En 2021 echó a andar el Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocido popularmente como la Tasa Tobin, aunque en realidad tiene diferencias frente a la propuesta de aquel economista. La medida, que grava las operaciones bursátiles, fue una de las primeras iniciativas fiscales de este Gobierno desde que Mariano Rajoy dejara la Moncloa. Sin embargo, 2022, su segundo año en marcha, ha tenido unos resultados lejanos a lo que se esperaba para este tributo.

El ITF, como se le conoce también por sus siglas, terminó el pasado año con 195 millones de euros de ingresos, según los registros presentados por la Agencia Tributaria esta semana sobre el acumulado de recaudación de 2022. Esta cifra queda muy lejos de los 372 millones de euros que se esperaban de esta figura fiscal para este ejercicio, tal y como reflejaban los Presupuestos Generales del Estado para el año pasado. También es una caída muy importante frente a 2021, su primer año en marcha, cuando se recaudaron 295 millones de euros.

El impuesto grava con el 0,2% las operaciones de compraventa de acciones en Bolsa de las compañías que tienen una valoración de más de 1.000 millones de euros. En un origen, se trataba de gravar la especulación en los mercados financieros, si bien se acabó dejando fuera del impuesto las operaciones que se realizan en el mismo día, las conocidas como intradía.

El Ministerio de Hacienda explica que el desfase entre la cantidad presupuestada y los recursos que finalmente se han obtenido obedece a que se produjo durante el año pasado un menor volumen de transacciones en Bolsa. El pasado año fue complicado para los mercados financieros y la mayor parte cerraron con caídas. Una muestra de ello fue el desplome que tuvieron los fondos de inversión, con unas pérdidas históricas pese a que no dejó de entrar dinero de clientes.

El impuesto se vio por tanto arrastrado por la menor actividad de la Bolsa española. Según los datos que registra BME, la empresa que gestiona el parqué español, se realizaron casi 39 millones de operaciones que movilizaron 97.500 millones de acciones por un valor de 362.122 millones de euros. Estas tres cifras fueron sensiblemente inferiores a las del año anterior, el primero en el que entró en vigor el impuesto sobre transacciones financieras. En concreto, las operaciones cayeron un 13%; el número de acciones movilizadas, un 7%; y el importe total, un 4%.

Aunque no es el único, España ha sido de los primeros países en implantar un gravamen de este tipo. Tras la crisis de 2008 fue una figura muy debatida y en Europa se planteó seriamente su aplicación. Finalmente solo algunos países de manera individualizada han apostado por sacarla adelante sin esperar a que hubiera un consenso a nivel europeo para que se aplicara en todo el mercado común.

La figura fue ampliamente anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Sin embargo, la caída de la legislatura y la necesidad de una repetición electoral hasta el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos retrasó la tramitación definitiva de la norma, que no se produjo hasta octubre de 2020. Por tanto, solo se ha aplicado durante dos ejercicio y con unos resultados inferiores a los que inicialmente se apuntaron.

Cuando se presentó por parte del Ministerio de Hacienda se planteó que el impuesto sobre transacciones financieras recaudaría 850 millones de euros. Es decir, casi cinco veces lo que recaudó durante el pasado año. El Ejecutivo ya aclaró que aquella barrera quedó descartada tras la tramitación parlamentaria, en la que se incluyeron distintas enmiendas de los socios para poder sacar adelante la norma. Estos cambios limitaron la capacidad recaudatoria de este nuevo impuesto.

La medida fue muy criticada por el sector financiero, aludiendo a un posible impacto negativo en la negociación del mercado bursátil en España. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, ha publicado recientemente un informe en el que aseguraba que este impuesto tuvo un “efecto negativo limitado”.

“Los efectos negativos del impuesto sobre la contratación de acciones españolas han sido limitados en términos absolutos y con un alcance temporal relativamente corto”, defendía el estudio técnico realizado por el supervisor comparando el periodo inmediatamente anterior a su aprobación y el posterior.

La CNMV concedió que había tenido un cierto impacto sobre los incentivos para la inversión a largo plazo, ya que había dejado fuera las operaciones intradía, pero apuntó en todo caso a que sus efectos sobre la liquidez o los precios de las operaciones fue “limitado”. De este modo, el supervisor descartaba muchas de las críticas que se hicieron a este impuesto desde su proposición por parte del Gobierno, que ya trató de incluirlo en los Presupuestos Generales de 2019, que decayeron ante la falta de acuerdo.

Para este año, las estimaciones del Gobierno han sido más cautas que para el pasado ejercicio. Según figura en los Presupuestos Generales del Estado de este curso, Hacienda aspira a recaudar 335 millones de euros. Los dos primeros meses del año todavía dan pocas pistas sobre el resultado final de la recaudación de este impuesto, pero por el momento apuntan a una subida del 11% respecto al mismo periodo del pasado año.

La tasa Google sí cumple con el presupuesto

De la mano de la tasa Tobin llegó la tasa Google. Ambas recibieron estos apelativos pero en realidad no son tasas, ni esos son sus nombres reales. En el caso de esta segunda afectaba a “determinados servicios digitales”. Es un gravamen que se creó para que tributaran los ingresos en España de las grandes compañías de internet y se presentó por el Gobierno como una manera de luchar contra el “privilegio” que tenían respecto a compañías que sí estaban afincadas en España.

Al contrario de su impuesto 'hermano', la tasa Google sí ha logrado superar con creces las previsiones que tenía el Gobierno para este año. Esta figura fiscal tenía que recaudar, según los Presupuestos Generales del Estado, 225 millones de euros y finalmente ha ingresado en 2022 casi 280 millones de euros, lo que supone un 23% más de lo esperado. Si bien, como le ocurriera a la tasa Tobin, esta figura quedó desdibujada durante su tramitación y lejos de los 1.200 millones que se llegaron a plantear inicialmente.

Este impuesto tiene previsto recaudar 285 millones de euros este año, según los Presupuestos Generales del Estado. Además, podría ser una figura fiscal con una corta vida. El Gobierno abrió la puerta en 2021 a retirarla en el momento en el que entrase en vigor el tipo mínimo global de Sociedades del 15%. Este acuerdo internacional tiene un objetivo similar al de esta figura que se aplica en España, por lo que no convivirían.

En total, la suma de ambos impuestos, que entraron en vigor en 2021, tenían que sumar 597 millones para las arcas del Estado para el pasado ejercicio. Sin embargo, la desviación del ITF hizo que ese objetivo no se alcanzara, incluso pese a que el otro tributo superó con creces sus expectativas. Fueron 473 millones de ingresos para el Estado. Fue, en cualquier caso, un avance frente a su primer ejercicio en funcionamiento, cuando quedaron en 462 millones. Para este año están presupuestados 620 millones de euros de recaudación de ambos impuestos.

La Agencia Tributaria ha cifrado en 56 el número de empresas cotizadas españolas cuyas acciones, a fecha de 16 de diciembre de 2020, presentaban un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros y a cuya compra de títulos se le aplicará el nuevo impuesto sobre transacciones financieras, conocido como 'tasa Tobin'.

Así se desprende de la lista de sociedades españolas cuyas acciones presentaban un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros a fecha del pasado 16 de diciembre, publicada por la Agencia Tributaria, ya que hasta la entrada en vigor de la ley de la 'tasa Tobin' se estableció que se tomaría como referencia las compañías cuya capitalización presentase un mes antes un valor de mercado superior a esa cifra.

A esa fecha, un total de 56 sociedades españolas tenían acciones con un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, estando a la cabeza Inditex (82.778 millones), Iberdrola (71.501 millones) y Banco Santander (46.455 millones), junto a BBVA (27.044 millones), Amadeus (26.579 millones), Cellnex (24.578 millones) y Endesa (23.832 millones).

Les siguen Aena, Siemens Gamesa, Naturgy, Telefónica, Ferrovial, la filial española de EDP Renovaveis, Grifols, CaixaBank, Repsol, Red Eléctrica, IAG, ACS, Acciona, Enagás, Mapfre, Bankia, Colonial, Bankinter, Fluidra, Merlin Properties, FCC, Grupo Catalana Occidente, Ebro Foods, Viscofan, Zardoya Otis, Vidrala, Solaria Energía y Medio Ambiente, CIE Automotive o Acerinox.

También gravará la tasa 'Tobin' a la compra de acciones de Corporación Financiera Alba, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Logista, Gestamp Automoción, Banco Sabadell, Almirall, Euskaltel, NH Hotel Group, PharmaMar, Prosegur, Mediaset, Amrest Holdings, Prosegur Cash, CAF, Meliá Hotels International, Sacyr, Applus Services, Indra, Unicaja y Faes Farma.

La liquidación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, que entra en vigor el 18 de enero, comenzará el próximo 22 de febrero y se llevará a cabo de manera mensual en torno al día 20 de cada mes, según el calendario del contribuyente de 2021 publicado por la Agencia Tributaria y recogido por Europa Press.

