En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

La anécdota la recogió el penalista y dramaturgo alemán Ferdinand Von Schirach: un policía se quejó una vez a un magistrado de que los abogados defensores eran frenos en el coche de la Justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Este freno necesario para el sistema es el abogado. Y, de entre todas las ramas del derecho, el penalista es el que se asoma a las situaciones más delicadas.

El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en Defender: el abogado penalista y su oficio (Atelier) un manual y una reivindicación. Un oficio, sí, con sus códigos que no se aprenden en la facultad y que solo buenos maestros, como Mir y Correas, pueden transmitir.

La obra ensalza al abogado penalista como artesano del derecho, que no debe olvidar los clásicos (si la moda son los letrados que se autopromocionan en Instagram o los platós de televisión, bienvenidos sean los clásicos), pero que por encima de todo debe tener en mente defender bien al cliente.

“Un abogado puede defender a un pederasta en serie o puede decidir que sus convicciones le impiden hacerlo. Lo que no puede hacer es defenderlo mal. Esta opción no puede existir”, asevera Mir en conversación con Correas en uno de los despachos de la Audiencia de Girona donde los magistrados debaten si imponen penas de cárcel que pueden trastocar una vida.

La esencia de la profesión no puede ser el dinero

El libro incluye reflexiones valiosas sobre esa parte del oficio que no se ve durante el juicio oral, pero que es vital para que salga bien: la relación con el cliente (y su familia, que puede llegar a ser complicada), la lucha contra los propios prejuicios o la formulación de una estrategia de defensa.

La obra es muy útil para todos los que empiezan a vestir la toga, pero también para cualquier lector, pues en algún momento de la vida (mejor que sean pocos), todos podemos necesitar a un abogado. 

Un consejo para empezar: el cliente no es tu amigo. “Siempre tiene que haber la mesa del despacho de por medio”, destaca Mir, que no entiende a los letrados que, en casos mediáticos, acompañan a un cliente que no es personaje público hasta el juzgado. “Si el abogado es conocido, como Manel Mir, y el cliente no, entrar a su lado en el juzgado con toda la prensa en la puerta es ponerlo en la diana”, apostilla Correas.

“Lo único que puedes prometer al cliente es que trabajarás al máximo, pero el resultado ya no depende de ti”, recuerda Mir. 

¿La Justicia es igual para todos? ¿O los ricos salen mejor parados que los pobres? “Ni la sanidad, ni la educación son iguales para los ricos que para los pobres”, afirma Correas, que destaca que hay defensas “con más recursos” que otras a la hora de contratar a peritos, por ejemplo. “No deja de ser una muestra de la desigualdad que hay en la sociedad”.

“Hay abogados que solo para recibir cobran un dineral y es espantoso. La esencia de la profesión no puede ser el dinero”, reivindica Mir. El letrado gerundense es lo contrario a los egos desbocados que también existen en su gremio (como en todos). En su dilatada carrera, también ha tenido que lidiar con los codazos de algunos compañeros. 

“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes despachos a veces me dan miedo. Los penalistas hacemos trajes a medida, no somos El Corte Inglés”, afirma. Para Correas, el modelo clásico que representa Mir “sobrevivirá” en la jurisdicción penal. “El componente humano es irrenunciable y todavía no se ha inventado una IA que vaya a la cárcel a ver a su cliente ni entienda el problema en toda su dimensión”, reflexiona el magistrado.

Más allá de la necesaria cortesía en estrados, Mir echa la vista atrás (llegó a defender acusados por el delito de adulterio) y constata que la magistratura ha evolucionado. “Ahora hay más jueces garantistas, como el que está a mi lado”. Correas considera que existen dos modelos de juez: los autoritarios y los que no lo son. “Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado”, indica.

Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado

“Muchas veces he dictado sentencias absolutorias de gente de la que tengo el convencimiento íntimo de que ha cometido el hecho delictivo. Pero como no tengo pruebas, absuelvo, porque mi convencimiento es irrelevante, lo que tengo que construir son razonamientos racionales sobre las pruebas”, expone Correas sobre su trabajo.

¿Cómo se vive desde los bancos de la defensa una sentencia condenatoria cuando se tiene el convencimiento y se ha trabajado duramente para la absolución del cliente? “No queda otra que trabajar y poner el recurso, aunque salgas decepcionado”, responde Mir.

Lo que suscita más preocupación en ambos juristas es la “expansión” del derecho penal para castigar más conductas y endurecer el reproche a las ya existentes, como ocurre con la última ley de multirreincidencia. “Subir las penas no sirve de nada, mantener el orden se consigue ayudando a los jóvenes a estudiar y teniendo una vida digna”, dice Mir, que hace suya la frase de Concepción Arenal con la que se abre el libro: “Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles”.

“Todos los sistemas penales del planeta tienden al terror punitivo, pero en las últimas décadas la izquierda ha considerado que el derecho penal también es una herramienta para proteger bienes jurídicos colectivos”, valora Correas. El magistrado recuerda que España es uno de los países de Europa con penas más altas. “No hay ningún estudio que vincule la subida de penas con el descenso de la delincuencia”, señala, además de lamentar que parte de la izquierda se haya visto “arrastrada” hacia las tesis punitivistas que defiende la extrema derecha por fines electoralistas.

Aunque daría para otro libro, Correas pide no olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de informar de las resoluciones judiciales y su impacto en la ciudadanía. “La prensa también forma parte del sistema penal de justicia, aunque no sea tan evidente como los jueces, porque de la prensa depende el traslado de nuestras actuaciones a la ciudadanía”, reflexiona el magistrado.

Correas constata un sesgo de los medios a la hora de informar de sentencias absolutorias, por ejemplo en casos de violencia sexual: “La condena se da en un breve, pero a la absolución se le dedica más tiempo y espacio”. Y añade una propuesta poco común entre togados: “Los propios jueces tendríamos que poder dar más explicaciones y resolver dudas a los periodistas porque así se trasladaría mejor a la gente”.

El Congreso de los Diputados dio este jueves luz verde a la ley de multirreincidencia con la que se endurecerá en el Código Penal el castigo para los autores reincidentes de pequeños hurtos. El PSOE volvió a sumar sus votos a los de PP, Vox, Junts y PNV para sacar adelante la norma, como lleva haciendo desde que a finales del año pasado decidió reactivar la tramitación de esta norma promovida por la formación de Carles Puigdemont para intentar volver a ganarse su favor. En contra votaron Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG, mientras ERC (a quien este asunto le genera una enorme incomodidad) se abstuvo. Tras pasar por segunda vez por el Congreso, la norma queda aprobada defintivamente y será de aplicación en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado.

La negativa de Junts a apoyar este jueves en el Congreso la mayor parte de las enmiendas que el PP introdujo en el Senado implica que la ley ha quedado aprobada prácticamente en los mismos términos en los que salió de la Cámara Baja hace mes y medio. La norma endurecerá las penas por hurto en dos supuestos, cuando haya multirreincidencia y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico, y en estos casos el autor podrá ser castigado con hasta tres años de prisión. Asimismo, se modifica la ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir a los ayuntamientos ejercer la acción penal contra este tipo de delincuentes cuando no lo haga la Fiscalía. El Congreso, además, sí ha respaldado una de las enmiendas introducidas por el Senado: la que endurece las penas por el robo de fluido eléctrico para actividades como el cultivo de marihuana.

La votación de este jueves, la última de la tramitación parlamentaria de la ley, culmina el giro que emprendió hace unos meses el PSOE para intentar tender puentes con Junts a través de esta ley, una de las reivindicaciones más clásicas de los independentistas. A finales del año pasado, los socialistas permitieron que se desbloqueara la proposición de ley de multirreincidencia como gesto hacia Puigdemont, con quien las relaciones ya entonces se encontraban muy tocadas y a quien la Moncloa intentó contentar asumiendo algunos de sus postulados en relación a este asunto. Y, desde entonces, su alianza en relación a este asunto se ha mantenido firme y cada paso de la tramitación ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Junts, PNV y Vox, lo que convierte a la ley de multirreincidencia en una de las que más respaldo ha recibido en toda la legislatura: 272 votos a favor de los 350 de la cámara.

En los últimos tiempos, presionado por su pugna con la ultraderechista Aliança Catalana y por algunos de sus alcaldes de la Catalunya interior, Junts ha ido endureciendo progresivamente su discurso sobre seguridad ciudadana. Y el debate de este jueves fue, de nuevo, buen ejemplo de ello, si bien la diputada de la formación independentista Marta Madrenas intentó repetidamente sacudirse ese sambenito e insistió en que “la seguridad no es de izquierdas ni de derechas” y en que quien ve “racismo” en la norma —una de las acusaciones que hizo, por ejemplo, Podemos— lo hace por su “mirada llena de prejuicios”. El dilema, aseguró Madrenas, es “continuar mirando hacia otro lado o hacer lo que hace falta”, porque “la realidad no desaparece por mucho que algunos decidan ignorarla”.

Por su parte, el PSOE —muy señalado por socios de izquierdas como Sumar, Podemos o EH Bildu por haber respaldado la tramitación y la aprobación de esta ley— también quiso hacer hincapié en que la norma “nace de una realidad que ha sido largamente trasladada por alcaldes” que “conocen mejor que nadie que la multirreincidencia es un problema de seguridad ciudadana”. Por boca de su diputado Francisco Aranda, los socialistas insistieron en que “se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda, porque seguridad y derechos no son opuestos, son la misma cosa”, y prometieron no confudir “nunca la lucha contra el delito o la sospecha sobre el inmigrante”. Algo que, dijo, han intentado PP y Vox con enmiendas como la que aprobaron los populares en el Senado para intentar entorpecer el proceso de regularización de inmigrantes que comenzará en las próximas semanas.

A través de dicha enmienda, el PP quería reformar la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de un procedimiento de regularización extraordinaria probaran su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable. Los populares pretendían que solo una certificación oficial sirviese para demostrar la ausencia de un historial delictivo, pero esa enmienda fue vetada el martes por el Gobierno aduciendo que forzaría al Estado a elevar su gasto público para contratar a más funcionarios, algo que criticó duramente este jueves la diputada del PP María Jesús Moro, que calificó el veto de “antidemocrático, abusivo, intempestivo”.

Moro, asimismo, bromeó con el hecho de que el PSOE virase hace unos meses su posición en relación a esta ley después de muchos meses bloqueándola. “Señor Aranda, bienvenido al club, qué entusiasmo”, ironizó la diputada del PP, que aseguró que quienes se oponen al endurecimiento en el Código Penal de los hurtos reincidentes están “desconectados de la realidad”. “Hemos trabajado escuchando a las fuerzas de seguridad, a alcaldes, a comerciantes, a víctimas, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a procesalistas, a la academia y a abogados”, enumeró la parlamentaria.

Sumar critica la ley y ERC se abstiene

Sumar, uno de esos grupos que se opusieron a aprobar la ley de multirreincidencia, volvió a acusar a PSOE, PP, Vox y Junts de promover el “populismo punitivo”, y su diputado Enrique Santiago sostuvo que “incrementar las sanciones por hurto” no va a “acabar con los hurtos”, pero sí a “multiplicar la población penitenciaria”. “Una plaza de prisión nos cuesta 24.000 euros, mientras que una de formación profesional, poco más de 6.000 euros”, y sin embargo “no hay plazas de formación profesional para muchos jóvenes que las necesitan para salir de las calles”, denunció Santiago, que insistió en que buena parte del problema de los hurtos repetidos tiene que ver con las circunstancias económicas y vitales de sus autores.

ERC, por su parte, se abstuvo, como lleva haciendo desde el inicio de la tramitación de una norma que ha generado una enorme incomodidad a la formación republicana. Su diputada Pilar Vallugera afirmó que, aunque “las políticas de seguridad no son ni de derechas ni de izquierdas, sí lo es la manera como afrontas y defines la seguridad”, y cargó contra el “populismo punitivo”. “Los datos dicen que ha bajado la delincuencia, pero que los datos no les estropeen un buen relato”, afeó a los grupos proponentes Vallugera, que sin embargo justificó su abstención asegurando que no quiere contradecir a algunos alcaldes de ERC que han planteado la necesidad de endurecer la persecución de los hurtos.

Un lobo ha sido hallado muerto en la zona del Picu Pienzu, dentro de la Zona Especial de Conservacion Sierra del Sueve, en el concejo asturiano de Colunga. La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha asegurado este miércoles que el hecho de que no haya signos de disparos en el cuerpo le lleva a barajar la posibilidad de que el animal hubiera sido envenenado.

La falta de información sobre las causas de la muerte del lobo, cuyo cuerpo fue localizado el pasado lunes, ha llevado a la Coordinadora a reclamar al Gobierno de Asturias que les facilite los resultados de la necropsia.

La necropsia

El portavoz de la coordinadora, Fructuoso Pontigo, 'Fruti', apunta al envenenamiento como una de las principales hipótesis que justificaría el estado en el que se encontró el animal.

Advertencia!!: La siguiente imagen podría herir la sensibilidad de los lectores. Se reproduce la fotografía que ha realizado la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.

El empleo de estricnina

'Fruti' asegura que en Asturias es ya recurrente que aparezcan aves y otros animales salvajes envenenados en los espacios naturales.

“Hemos denunciado en numerosas ocasiones que el empleo actual de estricnina en Asturias es muy preocupante, considerando que su ilegalización total en España se produjo en 1983 y es una sustancia prohibida en toda la Unión Europea (UE) desde septiembre de 2006, por lo que su presencia en el monte -afirma- debería motivar una investigación por parte de los cuerpos de seguridad y de la Fiscalía”.

El control

El portavoz de la asociación conservacionista reconoce que esta práctica delictiva afecta a especies protegidas y tiene efectos negativos muy graves en el resto de la cadena alimentaria.

