La dirección de Vicinay plantea despedir a 60 personas, casi la mitad de la plantilla de su planta de Sestao, y un ERTE hasta el mes de julio para el resto. La decisión se ha comunicado este jueves al comité de empresa “tras unas semanas de análisis de la situación de mercado”, ha señalado la compañía. El periodo de consultas arrancará el 9 de noviembre, en el que la empresa ha mostrado su disposición de negociar para “minimizar todo lo que sea posible el impacto en las personas que las dificultades del mercado están planteando y que exigen rebajar temporal y definitivamente la capacidad de la planta de Sestao”, han señalado desde la compañía.

La empresa ya había adelantado la posibilidad de medidas de recorte el pasado 22 de septiembre tras perder un contrato importante con el que contaban para completar la carga de trabajo. En concreto, era un pedido para la empresa British Petroleum (BP), que se ha adjudicado a un competidor chino. Finalmente, la propuesta planteada este jueves por la dirección es más dura de lo que esperaban los trabajadores, al incluir 60 despidos para una plantilla de 128 personas.

Con la pérdida de este contrato, la empresa sólo tiene carga hasta finales de octubre y sería en diciembre cuando podrían optar a tres pedidos, aunque, de conseguir alguno de ellos, como muy pronto, no volverían a retomar la actividad hasta junio de 2027. Vicinay consiguió librarse de la quiebra gracias a la entrada del empresario Dámaso Quintana -presidente de Haizea Wind- al que se sumó después el Gobierno vasco. En concreto, el Gobierno vasco participó en la compra de la empresa con una inversión de 7,5 millones para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, sociedad holding de Dámaso Quintana que es la que posee el 100% de Vicinay. También entró en la operación Ekarpen, en el que además del Gobierno vasco participa Kutxabak, Mondragon Inversiones y las tres diputaciones forales.

Quintana realizó una oferta vinculante por la empresa, fabricante de cadenas de amarre de alta resistencia para el sector naval o petrolífero, fundamentalmente, por 60 millones de euros, cuando la empresa se encontraba casi al borde de la liquidación tras entrar en preconcurso de acreedores en julio de 2025. La oferta estaba condicionada a conseguir una solución con los acreedores para la deuda de la empresa, que ascendía a más de 150 millones, paso que se consiguió en el mes de febrero tras firmar una quita del 93% de la deuda. Entre los acreedores sigue estando la SEPI, que accedió a aplazar los pagos. Con la entrada del Gobierno vasco y Ekarpen en el mes de julio parecía iniciarse una nueva etapa para la empresa, que retomó la actividad en el mes de mayo, y que ahora puede truncarse por la falta de carga de trabajo.

El centro cultural Montehermoso de Vitoria ha sido testigo del anuncio de los cuatro galardones restantes de los Premios Euskadi de Literatura 2026, después de que las tres primeras modalidades se dieran a conocer en Tabakalera, en Donostia. El viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, y la directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas, Ana López, han anunciado los nombres de las personas premiadas en Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskera, Ensayo en Castellano y Ensayo en Euskera.

Durante la presentación, Iturbe ha destacado la diversidad de formas que adopta la creación literaria y ha subrayado que los premios reconocen el trabajo colectivo del ecosistema cultural vasco. “Estas cuatro obras muestran la diversidad de formas que puede adoptar la literatura, desde la poesía y la traducción hasta el ensayo y el testimonio”, ha señalado. El viceconsejero también ha puesto en valor la aportación de editoriales, traductores, librerías, críticos y lectores, y ha defendido la literatura como “una herramienta para conocer otras realidades y comprender mejor el mundo que nos rodea”, capaz de fomentar la reflexión y el diálogo para crecer como sociedad.

En la modalidad de Literatura en Castellano, el premio ha recaído en la poeta, traductora y profesora donostiarra Eli Tolaretxipi por su poemario 'Cuerpos pasajeros', publicado por Ediciones Trea. El jurado ha destacado la calidad del lenguaje y el ritmo de una obra con trasfondo metafísico que combina reflexión e imaginación a través de imágenes sugerentes de raíz surrealista vinculadas a la realidad cotidiana. Tolaretxipi, autora de libros como 'Amor muerto-Naturaleza muerta' o 'Clapotis', cuenta además con una consolidada trayectoria como traductora al castellano de creadoras como Sylvia Plath y Elizabeth Bishop.

El premio de Traducción Literaria al Euskera ha sido para Matias Mujika Franco de Medinaceli por su trabajo con la 'Odisea', editada por Balea Zuria. El jurado ha definido el volumen como una “traducción monumental de uno de los monumentos más grandes de la literatura universal” y ha ensalzado su precisión lingüística, sus recursos métricos y rítmicos y su conocimiento de los clásicos vascos. Licenciado en Filología Clásica, Mujika ya recibió este mismo galardón en 2017 por su traducción de François Villon. En esta ocasión, además, incorpora en el prólogo una reflexión sobre el propio proceso de traducción.

En Ensayo en Castellano, el periodista y escritor Mikel Ayestaran ha sido reconocido por 'Historias de Gaza: la vida entre guerras', publicado por la editorial Península. El jurado ha valorado la combinación del rigor periodístico con una narración de calidad literaria para construir una obra unitaria a partir de experiencias individuales. Ayestaran, especializado en Oriente Medio y corresponsal desde Estambul para el grupo Vocento y EiTB, además de cofundador de 5W, ofrece en el libro una mirada reflexiva y ética centrada en la resistencia cotidiana de las personas frente al conflicto.

Por su parte, el premio de Ensayo en Euskera ha correspondido al poeta, dramaturgo y doctor en Antropología Jon Gerediaga Goitia por 'Izena eta izana: (hitz poetikoari buruz)', publicado por Pamiela. El jurado ha definido al autor bilbaíno como un artesano de la palabra y ha destacado su capacidad para explorar el poder del lenguaje poético a través de reflexiones sobre la identidad, el tiempo, la muerte, el amor y la existencia. Gerediaga, profesor de Filosofía en la ikastola Lauro y ganador en 2024 del Premio Euskadi de Literatura en Euskera por 'Zeru-lur liburua', consigue involucrar al lector en el proceso de construcción del significado.

La entrega oficial de los galardones tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Museo Vasco en Bilbao. La ceremonia reunirá a las personas premiadas en las siete categorías de esta edición de los Premios Euskadi de Literatura 2026. Cada galardonado recibirá una dotación económica de 18.000 euros, a la que se añadirán otros 4.000 euros si la obra se publica en otro idioma.

ELA y LAB han exigido al Gobierno vasco que presione a la patronal vasca Confebask para que se siente con los sindicatos a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi, más elevado que en el resto del Estado, concretamente de 1.500 euros. Ambos sindicatos han considerado que el Ejecutivo vasco no puede seguir manteniendo la “equidistancia” en este tema, y que debe asumir “un liderazgo” para que los empresarios no bloqueen la negociación, y también, que dejen de “avalar” a una patronal que no cumple con su obligación de negociar.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntxa, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, han mantenido este miércoles un encuentro -juntos- con el lehendakari Imanol Pradales y con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, para pedir al Ejecutivo esta presión a la patronal en sector privado, aunque ambas centrales, junto con CCOO y UGT, mantienen también un conflicto abierto con el Gobierno vasco, en este caso como empleador, en la negociación de las condiciones laborales de los funcionarios y de la subida salarial para este colectivo.

Además de la presión sobre Confebask, ambos dirigentes sindicales han puesto sobre la mesa la necesidad de que se defienda que Euskadi pueda decidir un SMI propio dentro de la defensa del autogobierno y han pedido al Gobierno “determinación política” para conseguirlo. Estos sindicatos llevaron una ILP al Parlamento Vasco en este sentido, y los partidos del Gobierno PNV-PSE-EE vetaron que se tramitara. También llevaron a cabo una huelga general el 17 de marzo. “El Gobierno vasco no puede seguir poniéndose de perfil”, han señalado,

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha recordado que Confebask se ha negado a negociar con los sindicatos el tema del salario mínimo “tres veces consecutivas”. “Esta es la patronal que tenemos”, ha señalado. Precisamente, por considerar que con esta negativa los empresarios están incumpliendo su obligación de negociar,  han reclamado al Gobierno que “no siga financiando a una patronal que no cumple su función y su deber de negociar”. En este sentido, ha pedido que se paralice la Ley de Participación Institucional “que lo que va a hacer es normalizar y naturalizar que haya una mesa de diálogo social en la que se sientan sindicatos que no llegan al 30% de representación y se financie a Confebask por participar en mesas que no hay contenido”, ha dicho Lakuntza.

“Esta es la paradoja: en aquellas mesas de negociación donde se debería estar hablando de cuestiones y materias específicas y concretas, la patronal no va, y en aquellas donde evidentemente no hay ningún tipo de contenido, es donde Confebask se sienta. El Gobierno no puede naturalizar esa situación y lo que tiene que hacer es en este caso, es dejar sin efecto la iniciativa de una ley de participación institucional que quiere eso seguir sobre financiando y naturalizando una posición de la patronal”. “Confebask recibe un premio, incluso cuando incumple sus obligaciones más básicas. Esto demuestra al servicio de qué intereses trabaja el Gobierno vasco”, ha denunciado el líder de ELA, que ha señalado que han salido del encuentro con Pradales y Torres sin haber escuchado lo que les gustaría, pero que han demandado el encuentro dentro de su función de “presionar” al Ejecutivo.

Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, ha considerado que “el tiempo de la equidistancia ya ha pasado”. “No se puede seguir escudando en la autonomía de las partes en la negociación colectiva para no intervenir y para no interpelar, y mandarle un mensaje muy claro a Confebask. Aquí el único responsable de la falta de negociación es Confebask y el Gobierno de Imanol Pradales no puede seguir dando por buena esta actitud”, ha manifestado. También ha exigido al Gobierno “una posición mucho más clara” para defender el SMI propio superior al estatal como forma de “esa necesidad de ensanchar el autogobierno en un tema que es crucial para mejorar la vida de miles y miles de trabajadores y sobre todo trabajadoras del país”. “Así como en otros temas sí que vemos que suele haber voluntad para hablar de la necesidad de ampliar el autogobierno, en esta cuestión troncal para las trabajadoras no vemos que exista esa determinación política. Eso tiene que cambiar. Esperamos que tengan una actitud mucho más proactiva que la que han mostrado hasta el momento para trabajar a favor de un SMI propio, porque es una reivindicación que es de derecho, que es de justicia social y que, además, es totalmente viable tal y como lo estamos planteando por parte de los sindicatos”, ha señalado la coordinadora general de LAB.

Conflicto en el sector público

Aunque el encuentro de este martes se ha restringido, al menos públicamente, al SMI propio de 1.500 euros, los sindicatos mantienen en estos momentos un conflicto abierto con el Gobierno vasco como empleador, por las condiciones laborales de los empleados públicos, en el que el sindicato LAB ya ha considerado que se hará necesaria una huelga tras la reunión de la Mesa de la Función Pública celebrada este pasado martes, en el que ni siquiera se entró a garantizar la subida del 4,5%, al depender de las decisiones que marque Madrid. De hecho, el Ejecutivo precisó que está condicionado por el límite general que establece la normativa estatal para el conjunto del sector público, aunque mostró su compromiso de asumir el máximo incremento que establece el Estado (4,5%) siempre y cuando se apruebe en la regulación que permita llevar a cabo este incremento.

