La llegada del metro al barrio de Rekalde supera otro paso. Cuatro meses después de su anuncio, el Gobierno vasco ha aprobado el convenio con la Diputación Foral de Bizkaia que permitirá financiar esta esperada infraestructura, la línea 4, de forma conjunta entre ambas instituciones: el Gobierno vasco aportará un 55% del presupuesto y la diputación el 45% restante.

En concreto, el ente público dependiente de este Departamento, Euskal Trenbide Sarea (ETS), será el encargado de la construcción de la nueva infraestructura, de 6,7 kilómetros, que unirán los barrios del sur de Bilbao con la red de metro, con seis nuevas estaciones en Deusto/Universidad, Parque, Zabalburu, Elíptica, Irala y Rekalde.

El presupuesto inicial previsto es de 412 millones de euros, cuantía que podrá ser actualizada conforme a lo que establezcan los proyectos constructivos, actualmente en redacción. Aquí la diputación de Bizkaia, se ha curado en salud ante posibles vaivenes del presupuesto, ya que su 45% de aportación tiene un límite de 200 millones hasta 2032.

Esta primera fase establece un trazado que va desde Matiko, prolongando la actual L3 del metro -operada por la sociedad pública del Ejecutivo vasco Euskotren, que también gestionará el servicio de las futuras L4 y L5- y que se extenderá de forma soterrada hacia la zona universitaria en el barrio de Deusto, conectará con la zona de la plaza Euskadi, la plaza Moyua –donde se producirá la conexión con las líneas 1 y 2- y avanzará hacia Basurto por los barrios altos de Bilbao, Irala y Rekalde. Si se cumplen las previsiones del Gobierno vasco las obras se iniciarán en Rekalde a finales de 2027.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha señalado que este convenio que se acordó y presentó en diciembre del año pasado, es “fruto de mucho trabajo de negociación” del Gobierno vasco con la administración foral, con el objetivo de que “las vecinas y los vecinos de los barrios altos del sur de Bilbao tengan la conexión con el ferrocarril metropolitano que tanto han reivindicado”. La responsable de transportes ha destacado que la L4, junto con otros grandes proyectos que están en marcha esta legislatura como la L5, es “clave para las próximas décadas en la movilidad de Bizkaia” porque “sin duda van a permitir a este territorio histórico ser un referente de la movilidad sostenible”.

El acuerdo institucional para poner en marcha la línea 4 ha supuesto largos años de negociación y de muchas protestas vecinales. Las dificultades del acuerdo entre Gobierno y Diputación estribaban, sobre todo en el trazado y en la financiación. En lo que se refiere al dinero la Diputación de Bizkaia sale beneficiada, ya que en un principio se hablaba de que se financiara la infraestructura al 50% con el Gobierno vasco. En cuanto al trazado, la Diputación fijó como condición que la Línea 4 enlazara con Zorrotza y con la red ferroviaria de Encartaciones en Irauregi-Alonsotegi. Eso se plasma en el convenio aunque su desarrollo queda para una segunda fase.

En concreto, el compromiso es que en esa segunda fase se realicen los contactos interinstitucionales necesarios para impulsar la transferencia de la actual línea de ferrocarril que conecta la comarca de Encartaciones con Bilbao y que se encuentra en manos del Gobierno central a través de Adif y por la que transitan trenes de cercanías, un servicio transferido al Ejecutivo vasco en enero de 2025. El objetivo establecido en el convenio es dar un impulso a la transferencia de la infraestructura de esta línea, la C4f, para que la L4 del metro de Bilbao aproveche esta red existente y se prolongue hasta las Encartaciones, tras su transferencia. Al tratarse de cuestiones que superan el ámbito competencial actual de las administraciones firmantes, estas requieren de un desarrollo posterior para lo que no se ha establecido fecha concreta.

La Línea 4 del Metro se unirá a otras infraestructuras en marcha, en Bizkaia, como la Línea 5 del metro, que tendrá 6,3 kilómetros y cinco nuevas estaciones para conectar con el metro Basauri, Galdakao y el Hospital de Usansolo y enlazar también a futuro con la red de Euskotren que procede de Busturialdea y Durangaldea. Además, desde el departamento de Movilidad Sostenible, han destacado que se avanza en “los primeros pasos” para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, una obra que realiza ETS por encomienda de gestión del Gobierno central, y que “permitirá conectar las mercancías del puerto con la red de alta velocidad, liberando a los municipios de la margen izquierda del Nervión del tránsito de este tipo de trenes, que en la actualidad comparten la red con los trenes de cercanías”.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco sólo ha creado 252 plazas de educación pública en los últimos cuatro años pese a contar con fondos europeos para crear 1.518 plazas. El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado este hecho y lo ha calificado de “fraude” a las familias vacas. El dinero recibido para este fin de los fondos europeos era de 15,4 millones de euros, y en los años de ejecución, desde 2022, pese a crearse sólo el 16% de las plazas comprometidas, se ha gastado el 42% del presupuesto, 6,49 millones de euros. “Es decir, ni se han creado las plazas ni se han ejecutado correctamente los recursos disponibles”, ha denunciado Hernández.

El número de plazas creadas en la educación pública de 0 a 3 años con el paraguas de los fondos europeos, 252, figura en una documentación remitida por el Departamento de Educación al parlamentario de Sumar, en la que señalan que esta cifra es la que ejecutada a 31 de enero de 2026, pero que el plazo de justificación de estos fondos se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2026. Para poder cumplir con ese plazo, se ha fijado a los ayuntamientos, los plazos de ejecución y justificación hasta el 30 de abril y 29 de mayo respectivamente. Desde el departamento de Educación no han querido valorar las afirmaciones de Jon Hernández, más allá de remitir a la documentación remitida al Parlamento. El representante de Sumar ya ha anunciado que preguntará por esta cuestión a la consejera en el próximo pleno de control. “Estamos ante un fraude a la ciudadanía: había financiación europea, había necesidad y no se ha cumplido el objetivo”, ha señalado Hernández.

Para el parlamentario de Sumar, esta no es una cuestión de “retraso administrativo”, sino que se corresponde con una “decisión política consciente de no ampliar la red pública”. “No hablamos de incompetencia. Hablamos de una decisión política. El Gobierno vasco se resiste, con todos los medios a su alcance, a ampliar la red pública, pese a contar con financiación europea”, ha afirmado. Además, ha asegurado que primero intentaron utilizar el dinero para plazas concertadas, lo que no era posible porque los fondos son finalistas, y ahora no crean las plazas públicas. Una vez más perjudican a la educación pública para mimar a la privada, a la que no quieren que se le haga competencia“, ha señalado.

Hernández ha recordado en una comparecencia en la sala de prensa del Parlamento que el Gobierno vasco rechazó en diciembre de 2022 cerca de 11 millones de euros adicionales al considerarlos innecesarios, alegando que existían plazas suficientes. “Hoy sabemos que eso no era cierto, porque hay casi 30 municipios sin plazas públicas suficientes y decenas de centros con listas de espera”, ha señalado Hernández.

El parlamentario, muy crítico con la consejera, ha señalado que durante todos estos años desde que se distribuyeron los fondos, se han ofrecido datos que no se ajustan a la realidad. Según ha señalado, la consejera de Educación aseguró en noviembre de 2024 que el plazo para justificar los fondos se extendía hasta 2026, “cuando en realidad finaliza el próximo mes de mayo”. “Ese mismo día afirmó que ya se habían creado 577 plazas, una cifra que posteriormente fue rebajada, mientras se sostenía que un tercio de las plazas estaba en marcha y el total del dinero comprometido, afirmaciones que han quedado desmentidas por los datos actuales”, ha indicado Hernández.

Sumar también ha denunciado que parte de las plazas contabilizadas no son nuevas, sino traslados o ampliaciones, lo que “maquilla el grado real de cumplimiento, y ha citado expresamente los casos de Busturia o Astigarraga. Según ha destacado, en 2024 no se creó ninguna plaza nueva y de las once haurreskolak anunciadas para 2025 solo se han abierto tres, mientras otras se retrasan o ni siquiera cuentan con previsión. ”Con los plazos actuales, todo apunta a que más de mil plazas financiadas no se van a crear“, ha advertido. Frente a ello, Hernández ha puesto el foco en la situación real de las familias, recordando que en enero había cerca de 60 haurreskolak sin plazas disponibles para niños y niñas de entre 1 y 2 años, y que en casi 30 municipios la oferta pública es insuficiente. ”Esto ocurre en ciudades como Vitoria, Bilbao o Donostia, lo que demuestra que había necesidad, había dinero y no se ha actuado“, ha señalado.

Todo en las mismas manos: captura, transformación y comercialización del pescado en la misma empresa para que en la cadena que va desde la materia prima hasta el consumidor no se pierda el valor por el camino en detrimento del que está en el eslabón más bajo, en este caso el arrantzale. Las cofradías vascas son la base de la empresa Kofradia Basque Seafood (KBS), constituida de la mano del Gobierno vasco y que, por primera vez en Euskadi y en el Estado, une flota, industria y mercado. Un 'tres en uno' que pretende garantizar una trazabilidad de la calidad del producto desde el mar hasta la mesa y que, además, quiere facilitar el acceso al pescado fresco en los tiempos acelerados que corren. El consumidor podrá acceder al pescado limpio y preparado, sin esperar cola en la pescadería, y también habrá platos preparados.

La inversión inicial con la que nace KBS es de 3millones de euros y está constituida por las cofradías de pescadores de Gipuzkoa (Opegui) y Bizkaia (Opescaya), así como Hazilur dentro de la fundación Hazi del Gobierno vasco, que participa a través de préstamos participativos dirigidos al sector primario. Cada pata tiene un 33% de un proyecto que nace con la ambición de facturar alrededor de 21 millones de euros en 2027, y alcanzar los 30 millones de euros en 2030. Los promotores esperan alcanzar la rentabilidad en 2028 con un beneficio previsto de 1,4 millones de euros si se cumplen las previsiones de movilizar en ese momento un volumen superior a las 5.000 toneladas de pescado. En cuanto a los puestos de trabajo, se crearán en el arranque 25 empleos directos que se distribuirán en los 8.000 m² repartidos en tres centros: 20 personas en Berriatua, tres en Getaria y dos en Bermeo, aunque existe una previsión de incremento paulatino de empleo en el escenario 2026-2030.

La intención es “ofrecer una solución 360 grados”, abarcando todas las fases del pescado: fresco, congelado, granel, transformación, 4ª -cortado y envasado listo para cocinar- y 5ª gama -platos preparados- . “Al actuar como un proveedor único, KBS puede abastecer a los clientes de pescado fresco, congelado y productos locales capturados por la flota de bajura y altura”, señalan sus promotores, aunque también comercializarán especies de otros orígenes como salmón, bacalao o pulpo. “El objetivo es revertir esta situación adaptándose a los nuevos hábitos de la sociedad y las nuevas generaciones, ofreciendo soluciones que aporten valor y conveniencia”, señalan.

