usan para hacer llamadas telefónicas para vender productos. Estas empresas publicitarias "se benefician" de estos datos anonimizados "sin que la sociedad se beneficie de ello", cosa que hará a partir de ahora con el cobro de un impuesto por esta venta de datos. Eso sí, el texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España.

Se trata de ingresos con los que quiere contar tan pronto sea posible para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit público (1,8% del PIB para este año). Según Montero, los nuevos gravámenes no deberían repercutir en el consumidor final.

En un primer momento, cuando se intentaron aprobar estos impuestos, la previsión de recaudación que se manejaba era de unos 2.000 millones anuales (1.200 con el impuesto a determinados servicios digitales y 850 con el impuesto a las transacciones financieras). Una cantidad que en enero de 2019 la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) rebajó a una horquilla de entre 546 y 968 millones en el primer caso y de entre 420 y 850 millones en el segundo.

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