Fundación Eurocaja Rural ha participado esta mañana en la presentación del VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, celebrada en la Sala Europa del Senado, una iniciativa impulsada por la Cátedra de Despoblación y Desarrollo Rural de Next Educación y Fundación AXA que analiza la evolución, retos y oportunidades del medio rural en España.

En este acto han intervenido el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto Aranzábal; el secretario general para la lucha contra la despoblación, Francésc Boya Alós; y el presidente de Next Educación y director de la Cátedra de la Despoblación y Desarrollo Rural, Manuel Campo Vidal, quienes han subrayado la importancia de impulsar la sostenibilidad y el desarrollo del medio rural y de promover “estudios rigurosos que permitan analizar la situación real de nuestros núcleos rurales y diseñar políticas eficaces frente al reto demográfico”.

La gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, ha participado desde el escaño del Senado subrayando el compromiso de Eurocaja Rural y su Fundación con la cohesión territorial, el apoyo al emprendimiento y la lucha activa contra la despoblación en los territorios donde opera, en línea con su constitución como entidad de economía social hace más de 60 años.

Conclusiones del estudio

El VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, elaborado a partir de una amplia encuesta a población vinculada al medio rural, constata “una mejoría en la percepción de los avances, aunque subraya que estos siguen siendo limitados”. Entre los principales retos señalados destacan el exceso de burocracia, la falta de vivienda y el escaso apoyo a los emprendedores, así como la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones.

En este contexto, Susana Cortés subrayó “la importancia de seguir impulsando proyectos que generen futuro, que fortalezcan el tejido social y que contribuyan a que nuestros pueblos sigan siendo espacios vivos, dinámicos y llenos de posibilidades”. En definitiva, permitir que cada persona pueda elegir dónde vivir, sin ninguna limitación.

Iniciativas promovidas por Eurocaja Rural y su Fundación

La entidad financiera y su Fundación desarrollan una labor “continuada” para favorecer el progreso socioeconómico y fortalecer el desarrollo del medio rural en los territorios donde está presente.

Según señala Eurocaja Rural, desempeñan “un papel clave en la lucha contra la exclusión financiera, manteniendo e inaugurando oficinas en pequeños municipios”. No se trata sólo de facilitar acceso a liquidez, sino de permitir a los vecinos acceder a un asesoramiento financiero completo, un servicio esencial. De hecho, a cierre de 2025 Eurocaja Rural “es la única entidad financiera con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 habitantes, generando empleo y estimulando la actividad económica, en contraposición a la tendencia generalizada de cierre de oficinas del sector financiero”. Por otra parte, presta servicio en estas localidades desde 266 oficinas a más de 552.000 personas.

Fundación Eurocaja Rural desarrolla su actividad a través de iniciativas sociales y solidarias, para ayudar a los colectivos más vulnerables, y a través de proyectos que mejoran la competitividad, fomentan el empleo y la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito rural. En muchos casos, en colaboración con instituciones públicas, algo que es imprescindible.

Respecto a las iniciativas promovidas desde Fundación Eurocaja Rural, destacan las ‘Ayudas Sociales’, que cuenta con una categoría específica dirigida al ‘Desarrollo Rural’, donde se respaldan proyectos que contribuyen a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud fijando así población o mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

También organiza desde 2021 el foro ‘Empuéblate’, un espacio de referencia a nivel nacional dedicado a ofrecer soluciones innovadoras e intercambio de ideas eficaces desarrolladas por emprendedores, pymes, grandes empresas, asociaciones y Administraciones Públicas frente al desafío de la despoblación. Y ofrece formación gratuita en materias sensibles o de carácter específico o de capacitación, dirigida especialmente a colectivos con menos recursos, por ejemplo: ‘Campus Talento’, para menores de 30 años con formación técnica o universitaria para especializarse en Inteligencia Artificial y Transformación Digital Empresarial; ‘Cursos de Seguridad Digital’, para personas mayores; Programas de especialización en procesos agroalimentarios y sector cooperativo dirigidos a profesionales y posible relevo generacional: ‘Aula Virgen Extra’.

Además, Fundación Eurocaja Rural trabaja para dar visibilidad a la riqueza cultural, social y económica del medio rural, como la convocatoria para impulsar proyectos rurales a través de la Cátedra “Cultura y Desarrollo Rural” con la UCLM, que reconocen iniciativas comprometidas con el desarrollo sostenible y la cohesión territorial.

La semana pasada tuve que hacer dos trámites burocráticos aparentemente sencillos: resolver un papeleo con Hacienda, y cumplimentar la inscripción de un campamento para una de mis hijas. Gracias a la administración electrónica, no perdí una mañana entera en una delegación de Hacienda yendo de funcionario en funcionario, y otra mañana en una oficina del Instituto Andaluz de la Juventud entregando los papeles en una ventanilla. Gracias a la administración electrónica, perdí no una sino dos mañanas enteras y otras dos tardes en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y no una sino dos mañanas, y media tarde más, en la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía.

Creo que soy razonablemente competente en asuntos informáticos, me manejo con todo tipo de webs y aplicaciones, hago facturas electrónicas y uso casi a diario mi certificado. No soy precisamente un analfabeto digital. Y aun así, estuve a punto de rendirme con Hacienda y pagar una multa que no me correspondía con tal de no entrar otra vez en la sede electrónica; y a punto de decirle a mi hija que se olvidase del campamento, y hasta me daba igual perder el dinero de la reserva, con tal de poner fin a esa tortura.

Eso esta semana. En cualquier otra podría haber lloriqueado igualmente por una factura rechazada cuatro veces en FACe, un alta de terceros en el portal electrónico original y único (no hay dos iguales) de un ayuntamiento, intentos fallidos por dar de baja un impuesto de vehículos, o el enésimo documento escaneado y presentado para cobrar una ayuda europea a la renovación de ventanas dos años después de instaladas y pagadas las ventanas.

Ya sé que son “problemas del primer mundo”, y que tenemos urgencias mayores de las que escribir, pero decidme, ¿en qué momento la administración electrónica, que venía para facilitarnos la vida, se convirtió en un agujero negro que devora nuestro tiempo, nuestra paciencia y nuestro ánimo? ¿Cuándo la “tristeza burocrática” de la que hablaba Remedios Zafra se convirtió en desesperación burocrática, camino de la depresión burocrática? ¿Por qué aceptamos convertirnos en suministradores de datos (que además ya tienen) al servicio de unas administraciones deshumanizadas, a las que les hacemos el trabajo que antes nos resolvían ellas?

No soy yo que tengo el día quejica: seguramente tú puedes contar lo mismo por cualquier trámite con tu ayuntamiento, diputación, administración autonómica o central, Tráfico, Hacienda, Seguridad Social, SEPE, organismos varios... En todos los casos la experiencia es similar: una yincana laberíntica, críptica, en lenguaje poco claro, nada intuitiva, llena de callejones sin salida y fallos, sin nadie humano al otro lado, y que parece diseñada para lograr el que a menudo es su resultado: que el ciudadano desista, que se rinda, que lo deje, que renuncie a lo que quiera que intentaba conseguir.

Y no solo trámites, también el día a día laboral de tantos trabajadores. Empezando por el profesorado, obligado a perder en protocolos interminables las horas y las fuerzas que no les sobran. Por supuesto, no es algo exclusivo de la administración pública, también muchas empresas convierten darte de baja o resolver una incidencia en una prueba de resistencia, sin que haya nunca nadie humano con quien hablar, solo asistentes virtuales de IA y menús telefónicos de “teclee su número de DNI”, “indique su consulta”, “marque siete si está interesado”…

La opacidad de la burocracia electrónica se vuelve más sangrante cuando afecta a la población más vulnerable, cuya supervivencia no debería depender de llegar a la última pantalla del videojuego. Leo que la regularización de personas migrantes se puede hacer por internet, ante la previsible saturación de las oficinas presenciales. Solo espero que conseguir los papeles no dependa de registrarse en Cl@ve PIN, actualizar Java o instalar la última versión de Autofirma.

Perdón por el desahogo.

Simplificación es el nuevo mantra económico de la Comisión Europea. En su lucha contra la burocracia, la institución ha anunciado este miércoles, dentro de la propuesta del régimen 28, un nuevo marco corporativo europeo para facilitar la creación de empresas y su operatividad en toda la Unión bajo el nombre de EU Inc. La idea es ofrecer “un marco jurídico armonizado, poniendo fin a la fragmentación del Mercado Único”, de manera que se pueda registrar una compañía en 48 horas mediante un procedimiento simple con un coste de solo 100 euros que pueda funcionar en toda la UE.

La Comisión asegura que “las empresas europeas se enfrentan a 27 sistemas jurídicos nacionales y más de 60 formas societarias. Además, muchos procesos todavía requieren trámites en papel, citas presenciales y documentación innecesaria”. La consecuencia de estas diferencias burocráticas pueden retrasar la creación de una compañía semanas o incluso meses, “ralentizando el crecimiento, aumentando los costes y desincentivando la expansión”, según la institución europea.

El Informe Draghi subrayó la necesidad urgente de mejorar la competitividad de la UE, en particular facilitando que las empresas innovadoras puedan escalar dentro de Europa. La propuesta de EU Inc. busca reducir la fragmentación, impulsar la competitividad europea y responder a las necesidades de las empresas. El objetivo no es solo facilitar la creación de compañías sino crear una fórmula atractiva para atraer a inversores de fuera de la UE.

Los objetivos de la Comisión son muy ambiciosos. Las previsiones son que en 10 años habrá unas 300.000 empresas EU Inc., que darán empleo a 1,6 millones de personas. Un alto funcionario de la UE asegura que “es importante subrayar que no se pretende sustituir el derecho societario de cada país miembro. Los regímenes nacionales seguirán plenamente vigentes, pero el régimen 28 proporcionará un conjunto adicional y opcional de normas para las empresas que deseen operar en toda la Unión”.

El artículo 114 del Tratado Fundacional permite a la UE adoptar medidas que armonicen normas nacionales cuando las diferencias dificultan la actividad económica transfronteriza, de manera que este punto es la base jurídica para un régimen societario armonizado a nivel europeo.

Derechos laborales e impuestos, según cada país

Los fundadores de una empresa EU Inc. podrán elegir libremente el Estado miembro de constitución y la jurisdicción correspondiente de derecho societario. La constitución de las compañías EU Inc no interfiere con otras áreas del derecho europeo, como los derechos laborales o la imposición fiscal, que seguirán regulados por la legislación del país donde se realice el trabajo, es decir, la protección de los trabajadores y los convenios colectivos seguirán aplicándose como hasta ahora.

La Comisión especifica que “EU Inc. no puede utilizarse para eludir derechos” como los derechos de los empleados a participar en los órganos de gobierno de la empresa, que están recogidos en la legislación de algunos países y que se está planteando su aprobación en España. “En un Estado miembro donde existan estas normas, seguirán aplicándose a cualquier empresa EU Inc. registrada allí”, insisten en Bruselas.

En cuanto a la fiscalidad, la tributación se basará en dónde la empresa tiene su dirección efectiva y dónde se desarrolla la actividad económica, y, por separado, en dónde tiene un establecimiento permanente en los Estados miembros. Un alto funcionario de la UE asegura que “no se está cambiando el impuesto de sociedades, ni dónde pagan impuestos las empresas, ni dónde pagan los individuos su impuesto sobre la renta”.

Ante las dudas que genera la imposición fiscal, un alto funcionario de la UE ha explicado que “en cuanto al impuesto sobre la renta, es bastante sencillo: se paga allí donde la persona es residente fiscal. Respecto al teletrabajo 100% remoto, se trata de un aspecto muy específico que no está incluido directamente en la propuesta de EU Inc., sino que se contempla en el marco del Paquete de Movilidad Laboral Justa y está relacionado con los pagos a la seguridad social. Por ejemplo, si una persona reside en Bélgica y trabaja para una empresa con sede en Luxemburgo, desplazándose allí tres días a la semana y trabajando dos días desde casa, actualmente el empleador sigue pagando la seguridad social en Luxemburgo, ya que la actividad presencial no supera el 50%”.

“EU Inc. no impacta la legislación laboral. Esta sigue estando determinada por el lugar de empleo del trabajador, es decir, donde realiza efectivamente su trabajo, independientemente de dónde esté registrada la empresa en la UE, por ejemplo en Estonia u otro Estado miembro”, han insistido.

Respecto a la competencia entre Estados miembros, que normalmente se basa en facilidades fiscales para las compañías, desde la Comisión se explica que “EU Inc. armoniza la forma jurídica de la empresa, pero el marco básico de los países seguirá existiendo. Como ocurre actualmente, los países seguirán buscando resaltar determinadas características de su entorno empresarial para atraer fundadores o emprendedores, pero la base del régimen societario estará armonizada a nivel europeo”.

Para evitar adquisiciones hostiles, EU Inc. ofrece a los fundadores herramientas “para mantener el control” como la posibilidad de emitir “acciones con derechos de voto múltiples, lo que permite incorporar nuevos inversores sin perder el control” o que la “transferencia de acciones esté sujeta a condiciones, como el consentimiento de la propia empresa”.

Menos negocio para los notarios

En cuanto a los notarios, los controles preventivos que existen a nivel nacional seguirán aplicándose, pero ahora estarán limitados en el tiempo y en coste, es decir, los notarios no podrán cobrar más de 100 euros y tendrán que tener aprobada la constitución de la empresa en 48 horas.

