La Diputación de Gipuzkoa ha puesto en marcha, junto con los ayuntamientos de Donostia y Eibar, la primera agencia europea especializada en la evaluación de los cuidados y las políticas sociales, Agentzia. Más de 350 representantes de instituciones, entidades sociales, municipios, comunidades autónomas, universidades, agencias europeas de evaluación y organismos internacionales han participado este miércoles en la presentación de este proyecto.

La jornada ha contado con la colaboración de la European Social Network (ESN), principal red europea de servicios sociales públicos, y con la participación de su director ejecutivo, Alfonso Lara Montero, además de representantes de las agencias y organismos de evaluación de Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia, que han compartido algunas de las experiencias más avanzadas de Europa en materia de evaluación de la calidad de los servicios sociales, según recoge Europa Press.

En la apertura del acto de Tabakalera, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, acompañada de los alcaldes de Donostia, Jon Insausti, y Eibar, Jon Iraola, y de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, ha puesto en valor esta nueva herramienta para “abordar el mayor reto que tenemos en el ámbito de las políticas sociales: la sostenibilidad”. “Sin duda, con Agenzia damos un paso decisivo en la sostenibilidad de las políticas sociales”, ha subrayado, para añadir que el objetivo es avanzar “en la evaluación, que nos permitirá orientar las decisiones estratégicas sobre bases objetivas y no únicamente sobre percepciones”.

Mendoza ha defendido que Agentzia “ayudará a dar pasos realistas, factibles, garantistas y sostenibles” para seguir “apuntalando la transformación de los cuidados”, poniendo el foco “siempre” en la calidad de vida de las personas. Según ha explicado, “Agentzia desarrollará su actividad en torno a tres grandes funciones: evaluar para informar, proporcionando información objetiva, rigurosa e independiente sobre la calidad de los servicios; evaluar para mejorar, acompañando a profesionales, organizaciones y administraciones en un proceso continuo de innovación; y evaluar para decidir, aportando evidencia que contribuya a planificar y orientar las políticas sociales con mayor eficacia, transparencia e impacto”.

Para desarrollar este modelo, la Diputación ha trabajado junto con la European Social Network (ESN), diferentes entidades guipuzcoanas y organismos europeos especializados en evaluación en un proceso de aprendizaje que ha permitido adaptar al contexto de Gipuzkoa los estándares europeos de calidad promovidos por la ESN. Asimismo, Agentzia “diferenciará claramente las funciones de evaluación y de inspección”, ha explicado, para añadir que “mientras la inspección garantiza el cumplimiento de la normativa, la evaluación analizará el impacto de los servicios y de las políticas públicas e identificará oportunidades de mejora”.

Mendoza ha señalado que “la vocación europea de Agentzia ha dado un nuevo paso con la constitución de la Red Europea de Agencias de Evaluación de la Calidad en los Servicios Sociales”, impulsada por Gipuzkoa y formalizada este pasado martes durante un encuentro celebrado en el Palacio foral.

Junto a la diputada general y la diputada de Cuidados y Políticas Sociales Maite Peña, esta reunión congregó al director ejecutivo de la European Social Network (ESN), Alfonso Lara Montero, así como a representantes de agencias y organismos de evaluación de Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia, que compartieron sus experiencias y sentaron las bases de un espacio permanente de cooperación entre los principales organismos europeos especializados en evaluación de las políticas sociales.

El lehendakari Imanol Pradales inicia este martes la ronda de contactos con los diferentes partidos políticos para favorecer la “búsqueda de acuerdos” en los temas centrales del nuevo curso político, en un contexto que no será muy propicio para los pactos, ya que las diferentes formaciones han entrado ya de lleno en modo preelectoral y calientan motores para los comicios municipales y forales del mes de mayo, a la espera de que se convoquen las generales, que también serán el año que viene. De hecho, el PNV ha sido el primero en empezar a lanzar los nombres sus candidatos a las municipales, y EH Bildu está desvelando desde que arrancó septiembre sus opciones de cara a las forales.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la ronda de conversaciones, en la que se incluye también a los agentes sociales, parece que será más que nada una puesta en común del diagnóstico de cada partido sobre los temas que están sobre la mesa, entre los que, como anunció el lehendakari en el primer Consejo de Gobierno de finales de agosto, pesará mucho el componente económico en un momento de especial incertidumbre internacional, con los precios subiendo y con diversos sectores atravesando dificultades.

La ronda de contactos se abrirá el martes con Jon Hernández (Sumar), Javier de Andrés (PP), el mismo día 8. Al día siguiente se reunirá el lehendakari con Eneko Andueza (PSE-EE), Pello Otxandiano (EH Bildu) y Joseba Díez Antxustegi (PNV). La segunda fase de encuentros se llevarán a cabo con los agentes sociales. El día 11 arrancará con José Manuel López (UGT), y Santi Martínez (CCOO), mientras que el día 14 será el turno de Garbiñe Aranburu (LAB) y Mitxel Lakuntza (ELA). La reunión con Tamara Yagüe (Confebask) se celebrará el día 15.

Los encuentros se articularán en torno a tres ámbitos de trabajo: la situación económica, la ampliación del autogobierno vasco y la búsqueda de consensos en varias iniciativas relacionadas con la Vivienda, la Industria, la Economía y el euskera.

En el ámbito económico, el lehendakari quiere centrarse entre otras cuestiones en las perspectivas económicas para el crecimiento y el empleo en un contexto de aumento de la inflación. El pasado mes de agosto se cerró con un IPC del 4,3%, una subida que condicionará la negociación colectiva de este otoño, que puede volver a ser conflictivo, en un contexto de reclamaciones sindicales centradas en mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, que ven como sus salarios son cada vez más escasos para hacer frente a la subida de los precios, que van desde en encarecimiento de los productos del supermercado a la energía. Además, se analizarán los planes industriales puestos en marcha o las medidas adoptadas para ayudar a determinados sectores para afrontar esta crisis.

El lehendakari en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno de agosto se refería en concreto a las dificultades del primer sector en el que se ha sumado la pertinaz sequía de este verano a la subida de precios por el contexto internacional. Sin embargo, este es un sector, sobre todo el ganadero, en estos momentos en pie de guerra y estudiando movilizaciones contra el Gobierno después de que en la pasada reunión del departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca con representantes del sector se les anunciara que no habrá compra conjunta de forraje para minimizar el impacto de los precios.

En el tema del fortalecimiento y ampliación del autogobierno vasco, el lehendakari trasladará a los grupos las novedades sobre las negociaciones con el Gobierno español sobre las transferencias pendientes. Hasta el momento sigue sin haber una fecha fijada para la reunión entre Pradales y el presidente Pedro Sánchez, que ya se decidió aplazar “de común acuerdo” en julio al no registrarse avances en las materias que están pendientes. Sobre la mesa de las negociaciones sigue la transferencia de un nuevo paquete de la Seguridad Social (mutuas colaboradoras, la incapacidad temporal y las prestaciones contributivas), el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), y los Puertos de Bilbao y Pasaia que son de “interés general”. Cuestiones en las que no está siendo fácil limar desencuentros, y eso que se ha dejado para una negociación posterior la gestión de las pensiones desde Euskadi, la más difícil de cerrar.

En materia de autogobierno, PNV, PSE-EE, y EH Bildu, tienen abiertas conversaciones para pactar un nuevo estatus y el estado de estos contactos también estarán sobre la mesa de la ronda de contactos. Precisamente el pasado viernes Pradales aseguró en una entrevista en Euskadi Irratia que el hecho de que continúen adelante las conversaciones es ya en sí mismo, “una buena noticia”. “Mientras exista una mesa, hay diálogo, y mientras exista el diálogo, se incrementan las opciones de avanzar”, indicó el lehendakari que siempre ha defendido que se alcancen acuerdos que vayan más allá de la mayoría con la que cuenta actualmente en el Parlamento Vasco.

El tercer ámbito de conversación servirá para compartir diferentes iniciativas como el Fondo Social de Vivienda, con el que el Ejecutivo busca sumar inversión pública y privada para acelerar la construcción de vivienda de protección pública en Euskadi y favorecer el mayor consenso posible en torno a esta prioridad.

Un vecino de Lanciego ha resultado muerto mientras trabajaba en una bodega en esta localidad alavesa (Álava), en un accidente laboral que ha motivado la advertencia del Gobierno vasco sobre la necesidad de extremar las medidas de seguridad y prevención ante el riesgo de acumulación de dióxido de carbono (CO2) o 'tufo' que se produce durante la fermentación de la uva. El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha lamentado la muerte de este trabajador y ha hecho un llamamiento al conjunto del sector vitivinícola para “extremar las medidas de seguridad y prevención en las bodegas”, donde durante estas semanas se intensifica la actividad y pueden concurrir “diferentes riesgos laborales”.

El Ejecutivo ha destacado que uno de los principales riesgos en esta época es la acumulación de dióxido de carbono (CO2) o 'tufo' que se produce durante la fermentación. Este gas, al ser incoloro e inodoro y poder acumularse especialmente en zonas bajas y espacios con poca ventilación, puede generar situaciones de grave peligro. Por ese motivo, el departamento ha recordado la importancia de garantizar una ventilación adecuada de las instalaciones, utilizar sistemas de detección de CO2 fijos o portátiles, y comprobar las condiciones de la atmósfera antes de acceder a depósitos o espacios en los que pueda existir acumulación de gases, manteniendo su control durante los trabajos.

Asimismo, siempre que sea posible, se debe evitar la entrada en depósitos o espacios confinados y utilizar procedimientos de trabajo que permitan realizar las tareas desde el exterior. El Gobierno vasco ha añadido que cuando el acceso resulte imprescindible, “debe realizarse con las medidas de protección y los procedimientos de seguridad establecidos”. El Gobierno Vasco ha insistido especialmente en la necesidad de “no trabajar nunca en solitario en zonas de riesgo, manteniendo una vigilancia y comunicación permanente desde el exterior cuando se realicen trabajos que puedan entrañar peligro”.