De esta forma, el día 22 de febrero se liquidará el impuesto correspondiente a enero y así sucesivamente todos los meses del año hasta finalizar el ejercicio, dado que su liquidación será mensual.

El Gobierno prevé recaudar con la 'tasa Tobin' 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

La Comisión de Hacienda del Congreso ha validado este jueves los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ('tasa Google') y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras ('tasa Tobin'), que se envían ahora al Senado para seguir con su tramitación parlamentaria, con algunos cambios, contemplando autoliquidaciones mensuales y su entrada en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE, de forma que previsiblemente verán la luz en enero de 2021.

En concreto, la Comisión de Hacienda ha ratificado las ponencias y ha aprobado con competencia legislativa plena los proyectos de ley de los dos nuevos impuestos, por lo que los textos no tendrán que ser ratificados en una sesión plenaria y pasarán directamente al Senado para continuar con su tramitación.

La denominada 'tasa Google' ha recibido 19 votos a favor, 14 votos en contra y 3 abstenciones, y se ha incluido en ella una enmienda transaccional, mientras que la 'tasa Tobin' ha obtenido un respaldo mayor, con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención, con dos enmiendas transaccionales introducidas.

Se trata de las dos primeras modificaciones fiscales contempladas en el plan fiscal del Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, y para las que el Gobierno pidió formalmente a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, habilitar las “sesiones necesarias” este verano con el fin de aprobarlos.

Finalmente los textos de los proyectos de ley contemplan la entrada en vigor de los mismos a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que previsiblemente los nuevos impuestos no verán la luz hasta enero de 2021.

Fuentes socialistas han señalado a Europa Press que se espera que la tramitación se aborde en el Senado en el mes de septiembre y que no salgan adelante las enmiendas, con lo cual no volverían los proyectos legislativos al Congreso.

La intención del Gobierno es que los nuevos impuestos entren en vigor el próximo 1 de enero y la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto.

Con la 'tasa Tobin' el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Los derivados se quedan fuera

Desde el PSOE destacan que no se incluye en el hecho imponible los derivados, porque hay derivados que incluyen deuda pública, y que España va a ser “avanzadilla” en Europa, dado que el Proceso de cooperación Reforzada lleva en marcha en la UE desde el 2013 y sigue sin implantarse.

Por su parte, la 'Tasa Google' gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros, posteriormente (antes de la pandemia) la rebajó a 968 millones. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la norma tendrá “carácter transitorio” hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o europeo y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.

El nuevo paso para este impuesto se ha producido a pesar de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales.

Enmiendas aprobadas

En cuanto a los cambios introducidos, se ha incluido una transaccional pactada entre PNV y PSOE para dar cumplimiento al Concierto del Convenio económico con el País Vasco y Navarra, de forma que se reúna la comisión mixta del mismo en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de ambos impuestos para concretar la capacidad normativa. Esta petición de convocar la Comisión del Convenio Económico Vasco y Navarro se ha realizado para vía enmiendas transaccionales en ambos gravámenes.

Otro cambio sobre enmiendas de PP, Vox y Cs también en la 'tasa Tobin' se refiere a la documentación a aportar en la declaración, eliminando la declaración anual para evitar que no figuren las exentas. Por lo tanto, se realizarán autoliquidaciones mensuales. Se eleva por garantía judicial y jurídica a rango de reglamento el desarrollo de autoliquidaciones, frente a una orden ministerial como estaba previsto inicialmente.

Exclusión de compras de autocartera

En la ponencia se incluyó una enmienda conjunta del PSOE y Unidas Podemos para dejar fuera del impuesto financiero a las operaciones de autocartera. La iniciativa financiera ya recogía entre sus exenciones las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo, y en el texto de la enmienda introducida el PSOE y Unidas Podemos ahora eximen directamente del impuesto a todas las adquisiciones de acciones propias o de acciones de la sociedad dominante efectuadas por cualquier entidad que forme parte del grupo que se realicen dentro de un programa de recompra que tenga como único propósito aquellos especificados en el reglamento europeo sobre abuso de mercado.

Además de esta enmienda, ambas formaciones han incluido otra propuesta con el fin de aclarar el sujeto pasivo de este impuesto cuando la compra de acciones no la realice una empresa de servicios de inversión o entidad financiera.

Se especifica que cuando intervengan uno o más intermediarios financieros por cuenta del comprador, el sujeto pasivo será el intermediario que reciba la orden directamente por parte de este comprador, una condición ya recogida para circunstancias similares en los centros de negociación.

La “tasa Tobin”, es decir, el proyecto de ley de Impuesto sobre transacciones financieras, ha pasado este jueves su primer trámite parlamentario con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de PP, Ciudadanos y Vox. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su defensa del proyecto ha calificado de “modesta” esta reforma tributaria que sin embargo tratará de “reducir las distorsiones en la competencia, desalentar prácticas especulativas y arriesgadas y prevenir futuras crisis”. Se trata de un gravámen de un 0,2% en las operaciones de compra de acciones españolas de  empresas cotizadas con capitalización bursátil de más de 1.000 millones, ejecutadas por operadores del sector financiero.

El Gobierno espera recaudar 850 millones de euros anuales, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) habla de una horquilla entre los 420 y 850 millones.

Los tres grupos que han pedido la devolución del proyecto han utilizado argumentos muy similares a los utilizados la semana pasada con la llamada “tasa Google”, que también acaba de comenzar su andadura en el Congreso, y que se resumen en que provocará deslocalizaciones de empresas, que el coste acabará repercutiendo sobre los consumidores o pequeños ahorradores y que España debería esperar a que se adoptara este tipo de impuestos a nivel internacional o al menos europeo. 

La ministra de Hacienda ha considerado que “la derecha y la extrema derecha está enmendado el sistema tributario”, lo que ha tachado de “peligroso e irresponsable”. En su opinión, la derecha parece ser coherente con que el Estado tenga un “papel asistencial” y que lo privado sustituya a lo público en la prestación de servicios.

Montero ha destacado que este impuesto a las transacciones financieras tiene el doble objetivo de ser recaudatorio (lo que tiene mayor relevancia en un momento de crisis económica como el actual, ha destacado), pero también de disuadir turbulencias y operaciones especulativas en los mercados financieros. A su juicio, España no puede esperar a que el resto de los países europeos se pongan de acuerdo para implantar el tributo, ya que hay algunos que por sus modelos de negocio (como Irlanda y Holanda) es improbable lo acepten a corto plazo. Se ha mostrado más partidaria de seguir el ejemplo de los países europeos que ya han aprobado este tipo de gravámen, como Francia, Bélgica, Chipre, Finlandia, Italia, Polonia o Reino Unido. “No es un invento ni una excentricidad”, ha recalcado.

En todo caso, al igual que el proyecto de ley de determinados servicios digitales, el proyecto para transacciones financieras se adaptará a cualquier acuerdo europeo que se pueda conseguir, algo que según Montero no parece previsible a corto plazo. 

Por otro lado, se ha referido a la posibilidad de que acabe repercutiendo en los consumidores, algo que a su juicio impediría cualquier iniciativa tributaria que afectara a las empresas. Sobre el perfil de los eventuales afectados, ha recalcado que el porcentaje de hogares con activos bursátiles es de un 10%, que además se corresponden con los tramos superiores de renta y riqueza. “No creo que muchas familias estén excesivamente preocupadas por el impacto de las inversiones en bolsa en su vida cotidiana”, ha dicho. Montero ha defendido la necesidad de adaptar la fiscalidad a las nuevas realidades económicas, también para evitar la competencia desleal con negocios tradicionales.

“Falta de ambición”

Varios diputados, como los portavoces de ERC, Bildu y Compromís, han tachado de poco ambicioso el proyecto que ha aprobado el Gobierno de coalición. Además de considerar que la recaudación se acercará más a los 450 millones que prevé la AIReF en su banda más baja, han recordado que los productos derivados no estarán gravados, con lo que algunas de las operaciones más especulativas quedarán fuera.

Con el nuevo impuesto, que toma su nombre del premio nobel de Economía James Tobin, no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto. Quedan fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.

En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual.

Oxfam Intermón considera que la aprobación de un impuesto para gravar determinadas operaciones financieras, conocido como 'tasa Tobin', es una buena noticia, si bien se muestran críticos con diversos aspectos del proyecto de ley y confían en que al menos parcialmente puedan ser subsanados durante la tramitación parlamentaria.

El Impuesto a las Transacciones Financieras (que se aprobó este martes junto a la 'tasa Google') grava al intermediario financiero que ejecuta la orden de adquisición de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. Pero según la responsable de Relaciones Institucionales de esta organización no gubernamental, Lara Contreras, debería ampliar su radio de acción y definir un destino final concreto de los ingresos que con ella se obtengan.

Ellos proponen la llamada 'tasa robin hood', “sacar dinero de los ricos para dárselo a los pobres”, ha explicado este miércoles en un encuentro con los medios. Los motivos para la crítica son que solo gravará las acciones a empresas con beneficios por encima de 1.000 millones, y ellos creen que debería alcanzar a acciones, bonos y derivados, que utilizara cualquier persona para especular. 