Otro ámbito en el que los notarios tienen un papel relevante es en las transacciones de capital y transferencias de acciones. La propuesta establece que no será obligatoria la intervención de intermediarios en estos casos. Las partes podrán eligir utilizar intermediarios si lo consideran conveniente, pero se elimina la obligatoriedad de su participación.

Tribunales especializados y procedimiento de insolvencia

De todas maneras, la Comisión recomienda a los Estados miembros “designar tribunales especializados para las empresas EU Inc.”, ya que “ayudaría a mejorar la coherencia de las decisiones judiciales, minimizar los cuellos de botella procesales y profundizar el conocimiento judicial sobre los aspectos únicos de este tipo de empresas”. Está por ver si el Gobierno español va a dedicar tribunales de la ya colapsada Justicia española a este tipo de empresas.

La propuesta de la Comisión también incluye cambios específicos en los procedimientos de insolvencia “para reducir la complejidad, los costes y los tiempos”. Entre las medidas más destacadas “se establece un criterio único para iniciar procedimientos de liquidación: la incapacidad de pagar deudas”, además de la simplificación del procedimiento “mediante un formulario estándar”, dejando como “opcional la representación por abogado y ”se agiliza la presentación de reclamaciones considerando que la lista de créditos proporcionada por el administrador concursal o el deudor se admite automáticamente, salvo que un acreedor se oponga específicamente“.

Además, “la comunicación digital será obligatoria para todas las interacciones entre la autoridad competente, el administrador concursal y las partes implicadas”. Según la Comisión, esto permitirá a la autoridad competente concluir los procedimientos más rápido y dictar una resolución sobre el cierre de los procedimientos simplificados seis meses después de la solicitud de apertura. Los Estados miembros deberán establecer y operar una o varias plataformas de subastas digitales para convertir los activos de la empresa en liquidez, al menos para las startups innovadoras EU Inc.

Tipos de empresas innovadoras

La Comisión asegura que “no existen definiciones únicas y claras” sobre el tipo de empresas innovadoras, “lo que genera fragmentación y falta de transparencia”. Por este motivo, ha establecido criterios para la definición del tipo de empresas:

Empresa innovadora: una compañía cuyos costes de investigación y desarrollo hayan representado, en los últimos tres años, al menos el 10% de sus costes operativos o al menos el 5% de sus ventas totales. También puede considerarse innovadora si ha desarrollado o está a punto de desarrollar una innovación importante que conlleve riesgos de fracaso tecnológico o de mercado.

Startup innovadora: una empresa innovadora con menos de 100 empleados y una facturación o balance anual inferior a 10 millones de euros, que además lleve operando menos de 10 años.

Scaleup innovadora: una empresa innovadora con facturación o balance anual superior a 10 millones de euros, que haya incrementado su número de empleados o ingresos en un 20% en los últimos dos años, y que emplee menos de 750 personas además de no cotizar en bolsa.

No es la primera vez que la UE trata de lanzar un marco legal para la creación de empresas que puedan operar en toda la UE. Con anterioridad se puso en marcha la European Private Company, que tuvo muy poco éxito. Ahora, en la Comisión confían en el éxito de EU Inc. ya que “se apoya en infraestructura digital ya existente y operativa” y se cuenta con una estructura jurídica más eficiente, con protecciones legales significativas como la Directiva sobre movilidad transfronteriza de 2019 y normas más estrictas de blanqueo de capitales y propiedad.

Aunque es una medida para reducir la burocracia, la propuesta tiene que seguir los pasos reglamentarios de la UE y EU Inc. tiene que ser ahora debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión se ha encomendado que “hará todo lo posible para alcanzar un acuerdo” y su aprobación sea a finales de 2026.

“Debemos impulsar el desarrollo de un mercado nacional unificado y asegurar que las fortalezas del enorme mercado chino sigan brillando”, señala el XV Plan Quinquenal, que marca las metas de desarrollo económico y social de China hasta el 2030 y fue presentado por el primer ministro, Li Qiang, a la Asamblea Nacional este jueves. Un proyecto a través del cual los líderes de la segunda economía del planeta pretenden convertir la inmensa escala doméstica del país, con sus 1.400 millones de habitantes, en la palanca definitiva para dictar las normas del comercio y la tecnología mundial.

En Pekín son conscientes de que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el mundo ha entrado en una nueva era de relaciones internacionales. Los dirigentes chinos saben que ya no basta con ser la “fábrica del mundo” y que para influir a nivel planetario tienen que dar un paso más. Razón que los lleva a apostar por que el coloso asiático promueva un mercado interno con una normativa única de funcionamiento y que esta se convierta en el “estándar del mundo”, para superar la presión de Occidente y afianzar su desarrollo económico.

El reto no es menor. Con esta iniciativa, el presidente Xi Jinping pretende eliminar los cuellos de botella que frenan el progreso del país, como el declive demográfico que lastra el consumo y el “feudalismo económico”, término con el que Pekín define el poder de los líderes provinciales para imponer su ley ignorando las reglas dictadas por el poder central.

Durante décadas, el milagro chino se ha alimentado de una competencia feroz entre provincias. Los dirigentes locales actuaban en sus territorios al margen de Pekín, protegían a sus empresas con subsidios opacos y barreras invisibles, para evitar que industrias de provincias vecinas les disputaran cuotas de mercado o ingresos fiscales. Este esquema productivo funcionó y contribuyó a que la economía china creciera a un ritmo de dos dígitos durante años, debido a que había una mano de obra excedentaria y no existían problemas de financiación.

Pero en 2026 este modelo está agotado. La crisis inmobiliaria ha dejado a los gobiernos locales con las arcas vacías y una deuda de más de 8 billones de euros que amenaza la estabilidad financiera del país. Ante este panorama, Pekín quiere aprovechar el XV Plan Quinquenal para desmantelar este “feudalismo económico” e imponer nuevas reglas de juego, al tiempo que sienta las bases para duplicar el PIB per cápita para el 2035 respecto al de 2020, que era de 10.504 dólares.

Ya no se trata de que Cantón rivalice con Shanghai o Shenzhen para crear campeones nacionales. El objetivo es que China y sus empresas compitan como un solo bloque contra el resto del mundo para lograr el liderazgo mundial. Una meta que Pekín considera difícil de alcanzar si no puede imponer la existencia de una sola regla, un solo estándar y un solo mercado, que sustituyan el conglomerado de barreras normativas provinciales y locales actuales.

La factura logística

Y es que la ineficiencia que supone este mapa fragmentado por un sinfín de reglas tiene un coste enorme que afecta a la competitividad empresarial. Según la Federación China de Logística y Compras (CFLP), los costes logísticos en China representan el 14% de su PIB, frente al 8% de Estados Unidos o el 9% de la Unión Europea. Una brecha que no es tecnológica, sino fundamentalmente burocrática y regulatoria.

Para neutralizar esta diferencia con Occidente, las autoridades chinas consideran que la mejor herramienta consiste en favorecer la creación de un mercado único interior y la digitalización total de la logística. Estiman que, cumpliendo las directrices del XV Plan Quinquenal, deberían reducir este coste al 10% para 2030, como consecuencia de la simplificación de la burocracia administrativa.

Con esta iniciativa que ya apuntaba el anterior plan quinquenal, China no solo aspira a mejorar su mercado interno, sino que pretende proyectar sus protocolos más allá de sus fronteras. Pekín ambiciona que cualquier empresa, sea local o extranjera, adopte automáticamente sus reglas de funcionamiento y las aplique de manera generalizada. Una fórmula que contribuiría a consolidar el “estándar chino” como la norma genérica por defecto.

El proyecto es muy ambicioso. Si Pekín logra crear un mercado único interior, con reglas para la inteligencia artificial, el flujo de datos y la energía verde idénticas en todo su territorio, habrá dado un paso fundamental para alcanzar el liderazgo mundial. Situará a las corporaciones globales ante el dilema de adoptar el estándar técnico chino o renunciar al mayor mercado del planeta. No se trata de un asunto baladí. Según la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR), el país cuenta con 1,2 millones de compañías extranjeras registradas. Ofrecerles un mercado único de 1.400 millones de consumidores sin trabas administrativas es un panorama muy tentador.

Al mismo tiempo, la generación de estas “reglas estándar” deberían facilitar la expansión internacional de sus empresas. Si Pekín logra que las normas que aplica se conviertan en el “estándar del mundo” facilitaría que sus compañías acudieran a otros mercados con una regla ya validada, lo que supone una ventaja competitiva importante.

No obstante, la implementación de ese mercado único chino no será fácil. Las ambiciones de Xi Jinping chocan con la percepción y la desconfianza de los inversores internacionales. En sus últimos informes, tanto la Cámara de Comercio de la UE en China, como la de EEUU, temen que esa iniciativa solo beneficie a las empresas locales. Su experiencia sobre el terreno les hace sospechar que el proteccionismo local persistirá de forma invisible a ojos de Pekín, y seguirá reinando la falta de transparencia jurídica. En definitiva, un entorno desigual que seguirá perjudicando a las firmas extranjeras.

Este panorama da a entender que la creación de un mercado interior unificado constituye el mayor desafío que propone el XV Plan Quinquenal. Si Pekín consigue convertirlo en realidad, China habrá dado un paso de gigante para construir la plataforma definitiva para proyectar su influencia global. Si fracasa, seguirá siendo un gigante con pies de barro burocráticos, incapaz de dictar las normas comerciales del siglo.

La ensayista e investigadora Remedios Zafra ha defendido en Mérida que leer y escribir siguen siendo actos profundamente humanos en un contexto dominado por la productividad constante, la burocracia digital y la mediación tecnológica. Invitada por el Asociación de Escritoras y Escritores de Extremadura dentro del Aula Literaria Jesús Delgado Valhondo, la autora llamó a reconstruir comunidad y esperanza desde la cultura y la conciencia crítica.

En una de las sesiones más multitudinarias del ciclo de Aulas Literarias de Extremadura con la presencia de Zafra, una de las voces más influyentes del pensamiento crítico contemporáneo, doctora en Bellas Artes, investigadora del CSIC y Premio Nacional de Ensayo, la cordobesa ha dialogado con alumnado y profesorado sobre el malestar que atraviesa el trabajo intelectual en la era digital y sobre la posibilidad, todavía abierta, de construir un futuro distinto.

La presión de los tiempos modernos

Zafra partió de una constatación compartida por el alumnado: “Vivimos bajo una presión constante que apenas nos deja tiempo para vivir”. La exigencia de productividad atraviesa el estudio, el trabajo y también el ocio. Todo parece medirse en términos de rendimiento.

Frente a esa lógica, defendió el valor del proceso. En un momento en que la inteligencia artificial puede escribir poemas, generar imágenes o resumir textos en segundos, la autora planteó una pregunta incómoda: ¿qué perdemos cuando vamos directamente al resultado?

“El trabajo es el proceso”, sostuvo. El placer de hacer, de equivocarse, de repensar lo escrito forma parte de lo que nos constituye como sujetos. Saltarse ese recorrido implica empobrecer la experiencia. Leer y escribir no son meros instrumentos para producir contenidos: son herramientas para comprendernos mejor y comprender a los demás.

La alegría de la conciencia

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la idea de que toda conciencia comienza con una incomodidad. “La alegría de la conciencia nace de un malestar bueno”, explicó. Pensar por cuenta propia no es complaciente: exige preguntarse quiénes somos y qué podemos ser.

La identidad, recordó, no es abstracta. Está atravesada por el lugar donde nacemos, el color de piel, el género, la orientación sexual, la clase social o la ideología. “La sociedad hace cosas con nosotros, pero también nosotros hacemos cosas con eso”. Esa tensión entre determinación y agencia es el espacio del pensamiento crítico.

En un mundo donde basta un botón para eliminar lo que incomoda o maximizar lo que produce placer inmediato, reivindicó la lectura que perturba, la que obliga a hacerse preguntas. Pensar requiere tiempo. Incluso asumir que uno es “lento pensando” puede convertirse en una forma de resistencia frente a la cultura de la inmediatez y la pose.

Redes, adicción y polarización

Zafra recordó cómo, en sus inicios, internet fue recibido como una promesa de democratización del conocimiento y ampliación de vínculos. Sin embargo, con la expansión de las redes sociales a partir de los años 2000, esa promesa se vio acompañada de dinámicas de adicción, polarización y simplificación de las relaciones.

Las plataformas favorecen la unión con personas muy similares y la confrontación con quienes se perciben como radicalmente distintos. Esa lógica alimenta la deshumanización del otro y la construcción de burbujas homogéneas.

Además, alertó sobre una ciudadanía cada vez más mediada por tecnología. “Somos leídos por máquinas”, señaló, pero también por personas sometidas a condiciones laborales tan precarias que actúan casi como si lo fueran. En ese contexto, el deseo de “hablar con un humano” cuando gestionamos un problema cotidiano no es anecdótico: expresa una necesidad profunda de empatía.

Utilizó para ilustrar su discurso una potente metáfora clásica, la de los “animales de ojos duros y secos”, aquellos que no tienen párpados y ven todo el tiempo. Sin párpado no hay descanso, ni sueño, ni reelaboración de lo vivido. La exposición permanente en redes dificulta precisamente ese cierre necesario para pensar y descansar.

