Un baño cada cuatro personas y prohibidos los cajetines de llaves en la calle: Asturias aumenta el control de VUT
Mayor control y más estricto. El Gobierno de Asturias endurece la normativa que regula las Viviendas de Uso Turístico (VUT) con la aprobación de un decreto donde, entre otras novedades, prohibe la entrega de llaves mediante el sistema de cajetines en la calle e incluye la obligatoriedad de contar con un baño por cada cuatro plazas y disponer de sistema de monitorización de ruido.
Esta es una de las principales actuaciones que han sido aprobadas este lunes por el Ejecutivo autonómico en su sesión del Consejo de Gobierno.
El decreto aprobado regula las viviendas vacacionales y de uso turístico. La vicepresidenta Gimena Llamedo ha explicado que esta normativa busca aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población y combatir prácticas ilegales.
La nueva normativa, que desarrolla la reciente reforma de la Ley de Turismo, responde a la evolución del mercado y al incremento de alojamientos gestionados a través de plataformas digitales y, según expone el Gobierno asturiano, está diseñada para facilitar el derecho a la vivienda.
Los requisitos
El decreto incorpora las medidas relativas a publicidad, normas internas, recepción o estándares de calidad que deben reunir estas viviendas. Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).
Las viviendas turísticas deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado y su localización exacta en cualquier tipo de publicidad o plataforma de comercialización.
Contactos de emergencia
Los alojamientos deberán facilitar información sobre normas internas, accesos, condiciones de uso, contactos de emergencias (policía, 112, bomberos y servicios sanitarios), horarios de entrada y salida y precios.
Además se requiere un servicio de recepción presencial o a distancia de la clientela. Por tanto, no será posible la entrega de llaves a través de cajetines o similares ubicados en la vía pública.
Internet “salvo en zonas sin cobertura”
La normativa establece estándares precisos de calidad y seguridad que deben cumplir estas viviendas, entre los que destacan la instalación de un baño por cada cuatro plazas, límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas, un botiquín, un extintor de seis kilogramos de polvo ABC por planta, conexión a internet o teléfono, salvo en zonas sin cobertura, un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior, así como un sistema de monitorización de ruido.
La normativa establece entre otros requisitos unos límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas, la dotación de un botiquín, un extintor de seis kilogramos de polvo ABC por planta, conexión a internet o teléfono salvo en zonas sin cobertura, un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior, así como un sistema de monitorización de ruido
Los alojamientos tendrán que ofertar servicios de reparación y mantenimiento, limpieza diaria (excepto cocina y menaje) y cambio de lencería cada cuatro días. También se ofrecerá información turística sobre el entorno en el que se ubican.
Los plazos para cumplir estos requisitos se dividen en dos tramos: 12 meses para alcanzar la ratio de baños y las superficies mínimas y seis para el resto.
Los incumplimientos
El texto también detalla los plazos de suspensión que pueden aplicarse en caso de incumplimiento, que van desde un período mínimo de seis meses a un máximo de cuatro años. Entre esos incumplimientos figuran la falta del certificado de la comunidad, la inexistencia de seguro de responsabilidad civil, el incumplimiento de habitabilidad o seguridad o falsedad en la declaración responsable.
La norma también reconoce la función clave de las entidades locales en el ejercicio de sus competencias, de manera particular las urbanísticas, para establecer limitaciones a las viviendas de uso turístico por razones de interés general.
El papel de los ayuntamientos
También se prevé la suscripción de convenios entre la Administración autonómica y las entidades locales para facilitarles asesoramiento y formación técnica e impulsar medidas de simplificación.
En el procedimiento de comprobación del cumplimiento de requisitos posterior a la declaración responsable que deben presentar los promotores, el Principado recabará al ayuntamiento correspondiente un informe sobre aquellos que afecten a su competencia y comprobará la existencia de las cédulas de ocupación en los casos en que sean necesarias. De este modo, la persona titular de la actividad tendrá que aportar la documentación acreditativa del resto de los requisitos.
Aumentan las inspecciones
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo, ha señalado en rueda de prensa, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que la norma ha sido elaborada en “diálogo” con los sectores implicados, supone dar un “salto de calidad” y “pondrá coto” a quienes no cumplan con los requisitos exigidos.
Además, ha destacado el aumento del número de inspecciones realizadas en este tipo de alojamientos, que han pasado de 248 al inicio de la legislatura a 3.070 a finales del pasado año, con 261 sanciones. También se han retirado 115 anuncios ilegales en plataformas digitales de un total de 177, dado que “no atendían a la normativa vigente”.
Retirada de anuncios
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas a distancia la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales, de las que 1.560 corresponden a Asturias, y les ha pedido que retiren sus anuncios.
Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos.
Desde el pasado mes de julio, es obligatorio un código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para poder comercializar en las plataformas los alquileres de corta duración.
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