“Con la actual propuesta pretenden obtener 850 millones, con nuestra propuesta calculamos que se podrían recaudar 5.000 millones al año”, asegura. Además, el proyecto de ley sobre la mesa no habla de cómo se va a gastar el dinero, no es de carácter finalista. Lo que Oxfam Intermón pide es que los ingresos se inviertan en lucha contra pobreza, desigualdad y cambio climático. En concreto, destinarían un 50% de inversión en ayuda al desarrollo y otro 50% en políticas sociales en España.

CCOO y UGT también la ven insuficiente

Por su parte, secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado este miércoles que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasa Tobin y tasa Google, no tendrán un efecto recaudatorio “demasiado grande”, informa Efe.

Momentos antes de participar en Gijón en una asamblea de delegados, Sordo se ha referido a estos dos impuestos con los que el Gobierno prevé recaudar 1.818 millones.

Sordo ha apuntado que la aplicación de la tasa de servicios digitales se demorará a finales de año, mientras que la tasa Tobin solo va a afectar a una pequeña parte de las transacciones financieras que hay en España y no va a resolver “ni remotamente” los problemas del país.

También para UGT “es evidente es que la implantación de estas figuras no resuelve en absoluto los problemas de recaudación insuficiente que tiene nuestro sector público”. Recuerdan que España ingresa 6,3 puntos de PIB menos que la media de la eurozona, lo que supone un déficit anual de unos 75.000 millones de euros.

“Por ello, es evidente que los dos nuevos impuestos tienen un papel menor en esta tarea que supone fortalecer el edificio tributario de nuestro país. Y, aunque se trata de figuras que mejoran la progresividad del sistema (que paguen proporcionalmente más los que más tienen), también su incidencia en este ámbito es reducida”, concluyen.

Pedro Sánchez metió desde el primer día prisa a sus ministros para poner en marcha las políticas sociales con las que pretende dejar claro el sesgo de izquierdas de la coalición. Las primeras iniciativas tras la toma de posesión –subida del sueldo de los funcionarios o la revalorización de las pensiones– estaban ya previstas, pero suponen un incremento del gasto, como gran parte de las promesas que figuran en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno ya anticipó que tendría que poner en marcha fórmulas para aumentar los ingresos a través, fundamentalmente, de la creación de nuevos impuestos. 

Más allá de las mejoras de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos, las iniciativas que ha planteado el Ejecutivo hasta el momento no conllevan incremento del gasto, como el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la derogación del despido por bajas médicas. El grueso del paquete social, como el ingreso mínimo vital o la subida del Iprem (Indicador Público de Rentas Estatales Múltiples), requiere de la aprobación de los Presupuestos y de que las arcas públicas se puedan permitir su financiación. 

Las previsiones de crecimiento económico del Gobierno se rebajaron en dos décimas la pasada semana –un 1,6% frente al 1,8% calculado a finales 2019, la misma cifra que estima la Unión Europea– y de momento la recaudación a través de las nuevas figuras impositivas llegará a las cotas que se esperaba. La 'tasa Google' con la que se gravan algunos servicios digitales no se pondrá en marcha hasta finales de año y la 'tasa Tobin' –que aplica a las transacciones financieras pero que deja fuera los productos derivados que son los más especulativos– se han aprobado en este Consejo de Ministros. Sin embargo, este año solo se recaudará la parte correspondiente al último semestre del año del gravamen financiero (alrededor de 450 millones). 

Además, algunas de las subidas de impuestos recogidas en el acuerdo, como el incremento del pago de IRPF para las rentas superiores a los 130.000 euros o la modificación del tipo de sociedades, aunque logren su aprobación en 2020, no tendrán margen para recaudar. 

Esta dificultad para cuadrar las cuentas forzará al Ejecutivo a buscar nuevos recursos si quiere poner en marcha su programa progresista de Gobierno y, a la vez, convencer a Bruselas de que los números son creíbles y que pueden no desviarse excesivamente de las recomendaciones que se hará España desde la Comisión Europea.

El Ejecutivo ha comenzado los deberes con la aprobación de las tasas Google y Tobin de cara a los Presupuestos Generales del Estado que Sánchez pretende aprobar antes de que finalice en verano. Por ahora ya ha superado el paso previo, que es la senda de déficit y que se debatirá en el Congreso la próxima semana y la siguiente, en el Senado.

A la espera del apoyo de ERC

El Gobierno ya ha dejado claro que no llevará las cuentas al Congreso hasta que tenga amarrados los apoyos. El hueso que tiene que roer es el de ERC, que supedita su respaldo a cómo funcione la mesa de diálogo que pactaron socialistas y republicanos para la investidura y para la que aún no hay fecha concreta. 

A pesar de que la pretensión del Gobierno es que la primera reunión, que encabezarán Sánchez y Quim Torra, se celebre antes de que termine febrero, la puesta en marcha es por el momento una incógnita. El principal escollo lo tienen por ahora los socios del Govern porque JxCat quiere que haya un mediador mientras que ERC asume la posición de los socialistas, que lo rechazan, y apuesta por dejar fuera esa figura para quitar presión de la mesa. 

Fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que “habrá acuerdo” para que eche a andar la negociación y atribuyen el tira y afloja dentro de la Generalitat a los “intereses electorales” que puedan tener los partidos que forman el Govern ante la amenaza real de un adelanto de los comicios en Catalunya.

“Le diré que no siempre los gobiernos pueden hacer, en determinadas circunstancias, todo aquello que desde fuera parece que se puede hacer”. Era el histórico 12 de Mayo de 2010, con un hemiciclo casi desierto ya, cuando José Luis Rodríguez Zapatero contestaba así a los partidos minoritarios. La troika –Comisión Europea, BCE y FMI- y hasta Obama le habían conminado a hacer recortes en la Era de la austeridad. El panorama no ha cambiado… a mejor.

El gobierno progresista español ha aprobado este martes las llamadas Tasa Google y Tasa Tobin –impuestos a determinados servicios digitales y a algunas transacciones financieras- aunque no entrarán en vigor hasta final de año. Se trata de buscar fondos que no pasen por la tijera a la sociedad del bienestar como se ha venido haciendo. Y a los Estados Unidos de Trump no le gusta, como tantas otras medidas no gustaron a sus antecesores y movieron en embajadas, según supimos hasta por WikiLeaks. Ni a EEUU ni a los países que detentan más poder, ni a aquellos para quienes gobiernan, ni a la derecha española sin ir más lejos, que también tiene muy claras sus prioridades. Puestos, ni a la derecha de los demócratas estadounidenses que andan mirando cómo desactivan a Bernie Sanders por ser demasiado progresista.

El problema se ha incrementado. Donald Trump no es un presidente republicano al uso, parece más bien el Director Gerente de EEUU S.A., incluso de Trump S.A. Su director de ventas y gestiones, también conocido como Secretario de Estado, Mike Pompeo, anda advirtiendo a los países europeos que utilizan telecomunicaciones Huawei que eso “podría dañar sus relaciones con Estados Unidos”, según CNN. Insistió más bien. En diciembre había hecho la misma “advertencia” en Portugal. Las relaciones dañadas con EEUU suelen implicar sanciones y aranceles. Y la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China nos está haciendo asistir a nuevos e inquietantes capítulos.

Trump S.A. no se para ahí. También pone en el punto de mira a las misiones médicas cubanas que operan en más de 60 países, y no precisamente los más favorecidos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, desde los años 60 han sido enviados a más de 160 países no menos de 600.000 cubanos como médicos, enfermeros y técnicos sanitarios. Una veintena de misiones trabajan en países que no pagan nada a cambio, pero el resto de naciones entrega un dinero al Gobierno cubano a cambio de los servicios médicos,informa eldiario.es. Lo que prima para Trump S.A. es presionar al gobierno cubano. La salud ajena le importa poco. Ni de sus propios ciudadanos, ni de aquellos que castiga con la terrible arma de las minas antipersonas que ha vuelto a autorizar.

No es la habitual dicotomía ideológica, es el dominio económico… si alguna vez fue otra cosa, bien es verdad. Ése que con fuerte tintes de fanatismos varios –religioso y de lucha contra el conocimiento- ya se encuentra el Brasil de Bolsonaro con medidas que alcanzan la categoría de espeluznantes para la razón. No anda lejos la Bolivia hoy golpista. El Salvador nos sorprendió con un presidente que lleva al ejército al Congreso porque le rechazaban que pidiera un crédito y que entretanto reza en trance en la tribuna. Falta la Venezuela que quieren para Guaidó.

¿En serio alguien es capaz de creer que la Venezuela de Nicolás Maduro supone algún peligro para nadie y menos aún para España? Pues así ocurre y más desde que el PP descubrió que Venezuela “da cohesión” al partido. Y en ello insisten, reprobando al ministro Ábalos, poniendo demandas junto a Cs y Vox. Si la mayoría de los adeptos a ese descomunal globo lo pensaran dos veces se avergonzarían de su falta de juicio. ¿Por qué y para qué iba a ser modelo Venezuela de España siendo dos países tan diferentes en sus estructuras?