El poder de las palabras

La autora subrayó también la importancia del lenguaje en la configuración de imaginarios. Los cambios de denominación en determinadas titulaciones técnicas, explicó, han tenido efectos medibles en la presencia femenina en esos estudios. Las palabras no son neutras, orientan expectativas, abren o cierran horizontes.

Lo mismo sucede en ámbitos tradicionalmente feminizados cuando determinadas etiquetas generan desplazamientos simbólicos. “¿Qué importa una palabra?”, planteó. Importa porque construye mundo.

¿Qué está en juego?

En uno de los momentos más intensos, Zafra formuló una serie de preguntas abiertas: si el trabajo creativo se rinde ante la hiperproductividad obediente, ¿quién recordará a las personas que son personas? ¿Quién escribirá los poemas, los libros, las obras capaces de romper la coraza de un espíritu endurecido por fuerzas deshumanizadoras? ¿Quién educará con pasión?

Lejos de un discurso apocalíptico, defendió que la esperanza no puede desligarse del futuro. Hoy, dijo, el futuro parece haberse separado de la idea de esperanza, generando resignación. Recuperar esa vinculación pasa necesariamente por reconstruir lo colectivo.

Cultura como costura comunitaria

Para Zafra, la cultura es un instrumento de “costura comunitaria”. Clubes de lectura, asociaciones vecinales, teatro, encuentros literarios o actividades en barrios crean espacios materiales de diálogo y escucha real. Son lugares donde no se pospone indefinidamente la conversación, sino donde se produce.

Planteó tres ejes como base de transformación: conciencia, alianza e imaginación. La conciencia que duele y no se resigna; la alianza que convierte esa conciencia en comunidad; y la imaginación que permite proyectar alternativas sin repetir errores del pasado.

Lejos del victimismo, propuso vincular emociones positivas al pensamiento crítico, al estudio y al compromiso ético. “No somos tristes”, afirmó, “la alegría de la conciencia puede ser un desencadenante”.

En un contexto de agotamiento social y saturación tecnológica, su mensaje resonó con fuerza entre el alumnado: otro futuro es posible. Pero no llegará solo. Requiere tiempo, cultura y comunidad.

Irene perdió a su padre a finales de 2023. Más de dos años después, aún no ha conseguido acabar con toda la burocracia que toca resolver cuando muere un familiar cercano. Tener que dedicar tanto tiempo y esfuerzo a los papeles le ha dificultado la gestión emocional que requiere un proceso de duelo: “Lo he bloqueado mucho. He sentido que lo tenía que posponer. Ha sido muy difícil compatibilizar el proceso de la herencia con atravesar la tristeza o todos los sentimientos que te vienen con el duelo”.

Para ella, es difícil separar el recuerdo de su padre de las dificultades burocráticas. “A día de hoy, todavía no he podido empezar un proceso de duelo sin que esté asociado a la herencia. Cuando pienso en mi padre, muchas veces los pensamientos derivan hacia las cosas que tengo pendientes de resolver”, relata Irene, que no se llama así pero prefiere no dar su nombre real.

Tras un fallecimiento, se abre un complejo horizonte de trámites en diferentes ventanillas y con distintos plazos. Primero hay que solicitar el certificado de defunción. Luego toca esperar quince días para pedir el de últimas voluntades y el de seguros de vida en el Ministerio de Justicia. Si no hay testamento, se debe tramitar la declaración de herederos. A partir de ahí, acreditar las propiedades y deudas de la persona fallecida y tramitar la aceptación o la renuncia a la herencia. Sin olvidarse de pagar los impuestos, de cambiar el titular en los registros, en los bancos o en la DGT y de dar de baja el teléfono o la luz.

En todo ese laberinto pueden surgir “innumerables” dificultades, según explica la abogada especializada en herencias Ana García Peralta, directora del despacho Allende Abogados. Una de ellas es la falta de testamento, que puede suponer una primera “piedra en el camino” porque ralentiza el proceso. Otra puede ser el conflicto entre los herederos: “Con que uno de ellos no quiera firmar, no aparezca o no esté de acuerdo, ya hay que ir a la vía judicial”, apunta. También menciona los problemas para localizar ciertos bienes o incluso a herederos desaparecidos. Y añade las dificultades con los impuestos, de los que a veces hay que hacerse cargo incluso antes de tener claro el reparto de la herencia: “¿Qué parte tengo que pagar yo de los impuestos si no me hablo con mi hermano?”, ejemplifica la jurista.

A día de hoy, todavía no he podido empezar un proceso de duelo sin que esté asociado a la herencia. Cuando pienso en mi padre, muchas veces los pensamientos derivan hacia las cosas que tengo pendientes de resolver

Irene

En el caso de Irene, se han juntado varios de esos obstáculos. “Mi herencia fue enrevesada, no tanto por la cantidad de bienes, que no es el caso, sino por cosas diferentes”, explica. Y detalla algunas de esas dificultades: “Era una herencia en una comunidad autónoma diferente a la mía. Mi padre no dejó cerrado nada, entonces tuve que empezar desde cero. Y a eso se sumó la falta de colaboración de mi familia paterna y que el asesoramiento legal del despacho de abogados que contraté no fue el ideal”. Su proceso, además, se complicó porque tenía “mucho desconocimiento” sobre la economía de su familiar. “Tuve que hacer trámites extra para averiguar la situación de mi padre respecto a deudas. Tenía mucho miedo a las posibles sorpresas que nos podíamos llevar”, cuenta.

Procesos de años y de miles de euros

Álvaro tenía 24 años cuando su padre murió. Recuerda que, ya unos días antes, mientras recibía cuidados paliativos en su casa, una médica les dijo: “Bajad a la farmacia a por un acta de defunción por si se muere esta noche”. “Yo ni sabía que existía eso”, señala. Fue su primer contacto con una burocracia que, siete años después, describe como “una barbaridad de trámites que se alargan un montón en el tiempo”.

No le parece un proceso fácil: “Para empezar, no sabes cuántos trámites tienes que hacer ni cuáles son. Acabas buscándote la vida en Internet, nadie te dice en el hospital o en el tanatorio o donde sea: esto es todo lo que tienes que hacer”. Lo define como “un jardín” en el que “no entiendes lo que te están pidiendo en cada trámite”. “Te mencionan impuestos, cosas que no sabes lo que son, modelos que no sabes que existen, te piden información de tu padre que no sabes dónde está…”, enumera.

Según la abogada Ana García Peralta, la duración de estos procesos varía mucho según el caso: de unos pocos meses 'si todo va bien', 'hasta 15 años si nos metemos en procedimientos judiciales

Álvaro y su familia tardaron unos dos años en resolver todo el papeleo. Según la abogada García Peralta, la duración de estos procesos varía mucho según el caso: de unos pocos meses “si todo va bien”, “hasta 15 años si nos metemos en procedimientos judiciales”. En cuanto al coste del procedimiento, también cambia mucho, y depende, entre otras cosas, del volumen de los bienes a heredar. Pero supone “miles de euros casi siempre”, apunta la jurista. Precisa que solo la escritura notarial de adjudicación de la herencia ya puede costar entre 300 y 500 euros.

Las familias que tienen más recursos se pueden permitir contratar a un abogado o abogada que facilite los trámites. No fue el caso de Álvaro: “Lo hice todo yo solo. Quien tiene dinero lo delega en quien sea y listo, pero quien no, tiene que buscarse la vida y hacerlo por su cuenta. Es un dolor de cabeza más”.

La psicóloga especializada en duelo Belén Tarrat, cofundadora del espacio Vida y Pérdida, explica que los procesos emocionales tras un fallecimiento no se viven igual en función de cómo se produce la muerte y de las circunstancias socioeconómicas: “El contexto y cómo está organizada la sociedad a veces añade sufrimiento. Si no tengo los recursos económicos suficientes, quizá no puedo darle espacio a mi duelo porque por ejemplo me tengo que poner a trabajar enseguida o tengo que pagar gastos extra”. Esas carencias materiales tienen un impacto emocional: “Cualquier cosa que nos genere un estrés no nos va a dejar centrarnos en nuestro proceso de duelo. Sumas piedras a la mochila”.

Cualquier cosa que nos genere un estrés no nos va a dejar centrarnos en nuestro proceso de duelo. Sumas piedras a la mochila

Belén Tarrat — psicóloga especializada en duelo

Un sufrimiento añadido al que supone perder a alguien

Independientemente de la situación económica, los trámites administrativos suelen ser un obstáculo para el duelo, que es un momento en el que la persona “necesita escucharse y permitirse”, indica Tarrat. “Cuando estás en todo este proceso de papeleos, no te estás escuchando y permitiendo: estás escuchando lo que la administración quiere de ti”, contrasta.

La experiencia de Álvaro confirma esa dificultad. “Hasta que firmas el último papel y queda todo listo, ni siquiera te paras a decir ‘ya está’ y empiezas a procesarlo todo. Tu cerebro está en modo ejecución, en modo ‘tengo que hacer esto, esto y esto’ y ni siquiera tienes tiempo para procesar lo que te está pasando”, relata. “Me sentía enfadado y solo. Nadie te prepara para la muerte de un familiar a nivel emocional, y a nivel burocrático mucho menos. Sientes que no puedes dedicar todo el tiempo que necesitas a llorar a tu familiar, sino que tienes que tener la mente ocupada en gestionar estas cosas”.

En el caso de Irene, la burocracia también ha tenido un impacto en su proceso de duelo: “He sentido un sufrimiento extra a todo lo que significa la muerte de un ser querido”. Habla de emociones de “enfado, rabia, frustración y miedo a que no se estuvieran haciendo bien las cosas”. “Durante mucho tiempo del proceso, al ver que no avanzábamos, me entraba mucha ansiedad”, describe. Cree que los trámites le han hecho “mantener la herida muy abierta”. “Me he sentido muy desamparada”.

Me sentía enfadado y solo. Nadie te prepara para la muerte de un familiar a nivel emocional, y a nivel burocrático mucho menos. Sientes que no puedes dedicar todo el tiempo que necesitas a llorar a tu familiar, sino que tienes que tener la mente ocupada en gestionar estas cosas

Álvaro

El papeleo dificulta el duelo, pero también el duelo dificulta el papeleo. La psicóloga Tarrat señala que ya de por sí “las tareas administrativas son difíciles en general”, pero que cuando alguien está en duelo, “la capacidad de ejecutarlas se vuelve más ardua todavía”. “Estamos en lo emocional y estas gestiones nos piden organizar, decidir y ejecutar unas tareas en un momento en el que nuestra capacidad de hacerlas está mermada por lo que el duelo supone físicamente”, valora. Añade que, ante un golpe emocional tan fuerte, nuestras capacidades de concentración, atención y memoria se ven alteradas.

Para la psicóloga, otro factor que suma malestar es el trato que se recibe en ocasiones desde la administración, los bancos u otros servicios. “Suelen estar desbordados y no siempre funcionan con la agilidad necesaria ni tienen tiempo para ir lentamente explicándonos cada paso. Eso muchas veces genera sufrimiento porque no se sienten bien acompañados”, lamenta. Por eso pide “paciencia, humanidad y compasión: parar, estar con esa persona y ayudarla a entender”, algo que “dependerá de la sensibilidad de con quién te topes y de con cuánta carga de trabajo le pilles”. También demanda “formación especializada en duelo para atender en estos servicios”.

Una ventanilla única y un asesoramiento mejor

Para la abogada Ana García Peralta, hay medidas que podrían hacer más llevaderos los trámites después de una muerte. Explica que su complejidad tiene cierto sentido jurídico: “El Estado debe garantizar que el que traspasa una vivienda, por ejemplo, es el dueño legítimo de eso. También se debe proteger a los acreedores para evitar un fraude. Y el notario debe dar fe de que la propiedad privada del fallecido se traspasa según su voluntad”. Pero cree que estos procesos se pueden simplificar.

La jurista no ve necesario que el heredero “actúe como un mensajero de la administración”, llevando papeles de un organismo a otro. Así que propone una “ventanilla única”: que al pedir el certificado de defunción se active un protocolo automático que aglutine el resto de trámites y que las diferentes instituciones se comuniquen entre ellas. “No tiene mucho sentido que el ciudadano aporte datos que el Estado ya tiene”, cuestiona. También sugiere que, cuando no existan inmuebles o solo haya un heredero, “sea una autoliquidación y adjudicación simplificada que se pueda hacer online, o directamente en un solo trámite en el notario”. Agrega que la administración podría ofrecer “mejor asesoramiento”.

Si pienso en tener que afrontar otra herencia similar, me vengo abajo. Mi mensaje hacia mi madre ha sido que lo arregle todo

Irene

Álvaro coincide en esa necesidad de información: “He echado en falta que, en el momento en que se muere una persona, el propio médico te dé un papel o un QR, te diga ‘esto es lo que va a pasar a partir de ahora’ y te dé el teléfono de un asesor gratuito de la administración que te explique a qué te vas a enfrentar de manera clara”. Pide que “pagar y hacer papeles no signifique parar tu vida y generarte una ansiedad horrible porque te da miedo que se te quede algún papel de por medio o que de repente, pasados dos años, te reclamen una declaración de la renta”.

Irene también sugiere “simplificar y actualizar los trámites”, además de hacerlos “más asequibles”. Añade que “los abogados tienen que estar muy concienciados de que están tratando con personas que han perdido a sus seres queridos”. Cree que “en muchos casos esto es un trámite doloroso que no tienes ningunas ganas de hacer”, así que ve importante que “tengan mucha empatía”.

