Cruz Roja atendió a lo largo de 2025 a un total de 337.383 personas en Andalucía, de las cuales 218.000 participaron con atención directa y cerca de 120.000, en acciones de sensibilización. Además, la organización ha llevado a cabo más de 1.139.870 intervenciones con estas personas, a través de su equipo técnico, pero sobre todo gracias a una red de solidaridad formada por 29.144 voluntarios en el conjunto de Andalucía, según resalta en su memoria de actividad.

El delegado de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, avanzó que el análisis de 2025 confirma que en Andalucía “persisten brechas sociales, especialmente relacionadas con la pobreza, la soledad, el desempleo y las emergencias, como la vivida en Adamuz, pero también las meteorológicas, como la de comienzos de este año y durante 2025, muy relacionadas con los efectos del cambio climático”.

Entre los datos más relevantes, el informe recoge que el pasado año 30.365 personas en Andalucía, atendidas por Cruz Roja, se encontraban ante una vulnerabilidad que les enfrenta a problemas de pobreza energética, falta de recursos básicos, y en los casos más extremos, al sinhogarismo.

De todas ellas, más de 9.800 personas recibieron apoyo a través del proyecto de Atención Integral a Personas Sin Hogar, que incluye la asistencia de equipos voluntarios que recorren las calles de 14 ciudades, para ofrecer productos de abrigo, alimentación y, sobre todo, escucha y acompañamiento, en un año en el que las condiciones meteorológicas han obligado a crear nuevas respuestas, como los albergues provisionales frente a las olas de frío y de calor.

“Extremo riesgo social”

Vera ha señalado que, aunque las causas son complejas y diversas, “hemos visto cómo la escalada de precios de los últimos años, sumada a los problemas de acceso a una vivienda, provoca que muchas personas se enfrenten a situaciones de extremo riesgo social”. Así, “nos preocupa que los actuales conflictos internacionales traigan consigo una nueva escalada de precios, que agudice y precarice la situación de todas estas personas”, ha apuntado.

En rueda de prensa celebrada en la Fundación Cajasol, y parafraseando a una de las familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, pronunció en agradecimiento a la labor desempeñada por la organización: “Cruz Roja se moviliza para curar, aliviar, consolar y, cuando nada de lo anterior sea posible, acompañar”.

“El equipo de Cruz Roja es nuestra principal fortaleza, gracias a su cercanía, su profesionalidad y la enorme capacidad de movilización de nuestra organización”, ha explicado Vera, que hace partícipe de esta labor a todas las personas que forman Cruz Roja: las 151.692 personas y empresas socias, así como a las entidades que colaboran a través de alianzas y donaciones.

Más del 90% de los municipios andaluces

Otra de las fortalezas de Cruz Roja es, sin duda, su implantación territorial en Andalucía, ya que a través de sus 90 asambleas locales y comarcales, desarrolla su actividad en 778 localidades de la comunidad, es decir, más del 90% de los municipios andaluces, tanto en grandes núcleos urbanos como en zonas rurales y comarcas más despobladas, con menos accesos a recursos sociales.

A lo largo del pasado año, Cruz Roja ejecutó en Andalucía un presupuesto de 141.737.083 euros, que en la memoria se distribuye por cada una de las áreas de intervención que desarrolla la Organización: Inclusión Social, Empleo, Socorros, Educación, Salud, Cooperación Internacional y Medio Ambiente. Además, del área de Voluntariado y Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de la organización.

No obstante, la memoria de actividad recoge, entre las cifras de la actividad, el número de personas que participaron en cada una de estas áreas. Así, el delegado de Cruz Roja, ha subrayado que estas cifras “solo pueden entenderse desde un modelo de intervención integral, que nos permite acompañar a las personas más allá de la ayuda puntual”. Además, ha añadido que “es un modelo basado en el enfoque de derechos, que pone a las personas en el centro de la actividad y la hace partícipe de ella”.

25 aniversario

Cruz Roja “no se limita a la entrega de ayudas; la labor del voluntariado incluye orientación, apoyo emocional y acompañamiento para acceder a prestaciones y recursos públicos”. Además, 2025 ha sido también el año del 25 aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja, “consolidado como uno de los ejes estratégicos de la organización”.

Igualmente, la memoria refleja una cifra “histórica” ya que más de 45.000 personas participaron en proyectos de empleo, formación y mejora de competencias. Esto fue posible gracias a 10.730 alianzas con 3.770 empresas en Andalucía, que colaboraron en prácticas, orientación e intermediación laboral.

Asimismo, la organización ha reafirmado que “la soledad sigue siendo uno de los grandes desafíos en Andalucía”. Personas mayores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia o personas sin hogar “siguen necesitando espacios de encuentro y relaciones significativas”. Así, la imagen “más reconocible” del voluntariado es su capacidad de acompañar: “el brazo que sostiene, la llamada que rompe el silencio, la presencia que reconforta”, ha afirmado Vera.

Además del acompañamiento, Cruz Roja impulsa iniciativas que activan las comunidades, para conectar a las personas con otros recursos en sus barrios y ciudades, dinamizando actividades colectivas, grupos de apoyo mutuo y redes vecinales. En esta línea, el delegado ha puesto como ejemplo la iniciativa 'Comercios Amigos de las Personas Mayores', con los que Cruz Roja teje alianzas con comercios de cercanía para “concienciar sobre la soledad, para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y dar a conocer los recursos que ofrece la propia Cruz Roja a personas mayores”.

Años marcados por catástrofes

Cruz Roja ayudó a las emergencias ocurridas en 2025 (incendios ocurridos durante el verano, grandes borrascas y situaciones tan excepcionales como el gran apagón de hace un año, que afectó a todo el país).

En este sentido, el delegado ha señalado que “hemos comprobado la importancia de la coordinación” y, ha detacado el papel esencial de dos dispositivos de Cruz Roja en Andalucía, en la movilización ante las emergencias. Por un lado, el Centro de Operaciones Autonómico, situado en Sevilla, desde el que se reciben llamadas de aviso del 112, para activar a los equipos de emergencias de todas las provincias, entre ellos, los que intervienen en el rescate y atención de migrantes en las costas.

Y, por otro lado, el Centro Logístico Autonómico, situado de Córdoba, uno de los tres más importantes de Cruz Roja en todo el país, desde el que se han enviado materiales a todas las provincias, para proveer de camas, equipos electrógenos, agua, etcétera cuando las emergencias superaban las capacidades de los territorios.

Esta mañana la dignidad ha vuelto a caminar en Madrid. En concreto, han sido los pasos de unas 3.200 personas según los organizadores los que han hecho resonar tambores de justicia en el trayecto que separa la estación de Metro de Valdecarros, en Vallecas, hasta el Sector 6 de la Cañada Real. La lucha por la vivienda digna, por el derecho al territorio, son las grandes proclamas que han apoyado decenas de colectivos de la capital. Ahora, el barro que día tras día se pega en los zapatos de las mujeres y los niños que transitan este camino para acudir a la escuela, la compra o tomar un café se solidifica en las suelas de aquellos solidarios que no miran para otro lado ante la especulación inmobiliaria: “Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

En torno a las 11.00 horas se empezaban a arremolinar cientos de personas en Valdecarros convocadas por Tabadol, la PAH Vallekas y La Laboratoria. Algunas bocas calentaban motores para los cánticos que no tardarían en llegar. “Despierta, vecina, Cañada se queda”, “el suelo es vida, el suelo no es negocio” y “nuestras abuelas también fueron ocupas” han sido algunos de los más repetidos. Todos los allí presentes sabían lo que quedaba por delante: un camino de lucha y hermanamiento. “Estamos aquí para impedir que continúe el derribo de nuestras casas, al que nos vemos avocadas sin diálogo ni alternativa”, introduce a elDiario.es Houda Akrikez Essatty.

Ella es la presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Tabadol, formada por mujeres del Sector 6 de la Cañada Real para defender sus derechos y continuamente ha estado al frente de la pancarta que abría la marcha con un solo mensaje: “Cañada se queda”, escrito en árabe, castellano, romaní y caló. “Tras cinco años de lucha por el corte de suministro eléctrico, nos hemos dado cuenta de que la lucha es por el territorio”, ha añadido esta madre de tres hijas pequeñas mientras la marcha comenzaba a recorrer sus primeros pasos.

A sus 38 años, Akrikez sabe bien que ocupar la Cañada significa tomar el testigo de una gran genealogía de autoconstrucción de viviendas en Madrid. “Queremos proteger nuestro territorio y defenderlo”, sostiene con seriedad. Para eso han convocado esta manifestación en la que cientos de personas han pisado un terreno que debería pertenecer a quien de él hace uso para vivir. Y lo han conseguido. Han hecho ver que la Cañada Real es un barrio de la ciudad.

Los manifestantes, agradecidos por los rayos de sol pero ateridos por un viento frío, han transitado el mismo camino que los vecinos de la Cañada Real deben realizar todos los días. Esta vez, ante la mirada con tinte de extrañeza de algunas personas que realizaban deporte en las inmediaciones. Tras completar un camino marcado por los desechos a sus orillas, tales como bolsas de plástico, zapatos y latas de bebida, ha llegado el momento más sensible. Cientos de personas han tenido que sortear el barro de en una fila individual, en una escombrera improvisada, que ha retrasado más de media hora la marcha.

Suspensiones cautelares de los derribos

El sentido político de la reivindicación ha estado presente en todo momento. La lucha por la vivienda, casi sinónimo de luchar por la vida en sí, no comenzó ayer en este lugar. “Llevamos aquí décadas y durante muchos años hemos estado resistiendo a las diferentes formas de acoso institucional”. Se refiere a la gestión que el Ayuntamiento de Madrid y Rivas-Vaciamadrid han realizado del Sector 6 en el último tiempo. Según Akrikez, el último censo realizado en el lugar hablaba de unas 2.500 personas en 2016, de las que 1.500 eran menores.

Para todas ellas hay un pequeño rayo de esperanza. Tras recurrir el inicio el 2 de octubre de 2025 del procedimiento para los derribos por parte del Consistorio madrileño, “totalmente arbitrario y sin fundamento”, comenta la presidenta de Tabadol, la justicia les ha dado algo de oxígeno. Esas cartas llegaron con la firma de Julio César Santos, cargo del Ayuntamiento inhabilitado desde septiembre, asegura Tabadol.

Por el momento, se han dictado algunas suspensiones cautelares de las demoliciones por considerar las viviendas “domicilios habituales de las demandantes”, cuyo derribo ocasionaría un “perjuicio irreparable”. Ahora, esperan que la suspensión temporal llegue a la docena de familias afectadas y señaladas por el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Akrikez, a quien los manifestantes no dejan de saludar y ensalzar, es clara a la hora de expresar las tres principales demandas de esta protesta llamada a marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda digna, ya no solo de la Cañada, sino de la capital al completo. “Exigimos el cese de las amenazas de derribo y la paralización de las demoliciones. Exigimos la apertura de un proceso real de diálogo directo con los vecinos. Y exigimos el reconocimiento del derecho al territorio de los vecinos de la Cañada Real. Porque sin vivienda digna no hay ningún derecho garantizado”, enfatiza.

Una estrategia urbanística

La PAH Vallekas ha sido otro de los colectivos que ha convocado la manifestación. Sonia García, una de sus portavoces, recuerda que la Cañada Real es otro de los tantos barrios que nacieron en Madrid ante la llegada de trabajadores durante los años del desarrollismo franquista. “El componente de origen de las personas que viven en la Cañada, muchas gitanas rumanas o españolas, o marroquís, tiene mucho que ver con que no se hayan regularizado sus viviendas como sí sucedió con otros barrios autoconstruidos en Madrid o en Vallecas mismo”, denuncia.

Hondeaban a su alrededor las banderas verdes de la PAH cuando esta activista por la vivienda digna ha resaltado que hace unos 20 años comenzaron los intentos de invisibilizar y desalojar la Cañada. “Los ayuntamientos y promotores vieron la posibilidad de crecer hacia el sureste, por eso estos terrenos son tan codiciados”, dice García, quien ha asegurado sin titubeos que “si no conseguimos que Cañada se quede, estamos todos vendidos”. Ya lo decían en su comunicado de convocatoria: “Los mismos que nos desahucian en otros barrios de Madrid tienen intereses aquí”.

García ha sido una de las personas que estos días ha intentado allanar el camino en esta lucha, metafórica y literalmente. Mientras la marcha casi alcanzaba su final, la portavoz de PAH Vallekas ha subrayado cómo una de las estrategias de expulsión es hacer imposibles los caminos que conectan con el Sector 6: “Hemos tenido que limpiar de escombro para que la gente pueda pasar. A las Administraciones les da igual cómo está ese camino, que cuando llueve siempre se embarra y las mujeres deben transitar con niños todos los días”. Y así ha quedado patente.