La planta central de la iniciativa estará en Berriatua, tras la adquisición de las instalaciones de la antigua empresa Posa en el marco de su concurso de acreedores. Asimismo, el proyecto se refuerza mediante acuerdos de cesión temporal para utilizar otras dos plantas productivas, una en Getaria, la antigua Oliveri, y otra en Bermeo, propiedad de la Cofradía de Pescadores de esta localidad. En concreto, en las instalaciones de Berriatua, de 4.500 m², se gestiona el granel -que está ya operativo desde mediados del mes de marzo- y se va a desarrollar al mismo tiempo las soluciones de 4ª gama -envasados- y 5ª gama -platos preparados y sopas-, que está previsto que esté operativo para finales de abril. En la planta de Getaria de 1.200 m², en las antiguas instalaciones de Oliveri, será el centro neurálgico del procesado del bonito del Norte y la anchoa. En esta planta, actualmente en régimen de cesión de sus instalaciones, pero que en un futuro próximo pasará a ser propiedad de KBS, se realizará la clasificación, pesaje y corte, además de recuperar la actividad tradicional de semiconservas y salazones de anchoa. Por último, en Bermeo la planta actualmente propiedad de la Cofradía de Pescadores de la localidad, de 2.500 m² se dedicará íntegramente a procesos de congelación mediante tecnología IQF (Individual Quick Freezing). Se trata de una de las dos únicas plantas a nivel nacional que incorpora esta tecnología de congelación individual rápida, que garantiza una calidad suprema. Este despliegue industrial cuenta con equipamiento de última generación, incluyendo fileteadoras de vanguardia en Berriatua para merluza, verdel, anchoa, sardina y lirio, nuevas cortadoras en Getaria para el bonito del Norte y soluciones punteras de envasado, según señalan sus promotores.

“Estamos ante un cambio de modelo: pasamos de participar en la cadena a tener un papel transversal en cada una de sus etapas. La integración de captura, transformación y comercialización nos permite ofrecer un producto con garantías totales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad, bajo una visión completa de todo el proceso. Nos encontramos en un momento en el que hay que reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado”, subraya Norberto Emazabel, representante de las cofradías de Gipuzkoa y Bizkaia.

Desde el Gobierno vasco la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, considera que “Kofradia Basque Seafood es una apuesta compartida para dar más fortaleza al sector y para situar el pescado vasco en una posición de mayor valor, más futuro y mayor capacidad de transformación”. “El proyecto representa una forma de alinear flota, industria y mercado bajo una misma estrategia, reforzando elementos cada vez más importantes para el sector y para la ciudadanía como la calidad, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el control del recurso”.

El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento de Vitoria para la adopción de perros del Centro de Protección Animal con el objeto de su adscripción a la unidad canina de la Ertzaintza. Según ha informado el Gobierno vasco, el convenio tiene como objeto la cesión y posterior adopción de perros de propiedad municipal que por su edad y características etológicas puedan ser susceptibles de adiestramiento e integración en la Unidad Canina de la Ertzaintza.

Este acuerdo de colaboración nace como resultado de la unión del trabajo desarrollado con perros por parte de esta unidad de la Ertzaintza y del Centro de Protección Animal de Vitoria. La unidad canina da apoyo al resto de las que conforman la Ertzaintza, así como a las diferentes policías locales de Euskadi y a Protección Civil en las necesidades que pudieran surgir, en las cuales sea necesario el trabajo y colaboración de los recursos con los que cuenta, según recoge Europa Press.

Para el desarrollo de esta labor, adiestra y trabaja con perros de diferentes razas, los cuales reciben un entrenamiento específico de la especialidad a la que se les asigne. Mediante este acuerdo el Servicio de Salud Pública del Departamento de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria, responsable del Centro de Protección Animal de Armentia cederá los animales a la unidad canina de la Ertzaintza, durante el periodo de pruebas necesario, como máximo de tres meses de duración, para verificar la adecuación de los mismos a las tareas de la Unidad.

Tras finalizar ese plazo y si el animal se considera adecuado para su integración en la unidad canina, será identificado y registrado a nombre del Gobierno vasco, pero si el perro no se adapta a las necesidades de la unidad canina será devuelto al Centro de Protección Animal de Armentia para que terceras personas puedan adoptarlo.

Si el animal cumple con los posibles requisitos para realizar el período de prueba, pero no cuente con edad suficiente para el inicio del adiestramiento de forma inmediata, ambas partes, Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria y la unidad canina de la Ertzaintza, tratarán de localizar una casa de acogida para el animal que se responsabilice del mismo, en el régimen habitual de cesión temporal de animales, hasta que el perro tenga la edad adecuada para iniciar las pruebas. El convenio de colaboración aprobado este martes por el Consejo de Gobierno tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y no conlleva ningún compromiso financiero entre las partes.

La Inspección de Trabajo del Gobierno vasco ha dado el visto bueno al ERE de Tubos Reunidos, que afectará finalmente a un total de 242 personas, frente a las 301 que había previsto inicialmente. En su informe, este organismo considera que el ERE “cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación”, y no aprecia “indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho” en la tramitación del despido colectivo. Lo que sí constata el inspector es el “deterioro progresivo” de la situación económica de la empresa con fuertes pérdidas en 2025, 118 millones, y una deuda financiera de 263,2 millones, y apunta a que existe “causa legal de disolución”.

También precisa la Inspección que no se desprenden elementos que permitan considerar que la decisión de Tubos Reunidos tenga por finalidad “la obtención indebida de prestaciones por desempleo” por parte de los trabajadores y considera que el proceso negociador se desarrolló en los términos “legalmente exigentes”. “No hay elementos suficientemente objetivos que permitan afirmar de forma concluyente la inexistencia de negociación efectiva ni la concurrencia de mala fe negociadora” de acuerdo a lo que exige la normativa. Además, tampoco observa elementos que permitan concluir la existencia de “coacción o imposición” en la adscripción voluntaria.

Aunque señala que buena parte de la base de la empresa para presentar el ERE está en previsiones económicas para los próximos ejercicios, colocándose en el peor de los escenarios posible, constata que al cierre del ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe “causa legal de disolución” conforme al artículo 363.1.e del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital“.

Además, recoge también las previsiones de pérdidas hasta 2028, con pérdidas acumuladas en el periodo de 64,7 millones euros en el Ebitda y 120,6 millones euro a nivel de EBIT. Por ello, la empresa concluye que la situación económica prevista en Tubos Reunidos “redunda en evidenciar la inviabilidad del proyecto empresarial en su actual configuración” y que concurre la causa económica prevista en el artículo 51 ET“, que establece que un despido es colectivo cuando la extinción de contratos se funda en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

El informe no es vinculante, pero sí puede tener importancia si finalmente el ERE se judicializa. ELA, LAB y ESK mantienen su intención de impugnar el expediente de regulación.

El informe de la Inspección se ha conocido cuando los sindicatos mantenían un encuentro con el departamento de Industria al que han pedido que medie para que el comité de empresa pueda mantener una reunión con Sepi. Los sindicatos han coincidido en criticar la falta de soluciones aportadas por el Gobierno vasco, que “no asume responsabilidades”, han criticado. Desde el Gobierno vasco, que ha estado representado por el viceconsejero Andoitz Korta, han insistido en el que problema de la empresa radica en la deuda, y han trasladado a las centrales, lo que ya se sabía, que Sepi insiste en la imposibilidad legal de una reestructuración o quita de la deuda, pero que sí ofrece una refinanciación, algo que al parecer no es suficiente en la actual situación de la empresa. El viceconsejero ha reiterado que la empresa necesita un nuevo inversor y “nadie va a comprar un piso con una hipoteca que es cinco veces mayor que su valor. En Tubos Reunidos, cada mes, sale más dinero del que entra y esto genera más deuda”, ha señalado en su reunión con las centrales.

Euskadi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez modificaciones en la tasa de reposición del funcionariado y agilizar los procedimientos de las OPE para bajar la interinidad actual de los empleados públicos vascos. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al que ha trasladado, además, la conveniencia de mantener una relación bilateral entre ambas administraciones para abordar cuestiones concretas relativas a los trabajadores públicos, entre ellas, las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas sobre la jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

Ubarretxena ha trasladado que la tasa de interinidad en la Administración general de Euskadi tras los procesos de estabilización “ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%”, y que se mantiene el compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura. Pero ha señalado que “para avanzar en ese objetivo” es necesario “adecuar o sustituir el modelo actual en lo relativo a la tasa de reposición del funcionariado, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración, ya que el volumen actual de plantilla de funcionarios se queda corta para las necesidades de plantilla en la administración vasca”.

“De esta forma, el compromiso de reducir la tasa de interinos al 8% parece quedar en manos ahora de los acuerdos que se cierren con el Gobierno de Madrid. Ya en enero de 2025 con la tasa de interinidad en el 14% la propia Ubarretxena reconocía que el objetivo del 8% estaba todavía muy lejos. Para facilitar también la reducción del número de interinos ha planteado la conveniencia de agilizar los procesos selectivos de OPE mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas”, ha señalado la consejera tras la reunión.

En cuanto al tema de la jubilación parcial, Ubarretxena ha señalado que los cambios introducidos por el ministerio se había “dificultado mucho” acogerse al retiro parcial, aunque parece que “se abre un hilo de esperanza” y habrá modificaciones. La consejera ha señalado que se trata de una cuestión que preocupa a los sindicatos vascos. “El martes tenemos reunión de la Mesa General de la Función Pública y queríamos tratarlo con el ministro”, ha señalado la consejera.

También ha abordado con el ministro el futuro sistema europeo de identidad digital, y ha trasladado la petición de que se canalice en Euskadi a través de Izepe, que ya ha posibilitado que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital, con más de un millón de usuarios reconocidos. Es decir, que sea una entidad reconocida de cara a “emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital”. Este planteamiento permitiría que cada ciudadano disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.

En el verano de 2018 ESK consiguió la cuadratura del círculo y, a pesar de la dificultad de demostrar lo evidente, destapamos el fraude en las OPE de Osakidetza. Algo que era evidente para todo el personal que trabajaba en Osakidetza, la adjudicación a dedo de las plazas de especialidades médicas por parte de las jefaturas, fue destapado por este sindicato gracias a la valentía de tres profesionales de Anestesia que se atrevieron a dar el paso y poner voz a lo que todo el mundo conocía.

Fue el inicio de un camino arduo en el que, gracias a la colaboración de muchas personas, conseguimos poner encima de la mesa uno de los grandes problemas de la Sanidad pública vasca; y no lo decimos por decir, conseguimos demostrar que no nos enfrentábamos a una situación puntual, ya que se pusieron una docena de especialidades médicas bajo la lupa y fueron una veintena de personas, miembros de los tribunales conformados por las y los jefes de servicio de las diferentes especialidades, las investigadas.

Desde el inicio, en ESK fuimos muy claros, nos enfrentábamos a un sistema clientelar en la adjudicación de plazas en determinadas especialidades médicas, instaurado de manera estructural con el conocimiento y el aval de las diferentes direcciones, un sistema fuertemente arraigado en Osakidetza, normalizado y de sobra conocido por los diferentes gestores de nuestra Sanidad pública; y nuestro objetivo también era muy claro: acabar con este sistema, cumplir con la legislación en cuanto a igualdad, mérito, capacidad y transparencia y depurar responsabilidades políticas, que de las penales ya se encargaría la justicia, o eso esperábamos.