Son ideas para mejorar un procedimiento por el que no le gustaría volver a pasar: “Si pienso en tener que afrontar otra herencia similar, me vengo abajo. Mi mensaje hacia mi madre ha sido que lo arregle todo”. Para Irene, los trámites burocráticos se han convertido en una montaña de obstáculos que no le han dejado atender bien las necesidades emocionales que implica haber perdido a su padre: “Estoy deseando cerrar el proceso para intentar atravesar el duelo desde otro lugar”.

En un mundo cada vez más digital, no es de extrañar que sea posible formalizar de forma online ciertas gestiones con Hacienda, presentar la declaración de la Renta o solicitar prestaciones y ayudas económicas a la Seguridad Social. El certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) es una herramienta valiosa para realizar gestiones de forma segura con la Administración Pública o con empresas privadas a través de Internet. Con el paso de los años, además, se han ido implementando nuevos métodos para la tramitación e instalación de este certificado, desde presencial hasta a través de una identificación con vídeo desde donde estés.

Esta firma electrónica, cada vez es más accesible, se instala en el navegador para validar nuestra identidad en Internet y permite realizar trámites desde el ordenador, dispositivo móvil o tablet. Aunque Cl@ve es más fácil de obtener y una herramienta perfecta para gestiones rápidas, el certificado digital no requiere de la memorización de ningún tipo de contraseña y tiene validez europea.

Elijas el método que elijas para obtener o renovar el certificado digital en tu ordenador, debes asegurarte de que tienes instalado el software de generación de claves. Puedes descargarlo a través del sitio web de la FNMT. Una vez selecciones la opción 'Área de Descarga de Configurador FNMT', se abrirá una ventana en la que deberás seleccionar el tipo de dispositivo para el que estás descargando el programa (Windows, MAC y Linux). Tras esto, se descargará el instalador, que deberás ejecutar.

Certificado digital de forma presencial

Una vez instales el software, deberás solicitar el certificado en el sitio web de la FNMT en la opción 'Certificado con Acreditación Presencial', situada en el menú del lado izquierdo. Ten en cuenta que debes hacerlo en el mismo dispositivo en el que pretendes utilizar el certificado en el futuro.

Deberás facilitar el número de tu documento de identificación, tu primer apellido y un correo electrónico. Una vez lo introduzcas, se abrirá el programa de generación de claves, y te pedirá que crees una contraseña para proteger las claves durante tu proceso de solicitud y descarga del certificado. Durante este proceso, no cierres la web de FNMT que has utilizado para la solicitud. Si deseas crear una copia de seguridad del certificado una vez la tengas, también se te pedirá esta contraseña.

Tras esto, se te enviará un correo electrónico con el número de tu solicitud, en el que pedirán que verifiques si los datos que has ofrecido a la FNMT —tu primer apellido y tu número de documento de identidad— son correctos. Tras esto, solo deberás localizar una oficina a la que acudir personalmente a acreditar tu identidad a través de este mapa. Deberás acudir a esa sede con cita previa y la siguiente documentación:

Tras la verificación, podrás descargar el certificado.

Certificado digital con video identificación

Tras instalar el software de generación de claves, elige la opción 'Certificado con Video Identificación' del menú izquierdo de la página web de FNMT. En estos momentos este método de identificación para obtener el certificado solo admite el DNI vigente, aunque en el futuro la FNMT sostiene que admitirán otro tipo de documentos. Deberás introducir a continuación el número de tu documento de identidad, tu primer apellido y un correo electrónico.

Tras esto, y de la misma forma que con el método de autentificación presencial, el programa de generación de claves se abrirá y te pedirá que crees una contraseña para proteger las claves durante tu proceso de solicitud y descarga del certificado. Acto seguido recibirás un correo electrónico con el número de tu solicitud e instrucciones sobre cómo continuar el proceso.

De vuelta en la página de FNMT, deberás introducir tu código de solicitud, tu DNI, tu primer apellido y tu teléfono móvil. Recibirás un SMS que deberás confirmar para poder validar tu número de teléfono móvil y poder continuar con el proceso. El proceso de video identificación tendrá lugar desde tu teléfono, por lo que deberás situarte en una zona bien iluminada. Cuando estés listo, pulsa la opción 'Comencemos' que se encuentra al final del formulario.

Deberás escanear con tu móvil un QR que se te mostrará en pantalla. A través de la cámara de tu móvil debes mostrar tu documento de identidad por ambas caras para verificar su autenticidad. Después, se realizará un reconocimiento biométrico mediante un vídeo selfi para verificar que eres la persona titular del documento de identidad, que más tarde revisará la FNMT. Cuando verifiquen tu identidad, enviarán un correo electrónico para que actives y descargues tu certificado.

Certificado digital con DNIe

Para solicitar el certificado digital a través del DNIe, ten en cuenta que necesitarás un lector de DNI y tener el software criptográfico instalado. Como en los dos métodos anteriores, deberás asegurarte de que también está instalado el software de generación de claves. Ve a la pestaña 'Certificado con DNIe' a la izquierda de la página de la FNMT, selecciona la opción 'Autenticación'.

Después, deberás dejar seleccionada la opción 'Grado Alto' y deberás aceptar las condiciones de expedición. Tras esto se ejecutará el programa de generación de claves y deberás crear una contraseña. En la siguiente pantalla, selecciona 'AutoFirma' como la aplicación a ejecutar (se trata del software criptográfico instalado que has instalado anteriormente) y haz clic en 'Abrir enlace'.

Se abrirá el programa y te pedirá el PIN de tu DNIe. Por último, selecciona la opción de certificado de firma. En breve recibirás un correo electrónico para que actives y descargues tu certificado.

Certificado digital con App Móvil

Desde 2022, es posible obtener el certificado digital a través de una aplicación móvil. Tendrás que descargar 'Certificado digital FNMT' desde Google Play o desde la App Store.

A continuación solo tendrás que solicitar el certificado digital. Existen tres métodos para ello dentro de esta aplicación:

Exceso de burocracia, ratios imposibles y faltas de respeto de alumnado y familias. Estos son los tres elementos que los docentes señalan como sus principales preocupaciones en el aula en el día a día, según una encuesta del sindicato STEs que ahonda en una situación ya reflejada en otros informes y que va camino de enquistarse, si no lo está ya. Tiene tarea la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón.

El 96 % de los docentes de centros públicos confiesa que está agotado y “sepultado” por la burocracia, sobre todo en el ciclo de secundaria, y además de no sentirse respaldados por la administración ni valorados por la sociedad, advierte de que el elevado número de alumnos por aula les impide dar una atención adecuada, según recoge Efe.

“Si queremos conciliar calidad, equidad e inclusión, rebajar el altísimo porcentaje de repeticiones y la tasa de abandono educativo temprano, no queda más remedio que incluir más de un profesional docente en aquellas aulas que lo requieran”, señala el informe de los Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs) publicado este lunes.

Ocho de cada diez docentes preguntados percibe que se están incrementando las agresiones del alumnado al profesorado, a falta de estadísticas oficiales, y el 77% constata actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de familiares. “Exigimos la publicación urgente de un protocolo de prevención de agresiones que elimine cualquier violencia hacia el docente”, señalan los docentes al tiempo que recuerdan que el 86% del profesorado de la escuela pública cree que la administración no les respalda lo suficiente.

“La educación se ha convertido en rellenar hojas con protocolos infinitos”, afirman algunos de los profesores entrevistados mientras otros inciden en que los docentes son “administrativos con escolares alrededor” y ocupan más de la mitad de su jornada en justificar actividades en vez de en preparar clases.

El profesorado percibe que debe actuar como psicólogo, asistente social, enfermero, informático o administrativo “pese a carecer de formación y recursos para ello”, sostienen, tras explicar que la carga extra es de más de 10 horas semanales. “Se ha generado una fatiga crónica”, incide el informe que recuerda que las elevadas ratios chocan con la realidad de unas aulas cada vez más diversas y complejas.

Clima conflictivo y abandono

La nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, podrá dar por satisfactoria su labor en el Gobierno si es capaz de sacar adelante el ansiado (por los docentes) estatuto del profesorado, la norma básica que debe regular la profesión docente y reparar, en teoría, estas protestas. Por el momento el anterior equipo ministerial, que lideraba Pilar Alegría, dejó enfilada la reducción de las ratios (el alumnado por clase) y de las horas lectivas de los profesores de todos los niveles.

Los sindicatos esperan que Tolón retome las negociaciones y, sobre todo, que la implantación de las medidas que se vayan acordando sea inmediata y no progresiva, una petición que puede acabar en choque con el Gobierno: por el momento, esa reducción de las ratios que ya tramita el Ejecutivo está prevista para dentro de dos cursos.

El profesorado preguntado por STEs también incide en que las medidas de mejora que se aprueben tienen que afectar a todo el alumnado con necesidades de apoyo y no solo aquel con necesidades educativas especiales (NEE), que es en este momento el que contempla Educación.

“El incremento de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea por discapacidades, trastornos, situación de vulnerabilidad o desconocimiento del idioma, no ha venido acompañado de los recursos de apoyo necesarios”, recalca STEs, que también se hace eco del insuficiente salario de los docentes. Otro informe de CCOO señalaba hace unas semanas que el conjunto del alumnado con necesidades educativas de algún tipo ha subido un 75% en seis años (va camino de duplicarse), mientras los recursos del sistema apenas han subido un 31%.

Además, el 88 % estima que el sueldo no es el adecuado, una situación que se exacerba según donde por las grandes diferencias salariales entre el profesorado según la comunidad en la que trabaje: un docente asturiano puede ganar hasta 700 euros menos que uno de Euskadi, según UGT.

Con este panorama, STEs advierte de la “alarmante escasez” de profesorado para cubrir vacantes, debido “a la degradación de la profesión” que “está provocando un abandono inédito”. Conocida es la falta de docentes en determinadas materias técnicas (matemáticas, informática, etc.), lo que está llevando a las administraciones a obviar las exigencias mínimas que la ley impone para dar clase; hay comunidades que en determinadas circunstancias permiten impartir docencia sin el máster obligatorio de secundaria, por ejemplo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llegado a pedirle al ministerio que permite dar clase a estudiantes para estas materias, petición que ha sido denegada por Educación.

Todo es peor en Madrid

La sección madrileña de STEs ha estudiado los datos propios de la Comunidad de Madrid y concluye que todos los indicadores salen peor en la región que preside Isabel Díaz Ayuso.

El 95,41 % del profesorado de Madrid sostiene que las ratios actuales no permiten una atencion adecuada a un alumnado cada vez mas diverso, en comparacion con la media estatal (91,83 %); el 95,55 % del profesorado de Madrid considera asfixiante la carga burocrática, que es perjudicial para su labor docente, sostienen; además, “de forma muy significativa” (entre siete y ocho puntos por encima de la media estatal), dice STEs, el profesorado madrileño expresa que no dispone de los recursos necesarios (espacios, materiales o/y tecnología) para ofrecer una educacion de calidad.

Asturias ha rediseñado la puerta de entrada a su Administración digital con miPrincipado, una plataforma (app y web) concebida para todos los perfiles: desde quienes usan certificados digitales con la misma seguridad que el mando del garaje, hasta quienes miran la tecnología como si fuera un electrodoméstico sin instrucciones.

La idea fuerza es simple: que lo digital sea útil, comprensible y accesible; lo demás es atrezzo. miPrincipado centraliza, en un único punto, todos los trámites y servicios del Principado. Su fortaleza no está en “lo novedoso” —que también—, sino en lo práctico: está diseñada para que cualquier persona pueda usarla sin sentirse piloto de pruebas.

Avisa cuando lo necesitas

Si el usuario se registra con Cl@ve o certificado digital, la plataforma desbloquea su versión más interesante: la proactiva y a medida. ¿Proactiva? Sí. Que miPrincipado te avise cuando te afecta una ayuda o convocatoria (empleo, vivienda, cuidados, cultura, apoyos a empresas…) es pasar de buscar trámites a que los trámites te encuentren a ti. La personalización se realiza configurando áreas de interés según el perfil del usuario, lo que permite recibir alertas en el momento exacto, sin tener que rastrear boletines, sedes y PDF.

La plataforma también permite descargar y portar carnés oficiales en el móvil: familia numerosa, persona cuidadora, discapacidad… Documentos que, hasta ahora, viajaban en la cartera. Además, incorpora un sistema de documentación reutilizable: con consentimiento, se agrupan y recuperan documentos que la propia Administración ya tiene (libro de familia, títulos académicos, certificados médicos, poderes de representación, etc.).

Atención humana, por si acaso

Aunque el sistema digital se esfuerza en ser autoexplicativo, Asturias ha mantenido un puente humano esencial. El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) es el primer punto de contacto para consultas u orientación. Llamando al teléfono 012, el usuario recibe soporte paso a paso sobre trámites, anexos o incidencias. Con cita previa, las oficinas del SAC ayudan también a solicitar Cl@ve, resolver problemas o aportar documentación. Lo relevante: que la tecnología no sustituye al trato humano; lo ordena y le deja sitio en primera fila cuando se necesita.

Buscador que no exige saber el nombre exacto del trámite, textos claros y acompañamiento didáctico: el resultado es una ventanilla única real que convierte la digitalización en un derecho práctico y no en un curso intensivo involuntario.

Reducir la burocracia lleva siendo desde hace años uno de los principales objetivos del gobierno de Asturias y según las palabras de la vicepresidenta del Principado, el presupuesto de 2026 va a reducir y mucho las tramitaciones en papel de los asturianos y asturianas.