Una comunidad de apoyo mutuo

Desde La Laboratoria, un espacio de investigación feminista, también han decidido convocar la protesta. “Tenemos una imagen muy estigmatizada de la gente que vive en la Cañada. En realidad, Cañada nos recuerda el pasado de Vallecas”, sostiene Marta Malo, portavoz del colectivo. Desde su punto de vista, lo que sucede en la Cañada deja un futuro que se bifurca. “Si todo sigue será algo negativo, debido a la especulación sin freno que cada vez obliga a más personas a la autoconstrucción de sus viviendas, pero también positivo, cuando vemos que lugares así resisten y cooperan frente a esta dinámica de expulsión permanente”, desarrolla.

Malo ha destacado que “marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el tipo de Madrid que queremos”. En este sentido, ha criticado la supuesta política de realojos en alquileres sociales. “Cuando estás en una situación de mucha precariedad y te meten en un piso durante seis meses, aunque sea barato, te separan de la Cañada, donde sí hay una comunidad que te permite cierto apoyo mutuo”, ha precisado la portavoz de La Laboratoria cuando la manifestación llegaba a su fin.

Marchar por el derecho a tener derechos

El culmen de la protesta ha tenido lugar cerca de la sede de Tabadol con la lectura de un comunicado, previo a una pequeña comida popular y después de que varios colectivos y entidades dirigieran unas palabras a los presentes. “Marchamos por la vivienda. Marchamos por el derecho al territorio. Marchamos por el derecho a tener derechos. Y marchamos también por el derecho a la rabia. Porque la rabia no es violencia. La rabia es una respuesta legítima cuando te quieren expulsar. La rabia es memoria de todo lo perdido. La rabia es defensa del hogar”, han expresado en el comunicado.

Tal y como han añadido ante la mirada atenta de los manifestantes, “defender nuestras casas es defender nuestra dignidad. Y no vamos a permitir que nos sigan expulsando del lugar donde vivimos. Por eso decimos alto y claro: Cañada se queda”. También se han referido al feminismo, el antirracismo, el ecologismo y los colectivos vecinales, así como los que defienden una sanidad y educación públicas, que les apoyan en su lucha. “Derribar viviendas no es una solución. Desalojar familias no es política social. Desplazar comunidades no es progreso”, han criticado.

Por último, un único mensaje ha quedado petrificado en el aire frío del Sector 6: “Porque la vivienda digna es la puerta de entrada a todos los derechos, y cuando se derriba una casa, se intenta derribar una vida entera. Y lo decimos hoy con más claridad y fuerza que nunca: Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

Si quieres pasar frío, vente a Sevilla. Que sí, no me mires así, ni hagas caso a la previsión del tiempo que dice que hoy tenemos una mínima de seis grados, que ya la querrían muchas provincias. Tampoco te creas eso de que los sevillanos disfrutamos de inviernos templados. Vente unos días a un piso sevillano y verás lo que es pasar frío. Te vale igual un piso cordobés, incluso malagueño con su invierno tan benévolo que atrae a jubilados escandinavos. O una casa en cualquier pueblo andaluz. En la calle se está de gloria, de puertas adentro todos sin salir de la mesa camilla.

Los sevillanos pasamos frío tantos meses como calor, pero es un frío indoor. Convencidos desde hace generaciones de que aquí no hace frío, nuestras viviendas están preparadas para el verano (en muchos casos tampoco) y totalmente descuidadas para el invierno, más descuidadas cuanto más baja sea la renta familiar, que el frío va por barrios. La mayoría vivimos en pisos con materiales baratos y mal aislados, y tampoco instalamos calefacción porque aquí no hace falta (como tampoco compramos buena ropa de abrigo; a los sevillanos se nos reconoce fácilmente cuando viajamos más al norte, con solo ver nuestro atuendo). Total, el frío-frío son solo unos días, nos decimos cada año, olvidados de que el año anterior pasamos frío de noviembre a febrero. El padre de una amiga usa bufanda para estar en casa, y no vive precisamente en una infravivienda.

Perdón por desviarme hoy de las urgencias informativas, pero cada año por estas fechas, en cuanto baja el termómetro, tengo necesidad de escribir sobre el frío. Con la edad, y sobre todo desde que me mudé a Sevilla, me he vuelto más sensible a las bajas temperaturas. Y eso que el mío es un frío de familia de clase media que puede permitirse unos meses de factura eléctrica disparada por los radiadores, y que además trabaja en interior. Pero en cuanto saco un pie de la cama o tengo que cruzar el páramo que se extiende entre el baño y el dormitorio, pienso en tanta gente que estos días pasa frío, pero frío de verdad.

Pocas cosas me despiertan más empatía y compasión. La sociedad de la nieve me espantó no por el canibalismo sino por las heladas extremas que sufrieron. Lo mismo cuando leo sobre cualquier guerra europea donde intervino “el general invierno”. Sobra decir que el episodio que más me horroriza de nuestra guerra es la Batalla de Teruel. Si visito un castillo pienso en quienes soportaron inviernos entre sus muros, y aún peor fuera de ellos. Hasta un bello cuadro de Brueghel El Viejo me conmueve por lo que debían de pasar esas pobres gentes del siglo XVI. Me espeluznan los relatos antiguos de expediciones antárticas, y los alpinistas himalayos que pierden dedos, orejas y la nariz por congelación.

Me caen mal quienes al final del verano dicen eso tan gracioso de “qué ganas tengo de que llegue el frío”. Gente que no conoce el frío, que se sabe a salvo del verdadero frío, que puede ver la nieve desde el salón a veinte grados. El frío debería ser el quinto jinete del Apocalipsis, tan cruel como el hambre, más invisible que esta: a los hambrientos los vemos consumirse, no nos damos cuenta de quienes tienen el frío dentro del cuerpo durante meses. Pocos indicadores tan rotundos de pobreza y desigualdad, sin necesidad de que apellidemos “energética” a lo que es pobreza sin más.

Mi frío de mentirijilla me hace pensar siempre en trabajadores a la intemperie, jornaleros recogiendo aceitunas, enfermos que el frío se lleva por delante, vecinos asfixiados por braseros y calefacciones de mala combustión, personas sin techo -en invierno se les ve menos, bajo cartones o metidos en sacos-, migrantes malviviendo junto a invernaderos, familias en infraviviendas -las chabolas de siempre ahora son verticales-, gente que no tiene recursos para calentar la casa, y por supuesto los olvidados de la Cañada Real. Mi frío de este enero de 2026 me hace también pensar en los gazatíes invisibilizados por “la paz” y cuyo frío de casa en ruinas o tienda de campaña no escandaliza a nadie -ocho bebés muertos en lo que va de invierno-, o en las ciudades ucranianas sin electricidad otro crudísimo invierno.

Me quejo mucho, pero yo no sé lo que es el verdadero frío, y seguramente tú tampoco. Afortunados.

Hasta el 19,5% de los hogares de Castilla-La Mancha, o lo que es lo mismo 2 de cada 10, no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, según UGT. Aseguran que es lo que se conoce como pobreza energética, “una carencia que coloca a nuestra región con uno de los peores indicadores del país, solo por detrás de Extremadura (21,7%), Murcia (20,9%) y Andalucía (20,1%) y dos puntos por encima de la media nacional (17,4%)”.

UGT Castilla-La Mancha pone de manifiesto que, a pesar de las medidas que se vienen implementando en los últimos años para un suministro adecuado de energía en los hogares, lo cierto es que “resulta preocupante la evolución de la cifra de hogares que sufren pobreza energética”. En base a los datos analizados de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en la última década los hogares con esta carencia “han crecido un 37%, triplicándose si se toma como referencia los últimos 20 años”.

Desde el sindicato señalan que el suministro de energía constituye un bien básico e “imprescindible”, cuya privación “genera muchas desigualdades”. Consideran “fundamental” conseguir un nuevo modelo energétio, “basado en la transición justa”, así como “reformar el mercado de fijación del precio de la electricidad para alcanzar precios asequibles y competitivos; y reforzar los derechos de los consumidores en los contratos de energía”

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores también defiende proteger a los consumidores más vulnerables y con rentas más bajas y luchar más intensamente contra la pobreza energética.

UGT Castilla-La Mancha concluye señalando que esta pobreza “tiene mucho que ver con los bajos ingresos de las familias, con los altos precios energéticos y con viviendas que, en ocasiones, son muy ineficientes desde el punto de vista energético”.

Un grupo de investigadores del centro científico de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés) ha publicado un estudio que sitúa a Canarias como la región europea con mayor riesgo de pobreza energética por culpa de la ineficiencia de sus viviendas, la mayoría de ellas sin ningún tipo de aislamiento térmico o que funcionan ahora como auténticas bombas de calor para adaptarse al Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista 'Energy Research & Social Science'. Los autores crearon un novedoso índice de vulnerabilidad energética que mide, por un lado, la brecha entre la energía consumida y la requerida idealmente en los hogares, y, por otro, la capacidad de la población para adaptarse a un posible malestar térmico, agrupando hasta once variables como el gasto en alquiler, ingresos económicos, número de niños o ancianos viviendo en el inmueble, entre otras variables. 

Las estimaciones de ese índice fueron calculadas para cada gran región europea, las conocidas como NUTS 1, que dividen el territorio español, por ejemplo, en siete áreas (noroeste de la Península, noreste, Comunidad de Madrid, centro, este, sur y el propio Archipiélago). 

Las Islas son las que salen peor paradas no solo en todo el país, sino en todo el continente, en especial por su puntuación en lo que los investigadores denominaron Índice de Brecha en el Rendimiento Energético de los Edificios (EPGI, por sus siglas en inglés). 

Este indicador recoge datos oficiales de consumo y demanda ideal de energía de los inmuebles, es decir, la cantidad de electricidad que una casa debería consumir para garantizar su confort térmico. Obtuvieron esas cifras utilizando un valor de referencia por cada tipología constructiva (viviendas unifamiliares, multifamiliares, pisos…) que luego fueron escalando a nivel regional según la superficie de las casas, su antigüedad y el clima del lugar. 

De esa manera, los autores fueron capaces de precisar la energía que un inmueble tendría que consumir para estar caliente en invierno y fresco en verano, y la que finalmente consume. La brecha entre ambos registros es lo que cuantifica el índice EPGI. Si la diferencia es grande, significa que las viviendas son ineficientes en clave energética. Si no, todo lo contrario. En una escala del 1 al 20, donde 1 es mínimo riesgo y 20 es máximo, Canarias registra la puntuación más alta, 20. Por delante de la región finlandesa de Åland (16,8) y del territorio continental de Portugal (16,79). 

La investigación no especifica por qué el Archipiélago presenta esa cifra. Hace una aproximación para citar los motivos que explicarían las mayores brechas de rendimiento energético en el parque de viviendas de las localidades del sur de Europa y el Mediterráneo, caracterizadas por “veranos calurosos e inviernos suaves”, lo que “puede indicar una demanda de refrigeración [de los hogares] no satisfecha durante las estaciones cálidas”. 

Estas regiones presentan valores “elevados” de un registro europeo llamado 'Cooling Degree Days' (CDD), que mide la necesidad de refrigeración de las casas. Sin embargo, el consumo de energía en ellas destinado precisamente a esto es “generalmente bajo”: oscila entre el 0,34 y el 3,5% del gasto final. Eso ocurre por una falta extendida de medidas de enfriamiento, envolventes obsoletas, sistemas técnicos anticuados y deficiente renovación de las viviendas, indica el informe. En Canarias, además, tiene su propia explicación.

La gran mayoría de los inmuebles de las Islas no tienen un buen sistema de aislamiento. Fueron construidos antes de 2006, mientras reinaba en España la Norma Básica de la Edificación (NBE), una regulación que excluía a las Islas de la aplicación del coeficiente KG de la construcción, utilizado para limitar las pérdidas de calor de un edificio en invierno y restringir, también, las ganancias en verano. 

El Archipiélago quedó fuera del uso de este factor “por sus especiales condiciones climáticas”, detalla la ley. No dice nada más. Las casas levantadas en Canarias durante ese largo periodo (desde la década de los 70 hasta 2006) fueron construidas permitiendo en su interior el mismo tiempo que en el exterior, al calor de la famosa eterna primavera de la Comunidad Autónoma. Pero en un planeta más cálido a causa de la crisis climática, esa no parece ser la mejor estrategia. 