Más aún, cualquiera de los mandatarios de los países citados, desde Trump a Bolsonaro, merecería las prohibiciones que implantó la UE a los dirigentes venezolanos, tanto o más. Añadan el México de los feminicidios, con 10 mujeres asesinadas por día; ahora ya hasta niñas, y la mayoría previa tortura. Y la prueba del algodón de la hipocresía internacional se centra en el país con un príncipe acosado por intensas sospechas de descuartizar periodistas críticos con el que se fotografian altos mandatarios sin oír ni una queja de la oposición ni prácticamente de nadie. Produce vergüenza ajena.

Recapitulemos, las Tasas Google y Tobin no gustan ni a EEUU ni a los países que detentan más poder. Presiones también por la guerra tecnológica. Vivimos tiempos de intereses indisimulados. Económicos y de poder. Abrumadoramente controlados y espiados los ciudadanos, como cobayas involuntarios. En el paraíso fiscal de Suiza acaban de descubrir que “en ese casino se juega” desde hace décadas. Desde antes de los Huawei, los Samsumg y todos los demás. La aterradora variable es quienes están gestionando este nuevo escenario. Dirigentes sin escrúpulos, con escaso o nulo respeto por los Derechos Humanos y lo más temible si cabe: sin demasiadas luces. Apoyados a menudo por el voto de ciudadanos con unas tragaderas intelectuales de niveles infrahumanos.

Y manejados por personajes mucho más inteligentes que sus jefes. No se pierden el nuevo Reino Unido, ya influencia externa, pero influencia al fin. Como en los viejos reinos el presidente Boris Johnson tiene una mano derecha, con los mismos pocos escrúpulos, en Dominic Cummings. Uno de los grandes artífices del Brexit. El que definió la técnica empleada como un hackeo del sistema político, según mostraba el documental “Brexit: La guerra incivil”, producido para la Plataforma de televisión HBO. “Muestra una capacidad alarmante para enfocarse en un objetivo con la exclusión de notar o preocuparse por cualquier daño colateral. Las emociones figuran principalmente como formas de distracción irracional”, cuentan en este extenso e interesantísimo análisis de The Guardian. Ya han obligado a dimitir a un asesor que se pasó de la raya: cuestiona la inteligencia de los negros, dice que el deporte femenino parece paralímpico y defiende la eugenesia para seleccionar bebés inteligentes. Numerosas críticas sitúan al temible Cummings como presidente en la sombra, dado el carácter de Johnson. Otro Bannon como en Trump, aquí cerca. ¿Qué puede salir mal? ¿Seguro que el peligro es Venezuela?

Como en España, otros países viven la distracción de las zanahorias desinformativas que gusten poner en servicio. Venezuela, aquí, y los políticos como Casado dando lecciones desde posiciones que hacen lo contrario de lo que predican. Arrimadas permanentemente impulsada por los medios en el mismo discurso. La supina torpeza de Martínez Almeida borrando el poema “Para la libertad” de Miguel Hernández del Memorial de la Almudena. Y los otros, socios y cómplices, infiltrados como un virus ultra por la actualidad. Y la derecha del PSOE alineada con esa deriva, como los demócratas norteamericanos de su cuerda. Y las dimensionadas disidencias en el antiguo núcleo de Podemos. Y los medios con sus objetivos más políticos que informativos en muchos casos, más económicos por ser precisos.

Y en este clima gobernar. Y para los ciudadanos. Con algunas cesiones que asustan. Ya lo dijo Zapatero: no siempre se puede hacer “todo aquello que desde fuera parece que se puede hacer”. Hemos perdido unos años preciosos por inacción y grandes distracciones. La situación es peor. No, en España, si el gobierno puede echar andar de una forma efectiva con presupuestos aprobados, vendrá al menos una estabilidad y unas acciones que pueden callar mucha propaganda. Se ven primeros pasos firmes con la subida del SMI y las pensiones o al anular, por ejemplo, el despido por bajas médicas que implantó el PP.

El problema es ese mar de fondo que ha vuelto a crecer en degeneración. Los ciudadanos han de ser más responsables que nunca: un mundo dirigido por personas con escasa inteligencia y todavía menos escrúpulos es peligroso para todos. Venga esa amenaza de fuera o de adentro. La única cohesión admisible para el bien común es la razón, y mucho mejor acompañada de decencia. Indispensablemente, diría.

¿Son tasas o son impuestos?

El Gobierno ha aprobado este martes sus primeros tributos: las popularmente conocidas como 'tasa Google' y 'tasa Tobin'. Pese a estos nombres, no se trata de tasas (que se cobran como contraprestación directa y determinada de un servicio que recibe el ciudadano, por ejemplo la recogida de basuras) sino de impuestos (donde no hay una contraprestación específica por el pago). Probablemente el hecho de que en inglés “impuesto” sea “tax” contribuya también a este uso. Calculan que con ellos se recaudarán 1.818 millones anuales, tras rebajar las expectativas del primero un 19%, hasta 968 millones. 

El asunto de la nomenclatura no es baladí, y mientras el Ejecutivo usa sin problema el término 'tasa Tobin' (en referencia a la tradicional reivindicación de la izquierda sobre la propuesta del economista estadounidense James Tobin de un impuesto a las transacciones financieras), no ocurre lo mismo con la 'tasa Google', en el contexto de las amenazas estadounidenses por perjudicar supuestamente a sus empresas. La 'tasa Google' inicialmente se refirió al canon de la Asociación de Editores de Diarios Españoles por el uso de sus noticias, por la que cerró Google News España, en 2014, aunque después se empezó a usar para este nuevo impuesto.

Según el Gobierno, no deberían repercutir en el consumidor final.

¿Por qué se aprueban estos impuestos?

Con estas medidas España se alinea con otros países europeos que ya tienen figuras similares y sigue la tendencia trazada por la Comisión Europea y que también defienden otros organismos internacionales. Lo que pretenden es adecuar el sistema fiscal a las nuevas áreas de negocio digital y también a una realidad transfronteriza que implica la globalización y que no están bien reflejadas en el marco tributario actual. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado tras el consejo de ministros que España “no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado”. 

¿A quién se dirigen?

El Impuesto a las Transacciones Financieras grava al intermediario financiero que ejecuta la orden de adquisición de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales afectará a empresas con una facturación superior a 750 millones de euros a nivel mundial y tres millones de ingresos en España, “unos umbrales objetivos que evitan un impacto en las pymes”, destaca el Ejecutivo.

La titular de Hacienda ha resaltado que esta transformación del sistema fiscal se realizará sin subir los impuestos a la clase media y trabajadora, ni a los autónomos ni a las pymes. Respecto al tributo que afecta al sector financiero, recuerdan que fue receptor de importantes ayudas públicas durante la crisis. El Gobierno considera justo que ahora contribuya un poco más al mantenimiento del Estado de bienestar. Grava unas operaciones que no se encuentran sujetas en estos momentos a impuesto alguno, aunque no va a incluir las operaciones con derivados, al menos de momento. 

¿Cómo funcionará el impuesto a las operaciones financieras?

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes. Además, el impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa.

El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de este gravamen es de 850 millones de euros anuales.

¿Cómo funcionará el impuesto a los servicios digitales?

Actualmente, hay operaciones propias de la economía digital que no están gravadas, lo que supone también un agravio para los negocios tradicionales. El proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales tiene su origen en la propuesta de directiva comunitaria de marzo de 2018 para gravar esos servicios digitales. España apuesta por lograr un consenso a nivel internacional en esta figura y trabaja en el marco de la OCDE y el G20 para lograr ese acuerdo. Sin embargo, el Gobierno considera que, sin dejar de buscar ese consenso global, hay que avanzar a nivel nacional en esta figura con el compromiso de que, una vez alcanzado un acuerdo internacional, España adaptará su legislación a ese tributo consensuado.

El Gobierno recuerda que varios países del entorno europeo comparten esta postura de España y ya han dado pasos para implantar un impuesto digital propio e incluso, en algunos casos como Francia o Italia, ya ha sido aprobado. También Reino Unido ha presentado un gravamen y Austria o Alemania tienen impuestos que gravan algún servicio digital.

El objetivo del impuesto, de carácter indirecto, es gravar servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.

El tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. 

¿Habrá represalias de Trump?

Cuando Francia anunció la puesta en marcha de la primera de la llamada 'tasa Google', que puede afectar a empresas estadounidenses como la que le da nombre popularmente, la respuesta de la administración de Donald Trump fue amenazar con la imposición de nuevos aranceles. Por eso, el ejecutivo galo retrasó hasta diciembre el cobro efectivo del impuesto, a la espera de un acuerdo de la OCDE o el G-20, que es lo que ha decidido también el gobierno español (al menos hasta el 20 de ese mes).

Montero ha resaltado que los criterios y límites del impuesto son “objetivos” y “en ningún caso son discriminatorios en función de la nacionalidad de las empresas”. Fuentes del Gobierno, aseguran que no ha habido “señales inquietantes” por parte de Washington.