“Son imprescindibles las huelgas y movilizaciones, ante la falta de voluntad de negociar del Gobierno en la Mesa General de la Función Pública”, señaló LAB tras el encuentro, que la consideró “mero trámite”. “El Gobierno vasco solo ha querido utilizarla para dar curso a algunos documentos sobre presupuestos, ayudas sindicales y contrato de relevo por jubilación, según la lista de temas que envió”, criticaban desde LAB tras el encuentro.

De igual forma, ELA denunciaba que el Gobierno vasco “no garantiza” la subida salarial del 4,5% para 2027 anunciada por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, cuando, a su juicio, debería ser del 7%, además del IPC de 2026. Pedía, además, medidas para recuperar el poder adquisitivo, reducir “la temporalidad del 43%” y recuperar los servicios públicos privatizados. Desde ELA enviarán a los partidos propuestas para que se valore incluir en los presupuestos autonómicos ese incremento del 7% en la subida de los empleados públicos.

También CCOO ha considerado que es necesario que la subida sea superior al 4,5%, “igual que se ha hecho ya en otros sectores dependientes del Gobierno vasco, para adaptar las retribuciones del personal público de Euskadi a su contexto socioeconómico, realizando subidas superiores”. “Dado que el IPC ya está por encima de ese 4,5%, de esta manera se evitaría la pérdida de poder adquisitivo este año”, añadían desde el sindicato.

UGT exigió que se ponga en marcha “sin más demoras” del contrato de relevo, que “lleva demasiado tiempo paralizado y hay muchas personas esperando”, así como medidas propias para Euskadi que defiendan el poder adquisitivo de las plantillas de la administración pública. En este sentido, criticaron que el anteproyecto de Ley de Presupuestos presentado a la Mesa General “no incluye importes ni anexos, lo que impide valorarlo con rigor”, y han añadido que “la escasa información aportada impulsa a valorarlo como un borrador continuista, restrictivo y poco ambicioso”.

Una llamada ha marcado un antes y un después en la asociación Alokairu. Antes de que el resto de la población se enterara de que el Gobierno vasco comprará las 510 viviendas de Benta Berri a la filial del 'fondo buitre' Blackstone Testa Homes, el Ejecutivo les adelantó la primicia. Antxon Pro, vicepresidente de la asociación de Benta Berri, donde residen unas 1.700 personas, le ha contado a este medio que se encuentran “satisfechos” con el resultado de la negociación. Ha destacado la “voluntad política” que ha habido detrás del acuerdo. Ha añadido que un “político”, por el consejero Denis Itxaso, del PSE-EE, ha cumplido con lo que les dijo.

El consejero de Vivienda ha comparecido este miércoles y ha confesado que se ha tratado de una negociación “compleja”, que ha requerido meses de trabajo arduo tanto para él como para su viceconsejero, Miguel de los Toyos, y para su jefe de gabinete, Patxi Arratibel. Itxaso ha explicado que, por el momento, se ha firmado un “memorandum de entendimiento” con Testa Homes, mientras que el acuerdo de compraventa definitivo se espera para finales de este año.

¿En qué consiste? Se necesitarán 100 millones de dinero público para adquirir el vuelo de esas viviendas, porque el suelo ya era de la Administración desde el origen. Había un riesgo real de que en 2028 esas viviendas perdieron la calificación de protegidas, porque son previas a la ley de 2003 que hizo indefinidos este tipo de inmuebles. Ahora residen allí familias que pagan alquileres controlados de entre 600 y 900 euros mensuales.

El pago de los 100 millones de euros se hará por plazos y estará completado en 2028, aunque todavía no se han podido concretar las fechas. De esa cantidad, 31 millones los aportará el Ministerio de Vivienda, Por su parte, Testa Homes, la entidad vinculada a Blackstone, ha explicado a este medio que la compra por parte del Gobierno vasco acaba con una singularidad: tanto el terreno como los inmuebles pasarán a tener un único propietario.

La promoción nació en 1994, se puso en marcha en 1998, pasó de Metrovacesa y Vallehermoso a Merlin y luego ya a la filial de Blackstone. Estos titulares tienen concedido el uso del derecho de superficie hasta 2069 y ya en 2028 sin restricciones, es decir, como si fueran viviendas libres. La compraventa permite incorporar de forma inmediata las viviendas al parque público de Euskadi, sin esperar a 2069 y evitando el riesgo de desahucios del que habían alertado los vecinos.

Aunque se ha mostrado en contra de negociar con fondos buitre, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, que mantiene tensiones constantes con el consejero Itxaso, igualmente donostiarra, también ha aplaudido la decisión. Pero se ha limitado a felicitar a los suyos: “Me alegra muchísimo de que el Gobierno vasco, liderado por el lehendakari Pradales, haya traído a Donostia una solución clara y concreta”. PNV y PSE-EE gobiernan en coalición en Euskadi pero, desde 2016, los socialistas dirigen Vivienda.

No obstante, también ha querido recordar “la unidad” de todos los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento, que han participado en la petición formal al Gobierno vasco para buscar una solución ante la posibilidad de que 1.700 personas fueran desahuciadas. El primer edil ha agradecido la “paciencia y la confianza” que los vecinos de Benta Berri han depositado en las instituciones vascas.

Itxaso, de su lado, ha destacado la “determinación y exigencia” que ha mantenido la asociación Alokairu y también le ha agradecido su “paciencia y confianza”. “Nunca dejaron de ser exigentes, pero nos dejaron trabajar”, ha declarado. Durante los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre, Vivienda mantendrá reuniones con Alokairu y la vecindad de Benta Berri.

Según el consejero, esa relación de confianza ha contribuido a mejorar las condiciones de la negociación con el fondo buitre: “Cuando un Gobierno está en apuros, negocia peor”. También ha asegurado haber encontrado un ambiente positivo y colaborativo con Testa Homes, y ha señalado que las primeras negociaciones, desarrolladas en “buen tono”, ayudaron a generar confianza entre los vecinos de Benta Berri.

En la misma línea que el alcalde respecto a las negociaciones con los fondos buitre, Stop Desahucios ha felicitado a la vecindad de Benta Berri por haber conseguido su objetivo tras su “largo periodo de lucha, organización y movilizaciones constante”. La plataforma considera que sus reivindicaciones han garantizado “la estabilidad de sus contratos”. Por su parte, Rosa García, portavoz de Stop Desahucios en Gipuzkoa, ha confesado a este medio estar “contentísima” con la decisión y ha destacado el dato, mencionado también por Itxaso, de que esta es la mayor compra de viviendas que se ha llevado a cabo en el Estado español.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha comparecido este miércoles por vez primera después de que, hace ya cinco días, la Ertzaintza informara de la detención por delitos de “terrorismo” de dos personas vinculadas con la organización Jarki, disidentes abertzales. El máximo responsable político de la Policía vasca ha defendido el no arresto del hombre y de la mujer ahora encarcelados, de 34 y 22 años, respectivamente, cuando fueron identificados, a finales de septiembre, en un control de carretera. Fueron puestos a disposición judicial cuando ellos mismos se entregaron este fin de semana.

“La Ertzaintza lo que ha hecho es garantizar los derechos de todas las personas, solicitar a la Audiencia Nacional [en referencia al Tribunal Central de Instancia] la autorización correspondiente para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la justicia los indicios que ha encontrado y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente”, ha explicado Zupiria desde el palacio de Ajuria Enea tras participar en el acto de toma posesión de su nueva compañera de gabinete Cristina González. Ha añadido que en ese momento no estaban cometiendo un delito 'in fraganti' que justificase la medida restrictiva de derechos.

La operación se desató en la madrugada del 26 de septiembre. La Ertzaintza, en un control de carretera, paró un Toyota amarillo en la zona de Eskoriatza, en Gipuzkoa. Iban tres personas, los dos detenidos, conductora y copiloto, y un tercero, de nacionalidad irlandesa y presuntamente relacionado con la disidencia de la banda terrorista extinta IRA. La información oficial indica que portaban mapas de zulos de ETA, en plural, y están acusados de manejo de armas y explosivos, sin que se conozca si esos depósitos han sido localizados o no. También que venían de ver uno de ellos en Navarra con dispositivos de comunicación no rastreables. Llevaban consigo también, siempre según los datos policiales y judiciales, documentación de policías y guardiaciviles —como un dispositivo completo clonado— y fotografías de “entrenamientos” para perpretar supuestas acciones violentas. Mucho de ese material estaba “encriptado” y se ha ido descifrando en los últimos días.

Según Zupiria, es la autoridad judicial la que ha fijado la etiqueta de “terrorismo”. El consejero ha dicho que Jarki, que forma parte de la coordinadora Jardun, al igual que Aske, es una organización “alegal”. “No se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos. Por tanto, hay mucha información sobre estas organizaciones que no es conocida públicamente. Insisto en una idea de la importancia de deslegitimar y condenar el uso de la violencia y su justificación, en cualquier caso, como lo hemos hecho estos dos años [desde que accedió al cargo] y como lo viene haciendo el Gobierno desde hace quince cuando ETA se disolvió”, ha indicado el responsable de Seguridad. Estos hechos han coincidido precisamente con el aniversario.

“Yo no voy a decir más de lo que dice el auto de la Audiencia Nacional. Lo que sí voy a recordar es que el Gobierno vasco, desde que hace quince años se produjo la disolución de ETA, lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y se deslegitime el uso de la violencia y la justificación del uso de la violencia. Este Gobierno, que lleva dos años funcionando, también creo que ha repetido insistentemente ante cualquier hecho violento que se ha producido en nuestra comunidad, la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia y de su explicación o legitimación. Creo que es un buen momento para volverlo a recordar”, ha insistido.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación, ahora tutelada por el instructor del Tribunal Central de Instancia Antonio Piña y por el fiscal Vicente González Mota. Según Zupiria, la Policía vasca comunicó en la misma noche del 26 de septiembre los datos que disponía a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, los investigados estaban fichados al menos por Italia y Francia, según los datos que han trascendido, a causa de conductas de riesgo para la “seguridad nacional”.

El Gobierno vasco ha decidido intervenir en el mercado de la vivienda en Donostia con una inversión próxima a los 100 millones de euros para retener en el parque público 510 viviendas de alquiler social construidas con la normativa previa a 2003 y que en 2028 iban a perder la calificación, es decir, iban a pasar a ser libres. Por diferentes movimientos, habían acabado en manos de una filial del fondo Blackstone y es la operación de este tipo de mayor calado en España.

La compra equivale a un 15% del presupuesto total de Vivienda para 2026, unos 600 millones, y sigue a otra operación anunciada en verano para comprar por 5,7 millones 100 viviendas del banco vasco Kutxabank.

La promoción de Benta Berri, donde residen del entorno de 1.700 personas en total, es de mediados de la década de 1990. Se adjudicó a Metrovacesa y Vallehermoso. Luego pasó a manos de Merlin y finalmente recayó en Testa Homes, una filial de Blackstone. Dice el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, que levantar un bloque para alojar a tantas familias tendría un coste similar, por lo que merece la pena el gasto. “Se quedan. Es un acuerdo histórico. Es un éxito colectivo”, ha promocionado en sus redes sociales Itxaso, que comparecerá de urgencia este miércoles para dar los detalles del plan.