También ha recordado la importancia de extremar las precauciones frente a caídas, atrapamientos, riesgos asociados a maquinaria y equipos, contactos eléctricos y sobreesfuerzos, entre otros accidentes que pueden producirse durante las tareas de vendimia y elaboración del vino.

A su vez, ha recordado que “ante cualquier alarma o indicio de presencia de 'tufo', se debe abandonar inmediatamente la zona y avisar al resto de personas, evitando entrar para intentar rescatar a una persona afectada sin disponer de los equipos y medios de protección adecuados”.

El Gobierno vasco ha añadido que la prevención y la seguridad “deben mantenerse como una prioridad durante toda la campaña”, y ha instado a bodegas y trabajadores a “no bajar la guardia durante estas semanas de especial intensidad, siguiendo los protocolos establecidos y adoptando todas las medidas necesarias para evitar nuevos accidentes”.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha actuado tarde y aún está noqueado” ante la situación que se está viviendo en Ceuta, y ha afirmado que, “si no soluciona rápidamente” la crisis, la legislatura está “totalmente acabada”. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha dicho que este pasado jueves se vio “la soledad del presidente Sánchez” en la comparecencia que realizó en el Congreso para dar cuenta de la situación en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes, y cree que eso es “algo muy significativo”.

El lehendakari ha señalado que le ha llamado la atención en Sánchez “la falta de liderazgo y de capacidad para adelantarse” ante lo ocurrido en la ciudad autónoma, “porque el Sánchez que hemos conocido ha sido una persona capaz de asumir el liderazgo en casos como la pandemia, la dana o los incendios, pero en esto no”. “Ha actuado tarde y aún está noqueado. Es cierto que ayer cambió algo con sus declaraciones en el Congreso la posición que mantuvo el lunes, pero creo que si no soluciona rápidamente la crisis de Ceuta, la legislatura en España está totalmente acabada. Ha existido falta de transparencia, rapidez, colaboración y coordinación por parte del Gobierno frente a esta crisis”, ha asegurado.

Por otro lado, Imanol Pradales ha denunciado que la oposición “tan solo ha buscado y busca el conflicto” con la situación que se vive en Ceuta, y que la posibilidad que apuntaban PP y Vox de que Sánchez se enfrente a responsabilidades judiciales por su actuación es “un indicador de una situación política tensionada, polarizada y criaspada”.

Además, el lehendakari ha considerado “muy preocupante” el papel que ha jugado Europa en este situación, ya que ha estado “en cierta manera desaparecida”, teniendo en cuenta que, según ha recordado, “Ceuta es la frontera de Europa en África”. A su vez, Pradales ha destacado que la de Ceuta es una crisis humanitaria en la que murieron 148 personas y que aún hay miles de personas en la ciudad autónoma, entre ellas unos 2.400 menores, y que esa situación “requiere, para empezar, hablar de la dignidad de las personas y otra cercanía, que no es lo que estamos viendo, sino un conflicto político incesante”.

Imanol Pradales ha afirmado que el fenómeno de la migración va a ser “cada vez mayor” y, por ello, ha reclamado “más capacidad e instrumentos políticos” para Euskadi para poder darle “una respuesta más adecuada”.

“La migración es un fenómeno muy complejo que tiene muchas dimensiones. En Euskadi viven unos 330.000 migrantes extranjeros entre nosotros y la convivenca es buena en general, pero, al ser un fenómeno que va a crecer, necesitamos medios, no solo económicos, sino también capacidades políticas para oder organizar nuevos instrumentos y servicios”, ha explicado.

Por último, el lehendakari ha denunciado que existe “un interés por parte de algunos movimientos y partidos políticos, sobre todo de la extrema derecha, para relacionar la migración y la falta de seguridad”. “Yo nunca voy a aceptar algo así. En nuestro país no se acepta algo así. Nuestros ciudadanos diferencian bien la migración y la falta de seguridad, y yo no voy a mezclarlos ni a unirlos”, ha concluido.

El Gobierno vasco ha aprobado aumentar hasta los 153 millones de euros las inversiones en la red eléctrica de distribución para el año 2027. El aumento supone añadir 43 millones más a la inversión prevista hasta ahora 110 millones de euros, y que correrán en su mayoría a cargo de i-DE, la distribuidora de Iberdrola. Con ello se duplican las inversiones anuales planificadas en red eléctrica de distribución en Euskadi en los últimos dos años, según ha destacado el Gobierno vasco.

En concreto, la inversión de 110 que se aprobó en el mes de abril se incrementa hasta los 143 millones de euros en 2027 sólo en refuerzo y digitalización de la red eléctrica de distribución de Euskadi, y alcanza los 153 millones una vez sumadas las inversiones en medida e instalaciones financiadas por clientes. Fuentes del departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad consideran esta inversión es “más apropiada para dar respuesta a las necesidades de demanda eléctrica industrial prevista para los próximos años en Euskadi”. “Este esfuerzo inversor permitirá reforzar la capacidad, modernización y digitalización de la red. Esto es necesario para hacer frente a la demanda de electrificación y descarbonización de Euskadi”, han señalado.

El aumento de la inversión en Euskadi es posible tras la aprobación por parte del Gobierno central a finales de julio del Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y que permite una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta el año 2030. “Este Real Decreto da respuesta a la propuesta realizada por el Gobierno vasco al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para incrementar las inversiones en las redes eléctricas de transporte y distribución en Euskadi”, han señalado desde el departamento que dirige Mikel Jauregi. El Gobierno vasco había trasladado al Ministerio que las inversiones previstas para el año 2027 eran “necesarias, pero no suficientes” en la primera cuantía que estaba establecida. “Este aumento de la inversión es más apropiado para la demanda eléctrica industrial en Euskadi”, han indicado.

El Gobierno vasco ha insistido en la necesidad de que se sigan dando los “pasos regulatorios necesarios” para asegurar que la red eléctrica, tanto de distribución como de transporte, “esté preparada para acometer los retos de demanda a los que se enfrenta Euskadi” y que se dé respuesta al ritmo que exige la descarbonización y competitividad industrial de Euskadi. Por ello, urgen al Gobierno central a “aprobar urgentemente la planificación de red de transporte con horizonte 2030”. “La correcta coordinación entre ambos niveles de la red eléctrica —transporte y distribución—, es esencial para asegurar que las inversiones realizadas se traduzcan en un suministro eléctrico suficiente, seguro y de calidad para toda la sociedad vasca.

Además, el Gobierno vasco considera fundamental el desarrollo de aspectos regulatorios clave que permitan incrementar las inversiones asociadas al crecimiento de la demanda industrial y residencial. “Es necesario incrementar las inversiones en electrificación para mejorar nuestra autonomía energética combinando un marco regulador incentivador y la competitividad de costes energéticos”, han señalado.

El Gobierno vasco llegó en septiembre del año pasado a un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ampliar en los próximos años un 40% su capacidad de la red eléctrica. Una ampliación de capacidad para mantener la productividad de la industria y que necesita de inversiones. En concreto, el aumento de ese 40% supondrá que Euskadi contará a partir de 2030, que es el año en que acaba la nueva planificación energética, con una capacidad cercana a las 17.000 Mw, frente a los 12.000 Mw actuales.

Aumenta el consumo de energía eléctrica

Por otra parte, según datos proporcionados por el Ente Vasco de Energía (EVE), el consumo de energía eléctrica en Euskadi aumentó un 57,3% en julio respecto al mismo mes del año anterior y un 4,6% en el acumulado del año, según el Boletín de Coyuntura Energética que publica el organismo. En concreto, el mayor incremento en julio fue en Siderurgia con un aumento del 213,9% respecto al julio de 2025 y del 5,5% de enero a julio de este año.

Industria también registró una subida interanual importante del 122,9% y del 4,5% en los siete primeros meses del año. En Edificios, el consumo de energía eléctrica subió un 9% en julio respecto al mismo mes del año anterior y un 3,8% en el acumulado anual. En doméstico, los incrementos fueron del 8,4% en julio y del 2,9% en los siete primeros meses del año, mientras que en Servicios fue del 9,4% y del 4,6%, respectivamente.

Por su parte, el consumo de gas natural en Euskadi en julio registró un incremento del 11,9% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que bajó un 0,7% en el acumulado anual. En las centrales térmicas, hubo un ascenso del 70,7% en julio y del 7,2% de enero a julio. En Servicios, se produjo una bajada del 7,1% en el consumo de gas natural en julio y una subida del 1,1% en el acumulado anual. En residencial el descenso fue mayor en julio, del 14,1%, con aumento del 1,8% de enero a julio. Por último, en la Industria bajó el consumo, tanto en julio (-3,1%) como en el acumulado anual (-5,7%).

La Inspección de Trabajo ha emitido el informe definitivo en el que concluye que las lesiones por inhalación de humo sufridas por seis funcionarios el pasado 9 de diciembre de 2025 en el centro penitenciario de Zaballa en Álava fueron “consecuencia directa de graves deficiencias preventivas imputables al Gobierno vasco”, según ha informado ELA en un comunicado. Un interno que prendió fuego al colchón, lo que generó una gran cantidad de humo.

El informe actual, según ha subrayado el sindicato, establece “una clara relación causa-efecto entre las omisiones de la Administración y el accidente laboral”. Según detalla el documento, durante la intervención de emergencia provocada por el incendio de una celda, el personal interviniente “carecía por completo de la formación, información e instrucciones necesarias para afrontar una situación de tal gravedad”, recoge Europa Press.

Además, según ha destacado ELA, “la autoridad constató que el día del siniestro el sistema sonoro de detección de incendios se encontraba completamente desconectado”. La resolución es el resultado directo de una denuncia interpuesta por ELA, ha señalado el sindicato, para advertir, sin embargo, que se trata de “un escenario recurrente”, porque “son ya varias las intervenciones previas de la Inspección de Trabajo que han obligado formalmente al Gobierno vasco a adoptar medidas correctoras en materia de seguridad”.

Todo ello, ha afirmado ELA, evidencia un modelo de gestión preventiva que “pone en riesgo constante la vida de tanto de la plantilla como de las personas usuarias. ELA ha denunciado la ”falta de voluntad política y económica“ del Gobierno vasco, que ”no invierte en los recursos necesarios para atajar el problema“.