Esta medida pretende dar un mayor margen a las negociaciones a nivel internacional, con idea de llegar a un consenso global en los próximos meses, y, además, facilitar la adaptación de las empresas afectadas. A la hora de plantear este tributo el Gobierno ha tenido en cuenta el fuerte crecimiento de los ingresos por la publicidad 'online', los servicios de intermediación prestados por plataformas digitales y el tráfico de datos en Internet.

¿Cuándo entran en vigor?

Estos dos nuevos tributos ya se presentaron en la anterior legislatura, pero su tramitación no pudo completarse por la convocatoria de elecciones. Ahora, el Gobierno retoma el proceso para remitirlos a las Cortes. El Gobierno cree que probablemente podrían entrar en vigor en el segundo trimestre del año, con lo que la recaudación este año sería de la mitad (alrededor de 900 millones en total si se cumplen las previsiones del Ejecutivo).

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para la entrada en vigor de los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras –conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin' pese a no ser tasas–. Cuando Francia anunció la puesta en marcha de la primera de estas figuras tributarias, que puede afectar a empresas estadounidenses como la que le da nombre popularmente, la respuesta de la administración de Donald Trump fue amenazar con la imposición de nuevos aranceles.

Por eso, el ejecutivo galo retrasó hasta diciembre el cobro efectivo del impuesto, a la espera de un acuerdo de la OCDE o el G-20, que es lo que ha decidido también el gobierno español (“al menos hasta el 20 de diciembre”, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el consejo de ministros). Normalmente el cobro será trimestral.

Preguntada por si teme que Trump lance algún aviso a España (entre otras cosas en su día dijo que elevaría los aranceles a los vehículos), Montero ha afirmado que las relaciones con EEUU “son fluídas” y ya conocían la intención del Gobierno de poner en marcha esta nueva fiscalidad. “Seguiremos atentos”, ha añadido Montero, que en todo caso ha señalado que están comprometidos con buscar una “fiscalidad más justa para los ciudadanos”.

Fuentes del Gobierno, aseguran que no ha habido “señales inquietantes” por parte de Washington. En todo caso, la ministra Montero ha evitado hablar de 'tasa Google' aunque se le conoce así popularmente (sí lo ha hecho con la 'tasa Tobin').

“España se convierte en avanzadilla para que entre todos podamos avanzar en sistema fiscal más justo”, ha dicho Montero, que ha recordado que conseguir mayorías en los organismos internacionales a veces no resulta sencillo, y por eso el país está cooperando con otros países con intenciones similares.

Ya estaba previsto que rebajaran sus expectativas de recaudación del nuevo impuesto a determinados servicios digitales: finalmente son 968 millones de euros lo que se espera que entre en las arcas públicas (un 19,3% menos). Sobre el segundo, mantienen los 850 millones que ya esperaban la primera vez que trataron de sacar adelante estos tributos. En total, los nuevos impuestos permitirían el ingreso de 1.818 millones de euros adicionales al año.

La llamada 'tasa Google' gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha puesto como ejemplo los datos que se han vendido a empresas que después los usan para hacer llamadas telefónicas para vender productos. Estas empresas publicitarias “se benefician” de estos datos anonimizados “sin que la sociedad se beneficie de ello”, cosa que hará a partir de ahora con el cobro de un impuesto por esta venta de datos. Eso sí, el texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España.

Se trata de ingresos con los que quiere contar tan pronto sea posible para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit público (1,8% del PIB para este año). Según Montero, los nuevos gravámenes no deberían repercutir en el consumidor final.

En un primer momento, cuando se intentaron aprobar estos impuestos, la previsión de recaudación que se manejaba era de unos 2.000 millones anuales (1.200 con el impuesto a determinados servicios digitales y 850 con el impuesto a las transacciones financieras). Una cantidad que en enero de 2019 la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) rebajó a una horquilla de entre 546 y 968 millones en el primer caso y de entre 420 y 850 millones en el segundo.

Solo una semana después de aprobar el techo de gasto que servirá de tope a los presupuestos de 2020 (un límite que crece menos de lo que estaba previsto el año pasado en un contexto de ralentización económica), el Gobierno se dispone a iniciar los trámites necesarios para que cuanto antes estén en vigor los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras –conocidos como 'tasa google' y 'tasa Tobin' pese a no ser tasas–. Se trata de ingresos con los que quiere contar tan pronto sea posible para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit público (1,8% del PIB para este año).

Por eso ha preferido no esperar a que la OCDE o el G–20 adopten estas medidas a escala internacional a la hora de poner en marcha la maquinaria legislativa para aprobar estos tributos. No obstante, fuentes gubernamentales señalan a eldiario.es que en el momento en que se aprobase esta medida en un foro multilateral, la legislación española se adaptaría a la misma. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó que España va a seguir el ejemplo de Francia, es decir, dejar congelada hasta diciembre de este año la liquidación efectiva del impuesto, a la espera de un acuerdo global.

“En el caso francés se han suspendido los pagos a cuenta, para que el pago se haga a finales de año. Nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto, sino de la liquidación a final de año”, declaró la vicepresidenta, informa Andrés Gil.

Francia decidió congelar hasta diciembre esta tasa por las amenazas de aranceles de EEUU. Aunque en los meses pasados sí reconocen alguna presión, ahora las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que no tienen “señales ni indicios inquietantes de EEUU”.

En un primer momento, cuando se intentaron aprobar estos impuestos, la previsión de recaudación que se manejaba era de unos 2.000 millones anuales (1.200 con el impuesto a determinados servicios digitales y 850 con el impuesto a las transacciones financieras). Una cantidad que en enero de 2019 la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) rebajó a una horquilla de entre 546 y 968 millones en el primer caso y de entre 420 y 850 millones en el segundo.

En esta línea, este martes, el Gobierno tiene previsto rebajar las previsiones de ingresos del impuesto a determinados servicios digitales, según han explicado las citadas fuentes gubernamentales, que ahora calculan unos ingresos de entre 900 y 1.000 millones (entre un 25% y un 16% menos de lo estimado antes).

En todo caso, la recaudación que puedan producir en este mismo ejercicio ambos impuestos será menor, ya que solo podrán entrar en vigor en unos meses (si superan el trámite parlamentario), y, por lo tanto, no generarán los ingresos de un ejercicio completo.

A quién afectan estos impuestos

Cuando se plantearon los Presupuestos de 2019 el Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales o 'tasa Google' gravaría con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. El texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España.

Con el impuesto a las transacciones financieras o 'tasa Tobin' se pretendía gravar con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

Las fuentes consultadas señalan que no habrá cambios en lo que se refiere a los gravámenes a aplicar.

Estos impuestos, al ser de nueva creación, no pueden ir incluidos en el proyecto de Presupuestos generales del Estado, pero están totalmente vinculados al mismo. Todo el diseño del gasto público, incluidos los compromisos sociales y con los grupos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez debe cuadrar con un objetivo de déficit del 1,8% del PIB. Teniendo en cuenta que según los últimos datos disponibles, aún no cerrados, el desequilibrio de la Seguridad Social cerró 2019 en torno al 1,4% del PIB, la mayoría del déficit para este año volverá a estar destinado a atender los pagos de las pensiones.

El Gobierno empieza a desarrollar ya los impuestos que ha creado para incrementar los ingresos públicos y poder hacer frente al gasto con el que promete una mayor “cohesión social” a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que ha pactado con Unidos Podemos. El Ejecutivo tiene la obligación de crear a través de legislación los nuevos impuestos cuya recaudación se refleja en las cuentas públicas y comienza a hacerlo en el Consejo de Ministras de este viernes.

El gabinete de Sánchez, que no estará presidido por él en esta ocasión porque se encuentra en Bruselas, dará luz verde a tres de las propuestas que pretende reflejar en los presupuestos: la tasa Google y el impuesto sobre las transacciones financieras así como a las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre las tres medidas, esperan recaudar 2.550 millones (1.200+850+500).

“Si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal”, explicó Sánchez desde Bruselas tres días después de que el Ministerio de Economía hiciera llegar el marco presupuestario y apenas unas horas después de que la Comisión Europea le remitiera una carta en la que le solicita que reenvíe los presupuestos una vez estén registrados en el Congreso.

“La ausencia de una propuesta legislativa describiendo las medidas anunciadas en el proyecto hace que sea muy difícil evaluar su impacto presupuestario y señala algunos riesgos de aplicación de los objetivos presupuestarios”, reza la misiva que adelantó eldiario.es.

Sánchez está convencido de que tiene la “confianza de Bruselas” y defiende su nuevo plan impositivo: “Plantearemos las iniciativas fiscales necesarias para lograr esos ingresos públicos que nos permitan esa cohesión social y cumplir con nuestros objetivos de déficit y deuda pública. Vamos a cumplir con nuestro compromiso de redistribuir ese crecimiento económico”, expresó el presidente en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo en la que se ha analizado el Brexit.