Cada vez más hogares canarios no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada. El porcentaje en 2024 fue del 16,8%, según la Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2023, del 24%. Y en 2022, del 15,1%. En el último lustro, el valor siempre ha estado igual o por encima del 15%, algo que solo había ocurrido cuatro veces en los 15 años anteriores. 

La tendencia es bastante clara: aunque sea a cuentagotas, las familias isleñas han empezado a notar el impacto de unos inmuebles inadaptados a condiciones climáticas extremas. Un impacto que afecta a la salud, la productividad, la calidad del aire y el bienestar de sus ocupantes, agrega la investigación. 

A eso se suma ahora que el nuevo Código Técnico de la Edificación, de ámbito nacional, resulta contraproducente y perjudicial para las viviendas de Canarias, coinciden expertos consultados por Canarias Ahora, pues se centra principalmente en limitar la demanda energética de calefacción, reduciendo las pérdidas de calor y estableciendo espesores de aislamiento que convierten a los hogares de las Islas en auténticos termos. 

“Es un problema de raíz. La normativa está pensada para ahorrar calefacción [que representa casi la mitad del gasto energético de las viviendas en España]. Y cada vez que se ha actualizado, pide un nivel más de aislamiento”, afirma Eduardo Martín del Toro, doctor en Arquitectura Bioclimática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 

Cuanto mayor es el espesor del aislamiento, más tiempo se mantienen las temperaturas altas en la vivienda, provocando sobrecalentamiento. Y en un clima subtropical como el canario, eso es sinónimo de ineficiencia (y, por tanto, vulnerabilidad) energética. 

“No han entendido que estamos en mitad del Atlántico, que no podemos equiparar nuestro clima a nada parecido. Pero esa ha sido una lucha histórica. Y los técnicos del Ministerio no han atendido esa singularidad”, añade Manuel Montesdeoca Martín, también doctor en Arquitectura por la ULPGC. 

El informe de los investigadores del centro científico de la Comisión Europea también mide la capacidad de las personas para mitigar de algún modo la exposición de sus hogares al malestar térmico. Lo hace analizando once variables, que van desde los ingresos netos del hogar hasta el gasto médico o en servicios financieros. 

Los autores eligieron escrupulosamente indicadores que permiten deducir si una familia está más o menos preparada para combatir la pobreza energética. Por ejemplo: un mayor número de ancianos o niños en la vivienda podría aumentar los gastos o la sensibilidad a los impactos; asumir pagos vinculados con el mantenimiento de la casa sugiere que existe cierta estabilidad financiera para hacer reformas; y comprar aparatos electrónicos o derivados influyen en lo que los firmantes del estudio distinguen como “autoeficacia percibida”, la creencia en la capacidad de tomar decisiones efectivas ante un problema, como solicitar ayudas públicas o acceder a asesoramiento y asistencia digitales. 

El índice que reúne esas once variables después de armonizarlas dio forma al Subíndice de Capacidad Adaptativa (CAP, por sus siglas en inglés). Y al combinar el primer indicador con este, los expertos moldearon el Índice de Vulnerabilidad Energética (EVI, por sus siglas en inglés), que concentra dos métricas muy diferentes, una técnica y otra socioeconómica, para evaluar el riesgo de pobreza energética en una sola escala. Canarias, otra vez, lidera la clasificación en Europa, con una valoración de 16,74 sobre 20 (riesgo máximo). El sur de la Península (15,5) y la Comunidad de Madrid (15,53) completan el podio. 

Los datos indican que la vulnerabilidad energética en las Islas se reduce en un 16% cuando se introducen factores sociales en la ecuación (de los 20 de EPGI a los 16,74 de EVI). Pero aun así, el Archipiélago encabeza la tabla en el Viejo Continente. 

El estudio apunta que, en regiones como Canarias, las intervenciones políticas deberían centrarse en adaptar las viviendas para controlar el calor mediante envolventes adaptativas, techos y muros reflectantes, y el uso de vidrios con bajo factor de ganancia de calor solar. Otras medidas serían el uso de aparatos y sistemas de iluminación eficientes y de baja energía para mitigar el sobrecalentamiento. 

A nivel regulatorio, los expertos consultados reclaman un cambio normativo que refleje la singularidad climática de Canarias. También recomiendan el empleo de muros gruesos para que las propias fachadas de las casas actúen como regulador térmico, absorbiendo el exceso de calor y liberándolo cuando hace más frío. O promover el diseño de casas que permitan la ventilación cruzada.

“El Gobierno de Canarias debería ponerse las pilas para que el Ejecutivo central autorice una excepción que se adapte a nuestra realidad”, concluye Montesdeoca, de la ULPGC. Mientras, invertir en rehabilitaciones energéticas millonarias bajo este marco legal “es un gasto de dinero que no puede tener beneficios, sino todo lo contrario”, remacha Martín del Toro, también de la universidad pública. 

El próximo 17 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se presentarán los nuevos datos del informe “El Estado de la Pobreza en Castilla-La Mancha” elaborado por la Red contra la Pobreza en España, una radiografía que no puede ni debe pasar desapercibida en un momento en el que estamos asistiendo a un presumible crecimiento económico, y donde los indicadores sociales nos retrotraen a niveles de hace una década.

A tenor de los últimos datos oficiales del INE que avanzamos en febrero, más de un tercio de la población de Castilla-La Mancha vive en riesgo de pobreza o exclusión, es decir, cientos de miles de personas que no logran participar plenamente en la vida económica y social, ya que la renta media disponible en la región sigue sensiblemente por debajo de la media del país y la infancia soporta niveles de pobreza desproporcionados. Además, los hogares monoparentales y las familias de origen extracomunitario concentran una mayoría de situaciones de vulnerabilidad. Presentaremos el detalle completo en la rueda de prensa del viernes 17 de octubre (Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza).

Esta realidad no es solo un problema social que se vive en silencio por quien lo sufre, sino también un lastre económico para la región, ya que las carencias materiales reducen el consumo interno, debilitan el mercado laboral de valor añadido y limitan la capacidad de innovación y crecimiento de la región. Castilla-La Mancha no podrá sostener un crecimiento justo mientras una parte tan significativa de su población viva y crezca en condiciones de vulnerabilidad estructural.

En un contexto de competitividad global, la región afronta la cuarta revolución tecnológica con un desequilibrio en el acceso y aprovechamiento de las nuevas herramientas digitales, donde las rentas bajas y la falta de competencias digitales condenan a demasiadas personas a la exclusión y la dependencia en un mundo cada vez más automatizado y digitalizado, y que relegará al paro estructural a quien carezca de conocimiento. Mientras el progreso avanza para unos pocos, una mayoría creciente queda excluida de la necesaria conectividad, de la formación y del empleo de calidad, cada vez más escaso.

Las políticas públicas regionales de inclusión han demostrado ser un estímulo al crecimiento comunitario, y deben retomar su ambición en materia de lucha contra la pobreza por su indudable valor de desarrollo social y económico regional, complementando a otros niveles de la administración que actualmente responden a la pobreza o a la falta de vivienda pública con medidas generalistas, retomando medidas de su competencia e impulsando planes con recursos adecuados a los retos que se proponen abordar.

Si la pobreza afecta a más de un tercio de la población, si la desigualdad territorial vacía nuestros pueblos y si la infancia crece sin oportunidades, cabría pensar que la pobreza es el principal problema estructural de Castilla-La Mancha, y por tanto, situarse en un lugar destacado en el debate del Estado de la Región, ya que sin cohesión social y económica para una creciente mayoría de la ciudadanía, los ingentes discursos y abundantes datos que se presentan en estos espacios nos distancian de la realidad precaria y pobre de oportunidades de importantes capas de la ciudadanía que deben seguir creyendo en que hay un ascensor social, y que funciona.

El 17 de octubre conoceremos los datos completos del alcance e implicaciones de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en nuestra región. Hasta entonces, la pregunta es sencilla: ¿qué papel quieren jugar los partidos políticos de Castilla-La Mancha en la lucha contra la pobreza: el de espectadores o el de protagonistas del cambio?

El Gobierno quiere prohibir que las eléctricas cobren penalizaciones a los clientes vulnerables con un contrato libre que se pasen al mercado regulado para disfrutar de los descuentos del bono social. Se trata de una de las propuestas incluidas en el borrador de la nueva Estrategia contra la Pobreza Energética 2026-30 que el Ministerio para la Transición Ecológica va a sacar a consulta hasta el próximo 10 de octubre.

La medida más relevante de la nueva estrategia, que se prevé que el Consejo de Ministros apruebe antes de fin de año, es la de “facilitar” el acceso al bono social mejorando la tasa de cobertura. Esade calculaba a principios de este año que casi el 80% de los que podrían acceder a él no lo disfrutan por “problemas de diseño”, de forma que solo cubre al 20% de los hogares de menos renta. Mientras, “entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono”.

La estrategia plantea “cerrar la brecha” en esa tasa de cobertura con “un paquete de trabajo” para abordar el acceso a los descuentos y medidas para proteger a sus beneficiarios y la “adopción de medidas que faciliten el acceso”. Transición Ecológica plantea además “prohibir ciertas prácticas empresariales”.

El borrador, al que ha tenido acceso elDiario.es, insta a “evitar situaciones en las que beneficiarios del bono social pierden esta prestación debido a que contratan algún servicio que automáticamente les limita el derecho a percibirlo, o bien son penalizados en su contrato previo por rescindirlo para beneficiarse del bono”, prohibiendo prácticas esas penalizaciones por permanencia si el consumidor contrata la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que es imprescindible para tener el bono social.

Además, se propone reforzar las condiciones en las que las eléctricas pueden aplicar una refacturación (por ejemplo, tras una lectura estimada, cuando ha habido problemas con un contador...), estableciendo límites a las cuantías y periodos en que se puede rectificar la facturación, “con objeto de evitar dificultades en el pago” para los hogares, no solo los vulnerables. Si la refacturación es favorable al consumidor, “se plantea una devolución inmediata de los retrasos, junto con un recargo de intereses en función del retraso”, dice el borrador.

El borrador plantea exigir que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar la tarifa regulada con bono social para irse al mercado libre, que por lo general, a la larga, es más caro que el PVPC.

Además, se prohíbe cualquier llamada no solicitada de comerciales de las eléctricas, salvo permiso expreso del consumidor, en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y después de que este año el Ministerio de Transformación Digital haya intentado poner coto a estas prácticas al prohibir las llamadas comerciales desde móviles.

La nueva estrategia sustituye a la del periodo 2018-2024, que llevaba tiempo caducada. A diferencia de aquella, no incluye ninguna mención a la “automatización” de los descuentos del bono (que sufraga el sector eléctrico), una promesa que no llegó a cumplirse.

Tampoco menciona el borrador la posibilidad de introducir una medida con la que Transición Ecológica, con Teresa Ribera al frente del ministerio, amagó durante años sin llegar a aplicarla, establecer criterios de renta para las familias numerosas, que actualmente pueden tener el bono sin importar sus ingresos. No obstante, sobre la mesa está reevaluar qué colectivos deben tener derecho a él.

El documento subraya que “las Comunidades Autónomas son competentes en las materias clave para abordar la pobreza energética desde la perspectiva de protección de los colectivos vulnerables”, por lo que “es imprescindible la implicación activa” de estas administraciones. Añade que “las Entidades Locales, como administración más cercana a la ciudadanía, desempeñan un papel clave en la detección de situaciones de vulnerabilidad y también en el acompañamiento de la ciudadanía o la gestión de ayudas directas”.

Un observatorio

La nueva estrategia incluye doce grandes medidas para “consolidar” los avances alcanzados en la anterior, mucho más extensa (tenía 177 páginas) que la que ahora sale a consulta (tiene solo 55). La primera medida es crear un observatorio sobre pobreza energética para sistematizar el conocimiento de esta compleja problemática y refinar los indicadores que se han utilizado hasta ahora para medirla.

La segunda es “garantizar el suministro a los consumidores electrodependientes”, consolidando el denominado principio de precaución (una serie de cautelas antes del corte); se plantea “desarrollar la normativa” e implantar mecanismos de coordinación para proteger a los consumidores electroindependientes frente a cortes de suministro. En materia de protección del consumidor, además de un “refuerzo” de sus derechos en el ámbito de la comercialización, se plantea “profesionalizar las medidas a disposición de los consumidores por parte de las comercializadoras, con la figura del Defensor del cliente”.