El Principado ha diseñado un presupuesto para 2026 que combina la modernización de la Administración mediante inteligencia artificial con un refuerzo significativo de los servicios públicos esenciales. La iniciativa busca reducir trámites, acortar los tiempos de espera y mejorar la atención a la ciudadanía y a las empresas, mientras se incorporan 1.465 nuevas plazas principalmente en sanidad y educación.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, presentó este lunes las cuentas de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, que ascienden a 221,57 millones. Llamedo destacó que la transformación digital y la simplificación administrativa son ejes centrales del Gobierno asturiano para mejorar la gestión pública y la relación con la ciudadanía.

Inteligencia artificial para lectura de documentación

Entre las medidas más relevantes figura la extensión a nuevas áreas de un plan piloto de inteligencia artificial aplicado a las ayudas de natalidad, que agiliza la lectura de documentación y reduce de manera significativa los plazos de resolución. El presupuesto destina 95,29 millones a transformación digital, de los cuales 42,7 se invertirán en proyectos como el desarrollo de una superapp que integrará todos los servicios digitales del Principado, mejoras en la aplicación miPrincipado, refuerzo de la ciberseguridad y uso de IA para apoyar la tramitación administrativa y los servicios públicos.

Asturias consolidará también su papel como territorio de referencia en el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, con la creación de una factoría de IA y un sandbox regulatorio. La factoría permitirá desarrollar soluciones concretas para simplificar trámites y mejorar la gestión pública, mientras que el sandbox funcionará como un entorno seguro para probar nuevos usos de la IA con supervisión humana y garantías éticas.

Simplificar procesos

El presupuesto incluye además casi tres millones de euros para modernizar infraestructuras críticas en gestión de emergencias y programas de formación en inteligencia artificial para todo el personal público, con especial atención a perfiles directivos. Según Llamedo, el objetivo es que la Administración gane tiempo para las personas y para las empresas, utilizando la tecnología para simplificar procesos y reforzar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

En paralelo, las cuentas refuerzan los servicios públicos con 1.465 nuevas plazas, concentradas sobre todo en sanidad y educación. En sanidad se incorporarán 206 profesionales médicos y sanitarios, mientras que en educación se crearán 1.158 plazas, principalmente para docentes (938) y técnicas de educación infantil (167). Cerca del 40% del personal de la Administración corresponde a sanidad y alrededor del 30% a educación, los pilares del Estado del bienestar, según destacó la vicepresidenta.

Llamedo subrayó que el Gobierno asturiano apuesta por reforzar los servicios públicos frente a modelos de recortes y privatización aplicados en otras comunidades, como Madrid, cuyos efectos negativos ya son visibles para la ciudadanía.

El mayor programa de ayudas a la digitalización de las pymes y autónomos puesto en marcha en España ha cerrado su plazo de solicitudes con cifras récord. El Kit Digital, financiado con fondos europeos del plan de recuperación, ha concluido su período de solicitud con más de 860.000 ayudas concedidas y 3.400 millones de euros repartidos, un 127% del objetivo marcado por Bruselas. Hay beneficiarios de la ayuda en el 92% de los municipios españoles.

Es un programa en el que el Gobierno ha desplegado la mayor automatización de solicitudes hasta la fecha, con hasta un 45% de las solicitudes concedidas directamente por los 39 robots potenciados con inteligencia artificial. Aun así, no logra librarse del todo la crítica por la “burocracia excesiva” por parte de las organizaciones de pymes y autónomos, que con todo hacen una “valoración positiva global” del programa.

“Ha supuesto una gran movilización de recursos públicos en favor de una de nuestras demandas históricas, mejorar la digitalización de autónomos y autónomas”, dicen desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae). “Gracias al modelo de difusión que se ha usado se ha conseguido una gran capilaridad, consiguiendo llegar a municipios de ámbito rural, que suelen ser los más necesitados de este tipo de políticas”, continúan.

Hasta el punto de que ya están pensando en el siguiente. “Cepyme considera necesario contar con un Kit Digital 2.0 que permita a la pyme evolucionar hacia un grado de digitalización medio-alto”, piden desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa a elDiario.es.

Un experimento de automatización pública

“El Kit Digital nos ha permitido digitalizar para transformar: hemos pasado de incorporar tecnología a cambiar la forma en que la Administración presta servicios y las pymes compiten. Es una prueba clara de que lo público puede innovar, actuar con agilidad y generar confianza”, ha destacado Óscar López, ministro de Transformación Digital.

Los 39 robots encargados de esa automatización no son máquinas físicas, sino programas avanzados de software basados en inteligencia artificial. Su función ha sido tramitar y revisar de forma automática la masiva cantidad de solicitudes. Estos 39 robots han ejecutado millones de comprobaciones automáticas sobre los solicitantes, verificando requisitos como si la pyme estaba al corriente de pagos con la Seguridad Social o Hacienda o más de 570.000 comprobaciones de titularidad real para prevenir el fraude.

Ha habido demasiada burocracia y tiempos de respuesta excesivos por parte de la administración

Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores

La automatización a través de estos robots de IA “ha permitido reducir los tiempos de tramitación en más del 90%”, asegura Transformación Digital, disminuyendo el tiempo medio de comprobación de cada expediente a tres minutos. También ha permitido desarrollar una “política de cero papeles”, basada en “suprimir la tramitación en papel y minimizar la documentación electrónica a presentar por parte de los solicitantes de la ayuda”, evitando la impresión en papel de más de 14 millones de documentos.

Un esfuerzo que no ha resultado suficiente para que los destinatarios del Kit Digital hayan superado las históricas críticas por la dificultad de relacionarse con la administración. “Ha habido demasiada burocracia y tiempos de respuesta excesivos por parte de la administración”, se queja Uatae, una de las únicas “partes negativas” del programa que señala desde esta asociación, junto al hecho de que las ayudas “para los autónomos con menos ingresos eran demasiado bajas y daba para pocos servicios”.

Aumento de ventas y plantilla

En términos de resultados empresariales, el balance elaborado por el Ministerio señala un impacto significativo entre pymes y autónomos. Más del 65% de las compañías afirman haber incrementado sus ventas tras implantar las soluciones del programa y el 40% ampliaron plantilla, con un crecimiento medio del 10% entre las empresas analizadas. Un 12% duplicó su facturación entre 2021 y 2023.

Los autónomos —que representan el 63% de los beneficiarios totales del programa— han utilizado la mayor parte del bono que la ayuda planteaba para su categoría. El 68% de quienes tienen más de seis meses de actividad gastaron entre el 75% y el 100% del importe disponible. Las soluciones más demandadas en este colectivo fueron “Puesto de trabajo seguro” (28%), “Sitio web y presencia en internet” (23%) y “Gestión de procesos” (16%).

En el caso de las pymes, la categoría de digitalización más demandada ha sido “Sitio Web y presencia en internet”, con más de 302.000 acuerdos firmados. Le siguen de cerca la categoría de “Puesto de trabajo seguro, con más de 273.000 acuerdos”, y “Gestión de procesos”, que suma más de 223.000 acuerdos firmados. Además de estas soluciones principales, el catálogo cubría otras áreas como Comercio Electrónico, Gestión de Redes Sociales, Factura Electrónica, Comunicaciones Seguras y Business Intelligence y analítica.

Desde Cepyme, inciden en que una segunda parte del programa debe centrarse en mejorar esta última área. “Los fondos del Plan de Recuperación deberán estar ejecutados, salvo excepciones, en el verano de 2026. Esto obliga a actuar con rapidez para dar continuidad a determinadas iniciativas, como es el caso del Kit Digital, clave en un momento en el que resulta estratégico que la pyme integre la IA en su actividad, pero también que haga mayor uso de los sistemas en la nube o de herramientas de gestión más avanzada”, exponen.

El Kit Digital se ha apoyado en empresas y profesionales del sector tecnológico para dar los servicios que requerían los beneficiarios de la ayuda. Según los datos del Ministerio de Transformación Digital, más de 11.000 empresas han firmado al menos un contrato bajo el paraguas del plan. El 27,2% de ellas han reportado crecimientos de su facturación por encima del 50%. El programa ha contribuido a crear más de 8.000 empleos y ha permitido que el 66% de estas empresas captara nuevos clientes.

Estos efectos han llegado a todas las provincias y al 92% de los municipios, con especial penetración en zonas rurales. Un 21% de las pymes beneficiarias proceden de la llamada “España vaciada” y el programa ha alcanzado al 90,5% de los municipios rurales (más de 6.000 localidades). Además, el 27,6% de las ayudas concedidas corresponde a sectores tradicionalmente rezagados en digitalización, como la construcción o la agricultura.

Desde la Cámara de Comercio, que ha colaborado con la difusión y tramitación del programa, destacan cómo la red de 83 cámaras territoriales ha jugado un papel clave “ayudando a miles de empresas a solicitar las ayudas y seleccionar las soluciones más adecuadas según su nivel de madurez digital”, destaca en un comunicado enviado a este medio José Luis Bonet, presidente de la institución.

“La penetración del Programa, que ha llegado a 1,2 millones de pymes, tiene mucho que ver con la capilaridad del sistema cameral que nos permite llegar a las empresas de cualquier rincón de España. El éxito de este Programa nos anima a impulsar nuevas medidas que ayuden al tejido productivo a mejorar su competitividad en ámbitos como la internacionalización, la transición ecológica, la innovación y la formación y atracción de talento”, concluye.

CCOO de La Rioja ha criticado duramente el borrador de Ley de Simplificación Administrativa, Mercado abierto y Calidad Normativa y ha acusando al Gobierno de aprovechar el periodo vacacional para impulsar una norma que, según creen, “bajo la excusa de la agilización burocrática de la administración, pone en riesgo el empleo público, la seguridad jurídica y la igualdad”.

El sindicato denuncia que “la propuesta externaliza funciones administrativas esenciales a entidades privadas, derivando fondos públicos hacia intereses empresariales y debilitando la capacidad del servicio público”. “Simplificar no puede ser sinónimo de privatizar”, subraya CCOO, que recuerda que la mejora de los servicios públicos debe hacerse desde dentro de la Administración, con más empleo público y medios suficientes.

Entre las principales objeciones, el sindicato critica la incorporación de las denominadas Entidades Colaboradoras de Certificación, que asumirían tareas de verificación documental y certificación actualmente realizadas por personal público. CCOO advierte que esta medida “no reduce la burocracia, sino que la encarece y duplica”, obligando a la ciudadanía a pagar por servicios que deberían ser gratuitos y garantizados por la Administración. 

Asimismo, CCOO propone crear una ventanilla única pública gestionada por personal funcionario, para centralizar la tramitación administrativa y mejorar la atención a la ciudadanía sin recurrir a la privatización. 

El sindicato también muestra su rechazo al modelo de “mercado abierto” inspirado en la normativa madrileña, que permitiría a empresas de otras comunidades operar en La Rioja sin cumplir la normativa autonómica. “Esta desregulación supone un retroceso en la protección ambiental, laboral y social conquistada mediante el diálogo social”, afirma CCOO. 

En el ámbito digital, CCOO reclama garantías frente al uso de la inteligencia artificial y la robotización, exigiendo supervisión humana, transparencia y seguridad en la gestión de los datos. Además, pide medidas reales para cerrar la brecha digital en zonas rurales y entre personas mayores. 

Finalmente, CCOO exige que las organizaciones sindicales más representativas participen en todos los procesos de diálogo y evaluación vinculados a la simplificación administrativa y la digitalización, en cumplimiento de su legitimidad institucional. “No se puede simplificar debilitando lo público. La eficiencia administrativa solo es posible con más empleo público, más transparencia y más participación.”

Tener cinco años y jugar en un equipo de fútbol de barrio supone, si no has nacido en España, enfrentarse a un espeso laberinto burocrático. Tan espeso que algunas de las familias de los niños no son capaces de superarlo sin ayuda. La Federación Galega de Fútbol lleva años aplicando una incomprensible normativa de la FIFA, en principio pensada para dificultar el tráfico de jugadores menores de edad en los clubes profesionales. La consecuencia de aplicar ese protocolo ha convertido al fútbol infantil en un nuevo territorio de discriminación para los niños y niñas que buscan poder darle patadas a un balón en su nuevo país de residencia. “Es mucho trámite, muy engorroso y lioso para los padres”, señala a elDiario.es un entrenador de Santiago de Compostela, que se ocupa de las categorías más bajas en el San Pedro Fútbol Club.

Si un equipo de barrio quiere hacer la ficha de un niño de cuatro o cinco años no nacido en España para que este pueda participar en los partidos oficiales de fútbol aficionado, su familia -se encuentre en situación regular o no- debe entregar una montaña de documentos. En concreto, un certificado de empadronamiento conjunto, un certificado de nacimiento para extranjeros, los contratos laborales de ambos progenitores, un documento de sustento económico -que acredita el origen de los recursos financieros para cubrir gastos-, los pasaportes de pequeño y padres, los permisos de residencia de los tres y una declaración jurada conforme a que no ha jugado en otro país. “¿Todo para un niño de cuatro años?”, se pregunta el entrenador, “no tiene sentido”. En su club hay en este momento unos nueve o diez casos en esta situación.