En paralelo, el Gobierno vasco prepara una modificación legislativa a través de los presupuestos de 2027 para hacer que todas las casas previas a 2003 no pierdan a los treinta años la calificación si están en zonas tensionadas. Por esta vía se han perdido del orden de 55.000 pisos protegidos y todavía quedan algunos en riesgo hasta 2033.

El caso de Benta Berri había motivado ya movilizaciones. Algunas familias estaban recibiendo ya cartas de no renovación. Un alquiler libre en la misma zona de Donostia podría dispararse a 1.600 euros, cuando ahora está entre 600 y 900, lo que podrá perpetuarse ahora. Habían recibido cartas de no renovación de los contratos por parte de la propiedad. Significativamente, Blackstone era titular solamente del vuelo y no del suelo, ya que era una operación en derecho de superficie. Las parcelas siempre han sido públicas.

La celebración de Asteklima 2026, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi —impulsada anualmente por el Gobierno Vasco junto al Ente Vasco de la Energía (EVE) e Ihobe— nos brinda una oportunidad excelente para reflexionar sobre los avances en viabilidad ecológica, pero también para abordar de frente un problema creciente: la intoxicación del debate público. Coincidiendo con el Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra el 24 de octubre, es imperativo analizar cómo la conversación sobre la crisis climática en nuestro territorio se ha trasladado a un embarrado campo de batalla digital.

En los últimos tiempos, las redes sociales en Euskadi se han inundado de narrativas desinformativas, bulos flagrantes y montajes hiperrealistas generados por Inteligencia Artificial. Estas polémicas, a menudo amplificadas de forma artificial por algoritmos, no buscan el debate científico, sino sembrar la duda y la desconfianza allí donde la ciencia ya ha construido certezas incontestables. Combatir esta manipulación es hoy tan urgente como reducir las propias emisiones.

La manipulación informativa no es, ni mucho menos, un invento exclusivo de este siglo XXI saturado de pantallas. Si echamos la vista atrás, el sensacionalismo y el amarillismo mediático de los años ochenta ya retorcían la realidad con un objetivo de negocio evidente: vender más ejemplares en los quioscos y arañar unas décimas de rating en los informativos de televisión mediante el escándalo, la exageración y el morbo. Sin embargo, aquellas viejas mentiras impresas o televisadas operaban bajo límites físicos, lógicos y temporales muy claros.

La desinformación contemporánea, en cambio, se mueve bajo dinámicas infinitamente más peligrosas. Los bulos ecológicos actuales ya no aspiran únicamente a una rentabilidad económica directa a corto plazo, sino a alimentar un ecosistema de negacionismo sistémico y retardismo político. Esta corriente arremete con fuerza contra el consenso científico y contra el propio sentido común. Para colmo, la irrupción masiva de la Inteligencia Artificial ha puesto en manos de cualquier persona anónima herramientas accesibles capaces de clonar voces, manipular fotografías y multiplicar de forma geométrica la mentira ambiental en cuestión de segundos.

Un ejemplo perfecto y sumamente ilustrativo de esta preocupante deriva tecnológica ocurrió a finales de 2024 en el malecón de Zarautz, en Gipuzkoa. Un vídeo generado íntegramente mediante software de IA, en el que una supuesta ola gigante de proporciones bíblicas arrastraba violentamente a varios concejales y representantes políticos durante un acto público, se difundió de forma masiva a través de grupos de WhatsApp y cuentas de la red social X. El creador del metraje confesó posteriormente que su intención original había sido meramente lúdica, orientada a “echar unas risas” dentro de un chat privado de amigos. Sin embargo, los mecanismos de viralización convirtieron el chiste en una incontrolable bola de nieve digital que muchos usuarios dieron por verídica.

Lo grave del asunto es que el contexto real del evento era diametralmente opuesto a la ficción creada: el Gobierno Vasco y el consistorio local se habían reunido en ese preciso punto para presentar una ambiciosa remodelación de las defensas costeras del municipio. Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa europea LIFE IP Urban Klima 2050, el mayor plan de acción climática de Euskadi, diseñado precisamente para mitigar los impactos reales de la subida del nivel del mar y la erosión en nuestro litoral. Aquella aparente broma tecnológica no solo ridiculizó innecesariamente a unos representantes públicos, sino que consiguió algo mucho más dañino: banalizó el riesgo físico del cambio climático y desvió la atención social de un proyecto técnico y científico crucial para la supervivencia de nuestra infraestructura costera.

Esta encarnizada “guerra de datos” y relatos se traslada con idéntica fuerza desde el salitre de la costa hasta el asfalto y el hormigón de nuestros centros urbanos a través de la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta normativa estatal y europea afecta de manera directa a las localidades vascas de más de 50.000 habitantes: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Barakaldo, Getxo e Irún. En las tres provincias, los debates vecinales y políticos se han visto intoxicados de forma sistemática por el mito del “cierre total” de las ciudades y por la propagación de teorías que acusan a las corporaciones locales de guiarse exclusivamente por un afán recaudatorio y fiscal. Es innegable que existen preocupaciones legítimas y debates socioeconómicos de calado.

Por ejemplo, algunas agrupaciones de comerciantes expresan miedos fundados ante la posibilidad de que las restricciones de tráfico ahuyenten a clientes potenciales de otros municipios colindantes que carecen de alternativas eficientes de transporte público y dependen obligatoriamente del vehículo privado para desplazarse a realizar sus compras. Sin embargo, la desinformación prospera precisamente ahí: instrumentaliza ese malestar y esa incertidumbre económica para propagar datos falsos y ocultar los indicadores positivos de salud pública. Las mediciones oficiales de los consistorios que ya han dado pasos firmes en la peatonalización revelan realidades contundentes, como la reducción de hasta un 33% en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) en los núcleos urbanos regulados, al mismo tiempo que diversos estudios independientes apuntan a una revitalización paralela del comercio de proximidad.

También es habitual cada verano ver cómo se viralizan tablas climáticas descontextualizadas de las décadas de los 40 y 50 que muestran picos de calor extremos en estaciones meteorológicas históricas como las de Sondika o Foronda. Quienes comparten estos recortes pretenden argumentar falsamente que “en Euskadi siempre ha hecho el mismo calor en verano” y que la crisis climática es una invención exagerada. Con ello, confunden de manera deliberada la meteorología -un evento aislado en el tiempo- con la climatología, que analiza las tendencias globales y sostenidas de calentamiento que los científicos llevan décadas documentando en nuestro entorno.

De hecho, según el informe sobre el Estado del Clima en Euskadi del Gobierno Vasco, desde 1970 la temperatura media en nuestra comunidad ha aumentado a un ritmo constante de 0,3 °C por década. El reciente verano de 2026 se ha convertido en el más cálido registrado en Euskadi desde que se tienen registros fiables, superando con creces los anteriores máximos establecidos en 2022 y 2023. La temperatura media de los meses de junio, julio y agosto se situó 3,2 °C por encima de lo habitual.

Ante esta auténtica epidemia de desinformación, las herramientas tradicionales del periodismo riguroso, la validación de la comunidad científica, el contraste exhaustivo de las fuentes de información y la responsabilidad crítica individual se erigen como las únicas vacunas verdaderamente eficaces de las que disponemos.

El Gobierno vasco ha realizado este martes un llamamiento a quienes no han reconocido “el sinsentido de la violencia” tras ETA a que se sumen “con valentía, sinceridad y determinación” al camino de la convivencia y los valores democráticos. En una declaración institucional con motivo del quince aniversario del fin de la actividad de ETA, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE reconoce que “queda mucho camino por recorrer” y que hay quien “permanece atrincherado en viejos parámetros y mantiene con la sociedad una deuda moral que no prescribe”. “Este aniversario nos ofrece la oportunidad de hacer un llamamiento a estas personas”, ha señalado la portavoz María Ubarretxena, que ha leído la declaración tras el Consejo de Gobierno.

Ubarretxena, que ha destacado que “la convivencia y la reconciliación se deben fundamentar en bases sólidas, valores compartidos, una actitud honesta de reconocimiento y reparación del daño causado y una sincera empatía con las víctimas”, ha recordado a las personas “asesinadas, secuestradas, coaccionadas o amenazadas” porque, “bajo una aparente normalidad, persiste un dolor escondido que debe salir a la luz, que necesita ser visto, escuchado y reconocido”. “Muchas personas se sienten olvidadas y no pueden superar el trauma provocado por la violencia padecida. Otras siguen sin ser conscientes de que han sufrido una vulneración de sus derechos fundamentales, de que, por tanto, son víctimas. El Gobierno no las olvida y vamos a seguir trabajando para escuchar y asistir a estas víctimas, para contribuir a que vean cubiertos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, ha señalado.

Este aniversario llega precedido precisamente de la detención por parte de la Ertzaintza de dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, que están siendo investigados por delitos de “terrorismo” y que ya han sido trasladados este martes a Madrid al hacerse cargo del caso el juez instructor Antonio Piña del Tribunal Central de Instancia, la nueva denominación de la Audiencia Nacional. Ubarretxena ha señalado respecto a estas detenciones que “como sociedad no se puede dar un paso atrás”, aunque no ha querido dar más detalles para “respetar la declaración de estas personas y lo que decida el juez” al respecto.

En la declaración institucional, el Gobierno vasco reconoce que este aniversario del fin de ETA es un día de “recuerdo y de celebración”. “Recordamos a las víctimas de la violencia, las personas asesinadas, secuestradas, coaccionadas o amenazadas. Celebramos el final de la espiral de violencia y terrorismo que solo genera dolor, sufrimiento y muerte”, ha leído. Recuerda, en este sentido que “desde hace quince años nadie se siente amenazado por defender sus ideas”. “Hemos demostrado que somos capaces de dirimir nuestras discrepancias políticas con las herramientas del diálogo y el acuerdo. Celebramos los primeros quince años de vida en democracia y libertad desde el golpe de Estado y el estallido de la Guerra Civil hace noventa años”, señala.

Recuerda, además, que estos quince años han sido de avances normativos, asistenciales y de desarrollo de políticas públicas de memoria y derechos humanos. “Estas políticas han procurado ayudar a las víctimas a ser reconocidas, visibilizadas y escuchadas. Nos han permitido, también, ampliar la mirada y reconocer el sufrimiento generado por otras violencias y otro tipo de vulneraciones de los Derechos Humanos. Estos quince años muchas personas han asumido el sinsentido de la violencia, han recorrido un camino genuino hacia posiciones democráticas de respeto y reconocimiento de la pluralidad”, ha señalado la portavoz.

Tras reconocer que “queda mucho camino por recorrer”, indica que el Gobierno “mira al futuro”. “La memoria es un deber social, institucional y político. Memoria para reconocer el sufrimiento de las víctimas y Memoria para compartir una lectura moral del pasado ante las vulneraciones de Derechos Humanos que hemos conocido y padecido”, señala. En este sentido, reafirma el compromiso del Ejecutivo “con unas políticas públicas que ayuden a la sociedad vasca a mirar su pasado de frente”. “Recordamos el dolor generado, para que se asuma que el recurso a la violencia con fines políticos nunca puede ser el camino. Para que se comprenda que la violencia solo genera más violencia y dolor”, ha continuado.