El camino no ha sido fácil; desde el inicio tanto nuestras compañeras anestesistas que dieron la cara, como ESK, nos enfrentamos a una campaña de acoso tanto desde Osakidetza como del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, arropado por la plana mayor del PNV; llegando este último, en comparecencia parlamentaria junto con María Jesús Múgica, la entonces directora general de Osakidetza, en una especie de mundo al revés, a amenazar a los denunciantes con denunciarlos, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se atrevió a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.

Pero la realidad es tozuda y la Fiscalía dio curso a la investigación de las mencionadas especialidades; este hecho, junto con la presión social y parlamentaria, forzó la dimisión de la plana mayor de Osakidetza y del propio consejero de Salud, algo inédito en los anales de la “democracia” y de la historia del PNV.

Tras un proceso investigador extremadamente dilatado en el tiempo, con sucesivas prórrogas y solicitudes de ampliación, con diversos intentos fallidos por parte de Osakidetza de personarse en la causa para intentar manipular y condicionar la investigación, con un cierre en falso recurrido por, entre otros, ESK, nos encontramos con el inicio del juicio centrado únicamente en una especialidad y dos personas. Es un final que no nos esperábamos y que demuestra que demasiadas veces la realidad jurídica está muy alejada de la realidad social.

Sin embargo, y tal como hemos comentado más arriba, desde el inicio de este proceso ESK ha mostrado que su intención era y es acabar con este sistema clientelar, depurar responsabilidades e impulsar un cambio de modelo de OPE que garantice no solo los derechos de las personas aspirantes sino también que favorezca una Osakidetza cercana a la ciudadanía, euskaldun y que se centre en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actuando sobre los determinantes sociales de salud.

Y entendemos que ahora es el momento de hacer una valoración crítica de lo conseguido y del camino que nos queda por recorrer para conseguir nuestros objetivos.

Tras la caída de la cúpula de Osakidetza, ésta se vio obligada a iniciar un proceso de cambio en el modelo OPE. Es un proceso que, desde el punto de vista de ESK, tiene más de lavado de cara que de transformación real. Hasta el momento de nuestra denuncia, eran las personas que conformaban los tribunales, léase jefes de servicio, los que elaboraban los exámenes y, por tanto, los que podían filtrarlos con total impunidad. Ahora, su elaboración, si así lo deciden las personas que los conforman, se encarga a personas o entidades ajenas. Llegando a la OPE actualmente en curso, en la que Osakidetza ha optado por un sistema de batería de preguntas previamente publicadas en su web.

Cambios para que todo siga igual, ya que no mejoran los sistemas de contratación actualmente vigentes, sistemas que condenan a la precariedad a miles de personas que ven como Osakidetza sigue abusando de la eventualidad a pesar de las sentencias europeas; cambios que no garantizan la euskaldunización de las plantillas, vulnerando el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su idioma; cambios que siguen discriminando a la población migrante por impedirles el acceso al empleo público.

La dimisión del consejero Darpón y de la cúpula de Osakidetza no ha servido para traer aires nuevos en las diferentes direcciones de nuestras OSI; siguen con sus actitudes dictatoriales, negándose al diálogo y al acuerdo con la representación de las y los trabajadores e imponiendo sus decisiones a sus plantillas.

Las jefaturas de servicio siguen funcionando como reinos de taifas, donde son las jefas y los jefes los que distribuyen prebendas a su antojo. Ellas y ellos deciden quién hace guardias o quién peonadas en función del amiguismo que muestres; al menos ahora no dan las plazas a placer.

ESK inició este camino para descubrir la cara oculta de Osakidetza y mostrar el lodazal que ocultaba el oasis vasco, y el PNV ha conseguido volver del lado oscuro sin apenas notar los daños; el escándalo que se llevó a un consejero nos ha dejado otro que formaba parte de los tribunales que adjudicaban las plazas.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, se queda solo en su cruzada para que el impuesto turístico entre en vigor este mismo verano. Aunque habrá que esperar a la tramitación de las normas en las Juntas Generales, tanto desde la Diputación de Gipuzkoa como desde el Gobierno vasco han recordado al alcalde que hay una fecha pactada entre los tres territorios para dar seguridad jurídica la impuesto, que es el 1 de enero de 2027, en la misma línea en que lo hizo ya el pasado lunes la Diputación de Bizkaia. Especialmente duro con las manifestaciones del alcalde ha sido el consejero Javier Hurtado. “No sé si el alcalde atúa desde el desconocimiento o la mala fe”, ha señalado el socialista.

Lo cierto es que el alcalde de Donostia reclamó al consejero de Turismo, Comercio y Consumo que tuviera “una actitud proactiva” y escuchara a la ciudadanía donostiarra, que “quiere aplicar el impuesto cuanto antes”. Aunque la negociación inicial sobre este impuesto partió del Ejecutivo, se decidió finalmente que se desarrollara a través de normativa foral, como el resto de impuestos. Y quedó desde entonces en la mano de las diputaciones, que son las que han pactado la fecha de entrada en el vigor de acuerdo con las peticiones de Eudel, para dar margen a todos los Ayuntamientos adaptar sus ordenanzas, y también del sector. Es decir, no es una cuestión que dependa del Gobierno vasco en estos momentos.

“Me dejan un poco perplejo las declaraciones del alcalde”, ha señalado. “No sé si se hacen desde el desconocimiento o la mala fe” porque el proceso “ha sido muy claro y transparente”, ha indicado Hurtado. Y ha añadido: “Más allá de las cuestiones internas que son del PNV, sí que me sorprende, por ejemplo, que ahora interpele al Gobierno vasco y, en este caso, a mí, cuando hace unos meses -y la hemeroteca está ahí-, decía que lo importante era la opinión de las diputaciones, del ayuntamiento, y daba igual lo que dijese el Gobierno vasco. Ahora que no ha visto reflejado alguna de sus aspiraciones, sorprende esta interpelación”.

Además, ha recordado que, desde el punto de vista jurídico, las tres diputaciones han considerado que tiene que entrar en vigor a la vez en todos los Ayuntamientos y que ha habido un periodo de audiencia pública para esa norma foral. El Ayuntamiento de Donostia no presentó ninguna alegación. “Sinceramente, me sorprende porque apela a una fórmula que no conocemos, que no ha puesto sobre la mesa. Yo no he recibido ninguna documentación, ningún papel, ninguna propuesta, cuando realmente los cálculos que hacemos es que la norma foral pueda ser aprobada en torno a junio y luego esa norma foral hay que trasladarla a una ordenanza fiscal”, ha señalado. “Un alcalde tiene que conocer cómo son esos procesos para trasladar esa ordenanza fiscal y tiene sus plazos, con lo cual materialmente no tienen tiempo”, ha dicho Hurtado. Y ha recordado que el propio alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, igualmente del PNV, también pedía tiempo para modificar la ordenanza fiscal, además del trabajo que hay que hacer con el sector.

El consejero, de hecho, en una entrevista en Radio Euskadi, ha devuelto la pelota al Ayuntamiento de Donostia, y ha pedido a este consistorio “que quiere ser el primero en implantarlo” y al resto que sean “proactivos” y que “lleven a cabo un ejercicio de transparencia en las ordenanzas municipales del impuesto, explicando la finalidad de los fondos recaudados”, ya que la recaudación es municipal. “Que tengan un compromiso en esa ordenanza fiscal para publicitar todos los ingresos que supone ese impuesto y a dónde van destinados y esa coordinación con el sector para dónde van a ir destinados, porque tiene que revertir, tanto en los que residimos aquí, como en los visitantes, como en el sector”, ha señalado. Ha recordado el consejero que el debate sobre la tasa turística se lleva produciendo casi diez años en Euskadi: “Hay que hacer las cosas bien en estos últimos meses para tenerlo con todas las garantías jurídicas y con transparencia”.

Insausti ha respondido este mismo miércoles a Hurtado y le ha pedido “respeto a los donostiarras”, por un lado y de nuevo “avanzar en la aprobación del impuesto turístico”, por otro. Tras escuchar las afirmaciones del consejero ha señalado que “Donostia está pidiendo poder avanzar al mismo ritmo que otras ciudades europeas” que ya cuentan con este instrumento para gestionar “un turismo equilibrado” y ha insistido en que “se dejen a un lado las excusas y las trabas administrativas, y que se habiliten las vías necesarias para que el impuesto pueda aplicarse cuanto antes”.

Sin embargo, también la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, compañera de partido de Insausti, ha señalado la importancia de que entre en vigor “en todas partes al mismo tiempo”, porque “ofrece seguridad jurídica”, y ha defendido la fecha del 1 de enero de 2027 establecida por las diputaciones forales. Menos dura que Hurtado con la petición del alcalde donostiarra porque se implante cuanto antes, ha dicho que entiende su ostura. Pero ha insistido en que fue Eudel, la asociación de municipios de la que es parte Donostia, quien pidió a las diputaciones que el impuesto turístico entrara en vigor a partir del 1 de enero porque “ofrece seguridad jurídica que entre en vigor en todas partes al mismo tiempo”.

Ha recordado que el proyecto de norma foral está en fase de enmiendas en las Juntas Generales de Gipuzkoa y ha indicado que “si los grupos junteros quieren hacer alguna aportación, por supuesto” que estarían “dispuestos a negociarlo”. Hay que recordar que PNV y PSE-EE no tienen mayoría en las Juntas de Gipuzkoa, como tampoco en las de Álava. No obstante, Mendoza ha querido “poner en valor que esto ha exigido tiempo”. “Ha exigido también dedicación. Queremos aportar seguridad jurídica al respecto y esta es la manera que hemos encontrado para ello”, ha insistido.

En este sentido, ha reiterado que, de momento, la decisión es que “si hay municipios que aprueban sus propias ordenanzas municipales antes del 1 de enero tendrán fijado de antemano cuál va a ser la tarifa”, ya que los consistorios decidirán si hay recargos o exenciones, “pero no entrará en vigor, no se va a poder cobrar antes del 1 de enero del 2027”. “Si hay ayuntamientos que no han aprobado sus ordenanzas antes del 1 de enero van a tener que cobrarlo en su tramo máximo, que es de 7,5 euros por noche y persona”, ha precisado en Euskadi Irratia.

El exalcalde de Donostia, Odón Elorza, también ha entrado en la polémica con Insausti por la tasa turística, y ha recordado que el actual alcalde ha sido muchos años concejal de turismo en la ciudad, cuando “más avalancha” de turistas se registró, ha dicho.

Hoy, en Zabalarra Eskola, el aire huele distinto. Tras dos décadas de un silencio culinario impuesto por el Gobierno Vasco, el vapor y el aroma de la cocina se cuela por los pasillos de esta escuela pública de Durango. Durante veinte años, nuestras hijas e hijos han crecido bajo el régimen del catering: bandejas de comida transportada, cocinada con muchas horas de antelación y a muchos kilómetros de distancia, que llegaba a las mesas sin alma ni frescura. Hoy, celebramos que, finalmente, en el corazón del colegio, se ha instalado la cocina: un lugar donde se nutre no solo el cuerpo, sino también la comunidad. 