Los tres primeros impuestos que aprobará el Gobierno, según ha informado Moncloa, son el de los Servicios Digitales que afecta a las empresas tecnológicas y la tasa sobre las transacciones financieras.

El primero supone un gravamen del 3% sobre la publicidad en línea, intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Esta tasa está destinada a las firmas con una facturación alta: solo tributarán aquellas compañías con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros.

Respecto a la tasa Tobin, se gravarán en un 0,2% las operaciones de compra de acciones emitidas en España, pero quedan fuera la compra de deuda tanto pública como privada y la compra de títulos de las pymes.

Moncloa también ha informado de que el Consejo de Ministras dará luz verde a un Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal. En el acuerdo, Sánchez e Iglesias se comprometen a reducir a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales puedan realizar en efectivo en el seno de su actividad, reforzar la normativa tributaria para ser más exigentes con los paraísos fiscales, reducir a 600.000 euros la cifra para ser incluido en la lista de morosos de la AEAT e incluir a los responsables solidarios, prohibir por Ley futuras amnistías fiscales, crear una unidad central de control de grandes patrimonios y estudiar la rebaja a 50.000 euros del umbral cuantitativo de punibilidad de la defraudación.

El Gobierno ha iniciado los contactos con otras formaciones para intentar sacar adelante los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llamó al PNV para intentar concertar una reunión. El siguiente en la lista es Compromís mientras que el Ejecutivo dejará a los independentistas para el final conscientes de que la situación es “sensible” y que no solo depende de los números ya que ERC condiciona la negociación a que el Gobierno dé instrucciones a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que los líderes encausados en el procés no se enfrenten a la rebelión.

Iglesias ya ha anunciado que abordará la aprobación de los presupuestos en su reunión con el líder de ERC Oriol Junqueras en la cárcel. Sánchez, que fue informado por su socio de la reunión, le ha agradecido que busque apoyos para las cuentas pero le ha recordado que en su nombre habla el Gobierno. “La negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno”, respondió desde Bruselas.

Han pasado ya casi cuatro años desde que un grupo de países de la Unión Europea decidió implementar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) inspirado en la famosa Tasa Tobin. La dilación en crear y aplicar aquel principio de acuerdo hacía presagiar que nunca se iba a materializar y hasta los propios negociadores lo daban por muerto. Pero esta semana, y para sorpresa de las propias organizaciones a favor de este impuesto, diez países de la UE, con España entre ellos, han dado otro paso más que al menos reaviva la posibilidad de que el impuesto se aplique.

Aunque la buena noticia es que el impuesto no se ha enterrado, la mala es que sigue perdiendo apoyos y se desdibuja. del grupo original, Austria, Alemania, Bélgica, España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal, que firmó el acuerdo a finales de 2012 se ha caído Estonia. Pero aún permanecen los países que se pueden considerar núcleo duro en el euro.

Según fuentes próximas a la negociación, Bélgica que ya había asumido que se salía de esta alianza, cambió de opinión en el último momento, dando un giro a las conversaciones sobre el impuesto. Eslovenia, actualmente presidente de la UE, quiere dar el impulso definitivo para que la media salga bajo su mandato.

Por el momento, hay un consenso en que se gravarán acciones y derivados pero no los relacionados con deuda pública. Pero no se aclara la tasa que se aplicará. La propuesta de la Comisión Europa era gravar en un 0,1% las operaciones de compra y venta de acciones y bonos, y con un 0,01% las operaciones con derivados. Según Bruselas, la zona del euro podría recaudar entre 50.000 y 60.000 millones de euros anuales si la tasa se implantara en todo los países miembro. Las estimaciones apuntaban a que España podría recaudar entre 5.000 y 6.000 millones anuales.

El siguiente paso ahora se dará en cerrar posiciones en un Ecofin de noviembre y tener para diciembre cerrado un acuerdo final que firmen los implicados. Es clave que ningún otro país se dé de baja ya que es necesario un mínimo de nueve países para que una medida así salga adelante.

En el caso de que por fin se aprobara, no se aplicaría hasta 2018, según explicó Luis de Guindos a los medios.

Los países están trabajando en el diseño de un impuesto que no provoque una huida de operaciones financieras fuera de sus fronteras. La llegada del Brexit puede haber participado en animar a los países centrales de la zona del euro a forjar su propio impuesto. La City es el principal mercado financiero, pero si ya va a poner sus propias trabas para operar (como perder el pasaporte europeo en las transacciones), la implantación de la tasa puede ser vista como un mal menor para los operadores.

La utilidad de esta tasa es doble: por un lado recaudatoria y de mostrar a los ciudadanos que los bancos también pagan a la sociedad y por otro, asegurar la trazabilidad de la cadena de transacciones que podría disuadir de operar en paraísos fiscales.

Con todo, la idea de esta tasa surgió ya en las cumbres de 2009 y siete años después sigue dando tumbos en las mesas de reuniones sin que haya una luz verde definitiva.

Solo el Grupo Popular ha votado en contra de la iniciativa impulsada por el socialista Gustavo Matos por la cual la Cámara insta al Gobierno de España ha exigir en la Unión Europea la aplicación inmediata del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, cuyo objetivo sería mitigar la especulación financiera.

Como ha recordado Matos,este impuesto “podría recaudar más de 35.000 millones de euros”, de los que más de 4000 millones de euros podrían obtenerse en España,por lo que la iniciativa pretende que “aunque esté en funciones”; el Gobierno de España “deje de bloquear” la implantación de este impuesto en la reunión que el Ecofin tiene previsto celebrar el próximo 17 de junio.

Un impuesto que ha sido anatematizado por el conservador Jorge Rodríguez, que lo ha calificado de “extremadamente nocivo para la inversión extranjera,es antisocial y va contra el empleo”.

Una idea no avalada por el resto de portavoces de la Cámara. Así, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, aseguró que “lo que pasa es que los que peinamos canas no nos creemos nada, y esta medida para funcionar debe ser supranacional, pues desgraciadamente el poder financiero se impone a los gobiernos y está por encima de los parlamentos”.

Por su parte, la diputada de Podemos Asunción Delgado se preguntó por qué el PSOE no incluyó la 'tasa Tobin' en su pacto de investidura con Ciudadanos (C's), y aunque apoyó la iniciativa, insistió en que “solo la movilización ciudadana podrá conseguir que el poder financiero asuma su responsabilidad social”.

La iniciativa aprobada pretende que el Ejecutivo español “defienda y exija la aplicación inmediata del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, con el fin de gravar tanto la compraventa de acciones como otro tipo de operaciones financieras, singularmente aquellas realizadas con derivados”, además de que el Parlamento dará traslado del acuerdo “al resto de asambleas legislativas de las comunidades autónomas de España, incluidas las de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

El Banco Central de China se ha fijado como objetivo controlar la especulación con el yuan, y para ello está desarrollando un borrador medidas que pasarían por la implantación de un sistema similar a la 'Tasa Tobin', que gravaría con impuestos las transacciones de divisas.

En la información adelantada por Bloomberg, advierten que al medida todavía necesitaría de la aprobación del gobierno central, pero no se sabe realmente para cuando se implementaría. Hasta que se definan los parámetros, la tasa no estaría gravada con ningún impuesto en especial. Se parecería, en cierta forma, al Impuesto de Patrimonio que ha estado en vigor en España incluso los años que no se cobraba, ya que al menos servía a las autoridades para tener un cierto control y censo de la riqueza sin gravarla. Los analistas del medio aseguran que este impuesto sería el paso más importante hasta la fecha por parte de las autoridades chinas para prevenir la especulación que está provocando continuos vaivenes en el valor de su moneda, después de que varios bancos nacionalizados hayan tenido que intervenir últimamente por la estabilidad del Yuan.

No obstante, también advierten que la 'Tasa Tobin' complicaría los planes chinos de liderar el mercado, cuya moneda fue recientemente incluida en la cesta de monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras un movimiento que fue considerado como una muestra de confianza en la estabilidad de la divisa china y su política monetaria. De hecho, ya se especulaba con la creació de 'petroyuanes', esto es, que se comenzara a aceptar el yuan como divisa de respaldo para la compra del crudo (ahora se hace solo en dólares).

Esta medida es consecuencia de lo iniciado en 2015 y continuado este año, cuando en el pasado mes de agosto las autoridades chinas devaluaron inesperadamente su moneda y a principios de 2016 tuvieron que cerrar las bolsas prematuramente durante varias sesiones, lo que alarmó a los mercados financieros. De hecho, Bloomberg calcula que el yuan ha reducido su valor en un 4,5% desde agosto y que en 2015 más de un billón de dólares han abandonado el país, como consecuencia de la incertidumbre creada sobre la moneda.

Este sábado 12 de septiembre se reúnen los ministros de finanzas de la Unión Europea en Luxemburgo, una reunión informal del llamado ECOFIN en la que se espera un consenso público de los Ministros de Finanzas de  11 países que van a implantar  el Impuesto a las Transacciones Financieras o Tasa Robin Hood. Es un paso crucial para que en el ECOFIN oficial de noviembre se ponga en marcha un impuesto a los movimientos financieros especulativos.