Los equipos de fútbol modesto envían las fichas a la Real Federación Galega de Fútbol y esta a su homóloga española, que comprueba que cumplen con los reglamentos de la FIFA. Porque, según todos los agentes consultados, este es el origen del problema. La poderosa organización internacional del fútbol profesional estableció en 2014 una normativa con la que pretendía impedir el tráfico de futbolistas menores de edad. La decisión la adoptaba poco después de sancionar al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético, además de a la Federación Española, por infracciones relacionadas con el traspaso de jugadores menores. “Claro, pero son clubes profesionales, ¿qué sentido tiene en un equipo de barrio?”, dice el entrenador.

Un portavoz de la Federación Galega, en comunicación con este periódico, muestra cierta resignación. Remite a los dictados de la FIFA, que relaciona con el “riesgo de tráfico de niños”, y asegura que han habilitado una vía para alargar el plazo de presentación de los documentos, una licencia provisional para que los niños puedan jugar mientras su familia reúne y entrega toda la documentación. En el San Pedro Fútbol Club la conocen, pero aseguran que no soluciona el problema, ya que al año siguiente no se puede renovar. En la opinión de su entrenador de prebenjamines, la solución que evitaría discriminaciones sería un documento firmado por el club en el que conste que no se paga por el menor ni se compran derechos futuros del futbolista. “En los equipos de baloncesto es todo mucho más sencillo, basta con los DNI y un certificado de escolarización”, señala el entrenador.

Requisitos “absurdos”

El Foro Galego de Inmigración agrupa asociaciones y entidades de apoyo a las personas migrantes. Su portavoz, Miguel Fernández, califica de “absurdos” los requerimientos de las federaciones en equipos de fútbol populares y de barrio. Recuerda que hace años el Foro denunció públicamente otras trabas burocráticas, pero que sufrían niños de familias en situación irregular.

La Lei do Deporte de Galicia, vigente desde 2012, reconoce en su preámbulo que el deporte cumple “especiales funciones” en la sociedad en los ámbitos educativos, de formación y de cultura, además de en el fomento de la cohesión social. Su artículo tres considera uno de los principios rectores de la norma “el derecho de todos los ciudadanos a conocer y practicar deporte de forma libre, voluntaria y democrática, en términos de igualdad y sin discriminación ninguna”. El Foro Galego de Inmigración intuye en lo que sucede con las fichas de menores un comportamiento discriminatorio. Consultada por elDiario.es, la Xunta de Galicia se ciñe a la normativa FIFA “para evitar posibles casos de tráfico de menores” y que “siempre se debe acreditar que el niño tenga residencia legal en el país de acogida”.

La Secretaría Xeral para o Deporte del Gobierno gallego añade que, según le ha comunicado la Federación Galega de Fútbol, “no constan problemas con este asunto y, en el caso de existir, los afectados pueden dirigirse a la propia federación para solucionarlo”.

Desde hace décadas, el Libro de Familia ha sido un documento fundamental para acreditar el vínculo entre padres, hijos y cónyuges en España. Su función ha sido registrar de manera oficial nacimientos, adopciones, matrimonios, divorcios y defunciones, constituyéndose como un documento clave en numerosos trámites administrativos.

Sin embargo, en un contexto de modernización y digitalización de la administración pública, su formato físico ha quedado obsoleto, dando paso a un sistema más ágil y accesible: el registro electrónico individual.

Desde el 30 de abril de 2021, con la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, el clásico Libro de Familia en papel ha sido sustituido por un registro electrónico. Esta medida busca eliminar las barreras burocráticas y facilitar la realización de trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas del Registro Civil.

En consecuencia, los ciudadanos pueden gestionar la inscripción de nacimientos, matrimonios o defunciones de manera telemática, agilizando procesos y evitando desplazamientos innecesarios. A pesar de este cambio, muchas personas aún desconocen cómo funciona el nuevo sistema y cuáles son los pasos para acceder a su información personal de forma digital.

¿Qué ha cambiado con el nuevo sistema digital?

En lugar de un libro físico, ahora cada ciudadano cuenta con un registro digital personal en el que se almacena toda la información relativa a su estado civil. Esta base de datos es accesible de forma telemática a través de las plataformas oficiales del Ministerio de Justicia y del Registro Civil, permitiendo a las administraciones actualizar automáticamente cualquier cambio sin necesidad de que el ciudadano deba presentar documentos adicionales.

Como resultado de este cambio, cada persona dispondrá de un registro individual donde constarán los hechos y actos que afectan a su identidad, estado civil y demás circunstancias inscribibles. Este registro se abrirá automáticamente con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique y contará con un código personal único.

A lo largo de la vida del ciudadano, cualquier modificación en su estado civil, como matrimonios, divorcios o defunciones de familiares, quedará reflejada en este sistema de forma continua, sucesiva y cronológica.

Además, aunque el Libro de Familia físico ha dejado de emitirse, los ya existentes siguen siendo válidos y pueden utilizarse en ciertos trámites administrativos hasta que su sustitución sea completamente efectiva. La transición hacia el modelo digital es progresiva, por lo que los ciudadanos que dispongan de un libro en papel pueden seguir utilizándolo hasta que su información sea incorporada de manera definitiva al sistema electrónico.

Cómo solicitar el Libro de Familia online

El proceso para acceder al nuevo sistema digital es sencillo y está diseñado para minimizar los tiempos de gestión. Para realizar cualquier consulta o inscripción en el Registro Civil electrónico, es necesario seguir los siguientes pasos:

Beneficios del Registro Civil electrónico

El nuevo Registro Civil electrónico trae consigo una serie de mejoras significativas que facilitan la realización de trámites administrativos y garantizan una mayor seguridad en la gestión de datos personales.

Al permitir el acceso telemático a la información, se agilizan procesos que antes requerían acudir en persona a las oficinas del Registro Civil. Esto reduce los tiempos de espera y elimina las largas colas, mejorando la eficiencia en la atención a los ciudadanos.

Otra ventaja clave es la disponibilidad permanente de la información. Los datos registrados pueden ser consultados en cualquier momento y desde cualquier lugar con acceso a internet, lo que supone una notable comodidad para los usuarios. Además, este sistema garantiza una mayor seguridad y protección de la información personal, minimizando el riesgo de pérdida, deterioro o extravío de documentos físicos.

El Govern de Catalunya prevé transformar antes de junio del próximo año más de 170 trámites y servicios para agilizarlos, reducir la burocracia y mejorar la atención ciudadana. El pasado noviembre el Ejecutivo de Salvador Illa activó un plan de choque para rediseñar los diez trámites digitales con mayor impacto a la ciudadanía. Ocho están en fase de mejora avanzada y con medidas implantadas como refuerzo de profesionales, automatización de tareas y mejoras para las personas.

Además, hay otros dos planes en marcha, uno con diez trámites prioritarios para las empresas y otro con once trámites más prioritarios para la agricultura. La previsión del Ejecutivo catalán es que a finales de este año se hayan redefinido y mejorado todos.

En el caso del plan de diez trámites prioritarios -que juntos sumaron el pasado año 657.500 solicitudes- incluye gestiones como las ayudas para los vehículos eléctricos y ayudas a renovables en autoconsumo y almacenamiento.

Actualmente, para las ayudas a la compra de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga existen 59.798 solicitudes, de las cuales 55.066 se han otorgado, 37.087 han sido justificadas y 20.203 se han pagado. En cuanto a las ayudas de las renovables, existen 93.250 solicitudes, se han otorgado 52.538, 31.534 han sido justificadas y se han pagado 16.052.

Para optimizar el trámite, se han contratado a 82 profesionales para hacer un refuerzo intensivo del equipo de resolución de las ayudas, se han automatizado mecanismos en la gestión administrativa y se mejorará la transparencia y la información sobre el estado actual de las solicitudes.

Otros trámites incluidos en este primer plan de choque de diez medidas son la homologación y convalidación de estudios extranjeros no universitarios, con unas 16.000 solicitudes pendientes de tramitación acumuladas entre los años 2022 y 2025. Para mejorar la situación se ha contratado a 20 profesionales -el Govern asegura que ya se han resuelto 9.000 expedientes de los 16.000 pendientes- y se ha habilitado un nuevo trámite más fácil e intuitivo.

El título de familia monoparental y numerosa, el reconocimiento del grado de discapacidad, el reconocimiento de la situación de dependencia y de prestación o servicio, la pensión no contributiva por invalidez o jubilación, la renta garantizada de ciudadanía y las ayudas a la movilidad internacional de los estudiantes también están en fase avanzada de transformación del trámite para agilizarlo.

En el caso del reconocimiento del grado de discapacidad, el Govern apunta que a 31 de diciembre de 2024, el tiempo medio de resolución de solicitudes era de un año, con 165.085 solicitudes pendientes. El Ejecutivo se marca como objetivo reducir el plazo a medio año, para lo que ya ha implementado cambios y tiene otros en marcha.

Por lo que respecta al reconocimiento de la situación de dependencia y de prestación o servicio, la media del tiempo total de resolución de solicitudes es de 326 días. A 31 de diciembre de 2024 existían 52.696 solicitudes de valoración pendientes y 55.827 expedientes pendientes de elaboración del cálculo de capacidades económicas y de Programas Individuales de Atención. El ejecutivo se marca como objetivo reducir el trámite en 90 días, hasta 236.

Por último, sobre la pensión no contributiva por invalidez o jubilación, el Govern apunta que la referente a invalidez tiene una media de resolución de 108 días, y que el pasado año se recibieron 3.170 solicitudes. La referente a jubilación tiene 44 días de media de resolución y el pasado año hubo 7.721 solicitudes. Sólo un 22% de solicitudes se tramitan online.

Gustara más o menos, la Lomloe era ambiciosa en su planteamiento. Pero las prisas por meterla en las clases –que luego hay un cambio de Gobierno y el entrante deroga la norma sin que haya llegado a estrenarse, como le pasó al PP de Aznar con su LOCE– está siendo también su principal lastre.

El mayor cambio de modelo educativo en décadas se implantó sin haber formado a los docentes, y entre eso, la complejidad de algunos de los nuevos elementos que introducía –las situaciones de aprendizaje, por ejemplo– y que muchos docentes “no se la creen”, a la flamante apuesta del PSOE le está costando arrancar en las aulas, según creen varios docentes y directores consultados por este diario.

“Yo creo que no se nota tanto el cambio”, dispara Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, y presidenta de Adimad, la asociación de directores de institutos públicos de la región. “Han cambiado algunas asignaturas, la organización de esas asignaturas... Pero salvo algunos departamentos muy concretos en cada centro no creo que se estén produciendo grandes cambios”, cuenta su experiencia en los cuatro años ya (aunque el primero fue a medias) que se lleva aplicando la ley educativa en las aulas.

Hay cosas que son inevitables. “Cuando entra una ley educativa trae una serie de elementos curriculares que ya en sí provocan un cambio. En leyes anteriores hablábamos de indicadores, ahora de criterios. Solo la nomenclatura implica un cambio, y a veces eso descoloca al profesorado”, incide Jorge Delgado, director del colegio Blas Infante, de Écija, y presidente de Fedeip, la Federación de directivas y directivos de centros públicos de educación infantil y primaria.

Óscar Martín Centeno, director del CEIPS Santo Domingo de Algete y presidente del Consejo de Directores de Madrid, cree que “habría sido interesante que se hubieran producido cambios más profundos. La ley plantea una estructura plenamente competencial, diferente a lo que hacíamos, que puede ser muy interesante, pero para poder gestionar ese proceso de cambio es importante que se produzcan dos cuestiones básicas: una formación básica para el profesorado y que se establezcan mecanismos de acción para desarrollar las situaciones de aprendizaje”.

Las situaciones de aprendizaje

Martín Centeno pone sobre la mesa uno de los principales retos que ha traído la Lomloe: las situaciones de aprendizaje, la concreción última del sistema de competencias que pretende introducir la ley. Son un elemento nuevo que implica crear situaciones en las que las enseñanzas se acerquen a la realidad del alumno y su entorno, si se quieren hacer bien requieren de varias horas de preparación antes de bajarlas a clase y, pese a que ha costado tiempo entenderlas ya están asimiladas, concede Martín Centeno. Pero cuesta encontrar las condiciones para aplicarlas bien cuando tienes 30 estudiantes en clase y tu horario laboral no deja huecos apenas para otra cosa que no sea dar clase, añade.

Para este director, y coincide con él Rocha, buena parte del problema ha sido que el Gobierno se preocupó más de aprobar la ley que de explicarla. Cuando llegó las Logse al sistema en el año 90, recuerda este docente, se dedicó todo un año previo a preparar al profesorado para que pudiera aplicarla correctamente. Y aquella ley, aunque rompedora con lo que había, no lo era tanto como la Lomloe. De ahí que ahora, cuatro años después de su bajada al aula, los directores estén empezando a ver que se aplica. Más o menos.

Toni Solano, catedrático de Lengua y Literatura y Director del IES Bovalar, en Castellón, le pregunta a sus profesores al final de curso si aplican la ley o no. Hace dos años exactamente la mitad respondió que sí sin ambages. La otra mitad o no lo hacía o tenía problemas o declinó contestar. Este curso ha subido al 58% la proporción de docentes que sí plantea situaciones de aprendizaje.