Ante “la gravedad de los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, ELA ha explicado que la Inspección de Trabajo ha dictado una propuesta de requerimiento inmediato para que el Gobierno vasco “evalúe, forme individualmente y equipe de manera urgente a todo el personal”.

De forma paralela, el organismo ha dictado una propuesta de recargo de prestaciones económicas derivadas de la incapacidad temporal contra el Gobierno vasco para las personas trabajadoras afectadas. Esta medida, ha precisado el sindicato, penaliza económicamente a la Administración por “su responsabilidad directa en un accidente laboral derivado de una falta crónica de medidas de seguridad” que ELA, según ha asegurado, lleva años denunciando. Por todo ello, ELA ha exigido una inversión urgente en recursos preventivos y ha advertido al Gobierno vasco de que, “si no actúa de inmediato”, iniciará un calendario de movilizaciones en los centros de trabajo y activará la vía judicial para “depurar responsabilidades políticas”.

Euskadi ha perdido 11.018 cotizantes a la Seguridad Social en el mes de agosto, un periodo en el que se han sumado 1.258 desempleados más respecto a julio, debido al parón del verano en muchos sectores. Pese a este aumento del paro, el balance respecto al año anterior es positivo, ya que hay 2.321 desempleados menos que en 2025 y 24.487 afiliados más.

En concreto, según los datos proporcionados por Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, Euskadi ha cerrado el mes de agosto con una cifra de 106.848 parados registrados, 1.258 más que en julio (+1,19%), aunque respecto a agosto de 2025 suponen 2.321 desempleados menos (-2,13%).

El paro se ha incrementado en los tres territorios vascos respecto a julio, con subidas del 1,13% en Álava (+210 personas), del 1,19% en Bizkaia (+677 personas), y del 1,32% en Gipuzkoa (+371 personas). Respecto a agosto del pasado año, el número de parados se ha reducido un 1,55% en el territorio vizcaíno (-954 personas), del 2,74% en Álava (-504 personas) y del 2,94% en Gipuzkoa (-863 personas).

También ha afectado la subida del desempleo a todos los sectores menos a Agricultura y Pesca, que ha cerrado el pasado mes con 31 menos que el mes anterior. Industria, con 10.254 parados, ha registrado un aumento en 333 personas; Construcción, con 5.357 desempleados, los ha incrementado en 160; Servicios, con 73.842 parados, ha sumado 666 personas; y el colectivo sin empleo anterior, que agrupa a 15.698 desempleados, ha aumentado el paro en 130 personas. Respecto al pasado año, el desempleo en Euskadi se ha reducido en 3.949 personas en los Servicios, en 309 en Industria, en 121 en Construcción y en 71 en Agricultura y Pesca. Por contra, el colectivo sin empleo anterior lo ha incrementado en 2.129 personas.

De los 106.848 parados en Euskadi, 62.164 son mujeres y 44.684 hombres. Por edades, los mayores de 45 años concentran 59.081 del total de desempleados, aunque es el colectivo que menos ha aumentado en términos porcentuales, con una subida mensual del 0,49% respecto a julio. También es el que menor descenso interanual presenta, de un 0,24%. Entre los jóvenes menores de 30 años, con una población parada de 17.882 personas, el desempleo ha subido un 2,36% mensual y ha bajado un 0,63% interanual. En la franja de 30 a 44 años, con 29.885 inscritos en Lanbide como parados, se ha anotado un incremento mensual del 1,90% y una caída respecto al pasado año del 5,46%.

En lo que se refiere al número de cotizantes a la Seguridad Social, Euskadi se mantiene por encima de la barrera del millón. Concretamente 1.031.282 afiliados. Son 11.018 cotizantes respeto al mes anterior (-1,06%), pero 24.487 más respecto a agosto de 2025 (+2,43%), según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Todos los territorios perdieron afiliados en la variación mensual y, en concreto, en Álava se cerró agosto con 3.409 cotizantes menos respecto al mes anterior (-1,98%), pero 4.319 más en relación con agosto de 2025 (+2,62%). En Gipuzkoa, los afiliados se redujeron en 3.809 personas en agosto respecto a julio (-1,10%) y aumentaron en 6.779 en variación anual (+2,02%), mientras que en Bizkaia la cifra de afiliados cayó en 3.800 en agosto respecto a julio (-0,73%), mientras que se contabilizaron 13.389 cotizantes más en comparación con agosto de 2025 (+2,65%).

Al cierre de agosto, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario establecido ascendía en Euskadi a 13.219, de los 337.917 del conjunto del Estado.

El Gobierno vasco ha considerado estacional la subida del desempleo, y ha valorado los datos interanuales que “reflejan que este ajuste ha sido notablemente más suave que el observado en años anteriores, confirmando la fortaleza y estabilidad que viene mostrando el empleo en Euskadi durante los últimos meses”. Además, el viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegi, ha señalado la que subida del paro es la “más moderada registrada en este mes de julio durante los últimos quince años”. “Más allá de la evolución mensual, la perspectiva interanual confirma una situación de fortaleza del mercado laboral, con menos paro, más empleo y una capacidad de resistencia que permite afrontar la recta final del año con una base sólida para seguir avanzando en la creación de oportunidades laborales de calidad”.

La reunión de la Mesa del Forraje que se ha celebrado este 1 de septiembre no ha servido para tranquilizar a los ganaderos. Todo lo contrario. Aunque el pasado 7 de agosto el Gobierno vasco anunció que pondría en marcha la compra conjunta de forraje para hacer frente a la situación de falta de pastos motivada por la sequía de este verano, el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige Amaia Barredo, dice ahora que no habrá compras en grupo auspiciadas por el Ejecutivo, al menos de momento, y que continuarán con la “monitorización”, tanto de la evolución de la climatología como de las campañas productivas, porque en estos momentos, según el departamento, “en el mercado local hay forraje”, con unos precios que, si bien puedan ser “algo más caros, entran dentro de lo razonable”.

En concreto, el departamento considera que “existe disponibilidad de forraje suficiente en Euskadi y su entorno cercano para atender las necesidades detectadas a corto y medio plazo, asegurando la garantía de suministro en ratios de mercado en relación con productos, servicios y formatos”. Estas necesidades se sitúan en 9.000 toneladas de paja, 8.000 toneladas de maíz forrajero, 10.000 toneladas de alfalfa y 2.000 toneladas de concentrados, según se desprende de la encuesta que ha realizado el departamento entre los ganaderos en el mes de agosto. Unas necesidades que aseguran que se han contrastado con los diferentes suministradores locales de alimentación animal constatando que pueden cubrirse. Con esto, el departamento considera que “se atienden las demandas más urgentes y se ratifica el compromiso con el primer sector”. Los ganaderos, sin embargo, no lo ven así.

“Salimos totalmente decepcionados por la cerrazón del Gobierno vasco”, ha señalado tras la reunión el coordinador de ENBA en Gipuzkoa, Xabier Iraola. “Se alude a que en el mercado local hay forraje, y eso es así, pero lo que pasa es que en muchas explotaciones no tienen cash para hacer frente a esas compras suplementarias”, ha explicado. En este sentido, ha advertido de que los ganaderos van a afrontar “un coste adicional” mientras los precios del ganado “están a la baja”. “Hay forraje en los mercados cercanos, pero una parte del sector no va a poder acceder a él porque no tiene rentabilidad”, ha denunciado. “No cumplen nada de las medidas que el sector ganadero requiere”.

Iraola ha recordado que los ganaderos están insistiendo en reclamar la declaración de sequía para Euskadi, pese a que ha reconocido que “no se cumplen los indicadores requeridos” para dicha declaración, al menos de forma “oficial”, por lo que ha afirmado que les da “lo mismo” si esa medida se adopta aunque no sea oficialmente. “Lo que necesitamos son soluciones para el abastecimiento de agua para miles de caseríos -más de 5.000 consideran- que no están enganchados a la red y soluciones para la falta de agua en la cuenca”, ha dicho. Pero ante esta reclamación el departamento “también se cierra en banda”. Ante esta situación, ha considerado que los ganaderos tendrán que pensar cuál es su “respuesta” ante la “cerrazón” del Gobierno vasco ante sus demandas. UAGA ya reclamó a finales de agosto la dimisión de la consejera Amaia Barredo por la gestión de esta crisis.

El Ayuntamiento de Ribera Baja se ha unido a las críticas de diferentes plataformas contra el proyecto Solaria Zierbana Solar 2, el único al que Gobierno vasco no ha denegado la autorización dentro del macroproyecto de placas solares que esta empresa planeaba en Álava, y ha pedido al Ejecutivo vasco que lo paralice “por los mismos motivos que rechazó el resto de centrales”. Desde el consistorio, gobernado por el partido independiente Ribera Baja Bizirik, han pedido una reunión el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad para trasladarles la necesidad de que declare nulo el proyecto y lo archive. “Ribera Baja está saturada de macro infraestructuras”, denuncian, por lo que piden que se realicen estudios de impactos acumulados y que se tenga en cuenta la opinión del Ayuntamiento.

El Gobierno vasco denegó en el mes de julio la autorización a 19 de los parques fotovoltaicos incluidos en el macroproyecto Zierbena Solar, con 29 patas, que Solaria quería desarrollar a través de su filial Solaria Eguzki Sorkuntza. En concreto los denominados Zierbena Solar 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 29. Resoluciones anteriores ya habían tumbado los proyectos 3 y 4, mientras que los números 15, 16 y 19 deberían ser revisados por el Estado y los 26, 27 y 28 están en terrenos de Miranda de Ebro, en Burgos. El 'Solaria Zierbena Solar 2' es el único que, de momento, sigue adelante. Ya la plataforma Araba Bizirik criticó el “especial interés” del Gobierno vasco en esta central fotovoltaica, que relacionó con que esta central en concreto se encuentra muy cerca de los centros de datos de Merlin Properties, ubicada en el polígono de Arasur. “De ahí que sea el único proyecto al que el Gobierno vasco no ha denegado la autorización” dentro de la macroinfraestructura proyectada por Solaria, señalaban desde Araba Bizirik.