Por otra parte, recuerda que la declaración institucional se aprueba en el marco del noventa aniversario del primer Gobierno vasco. “Un ejemplo de dignidad, lealtad democrática y compromiso con los derechos humanos”, ha apostillado. Y que se aprueba en un tiempo y un contexto global “en el que se vuelve a justificar el uso de la fuerza, se banaliza la violencia y se imponen discursos de odio y deshumanización del diferente”. “Nuestro pasado debe servirnos de antídoto contra esta deriva. El compromiso del Gobierno vasco es transmitir lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, seguir contribuyendo a fortalecer la convivencia, los valores democráticos y la libertad”, ha concluido.

Los fondos europeos del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) han elevado en 1,3 puntos el PIB vasco y han generado 10.000 empleos, según la valoración del Gobierno vasco. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, del que depende la gestión de estos fondos, ha hecho un balance del proceso de cierre de este programa de ayudas, que se pusieron en marcha en la Unión Europea para superar el impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19. Torres ha indicado que han movilizado en Euskadi 4.694 millones de euros y han alcanzado a 30.409 beneficiarios, a fecha de finalización del periodo de ejecución de los fondos marcada por el Gobierno de España el 30 de junio de 2026. De esa cuantía, 1.307 millones han sido gestionados por el Gobierno vasco, 2.918 millones proceden de convocatorias de gestión estatal y otros 469 millones corresponden a convocatorias gestionadas por otras comunidades autónomas que han repercutido en Euskadi.

En su intervención en comisión parlamentaria, Torres ha subrayado que estos fondos “han contribuido de forma significativa a la modernización del tejido productivo vasco y al refuerzo de su resiliencia económica, acelerando la recuperación tras la pandemia y apoyando la transición hacia un modelo más sostenible, innovador y competitivo”, y ha destacado el elevado nivel de ejecución en Euskadi. De los 1.307 millones de euros recibidos por el Gobierno vasco, se han comprometido 1.269 millones, lo que supone que el 97% de los recursos ya está asignado a proyectos y se ha ejecutado un 87,1%, lo que equivale a 1.106 millones de euros. “La combinación de un alto nivel de ejecución financiera y un elevado grado de cumplimiento de los objetivos refuerza la posición de Euskadi como una de las administraciones con mayor capacidad para transformar recursos europeos en resultados tangibles para la ciudadanía y el tejido económico”, ha señalado. Este nivel de ejecución ha aumentado en 62 millones de euros desde finales de 2025, algo que ha recordado que es “especialmente relevante porque se concentra en ámbitos estratégicos para la competitividad, la cohesión social y la modernización de los servicios públicos”. En cuanto al dinero no adjudicado, los remanentes, ha señalado que sólo se han devuelto 24 millones, y el resto está pendiente determinar si puede utilizarse.

En lo que se refiere a su distribución por territorios, los fondos adjudicados ascienden a 1.972,8 millones de euros en Bizkaia, 1.363,3 millones en Gipuzkoa y 874 millones en Álava. A ellos se añaden 512 millones vinculados a proyectos con impacto directo en Euskadi cuya territorialización resulta más compleja. El Gobierno autonómico también ha transferido directamente 313,6 millones de euros a diputaciones forales, ayuntamientos y otros organismos públicos para desarrollar actuaciones vinculadas al plan de recuperación. De esta cantidad, 91,4 millones han llegado a ayuntamientos y entidades locales y 86,8 millones a entidades públicas como la EHU, Visesa o Tuvisa, entre otras ha detallado.

Torres ha puesto en valor la participación de las empresas y entidades vascas en los PERTE —proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica— que se han convocado: “Además de gestionar eficazmente los recursos transferidos, nuestras empresas, centros tecnológicos, universidades y entidades han demostrado una notable capacidad competitiva para concurrir y obtener financiación en convocatorias estatales en abierta competencia”. De hecho, Euskadi ha captado cerca de 1.580 millones de euros mediante los diferentes programas, el 7,5% de los 21.138 millones adjudicados en el conjunto del Estado. De esta cantidad, 304,2 millones proceden de convocatorias gestionadas por el Gobierno vasco y 1.275,6 millones han sido obtenidos directamente por empresas y entidades vascas en convocatorias estatales competitivas, es decir, el 8,1% del total estatal.

Los PERTE con mayor impacto económico en Euskadi son el del vehículo eléctrico y conectado, con 623 millones de euros, el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, con 353 millones, y el de descarbonización industrial, con 165 millones. Desde el cierre de 2025, las empresas y entidades vascas han incrementado en 76 millones los recursos captados a través de estos instrumentos.

La liquidación definitiva del mecanismo continúa pendiente, por lo que las cifras todavía podrían experimentar algunos ajustes durante el proceso final de verificación, certificación y validación, ha recordado Torres. “Los datos ponen de manifiesto que Euskadi ha sabido aprovechar una oportunidad histórica. Hemos alcanzado elevados niveles de ejecución, mantenemos un sólido grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos, hemos reforzado nuestra capacidad de captar recursos en las convocatorias más competitivas y hemos logrado que el impacto de estos fondos llegue a todo el territorio y a miles de beneficiarios”, ha concluido.

Desde la oposición, la parlamentaria de EH Bildu, Lamia Arcas, ha pedido que se conozca bien el destino de las inversiones y el uso de los remanentes, así como qué va a pasar con los proyectos puestos en marcha cuando se acabe la financiación extraordinaria europea. Mientras tanto, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha cuestionado que no se hagan informes de evaluación independiente del resultado de estos fondos, y ha señalado que una cosa es “financiar inversiones y otra aumentar la capacidad productiva”. Torres se ha comprometido a realizar dos informes de cierre del programa en el que se actualizarán todos los detalles.

Cinco meses después de la propuesta del Ayuntamiento de Donostia, el Gobierno vasco finalmente ha aprobado este martes la aceptación de la cesión gratuita de una parcela municipal en Txomin Enea para construir el nuevo centro de salud de Loiola. Con este trámite queda formalizada la donación acordada por el Gobierno local donostiarra. La nueva infraestructura buscará dar respuesta al crecimiento urbanístico y demográfico de la zona, mejorando la atención sanitaria de los vecinos de Loiola y Martutene.

Esta actuación está incluida en el plan de infraestructuras de Osakidetza para el período 2025-2032 y también fue una de las propuestas del Pacto Vasco de Salud, la mesa que se creó en 2024 para mejorar la Sanidad vasca. Se invertirá 9,4 millones de euros en la construcción del centro y en la compra del equipamiento sanitario. El edificio se levantará en el centro de Txomin Enea, a medio camino entre Loiola y Martutene, sobre una parcela de 3.307 metros cuadrados.

Aunque se se esté oficializando en este momento la cesión, lo cierto es que las obras del ambulatorio comenzaron en enero y tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Está previsto que el centro entre en funcionamiento en 2028 y atienda alrededor de 17.000 personas. Para ello, el edificio contará con cuatro plantas destinadas a los servicios de atención primaria. En Medicina de Familia habrá 11 consultas médicas y 10 de enfermería, mientras que el área de Pediatría dispondrá de tres consultas médicas y dos de enfermería. También contará con dos consultas de Atención a la Mujer, dos de Fisioterapia con gimnasio y seis puestos individuales para tareas administrativas.

Además, el centro dispondrá de una sala de curas, una sala de extracciones, otra para pruebas complementarias, una sala de urgencias y un espacio para actividades grupales. El proyecto también contempla despachos para la actividad investigadora del instituto de investigación sanitaria Biogipuzkoa y para la unidad docente. Por su parte, la tercera planta del edificio se destinará íntegramente a un centro de adicciones.

El Gobierno vasco no se considera competente para tratar el incremento de los ruidos en el entorno del aeropuerto de Loiu debido al mayor tráfico de aviones, que se ha constatado este verano. La parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, ha preguntado al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del que depende Medio Ambiente, si el Ejecutivo ha realizado “alguna medida o actuación dirigida a proteger de perjuicios a la ciudadanía y a evaluar o minimizar el impacto acústico” dado que el Gobierno forma parte de la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto de Bilbao. Sin embargo, el consejero señala en su respuesta que, según lo “contemplado en la normativa de ruidos, recae en los titulares de las infraestructuras elaborar los mapas de ruido y, en su caso, adoptar las medidas que se consideren oportunas”. Es decir, en este caso Aena, que es el organismo del Gobierno central del que depende el aeropuerto.

A lo largo de este verano se han incrementado los vuelos sobre zonas densamente pobladas del Gran Bilbao al autorizarse a algunos aviones a modificar sus rutas habituales. El consejero señala en la respuesta que ha remitido al Parlamento Vasco que el Gobierno vasco no estaba al corriente de este aumento de vuelos por zonas pobladas, y señala que la comisión de seguimiento ambiental del aeropuerto de Loiu se contempla en el apartado 5.1 de la Resolución de 29 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Ampliación del Aeropuerto de Bilbao, en el marco de las actuaciones a realizar para la ejecución del Plan de Aislamiento Acústico.

En esta resolución, se contempla precisamente que ante la existencia de edificaciones afectadas acústicamente por la actividad del aeropuerto, el promotor elaborará un plan de aislamiento acústico de su entorno. Y señala que las isófonas -las áreas afectadas por la presión sonora- serán revisadas cada cinco años, “o cuando se produzcan modificaciones relevantes, sostenidas y acreditadas en alguno de los factores determinantes de dichas isófonas”.

La parlamentaria de EH Bildu pregunta a Jauregi si el Gobierno vasco “ha trasladado a Aena, Enaire o al Ministerio de Transportes y Sostenibilidad alguna solicitud, observación o queja acerca del incremento de operaciones realizadas sobre Getxo, Barakaldo, Sestao o Bilbao”, pero el consejero asegura que su departamento “no ha recibido, a lo largo del año 2026, comunicación, observación o queja alguna en relación con las molestias por ruido que se pudieran derivar de las operaciones realizadas en el aeropuerto de Loiu, por lo que no ha podido trasladar nada al respecto a ninguna entidad”.

En esa Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto de Bilbao y sus efectos sobre el medioambiente está presente, además de un representante del Gobierno vasco, otro de la diputación foral y de los municipios afectados, además de dos representantes del área de Medio Ambiente del Gobierno central y dos representantes de Aena.

El pasado mes de julio el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Loiu aprobó nuevas actuaciones de insonorización en 24 viviendas adicionales de la zona. En total se han insonorizado, o están en fase de ejecución, 2.468 viviendas y el censo actual de viviendas con derecho a solicitar insonorización es de 2.781, si bien todavía 193 no había solicitado el aislamiento acústico en ese mes, según informó Aena a la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este jueves la orden del Gobierno vasco para que Erandio sea declarada zona tensionada, con lo que se inicia ya la última fase del proceso. Culminará cuando el Ministerio lo incluya en el registro de municipios tensionados y aparezca como tal en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida da esperanzas a los vecinos del barrio de 'Los Ocho' ya que la declaración de zona tensionada impediría que tuvieran que abandonar las casas en las que viven de alquiler, como les ha exigido el fondo Mosaic, que ahora es el dueño y quiere vender las viviendas, ya que una de las medidas que contempla la legislación es la prórroga extraordinaria de los contratos.

