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El Gobierno eleva un 3,8% el margen de gasto en 2020 para afrontar los compromisos de política social

El techo de gasto ascenderá a 127.609 millones, y el déficit se flexibiliza hasta el 1,8%, la mayoría para la Seguridad Social, mientras que se contempla un menor crecimiento económico y menos creación de empleo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Nadia Calviño durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Nadia Calviño durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno ha aprobado para 2020 un techo de gasto no financiero para el Estado central de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que en 2019. Comparado con el año pasado, el crecimiento es menor (fue del 4,4%) en línea con una previsión menos optimista de la evolución de la economía. Por su parte, el déficit público queda situado en el 1,8% del PIB, lo que supone una flexibilización de 1,3 puntos respecto al objetivo "irrealizable" que aprobó el Gobierno del PP, según la ministra de Hacienda María Jesús Montero, y de siete décimas respecto a lo que el propio Gobierno socialista prometió a Bruselas hace pocos meses.

El techo de gasto incluye una previsión de más recaudación por ciclo económico y por las nuevas figuras fiscales, ha afirmado la también portavoz del Gobierno. Al respecto, ha asegurado que próximamente vendrán al consejo de ministros nuevas figuras fiscales como el impuesto de transacciones financieras y la llamada "tasa google", así como la ley de lucha contra el fraude fiscal. Ninguna de estos impuestos tendrán efecto retroactivo, ha puntualizado.

El entorno de crecimiento económico que se espera es del 1,6% del PIB este año, en línea con los organismos nacionales e internacionales (cuatro décimas menos que en 2019 y dos menos que en su previsión anterior) ha explicado la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha comparecido tras el Consejo de Ministros junto a Montero. Para Calviño, el crecimiento económico está siendo "más robusto y equilibrado que en anteriores fases expansivas". Pero al mismo tiempo, el cuadro macroeconómico está marcado "por un escenario de relativa incertidumbre similar a 2019", ha añadido. Algunas amenazas han ido cambiando y evolucionando, como la salida del Reino Unido de la UE o las guerras comerciales, y han surgido nuevas incertidumbres como la epidemia de coronavirus. "En general el contexto relativamente volátil nos lleva a seguir un principio de prudencia", ha señalado.

Además, se prevé que la tasa de paro pase del 13,6% este año al 13% en 2021 y acabe en el 12,3% en 2023. Esta última es la tasa que el Ejecutivo esperaba lograr ya este mismo año.

Estas cifras tendrán que ser aprobadas por el Congreso y el Senado, como pasos necesarios para la elaboración y presentación de unos nuevos presupuestos generales del estado que se conciben con un marcado carácter social tras el pacto PSOE-Unidas Podemos, y en el que deberán caber también  los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez para conseguir los votos de la investidura en materia de infraestructuras o financiación autonómica. Montero ha señalado que el calendario que sigue vigente es el de la aprobación antes de finales de verano de un nuevo texto, pero ha dejado claro que hasta que no tengan atados los apoyos no llevarán al parlamento un proyecto de ley.

El déficit de las autonomías, como se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado viernes, será del 0,2% del PIB, mientras se queda en el 0,0% para las entidades locales. Teniendo en cuenta que según los últimos datos disponibles, aún no cerrados, el desequilibrio de la Seguridad Social cerró 2019 alrededor de 1,4% del PIB, la mayoría del déficit para este año volverá a caer en atender los pagos de las pensiones.

La voluntad del Gobierno es tener una hoja de ruta clara a través del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, ha afirmado al respecto Montero. Así, no se descarta que el estado asuma un mayor déficit y reduzca de cargas a la seguridad social con gastos que se entienden más propios de la administración general del estado, ha añadido la ministra. 

La senda de estabilidad presupuestaria actual y oficial, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que las últimas previsiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez apuntaban a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

En 2019, el objetivo de estabilidad presupuestaria y que sigue vigente es un déficit del 1,3%. Las cifras de déficit comprometidas con Bruselas por administración son 0,3% del PIB (Administración Central), 0,9% (Seguridad Social), entidades locales (0% del PIB) y CCAA (0,1% del PIB). No obstante, estas cifras se van a ver superadas, según todos los datos disponibles y pronósticos.

En teoría, el Gobierno ha llegado a un consenso con la Comisión Europea (CE) para fijar los objetivos de estabilidad -déficit y deuda pública- que España tendrá que cumplir en el periodo 2020-2023.

El camino a partir de ahora   

Una vez aprobados estos objetivos, llega el momento de convalidarlos en el Congreso y el Senado. Y es aquí donde el Gobierno deberá ser capaz de reeditar las mayorías que permitieron a Pedro Sánchez ser investido presidente del Gobierno.

De hecho, el año pasado lo que precipitó la convocatoria de elecciones fue que los mismos grupos que le apoyaron en la moción de censura no lo hicieron en los presupuestos de 2019. Por eso, seguramente superar dicho trámite no será tan sencillo como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde además de contar con mayoría de comunidades gobernadas por el PSOE, el Ministerio de Hacienda tiene voto de calidad. 

El pasado enero, el Parlamento otorgó la confianza al candidato socialista con los votos de su partido, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG y la abstención de ERC y Bildu, que suman 18 diputados. Los votos en contra vinieron de PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, CUP, UPN, PRC y Coalición Canaria.

Si finalmente fuese convalidado el techo de gasto y se ratificaran los nuevos objetivos, al Ejecutivo le tocará presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 para poder iniciar un trámite que suele prolongarse tres meses y que podría durar hasta finales de marzo o principios de abril, fecha en la que el Gobierno debe mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas.

El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad. Fue en esta votación cuando cayó el presupuesto de 2019, y con él el anterior gobierno de Sánchez. Si esta vez sale adelante, se abrirá la fase de negociación de las enmiendas parciales. Pedro Sánchez aseguró que querría aprobar su primer proyecto de presupuestos (ahora siguen prorrogados los de Cristóbal Montoro) antes del verano. 

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