Otras medidas son “fomentar la rehabilitación energética de las viviendas de los consumidores vulnerables”; lanzar proyectos piloto de intervención exprés en viviendas vulnerables o incentivar las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, de forma que sea obligatorio que parte de los consumidores que se beneficien de ellas sean vulnerables, en línea con un proyecto piloto que ya ha lanzado el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

Además se plantea mayor coordinación entre administraciones en materia de pobreza energética; un programa piloto para el impulso del asesoramiento a consumidores en situación de pobreza energética; y el fomento de la detección de situaciones de pobreza energética en los centros sanitarios de atención primaria.

Transición Ecológica presentará esta tarde el borrador a las asociaciones, entidades y ONG que han participado en su elaboración. El documento, que no requiere de desarrollo reglamentario y no contempla una partida presupuestaria específica, se va a abordar en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

El ministerio va a presentar también un balance de la aplicación de la anterior estrategia, marcada por acontecimientos extraordinarios como la COVID o la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, con medidas como la prohibición total de cortes de suministro a vulnerables, el suministro mínimo vital, la ampliación de la cobertura del bono social, la solución ibérica o el tope a la tarifa regulada del gas, conocida como tarifa de último recurso (TUR).

La evaluación, que detecta “posibles áreas de mejora de los actuales indicadores” que se utilizan para medir la pobreza energética, concluye que desde 2018 hasta 2024 el número de acogidos al bono social ha subido en más de 400.000, hasta los 1.580.735 beneficiarios existentes a cierre del pasado ejercicio, en un periodo en el que el 20% de la población más pobre ha mejorado su renta un 41,94% en el primer decil (los más desfavorecidos) y un 37,08% en el segundo decil.

En 2018 España estaba en el top 5 de países con la luz más cara y, tras ser el país que más duramente sufrió la crisis energética tras la invasión de Ucrania (por la indexación del PVPC a la cotización diaria de la luz), desde 2023 se sitúa entre los que tienen precios más competitivos. En comparación con 2018, en 2024 se produjo un descenso del 25% en la proporción de los ingresos de los hogares más pobres (primer decil de renta) que se destina a suministros energéticos.

Antes de empezar a leer este artículo, apaga el aire acondicionado. Espera un rato hasta que tu casa o lugar de trabajo pierdan el fresquito acumulado y suba unos cuantos grados la temperatura interior. Para leerlo en condiciones óptimas, estaría bien que además cambiases las ventanas por otras más viejas que no aíslen bien, y que sustituyeras la fachada y la cubierta de tu edificio por paredes y tejados de peor calidad constructiva, pero tampoco te voy a liar tanto, que es solo para unos minutos de lectura. Me vale con que apagues unas horas el aire, como si no pudieses pagar la factura eléctrica, no tuvieses aparato de aire, o hubiera cortes de luz en tu barrio durante las horas de más calor.

Como alternativa, para leer el artículo en condiciones óptimas también puedes ponerte a cargar peso o manejar maquinaria a media mañana en la calle, a pleno sol; meterte en una cocina de bar a pleno funcionamiento con solo un pequeño ventilador de alivio; o si te van las emociones fuertes, pasar unas horas bajo el plástico de un invernadero. ¿Ya se te ha puesto mal cuerpo? ¿Mareos, dolor de cabeza, agotamiento, asfixia? Venga, ya puedes seguir leyendo.

Quería hablar del calor, el calor extremo que va y viene en olas y se instala durante más de una semana con sus noches tórridas; el calor que abre todos los días los telediarios con tratamiento de información deportiva (máximas, mínimas, récords, ciudades en la parte alta de la tabla); el calor espectacularizado que saca periodistas a la calle en las peores horas para la conexión en directo; el calor que mata trabajadores y mata personas con problemas previos de salud; el calor que enferma física y mentalmente, el calor que convierte los centros comerciales en refugios climáticos, el calor para el que las autoridades nos proponen alivios particulares pero pocas políticas públicas.

Quería hablar sobre todo del calor que va por barrios, el calor que sube y baja la temperatura casera y corporal en relación directa con la renta y la clase social. El calor que se convierte en otro indicador de pobreza: pasar calor, tanto calor, es de pobres; pasar tanto calor es una marca de clase, señala a quien trabaja en verano y en ciertos sectores, quien no puede viajar de vacaciones a un lugar más fresco, quien vive en casas mal acondicionadas y barrios peor preparados, quien no puede pagar la factura eléctrica ni mejorar la climatización de su hogar (incluso con ayudas públicas, pues llegan siempre tarde y hay que adelantar el pago de cualquier reforma, con lo que acabamos accediendo a las ayudas quienes menos las necesitamos, el llamado “efecto Mateo”).

Quería hablar del calor, el calor extremo que seguimos tratando como si fuera un simple fenómeno natural y no una manifestación evidente de esa crisis climática que ya no está en ninguna agenda. Y quería hablar de lo mal repartido que está el calor y cómo la desigualdad calurosa tampoco es un fenómeno natural, aunque la enfrentemos con la misma resignación y falta de respuesta. Quería hablar del calor, del puto calor tanto más puto en ciertos barrios y profesiones. Pero sé que es un propósito fallido porque, para entenderlo, habría que leerlo muerto de calor, verdaderamente muerto de calor, de ese calor invivible que los privilegiados del fresquito no conocemos, aunque también nos quejemos.

Cuando Rosa Fernández García se jubiló, hace ocho años, lo hizo cobrando la pensión mínima, que ahora, tras las subidas de estos años, le supone un ingreso mensual de 870 euros. A través de una amiga supo de la existencia del bono social térmico, y por ende, del bono social de electricidad. El segundo no va sin el primero.

Se trata de un programa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, es decir, para que familias necesitadas, numerosas o pensionistas con paga mínima puedan pagar la calefacción. El Estado es el encargado de aportar el dinero para que estas personas puedan compensar los gastos necesarios que les garanticen el suministro de energía para calefacción, agua caliente y cocina, pero son las comunidades autónomas las que gestionan esta ayuda.

El bono social térmico se cobra siempre a año vencido, es decir, en octubre de 2023 Rosa cobró la ayuda correspondiente al ejercicio de 2022. Fueron 135,65 euros y la última cantidad que esta mujer jubilada de 75 años ingresó por última vez.

Harta de las comisiones que le cobraba el que por entonces era su banco, en aquel caso fueron 40 euros, decidió cerrar esta cuenta y abrir otra en una nueva entidad bancaria. Era algo que llevaba tiempo pensando, pero nunca había llegado a ejecutar por las complicaciones que pudiera, barruntaba ella, generarle desde el punto de vista administrativo con el Principado, pues para lo único que Rosa utilizaba la cuenta era para el cobro de esta ayuda.

No se equivocaba en lo que había aventurado, pues desde que en octubre de 2023 Rosa Fernández cerró esa cuenta bancaria y, pese a haber realizado todos los trámites exigidos por la administración para seguir cobrando la ayuda en su nueva cuenta, esto nunca más volvió a producirse “y ya estamos en marzo de 2025”, lamenta enfadada.

Cuando Rosa se pone en contacto con la Consejería de Bienestar Social para informarse del procedimiento que debe seguir ante un cambio de entidad bancaria, allí le informan de que ya no es el Principado quien gestiona estas ayudas pues, ante el volumen ingente de solicitantes han decidido contratar a Tragsa, empresa con un 51 por ciento de propiedad pública, para que gestione los bonos, y es con ella con quien debe ponerse en contacto para trasladarles este cambio. Ahí empezó su pesadilla. Hasta en cuatro ocasiones llegó a registrar el fichero de acreedores, perfectamente cumplimentado, para que realizasen el cambio de número de cuenta, pero eso nunca llega a pasar y nadie sabe explicarle por qué.

Las versiones de Tragsa han diferido a lo largo de todo este tiempo, incluyendo que es la comercializadora, en este caso, Basercor, quien les tiene que informar de ese cambio. Rosa, que asegura comprobar cada cosa que le dicen, habló con la empresa y esta le asegura lo que ella ya imaginaba, que por la Ley de Protección de Datos no están autorizados a dar sus datos a nadie.

La última vez que Rosa Fernández registró la documentación fue el pasado lunes y muy enfadada asegura que “estoy harta de que me tomen por tonta”. Mientras la Consejería le confirma que tienen su solicitud de cambio de cuenta registrada correctamente, Tragsa sigue manteniendo su antiguo número de cuenta. La conclusión es la misma de siempre, sigue sin recibir la ayuda que le corresponde desde hace dos años.

“Esto pasa en una comunidad autónoma de un millón de habitantes, no quiero ni pensar qué sucedería si fuésemos más”, asegura Rosa, a quien le consta que no es ella la única damnificada por la “pésima” gestión de Tragsa, empresa que, a su juicio, no está preparada para ocuparse de este tipo de ayudas.

Cada vez que llama a la Consejería de Bienestar Social recibe un buen trato, no obstante desde allí aseguran no poder ayudarla, pues la gestión corresponde a Tragsa.

Esta semana, Rosa registrará una queja formal por una situación que se alarga en el tiempo y que, según parece, nadie tiene intención de solucionar. “No lo hago por mí, lo hago por los miles de personas que están teniendo problemas con este bono y a las que nadie ayuda”, concluye.

Con el objetivo de paliar los efectos derivados de los altos precios en las facturas energéticas, en 2018 el Gobierno de España impulsó la creación de una ayuda para rebajar el coste de la luz, el denominado bono social eléctrico. Este programa buscaba aliviar la carga económica que conllevan algunos servicios básicos, sobre todo en los meses más fríos del año.

Sin embargo, el coste de las facturas sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas familias en el país, motivo por el cual se ha impulsado la creación de una nueva ayuda, el Bono Social Térmico -o Bono Social del Gas-. Este nuevo descuento busca garantizar el acceso al gas natural, un recurso esencial y que no estaba siendo aprovechado en todos los hogares, especialmente en aquellos en estado de vulnerabilidad.

Beneficios del bono social térmico

El bono social térmico 2025 es un mecanismo de ayuda que permite obtener descuentos en la factura de gas a todos aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Este está estrechamente relacionado con el bono social eléctrico, por lo que esta nueva ayuda será concedida a todos aquellos beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, siempre y cuando tengan contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) con una potencia inferior a 10 kW.

Tipos de ayudas del bono social térmico

Los consumidores que quieran optar al bono social térmico serán divididos en varias categorías, valorando criterios como el nivel de renta y la composición familiar con el objetivo de definir su nivel de vulnerabilidad. De esta manera, para calcular el tipo de ayuda, una de las bases toma como referencia el número de personas en el hogar y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Así, los consumidores vulnerables comienzan desde la base de una sola persona. En dicho caso el nivel de renta debe de ser menor a los 12.600 euros al año (equivalente a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas). A partir de ahí, cada unidad de convivencia le añadirá al umbral de renta 0,3 IPREM por persona mayor de edad adicional, y 0,5 IPREM por cada menor de edad.

De esta manera, algunos ejemplos de cifras para los consumidores vulnerables son los siguientes:

Del mismo modo, serán considerados como consumidores vulnerables todas aquellas familias numerosas con certificado en vigor, pensionistas del sistema de Seguridad Social por jubilación o por incapacidad permanente -que perciban la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión y no perciban otros ingresos superiores a 500 euros anuales-, y receptores del Salario Mínimo Vital.

Por otro lado, los consumidores considerados como vulnerables severos deberán contar con una renta anual igual o inferior al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores considerados simplemente como vulnerables. De esta manera, algunos ejemplos de consumidores vulnerables severos son:

Más concretamente, en casos extremos como los considerados como consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión, estos no solo deben cumplir con los requisitos más estrictos previamente mencionados, sino que también deben de recibir apoyo de los servicios sociales. Además, a estos hogares cuentan con la característica adicional de que no se les podrá cortar el suministro de gas incluso si se enfrentan impagos.

Por último, también hay un grupo de personas que están abiertas a acceder al bono social térmico pese a no cumplir todas las características anteriores. Estos son familias monoparentales, personas con una discapacidad mayor o igual al 33% reconocida, personas con grado II o III de dependencia o víctimas de violencia de género o terrorismo.

Cuanto dinero permite ahorrar el bono social térmico

Las cantidades que cada persona o unidad familiar puede percibir gracias al bono social térmico no solo dependen del grado de vulnerabilidad del consumidor, el importe también está basado en la zona climática donde habite el solicitante. Así, cuanto mayor sea la temperatura media durante el año, menores serán las ayudas. Estas se dividen de la siguiente manera:

Zona Alfa: Islas Canarias.

Zona A: Costa de Almería y litoral de Cádiz, Málaga y Melilla.

Zona B: Baleares y costa de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, parte de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Ceuta.

Zona C: Jaén, Cáceres, Toledo, Badajoz, parte de Granada y Huelva, Murcia, Valencia, Castellón, Barcelona y Girona, A Coruña, Pontevedra, parte de Orense, Oviedo, Santander, Bilbao y San Sebastián.