La orden del Gobierno vasco que publica este jueves el BOPV se firmó por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, el pasado día 5 de octubre, una semana después de que anunciara que había dado orden a su equipo para que se acelerara el proceso lo máximo posible, ya que el Ayuntamiento no presentó la solicitud y documentación al Gobierno vasco para la solicitud hasta el pasado 26 de agosto, y son procesos que suelen llevar varios meses. En cualquier caso, la declaración ya en firme y a todos los efectos para poder topar o intervenir sobre los alquileres depende del Ministerio de Vivienda, que suele actualizar el registro de zonas tensionadas cada tres meses, por lo que probablemente no entrará en vigor hasta el mes de enero con su publicación.

A partir de mañana viernes se abre un periodo información pública durante un plazo de veinte días hábiles en el que las personas interesadas podrán presentar cuantas alegaciones consideren convenientes. Ese mismo periodo es el que tiene también el Ayuntamiento de Erandio si quiere alegar.

La aprobación por parte del Gobierno vasco significa que Erandio cumple las condiciones para ser zona tensionada y que ha entregado la documentación que lo acredite. Según se recoge en el BOPV, en la memoria se justifica el cumplimiento de los dos criterios legales para la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado. Por un lado, se considera acreditado el cumplimiento referente al incremento del precio de compraventa por encima del 22,4%, ya que en los últimos cinco años, con la información estadística disponible, se ha experimentado un aumento del 22,6 %. En segundo término se acredita se acredita el cumplimiento del requisito de que el esfuerzo financiero que deben realizar los hogares para afrontar el pago de la vivienda supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares, situándose en el 31,8%, según los datos resultantes del informe del Observatorio Vasco de Vivienda de abril de 2025. “De acuerdo con la justificación presentada se pone de manifiesto el cumplimiento de dos de los criterios legales exigidos para la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionada”, se incide.

Por otra parte, en lo que al plan específico de medidas que se propone desarrollar respecta, durante los tres años de vigencia de la zona tensionada, “se considera que se ha presentado un plan de vivienda viable y adecuado para revertir los desequilibrios puestos de manifiesto en la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado”.

La declaración como zona tensionada supone con carácter general topar los alquileres, ya que el tope de subida estará ligado al índice de revalorización de alquileres, que ahora está en el 2,54%. También se posibilita la posibilidad de prórroga durante tres años del contrato en las mismas condiciones que el anterior cuando finalice después de cinco años. Además, en los nuevos contratos se limitará el precio del alquiler, que no podrá superar la renta del último contrato. Es decir, no podrá subirse el precio de la mensualidad aprovechado el cambio de inquilino. La excepción que marca la legislación permite incrementar los contratos en un 10% en alquileres de más de 10 años o para mejoras relacionadas con la rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad de la vivienda. Los precios de los contratos que los pisos alquilados por grandes tenedores -los que tienen cinco o más viviendas- y el precio del alquiler de los pisos que llevan más de cinco años sin alquilar o se alquilan por primera vez, estarán ligados al índice de precios de referencia.

La declaración de zona tensionada puede ser determinante para la resolución del conflicto que enfrenta a los vecinos de 'Los Ocho' y el fondo Mosaic, que se niega a renovar los contratos de alquiler porque lo que quiere es vender los pisos. La declaración de zona tensionada permitiría una prórroga de los contratos de alquiler al menos para los que finalicen una vez que ya esté en vigor, Unos cuantos están ya terminados desde finales de septiembre y principios de octubre, aunque, de momento, no tienen ninguna notificación de desahucio y siguen pagando sus alquikeres, ya que tienen el tema judicializado. En concreto 14 contratos de 120 afectados terminan antes de final de año.

Hodarribia pidió la declaración en mayo y mete prisa al Gobierno

Si el Gobierno vasco ha acelerado el proceso de declaración de zona tensionada en Erandio, el Ayuntamiento de Hondarribia también ha pedido al consejero Itxaso que “agilice” el procedimiento para declarar esta localidad guipuzcoana zona tensionada, ante el “riesgo” de desahucios en el municipio. El alcalde Igor Enparan, de Abotsanitz, ha solicitado por carta a Itxaso, que emita “con la mayor brevedad posible” la resolución para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado, con el fin de “anticiparse a las situaciones de riesgo que ya afectan a vecinos y vecinas del municipio y disponer cuanto antes de las medidas de protección necesarias para garantizar su derecho a la vivienda”.

Enparan ha advertido de que “también hay vecinos y vecinas de Hondarribia que se encuentran en riesgo de perder su vivienda” y, frente a ello, “es necesario actuar de forma preventiva y activar cuanto antes las herramientas que las administraciones públicas tienen a su alcance”. Además, ha subrayado que la declaración de Hondarribia como zona tensionada constituye una “herramienta importante” para “proteger el derecho a la vivienda, así como para prevenir futuras situaciones de pérdida de vivienda y posibles desahucios”.

Según ha recordado, el pleno municipal aprobó en abril el Plan de Acción para la declaración de Hondarribia como zona tensionada de mercado residencial y en mayo remitió toda la documentación al Gobierno asco. “Desde entonces, el Ayuntamiento continúa a la espera de la resolución”, ha señalado.

Con el objetivo de “reconocer el talento” del país, aunque con alguna metedura de pata ortográfica, el Gobierno vasco inaugura el otoño anunciando a los ganadores de la edición anual de los Premios Euskadi de Literatura. El viceconsejero, Andoni Iturbe, y la directora de Promoción Cultural, Ana López, han presentado los premios este miércoles en Tabakalera, en Donostia. Los galardonados son Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta y Kike Ibáñez.

Iturbe ha aplaudido el trabajo de estos autores, que contribuyen “a formar lectores y lectoras con espíritu crítico, capaces de descubrir nuevas voces que aportan nuevos aspectos para la reflexión”. Además del reconocimiento del Gobierno vasco, los ganadores reciben una dotación de 18.000 euros, a la que se suman otros 4.000 si la obra está traducida a otra lengua.

El Premio de Literatura en Euskera ha recaído en Ixiar Rozas (Lasarte-Oria, 1972) por su obra 'Narrugorrik'. En este proyecto, en el que prima la poesía, la autora ha trabajado durante casi tres décadas. Rozas ha explicado que ha querido plasmar sus reflexiones sobre “la vulnerabilidad de aquellos vulnerables en las guerras mundiales” y también en el entorno más cercano. El jurado ha definido su reflexión sobre si escuchamos en esta sociedad como una “exploración” que juega con “experiencias sensoriales entre el cuerpo y la naturaleza”, y ha destacado su “apuesta rompedora”, nutrida de la tradición vasca.

Yolanda Arrieta (Etxebarri, 1963) se ha llevado el Premio de Literatura Infantil y Juvenil en Euskera por su obra 'Zurtz'. La historia sigue la vida de Kati, una chica “curiosa” que carga con “su sentimiento de horfandaz” —el error es textual en la documentación oficial en castellano—, hasta que su vida da un vuelco al conocer a su tío abuelo Gari. Arrieta ha compartido que llevaba tiempo pensando en la palabra “huérfano” y ha reflexionado sobre cómo “da igual tener o no padres”. “Todos nos sentimos huérfanos en un momento u otro”, cree. El jurado ha valorado la novela por sus “personajes insólitos y variados”, así como por su estructura fragmentada, construida a través de cartas y citas literarias que la “enriquecen”. También ha destacado la capacidad de Arrieta para tratar con sensibilidad temas como la soledad o la pérdida “sin caer en el sentimentalismo”.

Por último, Kike Ibáñez (Donostia, 1980) ha ganado el Premio de Ilustración de Obra Literaria por 'El diablo sobre ruedas'. La obra, protagonizada por Lucía Fernanda, que adora desplazarse en bicicleta, cuenta una historia cargada de humor negro. De camino a una fiesta de carnaval, “el tráfico y la irresponsabilidad de los conductores” hacen que el relato se vuelva “loco y fantástico”. El jurado ha defendido que se trata de una “muestra extraordinaria de calidad tanto artística como narrativa”. Con un “estilo fresco, atrevido e innovador”, Ibáñez construye una historia dramática entre el “caos y el orden” desde una perspectiva inesperada.

Los Premios Euskadi de Literatura cuentan con siete modalidades. El próximo 21 de octubre se darán a conocer los ganadores de las cuatro restantes: Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano. La entrega formal de los premios tendrá lugar el 20 de noviembre en el Museo Vasco, cuando se celebrará la redacción exquisita, incluso cuando alguna palabra se resiste a escribirse correctamente.

Una familia con cinco hijos ha sido desahuciada este martes de su casa en el barrio de Zabala, en Bilbao, pese a que se trata de personas vulnerables y que carecen de alternativa habitacional, según ha denunciado la plataforma PAH Sendia, que asegura que “se quedan en la calle”. El desahucio se ha ejecutado tras la autorización de una sala de lo civil del Tribunal de Instancia, que ha rechazado sus recursos. Pese a que ya se ha ejecutado el lanzamiento este martes a las 10.30, el juzgado ha enviado una providencia hoy mismo, con fecha de entrega este miércoles día 14, para que en el plazo de cinco días se acredite que se trata de una familia vulnerable. Viviendas Municipales de Bilbao ha rechazado también concederles una casa pública.

El de esta familia ha sido un 'desahucio silencioso', es decir, sin concentraciones frente a la casa, ni cámaras, ni publicidad, por expreso deseo de la familia, “como los muchos que hay cada día desde hace años”, señala Rosa de la Fuente, portavoz de la plataforma, que llama la atención de que el juzgado no haya paralizado el desahucio, o al menos prorrogado el tiempo, y que ahora, ya “a toro pasado” pida más documentación para acreditar si es la familia vulnerable. “Si no lo tenía claro, podía haber prorrogado la decisión del lanzamiento para no dejarlos en la calle”, dice. De la Fuente denuncia que el juzgado no haya aplicado el 'decreto Maricamen', que entró en vigor el pasado día 8 de octubre, tras publicarse en el BOE, y que ya está sirviendo para que se suspendan otros lanzamientos que estaban en curso por ser familias vulnerables las que habitaban la vivienda.

La familia residía en esta casa desde hace once años, sin que haya fallado en los pagos de los alquileres, hasta que en el mes de marzo del año pasado, el propietario “que es rentista, aunque no se sabe cuántas propiedades tiene”, dicen desde la plataforma, les comunicó que tras finalizar el contrato debían abandonar la vivienda. Posteriormente, cambió el número de cuenta para que no pudieran seguir pagando el alquiler, según han denunciado desde la plataforma. Esto ha supuesto que acumulen una deuda de seis meses de alquiler, y la demanda de desahucio incluyera como motivos para el lanzamiento la finalización del contrato y el impago de las rentas, pese a que “no se trata de que no quisieran pagar, sino que no tenían dónde hacerlo”, señala Rosa de la Fuente. Pese a que se trata de una familia que cobra el Ingreso Mínimo Vital y ayudas al alquiler, el informe de servicios sociales, que según la plataforma “no se ha hecho de forma correcta, ya que incluso recoge que es deudora hipotecaria pese a que son inquilinos”, no ha servido para paralizar el desahucio, sino “para apuntalarlo”. Tampoco han fructificado las gestiones de la plataforma para que se les conceda un piso municipal público y evitar que se queden en la calle.