Desde el consistorio de este municipio alavés, consideran que este proyecto debe archivarse “por los mismos motivos que rechazó el resto de centrales del macro proyecto”. Por un lado, la “caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red de Red Eléctrica Española, requisito indispensable para cualquier instalación de generación”. Recuerdan en este sentido que la compañía “no logró mantener vigentes esos permisos, lo que deja sin base el proyecto”.

Además, señalan que falta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA): “La ley estipula un plazo estricto de 31 meses para obtener una DIA favorable. Al vencer este término sin conseguirla, los derechos de conexión a la red de transporte decaen por completo. Solaria Zierbana Solar 2 sobrepasó la fecha de enganche el 30 de noviembre de 2025, bajo estos mismos parámetros debería estar denegada, igual que el resto de centrales del macroproyecto”.

Representantes del Ayuntamiento trasladarán también a las Juntas Generales de Álava la “problemática” que supone para esta población el que siga adelante esta infraestructura, ya que, además, no es la única que está prevista en esta zona. “Solaria Zierbana Solar 2 es una central fotovoltaica de 49,9 MW, que Solaria quiere instalar entre Quintanilla de la Ribera y Ribabellosa, lo que supone la ocupación de 134 hectáreas de terreno cultivable, a este proyecto se le suma que la empresa Getxo-Mirador Norte FV ha obtenido la DIA, para la instalación de una central fotovoltaica de 7.020 placas con una potencia de 4MW, ocupando ocho hectáreas en Ribabellosa. En el municipio de Ribera Baja ya está instalada en Arasur la central fotovoltaica más grande de Euskadi, Ekian, de 24MW y con una ocupación de terreno de 55 hectáreas. Contiguo a ésta, en el término municipal de Armiñon, municipio colindante con el de Ribera Baja, está prevista la implantación de otra central de 150 MW, Ekienea, con una ocupación de terreno agrícola de 200 hectáreas, un proyecto en el que participa Iberdrola, Krean, la Diputación de Álava y el Ente Vasco de la Energía (EVE)”.

Con ello, recuerdan que “la estimación de terreno ocupado por las centrales fotovoltaicas ya instaladas, las proyectadas y las que están en tramitación, es de 397 Hectáreas, provocando en el municipio el efecto isla de calor que se produce en las instalaciones de gran superficie. A esto hay que sumarle la extensión de la futura línea de alta tensión, llamadas líneas de evacuación, que transportara 132.000 voltios desde Ekienea hasta Puentelarra y que en el municipio de Ribera Baja abarcara 5,588 km con 27 torres diseminadas por una zona que ya soporta la presencia de otros macro proyectos como son el trayecto de la línea del tren de alta velocidad Burgos-Vitoria, su conexión con Miranda de Ebro y la ya mencionada planta de Solaria Zierbana 2”.

Por ello, consideran que Ribera Baja “está saturada de macro infraestructuras” y exigen la “elaboración de estudios de impactos acumulados, ya que no se está teniendo en cuenta la suma de todo lo que se está instalando y proyectando en el municipio”.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha condenado los altercados registrados durante la madrugada del domingo en Bilbao, en la que los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal fueron atacados con el lanzamiento de botellas, piedras y otros objetos, y ha mostrado su preocupación por “la gravedad de algunos comportamientos incívicos”, con “gente muy joven” involucrada.

En una entrevista este lunes en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zupiria ha destacado que la “tónica general” de las fiestas celebradas durante este verano en Euskadi ha sido la “tranquilidad”, y ha puesto en valor la colaboración entre la Ertzaintza y las diferentes policías locales y municipales “que ha permitido que se respirara un ambiente de seguridad”. No obstante, en relación con los incidentes de la madrugada del domingo en Bilbao, ha señalado que le preocupa “la gravedad de algunos comportamientos incívicos”. Según ha explicado, en imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación se pudo observar a “gente muy joven, lanzando objetos, tanto a la policía local de Bilbao como a La Ertzaintza”.

Pese a reconocer que los incidentes se produjeron “a altas horas de la madrugada, cinco y media, en fiestas de Bilbao”, ha insistido en que se trata de comportamientos “además de incívicos, inaceptables y que en ningún caso deberíamos normalizar”.

Además, el consejero también ha señalado que de las 14 personas detenidas por los incidentes “hay varias personas que efectivamente son conocidas de la Ertzaintza y han sido objeto de diferentes, identificaciones, investigaciones e incluso de canciones en años anteriores”. Según detalló el departamento de Seguridad tras los altercados, uno de los menores detenidos ha sido investigado en hasta tres ocasiones anteriores, y uno de los adultos fue detenido en tres ocasiones e investigado en hasta 12 ocasiones.

Por otro lado, ha reflexionado sobre la responsabilidad de quienes “estamos en la actividad política” con “el señalamiento a la Ertzaintza”. “La Ertzaintza es la policía democrática y legítima de esta sociedad. En el caso de que se produzca algún comportamiento inadecuado, por supuesto, hay que explicarlo, pero yo creo que no podemos permitir que se esté cuestionando permanentemente la mera existencia del la Ertzaintza o su carácter democrático y legítimo”, ha aseverado.

En cuanto a los agentes heridos, ha explicado que varios efectivos de la Ertzaintza y un agente de la Policía Municipal han sido atendidos en la mutua y que, en el caso de la Policía vasca, cinco agentes han causado baja por las heridas sufridas. Zupiria ha precisado que presentan “contusiones, algunos cortes, algunas heridas que han necesitado sutura y puntos”, y ha trasladado su “solidaridad a estos agentes” y les ha deseado “la recuperación más rápida posible”.

Asimismo, ha agradecido la labor desarrollada durante todo el verano por los mandos de la Ertzaintza y de las policías locales, que “han trabajado conjuntamente de forma coordinada”, y ha reconocido “la profesionalidad de los agentes que han tenido que trabajar mientras otros estábamos de fiesta”.

Respecto al origen de la intervención policial, el consejero ha explicado que se produjo en el marco de un incidente, “una pelea”, ante el que los agentes tuvieron que intervenir y fueron “recibidos de forma agresiva” por personas que estaban de fiesta.

En ese sentido, ha rechazado que el lanzamiento de botellas y piedras contra los agentes pueda considerarse parte de las celebraciones. Se trata de personas, ha añadido, que “interpretan que esto de echar botellas y piedras a la Ertzaintza y a la policía local, es una parte del programa festivo”, ha ironizado, antes de insistir en que “no podemos aceptarlo por normalidad”.

Zupiria confía en que “cada una de estas personas que han participado en estos incidentes sea debidamente identificada y sea citada después la investigación policial al juzgado correspondiente o reciba en casa la multa correspondiente por el comportamiento que han tenido”.

Preguntado por la actuación policial previa al lanzamiento de objetos, el consejero ha afirmado que fue “progresiva y proporcionada”.

Sobre la posibilidad de que estos hechos formen parte de una 'tendencia de ataques' con 'motivación política' con 'las policías como objeto', ha reconocido no constatar la existencia de “ninguna motivación política”. “Existen personas que tienen antecedentes delictivos y luego existen juega, alcohol, deshinibición, y comportamientos incívicos y desadecuados”, ha concluido.

Los Gobiernos central y vasco han acordado reforzar su colaboración para la localización de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Así, coordinarán censos de víctimas y mapas de fosas para “avanzar en el derecho a la verdad, la memoria y la justicia”. El Consejo de Gobierno vasco, celebrado este jueves en el Palacio Miramar de Donostia, ha aprobado, a propuesta de la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el convenio de colaboración entre el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para “actualizar y compartir información sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

Según ha explicado el Gobierno vasco, este acuerdo “permitirá coordinar y actualizar los censos de víctimas y los mapas de localización de personas desaparecidas de ambas administraciones, facilitando su integración y consulta conjunta”, recoge Europa Press. Además, la transferencia mutua de datos e información “permitirá la actualización coordinada de los censos de víctimas, así como del mapa de localización de personas desaparecidas”, lo cual “favorecerá la búsqueda e identificación de personas vascas desaparecidas fuera de Euskadi y, de la misma manera, aumentará las posibilidades de identificación de personas procedentes de otras comunidades autónomas fallecidas en nuestro territorio”.

Del mismo modo, el convenio “impulsará la actualización del mapa de fosas de Euskadi y su incorporación al mapa integrado del conjunto del Estado”. Esta actuación está recogida en el Plan de Actuación de Gogora 2025-2028, que apuesta por “reforzar la coordinación entre administraciones en materia de memoria democrática, investigación y reconocimiento de las víctimas”.

Ayudas de Gogora

Por otro lado, Gogora ha convocado dos líneas de subvenciones, aprobadas también en el Consejo de Gobierno de este jueves, para la recuperación de la memoria histórica y democrática en 2026 por un total de 152.500 euros. Estas ayudas financiarán proyectos de asociaciones y fundaciones, así como la publicación de libros sobre la memoria democrática de Euskadi.

La dotación total se distribuirá en dos líneas, 112.500 euros para proyectos de recuperación de la memoria histórica promovidos por asociaciones y fundaciones de Euskadi, y 40.000 euros para la publicación de libros dedicados a la recuperación de la memoria democrática.

Entre las novedades de la convocatoria dirigida a asociaciones y fundaciones, el Gobierno vasco ha destacado “la eliminación del criterio que valoraba la aportación de recursos económicos propios o procedentes de otras ayudas, con el objetivo de facilitar el acceso a las subvenciones”.

Por su parte, la convocatoria para publicaciones mantiene abierta la participación a entidades radicadas tanto en Euskadi, como en Navarra, y amplía igualmente el plazo de justificación hasta el 15 de enero de 2027. Con estas dos convocatorias, el Gobierno vasco ha resaltado que reafirma su compromiso con “la recuperación y divulgación de la memoria histórica y democrática, apoyando el trabajo de entidades memorialistas y fomentando la creación de contenidos que contribuyan al conocimiento y transmisión de nuestra memoria colectiva”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia ha rechazado la solicitud de la Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola para paralizar la licencia de obras de 83 alojamientos dotacionales. Mientras el Consistorio defiende la plena validez de la autorización concedida al Gobierno vasco, la asociación vecinal acusa a la Administración de ignorar las contingencias judiciales y económicas que, a su juicio, podrían afectar al erario público. Con esta resolución, se agota la vía administrativa municipal y el proyecto urbanístico previsto para la parcela mantiene su curso.