Zona D: Madrid, Ciudad Real, Albacete, Cáceres, Lérida, Huesca, Zaragoza, parte de Teruel y Guadalajara, Pamplona, Vitoria, Lugo, Palencia, Zamora, Valladolid, parte de Salamanca y Segovia.

Zona E: Pirineos catalanes, aragoneses y navarros, León, Burgos, Soria, Ávila, parte de Segovia, Teruel y sistema Ibérico.

Con el objetivo de paliar los efectos derivados de los altos precios en las facturas energéticas, en 2018 el Gobierno de España impulsó la creación de una ayuda para rebajar el coste de la luz, el denominado bono social eléctrico. Este programa buscaba aliviar la carga económica que conllevan algunos servicios básicos, sobre todo en los meses más fríos del año.

Sin embargo, el coste de las facturas sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas familias en el país, motivo por el cual se ha impulsado la creación de una nueva ayuda, el Bono Social Térmico -o Bono Social del Gas-. Este nuevo descuento busca garantizar el acceso al gas natural, un recurso esencial y que no estaba siendo aprovechado en todos los hogares, especialmente en aquellos en estado de vulnerabilidad.

Beneficios del bono social térmico

El bono social térmico 2025 es un mecanismo de ayuda que permite obtener descuentos en la factura de gas a todos aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Este está estrechamente relacionado con el bono social eléctrico, por lo que esta nueva ayuda será concedida a todos aquellos beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, siempre y cuando tengan contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) con una potencia inferior a 10 kW.

Tipos de ayudas del bono social térmico

Los consumidores que quieran optar al bono social térmico serán divididos en varias categorías, valorando criterios como el nivel de renta y la composición familiar con el objetivo de definir su nivel de vulnerabilidad. De esta manera, para calcular el tipo de ayuda, una de las bases toma como referencia el número de personas en el hogar y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Así, los consumidores vulnerables comienzan desde la base de una sola persona. En dicho caso el nivel de renta debe de ser menor a los 12.600 euros al año (equivalente a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas). A partir de ahí, cada unidad de convivencia le añadirá al umbral de renta 0,3 IPREM por persona mayor de edad adicional, y 0,5 IPREM por cada menor de edad.

De esta manera, algunos ejemplos de cifras para los consumidores vulnerables son los siguientes:

Del mismo modo, serán considerados como consumidores vulnerables todas aquellas familias numerosas con certificado en vigor, pensionistas del sistema de Seguridad Social por jubilación o por incapacidad permanente -que perciban la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión y no perciban otros ingresos superiores a 500 euros anuales-, y receptores del Salario Mínimo Vital.

Por otro lado, los consumidores considerados como vulnerables severos deberán contar con una renta anual igual o inferior al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores considerados simplemente como vulnerables. De esta manera, algunos ejemplos de consumidores vulnerables severos son:

Más concretamente, en casos extremos como los considerados como consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión, estos no solo deben cumplir con los requisitos más estrictos previamente mencionados, sino que también deben de recibir apoyo de los servicios sociales. Además, a estos hogares cuentan con la característica adicional de que no se les podrá cortar el suministro de gas incluso si se enfrentan impagos.

Por último, también hay un grupo de personas que están abiertas a acceder al bono social térmico pese a no cumplir todas las características anteriores. Estos son familias monoparentales, personas con una discapacidad mayor o igual al 33% reconocida, personas con grado II o III de dependencia o víctimas de violencia de género o terrorismo.

Cuanto dinero permite ahorrar el bono social térmico

Las cantidades que cada persona o unidad familiar puede percibir gracias al bono social térmico no solo dependen del grado de vulnerabilidad del consumidor, el importe también está basado en la zona climática donde habite el solicitante. Así, cuanto mayor sea la temperatura media durante el año, menores serán las ayudas. Estas se dividen de la siguiente manera:

Zona Alfa: Islas Canarias.

Zona A: Costa de Almería y litoral de Cádiz, Málaga y Melilla.

Zona B: Baleares y costa de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, parte de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Ceuta.

Zona C: Jaén, Cáceres, Toledo, Badajoz, parte de Granada y Huelva, Murcia, Valencia, Castellón, Barcelona y Girona, A Coruña, Pontevedra, parte de Orense, Oviedo, Santander, Bilbao y San Sebastián.

Zona D: Madrid, Ciudad Real, Albacete, Cáceres, Lérida, Huesca, Zaragoza, parte de Teruel y Guadalajara, Pamplona, Vitoria, Lugo, Palencia, Zamora, Valladolid, parte de Salamanca y Segovia.

Zona E: Pirineos catalanes, aragoneses y navarros, León, Burgos, Soria, Ávila, parte de Segovia, Teruel y sistema Ibérico.

En octubre de 2020 se apagó la luz en una parte del mayor asentamiento irregular de España, la Cañada Real. Desde entonces más de 4.500 personas de los sectores 5 y 6 tratan de sobrevivir sin suministro eléctrico. El Consejo de Europa ha confirmado esta semana un fallo contundente contra España por la vulneración de los derechos humanos en la Cañada Real. La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) confirma que los cortes de luz prolongados constituyen una violación de, al menos, siete artículos de la Carta Social Europea, que protege el derecho a una vivienda adecuada y a condiciones de vida dignas, y pide a todas las administraciones una solución “urgente”.

Según el fallo del comité, “las condiciones de vida en la Cañada Real no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad, especialmente en los meses más fríos, con temperaturas dentro de las viviendas por debajo de los 10 grados centígrados en invierno y por encima de los 40 en verano”. Además, el informe recoge que “en ausencia de electricidad, los afectados han tenido que recurrir a fuentes de energía alternativas como generadores de diésel, estufas de leña y paneles solares de segunda mano, lo que ha provocado incendios y accidentes graves”.

La decisión no tiene precedentes, dado que nunca se habían vinculado los derechos sociales con la energía y deja claro que el Estado debe garantizar el suministro de electricidad por encima de los intereses de cualquier empresa privada, en este caso Naturgy. María López, portavoz de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, califica la decisión como “histórica”,

Más de cuatro años en la oscuridad

La empresa Naturgy cortó el suministro a miles de personas alegando sobrecargas en la red provocadas por enganches ilegales y el cultivo de marihuana en la zona. Es el mismo argumento que ha esgrimido el Gobierno de España para defenderse ante el comité europeo. Sin embargo, los vecinos han denunciado reiteradamente que la mayoría de las familias afectadas son ajenas a estas prácticas y que se les ha privado de un derecho básico sin alternativas viables.

La falta de electricidad ha supuesto un deterioro drástico de las condiciones de vida de los afectados, especialmente para los 1.800 menores de edad que viven en la zona. Sin calefacción ni agua caliente, muchas familias han recurrido a estufas de gas y generadores, lo que ya ha provocado varios episodios de incendios e intoxicaciones. Además, los niños en edad escolar sufren graves dificultades para acceder a la educación sin luz para estudiar o acceso a dispositivos electrónicos cargados.

Ese, el de la falta de luz, no es el único problema que enfrentan los vecinos: los derribos de viviendas o el vertido de escombros en la zona arrinconan todavía más a la población de la Cañada Real. En 2021, por ejemplo, se llevó a cabo la demolición de una vivienda habitada por una familia con tres hijos menores, sin que se agotaran las vías legales pertinentes ni se ofreciera una alternativa habitacional adecuada. Por ese motivo se ha cursado una denuncia contra altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid en que la Fiscalía les pide 10 años de prisión.

La decisión del Consejo de Europa

El Comité Europeo de Derechos Sociales considera que España ha incumplido sus obligaciones en materia de acceso a una vivienda adecuada, salud y bienestar infantil. Según el fallo, la administración ha fracasado en garantizar unos estándares mínimos de vida para las familias afectadas y no ha tomado medidas suficientes para restablecer el suministro o encontrar soluciones alternativas.

El informe subraya que la energía es un servicio esencial y que su privación prolongada compromete derechos fundamentales. Además, denuncia que los planes de realojo propuestos por la Comunidad de Madrid han sido insuficientes y han dejado a cientos de familias en un limbo administrativo. “El Estado español ha fallado en su deber de proteger a los residentes de Cañada Real contra la pobreza y la exclusión social, al no tomar medidas efectivas dentro de un marco coordinado”, señala el documento del Consejo de Europa.

La sentencia, inédita hasta la fecha, también subraya que “el tiempo estimado para el realojo completo de los afectados es excesivamente largo desde el inicio de los cortes, lo que prolonga la situación de vulnerabilidad y exclusión”.

Desde el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid afirman que “la única vía que garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada a los residentes en la Cañada Real es el realojo”. El consistorio sostiene que esta medida “no es cuestionada” por la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Asimismo, fuentes del área afirman que “respetan, como no puede ser de otra manera, la decisión del Comité”, pero recalcan que “el fallo no obliga a las administraciones públicas españolas al restablecimiento del suministro eléctrico, sino a realizar actuaciones que garanticen el acceso efectivo a una vivienda de calidad”.

Según el consistorio, en 2024 “el Estado tomó conciencia de que debía ser parte activa de la solución de la Cañada Real” y se planteó incorporarse a los realojos con una aportación a través del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada, firmado en abril de ese año por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Rivas. Dicho plan contempla una inversión de 330 millones de euros en los realojos durante 10 años (2024-2034), repartidos de la siguiente manera: 110 millones del Estado, 110 millones de la Comunidad de Madrid y 110 millones a dividir entre Rivas y Madrid, según la proporción de familias afectadas.

Reacciones a la condena europea

El fallo ha sido recibido con satisfacción por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales. Amnistía Internacional ha celebrado la decisión y ha instado a las administraciones a cumplir con sus obligaciones y restablecer de inmediato el suministro eléctrico. “Este fallo es una victoria para los derechos humanos y deja en evidencia el abandono institucional que han sufrido estas familias”, ha declarado la organización en un comunicado.

El Defensor del Pueblo también pidió el lunes pasado, tras una reunión con representantes de la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real, una solución inmediata a la “emergencia humanitaria” que se vive en la zona. Ángel Gabilondo también recordó que en el año 2020 ya solicitó medidas urgentes tanto a la Delegación del Gobierno como a la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la electricidad. Además, denunció las declaraciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque consideraba que se había abordado el tema con “ligereza”, “falta de mesura” y “aporofobia”.

En el plano político, Rita Maestre, líder de Más Madrid en el Ayuntamiento, aseguró que desde la firma del Pacto Regional por la Cañada Real en 2017 las administraciones implicadas no solo han incumplido sus obligaciones, sino que “parecen estar forzando la expulsión de estos residentes”. Por su parte, la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, insistió en la necesidad de una nueva Estrategia de Inclusión para el pueblo gitano en 2025, ante la persistente discriminación en educación, empleo y vivienda.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió este miércoles la actuación de la Comunidad tras la condena del Consejo de Europa. “Desde la Comunidad llevamos muchísimo tiempo comprometidos y trabajando en el marco de nuestras competencias, que son los de vivienda y realojo. Somos la administración que más recursos hemos aportado”, afirmó tras el Consejo de Gobierno. Además, criticó la “falta de acción” por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, responsabilizándola de no abordar el problema de seguridad y drogas en la zona, que, según García, es competencia de la Administración General del Estado.

El ministro de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Bustinduy, se reunió también con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para coordinar medidas urgentes que restablezcan el suministro eléctrico en la Cañada Real. Tras el encuentro, Bustinduy destacó la necesidad de una “acción conjunta entre administraciones” y la reactivación del Grupo de Trabajo Interministerial para abordar esta crisis y que se trata de un problema “humanitario”.

La condena del Consejo de Europa marca un punto de inflexión en la crisis de la Cañada Real, al reconocer la privación prolongada de electricidad como una vulneración de derechos fundamentales. El Estado, que reconoce la autoridad del comité, está obligado ahora a actuar para garantizar que todas las administraciones con competencias velan para encontrar una solución a una crisis humanitaria que hace más de cuatro años que dura.

15.447 familias navarras se beneficiaron en 2024 del bono social térmico, la ayuda dirigida a personas vulnerables destinada a compensar los gastos de energía para los usos térmicos, como calefacción, agua caliente o cocina. En total, el Gobierno de Navarra destinó cuatro millones de euros en el último año para el pago de esta ayuda.

El pago del bono social térmico consiste en un único pago anual, generalmente en el mes de mayo. Si bien se trata de una ayuda financiada por los presupuestos generales del Estado, su gestión corresponde al Gobierno de Navarra. Este año 2025 el presupuesto recoge una partida de 5,2 millones de eurosdestinado al bono social térmico.