Pese a que en un principio parecía que se iba a paralizar el desahucio, finalmente el viernes les comunicaron que se procedería al mismo. “Justo a las puertas del puente festivo, sin dejar margen para buscar soluciones”, denuncian. La familia recogió la noche del lunes todo lo que pudo de la vivienda y salió de la que había sido su casa durante once años para repartirse en casas de familiares y amigos al carecer de alternativa habitacional. Rosa de la Fuente denuncia que el juez no haya aplicado el 'decreto Maricarmen' para impedir echar a la familia. “Ahora pide que se acredite la vulnerabilidad, y en eso estamos. Pero si tenía dudas de si eran vulnerables, o no, lo lógico era impedir el desahucio”.

Gracias a las gestiones de esta plataforma se ha conseguido paralizar otros dos desahucios este mismo mes: El de una mujer y su bebé, el pasado, viernes, 2 de octubre, en los Juzgados de Bilbao y el de Santurtzi, de una pareja con sus tres hijas menores, el lunes día 5 de octubre de 2026, en los Juzgados de Barakaldo. No obstante advierten de que no se trata de un problema nuevo, pese a que ahora se ha puesto de actualidad. “Llevamos 20 años en tensión continua”, denuncian.

El pasado 6 de octubre se produjo el desalojo de una vecina del barrio de Atxuri de Bilbao del piso en el que lleva viviendo de alquiler desde hace diez años y que pertenece a Alokabide, sociedad pública del Gobierno vasco. También era un desalojo que había autorizado el juzgado porque al parecer, y según denunció el Ejecutivo era una persona que “tenía que pagar una renta muy baja y acumula una deuda muy alta” por llevar varios años sin pagar pese a tener recursos para ello. Si embargo, unos días antes, el 28 de septiembre el juzgado paralizó el lanzamiento previsto de una mujer que ocupa una vivienda municipal de Bilbao y a cuyo contrato había finalizado.

Supongo a la consejera de Educación del Gobierno Vasco preocupada, como si fuera Alicia, la protagonista de la segunda obra de Lewis Carroll, meditando cómo debe ser el mundo al otro lado del espejo de su casa. Y no es para menos, dados los enormes chaparrones recibidos desde este comienzo de curso escolar 2026-2027. Es de suponer que a la “nueva Alicia” le gustaría poder atravesar ese mágico espejo y observar con nervios el futuro de su Departamento. 

Un futuro incierto, porque la gestión desarrollada en estos años es cada vez más confusa, errática y genera desconfianza en propios —el conjunto de sus trabajadoras y trabajadores— y extraños —la propia sociedad vasca—. En el primer caso, la falta de seriedad en la aplicación de los acuerdos firmados en los distintos convenios está agotando la paciencia de los sindicatos de enseñanza. Lentitud, reinterpretación de lo escrito, encadenamiento de reuniones maratonianas con escasos avances reales son algunas de las principales quejas que no sirven sino para tensar unas relaciones nunca demasiado distendidas. 

En el caso de la sociedad vasca, el asombro está dejando vía libre a la indignación. En el escaso tiempo transcurrido de este nuevo curso, al menos dos medidas adoptadas por el Departamento de la “otra Alicia” han provocado comentarios desalentadores para las y los dirigentes de Lakua. El primero de ellos vino tras conocerse la noticia del incremento presupuestario que la Consejería de Educación destinaba a los centros educativos concertados: 15 millones de euros más, para alcanzar la cifra total de algo más de 322 millones, un 4,9% más para este ejercicio, con respecto al curso 25/26. Este dato se complementa con el del crecimiento de aulas de centros privados que se conciertan (48 unidades más) con una subida porcentual del 1,39%. Si no fuese suficiente, el problema se acentúa con la incapacidad de la consejera de eliminar el cobro de cuotas de mantenimiento a las familias, que los centros concertados aplican, aunque se comprometió a llevar a cabo hace ya más de un curso.  

Y, lejos de minimizar el problema, este aumenta cuando se relaciona con el cierre traumático de centros públicos (4 en Bizkaia, este último curso), bajo el argumento de la baja tasa de natalidad que viene sufriendo la sociedad vasca desde hace ya más de un quinquenio. Nunca como hasta ahora se había observado con tanta claridad el decantamiento en el trato dedicado por la administración vasca en favor de una de las dos redes educativas, la concertada. Es así muy recomendable recordar las palabras de Tony Judt ('Algo va mal', Santillana, 2011) al referirse a los bienes públicos, del que la Educación es una referencia ineludible: “Si los servicios públicos se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual”.

Volviendo a la novela de Carroll, da la impresión de que la consejera se encuentra cómoda, moviéndose entre el absurdo y la lógica de decisiones que provocan continuas reacciones de protesta, pero que, aparentemente, no tuercen en absoluto su apuesta por este sector privado. 

La segunda noticia del Departamento de Educación tiene que ver con los resultados obtenidos por el alumnado vasco en el informe PISA 2025. Para ello cambiaré de espejo, abandonando con tristeza a nuestra agradable Alicia para sustituirla por el agente Fred Leiser, en la novela “El espejo de los espías”, inactivo espía británico en plena Guerra Fría, de escaso nivel educativo y nostálgico de la guerra europea.  

Comparto la valoración de quienes consideran PISA una herramienta que proporciona datos relevantes sobre una forma concreta de educar, una visión específica de entender la educación; la evaluación de la OCDE valora competencias del alumnado que demanda un mercado laboral capitalista, creando futuros trabajadores/as perfectamente alineados para un tipo de sociedad concreto. Este esquema queda alejado —por no decir enfrentado— a otro tipo de formación más humana, generadora de pensamiento crítico, políticamente comprometida con la democracia participativa y constructora de sociedades más solidarias. Es por ello que subscribo las palabras de Xavier Besalú al definir el nuevo capitalismo con el que convive la educación: “El nuevo capitalismo propugna un modelo de persona ente todo flexible y adaptable; individualista e independiente de los demás, sin proyectos a medio y largo plazo, porque lo único que importa es el presente y el futuro más inmediato, sin ataduras con el pasado, que constituirían sólo un estorbo, y sin hipotecas de futuro, que lo podrían condicionar todo”.

No obstante, como explican EsadeEcPol y Save The Children en su informe conjunto sobre PISA, como sistema de evaluación mundial, cada vez más gobiernos se involucran en este proceso (91 países, más de 760.000 jóvenes de 15 años), los datos de 2025 —además de indicar el valor estándar en matemáticas, lectura y ciencias— también diagnostican el estado de equidad o igualdad de oportunidades en la Educación, una cuestión que permite explorar sobre el famoso ascensor social atribuido al aprendizaje escolar. Lamentablemente, tampoco en este apartado los datos vascos consiguen cambiar el sentido decadente manifestado en pruebas anteriores y que lo han relegado a las últimas posiciones del listado español de CC.AA.  

John Lecarré plantea, de forma sarcástica, en “El espejo de los espías” la necesidad de recuperar el prestigio de un departamento de inteligencia diezmado investigando rumores sobre misiles soviéticos en la frontera alemana. Valga la metáfora para entender los intentos ímprobos de la Consejería que dirige Begoña Pedrosa por anticiparse a los datos de PISA con una intervención que pretendía celebrar los resultados de la última evaluación diagnóstica, datos que no eran tan buenos y que tan solo presentaban una mejoría en competencia lectora, especialmente en el alumnado que estudiaba en su lengua materna. Sin embargo, nada se hizo público, por ejemplo, sobre los desastrosos resultados de Euskadi en la prueba PIRLS 2016 (medición de la compresión lectora en alumnado de 4º de Primaria), ni de otras evaluaciones diagnósticas, poco afortunadas.  

Por cierto, desde entonces, Euskadi no ha vuelto a participar en PIRLS y se ha debido esperar a PISA para que el Departamento se vaya visto compelido a mover alguna ficha concreta con los planes específicos de lectura.  

Francisco Luna —una autoridad en la evaluación educativa, conocedor de las continuas pruebas de todo tipo realizadas, desde varios años atrás— recordaba recientemente que el sistema educativo vasco no va bien y poco —o nada— se ha intentado hasta la fecha para variar su tendencia: “… se presentan multitud de planes y proyectos con títulos enfáticos (estrategia integral para la mejora, plan estratégico integral para la transformación de la escuela pública…)” que no se evalúan, cuyos resultados se desconocen o que no transforman de forma evidente las carencias detectadas. 

La consejera también podría colocarse ante el espejo mágico que los hermanos Grimm atribuyen a la madrastra de Blancanieves, aunque en este caso, debería cambiar la célebre, pero narcisista pregunta por otra que le pudiera arrojar más luz ante el cariz deprimente en el que está inmerso su Departamento. Sugiero algunas de ellas: “Espejo, espejito mágico, dime una cosa ¿Qué podemos hacer para salir de una vez por todas del pozo en el que ha entrado nuestra educación? ¿A quién debemos dirigirnos para que cambie la actual tendencia? ¿Conoces algún programa/proyecto que haya dado buenos resultados y podamos implementar? ¿Tendremos que modificar la política lingüística a la que hemos dedicado tanto esfuerzo humano y económico? ¿Hasta cuándo podremos mantener el argumento de la sobreexposición a las pantallas como una de las justificaciones del deterioro de nuestros jóvenes? 

Los espejos de Alicia, Fred Leiser o la reina malvada de Blancanieves no son la solución. El único espejo al que el Departamento debería prestar atención es el que señalaba Josep Fontana en su obra 'Europa ante el espejo' (Crítica, 1994). Este maestro de historiadores/as señala las principales lagunas y malas enseñanzas de la historia del continente y para ello planteaba la siguiente reflexión: “Necesitamos salir de la galería de los espejos deformantes en que está atrapada nuestra cultura. Sólo entonces podremos empezar a estudiar las sociedades humanas en el gran libro del mundo y emprender la tarea de desmontar esa visión lineal del curso de la historia que interpreta mecánicamente cada cambio como una mejora, cada nueva etapa como un progreso…”. Atención, consejera, cuidado con los espejos deformantes, porque acaban distorsionando la realidad. Deberemos cambiar nuestra manera de ver y entender las cosas, aunque no sea fácil.  

Marina Garcés ('Escuela de aprendices', Galaxia Gutenberg, 2020) plantea también un espejo en el que no queremos mirarnos, con preguntas temerarias como “¿de qué sirve saber, cuando no sabemos cómo vivir? o ¿para qué aprender, cuando no podemos imaginar el futuro? Según la autora necesitamos preguntarnos como sociedad ¿para qué queremos ser educados? Y añado ¿tendrá la consejera la respuesta?

El Gobierno vasco ha aprobado este martes una dotación de 100 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de crédito para que las empresas puedan realizar inversiones estratégicas a través del programa Indartuz. Los créditos a las empresas podrán llegar hasta los dos millones de euros para las empresas y 250.000 euros para los autónomos. En función de la demanda la dotación podrá aumentarse de los 100 millones actuales hasta 350.000, según ha señalado el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou.