En la reciente historia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) nos hemos visto obligados a denunciar en varias ocasiones la falta de celeridad y de voluntad de los gobiernos para poner en marcha un impuesto que viene demandando una gran parte de sociedad europea. En esta ocasión es el Gobierno español quien está poniendo problemas para cerrar un proceso de negociaciones que se inició en 2011 y cuyo calendario ha sido atrasado en demasiadas ocasiones.

 Durante la pasada semana,  fuentes de la Comisión Europea involucradas en las reuniones y negociaciones de este impuesto nos han venido informando de que las trabas del gobierno español pueden impedir que el acuerdo salga adelante , lo que alargaría el proceso hasta febrero como mínimo.   Los movimientos de ciudadanos que defendemos desde hace años la implantación de un impuesto de este tipo (la Alianza Tasa Robin Hood y la Plataforma  ¡ITF Ya, Paraísos Fiscales NO!)  nos preguntamos cuál puede ser  la intención del gobierno español con este movimiento. Podría buscar dos fines: reducir la ambición del ITF y retrasar la decisión sobre el impuesto.  Ninguno de ellos deja en muy buen lugar al Gobierno.

La  propuesta que apoya  en este momento  la mayoría de los países gravaría las acciones emitidas en los 11 países y aproximadamente el 90% de los derivados, aunque está aún por determinar el porcentaje del gravamen. Últimamente España se había venido mostrando a favor de esta solución en público, lo que hacía entender que abandonaba su posición inicial de gravar solo una pequeña parte de los derivados, concretamente el 5% de las operaciones directamente vinculadas a las acciones. La pregunta es si las reticencias de España para anunciar un acuerdo este fin de semana se deben a que vuelve a alejarse del consenso mayoritario y apuesta por una versión minimalista del ITF: un impuesto ineficaz para reducir las transacciones más especulativas y con una escasa capacidad de recaudación (algunos estudios indican que con esta modalidad España dejaría de ingresar unos 4.000 millones de euros anuales).

El retraso en el acuerdo también tendría un impacto negativo en las arcas públicas. Cada día que pasa sin aplicar el impuesto  estamos dejando de ingresar recursos que deberían invertirse en luchar contra la pobreza dentro y fuera de nuestro país, además de  financiar bienes públicos globales como la salud o el cambio climático.  Esta situación pone en duda además  la credibilidad del gobierno español, que tras un historial ambivalente y confuso sobre su apoyo al ITF se comprometió  -en una comparecencia del presidente del Gobierno español junto con el presidente de la República de Francia- en diciembre del año pasado, especificando que promovería  un impuesto  ambicioso a las transacciones financieras e invertiría su  su recaudación en el desarrollo global.

La sociedad española pide a su Gobierno  que deje de bloquear las negociaciones y se comprometa a acelerar un acuerdo para este sábado. Con una crisis económica aún sin resolver, recortes en políticas sociales y compromisos internacionales sin cumplir no podemos permitirnos el coste de oportunidad que supone una nueva demora en la implementación del Impuesto a las Transacciones Financieras.

La Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF) está en el limbo regulatorio europeo. La fórmula que adaptó la Tasa Tobin se aprobó en 2014 por once países del euro, entre ellos España, sin que haya entrado en vigor en la mayoría de ellos. El gravamen debe de aplicarse a nivel nacional, no europeo, y sus detractores aseguran que al implantarse en un país, y no en todos al unísono, se desviarían operaciones a terceros mercados que no tuvieran este impuesto.

Intermón Oxfam asegura que es el lobby financiero el que está bloqueando la puesta en marcha de esta tasa y pone cifras a su campaña antiTobin: 73 millones de euros dedicados, en 2013, a conseguir que no fructifique una regulación a nivel comunitario. En su informe anual sobre Desigualdad, Oxfam se detiene en los beneficios que esta tasa tendría para combatir la pobreza (la ONG ha pedido siempre que la recaudación se destine a gasto social) y de cómo los bancos han impedido que se pueda desarrollar.

La entidad recoge datos de varios estudios internacionales (como este y este) en los que se cifra en 120 millones de euros el presupuesto del lobby financiero en Bruselas. Según los datos que manejan, en algo más de un año (entre finales de 2013 y principios de 2014), los funcionarios de la Comisión tuvieron de media una reunión diaria con un lobbista financiero. El resultado es el que lobby financiero dedicó siete veces los recursos que la sociedad civil (ONG, sindicatos) pudieron invertir en campañas de este tipo.

En el caso del bloqueo a la Tasa de las Transacciones Financieras, Oxfam calcula que las entidades encargadas de su difusión apenas han podido gastar 7 millones de euros, una décima parte que los bancos. La ONG acusa al lobby financiero de “secuestrar” el debate y recoge un testimonio de un funcionario que asegura que por cada cita que le solicitan desde la sociedad civil recibe cuarenta del sector financiero.

Según anteriores cálculos de la ONG, si se desplegara la tasa en España, podría suponer una recaudación de 5.000 millones de euros. En principio, lo pactado entre los once países que la aplicarán es un tipo mínimo del 0,1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0,01% sobre productos derivados.

No somos bandoleros, ni actuamos al margen de la ley. No hemos huido de ningún sitio – si acaso nos han echado –, ni vivimos en los bosques. No tenemos arcos, tampoco flechas. Pero sí tenemos algo en común con la leyenda de Robin Hood: creemos en la justicia.

No hace falta un corazón tan grande como el del mítico arquero inglés, solo hace falta un poco de sentido común. Por eso, a través de nuestras firmas, más de un millón de Robin Hoods hemos pedido recientemente en toda Europa la implementación de un impuesto justo que debería acordarse ya y de manera ambiciosa. Explicamos por qué:

Las transacciones financieras, a día de hoy, superan en 75 veces las transacciones de la economía real, como señala un informe de Oxfam Intermón en España. Las actividades de las entidades bancarias, de los gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras, se desarrollan sin supervisión ni regulación y son, como ha demostrado la crisis actual, sumamente nocivas para la justicia social. El sector financiero, que es hasta 26 veces más rentable que todos los demás, es el que menos impuestos paga.

Dadas todas estas circunstancias, más los millonarios rescates a los bancos pagados con dinero público, las deudas magnas a las que estamos sometidos muchos países y las inequidades sociales que este sistema provoca, lo lógico sería que los gobiernos diesen un golpe de autoridad. Ni siquiera un golpe fuerte, uno flojito. Uno en forma de un impuesto mínimo, diminuto: el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), también conocido como Tasa Robin Hood.

Este impuesto, que ya se viene negociando desde 2011 en la Unión Europea, pretende aplicar una tasa minúscula sobre la compra y venta de acciones y bonos, y otra aún más minúscula sobre los productos derivados. Es decir, cobrar un porcentaje mínimo del enorme volumen de dinero que, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, maneja un sector financiero que – él sí – vive al margen de la ley.

Si también se le llama Tasa Robin Hood es porque la mayor parte de los que apoyamos este impuesto clamamos para que la recaudación que generaría fuese destinada a dos causas: paliar los efectos de la crisis y luchar contra la pobreza -tanto en los países que apliquen la tasa como en países empobrecidos - y a combatir los efectos del cambio climático. Se estima que Europa podría recaudar entre 30 y 35 mil millones de euros al año; 5.000 millones en España. Cabe destacar que Mariano Rajoy y François Hollande, durante el mes de diciembre, se comprometieron públicamente a destinar parte de los fondos a estos fines.

Son 11 los países (Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia) que están dispuestos a implementar el ITF, aunque aún se negocian los términos y el porcentaje del impuesto que se habría de aplicar. El próximo Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) de junio será una fecha clave.

Mientras tanto, a través de una campaña de firmas orquestada por oenegés de toda Europa, más de un millón de Robin Hoods hemos pedido a nuestros gobernantes que sean ambiciosos en el acuerdo final, recordándoles que los mercados no deberían estar por encima de los gobiernos, ni mucho menos de las personas. Sabemos, sin embargo, que este impuesto no va a acabar con las prácticas negativas del mercado financiero. No ha de concebirse como la solución definitiva, sino como un avance en el control – tan necesario – de las transacciones financieras y como una fuente de recaudación que ayudaría a luchar contra las desigualdades sociales y el cambio climático.

Inicio esta columna de hoy con esta cita de Mill, ya que hablaré del Impuesto de Transacciones Financieras, la conocida como 'Tasa Tobin', una iniciativa que dio origen a ATTAC, que fue una organización que le dio un gran impulso en los 90 y posteriormente tras la crisis del 2008, y que tras ese importante impulso inicial y con unas ideas y destinos claros está transmutando a una demora significativa en su aplicación y en un evidente cambio de planteamiento de distribución de la recaudación que se originaría. Intereses pecuniarios.