Además del bono social térmico, el Gobierno de Navarra cuenta con otras ayudas para combatir la llamada pobreza energética. Por un lado, las ayudas extraordinarias de inclusión social, que pueden ser solicitadas por personas cuyos recursos sean insuficientes para hacer frente a gastos extraordinarios o situaciones de emergencia y que, de no cubrirse, generarían riesgo de marginación social. Entre otras, pueden servir para hacer frente al pago de deudas generales, entre las que se encuentran las deudas por facturas eléctricas o de gas, así como la adquisición de estufas, calentadores y otros electrodomésticos. El año pasado se destinaron 900.000 euros a estas ayudas, que beneficiaron a 2.500 personas. El presupuesto de 2025 sigue recogiendo una partida para dar cobertura a esta convocatoria de ayudas. 

Por otra parte, las ayudas para procesos de inclusión o emergencia social, de competencia municipal, que los servicios sociales de base disponen para hacer frente a contingencias, entre las que se encuentran el pago de facturas de suministros energéticos sin necesidad de que se generen deudas. Los datos de 2024 remitidos desde los ayuntamientos estarán disponibles a partir del mes de marzo

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, ha destacado la importancia de “acompañar a estas personas con herramientas que sirven para aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables y que ayudan a garantizar el acceso a un recurso esencial como el gas, especialmente durante los meses más fríos del año”. 

La consejera ha recordado que el “Departamento de Derechos Sociales cuenta en 2025 con un presupuesto que crece para dar cobertura a las distintas medidas que configuran el escudo de protección y atención a las personas”. “En 2025 destinamos más de 233 millones a reforzar el escudo social con distintas políticas de inclusión que además del sistema de garantía de ingresos se destinan distintos servicios de atención: atención primaria, empleo social protegido, incorporación social a vivienda, ayudas para alimentos, subvención a colectivos y organizaciones que trabajan en inclusión, sinhogarismo, lucha contra la pobreza, etc”, ha indicado.

Bono social térmico 

La cuantía de la ayuda se calcula en función de la zona climática donde se ubica la vivienda de la persona beneficiaria y su grado de vulnerabilidad. Las zonas climáticas son una clasificación establecida por el Código Técnico de la Edificación (CTE) del territorio español en áreas con climas similares con el objeto de adaptar los requisitos de eficiencia energética de los edificios a las condiciones climáticas específicas de cada zona. La clasificación va desde la zona Alfa, con climas suaves, hasta la zona E, con climas extremadamente fríos. En el caso de Navarra, hay tres zonas climáticas: C, en Urdax, Lesaka y Unzué; D, en la mayor parte del territorio; y E, en la zona pirenaica, prepirenaica y algunos municipios de la zona centro y oeste. 

Así, los importes del bono social térmico se establecen teniendo como referencia esta clasificación, además del grado de vulnerabilidad de la persona beneficiaria. En 2024, las cuantías fueron las siguientes: en la zona climática C, 135,65 euros para personas vulnerables y 217,04 euros para personas vulnerables severas; en la zona D, 214,57 euros para personas vulnerables y 343,31 euros para grado severo de vulnerabilidad; y en la zona E, 258,68 euros para vulnerables y 413,88 para vulnerables severas. 

Para optar a esta subvención, las personas no deben tramitar ninguna solicitud. Son las comercializadoras quienes informan al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo de las y los consumidores vulnerables perceptores del bono social eléctrico que pueden optar también al bono social térmico, y es el propio departamento el que se pone en contacto con las personas beneficiarias para gestionar el abono. 

En las afueras de Madrid, más de 4.500 personas sobreviven en el asentamiento ilegal más grande de Europa en condiciones que recuerdan a otra época. Durante los últimos cuatro años, los sectores V y VI de la Cañada Real han estado sumidos en la oscuridad, privados de electricidad desde que el 2 de octubre de 2020 Naturgy interrumpiera el suministro. La crisis ha agravado la situación de desigualdad social y de condiciones infrahumanas que se viven en las decenas de chabolas enclavadas en las proximidades de la M-50.

La Cañada Real es una antigua vía pecuaria que cruza los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid. En sus orígenes, la zona era utilizada para el traslado de ganado, pero a partir de los años 60 del siglo pasado se convirtió en un asentamiento irregular que ha ido aumentando de tamaño. Hoy en día, más de 8.000 personas residen en este enclave que carece de servicios básicos, infraestructuras adecuadas y, desde hace cuatro años, de electricidad en dos de sus sectores más densamente poblados.

La justificación inicial para el corte del suministro fue la sobrecarga de la red por conexiones ilegales, según Naturgy. Sin embargo, los vecinos y las asociaciones que los apoyan denuncian que las causas reales están vinculadas a intereses urbanísticos. Proyectos como el desarrollo de Los Berrocales y Valdecarros han levantado las sospechas en torno a la propiedad del suelo y la regularización de algunas viviendas de la Cañada Real.

El impacto en las familias

La falta de electricidad ha generado un impacto devastador en las familias, especialmente entre los menores. De los 4.500 afectados por el corte de luz, 1.800 son niños y niñas que crecen en condiciones precarias, expuestos a temperaturas gélidas durante el invierno y a problemas de salud mental y física derivados de esta situación. La llegada de las condiciones meteorológicas más severas del año agrava aún más la situación.

El informe La Cañada responde, elaborado por el Centro Sira el pasado año, calificó las condiciones de vida en la zona como, literalmente, un “entorno torturante”. Este documento recoge testimonios que ilustran cómo las familias enfrentan problemas como intoxicaciones por el uso de generadores de gasóleo, quemaduras por sistemas de calefacción improvisados y enfermedades respiratorias agravadas por la falta de aislamiento en las viviendas.

La población de la Cañada Real, con más de 15 años de residencia promedio y un fuerte arraigo desarrollado, enfrenta un grave deterioro tras el corte de suministro eléctrico. Según el mismo informe, el apagón no ha hecho más que intensificar la precariedad preexistente, afectando condiciones de vida básicas como la conservación de alimentos y la calefacción, lo que ha generado “un sufrimiento severo en la población”, especialmente en mujeres e infancia. Cabe recordar que más de 1.800 de los habitantes son niños y niñas.

El Centro Sira denuncia que la falta de luz equivale a una “muerte civil”, limitando el acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la conexión digital, crucial para el desarrollo infantil. Además, aseguran que ha disparado los problemas de salud mental, con un aumento del 11,8% al 55% en quienes requieren atención psicológica, y que un 15,7% ha expresado “pensamientos de suicidio”. 

Los vecinos, en lucha

A pesar de la situación extrema, la comunidad de la Cañada Real continúa en pie de guerra. Los vecinos no han dejado de movilizarse para reclamar unas condiciones dignas desde que se produjera el corte de luz, hace más de cuatro años. Además, organizaciones vecinales como la Asociación Tabadol y plataformas solidarias han llevado su lucha hasta instancias internacionales.

Ante la creciente presión social y mediática, el Gobierno español, en colaboración con las administraciones autonómica y local, anunció el Plan Extraordinario de Realojos 2024-2034, que prevé el traslado de unas 1.600 familias a nuevas viviendas. Sin embargo, este plan ha sido recibido con escepticismo por los vecinos de la Cañada Real, quienes denuncian que no garantiza condiciones dignas ni soluciona el problema estructural de exclusión. Mientras tanto, las obras previstas para renovar la red eléctrica en los sectores no incluyen a aquellas familias que no disponen de contratos legales.

La condena del Consejo de Europa

La reciente resolución del Consejo de Europa apunta a la vulneración de al menos seis artículos de la Carta Social Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dictaminado que España ha violado la Carta Social Europea al no tomar medidas efectivas para paliar la situación de los vecinos de la Cañada Real. La resolución señala que ha afectado gravemente los derechos de los residentes, especialmente el derecho a una vivienda adecuada, la protección de la salud y el bienestar infantil, pues los niños han enfrentado condiciones extremas que han podido empeorar su salud y desarrollo.

Las organizaciones y los vecinos esperan que esta condena internacional impulse medidas concretas, como el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y un plan inclusivo que respete los derechos de todas las familias.

El comité también subraya el impacto negativo en la seguridad y la salud de los habitantes, quienes han recurrido a generadores de gasolina y paneles solares, lo que ha generado intoxicaciones y riesgos de incendios. El ente europeo considera insuficientes los plazos de realojo de las administraciones dado que los planes están proyectados hasta 2034, casi 15 años más tarde del corte de luz en los sectores V y VI.

Mientras tanto, el quinto invierno sin electricidad amenaza con recrudecer todavía más la situación en la Cañada y con ir desgastando a los más de 4.000 vecinos que siguen lidiando con el día a día de la estación más dura del año sin suministro eléctrico.

Los Bomberos de Barcelona detectan y comunican de media unos diez hogares en situación de pobreza energética cada semana. Desde 2017, cuando se comenzó a aplicar un protocolo específico para que efectivos del cuerpo alertaran sobre posibles casos en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales y en los Puntos de Asesoramiento Energético del Ayuntamiento, se han elaborado 3.629 informes.

Lo ha explicado a la agencia ACN el jefe de la unidad operativa territorial, Rubén Estela, que ha detallado que las cifras son “estables” y que, de media, los Bomberos realizan 1,2 servicios al día en los que detectan elementos relacionados con esta problemática.

Los sindicatos de Bomberos de la Generalitat y la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) han pedido a Interior seguir el ejemplo barcelonés y activar para toda Catalunya el protocolo acordado hace 7 años para “combatir esta lacra”.

La pobreza energética es una problemática que se ha generalizado en los últimos años en Catalunya y en el resto de España, ya que el 20% de la población es incapaz de mantener un hogar a la temperatura adecuada durante los meses de más frío, según la última Encuesta de Condiciones de Vida.

En este contexto, en 2017, los Bomberos de Barcelona empezaron a aplicar un protocolo específico para “hacer aflorar potenciales necesidades” no identificadas por la red de protección municipal.

Rubén Estela, jefe de la Unidad Operativa Territorial de los Bomberos de Barcelona, ha explicado que se vio “como una oportunidad” el hecho de que los efectivos del cuerpo pudieran acceder al interior de domicilios sin previo aviso. “Generaba la posibilidad de observar si había indicios que pudieran llamar la atención y abría la puerta a que el problema que sufrían estas personas pudiera tener un curso de solución”, ha comentado.

Así, en colaboración con el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y los Puntos de Asesoramiento Energético, ambos pertenecientes al consistorio barcelonés, se desarrolló un protocolo con una serie de ítems y pasos a seguir frente a este tipo de situaciones .

Carece de suministros y problemas de salubridad

Estela ha detallado que esta operativa se centra en dos grandes ámbitos de observación. Por un lado, todo lo relacionado con los suministros básicos de gas, agua y electricidad. Entre las evidencias que pueden levantar una sospecha se encuentran que la red eléctrica de la vivienda esté inactiva, que haya suministros pinchados o sin protección, fogones o sistemas de calefacción rudimentarios, o que el inmueble contenga un número elevado de botellas llenas porque el hogar no dispone de agua corriente.

El otro campo en el que los Bomberos se fijan a la hora de determinar un posible caso de pobreza energética está relacionado con la salubridad del inmueble en cuestión. “Algunos de los elementos a tener en cuenta serían la presencia de goteras, humedades, falta de mantenimiento básico o acumulaciones de desechos que puedan señalar un posible síndrome de Diógenes”, ha explicado Estela.

Así, el jefe de la Unidad Operativa ha explicado que de acuerdo con la labor de observación de estos elementos, los Bomberos de Barcelona elaboran unos informes que después se hacen llegar al CUESB oa los Puntos de Asesoramiento Energético. “El objetivo es poder contactar con la persona y atenderla debidamente”, ha asegurado el bombero.

Así, ha detallado que desde la entrada en vigor de este protocolo, los Bomberos de Barcelona han elaborado 3.629 informes relacionados con pobreza energética. Según Estela, estos datos son “estables” y no se ha registrado una progresión al alza. En 2017 se hicieron 415; en 2018, un total de 524; 498 en 2019; 464 en 2020; 429 en 2021; 491 en 2022, y 438 en 2023. Con respecto a este año, de enero a septiembre se han registrado 370

Estela ha afirmado que los perfiles que sufren pobreza energética también son variados. Ha destacado la existencia de personas mayores que a lo largo de su vida han tenido un nivel económico bueno o que tienen patrimonio, pero que con el paso de los años han visto reducido su poder adquisitivo y su vitalidad. “Son los típicos casos en los que diríamos lo de 'no lo hubiera dicho nunca'”, ha asegurado Estela, que ha explicado que el envejecimiento poblacional está teniendo mucho que ver.