La nueva línea de crédito está dirigido a pymes y empresas que podrán tener hasta 500 empleados y 100 millones de euros de facturación, además de trabajadores autónomos. Serán préstamos a un plazo máximo de diez años, con hasta dos años de carencia opcional. Además, no tendrán comisiones ni costes adicionales y permitirán la amortización anticipada sin penalización. El tipo de interés estará limitado al Euríbor a seis meses más un diferencial máximo del 0,75%. Los préstamos tendrán el aval de Elkargi y el Gobierno vasco subvencionará íntegramente la comisión anual de ese aval, del 0,75% anual, reduciendo el coste financiero para las empresas beneficiarias. Además, destinará a Elkargi 8,5 millones de euros para hacer frente a posibles morosidades.

En cuanto a las inversiones que se podrán financiar serán las actuaciones destinadas a incrementar la capacidad productiva, implantar nuevas líneas de negocio, favorecer la internacionalización o impulsar la relocalización industrial. También se incluyen inversiones dirigidas a la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la economía circular, la descarbonización de procesos productivos o la incorporación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, microelectrónica o computación cuántica. El consejero ha recordado en este sentido que en ningún caso estos créditos podrán destinarse a la reestructuración de la deuda.

Además de Elkargi y el Gobierno vasco el programa está abierto ahora a las entidades que quieran adherirse al programa, dentro del marco de la Alianza Financiera Vasca, en la que está incluido esta línea de créditos.

D'Anjou ha destacado que con la iniciativa se busca facilitar que las empresas dispongan de financiación en condiciones favorables para acometer inversiones estratégicas que contribuyan a fortalecer la competitividad, generar empleo y consolidar el posicionamiento de Euskadi como referente europeo en innovación e industria avanzada, y ha puesto en valor la colaboración público privada que suponen estos avales.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco informará directamente a las víctimas acerca de los permisos penitenciarios que se conceden a los reclusos, una medida adoptada ante la constatación de que el sistema de anterior, basado en las comunicación a las asociaciones de damnificados, era “inadecuado” ante la falta de transmisión de avisos a las víctimas, en algunos casos, y “la filtración de aspectos sensibles y protegidos” de algunos expedientes.

Con el objetivo de implementar el nuevo sistema, el Ejecutivo autonómico ha habilitado un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que quien lo desee pueda recibir la información que legalmente le corresponde de forma personalizada y “con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos”, según ha informado el propio Gobierno vasco en un comunicado que recoge Europa Press.

La decisión supone un cambio en el criterio aplicable a la notificación de los permisos penitenciarios. A partir de ahora, las comunicaciones se harán atendiendo al derecho de las víctimas a ser informadas directamente por parte del Gobierno vasco, de manera individualizada. Esta modificación busca compatibilizar el derecho de las víctimas a recibir información relevante con una gestión “más eficiente y homogénea” de las comunicaciones, según ha indicado el Departamento de Justicia.

Según ha recordado, hasta este momento se avisaba de estos permisos mediante la comunicación de las resoluciones a las asociaciones de víctimas, con el fin de que estas pudieran hacer llegar a sus asociados con antelación la existencia de resoluciones que les afectaran emocionalmente. Además, ha explicado que se ha comprobado que este método es “inadecuado” por la falta de transmisión de los avisos a las víctimas, en algún caso, y por “la filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes” en otros casos. La modificación no implica alteración alguna de los derechos reconocidos a las víctimas, que continuarán siendo informadas en aquellos supuestos legalmente previstos, y siempre que ellas lo deseen.

Asimismo, se mantiene el compromiso institucional de protección, atención y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso. A partir de este momento, cualquier víctima que desee ser informada de los permisos penitenciarios en los casos previstos por la ley, puede solicitarlo directamente al Gobierno vasco a través de los canales habilitados para ello: el teléfono 945 01 66 28 y el correo electrónico atencionvictimas@euskadi.eus. La Dirección de Atención a Víctimas le atenderá de forma personalizada, resolverá sus dudas y le facilitará la información que legalmente le corresponda recibir, “siempre con las debidas garantías de confidencialidad y protección de sus datos”, se informa.

“Intento de obstaculizar”

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que el Gobierno vasco “cierra el acceso a la información penitenciaria a las asociaciones de víctimas para obstaculizar la fiscalización de su política con los presos de ETA”. En un comunicado, la presidenta, Consuelo Ordóñez, ha criticado la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de “dejar de comunicar las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas”. Para el colectivo, esta medida constituye “un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo”, además, de “un intento de obstaculizar nuestra legítima denuncia pública de la política penitenciaria que está llevando a cabo ese Ejecutivo autonómico”.

Ordóñez ha criticado que el Gobierno vasco “utilice su obligación de informar directamente a las víctimas (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) como excusa para dejar de informar también a las asociaciones que las representan”. “Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer”, ha subrayado. La presidenta de Covite ha incidido en que “esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos”. “Ambos canales son compatibles y complementarios”, ha opinado.

A juicio de Covite, resulta “especialmente grave que el Departamento justifique su decisión atribuyendo a las asociaciones falta de transmisión de información y filtración de aspectos protegidos de los expedientes, sin identificar en su nota los hechos concretos ni las entidades a las que se refiere”.

Según Ordóñez, “no pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información”. “Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten”, ha afirmado, para subrayar a continuación que, “lo que resulta inaceptable es desacreditar públicamente a quienes defendemos a las víctimas para justificar una decisión que dificulta nuestro trabajo”. Ordóñez ha señalado que el Gobierno vasco “culpa” a Covite “de que algunas víctimas no hayan recibido información, cuando es su obligación garantizar que la reciban” y cuando, además, algunas “víctimas, también las que no están asociadas, se están enterando de sus decisiones penitenciarias gracias a nuestras denuncias públicas”.

“Es una contradicción absoluta: nos acusan de no informar y al mismo tiempo nos cierran el acceso a la información que nos permite hacerlo”, ha aseverado. Para Ordóñez, la medida adoptada por el Ejecutivo Vasco supone “una represalia contra la denuncia pública de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA que no han mostrado un arrepentimiento real y público”. Por otro lado, ha censurado que ha conocido esta decisión “por los medios de comunicación, sin que el Gobierno vasco se la haya comunicado directamente”. Finalmente, ha incidido en que la medida supone “un maltrato institucional a las víctimas y a las asociaciones que libremente han elegido para que las representen” y ha advertido al Gobierno vasco que no va a conseguir silenciarles cerrándoles el acceso a la información.

Desestimado el recurso de un preso

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso interpuesto por un preso que solicitaba la nulidad de la decisión administrativa de la dirección de Justicia del Gobierno vasco que acordó su traslado del centro penitenciario de Bizkaia (Basauri) al de Álava (Zaballa) para cumplir la pena. Según ha informado el Alto Tribunal vasco, el recluso pidió al TSJPV la anulación del traslado y argumentó, entre otras cuestiones, el “evidente efecto desocializador” que conllevaba su traslado a la prisión alavesa, ya que su núcleo familiar estrecho tenía que trasladarse para poder visitarle, “implicando un gravamen económico de muy difícil asunción”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia defendió la legalidad del acto impugnado y la desestimación del recurso alegando que la decisión estuvo debidamente motivada, que el ingreso inicial en el centro penitenciario de Bizkaia tenía “carácter provisional hasta la designación del centro de cumplimiento”, y que la capacidad de las instalaciones de la prisión vizcaína “determina que no pueda ser el centro de destino con todos los internos que lo solicitan” o que “mantengan vinculaciones con el entorno de Bizkaia”. El TSJPV ha rechazado finalmente las alegaciones del recurrente y ha recordado, en su resolución, que “no existe un derecho de los penados a elegir a su conveniencia un centro de cumplimiento”.

El tribunal ha añadido que, en este caso, la decisión de la dirección de Justicia que acordó su traslado se adoptó sobre la base del expediente de la junta de tratamiento del centro penitenciario vizcaíno. “En la medida que la propia decisión aquí impugnada se apoya en la previa decisión de la junta de tratamiento no cabe pues entender que se trate de una mera decisión arbitraria o carente de toda justificación”, afirma la sentencia.

El TSJPV también indica que las razones aducidas por el preso para cumplir la pena en la prisión vizcaína “se muestran un tanto endebles dada la cercanía entre ambos centros, lo que ”no constituye obstáculo de entidad ni para su posterior resocialización ni tampoco“ para mantener el contacto con sus familiares. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La selección vasca de pelota se va a estrenar la próxima semana en el Campeonato Mundial de este deporte, en una edición que se disputa en Argentina. El combinado vasco, que disputó sus primeros partidos como equipo oficial y diferenciado precisamente en las rondas clasificatorias para este torneo, estará representada por primera vez en esta cita internacional, con 41 deportistas que competirán en diversas modalidades, entre las que se incluyen mano y cesta punta.

La selección vasca tendrá representación en trece disciplinas: cesta punta en frontón de 54 metros masculina (Eñaut Urreisti, Jon Ibarluze, Unai Lekerikabeaskoa y Xabi Barandika) y femenina (Elaia Gogenola, Eneritz Lizardi, Maia Goikoetxea y Maite Ortiz de Mendívil), cesta punta en frontón de 36 metros masculina (Aritz Erkiaga y Ortzi Aldazabal) y femenina (Helena Barrenetxea y Maialen Aldazabal), mano en frontón de 36 metros masculina (Beñat Azketa, Beñat Garmendia, Ekhi Irribarria, Eñaut Lizeaga, Gaizka Carregal y Oier Elorz), paleta cuero en frontón de 36 metros masculina (Ander Landeta, Ibai Pérez, Iñaki Urrutia y Markel Sierra), paleta corta en frontón de 36 metros masculina (Jagoba Madariaga, Esteban Gaubeka, Iker Gordon e Imanol Ibañez), paleta goma en frontón de 30 metros masculina (Julen Loidi y Unai Sagarzazu) y femenina (Amaia Irazustabarrena y Nagore Martín), 'frontball' masculino (Julen Alberdi y Mikel Aurrekoetxea) y femenino (Miren Larrarte y Olatz Arrizabalaga), xare trinquete masculino (Oier Iturbe, Xuban Lopetegi y Markel Mugika) y parapelota masculina (Beñat Lizaso, Sergio Rodríguez, German Luis Elkoro y Edorta de Anta).

La selección tuvo su puesta de largo la pasada semana, en un acto celebrado en el frontón de la plaza de los Fueros de Vitoria. “La camiseta que vais a vestir no es una camiseta cualquiera; representa nuestros colores, nuestros valores, nuestra identidad de país, y lleva consigo ilusión, trabajo y la esperanza de muchas generaciones de pelotaris, pero también de no pelotaris. Lleva el orgullo de todo el país”, destacó en el acto Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística. Se encuentra precisamente en un viaje oficial por Argentina y Uruguay, que le permitirá asistir a la inauguración del torneo y reconocer a la selección con un recibimiento en el centro vasco Laurak Bat de Buenos Aires.

“Vais a representar a algo más que una selección, vais a representar a todo un pueblo, porque por primera vez vais a competir en un Campeonato del Mundo con el nombre de Euskadi, compitiendo oficialmente como la nación que somos”, alentó directamente la vicelehendakari a los jugadores. “Gracias a vuestro esfuerzo y al de muchas personas que os han precedido, el nombre de Euskadi estará presente en el mayor escenario internacional de la pelota vasca”, apostilló Bengoetxea.