El conflicto se origina en una parcela del barrio de Riberas de Loiola que lleva más de una década en desuso. La asociación considera que el espacio podría destinarse a servicios para el barrio, como un centro de salud, un 'haurtxoko' o un club de jubilados, ya que actualmente no cuenta con ninguno de ellos. Sin embargo, el Gobierno vasco prevé construir 83 alojamientos dotacionales en el solar, un proyecto que, según los vecinos, no contempla estos servicios que fueron prometidos en su momento.

Ante el avance del proyecto, la asociación compareció a principios de junio en el Parlamento Vasco para solicitar su paralización. Tras no conseguirlo, recurrió al Ayuntamiento de Donostia el pasado 21 de julio para pedir la suspensión de la licencia de obras de la parcela. La solicitud tampoco ha sido atendida.

La petición al Consistorio se fundamentaba en la existencia de dos litigios activos: un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela G.0007 y un recurso especial contra los pliegos de contratación ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO). El colectivo advertía de que continuar con la tramitación de las obras y la contratación mientras estos procedimientos siguen abiertos podría causar “perjuicios de difícil o imposible reparación” para las arcas públicas y terceros.

El Ayuntamiento de Donostia, sin embargo, considera que no existen motivos legales para paralizar la licencia. Según fuentes municipales, “no se aprecia que concurran ninguno de los dos supuestos necesarios establecidos”, ya que “no se acreditan los perjuicios de imposible o difícil reparación y no existe causa de nulidad de pleno derecho” en los actos de tramitación. Con este acuerdo, la Junta de Gobierno Local da por finalizada la vía administrativa ordinaria. A partir de ahora, los recurrentes pueden presentar un recurso de reposición potestativo o acudir directamente a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

La Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola ha respondido calificando la decisión del Ejecutivo local de “huida hacia adelante”. La entidad alerta de una “temeridad gravísima” que podría derivar en indemnizaciones millonarias con cargo a los impuestos ciudadanos si la Justicia anula finalmente el planeamiento cuando las obras ya hayan comenzado. El vecindario también manifiesta su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que la desestimación forme parte de una estrategia de “hechos consumados” para consolidar la transformación física del suelo antes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El Gobierno vasco quiere ampliar el abanico de artes de pesca permitidas en aguas de su jurisdicción -las conocidas como aguas interiores- e incluir el cerco, práctica que estaba prohibida ahora con carácter general aunque el Ejecutivo podía conceder autorizaciones temporales. En el proyecto de decreto que el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige Amaia Barredo ha sacado a exposición pública de forma previa a su aprobación, el Gobierno justifica esta ampliación de las artes permitidas por la reducción del número de barcos en los últimos años y para garantizar la supervivencia de la flota.

Según los datos aportados por el Gobierno vasco, en el periodo entre 1998 y 2022 el número de barcos ha pasado de 143 a 64, lo que supone una reducción del 54,2%, es decir, se han perdido más de la mitad. Una disminución que ha supuesto “una reducción similar en la capacidad de pesca nominal de la flota, al haberse mantenido constantes las cantidades máximas de artes/aparejos de pesca en las regulaciones pesqueras en todo ese período” por no haberse variado la legislación, indican. “Para que la flota de Euskadi que pesca en las aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pueda mantenerse, pueda mejorar, modernizarse y tener una producción óptima que asegure su supervivencia”, es necesario “optimizar el rendimiento de la flota que pesca que queda actualmente” permitiendo utilizar un mayor número de artes de pesca, regulando sus características y su ejercicio, señala el decreto.

En concreto, el proyecto de decreto incluye las artes menores, el palangre y el cerco como artes de pesca permitidos por el Gobierno vasco para su uso en aguas interiores, que son las que se incluyen en los límites de una línea recta imaginaria trazada entre los principales cabos del litoral vasco: Cabo Higuer, Cabo. San Antón, Cabo Matxitxako, Cabo Villano y Punta Cobarón. Fuera de esa línea imaginaria, hasta las 12 millas del mar territorial (zona conocida como aguas exteriores) la competencia en materia de ordenación pesquera corresponde al Estado. La principal novedad del decreto está la inclusión del cerco como arte habitual, ya que esta modalidad, con redes grandes sólo se permitía hasta ahora con autorizaciones temporales.

El cerco es una red con la que se rodea el cardumen o banco de peces, que se cierra y embolsa el pescado. El proyecto de decreto establece que las redes que se utilicen no podrán ser superiores a 600 metros, la altura no será superior a 130 metros y a abertura mínima de las mallas de los artes de cerco no será inferior a 14 milímetros. En cuanto su uso, está limitado a aquellas aguas cuya profundidad sea superior a 35 metros de bajamar escorada. “La utilización de fuentes de luz como elementos de atracción y concentración de las especies a capturar se considera parte de la maniobra de pesca y está prohibida en profundidades menores a 35 metros”, indican.

En lo que se refiere al palancre, constituido por una línea principal denominada madre, de longitud variable, de la que parten otros cabos o ramales secundarios más finos denominados brazoladas a los que se empatan los anzuelos, podrán llevar desde 1.000 anzuelos para un sólo tripulante enrolado y presente a bordo con una longitud máxima 4.000 metros, hasta 3.000 anzuelos para tres o más tripulantes enrolados y presentes a bordo con una longitud total máxima 8.000 metros. Se permite en todos los casos llevar 500 anzuelos de repuesto. Por otra parte, se recogen en el decreto el uso de las artes menores: artes de enmalle o enredo, artes de anzuelo y artes de trampa o nasas.

El Gobierno justifica este cambio en el hecho de que la flota de artes menores de Euskadi que pesca en estas aguas, compuesta por barcos que pescan y regresan a puerto en el día, “es relativamente reducida” en la actualidad y que la regulación se ha mantenido sin cambios respecto a la operativa de pesca de finales de los 90 del siglo pasado, cuando la flota tenía otra entidad. “Esta actualización permite optimizar la actividad de la flota que opera en aguas interiores, sin incrementar el esfuerzo pesquero global”, defiede el Ejecutivo.

También indica que los barcos “se han equipado tecnológicamente para dar respuesta a las necesidades de la sostenibilidad, competitividad y requerimientos regulatorios diversos”, y que “en los meses de verano el esfuerzo de pesca de la flota de artes menores se ha visto reducido durante los meses de verano de los últimos años en una magnitud por evaluar, asociado a la práctica de la pesca de bonito (Thunnus alalunga) a la cacea, en la época que la especie se ha acercado a las aguas del interior del Golfo de Bizkaia, propiciando que algunos barcos de artes menores participen en dicha pesquería (en general, los de mayores dimensiones)”.

Teniendo en cuenta la reducción de la flota “se considera asumible técnicamente incrementar los límites máximos de cantidades de artes de pesca actualmente, compensando la reducción de flota experimentada, si bien ponderándolos en función del número de tripulantes de los barcos y las prácticas operativas del día a día”. En cualquier caso, indica que “los nuevos límites estimados por tipos de artes de pesca deben de ir acompañados, entre otros, de un control estricto del número de buques que operan en este subsector para evitar incrementos no deseados de la capacidad pesquera propiciados por un aumento de la flota”.

El proyecto de decreto esta ahora en periodo de exposición pública y alegaciones. La fase de conclusiones se abrirá el próximo 7 de septiembre.

En

El Gobierno vasco se lanza a la compra de pisos a la banca. El departamento de Vivienda comprará 57 viviendas al banco vasco Kutxabank para destinarlas a incrementar el parque de viviendas de alquiler. No es la primera vez que el departamento de Vivienda y Agenda Urbana compra viviendas para incrementar la reducida oferta de alquileres, con lo que incide en la estrategia de intentar intervenir en un mercado, que está muy tensionado, con precios cada vez más elevados y poca oferta. En concreto, es la tercera ocasión que compra viviendas esta legislatura con lo que se han añadido 223 viviendas para Alokabide, y la segunda vez que lo hace en una operación en la que está implicado un banco.

Vivienda destinará 5,7 millones de euros a la compra de estas 57 viviendas de Kutxabank , que se encuentran dispersas en 26 municipios de Euskadi: 10 en Bizkaia, 25 en Álava y 22 en Gipuzkoa. Lo que permitirá “ampliar la presencia del parque público también fuera de los principales núcleos urbanos”, según destacan fuentes del departamento. De hecho, en Álava estas viviendas están mayoritariamente en pequeños municipios, y en Bizkaia y Gipuzkoa las viviendas se encuentran en su mayoría en localidades situadas fuera de las áreas metropolitanas de las capitales. “La operación contribuye así a extender el parque público de vivienda más allá de los grandes núcleos urbanos y a reforzar su presencia en el conjunto del territorio”, destacan.

La estrategia de comprar viviendas para destinarlas al alquiler es una vía que el departamento está utilizando para ganar rapidez a la hora de ampliar la oferta. Una forma de complementar con la vivienda ya existente la construcción de vivienda nueva vivienda protegida, que el caso de Euskadi tiene que destinarse al alquiler. “Es una fórmula de acercarnos a la vivienda que ya está construida y adquirirla allí donde exista una oportunidad para incorporarla al parque público”.

En ese contexto, recuerdan que en esta legislatura se han comprado 148 viviendas en Arrasate-Mondragón, que se adquirieron por derecho de tanteo y retracto y que eran propiedad de la Obra Social La Caixa, por 5,7 millones de euros. La segunda operación fue la adquisición de 18 viviendas en Errenteria. En ese caso se compraron a un promotor privado, la empresa Jauregizar con una inversión de 2,9 millones de euros. A estas se añaden ahora las 57 de Kutxabank, con lo que se han sumado 223 viviendas para Alokabide.

