Los expertos de Trabajo piden obligar por ley a que los empleados se sienten en los consejos de administración de empresas

Que los trabajadores formen parte de los Consejos de Administración de las empresas de manera obligada, con un poder significativo, y que tengan también una parte de la propiedad de las compañías, de al menos el 2%. Son dos de las prinicipales recomendaciones presentadas este lunes por el Comité de personas expertas a nivel internacional sobre la democracia en el trabajo, al que el Ministerio de Yolanda Díaz pidió un estudio para impulsar una reforma en este sentido, que obligue a las empresas a dar más poder de decisión a los empleados.

El informe encargado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, titulado Dos promesas para quienes trabajan: Voz y Propiedad y que presentará esta semana en la Universidad de Harvard, ha sido presentado este lunes. El estudio tenía como primera misión analizar el estado de la democracia interna de las empresas, una asignatura en la que España “se encuentra entre los países menos desarrollados de la Unión Europea”, ha destacado la coordinadora de la Comisión, la profesora Isabelle Ferreras (de la Universidad de Lovaina e investigadora senior en las universidades de Harvard y Oxford).

Ferreras ha puesto un ejemplo: dos tercios de los países de la UE (18 de 27) han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores en empresas del sector público y a menudo también el privado, a estar representados con voz y voto en los consejos de administración o consejos de vigilancia de las empresas. Entre los ejemplos más destacados está Alemania. España se sitúa en ese tercio restante que no obliga a reconocer ese poder de decisión a las plantillas, algo que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha tachado de “anomalía”.

Además, la comisión tenía como tareas proponer medidas para llevar a la práctica el mandato constitucional regulado en el artículo 129.2 de la Carta Magna: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

Poder de decisión y acceso a la propiedad

La comisión de expertos y expertas propone en su informe, por el lado de dar “voz” a los trabajadores, obligar a las compañías a sentar a representantes de la plantilla en sus Consejos de Administración, “con umbrales estatutarios mínimos diseñados en consonancia con las mejores prácticas europeas en materia de cogestión y con el objetivo de ir más allá de ellas”.

Estos mínimos planteados son un tercio de los puestos del consejo para quienes trabajan en empresas con entre 50 y 1.000 empleados; a partir de 1.000 empleados, la mitad de los puestos del consejo para las personas trabajadoras.

Por otro lado, para facilitar el acceso a la propiedad de los trabajadores del capital de las empresas, los académicos plantean aprobar umbrales mínimos legales, que comienzan con la apertura del acceso al 2% de la propiedad de las acciones a quienes trabajan (a través de un fideicomiso u otro vehículo adecuado), y que alcance el 10% en el caso de las grandes corporaciones, a partir de mil empleados.

“Vamos a hacer una ley con estos mandatos y abriremos una mesa de diálogo social”, ha sostenido Yolanda Díaz en la presentación del informe, donde ha explicado que la democracia de las empresas es “la gran reforma pendiente” de España y que el Gobierno “se pone en marcha” para cumplir con ese mandato constitucional.

“Un tercio de nuestro día los pasamos bajo techos sin control democrático (...) esto debe ser corregido”, ha dicho la vicepresidenta, que ha incidido en que “una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”, recoge la agencia EFE.

Más control de la plantilla sobre la Inteligencia Artificial

“Hay que completar la transición democratizando las empresas”, ha reclamado la profesora Isabelle Ferreras, que ha dicho que “no es un lujo, es un mandato constitucional que se ha transformado en una necesidad” ante retos como la emergencia climática y el avance de la digitalización y de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas.

El estudio también propone fortalecer las normas de los comités de empresa, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho a la información y la consulta en los procesos de toma de decisiones.

Así, los especialistas abogan por un nuevo derecho de estos comités a configurar y dar su consentimiento a las herramientas de inteligencia artificial (IA) incluyendo el derecho a “vetar”, si es necesario, todas las decisiones relacionadas con el despliegue y la introducción de estos sistemas.