Jornadas extenuantes y sin contrato: condenan en Asturias a una pareja por explotación laboral a inmigrantes

“Largas jornadas laborales, en ocasiones extenuantes, sin apenas descansos diarios, sin vacaciones, sin hacerles contrato en la mayoría de los casos y sin darles de alta en la Seguridad Social”. De esta manera tan gráfica describía la Fiscalía de Asturias la realidad que se encontraron mujeres inmigrantes cuando empezaron a trabajar para una pareja en una empresa de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes en Gijón, aunque las condiciones eran similares a las que tenían otras compañeras en las sucursales de Valladolid, Salamanca y Santander.

La pareja ha admitido esta dinámica que ha explicado la Fiscalía sobre la explotación laboral que ejerció sobre las víctimas durante el juicio que se ha celebrado a lo largo de esta semana en la Audiencia Provincial de Asturias.

Trata de seres humanos

Su aceptación explícita de los hechos se ha reflejado igualmente en la sentencia que dictará en los próximos días el tribunal de la Sección Tercera. Para el empresario la condena será de ocho años de prisión como autor de un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de grupo criminal y otro de blanqueo de capitales.

Además, tendrá libertad vigilada durante seis años, deberá indemnizar a la Tesorería de la Seguridad Social por las cuotas de cotización impagadas y con 5.000 euros a una testigo protegida de la que tendrá vigente una orden de alejamiento de 200 metros durante ocho años.

Su mujer, la 'número 2' del negocio

Su mujer, que estaba considerada como “su número 2”, ha aceptado una pena de un año y medio de cárcel como autora de un delito de grupo criminal.

Los magistrados han dejado el juicio visto para sentencia para las otras cinco personas con las que han compartido el banquillo de los acusados y que, en su caso no han admitido el relato fiscal, ni sus peticiones de pena que oscilan en una horquilla que va de seis a tres años y medio de prisión y expulsión del país durante cinco años por delitos de pertenencia a grupo criminal o favorecimiento de la inmigración ilegal.

Víctimas muy vulnerables

El empresario era el administrador único de una mercantil dedicada al servicio de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes y ejercía como jefe de un grupo que se dedicaba, a través de cuatro sucursales de la mercantil, a la contratación de mujeres para la prestación de servicios en su negocio.

Las mujeres eran principalmente de origen sudamericano, que se habían ido de su país debido a su situación de precariedad económica, en búsqueda de un futuro mejor.

Sin papeles

La Fiscalía sostiene que el empresario y acusado principal en esta causa conocía, al igual que las responsables de esas sucursales, la precaria situación económica y problemas familiares de estas mujeres, que carecían de documentación y en algunos casos se encontraban en situación irregular en España, con escasas o nulas opciones de acceder al mercado laboral.

Acuciadas por esta situación, las mujeres aceptaron trabajar en la empresa. Sin embargo, una vez que ya las habían convencido les ofrecieron el empleo a cambio de sueldos “por debajo de lo estipulado por convenio colectivo, con largas jornadas laborales, en ocasiones extenuantes, sin apenas descansos diarios, sin vacaciones, sin hacerles contrato en la mayoría de los casos y sin darles de alta en la Seguridad Social”, tal y como ha descrito la Fiscalía y han admitido los dos principales acusados.

Todo bajo control

El empresario ahora condenado era quien tomaba en última instancia las decisiones, daba instrucciones y supervisaba el funcionamiento de todas las sucursales, que se encontraban en Gijón, Valladolid, Salamanca y Santander. Para ello se desplazaba periódicamente a cada una de ellas, principalmente para entrevistarse con potenciales trabajadoras y efectuar los pagos que se realizaban, mayoritariamente, en mano y en efectivo.

El contrato que se firmaba entre el grupo mercantil y los clientes que acudían en búsqueda de empleadas para realizar trabajos como internas recogía como días libres para las trabajadoras los días festivos desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, jueves y viernes de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. En esta primera toma de contacto, la empresa se comprometía a abonar la Seguridad Social de las trabajadoras y a sustituirlas durante las vacaciones e igualmente aseguraban que las trabajadoras tenían derecho a un descanso de dos horas diarias.