Esta victoria ha sido como un guiso de los de antes, cocinado a fuego lento. Al igual que los platos que mejor saben, este logro ha requerido mucha paciencia, persistencia y un cariño infinito por parte de madres y padres de la escuela. Tras 10 años de lucha incansable, hemos aprendido que lo que se cocina despacio, con ingredientes de resistencia y dignidad, sabe mucho mejor. Sin embargo, nos queda el regusto amargo de saber que ese fuego tardó demasiado en encenderse por la desidia de quienes tenían las cerillas en sus manos. 

No podemos olvidar la lentitud exasperante del Gobierno municipal y autonómico. Su burocracia ha sido el ingrediente de una receta injusta que ha privado a generaciones y generaciones de una alimentación saludable. Veinte años de comida precocinada son su responsabilidad directa; mientras ellos dilataban plazos, miles de niños y niñas perdieron el derecho a disfrutar de productos de temporada y de platos recién cocinados. 

Aunque quienes escribimos lo sentimos como propio, este éxito no es solo nuestro; es especialmente del movimiento “Berton Bertokoa”, compuesto por las AMPAS de las escuelas públicas de Durangaldea, con madres y padres implicados y tenaces, cuyo papel ha sido imprescindible y a las que no podemos menos que estar agradecidas. También lo ha sido por el apoyo recibido desde la plataforma “Gure platera, gure aukera”, así como de las compañeras de la dirección y profesorado de Zabalarra Eskola por haber creído siempre en esta batalla. 

Pero que nadie se confunda: este plato aún no está terminado. Seguiremos luchando para que nuestras cocinas se llenen exclusivamente de productos de cercanía y de temporada, garantizando que el dinero público sostenga a nuestras productoras locales, a quienes apoyamos y necesitamos para mantener vivo el sabor de nuestra cultura. No daremos un paso atrás hasta que las monitoras del comedor, piezas clave en el cuidado de nuestras hijas, disfruten de unas condiciones laborales dignas. Una cocina justa debe serlo desde la tierra hasta quien sirve el plato. 

Hoy, en las mesas del comedor de Zabalarra Eskola se empieza a saborear justicia alimentaria. Es el momento de disfrutar este triunfo y de asegurar que el fuego de nuestra cocina no se extinga. Hemos demostrado que cuando las familias nos unimos, somos capaces de transformar la realidad, plato a plato, hasta conseguir que la salud de nuestras hijas e hijos deje de ser una promesa electoral para convertirse en una realidad cotidiana, de kilómetro cero, y profundamente sabrosa. 

¡Buen provecho!

(Isa González y Gaizka Agirre son impulsoras del movimiento Berton Bertokoa y antiguas representantes del AMPA en Zabalarra Eskola, en Durango)

El Gobierno vasco destinará dos millones de euros a complementar el subsidio por desempleo de los trabajadores afectados por un ERTE como consecuencia de la guerra de Irán. La medida, en línea con la que se adoptó durante la crisis de la COVID-19, se acompaña de otros 100 millones para fomentar la contratación y se ha ratificado este martes en la Mesa de Diálogo Social, en la que se sienta el Gobierno vasco la patronal Confebask y los sindicatos CCOO y UGT -ELA y LAB no participan- y que ha celebrado su primer encuentro en lo que va de legislatura. La medida anunciada tras este encuentro se adelantó ya de hecho en la presentación del conjunto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en la economía vasca el pasado mes de marzo, aunque ahora se ha ampliado algo los posibles trabajadores beneficiados, respecto al anuncio inicial.

En concreto, si en principio se anunció el complemento de los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros, la medida se ha ampliado para los afectados con bases de cotización inferiores o iguales a 23.000 euros y por un importe de 175 euros mensuales para personas con una jornada de trabajo superior al 50% y de 125 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%. “Se trata de apoyar a los trabajadores más vulnerables y con salarios más reducidos”, ha dicho el vicelehendakari Mikel Torres, siempre que provengan de sectores afectados por la guerra de Irán y que con el compromiso de que se mantenga el empleo. De forma paralela se activarán fórmulas de acceso a la contratación con discriminación positiva para desempleados y empresas afectadas por las consecuencias de la guerra por un importe máximo de 100 millones de euros.

En la reunión de este martes se han acordado también las bases de la futura Ley vasca de Participación Institucional, el avance en el desarrollo de un modelo propio de formación para personas trabajadoras y la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral, según ha informado Torres. Respecto a la Ley de Participación Institucional, Torres ha resaltado que “consolidará el papel estructural del diálogo social en Euskadi”. “Estamos construyendo una arquitectura institucional más sólida, transparente y participativa, que sitúa el diálogo en el centro de la acción pública”, ha afirmado. Asimismo, ha destacado que esta ley abrirá un proceso de reflexión sobre el papel de sindicatos y organizaciones empresariales en el sistema democrático y económico vasco y de hecho, ha anunciado que habrá “discriminaciones” y consecuencias“ para los agentes sociales que no quieran participar en los órganos de dirección colegiada. ”Todos tienen el valor de poder participar y contribuir en el ámbito directo e institucional y está claro que aquellas personas u organizaciones que no quieran participar, no pueden tener el mismo beneficio de aquellas que sí participan en esos procesos“, ha indicado.

En concreto, se apunta que la norma regularía las diferentes formas de sustitución para el caso de que alguno de los agentes sociales no participe de forma efectiva o renuncie a su derecho de nombramiento, “evitando que se produzca un menoscabo de su capacidad de intervención en aquella parte que pudiese quedar infrarrepresentada”. Por último, se ha acordado que deberían quedar fuera de esa norma todas las estructuras actuales creadas para la canalización del diálogo directo entre los agentes sociales, como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social.

Por último, la Mesa de Diálogo Social ha acordado crear un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral vasco, orientado a anticipar retos y aprovechar oportunidades. “La migración es una realidad estructural que debemos gestionar con responsabilidad, garantizando procesos seguros, ordenados y respetuosos con los derechos humanos”, ha indicado el vicelehedakari. En este grupo de trabajo se analizará el papel de la migración laboral ante los retos demográficos y de empleo en Euskadi. Entre sus funciones estará el análisis continuo del impacto de la migración en el empleo, la identificación de necesidades de empresas y trabajadores, y la elaboración de propuestas para su traslado a la Mesa de Diálogo Social.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha criticado con dureza la política industrial del Gobierno vasco, una de las principales banderas del Ejecutivo de Imanol Pradales, y ha considerado que su plan en este ámbito es “un documento pobre, falto de definición y con un problema fundamental de enfoque”. Otxandiano ha llamado a abordar “pactos de país” en esta materia y en otras como la energía, la emigración o la política lingüística. Además, ha cuestionado cómo se han desarrollado las grandes operaciones industriales que ha abanderado el Gobierno en los últimos meses, como Talgo y Ayesa, y ha criticado la falta de definición clara sobre cómo tiene que desarrollarse la colaboración público-privada en estas operaciones. “Una cosa es apostar por Talgo y otra es hacer de esa fórmula buque insignia de tu política industrial”, ha dicho. Más crítico aún se ha mostrado con la operación de Ayesa, la antigua Ibermática, donde ha señalado que, pese a apoyar la operación de vuelta a Euskadi las dudas sobre el resultado “son mayores” por el socio industrial que se ha elegido, Teknei.

En una intervención ante el Fórum Europa en Bilbao, sobre todo centrada en el ámbito económico, Otxandiano ha insistido en la necesidad de “acuerdos de país” en ámbitos estratégicos, algo que no ha considerado contradictorio con su labor de oposición, y ha considerado un “error político” menospreciar las condiciones que permiten trabajar la unidad de acción. “No es una opción condenar la segunda mitad de la legislatura a una carrera electoral que desplace el foco de atención de los retos que afrontamos. El momento exige pensar en las siguientes generaciones no en las siguientes elecciones”, ha insistido, apelando a los acuerdos. Ha indicado que, independientemente de quién gane las próximas elecciones, -el PNV o EH Bildu- al día siguiente al situación será la misma. “No se puede gobernar el país de espaldas a la segunda fuerza política del Parlamento, sea cual sea”, diagnostica.

Otxandiano ha señalado que la situación mundial ha dado paso a un ciclo económico nuevo ante el que es necesario, además de medidas de choque puntuales, repensar la política industrial. “Y es aquí donde nos encontramos con la casa sin barrer”, ha dicho, pese a que la política industrial “es uno de los ejercicios capitales de esta legislatura”. En este sentido ha sido muy crítico con el documento presentado por el Gobierno vasco, después de “un año y medio” de espera. “Es un documento pobre y falto de definición y con un problema fundamental de enfoque”, ha dicho.

Ha criticado, entre otras cuestiones, su apuesta por la neutralidad tecnológica y su falta de impulso direccional. “Se presentan 21 proyectos estratégicos, y la mayoría de ellos no se pueden considerar como tal. Se trata de un cajón de sastre donde se da la misma categoría a la creación de un espacio de testeo y validación de soluciones robóticas avanzadas y la simplificación de procesos administrativos en las convocatorias de ayudas, por ejemplo; o se considera como proyecto estratégico el lanzamiento de una campaña de concienciación en torno a la inclusión de la mujer; o se entremezclan proyectos industriales con propuestas de infraestructuras, que deben generar las condiciones horizontales para el cumplimiento de objetivos, pero que no son objetivos en sí mismo en la lógica de un plan industrial”, ha indicado.

Además, ha considerado que en aquellos proyectos que tienen entidad “es fácilmente identificable a quién corresponde el liderazgo de cada uno de ellos”. En estos momentos se han presentado dos, uno encabezado por ITP y otro Danobat. “Resulta evidente que lo que se ha hecho es un barrido de proyectos que ya existían por parte de determinadas empresas. Sinceramente, llama la atención lo pobre que resulta la relación de proyectos”, ha dicho. Y ha resaltado que, sorprendentemente, “las principales operaciones industriales de los últimos meses (Talgo y Ayesa) no constan entre los proyectos estratégicos, lo cual da cuenta de que se está actuando con una notable falta de dirección”.

Precisamente refiriéndose a este tipo de operaciones, ha cuestionado cómo se determina la colaboración público-privada y ha considerado que no están claros los criterios que sigue el Gobierno para entrar en las diferentes empresas o para elegir los socios industriales con los que comparte operación. “¿Por qué Teknei es el llamado a dirigir Ayesa como socio industrial?”, se ha preguntado.

La misma falta de definición la ha achacado Otxandiano a los instrumentos de intervención. Por ejemplo, de la alianza financiera, que se anunció que movilizaría 4.000 millones de euros sin que hubiera “una definición mínima”. En este sentido ha criticado que unos creen que Uvesco es estratégica, otros no, otros creen que lo es Ayesa y otros no“, ha dicho en relación a la ausencia de Kutxa del proyecto. Y ha recordado que sigue sin saber el papel que cumplirán las EPSV en este entramado.

