El Parlamento francés aprueba la ley sobre la eutanasia, una de las grandes reformas del mandato de Macron

Laa Asamblea Nacional francesa ha aprobado definitivamente la proposición de ley relativa al final de la vida, que incluye la eutanasia y el suicidio asistido, una de las reformas más sensibles del mandato del presidente Emmanuel Macron, que ha tenido un largo recorrido.

El texto ha completado este miércoles su maratón legislativa con 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones en la Asamblea Nacional, en una votación definitiva en tercera lectura.

Desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados, pero fue tumbado sendas veces por el Senado, de mayoría conservadora. El Gobierno ha anunciado que prevé remitirla al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre varios de sus aspectos más controvertidos, como el tiempo de reflexión del paciente (dos días).

El proyecto de ley que legaliza la eutanasia había sido impulsado a finales de 2024 por el presidente Macron, quien se puso como objetivo la aprobación de este derecho como uno de los avances sociales de su segundo y último mandato que acaba en mayo de 2027.

Nada más aprobarse la ley, Macron indicó, en un mensaje en X, que “los recursos ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho” y agradeció “a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso”.

La proposición de ley, impulsada por el diputado Olivier Falorni (de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle), introduce en Francia el derecho a la “ayuda a morir”, con condiciones para ejercerlo como ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en el país.

Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida. El paciente debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que considere insoportable, tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento, si bien se especifica que el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no es suficiente para recibir “ayuda a morir”.

Además, el texto establece condiciones estrictas para los pacientes que, en el caso de no tener impedimentos físicos, pueden recurrir al suicidio asistido. Sólo aquellos cuyas condiciones físicas no les permitan tomar una medicación letal por sí solos podrán recibir asistencia de un doctor o una enfermera. En el segundo caso, debe pedir la ayuda a un médico y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de dos días.

Precisamente, una de las consultas que el Gobierno quiere hacer al Tribunal Constitucional se refiere a la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios y la situación de los establecimientos sanitarios y médico-sociales cuya razón de ser es acompañar a los enfermos al final de la vida, sin acelerar su fallecimiento pero también sin encarnizamiento terapéutico, y que excluyen el recurso a la ayuda a morir.

En un comunicado, el Ejecutivo ha justificado la decisión de recurrir al Constitucional señalando que, aunque la Asamblea Nacional celebró un debate en profundidad sobre el texto, el examen en el Senado “no permitió un análisis igualmente exhaustivo” que concilie las expectativas de los defensores de la reforma con las inquietudes de sus detractores sobre su aplicación. Espera así que la intervención del Constitucional aporte “las aclaraciones necesarias” para garantizar que su aplicación respete plenamente los principios constitucionales, en particular la dignidad humana y la libertad personal.

Por su parte, el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, también había anunciado previamente su intención de recurrir al Constitucional una vez aprobada la ley.