La Coordinadora Ecoloxista se muestra muy crítica con la administración del Principado de Asturias, ya que opina que “no pone el empeño necesario en perseguir un delito tan grave como es el uso de venenos para matar animales que, lamentablemente, algunos siguen calificando de alimañas”.

Las penas

Desde 1995 el empleo de venenos para “control de alimañas” está tipificado como delito en el artículo 336 del Código Penal español.

Este artículo dice textualmente lo siguiente: “El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses”.

“En cualquier caso, la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, con la privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo. Si el daño causado fuera de notoria importancia -continúa-, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior”.

Uso de cebos envenenados

Para la coordinadora, el uso de venenos es una de las amenazas más graves para la fauna salvaje en España. Recuerda que en los años 60 y 70 del siglo pasado el uso de cebos envenenados fue una práctica habitual entre ganaderos y cazadores, si bien de forma paulatina fue decayendo debido al nuevo ordenamiento jurídico y gracias a las labores de divulgación sobre las perversas consecuencias del uso de venenos en la naturaleza.

“Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un grave y muy preocupante repunte en su uso, retrocediéndose a los alarmantes niveles de hace décadas, cuando era una práctica permitida”, comenta.

En su opinión, la utilización de venenos implica la eliminación indiscriminada de la fauna en general, ya que es un método no selectivo que afecta a especies depredadoras, a carroñeras, a especies omnívoras e incluso a animales domésticos.

Una muerte “lenta y dolorosa”

“Es además una práctica cruel, que conduce a una muerte lenta y dolorosa por sofocación y parálisis muscular del animal y que altera negativamente la organización de los ecosistemas. Asimismo, el uso del veneno puede tener repercusiones negativas en los seres humanos, ya que puede entrar a formar parte de la cadena alimenticia”, advierte.

El coordinador estima que el problema es más grave de lo que pueda parecer dado que solo se detecta un pequeño porcentaje de los animales envenenados.

“La inaccesibilidad de muchos lugares, la falta de un verdadero interés por parte de la administración y otros factores de diversa índole hacen que la mayoría de los cadáveres pasen inadvertidos, minusvalorándose por tanto la gravedad del problema”, sostiene 'Fruti'.

Cinco, diez o quince personas se sitúan frente a la clínica. En algunos sitios, en la misma acera, en otros, enfrente, un poco más alejados. Portan carteles con frases como “no estás sola, podemos ayudarte” o “rezo por tu bebé y por ti” y tienen rosarios en las manos mientras pasan horas orando “por el fin del aborto” frente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. La escena, repetida durante años a las puertas de las clínicas, acaba de llegar por primera vez a los tribunales a la luz de la reforma del Código Penal que en 2022 creó un delito específico para intentar frenar el acoso.

Ha ocurrido en Vitoria y Donosti, donde, cansada de soportar la presión y el hostigamiento que sufre “desde 2014”, la clínica Askabide ha llevado a juicio a una veintena de activistas antiabortistas que en septiembre, octubre y noviembre de 2022 se concentraron frente al centro en ambas ciudades. Las dos sentencias, emitidas en las últimas semanas por el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria y el 2 de Donosti, absuelven a los acusados y no consideran que cometieran el delito de acoso con el objetivo de obstaculizar el derecho al aborto: en el primer caso, se trataba de un grupo de 21 antiabortistas y en el segundo, una mujer.

Es la primera vez que un juzgado evalúa la aplicación del nuevo delito introducido en la reforma de 2022 pese al rechazo de PP y Vox. La norma prevé penas de entre tres meses y un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes acosen a las mujeres con actos “molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que menoscaben la libertad de quienes acuden a abortar. Pero las resoluciones judiciales apuntan tres años más tarde a lo que algunas voces advirtieron entonces: que el delito podía volverse ineficaz para conductas en las que los antiabortistas no utilizan una violencia explícita.

“Es difícil que vayamos a ver condenas”, apunta José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que lleva años denunciando la actividad de estos grupos. Entre sus acciones, está la de rezar a escasos metros de los centros, pero también exponer pancartas, intentar convencer a las mujeres de que no aborten o darles fetos de juguete y folletos con información falsa en los que les prometen “ayuda” si siguen con su embarazo. El hostigamiento de este tipo se ha reducido en los últimos años, según las clínicas, pero sigue existiendo y convive con el mayor peso que le dan actualmente a las campañas orquestadas de rezos.

Rezos “exquisitamente pacíficos”

Las presiones frente a Askabide en Vitoria fueron organizadas por la iniciativa 40 días por la vida, cuyo lema es “el principio del fin del aborto” y que reúne frente a las clínicas a grupos que rezan “para que pare el crimen del aborto”, contra el que la plataforma se posiciona incluso en caso de violación. Trabajadores de la clínica contaron en el juicio el ambiente de “hostigamiento” que sufrían, con pacientes “alteradas y sometidas a presión”. Una empleada que estaba embarazada sostuvo que se sentía “juzgada” y “mirada mal” por los antiabortistas y que llegó a cambiar sus rutinas para evitarlos. Otra paciente –que no iba a abortar– aseguró que el grupo se le acercó y llegó a escuchar palabras como “madre” y “perdónale”, sintiéndose “intimidada”.

Aunque la jueza no da credibilidad en todos los casos a los testimonios, va más allá y considera que los acusados, que se concentraban en grupos de cinco que iban turnándose para estar durante horas frente al centro, “no hicieron otra cosa que ejercer su libre derecho de reunión”. Y para ello, escogieron una clínica de abortos “al entender que expresar sus reivindicaciones ahí era la vía más apropiada” para que su mensaje –“rezar por la vida y ofrecer su ayuda”– “llegara directamente a los destinatarios”, lo cual se hizo “de forma exquisitamente pacífica”, concluye la magistrada.

En el caso de Donosti, se trató de una mujer que estuvo durante una hora rezando frente a la clínica “mirando fijamente al interior” a través de la cristalera y a las personas que entraban y salían mientras “elevaba el tono ante” ellas, según los hechos probados de la sentencia. Varios trabajadores explicaron que una paciente acudió para hacerse una revisión tras un aborto, pero decidió irse por este motivo y a pesar de que contactaron con ella al día siguiente, nunca volvió. “No es la primera vez que ocurre”, apuntaron las empleadas.

Pero el fallo absuelve a la acusada porque considera que para acreditar que hubo “obstaculización al aborto” es necesario contar con el testimonio de la propia paciente a pesar de que considera probado que “el fin pretendido por la acusada excedía de la mera oración”. El delito puede ser también aplicado por impedir el trabajo de los empleados de las clínicas, algo que la jueza de Donosti sí avala poniendo el foco en que la mujer decidió rezar frente a la clínica y no, por ejemplo, en la iglesia que está justo al lado. Pero descarta finalmente condenarla debido a que el acoso “sugiere una pluralidad de actos” y ella estuvo un día durante una hora.

Un delito ya existente

La reiteración de la conducta y la declaración de mujeres que se hayan visto afectadas son dos de los requisitos que cree José Antonio Bosch que más aplicarán los jueces. “El tipo penal no va a garantizar que las mujeres ejerzan su derecho con intimidad y libertad”, afirma el abogado, que considera “muy complicado” la prueba y que recuerda que, al iniciarse el trámite de la iniciativa a propuesta del PSOE, ya advirtió de que “quedaría en agua de borrajas”. “La jurisdicción penal es la última ratio que tiene un Estado para sancionar conductas y eso quiere decir que debe ser muy garantista y exigir mayor certeza a la hora de castigar a un ciudadano porque contempla penas de privación de derechos”.

La Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miriam Cugat, reconoce que hay “obstáculos aplicativos”, entre ellos, la suma del carácter reiterativo del acoso y la exigencia de que vaya dirigido contra una mujer en concreto. “Debe descartarse cuando un día se molesta a una y otro día a otra sin que lleguen a reiterarse los actos sobre ninguna, como suele suceder”, explica la experta, que cree que existe una “indeterminación” en la redacción del delito que lo dificulta aún más porque “se corre el riesgo” de que los jueces y juezas “exijan la gravedad” propia de otros delitos como las injurias, amenazas y coacciones.

En la práctica, esto es lo que hace la jueza de Donosti, que concluye que los antiabortistas no increparon, insultaron, amenazaron o coaccionaron a las mujeres, no les mostraron fotografías ni les entregaron fetos de juguete mientras lanzaban proclamas contra el aborto y que por eso sus conductas “no revestían de gravedad” suficiente.

Sin embargo, estas conductas, si entran en el terreno del acoso o las coacciones, “ya estaban recogidas en el Código Penal antes de la reforma”, esgrime la abogada de Askabide Beatriz Ilardia, que argumenta que la medida se introdujo para frenar “el acoso ambiental” que hasta ese momento estaba siendo muy difícil de atajar. “Las concentraciones todos los días frente a la clínica rezando no encajaban en esos tipos y para ello se supone que se impulsó la reforma, pero es muy subjetiva y está demasiado abierta a interpretación”, asegura la abogada.

Aun así, está convencida de que ambas juezas podrían haber condenado a los acusados por lo sucedido en las dos ciudades vascas porque considera que las sentencias “suman requisitos” al delito que el Código Penal “no pide”. “Es un delito de actividad, no de resultado. Es decir no debería hacer falta tener a una mujer que ha decidido no abortar por ello, sino que debe probarse la intención de obstaculizar el aborto de estos grupos”. En el caso de Vitoria, en el que se acusaba a 21 personas, era incluso “más viable” porque se les juzgaba a todas de una vez “como parte de una campaña organizada y por turnos”.

Zonas de seguridad frente a las clínicas

Clínicas de abortos de toda España siguen enfrentando la presencia de antiabortistas en diferentes intensidades: en la clínica Dator de Madrid HazteOir ha instalado incluso un “Refugio Provida” en la acera de enfrente. El acoso continúa y genera “malestar, intimidación, sensación de acecho y control permanente” en las mujeres y los trabajadores, afirma Ilardia. “A mí un día que iba con mis hijos a recoger una cosa a la clínica me llegaron a decir 'ah, tú tienes hijos pero matas a los de los demás”, recuerda Naroa Iturri, gerente de las clínicas Askabide. En Albacete, otra de las trabajadoras de una clínica fue increpada por una de las antiabortistas al reconocerla en el supermercado, cuenta Bosch.

Los ejemplos de hostigamiento son innumerables y todos tienen un mismo objetivo: lograr que las mujeres cambien de decisión y presionar para que las clínicas cierren. La plataforma '40 días por la vida' ya anuncia que el febrero que viene iniciará una nueva campaña y anima a los ultras a apuntarse al calendario en el que, por ciudades, buscan cubrir todos los turnos de rezo para permanecer frente a los centros desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días. Junto al número de “voluntarios” que hay para cada clínica, recuerdan en su web el “número de vidas salvadas” en cada centro, es decir, las mujeres que han decidido finalmente no abortar: en Dator aseguran que son 16.

Ante esta situación permanente que dura varias décadas, clínicas, asociaciones y expertas creen que, más eficaz que el delito, es crear las llamadas “zonas de seguridad”, algo que en su momento propuso el PNV incorporar a la norma y que fue rechazado. Se trata de evitar por ley que en un “perímetro” de 100 o 200 metros alrededor de las clínicas puedan llevarse a cabo este tipo de actividades. “Me parece una solución mucho más interesante y que está implantada en otros países como Reino Unido o algunos estados de Estados Unidos”, apunta Gema Fernández, abogada de Women's Link, que lamenta que hasta ahora las soluciones hayan sido ineficaces mientras los antiabortistas “se victimizan” presentándose como “cristianos perseguidos”.

Bosch califica los rezos de “anormalidad democrática” y, frente a quienes enarbolan el derecho a la reunión o a la libertad religiosa para defenderlos, asegura que “hay muchos derechos restringidos en beneficio de los demás”. “Aquí lo que está pasando es que unos ejercen el suyo al 100% y a otras, las mujeres que abortan, no se les garantiza ejercerlo con libertad”, resume el abogado, que cree que “la única explicación” de que lleven a cabo sus acciones frente a los centros “es incordiar, molestar y hacer que las mujeres cambien de criterio”, algo que “no es delito, pero sí una obstaculización a un derecho”. Y compara: “Si yo durante dos domingos seguidos me coloco frente a la catedral de la Almudena de Madrid con otros nueve compañeros rezando a La Meca, te garantizo que no puedo ir un tercer domingo”.

El Ministerio de Trabajo baraja llevar a Uber Eats ante la Fiscalía a comienzos de 2026 por un delito de abuso de falsos autónomos si la multinacional persiste en su modelo de repartidores con contrato mercantil, según fuentes de este departamento. Es la última gran empresa que sigue usando mensajeros autónomos pese a la Ley Rider tras el cambio al modelo laboral anunciado este verano por Glovo, cercada por varias causas judiciales. 

En estos momentos, la Inspección de Trabajo está ultimando su investigación estatal sobre los repartidores de Uber Eats, conocida el pasado julio, cuya resolución se espera de manera inminente y que será clave para ver la reacción de la empresa y los siguientes pasos que tome el ministerio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Uber Eats funciona en estos momentos con un modelo híbrido, de mensajeros con contratos laborales subcontratados a través de “flotas” y también de repartidores autónomos. Aunque la plataforma de reparto de comida a domicilio abandonó los riders autónomos con la entrada en vigor de la Ley Rider, los recuperó un año después ante la insumisión de Glovo al modelo laboral al que emplazaba la nueva regulación.

Con la transición de Glovo el pasado julio, Uber Eats se quedó como la última gran empresa de repartos que opera con mensajeros autónomos y el Ministerio de Trabajo ya anunció que no toleraría que ninguna compañía se mantuviera “al margen de la ley”. Pese a todo, Uber Eats ha mantenido a los riders autónomos y ha defendido la legalidad de su modelo.