Se ha mostrado muy crítico también con la política energética del Gobierno vasco y el hecho de que se esté en “pleno 2026 sin Plan Territorial Sectorial de las energías renovables”, cuando “se anunció en 2021” o que se hayan incumplido los plazos establecidos en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático -que salió adelante con el apoyo de EH Bildu, para su desarrollo reglamentario “en el caso de la desinversión en explotación y extracción de hidrocarburos; las directrices en materia presupuestaria; la hoja de ruta de largo plazo y la estrategia de transición energética y cambio climático; la oficina vasca de transición energética y cambio climático; la hoja de ruta del autoconsumo; la socialización de la propiedad de las instalaciones de generación y el pacto social. Una gestión que genera una situación caótica entorpeciendo cualquier despliegue ordenado de las energías renovables, proceso ya de por sí suficientemente complejo de gestionar socialmente”, ha indicado.

Desde el punto de vista social también ha cargado con la postura del PNV en materia de inmigración, al decidir “salirse unilateralmente de un espacio de consenso que este Gobierno recibió en herencia: el Pacto Social Vasco para la Migración”. Además, ha señalado que los 'jeltzales' son incapaces de “sostener la misma posición política en el conjunto de las instituciones que gobierna, lo cual nos sume en una situación francamente desconcertante”. “Se observa la pretensión política de sacar rédito electoral de un tema sensible y estratégico en términos de país que genera profundas desavenencias entre los socios de gobierno así como la oposición de responsables institucionales importantes del propio partido”, interpreta.

A la política industrial, la transición energética y la gestión de la migración ha unido la política de vivienda “sin un Plan Territorial Sectorial que ordene el suelo disponible, sin fondo social para la promoción de vivienda pública a gran escala, sin índice de precios de referencia tanto en Bizkaia como en Araba para poder aplicar medidas de intervención de los alquileres”. “Son procesos vitales desde el punto de vista económico, y ciertamente, es difícil no reconocer que tenemos la casa sin barrer”, ha insistido. Y ha pedido también acuerdos en materia lingüistica para blindar los perfiles de euskera en la administración.

En este sentido, ha considerado que “la clave política fundamental es la mirada a medio-largo plazo mediante una lógica de pactos”: “Pradales identifica correctamente esta lógica política cuando llama a Europa a la unidad para hacer frente a la situación de desorden”, ha dicho, pero en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa no lo lleva a cabo cuando hay “mayorías cualificadas en el Parlamento Vasco”.

El Departamento de Educación abrirá el lunes 13 de abril, hasta el 4 de mayo, el plazo de inscripción para el curso 2026-2027 en las Haurreskolak para niñas y niños de 0 a 2 años. Las familias podrán presentar la solicitud de forma 'online' o presencial en cualquiera de los centros de la red pública de Haurreskolak, indicando el centro o centros por orden de preferencia, para niñas y niños nacidos en 2025 y 2026.

En el caso de los y las recién nacidas entre el 1 y el 10 de mayo, se habilita un plazo extraordinario hasta el 20 de mayo para formalizar la solicitud, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado recogido por Europa Press. La red del Consorcio Haurreskolak cuenta actualmente con 241 centros distribuidos por toda Euskadi y ofrece 8.940 plazas para el curso 2026-2027. En los últimos años, la implantación de la gratuidad ha favorecido un incremento de la demanda y de la matrícula, que se sitúa en 6.939 niñas y niños matriculadas de escolarización en la etapa de 0 a 2 años.

Para el próximo curso, el Departamento de Educación continuará ampliando la red con la creación de nuevas plazas y la apertura de centros. Para 2026-2027 se prevé la incorporación de 244 nuevas plazas. Asimismo, actualmente se encuentran en fase de ejecución o adecuación ocho centros: Romo en Getxo, Mamariga en Santurtzi, Gros, Intxaurrondo Sur y Riberas de Loiola en Donostia, así como Zamakola, Elejabarri y Txurdinaga en Bilbao. Educación ha explicado que estas intervenciones permitirán seguir adaptando la oferta a las necesidades de las familias y mejorar la cobertura del servicio en el conjunto de Euskadi.

“Conciliación” e “igualdad de oportunidades”

El Gobierno vasco mantiene la gratuidad de la red pública de Haurreskolak con el objetivo de garantizar el acceso universal a la educación temprana y contribuir a reducir desigualdades desde los primeros años. El departamento ha indicado que “más allá del aspecto educativo, las Haurreskolak constituyen un recurso para la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo a las familias un servicio cercano, accesible y de calidad”. La red impulsa, además, un modelo inclusivo desde edades tempranas, con el euskera como lengua de uso habitual y una relación estrecha con las familias, a las que acompaña durante todo el proceso educativo.

El procedimiento de admisión se desarrollará conforme a un calendario dividido en varias fases: Presentación de solicitudes (del 13 de abril al 4 de mayo), publicación de listas provisionales (5 de junio), periodo de reclamaciones y subsanaciones (del 8 al 12 de junio), plazo para desistir de la solicitud (hasta el 25 de junio), publicación de listas definitivas (26 de junio). Toda la información sobre el proceso de admisión, así como la normativa y los manuales de inscripción, está disponible en la web del consorcio Haurreskolak.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha subrayado que garantizar el acceso gratuito a la educación desde los primeros años “no es solo una medida social, es una apuesta estratégica del Gobierno vasco por la igualdad de oportunidades”. En ese sentido, ha añadido que las Haurreskolak “son una herramienta clave para compensar desigualdades desde el inicio del itinerario educativo”. Asimismo, ha destacado que este servicio “no solo acompaña a las niñas y niños en una etapa decisiva de su desarrollo, sino que también contribuye de manera directa a facilitar la conciliación de las familias”.

Pedrosa ha señalado que el modelo pedagógico de las Haurreskolak “sitúa en el centro el bienestar y el desarrollo emocional, cognitivo y social de las niñas y los niños, en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades”. La consejera ha subrayado que la intervención educativa responde a un enfoque integral del aprendizaje, en el que se articulan de forma conjunta todas las dimensiones para el desarrollo pleno de las niñas y los niños. “Este modelo educativo entiende el crecimiento de los niños y niñas de manera integral, integrando su desarrollo físico, intelectual, afectivo y social en la práctica educativa cotidiana”, ha explicado.

Los gudaris y milicianos desaparecidos en la batalla de Saibigain en abril de 1937 han sido homenajeados este domingo en este monte vizcaíno, un acto que, por primera vez, ha contado con la presencia de una delegación oficial del Gobierno del Principado de Asturias encabezada por el consejero responsable en materia de memoria democrática, Ovidio Zapico. Este acto de recuerdo y reconocimiento está organizado por la Asociación de Memoria Histórica Saibigain 1937 Elkartea, en colaboración con el Museo Memorial del Cinturón de Hierro y otras asociaciones memorialistas.

Los participantes han realizado una marcha desde el Santuario de Urkiola hasta la cima de monte Saibi, donde se ha llevado a cabo una ofrenda floral en la que se han citado los nombres de gudaris y milicianos vascos de los batallones Meabe (PSOE), González Peña (UGT), Arana Goiri (EAJ-PNV), Salsamendi (PCE), Guillermo Torrijos (UGT) y otras unidades de Eusko Gudarostea, así como de milicianos asturianos de los batallones Victor (CNT) y Lenin-Taboada (PCE-Juventudes Socialistas Unificadas), hasta un total de 117 rosas en recuerdo otros tantos jóvenes desaparecidos en el entorno del monte vizcaíno, informa Europa Press.

El homenaje ha contado con la presencia, entre otros, del exlehendakari Iñigo Urkullu, el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, el diputado alavés Iñaki Gurtubai y la vizcaína Arantza Atutxa, así como alcaldes de localidades de Durangaldea. Asimismo, han acudido los miembros del PNV Iñigo Ansola y Ion Gambra y los representantes de Podemos Euskadi Joseba Andoni Fernández y Alfonso Arroyo.

Desde Asturias ha acudido una representación del sindicato CNT, además de la delegación institucional asturiana encabezada por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la directora de Memoria Democrática, Begoña Collado, y la directora de gabinete del Departamento de Derechos Ciudadanos, María Miranda. Entre los asistentes, se encontraban también familias de desaparecidos llegadas desde Igorre, Dima, Getxo o Bilbao, pero también desde Asturias, Catalunya, Bruselas o Arles, han explicado los organizadores. Según han destacado, “especialmente emotiva” ha sido la presencia de la familia del comandante intendente del batallón González Peña de UGT, Rafael Anguiano Arakistain, fallecido el 6 de abril de 1937 en el frente de Urkiola, quienes, tras rehacer sus vidas en el exilio en Francia, “por primera vez han pisado el monte donde quedó sin vida y para siempre el cuerpo de su antepasado”.

El consejero asturiano Ovidio Zapico ha explicado que su presencia en este homenaje pretende ser “un compromiso con la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación” y con la necesidad de “afianzar los valores de la garantía de no repetición”. Zapico, líder de IU Asturias y de la coalición Convocatoria por Asturias, ha subrayado que Saibigain, en cuyo entorno desaparecieron más de 50 asturianos, es un lugar que simboliza la dureza de aquella guerra y también la fraternidad entre pueblos que “compartieron trinchera en la defensa de las libertades y la democracia”.

El consejero ha agradecido al Gobierno vasco la labor que está desarrollando en Saibigain para localizar a gudaris y milicianos asturianos, que considera una labor “imprescindible” para avanzar en la reparación de las víctimas del franquismo. También ha hecho un llamamiento a familiares de los desaparecidos milicianos asturianos de los batallones Víctor de la CNT y Lenin-Taboada de PCE-Juventudes Socialistas Unificadas, así como a quienes en Asturias piensen que sus antepasados pudieron morir en la defensa del territorio republicano de Bizkaia, para que contacten con la Dirección General de Memoria del Gobierno de Asturias.

Por su parte, el consejero de Seguridad de Euskadi, Bingen Zupiria, ha destacado la importancia del acto simbólico que se realiza este domingo en Sabigain, donde tuvo lugar “una de las batallas más duras del frente norte” en la guerra civil, tras la que vino “una larga dictadura en la que todo tipo de derechos se vieron pisoteados”. Zupiria ha recordado que el homenaje se celebra en un momento en el que “en el orden mundial hay gente que quiere imponer por la fuerza una determinada manera de hacer las cosas que están por encima de las relaciones internacionales basadas en la legalidad”. Por ello, ha reivindicado que debe ayudar, “frente a quienes desde un extremo y desde el otro quieren imponer por la fuerza su modo de hacer las cosas”, a defender un orden internacional basado en las normas democráticas y en la legalidad y a la convivencia entre personas y entre naciones “siempre desde el respeto y la garantía de todos los derechos humanos”.

“No os hemos olvidado. Os seguimos buscando”

Durante el homenaje, el investigador Aitor Miñambres ha realizado un repaso de lo sucedido durante “la ofensiva del ejército franquista para apoderarse de Euskadi”, en la que “los batallones vascos y asturianos defendieron durante varios días la sierre de Urkiola, a fin de frenar el avance enemigo”, con “centenares de bajas, entre muertos y heridos”.