En esencia la idea del ITF es gravar con una tasa las transacciones financieras internacionales, es decir gravar estas operaciones con un porcentaje sobre la compra o venta de títulos de acciones, junto con tasas comparables para otros activos, tales como bonos, futuros, opciones y divisas extranjeras, y consideración especial a los derivados. Un impuesto tal no afectaría en gran medida a los inversores a largo plazo, pero impondría a los especuladores una tasa significativa, y no debemos de olvidar que el 80% de las operaciones son especulativas o de muy corto plazo. Las transacciones financieras a nivel mundial superan en 75 veces las transacciones de la economía real, y el mercado de divisas supone un volumen de negocio 15 veces superior al PIB mundial. Al margen de su importante capacidad recaudatoria es significativa su ayuda a reducir la volatilidad de los movimientos rápidos y sucesivos, fiel reflejo de la economía financiarizada en la que vivimos.

Sus opositores nos plantean algunos argumentos en contra de la tasa como que van a disminuir peligrosamente las transacciones, que no se puede esperar que regule el mercado y a la vez redistribuya, que la especulación es estabilizadora, que no impedirá la fluctuación de las tasas de cambio, que se reducirá la liquidez internacional y afectará al riesgo de crisis, que pondrá en duda el funcionamiento de los intercambios mundiales, que como todos no la van a poner en marcha no funcionará, fuga posible de capitales a los paraísos fiscales, las nuevas tecnologías la dificultarán, generará fraude fiscal, etc. En definitiva fundamentalmente postulados ideológicos de los defensores de la mundialización neoliberal vestidos de carácter técnico, muy en la línea de la idea en boga de la elección racional manipulada en beneficio del sector financiero, defendiendo que la liberalización de capitales es la única condición para el bienestar, centrado en el crecimiento (por cierto estudios académicos de prestigio no encuentran esa relación).

Cuando menos la tasa “colocará un grano de arena” en el aceitado mecanismo de las finanzas internacionales, incitará a invertir más en el largo plazo ganando estabilidad, reduciría la desestabilización financiera pues se ha acreditado la correlación especulación-crisis, además de demostrarse que liquidez masiva no es sinónimo de estabilidad. Fraude lo genera cualquier impuesto y no por ello pierde validez, y los paraísos fiscales simplemente deben de desaparecer.

Aquel movimiento progresista en marcha, que establecía una tasa para desarmar los mercados, romper con la lógica de la ganancia del capital como única meta y orientada a satisfacer necesidades sociales insatisfechas, cuidando el medio ambiente y con un impulso decidido a la cooperación al desarrollo, ha sido fagocitada por las instituciones claves del sistema neoliberal: el G20, FMI, y ciertos países de la Unión Europea, evidentemente con unas pretensiones distintas. En concreto los 11 países de la Unión Europea que debían de haber puesto ya en marcha la Tasa, y que sucesivamente van retrasando su aplicación (ahora se prevé en 2016) ya piensan en la recaudación como un pequeño aporte al saneamiento de los bancos o a minorar el déficit público.

Quisiera terminar este breve recordatorio de la Tasa Tobin preguntándome por qué iniciativas de largo recorrido como esta, con el paso del tiempo pierden la atención de la sociedad y son manipuladas por la ideología dominante. Y añado, con la pretensión de que se mantenga en la conciencia y la lucha ciudadana, que es una buena iniciativa de cara a que los ciudadanos vayamos recuperando el futuro del mundo de las manos de los poderes financieros, porque es de justicia, porque dará la oportunidad para regular las finanzas, y generar ingresos adicionales para invertir en empleo de los jóvenes, proteger los servicios públicos y financiar grandes emergencias de la solidaridad internacional, el cambio climático y otras muchas iniciativas de progreso. Exijamos un ITF ambicioso y solidario, no permitamos que pasados los efectos publicitarios de la iniciativa, quede en casi nada. Y con carácter general transformemos la impotencia ante el “capitalismo del desastre”, en organización resiliente.

Los que se oponen a la tasa de las transacciones financieras han filtrado un documento en el que se alerta de supuestos efectos nocivos sobre los mercados de deuda secundaria

Intermón Oxfam cree que si el impuesto se aplicara con toda su potencia en España, se podrían llegar a recaudar hasta 5.000 millones de euros

En Hacienda dicen que lo tendrán listo para 2014 pero no se anunció el viernes en el paquete de subidas impositivas

La conocida como Tasa Tobin -una tasa sobre las transacciones financieras transfronterizas- podría poner el cascabel al gato de la evasión fiscal. Entre las múltiples cualidades que sus defensores esgrimen para su aplicación, aprobada ya por once países europeos para 2014, entre ellos España, está la de facilitar el rastreo de los fondos que se pueden mover hacia los paraísos fiscales. Esta “trazabilidad” de las operaciones financieras más comprometidas es uno de los principales alicientes para dinamizar la economía, en opinión del director de Intermón Oxfam España, José María Vera.

Oxfam presentó la semana pasada sus principales conclusiones sobre la futura aplicación de esta tasa en la UE. Según sus cálculos, si se desplegara con todas sus posiblidades en España, podría suponer una recaudación de 5.000 millones de euros. En principio, lo pactado entre los once países que la aplicarán es un tipo mínimo del 0,1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0,01% sobre productos derivados. La ONG, que ha aglutinado a los movimientos a favor de este impuesto, está convencida de que la distorsión en el mercado financiera será “mínima” por la cuantía de la tasa.

Es poco probable que fuera una feliz coincidencia que la noche antes de que Oxfam presentara este estudio, se filtrara un documento interno de trabajo de los países que han suscrito la tasa (Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Eslovenia, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia, España y Estonia,) en la que exponían sus dudas sobre su aplicación y los temores a que perjudique el mercado de deuda secundaria donde muchos estados se refinancian.

Según el documento, publicado inicialmente por el laboratorio de ideas británico OpenEurope (Reino Unido no se ha adherido a la tasa, ni tampoco Irlanda), pero difundido rápidamente por muchos medios, la aplicación de un impuesto sobre el mercado de deuda secundaria o lo que también se conoce como repos, supondría una especie de microquita para los inversores lo que desincentivaría su inversión.

En un momento en el que los costes de financiación de las arcas públicas son una de las principales preocupaciones en Europa, este razonamiento esgrimido por los países es un arma amenazante en toda regla. Desde la ONG reconocen que la presión de los lobbies contra este impuesto está en su momento más alto y piden a los Gobiernos que sean fuertes ante estas iniciativas.

En principio, España debe aplicar la tasa en 2015, una vez que los once países ratifiquen el impuesto, pero tiene libertad para hacerlo antes de forma parcial, como ha hecho Francia. Fuentes de Hacienda reconocen que su intención es preparar la normativa a tiempo para que esté disponible en los presupuestos generales de 2014. Sin embargo, este impuesto no estuvo entre la batería de medidas impositivas anunciadas este viernes por el ministro del ramo, Cristóbal Montoro. Sí se anunció la aplicación de otro impuesto sobre la banca, la polémica tasa sobre los depósitos que habían diseñado algunas comunidades autónomas pero que el Estado ha dejado inoperantes al crear este nuevo tributo.

La tasa sobre el pasivo de la banca, que en su mayor parte está formado por depósitos bancarios, recaudará un 0,2 por mil del pasivo de las entidades financieras, que serán las que deberán abonar el impuesto. En total, el Estado espera recaudar entre 250 y 300 millones de euros, un montante muy moderado.

Distribución de lo recaudado

Respecto a la Tasa Tobin, la otra cuestión que está por discernir es el destino de los fondos que se recauden. Tras adoptar la idea del Nobel de economía James Tobin, las ONG pensaron que se debía destinar a la lucha contra la pobreza mundial. En el ánimo de Intermón Oxfam está el que se dediquen la mitad de los ingresos conseguidos en España a los colectivos excluidos, y que la otra mitad vaya a cooperación internacional.

La principal partida de gasto que contempla en su reparto la ONG es una renta de inserción que sirva de colchón para las familias que no están cubiertas por ninguna de las prestaciones ni subsidios actuales. Esta línea de gasto se llevaría alrededor de 1.800 millones de euros y cubriría las necesidades básicas de 476.000 hogares españoles, el equivalente a 1,2 millones de personas.

Intermón recuerda que ahora mismo estas rentas básicas dependen de las comunidades autónomas. Por la dificultad para cambiar la legislación actual, lo más sencillo para poder distribuir este montante sería relajar los actuales criterios de la Renta Activa de Inserción que sí tiene competencia estatal.

En cuanto al dinero que se destinaría fuera de las fronteras españolas, Oxfam cree que la mayor parte debería destinarse a luchar contra el cambio climático ya que ha sido una de los objetivos más olvidados por parte de todos los Gobiernos tras la llegada de la crisis. Este objetivo se llevaría 750 millones de euros. La lucha contra el hambre (500 millones de euros) o los programas de sanidad pública (350 millones de euros) serían las otras partidas más significativas.

Esta propuesta de la ONG es poco probable que cale en el Ejecutivo conservador, que tiene una acuciante necesidad de recaudar efectivo para reducir el déficit estatal y cubrir algunas de las principales expensas del Estado: pensiones y prestaciones por desempleo.