Ahora, además de la actuación de la Inspección por la vía administrativa, en el departamento de Díaz estudian ya la posibilidad de activar la vía penal contra Uber Eats, como se utilizó en el pasado contra Glovo y que ha sentado en el banquillo a su fundador, Oscar Pierre, en una causa judicial todavía abierta y en la que se enfrenta a pena de cárcel.

Hasta seis años de prisión

En el Ministerio de Trabajo siempre han insistido en que la vía penal es el último paso ante los incumplimientos laborales, pero también en que no cabe la insumisión a la ley por parte de ninguna compañía. Precisamente, la huida de Glovo del modelo laboral de la Ley Rider impulsó un cambio en el Código Penal por parte del Gobierno, aprobado en 2022, para perseguir el abuso reiterado de los falsos autónomos.

En concreto, el artículo 311 del Código Penal, que castiga varios delitos contra los trabajadores con penas de prisión de hasta seis años, incluyó uno más: “Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

Con Glovo, Trabajo acudió a la Fiscalía por su falta de respuesta a los requerimientos de la Inspección de Trabajo, mientras que en el caso de Uber Eats en el ministerio se plantean esta posibilidad por el mantenimiento en el tiempo de esas “condiciones ilegales”, indican estas fuentes.

El equipo de Yolanda Díaz insiste en que todas las compañías deben cumplir con el mandato de laboralidad de la Ley Rider, sin diferencias entre ellas, para lo que el Ministerio de Trabajo utilizará todas las herramientas posibles. Incluida la penal.

El magistrado Adolfo García Morales (Zaragoza, 1965), presidente de la Audiencia de Girona y afiliado a Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), ve difícil que la reforma del Código Penal pactada entre PP, PSOE y Junts contra el fenómeno de la multirreincidencia consiga reducir los hurtos. A nivel judicial, este objetivo solo puede lograrse, advierte, con una inversión decidida para que estos delitos se juzguen mucho más rápido que en la actualidad. En conversación telefónica con elDiario.es, el magistrado desmonta la vinculación entre delincuencia e inmigración y sí remarca la relación entre el pequeño delito y la pobreza.

¿Cómo valora los cambios acordados entre PSOE, PP y Junts para aprobar la nueva ley contra la multirreincidencia?

Como ciudadano y jurista, me puede gustar más o menos una ley. Creo que hay otros problemas que van primero antes de exasperar las penas, pero como juez, obviamente, me debo a las normas que aprueba el legislativo, y esta ley la tengo que aceptar como todas las demás.

La cuestión de la multirreincidencia ya había sido objeto de modificación del Código Penal en 2022. ¿Se ha analizado lo suficiente los efectos de esta reforma antes de acometer la nueva?

La reforma de 2022 era bastante liosa porque se solapaban algunos delitos específicos con normas generales. Junto a los muchos requisitos que contenía, como los de la cuantía hurtada no superior a 400 euros, hacía más difícil la aplicación de la norma.

Con la reforma se eliminan algunos de esos requisitos y se eleva de 1 a 3 años la pena por hurto de teléfonos móviles a partir de tres condenas por el mismo delito. ¿Cómo casa esto con el principio de proporcionalidad de las penas?

El principio de proporcionalidad de las penas es uno de los principios que informa al legislador, a quien hace la norma. Cada uno puede tener su opinión sobre la proporcionalidad de una pena, pero si está pasado por el tamiz del legislador y nadie lo recurre al Tribunal Constitucional, la norma se tiene que aplicar. Después cada juez tendrá su criterio de interpretación, que puede ser más o menos restrictivo. A mí una pena de uno a tres años de cárcel por un hurto de un teléfono móvil me parece un poco exagerado. Además, hay un pequeño matiz en una enmienda transaccional del PP, que introduce esta pena para el hurto de dispositivos a un particular, no para los que se hurten en una tienda.

Si la gente no tiene trabajo ni piso, seguirá instalada en lo delictual porque acabará hurtando para comer y ocupando porque no tiene donde meterse

También se amplían los supuestos de medida cautelar para casos de hurtos, como una orden de alejamiento respecto a un barrio o una ciudad. ¿Esto es efectivo? ¿No hay riesgo de que al que le prohíban hurtar en Barcelona se vaya a Badalona?

Ese riesgo siempre está ahí. La presión policial y los juicios rápidos en Barcelona contra los multirreincidentes han trasladado a parte de ellos a otras zonas. Por ejemplo, a Girona. La energía no desaparece, sino que se transforma. Pues con los multirreincidentes es lo mismo. Es en parte inevitable que dejen de delinquir en el sitio donde lo hacían porque hay más presión y se trasladen a otros lugares.

Hay una realidad que está ahí y se constata en los juzgados: las personas que cometen hurtos se instalan en un circuito de entrada y salida del sistema penal del que es muy difícil salir. ¿Cómo se podría conseguir?

Lo que se conoce como multirreincidencia no está asociado a delitos especialmente graves que tengan unas penas importantes, sino que tienen unas penas que rara vez se acaban ejecutando (imponer una multa a una persona que carece de bienes es una pena absolutamente inefectiva). Ahí se establece este circuito: como no se puede acabar de imponer la sanción y no se puede pagar la multa, la multa se transforma en una pena de prisión, pero no se les puede meter en prisión por cinco días. Lo que ha elegido el legislador es imponer penas más graves: cuando se acumulan varios de estos delitos se acaban imponiendo penas más graves, que tampoco son enormes (las del hurto normal, serían de seis meses a dieciocho meses, y en los casos más especiales, de uno a tres años).

Los jueces, de distintas sensibilidades, llevan tiempo avisando de que sin más jueces no se solventará el problema. ¿Con juzgados de refuerzo es suficiente o hacen falta medidas más estructurales?

Con la multirreincidencia se está tirando con la escopeta equivocada. Incrementar las penas no es una solución eficaz. Si a un multirreincidente se le lleva a un juicio algo más complejo que lo que sería un juicio por delitos leves porque se le ha incrementado la pena, y para ese juicio tenemos una lista de espera de dos años (en el mejor de los casos), se le están dando dos años de plazo para seguir multirreincidiendo. El problema es que ese delito al que se le ha incrementado una pena de tres meses de multa a un año de prisión va a tener que esperar años para ser juzgado. Lo que hay que crear son circuitos judiciales que sean mucho más rápidos, no como ahora.

En esto hay consenso entre sectores progresistas y conservadores de la judicatura y es una reivindicación histórica de la jueza decana de Barcelona.

Aquí tengo una queja por ser de Girona. Estas normas se hacen pensando en Barcelona y en Madrid porque cuando el legislador o el gobernante tiene que consultar con alguien, tiende a hacerlo con la gente de Barcelona o Madrid. Son ciudades que tienen unos problemas muy especiales, pero que no son los problemas que tenemos en Girona, La Bisbal de Empordà u Olot. Se crean grandes expectativas con una norma para Barcelona o Madrid, pero esa misma norma es absolutamente inefectiva para Sant Feliu de Guíxols, o incluso para Girona, Lleida o Tarragona, donde no se ha creado ningún juzgado de multirreincidencia.

Asociar delincuencia con inmigración es una falsedad como la copa de un pino

¿No se invierte lo suficiente en Justicia?

En lugar de subir tanto las penas, lo que habría que hacer es que los multirreincidentes fueran juzgados al cabo de un mes. Pero para esto hace falta invertir. Las normas a coste cero… Si se quiere que las cosas funcionen, hay que gastarse dinero. La inversión en Justicia es paupérrima, estamos en la miseria económica a nivel de inversión cuando habría que doblar la capacidad judicial en España. Tenemos uno de los rankings más bajos de jueces por habitante de la Unión Europea. 

En Girona somos unos 80 jueces y harían falta 120 para que la cosa empezase a funcionar. Por ejemplo, los juicios rápidos (lo de rápidos es porque se llaman así) de violencia sobre la mujer, que no tienen que ver con lo que asociamos a la multirreincidencia, pero también llevan asociados muchas veces la repetición delictiva por parte de los maltratadores, se están señalando para dentro de dos años. Esto no es que no sea rápido, es que es un desastre.

¿Si pudiera pedir algo a un político que manda en materia de multirreincidencia, serían más juzgados?

Yo le pediría que se creasen más juzgados y que se dejasen de agravar las leyes penales, que ya están bastante potentes en cuanto a penas. A una persona reincidente con dos o tres antecedentes penales por delitos patrimoniales, cuando va a juicio, la pena no le sale gratis. El problema es que a este señor se le acaba condenando al cabo de tres años cuando se le tendría que condenar, si toca condenarle, en quince días o dos meses. Esto es lo que pediría a ese político: poder juzgar los asuntos en dos meses.

La presión policial y los juicios rápidos en Barcelona contra los multirreincidentes ha trasladado a parte de ellos a otras zonas, por ejemplo a Girona

En cambio, la acción del legislador va encaminada a endurecer el castigo. ¿Con penas más altas bajarán los delitos de hurtos?

Yo tengo una teoría: cuando alguien comete un delito es que piensa que no le van a pillar. Si alguien pensase que le van a pillar hurtando, robando, violando o lesionando, pues seguramente se abstendría de cometer el delito. Poner penas más altas nunca ha sido la solución en ninguna legislación. Aunque se ponga más y más pena, el que hurta teléfonos móviles seguirá pensando que no le van a pillar cuando hurte uno, y, por lo tanto, es muy posible que lo siga haciendo.

¿Y entonces por qué parece que la única solución que propone la política es castigar más? ¿Es populismo punitivo?

Como juez no puedo contestar a lo que creo que incita a la política a hacer esta nueva norma.

¿Hay también un factor de pobreza en este tipo de delitos como el hurto? 

Sin duda. La multirreincidencia en el hurto, los pequeños robos de móviles, de cosas en los supermercados, no ocurre entre las clases pudientes. Es una tipología delictiva de las clases bajas que están ya insertadas en la pobreza. La gente necesita comer, pero si no tiene trabajo y no tiene un piso donde meterse, pues va a seguir instalada en lo delictual porque acabará hurtando para comer y ocupando un piso porque no tiene donde meterse. 

Estoy convencido de que dar trabajo a la gente (que hoy en día es muy difícil) y más ayudas en los pisos (la gente joven lo tiene fatal) y para políticas sociales sin duda ayudarían a reducir el delito. Si tú estás cobrando 1.500 euros al mes y tienes un piso, te dedicarás a trabajar y no a hurtar o robar. 

En lugar de subir tanto las penas, lo que habría que hacer es que los multirreincidentes fueran juzgados al cabo de un mes

¿Se hace un esfuerzo para detectar si las personas que tienen en el robo su modo de vida son víctimas de mafias dedicadas a la trata de personas?

Los esfuerzos policiales que se hacen son los que se pueden hacer. La policía muchas veces no puede investigar qué es lo que hay detrás de un delito muy concreto e individual. Por ejemplo, el que pasa la droga por la frontera generalmente no es el dueño de la droga ni nada parecido, sino el pobre desgraciado al que han pillado para hacer el transporte, y es el que se acaba condenando. La policía no tiene los medios para hacer una investigación sobre lo que hay detrás de todos los delitos. Con la multirreincidencia es lo mismo.

En la exposición de motivos de la norma registrada por Junts se dice que la multirreincidencia genera “alarma social”. ¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en contribuir a esta alarma?

Lo he visto con meridiana claridad en el tema de la ocupación: buena parte de los medios han irradiado que el problema de la ocupación es que salías a comprar una barra de pan y te ocupaban tu casa y que aquí no se podía hacer nada. Se han vendido alarmas y seguros a tutiplén y eso no es así, es completamente falso. A la gente le alarma mucho oír en la radio o leer en la prensa que suben los índices de criminalidad. Luego vas a los datos concretos y a lo mejor los homicidios pasan de 20 a 21, pero el titular ya está ahí. La lectura hay que hacerla en términos más amplios. Es decir, saber cuántos delitos se cometen y cuántos se han dejado de cometer.

¿Esta dinámica de crear alarma desde los medios de comunicación para tener más clicks, que luego recogen determinados partidos, de izquierdas o derechas, con un endurecimiento de su discurso sobre seguridad y un aumento de penas está creando un caldo de cultivo peligroso?

Al final los partidos políticos piensan en las próximas elecciones y en cómo pueden rascar más votos, aunque ello les lleve a terrenos pantanosos y a unas mezcolanzas que a lo mejor a alguien le pueden parecer raras. A mí, en ocasiones, me lo parecen.

¿Le preocupa la asociación entre delincuencia y migración que hace la extrema derecha y parte de la derecha tradicional?

Claro que me preocupa, porque es una falsedad como la copa de un pino. La delincuencia y la reincidencia no se producen más por la inmigración. Lo que sí es cierto es la pobreza que, muchas veces, va asociada a la inmigración y que lleva a situaciones desesperadas que son caldo de cultivo para los pequeños hurtos. Pero no es un hurto malvado, sino por necesidad. Si en lugar de represión se diera una política más social, seguramente no se asociaría tanto inmigración con delincuencia.

La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos Llaneza (PSOE), ha solicitado por escrito al Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor que “investigue e identifique” al autor o autores de las denuncias anónimas que han propiciado una investigación sobre supuestas contrataciones irregulares en su Ayuntamiento. La regidora considera que esas acusaciones podrían constituir un delito de denuncias falsas y calumnias contra su equipo de gobierno.

Desde 2024, tras la victoria del PSOE con mayoría absoluta en las municipales, tanto la alcaldesa de Espartinas como varios concejales y funcionarios de la administración local han sido objeto de una treintena de acusaciones anónimas por supuestas irregularidades. La dirigente socialista ha podido cuantificar esa cifra porque esos escritos han derivado en “continuos requerimientos de documentación” por parte de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía.