El director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro ha subrayado que los hechos más relevantes tuvieron lugar en Saibigain, cuando ambos contingentes se disputaron la cumbre “con verdadero encarnizamiento, en interminables ataques y contrataques por su posesión”. “Porque ellos fueron, nosotros somos. Izan zirelako, gara”, ha concluido Miñambres, reproduciendo el texto de la pancarta que acompañaba el homenaje presidido por la ikurriña, la bandera asturiana y la tricolor republicana.

Por su parte, Teresa Usaola, presidenta de Saibigain 1937 Elkartea y sobrina nieta del comandante Bediaga del Batallón Arana Goiri del PNV, ha recordado que, en el monte vizcaíno, “hay vidas que quedaron suspendidas” y las familias “llevan 89 años esperando en un duelo heredado por generaciones”. “En mi familia no había una tumba. Había una pregunta que dolía: ¿dónde está Felipe?. Esa pregunta no se apaga. Pasa de generación en generación”, ha explicado Usaola, que ha valorado la presencia de la delegación institucional asturiana como “un paso más hacia el reconocimiento mutuo, hacia el respeto compartido y, ojalá, hacia algo aún más necesario: trabajar juntos, buscar juntos, encontrar juntos”.

Según ha remarcado, “a todos los que están aquí bajo nuestros pies y a todos los que siguen aquí arriba en este monte: No os hemos olvidado. Os seguimos buscando y nadie ni nada nos va a parar”.El homenaje ha terminado con una poesía en euskera, castellano y asturiano y el canto del Eusko Gudariak, himno del que el comandante Bediaga fue uno de sus principales impulsores, han indicado desde la organización.

Los actos han sido rodados por la productora Euskadi Movie para su inclusión en el documental 'Saibigain 1937. El monte de la sangre' que, para ETB y la RTPA, recogerá la lucha de la vasca Teresa Usaola y de la asturiana María Mar Gallego por encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Equipos de Aranzadi y de Euskal Prospekzio Taldea (EPT) han exhumado desde 2023 ya en este entorno restos de cinco personas en cuatro fosas. Fuentes de EPT han indicado que una quinta fosa está ya localizada y pendiente de exhumar. Una veintena de familias han dado ya muestras de ADN al Instituto vasco Gogora para poder ser cotejadas con los restos exhumados en estas fosas. Desde la Dirección de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias están tratando de contactar con más familiares para complementar la labor desarrollada hasta ahora desde las entidades e instituciones vascas.

La Autoridad Vasca de la Competencia insta a la Administración a poner en marcha un Plan Territorial Sectorial (PTS) de Infraestructuras de gestión de residuos urbanos que permitan publicitar los emplazamientos disponibles previstos por las autoridades competentes para la instalación de vertederos y sirva de instrumentos de planificación urbanística. Sería un PTS para cuya elaboración se “recabe la más amplia participación de los actores concernidos”, señala. Es una de las recomendaciones que realiza el órgano regulador en un estudio sobre la situación de los vertederos de residuos no peligrosos en Euskadi y su relación con la competencia, en el que se constata que Euskadi tiene en estos momentos un número muy limitado, sólo seis, sobre todo a raíz del colapso y derrumbe del vertedero de Zaldibar, en 2020, y el cierre de los vertederos de Mutiloa y Larrabetezu, lo que está provocando que haya operadores que funcionan ya en una situación de “monopolio o cuasi monopolio”. Por ello, pide impulsar actuaciones que introduzcan y apoyen una mayor competencia, garantizándola, apoyando la entrada de nuevos operadores y, con ello, disminuyendo la concentración empresarial“.

Entre estas actuaciones, recomienda que las concesiones gestión de vertederos públicos se realicen “mediante procedimientos abiertos, transparentes y competitivos” y recomienda a las administraciones que “eviten prórrogas o adjudicaciones directas prolongadas”. Además, anima a que se fomente la entrada de nuevos operadores impulsando fórmulas “a través de subcontratación o cesión de espacios en vertederos existentes, reduciendo la dependencia de grandes grupos”, y que se fomenten los proyectos de colaboración público-privada en este sector.

Señala Competencia que la situación de los vertederos es descendente por la reducción de residuos y el aumento de la revalorización. Entre 2018 y 2023 se han reducido un 54% los residuos que finalizan en vertedero y el objetivo para 2030 es que esos residuos se sitúen en menos del 15%, alrededor de 200.000 toneladas. Pese a ello, recuerda que “a pesar de la disminución de los residuos no peligrosos que finalizan en vertedero, siempre persistirá un residuo que deba ser eliminado”. En consecuencia, advierte de que estas instalaciones -situadas al final de la cadena de valor- “son, al efecto de permitir el cumplimiento de los principios de autosuficiencia y proximidad, estratégicas en la gestión de residuos”, por lo que considera necesario que las empresas puedan acceder al mercado y ejercer su actividad “sin enfrentarse a restricciones innecesarias, desproporcionadas o discriminatorias. Es más, si se mantiene el ritmo de eliminación, se albergan dudas de la suficiencia de la capacidad de tratamiento existente en la comunidad autónoma vasca”, dice. Por ello, considera “imprescindible asegurar las posibilidades de acceso al mercado. Además, deberá permitirse que las condiciones de dicho mercado propicien una tensión competitiva que genere las mejores opciones en términos de precio, cantidad, servicio, capacidad de elección e innovación”, señala el estudio.

Frente a esta necesidad, Competencia constata que el marco regulatorio, los elevados costes de inversión y clausura de los vertederos, la planificación territorial restrictiva y la oposición social a los mismos “constituyen barreras significativas para la entrada de nuevos operadores y la expansión de la capacidad existente”, lo que aumenta la dependencia de pocos gestores. De hecho, estos momentos, hay operativos seis vertederos de residuos no peligrosos en Euskadi, -cinco de ellos concentrados en Bizkaia-, de los que solo dos son de titularidad publica: Gardalegi en Vitoria, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Vitoria y que gestiona la empresa FCC Medio Ambiente SA, y Artigas, cuyo titular es la Diputación Foral de Bizkaia a través de la sociedad Garniker, que participa en la UTE que lo gestiona con socios privados, entre ellos, FCC Medio Ambiente. El resto de los vertederos operativos son privados: Bistibieta en Lemoa, propiedad de FCC Ámbito SA, Betearte, en Mallabia, de la empresa Betearte SA, Igorre, en la localidad del mismo nombre de la empresa Deydesa 2000, SL y Las Lagunas, en Zalla, cuyo titular es la empresa Prezero Gestión de Residuos SA. A estos se añade la autorización para abrir un nuevo vertedero en Artxanda (Bilbao) para la actividad de centro de gestión, tratamiento y almacenamiento de residuos no peligrosos gestionado por Berriz Recycling Company SL, que cuenta con participación pública, aunque la autorización queda intrínsecamente ligada a la remediación del antiguo vertedero que existió en la misma ubicación.

Los cuatro operadores privados -o las empresas con las que se integran verticalmente- también operan en las fases previas de la cadena de gestión del residuo, señala el estudio, y además, realizan actividades en otras áreas, como la gestión del agua, el saneamiento público o la jardinería urbana. FCC Medio Ambiente se corresponde con el área global del Grupo FCC, dedicado a servicios medioambientales (municipales y gestión de residuos en general), mientras que FCC Ámbito es la filial especializada en residuos industriales, subproductos y suelos contaminados dentro de esa misma área y que dispone de 15 centros de operaciones principales distribuidos en la geografía española donde realiza sus actividades principales: gestión de residuos, descontaminación de suelos y gestión de materiales de recuperación (principalmente vidrio, papel y cartón). Betearte tiene como objeto social la realización de estudios medioambientales y la gestión, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y/o eliminación y depósito de residuos urbanos, asimilados a urbanos e industriales y está participada por FCC Ámbito en un 33%. Por su parte, Deydesa 2000 forma parte del Grupo Otua, grupo industrial formado por ocho empresas dedicadas al reciclaje, distribución e investigación. El vertedero almacena materiales no peligrosos de origen industrial, generados en su mayor parte por propia labor de reciclaje del Grupo. Por último Prezero adquirió en 2021 la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.U. (Cespa España), bajo el control de Ferrovial International, SE. Forma parte del Grupo Prezero, que presta servicios de eliminación y reciclado de residuos en los mercados de recogida, clasificación, tratamiento, reciclado y eliminación de residuos domésticos y comerciales. Es la división medioambiental del Grupo Schwarz, que también incluye a las empresas comerciales Lidl y Kaufland, así como Schwarz Produktion y Schwarz Digits. En España cuenta con cinco delegaciones en Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Contiene el estudio que, analizando la cuota de mercado acumulada una empresa, Prezero, concentra más de la mitad del volumen recibido y dos vertederos, el de Prezero y Betearte, en Zalla y Mallabia, respectivamente, acaparan el 75 % del mercado. En un análisis por territorios, el 96% de los residuos se dirige a los cinco vertederos ubicados en Bizkaia, mientras que el restante 4% se concentra en el vertedero de Gardelegi, en Álava. Por otra parte, hay cuatro vertederos situados fuera de la comunidad, en Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja, que acogen residuos generados en Euskadi, unos 120 millones de toneladas de residuos no peligrosos, que se corresponde con aproximadamente un 23% de lo eliminado. Competencia aboga por establecer convenios con comunidades limítrofes (Navarra, Cantabria, La Rioja y Castilla y León) para “gestionar de forma coordinada situaciones de emergencia o sobrecapacidad”. Además, considera necesario llevar a cabo una planificación “flexible de capacidad”, revisando periódicamente las necesidades de depósito en vertedero en función de la evolución real de la valorización y el reciclaje, para evitar déficits imprevistos que refuercen posiciones de dominio“. Asimismo, debe incorporar una perspectiva que introduzca medidas procompetitivas, señala el estudio.

La Autoridad Vasca de la Competencia cuestiona en un informe la intención del Gobierno vasco de poner trabas a la proliferación de pisos turísticos a través de la nueva normativa contenida en el anteproyecto de la ley de Turismo. La norma pretende, por ejemplo, establecer la obligación de renovar cada cinco años las licencias de estas viviendas, perdiendo el carácter indefinido que tienen ahora una vez se realiza la declaración responsable que garantiza que cumplan las condiciones requeridas. En un informe sobre el anteproyecto de la Ley de Turismo vasca, el organismo regulador señala que “la validez de la declaración responsable es con carácter indefinido, siendo el operador el obligado a mantener su cumplimiento, y la administración la obligada a controlar, vigilar y supervisar la acción del operador”.

Señala Competencia que la manifestación, mediante comunicación o declaración responsable, de que la persona cumple los requisitos exigidos para establecer un piso turístico “comporta, además, el traslado de la información necesaria para que la autoridad competente realice el pertinente control de la actividad”. Por ello, considera que “efectuada esa comunicación o declaración responsable, no cabe exigir, transcurrido el tiempo, que el operador vuelva a presentarla nuevamente. El operador podrá ejercer la actividad económica por tiempo indefinido”, es decir, como ocurre en estos momentos. “Competerá, de un lado, al operador comprobar que sigue cumpliendo los requisitos para el ejercicio de la actividad económica, y, de otro lado, a la administración competente vigilar, controlar y supervisar a los operadores”, recuerda el organismo regulador.