Precisamente para en parte para financiar la operación de compra de estas 57 viviendas de Kutxabank el Consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves, en su primera reunión tras el verano una ampliación de crédito de 51 millones de euros para el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. No obstante, el grueso de este crédito se usará para garantizar la cobertura de la Prestación Económica de Vivienda (PEV), y para avanzar en la ampliación del parque público mediante la adquisición de vivienda a Visesa. En concreto a estas dos cuestiones se destinarán 20 y 26 millones, respectivamente.

Urduliz y Sopela, nuevas zonas tensionadas

La compra de vivienda se une a las declaraciones de zonas tensionadas, que van sumando municipios. n total suman ya 20 municipios, tras la aprobación por el departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco de las declaraciones de los municipios de Sopela y Urduliz. Ambos tendrá que esperar a aplicar los topes de alquileres a que se incluyan en el registro estatal de municipios tensionados y se publique esta inscripción en el BOE.

Ambos ayuntamientos solicitaron el 8 de enero y el 9 de febrero, respectivamente, que se emitiera orden del Ejecutivo de Euskadi en la que se declararan estos municipios como zona tensionada. La declaración supone la aplicación de las medidas previstas por la legislación vigente para favorecer un mercado del alquiler más accesible en los supuestos y condiciones establecidos por la normativa estatal. La vigencia inicial es de tres años, con posibilidad de prórroga si persisten las circunstancias que la han motivado.

Las tractoradas vuelven a las calles vascas. Los agricultores han elegido Vitoria para llevar su protesta y la exigencia de que Euskadi sea declarada zona de sequía tras este verano de precipitaciones bajo mínimos. La protesta la ha convocado la Asociación Treviño y Álava por el Campo (ATACA) y ha reunido a decenas de agricultores y ganaderos. La declaración de zona de sequía facilitaría el acceso a agricultores y ganaderos a ayudas específicas para paliar los graves efectos sobre el sector la ausencia continuada de precipitaciones y los episodios reiterados de altas temperaturas. Sin embargo, la consejera Amaia Barredo ya ha rechazado esta posibilidad en las reuniones anteriores con el sector en la mesa del clima y del forraje.

“Son varios meses ya sin precipitaciones y con episodios de temperaturas rozando los 40 grados; y no se prevén precipitaciones en los 15 próximos días”, han explicado desde la asociación. “Esto supondrá ”una merma de producciones de carne, leche, cereales, cultivos de primavera, de regadío, patatas, remolacha y forrajes“. Por otra parte, ha indicado que el sobrecoste de insumos genera sobrecostes ”que no se aparejan con los precios de ventas que tenemos en nuestras materias primas“.

La movilización también ha tenido como objetivo poner de manifiesto el impacto que tienen en los precios de fertilizantes y de combustible los conflictos bélicos como el de Ucrania o el de Irán, así como denunciar los tratados comerciales “que abren las puertas de Europa a productos que no cumplen los estándares de calidad que las y los agricultores y ganaderos alaveses sí garantizan”. Estos tratos comerciales, como el suscrito con Mercosur, fueron los que motivaron, entre otras cuestiones, las tractoradas de finales del año pasado y principios de este. “Hay quien quiere que entre todo de fuera pese a que los productos que proceden de fuera de la UE lo hacen sin las garantías y exigencias de los que aquí producimos”, denuncian desde ATACA.

En este sentido, han urgido al Gobierno vasco y resto de instituciones a que adopten medidas ante los problemas que afectan al sector primario, dado que se está llegando a un punto que empieza a ser “insostenible”.

Por otra parte, han considerado que el Gobierno vasco no está actuando “con suficiente agilidad” a la hora de organizar una compra conjunta de forrajes. Una crítica que ya se ha extendido a todas las agrupaciones del sector, que consideran que se ha perdido un tiempo en el mes de agosto para conseguir compras a mejores precios.

El lehendakari se ha referido a este tema durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves y ha asegurado que la reunión de la mesa de forraje para analizar la compra conjunta se celebrará el próximo 1 de septiembre. Preguntado por esta cuestión, Pradales ha indicado que Ejecutivo está llevando a cabo un análisis del impacto de este verano “especialmente seco” en el primer sector y el próximo martes, 1 de septiembre, tendrá lugar una nueva reunión de la Mesa de forrajes. Ha indicado que, no obstante están acometiendo un análisis general del impacto de este verano “especialmente seco y caluroso, no sólo en el ámbito ganadero, sino también en el ámbito horticultura, viticultura, pesca, etcétera, porque hay que hacer un análisis fino subsector a subsector”, puesto que hay “impactos muy relevantes y muy diferentes”, ha indicado.

El lehendakari Imanol Pradales ha aprovechado la crisis de Ceuta para volver reclamar que se reconozca a Euskadi el estatus de frontera norte, lo que abriría la posibilidad de acceder a más recursos para la gestión de los flujos migratorios que transitan hacia Europa por la frontera con Francia. Una cuestión que, según ha recordado, está incluida en la agenda bilateral que el Ejecutivo vasco tiene abierta con el Gobierno español. “Las comunidades que tienen frontera necesitan tener capacidades políticas, e instrumentos políticos para dar una respuesta adecuada”, ha señalado el lehendakari. Una postura que ha defendido en varias ocasiones junto al presidente del Gobierno de Canarias -esta comunidad como frontera sur-. “Quienes tenemos responsabilidades políticas sobre el territorio necesitamos contar con capacidades políticas y herramientas necesarias para ejercerlas. Creo que este es un tema que no es menor, y desde luego vamos a seguir insistiendo”.

Pradales ha comparecido tras el primer Consejo de Gobierno después del verano, con el que se da arranque al nuevo curso político vasco, en una intervención en la que ha pesado sobre todo la crisis humanitaria generada en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes y el posible reparto de menores entre las comunidades autónomas. El lehendakari ha sido muy crítico con la actitud del Gobierno de España, del que ha censurado la “tardanza de sus actuaciones y la descoordinación”, y también con principal partido de la oposición. “No han estado a la altura”, ha asegurado.

“Ante una tragedia de esta magnitud, creo que tan solo debiera existir un único camino, y responder de manera eficaz, de manera humana. Y eso significa celeridad, transparencia, colaboración y unidad”, ha dicho. “Por desgracia se ha visto todo lo contrario. Una Europa ausente, un Gobierno que no ha respondido de manera eficaz y una oposición que no está a la altura”.

En este sentido, se ha preguntado si “es tan complicado que en situaciones de crisis como esta, levante el teléfono el presidente Sánchez y el teléfono el líder del primer partido de la oposición, el señor Núñez Feijóo, hablen y se pongan de acuerdo en unos mínimos para hacer un planteamiento común”, ante lo que precisa una “respuesta de Estado”, ha dicho. “No es lo que hemos visto”, ha insistido. “Hay momentos en los que gobernar y hacer oposición exige otra altura política, y creo que la crisis de Ceuta es uno de esos casos”. “Si no es así y estaremos alimentando los extremos y creo que eso es malo para la democracia”, ha insistido.

En cuanto al reparto de menores no acompañados, no ha querido ofrecer muchas concreciones, porque su comparecencia ha coincidido con la conferencia sectorial entre el Gobierno central y las comunidades sobre este tema y no ha querido adelantarse a posibles decisiones. No obstante, ha insistido en que cuando se habla de menores, hay que hablar antes de su protección que de su reparto y buscar el bienestar de esos menores.

Ha señalado Pradales desconocer de cuántos menores no acompañados se está hablando, aunque ha indicado “en cifras no oficiales”, que podría tratarse de alrededor de 2.400 niños de los que más de 800 serían niñas. En cualquier caso, ha destacado que “Euskadi siempre ha sido solidario” en cuanto a acogida, pero ha recordado que el sistema de acogida vasco está “absolutamente tensionado”. Según ha indicado, se tienen acogidos entre 900 y 1.000 menores no acompañados, cuando la capacidad está en el entorno de los 600.

En cuanto a las transferencias pendientes, sigue sin ponerse fecha a la reunión bilateral con Pedro Sánchez, aunque sí ha adelantado que la próxima semana la consejera María Ubarretxena viajará a Madrid para retomar las negociaciones.

Ronda de contacto con partidos y agentes sociales

Por otra parte, el lehendakari ha anunciado que este mismo jueves ha contactado con los partidos políticos vascos y con los agentes socioeconómicos para abrir una ronda de contactos durante la primera quincena de septiembre, en línea con la ronda que realizó el año pasado en el arranque del curso. “El objetivo es afrontar la segunda parte de la legislatura desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos, alejándonos de conflictos estériles que en nada benefician a la ciudadanía vasca y favoreciendo nuevos espacios de participación y negociación”. “Nuestro deber es sumar voluntades ante la incertidumbre del tiempo que vivimos”, ha indicado.

En este caso los contactos servirán para analizar tres ámbitos. Por un lado, la situación económica, centrándose entre otras cosas en la evolución de la inflación y su afección a los bolsillos de las y de los vascos“, la valoración de las medidas que se adoptaron parte del grupo de Defensa Industrial para hacer frente a la situación de cierre del estrecho de Ormuz con motivo de la guerra de Irán, el impacto del cambio climático o las medidas de apoyo al primer sector. Y en tercer lugar, tratará con partidos y agentes distintas iniciativas materia de vivienda de Industria, Economía, Seguridad o de euskera, entre otros. En este sentido, ha destacado el Fondo Social de Vivienda como un ejemplo de la necesidad de buscar consensos en los grandes temas. ”Euskadi comparte con otros países avanzados un problema estructural: hay pocas viviendas disponibles y son cada día más caras. Esta es una prioridad para todos y el Gobierno vasco quiere favorecer el consenso“. Ha recordado también que este Fondo Social tratará de sumar la inversión pública con la aportación privada. ”Mi objetivo es compartir las principales líneas de este proyecto para convertirlo, con el mayor apoyo posible, en un elemento catalizador para construir más vivienda de protección pública en Euskadi y hacerlo más rápido“, ha aseverado.