En su denuncia, registrada el pasado martes y a la que ha tenido acceso este periódico, Los Arcos afirma tener conocimiento de que la mayoría de esas denuncias anónimas “se han ido archivando de forma sistemática” por la Fiscalía Provincial de Sevilla, incluida la que finalmente motivó la apertura de diligencias. Esa causa judicial, aún en curso, investiga si responsables del Ayuntamiento incurrieron en posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Denuncias anónimas como instrumento de “desprestigio”

La alcaldesa de Espartinas ha pedido que se rastree el origen de esas acusaciones anónimas después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor abriera diligencias a raíz de una de ellas. La jueza que instruye el caso –con 13 imputados, entre ellos concejales y altos funcionarios del Ayuntamiento– archivó en un primer momento la denuncia anónima que dio origen al procedimiento, pero cuatro meses después reabrió la investigación a petición de la Fiscalía tras el primer atestado de la Guardia Civil.

Donde la jueza no apreció indicios delictivos, la Fiscalía sí vio pertinente indagar y autorizó a la Guardia Civil a personarse en la casa consistorial el pasado mes de julio para reclamar decenas de contratos bajo sospecha, firmados entre 2021 y 2024 con empresas locales de construcción, jardinería, catering e iluminación.

En paralelo, la primera edil de este municipio de 16.500 habitantes, situado en el área metropolitana de Sevilla, se ha dirigido a ese mismo juzgado para dejar constancia de que su equipo de gobierno lleva desde 2024 recibiendo acusaciones “indiscriminadas” y “reiteradas”. En su denuncia particular, Los Arcos esgrime que las denuncias apuntan a “aspectos absolutamente dispares”, contra todo tipo de actuaciones del gobierno local, desde la apertura de un pozo a una obra auxiliar en la casa de la madre de un miembro de la corporación. 

Por ello, demanda al juez que promueva una investigación en torno a “la persona o personas” que los han denunciado, a efectos de aclarar si actuaron con conocimiento de su “falsedad”. En ese sentido, la alcaldesa señala que, aunque la jurisprudencia permite las denuncias anónimas, estas pueden ser un instrumento “perverso” e incluso “delictivo”, especialmente cuando –apunta– podrían ser utilizadas por “contrincantes políticos que pretenden conseguir con estas actuaciones lo que las urnas les negaron”, buscando la “demonización” y el “desprestigio social” del contrario.

Interés de “paralizar” los servicios municipales

En su denuncia, la alcaldesa de Espartinas sostiene que la conducta del denunciante anónimo encajaría en el delito de denuncias falsas del Código Penal, al haber “realizando múltiples denuncias sobre la actuación municipal ante órganos jurisdiccionales sabiendo de la inexistencia delictiva de los mismos y con el único interés de mancillar el honor de los responsables públicos que han realizado esas actuaciones”. Añade que la imputación de graves delitos al equipo de gobierno, “hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, podría constituir también un delito de calumnias.

A ello suma “el interés manifiesto en la paralización o al menos la ralentización de los servicios municipales dedicados a atender los requerimientos de los agentes de la policía judicial”. Lo cual lleva a la regidora a concluir que “la persona o personas que han realizado las reiteradas denuncias son plenos conocedores del funcionamiento del Ayuntamiento”.

Desde el PSOE local ya se había quejado de que la gestión de todas esas acusaciones –que les obligó a entregar contratos y abundante documentación a la Guardia Civil el pasado mes de julio– ha ralentizado la acción de gobierno en el municipio, y acusan a su principal rival en la oposición de orquestar precisamente esta operación con esa estrategia.

La denuncia de la alcaldesa de Espartinas se enmarca así en la sospecha del Gobierno local de que están siendo víctimas de “investigaciones prospectivas” desde que el PSOE arrebató la Alcaldía al PP. Los socialistas gobiernan con mayoría absoluta este municipio sevillano (con nueve de 17 concejales) que fue un bastión histórico del PP hasta 2015. Durante 12 años, Espartinas estuvo dirigida por el popular Domingo Salado, que relevó a su madre, la también alcaldesa María Regla Jiménez. En la pasada legislatura, el PSOE cogobernó con IU y ahora lo hace en solitario.

Según fuentes municipales, antes de las “30 denuncias anónimas archivadas” el Ayuntamiento recibió una primera denuncia firmada por Salado. En el entorno de la alcaldesa creen que el exregidor popular está detrás del aluvión de escritos con el objetivo de “maniatar la acción de gobierno”.

En este contexto, la regidora del municipio sevillano “suplica” al juez que promueva la investigación e identificación de la persona o personas que han realizado las denuncias anónimas contra su equipo de gobierno. Y, una vez identificadas, se abran diligencias para determinar si incurrieron en delitos de denuncias falsas o calumnias.

Por una vez, la Guardia Civil no tenía de su lado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. La penúltima jornada del juicio al fiscal general incluyó un enfrentamiento entre aliados naturales, una muesca más que deja este inédito procedimiento en la historia de la Justicia española. El choque se resolvió con un severo cuestionamiento a los métodos utilizados por una unidad especializada en graves delitos a la que esta vez se le asignó investigar una supuesta revelación de secretos. 

Los agentes han actuado en el procedimiento contra el fiscal general como policía judicial, a las órdenes del juez. La Fiscalía pide la absolución de su máximo responsable porque no aprecia un solo indicio de delito. Y la Abogacía del Estado se encarga de su defensa, como funcionario público. 

La declaración del teniente coronel Balas y sus subordinados evidenció que la Unidad Central Operativa ha priorizado investigar a un sospechoso, el fiscal general, sobre el esclarecimiento de los hechos que constituyeron el delito. Las preguntas del fiscal Francisco Javier Montero, pero, sobre todo, de Consuelo Torres, abogada del Estado que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz, ahondaron en ello. 

Si Consuelo Torres había arrancado el juicio cargando contra el juez Ángel Hurtado por llevar a cabo una investigación “inquisitorial”, la última sesión evidenció quién y cómo ha contribuido a desarrollarla. La defensa de García Ortiz siempre ha defendido que el objetivo del procedimiento que instruyó Hurtado fue el fiscal general. Desde el principio. Y las respuestas de los guardias civiles este miércoles parecieron confirmarlo. 

El concepto jurídico que eligieron los mandos de la Unidad Central Operativa para enmarcar su tesis acusatoria sonó rimbombante en la sala del Tribunal Supremo: “Dominio de la acción”. Con tal afirmación, los agentes exponían su convencimiento de que Álvaro García Ortiz estuvo presente y dirigió todas las acciones que ellos han podido acreditar. A saber, la recopilación de documentación para lanzar una nota de prensa que desmintiera la noticia de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, cuando había sido al revés.

Y a falta de una sola prueba que demuestre que fue el fiscal general quien filtró luego el correo a los periodistas, esas cuatro palabras de los guardias civiles –“dominio de la acción”– sirvieron para copar titulares durante la jornada e inflamar la tesis acusatoria. “Tuvo todo el dominio de la acción”, insistían los agentes. “Muestra un modus operandi de recabar información y luego presuntamente filtrarla”, llegaron a decir los agentes en el juicio.

“Un comentario coloquial” para una acusación de cárcel

José Manuel Gómez Benítez es catedrático de Derecho Penal y autor en 1984 de El dominio del hecho en la autoría, obra de referencia en la materia. “Uno de los criterios para atribuir la autoría de un delito es el ‘dominio de la acción’, efectivamente. Se refiere a quien realiza directamente la acción delictiva, el que ejecuta personalmente la acción: quien mata, el que roba… personalmente, no ordenando que otro lo haga. En el caso de revelación de secretos es quien revela en persona el secreto o las actuaciones procesales, no el que ordena la revelación por parte de otro, por ejemplo”.

La siguiente pregunta al catedrático es obligada: ¿qué sentido tiene utilizar ese término si no hay una sola prueba de que el fiscal general entregara el correo? Y la respuesta de Gómez Benítez: “Si han intentado atribuir al fiscal general el dominio de la acción no puede ser en sentido técnico-penal. Habrá sido un comentario coloquial”.

Hay otro concepto en derecho penal que no utilizaron los agentes, pero que resume, según fuentes de la defensa, su actuación: “sesgo de confirmación”. Consiste en seleccionar a un sospechoso y buscar indicios contra él que confirmen ese prejuicio.

Los guardias civiles no indagaron en el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez horas antes de que el fiscal recibiera el correo que fue luego filtrado, ni en otras informaciones periodísticas que no fueran las comentadas por los sospechosos en los mensajes intervenidos, ni tampoco los otros destinatarios de la información revelada que no eran el fiscal general. 

Consuelo Castro preguntó sobre esta última cuestión, el hecho de que el expediente de González Amador estuviera en poder de más de 500 personas cuando fue publicado por los medios. Según Balas, haber explorado esa posibilidad hubiera supuesto incurrir en una “investigación prospectiva”, prohibida por la ley. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, remarcó el teniente coronel. Y en ese momento se escucharon unas risas en la sala, inéditas durante toda la vista. 

La abogada del Estado siguió tirando de ese hilo y rebajó el campo de investigación al oficial de la Guardia Civil. “¿Sabía usted que ese correo [el de la confesión del abogado de González Amador] fue enviado a una cuenta genérica a la que tenían acceso 16 personas?”, preguntó Castro. “No me consta”, respondió Balas. 

Los adjetivos de la UCO

Los adjetivos son muy importantes en los informes de la UCO. No solo para lucir en titulares periodísticos. El propio juez Hurtado edificó su acusación contra el fiscal general en el “papel preeminente” que le otorgó la Guardia Civil en la filtración. Una tesis que los agentes volvieron a sustentar durante su declaración del miércoles. “Se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Tiene una serie de colaboradores, pero se ve el dominio. Es evidente”, justificó Balas. 

El teniente coronel explicó que las sospechas se centraron en cuatro miembros de la Fiscalía, a lo que Castro preguntó por qué solo solicitaron la intervención del teléfono de uno solo de ellos. “Básicamente, es la persona sobre la que tenemos más indicios: toda la Fiscalía está jerarquizada, hay un dominio superior del fiscal general…”.

La jornada dejó varias dudas flotando en la sala. La primera es qué ocurriría si en otros procedimientos los investigadores policiales tuvieran en frente al Ministerio Público y a la Abogacía del Estado, y no de su lado, como suele ocurrir.

La segunda es si esa confusa alusión al “dominio de la acción” es a iniciativa propia o anticipa una tesis sobre la autoría del delito que algún miembro del tribunal esté valorando utilizar para condenar al fiscal general. En ese caso deberían haber aludido al “dominio de la voluntad”, una forma de atribuir el delito a los jefes de determinadas organizaciones criminales y que necesita de requisitos muy específicos. La sentencia del procés condenó a aquellos “acusados que, desde posiciones institucionales de máxima responsabilidad, concibieron, promovieron y dirigieron la estrategia que culminó en los episodios de los días 20 de septiembre y 1 de octubre”.

Una vez que se han hecho públicas las declaraciones ante el juez instructor de los llamados a declarar en la causa iniciada contra el fiscal general del Estado, nos hemos enterado de que Miguel Ángel Rodríguez reconoció expresamente que había puesto en circulación el bulo de que el fiscal encargado del caso de los presuntos delitos fiscales cometidos por la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid había propuesto un “pacto de conformidad” y que dicha propuesta había sido boicoteada “desde arriba”, en alusión o bien al propio fiscal general del Estado o incluso a la presidencia del Gobierno.

Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante el propio juez que había acusado al fiscal general del Estado de haber cometido un delito a sabiendas de que no era así y justificó dicha manera de proceder en que “tiene el pelo blanco”.

En el Código Penal, ni en el español ni en ningún otro, se ha contemplado jamás “tener el pelo blanco” como una eximente de responsabilidad criminal. El sentido común nos dice que, de ser contemplado de alguna manera, lo sería como “agravante”. No es el caso tampoco en ningún Código Penal. 

La justificación del “pelo blanco” para acusar al fiscal general del Estado de un delito no ya sin indicios, sino sabiendo expresamente que no se puede atribuir al fiscal general la conducta que él difunde en el bulo hecho público a través de El Mundo, no puede ser más absurda. Ni con pelo blanco ni con pelo negro se puede acusar de un delito a nadie. Insisto: no solamente sin indicios, sino sabiendo que la acusación carece de veracidad.

En esta acusación justificada de esta manera esperpéntica está el origen del asunto que ha acabado con el procesamiento del fiscal general del Estado. Fue la nota de la Fiscal Jefa de Madrid desmintiendo el bulo puesto en circulación por Miguel Ángel Rodríguez, la que motivó la querella contra ella ante la Audiencia Provincial de Madrid, querella que se haría extensiva al Fiscal General al hacer público este que dicha nota había sido avalada por él. A partir de ese momento la Audiencia Provincial elevó el asunto a Tribunal Supremo, que no consideró que se hubiera cometido delito alguno con la elaboración de dicha nota, pero que abrió la posibilidad de que se hubiera podido cometer un delito de revelación de secretos al hacerse público el correo electrónico de 2 de febrero de 2024, enviado por la defensa jurídica del Sr. González Amador, en el que se reconocían dos delitos fiscales y se formulaba la propuesta de un pacto de conformidad. Esta posibilidad conduciría a la designación de un juez instructor y a la apertura de una investigación que ha acabado con un auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado.

Hasta ese momento se sabía que Miguel Ángel Rodríguez había difundido el bulo, pero no se sabía que lo había hecho a sabiendas de que era un bulo y que no solo no disponía de indicio alguno que señalara al Fiscal General, sino que sabía expresamente que este no era el autor de la conducta que se le atribuía. 

En el momento en que el juez instructor tiene conocimiento de que la justificación del bulo son los “pelos blancos” del autor del mismo, tenía que haber detenido la investigación y haber iniciado otra sobre la conducta de Miguel Ángel Rodríguez. Atribuir una conducta delictiva al Fiscal General del Estado a sabiendas de que no ha podido ser el protagonista de dicha conducta, es un delito. Y en ese delito es en el que se tendría que centrar la investigación.