Se dispara la cifra de salvamentos

“Tenemos una ciudad donde la media de edad de la población cada vez es más alta y donde hay mucha gente mayor que vive sola y no siempre tiene una red en la que apoyarse”, ha asegurado. En este sentido, ha remarcado que en los últimos diez o doce años, el capítulo de salvamentos que realizan los Bomberos de Barcelona ha crecido un 100%, pasando de 4.000 a 8.000 anuales.

“Hemos visto que a nivel urbano tenemos un crecimiento sostenido de los servicios vinculados a incendios o asistencias técnicas, pero, por el contrario, se ha disparado el de salvamentos”, ha afirmado. Aunque ha admitido que este apartado incluye rescates diversos, ha recordado que uno de los más habituales es el que hace referencia a las entradas a domicilio para auxiliar a personas mayores.

Más de siete años de atrasos

Aunque los Bomberos de Barcelona son el único cuerpo en Cataluña que ha sido capaz de desplegar un protocolo específico para detectar situaciones de pobreza energética, lo cierto es que la idea de crear este procedimiento surgió en 2016 como un reclamo conjunto de la Alianza contra la Pobreza Energética, miembros de los Bomberos de Barcelona y de los de la Generalitat.

Josep Babot, portavoz de la APE, ha explicado que esta iniciativa fue compartida y que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat se comprometieron a implementar el protocolo. “En el caso de la capital catalana la iniciativa se implantó en 2017, y en el primer año y medio de funcionamiento ya permitió detectar más de 700 casos”, ha afirmado Babot, que ha reconocido que desgraciadamente, la medida no prosperó en el cuerpo de los Bomberos de la Generalitat.

Ha relatado que en 2018 se impulsó una prueba piloto en cinco parques de Bomberos de Catalunya (Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Girona y Lleida) y que poco después se extendió a otros dos. “Esto fue en el año 2019, y desde entonces no hemos avanzado más, y el plan se ha ido deshinchando”, ha asegurado. Babot ha añadido que incluso se llegó a desarrollar un vídeo formativo para explicar la importancia del protocolo.

La pobreza energética apunta a un descenso este año tras un 2023 en el que algunos indicadores marcaron máximos, y con los bonos sociales como “salvavidas” para los hogares vulnerables que pudieron disfrutar de estos descuentos, que requieren de un mejor diseño. Son algunas de las ideas lanzadas este martes por los responsables de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, durante la presentación en Madrid de su informe anual de indicadores.

José Carlos Romero, coordinador de la cátedra, ha señalado que, con los datos de 2023, último ejercicio con datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), el problema de la pobreza energética, los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades básicas en el suministro de energía (para calefacción, refrigeración, suministro de electrodomésticos) por tener un nivel de ingresos bajos y/o disponer de una vivienda ineficiente “no desaparece, sino más bien se consolida”. 

Sin embargo, para este año 2024 el escenario es “más favorable”, ha explicado Romero. “Ha sido un año de precios mucho más benignos y debería reflejarse porque ninguna medida del escudo social ha entrado en cuestión”. 

El refuerzo de los descuentos en la tarifa de la luz y el gas que se lanzó con la pandemia y se ha ido prorrogando sucesivamente ha empezado a aflojar solo ahora, este mes de octubre. Este mes el descuento para los consumidores vulnerables ha pasado del 65% al 57,5% y para los vulnerables severos ha pasado del 80% al 72,5%, A partir de enero está previsto que estos porcentajes pasen a ser del 50% y el 65%, respectivamente.

Con la estrategia contra la pobreza energética del Ministerio para la Transición Ecológica pendiente de renovación para 2025, Romero ha señalado que “un mejor diseño del bono en su conjunto” ayudaría a paliar este problema. Porque los bonos funcionan: en palabras de Roberto Barrella, investigador de la cátedra, “al menos a corto plazo” son “una medida que funciona como escudo social”.

Así, para los hogares en los deciles más bajos de renta, la pobreza energética se redujo un 10% el año pasado gracias a estos descuentos. El problema es que estamos “muy lejos” de que las ayudas las reciban todos los posibles beneficiarios: un 80% se queda fuera, como refleja un reciente informe de EsadeEcPol. Mientras, muchas familias numerosas de renta alta disfrutan del bono.

El último informe de Comillas, que ya va por su cuarta edición, se refiere a 2023, ejercicio que supuso el comienzo del fin de la crisis inflacionista y de precios de la energía. El estudio bebe de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y la de Presupuestos Familiares (EPF) que elabora el INE.

Refleja que el año pasado se produjo un máximo histórico del porcentaje de hogares que destinan un gasto desproporcionado a energía, con un 17%, dos décimas más que en 2022, pese al abaratamiento de los precios y la subida de los ingresos de los hogares. El indicador de gasto insuficiente (hogares que gastan muy poco con respecto a lo que deberían), se situó en el 12,53%, el nivel más alto desde que se empezó a medir. El gasto energético de los hogares bajó de forma generalizada. La mediana fue de 662 euros, frente a 763 euros en 2022.

La pobreza energética oculta, aquellas personas que reducen su consumo energético por debajo del requerido por no disponer de recursos para cubrirlo, “sigue en niveles elevados”, pero baja del 30,9% al 28,6%. La “severa” también descendió del 10,6% al 9,3%. En este apartado Extremadura está a la cabeza, por la combinación entre baja renta y alta necesidad de calentar y refrigerar los hogares en esta comunidad autónoma.

El número de hogares que no pudieron mantener una temperatura adecuada durante el invierno creció hasta el 20,7% en 2023. Pero, según Barrella, hay que “tener cuidado” con este dato, muy alto. Probablemente estuvo influenciado por un cambio metodológico de la ECV en la fecha de recogida de la información: se preguntó en invierno, y en concreto en febrero de 2023, con los precios todavía muy altos, cuando en otros años se hacía en primavera o verano. 

Y también hay que tener cautela con los “posibles efectos” del indicador de retraso en el pago de facturas. Se situó en el 9,6% en 2023. Y, como ha subrayado Barrella, la moratoria que puso en marcha el Gobierno con el denominado escudo social va a dejar de estar vigente, en principio, a final de año.

El investigador de esta cátedra, que patrocinan la Fundación Naturgy, Endesa y EdP, ha instado también a “prestar especial atención”, en un contexto de cambio climático y calentamiento, al dato de un 33,7% de hogares que dicen que su vivienda no tiene una temperatura suficientemente fresca durante el verano.

Casi 690.000 personas residentes en Galicia, el 25,5% de la población, está en riesgo de pobreza y exclusión social, 50.000 personas más que el año anterior, una situación que se ceba especialmente con las mujeres y los niños y que alcanza al 52,7% de los hogares monoparentales en la Comunidad.

Así lo refleja el último informe sobre el 'Estado de la Pobreza en Galicia', elaborado por EAPN Galicia y presentado este jueves en la sede de la Valedora do Pobo. El texto, recogido por Europa Press, se basa en los últimos datos completos, de 2023, un año en el que los indicadores de pobreza, riesgo de pobreza y exclusión social volvieron a crecer en la comunidad.

En concreto, si el informe anterior reflejaba un descenso en el índice Arope en Galicia, que pasaba del 25,2% de los hogares al 23,6%, en 2023 las familias gallegas en riesgo de pobreza y exclusión social repuntaron de nuevo, hasta el 25,5%. Aunque se mantiene por debajo de la media nacional, en este periodo se ha reducido la distancia entre ambos datos -el gallego y el estatal-, que era de 2,4 puntos el año pasado y de solo un punto este.

En cuanto a la caracterización del riesgo de pobreza, el director de EAPN Galicia, Xosé Cuns, ha señalado que se incrementan los índices de pobreza y de carencia material, pero no así el indicador de bajo nivel de empleo. Con ello, apunta, se evidencia que “no basta un trabajo para salir de la pobreza”.

“Ante el discurso político de que 'la mejor política social es el empleo', nosotros decimos que depende”, ha dicho Cuns, ya que un tercio de las personas en situación de pobreza “tienen trabajo, pero aún trabajando, sus ingresos no les permiten salir” de esta situación. “No llega el empleo, tiene que ser de calidad y digno, y hay que complementarlo con políticas de vivienda y de ingresos mínimos”, ha sentenciado.

Feminización de la pobreza

Por otra parte, los indicadores de pobreza y exclusión social, según el informe de EAPN, se ceban en Galicia con las familias monoparentales, que están lideradas, en un 80%, por mujeres.

Esto, unido a los casos de mujeres pensionistas, lleva a una fuerte “feminización de la pobreza”, que también afecta en mayor medida a los menores.

Así, en el caso de las mujeres, el riesgo de pobreza y exclusión social crece del 25 al 27,4%, la cifra máxima de los últimos 10 años, mientras que en los hombres se sitúa en el 23,5%.

Los datos, ha dicho Xosé Cuns, están fuertemente influenciados por las familias monoparentales, cuya situación es “urgente”. Según recoge el informe, el 52,7%, más de la mitad, de familias con un solo progenitor e hijos está en riesgo de pobreza.

Con ello, en Galicia crece también la pobreza infantil y de los hogares con menores: el 27,1% de ellos está en riesgo de pobreza y exclusión social, frente al 24,3% de los que no tienen hijos. Por grupos de edad, los menores de 18 años son también los que presentan un Arope más alto, del 28,2%. “Tener hijos sigue siendo un factor de empobrecimiento en Galicia”, ha dicho Cuns, algo que “choca frontalmente con los discursos políticos” de apoyo a la natalidad.

Privación material y pensiones

En cuanto a las pensiones, los responsables de EAPN han recordado que, en Galicia, el 48% de recibe una pensión “por debajo del umbral de la pobreza”. No obstante, estas aportaciones están siendo claves en un contexto de fragilidad de las economías familiares.

En concreto, las pensiones que se reciben en Galicia reducen un 8,8% la pobreza en los menores de 65 años. En otras palabras, hay 175.000 personas que no caen en la pobreza gracias al aporte de las pensiones.

En cuanto a la privación material y social severa, el informe la sitúa en Galicia en el 8,2% de la población, la mayor de toda la serie histórica, lo que se traduce en casi 230.000 personas. Sin embargo, han destacado desde la Rede, más de la mitad de las personas en carencia material y social severa “no son pobres”.

“Es decir, en Galicia hay 122.000 personas que, no estando en situación de pobreza, vieron aumentada su vulnerablidad”, ha destacado la presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo.

Entre los indicadores que están presentes en este ítem están el no poder irse de vacaciones fuera de casa al menos una vez al año --el 38,2% de los hogares gallegos--, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos --el 29,2%--, no poder sustituir muebles deteriorados o viejos --el 27,7%--, o no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno --algo que afecta al 21,6% de los hogares y que experimentó un repunte el último año--.

Pobreza y pobreza severa

La tasa de pobreza en Galicia aumentó entre los dos últimos informes de EAPN, pasando del 18% de los hogares al 19,4%, con lo que afecta a más de medio millón de personas en la Comunidad.

No obstante, como tendencia positiva, la tasa de pobreza severa se mantiene estable y afecta a unas 189.000 personas. El dato de pobreza severa en Galicia es el séptimo más bajo entre las comunidades.

En este efecto, de incremento de personas en riesgo de pobreza o tasa de pobreza pero no de pobreza severa, han tenido impacto cuestiones como el Ingreso Mínimo Vital, el mantenimiento de la Risga o el alza de las pensiones, ha destacado Xosé Cuns.

De hecho, el informe de EAPN apunta que, sin ayudas públicas --de Estado, Xunta o ayuntamientos--, la situación de pobreza en Galicia llegaría casi a la mitad de los hogares, concretamente al 46,6%. Esta cifra implicaría que estarían en situación de pobreza 735.000 gallegos más, hasta 1.258.000.

Sin embargo, desde la entidad apuntan a que este año “las transferencias públicas reducen menos la pobreza que el año anterior” y que en los últimos tres años “el impacto de las medidas estatales, autonómicas y locales se ha reducido prácticamente a la mitad”.

Para concluir, el informe señala que “la emergencia de la vivienda continúa”. El 22% de las personas en pobreza dedican más del 40% de su renta a gastos de vivienda y los hogares con retrasos en los pagos se han incrementado ligeramente.

Esfuerzo de todas las administraciones

Teniendo en cuenta estos datos, la presidenta de EAPN Galicia ha reclamado a las administraciones de todos los niveles “un esfuerzo” y “los presupuestos necesarios” para avanzar en la erradicación de la pobreza.