El lehendakari Imanol Pradales preside este jueves el primer Consejo de Gobierno vasco con el que arrancará el nuevo curso político, que estará muy condicionado por las citas electorales y por la negociación de las transferencias pendientes. En mayo del año que viene se celebran las elecciones municipales y forales y eso añadirá tensión a las relaciones entre los partidos vascos. La cita con las urnas para las generales es también en 2027, en el mes de julio, si no hay adelanto electoral, por lo que corre el reloj para completar las transferencias que están pendientes antes de que culmine la legislatura.

De hecho, está aún sin convocar la cumbre bilateral entre el lehendakari y el presidente Pedro Sánchez, que estaba prevista antes del periodo estival. La reunión se decidió aplazar “de común acuerdo” al no poder llegar a la reunión de los dos mandatarios con pactos cerrados en torno a las transferencias. Entonces se habló de “después del verano”, sin más concreciones, y el curso político ha arrancado para Sánchez en medio de la grave crisis de Ceuta, por la que dará explicaciones en el Congreso el 3 de septiembre en un pleno extraordinario.

Sobre la mesa de las negociaciones sigue la transferencia de un nuevo paquete de la Seguridad Social (mutuas colaboradoras, la incapacidad temporal y las prestaciones contributivas), el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), y los Puertos de Bilbao y Pasaia que son de “interés general”. Cuestiones en las que no está siendo fácil limar desencuentros, y eso que se ha dejado para una negociación posterior la gestión de las pensiones desde Euskadi, la más difícil de cerrar.

Lo cierto es que el calendario de negociación aprieta, con el fin de legislatura ya cercano, y teniendo en cuenta que los compromisos que se adquirieron dentro del acuerdo de investidura entre el PNV y Sánchez fijaban el año 2025 como fecha para completar íntegramente el Estatuto de Gernika, que el 25 de octubre cumplirá 47 años desde su aprobación. Una fecha que se ha superado ya con creces, aunque sí es cierto que en este periodo se han cerrado importantes acuerdos, como la gestión de los trenes de Cercanías o del Sepe, los permisos de trabajo para los extranjeros o la gestión de Costas.

Además de las transferencias, el Ejecutivo vasco, que celebra su primer Consejo de Gobierno en el Palacio de Miramar de Donostia, como es tradición, tiene como deberes para el curso que arranca dar impulso al calendario legislativo, con leyes pendientes como la de Universidades, la del Sistema Vasco de Cultura, la de Agilización y Simplificación Administrativa, la Ley Turismo, la de Justicia Restaurativa, la Ley de Diáspora Vasca, la Ley de Participación Institucional, o la Ley de Agricultura y Alimentación Sostenible.

También está pendiente, entre otras cuestiones, la aprobación del Fondo Social de Vivienda, el despliegue del Plan de Industria, o la concreción de nuevas inversiones empresariales en las que participe el Gobierno vasco. La última que se ha conocido es la participación junto al empresario José Antonio Jainaga, Kutxabank, BBK y Vital en la OPA sobre la empresa navarra Azkoyen. Además, deberá afrontar medidas para el impulso a la economía vasca, muy condicionada por la situación internacional, y dar salida a las reivindicaciones del sector primario, muy afectado este verano por la sequía.

Las mayores concreciones sobre las líneas prioritarias de esta legislatura se darán no obstante en el Pleno de Política General que tendrá lugar ya a mediados de septiembre.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, cree que la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha puesto sobre la mesa cuestiones esenciales como la organización de la migración para que sea “asumible y aceptada socialmente” al considerarla “necesaria”, o el aspecto humanitario, que es “muy gordo y difícil de atender”. Además, ha eludido contestar sobre si cree que el Ejecutivo español ha actuado 'tarde y mal', porque se trata de una situación “muy complicada”.

Zupiria ha subrayado que lo ocurrido en Ceuta “ha puesto sobre la mesa cuestiones que van a estar muy presentes en los próximos meses, uno el debate sobre la inmigración”. “Nadie va a rechazar la inmigración, ¿pero de qué manera se tiene que producir esa inmigración? ¿De qué manera la hacemos frente? ¿De qué manera la organizamos para que sea algo asumible y sea aceptado socialmente porque la necesitamos?”, ha apuntado en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press.

La segunda cuestión es si los servicios de información “que se supone que todo Estado tiene, o toda Policía tiene, o todo Ejército tiene, ha actuado debidamente o no, si han contado o no con esa información”. En tercer lugar, ha admitido que hay “un aspecto humanitario muy gordo, que es difícil de atender”, y en cuatro lugar existe “una reivindicación política por parte del Estado de Marruecos de un territorio que está bajo la soberanía española”. “Estas son cuestiones que se han colado este verano en la agenda política y que yo creo que van a dar mucho que hablar en los próximos meses”, ha manifestado.

El consejero de Seguridad ha dicho que, según los datos que en estos momentos se están manejando, en Ceuta puede haber 2.000 personas menores de edad, “muchos y muchas de ellas niños y niñas, gente muy muy joven y no hay forma de saber cómo han llegado esas personas”. “Lo primero, desde un punto de vista humanitario, es buscar la mejor situación y la mejor cobertura para esas personas. Por lo tanto, identificarlas, saber de dónde vienen, saber qué antecedentes familiares tienen, por qué en ese momento han decidido pasar a Ceuta”, ha defendido.

En su opinión, eso “es algo fundamental y es lo primero”, también incluso para un escenario en el que se acabara “acogiendo a varios cientos de esas personas”. “Si van a venir al Estado, si van a ser acogidas en centros menores, si se les va a tener que hacer un acompañamiento, dar formación, dar educación, también conviene saber qué antecedentes y qué relaciones familiares tienen para atenderlos de vida”, ha explicado.

Preguntado por si cree que se ha actuado 'mal y tarde' en Ceuta, ha reconocido que “es una situación muy difícil”. “No me atrevo a cuestionar la reacción que ha habido, ni si ha habido una información previa, ni cómo lo hubieran hecho otros. Es muy complicado”, ha subrayado.

En cuanto a las quejas trasladadas por el consejero de Seguridad al Ejecutivo del Estado tras las detenciones por la Policía Nacional de varias personas que habrían agredido a gente que llevaba la camiseta de la selección española en el Mundial de fútbol, al considerarlo una intromisión en las competencias de la Policía vasca, ha explicado que no ha recibido “ninguna respuesta”, pero entiende que “las agendas de los responsables del Ministerio de Interior ahora mismo están muy ocupadas”. “Creo que es un asunto que legal y jurídicamente está claramente establecido en el Estatuto de Autonomía, en los acuerdos que ha habido entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España: ¿Qué es lo que corresponde hacer a la Ertzaintza como Policía integral de esta comunidad y cuáles son las funciones que quedan reservadas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil?, ha apuntado.

Tras asegurar que en su día acordaron cómo afrontarían esta situación, se ha mostrado convencido de que, si todos asumen lo que les corresponde y hay coordinación, todos serán “mucho más eficaces”. “Nos estamos enfrentando a cuestiones muy delicadas. No hay más que mirar a Ceuta y a todo lo que puede venir”, ha avisado.

Ante la argumentación de que las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden intervenir ante delitos de odio, Bingen Zupiria ha respondido que “todo cabe dentro de un delito de odio”. “Y es una situación que antes la vivimos con los delitos de medio ambiente, también cuando se legisló sobre las garantías que un menor debe tener, también en los temas de violencia contra la mujer. Es un tema recurrente. Por eso es bueno que los principios estén bien claros para todos y nos atengamos a lo que en su día acordamos”, ha insistido.

En cuanto a las actuaciones concretas de la Ertzaintza en los incidentes en el Mundial, ha recordado que hay más de una veintena de atestados abiertos “que tendrán su correspondiente procedimiento judicial o sancionador”.

Actitudes antisistema

Zupiria también se ha referido al Plan estratégico de Seguridad Integral 2026-2030 que pretende impulsar, para apuntar que buscará acuerdos para ello. “Es importante que todos tengamos claro cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad. Algunas tienen que ver con la pérdida de valores que probablemente estamos viviendo y con la falta de respeto a la autoridad, otras tienen que ver con cómo nos enfrentamos a los nuevos riesgos que la seguridad tiene en estos momentos”, ha indicado.

No obstante, ha resaltado que también hay que hacer frente a “otro tipo de eventos que este verano se han padecido como, por ejemplo, las olas de calor o las tormentas inesperadas, etcétera”.

“Hay varios ámbitos que reclaman nuestra atención y creo que nos encontramos ante una oportunidad para que, a partir de ese plan estratégico y de las medidas que todas las instituciones vascas vamos a tener que ir adoptando, alcancemos una situación que permita ofrecer un horizonte de seguridad y certidumbre a la sociedad vasca”, ha resaltado.

Asimismo, ha destacado que “la relación entre ciudadanía, defensa, policías locales, guardias municipales, es de absoluta normalidad y de colaboración”. “Es verdad que hay casos puntuales y que hay grupos concretos que no lo viven así y se comportan de otra manera”, ha añadido.

Según ha indicado, “hay comportamientos extraños” y “algunos responden a actitudes antisistema, de rechazo a las instituciones democráticas y también a las Policías, al Ertzaintza y a la Policía Local como instituciones democráticas”.

“Hay también grupos políticos que todavía se resisten a aceptar, por ejemplo, a la Ertzaintza como la Policía democrática y legítima que esta sociedad decidió tener para garantizar la seguridad de su ciudadanía y de sus bienes”, ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que hay “algunos comportamientos puntuales de gente que, sobre todo varones, de noche, consumos de alcohol y otras sustancias, donde se pierde el respeto al prójimo y también a la autoridad”.

Bingen Zupiria ha señalado que un ertzaina “dedica casi el 80% de su desempeño profesional a atender actuaciones preventivas o situaciones en las que hay que auxiliar o ayudar a un ciudadano o a una ciudadana”. “A partir de ahí, se están y se han producido estos dos últimos años acontecimientos muy concretos que han exigido el uso de la fuerza. Por tanto, la formación y la preparación de los agentes de la Ertzaintza para hacer frente a esas situaciones son importantes y están en la agenda del Departamento y de la Academia Vasca de la Policía en Arkaute”, ha asegurado.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián-Zinemaldia, que celebra su 74 edición del 18 al 26 de septiembre, impulsan 'Cine y Vivienda', un ciclo de cuatro películas sobre el hogar, la desigualdad y los proyectos de vida. Además, el departamento de Vivienda colocará un punto Gaztelagun de la plaza Okendo permitirá a las personas de 18 a 35 años informarse, resolver dudas y presentar directamente la solicitud de la ayuda al alquiler, según ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno asco, Denis Itxaso.