Una vez conocidas las declaraciones ante el juez instructor, se tendría que solicitar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que paralizara el proceso contra el Fiscal General y que se inicie otro contra Miguel Ángel Rodríguez y, una vez finalizada dicha investigación, ya se vería si es procedente o no continuar con el proceso contra el Fiscal General. 

Si los “pelos blancos” son la única justificación de la conducta de Miguel Ángel Rodríguez no cabe otra alternativa.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Plan de Inmigración de su partido incluye la modificación de la Ley de Extranjería y del Código Penal para expulsar a los migrantes ilegales que se hayan declarado menores de edad sin serlo. “Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos”, aseguró durante su intervención en el Foro La Toja que se celebra en la isla pontevedresa de A Toxa.

Feijóo centró su discurso en la “necesidad” de una alternativa política frenta a la “situación límite” en la que, según dice, vive España. “Creo que la oposición también está para solucionar problemas, sobre todo cuando el Gobierno no los soluciona sino que los crea”, aseguró antes de poner como ejemplo de esa situación la política migratoria. “Si creemos que ha fracasado, tenemos que tener un modelo para arreglarlo”.

Ese modelo popular incluye introducir cambios en la Ley de Extranjería para “poder expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado menor siendo mayor de edad” —aquí, Feijóo no diferenció entre legales e ilegales—, pero también en el Código Penal para incluir “expresamente” la tipificación del fraude “en la edad o en la nacionalidad del inmigrante”.

Su plan también “fijará un máximo de tiempo” para comprobar la edad de las personas migrantes “y evitar situaciones de desprotección”. Para Fejióo, es “evidente” que, si ese proceso no se hace “rápido”, y “esa persona que entra ilegalmente convive con menores durante meses”, quien quedan desprotegidos son “esos menores que el gobierno dice querer proteger”.

La ley de violencia vicaria ha empezado ya su recorrido. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto, al que todavía le queda un largo trámite por delante antes de su redacción definitiva. Pero, de momento, el objetivo del Gobierno es regular específicamente este tipo de violencia a través de varias medidas: entre ellas está la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito o la posibilidad de que los jueces impidan que los condenados difundan información sobre el crimen que han cometido, dos elementos que las expertas consultadas ven con precaución y que, en la práctica, no afectarán solo a los casos de violencia machista.

El texto reconoce que la violencia vicaria “es una de las formas más crueles y devastadoras de la violencia de género” y por eso establece un marco integral para enfrentarla. Entre otras cosas, la define como aquella violencia que “con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres” se ejerce sobre otras personas de su entorno, entre ellas sus hijos e hijas, pero no solo. Esta es una de las claves de la norma: no se limita a sus descendientes, sino que se refiere también a otros menores sujetos a su tutela, sus padres, hermanos y su pareja actual.

Así lo especifica en la modificación que hace de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y que es uno de los cambios que introduce en diversas leyes. El Código Penal lo reforma con dos objetivos: el primero de ellos el de incorporar un delito específico y propio para la violencia vicaria, aunque no solo circunscrito a la violencia machista. Es el 173 Bis, que se tipifica como un delito contra la integridad moral y que castiga a quien “para causar daño o sufrimiento” a su pareja o expareja cometa contra sus hijos o el resto de familiares cualquier delito violento o contra la intimidad, el honor, los derechos y deberes familiares o la intimidad.

Doble tipo penal

Este es, sin embargo, un tipo genérico que, en la práctica, afecta a todo tipo de parejas independientemente del género –violencia doméstica– y al que se añade un tipo agravado para el caso de que la víctima a la que se quiere causar ese daño sea una mujer. En el primer caso, se establece una pena de entre seis meses y tres años de cárcel mientras que en el segundo se incrementa hasta su mitad superior –de un año y nueve meses a tres años–. Según la ministra, se ha incorporado este doble tipo “para evitar discriminaciones” y respetar el artículo 14 de la Constitución.

“Es cierto que al ser un nuevo delito, si solo se reconociera en el caso de víctimas mujeres podrían enarbolar que es discriminatorio, pero en la práctica puede convertirse en una nueva puerta de entrada del Síndrome de Alienación Parental, en el sentido de que las defensas de los hombres aleguen instrumentalización de los hijos para causarles daño”, advierte Cira Domínguez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Getafe. Al margen de eso, la ley plantea que el nuevo delito se castigará de forma separada al delito principal, el que se comete contra el sujeto: es decir, se suman penas y si, por ejemplo, por el asesinato de un hijo a manos de su padre se impone una pena de 20 años, se le podría sumar este tipo penal de violencia vicaria con un máximo de tres años más.

Sin embargo, y a la espera de los cambios del texto, a las voces consultadas para este reportaje no les convence la manera en que se incorpora penalmente la violencia vicaria. “Hace falta un reconocimiento, pero hay maneras más sencillas porque debe estar muy afinada”, opina María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, que cree que con el actual Código Penal en la mano “ya podría perseguirse porque cuando un autor mata al hijo para hacer un daño grave a la mujer le inflige un trato degradante ya castigado en el 173”. “Es más, vería más sentido a incorporar un tipo agravado en ese 173 porque la tipificación expresa puede tener sus problemas”, añade.

La catedrática de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona Miriam Cugat coincide en las dudas y desconfía de que la vía sea ampliar el Código Penal. “Lo que se está haciendo es magnificando la pena cuando estamos ante un tipo de delincuencia poco sensible a ella. Hablamos de sujetos que están dispuestos a matar y suicidarse. Engordando el Código Penal no vamos a encontrar la solución”, afirma la experta, que incide en que “lo mejor” del anteproyecto es la mejora en la formación de jueces y fiscales.

En este sentido, el texto incorpora varias modificaciones a la ley del Poder Judicial para sumar formación en violencia vicaria, perspectiva de género y de infancia en las oposiciones, en el curso selectivo de la Escuela judicial y en el plan de formación continua. Además el Consejo General del Poder Judicial deberá ofrecer a toda la carrera judicial formación periódica y establece que esta será una obligación no solo para los jueces que ejercen en juzgados exclusivos de violencia machista –que ya lo es–, sino en aquellos que compatibilizan con otras materias y en los civiles que ven asuntos de familia como divorcios y medidas paternofiliales.

La difusión de contenidos

El segundo objetivo para el que la ley quiere reformar el Código Penal tiene que ver con el libro El Odio, en el que José Bretón contaba el asesinato de sus hijos al ser entrevistado por Luisgé Martín, lo que provocó un enorme debate y el inicio de acciones legales por parte de Ruth Ortiz contra la publicación, que fue finalmente paralizada. Entonces Igualdad ya anunció que quería evitar este tipo de casos y, para ello, incorpora en el texto la posibilidad de que los jueces impongan como pena a los autores del delito la prohibición de publicar o difundir contenido sobre el crimen ni facilitárselos a terceros.

La idea es que, al igual que se puede determinar una prohibición de comunicación o la suspensión para empleo público, se pueda aplicar este límite en las sentencias. Eso sí, no solo por violencia vicaria: según el texto, se añade como una pena más de las que pueden imponerse en casos de homicidio, delitos sexuales, contra el honor y otro tipo de delitos.

La medida es también vista con prudencia por parte de las expertas, que hacen referencia a la colisión de derechos fundamentales. Cugat cree que el asunto “es muy delicado” y apunta a que “puede ser una restricción desproporcionada” que se hace de forma preventiva, antes de que se cometa el delito. La experta rechaza, además, las reformas legislativas que se cuecen al calor de un caso con fuerte perfil mediático como lo fue el del libro de Bretón. “A la violencia vicaria debe sí o sí prestarse atención, pero lo que se reforma coincide perfectamente con un caso concreto, está hecho a medida y eso siempre es problemático y conduce al defecto de lo particular pudiéndose quedar cosas fuera”, esgrime.

“Este tipo de medidas siempre plantean la duda de en qué medida los jueces van a tener que motivar y hasta qué punto”, apunta Paz Lloria, catedrática de la Universidad de Valencia, que admite que la pena le genera dudas “pero igual que todas las accesorias que son automáticas”. “¿Hasta qué punto esto nos puede llevar a una expansión tan grande de la sanción que impida el conocimiento de lo que ha ocurrido en determinados supuestos?”, se pregunta la penalista, que al mismo tiempo reconoce el daño que pueden generar en las víctimas determinados contenidos.

De hecho, en el caso de Bretón, Ruth Ortiz intentó por todos los medios frenar el libro, algo que los tribunales no secundaron, debido a la “revictimización” que le causaba ver escritos detalles del asesinato de sus dos hijos que ni siquiera sabía hasta ese momento. El Gobierno justifica la medida en el anteproyecto asegurando que “responde a la necesidad de evitar el menoscabo de la dignidad de la víctima” y también la “generación de un daño psicológico” añadido e impedir que “los agresores utilicen los medios digitales o de comunicación como prolongación de la violencia”.

La ley también incluye un refuerzo del derecho a ser escuchados de los niños, niñas y adolescentes al establecer como obligatorio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que antes de decidir sobre su guarda y custodia deben ser oídos. Además, incluye este requisito para que los jueces establezcan visitas en casos de violencia de género, una excepción recogida en la ley a la regla general –que es no otorgarlas– que, según este anteproyecto, solo podrá hacerse siempre que antes se escuche a los menores. Con todo, el texto recoge que “cuando no sea posible” se podrá conocer su opinión a través de personas de apoyo o sus representantes legales.

La norma también incluye la violencia vicaria como indicador de riesgo de los niños y niñas y extiende las medidas de sensibilización de la Ley Integral contra la Violencia de Género a estos supuestos. Por otro lado, establece que el Ministerio de Igualdad comenzará a contabilizar los asesinatos por violencia vicaria –padres, hermanos y parejas de las mujeres– más allá de los hijos e hijas, que ya se recogen actualmente. En lo que va de año, son tres los niños asesinados por esta causa, 63 desde 2003, año en que empezaron a recogerse.

El Gobierno ha puesto fecha a una de las históricas reivindicaciones de la izquierda y que es también un compromiso del Ejecutivo de coalición desde hace siete años: la supresión del delito contra los sentimientos religiosos del Código Penal. Será a lo largo del recién estrenado año cuando la reforma se lleve al Parlamento, después de que en las primeras horas de 2025 se viviera una nueva ofensiva judicial de la ultraderecha y la Iglesia católica por un comentario que hizo en directo la cómica Laura Yustres, Lalachus, encargada de presentar las campanadas de Nochevieja en la televisión pública junto a David Broncano. La comunicadora llevaba además días sufriendo una campaña de acoso en redes a cuenta de su aspecto físico.

Pocos minutos antes de las uvas y, a modo de broma, la presentadora mostró a los espectadores una estampa que aseguró le servía de amuleto y le traía buena suerte: una imagen de la mascota del 'Grand Prix' sobre el fondo del Sagrado Corazón de Jesús. El montaje, muy recurrente en el mundo del fútbol o de la música con jugadores o artistas, ha supuesto la excusa perfecta para que asociaciones ultras como Hazte Oír o Abogados Cristianos hayan anunciado una querella por “posible delito de odio y contra los sentimientos religiosos”.

De esta campaña contra Lalachus ha hecho seguidismo incluso la Conferencia Episcopal, que se ha puesto del mismo lado que las dos organizaciones ultraderechistas. Su presidente, monseñor Luis Argüello, llegó a hacer uso de sus redes sociales para señalar a la cadena pública en sus redes sociales. “Me entristece que con la coartada de la libertad de expresión y los excesos de las fiestas, TVE haga burla del símbolo del Corazón tan querido por todos los católicos. Lo más triste es que los responsables no son conscientes de lo que hacen. Una vez más la banalidad nos rodea”, esgrimió.

La polémica no ha tardado en saltar a la política. Desde los partidos del Gobierno han sido varias las voces que han expresado su respaldo a la cómica ahora atacada por la ultraderecha. La más destacada, la del ministro de Justicia. Félix Bolaños trasladó su apoyo a Lalachus y advirtió también en sus redes sociales que el Gobierno trabaja en la reforma del Código Penal para eliminar tipos delictivos como el de la ofensa a los sentimientos religiosos que en muchos casos chocan directamente con el derecho a la libertad de expresión.

“Día 1 y primer intento de los ultras de amedrentar. En 2025 impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación, una medida del Plan de Acción por la Democracia”, trasladó Bolaños en su cuenta en X.

Fuentes del Ministerio de Justicia explican que el “compromiso” contenido en el citado plan se refiere a la reforma integral de tipos penales que pueden tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y creación y consideran “evidente” que el delito de ofensa a los sentimientos religiosos puede tener ese efecto. En todo caso, estas fuentes afirman que la forma en que se concrete este cambio legal “se tiene que estudiar todavía a nivel técnico y político” en los órganos de coordinación del Plan de Acción por la Democracia.

La reforma está comprometida por el Gobierno con su socio de coalición, Sumar, y con el conjunto de partidos progresistas que apoyan al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso dentro del citado plan que el Consejo de Ministros destila a cuentagotas y sin perder de vista los complicados números de la mayoría parlamentaria que requieren las reformas.

Este jueves, el portavoz de Justicia e Interior del grupo parlamentario de Sumar, Enrique Santiago, emplazó al PSOE a culminar la reforma del delito de ofensas religiosas, que está congelada en el Congreso desde hace más de un año. “Ya está tardando”, apremió en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La redacción de ese plan plantea expresamente “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos”. Un texto que, a juicio de Sumar, incluye también la reforma del delito de ofensas contra la Corona.