La vivienda, ha destacado, “sigue siendo uno de los factores más importantes en el empobrecimiento de la población gallega”, aunque ha elogiado que se haya conseguido “poner dentro de la agenda política” esta cuestión.

En particular, EAPN Galicia ha reclamado medidas urgentes para las familias monoparentales, cuya situación “no es admisible”. “Muchos niños y adolescentes siguen viviendo esta realidad que no deberían”, ha dicho Ana Pardo.

La lucha contra la pobreza, ha recordado “es compartida por todos” y en ella deben implicarse “todos los departamentos de la Xunta”, así como del Gobierno y de los ayuntamientos. “Pocas actitudes nos parecen más deplorables y ridículas que estar trasladando la responsabilidad de unos a otros sin asumir una cuestión que debe ser compartida”, ha dicho.

Entre los elementos de futuro que reclaman, los responsables de la entidad han pedido medidas fiscales que permitan aumentar los ingresos de las personas en situación de riesgo, un compromiso presupuestario en materia de vivienda o que la nueva empresa pública de energía tenga “entre sus prioridades” atajar la pobreza energética. Del mismo modo, como en anteriores ocasiones, han apostado por “no reducir si no aumentar” los fondos para ayudas de primera necesidad como la Risga.

Cada 17 de octubre, en España y el mundo, nos inundan con discursos, promesas y eventos conmemorativos por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Un día donde las instituciones públicas y privadas se visten de gala para recordarnos que la pobreza sigue siendo un problema global. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es incómoda: ¿de verdad estamos combatiendo la pobreza, o solo estamos jugando a tolerarla mientras nos felicitamos por las migajas que arrojamos al problema?

En España, un país que presume de progreso y modernidad, la pobreza sigue afectando a más de 13 millones de personas, casi un tercio de la población. Las cifras son devastadoras: el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no llega a quienes más lo necesitan, los alquileres inalcanzables expulsan a familias enteras de sus hogares, y la pobreza infantil es una realidad que condena el futuro de cientos de miles de niños y niñas. No, no estamos haciendo lo suficiente. Y lo que es peor: hemos aprendido a convivir con la pobreza, a justificarla, a esconderla tras titulares de esperanza que solo maquillan un fracaso rotundo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 nos prometen un mundo libre de pobreza en todas sus formas. Pero mientras esas palabras se multiplican en los despachos, la realidad sobre el terreno es otra: la pobreza en España no solo persiste, sino que se enquista. Los discursos optimistas de las élites políticas y económicas suenan huecos frente a la crudeza de la vida de quienes viven atrapados en la miseria. La pobreza no es solo la falta de dinero, es la falta de oportunidades, la marginación sistemática y, sobre todo, la indiferencia de una sociedad que ha aprendido a mirar hacia otro lado.

Las ONG y las organizaciones del tercer sector llevamos décadas denunciando este abandono. No basta con parches ni con programas temporales. No basta con asistir a quienes sufren: hay que transformar las causas estructurales de la pobreza. Pero ¿dónde está ese cambio real? En lugar de combatir la raíz del problema, se nos ofrece una beneficencia disfrazada de política social que solo perpetúa la dependencia de millones de personas, mientras el sistema que genera pobreza sigue intacto. Nos hemos acostumbrado a ver a la pobreza como algo inevitable, como una sombra que acompaña al progreso, en lugar de reconocerla como la consecuencia directa de un modelo económico y social que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

La erradicación de la pobreza exige mucho más que buenos deseos o titulares vacíos. Exige estar, estar y estar, junto a los hombres y mujeres que cada día luchan por sobrevivir. No solo como espectadores benefactores, sino como cómplices en su resistencia. La pobreza tiene rostros concretos: es la mujer migrante que no tiene contrato ni derechos; es el joven que, a pesar de su formación, solo encuentra trabajos precarios; es la familia que ha sido desahuciada sin más opción que la calle. Estas son las personas que necesitan más que discursos; necesitan una sociedad que esté a su lado de manera constante y decidida.

Hoy, más que nunca, necesitamos estar, como lo hacen los misioneros y las misioneras que, lejos de la pompa mediática, trabajan incansablemente en los márgenes, donde el dolor es más visible y la injusticia más palpable. Ellos y ellas nos golpean la conciencia, recordándonos que otro mundo no solo es posible, sino urgente. Nos enseñan que la lucha contra la pobreza no es un ejercicio de beneficencia, ni un espectáculo anual de solidaridad institucional; es una lucha diaria por la justicia, por la dignidad humana, por los derechos básicos que siguen siendo un privilegio para demasiados.

La pobreza en España no es una anomalía del sistema, es el sistema mismo. Es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que favorecen la concentración de la riqueza y la marginación de quienes no tienen voz. No es inevitable, pero seguirá creciendo si no cambiamos de rumbo. Y ese cambio no vendrá de las instituciones que solo reaccionan cuando los números se vuelven insoportables. Vendrá del compromiso decidido de una sociedad que no tolere más la injusticia, que no normalice la miseria, que entienda que la pobreza no puede ser una condena.

El momento de actuar es ahora. No bastan más promesas. La pobreza no puede esperar, y tampoco podemos esperar nosotros y nosotras. Debemos demostrar, entre todas y todos, que otro mundo es posible. Uno donde la pobreza no sea la sombra del progreso, sino un mal extirpado de raíz. Y no lo lograremos con palabras, sino con acciones contundentes, de una vez por todas.

Casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no disfruta de estos descuentos en el recibo de la luz, según advierte un estudio de EsadeEcPol publicado este jueves que mide “por primera vez” las tasas de cobertura del bono social. El informe subraya que “una buena parte de los que sí se benefician del bono social no son familias vulnerables: entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono”.

La investigación avisa de “problemas de diseño que limitan que la política tenga el alcance deseado”, que se explican porque los descuentos los tiene que pedir el usuario. Los autores, Natalia Collado Van-Baumberghen y Ángel Martínez Jorge, estiman que la tasa de cobertura del bono era en 2022 (último año analizado, y el del inicio de la crisis energética por la invasión rusa de Ucrania) del 24,5% de los hogares, lo que supuso un ligero incremento respecto al 23,2% de 2021 y el 22,6% de 2020.

Pero esa tasa es “especialmente alta” para las familias numerosas (45,5%), único colectivo que lo recibe independientemente de cuál es su renta. En este caso, lo tienen más del 60% de los hogares de ingreso-medio alto. Sin embargo, el 60% de las familias numerosas de ingresos bajos se queda fuera y no tiene el bono.

La tasa de cobertura del bono social es de apenas el 20% para los hogares de renta baja. “Y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima”, advierte el estudio, que se basa en un análisis estadístico multifactorial de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Su conclusión es que, aunque 2 de cada 3 beneficiarios son hogares de renta baja, un tercio del total no lo es. 

Para paliar esta situación, el informe recomienda “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada” para que el bono lo reciba quien realmente lo necesita. ¿Cómo? desplazando “la responsabilidad hacia las Administraciones, que podrían coordinarse con las comercializadoras para identificar qué hogares son susceptibles de recibir el bono con base en los datos de Hacienda (para renta), Seguridad Social (para condiciones de pensión mínima) y otros organismos que disponen de la información necesaria”.

Un “ejemplo claro” de esto sería el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dado que “sobre el papel la recepción del IMV hace al hogar automáticamente beneficiario potencial del Bono”. “Lo óptimo sería que la Administración aprovechara esta información para agilizar las concesiones del Bono, alineando y armonizando más aún ambas concesiones”. La “automatización” de estos descuentos ya la planteó en 2019 la estrategia del Gobierno contra la pobreza energética, que cubre el periodo 2019-2024. La medida nunca se llevó a cabo, aunque el Gobierno tiene pendiente desde hace años una reforma de estos descuentos.

El estudio recuerda que, en un contexto marcado por la subida de precios energéticos, en 2023 el 20% de los hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en su hogar, la cifra más alta de la UE junto a Portugal, y en uno de cada diez hubo retraso en el pago de facturas. La cantidad de hogares que consumen menos energía de la necesaria por no disponer de recursos económicos para afrontar el gasto se ha duplicado entre 2020 y 2022.

Este miércoles, un informe de la Comisión advertía, con datos de 2023, de que España duplica la pobreza energética de la UE: el 20,8% de los hogares no pueden mantenerse clientes en invierno, el mismo dato que en Portugal y por delante de Bulgaria (20,7%) o Lituania (20%). La media europea es del 10,6% y en Luxemburgo solo tiene ese problema el 2,1% de la población.

Para mejorar el diseño del bono social, los autores del estudio aconsejan “reconsiderar la definición de criterios, introduciendo un máximo de renta para las familias numerosas”. Esta propuesta la ha dejado caer en el pasado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pero no ha llegado a implantarse. La última vez que lo hizo fue en 2023, cuando trascendió el caso del entonces vicepresidente madrileño y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.

El informe apuesta por “considerar en el largo plazo el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas (como impuestos negativos sobre la renta) que permitan abordar las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”.

Advierten de que “a día de hoy, el acceso a instrumentos y equipamiento para mejorar la eficiencia energética de los hogares, así como a la información necesaria para gestionar la instalación no es equitativo en España”. Para responder al reto de la pobreza energética y a los objetivos de descarbonización, reclaman estrategias mas activas de las administraciones para “salir a buscar” a hogares vulnerables que podrían beneficiarse especialmente de mejoras de eficiencia, en materia de rehabilitación, aislamiento, o instalación de renovables. Y piden focalizar los recursos disponibles para que se beneficien de ellos los hogares de renta más baja, “que son los que precisamente condicionarán más probablemente la eventual inversion en eficiencia a disponer de ayudas, pues sin ellas no podrán acometerla”.

Los autores advierten de que “la brecha de cobertura entre hogares monomarentales y con ambos progenitores se ha abierto en estos años”: si en 2020 había 3,5 puntos de diferencia, en 2022 había ya 12 puntos (20% - 32%).

En contraste, en 2022 la cobertura de hogares con todos los miembros nacidos en España duplicaba a la de hogares con alguna persona nacida en el extranjero (27% vs 13%). Para los hogares con vivienda en alquiler, la brecha se ha mantenido en 8-10 puntos durante estos tres años (19% de cobertura en 2022 frente al 27% para los hogares en propiedad).

Aunque lo peor de la crisis energética de hace un par de años ha pasado ya, la pobreza energética sigue en porcentajes elevados dado que se incrementó hasta el 10,6% en la UE en 2023. Esa cifra representa al porcentaje de población que admite que no puede mantener su casa lo suficientemente caliente en invierno. Los españoles y portugueses son los que más problemas tienen. Un 20,8% declara dificultades para alcanzar la temperatura adecuada, es decir, el doble que la media europea.

Bulgaria, con un 20,7%, y Lituania, con un 20%, son los siguientes en ese ranking. Por el contrario, ese problema sólo lo tiene el 2,1% en Luxemburgo, el 2,6% en Finlandia, el 3,6% en Eslovenia y el 3,9%, en Austria, que son los países con porcentajes más bajos, según se desprende del informe sobre la situación de la energía en la UE publicado este martes por la Comisión Europea. La cifra global se incrementó en 1,3 puntos en 2023 respecto al año anterior y el gobierno comunitario lo atribuye a las guerras en Ucrania y Gaza.

Para combatir la pobreza energética, Bruselas puso en marcha a partir de 2024 el Fondo Social para el Clima, que movilizará unos 86.700 millones de euros. “El Fondo financiará medidas e inversiones que los Estados miembros recopilarán en sus Planes Sociales Climáticos antes de junio de 2025 y debería ayudar a compensar el aumento previsto de las facturas de energía debido a la introducción de la tarificación del carbono para la calefacción y el transporte”, señala el informe.

La Comisión Europea confía, además, en que la reforma del mercado eléctrico que se acordó hace unos meses sirva para paliar esa situación. “La nueva legislación del mercado energético protegerá mejor de la desconexión a los hogares vulnerables y a los afectados por la pobreza energética”, recoge el informe, que recuerda que en “caso de crisis de los precios del gas natural, las medidas de emergencia a nivel de la UE pueden ayudar a proteger a los consumidores mediante intervenciones sobre los precios máximos”. “Los Estados miembros también pueden actuar para garantizar el acceso a los servicios esenciales y proteger a los consumidores vulnerables de los costes excesivos, abordando directamente la pobreza energética”, agrega.  

La guerra en Ucrania conllevó la ruptura de la UE con Rusia, de la que ha intentado desconectarse energéticamente lo máximo posible. No obstante, el 18% de las importaciones aún proceden de ese país, aunque han bajado desde el 45% que representaban en 2022.