“Queremos acercar Gaztelagun a los espacios donde está la juventud, también a aquellos en los que se fomenta la conversación, la cultura, el debate y el pensamiento crítico sobre uno de los asuntos públicos que más impacto tiene en sus vidas”, ha explicado. El año pasado se colocó un punto de información sobre este programa de alquiler en el BBL Live.

Itxaso ha subrayado que esta iniciativa “traslada al lenguaje del cine una de las principales preocupaciones de la juventud vasca y convierte la presencia del departamento de Vivienda en el Festival en un recurso útil”. “Una invitación a contemplar la vivienda desde la cultura y, al mismo tiempo, un punto en el que conocer las ayudas disponibles y tramitar directamente una solicitud”, ha añadido.

El consejero vasco ha reflexionado sobre el hecho de que “la vivienda condiciona hoy demasiadas decisiones vitales de las personas jóvenes: cuándo emanciparse, dónde vivir, con quién compartir un proyecto o qué expectativas de futuro pueden construir”. “Por eso queremos acercar Gaztelagun a los espacios donde está la juventud, también a aquellos en los que se fomenta la conversación, la cultura, el debate y el pensamiento crítico sobre uno de los asuntos públicos que más impacto tiene en sus vidas”, ha señalado.

Denis Itxaso ha enmarcado esta colaboración en la línea iniciada el pasado año con la acción divulgativa de Gaztelagun, desarrollada en el entorno del BBK Live, con el objetivo de “sacar la información pública de los canales administrativos habituales y acercarla a espacios de encuentro, participación y socialización de la juventud vasca”.

El consejero ha recordado que Gaztelagun “reduce de forma directa el esfuerzo económico de miles de jóvenes, mientras el Gobierno vasco trabaja para aumentar la oferta de vivienda asequible”. “Gaztelagun no sustituye el reto estructural de ampliar esa oferta, pero sí reduce de forma directa el esfuerzo económico de muchas personas jóvenes y les ayuda a no aplazar indefinidamente su proyecto de vida”, ha incidido. El consejero ha defendido que el “deber” de las instituciones es “combinar soluciones estructurales con herramientas útiles en el corto plazo, y hacerlo además con un lenguaje y en unos espacios que conecten con la realidad de quienes más dificultades tienen para emanciparse”.

El ciclo 'Cine y Vivienda' del Zinemaldia proyectará 'El pisito/ The Little Apartment' de Marco Ferreri (1958), 'Cinco metros cuadrados/ Five Square Meters' de Max Lemcke (2011), 'Gisaengchung / Parasite/ Parásitos' de Bong Joon-ho (2019) y un último título que se confirmará próximamente. El programa comenzará el 22 de septiembre a las 09.00 horas en la sala 1 de los cines Trueba con la proyección de 'Cinco metros cuadrados' ante el Jurado de la Juventud y una presentación de Denis Itxaso.

Además, la colaboración entre el departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana y el Festival de Cine tendrá “una vertiente práctica dirigida a la juventud”, ya que, durante el certamen Gaztelagun contará con un punto informativo en la plaza Okendo en el que las personas de entre 18 y 35 años podrán conocer el programa, resolver sus dudas y recibir apoyo para presentar directamente la solicitud.

Bajo el lema 'Toda historia necesita un lugar', el espacio “acercará la política pública de vivienda a uno de los principales puntos de encuentro cultural y juvenil de Euskadi”, ha asegurado.

Itxaso ha recordado que Gaztelagun cubre hasta el 60% de la renta mensual, con un máximo de 300 euros por persona y mes. Los ingresos máximos para acceder al programa se sitúan en 30.000 euros para solicitudes individuales, 36.764 euros para unidades convivenciales de dos personas y 39.184 euros para familias numerosas. Desde este año también son subvencionables el alquiler de habitaciones y el subarriendo, y pueden concederse hasta dos ayudas por vivienda compartida cuando cada unidad convivencial dispone de su propio contrato.

El consejero ha destacado que desde la entrada en vigor de las “mejoras” del programa se han recibido 526 solicitudes en en las tres primeras semanas, frente a las 258 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 104%. La ayuda media asciende a 273 euros mensuales y cubre aproximadamente el 52,1 % del alquiler de las personas perceptoras.

El programa cuenta con 7.679 personas perceptoras activas y durante 2026 ha prestado apoyo económico a 9.106 jóvenes. Desde su puesta en marcha, 17.326 personas se han beneficiado de Gaztelagun, con una inversión acumulada superior a 96,2 millones de euros.

Colectivos vecinales y el propio ayuntamiento de Maruri-Jatabe han denunciado nuevos vertidos de bentonita a causa de las obras para establecer la interconexión entre Euskadi y Francia a través de un cable submarino. Las obras estuvieron paralizadas por el Gobierno vasco desde el mes de marzo hasta el pasado mes de junio, precisamente tras detectarse vertidos de esta sustancia a las aguas superficiales y subterráneas de la zona, en diversos arroyos, y en los ríos Atxuri, Oleta y Butrón. En principio, las perforaciones se retomaron después de que Red Eléctrica -que es la empresa responsable de esta obra- acordara con la Agencia Vasca del Agua -URA- la adopción de nuevos protocolos para evitar los vertidos, entre ellos “métodos constructivos alternativos o suficientemente modificados que minimicen el riesgo de episodios de excedentes de bentonita”. Sin embargo, poco después de retomarse de nuevo los trabajos, los vertidos se han repetido e intensificado desde principios de este mes, según denuncia Maite Martín García, de Maruri-Jatabe Bizirik Elkartea. “No se ha cambiado nada”, dice.

Esta asociación, junto con otras plataformas ciudadanas como Interkonexio Elektrikorik Ez y Boluntak, han presentado varias denuncias ante la Ertzaintza por estos vertidos y han llegado hasta la Fiscalía, que estudia la situación. Los Ayuntamientos de Maruri-Jatabe y de Gatika también han denunciado los vertidos, aunque los vecinos lamentan que las diferentes administraciones no están velando porque se proteja debidamente esta zona, y están actuando siempre a posteriori de las denuncias vecinales, que se llevan produciendo desde hace un año. “Los vertidos de bentonita se iniciaron en Gatika y ahora llega a Maruri. La bentonita llega a los acuíferos, que llega a los riachuelos y que llega al río Butrón”, señala Maite García, que recuerda que se trata de una cuenca que es hábitat del visón europeo y hay que proteger.

En concreto, los últimos vertidos más evidentes de bentonita se han concentrado en el camino de Urrutis, que han causado “importantes daños” en el firme de esta ruta de gran recorrido usada habitualmente por peatones y senderistas, según han denunciado también desde el Ayuntamiento de Maruri-Jatabe. Sin embargo, desde Red Eléctrica, han insistido en que las obras “cumplen con el protocolo de prevención, vigilancia y contención para garantizar la protección del entorno natural” y han subrayado que la bentonita usada en los trabajos de perforación “ es una arcilla natural catalogada como residuo no tóxico por la UE”. Una afirmación que rebaten desde Maruri-Jatabae Bizirik Elkartea, pese a su reconocimiento como residuo no tóxico. “Lo que hace la bentonita es sellar, y hace que todo lo que está debajo no tenga oxígeno y que todo lo que está por encima no se acerque abajo. Es decir, anula por completo los acuíferos y las tierras también”. “Tiene una repercusión en los acuíferos”.

Los vertidos de bentonita están normalmente ligados a episodios de lluvias. Red Eléctrica ha insistido en que “si la arcilla natural alcanza la superficie de forma puntual por un punto distinto al previsto, se actúa de forma inmediata, recogiendo y limpiando la zona”. Desde la asociación vecinal han reiterado, sin embargo, que se está actuando a golpe de denuncia de particulares, mientras las administraciones “no cumplen con la labor de vigilancia que deben tener”.

Los tres expedientes sancionadores abiertos por el Gobierno vasco, que dieron lugar a la paralización de las obras se resolvieron con tres multas que suman en total 22.400 euros: la primera a Red Eléctrica, de 1.200 euros. La segunda y tercera, de 9.200 y 12.000 euros, respectivamente, a la Sociedad Española de Montajes Industriales.

El proyecto avanza pese a los meses de paralización

Red Eléctrica inició el pasado 3 de agosto el tendido del cable submarino de la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Bizkaia, una infraestructura que desarrolla junto al gestor francés RTE a través de la sociedad conjunta Inelfe. Los trabajos en el mar se desarrollarán en varias campañas entre este verano y el verano de 2027, entre la costa vasca y la costa francesa, en las proximidades de Burdeos. Los cables se instalarán a profundidades de hasta 140 metros y permanecerán enterrados o protegidos con roca a lo largo de todo el recorrido, en función de las características del fondo marino. El tramo submarino tendrá una longitud total de 276 kilómetros y se completará con un recorrido terrestre de 27 kilómetros en territorio francés para salvar el cañón submarino de Capbreton antes de volver al mar.

De forma previa al tendido submarino, Red Eléctrica ha ejecutado en el municipio vizcaíno de Lemoiz la obra de aterraje, que conecta el tramo terrestre con el mar. Para ello se han realizado cuatro perforaciones dirigidas de algo más de un kilómetro bajo el acantilado, con salida al fondo marino a unos 500 metros de la costa, con el objetivo de minimizar la afección ambiental. Los cables enlazarán posteriormente la costa vasca con la estación conversora de Gatika a través del tramo subterráneo, mientras que en Francia conectarán con la estación conversora de Cubnezais, en el entorno de Burdeos. La compañía ha señalado que la ejecución del proyecto alcanza ya el 60% de su desarrollo. Una vez finalizada la interconexión, que se espera esté operativa en 2028, la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia aumentará de 2.800 a 5.000 megavatios.