En los últimos años, se ha producido en España un auge de procedimientos judiciales sobre tipos penales como los ultrajes a los símbolos nacionales, las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo o los delitos contra los sentimientos religiosos. Y la reforma de los mismos será finalmente un hecho en 2025, según ha anunciado el Ejecutivo, al ser una reivindicación histórica de apoyos parlamentarios como Podemos, ERC o EH Bildu y un compromiso pendiente del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018.

Qué dice el Código Penal

El Código Penal distingue entre la libertad religiosa —que es la que se viola, por ejemplo, impidiendo actos de culto— y el “escarnio” de las creencias religiosas, que es la ofensa de los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa a través de palabras, escritos o cualquier tipo de documento. Esta última conducta, penada con hasta 12 meses de multa, es la que el Gobierno pretende “reformar de forma integral o derogar”, de acuerdo a las fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.

De hecho, estas mismas fuentes afirman que esta reforma “no supondrá la desprotección de un derecho fundamental, porque el derecho de las personas a no ser discriminadas por su confesión o creencias ya está protegido en la figura de los delitos de odio y el derecho fundamental a la libertad religiosa se encuentra recogido en otros artículos del Código Penal, como los que castigan el impedimento mediante fuerza o intimidación a una persona para que no participe en ceremonias religiosas”.

Pero sí creen que es hora de “atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en materia de difamaciones y su encaje legal”, tal y como recoge el plan de regeneración. A este respecto, la Corte de Estrasburgo señala que la libertad de expresión solo puede limitarse con sanciones penales en casos de incitación al odio. También afirma que “prohibir las demostraciones de falta de respeto por una religión u otro sistema de creencias, incluidas las leyes sobre la blasfemia” es “incompatible” con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que España suscribió en 1985. 

La jurisprudencia del TEDH insiste en que la libertad de expresión no solo ampara las ideas consideradas como inofensivas o indiferentes, sino que protege especialmente la libertad de crítica cuando esta es desabrida o puede molestar y disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo y la tolerancia sin los cuales no existirían las sociedades democráticas. Las tesis mayoritarias apuntan a que la única posibilidad de una restricción de ese derecho es en relación con discursos que supongan una incitación directa a la violencia o que ahonden en la discriminación que ya sufren colectivos vulnerables. 

Otros organismos internacionales como la Comisión de Venecia —un ente consultivo dependiente del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional— también afirman que solo se debe perseguir penalmente la incitación al odio religioso, pero no las ofensas a los sentimientos religiosos y tampoco la blasfemia.

Denuncias abocadas al archivo

A pesar de las críticas de Europa, el de escarnio de las creencias religiosas es un tipo penal que entidades ultracatólicas como Abogados Cristianos, Hazte Oír, Alternativa Española o Falange Vasconavarra han intentado resucitar en la última década. Aunque resulta prácticamente una anécdota en la realidad judicial española, estos procedimientos acaparan una gran atención mediática y, en ocasiones, suponen para los querellados un auténtico calvario judicial. 

Este fue el caso de tres mujeres procesadas por haber participado en 2014 Sevilla en la llamada 'procesión del coño insumiso'. Tras casi seis años de procedimiento fueron absueltas por un juez que amparó esa protesta en el debate sobre el aborto. Sin embargo, una activista feminista sí fue condenada por un delito contra los sentimientos religiosos por sacar en procesión una vagina de plástico en Málaga. En ese caso, la sentencia de un juzgado, que confirmó después la Audiencia Provincial, consideró que el 'santo chumino rebelde' de Málaga tuvo “evidente intención de ridiculizar y burlarse de forma gratuita de una tradición católica fuertemente enraizada” en la sociedad.  

Otros casos mediáticos que sí acabaron en archivo o absolución en los tribunales fueron el juicio al cantautor Javier Krahe por un vídeo en el que se cocinaba un Cristo, el chiste del humorista Dani Mateo sobre el Valle de los Caídos o representaciones culturales como las 'carnicerías vaticanas', la perfomance Amén, en la que el artista Abel Azcona escribió la palabra “pederastia” con 242 hostias consagradas, o la de la Drag Sethlas, que se vistió de virgen en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que es un delito sobre el que no hay prácticamente condenas, ya que la jurisprudencia lo ha restringido para que no colisione con otros derechos fundamentales. “Pero el problema no es ese, sino las querellas continuas con fines intimidatorios de organizaciones ultraderechistas y fundamentalistas. No buscan una condena, sino coartar la libertad de expresión de personas y colectivos laicos y progresistas, especialmente artistas”, dicen estas mismas fuentes, que insisten en que “cualquiera de estos procesos supone una enorme presión a los afectados y una amenaza implícita a otros artistas para que no expresen libremente su opinión si creen que eso les situará en el punto de mira de estos grupos”.

Con estos precedentes y, más allá de la reforma, denuncias como la formulada contra Lalachus parecen estar abocadas al archivo atendiendo a la doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional que sirvió para dejar en papel mojado esos otros casos mediáticos. Así, esta doctrina exige que haya una afrenta a las creencias y un escarnio “firme, porfiado y tenaz”. Esto es, un ánimo deliberado de ofender los sentimientos religiosos de los miembros de la Iglesia católica, institución que ni siquiera fue mencionada por la cómica, que se limitó a mostrar una estampita de una vaquilla del programa Grand Prix de TVE que simula la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Por primera vez en España un directivo del capitalismo de plataformas acudirá a declarar a un juzgado como investigado. Se trata de Oscar Pierre, fundador y director general de Glovo, que este martes comparecerá ante la magistrada del juzgado de instrucción 31 de Barcelona imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. El polémico modelo laboral de la compañía sigue en los juzgados, pero ha pasado de la jurisdicción social a la penal.

El caso está abierto por un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque el colectivo de los riders (anglicismo por el que se conocen los repartidores de Glovo y otras empresas) está organizándose para intentar ampliar los tipos penales a los que se enfrente Pierre al entender que la Fiscalía “se ha quedado corta”, según fuentes de los trabajadores.

El colectivo RidersxDerechos, pionero en la lucha de los repartidores contra los falsos autónomos en el sector, junto al Observatorio del Trabajo Algoritmo y Sociedad (TAS) intentó personarse como acusación popular del caso, pero la jueza fijó una fianza muy alta (20.000 euros). Ahora se baraja que los repartidores se personen como acusaciones particulares para intentar ampliar la causa a delitos fiscales y contra la Seguridad Social, estafa y falsedad documental.

A la espera de si este salto cuantitativo en cuanto a los delitos tiene éxito, la clave y el futuro del caso dependen de la respuesta a una pregunta. ¿Mantuvo Glovo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal? Para la Fiscalía sí, pero para la empresa y su fundador, no. La decisión final corresponderá a la jueza instructora, María Isabel Hernando Vallejo, que deberá resolver si envía la causa a juicio.

Sobre la mesa de la magistrada acusación y defensa han presentado documentos para reforzar sus respectivas tesis, consistentes en sentencias y actas de Inspección de Trabajo. Según la Fiscalía, muestran que Glovo mantuvo su modelo de relación laboral con los riders con posterioridad a la histórica decisión del Supremo de 2020. Por el contrario, la defensa de Pierre sostiene que sí cambió su modelo de relaciones laborales con los riders, adecuándolo a las condiciones fijadas por el Supremo para mantener como autónomos a los repartidores.

Así lo acreditan, aducen, recientes sentencias de la Audiencia Nacional (también posteriores a la sentencia del Supremo) que han revocado sanciones de la Seguridad Social al constatar que los repartidores sí “podían conectarse o no a la aplicación cuando quisieran, con total y absoluta libertad”, a diferencia del modelo que el Supremo tumbó y que premiaba a los repartidores con reservas de las franjas horarias con mayor demanda.

En su denuncia, la Fiscalía no se centra tanto en la cuestión de las franjas horarias, sino que atribuye otras estrategias de Pierre para mantener la relación de falsos autónomos con sus repartidores. Por ejemplo, no garantizar a los riders un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada y dejar de ingresar a la Seguridad Social las cotizaciones laborales correspondientes. Todo ello tendría, a juicio de la fiscal, el objetivo “reducir costes empresariales” de Glovo, esto es, el mismo que el modelo de falsos autónomos.

A toda la documentación de las partes hay que añadir los más de 20 riders que hasta ahora han comparecido como testigos. Según fuentes jurídicas, todos ellos han expuesto varias quejas sobre el funcionamiento de la empresa, si bien no ha habido unanimidad a la hora de declararse autónomos o empleados de Glovo.

La denuncia de la Fiscalía supuso un salto a la vía penal tras las diversas sanciones que, por vía administrativa, Inspección de Trabajo ya interpuso contra la compañía por desoír el fallo histórico del Alto Tribunal que declaró que los riders de la compañía eran falsos autónomos.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha mantenido la presión sobre la empresa para vigilar si mantenía su modelo de falsos autónomos hasta llegar a la vía penal. El Gobierno aprobó la Ley Rider en 2021 con el objetivo de acabar con el abuso sistemático de la figura de los falsos autónomos entre las principales empresas de reparto a domicilio. La norma estuvo apoyada por la CEOE, pero no por la patronal catalana Foment del Treball, que apoyó el modelo de Glovo.

En su afán de perseguir estas prácticas, el Gobierno modificó además el Código Penal para evitar el abuso de los falsos autónomos. El delito al que se enfrenta Pierre se castiga con penas de cárcel de seis meses a seis años y sanciona a los empresarios que restringen los derechos de sus trabajadores abusando de su situación, incluidos los que abusan de los falsos autónomos.

La causa abierta en Barcelona a instancias de la Fiscalía no tiene por ahora réplicas en el resto de España, a diferencia del carrusel de juicios laborales en todas las ciudades donde opera Glovo que el Tribunal Supremo zanjó en 2020 y que casi un lustro después sigue ocupando a los juzgados.

El pleno del Congreso de los Diputados ha avalado este martes la toma en consideración de una iniciativa impulsada desde el Parlament de Catalunya para modificar el Código Penal y hacer que los delitos de pederastia grave no prescriban. La iniciativa ha dado el primer paso adelante con 305 votos a favor de PP, PSOE, Sumar y sus socios de investidura. En contra han votado a los 32 diputados de Vox.

La propuesta recogida por el Congreso surge de una iniciativa aprobada en febrero en el Parlament con el único voto en contra de Vox y la abstención de la CUP. Todo ello fruto de la comisión de investigación sobre la pederastia celebrada en la cámara catalana.

En el turno de presentación de la propuesta, la socialista Judith Alcalá ha señalado que “solo el 4 por ciento de las víctimas denuncia” los abusos sufridos durante la infancia y que, de las denuncias presentadas, “solo el 30 por ciento termina en sentencia”.

Raquel Sans (ERC) ha reclamado equiparar los plazos de prescripción de España a los de otros códigos penales europeos. Por parte de los Comuns, Susanna Segovia ha subrayado que la propuesta que el Parlament lleva al Congreso es fruto de un “ejercicio de escucha y reparación” a las víctimas.

En los turnos de posicionamiento de los grupos del Congreso, el diputado de Junts Josep Pagès ha argumentado que hay que evitar los “espacios de impunidad” en los delitos de pederastia, pero ha avisado de que el Estado va tarde a la hora de encarar esta lacra. “Esta iniciativa estrictamente penal no es suficiente”, ha añadido antes de destacar la necesidad de concienciar a la sociedad y reformar también leyes en el ámbito civil.

Por parte del PSOE, la diputada Alba Soldevila ha asegurado que la norma permitirá mejorar la protección y reparación de las víctimas. “Señorías del PP y Vox, están incómodas con este tema. Ambos votaron en contra de la comisión de investigación en el Parlament y han puesto trabas para llevar esa modificación al Congreso”, ha recordado. “No hay excusas, trabajen por las víctimas”, les ha pedido.

En el caso del PP, el diputado Nacho Martín Blanco ha celebrado el tono “constructivo” de las representantes del Parlament y ha defendido que su partido “no se esconde detrás de la iglesia”. Sin embargo, ha pedido no evitar el debate jurídico que envuelve la propuesta sobre la prescripción de los delitos de pederastia. “Las cosas no son tan fáciles. No caigamos en un populismo judicial que nos haga creer que el derecho no vale nada”, ha remarcado.

Desde el PNV, Mikel Legarda ha recordado que muchas víctimas de abusos tardan años en explicar las agresiones por motivos personales y sociales de todo tipo, pero ha alertado de que el redactado de la iniciativa los genera “graves dudas” que esperan resolver en su tramitación.

Negativa de Vox

Desde Vox, el único grupo que ha votado en contra de la proposición, la diputada Carina Mejías ha comenzado su intervención celebrando que el Parlament “trabaje por fin en cosas importantes y de interés general”. A renglón seguido, ha recordado que Catalunya es “la comunidad autónoma más peligrosa de España”, entre otros, por el número de agresiones sexuales que se denuncian.

“Esta propuesta es un ejercicio de hipocresía para desviar el foco de las nefastas consecuencias de sus decisiones políticas que han beneficiado a delincuentes, pederastas y depredadores sexuales. Necesitamos una reforma integral del Código Penal para garantizar la seguridad de las mujeres, la protección de los niños y no las chapuzas jurídicas con deficiencias técnicas”, ha remachado.

Próximos pasos

Al superar el debate de toma en consideración, la proposición de ley orgánica se remitirá a la comisión competente y se abrirá el correspondiente plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado. En caso de que se presentaran enmiendas a la totalidad, que sólo pueden ser de texto alternativo, se celebrará el debate de totalidad.

Una vez celebrado el debate, y si las citadas enmiendas son rechazadas, la iniciativa continuará su tramitación en ponencia, comisión y pleno. Debido a su carácter orgánico, su aprobación requerirá una votación final de conjunto en la que deberá obtener el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si supera esta votación, el texto se remitirá al Senado para continuar su tramitación.