La administración competente podrá determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad cuando se compruebe la “inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o el incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente”. Pero insiste en que la validez de la declaración responsable “es con carácter indefinido, siendo el operador el obligado a mantener su cumplimiento, y la administración la obligada a controlar, vigilar y supervisar la acción del operador”.

El anteproyecto de Ley, que inició el pasado mes de febrero el periodo de exposición pública, contiene varias modificaciones de la legislación anterior destinadas a restringir la apertura de pisos turísticos, una de las cuestiones más polémicas en la situación actual, en la que hay una creciente escasez de vivienda.

Ante esta pretendida restricción, la Autoridad Vasca de la Competencia advierte de que los poderes públicos deben garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mercados y “no introducir distorsiones mediante la regulación”. “La salvaguarda de la libre competencia constituye un principio de interés general, que únicamente puede ser mermado si es necesario para la consecución de otros fines de interés general y bajo el cumplimiento de determinadas premisas”. Por ello, señala que en los supuestos en los que se pretendan establecer restricciones a la implantación o desarrollo de actividades económicas, “estas deberán justificarse en razones imperiosas de interés general (protección del medioambiente y del patrimonio urbano; conservación del patrimonio histórico y artístico; orden público, etc.), y adecuarse a los principios de proporcionalidad, mínima distorsión y no discriminación”.

En este sentido, recuerda en el informe que en la iniciativa para realizar una actividad económica rige el principio general de libre acceso y ejercicio de la actividad económica y que “cuando, para acceder y ejercer una actividad, se exige al operador cualquier tipo de actuación, estaríamos ante un régimen de intervención”. “Se identifican tres niveles de intervención administrativa: autorización, declaración responsable y comunicación. La autorización exige, para poder iniciar la actividad, un pronunciamiento previo de la Administración, mientras que con la declaración responsable el operador manifiesta cumplir los requisitos. Con la comunicación sólo resulta necesario poner en conocimiento de la Administración determinados datos para el inicio de la actividad”. E insiste el informe en que “efectuada esa comunicación o declaración responsable, no cabe exigir, transcurrido el tiempo, que el operador vuelva a presentarla nuevamente. El operador podrá ejercer la actividad económica por tiempo indefinido”.

“No se alcanza a entender la virtualidad de obligar periódicamente a los operadores a expresar que siguen cumpliendo con los requisitos cuando, de un lado, la presentación misma de la declaración responsable primigenia ya comporta esa obligación de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa y, de otro lado, es la administración la facultada -e, incluso, obliga- a controlar, vigilar y supervisar que, efectivamente, los operadores siguen cumpliendo con los requisitos para el ejercicio de la actividad”.

“El órgano proponente, sabedor de que la autoridad de competencia aboga, con carácter general, por elegir, de entre los regímenes de intervención, el de comunicación, debería completar el análisis —y su correlativa justificación— de qué régimen de intervención es el que mejor se adecúa a la realidad cuya regulación le ha sido encomendada”, señala.

Por estas consideraciones, la Autoridad Vasca de la Competencia insta al Gobierno a la supresión del artículo 94.10, que establece que “las nuevas viviendas de uso turístico que se inscriban en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi deberán renovar su inscripción cada cinco años, mediante la presentación de una declaración responsable que acredite el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente”. No es el único epígrafe del articulado que aboga por suprimir el organismo regulador.

Por ejemplo, el 10.k, que otorga a las administración general vasca “el ejercicio de potestades administrativas vinculadas a la protección de las empresas turísticas legalmente constituidas y a la defensa de su actividad frente al intrusismo”; el 68, por no compartir el principio de “unidad de explotación”, que parte de que todos los establecimientos de alojamiento turístico “deberán estar gestionados bajo el principio de unidad de explotación, correspondiendo su administración a una titularidad única, sobre la que recaerá la responsabilidad administrativa derivada de su funcionamiento”; el 131.6, que considera infracción “muy grave” el incumplimiento del principio de unidad de explotación; o el 81.1, que establece que “se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal o figuras análogas los establecimientos de alojamiento turístico, siempre y cuando lo permita el planeamiento urbanístico municipal y no se trate de una zona residencial tensionada, quedando estrictamente sometidos a los principios de uso turístico exclusivo y unidad de explotación, con independencia del sistema de comercialización por el que opte el explotador”, por las referencias que hace a la unidad de explotación. Además, recomienda las modificaciones en la redacción de otros cuatro puntos.

Tampoco comparte el organismo regulador la exigencia de la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio. “Sólo cabrá esa exigencia en aquellos casos en que los servicios que presten presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de la persona destinataria o de un tercero, o para la seguridad financiera de la destinataria”. También advierte de que no podrá exigirse constar en el Registro de Ética Turística para el otorgamiento de ventajas económicas o para establecer cauces colaborativos con entidades del sector público. “Si se incluye como un criterio de selección en los programas subvencionales, deberán estar vinculados al objeto del procedimiento subvencional; ser formulados de manera objetiva; respetar los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad; no conferir al órgano de selección una libertad de decisión ilimitada; garantizar la evaluación de las solicitudes en condiciones de competencia efectiva; y permitir comprobar de manera efectiva la información facilitada por las solicitantes para evaluar si las solicitudes cumplen los criterios de selección”. Además, del mismo modo que, para la adhesión, se prevé que ésta se efectuará mediante el procedimiento establecido al efecto, la exclusión también deberá realizarse mediante un procedimiento.

Por otra parte, aunque valora positivamente la mejora de la cualificación de las personas trabajadoras del sector turístico que contiene el anteproyecto, advierte de que “el desarrollo de líneas formativas no debe llevar a que, donde hoy la prestación del servicio es libre, pasen a exigirse títulos habilitantes”.

Para muchas vascas y vascos existe una parada obligada cuando viajamos a Madrid. No importa el motivo de la visita —trabajo, estudios, una escapada—. Llega un momento en el que sí o sí, terminamos allí, en los pasillos del Museo Reina Sofía. Allí es donde habita una de las imágenes más universales del siglo XX: el 'Guernica' de Pablo Picasso.

Yo también he hecho ese recorrido. He estado allí. He observado en silencio ese lienzo inmenso. Porque para mí, y entiendo que para más vascos como yo, no es solo una obra de arte. Es memoria del pueblo vasco. Vamos porque en ese cuadro hay algo nuestro. Algo que nos interpela.

El 'Guernica' no es solo arte. Es memoria. Es el eco del bombardeo que ocurrió en Gernika aquel lunes de mercado de 1937. De lo que ocurrió también en Durango y en tantos otros lugares donde la violencia cayó sobre población indefensa. Es, en el fondo, una denuncia que sigue vigente.

Hoy también hay muchos 'Guernicas' en el mundo. Y tal vez sea esta la razón por la que cada vez que he visto el cuadro, muchas de las veces que he visitado Gernika, en múltiples conversaciones sobre el bombardeo, la memoria... me surge siempre la misma pregunta: si significa tanto, ¿por qué no puede estar en casa? ¿Por qué no en Euskadi?

Estamos ahora ante un momento excepcional. En 2026 se cumplen 90 años del primer Gobierno Vasco, presidido por el Lehendakari José Antonio Agirre, y seis meses más tarde también 90 años del bombardeo de Gernika. Noventa años. No es una cifra cualquiera. Es memoria viva.

Por eso la propuesta del Lehendakari Imanol Pradales es clara. No pedimos un gesto impulsivo ni una decisión sin garantías. Lo que planteamos es algo razonable: valorar cuáles son las condiciones técnicas necesarias para materializar un traslado temporal del 'Guernica' con todas las garantías que el cuadro requiere.

Y quiero dejar claro que no estamos solicitando otro informe que concluya que “no se puede”. Ese diagnóstico ya existe desde hace décadas. Lo que proponemos es algo distinto: un análisis con enfoque posibilista, con voluntad, que responda a la pregunta correcta: ¿qué haría falta para que fuera posible?

Una cosa y la otra no son lo mismo.

También es necesario decirlo con claridad: el principal argumento que se traslada no es únicamente técnico. Es que el 'Guernica' constituye el corazón del museo. Que sin él, el Museo Reina Sofía pierde “su sentido, su significado y su razón de ser” (copia literal del informe de colecciones).

Entiendo el argumento. Pero entonces la cuestión cambia. Ya no hablamos solo de conservación. Hablamos de una decisión, de si el 'Guernica' puede salir simbólicamente del relato identitario del museo, de si se quiere —o no— hacer una excepción en un momento excepcional. Porque eso es precisamente lo que planteamos desde el Gobierno Vasco: una cesión temporal, limitada y cuidadosamente diseñada. Nueve meses. Ni más, ni menos.

Además, la disposición es total. Trabajo conjunto entre el Reina Sofía y el Guggenheim Bilbao. Participación de especialistas internacionales. Asunción de costes. Garantías técnicas en todos los niveles. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué falta? Voluntad.

Llevamos décadas formulando esta misma petición. Desde las instituciones, desde la política, desde la propia sociedad. Es una cadena que no se ha roto. Y no se ha roto porque esto no va solo de cultura. Va de dignidad. Porque traer el 'Guernica' a Euskadi, aunque sea de forma temporal, no sería únicamente una exposición. Sería un gesto. Un reconocimiento. Una forma de afirmar que entendemos lo que ocurrió y lo que significa. Y en democracia, ese tipo de gestos importan.

A veces se dice que hay cosas que no se pueden hacer. Puede ser. Pero hay otras que ni siquiera se intentan. Y esto resulta más difícil de comprender. Por eso la cuestión de fondo es sencilla: ¿existe voluntad de explorar esta posibilidad o se prefiere darla por imposible sin intentarlo? Euskadi sigue a la espera de respuesta.

El próximo 18 de abril será conocido a partir de ahora como el Día Sin Móvil en Familia. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, quien ha detallado que la jornada, organizada por su departamento, contará con tres espacios participativos situados en Bilbao, Donostia y Vitoria en los que los teléfonos móviles pasarán a un segundo plano. “El objetivo de esta actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía será bajar el ritmo, dejar el móvil de un lado por unas horas y aprovechar ese periodo para conversar, jugar, escucharse y disfrutar en familia, sin pantallas de por medio”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha indicado que el uso excesivo del teléfono móvil y las redes sociales, tanto por parte de los adolescentes y menores de edad como por los propios padres, supone una preocupación para la sociedad. “Los padres y madres debemos dar ejemplo, porque los menores imitan lo que ven”, ha alertado. Para ello, los espacios sin móvil, ubicados en la Plaza Okendo (junto al Teatro Victoria Eugenia), en el Parque de Doña Casilda (junto a la escultura de Tonnetti) y en la calle Postas nº 2, en la plaza de Los celedones de Oro, frente a la escultura “Isiltasun Oihuka”, estarán abiertos de 11:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente y cada familia deberá decidir por cuánto tiempo es capaz de estar sin utilizar los aparatos electrónicos. Todo ello se realizará de manera voluntaria y con los objetivos principales favorecer el bienestar emocional y relacional de las familias, tomar conciencia del impacto del uso del móvil en la convivencia diaria y fomentar una orientación digital positiva. 