“Otra cosa es qué considera que hace esta mitad que dice que sí está aplicando las situaciones de aprendizaje, porque si haces lo que sale en el libro es lo contrario de lo que propugna la ley sobre estas situaciones (deben estar contextualizadas, adaptadas al entorno). El otro 50% ni está ni se les espera, sigue dando la clase como siempre. Te dicen que es imposible”, cuenta. “En clase la hegemonía es la explicación, los deberes para casa (y eso que desde la dirección insistimos mucho en que no manden deberes) y que la nota sea una media [va contra los postulados de la ley]. Hoy he hablado con un compañero de departamento que se supone que iba a coger Bachillerato y me ha dicho que mientras haya competencias no va a cogerlo. Lo que significa que no está trabajando por competencias ni lo va a hacer nunca”, se lamenta.

El libro de texto, coinciden los consultados, es más un freno que una ayuda para aplicar la ley. Al docente despistado o que no tiene interés en hacerlo le servirá de guía, “pero al final le acabará absorbiendo porque es muy cómodo, pero no adapta las situaciones al contexto, a algo que le resulte más cercano al alumnado (el entramado social, la cultura de la zona), como pide la ley. Con el libro nunca va a haber un cambio metodológico”, sostiene Solano.

Evaluación y repetición

Donde no ha habido tanta diversidad de maneras de actuar es con el siempre polémico aspecto de la repetición de curso y la titulación. La Lomloe desligó la promoción de curso del número de suspensos, como había sucedido históricamente, y dejó la decisión en manos del profesorado de cada estudiante, que se reúne y decide si está preparado o no para el siguiente curso o etapa. Pero como no es una cuestión que cada docente pueda decidir si aplica o no por sí mismo, ha entrado de lleno en los claustros. Con su dosis de acalorados debates (probablemente no tan acalorados como los que se dan en las redes sociales), pero esa parte sí se está cumpliendo, concede Rocha.

“Es verdad que se está produciendo una reducción lenta pero continua en el número de repetidores. Es habitual que el estudiante promocione de curso o titule gente y luego acaben en otros programas” si la vía académica estándar no es lo suyo, explica la directora, que cree que es positivo reducir la repetición porque en general –siempre hay excepciones– no aporta mucho. Sin embargo, también es consciente de que es un sistema que puede ser injusto, porque al depender de la opinión de los profesores se hace subjetivo, lo que implica que lo que vale en un 3º A no es suficiente en un 3º B.

Solano cuenta que en su caso lo habitual es aprobar al estudiante básicamente porque lo contrario supone, en la mayoría de los casos, perderlo. “Tenemos casos de chavales absentistas, perdidos, que vienen repitiendo desde Primaria y los vamos pasando. Los llamamos flexibles. Ni discutimos. Cuando llegue el momento vemos dónde encajan mejor y ahí se dan debates bonitos entre el profesorado. Igual no es justo pasarlos porque están desahuciados, pero no tiene sentido hacerlos repetir. Mejor que vayan con los de su edad. Y hemos tenido casos de alguno que viene con todo suspendido de 1º y 2º de la ESO y de repente se pone las pilas porque ve la posibilidad de titular. Tenemos algún caso de estudiantes gitanos que están en diversificación (programas alternativos para estudiantes con problemas de rendimiento) o algún programa de refuerzo y acaban tirando para delante y lo sacan. Esa parte está entrando bien”, admite el director.

Un poco peor lo está haciendo la evaluación por competencias. La ley exige una práctica evaluadora continua, por utilizar un término con cierto recorrido, donde la nota no depende solo de un examen o ni siquiera de la media de varios. Ni de un trabajo. “Tienes que utilizar diferentes instrumentos, diferentes productos, seguir procesos y luego todo eso acaba en la nota final. No es un examen. Tienes 25-30 diferentes ítems de los que hacer una media y además las tienes que relacionar con las competencias claves y de tu asignatura”, explica Martín Centeno. Y eso despista a muchos docentes e incluso a las familias, que no acaban de entender de dónde sale la nota de sus hijos o hijas, añade el director. “Es un sobreesfuerzo”, concede, “pero es una evaluación más cercana”.

Siempre más burocracia

Eso tampoco está fallando. El desembarco de una nueva ley suele venir con un aumento de la carga burocrática, explican los profesionales. Como poco el primer curso, cuando hay que rehacer las programaciones anuales y adaptarlas a los postulados de la nueva norma. “Y con esta ley no se coge el contenido, se pone en la programación y listo”, explica Centeno. “Una programación anual son entre 200 y 500 páginas que alguien tiene que escribir. Una situación de aprendizaje son cientos de ellas. Y hay que documentarlo todo constantemente. Creo que debería ser más esquemática, más funcional, para que le pudiéramos dedicar el tiempo necesario a crear las situaciones”, reflexiona.

“Tienes una competencia, luego una competencia específica que se concreta en criterios y unos saberes”, enumera Delgado los diferentes elementos que incluye el currículo. “Todo eso ha implicado más carga burocrática a la hora de hacer las programaciones. Al tener un mayor número de elementos curriculares crece la carga burocrática en los equipos docentes”, cuenta. Una queja tradicional entre los directores que solo va a peor.

¿Y el reparto equitativo de alumnado?

Si en algo coinciden las personas consultadas es en el fracaso de la ley en la que fue una de sus grandes apuestas contra uno de los principales problemas del sistema educativo: eliminar la segregación en la escuela, principalmente entre la red pública y la privada concertada. La Lomloe se propuso que las escuelas tengan un reparto más equitativo del alumnado, que reflejen mejor la composición social y no los agrupen en función de su clase social, como sucede no solo entre las dos redes, sino también dentro de la pública. Pero como la matriculación depende de las comunidades autónomas, la situación, cuentan, está como estaba.

“El reparto equitativo del alumnado entre las redes no se está dando, al menos en Andalucía no está pasando”, explica el andaluz Delgado. “Para ello se debería haber hecho una norma que estableciera que el público es el sistema principal y la concertada subsidiaria. Pero, de hecho en Andalucía hemos pasado en cinco años del 80% en la pública y un 20% en la concertada al 76-24”, ahonda.

Una respuesta similar ofrece Rocha de Madrid y Solano en la Comunitat Valenciana. “No me consta que haya habido cambios en el reparto del alumnado”, dice escueta pero con convicción la primera. “¿Reparto equitativo del alumnado? No”, sostiene el segundo. “En Castellón han cerrado no sé cuántas aulas de Infantil y Primaria en los últimos años, todas en la pública. En la concertada ninguna. No va a haber reparto equitativo mientras haya conciertos”.

El Gobierno de Aragón ha finalizado el análisis de más de 17.000 encuestas remitidas a docentes, familias, personal de administración y servicios (PAS) e inspección educativa, dentro de su estrategia para reducir la carga burocrática en los centros educativos. Las conclusiones del informe son contundentes: el 95,8% del profesorado afirma que la burocracia interfiere en su labor de forma constante (51,9%) o frecuente (43,9%).

Este estudio forma parte de un proceso participativo pionero a nivel estatal, impulsado por el Departamento de Educación. Sus resultados reflejan que la mayoría del profesorado considera que las tareas administrativas suponen una interferencia directa en su labor pedagógica.

En concreto, un 75,6% de los encuestados opina que estas tareas son poco (57,8%) o nada útiles (17,8*%), mientras que apenas un 1,9% las percibe como muy útiles. Esta desconexión entre los trámites requeridos y su valor educativo real es uno de los principales focos de desmotivación para los equipos docentes, especialmente en etapas como Educación Primaria, donde la percepción de saturación es mayor.

El impacto de la percepción del exceso de burocracia lleva a que el 91,9% del profesorado declare que la burocracia afecta mucho o bastante a su satisfacción laboral. El exceso de gestiones, el estrés derivado y la pérdida de tiempo efectivo para atender al alumnado son efectos habituales, particularmente entre los docentes más jóvenes.

Las familias tampoco son ajenas a este fenómeno: una de cada tres, especialmente en Formación Profesional y Bachillerato, se siente también desbordada por trámites administrativos repetitivos y, en ocasiones, confusos.

Entre los principales factores del exceso burocrático se identifican la duplicación de documentación, la continua modificación de normativas sin formación previa adecuada y las demoras en los procesos administrativos.

Medidas

Aunque las plataformas digitales han supuesto una mejora para parte del profesorado, su uso no está exento de controversia: lo que para unos representa agilidad, para otros se ha convertido en una nueva carga.

Por niveles educativos, la FP se sitúa entre las más afectadas, debido a la gestión de prácticas y convalidaciones, mientras que Infantil y Educación Especial presentan una carga burocrática percibida como notablemente menor.

Ante esta realidad, el Departamento de Educación ya ha comenzado a tomar medidas concretas. Una de las primeras ha sido la renovación del procedimiento de comisiones de servicio, que ahora se gestiona a través de la Plataforma de Administración de Docentes del Gobierno de Aragón (PADDOC), con el fin de agilizar los trámites y reducir tiempos.

Además, al inicio del próximo curso escolar y dentro de la estrategia impulsada para reducir la carga burocrática en los centros educativos se constituirán los grupos de trabajo específicos para diseñar soluciones estructurales. Estas acciones estarán coordinadas por el Consejo Escolar de Aragón.

Entre las medidas previstas se incluyen la simplificación normativa, la digitalización eficiente de procesos, el refuerzo de los equipos de apoyo administrativo y la formación específica para mejorar la gestión del tiempo y los recursos en los centros.

El Gobierno de La Rioja busca agilizar la gestión pública eliminando cargas burocráticas, para lo cual promoverá el silencio administrativo positivo, la reducción de los tiempos de respuesta y el Gobierno del Dato. Estas son tres de las medidas de simplificación administrativa consensuadas con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) para reducir la burocracia en todo el Ejecutivo regional y su sector público, con el fin de “facilitar la inversión y la generación de empleo, y contribuir a la prosperidad económica y social de la región”.

Así lo ha explicado hoy, día 25, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, en una comparecencia al término del encuentro mantenido con la FER, en la que se han presentado las propuestas incluidas en el Plan de Simplificación Administrativa 2025-2029, enmarcado dentro de la estrategia integral de modernización y desarrollo económico en La Rioja, que estará regulado por proyecto de Ley.

En detalle, las iniciativas acordadas pasan por impulsar el silencio administrativo positivo en aras de lograr una mayor eficiencia administrativa. Así, y como regla general, ha informado el consejero, “se generalizará el uso del silencio administrativo positivo”.

Una segunda medida está relacionada con el fomento de los procedimientos de respuesta inmediata, de forma que, “sin comprometer los principios de orden y oficialidad, en todos los procedimientos de competencia de la Administración Autonómica, el plazo máximo en el que se debe notificar la resolución expresa será de tres meses, salvo en los procedimientos cuyo plazo máximo para resolver y notificar se establezca por una Ley estatal básica o de aplicación directa, o por norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España”.

Alfonso Domínguez ha apuntado que otra de las medidas consensuadas con la FER es potenciar el Gobierno del Dato, para lo cual la plataforma electrónica GLERA permitirá que “si un documento se remite a cualquier área de Gobierno regional, éste será accesible a toda la Administración Autonómica”. Asimismo “se agilizará la tramitación de informes” y “se generalizará la comunicación y la declaración responsables” en sustitución de las licencias y autorizaciones.

Otra de las demandas de la FER es completar la interoperabilidad entre las plataformas CIRCE (estatal) y GRIAR (autonómica) para permitir la constitución electrónica de sociedades. En este sentido, el consejero ha indicado que, “tras más de año y medio sin respuesta, el Ministerio inició las pruebas de integración el pasado día 2, y confiamos en que la solución definitiva se alcance en breve”.

Un documento vivo que se irá adaptando a las necesidades de la sociedad

El Plan de Simplificación Administrativa es un documento vivo que se irá adaptando a las necesidades de la sociedad, por lo que a estas medidas se podrán añadir otras propuestas realizadas por la FER que es necesario analizar por parte de diferentes departamentos del Gobierno regional y de la Administración central. Todo ello con el propósito de “eliminar cargas administrativas innecesarias u obsoletas exigidas en normas reglamentarias del sector público autonómico, creando un marco de seguridad jurídica y mejorando la relación entre la Comunidad Autónoma y los agentes socioeconómicos”.

Por su parte, el presidente de la FER, Eduardo de Luis, ha felicitado al Gobierno regional por “la receptividad y la rapidez con las que ha atendido la petición que la Federación de Empresas le hizo el pasado mes de marzo. Este es un plan que nos satisface enormemente, y creemos que es un buen punto de partida para ir analizando otros factores que se pueden mejorar”.

Asimismo, ha destacado que “La Rioja ha tomado un camino que consideramos muy bueno: entender que vamos a ser una de las regiones con mejor política fiscal. Y si, además, conseguimos que haya una menor carga burocrática, pasaremos a ser una región mucho más atractiva para inversiones empresariales que, sin lugar a dudas, generarán riqueza y empleo para todos los riojanos”.

Hace poco tuve que sacar por Internet un par de billetes de tren a unos familiares septuagenarios por la razón de que, en su pueblo, la estación no cuenta con taquilla atendida por ningún personal, sino únicamente con máquinas expendedoras. Cualquiera que haya usado la web de Renfe sabe que, ni mucho menos, comprar dos billetes con descuento de tarjeta dorada resulta precisamente sencillo. Desde luego no lo es para quien no esté familiarizado con los trámites telemáticos, como ocurre de forma habitual en mayores, que además, como en el caso de mis familiares, sufren algún grado de dependencia.