La Fiscalía de Sevilla ha comenzado a investigar si un equipo médico del hospital universitario Virgen Macarena emprendió un estudio con pacientes diabéticos sin su consentimiento informado ni el aval del comité ético. Así lo confirman fuentes del Ministerio Público consultadas por SevillaelDiario.es, después de que el médico que alertó de “irregularidades y malas prácticas” por parte de sus compañeros del servicio de Medicina Interna decidiera el pasado mes de julio llevar ante los tribunales el caso del que ha venido informando este periódico.

En su denuncia, presentada después de que el hospital decidiera dar carpetazo a su propia investigación interna sin tomarle declaración, el facultativo solicitaba al Ministerio Público que tratara de aclarar si cuatro médicos del hospital sevillano extrajeron muestras sanguíneas con fines investigativos en pacientes ingresados por pie diabético sin informarles previamente, ni a ellos ni a él como responsable.

Hechos que, a juicio del médico denunciante, “revisten indiciariamente los caracteres de un delito” contra la intimidad recogido en el Código Penal, así como de una “infracción contra la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales, Ley de Investigación Biomédica y la Ley General de Sanidad”, según consta en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Ahora, a la vuelta del verano, la Fiscalía ha iniciado los trámites con los que arranca la investigación, que se suma a la que ya inició en febrero el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Esta entidad independiente admitió a trámite la reclamación que el mismo médico del Macarena registró en noviembre “como una posible infracción de la normativa de protección de datos”. El periodo de “actuaciones previas de investigación” continúa en marcha y puede prolongarse hasta 18 meses con objeto de recabar información, tal y como indican fuentes de Protección de Datos a este diario.

Cronología del caso

Los hechos denunciados se remontan al mes de abril de 2023, cuando un paciente hospitalizado por “descompensación y complicaciones por pie diabético” preguntó a su médico por los resultados de una analítica que le habían realizado. Desconcertado, puesto que él como responsable no había prescrito ninguna prueba ni nadie del servicio le había comunicado nada al respecto, consultó el registro y detectó que, al menos desde marzo, se habían realizado otras tantas solicitudes de análisis en pacientes con el mismo cuadro clínico ingresados bajo su responsabilidad.

La doctora que figuraba como peticionaria de todos ellos resultó ser una de las autoras del estudio identificado con las siglas BIOEAP, que, según la denuncia, se puso en marcha sin esperar la autorización preceptiva del Comité Ético de Investigación de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío, órgano responsable de dar luz verde a las propuestas de ensayos científicos en Sevilla. El denunciante basa esta afirmación en que el dictamen sobre el mismo se emitió tres meses después, el 26 de junio, y fue “desfavorable”, por lo que rechazaba su realización. 

“Ello demuestra las irregularidades que se estaban cometiendo en el proyecto de investigación Ilevado a cabo”, sostiene el especialista de Medicina Interna en su denuncia, remarcando que “el estudio ya estaba en marcha desde marzo de 2023, tal como se evidencia al menos con la primera de las solicitudes de análisis clínicos detectados sobre mis pacientes”. En este punto del escrito recuerda que la Ley de Investigación Biomédica establece que “toda investigación en seres humanos debe estar sujeta al cumplimiento de las normas éticas para preservar la dignidad, los derechos y la seguridad de las personas, y a la autorización expresa del Comité de Ética de Investigación Clínica”.

Todo ello se puso en conocimiento de la dirección médica del hospital Macarena por escrito en octubre de 2023. El centro inició entonces “de forma inmediata” una investigación interna que se da por concluida desde marzo “al no acreditarse los hechos denunciados”, según informan fuentes del Macarena consultadas por este periódico.

El médico, al no conformarse con el archivo –insiste en que ningún directivo o funcionario de la institución hospitalaria se ha puesto en contacto con él para contrastar las pruebas de las que daba cuenta en su notificación– decidió recurrir a la justicia, registrando una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla el pasado 19 de julio. Ahora el Ministerio Público tendrá que dirimir si, como teme el denunciante, esas muestras biológicas extraídas sin informar a los pacientes ni al médico responsable se hicieron saltándose los procedimientos que marcan los códigos éticos de investigación médica y la legislación vigente.

El asesinato de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo) —cuya autoría ha confesado un joven español— ha sido el último pretexto utilizado por los grupos ultra para recrudecer su campaña de bulos y señalamiento a los extranjeros a través de las redes sociales. El conmovedor crimen dejó una riada de mensajes xenófobos en los que se trataba de culpar a los migrantes que acoge temporalmente el pueblo, se deslizaba una posible vinculación con bandas juveniles e incluso una motivación yihadista. 

Son mensajes “falsos” y en los que se “criminaliza de forma generalizada” a menores migrantes, según la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio, que estudia si pueden ser delito. El máximo responsable de esa unidad especializada es el fiscal Miguel Ángel Aguilar (Remscheid, Alemania, 1965), que advierte en una entrevista telefónica con elDiario.es de que “la creación de un clima de estigmatización o de señalamiento a través de las redes sociales puede traducirse en casos de violencia en las calles”. 

Aguilar defiende que “no todo lo odioso es delito por muy repugnante que parezca” y que hay mucho trabajo que hacer contra la xenofobia en materia educativa o de prevención. Pero reclama también reformas legislativas encaminadas a poder perseguir a quienes se parapetan detrás del anonimato que proporciona Internet para lanzar graves campañas de odio. “Cuando se comete un delito en redes sociales se tiene que poder saber quién ha sido el autor”, defiende. 

La Fiscalía estudia los mensajes xenófobos publicados en las redes sociales a raíz del asesinato de un niño en Toledo para ver si pueden ser delito de odio. ¿Cómo avanza esa investigación? ¿Han llegado ya a alguna conclusión?

Es muy incipiente. Ahora quienes están trabajando son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que están recopilando y analizando los comentarios y los perfiles. Cuando tengan ese trabajo hecho lo darán a conocer a la Fiscalía o a los juzgados de instrucción y entonces será el momento de su valoración jurídica.

¿Qué debe tener un mensaje odioso para, además, ser un delito de odio?

Lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto en el que ocurre para ver si tiene o no impacto en la sociedad. También es muy importante tener en cuenta el perfil de la persona que divulga ese tipo de hechos y si es un discurso de odio que se va repitiendo o son comentarios puntuales y espontáneos fruto de una reacción emocional. Otros elementos son la capacidad de liderazgo y penetración social o el contexto específico de las palabras. No son lo mismo unas palabras que tienen un contenido clarísimamente violento y totalmente discriminatorio a medias verdades. Es un delito muy circunstancial, en el que hay que tener en cuenta que cada caso no es igual y que no todo lo odioso es delito por muy repugnante que nos parezca. 

¿Y desde el punto de vista de las víctimas? ¿Cuáles son los colectivos protegidos? 

Tienen que ser colectivos que encajen en uno de los motivos de discriminación que prevé el Código Penal. Por ejemplo, cuando hablamos de menores migrantes no acompañados se trata de racismo, de xenofobia, que es el rechazo al origen nacional de las personas. En otros casos hablamos de LGTBIfobia, de aporofobia, de discapacidad o de género. 

En el caso de Toledo hemos visto que eran mensajes en redes sociales, con muchas interacciones. ¿Qué importancia tiene la repercusión? ¿Cómo se mide? ¿Puede ser un agravante si se considera que hay delito? 

La repercusión es un elemento que se tiene en cuenta para calificar los hechos. Y si partimos de la base de que los hechos son graves y son delito, el Código Penal prevé en el artículo 510 la posibilidad de agravar la pena por haberse utilizado medios de difusión masiva a través de Internet o de redes sociales.

¿Y qué ocurre cuando quien difunde esos mensajes es un cargo público? La jurisprudencia protege especialmente las opiniones expresadas en el ámbito político por muy ofensivas y desagradables que puedan resultar…

Hablamos de derechos constitucionales de primer orden, de libertad de expresión, libertad ideológica y de conciencia, pero también de otros derechos, como la dignidad de las personas, la prohibición de la discriminación o el libre desarrollo de la personalidad. Y hay que hacer siempre una ponderación que afecta a cualquier ciudadano. Cuando se trata de un cargo público esa ponderación tiene que ser todavía más exhaustiva porque pueden entrar en juego otros derechos constitucionales como el de pluralismo político y la participación política, lo que no significa que se pueda decir cualquier cosa. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto límites también a la libertad de expresión en algunos de estos casos.

Ha defendido que se pueden implementar medidas como el alejamiento de los entornos digitales, como se ha hecho con los violentos en los estadios de fútbol. ¿Cómo debería hacerse? ¿Qué cambios legales exige?

No sería para todos los casos. Hay que tener en cuenta el principio de proporcionalidad. El derecho a expresar y difundir ideas solo se puede restringir en los casos más graves de difusión masiva, indiscriminada y persistente. Ahí se pueden estudiar penas que consistan en la prohibición de acceder al medio que se ha utilizado para cometer el delito. 

Hemos visto ya sentencias donde se condena con órdenes de alojamiento a un youtuber que vejó a un mendigo para grabarlo y dar publicidad a su humillación. ¿Por qué en este caso se pudo hacer sin necesidad de cambiar la ley? 

En este caso se consiguió por la vía jurisprudencial porque es algo que no está previsto en el Código Penal para los delitos de odio. En aquella época, la aporofobia no era un delito de odio, así que la Fiscalía lo llevó por el delito contra la integridad moral y pidió la prohibición de acudir al lugar del delito que sí está prevista de forma genérica para este tipo de delitos. Nosotros entendimos que el lugar del delito no era sólo el espacio físico, sino también el virtual. La Audiencia Provincial de Barcelona retiró esa pena porque consideró que no estaba prevista en la ley, pero la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo, que sí acogió este criterio. Es solo un precedente jurisprudencial, así que sería importante que estuviera previsto para los delitos de odio más graves. Sería una herramienta más, pero no la única. 

La Fiscalía que dirige también ha reclamado reformar el delito de fomento o incitación al odio para hacerlo más proporcional. 

Sí. El artículo 510 prevé penas de uno a cuatro años de prisión, que a veces son muy elevadas. Quizá habría que obtener otro tipo de penas alternativas para los casos de personas que no emiten un discurso profesionalizado, pero que sí hacen comentarios que pueden tener la entidad de delito. Habría que estudiar penas de inhabilitación o de trabajos en beneficio de la comunidad. Algo que permitiera trabajar el tema de los prejuicios y los estereotipos, que es lo que lleva muchas veces a difundir este tipo de contenidos.

Hasta ahora hemos hablado del ámbito penal, pero no es el único. 

Claro. Hacen falta herramientas en otros ámbitos como el educativo, el de la prevención o el del derecho administrativo sancionador, que está prácticamente sin explorar. Hay medidas disuasorias que se pueden explorar para los casos que siendo racistas, xenófobos u homófobos no tienen la gravedad suficiente para colmar las exigencias del Código Penal. Nosotros solo nos podemos ocupar de lo más grave, porque hablamos de derecho penal, de penas que restringen los derechos de los ciudadanos. 

Todas estas prácticas abren el debate sobre si se puede restringir el anonimato en las redes. Ahí pueden colisionar varios derechos, incluida la libertad de expresión. ¿Es partidario de limitar el anonimato? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo puede hacerse? 

Las plataformas tendrían que tener la identidad de todas las personas que acceden a ellas, es lo lógico. Pero esos datos estarían protegidos y sólo se harían públicos en caso de que hubiera una investigación por un hecho penal y un juez de instrucción considerara que hay que averiguar la identidad de quien ha cometido un delito. 

Ha hablado alguna vez de que a los conductores se les exige estar identificados. ¿Es equiparable estar en redes a conducir un coche, teniendo en cuenta las consecuencias que puede ocasionar el mal uso de las redes?

Con las redes sociales también se puede hacer mucho daño. Los discursos de odio sean o no delictivos —aunque particularmente estos últimos— inciden en la vida de las personas, afectan a su seguridad, a su felicidad, a sus condiciones de existencia… Muchas personas se ven expuestas a ser rechazadas en la calle, a que no se les permita entrar a un establecimiento e incluso a ser agredidas. Defiendo un uso responsable de las redes sociales y, sobre todo, que cuando se comete un delito se pueda saber quién ha sido el autor. 

¿Es cierto eso de que la palabra precede a la acción? Es decir, que la creación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos fomenta que, más tarde, pueda llegar a ejercerse violencia sobre personas concretas. 

La experiencia dice que la creación de un clima de estigmatización o de señalamiento a través de las redes sociales se traduce en casos en las calles. Es indudable que se puede producir. 

¿Hay un perfil de las personas que promueven el discurso del odio a través de las redes? 

Hay perfiles muy variados. Hay personas que se dedican a esto de forma profesionalizada, pero el caso más común quizá es el de personas anónimas, normales y corrientes, que imbuidas por prejuicios, estereotipos e informaciones falsas cometen este tipo de hechos amparándose en el anonimato. No es lo mismo hacer un comentario ante una persona que tienes delante que a través de la relajación del móvil o el ordenador. Eso hace que las personas tengan menos capacidad de controlar las emociones y menos contención. 

¿La polarización del debate político y la radicalización de las posiciones ideológicas fomentan los delitos de odio?

No voy a entrar en valoraciones políticas. Creo que no debo hacerlo por la imparcialidad que persigue la institución. Nosotros solo hacemos valoraciones de casos concretos y de hechos concretos cuando corresponde por el momento procesal. 

El médico del Hospital Universitario Virgen Macarena que denunció a cuatro compañeros del servicio de Medicina Interna por investigar con pacientes diabéticos sin contar con su consentimiento informado ni el aval del comité ético ha llevado el caso ante la Fiscalía de Sevilla, después de que el centro sanitario decidiera archivar su propia investigación interna sin tomarle declaración.