“En un mundo hiperconectado, el móvil forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos informa, nos conecta y nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca. El Día sin Móvil propone una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. No se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el centro, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y reforzando los vínculos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena” ha señalado Melgosa.

Además de la actividad, las familias podrán expresar su compromiso por un uso más consciente de la tecnología firmando un Compromiso Familiar. En esa firma simbólica del Compromiso Familiar los participantes elegirán a qué propuestas adherirse: priorizar los momentos en familia frente al uso del móvil; dar ejemplo de un uso responsable de la tecnología, especialmente las personas adultas; promover actividades en familia sin pantallas y establecer acuerdos familiares claros sobre el uso del móvil.

Según han detallado desde el Gobierno vasco, los espacios establecidos en este Día Sin Móvil en Familia contarán con personal cualificado con formación en intervención familiar o comunitaria y dominio de euskera y castellano, generando “un clima de confianza y adaptando las dinámicas a la diversidad de realidades familiares presentes en Euskadi”. “Este acompañamiento será imprescindible para extraer información significativa, detectar percepciones sobre el uso del móvil y promover la toma de conciencia sobre su influencia en la convivencia. La combinación de estas acciones —vivencia directa, acompañamiento profesional, recogida estructurada de información y entrega de materiales para facilitar la continuidad del hábito— busca promover la reflexión familiar sobre el uso del móvil, mejorar la comunicación entre sus miembros y generar aprendizajes útiles para el diseño de futuras políticas públicas”, ha explicado Melgosa.

Tras la actividad, las familias recibirán a modo de regalo una bolsa reutilizable de tela personalizada, que se utilizará para introducir los teléfonos móviles al aceptar el compromiso y que materializa el inicio del reto y un soporte para teléfonos móviles (caja u otro dispositivo similar) que se entregará a las familias que regresen para completar la experiencia, pensado para que puedan dejar en él los móviles de todos los miembros del hogar y replicar la práctica de desconexión digital.

“Esta iniciativa forma parte de las acciones del V Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Euskadi. Este plan promueve entornos familiares saludables, relaciones de calidad y un uso equilibrado de las tecnologías. La prevención, detección y educación sobre el uso de las tecnologías por parte de niños, niñas y adolescentes son fundamentales y en eso estamos; ya estamos reuniéndonos y trabajando con diferentes colectivos familiares y expertos en la materia, porque para nosotros el uso saludable de las pantallas en el entorno familiar es una apuesta firme, y este Día de pasar en Familia sin Móvil es un claro ejemplo de ello” ha concluido la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

El Gobierno vasco espera cerrar un acuerdo “de forma inminente” con “dos inversores industriales” para generar 400 puestos de trabajo en las antiguas plantas de Guardian y Glavista, ambas en Llodio. Según ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, el acuerdo supondrá una inversión de entre 80 y 85 millones de euros, pero está pendiente de la firma de “ocho preacuerdos condicionados y vinculantes entre sí”. “O todo se acuerda o no hay acuerdo”, ha indicado. Ha adelantado que los preacuerdos correspondientes al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava ya están cerrados“ pero ha apelado a la ”responsabilidad de todas las partes para que puedan cerrar sus preacuerdos correspondientes por el bien de Aiaraldea y su futuro industrial“.

La confirmación por parte del Gobierno vasco llega después de que 'El Correo' adelantara que estas empresas posibles socios industriales son el grupo francés Vitro Service France (VSF) y la empresa alicantina Gaviota. El consejero no ha querido confirmar el nombre de las empresas y “ante las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre esta negociación” ha pedido “prudencia y discreción hasta que se hayan firmado todos los acuerdos que confirmen el cierre de la operación”.

Sin embargo, la alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, de EH Bildu, sí ha confirmado que “prácticamente desde el cierre de Guardian”, se presentó una propuesta liderada por estas empresas y por el empresario Javier García, antiguo directivo de Guardian y que en 2023 ya hizo una propuesta para Glavista. García, a través de una sociedad denominada Amine y con sede en Bizkaia, sería el socio local que el Gobierno vasco requiere para participar en inversiones industriales.

“De momento es una propuesta industrial que sería para hacer ventanas y hacer la misma labor que se venía haciendo ya en Glavista”, ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Radio Euskadi, para precisar a continuación que “los detalles ya se irán conociendo más adelante, porque todavía el acuerdo no está del todo cerrado”.

El Gobierno vasco ha reiterado que lleva “meses avanzando en las negociaciones muy complejas que requieren acuerdos multilaterales con diferentes partes”, por lo que ha insistido en mantener la prudencia hasta que se cierre. El Ejecutivo ha mantenido desde que se cerró Guardian que está negociando la llegada de nuevos inversores. Llegó a asegurar incluso de que había cuatro interesados y que uno de ellos era extranjero, como al parecer será finalmente.

En el caso de los posibles inversores, VSF es uno de los principales fabricantes de vidrio para el sector de la automoción y principal distribuidor en Francia, y la empresa alicantina Gaviota tiene una división especializada en el negocio del vidrio para viviendas, por lo que se mantendrían las actividades de Guardian y Glavista. En el caso del empleo, serían trabajadores nuevos, ya que los empleados de Guardian, que se cerró en abril de 2025, salieron de la empresa mediante un ERE. En el caso de Glavista, que se cerró en 2023, el ERE se judicializó, y se ha confirmado como improcedente por el TSJPV.

El cierre de Glavista, primero, y después de Guardian, supuso un importante impacto en la comarca alavesa de Ayala, que ha seguido sufriendo el impacto de las crisis laborales, con Maderas de Llodio y con Tubos Reunidos, por lo que materializarse el acuerdo sobre las instalaciones de las antiguas fabricantes de vidrio, tiene un importante valor simbólico en un momento en el que el futuro del empleo en la comarca es bastante incierto.

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha subrayado la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables, dado que este factor representa un 50% de la salud de cada persona. Martínez, a través de una vídeo-entrevista remitida por el Departamento de Salud con motivo del Día Mundial de la Salud, ha destacado que un sistema sanitario, “por muy bueno que sea”, genera un efecto en la salud de en torno a un 10%.

El consejero ha añadido que, por su parte, la biología o la genética representa un 20% de la salud, cifra similar a la que implica el nivel socioeconómico. No obstante, el elemento que mayor influencia tiene en la salud de las personas es el de los hábitos de vida, que suponen un 50% de ese impacto, según recoge Europa Press.

De esa forma, Martínez ha destacado la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables, entre los que se incluye cuidar la alimentación, mantenerse activos, hacer ejercicio, relacionarnos con otras personas, “ser capaces de desconectar”, no fumar, tener un consumo moderado de alcohol, y evitar situaciones de riesgo. En este sentido, ha subrayado que la tasa de consumo de candabais entre jóvenes vascos de 15 a 21 años es “la más alta de España”, y que, a su vez, la tasa de España es la más alta de Europa después de Francia.

El plan Morrokotudak del Gobierno vasco ha impulsado únicamente la formalización de 106 contratos de mujeres en sectores masculinizados en cuatro años. El programa de formación y empleo surgió para fomentar la introducción de mujeres en sectores que tradicionalmente están copados por hombres. De ahí su nombre, Morrokotudak, como se conocía a las mujeres que trabajaban en las minas de Gallarta a mediados del siglo pasado. Las convocatorias se han extendido también a introducir a hombres en profesiones entendidas como feminizadas, sin que, por momento, haya tenido el empuje que se esperaba cuando se puso en marcha la pasada legislatura, en 2021, de la mano de la entonces vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, del PSE-EE.

Durante los dos primeros años de andadura, -2021 y 2022- sólo se realizaron 45 contratos a mujeres a través de este programa. En los dos años siguientes se ha seguido aplicando con algo más de éxito, pero bastante limitado en lo que ha cifras se refiere. En total, en 2023 y 2024 -del año pasado todavía no hay cifras de contratación porque está en ejecución- fueron 61 las mujeres formadas y contratadas por este programa. Es decir en los cuatro años de los que se disponen datos, han sido 106 las mujeres contratadas en sectores fundamentalmente industriales y de forma mayoritaria masculinizados.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el también socialista Mikel Torres, ha proporcionado los datos relativos a los dos últimos años de este programa de subvenciones a petición de la parlamentaria de EH Bildu Pazis García. Del total de 61 mujeres contratadas, 15 se corresponden con contratos de 2023 y 46 fueron contratadas en 2024. 14 de estas mujeres firmaron un contrato indefinido a tiempo completo, mientras que 47 suscribieron un contrato temporal por circunstancias de la producción. En cuanto a los sectores en los que han sido contratadas, 19 fieron en trabajos relacionados con el transporte terrestre, 18 en fabricación de productos metálicos, 11 en metalurgia, nueve en actividades de seguridad e investigación y cuatro en comercio al por mayor e intermediarios.

La convocatoria de subvenciones, que incluye un periodo de formación con compromiso de contratación, se destina a mujeres y hombres desempleadas en ámbitos masculinizados y feminizados, aunque los contratos a hombres han sido menos. En total se han realizado 2023 y 2024 un total de 75 contratos, de los que 14 corresponden a hombres. De estos, sólo han sido cinco los contratados por tiempo indefinido. Los sectores feminizados en los que se ha contratado a hombres han sido establecimientos residenciales, ocho de ellos, Educación, cinco, y transporte terrestre, uno.

El total de contrataciones de hombres y mujeres ha supuesto una subvención 436.222,27 para empresas de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que en estos dos años no se ha solicitado por ninguna en Álava. Esto significa que, unido a las subvenciones de los dos primeros años de funcionamiento de Morrokotudak, en el que el programa ejecutó 107.978,14 euros, desde que se puso en marcha ha ejecutado un gasto de 544.200,41 euros. Una cifra que ya da una idea de que se trata de un programa que no ha cumplido las expectativas para lo que surgió, aunque desde el Gobierno especifican que no todas las empresas piden subvenciones a la contratación. El programa se anunció con una dotación inicial de dos millones de euros. Es decir, cuatro años después se ha ejecutado poco más del 27% de la cantidad con la que surgió.

En cuanto a las empresas que han contratado a través de este programa entre 2023 y 2024, son la mayoría de Bizkaia, territorio al que corresponden 50 de los 75 contratos, y los 25 restantes a Gipuzkoa. La empresa que ha realizado más contratos es Avanza Movilidad Gipuzkoa SA, con un total de 20, subvencionados con 160.000 euros correspondientes a los dos años. Le sigue Asle Seguridad, con ocho contratos y 48.000 euros, Tamoin, con 6 contratos y 47.919 euros. También han contratado a través de este programa Sidenor, Contema, Zidor Consulting, o Lointek, entre otras. Este 2026 está previsto que se vuelva a realizar otra convocatoria del programa, que al igual que el año pasado, se hará de forma diferenciada de la convocatoria para parados en general.