Los acusados conminaban a las víctimas a trabajar aunque estuvieran enfermas, procediendo en caso contrario a reducirles el sueldo en la parte proporcional no trabajada. Además, no las dejaban acudir solas al médico

Condiciones leoninas

Todo quedó en papel mojado y la realidad que se encontraron las trabajadoras fue bien distinto, como ha asegurado la Fiscalía: “En realidad, las trabajadoras eran presionadas para trabajar los días festivos por 50 euros al día, que en algunos casos eran reducidos a 40, bajo el apercibimiento de quitárselos de su sueldo en el caso de no acceder a desempeñar esta labor. Igualmente se conminaba a las víctimas a trabajar aunque estuvieran enfermas, procediendo –en caso contrario- a reducirles el sueldo en la parte proporcional no trabajada. Además, no las dejaban acudir solas al médico”.

Pese a estas condiciones leoninas, las trabajadoras aceptaban debido a su precaria situación económica, sus situaciones personales y familiares y el incentivo que les había prometido el empresario de regularizar su situación administrativa en el país “si eran buenas trabajadoras y permanecían en la empresa por un período determinado que solía ser de, al menos, dos años”, afirma la Fiscalía.

Las coacusadas

En el segundo puesto dentro del grupo se encontraba la pareja sentimental del empresario, quien estaba al frente de la sucursal de Valladolid. Ella colaboraba con él en la llevanza de la empresa, controlaba cuentas bancarias, de las que poseía las claves, manejaba el patrimonio de la misma y daba instrucciones a las empleadas de esa sucursal y a las de las sucursales de Salamanca, Gijón y Santander. Posteriormente le trasladaba la información de todas las sucursales y éste, a su vez, le daba las instrucciones que procedían.

La Fiscalía ha dirigido la acusación contra otras cinco personas que trabajaban en las sucursales. La trabajadora que estaba en Valladolid era apoderada del grupo empresarial desde el 24 de octubre de 2022 y persona de confianza del jefe, controlando varias cuentas bancarias del grupo, bien ostentando la titularidad como ocurre en una de ellas, bien como autorizada y encargándose del movimiento de ingentes cantidades de dinero.

Recepcionistas y jefas de personal

En la sucursal de Gijón estaba como encargada otra de las acusadas, quien según la Fiscalía mantenía igualmente una relación sentimental con el empresario. En su caso, ella realizaba labores de recepcionista, jefa de personal y con participación activa en la contratación de trabajadoras en situación irregular por el grupo empresarial, siguiendo sus pautas y directrices.

En la sucursal de Santander estaba como encargada una acusada que realizaba labores de recepcionista, jefa de personal y con participación activa en la contratación de trabajadoras en situación irregular, dando oportuna cuenta de todo al empresario y siguiendo también sus directrices.

El análisis patrimonial

Del análisis patrimonial del grupo empresarial y los investigados, en el período que abarca del 1 de septiembre de 2022 al 13 de junio de 2023, los ingresos, entre efectivo y trasferencias bancarias ascendieron a 776.048,82 euros y los reintegros en efectivo ascendieron a 503.520 euros.

La Fiscalía mantiene en su escrito de calificación que únicamente consta que este empresario solo presentó la declaración del IRPF en el ejercicio de 2022.

Dos hermanas implicadas

Las otras dos acusadas son hermanas y formaban igualmente parte del grupo. Ambas estaban encargadas de traer desde Honduras a una mujer, que es testigo protegido en la causa, para el cuidado de dos personas de edad avanzada y la realización de tareas domésticas con unas condiciones laborales precarias y sin alta en la Seguridad Social. La mujer padece problemas de salud por estos hechos, que le causaron gran angustia y temor, por los que se encuentra en tratamiento.

En la causa también figura otra mujer que estaba en la sucursal de Salamanca y contra la que en la actualidad la Fiscalía no dirige la acusación porque se encuentra en paradero desconocido.