En la denuncia, registrada el pasado viernes 19 de julio, el facultativo solicita al Ministerio Público que investigue si un equipo médico del hospital sevillano extrajo muestras sanguíneas en pacientes ingresados por pie diabético sin informarles previamente, ni a ellos ni a él como responsable. Hechos que, a juicio del médico denunciante, “revisten indiciariamente los caracteres de un delito” contra la intimidad recogido en el Código Penal, así como de una “infracción contra la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales, Ley de Investigación Biomédica y la Ley General de Sanidad”, según consta en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Los hechos denunciados se remontan al mes de abril de 2023, cuando un paciente hospitalizado por “descompensación y complicaciones por pie diabético” preguntó a su médico por los resultados de una analítica que le habían realizado. Desconcertado, puesto que él como responsable no había prescrito ninguna prueba ni nadie del servicio le había comunicado nada al respecto, consultó el registro y detectó que, al menos desde marzo, se habían realizado otras tantas solicitudes de análisis en pacientes con el mismo cuadro clínico ingresados bajo su responsabilidad.

La doctora que figuraba como peticionaria de todos ellos resultó ser una de las autoras del estudio identificado con las siglas BIOEAP, que, según la denuncia, se puso en marcha sin esperar la autorización preceptiva del Comité Ético de Investigación de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío, órgano responsable de dar luz verde a las propuestas de ensayos científicos en Sevilla. El denunciante basa esta afirmación en que el dictamen sobre el mismo se emitió tres meses después, el 26 de junio, y fue “desfavorable”, rechazando su realización.

Peligro para la seguridad de los pacientes

“Ello demuestra las irregularidades que se estaban cometiendo en el proyecto de investigación Ilevado a cabo”, sostiene el especialista de Medicina Interna, remarcando que “el estudio ya estaba en marcha desde marzo de 2023, tal como se evidencia al menos con la primera de las solicitudes de análisis clínicos detectados sobre mis pacientes”.

En este punto de su denuncia, recuerda que la Ley de Investigación Biomédica establece que “toda investigación en seres humanos debe estar sujeta al cumplimiento de las normas éticas para preservar la dignidad, los derechos y la seguridad de las personas, y a la autorización expresa del Comité de Ética de Investigación Clínica”.

Por todo ello, el denunciante subraya que estos hechos no solo entrañan “una clara negligencia y falta de diligencia profesional”, sino “una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de los pacientes hospitalizados”. E incide en que los cuatro facultativos denunciados –vinculados a la dirección del servicio de Medicina Interna del hospital Macarena– obraron poniendo “en serio peligro el cuidado de los pacientes” al no cerciorarse de que esas pruebas podían “influir de forma desfavorable y comprometer la evolución clínica del paciente hospitalizado”.

Insiste así en que debían consultar al médico responsable “si pudiera estar contraindicado realizar dichas analíticas en el contexto clínico en que se realizaron y si los pacientes hospitalizados estaban en condiciones médicas propicias para ello”. Tras conocer este caso destapado por elDiario.es Andalucía, el Defensor del Paciente también instó por escrito al fiscal de Sevilla a realizar “una investigación exhaustiva” en torno a unos hechos que catalogó como “presunto delito de abuso de poder y confianza” por parte del personal sanitario.

Expertos en bioética consultados por este periódico afirman que investigar con pacientes sin su consentimiento informado “es completamente ilegal”. Estas fuentes recuerdan que el marco jurídico vigente –Ley de Autonomía del Paciente y una Ley de Investigación biomédica, entre otras leyes estatales y convenios internacionales– obliga a que cualquier tipo de investigación y de actuación con pacientes requiera siempre de un consentimiento informado.

Archivo por parte del hospital

El médico denunciante alertó de estas supuestas irregularidades a la dirección médica del hospital a principios de octubre. Entonces, el centro hospitalario inició “de forma inmediata” una investigación interna que se da por concluida desde marzo, “al no acreditarse los hechos denunciados”, según informan fuentes del Macarena consultadas por este periódico.

Sin embargo, el especialista de Medicina Interna que se percató de que a sus pacientes les habían hecho pruebas que él no había prescrito teme que no se hayan realizado las actuaciones pertinentes, pues asegura que ningún directivo o funcionario de la institución hospitalaria se ha puesto en contacto con él para contrastar las pruebas de las que daba cuenta en su notificación. 

De ahí que no se haya conformado con el archivo y haya remitido las pruebas a la Fiscalía de Sevilla para que sea el Ministerio Público el que dirima si esas muestras biológicas extraídas sin informar a los pacientes ni al médico responsable se hicieron, como sostiene la denuncia, “vulnerando los derechos de los pacientes y sorteando los protocolos de investigación habituales”.

Más de 70 expertos y expertas en diferentes áreas del derecho, además de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han firmado un manifiesto en el que piden que se redefina el delito de terrorismo para evitar que se aplique a movilizaciones sociales “a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”, como es la libertad de expresión y de protesta.

Catedráticos y abogados, como Joan Coscubiela o Manuel de la Rocha Rubí, han pedido a los grupos parlamentarios “proceder a una reforma que vuelva a definir el delito de terrorismo” en el mismo marco que lo hace la Unión Europea, especialmente después del auto del Tribunal Supremo de febrero de este año, por el que abrió la causa contra el expresident Carles Puigdemont por terrorismo en Tsunami.

En su escrito, recuerdan lo que ha vivido España con el terrorismo real, especialmente con los atentados de ETA o GRAPO, para “alcanzar objetivos políticos mediante la siembra del terror en la población”. O, más recientemente, con el terrorismo yihadista. Estos nuevos grupos han hecho que la UE adapte sus criterios, aunque no han servido para “modificar lo que es esencial del terrorismo”, especifican.

El grupo de firmantes manifiestan su preocupación por ciertas interpretaciones judiciales de lo que es este delito, de una forma más “expansiva”, y algo que podría llevar a aplicar este delito a “tractoradas de los agricultores” o a “trabajadores en sus acciones de huelga”. Que, aunque sí pueden producirse altercados, estos desórdenes públicos más o menos graves, se deben distinguir “con total precisión” del terrorismo.

En febrero, el Tribunal Supremo decidió abrir la causa contra Puigdemont y Rubén Wagensberg en el marco del caso Tsunami Democràtic, como pidió el juez Manuel García Castellón. Entendía que el procés era un movimiento que puede ser considerado como delito de terrorismo. El expresident catalán, dicen, tenía un “liderazgo absoluto” y una “autoría intelectual” de todo lo que hizo la plataforma Tsunami Democràtic, como protestas o disturbios en las calles de la capital catalana.

Hay unos 200 millones de mujeres en el mundo a las que se les ha practicado una mutilación genital femenina. Además, se estima que hay tres millones de niñas en riesgo de sufrirla cada año, según los datos de UNICEF. 

La mutilación genital femenina está presente en 28 países del África Subsahariana, en Oriente Medio y en Asia, pero los movimientos migratorios la convierten en una práctica globalizada. Algunas de estas mujeres víctimas o potenciales víctimas, las niñas, viven en España. Es una costumbre interiorizada en muchos lugares del mundo que, en realidad, supone un atentando contra los derechos humanos y que está considerada en el ámbito internacional como una forma más de violencia hacia la mujer.

En Castilla-La Mancha hay numerosas comunidades procedentes de países que siguen mutilando a las niñas como Nigeria, Mali o Senegal. El Servicio de Salud de esta comunidad autónoma (SESCAM) acaba de poner en marcha un protocolo y una guía de actuaciones sanitarias para la prevención, detección y atención de niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en riesgo o bien han sufrido este tipo de violencia y, en definitiva, contribuir a erradicar esta práctica.

La coordinadora de este proyecto es Aurora Sánchez González, la responsable de la Unidad de Atención al Usuario del SESCAM. “No solo se trata de una encomienda por parte del Ministerio de Sanidad”, explica, sino que esta comunidad autónoma partía de una experiencia previa. 

En 2017, el Instituto de la Mujer ya puso en marcha un primer protocolo dirigido al ámbito educativo, sanitario y de los servicios sociales, partiendo de los datos de un estudio elaborado por la Universidad de Alcalá, en colaboración con Médicos del Mundo. 

Fue un precedente “muy valioso”, asegura Aurora Sánchez. Ahora, de forma específica, el protocolo se traslada al ámbito sanitario. “Los datos entonces ya eran impactantes. Es una realidad que tenemos ahí, está en la sombra, pero convivimos con ella”, reconoce.

El proyecto aplicado al ámbito sanitario también aborda todas las complicaciones derivadas de la práctica de la mutilación genital femenina “con perspectiva intercultural y de género”. Es fruto del trabajo, desde junio de 2022, de un amplio grupo de profesionales del SESCAM de distintas especialidades y áreas, así como de docentes de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

“En el ámbito sanitario tenemos el privilegio de trabajar con las niñas y las mujeres de forma directa. En algún momento se produce ese contacto con la población procedente de estos países. También a través de los profesionales de Trabajo Social”.

Por eso, añade esta profesional sanitaria, “pensamos que teníamos que subirnos al carro para prevenir, actuar y a ser posible erradicar esta grave práctica”. 

Hasta ahora en el ámbito sanitario no teníamos estos instrumentos. Era un compromiso moral y ético

“Una de las fortalezas de este protocolo será la posibilidad de detectar posibles víctimas. Ahora será más fácil detectar el riesgo y hacer un seguimiento. Hasta ahora en el ámbito sanitario no teníamos estos instrumentos. Era un compromiso moral y ético”. 

El protocolo no solo ofrece pautas y tablas específicas “y desglosadas” con planes de actuación, sino que también incluye formularios que permitirán recabar datos útiles para prevenir. Por ejemplo, se recogerá información sobre el país de origen de la niña o la mujer e incluso sobre si tiene familiares que hayan sufrido la mutilación genital.

“Se trata de conocer precedentes de riesgo, que queden registrados, de forma que puedan activarse las alertas para prevenir e incluso ver la posibilidad de una intervención de reconstrucción en mujeres mutiladas”, explica esta profesional de Enfermería natural de Valdepeñas. El registro permitirá el posterior seguimiento de cada caso. “Todo está integrado”.

La mutilación genital está castigada en el Código Penal español

Se ha establecido un marco de intervención “multidisciplinar e integral”. Los destinatarios son los profesionales de Atención Primaria en los ámbitos de Enfermería, Pediatría, Ginecología, matronas y matrones, Medicina y Enfermería de Familia y Trabajo Social. 

Ya en el ámbito hospitalario, se traslada al ámbito de la Medicina, la Enfermería, Ginecología y Obstetricia, Urología, Pediatría, Salud Mental, Urgencias y Medicina Preventiva. A ellos se suman profesionales de los Centros de Vacunación Internacional, de Administración y de Admisión.

 “Para nosotros la medicina preventiva es un punto fuerte porque cuando las niñas y las mujeres viajan a su país de origen es obligatorio pasar por este servicio”, resalta Aurora Sánchez. 

“La mutilación está arraigada lamentablemente en estructuras sociales o políticas de las sociedades practicantes. Además, es un complejo entramado de creencias y significados culturales que justifican”. Por eso, explica que cuando estas familias regresan a sus lugares de origen de vacaciones o por otros motivos, con la intención de regresar después, han de pasar por el Servicio de Medicina Preventiva. 

Allí firmarán documentos de compromisos preventivos que están traducidos a varios idiomas. El protocolo incluye información no solo sobre los riesgos socio-sanitarios y psicológicos que presenta la mutilación genital, sino que explica a estas familias que esta práctica es una violación de los derechos humanos de las niñas con graves secuelas físicas y psicológicas.

El Ministerio de Sanidad ha empezado a pedir datos sobre mutilación genital femenina a las comunidades autónomas. Ojalá consigamos erradicarla

Los familiares aceptan el compromiso de que, al regreso del viaje, la niña acudirá a la consulta de Pediatría de su Centro de Salud para que se le realice el correspondiente examen en el Programa de Salud Infantil. “Este compromiso quedará digitalizado a través de la Historia Clínica. Si a la vuelta se detecta que se ha practicado la mutilación se comunicará al Juzgado de Guardia, a los servicios de Menores y a la Fiscalía”. 

La mutilación genital está tipificada en España como un delito de lesiones en el ámbito penal. Se castiga con pena de prisión de entre 6 y 12 años para madres y padres o tutores-as, y con una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento.

En mayo, los primeros cursos de inmersión al protocolo

Para que los y las profesionales de la Salud y de Trabajo Social puedan acceder de forma sencilla a la guía y al protocolo se actuará en dos ámbitos. Por un lado, el proyecto se implantará incorporando las herramientas necesarias en los sistemas informáticos del SESCAM, en colaboración con los profesionales de la Dirección General de Salud Digital. “Castilla-La Mancha es unas de las comunidades autónomas pioneras en disponer de las herramientas informáticas para su implementación y seguimiento”, asegura este departamento del Gobierno castellanomanchego.

Por otro lado, se han diseñado actividades formativas para los y las profesionales que participarán en su puesta en marcha. “Se trata de seguir sensibilizando a los profesionales y también de potenciar la coordinación con los Servicios Sociales, el ámbito docente y el Instituto de la Mujer”. También se dispondrá de un cuadro de mando que permitirá el seguimiento de la implantación del protocolo. “De hecho el Ministerio de Sanidad ha empezado a pedir datos sobre mutilación genital femenina a las comunidades autónomas. Ojalá consigamos erradicarla”.

Será en mayo cuando se imparta la primera edición del curso ‘Formación e implementación del protocolo sanitario de mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha’, del que se irán realizando anualmente varias ediciones. “Se incluye una parte práctica sobre cómo hacer las entrevistas y hablar de las creencias y valores de estas personas. Se ofrecerá mediación cultural para el abordaje de la presencia masculina en las consultas, como el padre o los hermanos”.