Se da la circunstancia de que España es la vigente campeona, tras imponerse a Francia en la final de la edición de 2022, que se celebró en Biarritz. De hecho, España nunca ha quedado fuera del podio en ninguna de las diecinueve ediciones del Mundial que se han celebrado hasta la fecha: ha ganado en ocho ocasiones, quedado segunda en otras ocho y caído hasta el tercer lugar en solo tres. Unos cuantos jugadores que integran las listas de la selección española para el Mundial son vascos.

Las dos selecciones ya se midieron durante la Liga de Naciones de cesta punta disputada en mayo del año pasado en Gernika, que sirvió de clasificatorio para este Mundial. En junio, hubo un enfrentamiento de jai alai y unos meses después, en noviembre, hubo más partidos entre una selección y otra, en diferentes modalidades.

La oficialidad de las selecciones vascas en disciplinas de gran arraigo, como es el caso de la pelota, un deporte que lleva incluso el apellido 'vasca', se incorporó a la legislación estatal a raíz de los acuerdos alcanzados por el PNV con el Gobierno de España. En julio de 2024, el Gobierno vasco aportó unos datos que apuntaban a que 22 de las 48 federaciones deportivas vascas habían solicitado ya tener selecciones propias oficiales.

En cualquier caso, la Federación Española de Pelota emprendió acciones legales contra el reconocimiento de la selección vasca. Llegó a afirmar que los acuerdos de la asamblea de la Federación Internacional que habían permitido la oficialidad se habían alcanzado tras un procedimiento “irregular y opaco”. Un año después, en enero de este 2026, el Tribunal de Arbitraje Deportivo alegó que no tenía jurisdicción para resolver el asunto, lo que dejó vía libre para la participación de la selección vasca en competiciones internacionales como la que está a punto de inaugurarse en Argentina.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves instar al Gobierno vasco a “poner en marcha, junto con el sector y el resto de las instituciones un plan de adaptación al cambio climático para el sector agrario y ganadero”, con el fin de adelantarse a posibles situaciones de sequía como la vivida este verano. Esta medida, sin muchas más concreciones, se incluye en la enmienda a la totalidad presentada por PNV y PSE-EE a las mociones que se han debatido defendidas respectivamente por EH Bildu, sobre la adaptación al cambio climático de sector primario, y del PP, sobre la declaración de sequía, que han sido rechazadas por la Cámara.

Precisamente, este jueves, los agricultores y ganaderos se han concentrado en Vitoria ante el Gobierno vasco porque consideran insuficiente la respuesta que les está dando el Ejecutivo ante su situación. La moción de PNV y PSE-EE, que ha salido adelante solo con los votos de los partidos del Gobierno, y la abstención crítica de EH Bildu, también incluye pedir al Ejecutivo que trabaje para adelantar al 16 de octubre el anticipo de las ayudas de la PAC, de modo que los recursos lleguen antes a las explotaciones y contribuyan a aliviar la situación financiera del sector.

Además, se reconoce el compromiso del Gobierno vasco y el cumplimiento de este mediante la puesta en marcha de forma inmediata de ayudas por un importe superior a 5,9 millones de euros para paliar los efectos del cambio climático y de la crisis de Ormuz, reduciendo los plazos a través de la tramitación de oficio, siendo más ágil para los sectores agrario, ganadero y pesquero. Estas ayudas se anunciaron por parte de la consejera Amaia Barredo el pasado 3 de octubre, y también la consejera había adelantado la intención del Ejecutivo de poner en marcha el resto de las medidas.

Por otra parte, se pide seguir trabajando, junto con el resto de las comunidades autónomas y con el Ministerio, “en el impulso de medidas estructurales como la revisión de la zonificación climática que establece la consideración de zonas con limitaciones naturales, la revisión de las líneas de agroseguros y el apoyo a las inversiones destinadas a llevar agua a las explotaciones rurales, en el marco de un potencial fondo europeo adscrito a la Estrategia de Resiliencia Hídrica, con el objetivo de ayudar a las explotaciones a adaptarse mejor a los efectos del cambio climático”.

La enmienda de EH Bildu instaba al Gobierno a poner en marcha, “de forma urgente”, un plan de choque de adaptación al cambio climático para garantizar la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, se instaba al Gobierno a que su propuesta incida “directamente” en la posibilidad de acceso al agua, la diversificación de los cultivos y los contratos entre agricultores y ganaderos e incluir un fondo de compensación estable y paliatorio, con el fin de hacer frente a las pérdidas directas producidas por fenómenos climáticos extremos como la sequía. Por otra parte, se pedía que junto al sector se elaborara “conjuntamente una estrategia agroalimentaria basada en la soberanía alimentaria que garantice el incremento de la producción, la transformación, la comercialización y el consumo local justo y sostenible”. El parlamentario Mikel Díaz de Alda ha pedido un “pacto social para proteger el sector”.

El PP, por su parte, defendía ejecutar las obras hidráulicas pendientes, pagar las ayudas a la sequía antes del inicio de la nueva campaña agraria, hacer un seguimiento permanente de la disponibilidad de forrajes y realizar una nueva evaluación de las zonas de regadío, identificando las necesidades de modernización y mejora. La parlamentaria Ana Morales ha sido muy crítica con la falta de concreción del Ejecutivo sobre el momento en el que van a llegar al sector las ayudas anunciadas.

“Una limosna para acallar al sector”, dicen los sindicatos

El sindicato agroganadero EHNE se han concentrado este jueves frente al Gobierno vasco en Vitoria para exigir un “giro radical” de las políticas agrarias y un “plan de choque” contra la crisis climática. Además, ha criticado la “falta de sensibilidad” del Ejecutivo autonómico respecto a la situación del sector. En un manifiesto leído durante la concentración, los agricultores y ganaderos han recordado que la sequía “está teniendo influencia directa en la rentabilidad” de las explotaciones, ya que la falta de lluvias durante los últimos meses “ha provocado que la recogida de comida para el invierno haya sido la mitad de años anteriores, en el mejor de los casos”. “El pasto no ha crecido lo suficiente, dejando nuestros montes y fincas completamente abrasadas; y hemos tenido que empezar a alimentar al ganado con la comida recogida para el invierno o con piensos, en unos meses en los que, en situación normal, estarían paciendo en montes y fincas”, han señalado. Pese a ello, “desde el Gobierno no se ha querido reconocer dicha crisis, llegando incluso a alegar que debido a la lluviosa primavera se había recogido hierba suficiente”, han denunciado.

Respecto a las ayudas, de 5,9 millones de euros, han señalado que “más de medio millón (565.056) son ayudas extraordinarias por la crisis del estrecho de Ormuz. Por lo tanto, la ayuda total será de 4.958.469 euros. De esa partida, 430.650 euros van dirigidos a la Pesca para paliar los costes del gasoil. En definitiva, la cuantía real transferida por el Gobierno vasco para el sector agrario se traduce en apenas 1.600.000 euros por herrialde, una cifra menor respecto al esfuerzo presupuestario que realizan las Diputaciones Forales”, han denunciado. “Nos parece limosna para intentar contentar y acallar a nuestros baserritarras”.

Ante esta situación, han reclamado “un giro radical en las políticas agrarias” de Euskadi, para lo que ha subrayado la necesidad de “una reorientación del modelo”, un plan de choque contra la crisis climática, y la intervención pública “para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, garantizando precios dignos que cubran los costes de producción”. En la misma línea, han pedido “medidas reales, suficientes y eficaces” que permitan el desarrollo de explotaciones “viables”. A su vez, han demandado precios “justos” para garantizar el futuro del sector.

El Gobierno vasco ha revisado al alza el crecimiento de la economía pese a la incertidumbre internacional. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado este martes que el análisis de los datos disponibles hasta ahora permiten prever que la economía vasca experimentará un crecimiento del 2,2% en 2026, tres décimas por encima de la estimación anterior, y en el 1,9% en 2027, dos décimas por encima de las previsiones iniciales. La revisión responde principalmente a que el crecimiento registrado durante el segundo trimestre fue dos décimas superior al previsto hace tres meses, así como a la actualización de las perspectivas de las principales economías del entorno.

Son, eso sí, datos macroeconómicos, y que no tendrán una traslación inmediata y palpable a los bolsillos de los ciudadanos, que van a seguir sufriendo probablemente la escalada de precios sin correspondencia con el incremento de los salarios, pero el dato especialmente importante en este momento porque estas previsiones sientan las base sobre la que se empezarán a estructurar los presupuestos vascos para 2027 y un crecimiento al alza permite optar por cuentas más expansivas e inversoras.

En cualquier caso, Torres ha reconocido que “el escenario continúa sujeto a importantes elementos de incertidumbre vinculados a la situación internacional, los costes energéticos, la inflación y los tipos de interés”. Algo que puede echar por tierra cualquier previsión. Pero la realidad hoy en día es que “los datos disponibles muestran un crecimiento superior al previsto anteriormente, lo que permite revisar al alza las estimaciones para 2026 y 2027”, ha insistido. Eso sí, todo ello dentro de la “prudencia”.

La demanda y el consumo interno serán los que tirarán esencialmente del crecimiento económico. Torres ha resaltado que este consumo de los hogares estará respaldado por a creación de empleo, la previsión de que se produzca una recuperación acumulada de los salarios reales, y, por tanto, de la capacidad de ahorro de las familias. En lo que se refiere a la inversión empresarial, mantendrá tasas positivas, aunque se prevé una moderación progresiva debido a unas condiciones de financiación más exigentes y a la finalización de algunos proyectos vinculados a los fondos europeos.

Por sectores, los servicios continuarán siendo el sector con mayor aportación al crecimiento de la economía vasca, según las previsiones del Ejecutivo. La construcción mantendrá tasas positivas, aunque moderará su evolución. La industria registrará un crecimiento limitado en 2026. Hay que tener en cuenta que se trata del sector que estará más condicionado por el entorno exterior, plagado de incertidumbres, y los costes energéticos, sobre todo si se mantiene en cierre del estrecho de Ormuz. Pese a ello, el Ejecutivo cuenta con que se produzca una recuperación de ia industria vasca de forma gradual durante 2027, en función de la evolución de los mercados europeos, que es donde se dirigen la mayor parte de las ventas de la industria vasca.

Precisamente por la delicada situación internacional el sector exterior realizará una aportación negativa al crecimiento en 2026, con un limitado avance de las exportaciones y al aumento de las importaciones. Para 2027 se prevé una mejora progresiva, aunque su evolución continuará condicionada por los costes energéticos, la situación de las economías europeas y la capacidad exportadora de las empresas vascas.

Las previsiones apuntan a la creación de alrededor de 22.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo durante 2026 y 2027. Sin embargo, no se reducirá el paro debido al aumento de la población activa, relacionado principalmente con la incorporación de población de origen extranjero, según los datos que maneja el departamento. Esto llevará a situar la tasa de paro prevista para 2026 en el 6,8%, mientras que en 2027 se estima que la tasa descenderá hasta el 6,4%. A 30 de septiembre, 16.093 cotizantes a la Seguridad Social en Euskadi procedían de la regularización extraordinaria.