Las gestiones con la administración pública han alcanzado tal extremo que, en la práctica, muchas de ellas solo se pueden realizar online. Se llega a situaciones ridículas, como que se permita el trámite presencial si uno saca cita previa… pero esa cita solo se puede solicitar de manera telemática. Es una de las trabas que describe uno de los numerosos testimonios recogidos en este reportaje. Puede parecer un asunto menor, pero no lo es, y no lo es por más de un motivo.

En primer lugar, porque rompe con el principio de igualdad que debería guiar a las administraciones públicas. Se da por supuesto que, por un lado, cualquiera sabe navegar con soltura por las aguas de la red y, por otro, que además todo el mundo cuenta con los recursos materiales para hacerlo: ordenador, conexión a internet, smartphones, etc. Mi vecina, de ochenta años, ya les digo yo que no cumple ninguno de esos requisitos y si intenta solventar algo por teléfono, se encuentra con un laberinto de locuciones y opciones a marcar entre las que no hay manera de orientarse.

En segundo lugar, se cae en una contradicción flagrante. Nos hemos habituado a los continuos mensajes y noticias que nos alarman sobre la ciberseguridad, sobre lo expuestos que pueden quedar datos personales, sobre estafas online, phising, etc. No hay mayor seguridad, por tanto, que la desconexión, en la medida de lo posible. De hecho, si algunos mayores tienen dificultades en el manejo de la tecnología, ahora vivimos un movimiento, en buena medida engrosado por gente joven, que rechaza la hiperconectividad. Vuelven los teléfonos “tontos”, los sms, las llamadas convencionales e incluso el abandono de las redes virtuales. Es un opción que, lejos de alejarnos del mundo en una suerte de retiro ermitaño, más bien parece conectarnos con la realidad de modo más verdadero. No se entiende por qué debe castigarse esa opción con barreras al acceso de trámites públicos.

La pandemia demostró que, cuando hay voluntad, los trámites se simplifican de forma impresionante, y de pronto el lenguaje administrativo, incluso, pierde esa espesura en la que, seguro, muchas y muchos de ustedes se han adentrado en estos meses de declaraciones de la renta

En tercer lugar, se exige en demasiadas ocasiones que se disponga de alguna herramienta con software propietario, desde ciertos navegadores a apps de mensajería, como Whatsapp. Las continuas promesas de desarrollo de software libre en los organismo públicos siempre se quedan a medias. De esta manera se favorece a empresas que no destacan, precisamente, por su comportamiento ético.

En cuarto lugar, que de facto la destreza en el manejo telemático resulte preceptiva invierte un principio básico: el acceso a la tecnología es un derecho, no una obligación.

La pandemia demostró que, cuando hay voluntad, los trámites se simplifican de forma impresionante, y de pronto el lenguaje administrativo, incluso, pierde esa espesura en la que, seguro, muchas y muchos de ustedes se han adentrado en estos meses de declaraciones de la renta. Claro que si la norma fuera simplificarnos la vida, unos cuantos puestos de trabajo perderían su razón de ser, como tan acertadamente analiza David Graeber en su siempre recomendable Trabajos de mierda.

¿Qué hubieran hecho esos familiares míos, esa vecina, todos en perfecta posesión de sus facultades cognitivas, si no contaran con alguien a su disposición? La respuesta nos la deben dar desde la administración pública.

No creo que para ello nos haga falta ningún certificado digital.

“Para reparar una tubería en una calle, una obra que tarda en realizarse una semana, se te van seis meses previos entre trámites, burocracia y esperas”. Esta es la experiencia de Víctor Corbacho, alcalde de Las Pedrosas durante dos legislaturas, y ahora concejal en el ayuntamiento de esta localidad de la comarca de Cinco Villas en la que residen cerca de 100 habitantes. La opinión de este alcalde la comparten otros muchos y muchas primeras ediles, sobre todo, los que están al frente de localidades pequeñas porque “se exige la misma burocracia a un pueblo de menos de cien habitantes que a la ciudad de Zaragoza”, añade Antonio Márquez, alcalde desde las elecciones de 2023 en la localidad de Marracos. 

Cada vez hay más pueblos con menos población en Aragón. Según los datos del último informe del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), 209 municipios aragoneses tienen menos de cien vecinos. Son un 45% más que hace dos décadas, cuando la cifra era de 144. El informe “Medidas de lucha contra la despoblación y el reto demográfico en Aragón” publicado por la Cámara de Cuentas de Aragón, en diciembre de 2024, apunta textualmente que “la despoblación afecta profundamente a las zonas rurales, motivado por el asentamiento de su población en zonas industriales al ofrecer más oportunidades laborales y mejores servicios”. 

“Nos piden que dotemos de servicios a los pueblos, pero no hay flexibilidad en los trámites, las barreras van en aumento y no parece que esto pueda a ir a mejor, más bien todo lo contrario”, razona Víctor Corbacho. El ahora concejal pisó por primera vez el ayuntamiento de su localidad cuando tenía 27 años: “Empecé como concejal porque quería hacer algo por mi pueblo, no podemos dejar que se vayan muriendo, son nuestras raíces”, explica este informático que ahora tiene 41 años y que desde 2020 vive en Las Pedrosas: “Antes pasaba la mitad de la semana en Zaragoza y la otra mitad en el pueblo, pero ahora ya voy y vuelvo al trabajo cada día y vivo fijo en Las Pedrosas, está a media hora, y la calidad de vida que me ofrece el pueblo me compensa”, añade. 

Los pueblos demandan flexibilidad burocrática para poder respirar

El concejal de Las Pedrosas, Víctor Corbacho asegura que desde 2015, cuando comenzó su primer mandato como alcalde, hasta la actualidad ha notado un cambio “a peor” en cuanto a las exigencias burocráticas a los municipios: “Es un freno para los pueblos, todo son papeleos, permisos inspecciones, normativa, vamos para atrás en este sentido, se te comen los recursos”, lamenta Corbacho. 

Una opinión que comparte Antonio Márquez, alcalde de la vecina localidad de Marracos, que en un año y medio en la alcaldía ya ha comprobado que “se exigen los mismos trámites a un pueblo de cien habitantes que a la ciudad de Zaragoza”, algo que lamenta, porque, como explica con este ejemplo el que fue su homólogo en Las Pedrosas: “No puede ser que tengamos una secretaria compartida con la localidad de Puendeluna y que esté más del 70% del tiempo dedicada solo a trámites, así es imposible llegar a todo y hacer lo que de verdad se necesita hacer en los pueblos pequeños”. 

Unos trámites que se dilatan más si cabe en el tiempo cuando implican a varias administraciones públicas; comarcas, diputaciones, gobierno autonómico y central, etcétera. “Nosotros hemos tenido que dejar pasar algunas ayudas y subvenciones porque exigen dar tantos pasos y presentar tanto papeleo que no hemos tenido tiempo material para poder solicitarlas”, confiesa el exalcalde de Las Pedrosas. Y sin esas aportaciones económicas es “complicado” poner en marcha actividades, dotar de infraestructuras y mantener las ya existentes en localidades con recursos económicos limitados por la baja población que registran. 

A pesar de las limitaciones de tiempo, si es un alcalde joven o que se “maneja bien con las nuevas tecnologías”, afrontar ciertos pasos es “más accesible”, reconocen los afectados. Algo que no sucede en localidades pequeñas con alcaldes o alcaldesas de mayor edad que terminan tirando de la ayuda de “vecinos, familia o conocidos” para solventar algunas de las exigencias a las que se enfrentan con la llegada de las nuevas tecnologías. Por eso, la figura de los secretarios y secretarias, en la mayor parte de los casos compartidos entre varias localidades, es tan importante para que los trámites lleguen a buen puerto, y con ellos, algunas partidas de dinero público con las que realizar inversiones en mejora de suministros, servicios e infraestructuras de ámbito municipal que de otra manera sería casi imposible costear. 

Ante esta situación que “va a peor”, alcaldes y concejales han mostrado su malestar a las administraciones más directas, las comarcas: “Es un problema del que siempre hablamos, todos estamos de acuerdo, pero al final del debate no se hace real nada para solucionarlo”, lamenta Corbacho. Los afectados piden a las administraciones competentes y al Estado flexibilidad para los pueblos, sobre todo aquellos que tienen poca población. Una flexibilidad que Víctor Corbacho reclama también para trabajadores autónomos en el rural, explotaciones agrarias y servicios: “Piden los mismos requisitos para poner una tienda en Las Pedrosas que una en el Paseo Independencia de Zaragoza. Una inversión de 40.000 euros para abrir un establecimiento en un pueblo es un freno porque ¿cuándo los va a recuperar esa persona con la población que hay en Las Pedrosas?”, sentencia el concejal que, al igual que Márquez, piden “medidas razonables y realistas”, diseñadas desde el conocimiento del rural y pensando en las necesidades y las posibilidades de las zonas menos pobladas. 

Alcaldes y concejales que hacen “magia” literalmente

En los municipios de menos de 100 habitantes la corporación municipal está compuesta por dos concejales y un alcalde o alcaldesa. Personas que, a menudo trabajan y que compaginan su labor al frente del ayuntamiento con sus oficios y puestos laborales. “Cuando trabajas por cuenta propia, si es alguien del pueblo dedicado a la agricultura o ganadería, hay épocas en las que dispone de algo más de tiempo, pero cuando trabajas por cuenta ajena como es mi caso la cosa se complica porque las administraciones también trabajan de 08:00 a 15:00 y hacer los trámites requiere de un tiempo del que a veces no dispones”, explica Corbacho. Un tiempo que terminan sacando estirando minutos, tirando de favores y haciendo de hombres y mujeres orquesta. 

Durante los ocho años que Víctor Corbacho estuvo al frente de la alcaldía de Las Pedrosas intentaron “que hubiera actividades entre semana para que los vecinos tuvieran una buena oferta cultural”, recuerda este joven, que también, entre otras muchas actuaciones, impulsó durante su mandato las tres rutas senderistas que circundan la localidad, la recuperación del pozo de hielo y el horno de yeso, la adecuación de la plaza, el reacondicionamiento de la pista deportiva, la ampliación de las piscinas y la instalación del bar, el arreglo de pasos y caminos, y la burocracia derivada de la instalación de cuatro parques eólicos que han dado “algo de aire” a las arcas municipales: “Pasamos de tener un presupuesto de 136.000 euros en 2015 a casi 300.000 en la actualidad”, comenta el ahora concejal, que se siente especialmente orgulloso por el ascenso de otra cifra, la del número de habitantes: “Cuando entré en la alcaldía había 82, cuando salí rozábamos el centenar”, algo que siempre es motivo de alegría en lugares donde cada número cuenta. 

Desde 2023, momento en el que se celebraron los últimos comicios, en Marracos se han llevado a cabo varias intervenciones de ámbito público que “responden a necesidades que nos han ido trasladando los vecinos”, explica Antonio Márquez. Hijo del pueblo “de toda la vida”, este alcalde tiene 43 años y, debido a una situación personal y laboral específica, dispone de tiempo para poder dedicarse de lleno a la alcaldía de su municipio. “Es como si hiciera una jornada laboral de ocho horas diarias, y hay veces que me falta tiempo”, comenta el primer edil. Con cerca de 100 habitantes, Marracos cuenta ahora con una pista de pádel, servicio de estética para personas mayores de la localidad y una escuela de verano para los niños de las familias de jóvenes que pasan la época estival en las casas del pueblo; algunas se han vuelto a abrir a raíz de este impulso. 

Pero nunca llueve a gusto de todos, tampoco en los lugares pequeños, y, “a veces las personas mayores del pueblo no ven importantes algunas actuaciones, aunque pasado un tiempo si ven que tienen uso y que la gente está contenta, las apoyan”, explica Márquez, que reconoce que una de las luchas que todo alcalde rural libra con más dificultad es la de “encontrar el equilibrio entre lo que necesitan las personas que llevan toda la vida en la localidad, y las demandas de las nuevas generaciones que vuelven a vivir al pueblo y que tienen unas necesidades diferentes para sentirse a gusto”. 

Tener instalaciones, actividades y servicios que están atrayendo a gente nueva al pueblo, que a su vez le dan vida y lo mantienen, se debe en gran parte a la dedicación del alcalde y de los dos concejales, que junto con la figura del secretario “hemos intentado acceder a todas las ayudas, subvenciones, y demás recursos que hay para los pueblos y para sus habitantes”, apunta Márquez. Una labor no exenta de altas dosis de paciencia y de insistencia: “pido y al final vamos consiguiendo”, sonríe el edil.  

La última actuación que se ha llevado a cabo en esta localidad, también situada en la comarca de Cinco Villas, es la conexión de la carretera CV-613 con las instalaciones de la cooperativa Virgen de la Corona, y con varias granjas, a través de una variante que evita tener que atravesar la localidad. Se trata de una infraestructura de un kilómetro de longitud que elimina el tránsito de camiones, tractores y otros vehículos agrícolas, que hasta ahora pasaban junto a la puerta de la piscina, muy frecuentada por niños en temporada de verano, y donde ya había habido varios “sustos”, también con personas mayores implicadas. La obra se ha podido llevar a cabo “gracias a los acuerdos de permuta con varios propietarios del pueblo”, agradece el alcalde, que siente que se ha dado un paso en una demanda de más de una década que han sufragado con recursos propios del ayuntamiento, por eso solo se han podido asfaltar los metros reglamentarios hasta la conexión con la carretera, “es para lo que nos ha llegado, pero está hecha”, comenta el alcalde, y eso, para sus casi cien habitantes, es lo que importa.